La Audiencia Nacional insta al juez a justificar por qué investiga en secreto a Tsunami tres años después

Aviso de la Audiencia Nacional al juez Joaquín Gadea sobre la investigación secreta a Tsunami Democràtic. Los magistrados de la Sala de lo Penal han instado al instructor a justificar por qué mantiene en secreto la investigación a la plataforma independentista que lideró las protestas tras la sentencia del procés en 2019. La decisión se basa en la “parca o escasa fundamentación” que el juez ha mostrado en las sucesivas resoluciones para prorrogar la reserva de actuaciones.

La de Tsunami es la última gran causa secreta que mantiene abierta la Audiencia Nacional alrededor del independentismo después de que el juez Manuel García Castellón fuera obligado a remover la reserva de actuaciones de las pesquisas sobre el entorno de Carles Puigdemont y la izquierda independentista. El caso sigue pendiente de recibir información del extranjero y del análisis de varios dispositivos electrónicos intervenidos a dirigentes soberanistas.

Uno de los investigados, el empresario Oriol Soler –integrante del sanedrín independentista que organizó el referéndum y que desde hace tres años está investigado por su presunta labor de coordinación del Tsunami– lleva meses combatiendo las prórrogas del secreto de sumario al entender que vulnera sus derechos fundamentales. El secreto implica que la defensa no puede conocer el contenido de la causa, solo accesible para juez y fiscal.

Hasta ahora la Sala de lo Penal había rechazado todos los recursos de la defensa, que ejerce el penalista Benet Salellas, pero ahora por primera vez ha estimado en parte su queja. Según señalan los magistrados, si el juez Gadea quiere mantener en el futuro el secreto de sumario deberá “explicar el por qué” en un auto que contenga “motivación suficiente”.

Afean en este sentido los jueces que las últimas resoluciones del instructor para vetar el acceso a la causa a las defensas contienen una “parca o escasa fundamentación” del secreto. En un auto, los magistrados de la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también indican al juez que deberá razonar “la posible afectación del derecho fundamental de defensa del investigado” así como “la dilación temporal en la investigación secreta”.

Hasta que el juez no levante el secreto de la causa las defensas no podrán conocer a qué países ha pedido información el instructor ni qué dispositivos han analizado los investigadores. La petición de Soler para conocer todo lo investigado desde octubre de 2019 –cuando el juez García Castellón empezó a investigar las protestas de Tsunami como actos terroristas– fue la primera que realizó el editor en la Audiencia Nacional después de que el tribunal especial asumiera las pesquisas que el juez de Barcelona Joaquín Aguirre abrió en el caso Voloh y por la que llegó a ser detenido en octubre de 2020.

A petición de García Castellón, y con la oposición de la Fiscalía, el juez Aguirre envió su causa sobre Tsunami a Madrid el año pasado. Junto a Soler, la Audiencia Nacional pasó a investigar a otros dos miembros del denominado 'Estado mayor' que organizó el referéndum del 1-O, el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de Convergència (CDC) David Madí, y otras tres personas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el informático Jaume C., a quien el juez vincula con transferencias de fondos a Puigdemont mediante criptomonedas, y la militante de ERC Marta M.

Todos ellos, según el magistrado, habrían coordinado las cuatro únicas acciones reivindicadas por Tsunami Democràtic: el bloqueo de los accesos al Aeropuerto de Barcelona y de la AP-7, el lanzamiento de globos en el Camp Nou y una protesta contra la Junta Electoral Central (JEC). A día de hoy la plataforma está inactiva y sus líderes siguen oficialmente en el anonimato, aunque centenares de catalanes que acudieron a las protestas fueron imputados en varios juzgados de la comunidad por desórdenes públicos. La causa más voluminosa, con casi 200 investigados, es la que ya se archivó por el corte de la autopista en la frontera hispanofrancesa.

El juez Aguirre, en octubre de 2020, autorizó a la Guardia Civil a que requisara todos los dispositivos electrónicos de los investigados por Tsunami, así como su correo electrónico. Parte de los informes sobre el análisis de los móviles y ordenadores de los investigados todavía están pendientes de ser entregados.

A raíz de las escuchas telefónicas efectuadas por el Instituto Armado, el juez consideró acreditado que Vendrell ejerció una actividad de “dirección y participación directa” de Tsunami Democràtic. Según el juez, esta función directiva de Vendrell en Tsunami Democràtic se comprueba en algunas de sus afirmaciones intervenidas, como “ya enviaré a gente para proteger plaza Urquinaona” o “hemos montado un escenario en la autopista”, así como en la protesta convocada con motivo del clásico entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid de 2019.