El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el próximo martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque “aquel gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa”.

“Este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel. Y lo vamos a hacer, no porque tengamos nada en su contra, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno”, ha avanzado Sánchez, tras lo que ha añadido: “Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE”.

Sánchez, que participaba este domingo en un acto del PSOE en Gibraleón (Huelva) junto a la vicesecretaria general de los socialistas, secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha adelantado que pedirá el apoyo del resto de países miembros de la UE y considera que es una medida que “no es de izquierdas o de derechas”. En su intervención, el presidente del Gobierno ha pedido parar los pies a Netanyahu y poner fin a los conflictos en Oriente Medio.

“Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, también está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu”, ha aseverado.

El pasado martes, 14 de abril, una Iniciativa Ciudadana Europea alcanzó un millón de firmas de ciudadanos europeos que solicitan que la UE suspenda totalmente su Acuerdo de Asociación con Israel. La iniciativa, promovida por el grupo Alianza Europea de Izquierdas, tiene hasta el mes de enero para seguir acumulando apoyos, de los que a día de hoy ha alcanzado ya más de 1.130.000, superando el umbral mínimo necesario para su toma en consideración en al menos 11 de los Estados miembros.

Ahora la Comisión deberá verificar las firmas y, si se confirma que se alcanzan los umbrales establecidos, el Ejecutivo comunitario tendrá que responder en un plazo de seis meses indicando las medidas que adoptará, en su caso.

El ministro israelí insiste en el antisemitismo

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, volvió a cargar este domingo contra el presidente del Gobierno en respuesta al anuncio de que planteará en Bruselas la suspensión del acuerdo de asociación comercial preferente con Israel.

“No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo”, ha llegado a asegurar Sa'ar en un mensaje en su cuenta de la red social X acompañado de una imagen propagandística de la Guardia Revolucionaria iraní en la que se utiliza una fotografía de Pedro Sánchez para colocarla en uno de sus misiles dirigidos a Israel.

“No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha querido puntualizar el titular de Exteriores en su mensaje, redactado en español, y que no es la primera vez que acusa sin fundamento de antisemitismo a España, como ya hiciera la semana pasada después de que la localidad de El Burgo eligiese la figura de Netanyahu para su 'Quema de Judas' de este año.

La cercanía política de los dirigentes de España, Pedro Sánchez, y Brasil, Luis Inácio Lula de Silva, ambos claramente críticos con el unilateralismo deslenguado del mandatario estadounidense, Donald Trump, ha quedado de manifiesto en su reunión con motivo de la I Cumbre España - Brasil, que se ha celebrado hoy en Barcelona. “Frente a la fragmentación, la confrontación y las guerras que estamos viendo en el mundo, trasladamos un mensaje completamente distinto de confianza mutua y prosperidad compartida”, ha defendido Sánchez, que se ha referido a Lula como amigo “de España, de Europa y personal”.

Preocupados ambos por el ascenso de la ultraderecha a caballo de la desinformación y los bulos, disparados en el ecosistema de las redes sociales —una “ola reaccionaria en redes”, en palabras de Sánchez— los dirigentes han destacado la buena relación entre sus países durante un encuentro de alto nivel en el que han participado buena parte de los ministros de uno y otro Gobierno.

A nivel comercial, diplomático y político, la sintonía en la relación bilateral entre España y Brasil viene en claro aumento desde el regreso de Luis Inácio Lula da Silva al poder en 2023. En los encuentros en la Asamblea de la ONU en Nueva York y en respectivas visitas oficiales se certificó un acercamiento improbable durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro.

España es el segundo mayor inversor en Brasil, por valor de más de 50.000 millones de euros anuales, mientras que Brasil ha duplicado las exportaciones a España en la última década (especialmente de petróleo). A los países los unen también importantes lazos históricos —se calcula que unos 15 millones de brasileños son descendientes de españoles—.

Fuentes del Gobierno inciden en que la “sintonía política es muy clara” entre los mandatarios y señalan que el resultado de esta es la firma hoy de múltiples acuerdos de colaboración, tras negociaciones que llevan meses en marcha, en tres grandes bloques: económico y comercial (se anuncia un pacto para la extracción y comercio de minerales críticos, imprescindibles para la industria tecnológica); innovación, ciencia y cultura; o derechos sociales, con especial foco en la igualdad de género y racial.

Así hasta 15 materias diversas, algunas extraordinariamente específicas, como las posibilidades de adaptación de la raza de vaca retinta a Brasil. La voluntad de las delegaciones es que las cumbres se regularicen, posiblemente con carácter bienal.

Las vicepresidentas segunda, Yolanda Díaz, y tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fueron desfilando ante la mirada de Sánchez y Lula junto a sus homólogos brasileños para firmar memorandos de entendimiento en sus respectivas materias. También los titulares de Ciencia, Cultura e Igualdad, antes de la intervención de los presidentes.

Democracia y multilateralismo

Pero la colaboración entre los dirigentes va más allá del nivel bilateral. Desde 2024, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Lula y Sánchez promueven con otros líderes internacionales un foro más o menos informal en el que proponer alternativas para defender el resquebrajado orden internacional. A aquella reunión la siguieron dos el año pasado, primero en Chile en julio, auspiciada por el presidente Gabriel Boric y a la que se sumaron el colombiano Gustavo Petro y el uruguayo Yamandú Orsi, y después en septiembre, de nuevo en Nueva York con motivo de la reunión de la Asamblea General.

Esta réplica de los progresistas a la internacional de ultraderecha —hoy desmejorada por la derrota y posterior encarcelamiento por golpismo del predecesor de Lula, Jair Bolsonaro, y la reciente salida del poder del húngaro Viktor Orbán— se consolida el sábado en la que será la IV Reunión por la Defensa de la Democracia, donde la nómina de dirigentes se amplía a una quincena.

La Guerra Civil a los ojos de Lula

El presidente brasileño advirtió de la gravedad del momento presente en el plano internacional, que comparó con la propia historia de España y la Barcelona de hace 90 años, inmersa en el “horror” de la Guerra Civil, antesala de la Segunda Guerra Mundial. “Hoy asistimos atónitos a una nueva carrera armamentística”, advirtió el mandatario, que recordó que ya durante su primera etapa como presidente, en 2003, se negó a apoyar la guerra de Irak que pregonaba el entonces líder estadounidense George W. Bush. “Entiendo cuando Sánchez dice no a la guerra”, señaló, en ese sentido.

Lula y Sánchez están, así “en la misma trinchera”, en la que se pretende defender unas instituciones de una ultraderecha que solo pretende “destruirlas”, y en hacer que la democracia avance “más allá del voto” para traer “beneficios concretos a la vida de las personas”.

En la reunión del jueves hablarán los dirigentes del declive y necesidad de refuerzo del multilateralismo, que se refleja en el papel disminuido de la ONU, que “tuvo papel importante en la creación de Israel y hoy no consigue consolidar el Estado palestino”, según recordó Lula.

El dirigente brasileño reflexionó sobre los límites de la democracia y las frustraciones de la izquierda. “Cuando conocí Italia el PCI era el mayor partido comunista de Occidente. Al llegar al poder, se acabó, se desmotivó. ¿Qué sucedió? Hay que entender las causas para hacer una propuesta. Qué parte de discurso está errado, que expectativas de nuestra juventud no estamos satisfaciendo”, planteó.

Sheinbaum en Barcelona

Entre los nuevos participantes destaca la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la semana pasada anunció que traería un mensaje de “paz” a Barcelona, tras limarse asperezas con España en los últimos meses a cuenta de la memoria del pasado colonial. La mexicana y Sánchez se reunirán brevemente aprovechando la ocasión. Otros dirigentes confirmados son el surafricano Cyril Ramaphosa, o el presidente del Consejo Europeo, ⁠António Costa.

A esta segunda cumbre se suma la Global Progressive Movilization (Movilización Progresista Global), un congreso de contenido más político en el que participan miembros de formaciones políticas internacionales —con destacada presencial del PSOE— expertos y periodistas para discutir el abordaje de cuestiones como el autoritarismo, la desigualdad salarial o las guerras culturales. Está previsto que Sánchez y Lula cierren la reunión el sábado.

Si para Sánchez la triple cita es una oportunidad para afianzar su imagen de referente progresista internacional, para Lula, que después de España pasará por Alemania y Portugal en misión comercial, supone enfriar la visita a Washington, anunciada el año pasado. Las relaciones con Trump son tensas y Lula afronta este año una nueva elección presidencial contra uno de los hijos de Bolsonaro, menos alejado en las encuestas de lo que podría esperarse tras el descalabro de su padre.

El próximo viernes 17 de abril, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha convocado movilizaciones en distintas ciudades, entre ellas Logroño, para protestar por la pérdida de derechos al que el preacuerdo alcanzado de cara al futuro Convenio Colectivo de grandes empresas del textil y el calzado.

FeSMC UGT se movilizará a las 11 horas en la calle San Antón, como arteria comercial de la ciudad, para denunciar que el pasado 23 de marzo la patronal ARTE (Asociación Retail Textil España) y los sindicatos CCOO y FETICO firmaron un preacuerdo que elimina derechos e incluso la prevalencia de la negociación colectiva de los territorios, generando además una desigualdad inmensa entre personas trabajadoras antiguas y nuevas. 

Este preacuerdo supone “una serie de aberraciones” para las personas trabajadoras de cadenas como Inditex, Primark, Mango, HyM, Kyabi, Pepco, Parfois, Women Secret, Cortefiel o Springfield, entre las que destacan, por un lado, que el acuerdo firmado establece que la diferencia salarial se integrará en un complemento ad personam, dejando abierto que dichas cantidades puedan ser absorbidas y compensadas en el futuro. La posible absorción del complemento vacía de contenido las futuras actualizaciones salariales del convenio, contraviniendo el principio de progresión retributiva y debilitando la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo.

Por otro lado, la estructura pactada posibilita la contratación de nuevo personal con condiciones económicas inferiores a las actualmente percibidas por trabajadores con mayor antigüedad, generando un evidente riesgo de sustitución y precarización. A unos se les aplicaría el salario del convenio del territorio y a otros el nuevo convenio de ARTE. Esta diferencia salarial crea un incentivo empresarial para reemplazar a trabajadores con mayor antigüedad y coste, afectando directamente a la estabilidad en el empleo y vulnerando el principio de igualdad retributiva a igual trabajo.

Además, el acuerdo determina que será de aplicación el convenio estatal de ARTE una vez finalicen los respectivos convenios provinciales. La decisión de imponer la prevalencia del convenio estatal sobre los convenios provinciales implica una restricción ilegítima de la autonomía colectiva de las organizaciones sindicales en dichos ámbitos, contraviniendo el ordenamiento jurídico. 

Y por otro lado, en cuanto a los domingos y/o festivos de apertura comercial, los establecimientos estarán obligados a trabajar incluso si no se garantiza la plantilla imprescindible para la apertura de la tienda -requisito imprescindible hasta ahora en muchos territorios-, es decir, siempre que lo decida la empresa.

Así las cosas, FeSMC UGT manifiesta su sorpresa por la firma de este acuerdo, especialmente por parte de CCOO, ya que vulnera principios básicos del sistema de relaciones laborales del que nos hemos dotado, eliminando derechos esenciales de las personas trabajadoras. Si bien es cierto que la negociación continua en otras materias, el preacuerdo parcial alcanzado atenta frontalmente contra los derechos de las personas trabajadoras, después de años de lucha en los distintos territorios y empresas.

Esta movilización, en plena calle San Antón, servirá igualmente para manifestar el rechazo de la Federación regional a la situación por la que atraviesa el comercio de La Rioja y especialmente el de Logroño, inmerso en una dinámica de cierres que están abocando a una situación límite a todo el tejido comercial de la ciudad. 

La respuesta de la patronal

Ante las críticas y la movilización convocada por UGT, la asociación ARTE ha defendido el preacuerdo alcanzado con CCOO y Fetico calificándolo como un “paso histórico” para la profesionalización del sector. La patronal sostiene que el objetivo de este convenio estatal es “establecer un marco común de referencia que elimine las desigualdades territoriales actuales” y asegura que “el nuevo texto no supondrá una pérdida en las condiciones salariales de las plantillas”.

Para garantizar los derechos de quienes ya perciben salarios superiores en sus actuales marcos provinciales, la asociación explica que se articulará un complemento ad personam que blindará dichas cuantías, además de proyectar incrementos salariales generalizados para los años 2027 y 2028. Asimismo, la patronal destaca que el acuerdo incluye una reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 1.740 horas anuales en 2028 y una mejora sustancial en la conciliación, garantizando el descanso semanal de dos días y aumentando los fines de semana libres de calidad de forma gradual.

En cuanto a la contratación y la apertura en festivos, ARTE subraya que se fomentará la estabilidad con un mínimo de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial y que el trabajo en domingos será voluntario y estará incentivado con un plus de hasta 80 euros. La presidenta de la asociación, Ana López-Casero, ha resalrado que este convenio es una base mínima de referencia que cualquier empresa podrá mejorar, pero que resulta esencial para dar estabilidad y competitividad a un sector que emplea a más de 100.000 personas en España.

El Comando Central del Ejército de Estados unidos ha anunciado que bloqueará todo el tráfico marítimo que entre o salga de los puertos iraníes hacia el estrecho de Ormuz a partir de este lunes a las 17.00 horas (hora peninsular española), después del anuncio de su presidente, Donald Trump, de que bloquearía navalmente el estrecho ante la falta de resultado de las negociaciones del sábado con Irán en Pakistán, que duraron menos de 24 horas.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”, indica el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses aseguran que “no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, aunque no detallan cómo “impedirán” el paso al resto de barcos mercantes.

Estados Unidos ha recomendado a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las Fuerzas Navales estadounidenses a través del canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

El anuncio del Comando Central se produce después de que el presidente estadounidense asegurase este domingo que el país bloqueará el estrecho de Ormuz y de que acusara a Irán de mantener sus “ambiciones nucleares”, al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la guerra ilegal iniciada por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero contra la República Islámica y que por el momento se encuentra en una situación de alto el fuego.

Reino Unido se desmarca de Trump

El Reino Unido ha insinuado este domingo que no participará en el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Estados Unidos, después de que Trump anunciase que contarían con ayuda británica y de otros países en las tareas de desminado de la vía marìtima.

Un portavoz del Gobierno británico afirmó esta tarde en un comunicado recogido por la BBC que el Reino Unido defiende que el estrecho de Ormuz “no debe estar sujeto a ningún peaje” y respalda la reapertura del citado paso marítimo en pos de la economía global, aunque no hizo mención expresa al anuncio del bloqueo estadounidense.

“El estrecho de Ormuz no debe estar sujeto a ningún peaje. Estamos trabajando urgentemente con Francia y otros socios para poner en común una amplia coalición que proteja la libertad de navegación”, ha afirmado este portavoz.

Con los precios del petróleo disparados, todos los ojos están puestos en las gasolineras. Refinos clave como el litro de diésel, en el caso de España, están 30 céntimos más caros que antes de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán, desatando una nueva guerra en el Golfo Pérsico. Y en Estados Unidos, el galón de gasolina (unos 3,8 litros) ha superado los cuatro dólares por primera vez desde 2022, una barrera psicológica en un país que pasa la vida al volante.

Y, sin embargo, con la mirada centrada en las estaciones de servicio, pasa desapercibido el devenir de un refino del crudo que es clave para el comercio internacional y para muchas economías emergentes. Se trata del fueloil, un ‘residuo’, prácticamente el poso del barril del petróleo, que queda una vez se han extraído la gasolina, el diésel y los otros productos de mayor valor. Su uso está casi en extinción por ser muy contaminante, pero es el combustible clave de los grandes mercantes que transportan contenedores por todo el mundo y también de los países más pobres sin margen para invertir en renovables.

Ahora bien, el concepto de este producto en sí es “muy vago”, como detalla el presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Jaime Segarra. “El crudo se somete a una destilación fraccionada en las refinerías para separar los elementos según su densidad. El fueloil es toda una gama de productos y, en concreto, el búnker es el que se utiliza para los buques mercantes, que es más denso que el que utilizan los camiones”, apunta en conversación con este periódico.

El crudo procedente del Golfo Pérsico es fundamental para la producción del combustible pesado, como apuntaron los analistas de la firma XTB hace unas semanas. El Arab Light de Arabia Saudí genera aproximadamente un 50% de residuos aptos para ese búnker, frente al 33% del petróleo de Texas. “Eso significa que incluso si el mercado logra sustituir barriles perdidos del Golfo por crudo de otras regiones, la oferta de fueloil puede seguir cayendo. En otras palabras, puede haber petróleo suficiente y, al mismo tiempo, escasez del combustible que necesitan los barcos. Esa es una de las razones por las que el shock actual podría extenderse más allá del mercado petrolero tradicional”, advertían en un análisis titulado “la verdadera bomba económica”.

Un combustible barato y muy contaminante

El investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, detalla que estas mayores tensiones en los mercados se producen en un momento en el que ya estaba sometido a gran estrés, ya que buena parte de los refinados en cuestión los importábamos de Rusia antes de la guerra. “Hay algunos productos que se han visto afectados desproporcionadamente, como el fueloil. Eso está repercutiendo en un aumento del coste de los fletes del comercio marítimo y todo eso sumará a la inflación”, explica en conversación con este periódico.

A ello se suma el hecho de que los buques, dadas las tensiones en el Mar Rojo —los hutíes de Yemen acaban de entrar en la guerra con ataques a Israel—, ya llevan tiempo derivando sus rutas más allá del cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), lo que “ha aumentado la demanda de fueloil y de los cargamentos”, apunta Escribano.

La principal —y casi única— ventaja de este combustible es su precio. “Aunque con el tiempo hemos llegado a despreciar el fueloil porque es más sucio que otras opciones, es barato y puede permanecer almacenado durante mucho tiempo”, asevera Albert Banal, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y especialista en mercados energéticos.

El riesgo de suministro pilla al transporte marítimo con los deberes sin hacer en materia de descarbonización. Según datos de ISGlobal, los buques mercantes mueven anualmente 10.000 millones de toneladas y, a cambio, emiten cerca del 3% de los gases de efecto invernadero del mundo, el 13% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 12% de las de óxido de azufre.

“Es muy difícil de pensar en un barco completamente electrificado. No puedes cubrirlo de paneles solares y hacer el salto a algo totalmente limpio. Al menos no de manera inmediata”, reconoce el profesor. “Lo que acaba pasando es que se acaban utilizando cosas que son menos caras y más contaminantes, como el fueloil”, incide.

Las soluciones verdes, aún muy lejos

La guerra en Oriente Medio, y la subida de los precios energéticos, llega apenas cuatro años después de la crisis del gas originada por la invasión rusa de Ucrania. Mirar en el espejo de lo que sucedió entonces es inevitable. Y también en 2022 se habló de un transporte marítimo más verde. De hecho, La Moncloa anunció en noviembre de ese año un acuerdo con Maersk, la mayor naviera del mundo, por la que la empresa invertiría 10.000 millones de euros para fabricar en nuestro país los combustibles verdes con los que alimentar su flota. El objetivo: producir millones de toneladas de e-metanol para descarbonizar completamente su flota antes de 2040, comenzando con una veintena de buques hacia 2024.

Pero la realidad ha resultado en un retraso notable, como reconocen desde el Ejecutivo y también desde Maersk, a través de C2X, su filial para combustibles verdes. “En relación con la planta de metanol prevista en Huelva, el proyecto avanza, aunque a un ritmo más lento del inicialmente previsto, esta situación se está dando tanto en los desarrollos en España como en los que tenemos en otros países. Responde principalmente a la evolución de la demanda global de combustibles renovables y al aumento de la oferta, especialmente desde Asia, que está afectando al equilibrio de mercado estimado cuando se anunció el proyecto”, apuntan desde la compañía en un correo electrónico, tras una consulta de elDiario.es.

“Cuando se anunció el proyecto en España se manejaban previsiones de crecimiento de la demanda derivadas de la regulación europea e internacional. La regulación europea se ha mantenido, pero no así la global: se esperaba la aprobación de nuevas normativas por parte de la OMI y, por el momento, no se han materializado, lo que ha influido en el desarrollo de esta industria”, señala un portavoz de la compañía, que subraya que la decisión de haber “desacelerado los desarrollos” no tiene que ver con una falta de apoyo institucional.

El desarrollo de hidrógeno verde sigue en pie, pero los expertos reconocen que se puso el listón demasiado alto. “Quizá generó expectativas excesivas, pero sigue siendo una tecnología muy prometedora y que tiene muchas ventajas para España y para el conjunto de la Unión Europea”, apunta Escribano, del Real Instituto Elcano.

Un aspecto en el que coincide el profesor Banal: “El hidrógeno verde es la solución, pero todavía es muy incipiente. El problema es que aún no sabemos hasta qué punto será rentable y necesitamos que baje su coste de producción para que sea más competitivo que estas opciones que ensucian más”.

El Ayuntamiento de Logroño constituirá el próximo mes de abril una Comisión de Trabajo, con el Consejo de Comercio en el núcleo pero mucho más amplia, con el fin de trabajar en la candidatura de Logroño Ciudad Europea Comercial de hasta 200.000 habitantes para 2028. Una Comisión que trabajará en asuntos como el turismo de compras, la digitalización y la IA como factores claves de desarrollo.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha hecho este anuncio minutos antes de participar junto a la concejala de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Leonor González, en la reunión del tradicional Consejo de Comercio de la Ciudad de Logroño, junto con ediles de los grupos municipales y representantes de la Federación de Empresas de La Rioja, la Cámara de Comercio de La Rioja y la Asociación de Trabajadores Autónomos, entre otras instituciones.

Este foro “es muy importante”, ha destacado, porque se reunen“ para valorar, hacer propuestas y seguir dinamizando el comercio logroñés”.

Previamente a explicar el trabajo de la futura Comisión, el concejal ha querido poner en contexto la situación comercial actual. “Después de muchos años con una balanza comercial con saldo francamente negativo, este pasado 2025 se ha cerrado por primera vez con solamente tres comercios más cerrados que los abiertos, prácticamente por igual”, ha dicho Sainz. Con ello considera que el comercio vive “un momento esperanzador” porque la ciudad de Logroño sigue conservando “un tejido comercial rico, de calidad y bien prestigiado en toda España”.

Por tanto, “ha llegado el momento de repensar y reinventar el modelo comercial de ciudad”, ha subrayado Sainz. “Esta hoja de ruta nos permitirá seguir un reto importante con todos porque el comercio es cosa de todos; convertir a Logroño en Ciudad Europea del Comercio de hasta 200.000 habitantes en los años 2028 o 2029”, ha destacado.

En este sentido, el concejal ha explicado que el comercio de Logroño tiene a su disposición un 'marketplace' -que llegó en la legislatura socialista anterior- y que supone un plan de digitalización comercio a comercio “instaurado por este equipo de Gobierno”. Así las cosas, Logroño sumará este año 50 comercios digitalizados, es decir, “omnipresentes en redes sociales, Google Maps...”.

Además, en los últimos años han apostado por la dinamización de las calles y estamos a punto de afrontar proyectos importantes a nivel urbanístico, comenzando en la calle Beti Jai pero siguiendo por las Cien Tiendas, Vara de Rey, Pérez Galdós y San Antón. “Van a ser unos años muy beneficiosos para el comercio logroñés”. El concejal ha valorado también la disposición de los comerciantes que se están volcando con este hito. Para ello también disponen de una App de autodiagnóstico, que elaboró el Ayuntamiento y la Universidad de La Rioja que les permite “progresar”.

“Cuatro hitos importantes”

Pero ya con la mirada puesta en hacer de Logroño Capital Europea del Comercio se tejen “cuatro hitos importantes”. Por un lado el apoyo al emprendimiento y al relevo generacional, es decir, “apostar por el emprendimiento comercial y crear vocación de comerciantes. No es fácil pero hay que apostar por ello”.

En segundo lugar la digitalización, el tercero la planificación urbana y, por último, la sostenibilidad. En este último punto ha avanzado que ya hay un contrato menor para poner en marcha, por ejemplo, el reparto sostenible kilómetro cero desde el Mercado de San Blas.

Bajo estos criterios claves -prosigue Sainz- “hoy nos reunimos con el Consejo de Comercio que en el mes de abril se constituirá como una comisión mucho más amplia al que se sumarán por ejemplo Colegios profesionales, instituciones universitarias, docentes como la universidad la formación profesional, los propios vecinos y todo el sector cultural porque toda la ciudad porque este es un reto de ciudad”.

Además y como novedades que presentarán hoy en la reunión, el concejal ha avanzado que se va a apostar por el turismo de compras. Para ello “tenemos preparado una campaña específica para invitar a todos los turistas de la ciudad de Logroño a que conozcan los comercios de la ciudad y tengan en su poder una serie de rutas online por sectores. Eres turista, acércate a Logroño conoce su comercio, conoce el comercio de la moda, el comercio de la gastronomía el comercio cultural...”.

Y también se va a seguir digitalizando con licencias en inteligencia artificial. “Hay que apostar por la IA y este año el Ayuntamiento del Logroño, con la Cámara de Comercio, va a dotar a buena parte de los 50 comercios digitalizados, a los que más destaquen, de una licencia de inteligencia artificial para que sigan progresión de esa digitalización estos años”.

Són sis persones de mitjana edat en la taula, tres parelles. Xarrupen quatre batuts i es mengen amb cullera uns gelats en copa de cristall. Ja fa calor sota el sol de març. La conversa –en italià– és relaxada. El grup està passant uns dies de vacacions a Mallorca. Han visitat Alcúdia, el Magaluf desert abans de la marabunta, les platges del sud de l'illa. Ara, gaudeixen del berenar alhora que miren cap a la meravella arquitectònica que tenen davant. Alçada sobre una llacuna artificial i un retall de muralla emergeix –imponent– la Catedral de Santa Maria. Les formes del temple han de resultar-los familiars al grup. Són de Milà: la Seu podria passar per una miniatura mediterrània del seu Duomo, una de les esglésies gòtiques més grans i espectaculars del món. En algun moment de la xerrada, els sis agarren els seus mòbils, disparen una foto, proposen un autoretrat col·lectiu. Sense aixecar-se de la cadira, tan ben situats estan en aquella terrassa. Però l'harmonia es romp en un moment donat.

En off, podria pensar-se que els tres homes i les tres dones discuteixen de política –acaba de morir l'ultradretà Umberto Bossi–, de música –acaba de morir el cantant Gino Paoli– o de futbol –Inter i Milan es disputen el títol de la Sèrie A–, però no. Estan escandalitzats pel compte que acaben de deixar damunt de la taula. Treuen bitllets de les carteres, tracten de repartir el clau de manera equitativa. “Han estat 75 euros. No sé on anirem a parar…”, exclamarà després una d'elles. Es diu Titi Montavano: va treballar durant dècades per a un turoperador llombard –I Viaggi del Ventaglio– al qual va arrossegar la fallida de Lehman Brothers i, per això, coneix molt bé tant les Canàries com les Illes Balears: “Sempre he admirat, i molt, als espanyols, especialment als illencs, perquè crec que aquí és on s'inicia el turisme de masses… entès com s'entenia abans: apte per a la classe mitjana. Crec que aquest tipus d'indústria va permetre que aquest país es desenvolupàs. Per a naltros va ser un mirall. Però els preus d'aquest bar, o els que et trobes en molts llocs del centre de Palma, no sé, espanten a qualsevol. A Itàlia no els veus ni a la riviera de l'Emília-Romanya, i més turístic que Rímini…”.

El que Titi Montavano –i Elena Coppola i Caterina Aieta, les dos amigues amb les quals es treu una última selfie amb els companys allunyant-se cap al Passeig donis Born– no sap és que el bar en el qual han pagat més de deu euros per un refrigeri ha estat més de dos anys i mig sense pagar el lloguer. L'amo –que no va reclamar el deute– era l'Ajuntament de Palma.

Un informe jurídic que estira les orelles als polítics

Un informe jurídic del mateix Consistori va traçar el desembre passat una cronologia per a explicar com JA Riutort SL ha explotat un dels bars més ben situats d'una de les ciutats més turístiques d'Espanya gaudint del privilegi de ser un inquilí sense renda. La concessió que gaudia l'empresa hauria d'haver acabat el 27 de març de 2023. Deu dies abans que acabàs el contracte públic, no obstant això, la Junta de Govern Local va concedir als hostalers una pròrroga per set mesos i mig. Data de caducitat: 12 de novembre. Fou una mesura de gràcia. Segons especifiquen els juristes municipals, la concessió no podia allargar-se. En principi, sota cap terme. Tret que la Regidoria d’Hisenda, Funció Pública i Govern Interior no tengués enllestida la convocatòria d'un concurs públic per a licitar de nou el servei. En aquest cas, per a no deixar als ciutadans sense la possibilitat d'asseure's en una terrassa a prendre un refrigeri davant de la Catedral o d'utilitzar els banys annexos –oberts a qualsevol passejant i, segons l'informe jurídic, mantenguts per la contracta–, sí que podia considerar-se la pròrroga com una solució excepcional. 

Què va ocórrer després? Mentre se signava l’allargament del contracte, els partits polítics posaven les seues maquinàries electorals en marxa. El 28 de maig de 2023, els palmesans van anar a votar i es va produir una sacsejada en el saló de plens. D'un govern format per PSIB, Més per Mallorca i Podem es va passar a una majoria simple del PP, amb suport extern de Vox. Durant un any i mig, el departament que dirigeix la regidora María de les Mercedes Celeste Palmero ha tengut a la seua mà la possibilitat de desnonar a JA Riutort SL del bar municipal. No ho ha fet. Així s'infereix en l'informe jurídic. Tampoc consta que l'Ajuntament de Palma hagi elaborat els plecs de condicions per a treure a concurs un servei d'hostaleria que es va licitar per última vegada el 31 d'octubre de 2002. 

Aquell va ser el procés que va guanyar –en la primavera de 2003– JA Riutort SL. Com indica el seu web, aquesta empresa gestiona altres negocis hostalers situats en espais públics. Un exemple és la cafeteria-restaurant del far que corona el Cap de Formentor. Un paisatge salvatge i espectacular que suposa un dels grans reclams turístics de l'illa. Com una terrassa de més de deu taules amb vista a la Catedral de Mallorca. Per la privilegiada ubicació del bar municipal, JA Riutort SL ha desemborsat un milió d'euros al llarg de dos dècades. Al voltant de 4.000 euros mensuals.

La terrassa disposa de més de deu taules amb vista a la Catedral de Mallorca. Per la privilegiada ubicació del bar municipal, l'empresa ha desemborsat un milió d'euros al llarg de dos dècades. Al voltant de 4.000 euros mensuals

El lloguer –així ho reconeix l'informe jurídic– va deixar de pagar-se a l'abril de 2023, just quan es va concedir la pròrroga. Llavors –diu el document– es produeix una espècie de buit que dura més de dos anys i mig. I, entremig, els juristes de la institució assenyalen l'“enriquiment injust (...) i benefici patrimonial del cessionari”. És a dir, dels amos d'una societat limitada davant la qual l'Ajuntament de Palma no va fer valdre els seus drets com a propietari fins al 22 de desembre de 2025. 

Com s’ho va fer Cort? Mentre es celebrava l'últim Sorteig de Nadal, la Junta de Govern Local va idear una fórmula per a resoldre l’embolic. L'acord es va basar en dos punts principals. El primer, atorgar un altre termini extra a l'empresa hostalera fins al 12 de novembre que permetés al Consistori disposar de marge per a fer el concurs públic –que hauria d'haver-se convocat en 2023, quan es va esgotar la concessió. El segon, reclamar a JA Riutort SL el pagament de 150.000 euros. Les mensualitats que haurà d'abonar durant 2026… i les que no va pagar a partir del 12 de novembre de 2023, quan va acabar la pròrroga original i els cambrers del bar municipal van continuar servint cafès (2,90 euros el sol), panets (més de 10 euros el més barat) o pizzes (a 19 euros la unitat).

Un informe jurídic de l'Ajuntament de Palma reconeix que la institució va deixar de cobrar el lloguer a l'abril de 2023, quan es va concedir una pròrroga, i el Consistori no va reclamar els seus drets com a propietari fins a desembre de 2025. La companyia haurà d'abonar 150.000 euros en 2026

Aquesta política empresarial de preus per a guiris va generar un “robust” benefici. Aquest va ser l'adjectiu que utilitzà a l'octubre de 2022 l'auditoria que va elaborar el consultor Vicenç Ribas Fuster per encàrrec municipal i que apareix citada en l'informe jurídic. Un document on els juristes de la casa estiren de les orelles a l'Ajuntament de Palma –“No va instar la recuperació del domini públic i va permetre la continuïtat d'una activitat sobre el mateix sense cap base jurídica”– alhora que reconeixen que JA Riutort SL va complir amb els seus deures de neteja, vigilància i manteniment de les instal·lacions.

“És cert que la concessió està caducada i, en tot cas, es treballa per a tornar a licitar. Ara sí que s'està pagant el que estableix el cànon”, han explicat fonts consistorials a eldiario.es, però sense donar detalls concrets ni oferir la possibilitat de plantejar dubtes específics a la regidora Celeste Palmero. Una portaveu de JA Riutort SL, per la seua banda, ha atès per telèfon a aquest periòdic per a recalcar que l'empresa no donarà el seu punt de vista sobre unes informacions que consideren “falses”. La primera publicació al respecte va ser avançada pel periòdic local Última Hora.

El batibull de la tourist trap

El bar duu en el nom el llinatge que bateja la que potser és la cervesa negra més famosa del planeta: Guinness, tot un símbol nacional d'Irlanda. En el decorat del negoci no hi ha, en canvi, res que transport al client a un pub de Belfast, Galway o Cork en plena ressaca de Sant Patrici. Ni taules i tamborets de fusta fosca, ni rastre de verd maragda, ni violins i guitarres acústiques: a la tarda, de fet, sona electrònica pel fil musical. La carta tampoc és massa irlandesa. Ni mallorquina. Resulta ser un batibull de begudes i menjars –inclosa la paella– que solen aparèixer en els restaurants i cafeteries que es van ensenyorir en diferents moments dels cabdells de les ciutats més turístiques d'Espanya. Negocis clònics que podrien estar a Barcelona o Màlaga; en certa manera, també a Madrid o Sevilla. Malgrat la dissonància entre marca i oferta, preu i qualitat, a la cantina llogada –sense lloguer– per l'Ajuntament de Palma no sembla faltar-li la clientela. Les vistes són irresistibles. A dos quarts de deu del matí, un terç de la terrassa ja està plena. Per davant, desfilen alguns jóvens xuclant mat i dos excursions guiades. Són desenes de persones, majoria de matrimonis jubilats.

Els penúltims turistes de la temporada de l'Imserso escolten la història resumida de la Seu (“Es va començar a construir en el segle XIII, sobre una mesquita, a l'esquerra veuen l'Almudaina i a la dreta, el Palau Episcopal…”) que els conten els guies. Esperen impacients per a treure's una selfie (“Esperin-se, que els deixarem una estoneta perquè facin fotos”). Són obedients davant el consell de fer ús dels banys públics (“Aprofitin, que són gratis i grans; en la pròxima parada hi haurà molta cua”). Els grups estan formats per gent d'aquí i d'allà. Entre ells parlen en català amb accent valencià o en castellà amb accent gadità. Una madrilenya s’atraca a unes navarreses quan les sent dir que són d’Aoiz: “Al vostre poble va estar destinat el meu marit fa molts anys”. “De Guàrdia Civil, m'imagín”. “Sí, brandant el sabre…”. Cara de pòquer.

–Què vos pareixen els preus de Palma?

–Ui, encara no ens ha donat temps a fer despesa –respon la Carmen, una de les navarreses–. Vam aterrar ahir vespre, gairebé a la una de la matinada. Encara no hem esmorzat.

–Vos quedareu en aquest bar a prendre alguna cosa?

–No. Sembla una mica car, no?

Dorothee i Sophia, mare i filla a la vintena, de Hannover, l'antítesi de la caricatura d'una certa mena de turista alemany que passa les seues vacances a Mallorca. I no per una qüestió de fidelitat: “És la quarta vegada que vam venir. La primera, Sophia tenia dotze anys. Això sí, no ens veuràs mai pel Ballermann: no ens agrada res de res”, diu la mare. I diu la filla: “Som més de passejar pel centre de Palma i fer plans culturals. Prendre alguna cosa davant de la Catedral i fer-nos unes fotos ens encanta… però ens quedem en els bancs, com la gent d'aquí. Sabem bé que aquest bar és una tourist trap, un parany per a turistes”.

Son seis personas de mediana edad en la mesa, tres parejas. Sorben cuatro batidos y se comen con cuchara unos helados en copa de cristal. Ya hace calor bajo el sol de marzo. La conversación –en italiano– es relajada. El grupo está pasando unos días de vacaciones en Mallorca. Han visitado Alcúdia, el Magaluf desierto antes de la marabunta, las playas del sur de la isla. Ahora, disfrutan de la merienda a la vez que miran hacia la maravilla arquitectónica que tienen delante. Alzada sobre una laguna artificial y un retazo de muralla emerge –imponente– la Catedral de Santa Maria. Las formas del templo tienen que resultarles familiares al grupo. Son de Milán: la Seu podría pasar por una miniatura mediterránea de su Duomo, una de las iglesias góticas más grandes y espectaculares del mundo. En algún momento de la charla, los seis agarran sus móviles, disparan una foto, proponen un autorretrato colectivo. Sin levantarse de la silla, tan bien situados están en aquella terraza. Pero la armonía se rompe en un momento dado. 

En off, podría pensarse que los tres hombres y las tres mujeres discuten de política –acaba de morir el ultraderechista Umberto Bossi–, de música –acaba de morir el cancionista Gino Paoli– o de fútbol –Inter y Milan se disputan el título de la Serie A–, pero no. Están escandalizados por la cuenta que acaban de dejar encima de la mesa. Sacan billetes de las carteras, tratan de repartir el clavo de forma equitativa. “Han sido 75 euros. No sé dónde vamos a llegar…”, dirá después una de ellas. Se llama Titi Montavano: trabajó durante décadas para un touroperador lombardo –I Viaggi del Ventaglio– al que arrastró la quiebra de Lehman Brothers y, por eso, conoce muy bien tanto las Canarias como las Illes Balears: “Siempre he admirado, y mucho, a los españoles, especialmente a los isleños, porque creo que aquí es donde se inicia el turismo de masas… entendido como se entendía antes: apto para la clase media. Creo que ese tipo de industria permitió que este país se desarrollara. Para nosotros fue un espejo. Pero los precios de este bar, o los que te encuentras en muchos lugares del centro de Palma, no sé, espantan a cualquiera. En Italia no los ves ni la riviera de la Emilia-Romaña, y más turístico que Rímini…”.

Lo que Titi Montavano –y Elena Coppola y Caterina Aieta, las dos amigas con las que se saca un último selfie con los maridos alejándose hacia el Passeig des Born– no sabe es que el bar en el que han pagado más de diez euros por un refrigerio ha estado más de dos años y medio sin pagar el alquiler. El casero –que no reclamó la deuda– era el Ajuntament de Palma.

Siempre he admirado, y mucho, a los españoles, especialmente a los isleños, porque creo que aquí es donde se inicia el turismo de masas… entendido como se entendía antes: apto para la clase media. Pero los precios de este bar, o los que te encuentras en muchos lugares del centro de Palma, no sé, espantan a cualquiera

Titi Montavano — Turista

Un informe jurídico que tira de las orejas a los políticos

Un informe jurídico del mismo Consistorio trazó el pasado diciembre una cronología para explicar cómo JA Riutort SL ha explotado uno de los bares mejor situados de una de las ciudades más turísticas de España disfrutando del privilegio de ser un inquilino sin renta. La concesión que disfrutaba la empresa debería haber terminado el 27 de marzo de 2023. Diez antes de que venciera el contrato público, sin embargo, la Junta de Govern Local concedió a los hosteleros una prórroga por siete meses y medio. Fecha de caducidad: 12 de noviembre. Fue una medida de gracia. Según especifican los juristas municipales, la concesión no podía alargarse. En principio, bajo ningún término. A no ser que la Regidoria d’Hisenda, Funció Pública i Govern Interior no tuviera lista la convocatoria de un concurso público para licitar de nuevo el servicio. En ese caso, para no dejar a los ciudadanos sin la posibilidad de sentarse en una terraza a tomar un refrigerio delante de la Catedral o de utilizar los baños anexos –abiertos a cualquier paseante y, según el informe jurídico, mantenidos por la contrata–, sí podía considerarse la prórroga como una solución excepcional. 

¿Qué ocurrió después? Mientras se firmaba la prolongación del contrato, los partidos políticos ponían sus maquinarias electorales en marcha. El 28 de mayo de 2023, los palmesanos fueron a votar y se produjo un vuelco en el salón de plenos. De un gobierno formado por PSIB, Més per Mallorca y Podem se pasó a una mayoría simple del PP, con apoyo externo de Vox. Durante un año y medio, el departamento que dirige la concejala María de las Mercedes Celeste Palmero ha tenido en su mano la posibilidad de desahuciar a JA Riutort SL del bar municipal. No lo ha hecho. Así se infiere en el informe jurídico. Tampoco consta que el Ajuntament de Palma haya elaborado los pliegos de condiciones para sacar a concurso un servicio de hostelería que se licitó por última vez el 31 de octubre de 2002. 

Aquel fue el proceso que ganó –en la primavera de 2003– JA Riutort SL. Como indica su web, esta empresa gestiona otros negocios hosteleros situados en espacios públicos. Un ejemplo es la cafetería-restaurante del faro que corona el Cap de Formentor. Un paisaje salvaje y espectacular que supone uno de los grandes reclamos turísticos de la isla. Como una terraza de más de diez mesas con vistas a la Catedral de Mallorca. Por la privilegiada ubicación del bar municipal, JA Riutort SL ha desembolsado un millón de euros a lo largo de dos décadas. Alrededor de 4.000 euros mensuales. 

La terraza dispone de más de diez mesas con vistas a la Catedral de Mallorca. Por la privilegiada ubicación del bar municipal, la empresa ha desembolsado un millón de euros a lo largo de dos décadas. Alrededor de 4.000 euros mensuales

El alquiler –así lo reconoce el informe jurídico– dejó de pagarse en abril de 2023, justo cuando se concedió la prórroga. Entonces –dice el documento– se produce una especie de vacío que dura más de dos años y medio. Y, entre medias, los juristas de la institución señalan el “enriquecimiento injusto (...) y beneficio patrimonial del cesionario”. Es decir, de los dueños de una sociedad limitada a la que el Ajuntament de Palma no reclamó sus derechos como propietario hasta el 22 de diciembre de 2025. 

¿Cómo lo hizo Cort [nombre popular del Consistorio]? Mientras se celebraba el último Sorteo de Navidad, la Junta de Govern Local ideó una fórmula para resolver el embrollo. El acuerdo se basó en dos puntos principales. El primero, otorgar otro plazo extra a la empresa hostelera hasta el 12 de noviembre que permitiera al Consistorio disponer de margen para realizar el concurso público –que tendría que haberse convocado en 2023, cuando se agotó la concesión. El segundo, reclamar a JA Riutort SL el pago de 150.000 euros. Las mensualidades que tendrá que abonar durante 2026… y las que no pagó a partir del 12 de noviembre de 2023, cuando terminó la prórroga original y los camareros del bar municipal siguieron sirviendo cafés (2,90 euros el café solo), bocadillos (más de 10 euros el más barato) o pizzas (a 19 euros la unidad).

Un informe jurídico del Ayuntamiento de Palma reconoce que la institución dejó de cobrar el alquiler en abril de 2023, cuando se concedió una prórroga, y el Consistorio no reclamó sus derechos como propietario hasta diciembre de 2025. La compañía tendrá que abonar 150.000 euros en 2026

Esa política empresarial de precios para guiris generó un “robusto” beneficio. Ese fue el adjetivo que utilizó en octubre de 2022 la auditoría que elaboró el consultor Vicenç Ribas Fuster por encargo municipal y que aparece citada en el informe jurídico. Un documento donde los juristas de la casa estiran de las orejas al Ajuntament de Palma –“No instó la recuperación del dominio público y permitió la continuidad de una actividad sobre el mismo sin ninguna base jurídica”– a la vez que reconocen que JA Riutort SL cumplió con sus deberes de limpieza, vigilancia y mantenimiento de las instalaciones.

“Es cierto que la concesión está caducada y, en todo caso, se trabaja para volver a licitar. Ahora sí se está pagando lo que establece el canon”, han explicado fuentes consistoriales a elDiario.es, pero sin dar detalles concretos ni ofrecer la posibilidad de plantear dudas específicas a la concejala Celeste Palmero. Una portavoz de JA Riutort SL, por su parte, ha atendido por teléfono a este periódico para recalcar que la empresa no dará su punto de vista sobre unas informaciones que consideran “falsas”. La primera publicación al respecto fue avanzada por el periódico local Última Hora.

El batiburrillo de la tourist trap

El bar lleva en el nombre el apellido que bautiza la que quizás sea la cerveza negra más famosa del planeta: Guinness, todo un símbolo nacional de Irlanda. En el decorado del negocio no hay, en cambio, nada que transporte al cliente a un pub de Belfast, Galway o Cork en plena resaca de San Patricio. Ni mesas y taburetes de madera oscura, ni rastro de verde esmeralda, ni violines y guitarras acústicas: por la tarde, de hecho, suena electrónica por el hilo musical. La carta tampoco es demasiado irlandesa. Ni mallorquina. Resulta ser un batiburrillo de bebidas y comidas –incluida la paella– que suelen aparecer en los restaurantes y cafeterías que se adueñaron en diferentes momentos de los cogollos de las ciudades más turísticas de España. Negocios clónicos que podrían estar en Barcelona o Málaga; en cierta medida, también en Madrid o Sevilla. Pese a la disonancia entre marca y oferta, precio y calidad, a la cantina alquilada –sin alquiler– por el Ajuntament de Palma no parece faltarle la clientela. Las vistas son irresistibles. A las nueve y media de la mañana, un tercio de la terraza ya está llena. Por delante, desfilan algunos jóvenes chupando mate y dos excursiones guiadas. Son decenas de personas, mayoría de matrimonios jubilados. 

Los penúltimos turistas de la temporada del Imserso escuchan la historia resumida de la Seu (“Se empezó a construir en el siglo XIII, sobre una mezquita, a la izquierda ven la Almudaina y a la derecha, el Palacio Episcopal…”) que les cuentan los guías. Esperan impacientes para sacarse un selfie (“Espérense, que les dejamos un ratito para que hagan fotos”). Son obedientes ante el consejo de utilizar los baños públicos (“Aprovechen, que son gratis y grandes; en la próxima parada habrá mucha cola”). Los grupos están formados por gente de aquí y de allá. Entre ellos hablan en catalán con acento valenciano o en castellano con acento gaditano. Una madrileña se acerca a unas navarras cuando las escucha decir que son de Aoiz: “En vuestro pueblo estuvo destinado mi marido hace muchos años”. “De Guardia Civil, me imagino”. “Sí, blandiendo el sable…”. Cara de póquer.

–¿Qué les parecen los precios de Palma?

–Uy, todavía no nos ha dado tiempo a hacer gasto –contesta Carmen, una de las navarras–. Aterrizamos anoche, casi a la una. Estamos sin desayunar.

–¿Se van a asentar en este bar a tomar algo?

–No. Parece un poco caro, ¿no?

La intuición de Carmen la confirman Dorothee y Sophia, madre e hija veinteañera, de Hannover, la antítesis de la caricatura de cierto tipo de turista alemán que pasa sus vacaciones en Mallorca. Y no por una cuestión de fidelidad: “Es la cuarta vez que vinimos. La primera, Sophia tenía doce años. Eso sí, no nos verás nunca por el Ballermann: no nos gusta nada de nada”, dice la madre. Y dice la hija: “Somos más de pasear por el centro de Palma y hacer planes culturales. Tomar algo delante de la Catedral y hacernos unas fotos nos encanta… pero nos quedamos en los bancos, como la gente de aquí. Sabemos bien que ese bar es una tourist trap, una trampa para turistas”. 

Es uno de esos “puntos de estrangulamiento” de los que depende el comercio mundial. Y la interrupción del tráfico, con cientos de embarcaciones echando el ancla, sacude los precios del petróleo día tras día. Pero el bloqueo virtual por parte de Irán del estrecho de Ormuz en respuesta a la guerra de EEUU e Israel está teniendo otras consecuencias menos visibles: alrededor de 20.000 marineros procedentes de múltiples países permanecen varados en el golfo Pérsico, enfrentándose a una tensión considerable y a bordo de buques que corren el riesgo de ser atacados.

Es una cifra que Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), repite como un mantra durante una entrevista con elDiario.es. Los países miembros de la agencia especializada de la ONU acordaron la semana pasada trabajar para crear un corredor seguro que permita evacuar los buques comerciales del Golfo y proteger a los trabajadores atrapados en el epicentro marítimo del conflicto. Tras la muerte de siete marineros a causa de la guerra, Domínguez insiste: “Ni la industria marítima ni la gente de mar deben ser utilizadas como daños colaterales de ningún conflicto geopolítico, porque no solo se nota el efecto negativo en ellos, sino en toda la población mundial”.

¿Cuál es la situación actual en el estrecho de Ormuz? Parece que un puñado de barcos han conseguido pasar. ¿Quiénes lo están logrando?

La situación es bastante cambiante. Por supuesto, los países están buscando desde su propio punto de vista acciones de forma bilateral directamente con la República Islámica de Irán. Se ha reportado que algunos buques han atravesado el estrecho de Ormuz.

Damos la bienvenida a que cualquier marino pueda salir de la región de forma segura, pero ahora la cuestión es ver cómo podemos ampliar de forma que no sea solamente con un grupo de países, sino que todos puedan beneficiarse. Para nosotros, lo importante es conseguir una solución que abarque a los 2.000 buques que están encerrados dentro del golfo Pérsico y a los 20.000 marinos y oficiales que se encuentran en la región. Y este fue uno de los principales resultados del Consejo Extraordinario, donde se acordó ver la forma en la que se puede establecer un mecanismo para evacuarlos.

Irán ha enviado una carta a los países miembros de la OMI en la que afirma que los “buques no hostiles” pueden transitar por el estrecho de Ormuz “en coordinación con las autoridades iraníes”. ¿Han notado algún cambio? 

Tenemos que encontrar una forma adecuada de que el estrecho esté operativo. Nuestro principal objetivo es evacuar a la gente de mar que se encuentra varada al oeste del estrecho de Ormuz. La OMI ha difundido información facilitada por la República Islámica del Irán, y estoy reuniéndome con ellos sobre qué medidas, mecanismos o criterios están usando a la hora de permitir o no el tránsito de buques. 

Necesitamos adoptar un enfoque que permita a todos los buques, independientemente de nacionalidades, evacuar la zona y hacer uso de la libertad de navegación. Debemos tener en cuenta que la gente de mar es de múltiples nacionalidades y ellos no tienen nada que ver con el conflicto. La gente de mar solo está haciendo su trabajo.

Como dice, hay 20.000 marineros varados en la zona. ¿En qué condiciones se encuentran? 

La situación sigue siendo bastante difícil. La incertidumbre, la fatiga, no saber si el buque puede ser atacado o no… Todo esto tiene una influencia muy negativa en ellos. Estamos trabajando principalmente en que las compañías y los Estados de abanderamiento, así como que los países de la nacionalidad de toda la gente de mar que se encuentra allá, provean, aunque sea de forma remota, el apoyo necesario, comunicaciones, etc. 

Nos preocupa también el abastecimiento de los suministros esenciales como el agua, la alimentación y el combustible para que los buques sigan operando y la gente de mar no se vea afectada. Estamos trabajando con todos los países de la región para que, dentro de las circunstancias, puedan proveer este tipo de suministros a los buques. Es información que estamos usando en las negociaciones para un marco de evacuación, teniendo presente cuáles son los buques que tienen más necesidades que otros. 

Repite que su prioridad es evacuar los buques y los marinos atrapados, en línea con el acuerdo al que se llegó la semana pasada para crear un corredor marítimo seguro. ¿Cómo se haría en la práctica? 

No tenemos otra ruta. Para salir del golfo Pésico, tienen que atravesar el estrecho de Ormuz. Estamos comenzando ahora a negociar y conversar con los diferentes países de la región. 

Hay dos formas en las que esto puede ser efectivo. La primera, por supuesto, es cesar todo el conflicto. Y de esa forma regresamos a la normalidad y podemos seguir operando los buques como de costumbre. La segunda es lo que estamos haciendo ahora, pero para eso necesitamos el compromiso de todos los países de la región, particularmente de aquellos que tienen aguas territoriales en el estrecho de Ormuz, de forma tal que existan garantías de que cuando los buques comiencen a navegar no vayan a ser atacados.

¿Están barajando algún tipo de escolta marítima o algo similar?

No, no estamos considerando escoltas. El Consejo fue bastante claro en que esto tenía que ser una medida voluntaria y mediante medios pacíficos. 

Nosotros tenemos ya dispositivos del control de tráfico en esa región porque es un estrecho bastante angosto, y esto es lo que estamos utilizando para preparar en estos momentos las conversaciones, así como la información que tenemos de los buques: las capacidades que tienen en cuanto a los suministros, cuáles son los que primero deberían navegar y todo eso. Tendríamos que hacerlo de forma segura, pero la intención y el objetivo es no abordarlo desde el punto de vista de escoltas, sino de una ruta normal, como ha venido utilizándose durante tantos años.

¿A qué se refiere con los dispositivos de control del tráfico?

En estos estrechos existen ya medidas abordadas por la OMI para evitar colisiones. Se establecen rutas para el pase de los buques con mecanismos de reporte para evitar accidentes. De una forma bastante simplista, es como una autopista en la que tenemos dos direcciones para que los buques mantengan esa seguridad al navegar.

El estrecho de Ormuz, desde el punto de vista jurídico, está abierto y no puede ser cerrado por un país, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

¿Cómo van las conversaciones? ¿Hay avances?

El Consejo terminó hace apenas cinco días, así que en este momento estoy comenzando las conversaciones. Dije desde el principio que me enfocaría primero en dialogar con todos los países afectados directamente en la región. De ahí, expandirlo a otros países y luego buscar a organizaciones como la ITF, que representa a los trabajadores marítimos, así también como la Cámara Marítima Internacional, que tiene mucha representación de los armadores, para involucrar a las partes y que puedan asistir a las negociaciones. Pero primero hablaremos con los más afectados, que son los países de la región.

Varios países, entre ellos algunos europeos, anunciaron la semana pasada su disposición a “contribuir a los esfuerzos” para garantizar el paso seguro en el estrecho. ¿Son iniciativas relacionadas?

Estos comunicados salieron después del Consejo. Yo veo con beneplácito cualquier acción que los países puedan llevar a cabo, desde su punto de vista, para retomar la navegación por el estrecho de Ormuz como se venía haciendo el conflicto. Realmente, no tengo más detalles de a qué se refieren los países que han firmado estos comunicados. Tengo que esperar no solo a las conversaciones con ellos, sino también a la información adicional que los países van a proveer sobre los mecanismos para volver nuevamente a la navegación normal en el estrecho.

¿Tiene derecho Irán a bloquear el estrecho de Ormuz, cuya parte más estrecha comparte con Omán como sus aguas territoriales?

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) deja bien claro que ningún país tiene el derecho, jurídicamente, de cerrar un estrecho. Si escuchamos los enunciados, realmente el estrecho, de forma legal, no ha sido cerrado. Los países tienen derecho a introducir medidas, también de acuerdo con la Convemar, para la protección de sus aguas territoriales como ellos consideren apropiadas.

El conflicto es el que ha dificultado la navegación por el estrecho de Ormuz, ya que se está utilizando a la industria marítima como una medida colateral. Y esto es lo que realmente lo dificulta operacionalmente. Pero el estrecho de Ormuz, desde el punto de vista jurídico, está abierto y no puede ser cerrado por un país según la Convemar.

El efecto más llamativo está siendo el aumento de los precios del petróleo. ¿Qué otras consecuencias están pasando más desapercibidas? 

Lo que más pasa desapercibido es el impacto negativo en los 20.000 marinos y oficiales que están allí y en las comunidades dentro del Golfo que no pueden recibir los suministros para su consumo diario.

En el momento en que hay un efecto negativo en el transporte del 20% del petróleo crudo que emana de esta región, esto tiene un impacto negativo en muchas otras industrias de producción, así como en los precios de las canastas básicas en cualquier parte del mundo. Otro aspecto que también está adquiriendo más relevancia son otras exportaciones, como las de minerales y fertilizantes. El 13% de los fertilizantes que se utilizan para la agricultura a nivel mundial viene de esta región. Eso comienza a incrementar las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Puede tener un efecto muy negativo a largo plazo si el conflicto se extiende.

Las tarifas de flete para los buques petroleros y las primas de los seguros contra riesgos de guerra están aumentando. ¿Cómo está agravando esto a la situación?

Esto afecta particularmente el costo de todos los productos que se transportan. También limita muchas de las operaciones, porque los buques no tienen cobertura de seguros y muchos de ellos, en algún momento, van a tomar una cobertura con primas bastante altas, lo que va a encarecer toda la cadena del transporte marítimo. Se va a ver reflejado en el alza de los costos.

Ni la industria marítima ni la gente de mar deben ser utilizadas como daños colaterales de ningún conflicto geopolítico, porque no solo se nota el efecto negativo en ellos, sino en toda la población mundial

¿Les consta que Irán esté cobrando a algunos barcos por pasar? Algunas informaciones apuntan a que se están exigiendo pagos de hasta dos millones de dólares por travesía, lo que supone, en la práctica, un peaje informal.

No tengo forma de corroborarlo. He leído estas informaciones que han salido en los medios de comunicación, pero es difícil para mí poder expresar alguna opinión al respecto hasta no tener una confirmación o información oficial que establezca que esto está sucediendo.

¿Les consta que Irán esté minando el estrecho, como ha denunciado EEUU?

Lamentablemente, la respuesta es la misma. No tengo ninguna confirmación oficial de que esto esté sucediendo o haya sucedido, o de que buques hayan sido afectados por minas flotantes en la región del golfo Pérsico. Pero la información está fluyendo mucho, hay mucha desinformación y tenemos que combatirla. En la OMI hemos creado una web donde publicamos solo lo que ha sido confirmado oficialmente por los países de la organización, por las organizaciones no gubernamentales o intergubernamentales que participan y trabajan con nosotros directamente.

¿Deja alguna lección esta situación para el futuro del comercio marítimo?

Las lecciones son muy similares a las que tuvimos tras los ataques en el mar Rojo: los buques mercantes no están equipados para combates, ni la gente de mar está entrenada ni preparada para esto. Ni la industria marítima ni la gente de mar deben ser utilizadas como daños colaterales de ningún conflicto geopolítico, porque no solo se nota el efecto negativo en ellos, sino en toda la población mundial.

La industria es resiliente, pero nos están llevando al extremo. Podemos buscar mecanismos para nuevas rutas de navegación para mantener el flujo de mercancías y de productos esenciales, pero no podemos proveer, como en este caso particular, productos como el 20% del petróleo crudo o el 13% de los fertilizantes mundiales que no pueden ser obtenidos en otras partes del mundo. Podemos buscar otras formas de mantener el comercio flotante, pero mientras se utilice a la industria marítima para el combate, los daños no son solamente a la industria: tienen una repercusión a nivel global.

Lo que parecía un control rutinario en el aeropuerto acabó con un hallazgo poco habitual. Un ciudadano chino fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi tras intentar sacar del país más de 2.000 hormigas reina vivas ocultas en su equipaje.

Las autoridades encontraron los insectos repartidos en tubos de ensayo (hasta 1.948 ejemplares) y otros cientos escondidos en rollos de papel higiénico, preparados para el transporte.

Más allá de lo llamativo de la cifra, el caso encaja en una tendencia que ya han señalado organismos como el Kenya Wildlife Service (KWS), que apunta a un aumento de incautaciones relacionadas con especies pequeñas, frente al tradicional tráfico de grandes animales.

Entre los ejemplares incautados había especies como Messor cephalotes, conocidas en el ámbito de la mirmecología y presentes en el mercado internacional de coleccionismo de hormigueros.

En ese contexto, las hormigas reina tienen un papel clave, ya que son necesarias para fundar nuevas colonias, lo que explica su interés en determinados circuitos especializados en Europa y Asia.

Más que una curiosidad: el papel clave de las hormigas en el planeta

Aunque pueda parecer una historia curiosa, el impacto de este tipo de tráfico es importante. Las hormigas desempeñan funciones esenciales en los ecosistemas: airean el suelo, dispersan semillas y contribuyen al equilibrio de los hábitats. Su extracción masiva puede alterar procesos ecológicos clave.

Organismos internacionales como la Convention on International Trade in Endangered Species regulan el comercio de especies para evitar la sobreexplotación, y aunque los insectos suelen pasar desapercibidos, cada vez están más presentes en estas redes ilegales.

El caso de Kenia no es aislado. En los últimos años, las autoridades han interceptado miles de hormigas destinadas a mercados internacionales, lo que confirma la existencia de redes organizadas de tráfico de insectos.

Este fenómeno, conocido como biopiratería, pone de relieve cómo incluso los animales más pequeños pueden convertirse en objeto de comercio global. Y también cómo la fascinación humana por lo exótico (incluso en forma de hormiguero) puede tener consecuencias reales en la naturaleza.

Porque detrás de esta historia sorprendente hay algo más que una maleta llena de insectos: hay un recordatorio de que la biodiversidad también se pierde en silencio, incluso a escala microscópica.

Nuevas campaña de bonos de descuento para la compra de libros. La Asociación de Librerías de La Rioja, integrada en la FER, y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, han suscrito un convenio de colaboración para promover, en su segunda edición en La Rioja, una campaña de promoción de la lectura y la compra de libros nuevos, dirigida a los clientes de las librerías que participan en la campaña.

El presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Diego Ochoa, y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, han presentado esta nueva campaña en la sede de la FER, acompañados por la secretaria general de la Asociación y de FER Comercio, Adelaida Alútiz. El periodo del Bono Lectura se desarrollará entre el martes 17 de marzo y el jueves 30 de abril de 2026 o hasta que se agoste el presupuesto destinado a la campaña.

Los bonos descuento de 10 euros, un total de 1.600 bonos, se destinarán exclusivamente para la compra de libros de lectura nuevos. Están excluidos los libros de segunda mano, libros escolares, material escolar o material de oficina.

Los clientes podrán descargarse 1 bono descuento de 10 euros por DNI, para poder canjearlo por una compra de 30 euros o superior en las librerías participantes, que se podrán consultar en la web de la FER.

No obstante, se podrán utilizar más bonos descuento de otras personas del entorno del solicitante. Se podrán utilizar dos bonos por compras de 60 euros o superior; de 3 bonos, por compras de 90 euros o más y de 4 bonos por la comprar de 120 euros o más en libros

¿Cómo conseguir tus bonos de descuento?

El comprador dispone de 24 horas desde la recepción del correo electrónico para realizar la descarga del bono. Si pasado este tiempo no se ha realizado la descarga, el enlace caducará y se perderá la reserva de los bonos.

Una vez descargado el bono, éste tendrá una validez de 72h desde su descarga para ser canjeado.

¿Cómo canjearlos?

Para que el descuento pueda ser aplicado en la compra deberá presentarse el bono de descuento impreso o en formato digital y copia u original de o de los DNI con el que ese bono fue solicitado.

Cada bono incluirá, a modo informativo, la fecha y hora límite para su consumo.

Balance de la campaña de 2025

La campaña anterior correspondiente a 2025 fue un éxito, con unas ventas bonificadas de 103.268,74€. Se pusieron en circulación 1.591 bonos, la práctica totalidad, y participaron en la campaña 15 librerías, 12 de Logroño, 1 de Calahorra, 1 de Haro y 1 de Santo Domingo de La Calzada

Países como Reino Unido, Japón, China y Corea del Sur han afirmado que siguen barajando opciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les instara a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para proteger esta ruta marítima vital. Ninguno de ellos ha querido comprometerse con el despliegue.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump pidió a Reino Unido, China, Francia, Japón, Corea del Sur y otros países que enviaran buques a la vía marítima, la ruta de navegación más transitada del mundo, que está siendo bloqueada por Irán.

En su publicación, Trump afirmó que “muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra en colaboración con los Estados Unidos de América para mantener el estrecho abierto y seguro”.

En una publicación posterior, Trump amplió su llamamiento a todos “los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Ormuz” para que envíen apoyo naval.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, en represalia por los ataques aéreos de EEUU e Israel, ha resultado catastrófico para los flujos energéticos y comerciales mundiales, provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia y un aumento vertiginoso de los precios mundiales del petróleo.

Sin embargo, la respuesta internacional al llamamiento de Trump para el envío de buques de guerra ha sido hasta ahora vaga y reticente, ya que los países no están dispuestos a comprometerse con una respuesta militar que podría resultar peligrosa para sus armadas.

Teherán ha declarado que cualquier petrolero que se dirija a Estados Unidos, Israel o sus aliados es un objetivo legítimo en la guerra y será “destruido de inmediato”. Dieciséis petroleros han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra a finales de febrero e Irán ha amenazado con colocar minas explosivas en la vía navegable. Hasta ahora, Estados Unidos no ha enviado sus propios buques de guerra para escoltar a los petroleros a través del estrecho.

Una declaración del Ministerio de Defensa de Reino Unido indica que se está debatiendo con los aliados “una serie de opciones para garantizar la seguridad de la navegación en la región”.

En declaraciones a la BBC, el secretario de Energía, Ed Miliband, ha afirmado que Reino Unido había mantenido conversaciones con EEUU y otros aliados sobre cómo mantener abierto el estrecho y que estaban considerando el envío de drones cazaminas. “Se están barajando todas las opciones que puedan ayudar a reabrir el estrecho”, ha dicho Miliband.

Un alto cargo político japonés ha declarado al canal de noticias NHK TV que Japón no descarta enviar buques de guerra a la región para garantizar la seguridad de la ruta marítima, pero ha señalado que el umbral para hacerlo es “muy alto”.

“Desde un punto de vista jurídico, no se puede descartar esa posibilidad, pero dado que el conflicto sigue vigente, es algo que debemos valorar con cautela”, ha declarado Takayuki Kobayashi, presidente del Consejo de Investigación Política del Partido Liberal Democrático, en el poder.

Corea del Sur, que depende en gran medida de los flujos energéticos que atraviesan el estrecho, ha afirmado que ha tomado nota de los comentarios de Trump, pero que se mantiene en estrecha comunicación con EEUU y evaluará la situación antes de tomar cualquier decisión sobre cómo ayudar a garantizar la seguridad de la ruta marítima.

“Nuestro Gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con la situación en Oriente Medio”, ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur en un comunicado, añadiendo que están “estudiando diversas medidas desde múltiples ángulos para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar la seguridad de las rutas de transporte de energía”.

Francia ya había dejado clara su postura antes de los comentarios de Trump. En declaraciones realizadas el jueves, la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, afirmó que Francia no enviaría buques de guerra al estrecho de Ormuz mientras el conflicto siguiera escalando.

“Soy muy clara y firme en este tema; en este momento no se plantea en absoluto el envío de buques al estrecho de Ormuz”, afirmó Vautrin. Señaló que Francia mantenía una “postura puramente defensiva” y que, por el momento, no había planes de retirar del Mediterráneo oriental el buque insignia de la Armada francesa, el portaaviones Charles de Gaulle.

En declaraciones realizadas en Chipre la semana pasada, el presidente francés, Emmanuel Macron, había afirmado que Francia y sus aliados estaban preparando una misión “puramente defensiva” para escoltar a los buques a través del estrecho de Ormuz, pero solo una vez que hubiera concluido la “fase más intensa” de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Macron la describió como una “misión de escolta pura” en la que participarían tanto países europeos como no europeos.

Según el Financial Times, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE también están considerando ampliar el alcance de la misión naval Aspides de la UE —que protege a los buques en Yemen de los ataques de los rebeldes hutíes— para extenderla hasta el estrecho de Ormuz. En la actualidad, la misión naval Aspides está compuesta por tres buques procedentes de Francia, Italia y Grecia.

La respuesta de China no hizo mención alguna a una intervención militar. Como aliada de Irán y país que depende en gran medida de las importaciones de crudo procedentes del estrecho, China está, según varias informaciones, en conversaciones con el régimen iraní para permitir el paso de petroleros desde el Golfo, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo definitivo.

La embajada china en Washington declaró el fin de semana en un comunicado facilitado a la CNN que Pekín trabajaría para reforzar “la comunicación con las partes pertinentes” en Oriente Medio y “desempeñaría un papel constructivo para la desescalada y el restablecimiento de la paz”.

El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, ha declarado este domingo a la NBC que ha mantenido “diálogos” con algunos de los países, sin nombrarlos, y ha afirmado que esperaba que China fuera “un socio constructivo” en la reapertura del estrecho, por el que normalmente pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo.

Un centenar de vecinos de Puertochico se ha concentrado a mediodía del sábado en el mercado de este barrio para protestar por la instalación de un McDonald's en dicho espacio y en defensa de la libertad de expresión.

Si bien estaba prevista la retirada de la pancarta reivindicativa 'Gema, de mercado de barrio a 'preafter' no da Igual' que cuelga de un edificio cercano y que ha sido motivo de discrepancias entre los vecinos y el Ayuntamiento durante los últimos meses, debido al mal tiempo no ha podido llevarse a cabo.

A pesar de ello, los participantes en la convocatoria de la comisión 'Salvemos el Mercado de Puertochico' se han concentrado en la plaza del Centro Cultura Doctor Madrazo, situada sobre el mercado de abastos y donde está previsto que se instale la extensa terraza de la franquicia de comida rápida.

Según han denunciado los vecinos en un comunicado previo, tras medio año de “lucha” que comenzó con la colación de dicha pancarta, han sufrido “la persecución” del equipo de Gobierno del PP, que en su opinión “ha retorcido la ordenanza de publicidad amenazándoles con multas interminables como ”chantaje para callarnos en nuestra lucha por defender el servicio público y el patrimonio municipal y común que reviste el mercado de Puertochico“.

Los vecinos han alegado en dos ocasiones, porque en su opinión “se trata de vulnerar derechos constitucionales y sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional”, pero “la arbitrariedad ejecutiva del PP en Santander viola estas cuestiones”.

Por otra parte, sostienen que “los únicos beneficiados en este caso” son Baika (empresa gestora del mercado), y McDonald's, y se preguntan por “el interés que mueve a Gema Igual a bendecir este pelotazo”.

El 17 de desembre de 2024, mes i mig després de la dana de València i quan el temporal polític i ciutadà arremetia contra l'aleshores president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua desastrosa gestió de la catàstrofe i per les seues mentides sobre el seu llarg i copiós dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, va emergir en la seva defensa el president de la Cambra de Comerç d'Alacant, Carlos Baño. En la Nit de l'Economia Alacantina, el també president de la Federació de Comerç i PIMEs de la Província d'Alacant (Facpime) va assegurar que el seu “germà” Carlos estava sent vilipendiat injustament i que sentia “vergonya aliena” pels “comportaments canalles que han tractat de treure rèdit polític de la catàstrofe quan major era el dolor de les víctimes”.

Un any després, des del mateix púlpit i amb Mazón ja dimitit, Baño va tornar a defensar el seu amic per “tindre la valentia de fer-se a un costat” i va denunciar “la desmesura de l'acarnissament inhumà” amb què havia sigut tractat. Entre 2011 i 2019, Baño, com a president, i Carlos Mazón, com a director gerent, van gestionar amb mà de ferro la Cambra de Comerç d'Alacant, que es va convertir en oposició al Govern d'esquerres que va guanyar les eleccions el 2015 i en punxa de Salvador Navarro, aleshores president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), que pretenia articular una patronal autonòmica sense caudillismes provincials.

Amb la seva tornada a la política el 2019, Mazón es va convertir en president de la Diputació d'Alacant i, després de la covid-19, va llançar el seu pla estrella a la institució provincial: el bo consum per reactivar l'economia. A través d'aquest programa es van injectar 58 milions d'euros en tres anys al comerç local, encara que la gestió va ser encomanada a Facpime, la federació de comerciants que presidia el seu amic Baño.

Per la gestió d'aquestes ajudes públiques va ser detingut ahir durant deu hores Carlos Baño, qui, poc abans de les 19.00 hores, va quedar en llibertat amb càrrecs acusat de delictes de frau de subvencions i falsedat documental, sense perjudici que la investigació puga ampliar-se a altres delictes vinculats a la corrupció política i empresarial.

L'operació policial, dirigida per la Fiscalia Anticorrupció i executada per la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF), va posar aquest divendres potes enlaire la ciutat d'Alacant. Mitja dotzena d'agents van detindre a primera hora del matí Baño perquè els acompanyara a registrar les oficines de Facpime. Els policies van romandre durant quatre hores a les dependències de la federació de comerç, tot això supervisat per un secretari judicial. Després de finalitzar els registres, la Policia Nacional va interrogar durant diverses hores Carlos Baño a comissaria.

A la seva eixida, el líder empresarial va assegurar que havia “col·laborant amb la justícia”. El seu advocat, que el va acompanyar en tot moment, va confirmar que la causa està sota secret de sumari.

L'operació de la Fiscalia Anticorrupció i la UDEF parteix d'una investigació inicial de l'Agència Valenciana Antifrau. Segons fonts coneixedores de la investigació, les indagacions giren entorn de l'empresa que Carlos Baño va crear després de l'aprovació del bo consum impulsat per Mazón.

Nexo Retail Alacant SL, una societat administrada per Baño i teòricament dependent de Facpime, es va quedar amb la gestió dels diners de la majoria d'ajuntaments que rebien els fons de la Diputació d'Alacant. “Hi havia un entramat d'empreses que es facturaven quantitats de diners molt elevades”, asseguren les mateixes fonts, que també apunten que Baño no només era administrador, sinó també “propietari real” de la societat.

L'inici de les activitats de Nexo Retail Alacant, el 13 de juliol de 2022, coincideix amb la posada en marxa del Programa Bo Consum impulsat per Mazón. Aquesta companyia facturava serveis als ajuntaments vinculats als diners que l'entitat provincial injectava als municipis que ho sol·licitaven, que eren la majoria.

Beneficis disparats des del primer any

L'empresa administrada per Baño presenta xifres molt elevades per a una pime recentment creada. El 2022, i amb tot just cinc mesos de funcionament, la companyia instrumental de Facpyme va facturar 676.896 euros i va obtindre uns beneficis de 512.966 euros, una rendibilitat superior al 75 %. El 2023, ja amb l'exercici complet, els ingressos de Nexo Retail Alacant van descendir fins als 371.627 euros, encara que els beneficis es van situar en 147.640 euros, segons els comptes dipositats al Registre Mercantil.

La companyia va decidir, a través del seu soci únic Facpime, que els beneficis que, en el seu cas, obtinguera en l'exercici tancat el 31 de desembre de 2023 “no serien distribuïts, sinó que romandrien com a romanent amb l'única voluntat de prestar serveis als socis de Facpyme”.

En concret, i segons els comptes oficials de la firma, aquests serveis inclouen l'organització d'esdeveniments i fires comercials; campanyes de publicitat i màrqueting; formació i capacitació; innovació i digitalització; implementació de tecnologies per optimitzar la gestió comercial i millorar l'experiència del client; i assessorament en gestió empresarial i optimització de recursos.

“Nexo Retail Alacant S.L. es compromet a mantenir la transparència en la gestió dels beneficis i a proporcionar informes periòdics tant a Facpyme com als comerciants locals sobre l'ús dels fons i l'impacte de les activitats de dinamització comercial. S'establiran mecanismes de control i auditoria interna per assegurar que els fons s'utilitzin de manera eficient i efectiva, alineats amb els objectius estratègics de dinamització”, explica també l'empresa en els seus comptes.

Sembla que aquests comptes i aquests propòsits de les auditories no han convençut la Fiscalia Anticorrupció, que amb la seva detenció ha assestat un dur cop a la qual ha estat una de les figures empresarials més polèmiques d'Alacant. Ni cinc mesos després de la caiguda en desgràcia del seu “germà” Carlos Mazón.

El 17 de diciembre de 2024, mes y medio después de la dana de Valencia y cuando el temporal político y ciudadano arreciaba contra el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su desastrosa gestión de la catástrofe y por sus mentiras sobre su larga y copiosa comida con la periodista Maribel Vilaplana, emergió en su defensa el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. En la Noche de la Economía Alicantina, el también presidente de la Federación de Comercio y Pymes de la Provincia de Alicante (Facpyme) aseguró que su “hermano” Carlos estaba siendo vilipendiado injustamente y que sentía “vergüenza ajena” por los “comportamientos canallas que han tratado de sacar rédito político de la catástrofe cuando mayor era el dolor de las víctimas”.

Un año después, desde el mismo púlpito y con Mazón ya dimitido, Baño volvió a defender a su amigo por “tener la valentía de echarse a un lado” y denunció “la desmesura del ensañamiento inhumano” con que había sido tratado. Entre 2011 y 2019, Baño, como presidente, y Carlos Mazón, como director gerente, gestionaron con mano de hierro la Cámara de Comercio de Alicante, que se convirtió en oposición al Gobierno de izquierdas que ganó las elecciones en 2015 y en azote de Salvador Navarro, entonces presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que pretendía articular una patronal autonómica sin caudillismos provinciales.

Con su vuelta a la política en 2019, Mazón se convirtió en presidente de la Diputación de Alicante y, tras la covid-19, lanzó su plan estrella en la institución provincial: el bono consumo para reactivar la economía. A través de este programa se inyectaron 58 millones de euros en tres años al comercio local, aunque la gestión fue encomendada a Facpyme, la federación de comerciantes que presidía su amigo Baño.

Por la gestión de estas ayudas públicas fue detenido ayer durante diez horas Carlos Baño, quien, poco antes de las 19.00 horas, quedó en libertad con cargos, acusado de delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, sin perjuicio de que la investigación pueda ampliarse a otros delitos vinculados a la corrupción política y empresarial. La causa está secreta y la investiga el titular de la plaza número 4 de la sección de Instrucción de Alicante tras una denuncia de Anticorrupción.

La operación policial, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), puso este viernes patas arriba la ciudad de Alicante. Media docena de agentes detuvieron a primera hora de la mañana a Baño para que les acompañara a registrar las oficinas de Facpyme. Los policías permanecieron durante cuatro horas en las dependencias de la federación de comercio, todo ello supervisado por un secretario judicial. Tras finalizar los registros, la Policía Nacional interrogó durante varias horas a Carlos Baño en comisaría.

A su salida, el líder empresarial aseguró que había estado “colaborando con la justicia”. Su abogado, que le acompañó en todo momento, confirmó que la causa está bajo secreto de sumario.

La operación de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF parte de una investigación inicial de la Agencia Valenciana Antifraude. Según fuentes conocedoras de la investigación, las pesquisas giran en torno a la empresa que Carlos Baño creó tras la aprobación del bono consumo impulsado por Mazón.

Nexo Retail Alicante SL, una sociedad administrada por Baño y teóricamente dependiente de Facpyme, se quedó con la gestión del dinero de la mayoría de ayuntamientos que recibían los fondos de la Diputación de Alicante. “Había un entramado de empresas que se facturaban cantidades de dinero muy elevadas”, aseguran las mismas fuentes, que también apuntan que Baño no solo era administrador, sino también “propietario real” de la sociedad.

El inicio de las actividades de Nexo Retail Alicante, el 13 de julio de 2022, coincide con la puesta en marcha del Programa Bono Consumo impulsado por Mazón. Esta compañía facturaba servicios a los ayuntamientos vinculados al dinero que la entidad provincial inyectaba a los municipios que lo solicitaban, que eran la mayoría.

Beneficios disparados desde el primer año

La empresa administrada por Baño presenta cifras muy elevadas para una pyme recién creada. En 2022, y con apenas cinco meses de funcionamiento, la compañía instrumental de Facpyme facturó 676.896 euros y obtuvo unos beneficios de 512.966 euros, una rentabilidad superior al 75 %. En 2023, ya con el ejercicio completo, los ingresos de Nexo Retail Alicante descendieron hasta los 371.627 euros, aunque los beneficios se situaron en 147.640 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

La compañía decidió, a través de su socio único Facpyme, que los beneficios que, en su caso, obtuviese en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 “no serían distribuidos, sino que permanecerán como remanente con la única voluntad de prestar servicios a los socios de Facpyme”.

En concreto, y según las cuentas oficiales de la firma, estos servicios incluyen la organización de eventos y ferias comerciales; campañas de publicidad y marketing; formación y capacitación; innovación y digitalización; implementación de tecnologías para optimizar la gestión comercial y mejorar la experiencia del cliente; y asesoramiento en gestión empresarial y optimización de recursos.

“Nexo Retail Alicante S.L. se compromete a mantener la transparencia en la gestión de los beneficios y a proporcionar informes periódicos tanto a Facpyme como a los comerciantes locales sobre el uso de los fondos y el impacto de las actividades de dinamización comercial. Se establecerán mecanismos de control y auditoría interna para asegurar que los fondos se utilicen de manera eficiente y efectiva, alineados con los objetivos estratégicos de dinamización”, explica también la empresa en sus cuentas.

Parece que estas cuentas y estos propósitos de las auditorías no han convencido a la Fiscalía Anticorrupción, que con su detención ha asestado un duro golpe al que ha sido una de las figuras empresariales más polémicas de Alicante. Ni cinco meses después de la caída en desgracia de su “hermano” Carlos Mazón.

La empresa Fernández y Roche-Industrias Sombrereras Españolas (Isesa) lleva varios años fabricando desde el municipio sevillano de Salteras sombreros para comunidades de judíos ortodoxos de Estados Unidos e Israel. Dos países que protagonizan un conflicto con Irán que está creando “incertidumbre” en el panorama económico y geopolítico de todo el mundo, pero que a esta factoría parece no salpicar.

“Para nosotros es como si no existiera el conflicto”, ha afirmado el director general de la empresa, Abraham Mazuecos, a Europa Press. Desde la entidad han señalado que ni la escalada de la guerra ni los aranceles impuestos por EEUU al comercio han cambiado la producción.

Entre los dos países sumaron 50.000 sombreros vendidos en el último año, según ha estimado Mazuecos quien también ha dejado claro que el conflicto “no afecta al transporte de la mercancía” a pesar de los cambios en las rutas de transporte.

140 años de historia

“Nosotros ponemos el producto en la puerta y es el cliente quien se encarga del transporte”, ha señalado el director, quien ha querido dejar claro que no tienen constancia de “ningún permiso especial religioso” para la entrada del producto en EEUU.

“La gestión de las aduanas y demás lo hace el cliente”, ha subrayado Mazuecos, tras ser preguntado por la posibilidad de una rebaja en los aranceles por el tipo de producto que vende.

Con 140 años de historia, Fernández y Roche-Industrias Sombrereras Españolas realizan de manera artesanal diferentes tipos de sombreros, desde más tradicionales hasta más actuales, y desde hace años una de sus especialidades son los encargos y ventas de sombreros para comunidades de judíos ortodoxos.

“Debemos impulsar el desarrollo de un mercado nacional unificado y asegurar que las fortalezas del enorme mercado chino sigan brillando”, señala el XV Plan Quinquenal, que marca las metas de desarrollo económico y social de China hasta el 2030 y fue presentado por el primer ministro, Li Qiang, a la Asamblea Nacional este jueves. Un proyecto a través del cual los líderes de la segunda economía del planeta pretenden convertir la inmensa escala doméstica del país, con sus 1.400 millones de habitantes, en la palanca definitiva para dictar las normas del comercio y la tecnología mundial.

En Pekín son conscientes de que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el mundo ha entrado en una nueva era de relaciones internacionales. Los dirigentes chinos saben que ya no basta con ser la “fábrica del mundo” y que para influir a nivel planetario tienen que dar un paso más. Razón que los lleva a apostar por que el coloso asiático promueva un mercado interno con una normativa única de funcionamiento y que esta se convierta en el “estándar del mundo”, para superar la presión de Occidente y afianzar su desarrollo económico.

El reto no es menor. Con esta iniciativa, el presidente Xi Jinping pretende eliminar los cuellos de botella que frenan el progreso del país, como el declive demográfico que lastra el consumo y el “feudalismo económico”, término con el que Pekín define el poder de los líderes provinciales para imponer su ley ignorando las reglas dictadas por el poder central.

Durante décadas, el milagro chino se ha alimentado de una competencia feroz entre provincias. Los dirigentes locales actuaban en sus territorios al margen de Pekín, protegían a sus empresas con subsidios opacos y barreras invisibles, para evitar que industrias de provincias vecinas les disputaran cuotas de mercado o ingresos fiscales. Este esquema productivo funcionó y contribuyó a que la economía china creciera a un ritmo de dos dígitos durante años, debido a que había una mano de obra excedentaria y no existían problemas de financiación.

Pero en 2026 este modelo está agotado. La crisis inmobiliaria ha dejado a los gobiernos locales con las arcas vacías y una deuda de más de 8 billones de euros que amenaza la estabilidad financiera del país. Ante este panorama, Pekín quiere aprovechar el XV Plan Quinquenal para desmantelar este “feudalismo económico” e imponer nuevas reglas de juego, al tiempo que sienta las bases para duplicar el PIB per cápita para el 2035 respecto al de 2020, que era de 10.504 dólares.

Ya no se trata de que Cantón rivalice con Shanghai o Shenzhen para crear campeones nacionales. El objetivo es que China y sus empresas compitan como un solo bloque contra el resto del mundo para lograr el liderazgo mundial. Una meta que Pekín considera difícil de alcanzar si no puede imponer la existencia de una sola regla, un solo estándar y un solo mercado, que sustituyan el conglomerado de barreras normativas provinciales y locales actuales.

La factura logística

Y es que la ineficiencia que supone este mapa fragmentado por un sinfín de reglas tiene un coste enorme que afecta a la competitividad empresarial. Según la Federación China de Logística y Compras (CFLP), los costes logísticos en China representan el 14% de su PIB, frente al 8% de Estados Unidos o el 9% de la Unión Europea. Una brecha que no es tecnológica, sino fundamentalmente burocrática y regulatoria.

Para neutralizar esta diferencia con Occidente, las autoridades chinas consideran que la mejor herramienta consiste en favorecer la creación de un mercado único interior y la digitalización total de la logística. Estiman que, cumpliendo las directrices del XV Plan Quinquenal, deberían reducir este coste al 10% para 2030, como consecuencia de la simplificación de la burocracia administrativa.

Con esta iniciativa que ya apuntaba el anterior plan quinquenal, China no solo aspira a mejorar su mercado interno, sino que pretende proyectar sus protocolos más allá de sus fronteras. Pekín ambiciona que cualquier empresa, sea local o extranjera, adopte automáticamente sus reglas de funcionamiento y las aplique de manera generalizada. Una fórmula que contribuiría a consolidar el “estándar chino” como la norma genérica por defecto.

El proyecto es muy ambicioso. Si Pekín logra crear un mercado único interior, con reglas para la inteligencia artificial, el flujo de datos y la energía verde idénticas en todo su territorio, habrá dado un paso fundamental para alcanzar el liderazgo mundial. Situará a las corporaciones globales ante el dilema de adoptar el estándar técnico chino o renunciar al mayor mercado del planeta. No se trata de un asunto baladí. Según la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China (SAMR), el país cuenta con 1,2 millones de compañías extranjeras registradas. Ofrecerles un mercado único de 1.400 millones de consumidores sin trabas administrativas es un panorama muy tentador.

Al mismo tiempo, la generación de estas “reglas estándar” deberían facilitar la expansión internacional de sus empresas. Si Pekín logra que las normas que aplica se conviertan en el “estándar del mundo” facilitaría que sus compañías acudieran a otros mercados con una regla ya validada, lo que supone una ventaja competitiva importante.

No obstante, la implementación de ese mercado único chino no será fácil. Las ambiciones de Xi Jinping chocan con la percepción y la desconfianza de los inversores internacionales. En sus últimos informes, tanto la Cámara de Comercio de la UE en China, como la de EEUU, temen que esa iniciativa solo beneficie a las empresas locales. Su experiencia sobre el terreno les hace sospechar que el proteccionismo local persistirá de forma invisible a ojos de Pekín, y seguirá reinando la falta de transparencia jurídica. En definitiva, un entorno desigual que seguirá perjudicando a las firmas extranjeras.

Este panorama da a entender que la creación de un mercado interior unificado constituye el mayor desafío que propone el XV Plan Quinquenal. Si Pekín consigue convertirlo en realidad, China habrá dado un paso de gigante para construir la plataforma definitiva para proyectar su influencia global. Si fracasa, seguirá siendo un gigante con pies de barro burocráticos, incapaz de dictar las normas comerciales del siglo.

Un hipotético cese del comercio bilateral entre España y Estados Unidos supondría para Asturias un impacto equivalente al 1,02 por ciento de su producto interior bruto (PIB), así como la pérdida de casi 4.000 empleos, según un estudio del laboratorio de análisis económico regional REGIOlab de la Universidad de Oviedo.

El informe ha sido elaborado tras la reciente amenaza de la administración estadounidense de cesar por completo el comercio con España, como represalia por la falta de cooperación española en el conflicto con Irán y la negativa a incrementar el gasto militar al nivel de otros miembros de la OTAN, lo que, según los expertos de este organismo, “ha desatado una situación de incertidumbre inédita en el ámbito de la posición de España en el comercio internacional”.

El impacto

De cara a ese “hipotético escenario”, en el que Estados Unidos dejaría de importar bienes y servicios españoles y España actuaría de manera recíproca, “el grado de exposición de Asturias es limitado, pero no despreciable”, con un impacto sobre el PIB del 1,02 por ciento, frente a la media nacional del 1,19 por ciento.

Asturias sería la tercera comunidad con menor impacto sobre el PIB, solo por delante de Canarias y Castilla y León, con un 0,82 y un 0,89 por ciento, respectivamente.

La pérdida de empleos

Las autonomías que resultarían más perjudicadas serían Extremadura, con un 1,99 por ciento; Cantabria, con un 1,45 por ciento; Castilla-La Mancha, con un 1,44 por ciento; Madrid, con un 1,41 por ciento, y Navarra, con un 1,40 por ciento.

La pérdida de cerca de 4.000 empleos en la comunidad autónoma recaería especialmente sobre la industria pesada y los sectores de servicios que dependen de la actividad industrial, como finanzas, seguros y servicios a empresas. 

¿Hasta qué punto la última amenaza de Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España e imponer un embargo a los productos de nuestro país es una bravuconada más o una amenaza real para la economía? Esa es la pregunta más repetida este miércoles en los pasillos de La Moncloa, en los de la Comisión Europea, en los centros de análisis y en las empresas exportadoras, que miran con recelo el nuevo arranque del presidente de Estados Unidos.

El acrónimo TACO (Trump Always Chickens Out, Trump siempre se acobarda) se ha puesto de moda durante el segundo mandato del magnate neoyorquino, toda vez que su fama de negociador pasa por llevar al límite cualquier asunto, aunque luego ceda y las ganancias sean mínimas. Un “juego del matonismo”, como lo define la exministra de Exteriores (2020-2021) Arancha González Laya, que se ha convertido en una constante desde su re-aterrizaje en la Casa Blanca.

“Cada vez que un país le lleva la contraria, reacciona de manera bravucona, diciendo que va a tomar represalias. Luego habrá que ver si se cumplen o no”, explica quien fuera la jefa de la diplomacia española, ahora decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, que cita el tenso encuentro con Zelenski en el despacho oval, los ataques al primer ministro británico Keir Starmer o el conflicto con Dinamarca a cuenta de Groenlandia.

Este martes, Trump mostró su disgusto ante el “horrible” comportamiento del Gobierno español, que impidió al Ejército estadounidense hacer uso de las bases militares de Rota y Morón dentro de la ofensiva en Irán. Y, de paso, manifestó su resentimiento por que España se haya negado a subir el gasto en Defensa más allá del 2% del producto interior bruto (PIB).

“Le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que corte todas las relaciones con España. España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos han sido poco amistosos. (...) Podría detener mañana, hoy mejor aún, todo lo que tenga que ver con España. Embargos. Podemos hacerlo con España”, dijo Trump ante la prensa durante un encuentro con un silente canciller alemán, Friedrich Merz, que no solo no defendió a una nación europea atacada, sino que reconoció que trataba de convencer a Pedro Sánchez de llevar las inversiones militares al 3,5% del PIB.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuró la mañana del miércoles en una ronda de entrevistas en medios de comunicación para tratar de calmar a la población y recordar que, en materia comercial, los Veintisiete estados miembros de la Unión Europea funcionan como uno solo. “No hemos tenido ocasión de hablar con ellos [el Gobierno de Estados Unidos], pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad: más allá de estas declaraciones, no hay ninguna actuación encima de la mesa”, subrayó. El vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, rompió una lanza a favor de España al recordar que “cualquier amenaza contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”.

“Tampoco es tan simple que Trump pueda ordenar esto, como hemos visto recientemente con el Tribunal Supremo, que canceló los aranceles del Día de la Liberación, porque para ello hace falta base legal y también el acuerdo del Congreso. Para un corte más inmediato y fuerte se podría ir a través de los poderes económicos de emergencias del Departamento del Tesoro, pero aplicarlo contra un aliado de la Unión Europea sería algo extraordinario y políticamente explosivo”, señala el economista y senior fellow de Esade Center for Global Economy and Geopolitics (EsadeGeo), Omar Rachedi. 

Pero legalidad y Trump son, según los expertos consultados, dos conceptos que no siempre van de la mano. “Al hablar del orden multilateral, cuando Trump está en la ecuación, lo teórico y lo práctico no siempre están alineados”, dice el profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, Carlos Victoria. “Es muy sencillo decir que imponer aranceles o un embargo a España no se puede hacer en el marco legal, pero hay que ver cuál es el ámbito de lo posible y recordar que Trump siempre puede extralimitarse”, abunda. Un argumento en el que coincide la exministra González Laya: “El respeto a la ley no es un freno para él ni en Estados Unidos, donde sus propias empresas han tenido que ir a los tribunales para que anulen los aranceles”, señala.

Corte de relaciones, embargo o aranceles

En el Despacho Oval, Trump planteó tres opciones. O un corte de las relaciones con España, que el año pasado alcanzaron los 45.000 millones de euros, con un saldo comercial favorable para Estados Unidos; un embargo de los productos procedentes de nuestro país; o, incluso, la carta ya manida de los aranceles.

A pesar de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbó gran parte de los aranceles de Trump, el fallo confirmó su capacidad de imponer un embargo comercial. “Sin embargo, tendría que declarar una emergencia nacional en la que España sea una ‘amenaza inusual y extraordinaria’ para el país”, explica la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, María Concepción Latorre. “Probablemente, es difícil demostrar que la negativa de España a usar las bases aéreas en su territorio lo sea”, señala quien fuera Experta Nacional Destacada en la Comisión Europea y miembro del Grupo de Expertos en Comercio Internacional.  

En la misma línea se pronuncia la analista internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) Francesca Emanuele. Ese precepto se ha aplicado con Cuba, Venezuela o Irán, pero “sería muy difícil de justificar” frente a un aliado de la OTAN. Pese a todo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó este mismo miércoles, en una entrevista en la CNBC, que “cualquier cosa que ralentice” la “capacidad de llevar a cabo esta guerra [en Irán] de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses”. “Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses”, insistió sobre la negativa a utilizar las bases de Morón y Rota. 

Pero hay otros castigos comerciales que se mueven en los márgenes. Desde la década de los años 80 del siglo XX, hasta entrado el XXI, Estados Unidos prohibió la entrada de jamón y otros productos porcinos al país, amparándose en restricciones sanitarias, tras haberse declarado en España una crisis porcina. “La crisis se solucionó en un par de años, pero no abrieron el mercado hasta más de dos décadas después”, recuerda el catedrático de Internacionalizacion de Empresas y jefe de sector en excedencia en ICEX Jesús Arteaga.

Así, si Trump quiere evitar el choque frontal con la Unión Europea puede optar por “instrumentos aduaneros, que permitan la no importación temporal de determinados productos debido a cuestiones sanitarias o fitosanitarias”. “Es una cláusula de salvaguarda”, señala el experto.

Más allá del encaje legal de una medida de este tipo, España compra a Estados Unidos más de lo que vende, señala González Laya. “Otra de las lecciones que nos deja este último año es que el 90% de los aranceles los están pagando las empresas y los consumidores estadounidenses. Teniendo en cuenta la situación de su economía, el aumento de los precios de la energía, el nivel de inflación y que la Reserva Federal no va a poder bajar los tipos… La inflación se les va a descabalgar. Él verá si quiere que siga subiendo”, apunta la exministra.

Otras voces, sin embargo, minimizan el impacto en aquel país. “Estados Unidos es una economía enorme y muy poco abierta al exterior, porque en el interior encuentra gran parte de lo que necesita, a diferencia de nuestro país o en Europa. Salvo el jamón ibérico, cabe esperar que otros países nos sustituyeran. No creo que preocupe tanto allí como nos debe preocupar a nosotros”, responde la catedrática Latorre.

Pero, aunque en términos comerciales, algunos sectores como el agroalimentario –las exportaciones de aceite de oliva o vino son claves– pudieran verse afectados, los anhelos de Trump podrían traducirse en otras medidas, más allá de embargos o tarifas. Estados Unidos es el primer inversor en nuestro país: 130.000 millones de inversión acumulada, según datos de la Cámara de Comercio estadounidense en España. En 2024, fue el primer destino de inversión de las empresas españolas (7.709 millones de euros), y fue el segundo país que invirtió más en España (6.158 millones), después de Reino Unido, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía.

“Una de las vías es que el Gobierno estadounidense intente condicionar las inversiones de empresas americanas en España”, apunta el profesor Victoria. Justo esta semana, con motivo del Mobile World Congress, la multinacional Amazon anunció 18.000 millones extra para sus centros de datos en Aragón. Jeff Bezos, su fundador, fue uno de los donantes de la investidura de Trump y, a través de su control del Washington Post, ha rebajado la tensión mediática sobre el presidente. Sin embargo, González Laya estima que esta operación en concreto no está en peligro, al tratarse de “una empresa con gran anclaje” en España. 

Pero la mera mención de una crisis comercial tiene “efectos directísimos” en las empresas españolas. Tanto en las que están en procesos de inversión o implantación en el exterior como en las que se plantean aumentar su actividad comercial. “Nadie mete dinero [en otro país] sabiendo que en cualquier momento le pueden parar”, razona Arteaga.

Otra posible vía es dificultando la entrada de españoles al país. “Lo ha hecho con ciudadanos europeos, como al comisario francés Thierry Breton, a quien le retiró el visado porque fue el artífice de la legislación europea en mercados digitales”, detalla la decana González Laya.

El impacto de las declaraciones de Trump ya se está traduciendo, eso sí, en incertidumbre para algunas decisiones empresariales. La cooperativa aceitera Dcoop anunció este miércoles su decisión de “ralentizar, aplazar o aparcar” la compra del 100% del capital de la compañía oleícola estadounidense Pompeian, de la que ahora tiene un 50%. “Solo con estos anuncios, aumenta la incertidumbre y el shock que provoca sobre los mercados y las expectativas es gigantesco: en términos de consumo, de inversión, de expectativas y previsiones”, explica el profesor de ICADE.

Pero ese daño no afecta únicamente a la economía española, el David que se enfrenta al Goliat estadounidense. “Cuando uno mira las cifras, no hay grandes inversiones en Estados Unidos porque muchas empresas están esperando a ver cómo se estabiliza un entorno regulatorio que es muy inestable”, señala González Laya, para quién el conflicto en Irán añade una nueva capa de inestabilidad. 

Al margen de la proporcionalidad de la respuesta de Trump a la negativa española a involucrarse de ninguna manera en la operación iraní, que Sánchez ha justificado con un “no a la guerra”, Latorre recuerda que la política exterior es “un área especialmente sensible, que afecta a todos españoles y en la que es importante sentirse bien representado”. “Me parece que no es bueno singularizarse frente a la economía más importante del mundo, sobre todo si se hace sin consenso en el Congreso”, apunta para indicar que “sería muy distinto si se hubiera obrado en consenso con otros países de la UE o, mejor aún, con todo el frente común de la UE”.

El Gobierno, sin embargo, se muestra confiado en que el tiempo traerá, al menos, a un parte de los países del entorno a ese consenso. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias”, defendió Sánchez.

Andalucía es la segunda comunidad autónoma en exportaciones a EEUU tras Cataluña, al que vendió en 2025 más de 2.600 millones de euros, siendo el aceite de oliva el producto estrella. Con respecto a 2024, cuando las exportaciones alcanzaron los 3.138 millones de euros, las ventas cayeron el año pasado –16,9%– motivado “principalmente” por los combustibles (-26,6%) y el precio del aceite de oliva (-24,1%), representando ambos “casi la mitad de las ventas al país”.

Son los datos que maneja la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. La bajada de las exportaciones se redujo en 2025 a una caída del 14,1% en las ventas no energéticas (no combustibles). El aceite de oliva bajó en precio pero subió en toneladas, con un aumento del 28,2%. EEUU es el primer mercado no europeo y el quinto mundial, con el 6,4% del total.

Con estos datos, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha confiado este miércoles en que la “amenaza” de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España “no se materialice” porque “EEUU ha sido y tiene que seguir siendo un aliado preferente de Andalucía en material comercial”.

“Un gran cliente”

Así lo ha manifestado Fernández-Pacheco en declaraciones a los medios antes de la inauguración de un simposio sobre sanidad vegetal en Sevilla. El consejero de Agricultura ha aclarado que no le corresponde valorar la “posición militar o internacional del Gobierno de España” pero, como responsable de la política agrícola andaluza, “sí que manifiesto que EEUU, como socio preferente de Andalucía, es uno de nuestros grandes clientes”, con productos como el aceite de oliva, la aceituna de mesa y el vino.

“Los consumidores estadounidenses eligen siempre que pueden la posibilidad de consumir productos andaluces porque son de calidad, seguros y con trazabilidad alimentaria”, ha apuntado Fernández-Pacheco, que ha confiado en que “las circunstancias internacionales no las acaben pagando los agricultores de Andalucía”. “No podemos ser la moneda de cambio de intereses que nada tienen que ver con la agricultura”, ha apostillado.

En esta línea, ha recordado además que Andalucía encadena “una temporada” de circunstancias geopolíticas que “vienen siendo determinantes a la hora de sacar adelante las producciones”, en alusión a los precios de los insumos, el del combustible y el cierre de fronteras. “Como Gobierno regional y teniendo en cuenta nuestras competencias, lo único que podemos pedir y desear es que la agricultura no sea la moneda de cambio y que acabe pagando los platos rotos de la política internacional”.

Las organizaciones piden acuerdos con terceros países

Por su parte, las organizaciones Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han reclamado acuerdos con terceros países “para evitar incertidumbres”. En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha concretado que EEUU es “el segundo país exportador más importante que tenemos”, motivo por el que ha reclamado que “en momentos así, echamos en falta acuerdos comerciales con terceros países que nos permitan abrir nuevos mercados”.

En esta línea, Cózar ha indicado que esperan “que no repercutan estas decisiones del presidente norteamericano” ante la ofensiva lanzada conjunta con Israel hacia Irán el pasado sábado, 28 de febrero, al tiempo que ha pedido “prudencia” hasta conocer “si se cierran realmente las puertas a cualquier comercio de Estados Unidos con España”.

Por su parte, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Sierra, ha precisado que la postura del Gobierno español ante el “exabrupto” de Trump debería ser “la que conjuntamente tiene la Unión Europea”, así como ha pedido “no meterse innecesariamente en charcos que acaban causando grandes problemas”.

En cambio, COAG Andalucía ha comparado el conflicto bélico en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz con la situación sobrevenida por la guerra en Ucrania y el consecuente aumento de los costes de producción. Por ello, ha mostrado “su profunda preocupación” ante “un nuevo encarecimiento de la energía y de los insumos agrarios”, lo que supondría “un nuevo varapalo para la rentabilidad de agricultores y ganaderos andaluces”, según han emitido en una nota.

“Pagano de las decisiones geopolíticas”

“Nos preocupa seriamente que la historia se repita”, ha declarado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, que ha apuntado que “cada conflicto internacional acaba repercutiendo directamente en el campo andaluz, especialmente a través del precio de la energía y los insumos”, y los agricultores y ganaderos “no pueden volver a asumir en solitario otro golpe de estas dimensiones”.

Al hilo, la organización agraria ha apostillado que el encarecimiento del petróleo y del gas tendría un “efecto inmediato” en el gasóleo agrícola, el transporte, los fertilizantes nitrogenados y, en definitiva, en el conjunto de la cadena alimentaria, motivo por el que han reclamado a las administraciones “vigilancia, anticipación y medidas preventivas” para evitar que una nueva crisis internacional “vuelva a traducirse en pérdida de rentabilidad en el campo”.

También se ha pronunciado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ante la amenaza de ruptura de relaciones económicas de Estados Unidos con España, y ha explicado que desde su organización les “llena de mucha incertidumbre” un conflicto con Estados Unidos, “sobre todo en sectores como el aceite o la aceituna de mesa”.

“El 17% de nuestra producción se exportó a EEUU, por tanto nos preocupa que el sector agroalimentario pague las consecuencias de un conflicto en donde nuestro sector, como siempre, va a ser el pagano de las decisiones geopolíticas que ocurran en el caso de España”, ha criticado Torres.

Por este motivo, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucia ha exigido al Ejecutivo en un vídeo remitido a los medios “retomar las relaciones diplomáticas con un país como EEUU, para nosotros muy importante desde el punto de vista agroalimentario”, mientras que ha deseado que “no se impongan ni aranceles ni trabas comerciales al libre comercio como consecuencia de un conflicto geopolítico”.