Cientos de personas se enfrentaron este martes por la noche con la policía de Southampton, en el sur de Inglaterra, durante las protestas por el asesinato de un estudiante y la reacción de los agentes que confundieron al agresor con la víctima. 

En diciembre, tras un encuentro casual por la calle, Vickrum Digwa, de 23 años, apuñaló a Henry Nowak, de 18, con un cuchillo de 21 centímetros. Ambos eran británicos. Digwa llevaba un turbante de religión sij y, cuando llegó la policía, se hizo pasar por víctima de un ataque racista y acusó a Nowak, que yacía agonizando en el suelo, de haberlo atacado por su religión. La policía esposó por error a la víctima, que repetía que no podía respirar y había sido apuñalado. “No lo creo, tío”, le dijo un agente a Nowak, según muestra el vídeo grabado por la cámara de los agentes y difundido esta semana en el juicio. 

La víctima estuvo esposada durante cerca de un minuto, hasta que desvaneció y la policía se dio cuenta de lo que estaba pasando y llamó a una ambulancia. Murió antes de que los sanitarios que acudieron a socorrerlo pudieran trasladarlo a un hospital.

Digwa fue condenado este lunes a cadena perpetua por el asesinato de Nowak y, aunque su pena se reduzca, deberá estar un mínimo de 21 años en prisión. Su madre también ha sido condenada por ayudarle a esconder el arma y está a la espera de una sentencia en julio.

“Pura ira”

Varios líderes de la extrema derecha dentro y fuera del Parlamento llaman ahora a la rebelión contra la policía y sus protocolos contra el racismo. 

Nigel Farage, el líder de Reform, animó a sus seguidores a mostrar su “profunda y pura ira” y comparó el caso británico con el asesinato de George Floyd en 2020 en Minneapolis, en Estados Unidos, a manos de un policía, que lo detuvo y lo asfixió con una maniobra de retención.

Stephen Christopher Yaxley-Lennon, líder de un grupo neonazi y que utiliza el seudónimo de Tommy Robinson, organizó la protesta en Southampton que degeneró en violencia, con lanzamientos de ladrillos y otros objetos contra la policía. Al menos 11 agentes resultaron heridos en los disturbios, según el jefe de policía de la zona. Dos personas han sido detenidas, y se espera que haya más arrestos según avance la investigación de los incidentes.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, que es negra, pidió terminar con las políticas contra el racismo en la policía. “La policía ya no sabe hacer lo correcto”, dijo. Según ella, la causa es la “formación sin sentido que llegó después de Black Lives Matter”, en referencia al movimiento social en Estados Unidos para denunciar las muertes de personas negras a manos de la policía. El Gobierno laborista ya ha anunciado que revisará el compromiso antirracismo de la policía, una guía de comportamiento elaborada tras una consulta pública en 2021, durante el Gobierno conservador de Boris Johnson.

El padre de la víctima, Mark Nowak, denunció el trato “inhumano y degradante” de los agentes a su hijo en los últimos momentos de su vida, pero pidió calma. “No queremos que su muerte se use para crear más división, odio y tensión. Queremos que su historia sirva para hacer que nuestras calles sean más seguras para todo el mundo”, dijo. También pidió más control de los cuchillos: “La gente no puede pasear abiertamente por la calle con un cuchillo de 21 centímetros”.

La policía identificó el cuchillo como un kirpan, una daga ceremonial sij, pero una asociación británica de esta comunidad aseguró que el cuchillo que llevaba el asesino no era “el kirpan normal de un sij practicante”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, alabó a la familia de Nowak por su “extraordinaria dignidad”, prometió que habrá respuesta a “las preguntas serias” que deja el caso y condenó los disturbios.

“No hay justificación para más violencia y desorden. Los ataques dirigidos a los agentes de policía en Southampton anoche fueron vergonzosos y completamente inaceptables”, dijo en la Cámara de los Comunes este miércoles. “Este es el momento para un trabajo serio, no para la ira”.

En respuesta a una pregunta de Farage en el Parlamento sobre el supuesto doble rasero de la policía contra las personas blancas, Starmer contestó que el Gobierno examinaría las lecciones con seriedad y le criticó: “Explotar esta tragedia para crear resentimiento y división está mal en cualquier circunstancia, pero, cuando la familia ha dicho expresamente que por favor no se haga, es imperdonable”. “Esto muestra quién es él”, dijo, en referencia al líder de Reform.

Investigación

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ya ha anunciado una investigación sobre la actuación policial en diciembre. La familia de Nowak, dijo la ministra, “merece respuestas” después de ver el vídeo de la cámara de los agentes que describió como “perturbador y trágico”. La investigación sobre la actuación policial la llevará un organismo independiente de la policía encargado de aconsejar qué hacer con los agentes implicados y si hay protocolos que cambiar.

Pero la ministra rechazó que exista en el Reino Unido un doble rasero que perjudica a las personas blancas, como sostienen repetidamente Farage y sus aliados fuera del país, como Elon Musk, que utiliza desde hace años su red, X, para alentar este mensaje y animar a la violencia.

“La policía en este país tiene un deber sagrado: cumplir con su trabajo sin miedo ni favoritismos. Todo el mundo en este país es igual ante la ley”, dijo Mahmood, una laborista del ala más conservadora del partido. La ministra denunció “una corriente de fondo peligrosa” que anima a intimidar y a tomarse la justicia por su propia mano. El Ministerio del Interior condenó este miércoles las protestas violentas de las últimas horas.

Sarah Jones, la secretaria de Estado de la policía, llamó a la calma a la población y a que “deje que la justicia siga su curso”. “No sobreactuemos, que es también lo que la familia [de la víctima] nos está pidiendo”, dijo.

La Mesa de Les Corts Valencianes estudia un informe del departamento jurídico con el que decidirá si sanciona a las tres docentes que protestaron en defensa de la educación pública durante la sesión de control al president de la Generalitat del pasado 21 de mayo. El letrado del Parlamento plantea varias medidas que podría aplicar la presidenta, Llanos Massó, de Vox, a propuesta de los miembros de la Mesa, donde PP y la ultraderecha tienen mayoría. Fuentes del parlamento valenciano han explicado que todavía no se ha decidido nada y que, previsiblemente, en la próxima reunión del órgano del parlamento valenciano se propondrá una resolución.

El informe interno propone, entre las posibles medidas, sancionar a Compromís —el grupo parlamentario que invitó a las tres docentes— con la prohibición de invitar a terceras personas a la tribuna del hemiciclo durante un número de sesiones que determinaría la Mesa. Respecto a las docentes, el letrado cita dos precedentes —uno de Les Corts Valencianes y otro del Parlamento Vasco— y apunta a que la protesta podría encajar en un posible delito contra las instituciones del Estado o de desórdenes públicos. Sobre este último supuesto, matiza que podría no concurrir, al considerar que la protesta educativa “no tiene la intensidad de los precedentes”. En cualquier caso, sería la presidenta de Les Corts, también a propuesta de la Mesa, quien pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

En el precedente de Les Corts Valencianes, la condena a dos sindicalistas de UGT que protestaron contra el Consell de Eduardo Zaplana durante un pleno del año 2000 se saldó con una multa de 350 euros por un delito contra las instituciones del Estado. En el caso del Parlamento Vasco, dos activistas fueron condenados a nueve meses de prisión, también por un delito contra las instituciones del Estado.

En el caso de las tres docentes —que el propio informe considera de “menor intensidad” que los dos precedentes—, las huelguistas gritaron “consellera, dimisión” y lanzaron chalecos con el lema Docents en lluita, además de billetes falsos de 200 euros con el rostro de la consellera, María Carmen Ortí, y del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referencia a la propuesta de subifa salarial a los docentes que los sindicatos y la inmensa mayoría de profesoras y maestros han rechazado. Las tres mujeres abandonaron el hemiciclo acompañadas por trabajadores de Les Corts sin oponer resistencia. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Generalitat procedieron a identificarlas.

La presidenta Llanos Massó no presidió las Corts ese día por un asunto familiar y fue el vicepresidente Alfredo Castelló, del PP, quien tuvo que lidiar con la protesta, que duró unos pocos segundos.

La Mesa de les Corts Valencianes estudia un informe del departament jurídic amb què decidirà si sanciona les tres docents que van protestar en defensa de l'educació pública durant la sessió de control al president de la Generalitat del passat 21 de maig. El lletrat del Parlament planteja diverses mesures que podria aplicar la presidenta, Llanos Massó, de Vox, a proposta dels membres de la Mesa, on el PP i l'ultradreta tenen majoria. Fonts del parlament valencià han explicat que encara no s'ha decidit res i que, previsiblement, en la pròxima reunió de l'òrgan rector de la cambra es proposarà una resolució.

L'informe intern proposa, entre les possibles mesures, sancionar Compromís —el grup parlamentari que va convidar les tres docents— amb la prohibició de convidar terceres persones a la tribuna de l'hemicicle durant un nombre de sessions que determinaria la Mesa. Respecte a les docents, el lletrat cita dos precedents —un de les Corts Valencianes i un altre del Parlament Basc— i apunta que la protesta podria encaixar en un possible delicte contra les institucions de l'Estat o de desordres públics. Sobre aquest últim supòsit, matisa que podria no concórrer, en considerar que la protesta educativa “no té la intensitat dels precedents”. En qualsevol cas, seria la presidenta de les Corts, també a proposta de la Mesa, qui posaria els fets en coneixement de la Fiscalia.

En el precedent de les Corts Valencianes, la condemna a dos sindicalistes d'UGT que van protestar contra el Consell d'Eduardo Zaplana durant un ple de l'any 2000, es va saldar amb una multa de 350 euros per un delicte contra les institucions de l'Estat. En el cas del Parlament Basc, dos activistes van ser condemnats a nou mesos de presó, també per un delicte contra les institucions de l'Estat.

En el cas de les tres docents —que el propi informe considera de “menor intensitat” que els dos precedents—, les vaguistes van cridar “consellera, dimissió” i van llançar jupetins amb el lema “Docents en lluita”, a més de bitllets falsos de 200 euros amb el rostre de la consellera, María Carmen Ortí, i del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en referència a la proposta de pujada salarial als docents que els sindicats i la immensa majoria de professores i mestres han rebutjat. Les tres dones van abandonar l'hemicicle acompanyades per treballadors de les Corts sense oposar resistència. Posteriorment, agents de la Policia Nacional adscrits a la Generalitat van procedir a identificar-les.

La presidenta Llanos Massó no va presidir les Corts aquell dia per un assumpte familiar i va ser el vicepresident Alfredo Castelló, del PP, qui va haver de bregar amb la protesta, que va durar uns pocs segons.

La plaza de la Virgen de València ha amanecido este martes con 31 tiendas de campaña rodeando el espacio, donde cerca de 50 docentes han pasado una noche “tranquila” y donde piensan continuar hasta que la Conselleria de Educación “muestre una voluntad negociadora”.

En el marco de la cuarta semana de huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, esta iniciativa ha surgido de forma “espontánea e informal”, según ha contado a EFE Carlos Boix, uno de los portavoces de la acampada, situada a los pies de la Catedral, la Basílica y el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, Boix ha señalado que la intención es continuar ocupando la plaza de forma indefinida hasta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, “muestre una voluntad negociadora que hasta ahora no ha tenido”.

El organizador ha explicado que a lo largo del día establecerán un sistema de rotaciones para que “haya movimiento y presencia todo el rato” y ha asegurado que “cuanto más gente venga, mejor”, al igual que por las noches: “Esto es libre, quien quiera puede quedarse”, ha añadido.

Esta mañana se han podido contar más de 30 tiendas de campaña, una de ellas preparada con toldos y llena de provisiones de comida, agua y refrescos, donde los docentes se han podido proteger del sol y alimentarse con productos como fruta, dulces, empanadillas y botellas de agua guardadas en neveras de playa.

Además de acampar, los docentes tienen previsto hacer talleres de pancartas, de resistencia pacífica y otras actividades como conciertos, que irán preparando conforme pase el tiempo, además de organizarse por comisiones para controlar la logística, traer material de limpieza y más comida.

La autorización debe ser municipal

Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que “todo elemento de ocupación de la vía pública” debe tener la autorización del Ayuntamiento, por lo que su incumplimiento “será una falta administrativa que el consistorio deberá proceder a resolver acorde a su propia normativa”.

En cuanto a la acampada de València, las propias ordenanzas del Consistorio valenciano señalan que la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal (artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal), que prohíben la pernocta y acampada (artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines).

La Delegación del Gobierno, explican, garantiza la protección del derecho de reunión. Además, tal y como recoge el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana”.

La Delegación del Gobierno deberá garantizar el derecho fundamental de reunión así como la seguridad de quienes lo ejercen y de quienes transitan alrededor: “En ello seguiremos trabajando”.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha endurit aquest dilluns el to del seu discurs contra els docents en vaga quan el conflicte entra en la seua quarta setmana sense que la Generalitat haja aconseguit plantejar un pla prou ambiciós per a convéncer milers de treballadors públics de tornar a les aules i deixar de perdre milers d'euros amb les aturades. El cap del Consell ha situat les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) com una “línia roja” en la negociació amb els sindicats docents. Ha advertit que el Consell no acceptarà “cap tipus de negociació” si es produeixen accions de pressió que afecten el normal desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, una situació difícil que es produïsca després que s'hagen decretat uns serveis mínims del 100% i s'hagen constituït tots els tribunals, tot i la dimissió d'uns 200 correctors.

A més, el president ha acusat part dels sindicats de generar “tensió” en el conflicte i ha defensat que el dret a la protesta “no pot traduir-se en perjudicis per als estudiants”. Pérez Llorca ha carregat contra els docents vaguistes per suposades “coaccions” a companys. En concret, ha al·ludit a denúncies de la Conselleria d'Educació sobre pressions a professors que no volen secundar la vaga i a grups de WhatsApp en els quals s'hauria difós informació personal de la consellera d'Educació, Carmen Ortí, el departament de la qual ha habilitat una bústia de denúncies. El president ha afirmat que cap professor “s'identifica” amb els qui “filtren el domicili de la consellera i de la seua família” o amb els qui pressionen altres docents. El cap del Consell també ha parlat de grups a les xarxes socials que, segons ell, “inciten a actes vandàlics”.

Més llenya al foc ha tirat el conseller d'Hisenda i anterior titular d'Educació, José Antonio Rovira. “Cal donar-los 600 euros perquè vulguen?”, ha afirmat Rovira, que sosté que amb la proposta de pujada de 200 euros de la Generalitat els docents valencians quedarien entre els “millor pagats d'Espanya”.

Mentre Pérez Llorca i Rovira endureixen el seu discurs contra els docents, el col·lectiu comença a assenyalar també la Presidència de la Generalitat davant la falta d'acord amb la Conselleria d'Educació. Aquest dilluns, dues grans concentracions han entelat els dos actes del president: un al matí a la Ciutat de la Llum d'Alacant, sobre cinema, i un altre a la vesprada al Palau de la Música de València, durant el lliurament dels premis de la Generalitat a l'excel·lència acadèmica. En l'acte vespertí, el cap del Consell va haver d'accedir en cotxe oficial per l'aparcament de l'edifici públic i no per la porta principal, com és habitual, on l'esperaven centenars de manifestants reclamant millores en educació.

L'acte va començar passades les 18.30, però més d'una hora abans ja hi havia centenars de persones corejant els ja habituals lemes de “consellera, dimissió”, “vergonya” o “Pérez Llorca, on estàs?”. Les protestes van estar acompanyades per una banda de música que va amenitzar la vesprada. Els concentrats també van tindre temps per recordar la dona ferida aquest diumenge per un agent de la Policia Nacional que, segons denuncien els convocants, la va agredir per l'esquena mentre es manifestava en un carrer pròxim a la Conselleria d'Educació.

Els sindicats majoritaris (STEPV, CCOO i UGT) mantenen la vaga indefinida i han convocat una manifestació per a aquest dimarts a les 11.00 hores pel centre de València. La marxa conclourà a la plaça de la Mare de Déu, al costat del Palau de la Generalitat, on té el despatx el president.

Aquest dilluns, la Conselleria d'Educació va traslladar als sindicats majoritaris les seues noves propostes per a continuar negociant. De la documentació aportada, únicament les propostes sobre ràtios i plantilles incorporen millores. En qüestions com la burocràcia, les infraestructures, la inclusió educativa, el valencià, la Formació Professional i les condicions laborals, el departament que dirigeix María Carmen Ortí manté l'oferta presentada el 29 de maig, sobre la qual no es va assolir cap acord amb els sindicats.

“L'atomització o el retard intencionat de les negociacions per part de l'Administració ha quedat confirmat aquest dilluns, quan alguns representants de la unitat sindical han pogut comprovar el funcionament de les meses de treball plantejades per la Conselleria. Tot i que els sindicats havien de disposar prèviament de la documentació a tractar, l'han rebuda concretament 44 minuts abans de l'inici de la mesa. A més, els canvis són poc significatius i no tenen prou calat per a considerar-los rellevants. Així mateix, una mesa en què ni el secretari autonòmic ni la consellera participen difícilment pot introduir canvis importants, ja que els directors generals no disposen de competències per a acceptar modificacions que impliquen una partida econòmica superior”, han denunciat els tres sindicats.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha endurecido este lunes el tono de su discurso contra los docentes en huelga cuando el conflicto entra en su cuarta semana sin que la Generalitat haya logrado plantear un plan lo suficientemente ambicioso como para convencer a miles de trabajadores públicos de volver a las aulas y dejar de perder miles de euros con los paros. El jefe del Consell ha situado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) como una “línea roja” en la negociación con los sindicatos docentes. Ha advertido de que el Consell no aceptará “ningún tipo de negociación” si se producen acciones de presión que afecten al normal desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad, una situación difícil de que se produzca después de que se hayan decretado unos servicios mínimos del 100% y se hayan constituido todos los tribunales pese a la dimisión de unos 200 correctores.

Además, el president ha acusado a parte de los sindicatos de generar “tensión” en el conflicto y ha defendido que el derecho a la protesta “no puede traducirse en perjuicios para los estudiantes”. Pérez Llorca ha cargado contra los docentes huelguistas por supuestas “coacciones” a compañeros. En concreto, ha aludido a denuncias de la Conselleria de Educación sobre presiones a profesores que no quieren secundar la huelga y a grupos de WhatsApp en los que se habría difundido información personal de la consellera de Educación, Carmen Ortí, cuyo departamento ha habilitado un buzón de denuncias. El president ha afirmado que ningún profesor “se identifica” con quienes “filtran el domicilio de la consellera y de su familia” o con quienes presionan a otros docentes. El jefe del Consell también ha hablado de grupos en redes sociales que, según él, “alientan actos vandálicos”.

Más leña al fuego ha echado el conseller de Hacienda y anterior titular de Educación, José Antonio Rovira. “¿Hay que darles 600 euros porque quieran?”, ha afirmado Rovira, que sostiene que con la propuesta de subida de 200 euros de la Generalitat los docentes valencianos quedarían entre los “mejor pagados de España”.

Mientras Pérez Llorca y Rovira endurecen su discurso contra los docentes, el colectivo empieza a señalar también a la Presidencia de la Generalitat ante la falta de acuerdo con la Conselleria de Educación. Este lunes, dos grandes concentraciones han empañado sendos actos del president: uno por la mañana en la Ciudad de la Luz de Alicante, sobre cine, y otro por la tarde en el Palau de la Música de València, durante la entrega de los premios de la Generalitat a la excelencia académica. En el acto vespertino, el jefe del Consell tuvo que acceder en coche oficial por el aparcamiento del edificio público y no por la puerta principal, como es habitual, donde le esperaban cientos de manifestantes reclamando mejoras en educación.

El acto comenzó pasadas las 18.30, pero más de una hora antes ya había cientos de personas coreando los ya habituales lemas de “consellera dimisión”, “vergüenza” o “Pérez Llorca, ¿dónde estás?”. Las protestas estuvieron acompañadas por una banda de música que amenizó la tarde. Los concentrados también tuvieron tiempo para recordar a la mujer herida este domingo por un agente de la Policía Nacional que, según denuncian los convocantes, la agredió por la espalda mientras se manifestaba en una calle cercana a la Conselleria de Educación.

Los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT) mantienen la huelga indefinida y han convocado una manifestación para este martes a las 11.00 horas por el centro de València. La marcha concluirá en la plaza de la Mare de Déu, junto al Palau de la Generalitat, donde tiene su despacho el president.

Este lunes, la Conselleria de Educación trasladó a los sindicatos mayoritarios sus nuevas propuestas para continuar negociando. De la documentación aportada, únicamente las propuestas sobre ratios y plantillas incorporan mejoras. En cuestiones como burocracia, infraestructuras, inclusión educativa, valenciano, Formación Profesional y condiciones laborales, el departamento que dirige María Carmen Ortí mantiene la oferta presentada el 29 de mayo, sobre la que no se alcanzó ningún acuerdo con los sindicatos.

“La atomización o retraso intencionado de las negociaciones por parte de la administración ha quedado confirmada este lunes, cuando algunos representantes de la unidad sindical han podido comprobar el funcionamiento de las mesas de trabajo planteadas por la Conselleria. A pesar de que los sindicatos debían disponer previamente de la documentación a tratar, la han recibido concretamente 44 minutos antes del inicio de la mesa. Además, los cambios son poco significativos y carecen de suficiente calado como para considerarlos relevantes. Asimismo, una mesa en la que ni el secretario autonómico ni la consellera participan difícilmente puede introducir cambios importantes, puesto que los directores generales carecen de competencias para aceptar modificaciones que impliquen una partida económica superior”, han denunciado los tres sindicatos.

Las fachadas y los portales de bloques de apartamentos turísticos han aparecido vandalizadas en las últimas horas en varias localidades asturianas con mensajes contra el negocio de la vivienda, la turistificación de los barrios y la especulación inmobiliaria.

Las pintadas llevan inscrito el lema 'Su negocio, nuestra ruina. 6J XIXÓN', que es el elegido para la manifestación que el Sindicatu Vivienda d'Asturies y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias han convocado para el próximo sábado, día 6, que saldrá al mediodía desde la Plaza del Humedal y recorrerá las calles de Gijón/Xixón.

Con esta movilizacion, ambas organizaciones quieren reivindicar la expropiación de viviendas vacías y pisos turísticos para destinarlas a uso social.

Acabar con los desahucios y alquileres indefinidos, así como condicionar la compra de vivienda a uso residencial, la desmercantilización de la vivienda pública y el desmantelamiento de las empresas de desocupación son algunos de los objetivos que persiguen con estas acciones.

Sin embargo, la fórmula elegida para denunciar esta situación y la celebración de la manifestación no se ha limitado a una convocatoria a los medios de comunicación para exponer sus reivindicaciones o a su difusión a través de las redes sociales, sino que se ha recurrido a vandalizar las fachadas como acción de protesta contra el modelo turístico en la comunidad autónoma.

Reivindicada a través de redes sociales

Estas acciones han sido reivindicadas y difundidas posteriormente a través de las redes sociales por colectivos y organizaciones vinculados al movimiento por la vivienda.

Estos colectivos aseguran que esta forma de protesta es “una denuncia valiente y contundente de la situación habitacional desesperada de las familias y juventud trabajadora de Asturias, que viven dedicando la mayor parte de sus ingresos a pagar sus viviendas para que rentistas y fondos buitre se forren a costa de su miseria”.

La presión turística

Desde los sindicatos convocantes de la manifestación mantienen que “en Asturias la presión turística es uno de los principales problemas para el acceso a una vivienda, en la que las instituciones han hecho entre poco y nada por solucionarlo, y en muchos casos han agravado el problema, favoreciendo el negocio privado mediante colaboración público-privada”.

Los sindicatos se han unido para convocar esta manifestación con la que quieren denunciar la precaria situación que se registra en Asturias ante el empeoramiento progresivo del acceso a la vivienda que achacan a la “inacción y falta de voluntad” de las administraciones.

Cobran 619,83 euros menos que sus compañeros de claustro. Trabajan en el mismo centro y ven crecer a los mismos estudiantes cada año, pero el convenio fija para unos un complemento salarial que el resto no percibe. Y eso, sumado a la percepción de que nadie hace nada para igualarlos, les ha hecho dar un paso por su cuenta. Un grupo de trabajadores del colegio Jesús Maestro de Madrid, en el acomodado distrito de Chamberí, ha utilizado este viernes la hora del recreo para organizar una protesta silenciosa contra la diferencia de sueldo entre el profesorado de Secundaria y el de Bachillerato.

Este centro, gestionado por la Fundación Escuela Teresiana –una organización católica con 21 colegios en España– ofrece plazas concertadas en la ESO y privadas en los dos cursos posteriores, que no son obligatorios para la formación básica. Eso hace que una parte del profesorado esté regido por un convenio específico, y sus sueldos se cofinancien desde la administración pública.

La Comunidad de Madrid aplica esta bonificación en los contratos de la concertada; mientras que para Bachillerato todas las cuestiones laborales deben negociarse antes con la fundación. Y siempre mediante intermediarios. “No se nos permite hablar directamente con la cúpula, y todas las reivindicaciones deben ser a través de la directora del colegio”, señala una de las docentes que han avalado la protesta. Solicita mantener su nombre en el anonimato para evitar represalias.

“Una acción como esta no es algo habitual aquí”, resalta otro docente afectado por la diferencia salarial. Desde el profesorado comentan que, hace unos años, la disparidad en sus sueldos ya existía y habían decidido aceptarla, pues no les parecía tan acuciante como ahora. “No es lo mismo cobrar 100 euros menos al mes por dar clase en Bachillerato si tus grupos son privados y el sueldo depende de lo que paguen las familias, que hacerlo con 600 euros menos que otros compañeros”, critican.

Unos sueldos que no han crecido a la par

Cuentan los docentes que, con la crisis de 2008, se congelaron sueldos por causa mayor. Ya tiempo después, a partir de 2016, en la concertaba comenzaron a hacer subidas puntuales porque “se había perdido un nivel de vida que antes era muy alto, pero que con los precios de ahora ya no daba para nada”. “El complemento autonómico que aplica a la concertada no aplica en nuestro caso [el del Bachillerato privado] y, mientras tanto, el coste de vida en Madrid sube aún más que en otras ciudades donde también hay colegios de las Teresianas”, añade una de las manifestantes.

Por esta razón, entre las de 11.45 y las 12.10 horas de esta mañana –coincidiendo con la pausa de las clases para el recreo–, una veintena de docentes se ha concentrado a las puertas del centro como señal de protesta ante el “silencio” de sus administradores. Aseguran que, en este tiempo, han recibido “buenas palabras” por parte de la Dirección de la escuela y desde la propia fundación. Pero más allá de eso, ningún cambio: “Solo pedimos que se nos equipare”.

Además, algunos de estos afectadoacs resaltan partes de su trabajo que ya implican, de por sí, sumar horas no remuneradas. “Al ser un centro religioso, todas las clases tienen al día un cuarto de hora para la oración. Si eres tutor de algún curso, completas cuatro cuartos, una hora en total. Pero como ese tiempo no se refleja en ninguna parte [a nivel de convenio], nadie marca cómo tendría que pagarse”, sostienen voces entre los docentes insatisfechos. Añaden que ninguno tiene la obligación expresa de hacerlo, pero “si quieres que te renueven no piensas en negarte”.

Reivindicaciones colectivas por la equiparación salarial

En abril de este mismo año se disputaba, precisamente, el futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada. Los sindicatos y la patronal se reunieron para discutir su VIII convenio colectivo y disputarse un objetivo qque parecía inalcanzable: equiparar las condiciones laborales de sus profesionales a las de los empleados en la pública, bajo el argumento de que ambos ostentan el mismo trabajo y, por tanto, deben igualar condiciones.

Los docentes de la escuela privada sostenida con fondos públicos, por lo genera, cobran menos. Y, sin embargo, habitalmente tienen más horas de clase semanales o más estudiantes que sus compañeros funcionarios e interinos. La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y otro de la pública, a la hora de ejercer la profesión, es un proceso de oposición previo. No obstante, la falta de personal está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano, y terminar flexibilizando ciertos requisitos.

El Campeonato Europeo de Carreras de Obstáculos (OCR), que este año se celebra en Irún, ha cancelado la prueba de equipos prevista para el domingo 31 de mayo debido a “razones de fuerza mayor y seguridad”. Una de las selecciones participantes en la competición era la de Israel, cuya presencia había motivado protestas y un boicoteo impulsados por BDZ Euskal Herria e Irun Palestina Ekimena.

A pesar de que la delegación israelí no participará como equipo tras la suspensión de la prueba colectiva, la docena de atletas israelíes sí competirá en las pruebas individuales previstas durante el fin de semana, aunque sin representar oficialmente a su selección. OCRA España ha señalado que la participación de Israel está amparada por “la legislación vigente de derecho internacional” y que no podían impedir su presencia en el campeonato.

Antes del inicio de la competición, la propia delegación israelí ya había decidido no asistir al desfile inaugural junto al resto de delegaciones europeas. La federación internacional de OCR ha explicado que espera que las protestas convocadas durante el campeonato se desarrollen “de una forma pacífica” y ha asegurado confiar en que la competición podrá celebrarse “en un ambiente y clima de absoluta normalidad”.

Las movilizaciones han sido impulsadas principalmente por BDZ Euskal Herria, que ha exigido la expulsión de los atletas israelíes y ha pedido al Ayuntamiento de Irún y a la Diputación Foral de Gipuzkoa que retiren su apoyo institucional al evento. EH Bildu en Irún también ha solicitado la suspensión de la prueba si Israel mantenía su participación, afirmando que “ante la barbarie que aún comete Israel, las instituciones de Euskal Herria deben actuar con total firmeza”.

Desde el Ayuntamiento de Irún se ha seguido la evolución de la situación, aunque no han querido posicionarse públicamente sobre las decisiones de la federación internacional de OCR, responsable de regular el campeonato. Según trasladó la propia organización a distintos medios, tanto el Ayuntamiento como la Diputación llegaron a plantear la posibilidad de pedir a los atletas israelíes que no participaran, valorando el impacto que su presencia podía tener sobre la seguridad del evento debido a las manifestaciones.

Patrones que se repiten

En el pasado ya se han producido situaciones similares en competiciones y campeonatos celebrados en Euskadi con presencia de delegaciones israelíes. Durante el mes de abril de este año, el Baskonia se enfrentó al Maccabi de Tel Aviv en un partido de Euroliga disputado sin público. Para garantizar la seguridad del equipo israelí, la Ertzaintza movilizó 150 agentes adicionales y unidades de Intervención en Vitoria. Unos días antes, en marzo, ocurrió la mismo contra el Hapoel de la misma ciudad.

Gazako Mugimendu Globala Euskal Herria denunció que durante el campeonato mundial de adiestramiento de perros celebrado en Vitoria en septiembre de 2025 un participante israelí fue ocultado y no apareció en la lista pública de competidores. En otros casos, la situación se resolvió con la retirada de los deportistas israelíes, como ocurrió en la competición de ajedrez celebrada en Sestao el pasado año. El club organizador retiró de la competición a los ajedrecistas de Israel, quienes finalmente se dieron de baja tras las protestas.

El hito más relevante sucedió en Bilbao en septiembre de 2025, con la llegada la Vuelta ciclista a España. Los corredores no pudieron llegar a la meta por las protestas masivas por la presencia del ya extinto equipo Israel Premier Tech. Fue la avanzadilla de más situaciones similares hasta el punto de que no se pudo celerar la ceremonio final en Madrid.

Los profesionales de medicina de cinco especialidades en La Rioja, Cirugía General, Traumatología, Urología, Digestivo y Ginecología han manifestado su intención de suspender la actividad extraordinaria a partir de junio, eso es, la próxima semana. Y desde el Gobierno de La Rioja, la consejera de Salud, María Martín, ha responsabilizado de esta situación a la titular de Sanidad, Mónica García. En La Rioja, ha dicho Martín, “habrá mejoras para los médicos, pero son parches mientras la ministra de Sanidad no negocie un estatuto”, ha respondido a los periodistas reiterando que hay “que poner el foco en que la responsabilidad es de la ministra”.

Traumatología es la especialidad que más lista de espera quirúrgica acumula. Al menos, a fecha de diciembre de 2025, últimos datos facilitados por la Consejería de Salud. Así, hace medio año 2.221 personas estaban en lista de espera en los dos hospitales de La Rioja, San Pedro y Calahorra. Por detrás, Cirugía General y Digestiva con una lista de espera de 1.584 personas en lista de espera; 1.030 personas en Urología; y 371 personas en lista de espera en Ginecología.

Fuentes de la Consejería de Salud aseguran que la Dirección General de Recursos Humanos mantiene reuniones con los sindicatos para tratar de encontrar una solución. “No obstante, aunque en La Rioja se alcance un acuerdo, la huelga no se desconvocará, ya que se trata de un conflicto de ámbito nacional”.

Martín reitera que el origen del problema está en Madrid, en el Gobierno central y advierte de que “si se quiere avanzar hacia soluciones, es necesario señalar dónde radican las competencias para resolver los problemas de fondo: en el Ministerio. Hace falta contar con más profesionales para que las guardias no tengan que ser de 24 horas y puedan ser voluntarias; para que exista la posibilidad de elegir entre realizar guardias o trabajar por turnos; y para que la actividad extraordinaria deje de ser necesaria porque la actividad ordinaria pueda absorber la demanda asistencial”. Cuestiones que, insiste, “no depende de la Comunidad Autónoma, sino del Ministerio”.

Lo que sí está en manos del Gobierno de La Rioja se está negociando, ha dicho, “para ofrecer respuestas y mejorar las condiciones dentro del margen de actuación autonómico” aunque aventura que alcanzar acuerdos no evitará la huelga motivada por una cuestión de carácter nacional.

“Las comunidades son competentes en gestión sanitaria”

Sin embargo, desde el Sindicato Médico de La Rioja, además de apoyar a los profesionales que han decidido suspender operaciones por las tardes, también responsabilizan al Gobierno de La Rioja de la situación actual y exigen responsabilidades a los gobiernos autonómicos.

Y es que, frente a las declaraciones de María Martín, el sindicato médico considera “especialmente preocupante que debate público se centre exclusivamente en responsabilizar al Ministerio de Sanidad porque las comunidades autónomas son competentes en la gestión sanitaria y tienen además capacidad directa para mejorar las condiciones organizativas y retributivas de los profesionales”.

Asimismo, este sindicato explica que esta situación “responde a un problema estructural arrastrado durante años que pasa por falta de planificación sanitaria, plantillas insuficientes, envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y cronificación de enfermedades, sin una adecuación real de recursos humanos ni condiciones laborales”.

Ante suspensión de la actividad extraordinaria la próxima semana, Rioja2 ha preguntado si desde la Consejería de Salud se ha diseñado un plan de contingencia para que los pacientes no sufran retrasos en sus operaciones o citas. “Hay que analizar cuál es la situación, y esa evaluación se realizará el 1 de junio. A partir de ahí, se planificará la respuesta con todos los recursos disponibles”, ha sido la respuesta. Asimismo, también queríamos saber si desde el SERIS se ha planteado una reestructuración de la jornada ordinaria o una derivación temporal a la sanidad privada para mitigar el impacto de estas suspensiones de la actividad. Una pregunta sin respuesta explícita. Nos han remitido a las declaraciones de la consejera María Martín.

Nuevo encontronazo entre la Conselleria de Educación y los docentes valencianos. Este lunes el departamento que dirige María Carmen Ortí ha decidido cerrar el acceso al parking y a los jardines de la sede central de la Avenida de Campanar, donde los últimos días se concentraron cientos de profesoras y maestros para apoyoar las negociaciones de los sindicatos. La medida obliga a estos manifestantes a tener que permanecer en la calle y, casi con total seguridad, a tener que cortar parte de la calle, con el correspondiente conflicto generado con los vehículos, los transeúntes y la policía.

Fuentes de la Conselleria de Educación han explicado que la petición para concentrarse en el parking y los jardines de la conselleria “llegó este domingo” y que el cierre de la entrada se ha realizado para el “correcto funcionamiento” de las dependencias administrativas. “Los representantes de los sindicatos podrán entrar sin ningún problema”, han añadido. Cabe recordar que los dos semanas anteriores, cientos de docentes se concentraron dentro de las dependencias de la conselleria, lo que permitió que su protesta no afectara al tráfico de las calles adyacentes, aunque la policía local cortó los accesos.

La medida del departamento que dirige María Carmen Ortí ha indignado a los docentes, que han protestado por una medida que consideran desproporcionada y que los sitúa como “enemigos” de una conselleria de la que son trabajadores. Marc Candela, portavoz de STEPV, ha criticado el cierre de puertas: “Vamos a pedir que nos dejen entrar y vamos a negociar, que parece que tengan miedo a los docentes”.

La concentración en la Conselleria de Educación ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno.

La manifestación convocada por la Sociedad Civil Española y apoyada por Vox y el PP con el lema “prioridad nacional” ha reunido a votantes de extrema derecha esta mañana en las calles de Madrid, en una marcha que ha comenzado en Colón y ha finalizado en Moncloa, donde se han vivido algunos momentos de tensión entre algunos asistentes y la Policía cuando han cortado la A-6 y han intentado llevar la protesta a las puertas de la sede de la Presidencia. Según Delegación de Gobierno, se han producido tres detenciones y siete agentes han resultado heridos.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” ha sido el grito más escuchado durante el recorrido, que acompañaban con peticiones de expulsión del presidente del Gobierno, y carteles que cargaban contra José Luis Rodríguez Zapatero, que comparecerá ante el juez José Luis Calama el próximo 2 de junio, y pedían su entrada en la cárcel.

Santiago Abascal ha estado presente durante la concentración, y se ha sumado a exigir la entrada de Zapatero en prisión provisional. Además, desde Vox piden que Pedro Sánchez y todo el Consejo de Ministros en funciones durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021 declaren como testigos en la Audiencia Nacional.

El presidente de Vox sostiene que este tipo de movilizaciones son “necesarias” debido a que la “prioridad nacional” es “la expulsión de Sánchez del poder”, además de que seguirán apoyando las concentraciones contra el presidente del Gobierno “sin ningún tipo de ambages”.

“Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos”, ha declarado Santiago Abascal desde la plaza de Colón de Madrid. El líder de Vox cree que España está “secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo a los españoles”.

Desde Vox consideran que hay “motivos suficientes” para que el expresidente Zapatero entre en prisión, como insistió el viernes el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé. Algunos de los manifestantes defendían que “incluso Donald Trump (presidente de los Estados Unidos) está como loco por agarrar a Zapatero”.

La manifestación de este sábado ha reunido a votantes de Vox que cargaban banderas de España, además de banderas con la Cruz de Borgoña e incluso franquistas incostitucionales. Durante la marcha, entre gritos repetitivos que cargaban contra Sánchez y su Gobierno, también se han escuchado ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han calificado como “payasa”, pese a que el Partido Popular ha apoyado la propia manifestación de esta mañana. Algunas personas gritaban: “Dónde están, no se ven los barones del PP”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presente en la manifestación esta mañana ha señalado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistiendo en que es “inaudito” que la ministra haya retado a su partido a presentar una moción de censura “contra su propio Gobierno”. García ha insistido en que “en este momento” el Partido Popular no utilizará este instrumento constitucional para no “regalar una victoria” a Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Senado ha estado acompañada, entre otros, por el portavoz adjunto en el Congreso, Jaime de Olano, y el diputado por Navarra Sergio Sayas. García ha sostenido que su intención y la de su partido era apoyar a los españoles que piden la dimisión de Pedro Sánchez.

“Una amplia representación del PP ha venido a acompañar a quienes libremente vienen a defender que hay que sacar a España de la ciénaga de la corrupción”, ha declarado esta mañana Alicia García, y sostiene que el presidente del Gobierno “tiene miedo”, porque sabe que “el tiempo se le acaba”aunque quiera “aferrarse al poder”. “Debe saber que la democracia, el Estado de Derecho y los españoles son más fuertes que él”, ha añadido la portavoz del PP.

No se ha visto, en cambio, al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo esta mañana en la manifestación por la “prioridad nacional”, pese a que su partido apoyaba la concentración. Alicia García ha justificado que Feijóo debía estar hoy presente en el Congreso del PP de Baleares donde se ha reelegido con el 99,93% de los votos como presidenta a Marga Prohens.

En la manifestación también han estado presentes el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; al empresario y exdiputado de Ciudadanos ahora afín a Vox Marcos de Quinto y a Víctor de Aldama. El exdirigente del partido Javier Ortega Smith, que aunque fue expulsado de Vox mantiene su escaño en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, Alejo Vidal-Quadras y la asociación sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) también han acudido.

Las expresiones xenófobas y racistas no han tardado en aparecer: “España cristiana y no musulmana”, “reasignación si no comen jamón” o “ayudas sociales para los nacionales” han sido algunos de los gritos que se han escuchado en la manifestación por la “prioridad nacional”, incluso se han escuchado clásicos versionados: “Bote, bote, musulmán el que no bote”. También se reclamaba a Santiago Abascal como nuevo presidente del Gobierno.

Los manifestantes han repetido los insultos hacia Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE: “Es un puticlub, no una sede”, “Zapatero al talego” o “Partido Socialista, putero y golpista” han sido algunas de las ideas que han gritado durante la concentración de esta mañana en Madrid. A la llegada a Moncloa, manifestantes recibían a la marcha con carteles en los que se podía leer “Detengamos a Sánchez”. Los carteles también cargaban contra el presidente del Ejecutivo por “la DANA, Adamuz, el gran apagón”, y definían a los socialistas como “cobardes”.

Al final de la marcha, la tensión ha aumentado cuando la Policía ha impedido a los manifestantes que continuaran caminando para llevar la protesta a las puertas del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. Varias decenas de manifestantes que habían llegado hasta el Arco de la Victoria en Moncloa han cortado la A-6 y han intentado rebasar los límites de la convocatoria para trasladar sus protestas y consignas directamente a las puertas de la también residencia de Sánchez.

La “luna de miel” entre el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira y Bolivia duró menos de seis meses. El presidente de centroderecha elegido en octubre soporta desde el primero de mayo un cerco de organizaciones sociales que han paralizado parcialmente La Paz, la capital política del país andino, con demandas que, lejos de aplacarse, se han elevado: han pasado de pedir un aumento salarial del 20% a demandar la renuncia del mandatario.

La crisis política ha agravado la ya deteriorada economía boliviana, que desde hace más de un año sobrevive a duras penas frente a una severa escasez de combustibles, la falta de dólares en el mercado financiero y una inflación galopante.

Las protestas las abandera la Central Obrera Boliviana (COB), la más grande organización sindical del país. Respaldada por campesinos y maestros, la COB ha puesto entre la espada y la pared al Gobierno de Paz y ha instalado un clima de convulsión en el que no han faltado excesos de vandalismo contra la población urbana de La Paz, donde se concentran las manifestaciones. También en la vecina El Alto, esta última de mayoritaria población indígena aimara e históricamente combativa.

El Gobierno desestimó las reivindicaciones de la COB, de entrada. Adujo falta de liquidez fiscal y protestó por lo que calificó de tentativa sediciosa para forzar la salida del presidente. La acusación ha cobrado fuerza en los últimos días, una vez que las demandas salariales han derivado en exigir la renuncia del jefe de Estado, a quien el sindicato acusa de gobernar en alianza con sectores empresariales del oriente del país.

Del gasolinazo a la ‘gasolina basura’

El economista Gonzalo Colque afirma, en un reciente texto de análisis, que el mandatario “llegó al poder a hombros del sector popular”, al que una vez instalado en el cargo “dio la espalda”. Primero, sostiene el también investigador de la ONG Fundación Tierra, se distanció del vicepresidente Edmand Lara, un expolicía muy seguido en redes al que muchos atribuyen buena parte del éxito electoral. Lara fustigó abiertamente a Paz por conformar un gabinete de ministros cercanos al millonario empresario Samuel Doria Medina, que lo apoyó en la segunda vuelta electoral.

Después eliminó el impuesto a las grandes fortunas, y antes de que acabara el año, retiró por decreto la subvención a los combustibles que se aplicaba desde los primeros años del siglo. En la práctica, la decisión supuso un incremento del 86% en el precio de la gasolina y del 163% para el diésel. El grueso de la población aceptó el recorte a cambio de un compromiso de mantener el abastecimiento, deficiente de 2024.

El decreto incluía, no obstante, disposiciones que abrían la puerta a la simplificación burocrática, social y ambiental para las inversiones extranjeras. Esto movilizó a la COB que, tras jornadas de paro y manifestaciones en La Paz, dobló el brazo a Paz y lo obligó a anularlas.

Otro escándalo siguió enrareciendo el ambiente: suministros de gasolina de mala calidad provocaron daños en gran parte del parque móvil. El malestar por la “gasolina basura” hizo caer al ministro del ramo y forzó al Gobierno a anunciar compensaciones económicas.

Con este telón de fondo, el presidente promulgó en abril una ley, la 1720, que preveía, para acceder el acceso a créditos bancarios, la conversión de pequeñas propiedades de tierra en medianas, lo que ponía en riesgo el control de campesinos e indígenas de los pequeños chacos de tierra con los que sobreviven al día. Los potenciales afectados iniciaron una marcha pacífica desde el norte del país (en las fronteras con Brasil y Perú) hasta La Paz. El arribo de los movilizados coincidió con el paro de la COB por el incremento salarial, lo que llevó a Paz a ceder nuevamente y derogar la ley.

De la crisis económica a la ingobernabilidad

La concatenación de crisis ha puesto en un aprieto a Paz, a pesar de sus cesiones. Las reformas normativas beneficiaron a los sectores privilegiados del este del país en detrimento de sus bases electorales y la COB y otros sectores radicalizados piden que dimita. El presidente ha intentado sumar el apoyo de las otras fuerzas parlamentarias y de alcaldes y gobernadores, pero no negocia con los líderes del cerco a La Paz, a los que acusa de supuesto terrorismo. Este lunes, grupos movilizados se enfrentaron con dinamita a policías, atacaron instalaciones públicas y privadas, y agredieron a agentes y ciudadanos de a pie.

El atrincheramiento de los bandos ha puesto al país en un entuerto de imprevisible resolución, dice la socióloga Luciana Jáuregui. La analista observa que la protesta es “una movilización multisectorial, que adopta una posición abiertamente destituyente, que ya no se reduce a la satisfacción de demandas concretas, sino al pedido de renuncia del presidente, cuestionando su legitimidad y autoridad para gobernar a través del control efectivo del territorio”.

En respuesta, el Gobierno asegura que no piensa negociar con “vándalos” como el líder de la COB, Mario Argollo, contra quien rige una orden de captura. “El problema es que ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales y se sostiene a través de una administración coercitiva del conflicto”, analiza Jáuregui.

La investigadora no cree que la crisis actual desemboque en una renuncia inmediata de Paz, debido a los candados constitucionales y al respaldo de sectores de clase media y alta que, aun sin avalar plenamente el accionar del Gobierno, reclaman el respeto a la elección democrática y rechazan el eventual retorno de la izquierda de la mano de liderazgos en declive como el del expresidente de izquierda Evo Morales, autoconfinado en la región del Chapare (Cochabamba). “En perspectiva, la renuncia de Rodrigo Paz es una posibilidad, pero no es el escenario inmediato, depende de la escalada de la violencia”, precisa Jáuregui.

Ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales

Luciana Jáuregui — Socióloga

Una escalada que podría emerger de la fragilidad económica. En su más reciente informe de perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que la economía boliviana reportará en 2026 un crecimiento negativo del -3.3% y una inflación del 20,7%, porcentajes más adversos que los heredados por la gestión del predecesor en la presidencia, Luis Arce.

Mientras los opositores más frontales —como Evo Morales— insisten en pedir su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas, hay sectores más conservadores que demandan “mano dura” y hasta la puesta en vigencia del “estado de sitio” para pacificar por la fuerza al país. En paralelo, se organizan manifestaciones urbanas en contra del cerco a La Paz que han despertado el temor ante un eventual enfrentamiento civil.

Paz ha llamado al diálogo y ha abogado por abrir “corredores humanitarios” para facilitar el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno hospitalario para La Paz. Tras casi una semana fuera del foco público, el presidente ofreció este miércoles una conferencia de prensa para anunciar un “reordenamiento” de su gabinete y la creación de un consejo social y económico para atender con más eficiencia las demandas de los sectores del occidente del país que se dicen traicionados por su gestión.

Los anuncios del mandatario han dejado sabor a poco a muchos actores políticos, empresariales y sociales. De cara a las protestas aún vigentes en La Paz, Jáuregui advierte que el “Gobierno busca desplazar parcialmente la crisis desde el terreno destituyente hacia el terreno institucional”, en una suerte de “admisión implícita de la legitimidad de las demandas” y con el objetivo de “recuperar la capacidad de iniciativa y dividir a la movilización”.

Repercusión internacional

Mientras el clima interno no ofrece mayores visos de solución más allá del desgaste de las protestas sociales, la crisis boliviana ya se ha vuelto un asunto de preocupación regional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desató una controversia diplomática al insinuar en X que el régimen de Paz no estaría sabiendo canalizar las demandas de la “insurrección popular” boliviana.

En respuesta, el Gobierno boliviano expulsó a la embajadora colombiana en La Paz. En reciprocidad, el Ejecutivo de Petro ha cesado este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá.

A su vez, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresó, también a través de X, su respaldo al Gobierno de Paz y advirtió: “No dejaremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Aunque el espaldarazo de EEUU puede otorgarle aire en el plano internacional, el Ejecutivo de Paz aún no ha dado con la fórmula para desinflar la presión social. Y aun de conseguirlo en esta coyuntura, está dejando expuesta una debilidad política que, en criterio de políticos y analistas, puede llevar a su administración a un estado de ingobernabilidad crónica de cara a los más de cuatro años que le restan para cumplir su mandato.

Así lo prevé Jáuregui, para quien la respuesta de Paz a la situación “puede generar una descompresión parcial y temporal del conflicto, pero no resuelve la disputa profunda de distribución de poder y de orientación de la política estatal. De hecho, lo más probable es que la demanda de renuncia no desaparezca, sino que siga funcionando como un horizonte simbólico y mecanismo de presión a lo largo de toda la gestión”.

CCOO ha recorrido este jueves varias calle de Las Palmas de Gran Canaria con una manifestación por las condiciones laborales del archipiélago.

En la protesta ha participado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien ha reclamado a la administraciones que el crecimiento macroeconómico que está viviendo España se traslade a los hogares de la clase trabajadora del país. “Y esto se hace con salarios, peleando en los convenios colectivos y con políticas mucho más efectivas y ambiciosas en materia de vivienda”, ha dicho.

Al respecto, Sordo ha entendido que, si se miran las cifras oficiales, España es el país de los grandes de Europa que más crece, el empleo está en récords históricos “y nunca ha habido más gente trabajando”, la contratación indefinida ha cobrado un protagonismo “muy importante” e incluso si se miran los salarios medios, estos suben. “Pero esta es una parte solo de la foto”, matizó.

En este sentido, el secretario general de CCOO incidió en que la otra parte dice que sigue habiendo mucho trabajo precario, muchos empleos de escasa calidad están “mal pagados”, y hay 9,5 millones de personas que teniendo un trabajo, “e incluso con incrementos salariales”, sus sueldos “no dan para llegar a final de mes”.

“Hay precios que laminan la capacidad de compra de las familias, en concreto los precios de productos de primera necesidad y sobre todo de la vivienda. Y ahí el sindicato sitúa la gran reivindicación del momento. El crecimiento macroeconómico tiene que trasladarse al conjunto de los hogares de la clase trabajadora de nuestro país”, destacó.

Además, Sordo comentó que “no puede ser” que los precios de la vivienda estén “disparados” y, por ello, ha señalado que CCOO “no se resigna a este escenario.

“Queremos pelear los convenios colectivos -continuó- e instar a las administraciones a que sean mucho más valientes para contener unos precios de la vivienda que son absolutamente abusivos”.

Un centenar de personas se han dado cieta en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, para manifestar su repulsa por los ataques que la Flotilla Global Sumud ha sufrido en las últimas horas por parte de la Marina israelí.

El Ejército ha comenzado este lunes a interceptar los barcos cuando se dirigían rumbo a la Franja de Gaza en misión humanitaria tras abandonar la costa en los límites del golfo de Antalia, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan varios de los buques. Fueron interceptados un total 49 embarcaciones: 45 de la Global Sumud Flotilla (GSF) y cuatro de la Freedom Flotilla Coalition (FFC).

La protesta, organizada por diferentes colectivos adheridos a Global Sumud, ha sido simultánea en varias ciudades españolas y ha puesto el foco en no permitir que el estado de Israel “siga saltándose la legalidad internacional” y en tener la vista fija en lo que les suceda a los tripulantes de las embarcaciones de la Sumud, “ellos ponen el cuerpo, nosotros la red”.

Medidas urgentes

Durante la concentración se leyó un manifiesto en el que los convocantes calificaron la intervención de las fuerzas israelíes contra la Flotilla como una “violación del derecho internacional” y un acto de “piratería”. Explicaron que las embarcaciones transportaban ayuda humanitaria y a bordo viajaban activistas internacionales desarmados.

En su alegato, los colectivos señalan directamente al Gobierno israelí y a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien atribuyeron la supervisión de la operación. Asimismo, los participantes criticaron la postura de Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos occidentales, a los que acusaron de permitir una situación de “impunidad” en el conflicto.

Durante el acto, los organizadores reclamaron al Gobierno español medidas “urgentes”, entre ellas la protección de posibles ciudadanos españoles presentes en la flotilla y la exigencia de responsabilidades a Israel. Entre sus demandas, incluyeron la liberación de las personas retenidas, el embargo de armas y la ruptura de relaciones militares y comerciales.

La movilización concluyó con un llamamiento a reforzar la presión internacional y a ampliar las protestas en apoyo al pueblo palestino, en el contexto de la actual ofensiva en Gaza y el bloqueo que afecta al territorio. “Porque cada persona que hoy se sube a un barco, sale a la calle o levanta una bandera palestina demuestra que Palestina no está sola”, sostienen.

Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa: vas caminando, tranquilamente, en dirección a la tintorería de la Calle Princesa, en el corazón del barrio del Carmen (Murcia), y lo haces a paso raudo porque son casi las ocho de la tarde y están a punto de cerrar. Mientras esperas tu turno, ahí fuera, en la calle, escuchas un sonido que pretende rugir, pero no pasa del leve alboroto. Te asomas y ves una pancarta que se mueve sola; una pancarta que reza: “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”; te frotas los ojos y compruebas que no estás a finales de 2023; que, de hecho, es 2026; compruebas también que la pancarta no se mueve sola, que tras ella hay cuatro, quizá cinco personas; miras con incredulidad a la señora de la tintorería y te dice: “Sí, hijo, sí. Vienen todos los días a esta hora desde hace tres años”. Todo empieza con una mancha de vino en el cuello de la camisa. Lo que son las serendipias.

Era noviembre del año 2023 y unos cuantos miles de personas se manifestaban contra la amnistía en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia convocadas por el Partido Popular. La primera escena que recuerdo es la de varios miembros de la organización, chavales de las juventudes populares, repartiendo banderas de España y de la Unión Europea en los cuatro accesos de la plaza. Una hora después, Vox había convocado una segunda manifestación al otro lado del Segura, en la calle Princesa, justo enfrente de la sede del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM) y hacia la que dos señoras se embarcaron después de decirle una a otra que estaba a su lado: “Venga, vamos ahora a lo de Vox, que yo me he dejado una tortilla de patatas hecha”.

Pasaron los días, los meses, los otoños, y las tortillas. La amnistía se aprobó y se fue incorporando al paisaje político con la misma naturalidad con la que se incorporan las rotondas a las salidas de los pueblos. Los autobuses dejaron de fluir y las plazas de las capitales fueron paulatinamente olvidando el sonido de los himnos y de los pitidos. Hasta el propio Partido Popular, que tan vehementemente había convocado aquellas concentraciones de noviembre del 23, fue dejando el tema de lado porque entendieron lo útil que podría ser un alto el fuego con Junts, y porque el refrán que mejor funciona en política es el de nunca digas de esta agua no beberé y este cura no es mi padre, porque nunca se sabe. Lo que pasa es que cuando enciendes una cerilla, a veces, lo que viene después ya no depende de ti.

Una liturgia vespertina

Así que es mayo de 2026, y todos los días a las ocho de la tarde, en la Calle Princesa de Murcia, la liturgia es la misma: aparecen dos personas, un hombre y una mujer. Ambos superan los sesenta años, podría decirse que holgadamente. Entre los dos, atan de los dos extremos una pancarta a dos árboles en la acera de un local de tatuajes, justo enfrente de la sede del PSRM. De un tiempo a esta parte, ponía “contra la amnistía, por la igualdad de todos los españoles”, pero ahora el eslogan es diferente y señala a la corrupción del gobierno en general. Esas dos personas esperan, junto a su pancarta, que lleguen los demás.

Muchos transeúntes del barrio del Carmen los conocen ya. Lola, una vecina que sale por las tardes a pasear con su hija, Lola también, dice que le resultan admirables los manifestantes. “Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero fíjate que llevan años aquí plantados, todos los días y no faltan ni uno”, explica. La camarera de un bar de la misma calle, en cambio, matiza: “de lunes a viernes siempre están aquí, menos en verano, Navidad y Semana Santa”.

Paco es el encargado de traer la pancarta. “¿De qué periódico venís? ¿elDiario…? ¿Ese es el del Escolar? Vosotros sois del PSOE, pero bueno, mira, al menos sois los primeros periodistas que se interesan por nosotros en todo este tiempo”. Se declaran enemigos acérrimos de este “gobierno criminal” y lamentan ser tan pocos. “La juventud, el pueblo, estáis dormidos y no sois conscientes de lo que se nos viene encima”, continúa Paco, al tiempo que van llegando el resto de los asistentes.

Cánticos y noticias

La convocatoria, explican, la hacían a través de un grupo de WhatsApp en el que hay más gente, pero cada vez se manifiestan menos. Ahora, dado el peso de la costumbre, no necesitan quedar para saber que allí se encontrarán. “Por el WhatsApp lo que hacemos es proponer cánticos para el día siguiente y nos pasamos noticias y cosas de esas”, dicen.

Se trata de otras cuatro personas, todas ellas mayores de sesenta años, excepto un señor algo más joven, Ramón, del que Paco nos advierte, “huid mientras podáis, porque como empiece a hablar no se va a callar en toda la tarde”. Ya son viejos conocidos en el barrio, y también tienen sus adversarios, como otro hombre mayor, declarado votante socialista, que les lanza alguna puya cuando pasa por su lado. Ramón le advierte que el Gobierno de Pedro Sánchez “nos está matando de hambre”, y el señor socialista le señala al torso, dejándole caer que hambre, lo que se dice hambre, no debe de pasar. “¿Sabe por qué estoy gordo, señor mío? Le pregunta; ”porque como pan“.

Es en ese momento cuando se sienten fuertes para empezar los cánticos contra una sede del Partido Socialista aparentemente vacía. “Antes”, arranca la señora que acompañaba a Paco al principio, “cuando estaba Pepe Vélez [antiguo secretario general del PSRM], se asomaba por la ventana y se reía de nosotros. Al menos nos hacía caso, porque el desgraciado que hay ahora [refiriéndose a Francisco Lucas] lo único que ha hecho ha sido mandar a la policía a denunciarnos”.

La protesta, como es evidente, no cuenta con el permiso de la Delegación del Gobierno, aunque según ellos no la necesitan porque son menos de 20 personas. Mercedes, la más mayor del grupo, y también, hay que decirlo, la más exaltada de todos ellos, explica que no son ninguna manifestación, sino una “coalición de ciudadanos ofendidos”, pero aun con todo tuvieron que buscarse un abogado para afrontar la denuncia de la Delegación de Gobierno, aunque no tuvieron que pagar una multa finalmente.

Franco, “un bendito”

Según explica la propia Mercedes, ella “no está politizada” y “no vota a ningún partido”, pero sí que afirma que la izquierda es una “panda de gentuza, vividores y asesinos que quieren reescribir la historia”. “Me río yo el 14 de abril, cuando salen a manifestarse y dicen 'Viva la República'. Y una mierda. Asesinos todos. Al cura de esa iglesia de allí [la iglesia del Carmen] lo fusilaron. Y al de san Bartolomé también. Y al de san Antón. Y […] también está el asesino más grande de toda la historia, Simón Bolívar. Luego dicen de Franco, ¡pero si fue un bendito!”.

“Yo, por ejemplo, no soy tan radical como ella”, dice Juan, otro de los asistentes, “de hecho yo he votado a los socialistas siempre. Aquí cada uno vota a una cosa y piensa de una manera distinta, pero esto ya no puede ser. ¿Es que no estáis viendo que se están cargando el país?”

A ratos algún coche o moto que pasa por delante toca el claxon en señal de apoyo, pero para Paco no es suficiente: “Nada, pitan y lo que tú quieras, pero no se nos une ni Dios, ya se les hará tarde”. A ratos, alguno de los participantes interrumpe su protesta para unirse a la conversación.

— Claro, yo me imagino que tú estarás encantado con este gobierno, ¿no?

— Yo soy anarquista, señora —respondo en defensa propia—, a mí el gobierno me da igual.

— ¿Anarquista? —contesta Paco— yo de joven estaba en la ORT [Organización Revolucionaria de Trabajadores], y éramos maoístas —dice, mientras enarbola su bandera rojigualda.

— ¿Y qué pasó? Para acabar así, quiero decir.

— Pues que nos aburguesamos de la hostia.

La plataforma ciudadana Salvemos La Coronada ha convocado este sábado una manifestación en Villanueva de la Serena contra la proyectada planta de biogás y el “viejo macrovertedero”, ambos situados en el término municipal villanovense y próximos al núcleo urbano de La Coronada.

La movilización, convocada bajo los lemas ‘Stop planta de biogás’ y ‘Cierre del macrovertedero YA’, partirá a las 12:00 horas desde el Cruce de Fajardo, donde está prevista una concentración ciudadana y un corte simbólico de tráfico de diez minutos.

Posteriormente, los participantes recorrerán varias calles de Villanueva de la Serena, entre ellas San Francisco, Plaza de las Pasaderas, Ramón y Cajal y Plaza de España, hasta concluir frente al Ayuntamiento, donde se dará lectura a un manifiesto público.

La plataforma ha hecho un llamamiento a vecinos, colectivos y ciudadanos de toda la comarca para sumarse a una protesta con la que pretende “defender la salud pública, el medio ambiente y el futuro de la comarca”.

Según el colectivo, La Coronada lleva años soportando los efectos del actual macrovertedero, una instalación que considera “saturada y obsoleta”, y cuya continuidad, advierte, afectará aún más a la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, Salvemos La Coronada rechaza el proyecto de planta de biogás previsto a escasos kilómetros del municipio, al entender que supondría un nuevo impacto ambiental para una zona que, según sostiene, ya soporta una elevada carga de infraestructuras contaminantes.

La plataforma ha animado a los habitantes de toda la comarca a participar en la movilización bajo el mensaje de que “los pueblos no se venden, se defienden”.

Dice Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que “de aquellos barros, estos lodos”, sobre cómo “la alfombra roja a los fondos” para comprar casas y la desaparición de la vivienda pública desde la crisis de 2008 contribuyeron a la actual emergencia residencial. En un diálogo organizado por elDiario.es con motivo del 15 aniversario del 15M con Lucía Delgado, que fue portavoz y fundadora de la Plataforma de Afectados en 2009 y una de las ideólogas del Sindicat de Llogateres en 2017, ambas reconocen la influencia de esas protestas en el actual movimiento de la vivienda. “El mayor legado de la PAH para el Sindicato es poner el cuerpo contra los desahucios”, dice Del Río.

En aquel 15M de 2011 que sacó a miles de personas a las calles contra la forma en que se estaba gestionando la crisis surgida de la burbuja de 2008, Lucía Delgado estaba “haciendo trabajo de hormiguita, de organizar a las personas que no podían pagar la hipoteca y visibilizando la injusticia de la crisis inmobiliaria”. Alicia del Río estudiaba Bachillerato en Valladolid y asistía sola a las manifestaciones de su ciudad porque “nadie” de su entorno “estaba metido”. Se quedó “flipando” con la movilización, “pensando que estaba ante un momento histórico”.

15 años después, Del Río es portavoz del Sindicato de Inquilinas en Madrid y cree que “no se podría entender sin el legado que construyó la PAH, tanto por el espíritu de desobediencia como porque cambiaron el sentido de lo que se entendía como normal, que se rescatara al sector inmobiliario y financiero con millones de euros mientras a las personas se las dejaba tiradas y se las expulsaba de sus casas”.

“Vivíamos una crisis inmobiliaria y ya se estaba orquestando la siguiente crisis del alquiler”, reflexiona Delgado, ahora en el Observatori DESCA, plataforma que investiga y visibiliza cuestiones que afectan a los derechos sociales y ecológicos. “El parque de vivienda de las ejecuciones hipotecarias se tendría que haber convertido en vivienda pública y no, como se hizo, vender con alfombra roja a los fondos de inversión y a los bancos sin ninguna prestación”, denuncia.

Durante el debate, Delgado y Del Río critican la falta de contundencia del actual Gobierno, que no consigue revertir la crisis de la vivienda y “mantiene a las socimis con muy bajos impuestos” y los desahucios que aún se dan en pisos de Sareb antes del traspaso a la nueva empresa pública Casa 47, mientras que resaltan que el gran legado de los movimientos sociales “está en la calle y no en las instituciones”, por mucho que algunos de quienes lideraron la PAH, con Ada Colau como máxima exponente, dieran el salto a la vida política y la gestión pública.

Los trabajadores de Mina Miura han resistido la lluvia, la humedad, el frío y el cansancio que les ha llevado durante seis días a protagonizar una marcha por las carreteras del suroccidente asturiano hasta llegar este miércoles a Oviedo/Uviéu para decir alto y claro que siguen reclamando las 12 nóminas que el empresario Fernando Martínez Blanco les adeuda y defender el mantenimiento del empleo en la comarca.

Los mineros apenas tuvieron tiempo para descansar y recuperar fuerzas tras el encierro que protagonizaron, a 300 metros de profundidad, durante 15 días, para reclamar el cobro pendiente de los salarios y exigir estabilidad laboral y soluciones que permitan garantizar el futuro de la actividad minera. Nada más abandonar la explotación, decidieron que no podían quedarse en sus casas a esperar que el empresario diera señales de vida y les ofreciera una salida a esta situación.

Del encierro a la marcha minera

Dicho y hecho. Del encierro en la mina se pasó a analizar las siguientes movilizaciones y optaron por realizar una marcha minera desde Tormaleo, en el concejo de Ibias, hasta la capital asturiana, con la meta fijada en la sede de la Junta General del Principado.

Los 160 kilómetros que separan ambas localidades los distribuyeron en seis etapas, que culminaron hoy a las 13.30 horas cuando llegaron a la calle Uría de Oviedo/Uviéu. Durante su recorrido no han estado solos y han recogido las muestras de solidaridad de familiares, amigos, vecinos, representantes políticos y sindicales tanto de Asturias como de León.

La marcha iba encabezada por los mineros que protagonizaron el encierro, quienes portaban una pancarta bajo el eslogan 'De Mina Miura a a Junta General. Mineros en lucha por el empleo en la comarca' con una foto donde sobreimpresionada llevaba la frase 12 nóminas robadas y las siglas del sindicato UGT-SOMA-FITAG que ha estado a su lado en todas las acciones de protesta emprendidas.

El apoyo de la calle

La llegada de los mineros a Oviedo/Uviéu ha sido seguida con gran expectación a su llegada a la calle Uría, donde fueron saludados por numerosos vecinos y vecinas que les mostraron su apoyo.

Además de los representantes de los grupos parlamentarios asturianos, con los que se reunieron previamente al encuentro que mantuvieron con el presidente asturiano, los mineros también han estado respaldados por dirigentes del PSOE de León.

A su llegada a la sede del Parlamento asturiano, han sido recibidos por el presidente de este institución, Juan Cofiño, y representantes de todos los grupos políticos, con los que han mantenido una reunión.

Respeto al trabajo de los mineros

Seguidamente, el portavoz de los mineros José María Pérez, ha leído un manifiesto donde dejaba constancia de que los trabajadores no llegaban a “la casa de todos los asturianos a pedir favores”.

“Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, política para las personas y el respeto a nuestro trabajo”, dijo.

Supervivencia de las cuencas mineras

Con este testimonio reflejaba, según sus propias palabras, “la lucha por la supervivencia de las cuencas mineras”.

Las críticas al empresario “a la fuga”, como lo denominaron días atrás por la falta de contacto con ellos y las reiteradas promesas incumplidas, no se hicieron esperar.

La “impunidad” empresarial

Además de solicitar garantías de futuro para los mineros, reclaman que se impida que “los vacíos legales o la mala gestión empresarial recaigan, una vez mas, sobre las espaldas de la clase obrera” y denunciaron “la desesperación de vivir sin salarios”.

Los mineros han denunciado la “impunidad empresarial” y la actitud de una patronal que “ignora responsabilidades legales, reteniendo las nóminas devengadas, condenándoles a la precariedad” y “burlándose de la administración pública”.

Solidaridad asturiana y leonesa

Los socialistas leoneses, que acompañaron a los mineros en su marcha a la capital asturiana, recordaron que una parte muy importante de los trabajadores de las explotaciones mineras asturianas en activo procede de la provincia leonesa, lo que convierte este conflicto “en una cuestión de enorme impacto social y económico para las cuencas mineras leonesas”.

Entre otros dirigentes se encontraban la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y procuradora leonesa, Nuria Rubio, quien señaló que “esta marcha refleja la desesperación y el cansancio de unos trabajadores que llevan demasiado tiempo esperando respuestas”.

Estabilidad, seguridad y soluciones

“Estamos hablando de familias que necesitan estabilidad, seguridad y soluciones reales para poder seguir adelante”, ha afirmado.

Nuria Rubio ha destacado además el esfuerzo realizado por los mineros durante estos días de movilización y ha insistido en que “las administraciones no pueden mirar hacia otro lado ante una situación que afecta de lleno a las cuencas mineras y a comarcas que han dado tanto a esta tierra”.

La dignidad de los mineros

Por su parte, el alcalde de Villablino y procurador socialista, Mario Rivas, ha subrayado que “los mineros han vuelto a demostrar una enorme dignidad defendiendo sus derechos y el futuro de sus familias”.

“No están reclamando privilegios, están reclamando poder trabajar y cobrar por su trabajo”, ha resaltado.

La vinculación

Mario Rivas ha destacado igualmente la estrecha vinculación histórica entre las cuencas leonesas y la minería asturiana, y ha recalcado que “cuando se pone en riesgo el empleo minero, se pone en riesgo la estabilidad de muchos municipios de León que todavía dependen de esta actividad”.

La situación laboral

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, acompañó a los mineros hasta la sala donde se reunieron con el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, y miembros de su gabinete.

En el encuentro, los trabajadores expusieron su delicada situación laboral y defendieron la necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo.

La mediación del Principado

El objetivo de los mineros era pedir al Gobierno del Principado que realice una labor de mediación en el conflicto laboral que mantienen con el empresario de cara a agotar “todas las vías administrativas y legales contra el incumplimiento empresarial”.

Los mineros han advertido sobre el “abandono” del suroccidente asturiano, “donde cada empleo minero perdido es un clavo más en el ataúd” de los pueblos y han insistido en “soluciones efectivas” puesto que “no basta con palabras de apoyo” y se precisan “acciones políticas y jurídicas contundentes que obliguen al empresario a cumplir”.

“No venimos a pedir favores”

“Los mineros y las personas que hoy estamos aquí, somos herederos de una tradición de lucha que nunca se ha rendido. Si el empresario no paga, la administración no puede ser cómplice con su silencio o inacción. No venimos a pedir favores, venimos a exigir el cumplimiento de la ley”, han defendido.

Los cuatro trabajadores han agradecido a los alcaldes y vecinos de los municipios recorridos en los seis días de marcha a pie “sus muestras de cariño, el plato de comida caliente y las puertas abiertas”. Ahora falta que el Principado medie y el empresario responda.

La programación de Canal Sur se ha interrumpido esta tarde como parte de las acciones de huelga en la radiotelevisión pública andaluza, mientras se emitía en directo La Tarde, aquí y ahora, el magacín de sobremesa que presenta el popular Juan Y Medio. El corte se ha producido alrededor

La marcha “a negro”, como se conoce en el argot, se ha producido alrededor de las seis de la tarde, minutos después de que Juan Y Medio anunciara la programación especial de Canal Sur por el debate con motivo de las elecciones del próximo 17 de mayo que se celebra esta noche, a partir de las 21.45, en la sede de RTVE. La emisión ha quedado interrumpida en el momento de dar paso al siguiente programa de la parrilla, Andalucía Directo, a cuyo presentador ya no se escuchaba.

La interrupción de la emisión forma parte de las acciones de protesta de las tres jornadas de paro (11, 12 y 14 de mayo) convocadas por el Comité de Huelga de Canal Sur. La huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral, lo que podría alterar el plan de cobertura dispuesto para la campaña electoral. Esta misma noche, Canal Sur organiza y emite el segundo debate electoral.

Los paros se producen tras la falta de acuerdo después de tres reuniones entre la dirección y el comité de huelga para estudiar sus propuestas. El comité de huelga solicita la puesta en marcha de un plan de empleo que garantice la prestación del servicio público, la cobertura del 120% de las vacantes generadas desde 2020 y el refuerzo de los centros territoriales. También reclama la negociación del acceso a la jubilación parcial, una planificación de los recursos humanos, la creación de una mesa paritaria para la producción propia, la internalización de determinados servicios, la recuperación de derechos laborales y sociales, así como el impulso de la negociación colectiva.

La dirección dice haber presentado por escrito distintas alternativas, que han sido rechazadas por el comité de huelga. El principal punto de fricción es la petición del comité de huelga de que RTVA reserve 57 plazas como “mínimo” del futuro concurso oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna). La dirección considera que esta propuesta podría ser ilegal al atentar contra los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

El Comité, por su parte, ha anunciado que ha emprendido acciones legales contra los servicios mínimos establecidos por la dirección de RTVA, a la que acusa de “mala fe” en la negociación y de establecer unos servicios mínimos “totalmente abusivos”. Según el Comité, la Consejería de Empleo establece unos servicios mínimos para garantizar el plan de cobertura electoral, así como información y comunicaciones relevantes para la ciudadanía, “en formato reducido”. “La dirección de la empresa no ha concretado a las/os trabajadoras/es los servicios mínimos que deben prestar”.

En un comunicado, el Comité subraya que la empresa debe entregar personalmente y por escrito una carta a cada trabajador afectado por los servicios mínimos durante su último turno de trabajo antes del inicio de los paros, con su identificación, la referencia al decreto o resolución de servicios a realizar, horario y tareas. No son legales las comunicaciones por WhatsApp, correo electrónico no oficial o mensajería.

La empresa debe notificar a los trabajadores designados con la mayor antelación posible, nunca inferior a 24 horas, según recuerda el Comité de Huelga, y el trabajador puede firmar “no conforme”, sin que puedan modificarse, alargarse o cambiar turnos publicados o realizar horas extras.