El defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha afirmado este martes que “la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”. “Por mucho que digamos lo contrario, estamos dejando a gente atrás y no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser conscientes de ello y hacer más por la verdadera aplicación de los derechos sociales”, ha aseverado.

Patxi Vera, que ha comparecido este martes en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para presentar el informe de la institución correspondiente al año 2025, ha señalado que este informe “recoge la voz, no del Defensor, sino de esos miles de personas que no se sienten bien tratadas por las Administraciones o que no ven reconocidos sus derechos”. “Una parte de esos casos pone en evidencia que la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”, ha afirmado.

Vera ha señalado que “esto no es un buen síntoma para nuestra sociedad y para su futuro, ni por supuesto para los colectivos vulnerables que la padecen”. El Defensor del Pueblo de Navarra realizó en 2025 un total de 5.654 actuaciones, 929 más que en 2024, lo que supone un aumento del 19,7%.

En el capítulo de quejas, el más numeroso fue el de Derechos Sociales, con un total de 284 quejas, lo que supone un aumento del 53% con respeto al año anterior. “Destaca la demora en la valoración de la discapacidad, con retrasos superiores al año y medio y que van a más. Hay que tomar medidas de choque. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTE, es cuestión de voluntad política poder dar salida a la acumulación de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales”, ha señalado.

En el ámbito de la sanidad se registraron 264 quejas, un incremento del 31% respecto al año anterior. “Las quejas más numerosas se dieron por los retrasos en listas de espera de especializada y las demoras para obtener cita en Atención Primaria, si bien muchas de ellas fueron solucionadas al primer trámite y no fue necesario emitir resolución”, ha explicado Patxi Vera.

El capítulo de educación sumó 124 quejas, cifra idéntica a la del pasado año. Se referían a cuestiones como los servicios de transporte y comedor escolar, criterios y procesos de admisión en centros escolares, prácticas en Formación Profesional o “insuficientes” apoyos para alumnado con necesidades especiales.

En vivienda se registraron 102 quejas, un 16% más que el año anterior. “Sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero cuando se recibe la petición de ayuda de una familia para acceder a un piso y se conoce con detalle cuál es su situación, a uno se le encoge el corazón y le genera impotencia no poder hacer nada”, ha indicado.

Además, ha advertido de que en Navarra “existe racismo inmobiliario, hay una especie de síndrome de sospecha de aporofobia y a los niños y niñas no se les quiere ver ni en pintura cuando hablamos de un alquiler”. “Todo esto supone una flagrante desigualdad”, ha señalado.

Patxi Vera ha destacado la “integración” como el mayor reto que tiene la sociedad navarra. “Es verdad que tenemos muchos desafíos, muchos de ellos importantes, y podemos ver cómo la ciudadanía reclama sus derechos, pero tenemos también a la vista y en países muy cercanos cuáles son las consecuencias de no trabajar adecuadamente la integración social y económica, además de la diversidad cultural desde el respeto y la convivencia. Esa integración ha de llevarse a cabo fundamentalmente por derechos humanos y por humanidad”, ha señalado.

Así ha solicitado que Navarra trabaje de forma decidida por la integración social y económica, así como por la diversidad cultural, “desde el respeto y la convivencia. No se trata solamente de tolerarnos, sino de construir juntos una sociedad más diversa, más cohesionada y justa”, ha afirmado.

Por último, Patxi Vera ha expuesto, respecto al derecho a una buena administración, que se siguen viendo casos de “burocracia defensiva, de falta de empatía”. “La ciudadanía sigue viendo muchas administraciones como territorio hostil. La cita previa obligatoria se sigue exigiendo sin ningún respaldo legal. Sigue habiendo graves consecuencias por la brecha digital, y la dificultad de comprensión de normas y escritos es patente. Además, la petición de disculpas a la ciudadanía es una 'rara avis' y no digamos ya la absoluta falta de prácticas restaurativas”, ha comentado.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

Navarra se convertirá en las próximas semanas en la primera comunidad en la que el alquiler de temporada y el de habitaciones estará regulado por ley para reforzar la protección de los inquilinos y evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Los socios del Ejecutivo foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra que cuenta con los votos suficientes para salir adelante y que será tramitada por la vía de urgencia.

La iniciativa llega después de que el Departamento de Vivienda del Gobierno foral haya detectado en el último año un aumento del número de contratos de temporada “ficticios” para esquivar la regulación de precios en zonas tensionadas, produciéndose así “fugas” de contratos de vivienda habitual hacia fórmulas temporales para eludir la ley. Para hacer frente a esta situación, la proposición de ley establece que los contratos de temporada deberán estar vinculados a causas reales, como motivos laborales, formativos o asistenciales, y debidamente acreditadas. En caso contrario, podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración.

La ley fijará a su vez que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual, “con todas las garantías legales para la parte arrendataria”, incluido el precio topado por la ley de Vivienda.

“Esta ley garantiza que no exista una vía de escape para quien quiera especular con la necesidad de vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra”, defiende el portavoz socialista en Vivienda, Kevin Lucero. “El mercado del alquiler no puede seguir funcionando sin reglas. Estamos viendo cómo se utilizan contratos de temporada fraudulentos para subir precios de forma encubierta”, critica el parlamentario de Contigo/Zurekin Daniel López Córdoba.

Alquiler de habitaciones sujeto a las mismas reglas que el de vivienda habitual

De igual manera se regulará el alquiler de habitaciones para evitar que se utilicen de forma fraudulenta para esquivar la ley de Vivienda y el límite al precio del alquiler. Así, la proposición de ley establece que estos contratos deberán someterse “al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual, incluyendo derechos como la prórroga, límites en la renta o garantías contractuales”.

Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público, “lo que permitirá mejorar la transparencia, reforzar la inspección y detectar prácticas fraudulentas”.

“Con esta ley ponemos reglas claras para acabar con los abusos y garantizar derechos básicos a la vez que impedimos vacíos legales a aquellos que quieren escaparse de la regulación”, afirma López Córdoba“. ”El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos“, subraya el portavoz de Contigo Zurekin.

Geroa Bai, socio del PSN en el Gobierno de Navarra, amaga ahora con sumarse a la oposición y apoyar la proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada después de que Educación anunciase que por la caída de la natalidad, que se ceba especialmente en la red pública, se va a retirar el concierto a 14 líneas de la privada en Infantil. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, ha señalado el portavoz parlamentario de la coalición de Socialverdes y PNV, Pablo Azcona.

Se trata de una proposición de ley que UPN ha llevado al Parlamento foral para que no se dejen de financiar líneas educativas en la red privada y para igualar las ratios a las de la escuela pública. Geroa Bai y el socio presupuestario del Ejecutivo de María Chivite, EH Bildu, que se han mostrado en contra del cierre de aulas en la concertada porque afecta a varias ikastolas, por el momento han permitido con su apoyo que la propuesta de ley sea tramitada por la vía de urgencia, es decir, sin posibilidad de añadir enmiendas. La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha mostrado, sin embargo, confiada en que Educación revierta su decisión. “Hay margen para acordar”, ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Geroa Bai, que ha considerado un avance “positivo” que el consejero Carlos Gimeno anunciase que finalmente no se cerrarán 19 aulas de 3 años en centros públicos. “Nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno”, ha explicado Pablo Azcona para añadir que si no se consigue llegar a un acuerdo, abrirán la puerta a apoyar la proposición de ley de UPN.

Desde el PSN, principal socio del Gobierno de Navarra, su portavoz, Ainhoa Unzu, ha alertado de que la propuesta de los regionalistas tiene “claros tintes de ilegalidad” y han anunciado que van a solicitar al Consejo de Navarra, junto con el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, un informe que determine si lo que plantea UPN es legal. “Vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto”, ha aseverado Ainhoa Unzu, que ha recordado que en el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Según estos mismos datos, tan solo seis solicitudes en ikastolas se han quedado sin su primera opción y que el 98% del alumnado ha entrado en su primera opción.

Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros. “¿Un partido que se denomina de izquierdas puede apoyar esto? ¿Alguien que está hablando de igualdad y justicia social puede apoyar una operación diseñada para privilegiar a quien ya parte de una situación más favorecida?”, ha planteado la portavoz socialista.

El nuevo espacio de atención integral a menores víctimas de violencia sexual en Navarra, denominado Barnahus, entrará en funcionamiento el próximo 4 de mayo tras haber sido inaugurado hace unos meses. Representantes de la Comisión de Presidencia e Igualdad, de la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia y de la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Parlamento de Navarra han visitado este miércoles las instalaciones del centro.

El modelo Barnahus, término islandés que se traduce por 'la casa de la infancia', es un modelo europeo reconocido, basado en la protección, la confianza y el respeto. El objetivo es ofrecer “un espacio amigable y especializado” que reúna, en un solo lugar, todos los servicios necesarios para atender a niñas y chicas adolescentes de 3 a 15 años (a partir de los 16 años las atienden en el CAIVS) y a niños y chicos adolescentes de 3 a 17 años, así como menores con discapacidad, que han podido ser víctimas de violencia sexual.

El objetivo final es, según han explicado María Muñiz, psicóloga forense y coordinadora del centro, “evitar que los niños y niñas víctimas de violencia tengan que recorrer un camino complejo debido a múltiples entrevistas, distintos entornos institucionales y procesos largos que, en ocasiones, podían generar una revictimización”. Barnahus plantea “un espacio seguro, adaptado a la infancia, donde todos los sistemas implicados -justicia, servicios sociales, sanidad, fuerzas policiales y atención psicológica- puedan trabajar de manera coordinada”, ha expuesto.

Para ello, según ha explicado Maite Arenaza, el espacio se ha diseñado como un lugar “acogedor”, con techos de madera y abuhardillados para dar una sensación de hogar, ya que se considera que la arquitectura y la decoración de los espacios son también parte del proceso terapéutico, de ahí que cuente con salas con decoración infantil y adolescente para las entrevistas y terapias personales, así como con una cocina anexa que se utiliza también durante los tratamientos psicológicos.

El centro cuenta con los espacios adecuados para realizar las pruebas preconstituidas, es decir, las declaraciones ante el juez, para que el menor no tenga que acudir al Palacio de Justicia, un entorno “mucho más hostil”.

En cuanto al acceso a Barnahus, se ha definido un protocolo específico interdepartamental para definir el circuito de acceso: ante la sospecha de una agresión sexual a una persona menor o con discapacidad intelectual, los departamentos del Gobierno de Navarra y los profesionales implicados deben realizar una derivación formal y enviar a la persona al centro para su valoración y seguimiento. De la misma manera, las personas afectadas, sus familiares y personas allegadas tienen la opción de acudir directamente a Barnahus.

Una vez que el equipo recibe el caso, procederá a analizar toda la información disponible y recabará, en la medida de lo necesario, datos adicionales que permitan realizar una valoración completa y precisa de la situación.

Así, en una reunión interdepartamental, se elaborará un plan de actuación conjunto que especificará los servicios que se propondrán a la familia y a cada persona menor y priorizará que la mayoría de estas acciones se realicen en la Barnahus, “garantizando así un proceso centrado en la protección de las niñas, niños y adolescentes en un entorno amigable”. En 2025, fueron atendidos en Navarra 78 menores víctimas de agresión sexual.

La exconsejera de Economía e Industria del último gobierno de UPN en Navarra liderado por Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 haber conocido a Antxon Alonso, el dueño de la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Fue durante el gobierno regionalista (2011-2015) cuando se inició la tramitación para Mina Muga, un proyecto para la instalación de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, y que según la UCO fue donde Santos Cerdán y Koldo García iniciaron sus contactos con Acciona. Sin embargo, la exconsejera de UPN ha señalado que el “único recuerdo” que tiene del proyecto es que fue “una tramitación administrativa muy técnica” y ha asegurado “no tener conciencia” de haberse reunido con representantes de Geoalcali, la empresa minera promotora del proyecto.

Así, Lourdes Goicocechea, ha explicado que como responsable de Industria mantenía reuniones con personas interesadas en impulsar proyectos en Navarra, pero cuestionada por Mina Muga ha apuntado que su trabajo se limitó a ser informada del trámite administrativo y no ha sabido decir si se reunió o no con Pedro Rodríguez, directivo de Geoalcali, que la semana pasada, en el mismo foro, sí manifestó que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. “No tengo conciencia, ha pasado muchísimo tiempo”, ha apostillado la exconsejera.

La responsable de Economía e Industria en el Gobierno de Barcina ha explicado que tampoco tuvo “ningún conocimiento” de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar 2000 y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. “Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015”, ha dicho, para recordar que “han pasado más de 10 años” desde que abandonó la consejería. “A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo”, ha dicho.

Según ha explicado el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón).

Lourdes Goicoechea ha asegurado que no recibió ninguna indicación por parte de algún cargo de UPN y que no hubo injerencias políticas para sacar adelante el proyecto Mina Muga. Al mismo tiempo, ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre este proyecto y que no conoce ni a Koldo García.

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

40 personas han comparecido ya en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a la UTE de Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por presuntamente funcionar como vehículo para el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. De todos los comparecientes, apenas cuatro han sido mujeres, un 10%. Además, todos los portavoces políticos de la comisión son hombres.

La comisión se creó en verano de 2025. La preside una mujer, Irati Jiménez, de EH Bildu, mientras que Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ejerce como secretaria. Sin embargo, el vicepresidente, Pedro González (UPN), así como todos los portavoces políticos son hombres: Javier Esparza (UPN), Javier Lecumberri (PSN), Adolfo Araiz (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Javier García (PP), Miguel Garrrido (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (Vox).

En el foro, por el que han pasado los principales responsables políticos y técnicos de las adjudicaciones, así como los dirigentes de las empresas señaladas, tan solo cuatro de los cuarenta comparecientes han sido mujeres: Noemí Osés, la directora general de Osés Construcciones; Edurne Eginoa, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra; Carmen Pérez Miguel, la directora jurídica y de compras de la empresa pública de vivienda Nasuvinsa; y la exdirectora general de Educación del Gobierno de Navarra, Nekane Oroz.

Por el contrario, 36 de los 40 comparecientes han sido hombres, entre ellos todos los técnicos y juristas de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe de la UCO, consejeros y directores generales del Gobierno de Navarra o altos cargos de las empresas señaladas por la UCO. A esta lista se podría haber sumado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se negó hasta en dos ocasiones a acudir a su citación en el Parlamento navarra. La Fiscalía ya le ha denunciado por considerar que incurrió en un delito de desobediencia.

“Deberíamos hacer la reflexión de quiénes están en los espacios de decisión y de poder y quiénes no”, ha apuntado sobre esta cuestión la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez.

De las comparecencias pendientes, cuatro más serán de mujeres: la de la exconsejera de Ecnomía Lourdes Goicoechea y las de las tres últimas presidentas de Navarra, Yolanda Barcina, Uxue Barkos y María Chivite. Según las fuentes consultadas, se espera que para mayo hayan finalizado todas las comparecencias y que el dictamen con las conclusiones de la comisión pueda ser votado en el pleno antes de que finalice el mes de junio.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

Representantes de Podemos Navarra, de Izquierda Unida, de Batzarre, así como personas independientes de Navarra han hecho pública este viernes su “vocación” de reeditar la coalición Contigo/Zurekin con la que se presentaron a las elecciones forales y municipales del 2023. Las tres formaciones de la coalición que forma parte del Gobierno de María Chivite han anunciado que abren formalmente el proceso de diálogo para la posible renovación de la coalición.

Así lo recogen en una declaración política, en la que los representantes de los distintos espacios que componen la coalición se ratifican en “la apuesta político-organizativa realizada en el año 2022”. “Esta coalición es y tiene que seguir siendo un espacio de encuentro político desde distintas identidades y organizaciones de la izquierda navarra”, han indicado.

En el texto remitido por Contigo/Zurekin, han señalado que realizan esta declaración política con la vista puesta en el horizonte electoral 2027, “poniendo en valor la unidad, el arraigo territorial y los valores de equidad y justicia social para responder a los principales retos sociales y recuperar la ilusión y el valor de la política y los proyectos colectivos”.

Tras más de tres años de trabajo, han comentado que la valoración que realizan de la coalición es “positiva”, “como en toda alianza de estas características, con nuestras lógicas diferencias, pero con muchas más coincidencias en los elementos básicos. ”Hemos logrado generar una dinámica política propia, enraizada en la trayectoria histórica de la izquierda alternativa y transformadora de Navarra, que mira al futuro con ilusión y ambición transformadora“, han expuesto.

Según han añadido los espacios políticos de la coalición, su aspiración es “la de profundizar en la transformación de Navarra” y para ello consideran necesario “continuar y ampliar el ciclo de cambio haciendo mucho más ambiciosos y rápidos el alcance de sus objetivos a través de sus políticas y proyectos”. “Evidentemente, valoramos positivamente los hitos políticos conquistados en estos 11 años por la colaboración transversal del espacio progresista de Navarra, pero deseamos ir mucho más allá”, han expuesto, quienes han indicado que “la acción del Gobierno de Navarra actual ha evidenciado su insuficiencia para afrontar los retos y las necesidades que hoy en día tiene la mayoría social de Navarra”.

“Si bien es cierto que valoramos positivamente la conformación y la acción de un gobierno alternativo a las derechas, especialmente en el ámbito de la Vivienda, de la Igualdad, de la Juventud y de las Políticas Migratorias, donde ostentamos responsabilidades, todo ello no es suficiente”, han incidido desde la coalición, que defiende “una ofensiva social que aumente la ambición política del actual Gobierno de Navarra, y ello pasa por un aumento de la capacidad de intervención de nuestro espacio político”.

Tras afirmar que su ambición es la de “seguir gobernando y gobernar Navarra con más fuerza y ambición”, han manifestado que se comprometen “a articular un proceso de reformulación y de fortalecimiento de nuestra coalición, para convertirla en la mejor herramienta posible al servicio de las familias de Navarra”. “Durante los próximos meses, vamos a realizar un proceso de reflexión política y organizativa, para, de la mano de la mayoría social de Navarra, perfeccionar nuestra herramienta electoral, y diseñar colectivamente el mejor proyecto político posible”, han concretado.

“Los y las representantes de Podemos Navarra-Ahal Dugu, de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, de Batzarre y del grupo de personas independientes de Navarra hacemos pública nuestra vocación de concurrir a las próximas elecciones forales en el seno de la coalición Contigo Navarra/Zurekin Nafarroa. Asimismo, hacemos extensiva esta vocación a las elecciones locales en todos los municipios de Navarra en los que nuestros espacios políticos tienen presencia e implantación”, han expuesto.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha asegurado sentir “pena” por la situación de Koldo García, a quién ha reconocido que conocía “desde hace 40 años”. “Está en prisión y tiene familia”, ha lamentado el representante del partido de extrema derecha en la Cámara foral.

El exasesor del ministro José Luis Ábalos compareció el pasado miércoles en la comisión del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Durante el interrogatorio de Vox, Koldo García le dijo a Emilio Jiménez que se alegraba de “verle”, dando a entender que se conocían.  “Espero, antes de irme de este mundo, volverte a ver”, añadió.

A preguntas de este periódico, el portavoz de Vox ha explicado que se conocieron hace más de cuatro décadas. “Yo trabajé en seguridad privada, llevaba una empresa, y él llevaba otra empresa. Hemos coincidido también en un centro deportivo en el que yo era gerente y él venía a hacer artes marciales, hacía Boxeo. Después, cuando yo estaba de jefe de la Policía Municipal de Barañain, él estaba de escolta, y así muchas veces se han cruzado nuestros caminos”. “Me parecería hipócrita por mi parte que hiciera como que no lo conozco”, ha apostillado.

Así, ha reconocido que sintió “pena” por su “situación” al hablar con él durante el interrogatorio en el que Koldo compareció desde la cárcel de Soto del Real, donde está en prisión preventiva, a través de videoconferencia. “Esta preso y tiene familia. De momento tiene esa presunción de inocencia y si lo declaran culpable, que cumpla su pena por haberlo hecho mal”.

El exasesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García ha declarado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que va “a demostrar la verdad” en el juicio por corrupción que se va a celebrar en el Tribunal Supremo. “Esto acaba de empezar”, ha advertido durante su comparecencia, en la que se ha negado a dar explicaciones y no ha respondido a las preguntas de los grupos de la comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

García ha comparecido en la comisión navarra por videoconferencia después de que su defensa solicitase no trasladarle hasta Pamplona alegando motivos médicos. Su declaración estaba prevista para las 10:00 horas, pero Instituciones Penitenciarias la ha retrasado a las 12:00. El exasesor de Ábalos ha comenzado su declaración lamentando que haya políticos que quieran tener “su minuto de gloria” para contribuir a “un circo político y mediático”.

“Esto acaba de empezar, hay que tener un poco más de paciencia, queda mucho”, ha aseverado Koldo García, quien ha asegurado que “todo” lo que ha dicho lo ha “podido demostrar”. “Hay un procedimiento judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado, yo tengo que demostrar judicialmente que todo lo que están diciendo son barbaridades y voy a demostrar la verdad”, ha apostillado.

García ha asegurado que no es “idiota” y que meses antes de ser detenido sabía que le estaban “haciendo un seguimiento” por sus años de “colaboración” con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Yo mismo puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en mi domicilio”, ha apuntado.

“Cometí un error de cálculo porque no pensé que iban a hacer todo ese daño a la gente de mi entorno. Yo asumiré todos mis actos, pero pensé que se iba a focalizar en mí, no en los de mi alrededor”, ha lamentado. “Se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí. Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona. Me preocupa que el día de mañana no se puedan borrar todas las falsedades que se han dicho sobre mí”, ha concluido. 

“He defendido los intereses de España”

Durante el interrogatorio, el portavoz de UPN, Javier Esparza, le he reprochado que pasase “de escolta de víctimas de ETA” a “defender” los acuerdos del PSOE con EH Bildu y “con Otegi”.

“No puede poner en duda que he defendido los intereses de España, usted no se lo cree y lo sabe”, le ha respondido Koldo García, quien ha señalado que mantuvo “una conversación” con el parlamentario regionalista. “Creo que he cumplido bastante bien a todos los españoles en mi área”, ha añadido.

Instituciones Penitenciarias acepta que “hay razones médicas” para que Koldo García no acuda este miércoles al Parlamento de Navarra a declarar en la comisión de investigación y ha desaconsejado su traslado. Así, ha propuesto que su comparecencia se realice por videoconferencia, tal y como había solicitado la defensa del exasesor del ministro José Luis Ábalos. Los grupos de la comisión de investigación han aceptado la recomendación de Prisiones y García comaprecerá por medios telemáticos.

Según ha informado fuentes del Parlamento navarro, Prisiones ha realizado esta comunicación por teléfono a primera hora de la mañana, cuando los grupos de la comisión que investiga las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 se iban a reunir para votar la petición de Koldo García de comparecer desde la prisión de Soto del Real.

Koldo García está citado por su presunta implicación en la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Según el informe de la UCO de la Guardia Civil, ejerció de intermediario con Acciona para lograr contratos a cambio de mordidas. La semana pasada el asesor contable del bar Franky de Pamplona señalado por la UCO en su informe, confesó que emitió facturas falsas a la constructora por supuestas comidas en el establecimiento para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha reclamado reconocer al euskera como lengua “propia de Navarra” en la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de comunidades autónomas, y ha lamentado que la comunidad foral sea la única comunidad que, “teniendo una lengua diferenciada del castellano, no la reconoce como propia en su norma de mayor rango”.

Patxi Vera ha comparecido este viernes en la Cámara foral en la ponencia que se está desarrollando para actualizar la LORAFNA. Allí ha defendido que Navarra debe sentirse “orgullosa” de haber mantenido una lengua “milenaria” y por ello ha pedido que se la reconozca. “El euskera es un patrimonio lingüístico que representa una riqueza cultural de nuestra comunidad y los poderes públicos tienen el deber constitucional de prestarle especial respeto y protección, según el artículo 3º de la Constitución Española”, ha apuntado. “El euskera es de todas y de todos, como lo son las Bardenas, la selva del Irati o el castillo de Olite, y no sólo de sus hablantes”, ha apostillado.

El Defensor del Pueblo ha sugerido incluir también en la ley del Amejoramiento el Himno y el Día de Navarra (3 de diciembre). “Son suficientemente representativos, están consolidados como aspectos que identifican claramente a la Comunidad foral y pueden concitar, si no la unanimidad, una mayoría muy amplia y transversal”, ha indicado, para exponer que “también en otras comunidades lo recogen así”.

Asimismo, ha comentado Vera que se podría considerar incorporar en el Amejoramiento varias instituciones de Navarra como el Consejo de Transparencia o el Tribunal Administrativo de Navarra. Estatutos de otras CCAA, ha dicho, incluyen alusión a otras instituciones y ha mencionado así que el de Castilla y León, por ejemplo, “denomina como instituciones básicas las Cortes, la Junta y el Presidente de la misma y se incluyen en un segundo punto las denominadas instituciones propias de la Comunidad, que son el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, que es el equivalente al Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y las que se puedan determinar en el Estatuto”.

Patxi Vera ha mencionado también como cuestión adicional la relativa al lenguaje de género, que a su juicio debería actualizarse en el texto del Amejoramiento. Ha destacado “el hecho de que Navarra ya ha contado con mujeres al frente de todas sus instituciones (presidentas del Gobierno y del Parlamento, de la Cámara de Comptos, del Consejo de Navarra y Defensora del Pueblo, además de consejeras y parlamentarias)”. “No sé qué más haría falta para que, si se reforma la Lorafna, esta actualización sea, de forma inexcusable, con lenguaje inclusivo”, ha expuesto.

En su intervención, el defensor ha pedido el reconocimiento de los derechos de las personas que viven en la comunidad foral y ha enmarcado esa inclusión de derechos en la tendencia que han seguido todas aquellas Comunidades Autónomas que han modificado sus Estatutos de Autonomía en épocas posteriores a su origen, siete en total -Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana-.

“En un primer momento, cuando se aprobaron por primera vez, se puso el foco en el ámbito competencial y, cuando, posteriormente, se hace una revisión, en todos los casos, se ve la necesidad de ampliar ese foco hacia los derechos de la ciudadanía de esa comunidad, como un avance de compromiso social”, ha dicho el defensor.

Además, ha comentado que “en la comunidad foral conviven personas que todavía no han alcanzado el estatus de ciudadanos y ciudadanas”. Por ello, ha señalado que “el hecho de que no tengan su carta de ciudadanía y, por lo tanto, los derechos políticos, no significa que no deban contar con los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España, así como otros derechos de ámbito social”. En este contexto, ha indicado que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce 30 derechos para toda la humanidad “sin ninguna discriminación”.

Vera ha explicado que, con el fin de aportar un mayor detalle y conocimiento sobre esta materia, entregaba al Parlamento varios documentos que son el resultado de un trabajo realizado el pasado año, consistente en un estudio comparativo de los derechos recogidos en los estatutos de las siete autonomías y de la Constitución española.

Patxi Vera ha hecho también referencia a los conocidos como “derechos digitales”. Ha recordado, a este respecto, que, en 2021, se publicó la Carta de Derechos Digitales en España, concebida como una hoja de ruta para la acción de los poderes públicos que pretende servir de guía para futuros proyectos legislativos en este campo.

El pleno del Parlamento de Navarra aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai que insta al Gobierno foral a adoptar “de manera inmediata” las medidas necesarias para sustituir a la Policía Nacional por la Policía Foral como cuerpo antidisturbios en los partidos de Osasuna en el estadio de El Sadar. El Ejecutivo foral ya abrió la puerta a estudiar el cambio de cuerpo policial antidisturbios en los eventos que se celebren en el estadio navarro.

El pronunciamiento del Parlamento navarro llega tras las cargas policiales que se produjeron en el estadio tras la finalización del partido que enfrentó al club navarro contra el Real Madrid hace dos semanas y que dejaron a varios aficionados heridos. A raíz de los incidentes se ha reavivado el debate sobre qué cuerpo policial debe encargarse de la seguridad de El Sadar y este jueves la mayoría del pleno ha aprobado una moción para que sea gestionada “en exclusiva” por la Policía Foral.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de Geroa Bai y EH Bildu, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo/Zurekin, que han argumentado que la Policía Foral no tiene actualmente los efectivos suficientes para ejercer esas labores “en el corto plazo”, y los votos en contra de PP, Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la defensa de la moción, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha señalado que su moción “no habla solo de seguridad en un estadio, habla de autogobierno, de responsabilidad política y de responsabilidad institucional hacia nuestra policía”. “Hoy seguimos manteniendo una anomalía injustificable. La seguridad del principal estadio de Navarra continúa en mano de la Policía Nacional. ¿Qué mensaje estamos trasladando? ¿Que nuestra Policía es integral o de referencia, salvo en el recinto deportivo más importante de la comunidad? ¿Que confiamos en ella, pero no del todo? La Policía Foral ha demostrado sobradamente su capacidad operativa”, ha defendido. “No se trata de abrir una confrontación institucional, sino de asumir con normalidad democrática una competencia que corresponde a Navarra”, ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de EH Bildu Mikel Zabaleta ha justificado su apoyo por “la actuación desproporcionada e inadecuada por parte de la Policía Nacional” tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid y ha reclamado que la gestión de la seguridad del estadio de El Sadar esté “en manos de la Policía Foral”.

Desde UPN, Javier Esparza ha calificado la moción de “fake” porque “la Policía Foral no va a llevar la seguridad de los partidos de fútbol ni mañana, ni pasado, ni esta temporada ni la que viene, porque no está dotada de los recursos y medios humanos para hacer frente a este servicio” y ha enmarcado la presentación de la moción en que al “nacionalismo vasco le molesta todo lo que huele a España”.

Ramón Alzórriz ha defendido que el PSN quiere “una Policía Foral integral que dentro de sus atribuciones tenga la seguridad pública en general y la de El Sadar en particular, pero a su debido momento, sin prisas, analizando los dispositivos necesarios para ello, y la necesidad de ampliación de los recursos humanos de Policía Foral en materia de seguridad ciudadana, haciéndolo compatible con otras prioridades que ya contempla el Plan Estratégico de Policía Foral” y ha criticado que EH Bildu en Euskadi, donde las competencias de seguridad en los estadios de fútbol las tiene la Ertzaintza, “también ataca las actuaciones que realiza”.

Contigo/Zurekin ha afirmado que la Policía Foral “tiene más arraigo social y territorial” en Navarra que la Policía Nacional, pero ha defendido que “asumir la gestión de manera inmediata hoy en día no es posible” por la falta de efectivos de la Policía Foral.

El que era el asesor contable del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente funcionar como lavadero de dinero proveniente de Acciona, ha reconocido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que emitió facturas falsas a la constructora para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

“Entre mediados de 2016 y principios de 2018 emití determinadas facturas que no respondían a una prestación real. Fue una decisión equivocada por mi parte, no la justifico y me arrepiento de haber actuado así. No volvería a hacerlo. Actué en un ámbito que entendí estrictamente personal, intenté ayudar a quien me trasladaba una situación económica complicada, fue un error de juicio”, ha reconocido Miguel Moreno Purroy.

El asesor contable ha explicado que él, Koldo García y el dueño del bar Franky, Francisco Javier Lorente, diseñaron un “circuito” que funcionaba de la siguiente manera: García solicitaba a Miguel Moreno que elaborase facturas falsas; él las emitía y se las enviaba a Acciona a través del responsable del departamento de construcción de Navarra y La Rioja, Fernando Merino; recibía el dinero en la cuenta del bar y se lo pagaba en efectivo a Koldo García. Miguel Moreno ha cuantificado estos pagos en “unos 8.000 euros”. “Todo lo que dice la UCO es cierto”, ha añadido.

Según ha explicado Miguel Moreno las facturas eran “falsas” y no correspondían a comidas reales de empleados de Acciona y, si bien se usaban tickets que sí existían, correspondían a los de otros clientes y no de la constructora. Su confesión contradice así la versión del responsable de Acciona Fernando Merino, que en la misma comisión del Parlamento navarro, aseguró que las facturas sí que correspondían a comidas de empleados de la empresa.

El contable del bar ha enmarcado estas actuaciones en “favores personales” a Koldo García, de quien ha dicho que les unía una relación de “amistad”. “Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba pasando por un mal momento económico desde que había tenido un accidente siendo escolta, que sus ingresos eran más pobres, y que no tenía dificultad para que por parte de Acciona pagaran alguna facturas que tuvieran que ver con comidas del restaurante Franky”, ha señalado.

Con todo, ha asegurado que su actuación se limitó a la emisión de esas facturas, que cesó en 2018, coincidiendo con el traslado de Koldo García a Madrid como asesor de José Luis Ábalos. También ha negado haber participado “en adjudicación pública ni decisión administrativa alguna”. “No tuve conocimiento ni indicio de estructura organizada vinculada a contratación pública”, ha apostillado. 

Por último, Miguel Moreno Purroy ha afirmado que el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le indicó que no estaba siendo investigado en la causa penal abierta por el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Koldo García ha solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo comparecer el próximo 11 de marzo en la comisión navarra de investigación por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva.

En un escrito remitido a la Sala Segunda del Supremo, el exasesor de Ábalos anuncia que se acogerá a su derecho a no declarar, por lo que no responderá a las preguntas que le formulen los miembros de la comisión navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y según la Guardia Civil también de Santos Cerdán.

El Parlamento de Navarra había recibido ya la autorización del Tribunal Supremo para la comparecencia de García el 11 de marzo. Ahora, cuando resta una semana para su citación, la defensa del exasesor del Ministerio de Transportes ha pedido que su comparecencia sea por medios telemáticos para garantizar “el adecuado control jurisdiccional, la preservación de sus derechos procesales y la correcta coordinación con el procedimiento penal en curso”.

“La modalidad telemática solicitada resulta proporcionada y plenamente compatible con la finalidad de la comparecencia, evitando desplazamientos innecesarios y asegurando que el acto se desarrolle con las debidas garantías”, añade el escrito remitido al Supremo.

Vox ha intentado sin éxito que el Parlamento de Navarra homenajee a uno de los fundadores de Falange. Se trata del navarro Julio Ruiz de Alda, aviador y que fue uno de los tripulantes del hidroavión Plus Ultra que, en 1926, realizó un viaje entre Palos de la Frontera (Huelva) y Buenos Aires (Argentina). Con motivo del centenario de la gesta, el partido de extrema derecha ha presentado una declaración institucional en la junta de portavoces de la Cámara foral en la que reclamaba que se le conmemorase, omitiendo que Ruiz de Alda fue fundador de la Falange en 1933.

Al contrario de lo sucedido en el Parlamento de Navarra, hace unos meses la Diputación Foral de Álava, con motivo de la presentación de una exposición fotográfica, sí que destacó los hitos del aviador navarro por haber realizado las primeras fotografías aéreas del territorio alavés, orillando también su papel como fundador de Falange. “Jamás y de ninguna manera hubiera estado en ninguna exposición de la Diputación Foral de Álava en calidad de miembro o de fundador de la Falange. No se incorpora ninguna referencia a su pensamiento político, a su ideología, al régimen franquista o al golpe de Estado”, argumentó entonces el Diputado General, Ramiro González, que aseguró que “no cayó” en cuál era la trayectoria política del piloto.

En la declaración presentada en el Legislativo navarro Vox destacaba que los navarros Julio Ruiz de Alda y Pablo Rada fueron partícipes de una “proeza” al realizar la primera travesía transatlántica en avión que cruzó el Atlántico Sur con un único aparato, “enfrentando numerosos desafíos como condiciones meteorológicas adversas, vientos fuertes que desviaron la ruta, limitaciones de combustible que obligaron a cálculos precisos y aterrizajes en aguas abiertas, así como el riesgo constante de fallos mecánicos en un océano vasto e inhóspito”.

De Ruiz de Alda, el partido de extrema derecha destaca que se unió al ejército a los 15 años y desarrolló “un temprano interés por la aviación”. “Como marino y aviador, alcanzó el rango de teniente de navío y se distinguió por su habilidad en vuelos pioneros, actuando como copiloto en el hidroavión Plus Ultra y contribuyendo decisivamente a la navegación y el manejo de la aeronave durante las etapas más críticas”.

Vox pedía que se le conmemorase por “la necesidad de reconocer y preservar la memoria de eventos que marcaron avances en la exploración y la tecnología, honrando a aquellos que, con valentía y pericia, contribuyeron a ellos”. “Es fundamental rendir homenaje a personajes ilustres de nuestra historia y nuestra tierra que hayan llevado a cabo acciones heroicas y gestas históricas, para fomentar así el conocimiento de nuestro pasado compartido y valorar el coraje y la innovación que impulsan el progreso de la humanidad”, reclamaba el partido de extrema derecha, sin mencionar la trayectoria política de Ruiz de Alda.

Finalmente la declaración que pedía que se le conmemorase no ha salido adelante pese a los apoyos de UPN y PP. El PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin han votado en contra y la propuesta ha sido tumbada en la junta de portavoces.