El Tribunal Constitucional tiene previsto admitir a trámite esta próxima semana el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de Concordia de Extremadura, al considerar que la norma autonómica reduce la protección reconocida a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e invade competencias que corresponden al Estado.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías abordará previsiblemente la admisión del recurso en el pleno que comienza este martes, con el que el Constitucional abre el nuevo curso judicial.

El Gobierno cuestiona varios aspectos de la legislación extremeña y sostiene que no se limita a desarrollar competencias propias de la comunidad autónoma. En su recurso argumenta que la norma incumple el deber de colaboración con el Estado, vulnera la dignidad de las víctimas y regula materias reservadas constitucionalmente a la Administración estatal.

Afecta a los derechos de las víctimas

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que la Ley de Concordia rebaja la protección que establece la Ley estatal de Memoria Democrática. En concreto, señala que quedan afectados derechos como el de las víctimas a la verdad, a la reparación material y moral y a las garantías de no repetición.

El recurso rechaza además que la denominada “concordia” pueda sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas. El Gobierno sostiene que la reconciliación social debe construirse sobre el reconocimiento y la reparación de quienes sufrieron la Guerra Civil y la dictadura, y no limitar los derechos que les reconoce la legislación estatal.

Otro de los puntos cuestionados es la colaboración entre las distintas administraciones. Según el Ejecutivo, la ley extremeña restringe la cooperación institucional prevista en el artículo 14 de la Ley de Memoria Democrática al supeditarla a lo establecido en la propia normativa autonómica. A juicio del Gobierno, esta previsión puede dificultar la aplicación uniforme de la legislación estatal en Extremadura y condicionar la colaboración de la Junta con la Administración General del Estado en materia de memoria democrática.

El recurso plantea asimismo una posible invasión de competencias estatales en ámbitos procesales y educativos, al entender que la norma extremeña entra en materias cuya regulación corresponde al Estado en virtud de la Constitución.

La admisión a trámite del recurso no supone todavía que el Constitucional haya declarado inconstitucional la Ley de Concordia. El tribunal deberá estudiar ahora el fondo de las cuestiones planteadas por el Gobierno y determinar si los preceptos recurridos se ajustan al marco constitucional.

El pleno del Constitucional tiene previsto abordar también la admisión del recurso presentado por el Gobierno contra la ley de la Comunidad de Madrid que habilita a esta autonomía para ejercer la acción popular en determinados ámbitos.

Aquel aliento sofocante de agosto de 1938 no solo traía a Don Benito la calima propia del verano extremeño, sino también el hedor denso del miedo. Apenas dos semanas antes, la ciudad había dejado de respirar bajo el amparo republicano para desplomarse en la garra de las tropas sublevadas. En mitad de esa zozobra, una joven de apenas 17 años caminaba a paso apresurado con una fardela de tela entre las manos. Llevaba comida caliente para su madre, encarcelada tras las primeras batidas de la represión.

Al cruzar el umbral del presidio improvisado —ubicado en un antiguo caserón de la entonces calle La Cilla, hoy rebautizada como calle Madre Matilde y ligada históricamente a los edificios del Colegio Sagrado Corazón y las Azules—, la respuesta oficial no adoptó la forma de una notificación firmada ni de un trámite judicial. Fue un portazo verbal, seco y definitivo: “Dese la vuelta. A su madre la han fusilado esta misma mañana”. Sin despedidas. Sin cuerpo al que velar. Sin una sola explicación.

Isabel Rodríguez Sánchez-Collado había sido ejecutada al amanecer de aquel 8 de agosto de 1938. Su hija, Francisca Aparicio Rodríguez, tuvo que desandar el camino a casa con la comida intacta, el pecho destrozado y una inmensa responsabilidad sobre los hombros: con solo 17 años, tuvo que hacerse cargo inmediatamente de todos sus hermanos menores. Aquella frase atroz y aquel golpe brutal resonarían en el seno familiar durante casi noventa años.

En el Don Benito republicano, donde las estructuras sociales asignaban a las mujeres un papel abnegado y doméstico, Isabel rompió moldes con la contundencia de un relámpago. Mientras los registros burocráticos apenas conservaron de ella trazos esquemáticos que la encasillaban simplemente como 'ama de casa' o vecina del municipio, la memoria viva de la comarca de La Serena guarda un retrato inconfundible. La llamaban ‘La Roja’, pero sobre todo era conocida por ‘La Truena’. El apodo no era fruto del azar: hacía referencia a su carácter indomable y a una voz potente, capaz de proyectarse en arengas con apasionada firmeza por encima de las muchedumbres.

Isabel no se limitaba a simpatizar con la causa de los trabajadores; subía a los estrados, tomaba las tribunas públicas y pronunciaba mítines en una época en la que el simple hecho de que una mujer hablara de política en la plaza representaba un acto de audacia revolucionaria. Aunque la documentación no ha conservado aún las siglas concretas de su militancia, el recuerdo de sus intervenciones públicas permaneció grabado a fuego. Un objeto encontrado en su casa, que podría pertenecer a uno de sus hermanos, y ahora de su nieto, Francisco Lozano Rodríguez, deja todo mucho más claro. Se trata de un sello de las Juventudes Socialistas Unificadas del entorno del partido comunista. Lo que es más que evidente es que en aquel verano sangriento de 1938, tomar la palabra en público equivalía a firmar tu propia condena.

Para comprender el contexto de su detención hay que mirar al colapso militar de la comarca. Don Benito pertenecía a la denominada Bolsa de La Serena, uno de los últimos reductos leales a la República en suelo extremeño. Entre el 20 y el 24 de julio de 1938, una encarnizada ofensiva franquista logró cerrar el cerco sobre la zona, iniciando de inmediato una cruenta labor de depuración social y política en Don Benito y Villanueva de la Serena. Quienes ostentaron cargos, militaron en sindicatos o destacaron por su beligerancia verbal quedaron expuestos a las detenciones sumarísimas y a los paseos en la madrugada que acababan con la respiración y, por lo tanto, con la misma vida.

Isabel fue recluida en la cárcel habilitada en la calle La Cilla. Gracias a la investigación histórica del profesor Julio Carmona Cerrato sobre la figura de Juan Aparicio Quintana, publicada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, hoy se sabe que Isabel compartió celda durante varios días con Inocencia, la madre de Juan Aparicio. Ambas mujeres permanecieron juntas en aquel caserón hasta que a finales de julio Inocencia fue puesta en libertad. Su marido, Joaquín Aparicio, había intercedido durante el periodo republicano por una influyente familia comerciante de la ciudad, salvando a varios de sus miembros, lo que sirvió para librar a su esposa de la muerte. Isabel, en cambio, no contó con esa salvaguarda ni con intercesores del otro bando. Fue fusilada pocos días después.

El destino de Isabel quedó sepultado también bajo una maraña de opacidad administrativa. Mientras las investigaciones de la historiadora Jacinta Gallardo Moreno sobre la represión en Badajoz situaron su fallecimiento el 8 de agosto de 1938, el certificado oficial de defunción no se estampó en el Registro Civil hasta el 22 de octubre de 1948. Diez largos años separaron su ejecución de su reconocimiento legal, un patrón habitual del régimen franquista para sumir a las familias de los represaliados en un limbo burocrático y amortiguar las cifras de la represión.

Silencio y exilio

Tras la muerte de Isabel sobrevino el miedo y un prolongado silencio. Aquella joven de 17 años que regresó con la fardela de comida se convirtió con el paso del tiempo en una auténtica matriarca. Durante décadas, Francisca guardó en el dolor y en la privacidad los detalles de lo sucedido para proteger a los suyos, transmitiendo la historia en susurros contados por los abuelos y los padres: los mítines, el apodo de ‘La Truena’, el encierro en La Cilla, la comida devuelta y el paredón.

La losa de la dictadura llevó a la familia a tomar una decisión tajante en la década de 1960: la hija de Isabel cogió a toda la familia y emigró a Francia. Allí rehicieron sus vidas, tuvieron hijos, hijas y nietos, y no regresaron a España hasta 1978, cuando la democracia parecía al fin asentada. La matriarca trajo de vuelta a toda la estirpe para reencontrarse con sus raíces sin el peso del pánico que la había acompañado desde la adolescencia.

Hoy, la investigación familiar —tanto la de Francisco como la de otro de sus bisnietos, Alain Rodríguez Quirós,— y el rastreo documental han permitido despejar una duda que durante años se interpretó como un misterio genealógico. Había una segunda mujer registrada como fusilada el 8 de agosto de 1938, María Teresa Rodríguez Sánchez‑Collado, no era una hermana ni una posible gemela de Isabel. Era la misma persona. Primero fue inscrita como Teresa y, tras ser adoptada por otra familia en su infancia, recibió el nombre de Isabel. El cruce de padrones, actas de nacimiento y testimonios orales ha permitido reconstruir ese tránsito identitario y confirmar que bajo ambas denominaciones se escondía una sola biografía: la de la mujer que acabaría siendo conocida en la comarca como La Truena.

Durante mucho tiempo quedaron preguntas cruciales sobre la mesa: saber con precisión en qué fosa común descansaban sus restos, rescatar la documentación judicial o penitenciaria que detalle las acusaciones formales y reconstruir cada paso de aquella mujer que desafió a su tiempo. Casi noventa años después, al encajar los papeles oficiales con los recuerdos que sobrevivieron al exilio francés, la historia de Isabel Rodríguez Sánchez-Collado emerge definitiva. Su nombre vuelve a pronunciarse en voz alta en Extremadura devolviendo la dignidad a la mujer a la que pretendieron callar y cuyo eco vuelve a resonar en la memoria democrática de su pueblo. Que jamás se olvide su nombre.

La incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres ha abierto un conflicto inesperado en el ámbito académico. El expediente elaborado por la Junta de Extremadura recurre a investigaciones de dos especialistas en memoria franquista —César Rina y Miguel Ángel del Arco— para justificar la protección del monumento, pero ambos historiadores denuncian que sus trabajos han sido citados de manera parcial y orientada a sostener una interpretación que ellos no comparten. La controversia, que ya ha trascendido al terreno administrativo, abre un debate sobre el uso institucional de la investigación académica y sobre el relato histórico con el que se pretende justificar la permanencia del monumento en su emplazamiento actual.

La disputa estalló cuando César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED, recibió la resolución autonómica y comprobó que su nombre aparecía entre las fuentes empleadas para justificar la protección del monumento. Su sorpresa llegó al leer cómo se habían utilizado “torticeramente” fragmentos de su investigación. Según explica, el expediente selecciona afirmaciones aisladas que, presentadas sin contexto, terminan defendiendo la tesis contraria a la que él sostiene. “Pretenden aprovecharse de mi prestigio profesional y exijo que retiren mi nombre porque yo no suscribo nada de lo que ahí se dice”, afirma. Habla de un uso “interesado” de su trabajo y de una tergiversación de sus conclusiones: “Están cambiando mi opinión, están cambiando mi trabajo para defender lo que ellos quieren, que es la protección de la Cruz”.

Uno de los ejemplos que más le ha sorprendido es la referencia a una supuesta ausencia de documentación gráfica sobre el monumento. Rina lo considera directamente falso. “¿Cómo no va a haberla si la Cruz fue la reina de todas las fiestas franquistas? Hay centenares de fotos de su construcción, de su inauguración y de todo lo que se celebraba en torno a ella”. El historiador, que lleva más de una década investigando la construcción de la memoria franquista en Cáceres y que ha consultado durante meses documentación municipal y distintos fondos relacionados con el proyecto, se defiende: “He consultado el proyecto original, los diferentes proyectos que se entregaron, el avance de las obras, los datos económicos, la inauguración. Todo se conserva”. Por eso considera especialmente grave que se le atribuya la idea de que no existe documentación suficiente. “Me atribuyen a mí la frase de que no hay documentación. Pero ¿cómo voy a decir yo que no hay documentación si en mi libro La construcción de la memoria franquista en Cáceres (2012) he publicado mucha de esta documentación?”.

Para Rina, la tergiversación metodológica no es solo un problema técnico: es precisamente lo que, a su juicio, abre la puerta a una lectura política del expediente y explica por qué sus conclusiones aparecen invertidas en la resolución. Considera que esta contradicción revela la premura con la que, a su juicio, se ha elaborado el expediente. Cree que la Junta intenta blindar el monumento ante el conflicto abierto con el Gobierno central y que la declaración BIC permitiría “ganar tiempo” para proteger la Cruz. Pero sostiene que esa decisión política debería asumir sus consecuencias sin recurrir a investigadores que sostienen precisamente una interpretación histórica diferente. “Yo creo que esto no lo ha hecho un especialista en patrimonio como se suelen hacer las declaraciones BIC”, afirma. A su juicio, el expediente presenta un análisis “muy poco riguroso” y detrás puede existir “una mano política”. El historiador va más allá y considera que el documento intenta proporcionar una “pátina de cientificidad” a una decisión que, en su opinión, tiene un componente ideológico.

La Junta reconoce en su propia documentación que la Cruz nació en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres acordó el 9 de septiembre de 1937 levantar una cruz “en homenaje a los caídos”. El punto de ruptura aparece cuando el expediente sostiene que la intervención municipal de 1984 —la eliminación de inscripciones franquistas— habría modificado sustancialmente su lectura pública y otorgado al monumento un nuevo significado acorde con los valores constitucionales. A partir de ahí, la Junta plantea que la valoración patrimonial actual debe centrarse en sus valores formales, arquitectónicos y urbanísticos, desvinculándolo del sentido conmemorativo original.

Es precisamente esa operación de separación entre el monumento y su contexto histórico la que cuestionan Rina y Del Arco. Para ellos, la discusión no consiste en determinar si la Cruz fue construida durante el franquismo —algo que nadie discute—, sino en decidir si una intervención realizada décadas después puede borrar o alterar el significado histórico de una obra concebida como monumento a los Caídos del bando franquista.

Del Arco, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y especialista en las cruces de los Caídos, comparte la denuncia. “Me siento agraviado, yo estoy firmemente a favor de trasladar esa Cruz y han cogido de mi trabajo solo lo que les interesa”. Su investigación analiza estos monumentos como instrumentos de construcción de la memoria política de la dictadura. En su libro Cruces de Memoria y Olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) explica que la Cruz de Cáceres es “la ortodoxia absoluta”, el prototipo de las cruces de los Caídos en la España de la exaltación franquista. Su discrepancia no reside en que la Junta pueda valorar elementos arquitectónicos, sino en que esos valores se utilicen para relegar o neutralizar el significado político que tuvo el monumento cuando fue construido. “Han cogido de mi trabajo lo que les interesa usándolo de manera torticera”.

Uno de los elementos que Del Arco considera esenciales es la ubicación. Las cruces de los Caídos solían situarse en espacios de paso y elevada visibilidad. La de Cáceres se colocó en la plaza de América, al final de la antigua avenida de la República y luego de España, en una glorieta conectada con distintos accesos a la ciudad y cercana a la estación de ferrocarril. Su presencia era permanente y visible desde varios itinerarios. La ubicación no es, por tanto, un detalle arquitectónico secundario: forma parte de la función pública del monumento.

La documentación estudiada por Del Arco permite reconstruir cómo la Cruz se incorporó desde sus primeros años a las ceremonias públicas del régimen. En Cáceres fue escenario de las celebraciones del Día de la Victoria, con misa de campaña, autoridades civiles y religiosas, Falange, caballeros mutilados y desfiles militares. Para el historiador, estos episodios son clave para entender qué significaba realmente la Cruz en el momento de su construcción: no era una obra arquitectónica neutra, sino un escenario público de conmemoración de la victoria franquista. Y ese significado histórico, sostiene, no desaparece porque décadas después se eliminen determinadas inscripciones.

Quitar para poner

Del Arco añade otro elemento: la sustitución de símbolos republicanos. En la plaza de América se encontraba la conocida como Palmatoria o Fuente del Lápiz, vinculada a la etapa republicana, retirada para permitir la construcción de la Cruz. La operación forma parte de una transformación más amplia del espacio público emprendida por la dictadura para sustituir las referencias simbólicas de la República por las de la nueva España franquista. “No se trataba simplemente de quitar una fuente y poner una cruz, sino de sustituir un símbolo por otro”.

También rechaza la interpretación arquitectónica que aproxima el monumento al racionalismo. El régimen franquista rechazó las corrientes asociadas a la modernidad republicana y apostó por una estética monumental vinculada al clasicismo y al pasado imperial español. Las cruces de los Caídos responden a ese lenguaje. La Junta destaca ahora el carácter austero y geométrico de la Cruz, pero para Del Arco esos rasgos no pueden analizarse al margen del contexto ideológico en el que fueron concebidos.

Otro núcleo de la controversia es si la intervención de 1984 puede borrar el origen del monumento. La Junta sostiene que la eliminación de las inscripciones franquistas modificó su lectura pública y permitió dotarlo de un significado compatible con los valores constitucionales. Rina y Del Arco consideran que esa conclusión confunde la modificación física con el significado histórico. Que una inscripción sea retirada no cambia el hecho de que la obra fue concebida durante la Guerra Civil, inaugurada en 1938 y utilizada en ceremonias de exaltación franquista. La cuestión no es si hoy alguien puede contemplar la Cruz sin sentirse identificado con el franquismo, sino si la Administración puede interpretar su valor patrimonial sin tener en cuenta la función política que desempeñó durante décadas.

Del Arco insiste en que el debate no es entre conservar la Cruz intacta o destruirla. “Lo que dice la ley no es que destruyas la Cruz. Lo que dice la ley es que traslades la Cruz a un espacio que sea público, pero que no sea un espacio de exaltación”. Conservar un elemento histórico no implica mantenerlo en el lugar donde fue utilizado por la dictadura. La retirada del espacio público de exaltación no equivale a eliminar la memoria: puede significar trasladar el monumento a un lugar donde pueda ser contextualizado y explicado.

Ambos historiadores admiten que la relación de la ciudad con la Cruz es hoy más compleja que su origen político. La Cruz se ha incorporado al lenguaje cotidiano de Cáceres y su nombre forma parte del mapa mental de la ciudad. Pero esa familiaridad no puede confundirse con antigüedad. “Está desde 1937”, recuerda Del Arco. A su juicio, varias generaciones han conocido el monumento ya integrado en la ciudad y pueden no identificarlo con el contexto político que le dio origen. Añade que junto a esa falta de conocimiento existe también un componente ideológico reactivado en el actual escenario político.

Acuerdo de gobierno PP-Vox

Los historiadores aseguran que el expediente de la Junta no surge en un vacío. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla expresamente la tramitación para declarar BIC la Cruz dentro de las medidas de protección del patrimonio que consideran perseguido por las “leyes ideológicas de la izquierda”. Meses antes de la resolución, el consejero de Cultura ya había manifestado públicamente que, a su juicio, la Cruz reunía las condiciones para ser declarada BIC, aunque entonces señaló que la decisión dependería de los informes técnicos.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura abre ahora un periodo de información pública de un mes. Del Arco prepara ya sus alegaciones. Su intención es trasladar sus objeciones de forma documentada, con especial atención al uso que el expediente hace de su investigación y a la interpretación histórica que, a su juicio, se desprende de ella. Rina mantiene igualmente su petición de que su nombre sea retirado si se mantiene asociado a conclusiones que no suscribe.

Los dos historiadores coinciden en que una Administración tiene derecho a consultar y citar sus investigaciones. Lo que consideran inadmisible es que se seleccionen fragmentos para presentar como aval científico una interpretación que ellos rechazan. La batalla por la Cruz se convierte así también en una batalla por el relato histórico. La Junta reconoce el origen franquista del monumento, pero sostiene que la intervención de 1984 alteró su significado y que hoy debe valorarse por sus características arquitectónicas y por su integración en la memoria urbana de Cáceres. Rina y Del Arco consideran que esa lectura fragmenta la historia del monumento y que su emplazamiento, su arquitectura, las ceremonias celebradas ante él y su función como símbolo de la victoria franquista forman parte de su significado histórico.

La respuesta que dé el procedimiento administrativo no será solo política. Los historiadores quieren que quede también documentada en el expediente. Como resume Rina, “yo no estoy en contra de que citen mi trabajo. Estoy en contra de que lo utilicen para decir algo que yo no digo”. Del Arco lo expresa de forma más directa: “Me siento profundamente agraviado”.

La Cruz seguirá, de momento, en el centro de la plaza de América. Pero mientras la Junta tramita su protección patrimonial, los dos investigadores cuyos trabajos aparecen en el expediente preparan sus alegaciones para discutir, desde la historia, el relato con el que la Administración pretende justificar que el monumento permanezca allí.

La Junta de Extremadura ha iniciado formalmente el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, la Cruz situada en el centro de la plaza de América de Cáceres. La resolución, firmada el 12 de agosto por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, se publica este martes en el Diario Oficial de Extremadura y abre un periodo de información pública de un mes.

La incoación del expediente no supone todavía la declaración definitiva como BIC, sino el comienzo del procedimiento administrativo para dotar al monumento de esa protección. La decisión llega, además, en plena disputa institucional sobre su futuro: el Gobierno central ha ordenado su retirada del espacio público al considerarlo un símbolo contrario a la memoria democrática, mientras el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura defienden su permanencia.

El expediente autonómico pone sobre la mesa una doble lectura del monumento. Por un lado, documenta de forma expresa su nacimiento ligado al bando sublevado durante la Guerra Civil y su utilización como espacio de exaltación durante la dictadura. Por otro, sostiene que las modificaciones realizadas en democracia, especialmente la retirada de las referencias franquistas en 1984, han cambiado la manera en la que la cruz es percibida actualmente y permiten valorar sus características arquitectónicas y urbanísticas.

Una cruz levantada durante la Guerra Civil

La documentación histórica incorporada al expediente sitúa el origen de la cruz en 1937. Ese año, el Ayuntamiento acordó sustituir la fuente conocida como La Palmatoria, situada en la actual plaza de América, por una cruz “en homenaje a los caídos de Cáceres”.

El proyecto contemplaba inicialmente inscripciones explícitamente vinculadas al bando franquista, con referencias a quienes “dieron su vida por España, Una, Grande y Libre” y al '18 de julio de 1936, Franco y Arriba España'. La construcción fue sufragada por el Ayuntamiento y tuvo un coste de 28.041,35 pesetas. La obra fue diseñada por el arquitecto municipal Ángel Pérez y construida en 1938.

Los informes técnicos destacan además que la cruz de Cáceres se encuentra entre las primeras de este tipo construidas en España durante la Guerra Civil. Su arquitectura se caracteriza, según el expediente, por la austeridad, la monumentalidad, el clasicismo y una marcada verticalidad.

La Junta considera que estos valores formales, unidos a su ubicación y a su relación con el espacio urbano, justifican su consideración como patrimonio cultural.

El propio expediente reconoce la función política del espacio

Uno de los aspectos más significativos de la documentación es que la Junta no oculta la función política que tuvo el monumento en sus primeros años.

El informe señala que la cruz estaba integrada en un espacio urbano concebido específicamente para reforzar su carácter monumental y acoger las ceremonias de la dictadura. Según el documento, las plazas del entorno respondían a “un plan arquitectónico y urbanístico preconcebido para ensalzar al régimen”.

La documentación recoge también que desde los primeros años del franquismo se estableció un calendario de celebraciones en torno a la cruz para honrar a los llamados Caídos y que las dimensiones de las plazas del entorno permitían acoger esos actos.

El propio informe establece una relación directa entre el monumento y su contexto urbano al señalar que la cruz “no se entendería” de la misma manera fuera de ese entorno o perdería parte de sus rasgos definitorios.

La Junta apela a la resignificación de 1984

El argumento central para explicar el significado actual de la cruz se sitúa en 1984. Ese año, durante el mandato del alcalde socialista Juan Iglesias Marcelo, el Ayuntamiento acordó sustituir la placa que conservaba la inscripción original. En su lugar se colocó otra con el texto: 'La ciudad de Cáceres en memoria de sus hijos muertos por la Patria'.

Para los autores del informe, aquella actuación supuso un proceso de “resignificación” que permitió “desvincular su lectura pública de los elementos explícitos de exaltación franquista”. La Junta considera que este cambio debe tenerse en cuenta a la hora de valorar el monumento en la actualidad.

La resolución, por tanto, no sostiene que la cruz carezca de origen franquista. De hecho, el expediente dedica una parte importante de su contenido a documentarlo. La tesis autonómica es otra: que la eliminación de las referencias explícitas al régimen modificó su significado público y que, con el paso del tiempo, el monumento se ha incorporado al paisaje urbano de Cáceres como un elemento patrimonial.

Un 'hito urbano' que la Junta quiere proteger

La declaración propuesta no se limita a la cruz. El expediente delimita también un entorno de protección alrededor del monumento.

La Junta lo justifica por su “acusada presencia visual” y por su condición de “hito urbano” de Cáceres, atendiendo a su emplazamiento, escala, visibilidad y relación con la plaza de América.

La protección pretende conservar precisamente esa relación entre la cruz y el espacio que la rodea. Por ello, las actuaciones que puedan afectar al monumento o a su entorno deberán someterse a la normativa de patrimonio y requerirán autorización previa de la administración cultural competente.

Enfrentada a la decisión del Gobierno central

La incoación del expediente autonómico se produce cuatro meses después de que el Gobierno central ordenara la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y dispuso su retirada del espacio público. El Ayuntamiento de Cáceres recurrió la decisión y anunció que defendería su permanencia también por la vía judicial.

El Gobierno municipal, del PP, sostiene que la cruz forma parte de la ciudad y que las referencias franquistas fueron eliminadas en 1984. El alcalde, Rafael Mateos, ha defendido públicamente que el monumento no supone actualmente una exaltación de ningún régimen y ha anunciado que el Ayuntamiento agotará las vías legales para evitar su retirada.

La protección como BIC forma además parte del acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en Extremadura. La Junta ya había anunciado en julio que estaba recabando informes técnicos de historiadores para fundamentar la declaración patrimonial.

Ahora, el procedimiento entra en su fase formal. Durante un mes, cualquier persona o entidad interesada podrá examinar el expediente y formular las alegaciones que considere oportunas.

La cruz queda así en el centro de dos concepciones enfrentadas sobre su permanencia en el espacio público: la del Estado, que atiende a su origen y utilización como símbolo de exaltación franquista, y la de la Junta, que reconoce ese pasado pero considera que la resignificación posterior y sus valores arquitectónicos y urbanos permiten otorgarle protección patrimonial.

El Valle de los Caídos (renombrado como Valle de Cuelgamuros tras la Ley de Memoria Democrática) fue el sueño épico del dictador Francisco Franco. Cerca de Madrid construiría un conjunto monumental de piedra excavado en roca y coronado por un una gran cruz que debía ser el faro del régimen.

Franco ideó un mausoleo como un homenaje a los “héroes y mártires de la Cruzada” que “legaron una España mejor”, como dejó escrito en la orden de creación. Pero el sueño fue pesadilla para miles de familias republicanas (y algunas del bando franquista) que vieron que, de la noche a la mañana, se llevaban los huesos de sus familiares de sus localidades para rellenar los columbarios del Valle, que estaban medio vacíos. “Dependiendo de los enterradores o gobernadores, las cosas llegaron más o menos organizadas al Valle. Hay cajas que se nota que fueron extraídas con cuidado y otras en las que hay hasta restos infantiles, y eso no puede ser de represaliados”, explica la antropóloga Elisa Cabrerizo, que trabaja en el equipo que lleva a cabo las labores de exhumación.

Una carta del ministro de Gobernación fechada en 1958 constató el cambio de rumbo y especificó que se harían las inhumaciones en el Valle “sin distinción del campo en el que combatieran”. En ese momento, se pierde la pista del enterramiento de miles de personas, que fueron sacadas de las fosas de sus pueblos y trasladadas al mausoleo franquista. Es lo que le pasó a la familia Lapeña, que se enteró en 2012 de que sus familiares Ramiro y Manuel no estaban en la fosa donde habían llevado flores durante 60 años, sino en el Valle. Fueron los primeros en lograr que una sentencia obligara a sacar los cuerpos para darles “digna sepultura”. Fue en 2016 y aún no lo han conseguido. Ahora, los familiares (de cuarta generación) están a la espera de un último análisis forense de ADN que confirme si están en las cajas con origen Calatayud que se han recuperado hace unas semanas de la cripta del Santo Sepulcro de la iglesia del Valle.

Con la nueva política de inhumaciones a destajo, el Valle acabó siendo un amasijo de huesos donde reposan españoles del bando franquista (casi todos identificados en cajas y en el registro que llevaban los monjes) y del bando republicano (casi todos sin identificar, en enterramientos comunes sin nombre). En total, restos humanos de 33.833 víctimas trasladadas entre 1959 y 1983, ubicadas en 11.060 cajas que, desde 2023, se están intentando desentrañar y filiar. De momento se ha conseguido devolver los restos de 25 personas a los familiares que los habían reclamado después de analizar 602 cuerpos procedentes de 21 localidades de las que hay solicitudes. El primer exhumado, contra la voluntad de la familia y la extrema derecha, fue el propio Francisco Franco en 2019, dentro del plan de memoria histórica de un recién llegado Pedro Sánchez.

Si hay más de 33.000 cuerpos, ¿por qué se han devuelto solo 25 a sus familias? El equipo que lleva desde junio de 2023 en el Valle (hay adscritos cuatro documentalistas, tres arqueólogos, cuatro antropólogos, cinco forenses y cinco genetistas, según el recuento que aporta el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) atienden las peticiones que llegan de las familias, que hasta el mes de julio han sido 216.

Las criptas de enterramiento están en cuatro niveles en la Capilla del Santo Sepulcro, por la que se empezó hace tres años, y se han ido completando, pero el estado de estas catacumbas es muy hostil.

Como alertaba un informe de Patrimonio Nacional, están llenas de “humedades”, hay “restos completamente desordenados y fuera del columbario”, con un amasijo de “cráneos y pelvis” y, en general, sin identificación de procedencia. Hay zonas donde ya no queda nada, por las humedades o porque ha habido inundaciones. Gran parte del problema reside en que la piedra sobre la que se levantó la basílica es caliza, y por tanto porosa y muy permeable a la humedad.

A esa zona de exhumaciones hay que entrar con traje especial, porque las condiciones son “muy tóxicas”, explica la doctora Cabrerizo. A partir de ahí, se investiga dónde puede estar la persona reclamada, se hacen análisis, se extraen muestras, se documenta todo el proceso para que haya trazabilidad, se compara con el ADN de los familiares que han reclamado los cuerpos y, si coincide, se recogen los restos y se entregan a las familias para que los entierren donde quieran y con dignidad.

“Ha habido un momento clave, que fue el hallazgo de la caja de Aldeaseca, donde estaba enterrado el padre de Fausto Canales [uno de los ciudadanos pioneros de la búsqueda de familiares]. Todo lo que sabíamos de la localización era por una foto de la agencia EFE. Siguiendo esa pista, la encontramos, pese a que no tenía ninguna rotulación. Fue muy emocionante, paramos todos, subimos e hicimos una celebración”, explica Cabrerizo. Junto a Canales, se identificó a otras 11 personas que fueron sacadas de la Casa del Pueblo y fusiladas (una de ellas, mujer) por falangistas en la madrugada del 20 de agosto de 1936.

La titánica labor se emprendió en 2023, al calor de la nueva ley de memoria, que salió adelante con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos, CUP y Junts, y con la abstención de ERC y el BNG. Ante las críticas a la ley o la posición de que reabre heridas, la doctora Elisa Cabrerizo, puntualiza que “la ley de memoria no discrimina, de hecho la última entrega que hemos hecho ha sido de personas del bando sublevado, que vienen en caja individual e identificada. Nosotras, lo que nos piden, lo hacemos. De los 25 restos entregados a las familias, unos 6 ó 7 estaban en el bando franquista”.

Los obstáculos judiciales

Pero si ha habido un obstáculo, además del mal estado de los enterramientos, que ha frustrado la velocidad en las exhumaciones, ese ha sido el judicial. Desde que la primera sentencia de los Lapeña otorgó el 9 de mayo de 2016 el derecho a la exhumación, se han sucedido decenas de recursos judiciales del entorno de la ultraderecha (como Abogados Cristianos) y de asociaciones franquistas para frenar las obras, cualquier resignificación, la exhumación de Franco y de Primo de Rivera y las exhumaciones. El último de estos recursos ha permitido la paralización de las catas para resignificar el Valle, con un proyecto ganador sacado a concurso y que debe explicar lo que fue ese lugar.

“Nadie entiende que se destinen 30 millones de euros en resignificación, que nos hemos enterado de que empezaban las labores por una noticia, y que los hermanos Lapeña aún estén sin enterrar”, critica Eduardo Ranz, abogado de la familia en la denuncia pionera que acabó por reconocer el derecho a exhumación en el Valle hace 10 años. “No es de recibo que exhumen al dictador y José Antonio, y que haya familias esperando y que el gobierno de un país no sea capaz de superar la burocracia”, critica.

El asedio de denuncias, recursos y cautelares fue tal que “2024 fue un año que no pudimos hacer prácticamente ningún trabajo”, lamenta Cabrerizo, que también echa en falta que haya más agilidad en los procesos, un equipo estable y que Patrimonio Nacional vaya “por delante”, para que cuando los técnicos tengan que empezar con un piso esté ya todo listo desde el punto de vista de permisos o burocracia. Ese año en blanco se invirtió en que familiares de víctimas allí enterradas pudieran entrar y visitar las tumbas de sus seres queridos.

Esa visita también la hizo Rosa Gil, nieta del agricultor aragonés Pedro Gil, que luchó con el bando franquista. Murió recién empezada la guerra y dejó una mujer embarazada y un hijo de un año en su pueblo. Ese hijo (el padre de Rosa) le anduvo buscando desde 2010. Ese año, después de una vida de “culpa y tristeza” empezó un camino de reencuentro, a buscar el cuerpo de su padre. “Un día fui al cementerio de Zaragoza y me dijeron que, según los registros, a mi abuelo se lo habían llevado al Valle de los Caídos”, cuenta Rosa. “Cuando anunciaron que iban a exhumar fue una alegría inmensa. Lo malo que aún estamos esperando y la espera se hace muy larga, además de que tenemos miedo de que se derogue la ley si hay cambio de gobierno”. El padre de Rosa le dejó un encargo antes de morir: que cuando consiguiera sacar del Valle a su padre lo enterrara junto a él. De momento, su caja, que creen que está con nombre y enterramiento individual, no ha sido alcanzada: “Se paralizó durante un tiempo porque una nieta pidió que no se hicieran los trabajos”.

Las relaciones con los monjes del Valle que gestionan el complejo han sido muy tensas, sobre todo hasta la marcha del anterior abad, que se opuso a todos los trabajos y la exhumación del dictador. “Al principio entendían que éramos profanadores y no nos trataron bien. Ahora ya nos ven como unos profesionales que hacemos un trabajo legal. Incluso desde el bando sublevado les han hecho peticiones de búsqueda de familiares a ellos y ellos nos lo han trasladado”, cuenta la experta Cabrerizo.

Pero no solo se encuentran restos mortales, también objetos con los que murieron: “Si han muerto en combate hay galones, balas, botas, cinturones, cucharas dobladas... Si son de fosas de represaliados, encontramos abarcas, mecheros de yescas, gafas o tarjetas de ferroviarios”, explica la doctora.

El equipo técnico se va a quedar el tiempo que sea necesario, explican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aunque no tienen un horizonte claro: depende del ritmo al que se vayan encontrando los cuerpos reclamados por hijos, nietos y bisnietos de víctimas de la guerra y el franquismo, que llevan 50 años de democracia intentando recuperar a sus familiares de la mayor fosa común de España.

En este episodio partimos de una polémica que surgió hace unos meses cuando Arturo Pérez- Reverte organizó unas jornadas en Sevilla tituladas “La guerra que todos perdimos”. Este título ya era problemático, pero la polémica estalló cuando uno de los asistentes, el escritor David Uclés, anunció que se retiraba. No quería formar parte de un cartel (y debatir) en el que están el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el fundador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Nosotros tratamos de salir de ese bucle: ‘Historias Desobedientes de España' reúne a familiares de personas que tuvieron alguna responsabilidad en el franquismo. Pero no para glorificarles, sino para cuestionarles, para denunciar lo que supuso la dictadura que ellos ayudaron a sostener. Hablamos con tres de ellos: Anna Velasco, Loreto Urraca y Tomás Gil.

*** Este episodio se emitió por primera vez el 30 de enero de 2026***

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El 1 de julio de 1977, en una España que daba sus primeros pasos fuera de la dictadura, una mujer de 74 años llamada Agripina Moreno Fernández tomó pluma y papel para saldar una deuda de honor adquirida en el infierno. La carta no iba dirigida a ninguna institución oficial, sino a Dolores Ibárruri, Pasionaria, quien acababa de retornar del exilio.

Con pulso firme, la anciana extremeña liberaba un secreto celosamente guardado en su pecho desde las sombras de la posguerra: el testimonio directo de las últimas horas de Las Trece Rosas y la promesa empeñada a unas jóvenes que caminaban hacia el paredón.

Una extremeña de Almaraz en el penal de Ventas

Gracias a la investigadora, Desiré Rodríguez Martínez, sabemos que nació en la localidad cacereña de Almaraz, y que Agripina Moreno terminó hacinada en la Prisión de Mujeres de Ventas (Madrid) durante la primavera de 1939. Aquel edificio, concebido durante la Segunda República por Victoria Kent bajo principios de rehabilitación y dignidad, había sido transformado por la represión franquista en un recinto saturado donde miles de prisioneras políticas malvivían en condiciones extremas de insalubridad y terror.

Allí, en las galerías saturadas del penal, Agripina entabló un vínculo directo con las jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y del PCE detenidas tras la caída de Madrid. Entre ellas se encontraba Pilar Bueno Ibáñez, una de las dirigentes del grupo, quien relató en el patio de la cárcel a la prisionera extremeña las brutales torturas e interrogatorios sufridos a manos de la policía política antes de ser ingresadas en presidio.

La trágica madrugada del 5 de agosto

La noche del 4 al 5 de agosto de 1939, la tensión en la cárcel de Ventas se volvió insostenible tras conocerse la sentencia a muerte dictada en un consejo de guerra sumarísimo contra las jóvenes. En la capilla del penal, el capellán pretendía administrar los auxilios espirituales a unas condenadas que reivindicaban su inocencia y su convicción ideológica. “El cura decía que no era momento de pensar en el mundo sino en Dios, y a nosotras, que éramos tan jóvenes, nos parecía increíble”, rememoraría Agripina sobre la atmósfera angustiosa de aquella noche.

En la madrugada del 5 de agosto, la dirección de la cárcel concedió un permiso excepcional a Agripina Moreno y a su compañera de cautiverio Aurora Rodríguez para despedirse formalmente del grupo antes de su traslado. En ese instante de abrazos y lágrimas contenidas se selló el pacto de memoria. Las represaliadas, que se vestían con sus mejores prendas para marchar hacia las tapias del Cementerio del Este, encomendaron a Agripina la misión de hacer llegar a sus familias y a la dirección política sus cartas de despedida y la consigna de que su dignidad no fuera olvidada.

Posteriormente, una religiosa teresiana del presidio le relataría a Agripina cómo las jóvenes se negaron a que les vendaran los ojos ante el pelotón, afrontando la muerte a cara descubierta y profiriendo gritos de libertad.

La Rosa 'número catorce' y el silencio cómplice

El testimonio custodiado por Agripina Moreno fue clave para respaldar un detalle histórico omitido durante décadas: la existencia de la Rosa número catorce.

Antonia Torre Yela (Anita), una joven obrera de 19 años que trabajaba en una fábrica de sobres y residía en el barrio madrileño de Tetuán, había sido detenida junto a Luisa Rodríguez de la Fuente y procesada en la misma causa que el resto de las víctimas. Sin embargo, aquella madrugada no fue conducida al paredón debido a una equivocación burocrática: en la orden de ejecución firmada por las autoridades militares su nombre figuraba erróneamente transcrito como 'Antonio Torre Yela'.

Las reclusas de Ventas, incluida Agripina, supieron del fallo. En un acto de solidaridad colectiva, ninguna de las prisioneras delató la equivocación a los funcionarios. Anita logró prolongar su vida seis meses en el penal hasta que la burocracia rectificó el expediente. El 19 de febrero de 1940 fue fusilada en el mismo Cementerio del Este. Por este motivo, Agripina siempre rechazó la cifra oficial y sostuvo de manera firme que el encargo recibido procedía de 'catorce muchachas'.

Misión cumplida

Durante los casi cuarenta años de dictadura franquista, hablar abiertamente de los fusilamientos del Cementerio del Este conllevaba penas de prisión o represalias severas. Agripina Moreno conservó en la memoria clandestina los nombres de las víctimas, los detalles de sus últimas horas y las primeras poesías compuestas en las celdas en su honor.

El 1 de julio de 1977, cumplidos los 74 años, Agripina envió la carta que cerraba su promesa. En sus párrafos se leía: “Hace muchos años llevo guardando en el corazón un mensaje para ti. Un mensaje muy triste. Creí muchas veces que no llegaría a cumplir esta misión que me encomendaron catorce muchachas. Se trata de las ”trece rosas“ y de otra camarada. Querida camarada Dolores, después de realizar este trabajo me siento muy tranquila. Puedo decir a nuestro Partido Comunista y Juventudes: Misión cumplida”.

En la misiva se adjuntaba la nómina completa de las represaliadas —Joaquina López, Virtudes González, Carmen Barrero, Dionisia Manzanares, Pilar Bueno, Julia Conesa, Blanca Brisac, Victoria Muñoz, Adela Duque, Martina Barroso, Luisa Rodríguez, Ana López, Elena Gil y Antonia Torre Yela— garantizando que ningún nombre quedara relegado.

Dolores Ibárruri incluyó íntegramente la carta de Agripina en sus Memorias (1939-1977) publicadas en 1984, transformando la memoria oral de la anciana extremeña en una prueba documental básica para la historiografía sobre la represión en Madrid.

Hoy, el legado de Agripina Moreno Fernández permanece como un referente de la memoria democrática en Extremadura. Su firmeza demostró que ni el miedo ni el paso del tiempo pudieron impedir que el último mensaje de aquellas jóvenes llegara a su destino.

El Ayuntamiento de Baños de Ebro, gobernado por el PP, ha anunciado este lunes que cumplirá el requerimiento del Estado y cubrirá una placa situada en un edificio municipal que tiene la inscripción franquista 'Caídos por Dios y por España'. El de Baños de Ebro, en la Rioja Alavesa, es uno de los dos únicos municipios vascos gobernados por el PP. El año pasado, el alcalde se negó a retirar el lema. “Está ahí. No molesta a nadie. Se acabó. Si me obligan... No sé de qué manera lo pueden hacer. Por propia iniciativa no quitaré algo que lleva toda la vida en el pueblo”, aseveró entonces.

La existencia de este “vestigio franquista” la había denunciado el PSE-EE, que pidió su retirada alegando que chocaba con la ley de Memoria Democrática de 2022. Es, señalaron los socialistas entonces, una “reminiscencia franquista” y había que retirarla “a la mayor brevedad posible y en cumplimiento de la legislación vigente”. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática la incluyó en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al considerarse que “constituye una exaltación de la sublevación militar y de la dictadura franquista”.

Ahora, el PP ha asegurado que cubrirá la inscripción en un plazo de tres meses, el que se le ha concedido. “Según el informe técnico, la retirada íntegra de la placa podría afectar a la estructura del inmueble y provocar la aparición de grietas u otros daños en el edificio, por lo que la opción más adecuada es cubrirla. De este modo, se garantizará tanto el cumplimiento del requerimiento como la conservación del edificio”, ha argumentado el partido en una nota. La resolución que obliga a la retirada ya subraya que la inscripción se puede retirar sin comprometer la integridad estructural del edificio.

La retirada se acometerá según “criterios de seguridad, responsabilidad y preservación del patrimonio municipal”, sostiene el PP, que se congratula de que “compatibilizará el cumplimiento de la normativa con la protección de un edificio cuya integridad estructural debe preservarse, siguiendo las recomendaciones de los técnicos competentes”.

El PSE-EE de Álava se ha mostrado satisfecho con el anuncio de la retirada. “Hoy queda demostrado que no se trataba de una cuestión de opinión ni de interpretación política, sino del cumplimiento de una ley democrática que todas las instituciones están obligadas a respetar”, ha señalado. “La democracia no puede convivir con símbolos que ensalzan una dictadura responsable de la persecución, la represión y el asesinato de miles de personas. La reparación de las víctimas y el reconocimiento de su dignidad no admiten retrasos ni excusas”, ha añadido. Los socialistas han aprovechado para denunciar una “creciente proximidad política del Partido Popular con la extrema derecha”, lo que, en su opinión, “está favoreciendo discursos que relativizan o cuestionan avances democráticos que deberían formar parte del consenso institucional”.

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha aprobado el inicio del expediente administrativo para renombrar la calle Almirante Fontán Lobé, un personaje vinculado al franquismo, de forma que pase a denominarse calle Lorenza Machín Alarcón, en reconocimiento al compromiso de esta activista con la cultura, la igualdad y los derechos humanos.

La propuesta rinde homenaje a una mujer que, durante más de seis décadas vinculada a Puerto del Rosario, ha desarrollado una destacada trayectoria como escritora, actriz y activista social, convirtiéndose en un referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+, la igualdad entre mujeres y hombres y la promoción de una sociedad más libre, inclusiva y respetuosa con la diversidad, destaca el Consistorio en un comunicado.

La sustitución del nombre de la calle Almirante Fontán Lobé responde igualmente al cumplimiento de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

Los informes históricos incorporados al expediente concluyen que Jesús Fontán Lobé mantuvo una estrecha vinculación con la dictadura franquista, desempeñando responsabilidades de confianza al servicio del régimen y dirigiendo organismos vinculados a la propaganda y a los servicios documentales de la Presidencia del Gobierno.

Estas circunstancias hacen incompatible el mantenimiento de esta denominación, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la citada ley, argumenta el Ayuntamiento en su nota.

A lo largo de su trayectoria, Lorenza Machín Alarcón ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos pregonar las Fiestas de Puerto del Rosario en 2012, la distinción de Mujer Ejemplar concedida por el Cabildo de Fuerteventura en 2016 y el Premio Meninas 2020, otorgado por su contribución a la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de diversas entidades y colectivos sociales, entre ellos Altihay Fuerteventura, la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva y la Red Feminista de Fuerteventura, que han destacado el valor simbólico de incorporar el nombre de Lorenza Machín al callejero de la capital majorera.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha destacado que “este acuerdo supone un acto de justicia, memoria y reconocimiento hacia una mujer que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo social y cultural de nuestro municipio”.

“Cumplimos con la Ley de Memoria Democrática, pero, además, aprovechamos esta oportunidad para incorporar al callejero el nombre de una persona cuyos valores representan la libertad, la igualdad y el compromiso con la sociedad”, ha añadido.

El concejal de Cultura, Juan Manuel Verdugo, ha señalado que “Lorenza Machín forma parte del patrimonio cultural y humano de Puerto del Rosario y su legado trasciende el ámbito artístico y constituye un ejemplo de compromiso cívico y defensa de los derechos humanos”.

El expediente se tramita conforme a las competencias municipales en materia de nomenclatura urbana y siguiendo todas las garantías administrativas previstas en la legislación vigente.

El Ayuntamiento de Fraga pondrá fin a uno de los últimos reconocimientos institucionales al franquismo que seguían vigentes en Aragón. El pleno municipal previsto para el próximo 30 de julio votará la retirada de los títulos de alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo concedidos a Francisco Franco el 18 de julio de 1953, una decisión que llega después de que la Fiscalía Provincial de Huesca haya requerido formalmente al Consistorio para que cumpla la Ley de Memoria Democrática.

El cambio de posición del equipo de gobierno del PP, adelantado por el diario 'Segre', supone un giro respecto a la postura que había mantenido durante los últimos meses. Según han confirmado fuentes municipales a elDiario.es Aragón, el Ejecutivo local ha decidido atender el requerimiento del Ministerio Público y apoyará en la comisión de Servicios a la Ciudadanía la propuesta que permitirá elevar el asunto al pleno. Las mismas fuentes recalcan que el Ayuntamiento actuará para dar cumplimiento a la legalidad vigente, después de que la Fiscalía recordara la obligación de revisar este tipo de distinciones.

Hasta hace apenas unos meses, el Consistorio defendía una posición distinta. Entonces sostenía que la retirada de los honores al dictador no constituía una prioridad política para el municipio y que solo se abordaría si existía una obligación legal expresa. Ese escenario cambió tras la actuación de la Fiscalía, que inició diligencias después de recibir la denuncia presentada por el exdiputado de las Cortes de Aragón Jesús Sansó.

Sansó había solicitado por escrito hasta en tres ocasiones, los días 5 de febrero, 5 de marzo y 5 de abril, que el Ayuntamiento iniciara el expediente para retirar las distinciones concedidas a Franco. Al no obtener respuesta, trasladó la documentación a la Fiscalía Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Huesca, que anunció la apertura de un procedimiento para requerir información al Consistorio y recordarle sus obligaciones legales.

La normativa

El fundamento jurídico del requerimiento se encuentra en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Su artículo 40 establece que todas las administraciones públicas deben revisar de oficio o retirar los reconocimientos, honores y distinciones concedidos antes de la entrada en vigor de la norma cuando resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos o supongan una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista. El artículo 35 obliga igualmente a eliminar elementos contrarios a la memoria democrática cuando impliquen exaltación del golpe de Estado o del régimen franquista, mientras que el artículo 39 atribuye a las administraciones la responsabilidad de garantizar el cumplimiento efectivo de estas medidas.

La normativa estatal sigue siendo plenamente aplicable en Aragón pese a que las Cortes derogaron en 2024 la Ley Aragonesa de Memoria Democrática con los votos de PP, Vox y PAR. Aquella decisión eliminó varios instrumentos autonómicos relacionados con las políticas memorialistas, pero no alteró la vigencia de la legislación estatal, que continúa siendo de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.

En el caso de Fraga, el reconocimiento a Franco llevaba vigente desde el 18 de julio de 1953. El Ayuntamiento franquista acordó entonces conceder al dictador los títulos de alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo como una “muestra entrañable de adhesión y gratitud” del municipio. A diferencia de otras ciudades españolas que fueron retirando este tipo de distinciones durante las últimas décadas, el acuerdo permaneció intacto durante toda la Transición y los casi cincuenta años de democracia.

De hecho, los honores sobrevivieron a nueve alcaldes elegidos democráticamente y a dos leyes estatales sobre memoria histórica y democrática. Ninguno de los sucesivos gobiernos municipales promovió su revocación hasta que la intervención de la Fiscalía ha obligado al Ayuntamiento a iniciar el procedimiento.

Otros casos

Las fuentes municipales consultadas por este periódico insisten en que la decisión responde exclusivamente al cumplimiento del requerimiento recibido. El equipo de gobierno considera que corresponde atender las indicaciones del Ministerio Público y facilitar que el pleno adopte un acuerdo conforme a la legislación vigente.

El caso de Fraga no es aislado. La aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha acelerado en los últimos años la retirada de honores concedidos a Franco en numerosos municipios españoles. Sevilla revocó la medalla de oro otorgada al dictador en 1964; Granada eliminó los reconocimientos institucionales que todavía mantenía; y ciudades como Valladolid, Alicante, Gijón u Oviedo también han revisado distinciones, nombres de calles y otros elementos de exaltación franquista para adaptarse a la normativa estatal.

En Aragón el mapa presenta situaciones dispares. Zaragoza retiró hace años tanto la medalla de oro concedida a Franco como diferentes símbolos y denominaciones vinculadas a la dictadura. También Huesca eliminó progresivamente referencias franquistas de su espacio público. En cambio, Calatayud protagonizó recientemente la polémica al rechazar la retirada de la medalla de oro concedida al dictador, una decisión cuestionada por asociaciones memorialistas al entender que contradice las obligaciones impuestas por la Ley de Memoria Democrática.

La revocación de los honores tampoco cerrará por completo el debate sobre la simbología franquista en Fraga. El municipio conserva todavía algunas referencias en el callejero relacionadas con la dictadura, como la calle del Alcázar de Toledo o el grupo de viviendas 28 de Marzo, en referencia a la fecha de la entada de las tropas franquistas durante la Guerra Civil. Nombres cuya continuidad ha sido cuestionada en distintas ocasiones por colectivos memorialistas.

El monumento a los 'Héroes del Simancas' que está adosado a la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón no será retirado como pretendía el Gobierno asturiano en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acordado estimar la petición de la Compañía de Jesús Provincia Canónica de España, propietaria del edificio, para que se suspendiera una resolución dictada por el Gobierno asturiano, el pasado 5 de mayo, para que se ordenara su retirada.

A continuación reproducimos íntegra la resolución dictada por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del pasado mes de mayo.

La Compañía de Jesús recurrió esta resolución por la que se ordenaba la retirada del monumento inaugurado en 1958 y adosado a la fachada del Colegio La Inmaculada Concepción de Gijón/Xixón y los magistrados del TSJA han dictado un auto por el que estiman el recurso. El auto no es firme y contra el mismo cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Un bien protegido

El Principado había concedido a la Compañía de Jesús un plazo de cuatro meses para su retirada y la había apercibido de su ejecución subsidiaria por parte de la administración autonómica, con cargo a la propiedad, si se daba el caso de que una vez transcurrido ese plazo no lo hubiera retirado.

La Compañía de Jesús recurrió la resolución alegando su inviabilidad jurídica al tratarse de un bien incluido en un catálogo urbanístico de protección.

El Ayuntamiento de Gijón había certificado que se trataba de un elemento protegido y había invocado igualmente que concurrían los requisitos para la suspensión del acto recurrido, al no existir una “perturbación grave de los intereses generales o de tercero”.

Los riesgos para la seguridad

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, el tribunal estima las alegaciones de la Compañía de Jesús al considerar que la ejecución de la resolución del Principado “conllevaría riesgos para la seguridad e integridad de la obra artística que nos ocupa, además -añade- no existe perturbación grave de los intereses generales o de tercero que justificaría la denegación de la medida, teniendo en cuenta que se trata de un monumento que desde el año 1958 se encuentra adosado al Colegio La Inmaculada en Gijón, del que la actora es propietaria”.

Foro se postuló con los jesuitas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón se había pronunciado en contra de la retirada del monumento. El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, había confirmado que el monumento de exaltación franquista no iba a ser suprimido de la fachada del colegio “mientras Foro Asturias -su formación política- siga gobernando”.

Un posicionamiento que había sido duramente criticado por la directora general de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias, Begoña Collado, quien defendía la retirada del monumento en aplicación de la legislación vigente.

El Principado apeló a la ley

“La carga ideológica no está en la retirada de un monumento contrario a la ley, está en quienes defienden que siga lo que es un homenaje a unos golpistas, que mandaron bombardear Gijón”, ha puntualizado la directora general.

La Consejería de Derechos Ciudadanos que dirige Ovidio Zapico llegó a advertir al Ayuntamiento gijonés que el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática “puede suponer prevaricar”.

Unas afirmaciones que no comparte la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que ha avalado el mantenimiento del monumento en la fachada del centro educativo.

Canarias: 50 años tras la oscuridad' es un documental producido por Clan de Medios sobre el golpe de estado y la brutal represión que ejerció el franquismo en Canarias. Cuenta con historiadores como Ángel Viñas, Sergio Millares, Maisa Navarro, entre otros, o los testimonios de la nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife o la nieta de Juan Negrín. Se trata de una serie documental que se enmarca dentro de las acciones de 50 años de España libertad y que consta de tres capítulos: El Golpe, La Represión y La Reparación.

El Ayuntamiento de Sotorribas (Cuenca) ha comenzado esta semana los trabajos de intervención para localizar y exhumar los cuerpos de cuatro hombres ejecutados por arma de fuego el 4 de agosto de 1950 y que fueron enterrados en una fosa común del cementerio municipal de la localidad, según refleja el Mapa de Fosas estatal.

Estas labores, amparados en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, han sido visitadas por la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, María Luz Fernández, junto a la alcaldesa de Sotorribas, Nuria Illana.

María Luz Fernández ha conocido los detalles del proyecto de localización y exhumación que permitirá recuperar una parte de la historia de esos años de represión de la dictadura franquista, “que se intentó ocultar y que debe de aflorar”, porque “la mejor herramienta para que esto nunca vuelva a ocurrir es el conocimiento de nuestra historia y la dignificación de las víctimas”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad ha manifestado su satisfacción porque este proyecto haya salido adelante tras muchos años de trabajo, enfatizando que estas labores de exhumación son un compromiso con la historia de este pueblo, y servirán para “dignificar la memoria” de las víctimas y sus familias.

Los trabajos están financiados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con un importe total de 18.000 euros. El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Sotorribas y está siendo desarrollado por la Asociación Científica ArqueoAntro.

A la visita se han sumado el alcalde de Santa Cruz de Moya, y delegado provincial de Reto Demográfico de la Junta, Virgilio Antón, y la senadora Carmen Torralba, junto con vecinos del municipio de Sotos.

El Ayuntamiento de Cáceres ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para tratar de evitar la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América, tras agotar la vía administrativa.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha desestimado el recurso de reposición presentado por el consistorio en mayo contra la inclusión del monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

La resolución del Ministerio mantiene que la cruz debe figurar en el Catálogo, un paso previo a su retirada, una decisión que el Ayuntamiento rechaza por considerar que el monumento “forma parte del patrimonio urbano de la ciudad y carece actualmente de exaltación de la dictadura franquista”.

La decisión ha sido adoptada este viernes por la Junta de Gobierno Local, que ha tomado conocimiento de la resolución estatal, la cual pone fin a la vía administrativa.

El consistorio acudirá ahora a la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo legal de dos meses con el objetivo de defender su posición en este procedimiento. Con este acuerdo, el Ayuntamiento da cumplimiento al anuncio realizado este jueves durante el pleno municipal por el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, quien avanzó que el recurso ante la Audiencia Nacional se formalizaría “en las próximas semanas”.

La estrategia judicial del equipo de Gobierno municipal comenzó el pasado mes de mayo, cuando presentó un recurso de alzada —resuelto en sentido desfavorable— y anunció que acudiría a los tribunales si el Ejecutivo central mantenía la orden de retirada del monumento, como así ha sido.

Además, el pasado 3 de julio la Junta de Gobierno Local acordó personarse en el recurso contencioso-administrativo promovido por Vox, después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la demanda presentada por esta formación política contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La defensa de la Cruz volvió este jueves a centrar el enfrentamiento político en el pleno municipal, donde PP y Vox escenificaron un frente común para mantener el monumento; mientras que PSOE y Unidas Podemos (UP) abandonaron la sesión al considerar que debatir una moción en favor de su permanencia suponía actuar en contra de la Ley de Memoria Democrática. Durante ese debate, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, aseguró que el consistorio seguirá “peleando para que la Cruz se mantenga donde siempre ha estado”.

Por su parte, el portavoz municipal, Ángel Orgaz, calificó la actuación del Ministerio de “chapuza interesada” y defendió que el monumento “no tiene simbología franquista alguna” tras la modificación de su inscripción acordada por el pleno municipal hace décadas.

La plaza de América de Cáceres no es solo un punto de tránsito urbano; es un archivo de piedra donde la historia de España continúa reescribiéndose entre decretos, recursos judiciales y debates sobre la memoria democrática. La Cruz de los Caídos, el gran monolito que preside este espacio desde la Guerra Civil, ha vuelto a situarse en el centro de un intenso conflicto político, patrimonial y judicial que ha trascendido el ámbito municipal para llegar a la Audiencia Nacional.

La construcción de la Cruz de los Caídos de Cáceres no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia impulsada por el franquismo para apropiarse simbólicamente del espacio público desde los primeros compases de la Guerra Civil. Mucho antes de que el régimen levantara grandes complejos monumentales como el Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 mediante el trabajo forzado de miles de presos políticos, las ciudades comenzaron a llenarse de cruces, placas y monumentos destinados a legitimar la victoria militar y consolidar el nuevo poder.

En ese contexto, la cruz cacereña posee una relevancia histórica singular. Diversos estudios la sitúan como el primer monumento de estas características levantado en España con la iconografía propia del nuevo régimen franquista.

El Ayuntamiento de Cáceres autorizó oficialmente su construcción el 9 de septiembre de 1937, apenas un año después del golpe de Estado. La rapidez con la que se tramitó el proyecto respondía a las directrices de la denominada Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, organismo encargado de unificar la estética monumental del nuevo Estado mediante una arquitectura concebida como instrumento de propaganda política.

El borrado de la memoria republicana

Aquellas cruces no pretendían únicamente recordar a los fallecidos del bando sublevado. Su finalidad era mucho más amplia: convertir plazas, avenidas y edificios públicos en escenarios permanentes de legitimación del golpe militar y de la posterior dictadura, sacralizando la victoria franquista a través de símbolos visibles y duraderos.

La ubicación elegida tampoco fue casual. La cruz no se levantó en un espacio vacío, sino exactamente sobre el lugar que ocupaba la Fuente del Lápiz, conocida popularmente por los cacereños como La Palmatoria. Aquella fuente había sido construida en 1934, durante la Segunda República. Apenas tres años después fue demolida deliberadamente para levantar en su lugar el nuevo monumento franquista.

Desde el punto de vista urbanístico, la operación constituyó un ejemplo de sustitución simbólica del espacio público: un elemento civil, de uso cotidiano y asociado al periodo republicano desaparecía para dejar paso a un monumento de carácter político, religioso y triunfalista. La transformación del paisaje urbano pretendía hacer visible el cambio de régimen y borrar físicamente los símbolos del anterior orden democrático.

Exaltación del golpe de Estado

La cruz fue construida con mármol procedente de la Sierra de Alconera (Badajoz), con un coste de 28.041 pesetas, y respondía plenamente al lenguaje monumental del nacionalcatolicismo.

Su aspecto original estaba muy alejado del que presenta actualmente. Incorporaba águilas de San Juan, relieves del yugo y las flechas e inscripciones inequívocas de exaltación franquista. En uno de sus frentes podía leerse: '18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco' y, en el otro, 'A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España una, grande y libre'.

La inauguración oficial tuvo lugar el 10 de mayo de 1938 y constituyó uno de los mayores actos propagandísticos celebrados en Cáceres durante la guerra. La ciudad recibió la visita de Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Sección Femenina de Falange, que permaneció varios días en la capital.

Las crónicas de la época describen un enorme despliegue propagandístico: más de 15.000 falangistas desfilaron ante el monumento portando alrededor de 300 banderas oficiales y, durante la ceremonia, se soltaron más de un millar de palomas blancas para representar la supuesta paz alcanzada bajo el nuevo orden.

Sin embargo, aquella escenografía ocultaba una realidad muy distinta. Mientras el régimen convertía la cruz en símbolo de victoria, la provincia vivía una intensa represión política contra quienes habían defendido la legalidad republicana. Entre las víctimas figuró Amado Viera Amores, alcalde socialista de Valencia de Alcántara, fusilado en 1936 junto a otras 48 personas y arrojado a un pozo minero. Para muchas familias represaliadas, la presencia cotidiana de la cruz en el centro de Cáceres simbolizaba precisamente el triunfo de quienes habían protagonizado el golpe militar y la posterior represión.

La Transición y la primera resignificación

Con la llegada de la democracia, el monumento volvió a convertirse en motivo de controversia. En 1984, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el socialista Juan Iglesias Marcelo, planteó retirar la simbología más claramente vinculada al franquismo. La propuesta encontró la oposición de Alianza Popular y finalmente se alcanzó una solución intermedia. Se eliminaron las referencias explícitas al general Franco, al 18 de julio y al yugo y las flechas; la inscripción original fue sustituida por otra más neutra —'La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria'— y se incorporó un escudo constitucional de España de bronce con el objetivo de adaptar el monumento al nuevo marco democrático.

Pese a esas modificaciones, las águilas talladas en la piedra permanecieron, un elemento que los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática consideran suficiente para mantener su consideración de símbolo franquista.

La polémica actual tampoco surgió de forma repentina. En 2004, durante el mandato del alcalde popular José María Saponi, el pleno del Ayuntamiento aprobó una propuesta presentada por Izquierda Unida para remodelar íntegramente la plaza de América.

El acuerdo contemplaba expresamente la retirada de la cruz y su sustitución por un monumento dedicado a la paz. Sin embargo, aquella decisión nunca llegó a ejecutarse. Ni los posteriores gobiernos del Partido Popular ni los del Partido Socialista impulsaron el proyecto, que quedó archivado durante más de dos décadas pese a las reiteradas reclamaciones de colectivos memorialistas.

2026: Memoria democrática frente a patrimonio

La controversia resurgió con fuerza en abril de 2026, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática e instó formalmente al Ayuntamiento a retirarla.

Los informes técnicos sostienen que, aunque durante la Transición desaparecieron algunos de los elementos más explícitos de exaltación franquista, el monumento mantiene suficientes vestigios de aquella simbología como para seguir constituyendo un elemento de homenaje a la dictadura.

Frente a esa interpretación, el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido personarse en el recurso contencioso-administrativo junto a Vox. Su principal argumento es que el monumento ha sido resignificado con el paso del tiempo y que la mayoría de los cacereños ya no lo identifican como un símbolo franquista, sino como un elemento patrimonial, religioso o simplemente como un punto de referencia urbano. De hecho, se defienden expresiones como “quedamos en la Cruz” porque “siguen formando parte del lenguaje cotidiano de muchos vecinos para fijar un lugar de encuentro”, aunque en realidad no se sabe bien si es en la avenida de España, Antonio Hurtado, Gil Cordero o la avenida de Alemania.

Paralelamente, la Junta de Extremadura ha iniciado la recopilación de informes para estudiar la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), una medida que elevaría al máximo nivel su protección patrimonial y abriría un conflicto competencial con el Gobierno central.

La Audiencia Nacional toma las riendas

A finales de junio de 2026, la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso presentado contra la orden estatal de retirada. La decisión paraliza, al menos de forma cautelar, cualquier actuación hasta que exista una sentencia firme.

Mientras el Gobierno central defiende que la retirada responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática —que contempla sanciones económicas para las administraciones que incumplan sus obligaciones—, quienes defienden la permanencia del monumento consideran que la admisión del recurso supone una victoria frente a lo que califican de “cruzfobia”.

Casi noventa años después de que sustituyera a una fuente republicana en el corazón de Cáceres, la Cruz de los Caídos continúa dividiendo a instituciones, partidos políticos y ciudadanía. Lo que fue un monumento levantado para glorificar un golpe de Estado y una dictadura, para algunos ha pasado a formar parte del paisaje urbano y del patrimonio histórico de la ciudad. Será ahora la Justicia quien determine si esas cuatro grandes piedras siguen siendo memoria, patrimonio o ambas cosas al mismo tiempo.

El debate de una moción presentada por Vox sobre la Cruz de los Caídos de la plaza de América provocó este jueves el abandono del salón de plenos por parte de los doce concejales y concejalas del Grupo Socialista y de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres.

La decisión se produjo después de que el alcalde, Rafael Mateos, rechazara la petición de ambos grupos para retirar la iniciativa del orden del día. Socialistas y Unidas Podemos argumentaron que el Ayuntamiento “no puede utilizar sus órganos de Gobierno para aprobar medidas contrarias a la ley”, en referencia a la Ley de Memoria Democrática.

La portavoz del Grupo Socialista, Belén Fernández, ha esgrimido que las instituciones democráticas tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad“ sosteniendo que la propuesta debatida ”promueve abiertamente el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática“. A su juicio, ”no podemos normalizar ni ser partícipes de lo que resulta una perversión democrática y una grave degradación institucional“.

Fernández ha añadido que tanto el Ayuntamiento, gobernado por el PP, como Vox ya han recurrido por la vía judicial las decisiones adoptadas sobre este asunto y defendió que corresponde esperar a las resoluciones y acatarlas “por puro respeto democrático”.

Asimismo, el PSOE ha recordado que el pleno municipal aprobó por unanimidad en 2004, durante el mandato del entonces alcalde José María Saponi, un acuerdo para retirar el monolito y sustituirlo por un monumento a la paz. Los socialistas sostienen que la posición actual del Gobierno municipal contradice aquel acuerdo y supone un cambio respecto a la postura que Rafael Mateos defendía cuando era portavoz de la oposición.

Y es que la moción presentada por Vox proponía que el Ayuntamiento manifestara su compromiso con la permanencia de la Cruz de la plaza de América en su ubicación actual, rechazara la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para su retirada, instara al Gobierno de España a modificar esa norma y solicitara a la Junta de Extremadura medidas para garantizar su protección patrimonial, además de impulsar actuaciones de conservación y mantenimiento del monumento.

Para Consuelo López, portavoz de la coalición morada, resulta “incomprensible que Rafael Mateos, regidor de esta ciudad, defienda con tanto empeño un símbolo que representa a quienes acabaron con la vida de un alcalde democrático de Cáceres, Antonio Canales. Del mismo modo, cuesta entender que reivindique un elemento sin valor artístico ni arquitectónico mientras impulsa la desaparición del último bulevar de la ciudad, auténtico patrimonio cacereño”.

A su juicio, el problema de fondo es otro: “Mientras miles de jóvenes y familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, el Gobierno municipal sigue poniendo el foco en la defensa de un símbolo franquista en lugar de dedicar todos sus esfuerzos a impulsar medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Esa diferencia de prioridades revela una forma de gobernar alejada de las preocupaciones reales de la ciudadanía”. López ha añadido que “el equipo de Gobierno parece haber convertido el incumplimiento de las leyes en su modus operandi, como demuestran la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Vivienda”.

Desde AMECECA, colectivo ciudadano presente también en el salón de Plenos y que lleva más de 30 años trabajando para restaurar la dignidad y la memoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y la posguerra en la ciudad, se insiste en que “sigue sorprendiendo la posición del alcalde al afirmar que no hay vecinos de Cáceres que quieran retirar la cruz de los caídos”. Para la organización, el abandono de la sesión plenaria por parte de los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos “refleja con claridad la posición favorable de muchos cacereños a retirar este monumento franquista del espacio público”. Recuerdan, además, que “estos grupos representan prácticamente la mitad de la ciudadanía en el consistorio”.

Por ello, concluye AMECECA, “queda nuevamente en evidencia que el alcalde faltó a la verdad cuando aseguró que no conocía a ningún cacereño partidario de retirar la cruz y que todo respondía a una imposición de Madrid”.

Así pues, la moción de Vox para blindar patrimonialmente la Cruz de los Caídos de la plaza de América ha sido aprobada con el apoyo del PP y la ausencia deliberada de PSOE y Unidas Podemos, lo que permitió al alcalde, Rafael Mateos, afirmar que salió “por unanimidad”.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de obligar a Ciudad Real a devolver nombres vinculados a la dictadura franquista a cinco de sus espacios públicos no es solo un revés administrativo, es un choque frontal contra el espíritu democrático de la mayoría de la ciudadanía.

Por ello, la postura del Ayuntamiento de Ciudad Real, con su Alcalde a la cabeza, debe ser la de recurrir judicialmente esta sentencia por ser una obligación moral y política con los vecinos.

Las leyes de memoria histórica y democrática en España no nacieron para reabrir heridas, sino para cerrarlas sobre una base de justicia, reparación y no repetición. Desde Podemos Ciudad Real defendemos que mantener en el callejero a figuras estrechamente vinculadas con el régimen franquista contradice el marco legislativo actual.

El Ayuntamiento tiene el deber de velar por que el espacio público —que pertenece a todos los ciudadrealeños, sin distinción— sea un lugar de encuentro democrático y respetuoso con los derechos humanos.

El callejero también es el reflejo de los valores democráticos de una sociedad moderna. Las calles de Ciudad Real deben homenajear a quienes construyeron convivencia, cultura, ciencia y progreso, no a quienes formaron parte de un periodo de fractura social y privación de libertades.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy. El espacio urbano educa, y el mensaje que enviamos a los jóvenes debe ser de concordia y libertad, y no de admiración al franquismo.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy

El alcalde no es solo un gestor de recursos; es el máximo representante de la voluntad y la dignidad de la ciudadanía. Al presentar el Recurso que proponemos, el Alcalde demostraría que su compromiso con la calidad democrática de la ciudad está por encima de reminiscencias franquistas; el no presentarlo demostraría que esas reminiscencias existen en su persona o/y en su partido, el PP.

La vía judicial es el cauce democrático para corregir una Sentencia que en Podemos Ciudad Real consideramos profundamente injusta, que no refleja lo ordenado en la vigente Ley de Memoria Democrática, ni el sentir mayoritario de una sociedad moderna como la ciudadrealeña. No se trata de borrar la historia, sino de decidir a quién honramos en el presente.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ayuntamiento de Ciudad Real que recurra la sentencia que obliga a recuperar los nombres de cinco calles de la localidad que fueron modificados al aplicar la Ley de Memoria Histórica.

Después de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado que el Ejecutivo regional no tiene competencias sobre el callejero de la capital, pero ha defendido que el consistorio ciudadrealeño, gobernado por el PP, sí dispone de margen para recurrir la resolución.

El vicepresidente segundo justifica el recurso amparándose en que la resolución del TSJCM se basa en la Ley de Memoria Histórica de 2007, mientras que en 2022 entró en vigor una nueva Ley de Memoria Democrática.

A su juicio, esta normativa posterior “favorece y aclara” algunos aspectos que podrían tener relación con el caso. “Por supuesto, hay que cumplir siempre con las sentencias judiciales, pero al mismo tiempo existe margen para recurrirlas y para actuar de acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática”, ha sostenido.

De esta forma, el pasaje de la Pandorga volverá a denominarse José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes volverá a ser la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa recuperará la denominación de Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Adolfo Suárez volverá a llamarse Grupo Vicente Galiana, situación que Caballero ha lamentado.

En este sentido, ha apelado a que todos los demócratas, independientemente de que sean “de izquierdas, de derechas o de ninguno de los dos lados”, defiendan la democracia y reconozcan a quienes han contribuido a hacerla posible.

El alcalde critica al PSOE, pero no descarta el recurso

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares (PP), ha dejado la puerta abierta a que el consistorio que lidera presente dicho recurso ante el Tribunal Supremo, señalando que se trata de una resolución de segunda instancia basada en pronunciamientos previos del alto tribunal y poder generar nuevos costes para las arcas municipales.

A preguntas de los periodistas, Cañizares ha indicado que serán los servicios jurídicos municipales los que determinen finalmente si existe margen para presentar un recurso, aunque ha advertido de que “no se puede ir todas las veces al Tribunal Supremo”.

El regidor ha explicado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se apoya en sentencias dictadas anteriormente por el propio Supremo en casos similares, lo que podría reducir las posibilidades de que prosperase una nueva impugnación.

Además, ha señalado que recurrir supondría costes para el Ayuntamiento, especialmente en caso de que el recurso fuese rechazado.

“Serán los servicios jurídicos, como siempre en el Ayuntamiento, quienes decidan si prosperaría o no el recurso”, ha afirmado.

El alcalde también ha acusado al PSOE de realizar críticas “desaforadas” contra la resolución y ha defendido que las sentencias deben respetarse, aunque no se compartan.

Una reversión iniciada por Vox

La sentencia, que se dio a conocer este lunes por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real, estimó parcialmente un recurso de Vox contra el acuerdo aprobado por el pleno municipal en mayo de 2021. La Sala consideró que el Ayuntamiento no motivó suficientemente que cinco de las antiguas denominaciones supusieran una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

La resolución obligó a que el pasaje de la Pandorga recuperara el nombre de pasaje José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña, el de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes, el de Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa, el de Gregorio Sánchez-Puerta; y el Grupo Adolfo Suárez, el de Grupo Vicente Galiana.

El tribunal sí respaldó los cambios de las antiguas calles Brunete, Belchite, Simancas y Santa María de la Cabeza, actualmente denominadas Emilia Pardo Bazán, María Zambrano, Miguel Ángel Blanco y Sara Montiel, al considerar que las denominaciones anteriores hacían referencia directa a episodios de la Guerra Civil.

El proceso comenzó en 2016, cuando la Mesa de la Memoria Histórica identificó nueve denominaciones y abrió una consulta ciudadana para elegir nuevos nombres. Tras una primera anulación porque los cambios se aprobaron en la Junta de Gobierno Local, el pleno municipal volvió a ratificarlos en 2021 con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos y la oposición de PP y Vox.

Tras recibir la sentencia, el actual equipo de Gobierno municipal ha dejado la ejecución del fallo en manos de los servicios jurídicos y anunció que estudiaría sus consecuencias para los vecinos, comercios y propietarios de las vías afectadas.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha obliga al Ayuntamiento de Ciudad Real a recuperar los nombres de cinco vías vinculados a la dictadura franquista, que fueron modificados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica por el PSOE cuando Pilar Zamora ostentaba la Alcaldía de la ciudad.

De esta forma, el pasaje de la Pandorga volverá a denominarse José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes volverá a ser la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa recuperará la denominación de Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Adolfo Suárez volverá a llamarse Grupo Vicente Galiana.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno municipal (PP), Guillermo Arroyo, quien ha precisado que la resolución judicial no afecta a las nueve calles incluidas en aquel acuerdo, sino únicamente a las cinco que hacían referencia a nombres propios.

Según ha explicado Arroyo, el tribunal diferencia entre las denominaciones referidas a batallas o acontecimientos de la Guerra Civil, como Belchite, y las dedicadas a personas concretas.

Por ello, no se revierten los cambios de la calle Belchite por Emilia Pardo Bazán, de Brunete por María Zambrano, de Santa María de la Cabeza por Sara Montiel y de Simancas por Miguel Ángel Blanco.

El portavoz municipal ha indicado que la sentencia fue recibida a finales de la pasada semana y que los servicios municipales ya están estudiando cómo ejecutar el fallo y qué consecuencias administrativas tendrá para los vecinos, comercios y propietarios de inmuebles situados en las cinco vías afectadas.

Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento cumplirá la resolución y procederá a recuperar las anteriores denominaciones, aunque todavía debe determinar el procedimiento y la forma de comunicar los cambios a los organismos públicos y a las personas afectadas.

El portavoz ha aprovechado la resolución para cargar contra el equipo de Gobierno de la etapa de Pilar Zamora, al que ha acusado de actuar de manera “sectaria” y de estar pendiente de “conductas ideológicas” en lugar de centrarse en los principales problemas de la ciudad.

El proceso se inició en 2016

El proceso para modificar estas calles comenzó en 2016, cuando la Mesa de la Memoria Histórica de Ciudad Real consideró que nueve denominaciones constituían una exaltación de personas o acontecimientos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista. Posteriormente se abrió una votación ciudadana para elegir los nuevos nombres.

La Junta de Gobierno Local aprobó formalmente los cambios en febrero de 2018, pero una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 anuló aquel acuerdo al considerar que la decisión debía ser adoptada por el Pleno municipal y no por la Junta de Gobierno.

Para responder a esa resolución, el Pleno volvió a aprobar en mayo de 2021 las nueve modificaciones, con 15 votos a favor y diez en contra, correspondientes estos últimos al Partido Popular y Vox. El acuerdo mantuvo los nombres que ya se utilizaban desde 2018.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado parcialmente aquella decisión y ha determinado que no procedía modificar las cinco denominaciones vinculadas a personas, mientras que mantiene los otros cuatro cambios referidos a acontecimientos o emplazamientos relacionados con la Guerra Civil.

¿Quiénes fueron los hombres que recuperarán un hueco en el callejero?

Todos los que volverán a tener su nombre vinculado a una calle de Ciudad Real eran hombre vinculados a la dictadura franquista. En el caso de José Gutiérrez Ortega fue miembro de Falange - fue el fundador de esta corriente en Granada-, además de vicepresidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, incluso, provisionalmente, presidente. Además fue el fundador del periódico Lanza en 1943 que dirigió con una clara orientación de apoyo al régimen.

José María Aparicio Arce fue alcalde de Alcázar de San Juan y delegado del Movimiento Nacional, vinculado al franquismo. También ostentó el cargo de presidente de la Diputación de Ciudad Real hasta su marcha a Zamora en 1964 como gobernador civil.

Mientras, Vicente Galiana Utrilla, fue el fundador de Falange Española de Daimiel, y primer presidente de la Junta Provincial de Falange de Ciudad Real. Su figura fue utilizada propagandísticamente por el franquismo manchego.

Gregorio Sánchez-Puerta fue miembro del Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y delegado nacional de Personal del Movimiento. En cuanto a Fernando Merry del Val y García Zapata, ingeniero, fue consejero de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA).

El PSOE de Ciudad Real anima a recurrir la sentencia

La exalcaldesa y actual senadora autonómica, Pilar Zamora, ha pedido hoy al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y al PP provincial que recurran la sentencia del Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha (TSJ) sobre el callejero de la capital, porque “defender la democracia y homenajear a quienes han luchado por ella y representan valores positivos para la sociedad no puede ser considerado sectarismo político”, ha sostenido.

Recuerda, además, que la decisión se tomó por los órganos legítimos y democráticos del ayuntamiento, por acuerdo del pleno municipal y con la creación de una mesa de trabajo a la que aportaron su opinión los 1.779 ciudadrealeños y ciudadrealeñas que intervinieron en la decisión de los nuevos nombres de las calles.

Zamora se pregunta “qué tiene de sectarismo homenajear al primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez, quien precisamente no fue un político de izquierdas, sino militante de la UCD; a una joven víctima del terrorismo etarra como Irene Villa, a un profesional de la fotografía que retrató la Mancha como nadie, como Manuel Herrera Piña, o una poeta y escritora como Gloria Fuertes que emocionó a todos los niños de una generación”.

Y, además, en un momento en el que se está persiguiendo la Declaración de Interés Turístico Nacional de la Pandorga, pregunta también “a quién molesta” que un Pasaje de la ciudad reconozca una fiesta tan considerada y querida por sus vecinos y vecinas. “No defender estos cambios no es apostar por la democracia”, ha insistido.

El Gobierno central, en el marco de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, ha emitido una declaración de reconocimiento y reparación personal en la que reconoce que Josu Zabala Erasun, vecino de Irún (Gipuzkoa) muerto por un disparo de la Guardia Civil en Hondarribia el 8 de septiembre de 1976, “padeció persecución por razones políticas e ideológicas”. Por ello, “tiene derecho a reconocimiento y a obtener la reparación moral y recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, al estimarse que su circunstancia le hace ser considerado como víctima”, según han informado desde GEBehatokia, Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria.

GEBehatokia, que ha informado este jueves de los avances en el caso, ha apuntado, además, que el procedimiento judicial de Jurisdicción Voluntaria ha sido admitido a trámite en el Tribunal de Instancia de Irún. Según ha explicado y recoge Europa Press, “este proceso no supone ya la persecución penal del perpetrador, el guardia civil Enrique Pascual procesado como autor de la muerte, sino la certificación judicial de los hechos”. En esa línea, ha recordado que este guardia civil “fue amnistiado un año más tarde por medio de un decreto de la Capitanía General Burgos” en el que también se acuerda el “sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra él”.

Por otra parte, el observatorio ha mostrado su “sorpresa”, cuando se van a cumplir 50 años de su asesinato, de que la documentación recibida desde el Archivo Militar de El Ferrol “está censurada”. “Los archivos siguen cerrados a cal y canto para las víctímas del Estado”, ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que “la necesidad de poder incluir estos archivos en el proceso de Jurisdicción Voluntaria es fundamental”. “En el mismo aparecen los datos censurados de un testigo del asesinato de Josu Zabala Erasun, detenido y, en el mismo, narra las torturas a las que fue sometido durante el tiempo de detención. Ese testimonio sería muy esclarecedor”, ha considerado.

En este sentido, ha denunciado “la grave arbitrariedad” que supone que una víctima reconocida por el Gobierno central “no pueda acceder al archivo completo de su expediente como le garantiza la ley”. Ante esta situación, GEBehatokia ha reclamado al juez de Irún que solicite el expediente completo al archivo de El Ferrol, y ha pedido el amparo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. “El calvario que sufren las víctimas de vulneraciones de derechos humanos para el acceso a la documentación existente de sus familiares en los archivos oficiales es inaceptable. Supone una grave revictimización a añadir a su ya profundo dolor”, ha concluido.