María Chivite (Cintruénigo, 1978) aspirará a un tercer mandado como presidenta de Navarra. El comité regional del PSN ha ratificado su candidatura para las elecciones forales de 2027. Chivite accedió a la presidencia en 2019, en sustitución de Uxue Barkos. Gobierna en coalición con Geroa Bai (PNV y Socialverdes), y Contigo Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), y con el apoyo externo de EH Bildu.

La presidenta ha reconocido que las investigaciones judiciales que afectan a miembros del PSOE le han producido una sensación de “indignación, sorpresa y tristeza”, al igual que cuando saltó el caso de Santos Cerdán el pasado año. Cerdán era su mentor político y parte de las adjudicaciones se dieron en la comunidad foral. “Sigo creyendo en los principios y valores del partido”, ha dicho sobre todo lo que está sucediendo, según Europa Press.

Durante su intervención en el inicio del comité regional del partido, celebrado este sábado en la sede del PSN en Pamplona, Chivite ha indicado que volverá a presentarse “porque este proyecto es bueno para Navarra”. “Creo que estamos haciendo bien las cosas y nos queda trabajo por delante”, ha indicado. El PSN hoy “está más fuerte que nunca”, ha apuntado también.

Ha asegurado que en Navarra “no hay una alternativa a este Gobierno”, ni siquiera “sumando a la ultraderecha de la prioridad nacional”. “¿Alguien quiere que esta gente gobierne en Navarra”, se ha preguntado, para recordado que donde han podido pactar “lo han hecho”, en referencia a la localidad de San Adrián. Las últimas encuestas, con todo, apuntan a que EH Bildu disputa la primera posición dentro del bloque 'progresista'.

Chivite ha admitido que “los últimos tiempos no han sido fáciles”. “El Partido Socialista de Navarra vivió hace un año uno de los momentos más duros que yo recuerdo. Y estos últimos días he vuelto a tener la misma sensación: sorpresa, indignación y tristeza”, ha lamentado. “La responsabilidad de lo que está pasando viene por personas de dentro de nuestro partido, sin duda, pero también desde fuera”, ha subrayado, para advertir de que las “consecuencias” son “más crispación, mayor desconfianza en la política y retrocesos sociales”, cuyas principales “víctimas” van a ser “los ciudadanos de la calle”. “No debemos dejar que se olviden los logros y avances en derechos sociales y económicos que han hecho de nuestra sociedad una sociedad modelo”, ha defendido la dirigente socialista.

La presidenta se ha referido en su intervención a la ley de UPN, aprobada en el Parlamento de Navarra, que evita el cierre de unidades concertadas. Ha destacado que “por supuesto” que va a cumplir con esta ley, pero a su vez ha resaltado que hará “lo que haga falta” para que “no ponga en desventaja a la escuela pública”. Esa norma salió porque sus socios de Gobierno nacionalistas también defienden la parte privada de la educación, la relativa a las ikastolas.

Asimismo, ha puesto en valor como hito de su gestión la inversión anunciada por la empresa china Hithium en Navarra, para construir una planta de baterías y, especialmente, la situación de la planta de Volkswagen en Landaben. “Tuvimos que escuchar durante meses a esos agoreros del apocalipsis mintiendo a sabiendas, diciendo poco menos que este gobierno había traicionado a la industria navarra. Una vez más, como lo hará con tantas otras cosas, la verdad se abre camino”, ha subrayado.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) volvería a ganar las elecciones forales en Navarra, pero una vez más se quedaría lejos de una mayoría que le permitiese volver a liderar el Gobierno de la comunidad foral, incluso con los apoyos de PP y Vox. Del otro lado, EH Bildu amenaza la primacía del PSN de María Chivite en el bloque de la izquierda.

Una encuesta realizada por EiTB focus publicada este jueves dibuja un escenario muy similar al actual en el Parlamento de Navarra. Las formaciones que sustentan al actual Gobierno foral, una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) con el apoyo externo de EH Bildu podría reeditar un Ejecutivo progresista. Eso sí, los socialistas dependerían más de la coalición de la izquierda abertzale, la formación que más crece en intención de voto y que prácticamente empata con el PSN en apoyos.

La encuesta otorga al PSN un 20,5% de intención de voto, medio punto menos que los resultados que obtuvieron en 2023, mientras que EH Bildu se situaría muy cerca del 20% de apoyos, un19,9%, con un crecimiento de de 2,5 puntos con respecto a los resultados que obtuvo en 2023.

Geroa Bai, el principal socio de los socialistas en el Gobierno de Chivite, se mantendría como cuarta formación con un 13% de intención de voto, medio punto menos que en 2023. Las formaciones que en la actualidad conforman la coalición Contigo/Zurekin, que todavía no han reeditado el acuerdo para confluir en los comicios de 2027, lograrían un 5,6% de los apoyos.

El ganador de las elecciones volvería a ser UPN, si bien con una caída de dos puntos en comparación con los resultados que lograron en 2023. La formación regionalista, ahora liderada por Cristina Ibarrola, que será la candidata en 2027 a presidir el Gobierno navarro, alcanzaría el 26,2% de los apoyos.

De esta forma, Ibarrola sería incapaz de devolver a UPN al Palacio de Navarra que abandonó Yolanda Barcina en 2015, incluso con el apoyo de PP y Vox. El PP se mantendría en el 7,5% del total de los votos, mientras que la formación de extrema derecha crecería 2,3 puntos y se situaría en el 6,7% de intención de voto.

La encuesta, que ha sido elaborada entre el 17 de abril y el 13 de mayo con 600 entrevistas en la comunidad foral, sitúa a la presidenta María Chivite con índice de aprobación del 64,7% y una valoración de 5,2 puntos sobre 10. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), por su parte, obtiene un índice de aprobación del 66,1% y una nota demia de 5,7.

El Parlamento de Navarra ha tumbado este lunes dos declaraciones institucionales presentadas por UPN y Vox en las que se reclamaba pedir al Athletic Club de Bilbao que retirase de su nueva camiseta el mapa de Euskal Herria con la ikurriña y que solo han contado con los votos favorables del PP. La presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ya amenazó hace unos días con llevar a los tribunales al equipo vizcaíno si no quitaba ese mapa por considerarlo “lesivo” para Navarra.

UPN pedía en su declaración que el Parlamento de Navarra reafirmara “el carácter propio, singular y diferenciado de la Comunidad foral de Navarra, amparado por la Constitución Española y la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), así como por su identidad institucional, política y jurídica plenamente reconocida”. Además, consideraba “improcedente la inclusión, en la nueva equipación oficial del Athletic Club para la temporada 2026/2027, de elementos gráficos que representan un supuesto mapa de 'Euskal Herria' integrando a Navarra junto a la ikurriña, al entender que proyectan una visión política e identitaria controvertida que no representa la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra”.

Así, pedía al Parlamento que solicitase “expresamente” al club reconsiderar la decisión y que retirase de su camiseta “cualquier referencia gráfica o simbólica que incluya a Navarra dentro de una representación política territorial ajena a su realidad institucional, en aras del respeto institucional, la convivencia y las buenas relaciones comunidades vecinas”.

Por su parte, Vox pedía que el Parlamento de Navarra condenara “firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional”.

El portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha pedido que se “respete” a quienes creen que Navarra “tiene una historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más”. “Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen”, ha añadido para criticar a la presidenta, María Chivite, por “no defender” a la comunidad foral.

“La camiseta del Athletic lanza un mensaje político claro, un territorio, que ellos consideran una nación y una bandera”, ha afirmado para apuntar que UPN va a “hacer todo” lo que esté en sus manos para intentar que el Athletic no pueda jugar con esa camiseta. También PP y Vox han considerado una “falta de respeto” y un “menosprecio” que el equipo vizcaíno haya incluido el mapa de Euskal Herria en su indumentaria.

Del lado contrario, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido a UPN y a Vox que “no se empeñen en hacerle la campaña de marketing al Athletic de Bilbao” y ha defendido que en su formación son “más” de ponerse “la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera con nombre en euskera”, ha recordado. “El euskera se habla en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria”, ha aseverado para criticar al partido regionalista que trate de “imponer cómo se tiene que sentir uno navarro”.

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

PSN y Geroa Bai han llegado al pleno de este jueves en el que se vota una proposición de ley foral para blindar la concertada sin un acuerdo en educación. Las negociaciones entre los socios de gobierno están rotas y amenazan una crisis importante en el Ejecutivo de Chivite, si bien las fuentes consultadas apuntan a que no llegará a una ruptura total del Gobierno.

Los socialistas habían alcanzado in extremis un acuerdo con Geroa Bai este miércoles para evitar la crisis tras el anuncio del consejero de Educación, Carlos Gimeno, de que no se renovará el concierto a 14 aulas de la red privada por la caída de la natalidad y del número de preinscripciones. El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, las escuelas privadas de educación en euskera que reciben fondos públicos.

Y es en este punto en el que surgieron las diferencias. Según el PSN en el pacto alcanzado se acordó que el cierre de aulas se mantendría, pero con el matiz de que los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años, así como que podrán acogerse el proceso de matriculación extraordinaria.

Pero Geroa Bai anunció por la tarde que rompía el acuerdo porque según ellos “no se dan las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, en la que hace falta la preinscripción de un alumno más para que se desdoble.

Desde primera hora del jueves los socios del Ejecutivo han estado manteniendo reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la brecha, pero las posiciones son muy distantes y se han roto las negociaciones, según apuntan las fuentes consultadas.

De hecho es escenario más probable, según añaden estas fuentes que se maneja es que salga aprobada la ley de UPN, pero con unas enmiendas que ha presentado EH Bildu, socio presupuestario. La coalición abertzale propone incluir una moratoria de dos años al anuncio del cierre de 14 aulas en la concertada, mientras se elabore una ley para reducir las ratios en los centros sostenidos con fondos públicos.

El acuerdo que este miércoles habían alcanzado in extremis PSN y Geroa Bai sobre la concertada para evitar una grave crisis interna entre los socios del Gobierno de María Chivite ha saltado por los aires en cuestión de minutos. La coalición de Socialverdes y el PNV dice ahora que ve “peligrar” el acuerdo por las discrepancias surgidas a la hora de plasmar “negro sobre blanco” lo pactado en relación con la ikastola de Estella, una de las afectadas por el cierre de aulas anunciado por el consejero Carlos Gimeno, motivado por la caída de la natalidad, y que ha propiciado la brecha entre los socios.

Este jueves se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años. Geroa Bai, que había amagado con apoyarla porque afectaba a varias ikastolas, alcanzó un acuerdo este miércoles con el PSN para no hacerlo. Pero ahora, desde la coalición aseguran que “no se dan garantías suficientes para el cumplimiento de los acuerdos que Geroa Bai había puesto encima de la mesa”. “A estas horas y ante la posición del PSN, desde Geroa Bai no vemos posible llegar a un acuerdo antes del pleno de mañana, salvo cambio de postura del PSN”, apostillan.

Según informa Geroa Bai la discrepancia ha surgido en torno a la ikastola de Estella, en la que seis alumnos no han sido admitidos porque Educación únicamente ha renovado el concierto para un aula de 25 alumnos, cuando recibieron 31 solicitudes. Geroa Bai ha exigido que se concierte una segunda aula, cuestión que el PSN rechaza con la actual demanda de plazas porque ello implicaría que esta escuela privada contase con mejores ratios que la pública. En el acuerdo alcanzado el mediodía de este miércoles se incluyó el siguiente punto: “Se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

“En lo referido a las dos aulas que solicita la ikastola de Lizarra con 31 preinscripciones, a requerimientos de esta coalición y a la hora de formalizar el acuerdo, negro sobre blanco, nos encontramos con que la voluntad y propuesta del PSN dista con mucho de la solución planteada por Geroa Bai, que ya viene avalada en jurisprudencia del Tribunal Supremo”, sostienen desde Geroa Bai.

El PSN pide a Geroa Bai que “recapacite” y “mantenga su compromiso”

Desde el PSN, por su parte, defienden que habían alcanzado un acuerdo con Geroa Bai que ratifican. Así, piden a sus socios de coalición que “recapaciten y mantengan su compromiso”.

“El PSN no puede aceptar que, una vez cerrado el acuerdo político, se pretenda incorporar al mismo cuestiones que deben ajustarse al marco legal vigente”, apuntan los socialistas.

El consejero de Educación ha declarado en varias ocasiones que la retirada del concierto a las 14 aulas era irreversible y alertó de que la proposición de UPN tiene visos de “inconstitucionalidad” y que de aprobarse obligaría a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, añadió.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido la última persona en comparecer ante la comisión de investigación sobre la derivada navarra del 'caso Koldo' en el Parlamento foral, que este miércoles finaliza sus trabajos, a falta de la redacción del dictamen, tras más de nueve meses de comparecencias. Una vez más ha reiterado la “honestidad” del Gobierno que ella lidera respecto a las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. “Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará un delito”, ha aseverado.

Chivite ha recordado que las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate no está siendo investigadas por el momento por la Justicia. Este es el contrato más alto (76 millones de euros) que el Ejecutivo navarro ha adjudicado a las empresas investigadas por una posible trama de corrupción que según la Guardia Civil estaría liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Así, ha reprochado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que quiera “darle la vuelta a la prueba” y que “se tenga que demostrar la inocencia” en lugar de la culpabilidad. “Yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido”, ha asegurado. 

Ahondando en Belate, ha afirmado que ella como presidenta “no puede intervenir” en una mesa de contratación y ha recordado que “todos” los miembros de aquella mesa declararon en la misma comisión que “no hubo ni instrucción ni injerencia política” para que modificasen sus puntuaciones.

 “Al respecto de las puntuaciones, ya he dicho que hemos modificado algunas de las lagunas que había en los procedimientos de las mesas de contratación y puedo explicar qué mejoras hemos introducido ya en los procesos de licitación de las obras públicas”. Ha hablado así de “la digitalización de los expedientes; la mejora en los criterios de adjudicación incluyendo en los pliegos criterios con una puntuación diferenciada, de forma que se concretan los aspectos que se valoran en las adjudicaciones y su relevancia en las mismas”.

Chivite también ha apuntado que cuando se adjudicó la obra nadie sabía de la “presunta” participación de Cerdán en la mercantil señalada por la UCO.

A este respecto, ha señalado que fue un “shock” para ella la publicación del informe en el que los agentes de la Guardia Civil desvelaron que Cerdán había adquirido en 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar 2000 tras haber encontrado un documento privado en el trastero del empresario vasco Antxon Alonso en el registro de su domicilio. “Cuando salieron los rumores hablé con él (Santos Cerdán) y me dijo que todo eran rumores, que era falso”, ha añadido Chivite, que ha repetido que no ha vuelto a hablar con Cerdán desde que se conoció el informe.

“Cerdán no negoció la moción de censura en Pamplona”

Javier Esparza ha centrado gran parte de su interrogatorio a la presidenta en la figura de Santos Cerdán, a quien consideran muñidor de los pactos de Gobierno de Chivite y de la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona para investir a Joseba Asiron, de EH Bildu.

“La moción de censura en Pamplona se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea del PSN de Pamplona como en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSN”, ha aseverado Chivite, que sí ha reconocido que “se informó a los órganos del partido” de la decisión de hacer alcalde al candidato de EH Bildu.

De igual manera, ha indicado que la negociación del Gobierno de Navarra también se llevó en la comunidad foral. “Para conformar Gobierno no tengo que pedir autorización a Ferraz, tengo que someterme al comité regional del PSN, otra cosa es que el partido esté informado”.

“Es falso que necesite una autorización de Ferraz y si quiere le remito los estatutos de nuestro partido. Otra cosa, porque somos un partido de estructura federal, es que se esté informado de las cosas que se hablan en otras federaciones”, ha finalizado.

Mantiene la “confiaza política” en Alzórriz

Cuestionada por Ramón Alzórriz, su ex 'número dos' en el PSN a quien forzó a dimitir por haberle ocultarle que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, ha manifestado que aquel día le retiró su “confiaza personal” pero que mantiene la “política”. “Sin duda”, ha añadido.

“Cada uno puede trabajar donde quiera, pero es algo que tenía que haber sabido, y como no me lo dijo, tuve que tomar esa decisión”, ha señalado, para negar que pactara con él mantenerlo como parlamentario. “Le retiré mi confianza personal, que no política, porque hasta donde yo sé no ha cometido ningún delito”, ha indicado.

Hace unos días, la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 ha remitió al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una denuncia de Vox por las obras que realizó en su domicilio Ramón Alzórriz. Las obras las realizó la empresa Adentro Construimos, la misma a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó los cuatro contratos para la reconstrucción del parque natural de Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

El presidente del PNV en Navarra, Unai Hualde, ha defendido que Uxue Barkos volvería a ser una gran candidata de Geroa Bai para las elecciones a la presidencia foral del año 2027. Barkos, que presidió el Ejecutivo navarro entre 2015 y 2019, volvió a ser la candidata de la coalición de Socialverdes —el partido que ella creó— y PNV en 2019 y 2023, años en los que fue investida la socialista María Chivite con el respaldo de Geroa Bai, que forma parte de la coalición de gobierno. En esta última legislatura, Barkos ha sido designada senadora autonómica por Navarra.

“Barkos sin duda es un valor”, ha aseverado Hualde en una entrevista en Euskadi Irratia, si bien ha matizado que PNV y Socialverdes todavía están “discutiendo” el futuro de la coalición. El presidente del Napar Buru Batzar (NBB) ha asegurado que la intención de su partido es “reconducir las posibles desavenencias” que existen con la formación de Uxue Barkos para que “otra vez la coalición Geroa Bai esté presente en las elecciones forales y municipales de 2027”. “Esperamos tener un acuerdo”, ha apostillado.

Barkos, que impulsó Geroa Bai en 2015 con la que logró presidir el conocido como Gobierno del “cambio”, abrió las puertas al relevo en Geroa Bai en septiembre de 2023 cuando, tras pactar con el PSN que serían ellos quienes designasen a representante del Parlamento navarro en el Senado, decidió ser ella misma quien diera el salto a la Cámara Alta en Madrid.

Así, en 2024 la expresidenta navarra dio un paso a un lado y no se presentó a la reelección como secretaria general de Socialverdes, el partido que ella misma había creado en 2020, y fue elegido en su lugar Pablo Azcona, actual portavoz de la coalición Geroa Bai en el Parlamento de Navarra. Ahora, a falta de un año de que se celebren las elecciones, el PNV vuelve a poner encima de la mesa el nombre de Barkos como posible candidata.

Las relaciones internas en Geroa Bai no han vivido su mejor momento en los últimos años. Por un lado, Aitor Esteban ha decidido reimpulsar al PNV en Navarra, destacando que es la fuerza local más antigua, y, por otro lado, Barkos no comparte grupo en el Senado con sus socios. El PNV precisa de un senador del PSOE, en este caso del PSC, para poder tener presencia propia en la Cámara alta mientras Barkos está en un grupo de izquierdas con fuerzas como Sumar.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 encara esta semana su recta final con las comparecencias de la expresidenta Uxue Barkos y la actual jefa del Ejecutivo navarro, María Chivite. Este martes ha sido el turno de la expresidenta Barkos, que ha circunscrito su relación con el empresario vasco Antxon Alonso, el socio de Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 según la UCO, al proyecto Mina Muga.

La ahora senadora autonómica ha asegurado que, pese a que mantuvo una relación “cordial” con Alonso (“incluso más cuando dejé el Gobierno”), su Ejecutivo no dio un “trato preferencial” a Servinabar 2000. Así, ha añadido que fueron “muy pocas” las reuniones que mantuvo con el empresario y ha aseverado que no ha vuelto a hablar con él desde que se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que sitúa a Servinabar como la empresa que funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones ilegales por la presunta trama de corrupción.

Barkos ha asegurado que nunca habló con Alonso de obras públicas y que “de ninguna manera” sospechó de la existencia de la presunta trama de corrupción investigada. “Si al final los tribunales detallan efectivamente que lo que la UCO apunta es así, Navarra no es, ni mucho menos por dimensión, el ámbito de desarrollo de esa trama”, ha apostillado.

Sobre un correo que, según la UCO, Antxon Alonso habría escrito para enviárselo a Uxue Barkos sobre distintas cuestiones relacionadas con Mina Muga, la expresidenta ha precisado que “no existe constancia” de que ese correo fuera enviado al correo de la Presidencia del Gobierno. “Es un correo que está hablando de cuál es la marcha de la Declaración de Impacto Ambiental, que se está tramitando en el Gobierno de España”, ha explicado.

Sí que ha reconocido que se tomó una fotografía con Alonso en un local de hostelería cercano a la plaza de toros de Pamplona durante los Sanfermines que ha enmarcado en uno de los “muchos encuentros cordiales” que ha mantenido con empresarios a lo largo de su presidencia.

Durante su presidencia el Gobierno de Navarra adjudicó un total de cuatro obras a la UTE de Acciona y Servinabar (una de ellas, la del colegio de Arbizu, fue en realidad a una UTE Acciona con Alegure, empresa hermana de Servinabar). Barkos ha defendido que fueron obras que se adjudicaron con “normalidad” y en cuyo proceso de licitación ella nunca participó. “Dijimos desde el principio que no existía caso alguno de corrupción. Creo que ha quedado perfectamente acreditado a lo largo de esta comisión”, ha solemnizado.

No negoció con Cerdán las coaliciones de gobierno

La expresidenta también ha sido interrogada por su relación con el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, a quien ha dicho que conoció durante su etapa como parlamentario del PSN.

Uxue Barkos ha negado que negociase con él las coaliciones de gobierno con el PSN en los años 2019 y 2023 y ha asegurado que siempre lo hizo con la secretaria general de los socialistas navarros, la actual presidenta María Chivite. “Comprenderá que yo no voy a entrar ni a justificar, ni avalar cuál es su estructura ni cuál es su equilibrio de poder”, ha apostillado.

Así, ha afeado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que haya querido “remarcar la relación de determinadas personas en la conformación de un Gobierno, como si aquello manchara la legitimidad de un Gobierno”.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

Navarra se convertirá en las próximas semanas en la primera comunidad en la que el alquiler de temporada y el de habitaciones estará regulado por ley para reforzar la protección de los inquilinos y evitar que haya propietarios que utilicen este tipo de arrendamientos para eludir el tope al precio de los alquileres, que afecta a 21 municipios de la comunidad foral que han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado.

Los socios del Ejecutivo foral (PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin) y EH Bildu han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra que cuenta con los votos suficientes para salir adelante y que será tramitada por la vía de urgencia.

La iniciativa llega después de que el Departamento de Vivienda del Gobierno foral haya detectado en el último año un aumento del número de contratos de temporada “ficticios” para esquivar la regulación de precios en zonas tensionadas, produciéndose así “fugas” de contratos de vivienda habitual hacia fórmulas temporales para eludir la ley. Para hacer frente a esta situación, la proposición de ley establece que los contratos de temporada deberán estar vinculados a causas reales, como motivos laborales, formativos o asistenciales, y debidamente acreditadas. En caso contrario, podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración.

La ley fijará a su vez que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual, “con todas las garantías legales para la parte arrendataria”, incluido el precio topado por la ley de Vivienda.

“Esta ley garantiza que no exista una vía de escape para quien quiera especular con la necesidad de vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra”, defiende el portavoz socialista en Vivienda, Kevin Lucero. “El mercado del alquiler no puede seguir funcionando sin reglas. Estamos viendo cómo se utilizan contratos de temporada fraudulentos para subir precios de forma encubierta”, critica el parlamentario de Contigo/Zurekin Daniel López Córdoba.

Alquiler de habitaciones sujeto a las mismas reglas que el de vivienda habitual

De igual manera se regulará el alquiler de habitaciones para evitar que se utilicen de forma fraudulenta para esquivar la ley de Vivienda y el límite al precio del alquiler. Así, la proposición de ley establece que estos contratos deberán someterse “al mismo régimen que los arrendamientos de vivienda habitual, incluyendo derechos como la prórroga, límites en la renta o garantías contractuales”.

Asimismo, en las zonas tensionadas, la suma del precio de las habitaciones no podrá superar el límite máximo fijado para el alquiler completo de la vivienda, evitando así que una misma vivienda genere mayores ingresos fragmentándola por estancias. La norma introduce además la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público, “lo que permitirá mejorar la transparencia, reforzar la inspección y detectar prácticas fraudulentas”.

“Con esta ley ponemos reglas claras para acabar con los abusos y garantizar derechos básicos a la vez que impedimos vacíos legales a aquellos que quieren escaparse de la regulación”, afirma López Córdoba“. ”El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos“, subraya el portavoz de Contigo Zurekin.

La expresidenta de Navarra Yolanda Barcina, de UPN, ha reprochado este miércoles a los grupos de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la hayan citado a comparecer cuando Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por la que se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuando esta mercantil “se constituyó 44 días después” de que ella abandonara la presidencia del Gobierno navarro.

La que fuera presidenta navarra entre los años 2011 y 2015, que ha bromeado al inicio de su intervención con que no entraba en sus “planes” regresar al Parlamento foral tras abandonar la política, ha aseverado que en la causa abierta en el Tribunal Supremo por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública no aparece “ninguna” adjudicación de su Ejecutivo y ha acusado a los partidos de querer “igualar” las tres últimas legislaturas citando a las tres presidentas. “No todos somos iguales. Hay personas honradas, no honradas; corruptas, no corruptas”.

Según ha explicado, durante su mandato únicamente se “inició” la tramitación administrativa del proyecto Mina Muga, en el que según la UCO Cerdán y Koldo García entraron en contacto con Acciona. “Fue una tramitación administrativa normal y técnica, no hubo intervención política”, ha asegurado.

Sobre Servinabar ha comentado que tras ver que la Fiscalía la consideraba una empresa “creada 'ad hoc' para lucrarse con obras públicas” comprobó cuándo se había constituido y vio que fue el 4 de septiembre del 2015, cuando ella dejó de ser presidenta del Gobierno el 22 de julio de ese mismo año. “En ese sumario se está investigando principalmente a una empresa creada 'ad hoc' para lucrarse que se constituye 44 días después de dejar de ser presidenta”, ha manifestado.

“En esa causa no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra con dinero público en el mandato en el que soy presidenta. Y en ese sumario tampoco aparecen ni citado ni involucrado ningún miembro de mi Gobierno”, ha aseverado.

Preguntada por Geoalcali, la empresa promotora de Mina Muga, ha asegurado que no conocía al exdirector de la empresa Pedro Rodríguez, que en la misma comisión señaló que se había reunido con la expresidenta. “He visto la foto de ese señor en el diario y es como si no lo hubiese visto nunca, pero si él dice que ha estado conmigo, pues habré estado, ningún problema, aunque yo no lo recuerde”.

Barcina ha explicado que no recordaba cómo fueron los inicios de este proyecto, pero ha señalado que “una presidenta recibe a todo aquel que tiene algún interés por la comunidad”. “Eso es básico y va a generar riqueza, porque la riqueza la generan los empresarios, los autónomos, los que están trabajando”, ha indicado.

La expresidenta ha precisado que “una cosa es recibir, que es normal, y otra cosa es lo que pasa después, que tiene que haber un procedimiento administrativo, un expediente que lo sustente, y que intervengan los técnicos para que se cumpla ley”. Ha afirmado que ella no realizó ninguna intermediación en este proyecto y ha asegurado que se hizo “una mera tramitación administrativa sin intervención política”.

También se ha interrogado a la expresidenta Barcina por el proceso de adjudicación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra durante su Gobierno, con Javier Esparza como consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Barcina ha defendido que este procedimiento fue “impecable” y ha expresado su “confianza total en la gestión de Javier Esparza cuando era consejero”.

El portavoz socialista, Javier Lecumberri, le ha cuestionado por el hecho de que Javier Esparza, como consejero, trasladara la recomendación del Gobierno a la mesa de contratación de dicha obra de que valorase incorporar nuevos informes, en este caso técnicos, de colegios profesionales, que estuvieran vinculados con la infraestructura.

Yolanda Barcina ha afirmado que “los controles siempre son buenos para evitar corrupción” y ha subrayado que la mesa de contratación del Canal fue “impecable”.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un año de prisión al exconcejal y portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Estella, Fran Moleón, que utilizó la tarjeta de la empresa municipal Gedemelsa, de la que era presidente, para gastos personales. Según la sentencia, Moleón el montante de los gastos privados ascendió a 9.623,49 euros.

El propio concejal reconoció los hechos en 2025 cuando los servicios municipales de intervención los que detectaron un uso indebido de la tarjeta de crédito y dimitió de todos sus cargos municipales. Ahora, ha sido considerado autor de un delito de malversación de caudales públicos tras un acuerdo alcanzado entre las acusaciones y la defensa que ha evitado que se celebrase el juicio. Fran Moleón ha reintegrado la cantidad total del dinero gastado con la tarjeta del Ayuntamiento.

Según recoge la resolución judicial, el encausado fue concejal del consistorio de Estella y presidente de la empresa municipal Gedemelsa desde julio de 2024 hasta el 20 de febrero de 2025. Creada por el Ayuntamiento en 2007, esta sociedad tenía por objeto la promoción turística de la ciudad.

Durante el ejercicio de su cargo, con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, el acusado dispuso “sin autorización legal” de la citada cantidad para gastos privados que no tenían relación con el objeto de la sociedad ni con su condición de presidente de la misma, según reza la sentencia.

El magistrado presidente del tribunal del jurado ha acordado suspender la pena de prisión a condición de que el condenado, que ha sido inhabilitado por tiempo de tres años para cargo o empleo público, no vuelva a delinquir en un plazo de dos años.

La titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 ha decidido remitir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una denuncia de Vox por las obras que realizó en su domicilio el ex 'número dos' de Chivite en el PSN y parlamentario foral, Ramón Alzórriz. Las obras las realizó la empresa Adentro Construimos, la misma a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó los cuatro contratos para la reconstrucción del parque natural de Sendavida tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022. La magistrada ha admitido a trámite la querella que interpuso Vox por el presunto troceamiento de estos contratos.

Según expone la jueza en el auto, Alzórriz está aforado por ser parlamentario. Así ha dado traslado de la denuncia al TSJN. Alzórriz presentó su dimisión como vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario tras reconocer que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública tras encontrar en el domicilio de Alonso un contrato por el que le vendió a Santos Cerdán el 45% de las participaciones de la compañía.

“Se investigan delitos de cohecho y tráfico de influencias y se deduce una pieza al TSJ de Navarra para investigar al aforado señor Alzórriz, que es la mano derecha de la señora Chivite e íntimo amigo de Santos Cerdán en la época gloriosa en la que se cocía toda la corrupción en Navarra”, ha señalado el presidente provincial de Vox en Navarra, José María García Elorz, que ha reclamado a Alzórriz que entregue su acta de parlamentario.

En cuanto a las obras de Sendaviva, el parque de la naturaleza gestionado por Parquenasa, una sociedad de la que el Ejecutivo foral tiene una participación del 45% a través de la sociedad pública NICDO, la jueza ha admitido a trámite la querella. Tras los incendios de junio de 2022, el parque quedó inutilizado y el Gobierno navarro adjudicó a la empresa Adentro Construimos cuatro contratos que en total suman 792.703 euros, pero que por separado ninguno supera los 200.000, el mínimo a partir del cual la ley establece que se debe seguir un procedimiento de concurrencia abierta y pública con una mesa de contratación que valore las ofertas. Los cuatro contratos se quedan al límite de superar esos 200.000 euros, superando tres de ellos los 1980.000 euros.

Tras ser denunciado por Vox en verano del 2025, ahora la jueza incoa diligencias previas y ordena el traslado de la querella a los no aforados -el dueño de la empresa constructora y el exgerente del parque Sendaviva-, el requerimiento a la Intervención General del Gobierno de Navarra de los informes elaborados sobre los contratos de reconstrucción de Sendaviva tras el incendio de 2022, y el envío de la documentación a la Cámara de Comptos para que emita un informe sobre la licitud del fraccionamiento de los contratos, según ha informado el partido de extrema derecha en una nota de prensa.

La magistrada no ha admitido la querella contra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, al no haberse aportado inicialmente el poder especial para su interposición, si bien Vox ha asegurado que se trata de un error electrónico “que será subsanado en los próximos días”.

Un informe del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alerta de que la proposición de ley que ha presentado UPN en el Parlamento foral para blindar los conciertos educativos en las 14 aulas de Infantil a las que se les va a retirar por la caída de la natalidad, que Geroa Bai y EH Bildu han amagado con apoyar, tiene “visos de inconstitucionalidad”. El consejero, el socialista Carlos Gimeno, ha advertido a sus socios que, de ser aprobada, tendría “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo y para las familias. “Obligaría a rehacer el proceso de matrícula y podrían perder la plaza que ya tienen adjudicada”, ha alertado

Carlos Gimeno ha señalado que “existen serias dudas” sobre si la propuesta del partido regionalista “es acorde al ordenamiento jurídico vigente” y ha considerado que resulta “incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución”. “Es el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema”, ha reprochado el consejero, que ha calificado la proposición de ley de “despropósito”.

Según ha explicado, UPN pretende con esta ley reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual. De forma, ha añadido, “que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado”.

Tal y como ha alertado, si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos/as por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, lo que significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo. “El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Tras ello, el consejero ha subrayado que tiene la “mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad” y que está “abierto a planteamientos y acuerdos, pero la proposición de UPN va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar”. “La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito. Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes”, ha asegurado.

Carlos Gimeno ha planteado “que trasladen Geroa Bai, UPN y EH Bildu las propuestas que consideren oportunas”. “Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una resolución de conciertos en el marco estricto de la ley ante una bajada demográfica ostensible para que la escuela pública no pierda peso”, ha dicho, para cuestionar si otros grupos “pretenden blindar la educación concertada”.

El consejero ha afirmado que “ha habido reuniones a alto nivel” entre los socios de Gobierno, aunque él no ha participado en ellas. “La idea es que se va a trasladar una propuesta, entiendo que será en el marco legal, y estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición”, ha asegurado.