Cabezón de Etxauri Bizirik, plataforma creada para la “defensa del medio ambiente, el territorio y la soberanía popular” en la Sierra de Etxauri ante el “macroproyecto fotovoltaico” previsto en el territorio, han acudido a la sede del Departamento de Medio Ambiente a entregar un millar de alegaciones para paralizar la instalación por considerarla un “despropósito” para la fauna y flora de la zona. Además, los integrantes denuncian una “gestión irresponsable” por parte del Ayuntamiento de Etxauri, que consideran que “ha ocultado información” y ha roto “la cohesión social entre los vecinos”.

Antes de entrar al Departamento, varias personas se han concentrado en señal de protesta con una ruidosa cacerolada durante varios minutos este viernes al mediodía.

Tal y como trasladan desde el colectivo, junto con las “miles de alegaciones” de los vecinos y ayuntamientos de los municipios de la Sierra de Etxauri, también se ha presentado un amplio informe con unas conclusiones “demoledoras y contundentes” sobre el “impacto ambiental de distinto tipo”. “Es un sitio de alto valor ambiental donde no tiene sentido hacer una actividad industrial con altos impactos medioambientales”, afirman desde la organización.

Además “de los vecinos y vecinas”, también se han sumado a la queja “ayuntamientos y concejos” como Salinas de Oro, Vidaurreta, Cendea de Oza, Otxobi, Sarasate, Azanza, Valle de Goñi, que han “presentado alegaciones y mociones pidiendo la paralización del proyecto”.

“No somos pocos y seguiremos creciendo con el objetivo único de proteger el entorno natural de quienes quieren especular y enriquecerse con él”, trasladan desde el colectivo ciudadano. Y remarcan que no es solo el daño visual al entorno natural, “que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, sin necesidad de conocimientos técnicos, ya solo con ver la ubicación física se escandalizarían”, sino también el peligro de salud del terreno y de los ciudadanos de la cuenca de Pamplona.

“Aparte de ser un espacio de alto valor ambiental: muy sensible, rodeado de especies protegidas y sin actuación humana en el entorno; es una zona kárstica, el suelo es como un queso gruyer y toda el agua se filtra. Si haces algo en su superficie, se esparce por toda la zona. No tiene sentido [que se construyan sobre ese terreno] nueve centros de transformación, con aceite y refrigeración, y [circulen diariamente] camionetas para hacer mantenimiento durante 30 años, además de las personas [que trabajen], cableados, PVC, hormigón... El agua que se filtra de ese terreno luego se recoge en Arteta para el consumo de agua potable en Pamplona”, explican. Y por eso remarcan que “aparte de la ruptura visual, para las propias especies” y los habitantes de los municipios “es un impacto terrible”.

Según explican, la ideación del proyecto fotovoltaico comenzó en 2022, cuando estaba prevista “una instalación en la parte alta del monte Sarbil a unos 800 metros de altitud”. En este terreno, de titularidad privada, se pretendía instalar 80.000 paneles solares, una inversión de 40.000.000 de euros. Sin embargo, la empresa promotora no pudo continuar con la iniciativa, pues “en aquel momento hubo una respuesta social de los ayuntamientos de la zona, incluido el Ayuntamiento de Etxauri”, según explican, que “presentaron alegaciones” para proteger un “entorno ambiental tan especial como este”. Tras el recurso, la instalación fotovoltaica “se consiguió paralizar”, pero en 2025 el proyecto volvió a salir para adelante.

El colectivo denuncia que “este proyecto no es diferente” y que “a nivel técnico es prácticamente lo mismo que lo que se expuso en 2022”, pero que se ha resuelto por un impulso “en la sombra” de determinados intereses políticos.

Aunque señalan una “gestión irresponsable del partido EH Bildu”, único representante del consistorio de Etxauri, por una supuesta “falta de información” y ocultar “las gestiones que han estado realizando y que siguen realizando”, desde Cabezón de Etxauri Bizirik trasladan que su objetivo no es la confrontación política y que únicamente buscan “la paralización del proyecto” por “el dónde” se quiere ubicar. Según explican, buscan aglutinar “a toda persona, institución o sujeto que quiera compartir la respuesta colectiva y conjunta en cuanto a los impactos ambientales. Sin entrar en otras cuestiones de otra índole” como la política. “Aquí hay personas que pueden tener opiniones distintas, pero que tienen claro que ese no es el sitio [para desarrollar el proyecto]”.

Desde la plataforma, esperan que el Departamento de Medio Ambiente “ponga sentido común y vea de forma clara” lo que se plasma en “los informes de alegaciones” presentados. Aunque, según explican, no obtuvieran respuesta de “la invitación al Consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra”, Jose María Aierdi, “para dialogar y entregarle” las alegaciones, afirman tener “esperanza absoluta en que se paralice el proyecto”. “Las conclusiones son clarísimas”, expresan.

Tras casi diez años peleando contra jueces y políticos, los vecinos de la barriada Guadalquivir de la localidad sevillana de Coria del Río no ven el final de un proceso que les está costando la vida. El archivo de la causa judicial impulsada por ellos mismos ha ahondado en su indignación, sintiendo que sus lamentos no llevan a nada para los organismos públicos.

Los vecinos afectados, representados por Rogelia Gómez, portavoz de la Asociación de vecinos afectados por tóxicos de Coria del Río, afirman que el efecto de los gases “es perjudicial para la salud sí o sí”. Por ello, tienen una sensación de que están presenciando su propia muerte. “Aquí nos están matando. Estamos muriendo como chinches”, exclama desesperada Gómez en conversación con este periódico.

Insiste en que la inhalación de gases tóxicos va a continuar siendo una constante en sus vidas, mientras que Catalina García, consejera de Salud hasta 2024 y actual titular de Medio Ambiente, y Rocío Hernández, su sucesora como responsable sanitaria en el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, no depurarán responsabilidades por el momento, según ha determinado el juzgado.

“Ocho muertos” en un mes

El origen del caso se remonta a 2017, cuando los vecinos de la barriada Guadalquivir alertaron de intensos olores a combustible que llegaban incluso al interior de sus casas, algo que habría provocado problemas de salud en numerosos afectados. Según se apuntó, los gases nocivos vendrían de una gasolinera próxima, lo que provocó la apertura de una investigación judicial por un presunto delito medioambiental. Aunque la causa fue archivada a finales de 2024, se reabrió después de que la Fiscalía confirmara la existencia de un “perjuicio comprobado en la salud y una afectación acreditada” en los vecinos.

“Ocho personas han muerto en este último mes, cuatro de ellas de muerte súbita, y tres en la misma calle”, lamenta la portavoz. Además, aseguran que hay una gran inactividad por parte de los médicos, que no quieren verse involucrados en este asunto. “Nunca habrá un informe forense que reconozca que las muertes son provocadas por la inhalación de los gases tóxicos”, afirma Gómez.

Durante el invierno, los vecinos afectados han tenido que tener las ventanas completamente abiertas por recomendación del SEPRONA, ya que el calor favorece la conservación de los gases tóxicos. “Pasamos los inviernos sin calefacción y las ventanas abiertas, da igual el frío que haga”, declara la portavoz. 

“No podemos dejar esta herencia”

El escrito, al que ha tenido acceso Sevillaeldiario.es, indica que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), perteneciente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, “únicamente estaría procediendo a citar o valorar a aquellas personas cuyas analíticas dieron resultado positivo”. Además, pide “que se haga examen integral de todos los perjudicados”, en especial “a todos los menores afectados”.

Este último revés judicial les ha pillado por sorpresa, ya que Gómez asegura que “hay hasta 13 informes que nos avalan” pero que “no se han tenido en cuenta”. Por otro lado, indica que dilatar el tema solo beneficia a la Junta de Andalucía, que “se defiende con los equipos jurídicos de la Administración”, mientras que los vecinos tienen que pagar a sus abogados. Pese a todo, no van a cesar en su lucha y aseguran que “llegaremos al Supremo y Estrasburgo”, añadiendo que “no podemos dejar esta herencia”. 

La presidenta de la asociación de afectados indica que el asunto es “algo muy gordo que no interesa que vea la luz”, y acusa del drama medioambiental a las “negligencias políticas” que se suceden, acusándoles de ser “una panda de mafiosos”.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

“Si voy a incitar a otros a matar y cometer delitos, entonces debo predicar con el ejemplo y demostrar que mi mensaje es totalmente sincero”, o “si no hacemos nada muy pronto, moriremos, estoy completamente seguro de ello”. Son extractos de lo que dejó escrito Daniel Moreno-Gama antes de, presuntamente, lanzar un cóctel molotov contra la casa de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y dirigirse después a la sede de la empresa y amenazar con “matar a cualquiera que estuviera dentro”.

Moreno-Gama, un joven de 20 años natural de Texas, fue detenido el pasado fin de semana por la policía de San Francisco tras los incidentes. Según ha informado ahora el FBI, el hombre llevaba encima un “manifiesto anti-IA” en el que discutía el “riesgo existencial” que, a su juicio, supone esta tecnología para la humanidad. El texto incluía una lista con nombres y direcciones de otros directivos, inversores y miembros de juntas directivas de varias empresas del sector.

Los investigadores no han identificado a estos ejecutivos ni revelado el contenido exacto del escrito. La declaración del agente al cargo del caso ante el juez describe que Moreno-Gama se había desplazado de Texas a California el mismo día del ataque y que portaba una garrafa de queroseno en el momento de su detención. Uno de los fragmentos del manifiesto era una carta dirigida al propio Altman. “Si por algún milagro sobrevives, lo tomaría como una señal divina para que te redimas”, expresaba en ella, según la información del FBI.

El joven también había expresado comentarios contra él y otros líderes tecnológicos en sus redes sociales. “Estas personas no se parecen en casi nada a ti”, afirmaba en una publicación: “Lo más probable es que sean sociópatas o psicópatas y, en el caso de Altman, se ha informado repetidamente de que es un mentiroso patológico”.

El cofundador y director ejecutivo de OpenAI ha reaccionado al ataque compartiendo una foto de su familia en su blog personal. “Las imágenes tienen poder, o eso espero. Normalmente, intentamos ser bastante discretos, pero en este caso comparto una foto con la esperanza de que disuada a la próxima persona de lanzar un cóctel molotov contra nuestra casa, sin importar lo que piense de mí”, ha escrito.

Altman reconoce a su vez que “el temor y la ansiedad ante la IA están justificados; estamos presenciando el mayor cambio social en mucho tiempo, y quizás de toda la historia”. “No todo saldrá bien”, continúa. También admite que esta tecnología “tiene una dinámica de 'poder absoluto' que lleva a la gente a hacer locuras” para llegar a dominarlo, por lo que pide actuar para que “nadie tenga el anillo”, en referencia a El señor de los anillos. “Es fundamental que el proceso democrático siga teniendo más peso que las empresas”, concluye.

Terrorismo doméstico

Moreno-Gama se enfrenta a 11 cargos estatales en California, incluyendo intento de asesinato e intento de incendio provocado. La Fiscalía de distrito de San Francisco ha explicado que estas acusaciones podrían conllevar una pena de entre 19 años y cadena perpetua.

A nivel federal, se le imputan delitos de posesión de un arma de fuego no registrada y destrucción de propiedad privada mediante explosivos. El fiscal federal de California ha advertido que “si las pruebas demuestran que el Sr. Moreno-Gama ejecutó estos ataques para cambiar las políticas públicas o coaccionar al gobierno u otros funcionarios”, su departamento lo tratará “como un acto de terrorismo doméstico”.

Su abogada, en cambio, ha denunciado que los fiscales han imputado cargos excesivos para congraciarse con Altman y señalado que Moreno-Gama atraviesa una “crisis de salud mental”. “Es injusto e inmoral que la Fiscalía y el Gobierno se aprovechen de la enfermedad mental de un joven vulnerable, convirtiendo un caso de vandalismo en un caso de intento de asesinato con posibilidad de cadena perpetua para ganar el apoyo de un multimillonario”, ha afirmado en declaraciones recogidas por Los Ángeles Times.

Es injusto e inmoral que la Fiscalía y el Gobierno se aprovechen de la enfermedad mental de un joven vulnerable, convirtiendo un caso de vandalismo en un caso de intento de asesinato para ganar el apoyo de un multimillonario

Abogada de Daniel Moreno-Gama

De confirmarse que la motivación del ataque era detener el avance de la IA, se trataría del primer atentado planificado cuyo móvil es el desarrollo de esta tecnología. En la publicación de su blog, Altman destaca que en los últimos tiempos se han publicado varios artículos “incendiarios” contra él y la propia industria, por lo que pide bajar el tono.

La inteligencia artificial generativa es una de las tecnologías de más rápida adopción de la historia. Tres años y medio después de la aparición de ChatGPT, los debates sobre las consecuencias negativas de esta tecnología se multiplican. Los procesos de despido achacados a la IA, la proliferación de contenidos falsos generados por máquinas, la concentración de poder tecnológico o la opacidad sobre los sistemas de entrenamiento ocupan ahora buena parte de la esfera pública, foros académicos y debates parlamentarios de todo el mundo.

La animadversión contra los grandes ejecutivos tecnológicos también ha aumentado. Esta tensión tuvo su pico en 2025 con el magnate más próximo a Donald Trump, Elon Musk. Tras celebrar la victoria del republicano con un saludo nazi y pasar a formar parte del gobierno como responsable de la eficiencia de la administración, promoviendo el despido de centenares de miles de trabajadores públicos, el fundador de Tesla y SpaceX vio como su empresa de vehículos eléctricos se convertía en objetivo de ataques por todo el país.

Desde principios de febrero hasta junio, cuando abandonó de manera definitiva el gobierno, concesionarios y vehículos Tesla de particulares sufrieron vandalismo y ataques violentos. Varios detenidos por estos actos se enfrentan ahora a penas de 15 a 20 años de prisión, acusados por la ex fiscal federal de EEUU, Pam Bondi, de “terrorismo doméstico”.

El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.

La empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) se creó oficialmente en 2006. Fue establecida mediante la Ley 1/2006, de 23 de marzo, como un instrumento del Gobierno regional para la gestión ambiental, principalmente enfocada en la lucha contra incendios. Cumple ahora 20 años y ha decidido celebrarlo este sábado, día 11 de abril, en Cuenca, con una fiesta con comida, bebida y música en directo.

No obstante, desde los sindicatos de STAS y USO con representación en la empresa, y que llevan años manifestándose por la mejora de sus condiciones laborales, prefieren precisamente eso: que se atiendan sus demandas.  

“No es momento de fiestas. Es momento de defender nuestros derechos”, apuntan. Consideran que quienes sostienen el operativo de lucha contra incendios “día a día” siguen esperando respuestas a problemas que afectan directamente a su trabajo, a su seguridad y a sus condiciones de vida.

Se da la circunstancia de que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) acaba de publicar la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el borrador de la nueva orden de prevención de incendios forestales que está tramitando. Con ello se inicia un proceso participativo de 20 días hábiles para aportaciones.

Mientras se prepara un gran evento, seguimos con los ya normalizados recortes en la campaña de incendios

Precisamente, esta semana los sindicatos han mantenido una reunión con la dirección de GEACAM en la que se les informó con detalle cómo será la celebración del 20 aniversario: en los días previos al día de la fiesta habrá actividades dirigidas a centros educativos, con talleres de educación medioambiental y sobre extinción de incendios forestales.

El día grande, este sábado 11 de abril, habrá un acto institucional y reconocimientos a trabajadores y trabajadoras de la empresa pública. “Nos parece bien que se reconozcan las dos décadas de la empresa y el trabajo de muchos compañeros y compañeras. También valoramos positivamente las actividades externas. Pero mientras se prepara un gran evento, seguimos con los ya normalizados recortes en la campaña de incendios”.

Este es el irónico cartel con sus demandas que los sindicatos han elaborado con motivo de la celebración:

Ponen como ejemplo el hecho de que sigan sin obtener explicaciones sobre lo ocurrido en el incendio del Pico del Lobo, y sin respuesta por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha a las solicitudes de reunión para abordar este y otros problemas.

Afirman STAS y USO que el coste de la fiesta será “cero” para la empresa, asumido por patrocinadores. Eso mientras la mayoría de interinos e interinas trabajan una media de tres meses al año, “con todo lo que conlleva en sus vidas”.

También recuerdan que desde septiembre están “anuladas” las bolsas de trabajo, generando “más inestabilidad y precariedad”, y que la empresa pública “se niega a negociar una subida salarial justa y acorde al trabajo que realizamos, pese al aumento del coste de la vida”.

Concentración a las puertas del ágape

“Seguimos desempeñando un trabajo de alto riesgo, protegiendo los montes y la seguridad de la población, sin el reconocimiento real que merece”, destacan.

Por todo ello, han convocado al resto de organizaciones sindicales y a todos los trabajadores y trabajadoras a una concentración el mismo 11 de abril a partir de las 10.00 horas, en la puerta del Recinto Ferial de La Hípica de Cuenca, donde se celebra la fiesta.

“No se trata de rechazar un plato de comida, bebida o un concierto. Se trata de algo mucho más importante: dignidad laboral, respeto y condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad que asumimos cada día. Los bomberos y bomberas forestales de GEACAM no necesitamos fiestas para sentir orgullo de nuestro trabajo. Lo que necesitamos es: ser personal laboral, salarios dignos, estabilidad laboral, reposición total, campañas de incendios sin recortes y diálogo real con la Consejería”, concluyen.

El último domingo marzo, una nueva protesta irrumpió en la plaza de Lavapiés. Decenas de personas se manifestaron en apoyo a Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista, días después de ser detenido frente a su casa por resistencia a la autoridad. La Policía Nacional lo trasladó a la comisaría junto a otras seis personas y, al ser puesto en libertad, Mbaye anunció su intención de presentar una denuncia ante lo que considera una operación “racista” y con tintes de “violencia policial”. En los últimos meses, e incluso años, los vecinos han acusado a las autoridades de una hipervigilancia respecto al barrio, con redadas habituales en un entorno multicultural. Pero ahora quieren cambiar el foco y situarlo sobre otros problemas cotidianos.

“Es una desfachatez”, opinan desde la plataforma Lavapiés al Límite, una suma de hasta 60 colectivos o entidades vecinales surgida en respuesta a la presión del barrio y centrada en reivindicar otros asuntos conflictivos además de la seguridad. Consideran que la presencial policial en la zona, con un 40% de población migrante según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), es excesiva y “desproporcionada”, y anteponen otras complicaciones como la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o la escasez de espacios óptimos para la infancia.

Para trasladar esta petición al debate público han decidido ponerse manos a la obra. A mediados de febrero, convocaron a vecinos y medios de comunicación para presentar su estrategia: un calendario de manifestaciones temáticas para todo el año. Los miembros de Lavapiés al Límite denuncian que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, no les ha recibido desde su creación en 2024, y aseguran que en su seno coexisten agrupaciones de vecinos representativas del barrio, con propuestas firmes sobre asuntos de interés vecinal. Así que, para hacerse oír, harán un llamamiento cada mes para protestar en la calle por cada una de las preocupaciones que perciben en Lavapiés.

“+ churros, - aguacates”: un alegato contra la gentrificación

En febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín, iniciaron un recorrido desde el Casino de la Reina con unas mil personas advirtiendo de su gran problema diario: el precio de la vivienda. Con irónicos carteles que pedían “+ churros, - aguacates”, los vecinos señalaron un viraje en el modelo de barrio que abría paso a la turistificación o la adquisición de piso por parte de fondos y grandes rentistas para exprimir al máximo su valor. Otro protagonista del día fueron las redadas policiales, con simbolismos hasta en el punto de partida de la manifestación.

El 23 de octubre, el Casino de la Reina fue testigo de un altercado con la policía durante un partido de fútbol. Jugaba el Dragones de Lavapiés, un equipo alevín del barrio, y en las gradas había familiares que fueron a ver a sus hijos. En el marco de una macrooperación antidroga que comenzó esa tarde en la zona y en la que participaron un centenar de agentes, varios de ellos se acercaron a la pista y se llevaron fuera de el recinto a algunos padres, según confirmó el entrenador del equipo, para identificarlos y recopilar sus datos. La Policía Nacional defendió el operativo aunque lo desvinculó de un aumento puntual en las denuncias o alertas detectadas en la barriada. Desde Jefatura se habló de un barrio habitualmente conflictivo, donde “muchos fines de semana hay agresiones con arma blanca”.

Durante el mes de marzo se retomaron las protestas con nuevos protagonistas, como el impulso a las políticas feministas o la dedicación a la infancia. Varias personas cerraron una calle de Lavapiés al tráfico para “visibilizar la falta de espacios de juego”, en perjuicio de los más pequeños. El objetivo de abril serán el clima y la petición de espacios verdes, con una acción prevista para el día 19. Mayo pondrá la lupa en los espacios autogestionados del barrio, que alberga centros sociales okupados reconocidos como el CSO La Rosa o La Tabacalera, ambos integrados en la plataforma que convoca estas manifestaciones.

En este caso, la selección temática guiña un ojo al 15M, el movimiento ciudadano iniciado en mayo de 2011 que derivó en protestas y acampadas masivas en distintas plazas de España. Las asociaciones promotoras avanzan que habrá asambleas en las plazas de Lavapiés o acciones que pongan en valor los espacios okupados con actividades abiertas. Para el inicio del verano, en junio, se impulsarán motivos vinculados al Orgullo LGTBI, que ese mes llenará las calles de todo Madrid; mientras que en julio retomarán el debate de la vivienda.

Acciones paralelas y un calendario reivindicativo por confirmar

Otras iniciativas aún están por confirmarse o de momento no se revelarán al público para evitar boicots o interferencias. En paralelo, los vecinos tiran de otros proyectos de presión como el mapeo de los pisos turísticos en la barriada o el tejido de una red asociativa que se organice para mantener sus demandas a la orden del día. Las actualizaciones de última hora se anunciarán en redes sociales, así como futuras convocatorias para elevarse a ojos de la administración.

La detención de Serigne Mbaye ha vuelto a remover la indignación más de un mes después desde que el portavoz del Sindicato de Manteros se preguntara, sentado en una mesa junto a otros miembros de Lavapiés al Límite, qué era lo que definía verdaderamente al barrio y sus necesidades. “¿Es acaso la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿La Policía es solvente en sus actuaciones? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, así que volveremos a la calle”, determinó aún sin saber que su futuro paso por comisaría despertaría una nueva oleada de críticas.

Cada vez hay más motivos. La oposición a Donald Trump inauguró el No Kings Day, el día contra los reyes, a raíz del megalómano desfile militar que organizó en Washington DC el pasado 14 de junio, coincidiendo con su 79 cumpleaños. Para entonces, apenas llevaba seis meses en el cargo. Desde entonces, se ha celebrado otro No Kings Day —18 de octubre—, pero el de este sábado llega después de dos asesinatos del ICE en Minneapolis en enero pasado en lo más alto de la represión migratoria de la Administración Trump, que acabó con la destitución del encargado del operativo, Greg Bovino, y de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Pero este No Kings llega, sobre todo, en medio de la guerra más impopular de la historia reciente de Estados Unidos; una guerra, en Irán, que no quería nadie más que Benjamín Netanyahu, y que, además de una gran oposición por parte de las organizaciones sociales y el Partido Demócrata, está generando un nuevo cisma en la base MAGA del trumpismo, con referentes como Tucker Carlson y la ex congresista Marjorie Taylor Greene, profundamente movilizados en contra de la guerra, y hombres fuertes del trumpismo, como Steve Bannon, diciendo que la guerra sobre todo interesa a Israel, y no a Estados Unidos.

La convocatoria, formada por unos 400 grupos, prevé superar las movilizaciones previas, que llegaron a 7 millones de asistentes y 2.700 convocatorias en octubre; y hasta 5 millones de manifestantes en 2.100 lugares en el pasado junio.

En este contexto, este sábado se están celebrando más de 3.000 protestas repartidas por todo el país en las que se están movilizando millones de estadounidenses contra las políticas de Donald Trump quien, después de prometer rebajar los costes de vida de la ciudadanía, está al frente de un país con los precios de la gasolina disparados por su guerra en Irán, con las consecuencias que eso tiene en la cadena económica: el alza de los precios energéticos encarece los procesos productivos, y el extra de dinero destinado a pagar la gasolina en un país en el que todo se hace en coche repercute en el dinero disponible para otros gastos.

Minneapolis, la principal ciudad de Minnesota y lugar en el que fueron asesinados Renee Good y Alex Pretti en enero a manos de agentes del ICE, alberga una de las principales movilizaciones, con la participación del senador progresista Bernie Sanders, las principales autoridades del estado, la actriz Jane Fonda y representantes de los mayores sindicatos del país.

Y todo esto en pleno año electoral, con unas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre en las que Trump se juega el control absoluto del que disfruta sobre el poder legislativo, mientras da muestras cada vez más significativas de cierta pérdida de facultades: este viernes llamó estrecho de Trump al estrecho de Ormuz.

Hundido en las encuestas

El índice de aprobación de Trump como presidente ha caído en los últimos días hasta su punto más bajo desde que regresó a la Casa Blanca, en pleno repunte en los precios de los combustibles y una desaprobación generalizada de la guerra que ha lanzado contra Irán de la mano de Israel, según revela una encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta muestra que sólo el 36% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump. La opinión de los estadounidenses sobre Trump se ha deteriorado significativamente con respecto a su gestión de la economía y el coste de la vida, dado que los precios de la gasolina se han disparado desde el 28 de febrero. Apenas el 25% de los encuestados aprueba la gestión que Trump ha hecho del coste de la vida, un tema central en su campaña para las elecciones presidenciales de 2024.

Solo un 29% del país aprueba la gestión económica de Trump; en lo que supone la calificación más baja registrada en cualquiera de las Administraciones presidenciales de Trump y es inferior a cualquier índice de aprobación económica obtenido por su predecesor, el demócrata Joe Biden.

Las preocupaciones de los votantes sobre la economía —y, específicamente, sobre el creciente coste de la vida— fueron un factor determinante en la derrota de Biden, y Trump basó su campaña en la promesa en resolver eso.

La posición de Trump dentro del Partido Republicano se mantiene, en gran medida, sólida. Solo alrededor de uno de cada cinco republicanos afirma desaprobar su gestión general en la Casa Blanca.

El índice de aprobación general de Trump se situó en el 47% durante los primeros días de su presidencia y, desde el verano pasado, se había mantenido en torno al 40%. Dicho índice se mantiene por encima del punto más bajo de su primera administración (33%) y ligeramente por encima del punto más bajo alcanzado por Biden (35%).

La guerra en Irán podría estar cambiando este panorama para un presidente que asumió el cargo prometiendo evitar las “guerras estúpidas”. La encuesta revela que el 35% de los estadounidenses aprueba los ataques de Estados Unidos contra Irán, cifra inferior al 37% registrado en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada la semana pasada. Alrededor del 61% desaprueba los ataques, en comparación con el 59% de la semana anterior.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha aumentado cerca de un dólar por galón –3,78 litros– desde que comenzó la guerra, dado que el conflicto ha restringido los envíos de petróleo desde Oriente Medio hacia el resto del mundo.

Los casos de represión contra el derecho a protesta que se dieron en movilizaciones españolas durante el año 2025 han ascendido un 66,7% con respecto al año 2024. De entre todas las movilizaciones, una cuarta parte de las intervenciones se produjeron durante protestas en solidaridad con Palestina (90 casos), seguidas de vivienda y okupación (67 casos) y antifascismo (61 casos). Son datos que recoge el informe anual de la plataforma Defender a quien defiende, defensora de los derechos humanos y que cada año estudia la situación del derecho a la protesta en el Estado español de forma cuantitativa y cualitativa.

El informe, presentado este jueves por Bernat Aragó (de la asociación NOVACT), Cèlia Carbonell (de la asociación Irídia), Gabriela López Neyra (psicóloga del Centro Sira) e Ibán Vazquez (de BDS Madrid), recoge que la represión se intensifica cada año y lo hace de manera más visible y más sistemática —a más protesta y movilización popular, más represión—. En total, según los datos que ha podido conseguir la plataforma Defender a quien defiende, en 2025 se dieron un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en contexto de protesta.

Tipos de vulneraciones del derecho a protesta

La organización diferencia entre tres tipos de datos. Los casos, según detalla la plataforma, hacen referencia a los episodios concretos vinculados “a una protesta o situación relacionada con el ejercicio del derecho a la protesta” (por ejemplo, una manifestación, un desalojo). Las vulneraciones son intervenciones concretas realizadas “por una autoridad pública o por un actor privado que afecta o restringe el ejercicio de alguno de los derechos que conforman el derecho a la protesta”. Por ejemplo, una carga policial, una detención, una multa administrativa o la apertura de un procedimiento judicial. Y las personas afectadas “se contabilizan por caso y por vulneración”, es decir, una persona identificada y detenida es una persona contabilizada; en cambio, “si se produce una carga policial desproporcionada contra un grupo de personas, pero no se reporta ninguna persona herida, contará como una sola persona”. Si una persona resulta afectada en distintos casos, se contabiliza en cada uno de ellos en los datos de la plataforma.

También se distinguen distintos tipos de vulneraciones. El estudio indica que en 2025 adquieren mayor peso las vulneraciones contra la integridad física y moral (147 casos con 419 personas afectadas) y las detenciones (76 casos con 324 personas afectadas), lo que se traduce en más de una tercera parte de las vulneraciones detectadas, mientras que en 2024 fueron más comunes lss identificaciones y sanciones administrativas (más del 50 % del total de casos registrados). El informe recoge distintos tipos de intervenciones contra el derecho a protesta: multa, identificación, ataques a la integridad física y moral (agresiones, uso desproporcionado de la fuerza, cargas, registros y cacheos, golpes no reglamentarios, amenazas, insultos, coacciones o vejaciones), detención, infiltración (presencia encubierta de agentes de paisano en manifestaciones o actividades en espacios sociales), represión judicial, censura, retención, burorrepresión (obstáculos administrativos, trabas burocráticas o exigencias desproporcionadas que dificultan la organización y participación en movilizaciones), policía sin identificar y otros.

Un cuarto de las retenciones fueron en protestas por Palestina

Las retenciones durante las protestas en solidaridad con Palestina fueron las más recurrentes (el 24,7 % de los casos), y han aumentado casi un 65 % frente al año anterior, sobre todo en casos de ataque a la integridad física y moral. Estos casos de represión se dieorn principalmente en tres acontecimientos del año 2025: el boicot a la celebración de La Vuelta Ciclista entre los meses de agosto y septiembre, las protestas por el secuestro de los activistas de la Global Sumud Flotilla, y la huelga general por Palestina el día 15 de octubre del mismo año. Durante La Vuelta Ciclista en Madrid, la Red de Observación de vulneraciones en contexto de protesta de Madrid registró más de una veintena de manifestantes heridos, “de los cuales cuatro referían heridas graves en cargas desproporcionales ocasionadas por la Policía Nacional”, según el informe de Defender a quien defiende.

Estas intervenciones fueron ejercidas en su mayoría por los cuerpos policiales (54,5%), donde los Mossos d’Esquadra son responsables de un 25,8% de los casos, y la Policía Nacional de un 22,6%. “Este patrón refuerza la tendencia observada en años anteriores, donde las fuerzas policiales representan el principal actor en la represión de la protesta”, explican desde Defender a quien defiende.

Por otro lado, las instituciones públicas y judiciales son responsables del 26,3 % de los casos (111), y el 19,2 % de las vulneraciones documentadas son de actores privados, que entran en juego en protestas como las de vivienda, con la intervención de empresas de desocupación como Desokupa.

El informe también distingue un análisis territorial de los casos, donde se aprecia que Catalunya es la comunidad autónoma donde más casos se han registrado en 2025 (194 de los 380), seguido de Madrid (61 casos) y la Comunidad Valenciana, donde, además de protestas en solidaridad con Palestina, la vivienda y movilizaciones antifascistas, se produjeron muchos episodios vinculados a las protestas por la gestión de la DANA.

El recuento no corresponde a la totalidad de casos existentes pues, según explican en su informe, “en el Estado español no existe ningún mecanismo oficial de recuento o sistematización de vulneraciones del derecho a la protesta”, por lo que la recopilación de estos datos se ha conseguido mediante “observación directa por parte de redes de monitoreo en el terreno, testimonios y documentación aportada por personas afectadas, así como el seguimiento sistemático de medios de comunicación y redes sociales de movimientos sociales”. Defender a quien defiende explican que esta información es “una radiografía basada en los casos detectados y documentados por la plataforma, sin posibilidad de contraste con datos institucionales equivalentes. El volumen real de afectaciones es necesariamente superior”.

Diez años de la Ley Mordaza

El informe de Defender a quien defiende de 2025 coincide con el décimo año desde la aprobación de la Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana) en España, que entró en vigor en julio de 2015. Esta ley ha supuesto el aumento y endurecimiento de las sanciones en los espacios públicos, principalmente en manifestaciones, y que limitan los derechos de los ciudadanos (libertad de expresión y protesta). Desde la plataforma apuntan que “no se debería haber aprobado nunca” y aseguran que fomenta malas prácticas con el material policial.

Este aumento de malas prácticas se ha podido apreciar en el incremento del uso de gases pimienta, pelotas de goma, bastones policiales, proyectiles de foam y otros materiales antidisturbios. La organización afirma que hay casos en los que los cuerpos los utilizan sin seguir los protocolos establecidos para ello, llegando incluso a provocar en activistas fracturas óseas en brazos, piernas y costillas. La plataforma denuncia que en numerosas ocasiones el uso de este material está “injustificado” y exigen la prohibición de los gases y los proyectiles.

De la misma forma, desde Defender a quien defiende critican las nuevas técnicas de control y vigilancia de la ciudadanía en el espacio público, como cámaras de seguridad, cámaras térmicas y de reconocimiento facial, y defienden que “solo una sociedad informada, que comprende los riesgos reales y se reconone como sujeto político en el espacio público, puede resistir la normalización de la vigilancia y movilizarse para construir alternativas democráticas y justas”.

Alrededor de un centenar de trabajadores y trabajadoras se han concentrado este jueves en el entorno del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano para mostrar su rechazo al nuevo modelo organizativo planteado por la Dirección. Según informa el Comité de Empresa -convocante de la protesta- en un comunicado, este cambio supone la eliminación de decenas de puestos de estructura en distintas áreas del centro.

La movilización pone de manifiesto “la creciente preocupación de la plantilla” ante una reorganización que, según denuncia el comité, no responde a una reducción real de la carga de trabajo y sí introduce riesgos en la operativa y la seguridad industrial.

Según la información trasladada a la representación de los trabajadores, la propuesta incluye cambios organizativos acompañados de procesos de externalización y una reducción significativa de estructura que se suma a ajustes previos ya realizados en el complejo.

Desde el Comité de Empresa se cuestiona el argumento empresarial basado en la eficiencia, la digitalización o la reorganización interna. “Se pretende hacer más con menos, pero la realidad del día a día demuestra que no hay una bajada real de la carga de trabajo”.

En este sentido, advierten de que este tipo de decisiones tienen un “impacto directo” sobre la seguridad industrial. “Reducir estructura en entornos de alta exigencia técnica no es una cuestión administrativa. Afecta a la capacidad de respuesta, al control de procesos y, en última instancia, a la seguridad de las instalaciones”.

Para la representación de los trabajadores, la medida resulta “especialmente difícil de entender” en el contexto actual de la compañía. “No se puede plantear una reducción de puestos de estructura en un momento en el que la empresa presenta resultados sólidos. Estos resultados nacen del esfuerzo de los trabajadores, y las decisiones deben estar a la altura de ese compromiso”.

Asimismo, denuncian la falta de un proceso de diálogo real. “Son decisiones que se están tomando lejos del complejo, sin tener en cuenta la realidad operativa ni la experiencia de las personas que trabajan en él”.

Por ello, el Comité de Empresa ha pedido a la Dirección que retire la propuesta, la apertura de un proceso de diálogo “transparente” y la justificación objetiva de cualquier cambio organizativo, “priorizando en todo momento la seguridad industrial y unas condiciones de trabajo adecuadas”.

La empresa asegura que no afectará al empleo

Preguntada por este medio, desde Repsol aseguran que esta nueva estructura organizativa tiene por objetivo “adecuar su esquema actual a los retos de la transformación industrial del complejo”. Afirman que con las modificaciones quedan “garantizadas” la seguridad y la eficiencia, mientras que el personal que ocupa los puestos que se modifican será reubicado en otras posiciones, por lo que “no habrá” afectación al empleo.

“Este nuevo modelo pretende ayudar a que el complejo industrial de Puertollano esté preparado para afrontar los nuevos proyectos de crecimiento, el acceso a nuevos mercados y la especialización de sus negocios, manteniendo así su competitividad”, señalan desde Repsol, añadiendo que con esta propuesta buscan “proteger la actividad industrial y el empleo en Puertollano a medio y largo plazo, en un contexto económico complejo, marcado por la elevada volatilidad en los mercados energéticos y por un mercado químico europeo que va perdiendo competitividad”.

Los cuatro sindicatos con representación en la función pública han alzado hoy la voz contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por lo que consideran su última “cacicada”: suprimir la excedencia voluntaria en funcionariado interino y temporal.

CCOO, STAS, UGT y CSIF se han manifestado a las puertas de la Delegación de Función Pública en Toledo para protestar por esta medida, incorporada mediante una enmienda del Grupo Socialista a la conocida como ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos regionales de 2026, que se aprueba hoy en el pleno de las Cortes regionales y que todos los años incorpora decenas de novedades en bloque.  

Concretamente, los sindicatos se refieren a la supresión de un párrafo en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. En el artículo 121 de esta normativa se establecía hasta ahora que puede declararse en “situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios” en el sector público el personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública.

Y esta misma posibilidad se contemplaba para el personal funcionario interino, personal estatutario temporal o personal laboral“. Es este último párrafo el que elimina la enmienda socialista. Los sindicatos conocieron esta decisión en la Mesa sectorial de la Función Pública celebrada a comienzos de semana. Y abandonaron la misma por este motivo, anunciado la protesta de hoy, en paralelo a su votación en el pleno.

Durante la movilización, los sindicatos han leído un manifiesto en el que acusan al Gobierno de Emiliano García-Pge de “volver a recortar derechos” al personal empleado público. “Y esta vez, sin negociación”, añaden. “Estamos ante una decisión unilateral que desprecia la negociación colectiva y a quienes representamos legítimamente al personal”.

Para los manifestantes, la modificación planteada supone “un ataque directo a las ya limitadas posibilidades de promoción profesional” del personal funcionario de la Administración regional. Consideran que implica menos oportunidades reales de avanzar en la carrera administrativa, “más bloqueo profesional” y “peores expectativas de estabilidad para miles de empleadas y empleados públicos”.

“Una vez más, se sustituye la negociación colectiva, ya de por sí efímera y repetidamente disfrazada de información, por la imposición. El ninguneo a la parte social alcanza un nuevo nivel: se legisla de espaldas a quienes sostienen los servicios públicos, ignorando deliberadamente cualquier posibilidad de acuerdo”, añaden en su manifiesto.

También claman por la carrera profesional

Además, también se han hecho eco de otro de los puntos que debate el pleno de las Cortes regionales: la carrera profesional, que “sigue sin desarrollarse por falta de voluntad política”.

“Para avanzar en derechos nunca hay tiempo; para recortarlos, toda la prisa y todo el rodillo. Lo que está en juego no es solo la excedencia por prestación de servicios en el sector público, sino el futuro de nuestras condiciones de trabajo”.

Para los sindicatos, no se trata de una concentración más: “Es una respuesta colectiva ante el desprecio. Si no respondemos ahora, vendrán más recortes. Si respondemos en unidad de acción, seremos más fuertes”, concluyen.

El barrio de El Cerezo, ubicado en el Distrito Macarena de Sevilla, ha amanecido este miércoles con pintadas en rechazo al nuevo Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local, más conocido como GAR. “Mejor gorrillas que boinas rojas”, “Más vecinos solidarios y menos policías” o “Mejor gorrillas que racistas” son algunos de los mensajes que pueden leerse en estos emplazamientos, entre los que también se encuentran algunos pasos de cebra.

Así lo ha manifestado el sindicato de la Policía Local de Sevilla a través de su cuenta oficial en X, al tiempo que ha asegurado que, a su juicio, el acto no se corresponde con una exaltación de la “libertad de expresión”, sino con un “blanqueamiento de la delincuencia”. “Todo esto ocurre en un barrio en el que el déficit de policías es brutal y la dejadez institucional es evidente”, han asegurado.

Entre las vías afectadas se encuentran la calle León XIII, Granate y Diamante, entre otras, todas ellas en el referido barrio. No obstante, tal y como ha podido conocer esta agencia, en la mediodía de la presente jornada se están llevando a cabo labores de limpieza por parte del servicio municipal.

36 agentes

Las pintadas suceden en el marco de una jornada marcada por la convocatoria de una manifestación por parte de la asociación vecinal 'SOS Barrio El Cerezo de Sevilla', con salida en la avenida Sánchez Pizjuán y término en el Parlamento andaluz. En un comunicado a través de las redes sociales, han trasladado que es una marcha “pacífica, reivindicativa, constructiva, respetuosa y buscando soluciones”. Por ello, han añadido que “no hay cabida al rédito partidista, ni para los grupos violentos extremistas”, sino que se trata de un movimiento vecinal de afectados “por la inseguridad, la insalubridad y la dejadez institucional de un barrio obrero”.

Cabe recordar que el pasado 17 de marzo, el Ayuntamiento presentaba este nuevo grupo antidisturbios, un conjunto “de élite” que cuenta con 36 agentes, entre los que se encuentran 30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un Intendente Principal. Así, nace con el objetivo de llevar a cabo un servicio “versátil y especializado” y responder a una “demanda histórica”, así como “servicios especializados”, para lo que contarán con una dotación diferente a la del resto de la plantilla, por ejemplo, a través del uso de escudos o casos.

El detonante técnico, según denuncian más de 50 entidades sociales de Sevilla y reflejan los presupuestos de 2025, ha sido el recorte de plazas en los albergues municipales. Esta decisión ha provocado un aumento crítico de personas pernoctando en las aceras de El Cerezo y Doctor Fedriani. Para muchos vecinos, la acción ciudadana es la única salida ante lo que consideran un vacío de poder.

Nos enfrentamos a una crisis gravísima y muy preocupante. Presenciamos guerras y genocidios, el auge del racismo y las extremas derechas, un machismo y una LGTBIfobia desatados, el colapso climático… Todo acompañado por la obscenidad de multimillonarios enriqueciéndose aún más —a costa nuestra— mientras abusan impunemente de menores. Ante este panorama, cualquiera se desmoraliza.

Sería fácil resignarse, pensar que no podemos hacer nada, que ellos ya han ganado. Fácil, pero sería un terrible error.

En realidad, a la gran mayoría de las personas del planeta nos indigna y enfada lo que está pasando. Cada una con su propia visión, por supuesto, pero sabemos que el mundo no va bien. Si nos unimos y actuamos, podemos cambiar las cosas.

La situación actual nos perjudica colectivamente. Las políticas de austeridad, que están intensificando la desigualdad en un país tras otro, van acompañadas de una involución democrática y una creciente represión contra las luchas sociales. Mientras, los poderosos recurren al racismo para aplicar el divide y vencerás. Plantar cara ante todo esto es en nuestro interés colectivo.

Pues este sábado, 28 de marzo, será una buena oportunidad para mostrar nuestro rechazo compartido ante la deriva actual del mundo. 

La red internacional de movimientos unitarios, “Un mundo contra el fascismo y el racismo” (WARAF en sus siglas en inglés) ha llamado a 150 protestas por todo el planeta. Habrá acciones por toda Europa, además de Sudáfrica, Malawi, Japón… En EEUU, se han convocado 3.000 protestas bajo la bandera de No Kings.

En Barcelona, unas 140 entidades convocamos la manifestación unitaria “Paremos el fascismo y el racismo”. La iniciaron Unitat Contra el Feixisme i el Racisme —el movimiento unitario establecido en 2010 e integrante de la red global WARAF— y otros espacios antirracistas como Movimiento #RegularizaciónYa o Top Manta. 

A estos, se han sumado asociaciones vecinales, sindicatos y partidos; movimientos feministas y LGTBI+, el movimiento por la vivienda digna, la federación de ONGs, y movimientos de solidaridad con Palestina, incluyendo la propia Global Sumud Flotilla. Es que cada vez más personas están reconociendo dos cosas esenciales.

Los problemas a los que nos enfrentamos no son aislados. La subida de la extrema derecha conlleva el endurecimiento de las políticas europeas sobre migración y refugio, ya de por sí racistas. Exacerba la islamofobia y la transfobia (formas de odio que también promueven sectores más allá de la extrema derecha, tristemente). 

Ante las cifras alarmantes de violencia de género —en el Estado español este año, una mujer es asesinada cada cinco días, y el año pasado hubo más de 150.000 denuncias por violencia machista— los ultras niegan los hechos, y efectivamente promueven la impunidad de esta violencia. A pesar de las pruebas científicas clarísimas del cambio climático, la extrema derecha, otra vez, impulsa el negacionismo. Son una amenaza global.

La impunidad de las sucesivas guerras en Oriente Medio solo se entiende en el contexto de muchos años de deshumanización racista de las poblaciones que están siendo asesinadas bajo las bombas. El genocidio que lleva a cabo el Estado israelí contra el pueblo palestino es la máxima expresión del racismo supremacista y colonialismo: de hecho, instituciones como la Asamblea General de la ONU o el Parlament de Catalunya han identificado el sionismo como una forma de discriminación racial. Esto explica por qué gran parte de la extrema derecha internacional, incluyendo a grupos claramente fascistas, apoyan plenamente al gobierno israelí, también ultra. Sin dejar de promover, por supuesto, la pseudoteoría antisemita e islamófoba del “gran reemplazo”.

Todo esto confirma que toda lucha seria en uno de estos ámbitos debe reconocer su conexión con otras luchas. 

Esto nos lleva al segundo punto clave. No nos pondremos de acuerdo en todo un análisis teórico sobre todos estos problemas, ni en la manera exacta en que se relacionan. Cada persona o grupo tendrá su propia visión, y es esencial reconocer y respetar esta diversidad. 

Necesitamos la unidad en las luchas, no la uniformidad de ideas.

La manifestación de Barcelona tiene como lema “Drets per a tothom”: derechos para todo el mundo. No hace falta que compartamos la misma visión teórica sobre las opresiones. Lo que compartimos es el principio —a la vez muy moderado y muy radical— de que todas las personas deben, debemos, tener derechos, sin discriminaciones en base al origen o nacionalidad; género/identidad de género; orientación sexual; religión, etc. 

En términos concretos, nos oponemos al racismo en todas sus formas, incluyendo la islamofobia, el antisemitismo, el antigitanismo, el sionismo…; rechazamos la transfobia y el machismo; y eso no depende de si somos personas trans, musulmanas, etc.

Una de las entidades convocantes de la protesta en Barcelona es el Movimiento Regularización Ya, que ha impulsado una lucha unitaria, exitosa y ejemplar. Muchísimas personas, muy diversas, participaron en la recogida de las más de 700.000 firmas para exigir la regularización administrativa de las personas que actualmente no tienen documentación. Una de las demandas de la manifestación del 28M es que se ponga en marcha una regularización amplia, efectiva, ágil y no excluyente.

Otro ejemplo modélico de lucha unitaria es el movimiento vecinal, que también convoca el 28M. Las asociaciones vecinales luchan desde hace décadas en defensa de la democracia. Ahora están luchando barrio a barrio para que los discursos de odio no contaminen nuestras calles o las instituciones. Movimientos más nuevos, como el Sindicat de Llogateres, otro convocante del 28M, también combaten el racismo inmobiliario, una de las claves de la exclusión y discriminación.

Además, no hay duda de la transformación que ha impulsado el movimiento feminista y de como, por ello, también se ha convertido en una de las principales dianas de los fascismos. Y una vez más, el pasado 8M demostró su voluntad de plantarles cara sin tapujos.

Hace falta generalizar el modelo de lucha unitaria y amplia en muchos frentes, pero especialmente contra la extrema derecha y el racismo. 

En Catalunya, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme existe desde 2010, pero en muchos territorios del Estado español, no existe nada parecido. Esperamos que la jornada internacional de protestas de este 28 de marzo inspire a personas y movimientos en otros lugares a trabajar en este sentido.

Por nuestra parte, saldremos a las calles de manera unitaria y diversa (ya se están organizando bloques específicos de mujeres; contra la LGTBIfobia; sobre la vivienda; del mundo educativo; por Palestina; contra el antigitanismo…) para hacer visible que sí, las personas que nos oponemos al fascismo y el racismo somos la mayoría.

El 28M debe ser una gran muestra de que, a pesar de todo, hay esperanza. Con todo lo que pasa en el mundo, esto tiene un valor enorme.

Firman este artículo:

“Lo que se tramitó como una emergencia social urgente ha acabado siendo un ejemplo de mala gestión, falta de control y posible trato de favor en la contratación pública”. Esta frase, pronunciada en una comisión presidida por la responsable de Obras del Ayuntamiento de Madrid, ha reavivado las críticas respecto al futuro centro de acogida en El Cañaveral. Ahora, las razones son otras: el PSOE arremente contra el retraso en su apertura, prevista para este mes, por problemas en con el contratista de la obra. Pero a la vuelta del verano, en septiembre, los vecinos de este barrio de Vicálvaro salieron a la calle exigiendo paralizar el proyecto, destinado a personas sin hogar, hasta que se resuelvan las cuentas pendientes en infraestructuras públicas.

Recientemente, la Administración municipal cesó el contrato con la constructora adjudicataria de la obra para el centro de acogida, FTC Obras y Energía, por diversos incumplimientos y eso ha ralentizado todo el proceso, posponiendo la apertura de unas 150 plazas destinadas a personas vulnerables y otro encargo en una promoción de pisos protegidos para Villaverde. Así que este miércoles, en una de las sesiones plenarias con concejales de la oposición y responsables de cada área, el portavoz del PSOE Pedro Barrero espetó a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Rodero, lo que considera un “fracaso absoluto” en la gestión del centro de acogida.

Desde el PSOE consideran que el proyecto, anunciado a justo antes de otoño, arrastra “meses de incertidumbre” por la entrada de su adjudicataria en concurso de acreedores. De hecho, Barrero desliza un posible conflicto de intereses por la elección de FTC Obras y Energía (empresa española especializada en construcción y renovables), con la que consideran que deberían haber tenido más ojo por los “riesgos” que presentaba la situación de la compañía. Recuerda además que esta misma constructora obtuvo otros contratos municipales en los últimos años y lanza un dardo al Área de Obras: “Esto obliga a preguntarse si estamos ante un contratista habitual o un caso de favoritismo”.

Desde el área de Obras, la concejala Paloma García Romero defendió la actuación del Ayuntamiento y rechazó cualquier irregularidad en el proceso de contratación. “Nadie se ha saltado el procedimiento y se ha cumplido toda la ley”, aseguró, subrayando que la empresa adjudicataria “había funcionado muy bien” en otros proyectos municipales, entre los que menciona el centro cultural de Valdebebas. La edil atribuyó la paralización a circunstancias sobrevenidas —la entrada en concurso de la constructora— y enmarcó el caso dentro como una gota en el mar: “Para la barbaridad de obras que hacemos, me parece poco que solo una haya tenido este problema”.

Para la barbaridad de obras que hacemos, me parece poco que solo una haya tenido este problema

Paloma García Rodero — Responsable de Obras y Equipamientos en el Ayuntamiento de Madrid

En su intervención, también criticó lo que calificó como “demonización” de las empresas por parte del Gobierno central, vinculándolo a su política fiscal y laboral. Pese a todo, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida insiste en quitar hierro al asunto: “Lo importante es que la obra ha vuelto a empezar”, zanjó su responsable de Obras. Pero los socialistas cuestionan que el consistorio optara, primero, por la vía de emergencia sin garantizar a su juicio que hubiera “mecanismos suficientes” para evitar bloqueos de este tiempo en una infraestructura considerada como prioritaria.

“No se puede hablar de urgencia cuando el resultado es una obra parada durante meses”, vino a reprochar Barrero durante su intervención. El retraso en las obras acentúa el hartazgo que ya han manifestado anteriormente vecinos El Cañaveral. La construcción de un centro de acogida generó malestar desde el inicio. No fue tanto por el recurso en sí, como por la percepción de desequilibrio en las prioridades del Ayuntamiento, al que anteriormente se han reclamado otros recursos como un centro de salud —el barrio nació oficialmente en 2017 y no dispone de ambulatorio— o más plazas públicas en escuelas.

Las asociaciones vecinales organizadas en la zona han expresado en reiteradas ocasiones su frustración respecto a este tema y la “doble vara de medir” que afecta a algunos de los nuevos desarrollos del sureste de Madrid, donde la llegada de equipamientos públicos ha sido más lenta de lo esperado. Mientras tanto, el centro de acogida sigue avanzando —ahora de nuevo en marcha— en medio de críticas políticas y recelos vecinales, convertido en símbolo de las tensiones entre gestión municipal, planificación urbana y expectativas ciudadanas.

Un millar de agricultores convocados por las organizaciones agrarias ha protestado este miércoles en Valladolid contra “la especulación feroz” en los precios el gasóleo agrícola y de los fertilizantes y para reclamar al Gobierno ayudas directas al sector, por la crisis económica derivada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo han trasladado en declaraciones a los periodistas los representantes autonómicos de Asaja, UCCL, UPA y Coag en declaraciones a los periodistas frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, donde han registrado sus demandas para marchar por el centro de la ciudad hasta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Precedidos por cuatro tractores, la manifestación convocada en “unidad de acción” ha recorrido el centro de la ciudad tras la pancarta 'Contra la especulación con el gasóleo que arruina al campo', acompañados de algún petardo y jotas.

Ayudas directas y plan específico para el cereal

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha enumerado las medidas que su organización reclama al Gobierno, como garantizar el suministro de combustible y de fertilizantes, ayudas directas urgentes, frenar la especulación de las multinacionales que “se está enriqueciendo a costa de empobrecer al sector agrícola y ganadero” y medidas fiscales que alivien el coste de estos productos, que a su juicio “arruinan” al sector mientras se llenan las arcas del Estado.

“España necesita un plan específico para el sector de cereales, sin duda alguna el más castigado por esta situación, el más castigado por la guerra de Ucrania”, ha urgido, especialmente para Castilla y León que es el “granero de España” y necesita de apoyos para evitar “la ruina”.

Jesús Manuel Martínez Palacín (UCCL) ha advertido de que “la situación es extremadamente grave”, especialmente en un momento en el que más hacen falta fertilizantes nitrogenados que han subido más de un 40 % en los últimos días y el gasóleo, cuyo precio se ha incrementado un 60 %.

“Si queremos salvar las explotaciones de Castilla y León y de España es urgente que se den ayudas directas y rápidas para que podamos seguir sembrando y para que nuestras explotaciones no paren”, ha afirmado, así como ha reclamado el consenso de las fuerzas políticas para aprobar una “ley urgente para evitar la especulación” porque “en esta crisis hay gente que está haciéndose de oro” y un gran pacto a lo largo de toda la cadena de valor.

Reclamaciones a la Junta y Unión Europea

El secretario general de UPA CyL, Aurelio González, ha incidido en que los precios del carburante se han inflado “de forma artificial” en estos días, ha pedido colaboración a también al ejecutivo autonómico -ya que “el 60 % de los impuestos de los carburantes se lo llevan las comunidades autónomas”- y una unidad entre los partidos políticos para afrontar esta situación.

Lorenzo Rivera (COAG) ha elevado sus propuestas no sólo a la Junta y al Gobierno de España, sino a las instituciones europeas para que “tomen cartas en el asunto” para hacer frente al incremento diario de fertilizantes y gasóleo y ha mostrado su deseo de que en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes se aprueben ayudas reales y directas porque, de no hacerlo, “la producción agroalimentaria está en peligro”.

Desde que un día llamaron a su puerta con una oferta de 10.000 euros a tocateja, la vida de Ángel ha dado un vuelco. Pero ahora el miedo a perder su casa se ha convertido en rabia. Más de un año después, comienza a verterla contra aquellos huéspedes. “El fondo de inversión Palau & Manfredi ha comprado el edificio y nos quiere echar a la calle”, denunciaba este domingo, arropado entre sus vecinos. En enero de 2025, un agente contratado por esta sociedad inmobiliaria se presentó en su domicilio, en el número 37 de la calle Gaztambide, donde alquila un piso con su pareja. La noticia les dejó a cuadros: la propietaria había fallecido y ahora los herederos querían vaciarlo. La idea era hacer reformas, exprimir el recurso y venderlo al mejor postor; así que, de día para otro, el bloque pasó a ser una gallina de los huevos de oro en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

Desde entonces, los vecinos se han organizado para poner en marcha una campaña de denuncias en redes y, recientemente, una jornada de protesta. Fue este mismo domingo, 15 de marzo, cuando se movilizaron conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para reclamar una reunión al fondo que gestiona actualmente la propiedad. En un comunicado, el órgano sindical pidió negociar nuevos contratos de alquiler “estables y asumibles” para los inquilinos. Para algunos, como es el caso de Ángel e Irene, su contrato no concluye hasta 2028, así que les ofrecieron los 10.000 euros por marcharse.

Si no accedían, la otra opción era cobrar unos 200 euros cada vez que la sociedad family office organizara una visita al piso --en el que aún son inquilinos-- en busca de potenciales compradores. Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la empresa tiene en mente “reconvertir el bloque en pisos de lujo”, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente nada parecido. A principios del año pasado, Ángel se topó con dos personas en el rellano que, según él, parecían inspeccionar el edificio. Ese día marcó un punto de inflexión.

Eran un hombre y una mujer. Ella se presentó como su abogada y les informó de que iban a efectuar obras en las instalaciones, instándoles a “tener en cuenta las molestias” que eso puede suponer en su día a día. Para estos inquilinos, aquella fue una táctica de acoso inmobiliario. Desde entonces, la presión sobre los vecinos se acentuó: burofaxes que anuncian la no renovación de contratos, visitas constantes de potenciales compradores, llamadas insistentes, ofertas económicas para marcharse antes de tiempo. Y, según su denuncia, algo más: cortes de suministros y obras que complican la vida diaria.

Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. ”Si nos quieren echar de nuestras casas, van a tener un problema“, resumieron los vecinos durante la protesta, a modo de reafirmación colectiva después de meses de incertidumbre piso a piso.

Uno de los rostros involuntarios de la reivindicación fue Carmen, que trabaja en uno de los locales que habrán de desalojar. Lleva ocho años y medio en una conocida pastelería de la calle, que terminaba su contrato este mismo año y será uno de los primeros espacios en desaparecer con la compra. Ella ha cumplido 41 y vive con su madre no muy lejos de allí, aunque ha de coger el metro para llegar a su puesto. Con el tiempo, se ha convertido en una cara conocida para algunos vecinos.

Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que da calidad a un barrio. Y temo que este acabe perdiendo su esencia

Carmen — Trabaja en uno de los locales comerciales que concluyen su contrato

“Carmen ha sido nuestra mejor red social”, proclamaba desde el balcón en uno de los pisos, megáfono en mano, una de las manifestantes este domingo. A pie de calle estaba Carmen, uniformada de blanco y sonrojada por los aplausos. “Ahora se queda en paro, así que queremos agradecerte todo lo que nos has ayudado. Si alguien puede pasar su currículum, agradeceremos que no se nos vaya de aquí”, concluía la vecina en su discurso dando paso a una cadena de aplausos y vítores. En diciembre, su jefe recibió otro burofax de la empresa advirtiendo de que deberían abandonar el edificio a finales de abril.

“Me siento agradecida de haber podido ayudarles o alegrarles si es que ha sido así. Pero al final, aunque solo sea un trabajo, duele por la gente a la que dejas atrás y también por la incertidumbre que llega”, revela Carmen días después, al otro lado del teléfono. “Esta es una zona muy buena y quieren aprovechar la situación, pero siento que estas situaciones son las que terminan por cargarse el pequeño comercio en los barrios”, sentencia la trabajadora, augurando que el ejemplo de Gaztambide puede repetirse en otros puntos de la ciudad: “Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que le da calidad a un vecindario. Y temo que este acabe perdiendo su esencia”.

El de este bloque no es un caso aislado. Las organizaciones de inquilinos llevan tiempo alertando de una dinámica que se ha extendido por distintos barrios de Madrid: fondos de inversión que compran edificios enteros con contratos en vigor, comunican su intención de no renovarlos y despliegan distintas fórmulas de presión para acortar los plazos. En el caso de Palau & Manfredi, las vecinas aseguran que el mismo esquema se ha reproducido en otros inmuebles fuera de Madrid, como en Barcelona, donde el fondo posee otro edificio en el Eixample.

Por vivir en su piso, Ángel e Irene pagna 1.100 euros al mes sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. Creen que la maniobra incrementará el precio de la vivienda para equipararla al estatus del barrio. Así que la protesta del domingo se presentó como una llamada a la negociación, donde los vecinos solicitaron a la propiedad que respetara los contratos y no trate de expulsar a sus inquilinos de forma inminente. En el interior del portal, entre buzones y carteles improvisados, alguien ha escrito un mensaje que resume el momento: “Aquí vive gente”.

No todos los trabajadores que así lo deseaban han podido salir este martes, 17 de marzo, a las calles vascas durante la huelga general para protestar por un salario mínimo propio de 1.500 euros, superior al vigente en España de 1.221 euros. Como por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar internas. Sin embargo, a modo de protesta, muchas de ellas han colgado pañuelos naranjas que representan a su sector en las ventanas de los hogares en los que trabajan, así como fregonas y escobas en los balcones.

“Están con nosotras aunque no estén en las calles. Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas, porque en nuestro sector es donde más se vulneran los derechos. No contamos con convenio y nos han negado el derecho a ese convenio. Nos discriminan por el hecho de ser migrantes, nos racializan y somos maltratadas en los domicilios en los que trabajamos. Inspección de Trabajo no hace nada para vigilar cómo son nuestras condiciones dentro de las casas. A muchas compañeras no les pagan los salarios porque están en situación irregular. Se nos pagan lo que quieren, sin pagas extra, vacaciones o descanso. Por eso nos unimos a esta huelga, porque queremos reivindicar nuestros derechos. Protestamos por salarios dignos para nosotras y para quienes no pueden parar”, explica Yolanda, quien lleva seis años trabajando en Euskadi como trabajadora del hogar, dos de ellos como interna.

Junto a ella un grupo de trabajadoras del hogar porta pañuelos naranjas y carteles morados con forma de mujer en los que se lee la realidad de cada una. “Soy Luz Míriam, de Colombia. Soy interna desde hace ocho años”, “Soy Edurne, de Bilbao. Trabajo dentro y fuera de casa sin tiempo y sin descanso”, “Amaia naiz, soy amama y no tengo jubilación” o “Soy Teodocia, cuidadora de Alzheimer y exijo mi derecho a paro”. “Nuestra realidad es que muchas de nosotras hemos trabajado durante años sin contrato. En mi caso tengo contrato solo desde hace cinco años y de media jornada porque la familia ha decidido así. Eso ha hecho que prácticamente no vaya a tener una jubilación. Ya no protesto para mí, sino para las que vengan, para que ganen lo que es justo por su trabajo”, reconoce Maritza, que a sus 66 años cuenta con más de tres décadas como trabajadora del hogar a sus espaldas.

Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas

Yolanda — Trabajadora del hogar

Entre las miles de personas que han recorrido las calles del centro de Bilbao se mezclan realidades completamente distintas, pero con una precariedad parecida. Los trabajadores de artes gráficas de Bizkaia siguen de cerca a las trabajadoras del hogar. En su caso, tras una pancarta en la que se lee “¡Convenio digno ya!”, han exigido la renovación de su convenio que data de 2012 y han informado de que comenzarán once jornadas de huelga para lograrlo. “En los últimos años, estamos intentando lograr un convenio digno. En 2024 hicimos doce días de huelga, pero no conseguimos mover a la patronal. Nos dimos un año para evaluar las negociaciones, pero al ver que no había avances, a final de año decidimos volver a activar las huelgas. En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga que vamos a llevar a cabo en las artes gráficas de Bizkaia. Desde aquí hasta semana santa”, detalla a este periódico Mikel Etxebarria, uno de los casi 2.000 trabajadores que trabajan en rotativas, imprentas, cartonaje, papel o copisterías de Bizkaia.

En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga

Mikel Etxebarria — Trabajador del sector de artes gráficas

Los trabajadores del Puerto de Bilbao, cada uno desde su trinchera, se han unido también este martes para recorrer el centro de la ciudad tras una pancarta en la que se lee “Portuko langileak lan baldintza duinen alde. Los trabajadores del Puerto, a favor de condiciones de trabajo dignas”. “Aprovechamos esta reivindicación de un salario justo para Euskal Herria para también manifestarnos por la precarización a la que nos quieren someter las multinacionales que hay en el Puerto de Bilbao, donde hay varios conflictos laborales, como en amarradores, un servicio de atraque y desatraque de barcos, limpieza, contenedores o en estibadores, donde hay problemas con la renovación de los convenios y otras empresas. Por el momento tenemos trabajos dignos, pero tememos que las multinacionales precaricen nuestro salario a través de la deslocalización del trabajo”, reconoce Pello de Vega, que lleva cerca de 20 años trabajando en el Puerto.

Por su parte, también en la manifestación, decenas de trabajadoras del sector de Intervención Social han exigido la publificación de sus servicios, que están siendo subcontratados. “Nuestro sector está en lucha porque somos trabajadoras públicas privatizadas en un modelo de subcontratación en el que muchas compañeras no alcanzamos el salario mínimo interprofesional que en el día de hoy se está reivindicando, es un sector feminizado, muy conectado con el trabajo de cuidados. Nuestro sector trabaja con sectores de población más vulnerabilizada y es especialmente sensible a la situación creciente internacional de desigualdad e injusticia social. Defendemos que un salario digno es imprescindible para alcanzar el objetivo de una vida digna para todas las personas y desde una perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista, antimilitarista y decolonial. No al gasto militar y más gasto social”, asegura Cristina, una de las trabajadoras a elDiario.es/Euskadi.

Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro

Adriana — Profesora de Secundaria

La huelga no solo ha movilizado a trabajadores. Estudiantes de distintas edades también han salido a la calle preocupados por su futuro laboral. Es el caso de Elisa, Asier, Maider y Ander, estudiantes de Química de 21 años, que han acudido a la manifestación con Adriana, profesora de Secundaria de 28 años. La cuadrilla porta una pancarta que, por un lado, lleva el mensaje “Trabajar para vivir, no para sobrevivir” y, por el otro, “Queremos aumentos, no cuentos”. Por el momento todos viven con sus padres y madres, ninguno de ellos ha conseguido independizarse, si siquiera Adriana, pese a contar con un trabajo en un colegio. “Vivimos en casa todavía. En mi caso, aunque trabaje no me puedo ir a vivir con mi novio porque entre los dos sueldos no nos da para comprar una casa y los alquileres están por las nubes. El futuro se ve bastante oscuro, pero tenemos esperanza. Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro”, ha argumentado la profesora.

Estos son algunas de las historias de las más de 100.000 personas que han salido a la calle en las distintas movilizaciones convocadas en Euskadi y Navarra. “Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, sin embargo, dos de los sindicatos han optado por no movilizarse: CCOO y UGT.

El alumnado del CEIP Altos Colegios Macarena, el primer colegio público de Andalucía y el más antiguo de Sevilla, lleva desde el mes de noviembre sin hacer uso del gimnasio debido a las grietas que atraviesan sus paredes, datadas de finales del siglo XIX. “A pesar de la peligrosidad y urgencia de la situación, el Ayuntamiento se ha limitado a elaborar informes técnicos sin llevar a cabo ninguna actuación sobre el terreno”, recrimina la presidenta del AMPA, Belén Ortega, poniendo voz a la preocupación del resto de familias del centro.

Belén Ortega recuerda que la dirección notificó estas deficiencias en varias ocasiones desde, al menos, el curso pasado. Ante la “falta de acción” municipal y la “preocupación” por el estado del edificio, en noviembre la dirección del centro pidió a los bomberos que valoraran el estado de las grietas y “constataron que había peligro real”, como explica la representante de las familias. De modo que, por indicación del cuerpo de bomberos, se clausuró el gimnasio “de inmediato” por peligro de “desprendimientos”.

Además del gimnasio, otros espacios de este inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) presentan fisuras en el techo, especialmente acuciantes en un aula de Infantil de 4 años que, según el AMPA, se encuentra parcialmente inhabilitada. En las pérgolas de los patios también existe “riesgo de desprendimiento” debido a su estado deteriorado. “La delegada muestra buena disposición, pero en la práctica el peligro sigue sobre las cabezas de nuestros hijos e hijas”, lamenta la presidenta del AMPA, que ha convocado una concentración en señal de protesta el próximo 24 de marzo a las puertas del colegio.

Fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran “que en ningún momento ha existido dejación de funciones por parte del Ayuntamiento”. Asimismo confirman que, “tras los estudios técnicos”, la administración local “ha programado la intervención necesaria”, que se llevará a cabo “los próximos días”, en cuanto se disponga “la maquinaria específica que permita acceder con seguridad al punto donde se debe intervenir”. Desde el Ayuntamiento califican esta actuación de “compleja”, al tratarse de un edificio de 1864 “con muros de carga de ladrillo y sistemas constructivos propios de la época”.

Preocupación ante el calor

Desde el AMPA reclaman “fechas concretas” y “un compromiso firme por parte del Ayuntamiento”. Mientras tanto, las familias mantienen la convocatoria de protesta porque, al malestar acumulado tras meses esperando la reparación de las infraestructuras, se suma el “silencio administrativo” respecto a la solicitud para instalar sistemas de aire acondicionado en el centro.

La presidenta del AMPA explica que el Ayuntamiento ha aprobado este año una partida presupuestaria destinada a la climatización de colegios públicos de la ciudad. Sin embargo, advierte de que la medida presenta importantes limitaciones. “Más allá de que el presupuesto es escaso y no alcanza para instalar todos los acondicionados que nos harían falta, nos encontramos con dos problemas principales”, apunta.

El primero es la necesidad de contar con la autorización del propio Ayuntamiento para ejecutar la instalación y asumir posteriormente el mantenimiento de los equipos, por ser su competencia. El segundo tiene que ver con la infraestructura eléctrica del centro. “Con la potencia actual del colegio, cada vez que se conectan varios aparatos salta la luz y se interrumpe el suministro”, explica Belén Ortega, quien considera “inviable” instalar nuevos sistemas de climatización sin antes reforzar la instalación eléctrica.

“No tenemos fecha para solucionar ninguno de los, pero el presupuesto municipal sí tiene fecha de ejecución”, lamenta esta madre, en alusión a que el plazo administrativo para ejecutar la partida es a finales de 2026. “Si para entonces no se han podido instalar los equipos por estas limitaciones, el dinero volverá al Ayuntamiento”, advierten desde el AMPA, que teme que la medida se quede en un anuncio sin efectos reales: “Al final sirve para decir que se han aprobado fondos para climatización, pero la realidad es que los centros seguirán sin aires acondicionados en las aulas”, como augura Belén Ortega.

Protesta de la comunidad educativa

El cierre del gimnasio ha agravado además los problemas de organización del centro, al tratarse de “un lugar clave en la dinámica diaria del colegio”. Se trata del mayor espacio interior del colegio y no solo se utiliza para las clases de Educación Física, sino que durante los días de lluvia sirve como espacio de recreo. Al permanecer clausurado por riesgo de desprendimientos, el alumnado ha tenido que permanecer en las aulas durante los descansos en días de lluvias, como los del tren de borrascas que marcaron este invierno.

La clausura del gimnasio es solo uno de los muchos problemas que, según denuncian las familias, arrastra el centro desde hace tiempo. El AMPA asegura que en los últimos meses se han sucedido incidencias relacionadas con el mantenimiento del edificio: desde averías en las cisternas de los aseos —cuya reparación “ha tardado semanas”— hasta solicitudes pendientes como un informe de medición de ruidos, la reparación de las pérgolas de los patios o distintas actuaciones de mantenimiento que, aseguran, siguen sin respuesta.

“La lista de incidencias es enorme y el edificio cada vez se encuentra más obsoleto”, afirman desde la asociación de madres y padres. Por todo ello, ante lo que consideran una “falta de acciones reales” por parte de la administración local, el AMPA ha decidido movilizarse. La comunidad educativa ha convocado una concentración el martes 24 de marzo a las 8:50 en la calle Pacheco y Núñez de Prado, junto a la entrada del centro.

El objetivo de esta concentración es poner en valor a un edificio que está protegido “por su relevancia histórica y cultural”. “El CEIP Altos Colegios Macarena fue el primer colegio público de Andalucía y por sus aulas han pasado miles de estudiantes, queremos que siga siendo el lugar de aprendizaje que siempre ha sido”, defienden las familias, que insisten en la necesidad de acometer una actuación “urgente” en sus instalaciones para garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente.

El personal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Santander se concentrará este jueves, 19 de marzo, a las 11:30 de la mañana, frente a la sede de esta institución frente a su sede de Santander, para exigir “más personal y mejoras laborales”, como parte de distintas movilizaciones nacionales.

En Cantabria, la plantilla cuenta con 44 plazas de las que 11 se encuentran actualmente vacantes, lo que supone que el 25 % de los puestos de trabajo están sin cubrir, según ha denunciado en un comunicado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones. Aunque se están produciendo avances en cuanto a la mejora de la situación de la agencia, ha señalado el sindicato, “aún falta por ver cómo van a desarrollarse”.

El sindicato que ha anunciado la movilización este lunes en un comunicado, en el que ha explicado que la concentración se convoca, junto a UGT y CSIF que la plantilla se reunirá frente a la delegación territorial en Santander, situada en la calle Ricardo Lorenzo de Cueto, para pedir más empleo público y ante la “falta de avances” con la agencia y el Ministerio para la Transición Ecológica para desbloquear el conflicto.

La concentración en Cantabria coincidirá también con las programadas en las Islas Baleares y Cataluña, tras las movilizaciones que se iniciaron hace un mes en las sedes de la Aemet en Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Gran Canaria, A Coruña y Murcia.

Según han reclamado las organizaciones sindicales, la “única” información al respecto fue la que les trasladó el subsecretario del Ministerio, Miguel González Suela, el pasado 23 de febrero, indicándoles que se destinarán 13 millones de euros para la Oferta de Empleo Público extraordinaria en la agencia. La responsable del sector en la Federación, Yasmina Flores-Gispert, ha advertido que la falta de personal está “tensionando” el funcionamiento del servicio y “aumentando la carga de trabajo” de la plantilla.

En cuanto a la mejora de las condiciones del personal, “no hay avances”, han denunciado los sindicatos, más allá de anunciar que siguen adelante los expedientes para aumentar el nivel en predicción y en la creación de una nueva bolsa de productividad, y la intención de seguir manteniendo las medidas planteadas para los horarios especiales, algo que, a su juicio, es “a todas luces insuficiente”.

Delegados de UGT, CSIF, USICAM USAE y CCOO han aprovechado hoy la visita de Emiliano García-Page a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para protestar de nuevo por la paralización de las negociaciones sobre la carrera profesional sanitaria, “paralizadas” desde hace dos años. Esto ha llevado a Page a referirse a esta cuestión, dejando la puerta abierta a un “nuevo modelo” para este mismo año.

Recuperar la carrera profesional sanitaria fue también una de las motivaciones para la convocatoria de la huelga de médicos a nivel regional del pasado mes de febrero. Una vez finalizado el paro, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, declaró a los medios que “llega el momento” de recuperar la carrera.

Hace una semana, el director gerente del Sescam, Alberto Jara, aseguró en Guadalajara, también ante una protesta de los sindicatos, que la administración regional prevé abrir “en breve” un espacio de diálogo “más intenso” con los representantes de los trabajadores para abordar esta reivindicación histórica del personal sanitario, ya que el objetivo es “avanzar”.

Hoy, en Alcázar de San Juan, los cinco sindicatos concentrados han vuelto a exigir una “verdadera disposición y voluntad” del Ejecutivo regional a recuperar este derecho suspendido hace 14 años.

Es hora de que dejen a un lado las buenas intenciones y pasen a la acción

Recuerdan que Castilla-La Mancha es la única región que lo mantiene paralizado y que -a pesar de las últimas declaraciones de los responsables de la sanidad en la comunidad autónoma- hace dos años (desde marzo de 2024) que no se produce ninguna reunión con el Sescam para abordar esta reivindicación.

“Dicen que prevén intensificar las conversaciones con los sindicatos para avanzar en la negociación de la carrera profesional. Sin embargo, la ciudadanía debe saber que esta negociación está tan paralizada como la propia carrera rofesional. Es hora de que dejen a un lado las buenas intenciones y pasen a la acción ya que, son tantas las promesas que nos han hecho, que solo a través de los hechos nos creeremos que realmente quieren dar pasos en el reconocimiento de este derecho”, han manifestado.

En paralelo, Page ha dicho que su Gobierno está en disposición de dar “un salto más” para que este mismo 2026 la región cuente con una ley que regule el nuevo modelo de carrera profesional para los sanitarios, por lo que ha apelado a la “sensatez de todos” para llegar a un acuerdo.

“Todo va a depender de que usemos la cabeza todos los afectados y todos los sectores y tengamos sentido de la medida y de la proporción”, ha señalado en la inauguración del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica de Alcázar de San Juan.

No obstante, se ha mostrado optimista para alcanzar “un buen acuerdo” que, ha añadido, su Gobierno “pensó” que se podría abordar una vez que se hubieran “recompuesto muchas otras cosas” del sistema sanitario castellanomanchego.

“Hoy hay mucha gente más afectada por la carrera que cuando empezamos, porque hay muchísimos más profesionales contratados”, ha dicho, para afirmar que la Junta quiere cumplir y hacerlo “con cabeza, con sentido común y con sensatez. ”Y es a la que apelo, a la sensatez de todos para poder conseguir ese acuerdo que de no ser, no será porque es algo que tiene que ir o por consenso o no puede ir“, ha concluido.