Cuando restan apenas ocho meses para que se celebren las elecciones forales y municipales de 2027 todavía no se ha despejado la incógnita de cómo se presentarán las fuerzas no nacionalistas situadas a la izquierda del PSOE. En 2023 Podemos, Izquierda Unida, Batzarre y el colectivo de independientes crearon la coalición Contigo/Zurekin, liderada por la hoy consejera de Vivienda y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, con la que concurrieron a los comicios. En julio de este año tres de las cuatro formaciones acordaron reeditar esa confluencia electoral, a la que por el momento no se ha sumado Podemos. Desde Izquierda Unida, han apuntado este martes que esperan que la formación liderada ahora por Neniques Roldán se pueda sumar “en los próximos días” y evitar así un escenario electoral con dos candidaturas de izquierda distintas.

El coordinador general de Izquierda Unida en Navarra, Carlos Guzmán, ha asegurado que la relación entre las formaciones que conforman Contigo/Zurekin es “fantástica” y ha apuntado que si todavía no se ha cerrado el acuerdo es porque se trata de dos procesos de negociaciones “paralelos”, uno para las elecciones forales y municipales y otro para las generales.

“La vocación de Izquierda Unida es la de construir la alianza más amplia posible, y en ello estamos trabajando, y esperemos que a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas podamos materializar ya el anuncio definitivo de ambas coaliciones”, ha indicado Guzmán, que ha desvinculado una negociación de la otra.

“Hay que hablar de aspectos políticos, de aspectos programáticos, de aspectos organizativos. Nosotros lo que pretendemos cuando negociamos una coalición con otros agentes organizativos es establecer una hoja de ruta común. Cuando te presentas como un partido en solitario es más fácil, entiendo yo, realizar esos procesos, pero cuando tienes que ponerte de acuerdo con distintos agentes son muchísimas las cuestiones que hay que abordar”, ha dicho.

Con todo, la realidad es que Podemos ha sido muy crítico con decisiones tomadas por el Gobierno de María Chivite, en el que está Begoña Alfaro, la única representante de Podemos en un gobierno autonómico. Recientemente, han reclamado “más ambición” a Contigo/Zurekin a la hora de recuperar viviendas en manos de fondos de inversión y en el pasado han pedido incluso a sus socios abandonar el Ejecutivo que comparten con PSN y Geroa Bai.

El diputado por Navarra Segio Sayas, tránsfuga de UPN, dirigirá la gestora del PP en Navarra tras la dimisión de su presidente, Javier García, anunciada por el partido este pasado sábado. Sayas, que ya era 'número dos' del Partido Popular en la comunidad foral es además el principal nombre que se baraja como candidato para las elecciones forales que se celebrarán en mayo de 2027.

“Es un honor y una enorme responsabilidad asumir la Presidencia del PP de Navarra”, ha afirmado Sayas en un comunicado difundido por su partido. En él ha situado como su objetivo “fortalecer el partido y construir una alternativa real y sólida para Navarra”. “Los navarros necesitan una alternativa que les ilusione y el PP se la va a ofrecer. Quiero un Partido Popular que no se conforme con ejercer la oposición, sino que trabaje desde hoy para ganarse la confianza de los navarros y gobernar esta comunidad”, ha añadido.

Sergio Sayas llegó al PP tras haber sido expulsado de UPN, partido al que representaba en el Congreso, por haberse saltado las directrices de quien era su presidente, Javier Esparza, y haber votado en contra de la reforma laboral para tratar de tumbar al gobierno de coalición. Aquella jugada les salió mal a él y a su compañero de tribuna y también tránsfuga, Carlos García Adanero, porque el diputado del PP Alberto Casero votó a favor por error. Pero su traición provocó que UPN expulsara a sus dos diputados que, pese a que negaron en varias ocasiones que tuviesen un acuerdo con el PP, dieron el salto a este partido a los pocos meses.

La noticia de que Sayas presidirá la gestora se produce menos de 48 horas después de que Javier García anunciara por sorpresa que dejaba la dirección del PP navarro. Este lunes ha asegurado que la decisión ha sido suya y “por motivos personales” y la ha desvinculado de un hipotético intento del PP de impulsar otra candidatura, como la del propio Sayas. “Nadie me ha obligado”, ha aseverado.

Según García, que hace semanas afirmaba que sería el candidato del PP a la presidencia de Navarra en 2027, decidió “hace tiempo” su salida de la presidencia del partido en la comunidad foral y que se debe a motivos personales. “Mi etapa ha terminado”, ha solemnizado para insistir que “nadie” del PP le trasladó “si iba a ser o no iba a ser el candidato” a las elecciones.

Como presidente de la gestora, Sergio Sayas, deberá continuar con las conversaciones iniciadas por su predecesor con UPN para acordar una posible coalición electoral con el partido del que fue expulsado, UPN. De todas formas, según ha explicado Javier García, la decisión final la deberá tomar la dirección nacional del PP.

El portavoz de Contigo/Zurekin en el Parlamento foral, Carlos Guzmán, ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por la coalición tanto en distintas instituciones como en el Gobierno foral, y ha afirmado que en un momento como este van a salir “a ganar desde la izquierda” porque es lo que a su juicio “necesita Navarra”.

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Guzmán ha manifestado que no pueden obviar que la actualidad política de Navarra más inmediata viene determinada por la “paralización de las obras de los túneles de Belate” y ha asegurado que no van “a restarle ni una pizca de importancia a esta cuestión”. “No podemos esconder que la gestión de este proceso no ha sido diligente, las cosas no se han hecho bien”, ha dicho, para pedir que cuanto antes se retomen y se terminen las obras.

En este sentido, Guzmán ha exigido “máxima transparencia y máximo rigor a la hora de emplear los fondos públicos”. “No hay que abonar ni un solo céntimo que no deba ser abonado”, ha dicho, para mostrarse “inflexible” ante la corrupción. Ha comentado al respecto que la comisión de investigación del Parlamento en torno a Belate “no pudo acreditar la existencia de prácticas corruptas”, pero “sí que se pudo acreditar la existencia de una clara y peligrosa connivencia entre una parte del poder político y una parte del poder económico y empresarial”.

Tocando distintas materias, el parlamentario de Contigo/Zurekin, que ha defendido los servicios públicos, ha hablado de la propuesta de la presidenta María Chivite para realizar una reforma fiscal. Ha dicho que desde su coalición defienden una ayuda de 200 euros por cada hijo a cargo menor de 18 años para “garantizar el derecho a la maternidad y a la paternidad en igualdad universal en Navarra”. “Proponemos también, ante un contexto de crisis estructural de la vivienda como el que existe, la exención de las subvenciones a las VPO porque no tiene sentido gravar el acceso a la vivienda y proponemos también eximir del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales a la compra de la primera vivienda”, ha expuesto, para indicar que van a proponer también “acabar con los beneficios fiscales de los que actualmente gozan las aportaciones voluntarias a la educación privado-concertada en Navarra”.

Ha puesto sobre la mesa también Guzmán “avanzar en mayor progresividad fiscal en el Impuesto de Sociedades o en el Impuesto del Patrimonio y además aplicar una fiscalidad verde”.

Ha señalado que en Navarra a día de hoy existen más de 145.000 personas que “nacieron fuera” de las fronteras de la comunidad foral y que “esto no solo es un reto, esto sobre todo es una oportunidad para modernizar completamente” Navarra. “En un mundo global como el actual, la multiculturalidad es ya la herramienta necesaria para garantizar la igualdad a todas las personas, pero sobre todo es la mejor herramienta para discernir entre sociedades autoritarias y sociedades democráticas”, ha expuesto.

Además, ha defendido el parlamentario “la necesidad de proteger y de fomentar el euskera, aspirando una vez más a superar una artificial zonificación que divide Navarra de manera artificial, para garantizar derechos lingüísticos a todos los navarros”. “El euskera es de todos y de todas, y por ello debemos eliminar barreras artificiales que dividen un valor cultural común”, ha dicho.

Se ha referido al cambio climático y ha advertido de sus riesgos. “Las necesarias transiciones ecológicas y energéticas hay que abordarlas desde planteamientos netamente anticapitalistas. Una vez más, demandamos para esta cuestión criterios claros de liderazgo público, de justicia social y también de equilibrio y cohesión territorial”, ha dicho, para comentar que “la lógica económica y productiva que ha generado el cambio climático no puede ofrecer ninguna solución”.

Carlos Guzmán ha señalado que “para conquistar” los retos por delante Navarra tiene una herramienta inmejorable, el autogobierno. “Un autogobierno que nosotros y nosotras consideramos como la mejor herramienta para profundizar y para avanzar en derechos sociales y democráticos para el conjunto de la mayoría social de Navarra”, ha apuntado.

EH Bildu no forma parte del Gobierno de Navarra, pero desde que María Chivite es presidenta ha pactado con PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin todos los presupuestos, así como otras leyes de calado. Es el socio externo. Y este jueves, su portavoz, Laura Aznal ha emplazado a Chivite a seguir articulando “mayorías amplias” frente al avance de la extrema derecha. “Con EH Bildu los acuerdos son sólidos y de alcance. Ofrecemos valentía”, ha solemnizado Laura Aznal.

La portavoz de la coalición abertzale ha lamentado que el próximo ciclo electoral puede dejar en Madrid y en París “gobiernos reaccionarios” que recortan derechos. Frente a ello, ha asegurado que la solución ya no puede ser un cordón sanitario, que “por sí solo” ha resultado “ineficaz”. Por ello le ha pedido a Chivite consolidar las mayorías que la llevaron al Palacio de Navarra o sirvieron para desalojar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona.

“Todas las fuerzas progresistas debemos tener claro que ante situaciones excepcionales, son necesarias respuestas excepcionales. Aceptando las múltiples diferencias entre nosotros debemos articular alternativas amplias. Tenemos que llegar a acuerdos basados en un suelo común y debemos fijar esos acuerdos para defender y extender los derechos de los navarros”, ha solemnizado Laura Aznal.

Durante su intervención también ha marcado distancias con los socialistas, a quienes ha afeado que signa impulsando la zonificación lingüística. “Los derechos no se zonifican, el euskera es nuestra lengua y todos los navarros tienen derecho a vivir en euskera”, ha defendido.

También le ha pedido a la presidenta que la actualización “necesaria” de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al estatuto en el resto de comunidades, sirva para “profundizar” en el autogobierno y “ampliar” los derechos de la ciudadanía.

Sobre Belate, la obra que ha dividido a los socios del Gobierno por su gestión, ha asegurado que se han hecho “muchas cosas mal”, pero ha afeado a la derecha que haya utilizado la obra “como hilo conductor” de su estrategia “para desgastar” al Ejecutivo de Chivite. “No les importa la finalización de la obra, su prioridad es el desgaste del Gobierno”, le ha reprochado a UPN. Por último, ha reclamado a Chivite que no se pague “ni un solo euro” que no proceda.

El líder de la oposición, Javier Esparza, de UPN, ve cercano el fin de la etapa de María Chivite al frente del Gobierno de Navarra. Una presidencia, que para el partido regionalista ha sido “un fraude”, porque empezó bajo la tutela de Santos Cerdán y con la “dependencia” de EH Bildu. “Es presidenta gracias a un presunto corrupto y a un terrorista confeso”, le ha espetado.

Esparza, que ha reconocido que el debate del Estado de la Comunidad es “especial” para él por ser su último como portavoz ha centrado el grueso de su intervención, que se ha prolongado durante 30 minutos, en la figura del ex secretario de organización socialista, que aparentemente era copartícipe de Servinabar 2000, la mercantil investigada por corrupción.

“Adjudicó a Cerdán la obra de Belate por 76 millones de euros. Es el gran elefante blanco de la habitación del que nadie quiere hablar”, le ha reprochado a María Chivite. Para Esparza, la sombra de la sospecha de ha extendido a la propia presidenta, de quien ha asegurado que “su entorno más cercano duda”. “No sé si usted está metida [en la trama de corrupción], pero dejó hacer y eso ya es suficiente para acatar responsabilidades políticas” y haber dimitido, ha añadido.

El portavoz de UPN también ha afeado a Chivite sus pactos con EH Bildu, que ha avanzado que “seguirán”. Según él, la coalición abertzale es ya la segunda fuera política en Navarra y no ha dudado en asegurar que Chivite “le dará la presidencia de Navarra” a EH Bildu “al igual que ledioó” la Alcaldía de Pamplona.

En este sentido, ha revelado una reunión que mantuvo con la presidenta en la sede el PSN tras la pandemia. En ella, ha dicho, le ofreció un acuerdo para “dar estabilidad” a la comunidad foral con una presidencia de Chivite “sin la dependencia de EH Bildu”. “Usted me dijo que tenía trampa, que si aceptaba esa propuesta en 2023 tenía que hacerme presidente a mí. Entendí que el problema para usted era el poder, su única preocupación era quién pudiera disputarle la presidencia. Entre UPN y EH Bildu eligió a EH Bildu”, le ha reprochado.

Para cerrar, ha lamentado que con el presupuesto “más alto” no ha sabido “mejorar” los servicios públicos. “No ha sido sinónimo de mejora en la calidad de los servicios públicos, ni de avances estructurales en la gestión, ni de mejoras en las infraestructuras, ni de nuevas infraestructuras siquiera”, ha indicado.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, va camino de cumplir ocho años al frente del Gobierno foral. Y este jueves ha pronunciado el que será el último discurso del debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura, que finalizará en marzo con la disolución del Parlamento. Durante más de una hora ha hecho balance de estos últimos cuatro años al frente del Gobierno navarro, el que ha sido su segundo mandato consecutivo.

Chivite ha presumido de ser, a su juicio, la presidenta “que más ha hecho por ampliar” el autogobierno de Navarra, en referencia a algunas de las transferencias logradas durante su etapa al frente de la presidencia, como es la de tráfico. “En estas dos legislaturas hemos avanzado más que en veinte años”, se ha felicitado.

Durante su discurso, íntegramente en castellano, Chivite ha repasado los principales retos a los que se ha enfrentado cada una de las 13 consejerías de su Ejecutivo y ha apuntado cuáles serán los objetivos a alcanzar en los meses que restan de legislatura. Como principales prioridades ha destacado el acceso a la vivienda, tratar de frenar el incremento de los precios, la mejora de la sanidad pública y la convivencia.

Chivite, que el año pasado situó a Navarra como “baluarte” progresista, ha vuelto a recordar este año el contexto internacional con “el auge de fuerzas antidemocráticas y antieuropeas”. “Allí donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha, avanza la división, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización. Frente a ese retroceso, defendemos una democracia que se demuestra útil en la vida de la gente”, ha solemnizado. 

No obstante, la presidenta navarra se ha centrado en uno de los episodios recientes, la crisis humanitaria en Ceuta. Ha reclamado una migración “ordenada” y “segura” con derechos pero también obligaciones. “Integrar significa aprender las lenguas, acceder a la formación y al empleo, conocer los derechos y cumplir las obligaciones”, ha aseverado.

Pero ha apostillado: “Criminalizar a quien migra alimenta el miedo y debilita la democracia. Nosotros elegimos otro camino: firmeza en las reglas, humanidad en el trato y políticas que hagan posible la convivencia”. Navarra ha sido la única comunidad que ha acogido a niñas migrantes procedentes de Ceuta merced a un acuerdo bilateral con la ciudad autónoma tras el bloqueo de las comunidades gobernadas por el PP para su reparto. “Mientras algunos agitan el odio, nosotros trabajamos para que una persona migrante pueda formarse, trabajar, contribuir y sentirse parte de Navarra”, les ha reprochado.

La presidenta tampoco ha “obviado” a Belate, la obra que ha generado varias crisis de gobierno con sus socios de Geroa Bai y Contigo/Zurekin. Tras haber sido adjudicada por 76 millones a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe al 15% el exdirigente socialista Santos Cerdán, el Ejecutivo de Chivite ha decidido romper el contrato y volver a sacarlo a licitación. El detonante, un sobrecoste de 8,3 millones de euros que, tras haber sido autorizado por el director general de Obras Públicas, fue tumbado por la Intervención General.

Chivite ha remarcado la “importancia” de desdoblar el túnel situado en la N-121-A, la carretera que une Pamplona con Francia a través de Irún, pero también la de hacerlo “desde la legalidad y la transparencia”. Ha asegurado que el túnel “se va a terminar” y ha acusado a los gobiernos que la precedieron de “inacción” con una obra bajo la lupa de Europa, que amenazó a Navarra “con una multa millonaria” por no acometerla en plazo.

Con todo, la presidenta no ha interpelado a sus socios de gobierno y únicamente se ha referido de pasada a otros temas que han generado tensión en el seno del Ejecutivo, como es el caso de los conciertos educativos, cuando apenas restan unos meses para la celebración de unos nuevos comicios forales y municipales. Pero sí les ha reclamado acuerdos “con convicciones y con hechos” para volver a “merecer la confianza de la ciudadanía”.

Chivite también ha reservado un espacio para anuncios, como una propuesta fiscal “ambiciosa” o un plan de inversiones, al margen de los presupuestos, de 600 millones de euros “que se materializarán en infraestructuras y actuaciones concretas”. 

El pleno, como es costumbre, ha levantado cierta expectación. Hasta cuatro emisoras de radio han montado 'sets' especiales para retransmitir la sesión en directo y, desde primera hora, los palcos y pasillos se han llenado de invitados. En la Cámara han coincidido desde la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, hasta su homólogo en el PNV, Aitor Esteban. También ha acudido la recientemente nombrada candidata a la presidencia navarra por Geroa Bai, Uxue Barkos, actualmente senadora autonómica, o el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de UPN, entre otros.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a la instalación de nuevas plantas de biometano en la comunidad foral. La medida, que ha contado con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, la abstención del PSN y del PP y el voto en contra de Vox, prorroga la moratoria de un año aprobada el año pasado y que provocó una división entre los socios del Gobierno de Chivite. Durante el periodo que dure la moratoria, el Gobierno de Navarra trabajará en una normativa que regule la instalación de estás plantas.

La ley aprobada este jueves recoge que desde el 14 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2028 no se admitirán a trámite por parte de ninguna administración pública competente nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a la planta.

Por su parte, los expedientes de autorización de plantas de biometanización que se encuentran suspendidos cautelarmente desde el 15 de julio de 2026 se mantendrán suspendidos bajo las mismas condiciones que motivaron dicha resolución. Por tanto, la medida aprobada afectará a las plantas que proyectadas en Arróniz y Sesma y que provocaron movilizaciones vecinales en contra.

Quedan excluidas de la presente moratoria las plantas de biometanización anaeróbica de autogestión, cuya capacidad de gestión sea inferior a 25.000 toneladas anuales; y las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que responden a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas.

Las plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas y que a 15 de julio de 2026 se encuentren en fase de autorización serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. El PSN había presentado una enmienda que suprimía este punto, pero no ha sido aprobada.

No habrá renovación en EH Bildu en Navarra. La formación abertzale apuesta por la “continuidad” y la actual portavoz del grupo parlamentario, Laura Aznal, repetirá como candidata a la presidencia de la comunidad foral en las elecciones que se celebrarán el 23 de mayo de 2027. La Mesa Política de EH Bildu ha tomado esta decisión con el objetivo de “reafirmar” los buenos resultados que lograron en 2023, superando a Geroa Bai en votos y quedándose a apenas dos escaños del PSN de María Chivite. De hecho, algunas encuestas sitúan ya a la coalición abertzale como segunda fuerza en Navarra, solo por detrás de UPN.

“Con el objetivo de dar continuidad al sólido trabajo de la última década que ha permitido el avance de Nafarroa, la Mesa Política reafirma su apuesta clara por Aznal”, ha señalado EH Bildu en un comunicado de prensa.

Laura Aznal se estrenó como cabeza de lista de EH Bildu en las pasadas elecciones del 2023 después de que Bakartxo Ruiz diese un paso al lado y abandonase la primera línea de la política. La coalición abertzale se situó como tercera fuerza en el Parlamento navarro, superando a la formación de Uxue Barkos. Si bien mantuvo varias reuniones con el PSN, EH Bildu no entró en el Gobierno de PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin liderado por la socialista Chivite. Con todo, la abstención de sus nueve parlamentarios fue fundamental para que Chivite lograse ser investida y EH Bildu se ha consolidado ya como socio externo del Ejecutivo. Con esta formación, el Gobierno navarro ha acordado todos los presupuestos desde que Chivite es presidenta.

Ahora, EH Bildu considera que es necesario “reforzar, consolidar y profundizar en las mayorías que han permitido que Nafarroa avance” en un contexto “complejo en el que los retos se multiplican”. Y para ello han decidido que Laura Aznal siga siendo su cabeza de lista. “Es imprescindible responder con ambición tanto a las preocupaciones como a las prioridades de la ciudadanía, sin dar pasos atrás y haciendo frente firmemente a la ofensiva emprendida por la derecha navarra para volver a los modelos del pasado”, han añadido. Por ello, consideran que Laura Aznal “es la persona más adecuada para responder con ambición a todos estos retos y representar el proyecto”.

De esta forma se van despejando las incógnitas sobre las candidaturas a las próximas elecciones forales del 2027. Aznal competirá por ahora por la presidencia con Cristina Ibarrola, de UPN, y María Chivite, del PSN. Geroa Bai, PP, Vox y el espacio político situado a la izquierda del PSN todavía no han definido quiénes serán sus cabezas de lista. EH Bildu, por su parte, tampoco ha aclarado si Joseba Asiron repetirá como candidato a la Alcaldía de Pamplona.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha vuelto a proponer este viernes que el euskera sea considerado lengua “propia” de toda la comunidad foral, para lo que sea necesario modificar el artículo 9 de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías. Con todo, ha matizado que ello no conllevaría la eliminación de la actual zonificación lingüística.

Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. 

Chivite, que ha comparecido en la ponencia que se desarrolla en el Parlamento para la actualización de la LORAFNA, sí que ha considerado que la Administración Pública “debe tener capacidad de atender al ciudadano en su lengua” y por ello ha defendido que, “incluso fuera de las zonas vascófonas la Administración debe, en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en la atención directa al público”.

“El euskera es una lengua propia que la sociedad está normalizando, con la que convive, que está más presente, que avanza en la superación de una percepción de la lengua exclusivamente ligada a determinadas ideologías políticas y considero que esto es positivo”, ha aseverado la presidenta navarra, que ha asegurado que es “deseable socialmente que el mayor número posible de navarros/as conozcan el euskera”.

No obstante, Chivite ha indicado que no se puede negar la realidad sociolingüística de Navarra, “y es que, aun habiendo avanzado mucho en el conocimiento del euskera por la población navarra, en estos momentos no hay una amplia mayoría que conoce y habla el euskera, o no con un alto nivel”, ha apostillado.

“Por lo tanto, con determinadas propuestas que también se han planteado aquí por otros ponentes, que por supuesto respeto, aunque no comparto, podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos”, ha manifestado, para añadir: “Si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social a una lengua, no por la lengua en sí, sino porque se entiende como una barrera que discrimina, en lugar de como un patrimonio propio que queremos preservar”.

Reforma de la LORAFNA

La presidenta del Gobierno navarro también se ha referido a una posible reforma de la ley del Amejoramiento del Fuero y se ha comprometido a impulsarla si se determina que existe un “amplio consenso social y político”.

Ha expuesto que “la Navarra de 2026 ha cambiado socialmente respecto a la Navarra de 1982”. “Siendo cierto que hay valores y principios que siguen vigentes, no es menos cierto que sería interesante abrir el debate de la reforma, cuando menos, para incorporar cuestiones que son hoy parte de nuestra realidad, que entendemos mejoran nuestra razón de ser, hacen de nuestra comunidad un espacio mejor económica y socialmente, también institucionalmente”, ha dicho.

Según ha indicado, “en el actual momento político es más que oportuno”. “Ante cualquier tentación centralizadora, de desmantelamiento del Estado de las Autonomías o de desmantelamiento del Estado del Bienestar, debemos blindar al máximo nivel las competencias, servicios y derechos que hacen de nuestra Comunidad foral una región puntera en lo económico y lo social”, ha apuntado, para incidir en que “cualquier modificación debería ser fruto del consenso”.

Sobre el hecho de que no existiera un referéndum en su momento, Chivite ha asegurado que ello “no resta un ápice de legitimidad a esta norma” que se ha “asumido y aplicado con normalidad”. “Es nuestro gran referente”, ha concluido.

El Parlamento de Navarra ha cerrado este jueves el curso político con un pleno muy centrado en materia de vivienda. Los socios del Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai y Contigo7Zurekin) y EH Bildu han impulsado dos leyes con las que se busca reforzar la protección de los inquilinos: por un lado, ha salido adelante una norma que vuelve permanente la calificación de las VPO de alquiler y, por otro, se ha aprobado la regulación del alquiler de habitaciones y del alquiler de temporada.

Así, el Parlamento navarro ha dado luz verde a una ley que elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva. La norma alcanza a 2.248 viviendas que perderían su protección.

Esta previsión se completa con la extensión de la aplicación del régimen de protección indefinida a todas las VPO en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley, con independencia de cuándo hubieran sido calificadas.

La modificación aprobada incluye una enmienda de adición presentada por Geroa Bai en relación con los derechos de tanteo y retracto. Se ha agregado un nuevo párrafo dirigido a reservar a las Administraciones Públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos), descalificadas, situadas en zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y propiedad de una persona gran tenedora (cinco o más viviendas en dichas zonas), con el fin de destinarlas al alquiler social u otros fines de interés público. Esta prioridad se restringe a los diez años siguientes a la fecha en que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se precisa, abarca “la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos”.

“Días como hoy hacen que la política merezca la pena”, ha celebrado el parlamentario Kevin Lucero, del PSN, uno de los partidos impulsores de la ley. “La calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo”, ha añadido el portavoz de Contigo/Zurekin, Daniel López.

Con todo, los grupos proponentes ya han anticipado que habrá “una batalla judicial” por la aprobación de esta ley, “porque detrás de la descalificación de las viviendas hay enormes intereses económicos”, ha apuntado Mikel Zabaleta, de EH Bildu. “La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos”, ha apostillado.

Navarra, pionera en regular el alquiler de habitaciones

Por otro lado, la comunidad foral se ha convertido en la primera en la que el alquiler de habitaciones va a estar regulado con la aprobación de una norma que también afecta al alquiler de temporada. Se pretende con esta ley evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Así, los contratos de alquiler de habitaciones para vivienda habitual deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales ligados a vivienda habitual deberán estar vinculados a “causas reales” -como motivos laborales, formativos o asistenciales-. Estos no podrán superar el año de duración y, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.

La segunda modalidad se corresponde con el arrendamiento de habitación de temporada, destinado a “satisfacer necesidades puntuales o transitorias de alojamiento no equivalente a vivienda habitual”, y comprende usos vacacionales, turísticos, lúdicos o recreativos. En cuanto a la modalidad de hospedaje, el contrato puede alcanzar a la vivienda entera o a una sola estancia y debe incluir la prestación de unos servicios mínimos (al menos limpieza y suministros), entre otras cuestiones.

En las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.

La ausencia del único parlamentario de Vox en Navarra, Emilio Jiménez, que se encuentra de baja médica, ha permitido por primera vez en lo que va de legislatura que se apruebe en la Cámara foral una declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBI con motivo del día del Orgullo, que se celebrará el próximo 28 de junio. Desde la entrada del partido de extrema derecha en el Legislativo foral en 2023, el Parlamento no había podido aprobar una declaración de estas características porque para ello es necesario el respaldo unánime de los grupos parlamentarios.

De esta forma, el texto presentado conjuntamente por PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, y que han apoyado UPN, EH Bildu y PP, ha logrado superar el veto que Vox suele imponer a las declaraciones institucionales relativas a materias como el colectivo LGTBI o la violencia machista. El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, no acudió a la reunión de la mesa y junta de portavoces del Parlamento navarro por encontrarse de baja y, por lo tanto, no pudo votar en contra del texto.

“Se nota que no está el portavoz de Vox porque por primera vez en la legislatura hemos conseguido sacar adelante la declaración institucional, que ya es un gran avance”, ha celebrado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu.

En la declaración institucional se recoge el compromiso del Parlamento de Navarra a “seguir defendiendo todos los derechos de todas las personas LGTBI+” y a “seguir avanzando en las leyes y derechos conquistados y a seguir trabajando desde la unidad para que nuestra sociedad siga avanzando en igualdad, diversidad y libertad”.

Asimismo, el Legislativo foral anima a la ciudadanía a participar en las diferentes movilizaciones convocadas en torno a esta conmemoración y a sumarse a “los actos de sensibilización y reivindicación que, desde los espacios públicos, los medios de comunicación o las redes sociales, hagan visible que el Orgullo sigue siendo una jornada de lucha por la diversidad”.

Por último, el Parlamento de Navarra anima a todos los ayuntamientos de Navarra a sumarse a la Red de Municipios Libres de LGTBifobia promovida por el Instituto Navarro para la Igualdad (INA).

Además de la declaración se ha aprobado también colocar “en un lugar visible” una lona con la bandera de la liberación sexual como “símbolo del compromiso de la Cámara con la diversidad sexual”.

La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

El defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha afirmado este martes que “la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”. “Por mucho que digamos lo contrario, estamos dejando a gente atrás y no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser conscientes de ello y hacer más por la verdadera aplicación de los derechos sociales”, ha aseverado.

Patxi Vera, que ha comparecido este martes en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra para presentar el informe de la institución correspondiente al año 2025, ha señalado que este informe “recoge la voz, no del Defensor, sino de esos miles de personas que no se sienten bien tratadas por las Administraciones o que no ven reconocidos sus derechos”. “Una parte de esos casos pone en evidencia que la brecha de desigualdad social no solo no se termina de atajar, sino que sigue creciendo”, ha afirmado.

Vera ha señalado que “esto no es un buen síntoma para nuestra sociedad y para su futuro, ni por supuesto para los colectivos vulnerables que la padecen”. El Defensor del Pueblo de Navarra realizó en 2025 un total de 5.654 actuaciones, 929 más que en 2024, lo que supone un aumento del 19,7%.

En el capítulo de quejas, el más numeroso fue el de Derechos Sociales, con un total de 284 quejas, lo que supone un aumento del 53% con respeto al año anterior. “Destaca la demora en la valoración de la discapacidad, con retrasos superiores al año y medio y que van a más. Hay que tomar medidas de choque. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTE, es cuestión de voluntad política poder dar salida a la acumulación de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales”, ha señalado.

En el ámbito de la sanidad se registraron 264 quejas, un incremento del 31% respecto al año anterior. “Las quejas más numerosas se dieron por los retrasos en listas de espera de especializada y las demoras para obtener cita en Atención Primaria, si bien muchas de ellas fueron solucionadas al primer trámite y no fue necesario emitir resolución”, ha explicado Patxi Vera.

El capítulo de educación sumó 124 quejas, cifra idéntica a la del pasado año. Se referían a cuestiones como los servicios de transporte y comedor escolar, criterios y procesos de admisión en centros escolares, prácticas en Formación Profesional o “insuficientes” apoyos para alumnado con necesidades especiales.

En vivienda se registraron 102 quejas, un 16% más que el año anterior. “Sé que no estoy descubriendo nada nuevo, pero cuando se recibe la petición de ayuda de una familia para acceder a un piso y se conoce con detalle cuál es su situación, a uno se le encoge el corazón y le genera impotencia no poder hacer nada”, ha indicado.

Además, ha advertido de que en Navarra “existe racismo inmobiliario, hay una especie de síndrome de sospecha de aporofobia y a los niños y niñas no se les quiere ver ni en pintura cuando hablamos de un alquiler”. “Todo esto supone una flagrante desigualdad”, ha señalado.

Patxi Vera ha destacado la “integración” como el mayor reto que tiene la sociedad navarra. “Es verdad que tenemos muchos desafíos, muchos de ellos importantes, y podemos ver cómo la ciudadanía reclama sus derechos, pero tenemos también a la vista y en países muy cercanos cuáles son las consecuencias de no trabajar adecuadamente la integración social y económica, además de la diversidad cultural desde el respeto y la convivencia. Esa integración ha de llevarse a cabo fundamentalmente por derechos humanos y por humanidad”, ha señalado.

Así ha solicitado que Navarra trabaje de forma decidida por la integración social y económica, así como por la diversidad cultural, “desde el respeto y la convivencia. No se trata solamente de tolerarnos, sino de construir juntos una sociedad más diversa, más cohesionada y justa”, ha afirmado.

Por último, Patxi Vera ha expuesto, respecto al derecho a una buena administración, que se siguen viendo casos de “burocracia defensiva, de falta de empatía”. “La ciudadanía sigue viendo muchas administraciones como territorio hostil. La cita previa obligatoria se sigue exigiendo sin ningún respaldo legal. Sigue habiendo graves consecuencias por la brecha digital, y la dificultad de comprensión de normas y escritos es patente. Además, la petición de disculpas a la ciudadanía es una 'rara avis' y no digamos ya la absoluta falta de prácticas restaurativas”, ha comentado.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

Navarra se convertirá en las próximas semanas en la primera comunidad en la que el alquiler de temporada y el de habitaciones estará regulado por ley para reforzar la protección de los inquilinos y evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Los socios del Ejecutivo foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra que cuenta con los votos suficientes para salir adelante y que será tramitada por la vía de urgencia.

La iniciativa llega después de que el Departamento de Vivienda del Gobierno foral haya detectado en el último año un aumento del número de contratos de temporada “ficticios” para esquivar la regulación de precios en zonas tensionadas, produciéndose así “fugas” de contratos de vivienda habitual hacia fórmulas temporales para eludir la ley. Para hacer frente a esta situación, la proposición de ley establece que los contratos de temporada deberán estar vinculados a causas reales, como motivos laborales, formativos o asistenciales, y debidamente acreditadas. En caso contrario, podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración.

La ley fijará a su vez que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual, “con todas las garantías legales para la parte arrendataria”, incluido el precio topado por la ley de Vivienda.

“Esta ley garantiza que no exista una vía de escape para quien quiera especular con la necesidad de vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra”, defiende el portavoz socialista en Vivienda, Kevin Lucero. “El mercado del alquiler no puede seguir funcionando sin reglas. Estamos viendo cómo se utilizan contratos de temporada fraudulentos para subir precios de forma encubierta”, critica el parlamentario de Contigo/Zurekin Daniel López Córdoba.

Alquiler de habitaciones sujeto a las mismas reglas que el de vivienda habitual

De igual manera se regulará el alquiler de habitaciones para evitar que se utilicen de forma fraudulenta para esquivar la ley de Vivienda y el límite al precio del alquiler. Así, la proposición de ley establece que estos contratos deberán someterse “al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual, incluyendo derechos como la prórroga, límites en la renta o garantías contractuales”.

Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público, “lo que permitirá mejorar la transparencia, reforzar la inspección y detectar prácticas fraudulentas”.

“Con esta ley ponemos reglas claras para acabar con los abusos y garantizar derechos básicos a la vez que impedimos vacíos legales a aquellos que quieren escaparse de la regulación”, afirma López Córdoba“. ”El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos“, subraya el portavoz de Contigo Zurekin.

Geroa Bai, socio del PSN en el Gobierno de Navarra, amaga ahora con sumarse a la oposición y apoyar la proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada después de que Educación anunciase que por la caída de la natalidad, que se ceba especialmente en la red pública, se va a retirar el concierto a 14 líneas de la privada en Infantil. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, ha señalado el portavoz parlamentario de la coalición de Socialverdes y PNV, Pablo Azcona.

Se trata de una proposición de ley que UPN ha llevado al Parlamento foral para que no se dejen de financiar líneas educativas en la red privada y para igualar las ratios a las de la escuela pública. Geroa Bai y el socio presupuestario del Ejecutivo de María Chivite, EH Bildu, que se han mostrado en contra del cierre de aulas en la concertada porque afecta a varias ikastolas, por el momento han permitido con su apoyo que la propuesta de ley sea tramitada por la vía de urgencia, es decir, sin posibilidad de añadir enmiendas. La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, se ha mostrado, sin embargo, confiada en que Educación revierta su decisión. “Hay margen para acordar”, ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Geroa Bai, que ha considerado un avance “positivo” que el consejero Carlos Gimeno anunciase que finalmente no se cerrarán 19 aulas de 3 años en centros públicos. “Nuestra voluntad es solucionarlo con los socios del Gobierno”, ha explicado Pablo Azcona para añadir que si no se consigue llegar a un acuerdo, abrirán la puerta a apoyar la proposición de ley de UPN.

Desde el PSN, principal socio del Gobierno de Navarra, su portavoz, Ainhoa Unzu, ha alertado de que la propuesta de los regionalistas tiene “claros tintes de ilegalidad” y han anunciado que van a solicitar al Consejo de Navarra, junto con el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, un informe que determine si lo que plantea UPN es legal. “Vamos a seguir defendiendo la escuela pública, aunque a veces nos quedemos en minoría, porque preferimos quedarnos solos defendiendo lo correcto”, ha aseverado Ainhoa Unzu, que ha recordado que en el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Según estos mismos datos, tan solo seis solicitudes en ikastolas se han quedado sin su primera opción y que el 98% del alumnado ha entrado en su primera opción.

Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros. “¿Un partido que se denomina de izquierdas puede apoyar esto? ¿Alguien que está hablando de igualdad y justicia social puede apoyar una operación diseñada para privilegiar a quien ya parte de una situación más favorecida?”, ha planteado la portavoz socialista.

El nuevo espacio de atención integral a menores víctimas de violencia sexual en Navarra, denominado Barnahus, entrará en funcionamiento el próximo 4 de mayo tras haber sido inaugurado hace unos meses. Representantes de la Comisión de Presidencia e Igualdad, de la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia y de la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Parlamento de Navarra han visitado este miércoles las instalaciones del centro.

El modelo Barnahus, término islandés que se traduce por 'la casa de la infancia', es un modelo europeo reconocido, basado en la protección, la confianza y el respeto. El objetivo es ofrecer “un espacio amigable y especializado” que reúna, en un solo lugar, todos los servicios necesarios para atender a niñas y chicas adolescentes de 3 a 15 años (a partir de los 16 años las atienden en el CAIVS) y a niños y chicos adolescentes de 3 a 17 años, así como menores con discapacidad, que han podido ser víctimas de violencia sexual.

El objetivo final es, según han explicado María Muñiz, psicóloga forense y coordinadora del centro, “evitar que los niños y niñas víctimas de violencia tengan que recorrer un camino complejo debido a múltiples entrevistas, distintos entornos institucionales y procesos largos que, en ocasiones, podían generar una revictimización”. Barnahus plantea “un espacio seguro, adaptado a la infancia, donde todos los sistemas implicados -justicia, servicios sociales, sanidad, fuerzas policiales y atención psicológica- puedan trabajar de manera coordinada”, ha expuesto.

Para ello, según ha explicado Maite Arenaza, el espacio se ha diseñado como un lugar “acogedor”, con techos de madera y abuhardillados para dar una sensación de hogar, ya que se considera que la arquitectura y la decoración de los espacios son también parte del proceso terapéutico, de ahí que cuente con salas con decoración infantil y adolescente para las entrevistas y terapias personales, así como con una cocina anexa que se utiliza también durante los tratamientos psicológicos.

El centro cuenta con los espacios adecuados para realizar las pruebas preconstituidas, es decir, las declaraciones ante el juez, para que el menor no tenga que acudir al Palacio de Justicia, un entorno “mucho más hostil”.

En cuanto al acceso a Barnahus, se ha definido un protocolo específico interdepartamental para definir el circuito de acceso: ante la sospecha de una agresión sexual a una persona menor o con discapacidad intelectual, los departamentos del Gobierno de Navarra y los profesionales implicados deben realizar una derivación formal y enviar a la persona al centro para su valoración y seguimiento. De la misma manera, las personas afectadas, sus familiares y personas allegadas tienen la opción de acudir directamente a Barnahus.

Una vez que el equipo recibe el caso, procederá a analizar toda la información disponible y recabará, en la medida de lo necesario, datos adicionales que permitan realizar una valoración completa y precisa de la situación.

Así, en una reunión interdepartamental, se elaborará un plan de actuación conjunto que especificará los servicios que se propondrán a la familia y a cada persona menor y priorizará que la mayoría de estas acciones se realicen en la Barnahus, “garantizando así un proceso centrado en la protección de las niñas, niños y adolescentes en un entorno amigable”. En 2025, fueron atendidos en Navarra 78 menores víctimas de agresión sexual.