La dictadura franquista no se sostuvo únicamente sobre la victoria militar de 1939, sino también sobre una compleja red de leyes, tribunales, sanciones y mecanismos de control que durante décadas persiguieron a miles de personas. Cómo funcionó ese engranaje represivo en la provincia de Cáceres, quiénes lo dirigieron, a quiénes castigó y de qué manera condicionó la vida cotidiana de los vencidos es el objeto de La represión franquista en Cáceres, el libro del historiador Francisco Javier Ruiz Cano. Presentado en la Biblioteca Pública de Cáceres junto al investigador José María Izquierdo Calle, la obra, adaptación de su tesis doctoral, constituye hasta la fecha uno de los estudios más exhaustivos sobre la implantación y el funcionamiento de la maquinaria represiva franquista en la provincia cacereña entre 1936 y finales de los años cincuenta.

La investigación tiene su origen en la tesis doctoral Implantación, consolidación y actuación represiva de la dictadura franquista en la provincia de Cáceres: el Gobierno Civil, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, dirigida por Juan Andrés Blanco Rodríguez, y se sitúa en diálogo con los estudios de Julián Chaves Palacios y Sergio Riesco Roche.

El libro parte del análisis del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, que no sólo desencadenó una guerra civil de casi tres años, sino que supuso el desmantelamiento inicial del Estado republicano y de sus instituciones democráticas. Desde los primeros días del conflicto, los sublevados comenzaron a configurar un nuevo orden institucional de carácter autocrático y represivo, inspirado inicialmente en modelos totalitarios europeos como el italiano y el alemán. Aunque tras la Segunda Guerra Mundial el régimen viró hacia un autoritarismo menos abiertamente fascista, sus instituciones mantuvieron siempre prácticas sistemáticas de violencia política, justificadas por la doctrina del Nacional-Catolicismo y amparadas en leyes represivas como la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, la Ley de Seguridad del Estado o la Ley de Bandidaje y Terrorismo.

Ruiz Cano subraya que, aunque el régimen rara vez empleó la palabra “represión”, esta figuraba en textos legales que pretendían legitimar la lucha contra la disidencia. La violencia política se elevó a norma y se institucionalizó mediante disposiciones jurídicas que otorgaron apariencia de legalidad a la persecución de la disidencia política y social. El nuevo sistema derivó hacia la aplicación jerarquizada de la aniquilación y la exclusión, sustentado en la retórica de la España y la AntiEspaña.

La represión comenzó con la justicia militar —los consejos de guerra— y continuó con leyes de excepción y tribunales especiales. El libro explica que era necesario implantar la dictadura en todas las demarcaciones provinciales, por lo que la violencia del Nuevo Estado tuvo una repercusión significativa a nivel local y regional, golpeando con severidad también a la provincia de Cáceres.

El libro analiza no sólo las modalidades represivas, sino también las instituciones que las ejercieron y los actores que las dirigieron, así como los grupos sobre los que recayeron. El periodo estudiado (1936-1959) abarca desde la toma de la provincia por los sublevados hasta el final del mandato del último gobernador civil analizado, en un momento en que el régimen ya estaba consolidado.

Reconstrucción del proceso

A lo largo de cinco capítulos, Ruiz Cano reconstruye el proceso mediante el que la dictadura franquista se implantó y consolidó en la provincia de Cáceres, desde las tensiones sociales previas al golpe de Estado hasta la consolidación definitiva de su aparato represivo. El primero estudia las condiciones socioeconómicas de la provincia y las tensiones sociales previas al golpe, que explican su rápida adhesión a la sublevación. Cáceres era una provincia agraria con un profundo desequilibrio entre propietarios y trabajadores: grandes fincas en manos de una minoría, pequeñas y medianas explotaciones en manos del grueso de la población, y una crisis agraria que generó protestas y movilizaciones. La reforma agraria avanzó lentamente, lo que incrementó la crispación social. El Frente Popular ganó las elecciones de febrero de 1936 y los sindicatos, especialmente UGT, protagonizaron reivindicaciones. Falange supo aprovechar la tensión y aglutinar apoyos, convirtiéndose en un rival del gobierno republicano. Todo ello explica que la ocupación de Cáceres el 19 de julio de 1936 se produjera sin apenas resistencia.

Desde ese momento comenzó a configurarse un sistema represivo que fue articulándose a través de distintas instituciones y mecanismos de control. El Gobierno Civil quedó en manos de los sublevados y se crearon instituciones como el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sustentadas en las leyes de 1939 y 1940, con el objetivo de castigar y controlar al disidente y estructurar un sistema autocrático basado en el control social.

El libro explica que el personal político que ocupó los organismos del nuevo orden fue renovado por personas jóvenes, excombatientes y con inicios políticos en los años treinta. Sin embargo, la presencia de Falange en Cáceres fue escasa: sólo uno de los gobernadores civiles procedía de sus filas. La unificación del cargo de Jefe Provincial de FET de las JONS con el de Gobernador Civil (1938-1945) no evitó los conflictos entre familias del régimen, que mantuvieron su identidad ideológica pese a integrarse en el Partido Único.

Todos los dirigentes aplicaron severas formas de represión. El Gobierno Civil inició depuraciones que, en sus primeros momentos, fueron paralegales. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas impuso sobre todo sanciones económicas, destierros e inhabilitaciones, debido a la escasa resistencia republicana y al empobrecimiento de la provincia. La reforma de 1942 suspendió muchas causas. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo dictó pocas penas de prisión y ninguna de la máxima gravedad, debido al bajo grado masónico de los acusados y a su escasa vinculación con las élites republicanas. La mayoría de las condenas fueron confinamientos.

La violencia afectó a dirigentes republicanos, corporaciones municipales, jornaleros, militantes de UGT y PSOE, y mujeres, que recibieron un doble castigo por su condición de género y por transgredir los principios nacional-católicos. Se castigó a madres solteras, prostitutas y mujeres sospechosas de relaciones con otras mujeres. Adoptó múltiples formas: paralegal, institucionalizada, económica, social y psicológica.

La resistencia

El único foco de resistencia fue la guerrilla antifranquista, pero su debilidad y la abundancia de delatores facilitaron su neutralización por la Guardia Civil. Con su desaparición se consolidó definitivamente el engranaje represivo en la provincia, donde la violencia política estableció una división entre vencedores y vencidos y afectó a todos los aspectos de la vida cotidiana.

El libro concluye que la represión franquista en Cáceres reprodujo el modelo de exclusión y control social característico del régimen, y que su estudio permite completar el mapa de la implantación y represión de la dictadura en España. Su presentación en la capital cacereña refuerza la importancia de seguir investigando la violencia política en Extremadura y de documentar con rigor la actuación de las instituciones franquistas en la provincia.

Al final, La represión franquista en Cáceres trasciende el análisis de leyes, tribunales e instituciones para mostrar el impacto humano de un sistema concebido para controlar, castigar y excluir. Detrás de cada expediente, cada destierro o cada confinamiento aparecen vidas marcadas por el miedo, la pérdida y el silencio. Con una investigación rigurosa y ampliamente documentada, Francisco Javier Ruiz Cano, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca y especializado en el estudio de la violencia política y las estructuras represivas del franquismo, reconstruye con detalle la implantación de la maquinaria represiva en la provincia y contribuye a completar el mapa de la represión franquista en España desde una perspectiva local imprescindible para comprender el alcance real de la violencia ejercida por el régimen.

El Gobierno asume ya que es imposible cumplir en tiempo y forma el mandato del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos. La decisión de los jueces supone revisar los expedientes de más de 160.000 descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma y a los que el Alto Tribunal pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Fuentes del Ministerio de Justicia cifran en alrededor de 76.000 los expedientes que tienen formato electrónico y que figuran en el registro civil informatizado, lo que facilita su revisión para determinar si aportaron documentos del exilio de sus antepasados y, por tanto, sí tendrían derecho al voto. Se trata de quienes accedieron a la nacionalidad a partir de mediados de 2024. 

Sin embargo, hay otros 80.000 expedientes físicos que se encuentran en los archivos de los diferentes consulados y que, además, pueden estar mezclados con otros tipos de expedientes de Registro Civil. En este caso, la criba debe hacerse a mano, lo que hace prácticamente “imposible” que se pueda realizar en un espacio de tiempo tan breve, afirman estas mismas fuentes. 

En apenas dos semanas, entre el 24 y el 30 de octubre, la Oficina del Censo Electoral tiene que remitir a los electores la documentación para poder votar. Para no quedarse fuera de esos envíos, los consulados tendrían que localizar y certificar en apenas diez días esos miles de expedientes.

Este martes, un portavoz del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó al elDiario.es que, hasta el momento, ningún consulado ha remitido a la Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular.

De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar unos expedientes que, en más de la mitad de los casos, no están digitalizados. 

Una declaración judicial impulsada por la Fiscalía de Álava reconocerá la “brutal represión” ejercida por la Policía Armada en Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando disolvió a tiros una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís y dejó un total de cinco muertos. “A pesar de que formalmente se tramitaron dos procedimientos judiciales, estos gravísimos hechos quedaron impunes al no haberse realizado la más mínima investigación”, ha anunciado la Fiscalía en un comunicado publicado este miércoles después de presentar el escrito en colaboración con la Fiscalía General del Estado.

“En este caso se pretende la reparación de las víctimas de unos hechos que, aunque sucedidos hace 50 años, forman parte de la memoria histórica de esta ciudad. Será la primera vez que la Justicia se acerque de manera efectiva a estas víctimas para darles satisfacción y reparación, porque los hechos prescribirán, pero las víctimas nunca lo harán”, abunda el comunicado. Señala que se ha recabado una “ingente” cantidad de información documental y que se les ha tomado declaración a “una multitud de víctimas y familiares”, todo ello “con el fin de garantizar el derecho a una investigación exhaustiva”.

¿En qué consiste el procedimiento? Las víctimas podrán obtener una “declaración judicial de hechos pasados”. Hay un precedente en Euskadi, el de la represión y tortura del militante del PNV y espía apodado 'Turuta'. Este mes de octubre se celebrará el juicio para repararle por unos hechos ocurridos en 1950.

Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 1976. Este año, con motivo del quincuagésimo aniversario, ha habido actos y manifestaciones. Con el dictador, Francisco Franco, ya fallecido, la Policía Armada disolvió a tiros una asamblea obrera que estaba reunida en una iglesia, la de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga. Se puede leer en este reportaje una reconstrucción de los sucesos, apoyada en informes internos de varios cuerpos. En este otro, hablan testigos que vivieron los sucesos.

Tres de los huelguistas murieron ese día —Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente y Romualdo Barroso Chaparro—y otros dos —José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral— fallecieron más tarde. Hubo, además, decenas de heridos. Y se desataron huelgas de solidaridad, que se saldaron con la muerte a manos de diferentes cuerpos policiales de tres personas: una en Tarragona, otra en Basauri y una tercera en Roma.

Trump justificó su arenga a las masas para asaltar el Capitolio en 2021 en un supuesto fraude electoral. Dos años después, en 2023, seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron también las sedes de los tres poderes del Estado de Brasil con el mismo argumento. Hoy, su hijo, candidato a la presidencia del país, vuelve a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso electoral. En España, nada más conocerse el adelanto electoral, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han dado alas a la teoría de conspiración sobre el voto por correo. Y este lunes, el Tribunal Supremo ha decidido suspender el derecho a voto de más de 160.000 ciudadanos que viven en el extranjero y que recibieron la nacionalidad española por ser descendientes de emigrados durante la represión franquista de la guerra y la posguerra. Son españoles, lo dice una ley. Pero no podrán votar, lo dice el Supremo, para proteger “la pureza del proceso electoral”.

Hablamos con Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, sobre la polémica decisión del alto tribunal. Con Aitor Riveiro, periodista de elDiario.es que sigue la actualidad del PP, recordamos cómo la ley con la que el gobierno de Rajoy otorgó la nacionalidad española a los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV no levantó polémicoa alguna. Con Andrés Gil, corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, analizamos cuál puede ser la relación entre lo que pasa ahora en España y lo que ha intentado Trump en Estados Unidos en los últimos años.   

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El Congreso de los Diputados ha acordado retirar los retratos de los presidentes de las Cortes franquistas, una batalla que las asociaciones de memoria llevan años reclamando y que finalmente verán cumplida.

La medida ha sido aprobada por la Mesa del Congreso, que tras la convocatoria de elecciones anticipadas y su paso a la Diputación Permanente cambia su composición de nueve a cinco miembros, aunque se mantiene la mayoría progresista. La propuesta había sido registrada por la diputada Esther Gil de Reboleño, de Sumar, y ha contado con el apoyo del PSOE.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) había reclamado esta maniobra en varias ocasiones a lo largo de la legislatura, para dar cumplimiento al artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que recoge aquellos símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

La retirada afecta a los retratos pictóricos de quienes presidieron las Cortes durante el franquismo: Esteban de Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975). Se mantendrá, pese al criterio de la ARMH, el de Torcuato Fernández-Miranda, que llegó a ser presidente interino del Gobierno tras el asesinato de Luis Carrero Blanco que presidió las Cortes entre 1975 y junio de 1977, ya en la Transición.

Homenaje a las víctimas del franquismo

Gil de Reboleño subraya como motivo para el registro de la propuesta el homenaje a las víctimas del franquismo, que tendrá lugar el 31 de octubre. También, a raíz de la reordenación de la galería de la primera planta del Palacio del Congreso de los Diputados —donde se encuentra la Galería de Presidentes— para “dar mayor visibilidad a la obra de Los Comuneros de Castilla”

El escrito que remitió la ARMH a la Cámara Baja en septiembre de 2025 denunciaba que los cuadros “se encuentren públicamente reconocidos los que llegaron a ese puesto beneficiándose de la enorme violencia de la dictadura franquista y su falta de libertades democráticas”.

Desde esa fecha y hasta ahora, los presidentes de las Cortes franquistas compartían la galería de políticos ilustres con Clara Campoamor, a quien “obligaron a morir en el exilio”, en palabras del presidente de la asociación, Emilio Silva, que agregó entonces que “todos ellos fueron golpistas en 1936 y beneficiarios de la destrucción de la Segunda República”. “No es posible aceptar que quienes fueron dirigentes de la destrucción de la pluralidad y la libertad, que son principios básicos de un parlamento democrático, permanezcan retratados en esa galería”, afirmó.

La Ley de Memoria Democrática, en su artículo 35, establece que “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”. “Carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura. A tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público”, añade.

Cinco de los seis magistrados de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo han confirmado la medida cautelar que adoptaron el pasado 10 de septiembre suspendiendo el derecho a voto de 168.000 nacionalizados por la Ley de Nietos (disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022). La magistrada María Alicia Millán ha firmado un voto particular en el que defiende que debería haberse estimado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado pidiendo la anulación de la medida cautelar. El mantenimiento de esa medida cautelar tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre aumenta “la inseguridad jurídica y la inestabilidad del proceso electoral”. “La convocatoria de elecciones a Cortes Generales determina una modificación sustancial de las circunstancias en las que fue adoptada la medida cautelar y, singularmente, de la naturaleza e intensidad de los perjuicios que han de ser objeto de ponderación”, escribe.

Vox, que pidió al Supremo la medida cautelar, y el PP, han cuestionado la limpieza del proceso electoral aludiendo a que la Ley de Nietos suponía un coladero para personas que no deberían tener el derecho a voto. Ni Vox ni PP conocen de antemano el sentido del voto de esos ciudadanos. El único precedente conocido fue el de las elecciones generales de 2023 cuando el único partido beneficiado por el voto CERA fue el PP, que ganó un escaño por Madrid en detrimento del PSOE.

La magistrada Millán entiende que la convocatoria electoral es un elemento nuevo que el Tribunal debería haber ponderado para anular su medida cautelar, independientemente de que la Administración “hubiera informado o no de las actuaciones llevadas a cabo” para el cumplimiento del auto del Supremo.

El derecho de participación prevalece sobre una controversia jurídica pendiente de resolver

“La convocatoria electoral introdujo un elemento nuevo y decisivo en el juicio cautelar, al convertir en irreversible la eventual lesión del derecho de sufragio de los afectados y poner de manifiesto las consecuencias que el mantenimiento de la medida podía proyectar sobre la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral. En tales circunstancias, la preservación del ejercicio efectivo del derecho fundamental de participación política debía prevalecer sobre el mantenimiento de una medida provisional sustentada en una controversia jurídica todavía pendiente de resolución definitiva”, señala la magistrada.

Millán argumenta que se ha impedido el derecho de voto a españoles que mantienen vigentes todos sus derechos pues el Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún sobre el fondo del litigio consistente en si es válida o no la instrucción que desarrollaba la Ley de Nietos a la que se acogieron los nuevos nacionalizados desde 2022.

La magistrada Millán desglosa durante varias páginas de su voto particular los requisitos necesarios para cumplir con todas las medidas cautelares impuestas por la suspensión del Supremo y concluye que existe una extraordinaria dificultad para cumplir con los plazos legales vigentes. La Abogacia del Estado alegó que era “imposible materialmente” cumplir con la orden de suspensión del Tribunal Supremo.

Mantener la medida cautelar introduce inseguridad e incertidumbre

“La medida cautelar”, argumenta, “priva de forma inmediata e inaudita parte del ejercicio de un derecho fundamental a quienes, conforme al estado actual del ordenamiento jurídico, conservan la condición de electores (...) Mantener las medidas cautelares, una vez convocado el proceso electoral no solo incide intensamente en el ejercicio del derecho de sufragio activo, sino que introduce un factor de inseguridad jurídica y de incertidumbre operativa incompatible con las exigencias de certeza, estabilizar y regularidad que constituyen la base misma de todo proceso electoral democrático”.

La mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo que juzga este caso, de sensibilidad conservadora, justifica las medidas cautelares adoptadas en la necesidad de proteger el proceso electoral y la confianza en sus resultados, al apreciar que las inscripciones derivadas de la aplicación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 “podrían estar incursas en irregularidad”. La aplicación de la suspensión acordada, según el voto discrepante, exige “determinar cuáles son las inscripciones afectadas, verificar respecto de cuáles concurre la excepción y comunicar oportunamente el resultado de esas actuaciones antes de las operaciones electorales a las que afectan”. “Las dificultades inherentes a la ejecución de la medida pueden comprometer algunas de las garantías que precisamente tratan de preservar la regularidad del proceso electoral”, concluye.

La magistrada Millán añade que el riesgo de permitir votar a 168.000 nacionalizados “no puede construirse únicamente sobre el número de inscritos sino que debe atender también al grado de participación efectivamente observado en procesos electorales anterior”, por debajo del 7% de media. Y añade: “La integridad del proceso electoral no se protege únicamente evitando la participación de quienes eventualmente pudieran carecer de la condición de electores. También exige preservar el derecho de participación política de quienes, conforme al ordenamiento vigente, mantienen actualmente dicha condición”.

“El auto no suspende la eficacia de las inscripciones registrales”.

“La nacionalidad española de las personas afectadas consta inscrita en el Registro Civil y las correspondientes inscripciones despliegan los efectos jurídicos que les son propios mientras no sean rectificadas, anuladas o privadas de eficacia por los cauces legalmente establecidos. El Auto no suspende la eficacia de tales inscripciones registrales ni contiene un pronunciamiento provisional de invalidez de las adquisiciones de nacionalidad. Suspende, sin embargo, uno de los efectos que derivan de esa situación jurídica, sus consecuencias electorales”. Esta situación, según la magistrada discrepante, supone un riesgo: “Privar de participación en una concreta convocatoria electoral a quienes figuran inscritos en el censo y mantienen plenamente eficaz la situación jurídica de la que deriva su condición de electores. De otra, emerge ahora un perjuicio inmediato y perfectamente identificable, la exclusión de un proceso electoral ya convocado de personas que, al tiempo de celebrarse las elecciones, ostentan una situación jurídica vigente de la que deriva su derecho de participación política”.

“¿Un perjuicio irreparable?”

“La exclusión de quienes actualmente conservan una condición jurídica eficaz para ejercer el sufragio produce un perjuicio que, de mantenerse la suspensión y resultar finalmente desestimada la pretensión principal, ya no podrá ser reparado. En efecto, el derecho de sufragio activo posee una dimensión temporal indisociablemente unida a cada concreta convocatoria electoral. Una vez celebradas las elecciones, ningún pronunciamiento posterior, por favorable que resulte a los afectados, podrá restituirles la oportunidad perdida de participar en ese específico proceso electoral. La lesión producida deviene entonces definitiva e irreversible (...) El derecho de sufragio activo posee una dimensión temporal inseparable de cada proceso electoral; una vez celebradas las elecciones, ninguna resolución posterior podrá restituir la oportunidad perdida de participar en ellas”.

Cáceres discute estos meses qué hacer con la Cruz de los Caídos, si debe considerarse patrimonio cultural o si es, como fue desde su origen, un símbolo de exaltación franquista. Pero mientras la Junta intenta revestirla de una nueva significación, la ciudad mantiene otros vestigios que no son restos arqueológicos ni piezas neutras de la historia: son huellas políticas que sobrevivieron a la dictadura y se integraron en el paisaje urbano como si fueran parte natural de la ciudad. Lo explico en mi blog.

Uno de ellos está en las inmediaciones de la Plaza de Toros: el monumento al Regimiento Argel 27. No es un detalle menor que su autor fuera Ángel Pérez, arquitecto municipal y responsable también del proyecto de la Cruz de los Caídos, tal como recoge el expediente elaborado en 2026 para la declaración de la cruz como Bien de Interés Cultural. Ese documento menciona expresamente el monumento al Argel entre sus obras. La relación entre ambos símbolos no es casual: nacieron en la misma cultura política, la que convirtió la victoria de los sublevados en motivo de celebración pública.

El Argel 27 tampoco fue una unidad ajena al golpe. El Ejército de Tierra sitúa su origen en el Regimiento de Segovia y confirma que en 1935 pasó a denominarse Regimiento de Infantería Argel número 27. Durante la Guerra Civil, sus miembros instruyeron a soldados del bando sublevado en las nuevas unidades de carros de combate. En Cáceres, además, fueron militares del Argel quienes proclamaron el estado de guerra el 19 de julio de 1936. Las tropas sublevadas tomaron el control de las instituciones y el alcalde republicano Antonio Canales fue apartado de su cargo. La historia del regimiento está entrelazada con la del golpe en la ciudad.

Por eso el monumento no nació para recordar una trayectoria militar compleja, sino para celebrar una victoria política. En 1940, apenas un año después del final de la guerra, autoridades políticas, militares, religiosas y falangistas se reunieron en el Ayuntamiento para acudir a rendir homenaje al regimiento. Antes pasaron por Aguas Vivas, donde se inauguraron nuevas calles con nombres de batallas del bando sublevado: Escamplero, Belchite, Brunete, Alfambra. La documentación sobre el callejero franquista sitúa en 1939 la denominación de la plaza del Perejil como Plaza del Regimiento Argel. Las calles se engalanaron con banderas, guirnaldas y mantones. Hubo aplausos, vítores, discursos e himnos. Y mientras se celebraba la victoria, en la cercana Plaza de Toros seguían encerrados presos bajo el control del Campo de Prisioneros de Los Arenales, cuya existencia aparece incluso en el Boletín Oficial del Estado de 1940.

Nobleza obliga

Hay palabras que, vistas desde hoy, resultan inquietantes. 'Nobleza obliga' fue el lema de una suscripción abierta en 1937 para premiar a quienes proporcionaban información a las autoridades militares durante la oleada represiva que desembocó en las ejecuciones de las Navidades de aquel año. La documentación publicada sobre esos hechos recoge las cantidades entregadas y el destino de las aportaciones. En aquella Cáceres concreta, la delación era una actividad recompensada. Las palabras también formaban parte de la maquinaria política.

El monumento permaneció en el Paseo del Perejil hasta 1965. No desapareció por decisión democrática: se trasladó por las necesidades de la transformación urbana. Ese año se acometió una nueva ordenación del tráfico que supuso también la desaparición del Parque del Perejil. Pero el monumento no se retiró. Volvió a ser protagonista de los actos de conmemoración del aniversario del golpe. El alcalde era Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano, según recoge el Ayuntamiento de Cáceres. La celebración fue todavía más fastuosa. El diario católico Extremadura dedicó una página entera a glosar los méritos del regimiento.

La historia militar admite reorganizaciones, cambios de nombre y nuevas misiones. Pero no todas las etapas tienen el mismo significado político. La dictadura quiso atribuir al Argel 27 una gloria vinculada a su participación en el golpe y en la guerra del lado sublevado. Eso se celebraba en 1940. Eso se conmemoraba en 1965.

Hoy el monumento conserva dos leyendas: una sobre su reinauguración en 1965 y otra sobre su restauración en 2007. Ese año se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que establecía medidas para retirar símbolos de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura. La coincidencia temporal no permite afirmar por sí sola por qué se restauró el monumento ni quién decidió hacerlo, pero sí invita a formular una pregunta: ¿qué significa que un monumento nacido para homenajear al bando vencedor siga formando parte del paisaje urbano y haya sido restaurado en democracia?

No se trata de borrar la historia. Es exactamente lo contrario: contarla. Retirar un símbolo franquista no destruye memoria. Mantenerlo tampoco la garantiza. La memoria necesita contexto, explicación y honestidad. El problema de estos monumentos no es la piedra. Es aquello que la piedra recuerda.

Cáceres discute ahora si la Cruz de los Caídos debe ser considerada patrimonio cultural. El expediente reconoce que nació en 1937 como homenaje a los caídos del bando sublevado y que originalmente incorporaba referencias explícitas a la sublevación y a Franco, aunque fueron eliminadas en 1984. Ese debate debería servir para mirar alrededor. Porque la cruz no es el único vestigio. Está la fachada de Santa María, donde permanecen elementos de exaltación. Está el monumento al Argel. Está un callejero que durante años convirtió batallas de la guerra en parte del paisaje cotidiano.

Y está, sobre todo, una historia que durante demasiado tiempo se ha contado desde la perspectiva de quienes ganaron.

“Vivimos un momento de revival del franquismo y es importante conocer la historia”. Toda. No solo la de una parte de quienes protagonizaron la vida política, social o cultural entre 1936 y 1975, en particular en la ciudad de Toledo. “Frente a ese revival franquista hay que poner algunas vacunas”, asegura Enrique Sánchez Lubián, periodista y escritor (Alcázar de San Juan, 1956).  

¿Cómo hacerlo? Él cree que hay que empezar por “aplicar la ley de memoria histórica”, no tanto en lo que tiene que ver con la primera parte de la dictadura franquista, sino con la historia más reciente. “Se nos ha vendido que la Transición fue fruto de un pacto entre las élites políticas y la monarquía, pero se deja a un lado a todo el movimiento social que hubo detrás: estudiantes, sindicatos, trabajadores, gente de la cultura, periodistas, amas de casa o asociaciones de vecinos”.  

Ellos y ellas fueron, dice el periodista, quienes “recogieron el espíritu reivindicativo que enlaza con aquella gente que, una vez terminada la guerra, siguieron luchando en la guerrilla o desde la clandestinidad”. Un movimiento que eclosionó en los años 70 del siglo XX. “Empujaron para que la Transición fuera posible y eso no se ha contado lo suficiente”.

Acaba de publicar Crónicas del después de una guerra: Toledo, memoria y libertad (Toletum Revolutum, 2026). Quiere contar la historia de la ciudad “desde un punto de vista diferente”. Y es que, según explica, “hay muchos estudios sobre la época visigoda, la medieval o la imperial, pero conforme nos vamos acercando al presente, los estudios no son tan abundantes”.

El libro surgió en 2025, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco y con el desarrollo del programa ‘España en libertad’, una iniciativa del Gobierno coordinada por un Comisionado especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, asesorados por un Comité científico compuesto por académicos de reconocido prestigio.

Enrique Sánchez Lubián publicó una serie de artículos en elDiario.es Castilla-La Mancha que han servido de base para este nuevo libro que incluye textos inéditos, hasta llegar a la veintena de historias de personajes, situaciones o acontecimientos sufridos por los perdedores de la guerra que quedaron relegados al olvido y que, según explica el periodista, apenas tienen reseñas en la historiografía local.

Tras publicar Los presos que levantaron la Academia de Toledo, un libro en el que identificó a unos 3.000 republicanos que trabajaron forzadamente en la construcción de este recinto militar, hoy convertido en centro de formación de la rama de Infantería del Ministerio de Defensa, ha buscado un ejercicio de intrahistoria, protagonizada por aquellos a los que nadie mencionó en las crónicas oficiales del régimen franquista, e incluso después de que la dictadura llegase a su fin.

“Al documentarme en archivos en los que no había trabajado antes, sobre todo archivos militares de defensa, para aquel otro libro encontré un pozo de documentos que podían ser interesantes para contar la historia de Toledo”.

El libro da continuidad también a otro en el que Sánchez Lubián abordó el Toledo de la Segunda República. “Muchos de los personajes que aparecen sufrieron después la represión franquista. En este libro se habla de ellos, se cuentan sus procesos penales o si se marcharon al exilio”.

El escritor recuerda que “el 1 de abril de 1939 la guerra civil solo terminó para algunos, pero no para quienes sufrieron represión, cárcel o exilio. Padecieron el ostracismo o el hambre. Fue lo que algunos definieron como la paz de los cementerios”. No han sido recordados o reconocidos, subraya. “Se pretende hacerlo a través de una Ley de Memoria Democrática que tiene agujeros”.

Unos agujeros, abunda, que se hacen patentes en Toledo, “con Moscardó o Milans del Bosch todavía enterrados en el Alcázar, el mismo edificio donde existe un monumento dedicado al ángel de la victoria, el obelisco con la cruz franquista en la avenida de la Reconquista o la falta de reconocimiento de lugares de memoria, como en el caso de la Academia de Infantería. Hasta la sede de las Cortes regionales, que fue cárcel para los dos bandos”, apunta.

“Uno de los grandes fallos” al instaurar la democracia

Para el periodista, uno de los “grandes fallos” al implantarse la democracia fue “no llevar el espíritu de la Transición a los colegios para que las nuevas generaciones supieran lo que fue recuperar libertades, la consolidación del Estado del Bienestar y lo que ha costado todo eso”.  

Enrique Sánchez Lubián se plantea el libro como una “labor pedagógica y divulgativa” que anima a poner en práctica por parte de otros y otras profesionales en el ámbito de la literatura, la historia o el periodismo.

La sociedad española, 90 años después de la guerra civil, sigue dividida con esta cuestión, reconoce. “Se sigue utilizando de forma despectiva el epíteto rojo o comunista”, lamenta, para abogar por la necesidad de cerrar heridas, sin que eso sea cuestionado.

“Muchas personas se ponen en contacto conmigo para saber si les puedo ayudar a localizar los restos de sus familiares. Tienen derecho. Vivimos en una cultura que, ante la muerte, busca la paz mental. Y yo no he percibido sentimientos de rencor cuando alguien puede recuperar y enterrar de forma digna a los suyos”. En su opinión, más bien suele traducirse en “agradecimiento por poder cerrar una herida”.

La Constitución debe ser algo vivo, conforme avanza la sociedad. ¿De qué sirve tener un artículo que garantiza el derecho a tener casa? ¿De qué sirve tener garantía democrática si al ciudadano no le llegan los servicios básicos?

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de inaugurar un amplio programa de actividades para recordar que se cumplen ahora 50 años de la Transición democrática en la comunidad autónoma. Sánchez Lubián insiste en que debe contarse en las aulas. “Los niños y las niñas tienen que saber que costó conseguir una Educación o una Sanidad públicas. Deberían defenderse todos esos logros”.

Durante la conversación sale a colación que, en 2028, la Constitución española cumplirá 50 años. “Debe ser algo vivo, conforme avanza la sociedad. Desde luego la España de 1978 no es la de 2026. Debe adaptarse porque si no, se convierte en algo lejano. Lo estamos viendo con las protestas por la vivienda. ¿De qué sirve tener un artículo constitucional que garantiza el derecho a tener casa? ¿De qué sirve tener garantía democrática si al ciudadano no le llegan los servicios básicos?”.

En este punto no solo pone el foco en los políticos sino también en la “indiferencia” de la ciudadanía. “Nos quejamos mucho en los bares, en el ámbito familiar o con los amigos, pero se trata de ser más activos”, incide, para defender la continuidad del sistema democrático.

Las “fisuras” en el Estado autonómico: “Debe repensarse”

Partidario declarado de un Estado federal, Sánchez Lubián mira con preocupación las actuales tensiones políticas en España que, advierte, “pueden hasta poner en cuestión el Estado de las Autonomías” y lo explica: “Lo están cuando vemos que se utilizan para echar las culpas al Gobierno central o pasarle la pelota. Lo vimos con la dana de Valencia, con los incendios forestales en Madrid o con la vivienda ahora. Las autonomías tienen competencias que no ejercen”.

Por eso, porque hay “fisuras” en el Estado de las Autonomías, considera que es algo que “debe repensarse”. La propia democracia parece estar en la cuerda floja e incluso cuestionada por el “desapego” que, en su opinión, ya no procede solo de las personas más jóvenes, sino que “se extiende”.

El libro se presenta el 15 de octubre, a las 17.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, en el marco de la Feria del Libro. En el acto participará el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

El hasta ahora denominado puente José León de Carranza, que une Cádiz capital con Puerto Real, ha pasado a llamarse oficialmente 'Rafael Alberti' después de que este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya completado la tramitación administrativa con la que se articula este cambio. Ahora es la Dirección General de Carreteras del Ministerio la que debe acometer las acciones oportunas para hacer efectiva la nueva denominación tanto en el Catálogo de la Red de Carreteras del Estado como en la señalización del puente.

Este cambio responde al desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, el bando sublevado de la Guerra Civil o la dictadura franquista, como ha indicado el Ministerio en una nota.

La nueva denominación garantiza así el cumplimiento de la legislación vigente y convierte uno de los accesos clave a la ciudad de Cádiz en un espacio de reconocimiento a “un referente de la cultura española y de la defensa de las libertades”.

El poeta Rafael Alberti nació en El Puerto de Santa María el 16 de diciembre de 1902 y falleció el 28 de octubre de 1999. Fue miembro de la generación del 27 y considerado uno de los mayores referentes de la literatura española. La nueva denominación del puente refuerza la vinculación de Cádiz con la figura de Alberti. El cambio, se ha aclarado, afecta exclusivamente a la denominación oficial de la infraestructura, manteniéndose inalteradas sus características y funcionalidad.

Iniciativa impulsada por Sumar

La iniciativa del cambio de nombre fue impulsada por el grupo parlamentario de Sumar, que este martes han mostrado su satisfacción porque se complete el último paso del expediente y el puente gaditano “deje atrás para siempre la denominación de José León de Carranza, alcalde franquista durante 21 años y con una participación activa en el golpe de Estado de 1936”.

La diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha asegurado que “hoy Cádiz salda una deuda con Rafael Alberti y con la democracia”, resaltando que “durante más de 50 años” una de las puertas de entrada a la ciudad ha llevado el nombre de “quien participó en el golpe de Estado y nos hundió en décadas de represión”.

“Desde hoy, cada persona que cruce la bahía lo hará por el puente de Alberti: el poeta de la libertad”, ha afirmado Gil de Reboleño, haciendo hincapié en que este hecho “no ha caído del cielo”. La iniciativa arrancó en mayo de 2025, cuando Sumar solicitó por escrito al ministro de Transportes, Óscar Puente, el cambio de denominación. Desde entonces han sumado cerca de 4.000 firmas ciudadanas, el respaldo de los ayuntamientos de Puerto Real y El Puerto de Santa María y de la Diputación de Cádiz y una proposición no de ley registrada en el Congreso.

“Ha habido silencios, retrasos y presiones para que esto no cambiara, pero la ley está para cumplirse, y hoy, por fin, se cumple”, ha manifestado la diputada, quien ha resaltado en que esta es “una victoria de la memoria democrática” y también de “la gente de Cádiz que firmó, que insistió y que no se rindió”.

El Puente José León de Carranza, ahora de Rafael Alberti, se inauguró en 1969 como homenaje al alcalde franquista fallecido unos meses antes de la puesta en servicio y configura uno de los accesos más importantes a la ciudad de Cádiz.

Es una estructura de 1.400 metros de longitud formada por 29 vanos isostáticos de vigas de hormigón y un vano metálico móvil en la que, además, recientemente, el Ministerio ha destinado cuatro millones de euros a las obras de emergencia para la sustitución de vigas de uno de los vanos para garantizar la seguridad y la circulación de esta infraestructura estratégica para la Bahía de Cádiz.

Un singular maridaje político ha unido en la tribuna del Parlamento de Cantabria a La bola negra de los Javis y el monumento al franquista Carrero Blanco, que el Ministerio ha ordenado derribar antes de marzo. Después de que tanto el Partido Popular como Vox se hayan esforzado por indultarle, con dos argumentos: que también fue una víctima de ETA -lo asesinó la banda terrorista en 1973- y que la escultura merece protegerse como un Bien de Interés Cultural.

La propuesta del indulto partió de Vox y fue secundada por el Partido Popular. “Carrero Blanco hizo muchos servicios por Santoña y por los santoñeses” -justificó el diputado popular Íñigo Fernández -“hizo más viviendas sociales en Santoña que Pedro Sánchez en toda España durante ocho años”.

El PRC ya había defendido indultar el monumento, en otro debate anterior, argumentando también que el presidente del Gobierno de la dictadura franquista ha sido un gran benefactor de su pueblo. Aunque en esta ocasión ha atemperado su postura con una abstención a la hora de votar la propuesta de Vox, en lugar de apoyarla como hizo en junio.

Una iniciativa que exige que iniciar el expediente para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, la escultura que una resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España del pasado 2 de septiembre ordena retirar.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha reprochado que desde el primer debate parlamentario de junio “no se ha avanzado en la consideración de Carrero Blanco como víctima del terrorismo” ni en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). “Yo planteé aquí por qué no podía ser un homenaje a las víctimas del terrorismo... y ahí quedó”, explicó.

A continuación, ha leído la crítica de la película La bola negra escrita por el periodista Guillermo Balbona. “Les animo a verla” -ha dicho- “creo que va a hacer más por la reconciliación, por la visión de la historia de España de los jóvenes, que esta discursión estéril que hoy estamos teniendo”, ha concluido.

“Voy a coger las palabras de Balbona donde dice que es una película, ante todo, sobre el amor que perdura y la revelación de la libertad, también oportunamente antifascista frente al acceso reaccionario del presente y de quienes niegan la vida”, ha citado.

El portavoz socialista, Mario iglesias, ha subrayado que el nombre de Carrero Blanco “no se cita ni una sola vez en la iniciativa de Vox, porque saben que esto es contrario a la ley” y les ha acusado de querer mantener un monumento “a quien gobernó contra la propia democracia”. “Ustedes no defienden la democracia, defienden la nostalgia” -acusó el diputado- “no es una iniciativa de patrimonio, es puro blanqueamiento”.

Para el diputado Íñigo Fernández -cuyo partido a votado a favor de la iniciativa de proteger el monumento- “el problema es la decisión de rescatar lo más negro, lo más sucio, lo más terrible y lo más desgarrador de la historia de España para ponerlo en el orden del día de hoy, 90 años después, para reescribirlo y reconsiderarlo en términos de ajuste de cuentas”.

“Tal crecimiento [del censo exterior] genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. Este fue el principal argumento con el que el Tribunal Supremo acordó el pasado 8 de septiembre limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. A juicio de los magistrados, la ley de nietos había propiciado un “excepcional” incremento de las personas con derecho a voto y eso podría generar un “daño irreversible”.

Dos semanas después de esa decisión, el recurso en el que la Abogacía del Estado pide revertir esta decisión pone entredicho las cifras que sustentan esta polémica resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal. En su fallo, los magistrados asumieron las cifras de los denunciantes —Vox y el extraparlamentario Iustitia Europa—, que basaron sus impugnaciones en el incremento global de 408.262 electores que el censo exterior había sufrido desde las elecciones de 2023. 

Las certificaciones oficiales de la Dirección General de Españoles en el Exterior aportadas por los servicios jurídicos del Estado evidencian que el volumen real de electores inscritos bajo la cuestionada “presunción general de exilio” asciende a 168.896 personas a 31 de agosto de 2026. Es menos de la mitad de la cifra que toman los jueces como referencia. 

Esta diferencia obedece a que los denunciantes tomaron como referencia el incremento global del censo exterior, donde están inscritos todos los españoles que viven de forma permanente en el extranjero. En su recurso, la Abogacía del Estado cuantifica en 369.017 los nacionalizados en virtud de esta ley a través de cuatro supuestos legales distintos, pues la norma, además de a los nietos de quienes “salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955” otorga la nacionalidad a otros descendientes de españoles.

Es el caso, por ejemplo, de los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, los hijos mayores de edad de quienes ya obtuvieron la nacionalidad por la ley de 2007 o la de 2022 o la consolidación de la nacionalidad de origen sobrevenida. 

Una influencia “ínfima”

Basándose en esa cifra de 168.896 electores nacionalizados a través de la instrucción sobre la que ha puesto el foco el Supremo, la Abogacía del Estado considera “erróneo” y “ficticio” el supuesto peligro electoral. El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. 

“No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo y, en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

La Abogacía del Estado ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los servicios jurídicos del Estado cuestionan los “excesos” de los magistrados, que se basaron en la existencia de un supuesto “peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afectara a las elecciones para impedir votar a estos descendientes de españoles salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados.

La Abogacía del Estado denuncia que la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo “excede los límites propios del incidente cautelar” y se pronuncia sobre la “legalidad” de una instrucción “que no ha sido impugnada en este proceso” y sobre cuya validez no se pueden pronunciar.

Se trata de la instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó en 2022 y que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La clave es que partido extraparlamentario Iustitia Europa y Vox no recurrieron ante el Supremo el contenido de esa instrucción, sino el acuerdo de la Junta Electoral Central que declaraba su falta de competencia para examinar su contenido.

Los jueces, sin embargo, fallaron que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acordaron mantener en el censo solo a quienes puedan acreditar documentalmente que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”. 

En su recurso, la Abogacía del Estado defiende que el Supremo se ha excedido en sus competencias al abordar la validez de una instrucción que no ha sido recurrida y que es firme desde hace años. E insiste en que la sentencia que se dicte “podrá anular” el citado acuerdo de la Junta Electoral, pero “nunca podrá anular o limitar los efectos” de cada concesión de nacionalidad concedida y que no ha sido impugnada en este procedimiento.

En este sentido, recuerda que enjuiciar la validez de los títulos de concesión de la nacionalidad no es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino de la jurisdicción civil.

Además, considera que el auto impugnado excede los límites propios del incidente cautelar, pues hace un “juicio anticipado” sobre el fondo del asunto dado que impone a la Junta Electoral un comportamiento que coincide, en lo esencial, con el contenido de la pretensión de fondo de Iustitia Europa y Vox, que consistía en impedir votar a estas personas.

168.896 nacionalizados con la instrucción

Por otro lado, el recurso de la Abogacía del Estado también trata de desmontar el cálculo del tribunal, que basó la existencia de un supuesto riesgo electoral en el hecho de que desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se había incrementado en 408.262 personas. 

Así, los servicios jurídicos del Estado rebajan a 168.896 las personas que accedieron a la nacionalidad a través de esa presunción de exilio que recoge la instrucción para los descendientes de quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. 

El recurso aplica esa cifra a la participación histórica del voto exterior en las elecciones generales, que ronda el 8% y estima en 14.120 los votantes potenciales. Se trata, según estos cálculos, del 0,06 % de los votos emitidos. Es, a su juicio, una influencia “ínfima” y que, a su juicio, no permite concluir la existencia del riesgo de alteración del proceso electoral en el que el Supremo basó su decisión. 

“No existe ningún riesgo derivado del crecimiento del censo (...). Y aun en el negado caso de que existiese algún riesgo, sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia. Nadie puede predecir el sentido del voto de las personas incorporadas al censo, y en todo caso, no podría alterar el resultado electoral por pura matemática”, recoge el escrito.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha registrado ante la Junta de Extremadura 13 informes elaborados por especialistas internacionales en historia, arte, patrimonio, memoria democrática y psicología social para fundamentar su petición de archivo del expediente que busca declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Cruz de los Caídos de Cáceres. La organización reclama al Ejecutivo autonómico que valore la documentación aportada antes de adoptar una resolución definitiva.

Los informes están rubricados por expertos vinculados a la Universidad de Extremadura (UEx), la Universidad Complutense de Madrid, la UNED, la Universidad de Santiago de Compostela, ICOM-España, Durham University (Reino Unido) y el Instituto de Historia del Arte de Zagreb (Croacia). Según ARMHEX, los análisis cuestionan que el monumento reúna los criterios de singularidad, excepcionalidad y relevancia patrimonial exigidos para la figura de BIC, situando su único interés en el contexto histórico y la memoria social vinculada a su construcción.

En sus alegaciones, la asociación señala que, aunque el propio expediente reconoce la relación del monumento con la arquitectura y simbología de exaltación del franquismo, pretende justificar un cambio de significado por las modificaciones realizadas en 1984. Frente a esto, la entidad sostiene que la tramitación debe evaluarse bajo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, recordando que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria democrática.

Los especialistas advierten asimismo sobre la “carga memorial” y el “conflicto social” que rodea a la estructura, advirtiendo de que su protección oficial resultaría problemática para las víctimas de la dictadura y sus familiares.

Como alternativas a la declaración como BIC en la ubicación actual, los informes proponen la documentación, el estudio histórico y la contextualización crítica del elemento.

ARMHEX recuerda además que el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ya aprobó en 2004 el traslado de la cruz al cementerio municipal, acuerdo que no se ejecutó, y que la revisión de 2010 del Plan General Municipal contempla expresamente que sus condiciones de protección permiten la reubicación.

El Principado de Asturias ha iniciado el procedimiento para declarar el Monolito de El Mazucu y sus alrededores, en el alto de la Tornería, en el concejo de Llanes, como Lugar de la Memoria Democrática de Asturias. La resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) destaca la relevancia histórica, memorial y simbólica de un enclave que fue escenario en septiembre de 1937 de uno de los episodios más destacados de la resistencia republicana durante la Guerra Civil.

Este monolito fue creado como espacio de memoria por la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) en reconocimiento a quienes defendieron la República y las libertades democráticas frente al golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura. Recuerda franquista, aparece con pintadas. El lugar fue elegido porque los montes de Llanes fueron escenarios de una de las peores batallas de la guerra civil durante dos semanas de septiembre de 1937, la batalla de El Mazucu. El frente norte republicano intentaba evitar el avance de las tropas franquistas hacia Asturias después de haber conquistado Bilbao y Santander, provocando cerca de 5.000 muertos.

El procedimiento de protección parte de una solicitud presentada el 29 de octubre de 2024 por la Federación Asturiana Memoria y República. Posteriormente, la Dirección General de Memoria Democrática promovió las actuaciones para proteger el enclave y la Comisión Técnica de Lugares de la Memoria Democrática acordó el pasado 10 de febrero abrir el procedimiento. El expediente considera acreditado que el lugar reúne valores históricos, memoriales, educativos, sociales y simbólicos suficientes para convertirse en uno de los espacios protegidos por la legislación asturiana de memoria democrática.

El Gobierno asturiano considera por ello que el monolito constituye un espacio que recuerda a quienes participaron en aquellos combates y simboliza la resistencia republicana en los últimos momentos de la Guerra Civil en Asturias. El expediente subraya también que El Mazucu fue uno de los últimos puntos que resistieron los ataques del bando sublevado antes de que el norte quedase bajo control de las tropas franquistas.

Este monolito fue vandalizado recientemente, apareciendo sin la placa conmemorativa y pintado con la frase “Lobo vivo y protegido”, mientras que en el muro que lo rodea se podía leer “Arriba España” y “Brigadas Navarras”, denunció la Federación Asturiana Memoria y República.

La apertura del expediente de protección ya tiene consecuencias sobre el enclave. El Principado ha ordenado su anotación preventiva en el Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática de Asturias y ha suspendido cautelarmente las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, además de los efectos de las ya concedidas. Esta protección se mantendrá hasta que exista una resolución definitiva o la Consejería competente autorice expresamente alguna actuación.

La resolución abre ahora un periodo de información pública de 20 días hábiles para presentar alegaciones, observaciones o sugerencias. El Ayuntamiento de Llanes dispondrá igualmente de 20 días hábiles de audiencia. Tras la tramitación del expediente y la consulta al Consejo de la Memoria Democrática, corresponderá al Consejo de Gobierno decidir definitivamente sobre la declaración del Monolito de El Mazucu y sus alrededores como Lugar de la Memoria Democrática de Asturias.

Recuerdo a luchadores antifascistas

Precisamente este sábado 19 de septiembre tendrá lugar en el monolito el XIX Homenaje a los Luchadores Antifascistas 'El Mazucu', a las 13 horas. La convocatoria está promovida por la Federación Asturiana Memoria y República y Ahaztuak 1936-1977.

El acto rendirá homenaje a Marisol Álvarez, hija del guerrillero Andrés Llaneza 'el Gitano'. Participarán Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano; la escritora y periodista Olga Rodríguez; el activista Rafa Palacios, en el marco del recuerdo a la resistencia argentina de 1976-2026; y la artista Rozalén.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de las personas que viven en el extranjero y han obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Nietos, aprobada en 2022 en el marco de la Ley de Memoria Democrática. PP y Vox llevan meses agitando el miedo ante un posible fraude electoral, ante un presunto amaño del censo por la inclusión de estas personas. Esta decisión, valorada ahora por la justicia como una opción posible, deja en el limbo a 400.000 personas, hijos y nietos de republicanos exiliados españoles… Que son españoles… pero que no tienen derecho a voto. 

Lo analizamos con la periodista de elDiario.es, Elena Herrera y con el catedrático de derecho constitucional, Joaquín Urías.

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La tomba de Vjekoslav Luburić és la primera que un pot veure en entrar al cementeri de Carcaixent. Sobre aquesta, en el moment d’escriure aquestes línies, hi ha quatre ciris d’origen alemany, un d’aquests amb la inscripció “du lebst in unseren herzen (sempre en els nostres cors)”. A la làpida, escrit en serbocroat, es llig: “Ací descansa en pau Vjekoslav Luburić, general de les Forces Armades de Croàcia. 6 - III - 1913 Ljubuški. 20 - IV - 1969 Carcaixent”.

El panteó podria ser un més del cementeri, si no fora per un detall. Al seu costat, hi ha dos pals amb sengles codis QR, dos fulls discrets que acompanyen la sepultura. Si algú s’interessa per veure què hi ha, el codi porta a un arxiu de l’Ajuntament de Carcaixent que, en només quatre paràgrafs, resumeix la història d’un dels genocides amagats pel franquisme a Espanya.

Luburić va ser el responsable del camp de presoners de Jasenovac durant la Segona Guerra Mundial, on van ser assassinades centenars de milers de persones entre serbis, jueus, gitanos i croats dissidents. El general pertanyia als “ústaixes” —“rebels” en serbocroat—, seguidors del dictador Ante Pavelić que van governar Croàcia i Bòsnia i Hercegovina des de l’abril de 1941 fins al maig de 1945 sota la protecció de Hitler i Mussolini, fins que les tropes de Tito i l’Exèrcit Roig els van desallotjar del poder. Com Pavelić, que reposa en un cementeri de Madrid, Luburić va ser acollit pel règim franquista.

En la documentació, la història de “Maks el carnisser” es resumeix escaridament. S’hi indica la seua data i lloc de naixement —que consten a la làpida—, la data de la seua mort i que va ser responsable del camp de presoners, com també l’acollida a Espanya per part del règim. Poc més per a donar per complides les obligacions de l’Estat espanyol en matèria de memòria democràtica.

El croat va ser conegut a la Ribera Alta com “don Vicent” o “el polaco”. Va arribar amb un nom fals —Vicent Pérez García— després de la guerra i va viure quasi vint anys al bressol de la taronja valenciana, on va muntar una impremta, fins que va ser assassinat presumptament per un agent de la Iugoslàvia de Tito, Ilija Stanić. Va tindre quatre fills que van anar a l’escola municipal i, com qualsevol veí, va fer uns quants amics. El periodista valencià Francesc Bayarri va aconseguir localitzar Stanić el 2003 a Sarajevo, quan el crim ja havia prescrit, en una trobada que reflecteix en el seu llibre Cita a Sarajevo (Austrohongaresa de Vapors, Premi dels Escriptors Valencians 2007 i amb una edició ampliada el 2019).

La tomba de Luburić és des de fa dècades un lloc de peregrinació per a neonazis. La Llei de memòria democràtica la va incloure en el seu catàleg de vestigis i va obligar a retirar l’escut i altres honors que figuraven a la sepultura, a més d’instal·lar panells informatius. El Govern va ordenar a l’abril, en l’aniversari de l’assassinat, que es retirara l’escut del règim ústaixa i s’hi afegira informació.

Durant el Govern del Botànic, la Conselleria va tractar d’exhumar les restes; fins i tot es va plantejar contactar amb l’ambaixada de Croàcia perquè se’n fera càrrec. L’Ajuntament de Carcaixent ha tractat de desmantellar el mausoleu en diverses ocasions i de contactar amb la família —té un fill que viu a Nàquera— per si volgueren traslladar-lo a un lloc familiar, sense èxit. Segons l’exalcalde, Luburić va tindre una vida discreta com a “don Vicent” al poble. La llei valenciana de memòria democràtica, vigent en aquell moment, no preveia una exhumació forçosa per al seu cas concret —ni havia participat en la Guerra Civil ni en les represàlies posteriors—, per la qual cosa, sense autorització familiar, no es poden moure les restes.

La tumba de Vjekoslav Luburić es la primera que uno puede ver al entrar en el cementerio de Carcaixent. Sobre ella, en el momento de escribir estas líneas, se encuentran cuatro velas de origen alemán, una de ellas con la inscripción “du lebst in unseren herzen (siempre en nuestros corazones)”. En la lápida, escrito en serbocroata, se lee: “Aquí descansa en paz Vjekoslav Luburić, general de las Fuerzas Armadas de Croacia. 6 - III - 1913 Ljubuški. 20 - IV - 1969 Carcagente”.

El panteón podría ser uno más del cementerio, salvo por un detalle. Junto a él, hay dos postes con sendos códigos QR, dos folios discretos que acompañan a la sepultura. Si uno se interesa por ver qué hay en ellos, el código lleva a un archivo del Ayuntamiento de Carcaixent, que en apenas cuatro párrafos resume la historia de uno de los genocidas escondidos por el Franquismo en España.

Luburić fue el responsable del campo de prisioneros de Jasenovac durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron asesinados cientos de miles de personas entre serbios, judíos, gitanos y croatas disidentes. El general pertenecía a los “ustashas” —“rebeldes” en serbocroata—, seguidores del dictador Ante Pavelic que gobernaron Croacia y Bosnia Herzegovina desde abril de 1941 a mayo de 1945 bajo la protección de Hitler y Mussolini, hasta que los desalojaron del poder las tropas de Tito y el Ejército Rojo. Como Pavelic, quien yace en un cementerio de Madrid, Luburić fue acogido por el régimen franquista.

En la documentación la historia de 'Maks el carnicero' se resume escuetamente. Se indica su fecha y lugar de nacimiento —que constan en la lápida—, su fecha de muerte y que fue responsable del campo de prisioneros, así como la acogida en España por el régimen. Poco más para dar por cumplidas las obligaciones del Estado español en materia de memoria democrática.

El croata fue conocido en la Ribera Alta como 'don Vicent' o 'el polaco'. Llegó con nombre falso (Vicent Pérez García) tras la guerra y vivió casi veinte años en la cuna de la naranja valenciana, donde montó una imprenta, hasta que fue asesinado presuntamente por un agente de la Yugoslavia de Tito, Ilija Stanic. Tuvo cuatro hijos que fueron a la escuela municipal, y, como cualquier vecino, hizo unos cuantos amigos. El periodista valenciano Francesc Bayarri logró localizar a Stanic en 2003 en Sarajevo, cuando el crimen había prescrito, en un encuentro que refleja en su libro Cita a Sarajevo (Austronharesa de Vapors, Premi dels Escriptors Valencians 2007 y con una edición ampliada en 2019).

La tumba de Luburić es desde hace décadas un lugar de peregrinación para neonazis. La ley de Memoria Democrática la incluyó en su catálogo de vestigios y obligó a que se retirara el escudo y otros honores que figuraban en la sepultura, además de a instalar paneles informativos. El Gobierno ordenó en abril, en el aniversario del asesinato, que se retirara el escudo del régimen Ustaša y se añadiera información.

Durante el Gobierno del Pacto del Botánico, la conselleria trató de exhumar los restos, incluso se barajó contactar con la embajada de Croacia para que se hicieran cargo. El Ayuntamiento de Carcaixent ha tratado de desmantelar el mausoleo en varias ocasiones y contactar con la familia -tiene un hijo que vive en Nàquera- por si quisieran trasladarlo a un lugar familiar, sin éxito. Según el exalcalde, Luburic tuvo una vida discreta como 'don Vicent' en el pueblo. La ley valenciana de Memoria Democrática, vigente en aquel momento, no contemplaba una exhumación forzosa para su caso concreto —ni había participado en la Guerra Civil ni en las represalias posteriores— por lo que, sin autorización familiar, no se pueden mover los restos.

La decisión de la justicia española de suspender el derecho al voto de los descendientes del exilio, dice Mariana Figueroa, la ha hecho sentir “una ciudadana de segunda”. Esta arquitecta de 62 años se confiesa indignada y triste, y asegura que la negativa del Tribunal Supremo “pone en riesgo la reparación histórica”. Ella, como los otros argentinos que han prestado su testimonio a elDiario.es, han obtenido el pasaporte español o están a la espera de hacerlo gracias a la llamada ley de nietos sancionada en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática.

El Consulado General de España en Buenos Aires acumuló desde entonces 645.000 solicitudes. Sin embargo, la cifra de nacionalizados ronda los 30.000; y, de ellos, menos de la mitad ha pedido el alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Los expedientes que están en trámite seguirán su proceso, pero no se darán de alta en el censo.

En todo caso, la paralización cautelar del Supremo determina que ni unos ni otros podrán ejercer su derecho a voto hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto, que ha sido llevado a la Justicia por Vox y el partido extraparlamentario Iustitia Europa.

El embate de los ultras se dirigió contra la Junta Electoral Central (JEC) y la instrucción expedida por el Ministerio de Justicia que establecía una “presunción general de exilio” para facilitar los trámites de quienes abandonaron España en la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura franquista –entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955– sin exigir una prueba documental minuciosa. Ahora sí tendrían que probar que el exilio tuvo que ver con razones “políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual”, como recogía la disposición de la ley.

“Me parece una falta de consideración de la justicia, una quita de derechos ciudadanos, porque se exigen documentos del exilio que muchas familias no conservaron. La gente se vino en barco con lo que tenía. Así llegó mi bisabuelo con mi abuela desde Valencia tras la Guerra Civil”, señala María del Pilar Moura Santángelo, que ya tiene la nacionalidad española.

A esta abogada de 32 años le preocupa que el Poder Judicial “avasalle” a otro poder del Estado, y sea desconsiderado con las condiciones de emigración. “Hay división de poderes, el Parlamento ya se pronunció y ahora la Justicia pone requisitos adicionales que no incluía la ley”, se queja.

“Tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”

Griselda Díaz Marchi tiene 52 años, es nieta de asturianos y cuenta con la nacionalidad española desde 2024. “Me parece tremendo el fallo judicial, porque es uno de nuestros derechos, el derecho político, poder votar, elegir a nuestros representantes, aunque nosotros no vivamos allá, en mi caso, por ahora. Dentro de mis proyectos está poder ir a vivir a España. Soy trabajadora social y revalidé el título para poder trabajar allá, si es que se concreta este proyecto. ¿Qué más nos van a restringir? ¿La posibilidad de trabajar, la posibilidad de votar? Yo soy española, tengo sangre española, no me van a quitar la identidad”.

Díaz Marchi señala también el componente ideológico. “Hay una clara agresión hacia Pedro Sánchez, que tiene una política distinta a la del resto de Europa, y quieren quitarnos la posibilidad de reelegirlo o elegir a otro presidente que continúe con estas políticas”, asegura.

Aunque en las elecciones generales de 2023 hubo bastante expectación y se preveía que el voto exterior podía alterar los resultados en hasta nueve provincias, la realidad tras el recuento fue menos sustanciosa: movió apenas un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

La derecha española ha buscado instalar la hipótesis de que la masa de nuevos electores en Argentina actuaría como una suerte de provincia con más peso que la mayoría de los distritos peninsulares. Sin embargo, no existe un distrito electoral fuera de las fronteras; cada voto emitido en el exterior se asigna a la región española donde residieron los ciudadanos españoles o sus antepasados.

“Mi abuela María González vino de niña desde el pueblo de Cantalpino, cerca de Salamanca. Me lo sé de memoria al pueblito. Hice la reconstrucción familiar; somos un montón de hermanos y solo yo hice el trámite de nacionalidad. Siento tristeza”, cuenta Figueroa. Para ella, se trata de “un acto discriminatorio”. “Me parece que existe un temor de que algunos votos no vayan en la dirección de unos determinados intereses”.

“Parece que hay ciudadanos de segunda, es ideológico”

Diego Pérez, de 52 años, sigue a la espera del trámite de su nacionalidad, que inició en 2023. “Mi bisabuela paterna, Julia Fernández, vino en un barco, se fue al campo, a Olavarría (provincia de Buenos Aires), y no se documentó por miedo, durante años. Vino de Crémenes (León) con lo puesto y nunca más volvió”, relata. Y asegura que la decisión del Supremo le indigna porque “más allá del reconocimiento de la ciudadanía, es un golpe a la identidad”. Y recuerda que la ley de nietos supone un reconocimiento a aquellos españoles que se vieron obligados a irse del país: “Es un homenaje a esa gente que se la jugó”.

Pérez, empleado público, adhiere a la idea de que se trata de una medida ideológica. “Así planteado, parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda; es netamente ideológico. Vemos cómo la Justicia empieza a contaminarse la justicia con lo que dice el fascismo. Yo espero que España empiece a mirar con atención lo que está pasando en Alemania, con el triunfo de la ultraderecha en Sajonia-Anhalt”.

Para Mariana Rodríguez Mora, la resolución judicial es parte de un contexto global que busca poner cada vez más trabas a los migrantes, aun cuando este tipo de leyes reconocen derechos surgidos de otras migraciones, como en el caso del exilio español.

“La ley de nietos ha representado un avance en la reparación para los descendientes del exilio”, señala esta trabajadora social de 29 años, que inició el trámite de nacionalidad española después de que lo hiciera su madre, porque quien emigró a Argentina fue su bisabuela, desde La Rioja. “Negar el voto a nacionalizados residentes fuera de España responde a resistencias políticas; es negar que la gente migra en busca de mejores condiciones de vida, como fenómeno histórico y natural”.

El Tribunal Supremo ha acordado esta semana limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. Salvo que la decisión sea revocada cuando se analice el fondo del asunto, este fallo privará del ejercicio de ese derecho fundamental a los más de 300.000 descendientes de españoles que ya han accedido a la nacionalidad a través de la llamada ley de nietos, salvo que acrediten tras otro largo proceso burocrático que son familiares de exiliados.

En el auto en el que justifican esta decisión, los jueces sostienen que hay “un peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afecte a las elecciones y se produzca un “daño irreversible”. Según los datos recogidos en esa resolución, desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se ha incrementado en 408.262 personas. La ley de nietos entró en vigor el 21 de octubre de 2022. En ese censo figuran todas las personas que tienen nacionalidad española y residen de forma permanente en el extranjero, que pueden votar en elecciones generales, autonómicas y europeas. 

El pronunciamiento del Supremo, que ha supuesto el último encontronazo entre el Gobierno y una parte de los jueces, ha puesto en el foco una instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó hace cuatro años, el 25 octubre de 2022, cuatro días después de la entrada en vigor de la ley que abrió la puerta de la nacionalidad a un mayor número de descendientes de quienes huyeron de la Guerra Civil o se exiliaron durante la dictadura franquista. 

Esa instrucción estableció cómo debe acreditarse esa condición de nieto de exiliado que exige la norma para acceder a la nacionalidad. Y la clave es que presume que son exiliados “todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Fuentes gubernamentales explican que transcurridas más de ocho décadas desde el inicio de la Guerra Civil, la obtención de pruebas documentales oficiales de persecución política resultaba difícil para muchas familias. Para evitar que el derecho quedara inoperante por las barreras burocráticas, la instrucción incluyó unas pautas de interpretación y la presunción de exilio sobre la que ahora pone el foco el Supremo. 

De hecho, la instrucción de 2022 fue impugnada en los tribunales por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó paralizar cautelarmente su aplicación al entender que hacerlo suponía el riesgo de no ejecutar de forma inmediata una ley y perjudicar a los terceros beneficiarios de la nacionalidad. 

En realidad, esa instrucción que ahora está en el centro de la polémica es similar a otra dictada en 2008, después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la ciudadanía española como consecuencia de su salida del país por motivos políticos. Entonces también se estableció esa presunción de exilio y la norma se aplicó con normalidad.

Un texto nada novedoso y que data de hace cuatro años ha servido para que el PP y Vox alienten en las últimas semanas la conspiración del pucherazo ante las citas electorales del próximo año al extender el bulo de un supuesto incremento ilícito del censo exterior gracias a la ley de nietos. En realidad, en las últimas generales apenas votó el 10% del censo de españoles que residen de forma permanente en el exterior: 233.688 personas. Y quien salió beneficiado fue el partido de Alberto Núñez Feijóo, que le arrebató un escaño al PSOE.

El acuerdo de la Junta Electoral Central

Sin embargo, al calor de esos pronunciamientos, distintas “formaciones políticas, personas y entidades” cuestionaron el pasado julio ante la Junta Electoral Central la repercusión en el censo electoral del incremento del número de personas que han obtenido la nacionalidad en virtud de esta ley y la citada instrucción. Y solicitaron que se suspendiera el proceso de elaboración del censo de españoles residentes en el extranjero o la congelación provisional de las nuevas altas derivadas de la ley de nietos.

El organismo que hace de árbitro ante litigios electorales determinó por mayoría que excede de su competencia pronunciarse sobre las circunstancias que permiten la concesión de la nacionalidad y su procedimiento, así como hacer valoraciones sobre las leyes que aprueba el Parlamento. Sin embargo, ese acuerdo contó con el voto particular de cuatro vocales que consideraron que la Junta Electoral Central sí tiene competencia para frenar los efectos de esa norma en el censo electoral y “poner fin a un incremento formidable e irreversible en contra de lo previsto en la ley”.

Sus firmantes son los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Vidal Prado y Javier Tajadura Tejada y los magistrados del Supremo Vicente Magro y Fernando Marín. Sus argumentos figuran en el escrito con el que Iustitia Europa impugnó ese acuerdo de la Junta Electoral Central y que han sido asumidos por el Supremo para acordar la suspensión cautelar del derecho al voto de los descendientes de represaliados del franquismo. El ponente de esa decisión es el magistrado Antonio Narváez, uno de los juristas que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País.

Iustitia Europa utilizó la existencia de este voto discrepante como argumento principal para defender que existen argumentos sólidos para aceptar la suspensión cautelar, lo que técnicamente se conoce como “apariencia de buen derecho”. Y, basándose en ese escrito argumentó que la instrucción del Ministerio de Justicia introdujo una presunción generalizada de exilio no prevista por el legislador y eliminó la exigencia de acreditar que la salida de España respondió a motivos de persecución política e ideológica.

Ese argumento es recogido por los jueces del Supremo, que sostienen que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. Y acuerdan mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”.

Esto es, que deberán iniciar de nuevo el trámite en las Oficinas Consulares y aportar la acreditación de que su ascendiente fue beneficiario de las pensiones para exiliados, aportar certificaciones de la Oficina de Refugiados de la ONU de las oficinas de acogida de los estados receptores o informes de partidos, sindicatos u organizaciones vinculadas al exilio reconocidas oficialmente.

La decisión del Supremo cuenta con la opinión discrepante de la magistrada María Alicia Millán, quien considera que la decisión es “incongruente” dado que las medidas acordadas recaen sobre la instrucción cuando el objeto del recurso era el acuerdo de la Junta Electoral. Además, considera que la mayoría ha optado por anteponer un “riesgo futuro e incierto” sobre unas elecciones aún no convocadas frente al perjuicio inmediato, efectivo y grave de privar cautelarmente del derecho fundamental al voto a ciudadanos reconocidos como españoles.

El Tribunal Supremo sostiene que hay “un peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afecte a las próximas elecciones. Así consta en el auto por el que los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerdan limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. Según los datos recogidos en esa resolución, desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se ha incrementado en 408.262 personas. 

El fallo, que ha supuesto el último encontronazo entre el Ejecutivo y una parte de los jueces, pone el foco una instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó hace cuatro años, el 25 octubre de 2022, días después de la entrada en vigor de la llamada ley de nietos. Esa instrucción estableció cómo debe acreditarse la condición de nieto de exiliado que exige esa norma para acceder a la nacionalidad. Y la clave es que presume que son exiliadas todas las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. 

En su impugnación ante el Supremo, el partido extraparlamentario Iustitia Europa alegó que, con esa presunción, se amplió la posibilidad de acceder a la nacionalidad a cualquier descendiente de españoles, fuese cual fuese la causa de su salida de España. Y que eso iba en contra de la “voluntad” del legislador, que lo que buscaba con esta norma es el reconocimiento de los represaliados de la guerra y la dictadura. No de quienes, por ejemplo, migraron por motivos económicos.

Ese argumento es recogido por los jueces del Supremo, que sostienen que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. En consecuencia, el Supremo acuerda mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”.

En realidad, lo que se impugnó en este caso no fue la citada instrucción, sino un acuerdo del pasado julio de la Junta Electoral Central que se declaró no competente para suspender el proceso de elaboración del censo de españoles residentes en el extranjero o congelar provisionalmente de las nuevas altas derivadas de la ley de nietos tras varios recursos presentados. A este respecto, el Supremo dice que, con esa decisión, la Junta Electoral Central pudo eludir sus “competencias de control funcional”.

Voto particular discrepante

La decisión cuenta con el voto particular de la magistrada María Alicia Millán, quien discrepa de la decisión de la mayoría. Su escrito indica que en este caso concreto no concurren los requisitos legales para la adopción de medidas porque el acuerdo de la Junta Electoral Central impugnado no altera el CERA ni modifica inscripciones.

Añade que se ha llevado a cabo una ponderación de intereses desproporcionada porque se priva de forma inmediata y efectiva del derecho de sufragio a ciudadanos con nacionalidad reconocida basándose en hipótesis futuras e inciertas sobre elecciones no convocadas. Finalmente, apunta a que no hay una ilegalidad palmaria y las discrepancias internas en la Junta Electoral solo demuestran una controversia interpretativa compleja.