La apertura oficial del curso 2026/2027 en la Universidad de Sevilla estará acompañada de una protesta contra los recortes anunciados para este curso y la “grave situación financiera que atraviesa actualmente la institución”, según la plataforma USxLaPública y el Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador (PDI) Laboral. Ambas entidades han convocado una concentración este sábado 5 de septiembre a las 11.30 horas ante el Rectorado, coincidiendo con el acto solemne de inauguración del nuevo curso.

Cabe recordar que el sistema universitario público andaluz en su conjunto cerró el ejercicio 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, confirmando así la entrada en un escenario de déficit estructural que los rectores venían advirtiendo desde hace dos años. En este contexto, la Hispalense aprobó un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Desde USxLaPública sostienen que el problema tiene su origen en la “infrafinanciación” que, a su juicio, sufre desde hace años el sistema universitario público andaluz por parte de la Junta. En el caso de la Universidad de Sevilla, la plataforma añade a esta situación la responsabilidad de anteriores equipos de gobierno por lo que considera una “mala gestión” de la institución.

Según el colectivo, las restricciones presupuestarias están teniendo consecuencias en distintos ámbitos de la universidad. Entre ellas, apuntan a una menor contratación de personal y el aumento de las ratios, la paralización de promociones, la reducción de fondos bibliográficos y de las ayudas de los planes propios, así como la eliminación de ayudas de acción social y la cancelación o reducción de actividades culturales, becas y programas de movilidad.

“Todo es objeto de recorte, pues la financiación no llega para cubrir las partidas más básicas, y esto afecta a toda la comunidad universitaria sin excepción”, lamentan en un comunicado. A ojos de la plataforma USxLaPública se trata de “una estrategia que pretende asfixiar a las universidades públicas para favorecer el crecimiento de universidades privadas”.

Por todo ello, han convocado una concentración a las puertas del Rectorado durante el acto de apertura del curso para “exigir tanto a las autoridades académicas, como a los responsables de la Junta de Andalucía, el fin de los recortes y una financiación justa y suficiente para que la universidad pública pueda seguir realizando su labor de transmisión y generación del conocimiento, necesaria e indispensable más que nunca para nuestra sociedad actual”.

El primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) inaugura este jueves el nuevo curso en Andalucía con el avance de la gratuidad como una de las principales novedades, pero también con un conflicto laboral que las trabajadoras dan por lejos de estar resuelto. Muestra de ello es que las educadoras han regresado a las aulas luciendo de nuevo las camisetas amarillas con las que protagonizaron las movilizaciones del curso pasado, en las que reclamaron más recursos, mejores condiciones laborales y, sobre todo, un cambio en el modelo de financiación que sostiene una red mayoritariamente privada.

“Empezamos con ganas de seguir luchando porque realmente no hemos conseguido nada”, resume Nieves Terriza, portavoz de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. Las trabajadoras explican que, tras las protestas y jornadas de huelga celebradas en el último trimestre, el Gobierno las ha escuchado y se ha reunido con ellas durante los últimos meses, pero consideran que esas conversaciones no se han traducido en mejoras suficientes. De ahí su apuesta por continuar “trabajando y luchando por la dignidad del 0-3”.

La movilización se retoma así coincidiendo con el inicio del curso 2026/27, que este jueves llevará a las aulas a 92.406 menores de tres años en Andalucía, según los datos de matriculación de la Consejería de Educación. Son 3.024 más que el curso anterior, con el crecimiento concentrado principalmente en el tramo de un año.

Expansión de la gratuidad a todo el ciclo

El aumento de alumnado se produce en paralelo a la ampliación de la gratuidad en el primer ciclo. Este curso la bonificación del 100% se ha extendido a los niños de un año, después de que el pasado ejercicio entrara en vigor en el tramo de dos años. La previsión de la Junta es que el tramo de cero años quede incluido en el curso 2027/28, completando así la gratuidad de todo el ciclo.

Hasta el momento, el Gobierno andaluz calcula que el 95% de los menores escolarizados en el primer ciclo dispone ya de gratuidad, dado que la administración autonómica asume el coste del servicio de atención socioeducativa (esto es, el horario escolar de 9:00 a 15:30) para unos 88.000 alumnos tanto en las escuelas infantiles públicas, como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias.

La gratuidad, no obstante, no alcanza a todos los servicios, pues las familias tienen que seguir abonando prestaciones como el comedor o el aula matinal.

Particularidades del modelo

Para las trabajadoras la expansión de la gratuidad no resuelve el problema de fondo. “El dinero público y la gestión de los centros están en manos de empresas privadas, pero las instituciones no supervisan que los decretos y los convenios se cumplan”, apunta al respecto Terriza, quien reclama que el apoyo institucional se dirija también a quienes trabajan en las aulas y no únicamente a las empresas que gestionan los centros. Ello explica que el colectivo de educadoras no demande la subida del precio por plaza (como sí lo hace la patronal del sector), sino “un cambio profundo en el modelo de financiación”.

Entretanto, la patronal del sector mantiene la demanda de subir el precio por plaza. La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI) ha vuelto a reclamar elevarlo de los actuales 240,53 euros hasta 437,12 euros en un periodo de tres años, al considerar que los costes laborales y los derivados del nuevo decreto hacen insostenible la actividad de los centros.

La Junta, por su parte, acordó el pasado mayo con las principales patronales y el sindicato FSIE una subida de alrededor del 4%, que situará el precio en 250,15 euros a partir de enero de 2027. El acuerdo contempla además una actualización automática anual a partir de septiembre de 2027, aunque su fórmula se concretará en próximas reuniones.

La red andaluza en esta etapa educativa está formada mayoritariamente por centros privados adheridos al programa de ayudas de la Junta. Este modelo de conciertos –impulsado en su día por el PSOE– buscaba compensar la escasa oferta pública, optando por subvencionar la matrícula a las familias y así favorecer la escolarización de 0 a 3 años, pagando a las escuelas una cantidad fija por plaza. Actualmente, dos tercios de la oferta corresponden a este tipo de centros.

Nuevo curso, mismas reivindicaciones

Las protestas del pasado curso pusieron el foco en reclamar más inversión, recursos para las aulas y mejores condiciones laborales. Uno de los principales problemas que denunciaron las trabajadoras fueron unas ratios que consideran incompatibles con la atención que requieren los niños de entre cero y tres años.

El conflicto se retoma ahora con un calendario de movilizaciones ya sobre la mesa. La plataforma prepara concentraciones para el 17 de septiembre y prevé participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre. Además, se suman a la acción simbólica impulsada por la plataforma estatal con el objetivo de visibilizar que, según denuncian, continúan siendo “víctimas de violencia institucional”.

La plataforma reclama también cambios que van más allá de las condiciones laborales. Entre ellos, que se tenga en cuenta la especificidad de esta etapa a la hora de organizar el calendario escolar. Los más pequeños comienzan el curso el 3 de septiembre, lo que los convierte en el colectivo que menos vacaciones tiene (Primaria y Secundaria arrancan la semana que viene).

“Eso es porque nos tratan como conciliación y no como etapa educativa”, sostiene Terriza. En cambio, las educadoras defienden que el primer ciclo de Infantil debe reconocerse como una etapa educativa con sus propias necesidades y no únicamente como un servicio destinado a facilitar la vuelta al trabajo de las familias.

La cuestión del calendario se suma este inicio de curso a otra dificultad más inmediata: las altas temperaturas. Las trabajadoras regresaron a los centros el pasado 1 de septiembre para preparar las aulas, algo que valoran como un pequeño avance frente a cursos anteriores, cuando tenían que reincorporarse el mismo día que los niños. Y, aun así, consideran que sigue siendo insuficiente.

“Hay muchas zonas de Andalucía que siguen sin tener aire en las clases y es insoportable volver con este calor”, denuncia Terriza desde la Escuela Infantil Alameda, en plena campiña sevillana, donde los termómetros superan los 40 grados. La plataforma asegura haber trasladado a la Junta la necesidad de planificar el calendario teniendo en cuenta también las temperaturas y reclama que se adopten medidas para proteger a los menores y a las trabajadoras.

Una etapa que gana peso

Mientras las reivindicaciones laborales vuelven a marcar el inicio de curso en las escuelas infantiles andaluzas, los datos oficiales dibujan una expansión del primer ciclo de Infantil. Para este curso se han ofertado 125.682 plazas en 2.226 centros, 29 más que el curso anterior.

Según los últimos datos de matriculación registrados, hay 6.481 niños escolarizados en el tramo de cero años, 37.552 en el de un año y 48.373 en el de dos. La matrícula permanece abierta durante todo el curso, por lo que la Consejería prevé que la cifra siga creciendo hasta superar los 106.000 escolares.

La tasa de escolarización en este ciclo se situaría así en el 60,14%, la más alta de la serie histórica según la previsión de la Junta, 16 puntos por encima de la registrada en 2018 y por encima de la media nacional, que se sitúa en el 49,2%.

En cuanto a la financiación, el Gobierno andaluz destinará este curso 40 millones de euros a financiar la gratuidad de la atención socioeducativa para los niños de un año. En el conjunto de la etapa, la Consejería prevé una inversión de 290 millones en ayudas a las familias, dentro de un presupuesto total de 420 millones para el primer ciclo, un 58% más que en 2018.

El reto para las trabajadoras, sin embargo, pasa por que ese crecimiento vaya acompañado de un cambio en las condiciones en las que se presta el servicio. La plataforma prepara ya nuevas movilizaciones y busca, además, una mayor coordinación sindical. Durante el verano ha contactado con los sindicatos para impulsar una intersindical andaluza que permita dar voz a las trabajadoras del 0-3 en las mesas de negociación.

Con más plazas gratuitas, una escolarización que la Junta prevé al alza y el objetivo de extender la gratuidad al conjunto de la etapa el próximo curso, el 0-3 encara así un nuevo curso de expansión, pero también de reivindicaciones. Las trabajadoras reclaman que el debate sobre esta etapa no se limite al número de niños escolarizados o al coste para las familias y que aborde también el modelo de financiación, las condiciones laborales y los recursos disponibles en las aulas.

Las barricadas levantadas en París en 1848 fueron una reescritura instantánea de la sintaxis urbana: donde había circulación apareció la frontera y en aquellos lugares en los que la ciudad prometía continuidad, la interrupción adquirió forma de resistencia colectiva. Más de siglo y medio después, en la primavera de 2011, la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en salón, comedor, dormitorio y ágora de una ciudadanía que decidió habitar de otro modo el corazón simbólico de la capital.

En Ottawa, durante el invierno de 2022, una hilera de camiones transformó el asfalto en infraestructura de bloqueo a través de una arquitectura móvil convertida deliberadamente en inmóvil. En Brasilia, campamentos y ocupaciones alteraron el paisaje monumental de la Explanada de los Ministerios, concebida por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa como una de las grandes escenografías modernas del poder. Y en Buenos Aires, desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo se manifiestan bajo un giro repetido alrededor de la Pirámide de Mayo que es un gesto coreográfico de resistencia, una liturgia caminada que reclama la plaza como territorio de memoria. En todos los casos, reseñables localizaciones de la ciudad se transforman en espacios de protesta dando visibilidad a las necesidades de sus ciudadanos.

¿Quién manda en una plaza? ¿La administración que regula su uso? ¿El negocio que extiende sus mesas hasta ocupar el espacio disponible? ¿El visitante que la atraviesa? ¿La policía que delimita sus perímetros? ¿La arquitectura que ha predispuesto sus recorridos, sus vacíos y sus lugares de permanencia? ¿O quienes viven alrededor de ella?

La protesta urbana, además de demandar derechos, redefine los espacios de la ciudad. A veces lo hace con materiales explícitos como barricadas, vallas, tiendas, vehículos… y otras, con elementos aparentemente modestos como una mesa, una silla plegable, una asamblea, un círculo de caminantes o una comida compartida. Pero en todos esos gestos hay una operación arquitectónica. Se altera la función de un lugar y, con ello, su significado.

La ciudad contemporánea suele presentarse como un dispositivo de disponibilidad continua. Se circula, se consume, se observa, se fotografía. Todo parece preparado para que el tránsito no se interrumpa y para que la experiencia urbana sea fluida, rentable y legible. En ese marco, cualquier detención colectiva adquiere una potencia inesperada.

La protesta como intervención del espacio

Las barricadas de París en 1848 no fueron una corrección radical, aunque efímera, de la cartografía cotidiana. Las calles, organizadas para conectar puntos, transportar mercancías y asegurar el control territorial, se reconvirtieron en líneas de separación. La ciudad dejó de ser un mecanismo de movilidad para convertirse en un campo de posiciones.

Aquella condición provisional mostró que la arquitectura no empieza ni termina en los edificios. También está en la forma de organizar los cuerpos en el espacio, en la posibilidad de abrir o cerrar un paso, en la decisión de convertir una avenida en una frontera o una plaza en un espacio de deliberación.

Los usos que consideramos naturales son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo

El 15M volvió a mostrar en España esa capacidad. La Puerta del Sol fue reprogramada. El kilómetro cero de Madrid, espacio turístico, comercial, institucional y mediático se convirtió durante unas semanas en una ciudad dentro de la ciudad. Había lugares para dormir y comer, pero también para debatir, informar, prestar asistencia, organizar tareas y producir mensajes. La acampada superpuso un orden provisional al establecido.

Su importancia espacial mostró que los usos que consideramos naturales no lo son. Son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo.

Toda ocupación revela así una diferencia fundamental entre espacio público y espacio de uso público. Una plaza puede pertenecer jurídicamente a todos y, sin embargo, estar sometida a mecanismos que seleccionan quién puede permanecer en ella, durante cuánto tiempo y haciendo qué. Puede estar limpia, iluminada y cuidadosamente diseñada y, al mismo tiempo, resultar extrañamente ajena a quienes viven a su alrededor.

Cenar en la calle

Esta tensión entre espacio público y espacio disponible para el consumo apareció este verano en el Passeig del Born de Palma. Por segundo año consecutivo, la asociación Brunzit convocó durante julio y agosto los Sopars a la Llesca, una serie de encuentros en los que cientos de vecinos acudieron a distintas plazas con sillas de casa, pareos y comida para cenar juntos al aire libre.

La sencillez del gesto contiene toda una declaración urbana. Frente a unas terrazas que, según denuncia la organización, han llegado a ocupar hasta 130 metros cuadrados del Born y que se dirigen crecientemente a un visitante con una capacidad de gasto alejada de la de muchos residentes, los vecinos responden ocupando la calle.

No hay barricadas ni estructuras defensivas. Apenas unas sillas, comida y cuerpos que deciden permanecer.

La disputa que está en juego es quién tiene derecho a permanecer en los espacios centrales de una ciudad cuando su valor económico comienza a imponerse sobre su valor de uso.

Esa tensión entre propiedad, vivienda y derecho a la ciudad adquiere otra escala en las ocupaciones del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) en Brasil. En São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo, la Ocupación Pueblo Sin Miedo llegó a reunir a miles de familias sobre un terreno que llevaba décadas abandonado por una constructora privada.

Allí la reivindicación consistía en poder habitar la ciudad. El movimiento reclamaba que aquel suelo se destinara a vivienda social.

Ambos ejemplos señalan la existencia de espacios cuyo valor de cambio termina prevaleciendo sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad.

Ocupar para que un lugar no desaparezca

En Lützerath, Alemania, la lógica fue distinta. Allí la ocupación pretendía impedir que un lugar de la ciudad dejara de existir.

Este pequeño núcleo de Renania del Norte-Westfalia había sido adquirido y despoblado para permitir la ampliación de la mina de lignito de Garzweiler. Cuando sus habitantes abandonaron progresivamente el lugar, activistas climáticos ocuparon algunas construcciones y levantaron alrededor de ellas casas en los árboles, pasarelas, barricadas y túneles.

La arquitectura adquirió entonces una condición bajo la cual se construía para impedir una demolición. Levantar estructuras provisionales servía para prolongar la existencia de otras permanentes.

En enero de 2023, la policía desalojó a los últimos activistas. Pero durante un tiempo aquellas construcciones precarias modificaron la naturaleza del conflicto. El debate sobre la extracción de carbón y los compromisos climáticos alemanes dejó de ser únicamente una discusión energética para adquirir una forma visible y territorial.

Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura

Muchas protestas contemporáneas operan precisamente así. Construyen campamentos, cocinas colectivas, refugios, pasarelas, torres de observación, puntos de información o estructuras defensivas. Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura. Cómo protegerse del clima, reunirse, cocinar, dormir, almacenar, vigilar o resistir.

Madera, cuerdas, lonas, palés, cartón, ramas, barro, plástico, tubos metálicos. Desde fuera, estos asentamientos pueden parecer poblados improvisados o escenografías construidas con aquello que estaba disponible. Sin embargo, pertenecen a una genealogía más amplia de arquitecturas ligeras y autoconstruidas que durante el siglo XX encontró expresiones muy diversas, desde las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller y las membranas de Frei Otto hasta las experiencias de la contracultura de los años sesenta.

Publicaciones como Whole Earth Catalog difundieron entonces una idea que excedía ampliamente la construcción a través de determinadas herramientas y conocimientos que podían devolver a las personas la capacidad de intervención sobre su propio entorno.

Esa herencia reaparece, transformada, en colectivos como Tools for Action, fundado en Berlín por el artista Artúr van Balen. Sus grandes esculturas inflables, concebidas para manifestaciones y acciones colectivas, muestran hasta qué punto una arquitectura puede ser eficaz precisamente porque no aspira a permanecer. Aparece, transforma durante unas horas la percepción de un lugar y desaparece.

Construir mientras se protesta

La arquitectura de la protesta pertenece casi siempre a ese tiempo breve. Su función consiste en hacer posible una situación.

Un campamento obliga a tomar decisiones que en la ciudad consolidada permanecen normalmente delegadas en el planeamiento, la normativa, el mercado o la administración. ¿Dónde se duerme? ¿Dónde se cocina? ¿Quién cuida? ¿Cómo se organiza una asamblea? ¿Quién decide dónde empieza y termina el espacio común?

Es entonces cuando la protesta deja de ser solamente una expresión de desacuerdo y se convierte, durante un tiempo limitado, en un ensayo de ciudad.

Hannah Arendt vinculó la política a la aparición de los individuos ante los otros: el espacio público existe allí donde las personas se reúnen mediante la palabra y la acción. La plaza ocupada, la calle bloqueada o el campamento levantado en un terreno abandonado materializa de una manera extraordinariamente literal esa intuición. Una colectividad se hace visible, toma la palabra y adquiere una presencia que antes no tenía.

La ciudad aparece como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones

La ciudad aparece entonces como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones.

Cuando una multitud ocupa una plaza deja, por unas horas o unos días, de ser simplemente usuaria de un espacio diseñado y regulado por otros. Modifica sus recorridos, establece nuevos centros, construye límites, organiza lugares para hablar, comer o dormir. Es temporalmente autora de otra disposición posible.

De ahí que la dimensión visual de las protestas resulte inseparable de su dimensión espacial. Pancartas, grafitis, colores, disfraces, músicas, objetos inflables o coreografías construyen su presencia. Permiten que una demanda adopte una forma sensible y que individuos dispersos aparezcan ante la ciudad como un cuerpo colectivo.

Quizá por eso las protestas permiten observar las plazas de una manera particularmente precisa. La arquitectura establece límites, el planeamiento asigna funciones, la administración dicta normas y el mercado atribuye precios. Pero ninguno de ellos consigue clausurar por completo el significado de un lugar. Siempre permanece abierta la posibilidad de usarlo de una manera que no estaba prevista.

Un grupo de militares camina por la principal calle comercial de Ceuta. A su alrededor, las mesas en las terrazas de varias cafeterías están ocupadas de ceutíes que disfrutan del festivo que conmemora la conquista española de la ciudad. Al paso de los uniformados, un grupo de vecinos vestidos con los colores de las banderas rojigualdas rompen en aplausos. “¿Donde se ha visto que haya militares en el centro de una ciudad? Pero ellos son los únicos que nos defienden”, dice un hombre, con su hijo en brazos, preparados para acudir a la manifestación para reivindicar la españolidad de la ciudad autónoma y cuestionar la gestión gubernamental de la llegada de 70.000 migrantes a la ciudad hace un más de un mes.

A unos 500 metros, otro grupo de militares intentaba despejar la zona de cualquier persona que pareciese migrante en situación irregular, en una ciudad caracterizada por la diversidad y la multiculturalidad. Cuando se topa con Youssef, uno de los migrantes marroquíes que entraron de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio, se dirige a él en tono amenazante. “Te tienes que ir. Vete a Marruecos. Te voy a llevar yo mismo a la frontera, a Marruecos”, le dice el uniformado. El hombre se había acercado al centro de la localidad junto con Ossama, un adolescente marroquí de 17 años al que protege como su hijo, para intentar cargar su teléfono móvil. Nervioso trató de buscar ayuda ante lo que sería una actuación ilegal, pues una expulsión debe realizarse a través de un procedimiento administrativo. Cuando el militar es consciente de la presencia de la periodista junto al hombre marroquí, su tono amenazante se transforma en informativo. Deja de dirigirse al hombre afectado y solo da explicaciones a quien le acompaña: “Tenemos orden de despejar la zona de gente inmigrante”, apunta con una actitud ahora apaciguadora tranquila.

La directriz de evitar la presencia de personas recién llegadas a Ceuta de manera irregular tenía sentido y se explica con la tensión palpable en las calles de la ciudad autónoma durante las últimas semanas. “Si me lo hubiese dicho así, me habría ido. Pero me decía que me tenía que ir con él a la frontera de vuelta a Marruecos”, dijo el homre resignado. Mientras buscaba el modo de regresar al precario asentamiento donde malvive desde su llegada a la ciudad, algunos de quienes se acercaban al centro de Ceuta cubiertos con banderas de España dirigían miradas de sospecha hacia todo aquel que no pareciese ceutí. Durante el último mes, decenas de migrantes han denunciado agresiones de grupos organizados mientras dormían a la intemperie. Quienes ayudan a estas personas con el reparto de comida, como el colectivo No Name Kitchen o Cruz Roja, también han sufrido ataques verbales o acciones que obstaculizan su labor.

La población ceutí, compuesta por un 45% de población musulmana, comparte una sensación común de abandono institucional ante la llegada de migrantes. Un mes después, en una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, la falta de respuesta gubernamental para la acogida de estas personas sigue siendo palpable en las calles de algunos barrios y playas de Ceuta. Pero entre quienes critican la respuesta y piden más apoyo para la ciudad autónoma existen enfoques muy diferentes. Por un lado, quienes observan la precariedad en la que vivien los recién llegados desde un enfoque humanitario y piden más recursos para la acogida de los recién llegados o traslados a la península ante la falta de capacidad de una localidad de apenas 85.000 habitantes. Por otro, muchos ceutíes han dado el paso a una postura más dura contra la inmigración, desde la que tachan a los recién llegados como “invasores” para los que reclaman su expulsión.

En la manifestación de este miércoles, los segundos hacían más ruido. “Expulsión, invasores”, gritaron en distintas ocasiones en la protesta, en la que han participado decenas de miles de ceutíes. Mientras ellos caminaban en una marcha que se transformó en una suerte de reivinidación de la españolidad de Ceuta, miles de personas continúan malviviendo en la ciudad ante la falta de plazas de acogida suficientes, mientras el Gobierno central se niega a agilizar los traslados de migrantes a la península, donde existen plazas para recibirlos en la red de atención humanitaria estatl. A la que no se sumaron las dos asociaciones de vecinos más activas en el apoyo a los migrantes porque “la consideran politizada”, se han repetido los cánticos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de abandono y “traición”.

“Nos sentimos abandonados. No existimos. Esa gente lleva un mes en las calles, no pueden estar así. No sé cuál es la solución, pero Ceuta es muy pequeña para absorber a tanta gente”, dice Marian, una mujer musulmana presente en la manifestación. En el manifiesto, una joven ceutí dendió la “soberanía española de la ciudad” y solicitó una respuesta “conjunta” del Estado y un “compromiso firme de la UE”. Aunque han acudido vecinas y vecinos musulmanes, su presencia en la protesta no es representativa con respecto al porcentaje de población en la ciudad autónoma.

La música ha acompañado toda la marcha, con canciones que reivindican específicamente la españolidad de Ceuta, así como el himno nacional o Paquito el chocolatero. El carácter fronterizo de Ceuta y la reivindicación histórica de Marruecos sobre las ciudades autónomas marcan la reacción de parte de la sociedad ceutí ante las llegadas irregulares, a la que muchos reaccionan con una exaltación de su pertenencia a España. La entrada de alrededor de 70.000 personas ha sido interpretada por parte de la población como un “ataque” el país vecino a la soberanía española, al entender que Marruecos no controló la frontera con “una intención política”. Sin embargo, en la manifestación ningún cántico mencionó el régimen marroquí, ni apeló directamente al país vecino, en una localidad que también depende de la actividad económica fronteriza.

En medio, algunas de las personas marroquíes llegadas en julio, a las que los cánticos acusaban de “invasores, insisten en diferenciarse del régimen del que huyen, así de unas supuestas pretensiones políticas de Marruecos que no son las suyas. ”No sé por qué pudimos pasar tan fácil, dicen que Marruecos quiere Ceuta, pero si viniesen a conquistarla, me ofrecería voluntario para defender a España. Yo no quiero invadir, quiero vivir aquí como uno más“, decía Hamza, horas antes de la manifestación, en uno de los asentamientos donde malviven en la ciudad desde hace más de un mes. ”No sé de política, no sé por qué Marruecos nos dejó pasar ese día, pero nosotros no lo hicimos para invadir o porque nadie nos lo ordenó. Solo queremos trabajar“, explica frente a la chabola levantada en una de las playas de la ciudad.

Según el discurso oficial, Ceuta es un “crisol de culturas”. Sus 80.000 habitantes se reparten casi a partes iguales entre la comunidad cristiana-occidental y la creciente árabo-musulmana. A ellas se suman la judía y la hindú, minoritarias pero con un peso socioeconómico muy significativo. Pero la sociedad caballa no se distribuye de la misma manera por la pequeña localidad fronteriza. Por un lado, el centro, antaño separado del continente por un foso, concentra a la población con mayor poder adquisitivo. Esta, conservadora y tradicionalista, siempre ha sido el feudo del PP, con un fuerte peso del funcionariado. En el primer cinturón de la periferia se agrupan los barrios de la primera expansión hacia el Campo Exterior con miles de viviendas militares, es el gran caladero de Vox. En el extrarradio se asienta la población árabo-musulmana, que concentra las mayores tasas de paro, infravivienda y fracaso escolar.

Finalizada la manifestación, algunos de sus participantes se relajaban en las terrazas del centro de la ciudad. Cada vez que un grupo de policías nacionales atravesaba la vía comercial principal, varias mesas estallaban en aplausos para vitorear a los agentes en una ciudad donde se percibe un fuerte respaldo ciudadano a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según datos oficiales recientes, en Ceuta residen 1.041 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, 3.218 militares y 300 policías locales. En una localidad de 80.000 habitantes con tal peso del funcionariado policial, pocos son los caballas que no cuentan con un familiar o amigo militar, policía o guardia civil.

La marcha, calificada de histórica por muchos de sus participantes, se desarrolló de forma pacífica en términos generales. Sin embargo, los ataques a los periodistas, especialmente a aquellos de medios considerados progresistas, fueron constantes. Durante las conexiones en directo de sus trabajadores, los insultos por parte de algunos manifestantes se repitieron, pero el punto álgido de violencia contra los informadores se produjo en el último tramo de la manifestación, cuando un trabajador de Televisión Española fue agredido por uno de los manifestantes mientras el profesional informaba de la protesta, lo que motivó la detención del agresor, según ha podido saber elDiario.es.

“Somos un grupo de vecinos que vivimos en la Devesa y la idea de convocar una concentración surgió conversando de forma espontánea el sábado pasado por la noche. No pertenecemos a ninguna asociación ni queremos que se use de forma partidista, pero existe mucha indignación por la gestión de este incendio y del de hace dos años y lo que queremos es que no vuelva a pasar”.

Así se ha expresado en declaraciones a elDiario.es uno de los vecinos de El Saler que participa en la organización de una concentración que tendrá lugar este viernes 4 de septiembre a las 19.00 horas en la Plaza de la Virgen de València en la que exigirán medidas para evitar nuevos incendios como el que se produjo hace una semana que terminó con 37 hectáreas calcinadas del Parque Natural de la Devesa, el más grave de la historia reciente. La organización ha pedido a los asistentes que lleven alguna prenda de ropa negra como señal de luto.

El mencionado residente ha insistido en que se trata de una protesta independiente y que se haría fuera cual fuera el color político de las instituciones: “Entre el grupo de personas que lo hemos impulsado hay personas de todas las ideologías y sensibilidades, pero a todos nos une lo mismo, el cariño a este pulmón verde que debemos salvaguardar y del que por desgracia se ha perdido una parte importante”.

Según ha explicado, aunque no son técnicos tienen el derecho a decir que “lo que se hizo durante la gestión del incendio, quizás estuvo bien, pero fue completamente insuficiente y somos muchos los que pensamos así” y ha añadido: “Trasladamos la idea a las dos asociaciones de vecinos de El Saler, pero no sabemos lo que harán. Algunos miembros a título particular sí que nos han dicho que acudirán. Lo que queremos es que toda València nos apoye porque es un paraje muy importante para toda la ciudad e insistimos en que lo que queremos es que se cuide, esté quien esté en las instituciones”.

Además, ha confirmado que ya han trasladado el aviso a la Delegación del Gobierno “con la excepcionalidad de la urgencia que contempla la legislación”.

Según la convocatoria de la concentración que han remitido, “la Devesa de El Saler merece ser valorada, cuidada y protegida de manera eficaz y responsable, de una vez por todas” y añade: “Esta convocatoria no pertenece a ninguna asociación, plataforma, partido político, institución ni colectivo organizado. Y esa es precisamente su mayor fuerza. No vas a ver ningún logotipo en este cartel, no hay siglas detrás de esta convocatoria, no hay una bandera política, no hay una organización a la que adherirse. Hay ciudadanos. No tenemos que pensar igual para estar juntos. Somos personas de diferentes realidades sociales, de diferentes sensibilidades políticas, de diferentes barrios y de diferentes edades. Personas que seguramente discrepamos sobre muchas cosas, pero a las que une algo mucho más elemental: el amor por la Devesa y por el Parc Natural de l´Albufera en su conjunto”.

En el mismo documento recuerdan que “la Devesa no es solamente uno de los grandes espacios naturales de València. Es un ecosistema de extraordinario valor ecológico integrado en uno de los humedales de mayor relevancia internacional del Mediterráneo; l'Albufera está reconocida como Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, forma parte de la Red Natura 2000 y constituye un territorio excepcional por su biodiversidad, sus hábitats, sus endemismos y la presencia de especies amenazadas”.

La importancia de l’Albufera para la avifauna “trasciende ampliamente nuestras fronteras con más de 250 especies de aves utilizan este ecosistema y decenas de miles de aves acuáticas encuentran aquí refugio, alimento, descanso o lugar para reproducirse”.

Por este motivo, afirman, “como ciudadanos, sí podemos observar el resultado y decir que lo que se está haciendo para protegerla es insuficiente”.

Así, exigen respuestas: “Queremos saber qué está fallando. Queremos transparencia. Queremos que se escuche a científicos, profesionales, técnicos, vecinos y a quienes llevan décadas estudiando y conociendo este territorio. Queremos prevención, planificación, vigilancia, coordinación y medios suficientes. Queremos que las administraciones responsables adopten todas las medidas necesarias para que un patrimonio natural de este valor, reciba una protección a la altura de su importancia. Y queremos algo todavía más sencillo: no queremos volver a ver arder la Devesa”.

En definitiva, el viernes 4 de septiembre llaman a toda la ciudadanía “a encontrarse de manera pacífica en la Plaza de la Virgen. Cada uno llegará desde un lugar diferente, cada uno pensará de una manera diferente, pero durante un rato tendremos una sola voz: la voz de la Devesa”

Tres alcaldes socialistas asturianos se han desmarcado de las consignas llegadas desde la sede socialista nacional en Ferraz y la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) para que no secunden la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para participar esta tarde, a partir de las 20:00 horas, en las concentraciones que se celebrarán ante los ayuntamientos españoles para mostrar su solidaridad con la ciudad y la población de Ceuta ante la crisis migratoria.

Desde la línea oficial del partido se justifica el rechazo en un posible uso partidista de estas manifestaciones desde la derecha y la extrema derecha.

Las otras opciones

Los regidores de los municipios de Villaviciosa, Valdés y Siero entienden las razones alegadas, pero optan por un camino diferente, puesto que dejan la decisión en manos de la propia ciudadanía.

Por su parte, la alcaldesa de El Franco, la socialista Cecilia Pérez que preside la Federación Asturiana de Concejos (FACC), ha cuestionado públicamente la convocatoria de concentraciones de apoyo a Ceuta promovida por la FEMP por “no haber sido consensuada orgánicamente”.

Valdés, Villaviciosa y Siero

En Valdés, habrá una concentración alternativa a la de la FEMP ante el ayuntamiento. Su alcalde, Óscar Pérez, cree que es mucho mejor hacer una convocatoria abierta a todas las personas, sin importar las ideologías, porque el fin último es mostrar el apoyo a Ceuta, en un acto simbólico.

En Villaviciosa, su alcalde Alejandro Vega ha optado por trasladar a la ciudadanía la convocatoria oficial de la FEMP para que se sume cualquier persona que quiera participar en la concentración.

En Siero, su alcalde Ángel García 'Cepi' es partidario de que la ciudadanía sea quien decida si acude o no libremente a la plaza del ayuntamiento, ya que la convocatoria parte de la FEMP y no del consistorio.

Entre tanto, el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, ha volcado sus opiniones sobre la crisis migratoria en Ceuta a través de su perfil oficial en redes sociales. Como muestra, reproducimos el post publicado el pasado 31 de agosto en X.

Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón

Los ayuntamientos de Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón, liderados por el Partido Popular (PP) y Foro Asturias, respectivamente, se han posicionado desde un primer momento a favor de las concentraciones.

El consistorio ovetense fue uno de los primeros en sumarse a la convocatoria de la FEMP “con motivo del Día de Ceuta y ante la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma” y como muestra de apoyo y solidaridad hacia su población.

La alcaldesa de Gijón/Xixón, Carmen Moriyón, publicó ayer en su perfil de X un mensaje donde invita “a quien lo desee” a acercarse a las ocho de esta tarde a la Plaza Mayor. A esta convocatoria oficial ha anunciado su asistencia el diputado de Foro Asturias Adrián Pumares. A continuación reproducimos el post de la alcaldesa.

Manifestaciones alternativas

Gijón/Xixón tendrá una convocatoria alternativa. A la misma hora en que los ayuntamientos inicien las respectivas concentraciones, Asturies contra el Racismo ha convocado su propia manifestación que tendrá lugar en la Plaza del Marqués.

También Langreo/LLangréu celebrará su propia manifestación a favor de la población de Ceuta.

Las críticas

El diputado de Convocatoria por Asturies-IU en la Junta General del Principado Xabel Vegas, ha anunciado su presencia en la manifestación de Gijón/Xixón.

Xabel Vegas ha acusado a PP y Vox de ejercer una “tremenda hipocresía” por reclamar solidaridad con la ciudad autónoma mientras rechazan que Asturias participe en el reparto de los menores que se encuentran allí.

“La solidaridad con Ceuta y con la sociedad ceutí no se demuestra manifestándose al lado de un ayuntamiento, sino compartiendo los esfuerzos”, sostiene.

“Hay que reivindicar el fin del racismo”

A esta manifestación alternativa en Gijón/Xixón también acudirá la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé.

La diputada confía en que haya una verdadera movilización popular y espera que “la izquierda no se quede en casa, sino que ocupemos nuestro espacio en la calle reivindicando lo que hay que reivindicar, que es el fin del racismo y el fin de este discurso de odio que están intentando instalar desde la derecha”, añade.

Avilés

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, ha anunciado oficialmente que no participará en la convocatoria de concentración de la FEMP, siguiendo así la línea marcada por el PSOE y la FSA como rechazo al uso “partidista” de este tipo de acciones.

Iniciativa parlamentaria

Por otro lado, Vox registrará en todos los concejos de Asturias y en la Junta General del Principado una iniciativa para “reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía española en el norte de África”, así como exigir una respuesta “ante las recientes declaraciones de miembros del Gobierno de Marruecos cuestionando la integridad territorial de España”.

La iniciativa recuerda las declaraciones realizadas los días 21 y 25 de agosto por miembros del Ejecutivo marroquí. Entre ellas, las del ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reivindicando “supuestos «derechos históricos y geográficos sobre Ceuta y Melilla y planteando un diálogo sobre su soberanía. La soberanía española no se negocia. España no puede aceptar como normal que un país que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique al mismo tiempo partes de nuestro territorio nacional”, ha afirmado la portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, en línea con la iniciativa registrada.

Quince centrales sindicales canarias se han sumado a la movilización del 26 de septiembre “por la democracia real, en defensa de lo común”, según han informado ellas mismas en un comunicado. Estos sindicatos son Cobas Canarias, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Intersindical Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias, Federación Sindical Canaria, Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias, Inside Laboral, Sindicato de Gremios Unidos, Kellys de Canarias, Asociación Sindical de Trabajadores de Canarias, Coordinadora Sindical Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui, STEC y Sindicato de Elevación.

Su posicionamiento se suma al de 10.000 personas que ya han suscrito el manifiesto a favor de la manifestación del 26 de septiembre en Canarias.

En su escrito de adhesión, los sindicatos incluyen el lema “Por una Canarias con libertad, justa y ecosocialista” advirtiendo que su adhesión a la movilización del 26-S no se destina a “pedir limosnas ni a defender un sistema que nos explota: salimos a acumular fuerza, unidad y programa”.

Los sindicatos firmantes sostienen que “la política está capturada por grandes intereses económicos” y que “los tecno-oligarcas quieren sustituir la deliberación pública por algoritmos al servicio del beneficio privado”, lo que aconseja descartar “un sistema agotado” y “democratizar la economía para que decidan quienes trabajan y sostienen la vida. La democracia debe ser poder real de la mayoría”.

En su manifiesto exigen “salarios dignos indexados al coste real de la vida en las islas”, de modo que “ser trabajador en Canarias no signifique ser pobre”. De ahí que reclamen “la derogación de las reformas laborales que legalizan el despido barato y la precariedad, el fin de la externalización salvaje en hoteles, aeropuertos y servicios públicos, y el reconocimiento de las enfermedades profesionales”. Además, exigen que “la vivienda deje de ser un lujo turístico para convertirse en un derecho desvinculado de la especulación”.

En cuanto a la tecnología, las centrales sostienen que “la automatización, la inteligencia artificial y la robótica deben servir para reducir la jornada sin bajar salarios, crear empleo digno y liberar tiempo para los cuidados, la formación y la participación. No para precarizar, vigilar ni descartar a millones de personas. Exigimos control público y social de la tecnología y de los datos”.

También reclaman “la planificación democrática del suelo, el agua, la energía y los recursos” para que la transición ecológica no sea “un negocio más: debe reducir la producción material dañina y expandir los bienes relacionales: cuidados, cultura, vínculos comunitarios, tiempo libre. Decrecer en lo material para florecer en lo humano, dentro de los límites del planeta”. Y reclaman que “soberanía canaria” signifique “decidir sobre nuestro modelo productivo y nuestro futuro, sin que fondos de inversión, cadenas hoteleras o mercados internacionales impongan sus condiciones”.

Los sindicatos reiteran su posición a la consideración de Canarias como territorio de paz, por lo que exigen “el cierre de las bases extranjeras, la desvinculación de bloques militares y la desmilitarización del territorio” de manera que los recursos en esa materia se destinen a vivienda, sanidad, educación y transición ecológica.

Con estos argumentos, los firmantes del manifiesto llaman a defenderlos en la calle el próximo día 26 porque, a su entender, “las luchas por: salarios dignos, vivienda, cuidados, sanidad, educación, modelo turístico, ecología, agricultura, energía, movimiento obrero, vecinal y feminismo no se conectan solas: hay que construir un relato común donde cada sector encuentre su espejo y el mapa de una transformación compartida”.

El Gobierno de Asturias ha reculado en su decisión de trasladar a los ocho menores extranjeros tutelados por la administración autonómica que residen actualmente en Avilés al inmueble número 32 del Paseo de La Florida, en Oviedo/Uviéu, como barajaba inicialmente. El Principado da así marcha atrás a una de las actuaciones más polémicas que han provocado una fuerte división en el barrio, entre partidarios y detractores, que se ha escenificado con protestas en la calle.

Esta ha sido la primera medida que ha adoptado Nerea Monroy nada más tomar posesión de su cargo ayer, lunes, como nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Un barrio dividido

A pesar de que desde la Consejería se ha insistido en que los ocho menores están “plenamente integrados” en la sociedad asturiana, ya que estudian y llevan un año viviendo en Avilés, el anuncio de que iban a ser trasladados al barrio no fue muy bien recibida por un sector de los residentes en el edificio que mostraron su rechazo con concentraciones en las que contaron con el apoyo de Vox.

La oposición radical a su traslado fue contestada con una manifestación convocada por Asturies Antifascista donde se corearon esloganes acomo “Nativa o extranjera la misma clase obrera” o “Fuera fascistas de nuestros barrios” mientras portaban pancartas con la leyenda “Contra el racismo, unidad de clase”, en medio de un amplio despliegue policial.

Un emplazamiento alternativo

En medio de este clima de hostilidad cada vez más patente, el Principado ha optado por descartar el traslado de los menores a este barrio ovetense. Sin embargo, alega que los motivos que le llevan a buscar otras alternativas no son otros que “razones técnicas y jurídicas”.

“La elección de un local adecuado para acoger a menores no acompañados requiere una serie de condiciones de idoneidad. Como adelantó hace unas semanas la consejera Concepción Saavedra, que había asumido temporalmente las competencias de Derechos Sociales, el Gobierno del Principado estaba evaluando tales requisitos. La propia Saavedra había anunciado que el Ejecutivo consideraba la elección de otros lugares”, han señalado desde el Principado.

Un primer adelanto de esta evaluación fue comunicado ayer a la nueva titular de Derechos Sociales, Nerea Monroy. A la vista de esta información, “que será analizada y completada con detalle durante los próximos días”, subrayan las mismas fuentes, la consejera ha decidido cancelar la opción de La Florida y centrar la tarea en la elección de otro lugar “libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico”.

Menores integrados y tutelados

El Gobierno de Asturias ha reiterado por activa y por pasiva que se trata de buscar un alojamiento adecuado para ocho menores que “ya llevan tiempo en la comunidad autónoma, están plenamente integrados y, además, están tutelados”.

A pesar de que, con este anuncio, el Principado da por zanjada esta polémica, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu debate este martes este tema después de que Vox haya registrado una pregunta donde insta al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a posicionarse “si está con los vecinos o si acepta en Oviedo el modelo de acogida impuesto por la izquierda”.

Más de 260 municipios de todo el país han respaldado de manera oficial las concentraciones ciudadanas frente a sus ayuntamientos, previstas para el 2 de septiembre a las 20.00 horas (una hora menos en Canarias) -coincidiendo con el Día de Ceuta-, secundando la iniciativa Por Ceuta en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria. Aunque en principio fue una convocatoria ciudadana, esta está siendo ampliamente respaldada por VOx y el PP, que ya ha anunciado que su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la concentración en Madrid. Cabe recordar que son precisamente las comunidades del PP las que se niegan a que los menores migrantes llegados a Ceuta sean derivados a otras comunidades, tal como manda la ley, y se contribuya así a descongestionar en parte a la ciudad autónoma.

El llamamiento, apoyado por PP y Vox, y en Canarias, también por Coalición Canaria, ha instado a la población a que se congregue frente a sus respectivos ayuntamientos, mientras que en el caso de Madrid capital, la manifestación se ha convocado frente al Congreso.

La iniciativa, que tuvo su origen en redes sociales, ha ordenado a través de su web las convocatorias ciudadanas en los distintos municipios y está informando sobre cómo organizar las protestas. En la página se detalla qué ayuntamientos han convocado la manifestación y cuáles obedecen al llamamiento de las redes sociales.

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo (PP), ha exhortado a los municipios españoles a secundar la manifestación ciudadana convocada en redes que tendrá lugar en Ceuta. Sin embargo, según Unidas Se Puede en La Laguna, se trata de una convocatoria impulsada “unilateralmente” por la presidenta de la FEMP, “al margen de los órganos de gobierno de la Federación”. La formación tinerfeña secunda el posicionamiento de los grupos de izquierdas en la FEMP, que han denunciado que la convocatoria no fue consultada ni consensuada con el resto de fuerzas políticas y anuncia que no participará en las concentraciones en los términos planteados.

Al menos serán 260 las poblaciones, destacando a la ciudad hermana de Melilla, que han confirmado su participación, además de la prevista en Bruselas, frente al Parlamento Europeo, a la espera de otros municipios que se sumen a esta ola de apoyo.

Concentraciones en Canarias

Se prevé que las manifestaciones en Canarias comiencen a las 19.00 horas, siguiendo la convocatoria que emplaza las protestas en cuatro municipios de las islas.

En Gran Canaria se han organizado dos convocatorias, una de ellas en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de Santa Ana, y la otra en Telde, en la Plaza de San Juan.

En Tenerife se ha convocado una protesta frente al Ayuntamiento de Santa Cruz, respaldada por el consistorio, dirigido por CC y el PP. Mientras tanto, en La Laguna, Unidas se puede ha solicitado al Ayuntamiento que no secunde la concentración al considerarla una iniciativa “partidista”. Por ahora el Ayuntamiento no ha respaldado la protesta.

El concejal de Unidas se puede Saúl Alberola afirma que “La Laguna debe mostrar su solidaridad con Ceuta, pero no prestarse a una movilización con claros tintes partidistas”. Añade que la solidaridad “se demuestra con recursos y corresponsabilidad, no con concentraciones que además son de parte”, especialmente ante una situación que afecta también a Canarias y Melilla como territorios frontera sur de Europa.

“No aceptamos que las personas migrantes o la infancia se utilicen como armas políticas, ni desde Marruecos ni desde la derecha española. La respuesta debe ser cooperación institucional, solidaridad territorial y protección de las personas”, concluye Alberola.

Fuerteventura ha situado su convocatoria junto al consistorio de Puerto del Rosario, gobernado por CC; y en Lanzarote, la capital, Arrecife, gobernada por el PP y CC, acogerá la concentración la convocada en redes sociales.

Convocatorias en el resto de España

Málaga es la provincia que más concentraciones prevé en toda Andalucía, con protestas programadas en la capital y en los municipios de Mijas, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Nerja, Benahavís, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Vélez, Marbella, Ronda, Torremolinos, Estepona, Antequera y Coín.

En Sevilla, se prevén en Écija, Utrera, La Rinconada, Alcalá de Guadaira y Tomares, además de en la propia capital frente a la fachada principal del ayuntamiento, en la Plaza Nueva.

En Almería, además de la capital, se han sumado a las protestas los municipios de Roquetas de Mar, Berja, Albox, Macael, Olula del Río y Huércal-Overa.

Por su parte, en Cádiz, contando con la capital, también se han unido Chiclana de la Frontera, Barbate, Villamartín, Rota, El Puerto de Santa María, Algeciras, Los Barrios, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Ubrique y Tarifa.

En Granada, de manera oficial se han convocado en Santa Fe, Motril y Almuñécar, a parte de la propia ciudad de Granada. Las manifestaciones en Huelva se concentrarán en la propia ciudad y en Aracena, La Palma del Condado e Isla Cristina.

Respecto a las Islas Baleares, en Mallorca, el Ayuntamiento de Palma se ha sumado a la convocatoria ciudadana, secundada por la FEMP, para concentrarse frente a su casas consistoriales. En Ibiza también se ha convocado la concentración.

Respecto a la Comunidad Valenciana, en Valencia, además de en la capital, la convocatoria ha llegado a los municipios de Torrent, L'Alcúdia de Crespins, Llocnou de la Corona, Gandía, Carcaixent, Burjassot y Sagunto.

En Castellón, hay concentraciones previstas a las 20.00 horas en los municipios de Castellón de la Plana, Nules, Segorbe, Almassora y Burriana.

En la provincia de Alicante, donde mayor número de congregaciones se prevén dentro de la Comunidad Valenciana, se ha convocado en los municipios de Jávea, El Verger, Guardamar del Segura, Elche, Teulada, Santa Pola, Elda, Benidorm, Calpe, Pilar de la Horadada, Almoradí, Cox, Granja de Rocamora, Torrevieja, Orihuela, Callosa de Segura, Catral, Redován, Albatera, Sax, Callosa d'en Sarrià, Finestrat, Villajoyosa y Polop de la Marina, además de la manifestación emplazada en la propia capital.

Las manifestaciones en la Comunidad de Madrid las encabeza la convocatoria oficial de protesta frente al Congreso de los Diputados. Con el mayor número de convocatorias entre las comunidades autónomas, en Madrid hay llamamientos en Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Becerril de la Sierra, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Majadahonda, Moralzarzal, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones y Tres Cantos.

Ya en la zona sur de la Comunidad, se han convocado en Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Leganés, Loeches, Móstoles, Pinto, Torrejón de la Calzada, Torres de la Alameda, Villaviciosa de Odón.

En Cantabria, se prevén congregaciones frente a los ayuntamientos de Castro Urdiales, El Astillero, Santander y Santoña.

Respecto a Castilla-La Mancha, en Toledo se han hecho llamamientos en la propia capital y en Bargas, Casarrubios del Monte, Dosbarrios, Illescas, Madridejos, Quintanar de la Orden, Seseña, Talavera de la reina, Villatobas y Yepes.

Asimismo, en Albacete hay convocadas protestas en la propia ciudad capital de la provincia, en Caudete y en Villarobledo, frente a sus ayuntamientos. Por su parte, en la provincia de Cuenca se ha citado para la manifestación oficial en Horcajo de Santiago y en la propia capital. En Guadalajara hay llamamientos en El Casar, Torrejón del Rey y la capital.

En la comunidad castellanoleonesa, en Valladolid están emplazadas concentraciones en Arroyo de la Encomienda, y en su capital. En León las protestas se emplazan en los municipios de Astorga, Carracedelo, La Virgen del Camino, Ponferrada y la propia ciudad de León. Por su parte, en Salamanca se han convocado en Béjar, Guijuelo y en la Plaza Mayor de la capital salmantina. En Ávila hay llamamientos en Arévalo y la capital y en las provincias de Burgos y Soria se prevé que las manifestaciones tengan lugar en sus capitales.

Respecto a Cataluña, en Barcelona hay protestas convocadas en Badalona, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa y en la propia Ciudad Condal. Por su parte, en Tarragona hay convocatorias en los ayuntamientos de Reus y la capital. Asimismo, en las provincias de Girona y Lleida se prevé que las manifestaciones tengan lugar en sus capitales.

Para Extremadura, en Badajoz hay convocatorias previstas en la capital pacense, así como en Mérida y en los municipios de Azuaga, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Los Santos de Maimona y Montijo. En Cáceres hay concentraciones en la capital y en Casar de Cáceres.

Respecto a Galicia, en A Coruña hay convocatorias de protesta en Ferrol, Santiago de Compostela y en la capital. Asimismo, en Pontevedra habrá concentraciones en los municipios de Vigo y su capital.

Por su parte, en La Rioja hay manifestaciones emplazadas en los municipios de Calahorra, Haro y Logroño.

En la Región de Murcia se prevén congregaciones en Águilas, Alcantarilla, Archena, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, San Javier, Torre Pacheco, además de la propia capital.

En la Comunidad Foral hay llamamientos emplazados frente a los ayuntamientos de Pamplona y Tudela. Se han convocado manifestaciones frente a los ayuntamientos en las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

Las protestas emplazadas en Asturias tendrán lugar en Gijón, Pola de Lena y Oviedo.

La ermita de San Bartolomé en Leioa separaba este lunes por la tarde dos formas de vivir las fiestas del barrio. Por un lado, delante del edificio religioso, un centenar de personas han sido testigos de las Asto Probak, pruebas de arrastre de piedra con burros, mientras que, por otro lado, detrás de la ermita, decenas de vecinos se manifestaban en contra. Los gritos de “¿Cómo os puede divertir ver a un animal sufrir?” se ahogaban en la música que ambientaba este deporte rural muy extendido en Euskadi y otras zonas del país.

Las pruebas de Leioa han consistido en la presentación del burro al público en primer lugar, para después colocarle una piedra de alrededor de 700 kilogramos al lomo y al cuello con unas cadenas. En este momento, el animal, inquieto ante lo que estaba ocurriendo, ha comenzado a defecar. Cuando el pitido de inicio de la prueba ha sonado, uno de los cuatro hombres que manejaban al animal le ha dado un golpe seco con una vara, mientras otro le ha agarrado del hocico con el objetivo de guiarle. Así, el animal ha trasladado la piedra por una recta mientras dos hombres le golpeaban con varas de madera y otro se posicionaba en la parte trasera, con una vara distinta, más conocida como una aguijada por su punta de hierro para picar al burro y que este obedezca. Si el animal lanzaba una coz, el golpe recaía en la piedra. En total, cada animal ha tardado una media de un minuto en realizar la ida y otro minuto en realizar el regreso. Y así sucesivamente con distintos animales hasta lograr un ganador: el burro que durante más tiempo sea capaz de transportar la piedra y dé más vueltas al recorrido, llegando a durar más de 20 minutos por animal.

Una fuerte presencia policial de Policía Municipal y la Ertzaintza dividía a los dos grupos de vecinos con el fin de evitar altercados entre ellos. Mientras los que veían las pruebas eran reacios a hacer comentarios a la prensa y cuidaban quién se acercaba al evento -se trata de un barrio pequeño en el que prácticamente todos se conocen- en la manifestación los vecinos que se mostraban en contra de la Asto Probak buscaban llamar la atención de la mayor gente posible. “A nosotros no nos da vergüenza estar aquí, ni que nos miren, pero parece que a ellos sí que les avergüenza lo que hacen porque no quieren que nadie de fuera se entere. Nosotros cuantos más seamos mejor, de hecho, entregaremos diplomas a todos aquellos que se acerquen a la protesta a modo de reconocimiento de compromiso, por haber alzado la voz por los que no pueden hacerlo, y haber dicho, alto y claro, que el sufrimiento animal no es tradición”, ha señalado una vecina a este periódico.

“Como decía Eduardo Galeano, 'mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo'. Todos los estudios científicos y las normativas indican que los animales sienten. Por eso, las pruebas de arrastre de piedra con animales han desaparecido de todas las fiestas de barrio de Leioa, salvo de las de San Bartolomé. En las Asto Probak, un burrito que no pesa más de 400 kg es obligado a arrastrar una piedra de 700 kg durante 20 minutos. No hay en el mundo ninguna otra prueba regulada que se realice con équidos en la que se exija un esfuerzo tan intenso durante tanto tiempo. Gana premios en metálico el dueño del burro que haga más veces el recorrido. Para ello puede romper hasta 2 varas pegando al burro, le pone una pieza metálica dentada sobre el hueso de su nariz, o le grita para recordarle todo lo que le han pegado en los entrenamientos”, han denunciado los vecinos que se han manifestado en contra de la actividad al considerarla maltrato animal.

Tras una pancarta en la que se leía “El respeto a los animales, una nueva tradición para el Leioa de los próximos 500 años” y “Fiestas sin maltrato animal”, decenas de personas de todas las edades se han manifestado con el objetivo de evitar que estos eventos se sigan produciendo y, en su lugar, se opten por actividades y deportes que no incluya el sufrimiento animal. “Es dudoso que unas pruebas que llegaron al barrio a mediados de los años 50 del siglo pasado puedan considerarse una tradición, pero ninguna tradición puede estar por encima de la razón. El Ayuntamiento de Leioa tiene competencias suficientes para limitar el acceso de menores a unas pruebas de carácter violento, o para condicionar las subvenciones y el uso del espacio público a que no se celebren pruebas de arrastre de piedra con animales. No pretendemos dejar a las fiestas sin subvención, sino quitar de las fiestas las Asto Probak. Por eso pedimos a la ciudadanía que siga siendo protagonista de la solución a este problema, informándose y participando en las movilizaciones, porque las fiestas sin sufrimiento animal son mucho mejores”, han solicitado los asistentes a la manifestación.

Un grupo de niños y niñas del barrio ha dibujado una pancarta que dos vecinas mostraban con orgullo y en la que se veía un burro atado a una piedra y el mensaje “San Bartolomé celebra con alegría no con palos”. “Las fiestas de Bartolomé dedican más dinero a los premios que dan a los dueños de los burros de las Asto Probak que a actividades para niños y niñas. Unas fiestas sin sufrimiento animal serían mucho mejores”, han señalado las vecinas.

Una década de protestas y una iniciativa popular que no ha sido aprobada

Las movilizaciones contra las pruebas de arrastre con burros en Leioa comenzaron hace una década. Tras recoger 11.500 firmas por internet en 2015 y 45.000 en 2019 y no recibir respuesta, en septiembre de 2025 iniciaron una recogida de firmas en papel que ha finalizado con un total de 3.115 firmas de personas mayores de edad residentes en Leioa para presentar una iniciativa popular ante el Ayuntamiento.

El pasado 23 de julio la iniciativa para sustituir las Asto Probak por otras actividades sin sufrimiento animal fue discutida y votada por el Pleno del Ayuntamiento de Leioa, donde fue rechazada con los votos en contra del PNV quien gobierna el Ayuntamiento con los socialistas, EH Bildu y el PP, mientras que el PSE-EE y Elkarrekin Podemos votaron a favor. Los grupos que votaron en contra defendieron que la organización de las fiestas corresponde a la comisión festiva del barrio y recordaron que las Asto Probak se desarrollan bajo la normativa de la Federación de Deportes Vascos. “A pesar de ese resultado, no damos el tema por cerrado. La petición de más de 3.000 personas empadronadas en Leioa va a seguir estando sobre la mesa del Ayuntamiento cada vez que discuta el plan anual de subvenciones, cada vez que hablen sobre el modelo de fiestas que quieren para Leioa, pero, sobre todo, cada vez que la ciudadanía se lo recuerde, mediante concentraciones pacíficas como la de hoy”, han concluido los manifestantes, que aseguran que la Comisión de Fiestas está constituida como asociación independiente en 2007 “por personas que en su mayoría hace años que no viven en el barrio y está blindada para que no entre nadie que no venga avalado por dos personas que ya son socias”.

Para llevar a cabo la iniciativa popular, los vecinos presentaron ante el Ayuntamiento un informe de 40 páginas con valoraciones de veterinarios que certifican “el dolor y estrés” que producen en los burros las pruebas de arrastre de piedra en fiestas.

En los informes veterinarios, los expertos identifican múltiples factores que causan “un sufrimiento innecesario en los burros”. En primer lugar, destacan el “esfuerzo extremo”. “Las Asto probak son una actividad anaeróbica de alta intensidad, lo que significa que requiere un gran esfuerzo en un corto período de tiempo. Los burros, que pesan alrededor de 400 kg, arrastran una piedra de 700 kg, por ejemplo, en repeticiones de 15 segundos con 6 segundos de descanso durante un total de 20 minutos. Aunque se descuente el tiempo de descanso, el esfuerzo se prolonga por 14 minutos, un tiempo considerablemente más largo que los tres a seos minutos de duración máxima de otras pruebas reguladas con équidos”, detallan los veterinarios, que afirman que esta prolongación del esfuerzo causa “un sufrimiento injustificado en los burros”.

En segundo lugar, los expertos detectan “signos de dolor y estrés” durante y tras la práctica. “Los burros reaccionan al estrés con una inmovilidad estoica, un comportamiento que les ayuda a no parecer vulnerables a sus posibles depredadores. Por esta razón, el malestar debe identificarse a través de sus expresiones corporales y faciales. En las Asto probak, se observa que los burros tiran de la piedra con la cabeza muy levantada, lo que es un signo de estrés, miedo y deseo de huir”, destaca el informe que también señala expresiones de “evitación por miedo”, como la retirada de la cabeza ante la vara, así como expresiones de dolor o malestar en la cara, como tensión en la zona de las fosas nasales, arrugas sobre los belfos y ojos con la ceja elevada.

La tercera de las conclusiones a las que llega el informe es que las Asto probak suponen para estos animales “un castigo físico y psicológico”. “Hay varias formas de castigo utilizadas en las 'asto probak'. Los gritos generan reacciones de evitación en los burros debido a un entrenamiento previo que asocia el grito con el dolor. También se observan tirones de riendas y golpes con la vara o akullu”, sostienen los expertos, que destacan que el reglamento de la Federación de Herri Kirolak permite el uso de la vara, pero a diferencia de en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, donde también se llevan a cabo actividades con animales, el uso de la vara se considera maltrato animal. “En Euskadi también se utiliza una serreta, una pieza metálica dentada que se coloca sobre el hueso nasal del burro, cubierta con una cinta que no elimina el dolor de la presión”.

Según concluyen, las actividades que se basan “en el miedo o el dolor por castigo y que implican altos niveles de estrés son incompatibles con el bienestar animal”. Además, recuerdan que la Ley 17/2021 reconoce a los animales como seres sintientes, lo que implica que su bienestar no solo es físico, sino también emocional y sostiene que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSAOIE) también recomienda evitar actividades que causen sufrimiento a los équidos de trabajo.

Desde el Ayuntamiento de Leioa señalan a este periódico que “las Asto probak, que se desarrollan en el marco de las fiestas del barrio de San Bartolomé, cuentan con los permisos pertinentes de Diputación, están sujetas a la normativa foral referente al control de sanidad y bienestar de los animales que participan en deportes rurales”. “Esta no es una actividad propuesta por el Ayuntamiento de Leioa, sino que se desarrolla a petición e iniciativa de la Comisión de Fiestas de San Bartolomé; compuesta por vecinos y vecinas del barrio. Es decir, que es una actividad que se desarrolla porque vecinos y vecinas así lo solicitan”, justifica el Consistorio tras rechazar la iniciativa popular de los vecinos por cambiar la actividad por otras que no incluyan animales.

La asociación Axuntar para la normalización del gallego en Asturias ha iniciado una recogida de firmas para que la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) “deje de asumir competencias que no le corresponden” sobre el gallego-asturiano.

Axuntar ha indicado que para “dignificar las lenguas gallegas en Asturias” debe trabajarse “con independencia de las fronteras administrativas” y “desde el rigor”.

Un recurso ante el Supremo

Por ello, ha pedido la creación de un Instituto del Gallego en Asturias en cooperación con la Real Academia Gallega y ha rechazado el uso del término 'eonaviego' empleado por la ALLA para referirse “al gallego propio de Asturias”.

La organización también ha asegurado que el Tribunal Supremo (TS) admitirá a trámite su recurso “contra los abusos de la administración asturiana” en materia de normalización lingüística y ha recordado que el Consejo de Europa instó al Principado a “establecer lazos de cooperación con otras comunidades gallegoparlantes” en su último informe sobre el tema.

Por otro lado, el pasado mes de diciembre, representantes de la Asociación de Docentes d’Asturianu y Eonaviego/gallego-asturiano (ADAE) han llevado este lunes su protesta a Madrid ante la negativa del Ministerio de Educación a modificar los Reales Decretos que permitirían la creación de las especialidades para el profesorado que imparte la enseñanza de estas lenguas.

Con una queja formal presentada ante el Defensor del Pueblo, los docentes han escenificado no solo su malestar por la falta de compromiso del Gobierno, sino también la necesidad de que la institución que dirige Ángel Gabilondo realice una labor de mediación que permita poner fin a la discriminación que sufren.

La plataforma Colectivos en Lucha de Extremadura, que agrupa a cerca de medio centenar de organizaciones sociales, ha convocado una manifestación para el próximo 7 de septiembre en Mérida. La movilización busca expresar el rechazo ciudadano a lo que califican de “políticas de expolio y saqueo” de los servicios públicos y de los recursos naturales de la región por parte del Gobierno autonómico encabezado por María Guardiola.

Desde la plataforma muestran una “gran preocupación” ante la proliferación de macroproyectos extractivos por toda la geografía regional. En su pronunciamiento hacen referencia explícita a las macroplantas de biogás y a las grandes instalaciones fotovoltaicas, recordando que Extremadura ya “exporta el 80% de la energía que produce” sin que estas infraestructuras generen empleo local. Asimismo, consideran que las iniciativas mineras, los centros de datos y los proyectos de hidrógeno agravan el impacto sobre las reservas hídricas, mientras que la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz perpetúa un modelo de “colonialismo energético”. Como alternativa, defienden impulsar el autoconsumo fotovoltaico y el aprovechamiento del biogás a pequeña escala.

En materia de servicios fundamentales, la convocatoria exige un incremento de financiación y personal en sanidad, educación y atención a la dependencia para reducir ratios y listas de espera. Defienden el acceso a una vivienda digna frente a la especulación de los alquileres y reclaman un apoyo decidido al sector agrario frente a la fijación de precios en origen por debajo de los costes de producción. En materia medioambiental, destacan el valor de la ganadería extensiva para la prevención de incendios y piden mayor inversión en las plantillas de bomberos.

Por último, los colectivos denuncian la eliminación de fondos para la Agencia Extremeña de Cooperación, la falta de uso de inmuebles públicos para el refugio de población migrante y la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Critican también el respaldo a la industria de armamento, citando la fábrica de Rheinmetall en Navalmoral de la Mata, y reclaman priorizar las inversiones destinadas a la vida.

La manifestación partirá el sábado 7 de septiembre a las 19:00 horas desde el Parque de las Siete Sillas de Mérida y culminará con un acto de protesta a las puertas del Teatro Romano. con motivo de las entregas de las Medallas de Exrremadura.

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) urge al Ayuntamiento de Lardero a que ponga en marcha de una vez la línea de autobús urbano que conecte las zonas de Entre Ríos y Villa Patro con el centro de Logroño “tras casi una década de reclamaciones vecinales al respecto”. Los regionalistas, tras conversar con el vecindario, explican que “el punto más cercano de la actual línea 1 que comunica Logroño con Lardero por la Avenida de Madrid, se tardan entre 15 y 20 minutos en llegar andando a muchas zonas de estas urbanizaciones”, explica el secretario general del PR+Riojan@s, Iván Herrero.

Y recuerdan que en 2018 el PR ya se hizo eco de las reclamaciones vecinales y pidieron a los ayuntamientos de Logroño y Lardero que estudiaran la viabilidad del servicio, preferentemente por la continuación de Avenida de la Sierra. Pero pasa el tiempo y la realidad es que “los vecinos están hartos de anuncios y siguen echando en falta este servicio para sus desplazamientos”.

Y además, a esta petición de la línea de autobús se suman otras de movimientos sociales que “reclaman que, se habilite el autobús hasta más allá de la zona de Entre Ríos, concretamente pasando bajo la carretera N-111 y se extienda la cobertura hasta el cruce con la subestación de Paletones, cercana al centro penitenciario y a la escuela hípica, y que también facilitaría el acceso al trabajo a los funcionarios y otros empleados del entorno”.

Los regionalistas proponen un “servicio provisional a modo de prueba que conecte el centro de transbordos del Labrador de Logroño y las nuevas estaciones con este enclave. Lo ideal sería que esta conexión se realizara a través de Avenida de la Sierra, pero mientras el vial no esté disponible, podría hacerse por Avenida de Madrid en horario diurno y nocturno los viernes, sábados y víspera de festivo como el actual buho”.

La reapertura de la mina que gestiona la empresa TYC Narcea Special Research S.L. en Veiga de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, está cada vez más cerca con el avance de los trámites administrativos, tras la publicación este viernes del anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa y la autorización ambiental integrada simplificada vinculadas con esta iniciativa.

La actividad laboral permanece paralizada desde el pasado mes de noviembre cuando un accidente laboral en la explotación de antracita causó la muerte a los mineros Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y vecino de Cangas de Narcea, y Anilson Soares de Brito, de 42 años y vecino de Villablino.

El accidente mortal en Veiga de Rengos

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, confirmó pocas horas después del siniestro que las primeras investigaciones apuntaban a que la principal causa del accidente mortal pudo deberse a causas geológicas por un hundimiento “súbito, fortuito e imprevisto” del techo de una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral “bastante ancha”, de unos tres metros.

Los técnicos calcularon que el desprendimiento fue de entre seis y ocho metros del techo, “lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores”.

Una inspección, la víspera del siniestro

En noviembre de 2025, el consejero reiteró que la empresa TYC Narcea tenía todos los permisos y la documentación en regla. Además, reconoció que la explotación había sido inspeccionada en varias ocasiones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo el derrumbe.

El siniestro en Veiga de Rengos causó una gran conmoción en un momento en que la ciudanía estaba consternada por el accidente laboral, ocurrido ocho meses antes, en la mina de Zarréu/Cerredo cuando cinco mineros perdieron la vida por una explosión de grisú en una explotación donde se extraía carbón ilegalmente, ya que la empresa Blue Solving solo disponía de autorización para realizar un proyecto de investigación complementaria. En el accidente de Zarréu murieron los mineros Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez.

La polémica devolución de las ayudas

A raíz de la paralización de la actividad laboral en la mina de Cangas del Narcea gestionada por TYC Narcea, los trabajadores han llevado a cabo numerosas acciones de protesta para exigir su reapertura. Han convocado manifestaciones, concentraciones, marchas mineras a pie a Oviedo/Uviéu e incluso realizaron una acampada en el Campo de San Francisco, en la capital asturiana, que duró 43 días, para reivindicar la vuelta al tajo.

La decisión final está pendiente de la resolución que adoptará el Instituto de Transición Justa (ITJ) sobre si la empresa está obligada a devolver 31,2 millones de euros en ayudas al cierre de la minería percibidas en su día por la anterior propietaria (Carbonar), determinando así si se trata de la misma unidad productiva.

La resolución, en septiembre

TYC Narcea sostiene que se trata de una unidad de producción distinta a la de Carbonar, que operaba en otra zona de la mina con carbón térmico, frente a la antracita de bajo volátil que extrae la actual empresa, por lo que defiende que no le corresponde devolver ayuda alguna.

El comité de empresa calcula que el ITJ tendría que adoptar su resolución definitiva el próximo mes de septiembre, atendiendo a los plazos estimados.

La aplicación del ERE

Esta situación administrativa afectó por completo a los trabajadores ya que la paralización de la actividad vino acompañada de la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La plantilla, integrada por 68 trabajadores, aceptó el ERE el pasado 1 de junio después de que TYC Narcea se comprometiera a la readmisión de los 56 despedidos cuando se autorice la vuelta a la actividad en la mina. Otros 12 compañeros permanecen realizando labores de mantenimiento en la explotación minera canguesa.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha difundido este viernes una nota de prensa donde resalta que con la publicación del anuncio en el BOPA se da un nuevo paso en la tramitación del proyecto de explotación promovido por TYC Narcea Special Research S.L. para sus concesiones mineras en Veiga de Rengos (Cangas del Narcea), al iniciar el periodo de información pública del expediente.

Alegaciones

A partir de mañana, sábado, se abre un plazo de un mes para que las personas, entidades e instituciones interesadas puedan examinar la documentación y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Con este trámite, la consejería sostiene que cumple el compromiso anunciado por su titular, Borja Sánchez, de abrir el proceso de participación pública una vez que la empresa hubiera completado la presentación de toda la documentación exigida para la tramitación del expediente.

La vuelta al tajo

La documentación sometida a información pública puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/KQ50T3

El proyecto de explotación contempla en torno a 150 puestos de trabajo directos si finalmente se autoriza la reapertura, según explicó hace unas semanas el comité de empresa, que expresó su confianza en que la mina pueda volver a funcionar antes de que termine el año.

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA Asturias) ha denunciado el tiempo y el dinero que los 70.559 profesionales que hay en la comunidad autónoma pierden cada día en realizar los trámites burocráticos.

Una pérdida que la asociación tiene contabilizada y se resume en estas cifras: cada trabajador destina una media de 226 horas al año exclusivamente al papeleo, lo que representa un coste de 3.390 euros anuales por autónomo calculado sobre una media de 15 euros por hora, que traducido a términos globales supone 239 millones de euros y 16 millones de horas en el Principado.

Hay un dicho popular que refeja que “el tiempo es oro” y es una expresión que podría aplicarse perfectamente a un sector que se ve abocado cada vez más a perder su tiempo, su dinero y su energía en rellenar algún trámite burocrático.

La nueva normativa

La presidenta de ATA Asturias, Patricia Oreña, asegura que la nueva normativa no ha reducido la carga burocrática sino que, por el contrario, la ha disparado, y ha impedido “conciliar la vida laboral y personal y descansar con tranquilidad”.

El Barómetro de ATA refleja que, con jornadas de 47 horas semanales, el autónomo dedica al menos cuatro horas a la administración, y que un 40,7 % pide como prioridad reducir la burocracia existente.

Una carga burocrática “disparada”

Patricia Oreña reclama un cambio para que la administración “deje de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador de quienes cada día generan riqueza y empleo en Asturias”.

El nuevo reglamento europeo de IA, los cambios en veri*factu y el registro horario han disparado la carga burocrática en los últimos meses, sin que ninguna medida haya venido a aliviar el tiempo que los autónomos dedican al papeleo.

Un sector que genera riqueza

Asturias cerró el mes de julio con 70.559 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la cifra más alta del año, tras sumar 920 desde enero, según los datos aportados por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, el pasado 7 de agosto, con motivo del Día del Autónomo que se celebró en la Feria Internacional de Muestras (Fidma) en Gijón/Xixón.

En ese acto, Borja Sánchez trasladó el reconocimiento del Gobierno del Principado a los profesionales de este sector que, según sus palabras “generan actividad económica, empleo y oportunidades en toda la comunidad” y resaltó su contribución al mantenimiento de negocios y servicios esenciales, tanto en las ciudades como en el medio rural.

“Detrás de cada autónomo hay una historia de esfuerzo y detrás de muchas de las fortalezas de Asturias hay un autónomo que decidió apostar por su tierra”, valoró.

Aportación del tejido empresarial

El titular de Ciencia señaló que el crecimiento del trabajo autónomo se produce en un contexto favorable para el mercado laboral asturiano, que alcanzó las 406.262 personas ocupadas en julio, cerca de 4.000 más que en junio y más de 8.000 por encima de hace un año.

A su juicio, estos resultados reflejan la aportación del tejido empresarial al desarrollo de la comunidad: “Si la economía funciona, crece y avanza es en buena medida por la labor de nuestras empresas, tanto las grandes como las pequeñas y las lideradas por profesionales autónomos”, afirmó.

Los retos

No obstante, Sánchez advirtió de que la evolución positiva de los indicadores no debe ocultar retos como el relevo generacional, la captación de talento, la digitalización, el aumento de la productividad o la creación de oportunidades para que más jóvenes puedan emprender y desarrollar su carrera profesional en Asturias.

Durante su intervención, el consejero repasó algunas características del trabajo autónomo en Asturias. Así, según los datos facilitados en el acto, el 28 % de las personas afiliadas acumula entre diez y veinte años de actividad y el 67 % tiene más de 45 años. Unos datos que refuerzan, en su opinión, la necesidad de impulsar el emprendimiento joven y favorecer el relevo generacional.

El perfil

Por otra parte, el colectivo presenta una composición cada vez más diversa: cerca de 30.000 afiliadas son mujeres y más de 5.500 profesionales proceden de otros países.

Sánchez también destacó el crecimiento de las actividades ligadas al conocimiento y la innovación, con cerca de 8.000 autónomos que desarrollan su labor en ámbitos técnicos, científicos o vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. Para el consejero, esta evolución refleja “una Asturias emprendedora, dinámica y diversa, innovadora y capaz de adaptarse a los cambios”.

Manifestaciones

Los trabajadores autónomos han protagonizado diversas manifestaciones de protesta en las principales ciudades asturianas. El pasado mes de mayo, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos convocó una protesta por las calles de Gijón/Xixón y, entre sus principales reivindicaciones, figuraba la necesidad de que se lleve a cabo una reforma del régimen de la actividad que incluya beneficios sociales y laborales equivalentes a los de los empleados por cuenta ajena.

Tras una pancarta bajo el lema ‘Autónomos Asfixiados. Basta Ya’, los manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad en una protesta que se celebró de manera simultánea en más de veinte ciudades de España.

Reivindicaciones

Durante el recorrido se entonaron consignas como las siguientes: “Sin autónomos no hay futuro” y “España escucha, esta es nuestra lucha” que los manifestantes acompañaron con la exhibición de pancartas que incluían las frases “Si me enfermo me arruino”, “No es una cuota es un atraco” y “No pedimos privilegios, pedimos justicia”.

El colectivo reclamó medidas fiscales como el IVA franquiciado para los que facturen menos de 85.000 euros anuales, la simplificación de las declaraciones y la equiparación de las prestaciones sociales a las del régimen general de la Seguridad Social.

La “asfixia” del sector

El sector de los trabajadores por cuenta propia reclama que no se les cobren las cotizaciones durante los primeros 60 días de baja, prestaciones por maternidad y lactancia y el pago de cotizaciones adecuadas a los ingresos reales.

Unas reivindicaciones a las que ahora se suma también la reducción de la excesiva carga burocrática que, según explican desde ATA Asturias, cada vez es más “asfixiante”.

Enclavat entre la mar i la serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, Sóller és un dels municipis de Mallorca que pateix amb més intensitat els efectes de la pressió turística, la proliferació d'habitatges de lloguer turístic, l'escalada dels preus de l'habitatge, l'especulació immobiliària i la saturació de les carreteres. Aquest dissabte, tot just dues setmanes després de la multitudinària -i històrica- protesta celebrada a Palma contra la turistificació, els ciutadans han sortit als carrers d'aquesta localitat per denunciar les dificultats dels residents per accedir a un habitatge, defensar el comerç local i reclamar una millora de la qualitat de vida. La manifestació ha reunit unes 2.500 persones, segons els organitzadors -unes 1.000, segons la Delegació del Govern-.

Sota el lema “Sóller al límit”, la marxa ha recorregut el centre històric amb l'habitatge com una de les seves principals reivindicacions, però també amb el comerç de proximitat, la saturació turística i la pèrdua d'espais per als residents al centre del discurs. Els participants han posat de manifest que l'accés a una llar s'ha convertit en un dels principals problemes derivats de l'actual model econòmic i que ja no afecta únicament els joves que intenten emancipar-se, sinó també treballadors i famílies que troben cada vegada més dificultats per romandre al municipi. A Sóller, els residents acusen una massificació que, cada any, arriba a límits extrems a l'illa. Els vehicles colonitzen les voreres i els vianants han d'esquivar-los caminant per una calçada abarrotada.

Convocada pel Moviment Jove de Sóller i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, la mobilització -que ha comptat amb un ampli suport del teixit associatiu, amb 80 adhesions entre entitats socials, culturals, ecologistes, sindicals i veïnals de Mallorca- ha començat a les 10.00 hores des de la plaça dels Estiradors i ha avançat pel carrer de Sa Lluna, una de les artèries comercials més transitades del municipi.

El recorregut al llarg d'aquesta via ha convertit el mateix paisatge urbà en part del missatge de la protesta: mentre centenars de manifestants avançaven, nombrosos aparadors mostraven rètols exclusivament en anglès dirigits al visitant estranger. En tot just uns metres es podien llegir reclams com “Best specialty coffee”, “Local artisan cakes”, “Fine Majorcan wines” o anuncis de degustacions de pernil ibèric, formatges i vins en diversos idiomes, una mostra de la transformació progressiva del centre històric cap a un comerç cada vegada més orientat al turista.

Entre les pancartes es podien llegir missatges com “Idealista: 6.581 €/m². Això és violència”, mentre d'altres resumien el malestar amb lemes com “Qui estima Mallorca no la pot pagar” o “Sense sostre, sense poble”, en referència a la dificultat d'accedir a un habitatge al municipi. Els manifestants també han exhibit cartells que reclamaven preservar una “vida normal” davant la “luxúria assassina”.

Lluny de presentar la protesta com un rebuig frontal al turisme, algunes de les pancartes tractaven de trencar aquesta identificació. Una de les més cridaneres enumerava professions com cambrers, cuiners, taxistes, recepcionistes, metges, mestres, advocats, agricultors, pescadors o periodistes sota el lema “També som”, reivindicant que aquells que treballen directament o indirectament per al turisme també pateixen les conseqüències de l'actual model i formen part de la protesta.

La dimensió internacional del fenomen també ha estat present. Entre els cartells escrits en anglès es podia llegir “This paradise has problems. Don't contribute”, un missatge adreçat expressament als visitants estrangers per demanar-los que siguin conscients dels efectes de la massificació turística sobre la vida quotidiana dels residents.

Així mateix, la protesta ha posat l'accent en la pressió que suporta el territori i en les conseqüències de l'actual model de creixement turístic, com han denunciat des del GOB Mallorca: “El territori, destrossat. Els pobles i barris, turistificats. Els espais naturals, amenaçats. La mobilitat, col·lapsada. L'habitatge, inaccessible. Les famílies, ofegades. Les cases, convertides en un negoci. L'especulació, desbocada. L'aigua, gastada. Les infraestructures, saturades”. En línia del missatge llançat pels organitzadors, la històrica entitat ecologista ha reivindicat el “dret a viure a Mallorca” i ha reclamat detenir “aquest model de creixement que porta massa temps operant sense cap mena de mesura sobre el territori i sobre la gent”.

La mobilització ha acabat als peus de l'Ajuntament, a la plaça de la Constitució, on els organitzadors han llegit un manifest amb el qual han vinculat la crisi de l'habitatge amb el pes creixent de les segones residències i la inversió immobiliària i han denunciat que gairebé la meitat del parc residencial balear no es destina a residència habitual. El document defensa la necessitat d'intervenir el mercat, mobilitzar habitatges buits i limitar determinades operacions especulatives per garantir l'accés a l'habitatge.

No debades, l'escalada sostinguda dels darrers anys revela fins a quin punt Sóller, en línia amb la tendència general de Balears, s'ha convertit en un mercat fortament tensionat marcat per una elevada pressió de la demanda -especialment vinculada al negoci turístic i als compradors internacionals-: el resultat és un encariment que no només eleva el cost de vida, sinó que consolida un accés cada vegada més restrictiu a l'habitatge per a la població local.

La paradoxa de Sóller queda reflectida en les seves pròpies dades d'habitatge: el municipi compta amb 54 solars urbans sense edificar, que sumen uns 80.800 metres quadrats de sòl disponible, a més de 1.119 habitatges buits, segons l'anàlisi fet pel geògraf 'solleric' Antoni Marcús a partir de dades de l'INE. Així mateix, les dades del Cadastre de 2025 apunten a una forta concentració de la propietat al municipi: a Sóller hi ha 4.892 propietaris que acumulen 6.432 immobles, mentre que el 38,8% dels habitatges està en mans de propietaris amb dos o més immobles, davant el 43,7% en el conjunt de Balears i el 36,9% a Espanya. A això s'hi suma el pes de la propietat estrangera: 1.276 immobles d'ús residencial, el 19,08% del total, són de propietaris estrangers, pràcticament un de cada cinc i una proporció 3,5 vegades superior a la mitjana espanyola.

“No faran retrocedir un moviment ciutadà i pacífic”

El text també ha vinculat la convocatòria de Sóller amb la gran manifestació del passat 26 de juliol a Palma, a la qual, d'acord amb les xifres dels organitzadors, van assistir més de 70.000 persones. Els organitzadors han denunciat la “criminalització” del moviment contra la turistificació, han condemnat l'actuació policial durant aquella protesta i han assegurat que aquests fets no frenaran les mobilitzacions. “Que quedi ben clar que no faran retrocedir un moviment ciutadà i pacífic”, han asseverat.

Els portaveus han reclamat a les administracions que garanteixin el dret constitucional a un habitatge digne, recordant l'article 47 de la Constitució, que obliga els poders públics a promoure les condicions necessàries per fer-lo efectiu i a impedir l'especulació. “Exigim a totes les institucions que escoltin les nostres reivindicacions i assumeixin les seves obligacions constitucionals”, han assenyalat.

El manifest ha conclòs amb una crida a mantenir la mobilització a totes les illes per defensar “el dret a una vida digna” i amb un missatge adreçat a les institucions i a la ciutadania: “Cap economia no pot considerar-se un èxit si obliga la seva pròpia gent a abandonar casa seva”. La lectura ha acabat entre aplaudiments amb una proclama que ha resumit l'esperit de la convocatòria: “Qui estima aquesta terra no la ven, la defensa. Qui estima Sóller no l'explota. Qui estima Mallorca no la destrueix”.

La convocatòria arribava precedida de setmanes de tensió i debat al municipi. El pas de la marxa pel carrer de Sa Lluna havia despertat les reticències de part del comerç local, preocupat per l'impacte que pogués tenir la protesta en plena campanya d'estiu. Els organitzadors van decidir mantenir tant l'itinerari com l'horari inicialment previstos, argumentant que precisament aquest eix comercial simbolitza els efectes que, al seu parer, la turistificació està provocant sobre el teixit econòmic tradicional de Sóller i insistint que l'objectiu no és perjudicar els establiments, sinó visibilitzar que molts comerços històrics estan desapareixent com a conseqüència de l'increment del preu dels lloguers comercials i d'un model orientat cada vegada més al consum turístic.

En declaracions a elDiario.es, Bartomeu Miró, membre de SOS Sóller, ha retret la “responsabilitat política” en el tancament dels bars de la plaça de la Constitució durant la protesta, lamentant que aquesta decisió hagi generat un perjudici econòmic als negocis i asseverant que la protesta s'hauria desenvolupat igualment amb normalitat. Per a Miró, el principal problema que afronta Sóller va molt més enllà del col·lapse circulatori o de la saturació de les carreteres: “El problema real és com la gent va deixant de viure a Sóller”.

L'integrant del moviment nascut el 2024 per denunciar les dificultats que pateixen els veïns per arribar al poble on resideixen com a conseqüència dels col·lapses de trànsit i l'auge dels cotxes de lloguer ha criticat que el preu de l'habitatge s'hagi tornat inassumible fins i tot per a aquells que treballen al municipi, tant en el sector turístic com en altres àmbits. “La gent que treballa a Sóller no es pot permetre viure a Sóller”, ha assenyalat, alertant que s'estan generant “guetos de gent que ve a treballar però no pot viure aquí”.

Fins als anys noranta, arribar a aquesta localitat de 14.000 habitants implicava travessar les 70 corbes de la sinuosa carretera que creua la Serra d'Alfàbia. Una via que el 1847 va posar fi a l'històric aïllament de la localitat, les comunicacions de la qual eren més fàcils amb el sud de França i amb la Península. Amb la resta de l'illa, únicament es podia connectar per mar o travessant tota la Serra de Tramuntana a lloms d'una mula. La construcció del túnel de Sóller a finals del segle XX va suposar un abans i un després per a aquesta localitat resguardada entre muntanyes. Objecte de contínues polèmiques -entre elles, un suborn milionari que va cavar la tomba del president balear Gabriel Cañellas (AP/PP)-, la infraestructura, de tres quilòmetres de longitud, va millorar amb escreix les connexions amb aquest municipi i, irremeiablement, el lloc es va obrir en canal al turisme.

Des de fa diversos anys, els estrangers s'han llançat a la compra massiva d'habitatges a Sóller i a altres pobles de la Serra de Tramuntana, provocant, com en tants enclavaments de Mallorca, un increment desbocat dels preus de l'habitatge i que la població local amb menor poder adquisitiu no pugui fer front als elevats costos. Avui, el preu d'una casa a Sóller pot arribar a superar els quatre milions d'euros.

La manifestació d'aquest dissabte suposa un nou pas endavant dins el calendari de mobilitzacions impulsat aquest estiu després de la gran protesta celebrada a Palma a finals de juliol. Amb aquesta mobilització, els col·lectius pretenen mantenir la pressió social per reclamar canvis en les polítiques d'habitatge, turisme i ordenació territorial tant al Govern com al Consell de Mallorca i als ajuntaments més afectats per la massificació turística.

La marxa també ha deixat espai per a les expressions culturals. En un caixer automàtic del carrer de Sa Lluna hi havia enganxat un poema signat amb el nom de Miquel M. Pou, dedicat a la natura i a la crítica d'un model centrat únicament en el benefici econòmic. Els seus versos convidaven a no oblidar “de què estan fetes les nostres batalles” ni que “existeixen altres mons només abaixant la mirada”.

Enclavado entre el mar y la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Sóller es uno de los municipios de Mallorca que con mayor intensidad sufre los efectos de de la presión turística, la proliferación de pisos de alquiler turístico, la escalada de los precios de la vivienda, la especulación inmobiliaria y la saturación de las carreteras. Este sábado, apenas dos semanas después de la multitudinaria -e histórica- protesta llevada a cabo en Palma contra la turistificación, los ciudadanos se han echado a las calles de esta localidad para denunciar las dificultades de los residentes para acceder a una vivienda, defender el comercio local y reclamar una mejora de la calidad de vida. La manifestación ha reunido a unas 2.500 personas, según los organizadores -unas 1.000, según la Delegación del Gobierno-.

Bajo el lema “Sóller al límit”, la marcha ha recorrido el centro histórico con la vivienda como una de sus principales reivindicaciones, pero también con el comercio de proximidad, la saturación turística y la pérdida de espacios para los residentes en el centro del discurso. Los participantes han puesto de manifiesto que el acceso a un hogar se ha convertido en uno de los principales problemas derivados del actual modelo económico y que ya no afecta únicamente a los jóvenes que intentan emanciparse, sino también a trabajadores y familias que encuentran cada vez más dificultades para permanecer en el municipio. En Sóller, los residentes acusan una masificación que, cada año, alcanza límites extremos en la isla. Los vehículos colonizan las acercas y los viandantes deben sortearlos caminando por una abarrotada calzada.

Convocada por el Moviment Jove de Sóller y la plataforma Menys Turisme, Més Vida, la movilización -que ha contado con un amplio respaldo del tejido asociativo, con 80 adhesiones entre entidades sociales, culturales, ecologistas, sindicales y vecinales de Mallorca- ha arrancado a las 10.00 horas desde la plaza dels Estiradors y ha avanzado por la calle Sa Lluna, una de las arterias comerciales más transitadas del municipio.

El recorrido a lo largo de esta vía ha convertido el propio paisaje urbano en parte del mensaje de la protesta: mientras cientos de manifestantes avanzaban, numerosos escaparates mostraban rótulos exclusivamente en inglés dirigidos al visitante extranjero. En apenas unos metros podían leerse reclamos como “Best specialty coffee”, “Local artisan cakes”, “Fine Majorcan wines” o anuncios de degustaciones de jamón ibérico, quesos y vinos en varios idiomas, evidencia de la transformación progresiva del centro histórico hacia un comercio cada vez más orientado al turista.

Entre las pancartas podían leerse mensajes como “Idealista: 6.581 €/m². Això és violència” (“Esto es violencia”), mientras otras resumían el malestar con lemas como “Qui estima Mallorca no la pot pagar” (“Quien quiere a Mallorca no la puede pagar”) o “Sense sostre, sense poble” (“Sin techo, sin pueblo”), en referencia a la dificultad de acceder a una vivienda en el municipio. Los manifestantes también han exhibido carteles que reclamaban preservar una “vida normal” frente a la “luxuria assassina” (“lujuria asesina”).

Lejos de presentar la protesta como un rechazo frontal al turismo, algunas de las pancartas trataban de romper esa identificación. Una de las más llamativas enumeraba profesiones como camareros, cocineros, taxistas, recepcionistas, médicos, maestros, abogados, agricultores, pescadores o periodistas bajo el lema “També som”, reivindicando que quienes trabajan directa o indirectamente para el turismo también sufren las consecuencias del actual modelo y forman parte de la protesta.La dimensión internacional del fenómeno también estuvo presente. Entre los carteles escritos en inglés podía leerse “This paradise has problems. Don't contribute”, un mensaje dirigido expresamente a los visitantes extranjeros para pedirles que sean conscientes de los efectos de la masificación turística sobre la vida cotidiana de los residentes.

Asimismo, la manifestación ha puesto el acento en la presión que soporta el territorio y en las consecuencias del actual modelo de crecimiento turístico, como han denunciado desde el GOB Mallorca: “El territorio, destrozado. Los pueblos y barrios, turistificados. Los espacios naturales, amenazados. La movilidad, colapsada. La vivienda, inaccesible. Las familias, ahogadas. Las casas, convertidas en un negocio. La especulación, desbocada. El agua, gastada. Las infraestructuras, saturadas”. En línea del mensaje lanzado por los organizadores, la histórica entidad ecologista ha reivindicado el “derecho a vivir en Mallorca” y ha reclamado detener “este modelo de crecimiento que lleva demasiado tiempo operando sin ningún tipo de medida sobre el territorio y sobre la gente”.

La movilización ha concluido a los pies del Ayuntamiento, en la plaza de la Constitució, donde los organizadores han leído un manifiesto con el que han vinculado la crisis de la vivienda con el peso creciente de las segundas residencias y la inversión inmobiliaria y han denunciado que casi la mitad del parque residencial balear no se destina a residencia habitual. El documento defiende la necesidad de intervenir el mercado, movilizar vivienda vacía y limitar determinadas operaciones especulativas para garantizar el acceso a la vivienda.

No en vano, la escalada sostenida en los últimos años revela hasta qué punto Sóller, en línea con la tendencia general de Balears, se ha convertido en un mercado fuertemente tensionado marcado por una elevada presión de la demanda -especialmente vinculada al negocio turístico y a los compradores internacionales-: el resultado es un encarecimiento que no solo eleva el coste de vida, sino que consolida un acceso cada vez más restrictivo a la vivienda para la población local.

La paradoja de Sóller queda reflejada en sus propios datos de vivienda: el municipio cuenta con 54 solares urbanos sin edificar, que suman unos 80.800 metros cuadrados de suelo disponible, además de 1.119 viviendas vacías, según el análisis realizado por el geógrafo 'solleric' Antoni Marcús a partir de datos del INE. Asimismo, los datos del Catastro de 2025 apuntan a una fuerte concentración de la propiedad en el municipio: en Sóller hay 4.892 propietarios que acumulan 6.432 inmuebles, mientras que el 38,8% de las viviendas está en manos de propietarios con dos o más inmuebles, frente al 43,7% en el conjunto de Balears y el 36,9% en España. A ello se suma el peso de la propiedad extranjera: 1.276 inmuebles de uso residencial, el 19,08% del total, son de propietarios foráneos, prácticamente uno de cada cinco y una proporción 3,5 veces superior a la media española.

El manifiesto ha dibujado un retrato de las consecuencias que, según los organizadores, está provocando el actual modelo turístico: estudiantes que llegan tarde a clase por la saturación del transporte y las carreteras, trabajadores incapaces de emanciparse con un salario convencional, familias que viven con incertidumbre ante cada renovación del alquiler y comercios tradicionales sustituidos por negocios orientados exclusivamente al consumo turístico. También han lamentado que numerosos residentes hayan dejado de sentir como propios espacios emblemáticos como el Port o la plaza, mientras la lengua y la cultura quedan relegadas a un papel “decorativo”. Asimismo, alertaron de la presión que soporta la costa de Sóller por el aumento de embarcaciones durante el verano y de la fragilidad ambiental de la Serra de Tramuntana.

“No harán retroceder un movimiento ciudadano y pacífico”

El texto también ha enlazado la convocatoria de Sóller con la gran manifestación del pasado 26 de julio en Palma, a la que, de acuerdo a las cifras de los organizadores, asistieron más de 70.000 personas. Los organizadores han denunciado la “criminalización” del movimiento contra la turistificación, han condenado la actuación policial durante aquella protesta y han asegurado que esos hechos no frenarán las movilizaciones. “Que quede bien claro que no harán retroceder un movimiento ciudadano y pacífico”, han aseverado.

Los portavoces han reclamado a las administraciones que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna, recordando el artículo 47 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y a impedir la especulación. “Exigimos a todas las instituciones que escuchen nuestras reivindicaciones y asuman sus obligaciones constitucionales”, han señalado.

El manifiesto ha concluido con un llamamiento a mantener la movilización en todas las islas para defender “el derecho a una vida digna” y con un mensaje dirigido a las instituciones y a la ciudadanía: “Ninguna economía puede considerarse un éxito si obliga a su propia gente a abandonar su casa”. La lectura terminó entre aplausos con una proclama que resumió el espíritu de la convocatoria: “Quien ama esta tierra no la vende, la defiende. Quien ama Sóller no lo explota. Quien ama Mallorca no la destruye”.

La convocatoria llegaba precedida de semanas de tensión y debate en el municipio. El paso de la marcha por el carrer de Sa Lluna había despertado las reticencias de parte del comercio local, preocupado por el impacto que pudiera tener la protesta en plena campaña de verano. Los organizadores decidieron mantener tanto el itinerario como el horario inicialmente previstos, argumentando que precisamente ese eje comercial simboliza los efectos que, a su juicio, la turistificación está provocando sobre el tejido económico tradicional de Sóller e insistiendo en que el objetivo no es perjudicar a los establecimientos, sino visibilizar que muchos comercios históricos están desapareciendo como consecuencia del incremento del precio de los alquileres comerciales y de un modelo orientado cada vez más al consumo turístico.

En declaraciones a elDiario.es, Bartomeu Miró, miembro de SOS Sóller, ha recriminado la “responsabilidad política” en el cierre de los bares de la plaza Constitució durante la protesta, lamentando que esta decisión ha generado un perjuicio económico a los negocios y aseverando que la protesta se habría desarrollado igualmente con normalidad. Para Miró, el principal problema que afronta Sóller va mucho más allá del colapso circulatorio o de la saturación de las carreteras: “El problema real es cómo la gente va dejando de vivir en Sóller”.

El integrante del movimiento nacido en 2024 para denunciar las dificultades que padecen los vecinos para llegar al pueblo en el que residen como consecuencia de los colapsos de tráfico y el auge de los coches de alquiler ha crticado que el precio de la vivienda se ha vuelto inasumible incluso para quienes trabajan en el municipio, tanto en el sector turístico como en otros ámbitos. “La gente que trabaja en Sóller no se puede permitir vivir en Sóller”, ha señalado, alertando de que se están generando “guetos de gente que viene a trabajar pero no puede vivir aquí”.

Hasta los años noventa, llegar a esta localidad de 14.000 habitantes implicaba atravesar las 70 curvas de la sinuosa carretera que cruza la Serra d'Alfàbia. Una vía que en 1847 puso fin al histórico aislamiento de la localidad, cuyas comunicaciones eran más fáciles con el sur de Francia y con la Península. Con el resto de la isla, únicamente podía conectarse por mar o cruzando toda la Serra de Tramuntana a lomos de una mula. La construcción del túnel de Sóller a finales del siglo XX supuso un antes y un después para esta localidad resguardada entre montañas. Objeto de continuas polémicas -entre ellas, un soborno millonario que cavó la tumba del expresidente balear Gabriel Cañellas (AP/PP)-, la infraestructura, de tres kilómetros de longitud, mejoró con creces las conexiones con este municipio e, irremisiblemente, el lugar se abrió en canal al turismo.

Desde hace varios años, los extranjeros se han lanzado a la compra masiva de viviendas en Sóller y en otros pueblos de la Serra de Tramuntana, provocando, como en tantos enclaves de Mallorca, un incremento desbocado de los precios de la vivienda y que la población local con menor poder adquisitivo no pueda hacer frente a los elevados costes. Hoy, el precio de una casa en Sóller puede llegar a costar más de cuatro millones de euros.

La manifestación de este sábado supone un nuevo paso dentro del calendario de movilizaciones impulsado este verano tras la gran protesta celebrada en Palma a finales de julio. Con ella, los colectivos pretenden mantener la presión social para reclamar cambios en las políticas de vivienda, turismo y ordenación territorial tanto al Govern como al Consell de Mallorca y a los ayuntamientos más afectados por la masificación turística. La marcha ha dejado, asimismo, espacio para las expresiones culturales. En un cajero automático de la calle Sa Lluna aparecía pegado un poema firmado con el nombre de Miquel M. Pou dedicado a la naturaleza y a la crítica de un modelo centrado únicamente en el beneficio económico. Sus versos invitaban a no olvidar “de qué están hechas nuestras batallas” ni que “existen otros mundos con solo bajar la mirada”.

Historizar el presente, reconociendo éxitos y debilidades, no suele ser fácil, y precisamente por ello es muy necesario. El domingo 26 julio, 70.000 personas llenaron las calles de Palma convocadas por la plataforma ‘Menys Turisme, Més Vida’ para denunciar los impactos del modelo turístico, en una de las manifestaciones más mayoritarias que se recuerdan en Mallorca y que consolida al movimiento contra la turistificación como el eje central de protesta en la isla. Parece que a veces no se es consciente del éxito de dicha afirmación, de la relevancia histórica de la articulación de este movimiento social, que no sólo es capaz de sacar gente a la calle sino de marcar la agenda política en la isla.

No es que la crítica a la turistificación haya pasado de los márgenes al centro en poco más de diez años, no es que hoy todo el espectro político asuma que hay que poner límites al turismo, es que parte de la izquierda política ha empezado a hablar de decrecimiento y el propio Partido Popular balear salió a criticar esta propuesta días antes de la manifestación, ejemplificando la emergente incidencia social de la misma.

Dicho esto, es cierto que, por ahora, la mayoría de victorias se quedan en el ámbito de los discursos y las hegemonías culturales, que muchas veces no se materializan en unas imprescindibles transformaciones políticas y jurídicas en unas Illes Balears donde el tándem PP-VOX domina la mayoría de instituciones, y de ahí la profunda frustración con el turismo que se experimenta a día hoy en amplias capas de la población mallorquina. Ahora bien, es alentador ver cómo esta frustración se está transformando en un activismo cada día más activo, más amplio y más creativo.

Por ahora, la mayoría de victorias se quedan en el ámbito de los discursos y las hegemonías culturales, que muchas veces no se materializan en unas imprescindibles transformaciones políticas y jurídicas en unas Illes Balears donde el tándem PP-VOX domina la mayoría de instituciones

Este ciclo de lucha se inauguró el 25 de mayo de 2024, cuando 10.000 personas salieron a la calle convocadas por la asociación Banc del Temps de Sencelles de forma relativamente espontánea y con poco más de diez días de antelación. La marcha se convocó inspirada en la enorme manifestación del mes anterior en las Islas Canarias, que sorprendió por su fuerza e incidencia, llenando noticias y portadas estatales e internacionales. Las manifestaciones y protestas se encadenaron en los meses siguentes en numerosas ciudades del Estado español, desde Barcelona y Mallorca a Málaga y Cádiz, desde Valencia y Eivissa a Donosti y Granada.

Ese verano de 2024, que sin duda podemos calificar como el verano del descontento con la turistificación en el Estado español, fue un punto de inflexión, el momento en que la crítica al modelo turístico pasó de ser un fenómeno localizado en ciertas ciudades y regiones a entrar con fuerza inusitada en el debate público. Esta es una transformación de gran calado, dado que el turismo no es únicamente central a la economía española desde los años 60, sino que forma parte de la propia estructura socio-política y cultural del estado. El turismo es, de hecho, fundacional de la modernidad española, y es por ello que ese cambio iniciado en el verano de 2024 es tan significativa, ya que representa un momento de quiebra en la relación histórica con el turismo.

Ese verano de 2024, que sin duda podemos calificar como el verano del descontento con la turistificación en el Estado español, fue un punto de inflexión, el momento en que la crítica al modelo turístico pasó de ser un fenómeno localizado en ciertas ciudades y regiones a entrar con fuerza inusitada en el debate público

En Mallorca, la manifestación de mayo de 2024 no era la primera que se convocaba. El movimiento de denuncia del overtourism (sobreturismo) viene de atrás. En octubre de 2023, la recién creada ‘Menys Turisme, Més Vida’ sacó 3.000 personas a las calles para protestar contra el Foro Europeo del Turismo y la reunión de ministros de Turismo de la Unión Europea celebrada en Palma. Un número similar ya se había manifestado en septiembre de 2017, convocadas por el GOB, Terraferida y el colectivo palmesano ‘Ciutat per a qui l’habita, no qui la visita’ (Palma para quien la habita, no quien la visita).

Precisamente ese verano de 2017 la crítica al turismo había saltado por vez primera al ámbito público con las acciones directas de la organización juvenil independentista Arran, entre ellas una protesta en la terraza de un bar en el Paseo Marítimo de Palma, que se saldó con 12 activistas detenidos. Como resumía el diario Última Hora este pasado 27 de julio, reflexionando sobre los inicios del malestar con el turismo: “Fue la primera gran protesta y provocó una ola de indignación. Pocos apoyos tuvo aquella acción”.

Y podemos ir más atrás, ya que el momento iniciático de la crítica al sobreturismo en Mallorca se puede trazar al verano de 2014, cuando el colectivo libertario Tot inclòs lanzó el primer número de su revista anual, donde activistas y académicos reflexionaban sobre los impactos del turismo en Baleares y proponían alternativas. Como se puede observar, ya desde sus inicios el movimiento combina protesta y reflexión y se define por la actividad de multitud de colectivos y asociaciones de todo tipo, vecinales, culturales, sociales, etc. Con estos precedentes y muchísimos más que no caben aquí, la manifestación de mayo de 2024 es la primera que logra movilizar más allá de los círculos activistas, dando inicio al nuevo ciclo de lucha.

Podemos ir más atrás, ya que el momento iniciático de la crítica al sobreturismo en Mallorca se puede trazar al verano de 2014, cuando el colectivo libertario 'Tot inclòs' lanzó el primer número de su revista anual, donde activistas y académicos reflexionaban sobre los impactos del turismo en Baleares y proponían alternativas

En junio y julio de 2024 la historia se acelera. Todas las tensiones que los movimientos sociales llevaban años denunciando, todo el malestar que la ciudadanía había ido acumulando por la expansión incesante de un modelo turístico profundamente injusto y desigual, estallaron. Las acciones de protesta se multiplicaron, ya fueran organizadas o espontáneas. Dos ejemplos bastan para ilustrarlo. Como respuesta a la manifestación de mayo, la portavoz de Vox en el Parlament balear afirmó que ‘los mallorquines no podemos pretender ir en julio y agosto a la playa como hace años’, haciendo patente la desposesión y expulsión que define el modelo turístico en la isla. Sus declaraciones causaron indignación en muchos sectores y dieron cabo a la creación del Mallorca Platja Tour, colectivo que desde las redes sociales convocaba a los mallorquines a ocupar playas masificadas en días concretos.

Su protesta más conocida se llevó a cabo el 16 de junio en el Caló des Moro, cala que había saltado a las televisiones estatales en 2021 por las colas de cuatro horas que llegaban a hacer los visitantes. El éxito de asistencia fue desbordante, más de 400 personas ocuparon durante cinco horas una de las calas más emblemáticas de la isla bajo la pancarta ‘#OcupemLesNostresPlatges’ (Ocupemos Nuestras Playas), en una protesta de carácter festivo cuya imagen más icónica mostraba a un grupo de manifestantes en bañador danzando ball de bot – una forma completamente novedosa de participar en este baile tradicional mallorquín, adaptándolo para una celebración reivindicativa.

De forma más espontánea, el 11 de julio una veintena de vecinos de Son Macià montaron una barricada con balas de paja para impedir las excursiones de buggies turísticos que se realizan sin permiso ni regulación alguna, destrozando los paisajes y afectando la vida comunitaria de las zonas rurales de la isla. La protesta, que los activistas enmarcaron de forma explícita en la campaña ‘Menys Turisme, Més Vida’, tenía de nuevo un carácter lúdico, con los vecinos comiendo melón y jugando a cartas, sentados encima de las balas de paja que cortaban la estrecha carretera rural. Como vemos, los activistas articulan su denuncia de la turistificación mediante creativas formas de protesta político-festiva que (re)construyen los lazos comunitarios afectados por el modelo turístico.

En paralelo, ‘Menys Turisme, Més Vida’ llamó a nueva manifestación en Palma para el 21 de julio, organizada esta vez con más tiempo y planificación. La asistencia superó las expectativas más optimistas: 50.000 personas salieron a la calle bajo el lema ‘Canviem el Rumb. Posem Límits al turisme’ (Cambiemos el Rumbo. Pongamos límites al turismo). Este éxito desbordante demostró que la manifestación de mayo no era la explosión de un malestar pasajero, sino la emergencia de la crítica a la turistificación como eje clave de lucha en la Mallorca de hoy día. Desde entonces, las acciones, actividades y protestas de todo tipo no han dejado de sucederse. En julio de 2025, por ejemplo, nacen los sopars a la fresca del colectivo Brunzzit, cenas comunitarias que llenan las turistificadas plazas del centro de Palma, que por un día dejan de estar repletas de terrazas al servicio de la economía turística y pasan a ser disfrutadas por los residentes de forma comunitaria y no consumista.

Si el Mallorca Platja Tour reclama las playas, emblema del turismo de masas que coloniza la costa desde los años 60, los sopars a la fresca recuperan las cascos antiguos urbanos, que han sido literalmente invadidos por establecimientos hosteleros en el modelo más reciente del sobreturismo. Unas semanas antes, el 15 de junio de 2025, ‘Menys Turisme, Més Vida’ convocó una nueva marcha, a la que asistieren más de 30.000 personas bajo el lema ‘Pel dret a una vida digna. Stop turistificació’ (Por el derecho a una vida digna. Stop turistificación). El éxito de asistencia un año más confirmó la consolidación de un movimiento ya masivo, muy bien articulado ideológicamente, cuyo éxito estriba en combinar la denuncia de todos los impactos del turismo y la lucha por el derecho a la vivienda junto el influyente ecologismo tradicional de la isla, los nuevos movimientos contra la emergencia climática y el soberanismo de izquierdas que reivindica el derecho de la sociedad mallorquina a decidir el modelo turístico.

En la isla, de hecho, la turistificación se ha convertido en la problemática que engloba las múltiples crisis que sufren las poblaciones del sur de Europa desde la crisis financiera del 2008, y por ello la denuncia de dicho modelo se articula desde diversos ejes de luchas compartidas. Dentro de esta enorme variedad, el colectivo ‘Menys Turisme, Més Vida’ emerge como el aglutinador de un activismo descentralizado que se ha desplegado por toda la isla y que a la vez es capaz de organizar manifestaciones multitudinarias.

La turistificación se ha convertido en la problemática que engloba las múltiples crisis que sufren las poblaciones del sur de Europa desde la crisis financiera del 2008, y por ello la denuncia de dicho modelo se articula desde diversos ejes de luchas compartidas

Si bien en los últimos dos años la crisis del modelo turístico ya ha sido asumida por muchos actores políticos y económicos, incluido el Partido Popular y sectores relevantes de la industria turística, las medidas impulsadas por las instituciones públicas han sido pocas y en su mayoría cosméticas, que no han impulsado ningún cambio de calado. Esta falta de iniciativa política y legislativa, unida a la enorme distancia entre los discursos y las medidas, no ha hecho más que aumentar la frustración de la población, que ve como sus condiciones de vida no dejan de empeorar. En este contexto, este mes de julio la historia se acelera de nuevo.

A finales del pasado mes de junio, ‘Menys Turisme, Més Vida’ llama a una nueva manifestación para el 26 de julio, tornándola un evento anual donde los residentes recuperan las calles de Palma, siendo ellos quienes la masifican por un día. El 7 de julio, la plataforma publica un manual de acción directa no violenta contra la turistificación, en el cual llama a actuar contra negocios e intereses asociados al modelo turístico. El manual causa una importante controversia y es criminalizado por las derechas y la poderosa industria turística, con la Federación Hotelera acusando a la plataforma de ‘coacción’ e ‘intimidación’. Ante estos ataques, ‘Menys Turisme, Més Vida’ no se amedrenta y defiende la acción directa como una herramienta histórica de los movimientos sociales, encuadrando dichas acciones en la nula respuesta institucional a las masivas movilizaciones de los últimos años.

A la semana siguiente, el 15 de julio, dos jóvenes activistas del pequeño pueblo de Santa Maria son detenidas en un inusitado y mediático operativo de la Guardia Civil, que las acusa de pintadas en cinco inmobiliarias del pueblo y pretende imputarles el delito de pertenencia a organización criminal. La absoluta desproporción de las acusaciones y de la operación policial sin mandato judicial, junto a la imagen de dos activistas entrando a los juzgados esposadas por unas pintadas, causa extrema indignación en numerosos sectores sociales y políticos, que denuncian la manifiesta intencionalidad política, contextualizándola en un intento de criminalizar el movimiento y hacer fracasar la manifestación de finales de mes.

Nada más lejos de la realidad: la marcha del día 26 es un éxito absoluto que pulveriza la asistencia a las anteriores, con un ambiente muy familiar y festivo. Esto cambia hacía al final, cuando de forma sorprendente la policía no deja entrar a muchos manifestantes a un semivacío recinto de Ses Voltes para escuchar la lectura del manifiesto. Ante esta incomprensible decisión, el ambiente se va caldeando, con manifestantes que reclaman poder entrar y la policía que empieza las primeras cargas. Estas se alargan más de tres horas, en una de las intervenciones más violentas que se recuerdan en la isla, que deja numerosas imágenes impactantes y más de 20 heridos. La indignación social es enorme y llega desde sectores muy diversos, algunos de ellos generalmente poco proclives a criticar las actuaciones policiales.

Las cargas policiales se pueden leer como un episodio más en el intento de criminalización del movimiento, que de nuevo fracasa. Algunos comentaristas han lamentado que hablar de la violencia policial desvía la crítica a la turistificación, pero existe un lectura alternativa: la persecución policial expone de forma prístina que estamos ante un conflicto democrático y de clase, que atañe al uso de los recursos de la isla, y por ello los aparatos del estado defienden el status quo del orden establecido. En otras palabras, la intensificación del conflicto que se ha visto este mes de julio nuestra de forma patente que las soluciones sólo pueden pasar por medidas estructurales que se atrevan a ir a la raíz del problema y redefinan el modelo de acumulación turística que ha imperado en las isla en los últimos 70 años – dada la enorme magnitud de este objetivo, uno de los retos del movimiento será gestionar la distancia entre sus propuestas y el impacto real de las posibles medidas que se implementen.

La persecución policial expone de forma prístina que estamos ante un conflicto democrático y de clase, que atañe al uso de los recursos de la isla, y por ello los aparatos del estado defienden el status quo del orden establecido

En cualquier caso, es poco probable que esta transformación llegue sin cierta conflictividad social, y precisamente por ello es muy relevante ver algunas de las creativas pancartas hechas a mano que se vieron en la manifestación, que resignificaban el concepto de violencia poniendo el énfasis en las dinámicas de desposesión activadas por la turistificación, como por ejemplo, ‘A tu te molesta una pintada, a mi no tenir casa’ ('A ti te molesta una pintada, a mí no tener casa'), ‘Violència és que ens treguin de ca nostra’ ('Violencia es que nos expulsen de casa'), ‘Criminal és expulsar-nos de ca nostra’ ('Criminal es expulsarnos de casa') o, expresado de forma más clara, ‘Santa Maria marca el camí’ ('Santa Maria marca el camino').

En el catalán de la isla, el término ‘ca nostra’ ha funcionado históricamente tanto para referirse al hogar familiar como a la propia isla, noción que aprovechan estas pancartas para mostrar como la turistificación no sólo está imposibilitando el acceso a una vivienda, sino también obligando a muchos residentes a tener que marchar de la isla, territorio limitado y finito. El desplazamiento, la expulsión de la comunidad local, aparecía denunciado de forma explícita en diversas pancartas, que expresaban el deseo poder continuar viviendo en la isla: desde ‘Volem viure on hem nascut’ (Queremos vivir donde hemos nacido) y ‘No volem marxar’ (No queremos marchar) a ‘Vull diure al meu poble, fora AirBnb’ (Quiero vivir en mi pueblo, fuera AirBnb) y ‘El vostre negoci, el nostre exili’ (Vuestro negocio, nuestro exilio).

Estos mensajes van más allá de reclamar el derecho a la vivienda, apuntando al ‘derecho a la isla’, noción teorizada por Eric Clark basándose en las ides de Henri Lefebvre sobre el ‘derecho a la ciudad’, y que recientemente Alejandro Armas-Díaz, Ivan Murray y Macià Blázquez han aplicado al contexto mallorquín y canario, enfatizando el derecho de las poblaciones locales a decidir sobre los procesos socio-económicos que determinan la vida de las islas.

Estos mensajes van más allá de reclamar el derecho a la vivienda, apuntando al ‘derecho a la isla’, noción teorizada por Eric Clark basándose en las ides de Henri Lefebvre sobre el ‘derecho a la ciudad’, y que recientemente Alejandro Armas-Díaz, Ivan Murray y Macià Blázquez han aplicado al contexto mallorquín y canario

En este sentido, es muy relevante que en un momento en que el Govern balear y la industria turística no dejan de hablar de sostenibilidad, ninguna de las pancartas reivindicase un concepto tan manido como vacío de contenido. De hecho, muchos de estos mensajes superan la noción de sostenibilidad para poner el foco en como la turistificación de la isla imposibilita el derecho a una vida digna, contradicción que ya aparece inequívocamente articulada en el lema ‘Menys Turisme, Més Vida’. Esta madurez ideológica también se ha observado en la menor presencia de carteles a mano culpabilizando a los turistas, lo que indica una tendencia creciente a centrar la crítica en el sistema y sus estructuras de poder más que en la fácil y reduccionista alteridad entre locales y visitantes. De hecho, muy probablemente el foco de las acciones directas en intereses de la industria turística ha contribuido a señalar a los responsables de esta crisis, que no es causada por los propios turistas.

En los últimos 15 años, la turistificación no ha dejado de aumentar hasta niveles que pocos podían imaginar, expandiéndose a todos los ámbitos de la vida cotidiana de la comunidad local, afectando su sentido de pertenencia al lugar. En julio de 2023 publiqué un artículo en elDiario.es analizando como la cultura mallorquina reciente ha representado el turismo como un trauma colectivo, y esta noción cada vez se hace más patente en la propia experiencia vital de muchos residentes, que experimentan la imposibilidad de escapar, ni que sea por un rato, a la presencia abrumadora, en constante expansión, de la turistificación, tanto en sus aspectos materiales como en los simbólicos.

Uno de las manifestaciones más devastadoras de este trauma es la cada vez más extendida imposibilidad de imaginar no ya un futuro mejor, sino un futuro en la propia isla, como expresaban pancartas con mensajes como ‘La meva vida és aquí, el meu futur ja no’ (Mi vida es aquí, mi futuro ya no), ‘Vaig néixer aquí, hi podré viure?’ (He nacido aquí, ¿podré quedarme?) o, expresado de forma más cruda, ‘El turisme mata el nostre futur’ (El turismo mata nuestro futuro). Ante esta realidad traumática, la construcción del movimiento contra la turistificación no sólo consigue que la comunidad recupere su agencia histórica, sino que además la (re)articula, recuperando el apego al lugar, activando la memoria de la lucha por los derechos colectivos y creando nuevos vínculos con el territorio y con la propia comunidad.

Tal y como ya apuntaba en mi artículo, la organización popular y movilización social es la mejor forma, sino la única, de superar el trauma, logrando que la comunidad local se reconozca no en la resignación, sino en la movilización, la rabia y la alegría. Esto queda más que patente en la pancarta que portaba una de las manifestantes, que afirmaba ‘Ca nostra no es ven, es defensa’ (Nuestro hogar/Mallorca no se vende, se defiende). Es precisamente en esta defensa de la comunidad local que la imaginación de un futuro mejor y en la isla puede ser articulada, tal y como expresaba de forma muy clara otra de las pancartas: ‘Vull un futur a la nostra illa’ (Quiero un futuro en nuestra isla). Así sea.

Un total de 25 persones s'han posat en contacte amb l'entitat Alerta Solidària i la plataforma Menys Turisme, Més Vida amb l'objectiu d'interposar una denúncia per les lesions sofertes durant les càrregues de la Policia Nacional al final de la multitudinària manifestació contra la turistificació celebrada el passat 26 de juliol a Palma.

Així ho han anunciat aquest dimarts en roda de premsa el portaveu de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, i el representant d'Alerta Solidària, Àlvar Hervalejo, que han explicat que, del total d'afectats, 16 van necessitar assistència mèdica, la majoria per hematomes i contusions en diferents parts del cos. Dos dels ferits, segons les entitats, van patir lesions de més gravetat: un d'ells va necessitar sis punts de sutura després de patir una fractura cranial i va rebre l'alta l'endemà, mentre que l'altre va romandre hospitalitzat durant dos dies després que se li detectés una hemorràgia interna, motiu pel qual va quedar ingressat en observació amb pronòstic reservat.

Entre els lesionats també hi ha un fotoperiodista que cobria la protesta i que va patir una ferida al cap després de rebre l'impacte d'una defensa policial, un episodi que està sent objecte d'una investigació interna oberta per la mateixa Policia Nacional.

A partir dels informes mèdics emesos per hospitals i centres sanitaris, Alerta Solidària ha començat a estudiar cadascun dels casos i a preparar les corresponents denúncies, tant individuals com a través d'una possible acció judicial conjunta. Amb aquest objectiu, l'entitat està recopilant informes mèdics, enregistraments i material audiovisual de les càrregues per identificar els agents que van intervenir en el dispositiu i dirigir-hi les corresponents accions legals, segons ha explicat Hervalejo.

En paral·lel, també està analitzant les nombroses fotografies i vídeos enregistrats durant l'actuació policial per identificar el màxim nombre possible d'agents, atribuir-los les actuacions concretes que consideren lesives i aportar aquesta informació als jutjats. En els casos que consideren més greus, especialment els de les dues persones amb fractures cranials, estudien presentar querelles penals.

A més de les accions dirigides contra els agents que van participar en les càrregues, Alerta Solidària planteja denunciar els comandaments policials per un presumpte delicte contra l'exercici del dret fonamental de manifestació, previst a l'article 540 del Codi Penal. L'organització considera que l'actuació policial podria haver vulnerat aquest dret i reclama que s'investiguin la cadena de comandament i les ordres impartides durant el dispositiu.

Durant la compareixença, les entitats han traslladat un missatge de suport a totes les persones afectades per la intervenció policial, tant a les que van patir lesions físiques com a les que van presenciar les càrregues. “No us deixarem sols”, han subratllat, abans de reiterar l'exigència que s'assumeixin responsabilitats polítiques. En aquest sentit, han tornat a reclamar la dimissió del delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, i han exigit explicacions sobre la cadena de comandament i les decisions que, al seu parer, van desembocar en uns desordres públics que “no existien abans de l'actuació policial”.

Els col·lectius també han llançat un missatge de cara a la mobilització convocada aquest dissabte a Sóller, un dels municipis més colpejats per la massificació turística i la crisi de l'habitatge a Mallorca. Sota el lema 'Sóller, al límit', Menys Turisme, Més Vida i el Moviment Jove de Sóller volen denunciar, a través d'aquesta mobilització, la “degradació” que, al seu parer, està provocant la la turistificació de la localitat.

En aquest sentit, el portaveu de Menys Turisme, Més Vida**,** ha demanat expressament que “els agents uniformats que van provocar els episodis de violència” durant la manifestació de Palma no formin part del dispositiu, alhora que ha assegurat que el moviment no renunciarà a continuar mobilitzant-se. “No deixarem que la violència policial coaccioni un moviment social i polític que té raó, que té legitimitat i que és majoritari a l'illa. El que ens fa por és no fer res per revertir els efectes desastrosos del turisme massiu; la vostra repressió no ens aturarà”, ha sentenciat.

Un total de 25 personas se han puesto en contacto con la entidad Alerta Solidària y la plataforma Menys Turisme, Més Vida con el objetivo de interponer denuncia por las lesiones sufridas durante las cargas de la Policía Nacional al término de la multitudinaria manifestación contra la turistificación celebrada el pasado 26 de julio en Palma.

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa el portavoz de Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, y el representante de Alerta Solidària, Àlvar Hervalejo, quienes han explicado que, de la totalidad de afectados, 16 necesitaron asistencia médica, la mayoría por hematomas y contusiones en distintas partes del cuerpo. Dos de los heridos, según las entidades, sufrieron lesiones de mayor gravedad: uno de ellos requirió seis puntos de sutura tras sufrir una fractura craneal y recibió el alta al día siguiente, mientras que el otro permaneció hospitalizado durante dos días al detectársele una hemorragia interna, por lo que quedó ingresado en observación con pronóstico reservado.

Entre los lesionados figura también un fotoperiodista que cubría la protesta y que sufrió una brecha en la cabeza tras recibir el impacto de una defensa policial, un episodio que está siendo objeto de una investigación interna abierta por la propia Policía Nacional.

A partir de los partes médicos emitidos por hospitales y centros sanitarios, Alerta Solidària ha comenzado ya a estudiar cada uno de los casos y a preparar las correspondientes denuncias, tanto a nivel individual como a través de una posible acción judicial conjunta. Para ello, la entidad está recopilando informes médicos, grabaciones y material audiovisual de las cargas con el objetivo de identificar a los agentes que intervinieron en el operativo y dirigir contra ellos las correspondientes acciones legales, según ha explicado Hervalejo.

En paralelo, está analizando las numerosas fotografías y vídeos registrados durante la actuación policial con el objetivo de identificar al mayor número posible de agentes, atribuirles las actuaciones concretas que consideran lesivas y aportar esa información a los juzgados. En los casos que consideran más graves, especialmente los de las dos personas con fracturas craneales, estudian presentar querellas penales.

Además de las acciones dirigidas contra los agentes que participaron en las cargas, Alerta Solidària plantea denunciar a los mandos policiales por un presunto delito contra el ejercicio del derecho fundamental de manifestación, previsto en el artículo 540 del Código Penal. La organización considera que la actuación policial pudo vulnerar este derecho y reclama que se investigue la cadena de mando y las órdenes impartidas durante el dispositivo.

Durante la comparecencia, las entidades han trasladado un mensaje de apoyo a todas las personas afectadas por la intervención policial, tanto a quienes sufrieron lesiones físicas como a quienes presenciaron las cargas. “No os dejaremos solos”, han subrayado, antes de reiterar su exigencia de que se asuman responsabilidades políticas. En este sentido, han vuelto a reclamar la dimisión del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, y han exigido explicaciones sobre la cadena de mando y las decisiones que, a su juicio, desembocaron en unos desórdenes públicos que “no existían antes de la actuación policial”.

Los colectivos lanzado, asimismo, un mensaje de cara a la movilización convocada este sábado en Sóller, uno de los más golpeados por la masificación turística y por la crisis de la vivienda en Mallorca. Bajo el lema 'Sóller, al límit', Menys Turisme, Més Vida y el Moviment Jove de Sóller quieren denunciar a través de esta movilización la “degradación” que, a su juicio, está provocando la turistificación de la localidad.

En este sentido, el portavoz de Menys Turisme, Més Vida ha pedido expresamente que “los agentes uniformados que provocaron los episodios de violencia” durante la manifestación de Palma no formen parte del dispositivo, al tiempo que ha asegurado que el movimiento no renunciará a seguir movilizándose. “No dejaremos que la violencia policial coaccione un movimiento social y político que tiene razón, que tiene legitimidad y que es mayoritario en la isla. Lo que nos da miedo es no hacer nada para revertir los efectos desastrosos del turismo masivo; vuestra represión no nos detendrá”, ha sentenciado.