A pocas horas para que finalice el plazo para comunicar las coaliciones electorales que se presentarán a las elecciones generales del 29 de noviembre, el tablero político en Navarra dibuja una derecha unida con UPN y PP retomando su alianza y a una izquierda incapaz de cerrar acuerdos. Se da la circunstancia de que hace tres años y medio el escenario fue diferente cuando Podemos e Izquierda Unida, con otras fuerzas, lograron un acuerdo para ir en coalición a las elecciones forales y municipales del 2023, mientras que UPN y PP acudieron por separado a las urnas tras el final de la etapa de Navarra Suma.

Pero no ha sido así en esta ocasión. Este martes el Partido Popular y los regionalistas ratificaron un nuevo pacto por el que acudiran juntos a las generales con el objetivo de “desalojar” a Pedro Sánchez del Gobierno. Para ello, el PP, que en las elecciones de 2023 superó a UPN en votos, le ha cedido a los regionalistas el primer puesto en la lista que, según ha adelantado su presidenta, Cristina Ibarrola, será una mujer. De número dos, presumiblemente, irá Sergio Sayas, presidente de la gestora del PP navarro y exdiregente de UPN que fue expulsado por tranfuguismo. En el Senado, UPN tendrá los dos primeros puestos.

Las dos formaciones han celebrado el acuerdo que devuelve la unidad a la derecha navarra tras la fractura que precisamente provocó Sergio Sayas, así como Carlos García Adanero, en 2022. Entonces los dos eran diputados de Navarra Suma (designados por UPN) en el Congreso y se saltaron las directrices de su partido para votar en contra de la reforma laboral y tratar de hacer caer al Gobierno de coalición en una maniobra orquestada por el PP. A los pocos meses, y tras su expulsión del partido regionalista, los dos se afiliaron al Partido Popular.

Con el acuerdo de este martes las dos formaciones dan por cerrada esa herida y vulven a unir fuerzas para evitar el escenario de 2023. En las generales de aquel año la división en el voto de la derecha hizo que el PSOE ganara en la comunidad foral, con Santos Cerdán de candidato, y que obtuviese dos escaños, así como tres senadores. UPN y PP lograron un escaño cada uno y UPN una senadora, María Caballero. Con todo y pese a que concurran a las elecciones generales del 29 de noviembre, se antoja complicado que juntos puedan lograr más de dos escaños en el Congreso por el ascenso de Vox. En 2019, los últimos comicios en los que las dos formaciones acudieron juntos a las urnas, bajo la marca Navarra Suma, lograron dos escaños. 

Sin unidad en la izquierda

En el otro lado del tablero la unidad parece mucho más lejana. Hace una semana, Geroa Bai la coalición vasquista de que el PNV forma parte en Navarra junto con Socialverdes, el partido de la expresidenta Uxue Barkos, y los minoritarios Atarrabia Taldea, emplazó a los grupos que sustentan el Gobierno de María Chivite a buscar “una fórmula de colaboración” para las generales en un movimiento que contrasta con la estrategia marcada por el PNV, que de hecho ha elaborado su propuesta de nombres para la lista por Navarra dentro de la coalición Geroa Bai.

Pasados varios días tan solo los partidos que conforman el denominado ahora Frente Amplio han tendido la mano a Geroa Bai, aunque en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa el PNV insiste en querer huir de los bloques. Según fuentes de la negociación consultadas por elDiario.es, la opción que gana más enteros es la de un pacto para una lista conjunta en el Senado, y no así en el Congreso. Sería un modelo similar al de 2015 y 2019. En el primero de los casos, el PNV llegó a sacar un escaño en el Senado por esta vía, valiéndose de los votos a fuerzas de izquierdas. La elegida fue Ana Luján.

PSN y EH Bildu por su parte, han descartado el acuerdo. La coalición abertzale ha informado que “en los últimos días” han mantenido contactos con “todas” las formaciones de izquierdas de Navarra para “explorar fórmulas de colaboración” que permitan “articular una unidad de acción” para “reforzar el bloque progresista”, pero que no ha sido posible alcanzar un acuerdo. La formación está “en otra pantalla”.

La Guardia Civil de Navarra ha conmemorado este lunes en Pamplona la fiesta nacional de España y también la de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo. Se ha celebrado un acto frente a su comandancia al que se han sumado algunos cientos de ciudadanos, además de autoridades, representantes de distintos cuerpos policiales, familiares, y veteranos.

Al acto ha asistido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que se ausentado de la parada militar de Madrid, adonde sí había acudido en otras ocasiones. También delegada del Gobierno de España en Navarra, Alicia Echeverría. Han sido recibidas con abucheos y pitos por muchos de los asistentes, informa Europa Press.

Ante esta situación, la Guardia Civil ha pedido por megafonía que la celebración se pudiera desarrollar con normalidad. “Nos encontramos en un acto institucional que la Guardia Civil ha preparado con gran ilusión para la ciudadanía de Navarra. La bandera de España, uno de los símbolos del Estado, se encuentra en formación y ante ella celebramos un homenaje a los caídos. Se ruega su colaboración para que pueda desarrollarse con normalidad este acto”, ha pedido la Guardia Civil a los asistentes. Tras este mensaje, la celebración se ha desarrollado con normalidad, sin que se hayan escuchado nuevos silbidos.

Chivite no ha acudido este lunes a la celebración de la fiesta nacional en Madrid porque debe iniciar este mismo lunes un viaje a Bruselas, lo que le impedía asistir a ese acto en la capital, según han explicado fuentes del Gobierno foral. En la celebración de Pamplona han estado presentes, además de Chivite, el coronel-jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Miguel Barbero, mandos de la Policía Foral, la Policía Nacional y la Gendarmería francesa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), José Julián Huarte, y el arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló.

Además, entre los cargos institucionales y representantes políticos, se han dado cita en el acto el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, del PSOE, el portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, el presidente de la comisión gestora del PP de Navarra y diputado, Sergio Sayas, el diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán, y el diputado del PSN Iván Cacho.

Durante la celebración, se ha reconocido la trayectoria, los méritos y los servicios prestados por miembros de la Guardia Civil y representantes de otras instituciones. Por ejemplo, se ha recordado también a los cinco policías forales que fallecieron el pasado mes de junio en un accidente de tráfico en Euskadi.

Igualmente, se ha entregado el tricornio de honor al presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna. Se trata de una distinción con la que la Guardia Civil quiere reconocer valores como el honor, la lealtad, el compañerismo y la vocación de servicios, a los que se han querido añadir en este caso “el compromiso con la innovación, su visión estratégica, la capacidad de generar consensos, la colaboración empresarial y el desarrollo sostenible”. Barbero ha recordado también durante su intervención a las víctimas de la banda terrorista ETA. “Tienen todo nuestro cariño, apoyo y respeto”, ha señalado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicía Echeverría, ha expresado su agradecimiento y reconocimiento por el “compromiso y la dedicación” con la que la Guardia Civil “vela por la seguridad de esta tierra”. “Navarra es una comunidad segura, pero vivimos tiempos convulsos, con un contexto internacional especialmente tenso”, ha indicado, para señalar que la gestión de la migración es “uno de los grandes desafíos en España y en los países del entorno”. “Debemos salvaguardar la frontera y la integridad territorial”, ha manifestado igualmente, aunque ha pedido hacerlo desde “una visión humana y humanitaria, y eso incluye combatir los discursos de odio, los bulos y la deshumanización”.

Geroa Bai es el principal socio del PSN en la coalición de Gobierno que lidera María Chivite y en la que también está Contigo/Zurekin. Y como otra pata del Gobierno ha querido marcar distancias con sus socios en el debate del Estado de la Comunidad en el que se ha respirado ya un clima preelectoral.

Durante su intervención, Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, ha criticado la gestión “accidentada” de los socialistas en la obra de Belate, adjudicada por 76 millones a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe al 15% el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“No puede volver a ocurrir y mucho menos en momentos como este porque la falta de rigor en la gestión administrativa es caldo de cultivo para el avance de la ultraderecha”, ha aseverado Azcona.

También ha criticado la gestión del PSN en Educación por haberla convertido “en un instrumento de confrontación a base de decisiones cortoplacistas”. Geroa Bai y PSN chocaron hace unos meses por la renovación de los conciertos educativos. “Seguiremos defendiendo una educación pública fuerte y una política educativa capaz de dar respuesta a la realidad plural de Navarra”, ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai también ha aprovechado su intervención para criticar a la otra pata del Gobierno, a la coalición Contigo/Zurekin, que lidera la consejería de Vivienda. Ha dicho que el sorteo de las 87 viviendas protegidas de alquiler ha sido un ejercicio de “administrar escasez” porque había 4.995 personas pendientes del sorteo.

Con todo, ha emplazado a Chivite a “no conformarse” con “administrar lo conseguido” y “preparar” a la comunidad foral “para los próximos diez años” con “firmeza, valentía y ambición”.

EH Bildu no forma parte del Gobierno de Navarra, pero desde que María Chivite es presidenta ha pactado con PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin todos los presupuestos, así como otras leyes de calado. Es el socio externo. Y este jueves, su portavoz, Laura Aznal ha emplazado a Chivite a seguir articulando “mayorías amplias” frente al avance de la extrema derecha. “Con EH Bildu los acuerdos son sólidos y de alcance. Ofrecemos valentía”, ha solemnizado Laura Aznal.

La portavoz de la coalición abertzale ha lamentado que el próximo ciclo electoral puede dejar en Madrid y en París “gobiernos reaccionarios” que recortan derechos. Frente a ello, ha asegurado que la solución ya no puede ser un cordón sanitario, que “por sí solo” ha resultado “ineficaz”. Por ello le ha pedido a Chivite consolidar las mayorías que la llevaron al Palacio de Navarra o sirvieron para desalojar a UPN del Ayuntamiento de Pamplona.

“Todas las fuerzas progresistas debemos tener claro que ante situaciones excepcionales, son necesarias respuestas excepcionales. Aceptando las múltiples diferencias entre nosotros debemos articular alternativas amplias. Tenemos que llegar a acuerdos basados en un suelo común y debemos fijar esos acuerdos para defender y extender los derechos de los navarros”, ha solemnizado Laura Aznal.

Durante su intervención también ha marcado distancias con los socialistas, a quienes ha afeado que signa impulsando la zonificación lingüística. “Los derechos no se zonifican, el euskera es nuestra lengua y todos los navarros tienen derecho a vivir en euskera”, ha defendido.

También le ha pedido a la presidenta que la actualización “necesaria” de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al estatuto en el resto de comunidades, sirva para “profundizar” en el autogobierno y “ampliar” los derechos de la ciudadanía.

Sobre Belate, la obra que ha dividido a los socios del Gobierno por su gestión, ha asegurado que se han hecho “muchas cosas mal”, pero ha afeado a la derecha que haya utilizado la obra “como hilo conductor” de su estrategia “para desgastar” al Ejecutivo de Chivite. “No les importa la finalización de la obra, su prioridad es el desgaste del Gobierno”, le ha reprochado a UPN. Por último, ha reclamado a Chivite que no se pague “ni un solo euro” que no proceda.

El líder de la oposición, Javier Esparza, de UPN, ve cercano el fin de la etapa de María Chivite al frente del Gobierno de Navarra. Una presidencia, que para el partido regionalista ha sido “un fraude”, porque empezó bajo la tutela de Santos Cerdán y con la “dependencia” de EH Bildu. “Es presidenta gracias a un presunto corrupto y a un terrorista confeso”, le ha espetado.

Esparza, que ha reconocido que el debate del Estado de la Comunidad es “especial” para él por ser su último como portavoz ha centrado el grueso de su intervención, que se ha prolongado durante 30 minutos, en la figura del ex secretario de organización socialista, que aparentemente era copartícipe de Servinabar 2000, la mercantil investigada por corrupción.

“Adjudicó a Cerdán la obra de Belate por 76 millones de euros. Es el gran elefante blanco de la habitación del que nadie quiere hablar”, le ha reprochado a María Chivite. Para Esparza, la sombra de la sospecha de ha extendido a la propia presidenta, de quien ha asegurado que “su entorno más cercano duda”. “No sé si usted está metida [en la trama de corrupción], pero dejó hacer y eso ya es suficiente para acatar responsabilidades políticas” y haber dimitido, ha añadido.

El portavoz de UPN también ha afeado a Chivite sus pactos con EH Bildu, que ha avanzado que “seguirán”. Según él, la coalición abertzale es ya la segunda fuera política en Navarra y no ha dudado en asegurar que Chivite “le dará la presidencia de Navarra” a EH Bildu “al igual que ledioó” la Alcaldía de Pamplona.

En este sentido, ha revelado una reunión que mantuvo con la presidenta en la sede el PSN tras la pandemia. En ella, ha dicho, le ofreció un acuerdo para “dar estabilidad” a la comunidad foral con una presidencia de Chivite “sin la dependencia de EH Bildu”. “Usted me dijo que tenía trampa, que si aceptaba esa propuesta en 2023 tenía que hacerme presidente a mí. Entendí que el problema para usted era el poder, su única preocupación era quién pudiera disputarle la presidencia. Entre UPN y EH Bildu eligió a EH Bildu”, le ha reprochado.

Para cerrar, ha lamentado que con el presupuesto “más alto” no ha sabido “mejorar” los servicios públicos. “No ha sido sinónimo de mejora en la calidad de los servicios públicos, ni de avances estructurales en la gestión, ni de mejoras en las infraestructuras, ni de nuevas infraestructuras siquiera”, ha indicado.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, va camino de cumplir ocho años al frente del Gobierno foral. Y este jueves ha pronunciado el que será el último discurso del debate sobre el Estado de la Comunidad de la legislatura, que finalizará en marzo con la disolución del Parlamento. Durante más de una hora ha hecho balance de estos últimos cuatro años al frente del Gobierno navarro, el que ha sido su segundo mandato consecutivo.

Chivite ha presumido de ser, a su juicio, la presidenta “que más ha hecho por ampliar” el autogobierno de Navarra, en referencia a algunas de las transferencias logradas durante su etapa al frente de la presidencia, como es la de tráfico. “En estas dos legislaturas hemos avanzado más que en veinte años”, se ha felicitado.

Durante su discurso, íntegramente en castellano, Chivite ha repasado los principales retos a los que se ha enfrentado cada una de las 13 consejerías de su Ejecutivo y ha apuntado cuáles serán los objetivos a alcanzar en los meses que restan de legislatura. Como principales prioridades ha destacado el acceso a la vivienda, tratar de frenar el incremento de los precios, la mejora de la sanidad pública y la convivencia.

Chivite, que el año pasado situó a Navarra como “baluarte” progresista, ha vuelto a recordar este año el contexto internacional con “el auge de fuerzas antidemocráticas y antieuropeas”. “Allí donde gobierna o condiciona gobiernos la ultraderecha, avanza la división, la exclusión, el recorte de derechos y la deshumanización. Frente a ese retroceso, defendemos una democracia que se demuestra útil en la vida de la gente”, ha solemnizado. 

No obstante, la presidenta navarra se ha centrado en uno de los episodios recientes, la crisis humanitaria en Ceuta. Ha reclamado una migración “ordenada” y “segura” con derechos pero también obligaciones. “Integrar significa aprender las lenguas, acceder a la formación y al empleo, conocer los derechos y cumplir las obligaciones”, ha aseverado.

Pero ha apostillado: “Criminalizar a quien migra alimenta el miedo y debilita la democracia. Nosotros elegimos otro camino: firmeza en las reglas, humanidad en el trato y políticas que hagan posible la convivencia”. Navarra ha sido la única comunidad que ha acogido a niñas migrantes procedentes de Ceuta merced a un acuerdo bilateral con la ciudad autónoma tras el bloqueo de las comunidades gobernadas por el PP para su reparto. “Mientras algunos agitan el odio, nosotros trabajamos para que una persona migrante pueda formarse, trabajar, contribuir y sentirse parte de Navarra”, les ha reprochado.

La presidenta tampoco ha “obviado” a Belate, la obra que ha generado varias crisis de gobierno con sus socios de Geroa Bai y Contigo/Zurekin. Tras haber sido adjudicada por 76 millones a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe al 15% el exdirigente socialista Santos Cerdán, el Ejecutivo de Chivite ha decidido romper el contrato y volver a sacarlo a licitación. El detonante, un sobrecoste de 8,3 millones de euros que, tras haber sido autorizado por el director general de Obras Públicas, fue tumbado por la Intervención General.

Chivite ha remarcado la “importancia” de desdoblar el túnel situado en la N-121-A, la carretera que une Pamplona con Francia a través de Irún, pero también la de hacerlo “desde la legalidad y la transparencia”. Ha asegurado que el túnel “se va a terminar” y ha acusado a los gobiernos que la precedieron de “inacción” con una obra bajo la lupa de Europa, que amenazó a Navarra “con una multa millonaria” por no acometerla en plazo.

Con todo, la presidenta no ha interpelado a sus socios de gobierno y únicamente se ha referido de pasada a otros temas que han generado tensión en el seno del Ejecutivo, como es el caso de los conciertos educativos, cuando apenas restan unos meses para la celebración de unos nuevos comicios forales y municipales. Pero sí les ha reclamado acuerdos “con convicciones y con hechos” para volver a “merecer la confianza de la ciudadanía”.

Chivite también ha reservado un espacio para anuncios, como una propuesta fiscal “ambiciosa” o un plan de inversiones, al margen de los presupuestos, de 600 millones de euros “que se materializarán en infraestructuras y actuaciones concretas”. 

El pleno, como es costumbre, ha levantado cierta expectación. Hasta cuatro emisoras de radio han montado 'sets' especiales para retransmitir la sesión en directo y, desde primera hora, los palcos y pasillos se han llenado de invitados. En la Cámara han coincidido desde la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, hasta su homólogo en el PNV, Aitor Esteban. También ha acudido la recientemente nombrada candidata a la presidencia navarra por Geroa Bai, Uxue Barkos, actualmente senadora autonómica, o el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de UPN, entre otros.

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves extender hasta el 31 de diciembre de 2028 la moratoria a la instalación de nuevas plantas de biometano en la comunidad foral. La medida, que ha contado con los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, la abstención del PSN y del PP y el voto en contra de Vox, prorroga la moratoria de un año aprobada el año pasado y que provocó una división entre los socios del Gobierno de Chivite. Durante el periodo que dure la moratoria, el Gobierno de Navarra trabajará en una normativa que regule la instalación de estás plantas.

La ley aprobada este jueves recoge que desde el 14 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2028 no se admitirán a trámite por parte de ninguna administración pública competente nuevos proyectos de plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas a la planta.

Por su parte, los expedientes de autorización de plantas de biometanización que se encuentran suspendidos cautelarmente desde el 15 de julio de 2026 se mantendrán suspendidos bajo las mismas condiciones que motivaron dicha resolución. Por tanto, la medida aprobada afectará a las plantas que proyectadas en Arróniz y Sesma y que provocaron movilizaciones vecinales en contra.

Quedan excluidas de la presente moratoria las plantas de biometanización anaeróbica de autogestión, cuya capacidad de gestión sea inferior a 25.000 toneladas anuales; y las instalaciones de biometanización anaeróbicas de gestión pública que responden a procesos complementarios a otros marcos competenciales, como la gestión de residuos domésticos municipales procedentes del quinto contenedor de la fracción orgánica y la depuración de aguas residuales urbanas.

Las plantas de biometanización anaeróbica cuya actividad consista en la gestión de residuos orgánicos, agroalimentarios y/o deyecciones ganaderas generados por instalaciones externas con una capacidad de gestión anual superior a las 100.000 toneladas y que a 15 de julio de 2026 se encuentren en fase de autorización serán objeto de suspensión cautelar hasta el 31 de diciembre de 2028. El PSN había presentado una enmienda que suprimía este punto, pero no ha sido aprobada.

El PSN va a plantear a sus socios de gobierno en Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, y a EH Bildu, socio presupuestario, una nueva deflactación del IRPF para el año 2027 con la que pretenden paliar el efecto de la subida de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Los socialistas llevarán la propuesta a la negociación de las medidas fiscales del próximo ejercicio, que se desarrollará en paralelo a la de los presupuestos.

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha señalado que se trata de una medida justificada en el incremento de los precios. “Si todo cuesta más, y si el sueldo de un trabajador sube solo para compensarlo, no queremos que esa subida haga que se acabe pagando más impuestos, porque no es para nada justo”, ha indicado. Unzu ha afirmado que el objetivo del PSN es “poner en marcha todos los años medidas que protegen a la ciudadanía, en este caso, del incremento de los precios”.

La portavoz socialista ha realizado este planteamiento después de que el pasado viernes el Gobierno de Navarra anunciara el techo de gasto para el año 2027, que aumenta un 8,4% respecto al ejercicio anterior. Unzu ha destacado que se “sigue avanzando para tener unos buenos Presupuestos, ambiciosos, con proyectos que están mirando a años vista”.

El portavoz de Geroa Bai, el principal socio del PSN en el Gobierno, Pablo Azcona, ha emplazado a los socialistas a retomar la negociación fiscal “cuanto antes” para poder negociar esa y otras medidas que vayan a afectar a los ingresos de las arcas forales. Tanto él, como el otro socio del Ejecutivo, Contigo/Zurekin, han valorado positivamente el aumento del techo de gasto.

En la misma línea se ha manifestado EH Bildu. Su portavoz, Mikel Zabaleta, ha afirmado que “ahora este mayor margen presupuestario debe servir para responder a los retos y las necesidades de la sociedad navarra, avanzar en la protección y el fortalecimiento de los servicios públicos, y garantizar los derechos de la ciudadanía”. “Estamos a la espera de conocer el reparto por departamentos, que se conocerá hoy mismo, así como la traslación de esas cifras generales a partidas concretas en el anteproyecto de la ley foral de Presupuestos”, ha indicado.

Sobre fiscalidad ha apuntado que para poder tener un sistema público “sólido” que “aproxime” a Navarra “a los países socialmente más avanzados de Europa”, hay que “aprovechar las competencias en materia fiscal”. “Es por ello por lo que también esperamos poder alcanzar un acuerdo en la mesa de fiscalidad, porque la fiscalidad debe ser una herramienta al servicio de la mayoría social y servir para afrontar los principales retos que tiene esta sociedad, como el acceso a la vivienda, la redistribución de la riqueza y la emergencia climática”, ha señalado.

El ex 'número dos' del PSN Ramón Alzórriz, que dejó su cargo en el partido el pasado año por tener a su pareja trabajando en la empresa Servinabar 2000, investigada por corrupción, ha negado que eso fuera un trato de favor por parte de Antxon Alonso, el empresario dueño de esa mercantil. Es más, Alzórriz ha acusado al empresario guipuzcoano de haber despedido a su pareja de manera “improcedente” en el año 2024 por el “revuelo” que se había generado en torno a la obra de los túneles de Belate tras la denuncia de UPN. Alzórriz, que aún se mantiene como parlamentario, era una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán, a quien la Guardia Civil atribuye la titularidad del 45% de Servinabar 2000.

“Le llamó su jefe, Antxon Alonso, a una reunión a su despacho, le dijo que con el revuelo que se había montado con la adjudicación de los túneles de Belate, ella era la pareja del portavoz del Partido Socialista y del secretario de Organización y que, por lo tanto, no quería problemas y la despidió de manera improcedente”, ha explicado Alzórriz este martes en su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado a preguntas de la senadora del PP Ana Beltrán. Según ha añadido, recibió una indemnización por ello.

El todavía parlamentario socialista en la Cámara navarra ha asegurado que Santos Cerdán, con quien ha reconocido que ha hablado tras su salida de prisión, “no tuvo nada que ver” en la contratación de su pareja en Servinabar 2000. Ha afirmado que habló con Antxon Alonso para pedirle un empleo para su pareja porque el que tenía era “precario” y que fue contratada tras realizar una entrevista y una formación en prevención de riesgos laborales. “Su sueldo era de 30.000 euros brutos anuales, un sueldo normal”, ha apostillado.

Alzórriz, que en junio del año pasado, salió en rueda de prensa para anunciar que dimitía de todos sus cargos en el PSN, ha explicado ahora que fue Chivite quien, al enterarse de que le había ocultado la relación laboral de su pareja con la empresa investigada por corrupción, le forzó a dejar la vicesecretaría general del partido. “Ella me lo pidió y yo, por coherencia con la situación que se estaba produciendo y también por lealtad, no solo a ella sino al proyecto que tenemos en Navarra, acepté”, ha reconocido un año después.

Con todo, el ex 'número dos' del PSN ha vuelto a reiterar que desconocía que Santos Cerdán fuese propietario de Servinabar 2000 y ha asegurado que no ha leído los informes de la UCO de la Guardia Civil que vinculan al ex secretario de Organización del PSOE con esta mercantil. “Me he distanciado de esta situación”, ha apuntado.

Por último, Alzórriz ha negado que se hayan cometido “irregularidades” en las obras que realizó en su domicilio particular y que fueron encargadas a la misma constructora a la que Parquenasa, sociedad participada por el Gobierno de Navarra, le adjudicó cuatro contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva y que están siendo investigados por un juzgado por un posible fraccionamiento ilegal. Hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Navarra inadmitió una querella presentada por Vox contra Alzórriz por estas obras de su casa.

El Parlamento de Navarra ha cerrado este jueves el curso político con un pleno muy centrado en materia de vivienda. Los socios del Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai y Contigo7Zurekin) y EH Bildu han impulsado dos leyes con las que se busca reforzar la protección de los inquilinos: por un lado, ha salido adelante una norma que vuelve permanente la calificación de las VPO de alquiler y, por otro, se ha aprobado la regulación del alquiler de habitaciones y del alquiler de temporada.

Así, el Parlamento navarro ha dado luz verde a una ley que elimina la posibilidad de que las VPO calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurridos 21 años desde su calificación definitiva. La norma alcanza a 2.248 viviendas que perderían su protección.

Esta previsión se completa con la extensión de la aplicación del régimen de protección indefinida a todas las VPO en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible cuyo período de protección permanezca vigente en la fecha de entrada en vigor de esta ley, con independencia de cuándo hubieran sido calificadas.

La modificación aprobada incluye una enmienda de adición presentada por Geroa Bai en relación con los derechos de tanteo y retracto. Se ha agregado un nuevo párrafo dirigido a reservar a las Administraciones Públicas el derecho de adquisición preferente sobre viviendas protegidas (y sus trasteros o garajes/anejos), descalificadas, situadas en zona declarada de Mercado Residencial Tensionado y propiedad de una persona gran tenedora (cinco o más viviendas en dichas zonas), con el fin de destinarlas al alquiler social u otros fines de interés público. Esta prioridad se restringe a los diez años siguientes a la fecha en que expire legalmente el régimen de protección de la vivienda y, según se precisa, abarca “la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter vivos”.

“Días como hoy hacen que la política merezca la pena”, ha celebrado el parlamentario Kevin Lucero, del PSN, uno de los partidos impulsores de la ley. “La calificación de viviendas públicas no debería tener fecha de caducidad, ni en compra ni en alquiler, porque lo público no puede promocionar vivienda cuyo fin último es que se convierta en un producto especulativo”, ha añadido el portavoz de Contigo/Zurekin, Daniel López.

Con todo, los grupos proponentes ya han anticipado que habrá “una batalla judicial” por la aprobación de esta ley, “porque detrás de la descalificación de las viviendas hay enormes intereses económicos”, ha apuntado Mikel Zabaleta, de EH Bildu. “La cuestión no es si alguien lo recurrirá o no, sino de qué lado nos posicionamos”, ha apostillado.

Navarra, pionera en regular el alquiler de habitaciones

Por otro lado, la comunidad foral se ha convertido en la primera en la que el alquiler de habitaciones va a estar regulado con la aprobación de una norma que también afecta al alquiler de temporada. Se pretende con esta ley evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Así, los contratos de alquiler de habitaciones para vivienda habitual deberán someterse al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual. Los contratos temporales ligados a vivienda habitual deberán estar vinculados a “causas reales” -como motivos laborales, formativos o asistenciales-. Estos no podrán superar el año de duración y, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual.

La segunda modalidad se corresponde con el arrendamiento de habitación de temporada, destinado a “satisfacer necesidades puntuales o transitorias de alojamiento no equivalente a vivienda habitual”, y comprende usos vacacionales, turísticos, lúdicos o recreativos. En cuanto a la modalidad de hospedaje, el contrato puede alcanzar a la vivienda entera o a una sola estancia y debe incluir la prestación de unos servicios mínimos (al menos limpieza y suministros), entre otras cuestiones.

En las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el parlamentario socialista y ex 'número dos' del PSN Ramón Alzórriz por delitos de cohecho y tráfico de influencias. El partido de extrema derecha le había denunciado en la que aseguraba que las obras que había realizado en su casa habían sido la contraprestación de la constructora Adentro Construimos, la misma a la que se le adjudicaron cuatro contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva y que están siendo investigados por un juzgado por un posible fraccionamiento ilegal. Alzórriz era el vicesecretario general de los socialistas navarros hasta que en junio del año pasado Chivite le cesó de todos sus cargos por haberle ocultado que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Ahora , la Sala de lo Civil y Penal del TSJN considera que “la imputación dirigida frente al aforado se basa en meras sospechas, conjeturas o posibilidades y en valoraciones personales carentes de corroboración suficiente y, por tanto, sin un sustento sólido que permita la apreciación de indicios mínimos”. Según la querella de Vox, después de la adjudicación de los contratos de Sendaviva a Adentro Construimos SL, esta misma empresa llevó a cabo las obras de reforma integral de un piso adquirido, al 50% con su esposa, el 17 de junio de 2024 por Ramón Alzórriz. La querella añadía que el valor o importe de esas obras de reforma fue realmente “muy superior” al precio abonado por Alzórriz, estimando que pudieran suponer las obras realizadas un importe de unos 150.000 euros, frente a la cantidad de 38.000 euros, más IVA, en la que se presupuestaron, según la licencia municipal.

Según exponen los magistrados en el auto, “la parte querellante parece relacionar al aforado, de algún modo no especificado, con las decisiones adoptadas determinantes de aquellas adjudicaciones, apuntando a que la ejecución de dichas obras en la vivienda del aforado se realizó a cambio de un precio muy inferior al que correspondía, como respuesta de la entidad constructora a la gestión realizada por el aforado”. Al respecto, resalta el Tribunal, la admisión de una querella requiere no solo que se individualice la conducta concreta que respecto al aforado pudiera ser constitutiva de delito, “sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación como persona concreta”. 

“En el presente caso, atendidos los propios términos de la querella, es destacable que, si bien se afirma el carácter irregular y posiblemente delictivo de las adjudicaciones antes indicadas, sin embargo, en lo referente al aforado señor Alzórriz, no se describen en ella unos concretos hechos posiblemente delictivos individualizados, ni se aporta dato objetivo alguno del que pueda inferirse la precisa relación del aforado con los responsables de las adjudicaciones repetidas o con estas mismas, ni se aportan elementos objetivos bastantes que avalen la verosimilitud de una participación penalmente relevante del aforado en la posible actividad delictiva”, subraya la Sala.

Asimismo, los magistrados abundan que no cuentan “con un mínimo apoyo objetivo atinente a los propios hechos y a la participación de la persona aforada en las gestiones referentes a las adjudicaciones ni a su relación con quienes las decidieron”. Ni tampoco, agregan, acerca de la desproporción afirmada por la parte querellante entre el importe de las obras efectivamente realizadas y el realmente abonado por el aforado. “En definitiva, la imputación dirigida frente al aforado se basa en meras sospechas, conjeturas o posibilidades y en valoraciones personales carentes de corroboración suficiente y, por tanto, sin un sustento sólido que permita la apreciación de indicios mínimos, en los términos que antes hemos indicado, para la admisión de la querella frente a un aforado”, remarcan. 

En este sentido, la Sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la investigación penal no puede convertirse en prospectiva, sin que el proceso penal pueda abrirse para averiguar si, a partir de una sospecha general o de una construcción hipotética, pudieran llegar a descubrirse hechos delictivos concretos, sin aportarse un indicio objetivo de su realidad. Al respecto, según indican los magistrados, el Supremo opta por un criterio restrictivo a la hora de aceptar la competencia por implicación de un aforado, exigiendo un nivel de indicios cualificado para la admisión de una querella. 

“Los hechos reflejados en la querella, y cuanto se desprende de la documentación aportada, resultan insuficientes para justificar la apertura del proceso penal”, sostiene la Sala, que apostilla, no obstante, que podrá adoptarse en el futuro la resolución que proceda si, “de las actuaciones que se desarrollan en las diligencias previas de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se desprendiesen nuevos datos reveladores de posibles indicios de responsabilidad penal afectante a dicho aforado”.

Estas obras que se investigan en otro juzgado se realizaron en el parque de la naturaleza  Sendaviva tras unos incendios que lo arrasaron en 2022. El parque está gestionado por Parquenasa, una sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene una participación del 45% a través de la sociedad pública NICDO. El Gobierno navarro adjudicó a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas. Los cuatro contratos se quedan al límite de superar esos 200.000 euros, superando tres de ellos los 1980.000 euros.

Los grupos parlamentarios PSN, Contigo/Zurekin y EH Bildu han impulsado una nueva ley para “garantizar que las viviendas protegidas en régimen de alquiler y alquiler asequible mantengan su calificación de forma permanente, aunque esta hubiera sido concebida inicialmente con carácter temporal”. Los tres grupos parlamentarios no cuentan con mayoría en el pleno por lo que necesitarían al menos de tres abstenciones de Geroa Bai, socio del Ejecutivo de Chivite, pero que no se ha sumado a la presentación de la ley.

Según han explicado desde el PSN en un comunicado, la medida “afecta a 2.248 viviendas, en torno a 7.000 personas, y, este año, protegería a 300 viviendas que pierden su calificación, y evitaría que cerca de 900 personas quedaran en la calle”.

El portavoz de Vivienda del PSN en el Parlamento de Navarra, Kevin Lucero, ha defendido que “la vivienda protegida no puede ser una antesala del mercado libre”. “Si nació para garantizar derechos, debe seguir sirviendo a ese objetivo. Ponemos un límite claro a la especulación, lo que se ha creado con finalidad social no puede acabar convertido en oportunidad de negocio”, ha indicado.

Lucero ha remarcado que Navarra “no solo necesita construir más vivienda asequible, sino también conservar la que ya existe”. “Construir vivienda protegida es importante, pero impedir que desaparezca del sistema de protección es imprescindible”, ha afirmado.

Con esta ley, las viviendas en alquiler y alquiler asequible “pasan a ser de protección permanente, sin posibilidad de revertir al mercado libre una vez vencido el plazo inicial de calificación”.

Esta norma se enmarca en “el esfuerzo normativo y presupuestario que Navarra está desarrollando para transformar el paradigma de la vivienda”. Y se suma a la Ley del Derecho a una Vivienda Asequible, a la ley de habitaciones, actualmente en tramitación parlamentaria, a la estrategia de vivienda rural, la bolsa de alquiler y las medidas fiscales impulsadas por el Gobierno foral.

“Esta ley no es una varita mágica, pero sí una pieza fundamental. La vivienda es la condición material para emanciparse, formar una familia, vivir con dignidad y construir un proyecto de vida. Seguimos transformando Navarra para que la vivienda sirva a esos principios”, ha apuntado.

Nueve meses y 43 comparecencias después, la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha echado el cierre este miércoles con una última sesión en la que se ha votado un dictamen consensuado entre los socios de Gobierno PSN, Geroa Bai y el socio presupuestario EH Bildu, y en el que la tercera pata del Ejecutivo navarro, Contigo/Zurekin, se ha abstenido. En él se recogen cuatro conclusiones en las que se descarta la existencia de corrupción y de injerencia en la adjudicación de obra pública en la comunidad foral durante las tres últimas legislaturas.

Así, según el dictamen, que será aprobado en el pleno del próximo 18 de junio, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

Enmarca a su vez estas conclusiones en un escenario en el que se han encontrado con “limitaciones” como el hecho de que haya coincidido en el tiempo con el proceso penal, lo que ha impedido a los grupos acceder por ejemplo a los informes de la UCO y el resto de documentación recogida en el sumario. Que el proceso judicial estuviera abierto también ha provocado que varios de los comparecientes, entre ellos Santos Cerdán, Koldo García o Antxon Alonso se hayan acogido a su derecho a no declarar. En el caso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, directamente se ha negado a acudir a la citación, lo que le ha llevado a ser denunciado por la Fiscalía por un delito de desobediencia.

No obstante, se constata la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate, el más cuantioso de los siete adjudicados por la Administración foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 (76 millones de euros). Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

Así, los socios del Gobierno de Chivite y EH Bildu han afeado a la oposición de UPN, PP y Vox que en sus conclusiones dieran por buenas “teorías” y “conjeturas” para demostrar la existencia de corrupción. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hablado de “corrupción por analogías” para referirse a los argumentos que ha dado UPN en relación con Santos Cerdán para asegurar que se cometió corrupción en la adjudicación de Belate. “Dicen que como esto pasaba en otros sitios y son las mismas personas, necesariamente tiene que pasar aquí”, ha apuntado.

“Si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?”, ha añadido el portavoz del PSN, Javier Lecumberri. “Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos”, ha apostillado Pablo Azcona, de Geroa Bai. El portavoz de Cintigo/Zurekin, Miguel Garrido, por su parte, ha apuntado que “no todo se ha hecho bien” y que hay “comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública” que se deben corregir. “Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial”, ha apostillado.

En el lado contrario, UPN, PP y Vox han considerado qué sí se han demostrado indicios de la existencia de corrupción y han acusado a los socios de querer “proteger” al Gobierno y a María Chivite con este dictamen. “¿Hubiera escrito el mismo dictamen si los protagonistas fueran UPN, Miguel Sanz y Javier Esparza?”, le ha preguntado el portavoz regionalista, Javier Esparza, a Adolfo Araiz, de EH Bildu. “Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”, ha continuado Esparza para afirmar que “la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo el país”.

El dictamen aprobado incluye un segundo punto de recomendaciones, que en este caso sí ha sido firmado y apoyado por Contigo/Zurekin. Entre ellas destaca la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que pueda haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

La comisión navarra de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha concluido que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a estas mercantiles durante los gobiernos de Uxue Barkos y María Chivite.

PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que cuentan con mayoría parlamentaria, han acordado un documento de mínimos, del que se ha descolgado Contigo/Zurekin, el tercer socio del Gobierno de Chivite, con cuatro conclusiones que serán aprobadas en un pleno que se celebrará en el Parlamento de Navarra a finales de junio. También han acordado, esta vez con el respaldo de Contigo/Zurekin, un documento con recomendaciones para el Ejecutivo foral.

La comisión de investigación fue creada a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil que vincula al navarro Santos Cerdán con una trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Los agentes encontraron en junio de 2025 en casa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso un documento de compraventa por el que Cerdán habría adquirido el 45% de las participaciones de Servinabar 2000, mercantil que funcionaría como vehículo para el cobro de las comisiones, según la Guardia Civil, y a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó siete obras en UTE con Acciona.

Tras nueve meses de trabajos y 46 comparecencias de técnicos, políticos o empresarios, PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que tienen mayoría parlamentaria, han pactado un documento en el que se recogen cuatro conclusiones, que serán las que se aprueben en el pleno. La primera señala que “no se ha podido acreditar” la existencia “de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados”. Añaden que “a pesar de la gravedad de las sospechas iniciales”, las comparecencias, la documentación y las actas de las mesas de contratación “no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, aportación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses”.

Con todo coinciden en que se ha constatado “la existencia de irregularidades y deficiencias en la tramitación de algunos contratos, en especial en la licitación de la duplicación del túnel de Belate”.

Se han constatado “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”

En un segundo punto la comisión destaca que tampoco se ha podido acreditar la participación de empresas, licitadoras o adjudicatarias, en “prácticas corruptas” dirigidas a obtener adjudicaciones de obras públicas de la Administración de la Comunidad foral. Según apunta, del análisis de la posición de las empresas adjudicatarias, no se desprende “la existencia de pagos ilícitos, acuerdo colusorios con responsables públicos u otras actuaciones que acrediten” corrupción. No obstante, destaca que la relación entre algunas empresas y personas investigadas “genera un contexto de sospecha” que, sin embargo, “no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas” de adjudicaciones públicas.

Se considera también, en un tercer apartado, que no han aparecido “elementos probatorios directos” que apunten a “prácticas corruptas” en las obras investigadas. No obstante, se señala que en la comisión se han constatado “vicios procedimentales” a lo que ha sumado los votos particulares por parte de miembros jurídicos y de Intervención, así como reparos de Intervención advirtiendo de “posibles incumplimientos de la normativa de contratación”. Aun siendo “objetivamente incumplimientos de legalidad y la buena administración”, se insiste en que “no se han acompañado de pruebas concluyentes” que acrediten un “pacto ilícito entre decisores públicos y operadores privados”.

Por último, en una cuarta conclusión, se recoge que no se han acreditado “injerencias políticas directas o indirectas” sobre los miembros de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate. Así, destaca que todos los vocales de la mesa que han comparecido “han manifestado de forma coincidente no haber recibido presiones” para “orientar el sentido de sus valoraciones técnicas o de sus votos en la Mesa”.

Pese a ello, añaden que se han producido “conductas discutibles” por parte del presidente de la Mesa hacia algunos técnicos, como peticiones para “repensar puntuaciones”, que “podrían suponer un quebranto a la imparcialidad de la Mesa”, pero no las vincula a “directrices” de “instancias superiores”. Igualmente, apunta a la existencia de reuniones y comunicaciones entre cargos políticos y responsables administrativos “preocupados por el desarrollo de la licitación” que “puede interpretarse como una presión ambiental o un interés político intenso”, pero sin probar “una orden expresa” para favorecer a una empresa u orientar la decisión de la Mesa.

De este cuerdo se ha desmarcado la tercera pata de la coalición del Gobierno de Chivite, Contigo/Zurekin, que en sus conclusiones particulares considera que han quedado acreditadas “prácticas en los procesos de contratación pública que son incompatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, transparencia e integridad” recogidas en la legislación sobre contratación pública y “que evidentemente se han vulnerado en algunos de los procesos” que se han analizado, así como “una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático”.

“La diferencia fundamental ha estado a la hora de analizar qué hemos visto, oído y leído en la comisión”, ya que hay grupos que “han entendido que lo importante eran las conclusiones y que el relato que lleva a esas conclusiones no lo era tanto”, ha explicado el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz.

Recomendaciones

Los tres socios del Gobierno y EH Bildu, socio presupuestario, sí que han alcanzado un acuerdo para presentar un documento conjunto de recomendaciones, entre las que destacan la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que puedan haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

Las conclusiones y las recomendaciones serán votadas y aprobadas en la comisión parlamentaria el próximo 10 de junio y llevadas a pleno para su aprobación dedefinitival 18 de junio.

María Chivite (Cintruénigo, 1978) aspirará a un tercer mandado como presidenta de Navarra. El comité regional del PSN ha ratificado su candidatura para las elecciones forales de 2027. Chivite accedió a la presidencia en 2019, en sustitución de Uxue Barkos. Gobierna en coalición con Geroa Bai (PNV y Socialverdes), y Contigo Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), y con el apoyo externo de EH Bildu.

La presidenta ha reconocido que las investigaciones judiciales que afectan a miembros del PSOE le han producido una sensación de “indignación, sorpresa y tristeza”, al igual que cuando saltó el caso de Santos Cerdán el pasado año. Cerdán era su mentor político y parte de las adjudicaciones se dieron en la comunidad foral. “Sigo creyendo en los principios y valores del partido”, ha dicho sobre todo lo que está sucediendo, según Europa Press.

Durante su intervención en el inicio del comité regional del partido, celebrado este sábado en la sede del PSN en Pamplona, Chivite ha indicado que volverá a presentarse “porque este proyecto es bueno para Navarra”. “Creo que estamos haciendo bien las cosas y nos queda trabajo por delante”, ha indicado. El PSN hoy “está más fuerte que nunca”, ha apuntado también.

Ha asegurado que en Navarra “no hay una alternativa a este Gobierno”, ni siquiera “sumando a la ultraderecha de la prioridad nacional”. “¿Alguien quiere que esta gente gobierne en Navarra”, se ha preguntado, para recordado que donde han podido pactar “lo han hecho”, en referencia a la localidad de San Adrián. Las últimas encuestas, con todo, apuntan a que EH Bildu disputa la primera posición dentro del bloque 'progresista'.

Chivite ha admitido que “los últimos tiempos no han sido fáciles”. “El Partido Socialista de Navarra vivió hace un año uno de los momentos más duros que yo recuerdo. Y estos últimos días he vuelto a tener la misma sensación: sorpresa, indignación y tristeza”, ha lamentado. “La responsabilidad de lo que está pasando viene por personas de dentro de nuestro partido, sin duda, pero también desde fuera”, ha subrayado, para advertir de que las “consecuencias” son “más crispación, mayor desconfianza en la política y retrocesos sociales”, cuyas principales “víctimas” van a ser “los ciudadanos de la calle”. “No debemos dejar que se olviden los logros y avances en derechos sociales y económicos que han hecho de nuestra sociedad una sociedad modelo”, ha defendido la dirigente socialista.

La presidenta se ha referido en su intervención a la ley de UPN, aprobada en el Parlamento de Navarra, que evita el cierre de unidades concertadas. Ha destacado que “por supuesto” que va a cumplir con esta ley, pero a su vez ha resaltado que hará “lo que haga falta” para que “no ponga en desventaja a la escuela pública”. Esa norma salió porque sus socios de Gobierno nacionalistas también defienden la parte privada de la educación, la relativa a las ikastolas.

Asimismo, ha puesto en valor como hito de su gestión la inversión anunciada por la empresa china Hithium en Navarra, para construir una planta de baterías y, especialmente, la situación de la planta de Volkswagen en Landaben. “Tuvimos que escuchar durante meses a esos agoreros del apocalipsis mintiendo a sabiendas, diciendo poco menos que este gobierno había traicionado a la industria navarra. Una vez más, como lo hará con tantas otras cosas, la verdad se abre camino”, ha subrayado.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.