Salvador Illa y ERC han vuelto a verse las caras en el Parlament, en plena cuenta atrás para que los presupuestos del Govern queden rechazados o sigan su tramitación parlamentaria el viernes de la semana que viene. Los republicanos han aprovechado la sesión de control para ser más explícitos que en semanas anteriores y han condicionado su apoyo a las cuentas a que el president sea exigente con el PSOE para que Catalunya pueda recaudar el IRPF.

Los republicanos llevan semanas exigiendo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenifique un compromiso público con la ley que permitiría desplegar la Agència Tributària de Catalunya para que, en el futuro, ésta pueda asumir la recaudación del IRPF. Un gesto que en el Gobierno preferirían no hacer, entre otras razones, debido a que Montero es la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas que deberían convocarse para finales de primavera.

“Cuando hablamos de avances en soberanía tal y como los teníamos firmados, entonces aparece el lazo de siempre, su sumisión al PSOE y a sus intereses electorales”, ha censurado el portavoz de Esquerra, Josep María Jové. “No vuelva a cometer el mismo error que con el Estatut en 2006, cuando desde la Moncloa suprimieron el artículo 1 y la recaudación de todos los impuestos”, ha continuado Jové.

En su turno de réplica, el president ha hecho un “balance positivo” de los acuerdos alcanzados para su investidura. “No están todos cumplidos, pero hacemos un balance positivo”, ha remarcado Illa, que ha vuelto a prometer con solemnidad su compromiso para cumplir con todos los pactos suscritos con sus socios.

Illa ha asegurado que él no pretende “presionar a nadie” pero que tampoco “se deja presionar”, en referencia a la demanda que Jové le había hecho para que apriete al máximo a Montero.

Además, Illa le ha recordado que en el año 2023 el PSC apoyó las cuentas de Pere Aragonès, aunque en aquel momento Illa lo hizo después de que ERC cediera en cuestiones como matizar su oposición ala ampliación del Aeropuerto, el Hard Rock o el llamado cuarto cinturón. “Extiendo la mano desde el Govern de Catalunya para escuchar a todo el mundo y que podamos tener presupuestos”, ha insistido Illa este miércoles.

Según reconoció el Govern este martes, las negociaciones con ERC para las cuentas están encalladas en el mismo punto desde hace semanas, ya que los republicanos rechazan entrar a debatir sobre puntos concretos si no hay antes un movimiento desde el Gobierno. En concreto, ERC había situado el momento idóneo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde consideraban oportuno que la ministra confirmase ante las autonomías su apoyo a que Catalunya asumiera la recaudación del IRPF.

ERC se ha puesto este miércoles la camiseta del equipo de la oposición para criticar con dureza el Govern de Salvador Illa. “Son un Govern sin alma, sin ambición nacional ni social”, ha asegurado Josep Maria Jové, quien ha advertido que “se le acaba el tiempo” para cumplir con los acuerdos de investidura y, de forma muy destacada, el de la nueva financiación de la Generalitat.

En el segundo día del debate de política general, ERC ha utilizado su intervención para volver a escribir en piedra una de sus advertencias más repetidas. “Sin acuerdo sobre la financiación no habrá presupuestos ni en Catalunya ni en Madrid”, ha indicado Jové. El diputado ha afirmado por contra que, si se avanza en los pactos alcanzados, ERC “estará allí”.

Sin embargo, Jové no ha pintado un futuro optimista en lo relativo a sus acuerdos con el PSC, debido a que, en su opinión, al Govern le hace falta esforzarse más. “No cumplen porque no son capaces de hacer cumplir a sus compañeros de Ferraz”, ha lanzado a Illa, a quien le ha acusado de “vivir de rentas” o de concebir la Generalitat “como una gestoría”.

Para Jové, la prueba más relevante sobre la disposición de los socialistas a cumplir con el acuerdo de financiación llegará, ha dicho, cuando deba votarse la proposición de ley que modifica diversas normas para permitir que la Agencia Tributaria de la Generalitat recaude el IRPF.

En una línea similar, Jové no ha ahorrado críticas a una gestión que ha considerado que ha quedado por debajo de lo esperado. “Su gobierno no tiene alma ni temple, no tiene ambición nacional ni social”, ha asegurado el portavoz republicano, quien ha considerado que ante los retos actuales en materia económica, sociales y por el crecimiento de la extrema derecha, la Generalitat no puede permitirse “no reaccionar”.

Junts acusa a Illa de “anestesiar” Catalunya

El tono del primer partido de la oposición no ha sido más conciliador. El diputado Albert Batet, que ha abierto los turnos de réplica tras el discurso inicial del president del martes, ha acusado a Illa de “anestesiar” Catalunya, por querer llevarla a un espacio donde no haya impulso político.

Batet ha considerado que, pese al discurso triunfalista de Illa, la mayoría de los servicios están hoy peor que nunca. Se ha referido a Rodalies o a la vivienda, pero también a cuestiones como la educación y la sanidad. También ha subrayado Batet las “crisis” de gestión, sobre todo en asuntos como los transportes.

Desde Junts censuran que el Govern cuente con el apoyo de formaciones como los Comuns para solucionar la crisis de la vivienda, ya que consideran que la receta de esta formación se demostró fallida durante sus dos legislaturas en el Gobierno de Barcelona. “Han pactado hasta con la CUP, que cree en el decrecimiento y la ocupación”, ha resaltado Batet.

El diputado de Junts ha extendido la mano a Illa para llegar a acuerdos en algunas de las propuestas de resolución que presentarán. Unos acuerdos que Batet ha considerado fundamentales, no solo para la continuación de la legislatura en Catalunya, sino también para que el pacto firmado por su formación con el Gobierno de Pedro Sánchez siga teniendo sentido.

Segunda declaración como imputada de la exjefa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban por el espionaje a los independentistas y mismo silencio. La exjefa de los espías se ha escudado en que la ley que impone deber de reserva a los funcionarios del CNI, salvo para las actividades que ha desclasificado el Gobierno, para no responder a las preguntas sobre el espionaje a dos parlamentarios de ERC.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 20 de Barcelona ha comparecido Esteban, por videoconferencia desde Madrid, por el espionaje a dos diputados de ERC, la europarlamentaria Diana Riba y el diputado en el Parlament Josep Maria Jové. El Gobierno negó, tal y como Esteban ha recordado este lunes, que ambos formaran parte de la lista de espiados por el CNI, si bien el rastro científico de la infiltración en sus móviles coincide con los que exjefa del centro sí admitió haber vigilado.

La sesión ha sido casi calcada a la primera comparecencia como imputada de Esteban, en este caso ante el juzgado de instrucción 29, por el espionaje al expresident Pere Aragonès. Tras los problemas técnicos habituales en las videoconferencias que han retrasado más de una hora el trámite, la declaración de Esteban (asistida por hasta cuatro abogados del Estado, dos en Madrid y dos en Barcelona) ha durado cinco minutos. Son los que ha tardado en expresar, según fuentes jurídicas, que no podía declarar no por el derecho a no hacerlo que asiste a cualquier imputado, sino por el deber de reserva de las actividades del CNI.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban, el único cargo gubernamental que cesó del cargo por el escándalo tras la presión de los grupos independentistas, está imputado en cinco causas.

Las líneas de defensa que fijó Esteban en el caso del espionaje de Jové y Riba han sido desmentidas por los informes forenses sobre los móviles de las víctimas. El Gobierno adujo, en el inicio del caso, que no podía desclasificar documentos sobre la infiltración porque ni Jové ni Riba formaban parte de los independentistas (el expresident Aragonès entre ellos) espiados por el CNI con el aval del Supremo.

Sin embargo, el análisis forense de los móviles ha delatado al CNI: los Mossos d'Esquadra han hallado coincidencias técnicas del espionaje que aducen tanto Aragonès como Jové y Riba, los tres defendidos por el abogado Andreu Van den Eynde. Es decir, el método de infiltración coincide tanto en espiados que reconoce el CNI como en los que no.

La técnica para entrar en el móvil también coincidía en ambos casos: fue el envío de SMS con noticias aparentemente reales pero que en realidad dirigían al servidor espía. El deber de reserva sobre las actividades del CNI, ha aducido Esteban, le ha impedido contestar a las preguntas sobre el caso. Su tercera cita como imputada, pendiente de acordarse por otro juzgado barcelonés, servirá para ver si sigue la misma estrategia.

La exjefa del CNI está investigada en cincocausas en Barcelona por el espionaje al expresident de la Generalitat Pere Aragonès; los parlamentarios de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba; el exeurodiputado republicano Jordi Solé; el abogado Andreu Van den Eynde; y un grupo de empresarios tecnológicos.

Todas las pesquisas siguen, más o menos avanzadas, pero todavía en fase de instrucción. Este lunes, según fuentes jurídicas, ninguna de las partes presentes en el interrogatorio ha mencionado la puerta abierta a la amnistía para Esteban que el Constitucional esbozó en su sentencia sobre la ley de olvido penal al procés. El caso Pegasus está, por ahora, lejos de cerrarse.

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban tendrá que comparecer por segunda vez como imputada por el espionaje a dirigentes independentistas con el programa Pegasus. Así lo ha acordado la Audiencia de Barcelona, según ha podido saber elDiario.es. 

En un auto, las magistradas de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona valoran que existen suficientes indicios en la fase de instrucción para “construir una fundada sospecha de autoría criminal” de la exjefa de los espías españoles en la infiltración en el teléfono de los dirigentes de ERC Diana Riba y Josep Maria Jové.

La investigación del espionaje con Pegasus a varios políticos, activistas y abogados de independentistas permanece repartida en media docena de juzgados de Barcelona tras la negativa a agrupar todas las denuncias en una macrocausa. Esteban, el único cargo gubernamental que cesó del cargo por el escándalo tras la presión de los grupos independentistas, ha comparecido como investigada ante el juzgado de instrucción 29 de Barcelona solo en relación con el espionaje del expresident Pere Aragonès. Ahora también lo hará por el que afectó a la eurodiputada y al diputado en el Parlament de los republicanos, ante el juzgado de instrucción 20 de la capital catalana.

Los elementos que han llevado a las magistradas a corregir la negativa de la instructora a que Esteban declarara como investigada son las coincidencias técnicas del espionaje que aducen tanto Aragonès como Jové y Riba, los tres defendidos por el abogado Andreu Van den Eynde.

El análisis del móvil del expresident identificaron los dominios maliciosos de Internet a través de los que se infectó el móvil de Aragonès. Pero además, los Mossos d’Esquadra hallaron el mismo dominio malicioso de Aragonès en el caso de Jové. La técnica para entrar en el móvil también coincidía en ambos casos: fue el envío de SMS con noticias aparentemente reales pero que en realidad dirigían al servidor espía.

“Son suficientes elementos para pensar fundadamente que pueda ser el CNI el único cliente en España del grupo empresarial NSO, distribuidor del programa Pegasus, y por tanto el autor probable de la infección de los diversos terminales móviles afectados”, señalan las magistradas en su resolución.

Resulta especialmente relevante la decisión de imputar a Esteban porque supone romper una de las líneas rojas que los juzgados habían puesto a la investigación del espionaje con Pegasus. Hasta ahora, tanto el Consejo de Ministros como Esteban solo habían dado explicaciones en el caso de Aragonès, que fue uno de los nombres que la exjefa de los espías reconoció haber espiado, siempre con aval del Tribunal Supremo, durante su comparecencia en la comisión de asuntos reservados del Congreso.

Al no formar parte Jové ni Riba de los nombres que Esteban admitió haber espiado, el Gobierno del PSOE se negó a desclasificar los documentos requeridos por la jueza sobre su infiltración.

Para las magistradas, sin embargo, las similitudes técnicas entre el espionaje a Aragonès y a Jové, junto con la “pertenencia” de ambos al mismo entorno político, permiten plantear la posibilidad de que el CNI estuviera también detrás de su infiltración, aunque Esteban no lo reconociera en el Congreso.

En suma, para la Audiencia de Barcelona la declaración como investigada de Esteban “se alza como una opción lógica y particularmente garantista”.  Además, las magistradas también solicitan que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tiene custodiado uno de los móviles de Jové a la espera de si es amnistiado, facilite el terminal a los Mossos d'Esquadra para su análisis pericial.

Sí pero no. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha considerado que la organización del referéndum del 1-O que promovieron los antiguos colaboradores de Oriol Junqueras en la Generalitat, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, resulta “amnistiable”, pero por ahora no ha aplicado la norma en los tres altos cargos al tener dudas sobre su constitucionalidad.

En su resolución, el tribunal considera “amnistiables” los delitos de malversación, prevaricación y desobediencias de los que están acusados Jové, Salvadó y Garriga. No obstante, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y los magistrados Carlos Ramos y Fernando Lacaba, plantean a las partes que opinen si procede llevar la ley de amnistía al Constitucional o a la Justicia europea por las dudas legales que les genera.

El tribunal da diez días a Fiscalía, Abogacía del Estado, Vox (que fue la única parte lo pidió) y defensas para que se pronuncien sobre si debe acudir al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Cualquier actuación ante las dos instancias supondría retrasar la aplicación de la norma varios meses.

El tribunal remarca que tiene “reservas” sobre la adecuación de la norma a principios constitucionalmente protegidos como la seguridad jurídica, la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley o la exclusividad en el ejercicio de la función judicial.

Las dudas generales de los jueces sobre la ley no se trasladan al caso concreto de Jové, Salvadó y Garriga, que el TSJC sí ve “amnistiable” por todos los delitos de los que estaban acusados: malversación, prevaricación y desobediencia. Por ello el tribunal ordena devolver a los acusados la fianza millonaria que prestaron.

El delito de malversación fue considerado no amnistiable por el Supremo a Carles Puigdemont y el resto de exconsellers condenados por el procés. Pero el TSJC sí cree amnistiable este delito en Jové y Salvadó ya que no fueron las máximas autoridades que ordenaron los gastos prohibidos para el referéndum, sino tan solo sus ejecutores. Es decir, porque no tenían plena capacidad de decisión sobre el uso de fondos públicos.

Explica el tribunal que la malversación de la que están acusados el actual diputado del Parlament y negociador con el PSOE y el presidente del Puerto de Barcelona está vinculada al “cumplimiento y realización de los mandatos o encargos recibidos” de su entonces superior, Oriol Junqueras, y por lo tanto “derivada en todo caso de las superiores disposiciones procedentes del Govern”.

La Fiscalía Superior de Catalunya ha seguido la orden que marcó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que aplique la amnistía al parlamentario de ERC y antigua mano derecha de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, y al presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, ambos acusados de malversación y prevaricación en los preparativos del referéndum del 1-O.

Así lo expone el teniente fiscal de la Fiscalía Superior catalana, Pedro Ariche –que pedía siete años de cárcel para Jové– en un escrito dirigido al TSJC en el que se constata que la solicitud para amnistiar a Jové, Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga –acusada tan solo de desobediencia– responde a la orden fijada por el fiscal general.

El teniente fiscal expone que solicita la amnistía para Jové y Salvadó “en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica” con los que opera la Fiscalía y “en el bien entendido” que ambos principios “se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales”.

Por los preparativos del 1-O desde la conselleria de Economía que entonces dirigía Oriol Junqueras-, la Fiscalía pedía 7 años de cárcel para Jové, actual presidente del grupo de ERC en el Parlament y uno de los negociadores con el psoe; 6 años y tres meses de prisión para Salvadó y un año de inhabilitación para Garriga, en su caso porque le atribuía únicamente un delito de desobediencia.

Aunque deja entrever que no está de acuerdo con la amnistía, el teniente fiscal procede a pedirla sin plantear un conflicto como el que lanzaron los cuatro fiscales del procés contra el fiscal general y que se saldó con una victoria de García Ortiz en favor de aplicar la ley de olvido penal del procés a todos los casos. Tampoco ha incluido Ariche en su escrito comentarios políticos, como hicieron los cuatro fiscales del Supremo.

Explica el teniente fiscal catalán que no puede abordar la petición de amnistía “desde una perspectiva meramente individualista”, sino que su posicionamiento debe estar “sujeto” al de la causa del procés en el Tribunal Supremo ya que las conductas y gastos que se iban a juzgar en Barcelona son muy parecidas a las del juicio del procés. Y si la Fiscalía pide amnistiar la primera, también debe hacerlo con la segunda.

El fiscal aboga por una “respuesta integral” del Ministerio Público a todas las causas que investigan los preparativos de la votación de 2017 y “salvaguardar el principio instrumental de unidad de actuación, garantía a su vez del de seguridad jurídica”. De esta forma, los fiscales también reclamarán amnistiar a la treintena de investigados que no son aforados y que esperan que la Audiencia de Barcelona decida sobre su amnistía por los mismos hechos.

García Ortiz, que como fiscal general fija la posición del resto de integrantes del Ministerio Público, ordenó que se reclamara declarar amnistiadas “la totalidad” de las conductas que prepararon el referéndum del 1-O, incluidas las que podrían suponer un delito de malversación.

El fiscal general desplegó una batería de argumentos jurídicos para rebatir las posiciones de los cuatro fiscales del procés, que reclamaron excluir de la norma el delito de malversación al considerar que los gastos para financiar la consulta habían supuesto un “enriquecimiento” de los procesados.

Oleada de peticiones a los jueces para aplicar la ley de amnistía pocas horas después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la treintena de dirigentes y cargos del partido investigados en distintas causas del procés, así como otros imputados en Tsunami Democràtic, ya han registrado este martes escritos donde reclaman a los jueces ser amnistiados. También lo han hecho dirigentes de Òmnium o el secretario general de Junts, Jordi Turull.

La publicación de la ley de amnistía en el BOE marca la entrada en vigor de la norma. Ahora se abre un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya han empezado los trámites antes de su decisión definitiva y han dado cinco y diez días a la Fiscalía y a las defensas para que formulen alegaciones sobre la aplicación de la ley de amnistía, tal y como dicta la norma.

A primera hora de la mañana, la plana mayor de ERC, como su presidente, Oriol Junqueras, o su secretaria general, Marta Rovira, que permanece en Suiza y está investigada por terrorismo en el caso Tsunami, había dado el primer paso. Ahora tendrán que reiterar la petición de aplicación de amnistía para completar el trámite iniciado por los jueces, que después decidirán si la aplican o les excluyen de la norma, tal y como ha pedido la Fiscalía del Tribunal Supremo en el caso del procés.

Las dudas sobre los movimientos judiciales que puedan dejar en papel mojado la norma también impactan en la legislatura catalana. Puigdemont pretende asistir a la sesión de investidura, que debe celebrarse, como tarde, el 25 de junio. Pero la decisión está en manos del juez Pablo Llarena, que ha dado cinco días a las partes antes de resolver si retira la orden de prisión sobre Puigdemont, tal y como marca la norma para todas las medidas cautelares, lo que facilitaría su retorno sin riesgo de acabar en la cárcel.

A la espera de los jueces, 37 miembros de ERC, desde Junqueras a algunos exalcaldes condenados por promover el 1-O, han registrado ya sus escritos en distintos tribunales para reclamar ser exculpados. Entre los encausados que piden la amnistía –algunos con dos y hasta tres causas abiertas– figuran, además de Junqueras y Rovira, los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, además de Anna Simó, Ruben Wagensberg, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga o Xavier Vendrell, entre otros.

Las causas van desde el caso del procés del Supremo a procesos ya sentenciados o pendientes de juicio contra nueve exalcaldes republicanos por facilitar el referéndum en 2017 a los dos grandes procedimientos que siguen en Catalunya pendientes de juicio por el referéndum. Estas causas afectan a pesos pesados de ERC como el negociador con el PSOE y diputado en el Parlament Josep Maria Jové. En conjunto, son hasta 37 los cargos 'amnistiables'.

La amnistía es relevante no solo para que Marta Rovira o el diputado electo Ruben Wagensberg, que también permanece en Suiza por Tsunami, puedan volver a caso. En el caso de Junqueras, inmerso en la batalla por el liderazgo de ERC tras la crisis interna por los malos resultados electorales, ser amnistiado comportaría dejar sin efecto la pena de inhabilitación que está cumpliendo a día de hoy y que le impide presentarse a cargos públicos.

Otros exconsellers condenados por el procés, como el secretario general de Junts, Jordi Turull, han registrado sendas peticiones de aplicación de la amnistía. En su escrito, la defensa de Turull, que ejerce el penalista Jordi Pina, reclama dejar sin efecto la condena de inhabilitación de Turull en el caso de que el Supremo decida elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

También otros investigados por Tsunami en la Audiencia Nacional, como el periodista Jesús Rodríguez, al que defiende el letrado Daniel Amelang, o el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra han pedido la aplicación de la amnistía. Lo mismo han hecho algunos de los CDR procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional y decenas de activistas condenados o pendientes de juicio por altercados en varios juzgados catalanes.

La defensa de Serra, que ejerce Benet Salellas, constata en su escrito las “discrepancias evidentes” entre el juez Manuel García Castellón, que insiste en ver terrorismo en Tsunami, y los investigados, pero argumenta que el magistrado debe aplicar la amnistía, ya que la norma incluye también los delitos de terrorismo que no hayan provocado “violaciones graves de derechos humanos relativos a la vida o a la tortura”.

A la espera de la respuesta de García Castellón, el juez se ha convertido en los últimos meses en el principal obstáculo a la amnistía tras reactivar el caso Tsunami por terrorismo en plena negociación de la norma el pasado mes de noviembre. En varios autos ha dejado escrita su convicción de que la causa Tsunami queda excluida del olvido penal del procés al investigar un delito de terrorismo –que la Fiscalía no ve– y resultar heridos de gravedad dos agentes policiales en unas protestas –que no organizó la plataforma.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido fijar para el próximo mes de octubre el juicio contra el diputado de ERC Josep Maria Jové, quien fuera mano derecha de Oriol Junqueras en la conselleria de Economía, el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera en funciones de Cultura, Natàlia Garriga, por los preparativos del 1-O, pese a ser una causa que entra de lleno en la amnistía que se aprobará la próxima semana.

El letrado de la administración de justicia de la Sala Civil y Penal del TSJC ha citado este viernes a la Fiscalía y a los abogados personados en la causa con el fin de establecer un calendario para la celebración del juicio, que ya fue aplazado el pasado mes de abril para no interferir en la campaña electoral del 12M. Cotejadas las agendas, la vista se ha fijado en sesiones de mañana y tarde los días 2, 3, 14, 17, 28, 30 y 31 de octubre y 8, 11, 13, 14, 15, 25 y 29 de noviembre.

La secretaría del TSJC ha querido llevar a cabo el trámite formal de señalar el juicio, pese a que falta una semana para que entre en vigor la ley de amnistía, que se aprobará en el Congreso el próximo jueves. Las defensas han anunciado ya su intención de solicitar la anulación del juicio en cuanto se apruebe la ley de amnistía, que afecta de lleno a la causa abierta por los preparativos del 1-O.

El juicio contra Jové, Salvadó y Garriga por los preparativos del 1-O debía iniciarse el pasado mes de abril pero fue aplazado por el alto tribunal catalán para no interferir en la campaña electoral del 12M.

Antes de aplazarse el juicio por el 12M, las defensas de Salvadó y Garriga pidieron suspenderlo ante la tramitación de la ley de amnistía, una petición que Jové suscribió y a la que se opusieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox. El tribunal lo rechazó porque consideraba que la ley, al estar aún en tramitación, no podía tenerse en cuenta “como un hecho cierto con capacidad para interferir o alterar el curso del juicio oral ya convocado”.

La nueva fecha de juicio llega con la previsión de que la ley de amnistía se apruebe en el Congreso el próximo jueves. Las defensas tienen intención de volver a pedir anular el juicio una vez la ley entre en vigor. El TSJC, como el resto de tribunales, tendrá dos meses para aplicar la amnistía una vez la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En esta causa, Garriga se enfrenta a la petición de Fiscalía de un año de inhabilitación por presunta desobediencia, mientras que el fiscal reclama siete años de prisión para Jové, también presidente del Consell Nacional de ERC, y seis años y tres meses para Salvadó. El fiscal también reclama inhabilitar a Jové 32 años y a Salvadó 27 años y tres meses, y multarlos con 30.000 y 24.000 euros respectivamente, mientras que pide una multa de 18.000 euros para Garriga, que en 2017 era directora de servicios de la conselleria que encabezaba Oriol Junqueras.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido aplazar el juicio contra los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017, el diputado de ERC Oriol Jové; el presidente presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

Estaba previsto que el juicio se alargara del 10 de abril hasta finales de mayo. Pero el tribunal alega ahora que coincidiría parcialmente con la campaña electoral de los comicios del 12 de mayo, así que deberán dictar nuevas fechas para el juicio.

Los magistrados recuerdan que Jové es diputado en el Parlament y Garriga, consellera de cultura, ambos del mismo partido, y que la acusación popular, ejercida por Vox, también concurre en las elecciones catalanas. Así, todas las partes del procedimiento han estado de acuerdo en que la celebración del juicio podría interferir en la campaña electoral y viceversa.

Esta decisión ha sido celebrada por el partido, pero lamenta que el tribunal haya desestimado, por otro lado, la petición de las defensas de suspender las vistas orales a la espera de la aprobación de la ley de amnistía. Los magistrados consideran que la ley no puede ser tenida en cuenta como un hecho cierto y con capacidad de interferir o alterar el curso del juicio.

Aun así, su promulgación o publicación sí que haría que el tribunal estudiara si se podría aplicar a los hechos y acusados de este procedimiento judicial.

“Desde el primer día, los republicanos consideramos que este juicio no debería haber tirado adelante porque organizar un referéndum no es ni puede ser delito”, ha apuntado el partido en un comunicado.

Con todo, ERC lamenta que el tribunal no haya optado por suspender totalmente el juicio y aseguran que mantenerlo, “sabiendo de la inminente aprobación de la ley de amnistía es insistir en la persecución política”.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, actual diputado de ERC en el Parlament y negociador con el PSOE, y seis años y tres meses para Salvadó, a día de hoy presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Por este último delito está acusada también la actual titular de Cultura, si bien Garriga se expone tan solo a una pena de un año de inhabilitación.

Criticar abiertamente la amnistía no supone una pérdida de imparcialidad para juzgar a independentistas que se beneficiarán de la amnistía. A esta conclusión ha llegado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha descartado apartar a su presidente, Jesús María Barrientos, del juicio por el referéndum del 1-O a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera de Cultura Natàlia Garriga, pese a las valoraciones contrarias al olvido penal del procés que realizó el magistrado.

Jové había pedido apartar a Barrientos, que presidirá desde el próximo 10 de abril el juicio por la organización del 1-O, por su opinión contraria a la amnistía que el magistrado mostró en un acto público. La ley de olvido penal del procés, a juicio de Barrientos, es una norma que “privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía” y no es un elemento de “pacificación”, sino de “discordia”.

El TSJC descarta que las palabras de Barrientos supongan “una mínima evidencia de una falta de imparcialidad”, por lo que permite al magistrado presidir el juicio a Jové al entender que “no cualquier manifestación” sobre la amnistía por parte de un juez conlleva la toma de interés en un pleito y el abandono de la obligación de imparcialidad.

“La sola manifestación de quien ha sido designado como Presidente del Tribunal, aun cuando se pueda entender que supone una opinión contraria a la aprobación de la ley de amnistía en trámite parlamentario, no permite intuir que exista un interés en el resultado del juicio”, reza la resolución de la magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJC Núria Bassols, que hace unos años había sido trasladada a la Sala de lo Contencioso por estar casada con un investigado del caso del 3% de Convergència. Finalmente su marido pactó con la Fiscalía reconocer los delitos a cambio de no rebajar su pena.

“La opinión sobre una ley en tramitación no puede ser comprendida como afectación de quien la emite para juzgar unos hechos que pudieren tener relación con dicha norma”, apostilla la resolución que desestima la petición de Jové.

El caso de Jové, Salvadó y Garriga es uno de los que más claramente se podrá beneficiar de la ley de amnistía, ya que está directamente relacionado con la organización de la consulta y se juzgará por delitos de malversación, prevaricación y desobediencia y no de terrorismo. El juicio arranca en abril y discurrirá en paralelo al trámite parlamentario en el Senado y el Congreso. Es probable que el momento de aplicar la amnistía este caso llegue en plena redacción de la sentencia.

Crítica nunca vista a la amnistía por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos. La máxima autoridad judicial de la comunidad ha cargado contra la ley de olvido penal del procés que se negocia en el Congreso al definirla como una norma que “privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía” y considerarla no como un elemento de “pacificación”, sino de “discordia”.

Barrientos ha pronunciado estas palabras en su discurso de bienvenida a los nuevos jueces que ejercerán en Catalunya, a los que ha llamado a “asegurar la aplicación efectiva de la ley a todos los ciudadanos por igual, sin excepciones ni privilegios y sin espacios de impunidad”, algo que, a su juicio, provoca la amnistía al “excepcionar la aplicación de otras leyes que siguen vigentes”.

En anteriores discursos institucionales, Barrientos ya se había referido a la amnistía, aunque de forma velada. Este lunes, sin embargo, lo ha hecho de forma explícita, al definir la ley de amnistía como “una norma que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía”. Según ha expresado Barrientos, la amnistía “nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación”, sino que genera “discordia”.

La afectación de la amnistía sobre la separación de poderes es una de las cuestiones que incide de forma más clara en el debate sobre la constitucionalidad de la medida. Un sector de los expertos considera que al suponer un borrón de casos todavía pendientes de juzgar, la amnistía socava el principio de separación de poderes y complica su viabilidad constitucional.

Barrientos ha hecho referencia a este debate académico alrededor de la ley de amnistía para cargar contra la misma pese a presidir en las próximas semanas (empezará el 10 de abril) un juicio potencialmente afectado por el olvido penal del procés. Se trata de la vista por los preparativos del 1-O que sentará en el banquillo a los colaboradores de Oriol Junqueras, la actual consellera Natàlia Garriga y los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Las defensas de los independentistas acusados barajaban pedir la suspensión de la vista si la amnistía se aprobaba en enero en el Congreso, pero su retrasa ha hecho postergar esa solicitud. Ahora las palabras de Barrientos abren la vía a que las defensas pidan al presidente del TSJC apartarse del juicio toda vez que se ha pronunciado públicamente en contra de una ley que estaría llamado a aplicar en caso de que se apruebe.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado reprogramar algunas fechas de la vista oral por el 1-O a los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017 que son aforados ante el alto tribunal catalán, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, para evitar que el juicio coincida con plenos del Parlament.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala Civil y Penal del TSJC rechaza la petición de Jové para fijar nuevas sesiones del juicio que no coincidan con los plenos del Parlament de la próxima primavera. El diputado alegaba que la coincidencia de fechas perjudicaba su derecho a la representación política y las fechas de juicio que coincidían con plenos de la Cámara debían reprogramarse.

La Sala rechaza las pretensiones de Jové al valorar que el “alcance constitucional de las garantías comprometidas” por la coincidencia entre juicio y plenos se puede solventar mediante la delegación del voto del diputado de ERC en otro parlamentario, tal y como permite el reglamento de la Cámara. Es la “conciliación razonable” entre ambos derechos que el tribunal ve más adecuada.

El TSJC acordó el pasado mes de noviembre fijar las sesiones del juicio oral a Jové, Salvadó y Garriga para los próximos días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 24 y 25 de abril de 2024 y 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27 y 29 de mayo de 2024. Se trata de un juicio largo ya que el tribunal oirá a decenas de guardias civiles y otros testigos sobre la organización de la consulta.

Jové pidió dejar sin efecto los señalamientos de juicio oral previstos para los días 10, 11, 17, 18 de abril de 2024, así como los días 8, 9, 22 y 23 de mayo de 2024, por su coincidencia con otras tantas sesiones del pleno del Parlament, después de que en noviembre sus letrados y las demás partes acordaran el calendario del juicio, tal y como suele ocurrir en los juicios largos.

El juicio tiene muchos números de celebrarse, más aún después de que la ley de amnistía siga encallada en el Congreso por la voluntad de Junts de negociarla de nuevo. Hasta que no se apruebe en el Congreso los acusados no tendrían una base argumental sólida para reclamar al TSJC la suspensión de la vista en virtud de una ley de amnistía que claramente afecta a Jové, Salvadó y Garriga, si bien todavía quedaría el trámite del Senado.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, actual diputado de ERC en el Parlament y negociador con el PSOE, y seis años y tres meses para Salvadó, a día de hoy presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Por este último delito está acusada también la actual titular de Cultura, si bien Garriga se expone tan solo a una pena de un año de inhabilitación.

Por primera vez peritos de un cuerpo policial han corroborado que los teléfonos móviles de dirigentes independentistas fueron atacados con el programa espía Pegasus. Así lo han certificado los Mossos d’Esquadra ante los juzgados que investigan la infiltración a tres dirigentes de ERC, la eurodiputada Diana Riba; el diputado en el Parlament Josep Maria Jové; y el actual alto cargo del Govern y exdiputado Sergi Sabrià.

En los informes, a los que ha tenido acceso elDiario.es, los peritos informáticos de la policía catalana concluyen que los terminales móviles “han sido infectados por un programa malicioso que deja los mismos rastros que el conocido como Pegasus”. Debido a la magnitud del ataque, los informáticos de los Mossos no pueden descartar que el programa espía “haya estado activo en días posteriores” a las infecciones, producidas en 2019 y 2020.

Las conclusiones suponen un espaldarazo a las tesis de los independentistas espiados, que, salvo contadas excepciones, se han encontrado con unos juzgados reacios a investigar el espionaje y su conexión con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También implican, en parte, un desmentido al Gobierno, quien aseguró que Jové y Riba no fueron espiados, lo que sirvió al Ejecutivo para negarse a desclasificar los documentos que le había reclamado la jueza del caso.

Jové, Riba y Sabrià han sido los primeros independentistas en proporcionar sus terminales a la policía científica. El resto de denunciantes ha acudido a peritos privados, se ha resistido a entregar el terminal al juzgado por desconfianza o bien se deshizo de los móviles tras las infecciones.

El análisis forense de los Mossos no solo ha ratificado las infecciones desveladas por el laboratorio canadiense Citizen Lab. Al disponer de los terminales físicamente, la policía catalana ha desvelado nuevos detalles.

En el caso de Jové, Citizen Lab no fue capaz de concretar las fechas de las infecciones. Sí lo hacen los Mossos, que sitúan en un mínimo de cuatro fechas los ataques a los dos terminales del dirigente de ERC, uno de los interlocutores de los republicanos con el PSOE. Sucedieron en marzo y octubre de 2019 y en julio y noviembre de 2020, mientras Jové negociaba con los socialistas el apoyo de ERC a proyectos clave del Gobierno de Pedro Sánchez.

La policía científica también ha confirmado que el móvil de Riba fue infectado, al menos, el 28 de octubre de 2019. En esa fecha, uno de sus asistentes parlamentarios testificó ante la jueza que mantenía una conversación con Riba por teléfono, pero que se cortó. Acto seguido, su teléfono reprodujo la conversación que había mantenido con su jefa, lo que hizo saltar las alarmas al asistente y para la defensa de Riba supone un indicio claro de la infección.

El método empleado por la policía catalana para detectar los ‘hackeos’ es el análisis de los denominados “indicadores de compromiso”. Se trata de patrones informáticos que quedan registrados en los terminales y que se pueden vincular con el ataque con un ‘software’ malicioso como el de Pegasus, comercializado por el grupo israelí NSO Group únicamente para uso de los Estados.

Hasta tres “procesos maliciosos”

La policía catalana ha detectado hasta tres “procesos maliciosos” con los que se logró infectar los teléfonos móviles y que para la policía catalana suponen “indicadores de compromiso claros y documentados del ‘software’ malicioso Pegasus”.

El informe del laboratorio de informática forense de la división de policía científica de los Mossos señala además que en algunos casos el ataque logró “grabar la actividad” y descargar datos de los teléfonos y subirlos a Internet, si bien no pueden determinar dónde quedaron alojados los archivos sustraídos.

Una de las formas de infección detectadas por los Mossos es el envío de SMS con “enlaces maliciosos” a los espiados. Si la víctima pinchaba en el enlace, era dirigido a un servidor que se encarga de distribuir el programa malicioso “sin que el usuario se diera cuenta”. Con todo, la policía catalana señala que los ataques también se produjeron sin necesidad de que el usuario accediera a un ‘link’ malicioso.

Si bien corrobora que hubo varias infiltraciones, la policía catalana advierte en sus conclusiones de los dictámenes que no ha localizado en los terminales “ninguna información que permita establecer el destino que usó el programa malicioso Pegasus”. En otras palabras, que el análisis forense no puede por ahora determinar si, como sostienen Jové y Riba, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el responsable de los ataques.

La jueza que investiga la infiltración en los móviles de Jové y Riba pidió el pasado verano al Gobierno desclasificar documentos para averiguar si, como mantienen los denunciantes, el CNI está detrás de los ataques. El Ejecutivo rechazó acceder a la solicitud de la magistrada y negó que hubiera espiado a los dos dirigentes republicanos.

El Gobierno no puede emplear el mismo argumento con la petición que el juez que investiga el espionaje al president de la Generalitat, Pere Aragonès, hizo al Ejecutivo para desclasificar documentos, toda vez que el propio CNI admitió en el Congreso que el actual jefe del Govern fue uno de los 18 independentistas espiados. El Gobierno recibió la petición del juez hace mas de un mes, pero todavía no ha respondido al magistrado, que mantiene para el próximo 26 de enero la declaración como imputada de la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban.

Jové y su teléfono incautado por el 1-O

La infiltración en los móviles de Riba y Jové presenta peculiaridades propias de los cargos que ocupan. En el caso de Riba, porque el ataque supone una invasión a una autoridad protegida por la inviolabilidad y la inmunidad como es una eurodiputada, a quien no se puede investigar de ninguna forma sin el permiso de la Eurocámara.

Jové se encuentra pendiente de juicio (señalado para el próximo mes de abril) por su papel como organizador del referéndum del 1-O de 2017. Su defensa ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que el teléfono que Jové tenía hace siete años también sea objeto de análisis pericial por parte de los Mossos, al sospechar que también podría haber sido víctima de un ataque con Pegasus o un 'software' espía.

Sin embargo, el TSJC ha rechazado que una copia del terminal de Jové, decomisado por la Guardia Civil desde el 20 de septiembre de 2017, sea objeto de análisis forense al considerar que se trata de una “pieza de convicción” para el juicio por los preparativos del 1-O.

La Justicia sigue adelante con los juicios del procés en paralelo al debate parlamentario para amnistiar a los encausados. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado para el próximo mes de abril la vista oral por el 1-O a los colaboradores de Oriol Junqueras en 2017 que son aforados ante el alto tribunal catalán, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

A diferencia de otros casos, como la aceleración a la causa sobre Tsunami Democràtic coincidente con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, la fijación del juicio a los tres altos cargos de ERC era algo que se esperaba desde hace meses y que solo estaba pendiente de cuadrar las agendas del tribunal y los abogados.

El TSJC ha acordado fijar las sesiones del juicio oral a Jové, Salvadó y Garriga para los próximos días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 24 y 25 de abril de 2024 y 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27 y 29 de mayo de 2024. Se trata de un juicio largo ya que el tribunal oirá a decenas de guardias civiles y otros testigos sobre la organización de la consulta.

La ley de amnistía, de la que Jové, Salvadó y Garriga son claros futuros beneficiados, podría estar ya aprobada en las fechas en las que está previsto iniciar el juicio, siempre que el PP no bloquee y torpedee su aprobación en el Senado.

De tener luz verde la ley en el primer trimestre de 2024, los acusados podrán pedir al tribunal que la vista oral no llegue a celebrarse y que el TSJC les aplique la ley de amnistía y el caso quede archivado.

Si el TSJC tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía antes de aplicarla, podría enviar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, pero el juicio quedaría en suspenso hasta que el tribunal de garantías se pronuncie.

Otra cuestión que las defensas pueden jugar antes del juicio es volver a cuestionar la imparcialidad del presidente del TSJC y del tribunal que juzgará a Jové, Salvadó y Garriga, Jesús María Barrientos, por la crítica que el magistrado efectuó el pasado viernes al acuerdo PSOE-Junts en la sesión de la Sala de Gobierno del alto tribunal catalán.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové, actual diputado de ERC en el Parlament y negociador con el PSOE, y seis años y tres meses para Salvadó, a día de hoy presidente del Puerto de Barcelona, por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Por este último delito está acusada también la actual titular de Cultura, si bien Garriga se expone tan solo a una pena de un año de inhabilitación.

Nuevo encuentro entre los dos principales negociadores del PSOE y ERC. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, se ha reunido este jueves con Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras, en un encuentro discreto en Barcelona para tratar de acercar posturas sobre la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha avanzado la agencia ACN, ha sido el propio Jové quien ha trasladado minutos antes de las 18 horas el contenido de la reunión al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un breve encuentro en el despacho que el jefe del Govern tiene en el Parlament. El líder del grupo parlamentario de ERC ha constatado ante Bolaños que las negociaciones por la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, están atascadas. Los republicanos argumentan que, sobre todo, el bloqueo se encuentra en la carpeta social que hace referencia al déficit fiscal y al traspaso de Cercanías.

El propio Govern y ERC llevan días avisando de que las negociaciones “no están yendo bien”. De hecho, el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha dicho hoy mismo desde Irlanda que es “imposible” que haya un acuerdo si el gobierno español “no hace nada por llegar”. En una línea similar se han ido mostrando en los últimos días la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, o la consellera Laura Vilagrà. El propio Aragonés también ha advertido de que, si Sánchez quiere ser investido, debe “moverse”.

Este jueves los republicanos han ido más allá. Según fuentes republicanas, el partido ha acusado directamente a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de “bloquear” el acuerdo. Desde la sede de ERC, en este sentido, advierten que tampoco se está avanzando lo suficiente ni con la autodeterminación -sobre todo- ni con la carpeta de la amnistía.

En cuanto a la ley de perdón penal del procés, ERC insiste en que la da por “descontada”. Sin embargo, las negociaciones por el preámbulo de la ley tampoco avanzan como los republicanos quisieran. Desde ERC insisten en que no puede constar en modo alguno que el 1-O fue un delito, y preferirían que, si es necesario hacer alguna referencia directa, fuera precisamente para todo lo contrario, y que se concretara que el referendo del 2017 no fue delito.

Aragonés y Bolaños coincidirán esta tarde en un acto de la CECOT en Terrassa.

El PSOE está acelerando los contactos con el mundo independentista, aunque de forma separada con Junts y con ERC. Después de una semanas en las que los socialistas han estado centrados en Carles Puigdemont, este viernes ha sido el turno para los republicanos. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha aprovechado que tenía agenda en Barcelona para verse con Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras en el partido y principal negociador de los republicanos.

El encuentro, que ha avanzado El Nacional y ha confirmado este diario ha tenido lugar este viernes por la mañana en un hotel y ha servido para acercar posturas sobre la posible investidura de Pedro Sánchez. Bolaños y Jové son los dos políticos que encabezan los equipos negociadores de sus respectivos partidos y se han visto en otras ocasiones, especialmente en el pasado, cuando PSOE y ERC han cerrado diversos pactos.

El partido de Pere Aragonès se había quedado desplazado del foco de las negociaciones debido a la irrupción de Junts, cuyos votos son necesarios para el PSOE en esta legislatura, a diferencia de lo que ocurría en la anterior. Fuentes republicanas asumían hace un mes que los socialistas estaban centrados en sondear lo que ocurría en Junts, pero a la vez recordaban que sus votos también deberían negociarse, porque son igualmente necesarios para Sánchez.

Las condiciones de ERC para la investidura pasan por la amnistía y también por que la mesa de diálogo entre gobiernos continúe y que en ella Aragonès pueda proponer la autodeterminación como solución al conflicto. Además, Esquerra considera necesario que haya acuerdos en dos temas de “gestión”, como es el mal estado de Rodalies (el servicio de cercanías de Renfe en la comunidad) y la infrafinanciación crónica que sufre la Generalitat.

Con todo, los republicanos son conscientes que el foco político de esta negociación está puesto sobre la amnistía. Precisamente Jové es uno de los políticos cuya causa podría decaer gracias a una amnistía, ya que el hombre de confianza de Junqueras se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de 7 años de cárcel y 32 de inhabilitación acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos debido a su supuesta organización del referéndum del 1-O. Jové es uno de los ex-altos cargos del Govern que están a la espera de juicio, seis años después de aquellos hechos.

Referéndum y amnistía. Las reclamaciones que el independentismo ha vuelto a poner sobre la mesa tras el 23J para negociar la investidura de Pedro Sánchez van más allá del caso más conocido, el de Carles Puigdemont, y afectan a decenas de causas derivadas del proceso soberanista que persisten en los juzgados y que complican la solución completa a la crisis abierta en 2017.

Aunque el independentismo ha llegado a cifrar en 4.200 los “represaliados”, el portal Verificat comprobó que solo alrededor de 700 estaban pendientes de juicio hace un año. No es un dato menor. La amalgama de causas va desde los preparativos del referéndum en 2017 pendientes de juicio a los centenares de jóvenes acusados de los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo en 2019.

A nivel de partidos, Junts tiene a menos cuadros encausados, pero el expresident es el de más relevancia política y cuyo futuro judicial es más incierto de entre todos los acusados. ERC sí tiene a varios pesos pesados enfrentándose a penas de cárcel o inhabilitación. En la misma situación están ex altos funcionarios del Govern. Estas son todas las carpetas penales del procés que todavía están abiertas, a las que hay que añadir la causa contable en el Tribunal de Cuentas:

Jové y Salvadó, a juicio tras el verano

Los primeros dirigentes independentistas en sentarse en el banquillo serán dos figuras muy relevantes en ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. La Fiscalía les pide siete y seis años y tres meses de cárcel, respectivamente, por haber comandado en 2017 desde la Conselleria de Economía la organización del referéndum del 1-O.

El Ministerio Público mantiene para ambos el mismo delito de malversación agravada anterior a los cambios en el Código Penal pactada por el Gobierno y los republicanos. Los dos acusados tienen un riesgo real de entrar en prisión si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), condicionado por el relato de hechos establecido por el Supremo en la sentencia del procés, decide imponer penas altas.

Según fuentes jurídicas, el juicio a Jové y Salvadó –y a la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que se enfrenta solo a pena de inhabilitación por desobediencia– podría celebrarse en otoño de este año o a principios de 2024. 

Será un juicio largo, de alrededor de tres meses, pero del que todavía puede variar la composición de su tribunal: las defensas quieren apartar al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y al magistrado Carlos Ramos después de que por primera vez el Supremo cuestionara su imparcialidad en otra causa del procés. La decisión no está tomada.

La causa madre del 1-O, sin juicio a la vista

En menos aprietos se encuentran la cuarentena de ex altos cargos y funcionarios investigados por la preparación del referéndum y los gastos exteriores del procés, entre ellos el exconseller de Exteriores Raül Romeva, condenado por el Supremo e indultado. Su juicio no se celebrará, como mínimo por lo menos hasta 2025, según pronostican fuentes jurídicas.

Este retraso responde, paradójicamente, al afán investigador de la Fiscalía de cualquier gasto de la Generalitat sospechoso de haberse dedicado al procés. Cuando todo estaba listo para que la causa de los preparativos del 1-O fuera a juicio, la Fiscalía interpuso otra denuncia por la actividad exterior de la Generalitat durante el procés. Las defensas reaccionaron y pidieron unir ambas causas al versar sobre los mismos hechos.

La Audiencia de Barcelona terminó dando la razón a las defensas, pero el enredo procesal todavía no se ha resuelto: Romeva y los altos cargos de Exteriores tienen todavía que ser formalmente procesados para unirse al banquillo donde se sentarán otros cuadros de ERC y los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio.

La tardanza de los jueces en resolver los recursos da una baza fundamental a las defensas de los encausados, que confían en obtener una rebaja generalizada de penas que evite las prisiones por las dilaciones indebidas que acumula el caso. En otras palabras, las defensas tienen una red de seguridad pese a que el caso termine en condena. A día de hoy no hay siquiera escrito de acusación de Fiscalía presentado, aunque los fiscales vienen trabajando en él desde hace tiempo.

Buch y la escolta de Puigdemont 

El juicio que ya está visto para sentencia es el que hace unos días sentó en el banquillo al exconseller de Interior Miquel Buch y el sargento de los Mossos Lluís Escolà, acusados de malversar dinero público para proporcionar una escolta a Carles Puigdemont en Waterloo. La Fiscalía se reafirmó en reclamar seis años de cárcel para Buch y cuatro para Escolà, que en caso de condena implicarían su ingreso en prisión. 

Los síndicos, pendientes de nuevo juicio

Otro caso de enredo procesal es el de los cinco académicos que fueron síndicos electorales del 1-O, entre ellos la actual consellera de Feminismos, Tània Verge. La Audiencia de Barcelona anuló la sentencia que les absolvió en primera instancia y ordenó repetir el juicio, pero los síndicos alegan que esa nueva vista vulnera sus derechos fundamentales. La Justicia todavía no ha resuelto además qué instancia debería volver a juzgar a los síndicos, si otro juzgado penal o el TSJC debido al aforamiento de Verge, tal y como plantean las defensas.

Causas sin pena de cárcel 

Sin el peligro de pena de cárcel pero sí de inhabilitación que le obligaría a salir de la política se encuentra la exconsellera de Educación y actual eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, quien está desde este martes a un paso de ir a juicio por desobediencia. La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que volvió de Suiza, será juzgada por el mismo delito en un juzgado penal de Barcelona.

Más avanzado está el proceso de la exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret, actual titular de Exteriores. Serret regresó a España para regularizar su situación legal tras más de cuatro años en Bélgica y fue condenada a un año de inhabilitación por el TSJC. El Supremo tiene que resolver su recurso.

Terrorismo en la Audiencia Nacional

El recorrido judicial pendiente del procés también tiene parada en la Audiencia Nacional. Allí esperan juicio doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, si bien a ocho les achaca también delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos. Se exponen a peticiones elevadas de pena que todavía deben concretarse.

En el tribunal especial también está abierta otra causa por terrorismo relativa a las movilizaciones de Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés en 2019. Permanecen investigados varios activistas y empresarios independentistas. Si bien no consta formalmente como imputada, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, teme que la causa de Tsunami le termine afectando. Por eso rechaza volver a España pese a que tras la derogación de la sedición ya no se arriesga a una condena de prisión por la causa del procés del Supremo. 

Dos Mesas del Parlament, en el Supremo

El Tribunal Supremo tiene que pronunciarse todavía sobre los recursos de la Fiscalía contra las sentencias del TSJC sobre sendos juicios por desobediencia a las Mesas del Parlament que encabezaron Carme Forcadell y Roger Torrent, actual conseller de Empresa. Sobre la primera, el Ministerio Público reclama aumentar la pena mínima de inhabilitación que impusieron los jueces catalanes. Sobre Torrent, la Fiscalía pide revocar la absolución y repetir el juicio con nuevos magistrados. 

Reabierta la causa de los viajes

El Tribunal Supremo reabrió el pasado mes de junio la causa contra nueve excargos de la Associació Catalana de Municipis (ACM) acusados de malversación por haber financiado un viaje de alcaldes a Bruselas en 2017 y otros gastos presuntamente vinculados al procés que suman 700.000 euros. La Audiencia de Barcelona archivó el caso con una dura crítica al juez instructor y a la Fiscalía por haber vulnerado los derechos fundamentales de los encausados, pero el Supremo estima el recurso del Ministerio Público y rescata un caso condenado al olvido.

Pocas condenas altas por los disturbios

Los procedimientos que afectan a más personas son los derivados de los disturbios del procés en 2019, que han terminado con centenares de jóvenes encausados. Varios juicios ya se han celebrado y, en una mayoría de casos, los jueces han rechazado imponer las duras penas de cárcel que pedía la Fiscalía o incluso se han decantado por la absolución. Hay decenas de casos pendientes de juicio.

La Sala de Apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJC ha dado herramientas a las secciones de las cuatro Audiencias Provinciales catalanas para evitar penas que impliquen el ingreso en prisión de centenares de acusados por los altercados. 

De hecho, el primer condenado por los disturbios del procés de 2019 con una pena que implica el ingreso efectivo en prisión fue sentenciado por la Audiencia de Madrid, que este martes ha dado diez días al joven para ingresar en un centro penitenciario. El caso de Dani Gallardo lo ha querido publicitar en Twitter Carles Puigdemont, que lo ha considerado un ejemplo de que “el conflicto continúa intacto pese a las promesas de los 'dialogantes'”.

De los casos juzgados en Catalunya, todavía no hay ningún joven con sentencia firme que implique la entrada en prisión. Pero el Supremo sí está pendiente de resolver los recursos de cuatro jóvenes catalanes condenados, respectivamente, a tres años, tres años y medio, cuatro y cinco años de cárcel. De no prosperar los recursos, estos cuatro jóvenes tendrían que ingresar por unos meses en la cárcel.  

Puigdemont, la carpeta decisiva

La carpeta judicial más decisiva –y a la vez de resolución más incierta– lleva el nombre de Carles Puigdemont. El expresident siempre se ha negado a una “solución personal” a medida para poder volver a España, y reclama una salida que beneficie al conjunto de encausados del procés.

La búsqueda de fórmulas imaginativas para Puigdemont responde a una realidad: si hoy el expresident volviera a Catalunya, el juez Pablo Llarena lo enviaría inmediatamente a prisión provisional a la espera de un juicio en el que se enfrentaría a una pena de entre seis y doce años de cárcel. Y el escenario futuro más optimista para el que todavía faltan meses o años –Bélgica rechaza su extradición– puede dejar durante lustros al expresident en un limbo de libertad en el extranjero pero riesgo de prisión en España, pues la orden de prisión nacional seguiría vigente. Además, no puede ser indultado porque no ha sido condenado en sentencia firme y no está a disposición del tribunal.

Sacar la política del juzgado fue la máxima que empujó a ERC a negociar los indultos, duramente criticados en esta campaña por parte de Puigdemont y de Junts. Ahora los neoconvergentes aspiran a negociar de tú a tú con el PSOE su propia solución tras años en los que eran los republicanos los que mantenían una interlocución privilegiada con Moncloa.

En declaraciones a RAC-1 este martes, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha defendido que la amnistía es la “vía más impecable y limpia” para solucionar el conflicto. Por su lado, la ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reclamado negociar “estrictamente” dentro de la Constitución la investidura de Sánchez.

Boye es de la opinión de que la amnistía tiene encaje legal porque la Constitución solo prohíbe los indultos generales, pero la cuestión genera disensos entre juristas y académicos. La propuesta de los independentistas de la pasada legislatura para que el Congreso debatiera una Ley de Amnistía se estrelló contra los letrados de la Cámara, que la consideraron inconstitucional, lo que sirvió a PSOE, PP y Vox para rechazar su tramitación.

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El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y la eurodiputada republicana Diana Riba han explicado este viernes a la jueza que fueron espiados con el programa Pegasus en momentos políticos clave, por ejemplo la negociación de la investidura de Pedro Sánchez en 2019 en la que participó el dirigente independentista. 

Ante la magistrada Eva Moltó han declarado este viernes Jové y Riba después de que la Audiencia de Barcelona obligara a la instructora a reactivar una investigación que permanecía en vía muerta tras un año.

La declaración de Jové y Riba como perjudicados fue una de las diligencias que la Audiencia de Barcelona instó a practicar. Queda todavía por concretar otra prueba fundamental para el devenir del caso: el Gobierno está pendiente de resolver la petición de la jueza para desclasificar datos sobre el espionaje a independentistas con Pegasus.

En su declaración de este viernes, Jové, uno de los negociadores republicanos con el PSOE y hombre de la máxima confianza de Oriol Junqueras, ha mantenido que sufrió varias infiltraciones en su teléfono móvil, todas ellas coincidentes con distintos momentos políticos de relevancia.

Los pinchazos, ha relatado Jové, se sucedieron al menos entre marzo de 2019 y junio de 2020, cuando el republicano negoció la investidura de Pedro Sánchez, los decretos del estado de alarma por el coronavirus o los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por su lado, Riba ha detallado a la jueza que fue espiada con el 'software' malicioso al menos el 28 de octubre 2019, dos semanas después de la sentencia del procés que condenó a su marido, Raül Romeva, y mientras hablaba con su asesor en el Europarlamento. 

Los juicios del procés no han terminado y se van cumpliendo los trámites antes de que se celebren. Este martes, el presidente del Consejo Nacional de ERC y de su grupo en el Parlament, Josep Maria Jové, la mano derecha de Oriol Junqueras en 2017, ha solicitado al tribunal que debe juzgarle por el referéndum preguntar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) si ha efectuado contra él “algún tipo de investigación criminal o de inteligencia”.

Así consta en el escrito de defensa de Jové presentado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía pide 7 años de prisión y 32 de inhabilitación para Jové, y seis de prisión y 27 de inhabilitación para Lluís Salvadó, número 3 de Economía en el 2017 por malversación, prevaricación y desobediencia. Junto a ambos dirigentes de ERC irá a juicio la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, asesora de Junqueras hace seis años y a quien ahora se reclama un año de inhabilitación por desobediencia.

Jové pretende así emerger en la vista por el 1-O el espionaje del que supuestamente fue víctima por parte del CNI dos años después mediante el programa Pegasus. El próximo 26 de mayo acudirá a declara como perjudicado ante el juez por este caso después de que la Audiencia de Barcelona, en una decisión inédita, ordenara al juez instructor investigar a fondo el caso tras un año sin avances en las pesquisas.

De cara a su juicio por el 1-O, Jové pide que el tribunal pida al CNI si tiene constancia de haber efectuado “algún tipo de investigación criminal o de inteligencia” contra él, y si la misma ha incluido la interceptación de sus comunicaciones o sus equipos informáticos y de teléfonos.

Además de impugnar toda la investigación de la Guardia Civil al considerarla prospectiva e ilegal, Jové asegura ser víctima de una “estrategia política y judicial para acabar con el independentismo”, que se consumó en la causa secreta que dirigió el juzgado 13 de Barcelona sobre los preparativos del 1-O y los registros y detenciones ordenados el 20 de septiembre.

Según la defensa de Jové, el operativo policial que trabajó, a su juicio, sin control judicial para construir su causa y articular una “investigación prospectiva sobre ningún hecho concreto, ni en relación a ninguna persona concreta, basándose en una criminalización de ideologías y proyectos políticos legales y legítimos” El único indicio, en opinión de Jové, era su independentismo.

“La causa general iniciada, por tanto, no sólo discurría a través de procedimientos policiales y judiciales prospectivos sino también a través de procedimientos netamente ilegales”, añade Jové al escrito de defensa, en referencia al espionaje con Pegasus.

En la parte más política del escrito, Jové hace un llamamiento a construir alternativas políticas para la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado: “Ante un conflicto de naturaleza política sólo caben soluciones políticas; optar por respuestas judiciales no lo resolverá”.

Ya es oficial. La jueza de Barcelona que investiga el espionaje con Pegasus a los dirigentes de ERC Josep Maria Jové y Diana Riba ha enviado la petición al Consejo de Ministros para que el Gobierno desclasifique todos los datos y documentos declarados secretos o reservados sobre la infiltración en el teléfono de los dos espiados. Es la primera vez que un magistrado formaliza una solicitud de este tipo.

En un auto, la magistrada argumenta que resulta “imprescindible” retirar la reserva a todos los “asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos” que afecten al espionaje denunciado por Jové y Riba ante la declaración como testigo en la causa de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro.

El objetivo de la petición para desclasificar documentos es precisamente que Casteleiro, cuando comparezca como testigo, no puede acogerse a que los datos sobre los que le preguntan la magistrada y el resto de partes son secretos.

Tras revelarse el espionaje en abril del año pasado, los independentistas afectados por el caso Pegasus pidieron a la Justicia investigar la infiltración en sus móviles. Sin embargo, en un primer momento varios jueces de instrucción de Barcelona –la causa se instruye en varios juzgados y por ahora no se ha juntado en una investigación– frenaron las pesquisas.

No fue hasta que los independentistas recurrieron que una instancia superior, la Audiencia de Barcelona, ha ordenado a los jueces instructores investigar a fondo el caso. Los magistrados acordaron la imputación de la firma israelí NSO, que comercializa el 'software' espía, preguntar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) si ha comprado el programa y la comparecencia como testigo de su directora, Esperanza Casteleiro.

La querella de Riba y Jové reclama enfocar la investigación tanto hacia la empresa israelí como hacia el CNI u otros organismos estatales supuestamente compradores de Pegasus. Esta segunda vía de investigación ya fue descartada por el juez y el fiscal en verano de 2020, cuando así se lo pidieron los primeros espiados, los también republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall.

Las distintas investigaciones habían quedado en vía muerta por la negativa de los jueces a imputar al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán y el silencio de Israel, que lleva dos años sin contestar la petición de auxilio del juez de Barcelona para que NSO Group aportara los datos que conserva respecto los móviles de Torrent y Maragall.

A nivel político, ERC y el Gobierno suavizaron la tensión por el espionaje con el cese de la antecesora de Castelerio, Paz Esteban, quien reconoció en el Congreso el espionaje a 18 independentistas, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo. Una crisis susceptible de reabrirse con las revelaciones que proporcione la causa judicial.