El mismo día en que el juzgado de Santoña (Cantabria) celebraba la vista para anular la condena franquista a Tasio Cañedo se cumplían, con poética precisión, 88 años de su fusilamiento. Un motivo más, la coincidencia del aniversario, para añadir emoción al proceso. “Se asesinó a inocentes que respetaban el gobierno legal, que lucharon por la República, por la democracia y por los derechos ciudadanos”, dice su sobrina María Toca.

El Juzgado de Santoña ha celebrado la vista para estudiar la revisión y posible nulidad de las sentencias franquistas dictadas contra Tasio Cañedo y varios miembros de la corporación republicana de Escalante represaliados durante la posguerra franquista. El procedimiento ha quedado visto para sentencia y será ahora el juez quien determine si prospera la petición presentada por la Fiscalía de Memoria Democrática y los familiares de los represaliados.

La vista se ha celebrado a raíz de la petición de nulidad presentada por el fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez, mientras que la demanda de revisión fue impulsada por María Toca Cañedo, sobrina nieta de Tasio Cañedo y presidenta de Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.

Tasio Cañedo, teniente del Ejército republicano y militante de UGT, fue fusilado en la madrugada del 28 de mayo de 1938 en el cementerio de Vista Alegre, en Derio (Vizcaya), tras ser sometido a un consejo de guerra franquista. Su figura continúa siendo hoy un referente de la memoria democrática en Cantabria y da nombre al Memorial de Memoria Democrática Tasio Cañedo, ubicado en el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca.

La coincidencia de la vista con el 88 aniversario del fusilamiento de Tasio Cañedo ha dotado al acto de una especial carga simbólica para su familia. María Toca reconoció a la salida del juzgado sentirse todavía “nerviosa y emocionada” por lo vivido durante la jornada.

“Acabamos de salir de la vista de la rescisión de la pena de muerte a mi tío Tasio Cañedo y también a los compañeros de la corporación de Escalante que fueron condenados a muerte y fusilados. Ha sido muy emocionante”, señaló.

Toca admitió que el reconocimiento llega tarde para quienes sufrieron directamente la represión franquista, aunque considera que supone un paso importante para la reparación histórica.

“Todo esto llega muy tarde porque son 88 años, justamente esta madrugada hacía 88 años que fusilaron a mi tío. Pero de alguna manera estamos cerrando una herida muy profunda a nivel personal de nuestra familia y también a nivel histórico”, afirmó.

Durante su comparecencia, María Toca defendió que los procesos judiciales impulsados por el franquismo carecieron de garantías y reclamó que la revisión sirva para dejar constancia oficial de lo ocurrido.

“Que un juez y un tribunal del Estado español digan que esos juicios fueron completamente ilegales y que esas condenas a muerte fueron crímenes de Estado es muy importante”, manifestó.

A su juicio, el valor de una eventual anulación trasciende el ámbito familiar y debe servir para reforzar la memoria democrática colectiva.

“No es tanto por nosotros, los familiares de los fusilados, que siempre hemos tenido conciencia de ello, sino para que quede en la historia y en la memoria del pueblo español lo que ocurrió en aquellos años”, sostuvo.

Durante la vista, María Toca explicó que una de las cuestiones sobre las que quiso hacer especial hincapié fue el carácter colectivo de la represión franquista. Según indicó, tanto ella como el fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez, defendieron la necesidad de contextualizar estos hechos dentro de la represión ejercida por el régimen franquista durante la posguerra.

“He querido hacer hincapié en que aquello fue un crimen de Estado. No hablo de la guerra, hablo de la posguerra, de los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas y las humillaciones que sufrieron miles de personas”, explicó.

En este sentido, defendió que quienes fueron perseguidos durante aquellos años lo fueron por mantenerse fieles a la legalidad republicana.

La presidenta de Ágora Solidaria fue más allá y consideró que estos hechos deben formar parte de la memoria colectiva de la sociedad española.

“Lo más importante no es tanto el sentimiento privativo familiar, sino la conciencia colectiva de lo que ocurrió en España. Queremos que quede en la memoria del pueblo español”, aseguró.

La causa también afecta a varios miembros de la corporación republicana de Escalante. En los últimos meses de 1937, tras la entrada de las tropas sublevadas e italianas en Santoña y la comarca de Trasmiera, numerosos vecinos fueron detenidos y sometidos a consejos de guerra sumarísimos acusados de colaborar con la República.

Entre los encausados figuraban el alcalde republicano Pedro Fernández Alonso, Miguel Ruiz Sierra, Ezequiel Ruiz Expósito, Jacinto Castanedo Campos, Manuel Sisniega del Rey, Eusebio de la Hoz Gutiérrez y Braulio Sisniega. Muchos fueron denunciados por vecinos del propio municipio antes de ser trasladados a prisión y condenados a muerte.

Las ejecuciones se llevaron a cabo entre octubre y diciembre de 1937 en Bilbao dentro del denominado Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 75/37. Entre las víctimas se encontraba Pedro Fernández Alonso, agricultor y alcalde designado por el Frente Popular, fusilado el 16 de diciembre de 1937 a los 37 años. Su esposa, María Hazas, también fue encarcelada y condenada a prisión.

Durante su intervención, María Toca tuvo palabras de agradecimiento para las asociaciones memorialistas que han trabajado durante años en la recuperación de estos casos.

“Quiero agradecer muchísimo a las asociaciones de memoria que han luchado durante muchos años cuando no teníamos voz”, señaló, destacando especialmente la labor de Héroes de la República y del fiscal de Memoria Democrática, Carlos Yáñez.

Sobre este último, aseguró que “además de ser un funcionario cumplidor con sus obligaciones, tiene una calidad humana que excede a sus funciones”.

Asimismo, recordó a los familiares directos de Tasio Cañedo que fallecieron sin llegar a presenciar este momento.

“No queda ningún hermano vivo de mi tío ni nadie de aquella generación que vivió directamente el dolor de la represión. Murieron sin poder ver algo que hoy sí podemos presenciar sus nietas y sus nietos”, lamentó.

Según explicó, durante décadas la familia convivió con las consecuencias sociales de la represión franquista.

“Fueron señalados como rojos, proscritos, humillados y vejados durante muchísimos años”, recordó.

Para María Toca, la celebración de la vista supone ya un importante paso en el proceso de reparación de la memoria de las víctimas del franquismo.

“Esperamos que este proceso contribuya a restituir el honor de mi tío Tasio Cañedo”, señaló emocionada tras la sesión judicial.

El juez ha dejado la causa vista para sentencia y será en las próximas semanas cuando se conozca si prospera la petición de nulidad de las condenas. Mientras tanto, para la familia de Tasio Cañedo, la celebración de la vista supone ya un paso significativo en el camino hacia el reconocimiento institucional de unas víctimas cuya memoria sigue reclamando justicia ocho décadas después de los hechos.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto una investigación contra el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, en manos del PP y con el apoyo de Vox, por mantener en el callejero municipal una vía dedicada a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, tras una denuncia presentada por el Partido Comunista de España (PCE).

La Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha incoado las Diligencias de Investigación Preprocesal número 578/2026 para estudiar la permanencia de la denominada “Avenida de José Antonio”, según ha informado el Partido Comunista de Madrid (PCM) en un comunicado.

La denuncia fue formalizada por el secretario político del PCM, Miguel Montero, a raíz de una iniciativa impulsada el pasado mes de febrero por el Núcleo del PCE de la Sierra de Guadarrama, que denunció públicamente la permanencia de esta denominación en el municipio.

En el escrito presentado ante la Fiscalía, el PCE sostiene que el mantenimiento de esta vía responde a una “voluntad política expresa de desobediencia” por parte del Gobierno municipal y recuerda que en 2016 ya se acreditó que el nombre original de la calle era “Calle La Era”.

La formación considera que el Ayuntamiento incumple el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar elementos que exalten la sublevación militar, la dictadura o a sus dirigentes. Además, advierte de que esta inacción podría constituir un presunto delito de prevaricación administrativa.

El secretario del Partido Comunista de Madrid, Miguel Montero, ha valorado como “una buena noticia” la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos y ha señalado que desde el PCE consideran que “el ensalzamiento de aquellos líderes que atentaron contra las libertades y la vida de un montón de españoles son el caldo de cultivo para una extrema derecha que está en ascenso en el conjunto de Europa”.

Asimismo, ha defendido que quienes creen “en un régimen de libertades y de democracia conquistado en las calles por el pueblo español” deben seguir siendo “tenaces y contundentes en la erradicación de todos esos símbolos de la dictadura franquista”.

Por su parte, el PCM ha propuesto que la vía pase a denominarse “Avenida Abogados de Atocha”, coincidiendo con el próximo 50 aniversario del asesinato de estos referentes del movimiento obrero y la democracia.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha organizado una recogida de firmas para exigir la retirada del Monumento a Franco tras el “varapalo” técnico de la ponencia de patrimonio del Gobierno de Canarias, que rechazó por unanimidad su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Su presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, considera “llamativo” que casi dos décadas después de la ley de memoria histórica de 2007 todavía haya que exigir la retirada inmediata de ese “símbolo franquista” del espacio público.

“El dictamen técnico e histórico ha dejado claro que la obra carece de valores excepcionales que justifiquen su blindaje cultural. Las excusas administrativas se han agotado y es hora de que las instituciones cumplan con la legalidad vigente”, ha manifestado Pérez Schwartz.

La ARMHT recuerda en una nota que mantener este monumento vulnera de forma flagrante el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de Canarias y el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática estatal.

Así, la presidenta ha sido tajante al señalar la anomalía democrática que representa la permanencia de la obra en la capital tinerfeña: “Sesenta años después de su colocación, este monumento sigue funcionando exactamente para lo que fue concebido, como un homenaje y una exaltación clara a la figura del dictador Francisco Franco y a los años de dictadura y represión. Mantenerlo en nuestras calles es un agravio intolerable hacia las familias de las, al menos, 182 víctimas mortales identificadas en la isla”.

Por este motivo, la campaña de firmas no solo solicita el desmantelamiento de la escultura, sino que plantea una alternativa constructiva y democrática, su traslado al Museo Histórico Militar de Canarias (Cuartel de Almeida).

“La ley no exige la destrucción de la pieza, sino su retirada del espacio de honor civil. En un museo, la obra podrá ser estudiada e interpretada correctamente dentro de su estricto contexto histórico, perdiendo su condición de altar de exaltación fascista”, defiende Pérez Schwartz.

Asimismo, la iniciativa ciudadana pedirá la recuperación integral de la zona pública mediante la instalación de un nuevo memorial que rinda homenaje a las víctimas de la represión y celebre de forma activa la defensa de la democracia.

Recuerda, además, que el monumento actual mira justo a la mayor fosa marina existente en Canarias, “donde decenas de personas fueron lanzadas al océano por tener ideales políticos legítimos o ser cargos públicos elegidos democráticamente”.

“Humilla” a la memoria de muchas familias

Para Schwartz, “mantener un monumento dedicado al dictador, en una de las entradas principales de la capital de la isla dice poco de la sociedad que somos hoy en día y humilla la memoria de cientos de hogares que todavía sufren por lo que vivieron sus familiares bajo ese régimen”.

Durante el anuncio de la campaña, Mercedes Pérez Schwartz no ha ocultado su “profunda indignación” ante las maniobras de determinados sectores políticos institucionales de la extrema derecha.

“Es una auténtica vergüenza democrática ver cómo grupos políticos que han sido elegidos en las urnas gracias a las libertades actuales, estén promoviendo campañas activas para mantener este monumento en pie, tratando de blanquear de forma grosera su significado e intentando maquillar u ocultar incluso su nombre real”, ha denunciado con firmeza.

Espera, indica la portavoz, que las instituciones tinerfeñas estén del lado correcto y nos acompañen en velar por el cumplimiento de la ley de memoria.

“No podemos permitir que se reescriba la historia ni que se legitime el dolor de los represaliados. Instamos de nuevo al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento a que escuchen el clamor técnico y civil. Es momento de recuperar el tiempo perdido y normalizar democráticamente nuestras calles”, ha concluido la presidenta.

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El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho entrega este sábado de cinco declaraciones de reconocimiento y reparación personal a familias de personas de Castro Urdiales represaliadas durante la dictadura franquista. “Reconocemos hoy oficialmente a personas que fueron humilladas, maltratadas y asesinadas por defender la libertad”, ha dicho la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio, Zoraida Hijosa.

Han recogido estas declaraciones de reparación, enmarcadas en la Ley de Memoria Democrática, los familiares de Segundo García Hervás, Manuel Gutiérrez Larena, Alberto Herrería Morlote, Eladio Isla Arredondo y José Gregorio Pardo Porres, todo ellos vecinos del municipio, ha indicado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

“Todas ellas fueron víctimas inocentes a las que honramos hoy aquí”, ha remarcado Hijosa, que ha explicado que las declaraciones entregadas “declaran ilegales e ilegítimos los tribunales y jurados que condenaron a estas personas y declaran nulas e ilegítimas todas las condenas, sanciones o resoluciones contra ellas”.

La directora general de Atención a las Víctimas ha reafirmado el compromiso del Ministerio de “seguir desarrollando y potenciar la Ley de Memoria Democrática” y ha invitado a las comunidades autónomas que impulsan la derogación de las leyes de memoria, como es el caso de Cantabria, a “trabajar para promover verdaderamente la reparación, la verdad y la justicia”.

Este recuerdo y homenaje se ha celebrado en el Castillo-Faro de la localidad cántabra y ha contado con la participación de Hijosa y la alcaldesa, Susana Herrán.

Hijosa también ha destacado la importancia de este acto de homenaje y reparación en Castro Urdiales, en el marco del cual también se ha colocado una placa en el cementerio de la Ballena.

Hijosa ha señalado que estas declaraciones cumplen con “el derecho a conocer la verdad de lo que pasó, al reconocimiento y a la reparación de personas y familias que vivieron décadas silenciadas”.

El Ayuntamiento de Cáceres ha formalizado ya un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América y acudirá a la vía judicial si el Gobierno desestima sus alegaciones para mantener el monumento en el espacio público.

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Orgaz, ha reiterado este viernes la posición defendida previamente por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en favor de la permanencia de la cruz: “Nuestra posición era defender que se queda en la ciudad de Cáceres y que no se toca”.

Orgaz ha explicado que el recurso en vía administrativa ya ha sido registrado ante la Secretaría de Estado de Política Territorial y Memoria Democrática, en cumplimiento del compromiso anunciado semanas atrás por el regidor cacereño. Además, ha advertido que si ese recurso “no es estimado por parte del Ministerio, acudiremos a la vía judicial”. Incluso ha insistido en que el Ejecutivo municipal mantendrá su defensa del monumento “si es necesario también en la calle”.

La resolución del Ministerio implica la retirada de la cruz al considerarla un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, a juicio del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, el elemento cuenta con la máxima protección urbanística dentro del planeamiento municipal al estar integrado en el patrimonio urbano de la ciudad.

En paralelo, el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha planteado esta semana la posibilidad de que la cruz pueda reunir los requisitos necesarios para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC), como se incluye en el pacto de PP y Vox para investir presidenta a María Guardiola.

Una opción que ha sido valorada positivamente por el portavoz municipal: “Compartimos el planteamiento que realiza el consejero de Cultura y creemos, como él, que a la espera de esos informes técnicos pueda ser factible una declaración como BIC”, ha concluido Orgaz.

La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia ha protestado contra la decisión de la Audiencia Nacional de suspender la declaración de la Puerta del Sol como un lugar de memoria. “Es un ataque frontal a las víctimas de la dictadura franquista y a los que fueron cruelmente torturados en la antigua sede de la Dirección General de Seguridad”, ha reprochado la organización memorialista en un comunicado remitido a los medios.

Salamanca por la Memoria y la Justicia consideran que esta categoría no puede dañar a la imagen de la Comunidad de Madrid porque la institución no existía cuando se produjeron las detenciones ilegales, los malos tratos y las torturas policiales.

“Es absolutamente indigno, cruel y denigrante que haya posiciones políticas, como los gobiernos del PP en la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, que después de haber pasado 50 años de la muerte del dictador Franco, sigan ensalzándolo y, con ello, justificando los presuntos crímenes de genocidio y de lesa humanidad que se cometieron bajo el régimen de la dictadura”, ha rematado el comunicado.

Esta es una decisión que ha celebrado el gobierno de Ayuso. Por otro lado, el PSOE de Madrid ha instado a “conocer el pasado para no repetirlo”. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado también la decisión: “Lo único que daña la imagen de nuestras instituciones es borrar el pasado de nuestro país y esconder que en la actual sede del gobierno funcionaba un centro de detención y tortura durante el franquismo”, ha dicho en redes sociales. 

La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelar la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, que fue el epicentro de torturas durante el franquismo. En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado, la Sala de lo Contencioso-administrativo estima el recurso presentado por la Comunidad de Madrid que solicitó suspender el acuerdo con el argumento de que dañaba su imagen institucional. Se trata de una suspensión cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Tras trascender esta decisión, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado que va a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional. “Seguimos defendiendo que declarar ‘Lugar de Memoria’ la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, no afecta a los usos de ese edificio”, ha escrito en ministro Ángel Víctor Torres en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Según la Sección Primera, “no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa”. Así, los magistrados concluyen que “toda vez que cabe la hipótesis de que se genere un efecto adverso en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”, la suspensión cautelar es “pertinente”.

A lo anterior se suma, apunta el auto, que la declaración de Lugar de Memoria puede afectar a las actividades que se desarrollan en ese edificio. “Dichas actividades exceden de lo que el Acuerdo impugnado denomina 'oficinas administrativas' (sic) obviando la ubicación, precisamente en ese espacio, de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid”. La Sala añade que la confluencia en el mismo espacio físico de intereses intensos y contrapuestos aconseja la adopción de la medida cautelar, pues podría verse menoscabada la finalidad legítima del recurso.

La Audiencia recuerda que la declaración de Lugar de Memoria implica la colocación de placas, paneles o un “distintivo memorial interpretativo”, así como la “señalización” de dicho espacio en el que se pretende, además, integrar “este lugar de memoria en los circuitos internacionales”. A lo anterior se añade, señalan los jueces, que no se altera el uso actual del edificio, pero a la vez se afirma “que cualquier uso que se dé al bien habrá de ser compatible con las medidas propuestas de preservación de la memoria…”.

Por otro lado, a juicio de los magistrados, no se produce una perturbación grave de los intereses generales por el hecho de suspender los efectos del Acuerdo durante el tiempo que tarde la tramitación del procedimiento. “Nos encontramos con dos intereses públicos en conflicto, el que defiende la Administración General de Estado y el que defiende la Comunidad de Madrid, si bien tiene especial intensidad el interés que defiende la Comunidad Autónoma, por el posible perjuicio irreversible, o intenso, que supone la ejecución del acuerdo impugnado”.

En este conflicto de intereses, la Sala señala que el interés público que pretende proteger el acuerdo impugnado no sufre perjuicio significativo por el hecho de demorar su efectividad. “Con ello queremos poner de relieve, en definitiva, que el transcurso del tiempo no perjudica la finalidad del acuerdo. Por el contrario, la efectividad de dicho acuerdo sí puede provocar un perjuicio difícilmente reversible a la Comunidad de Madrid”, concluye.

Por último, recuerda que este procedimiento está pendiente del conflicto positivo de competencias que se tramita en el Tribunal Constitucional, lo que también avala la suspensión que solicitó el Ejecutivo de Ayuso. “Baste resaltar a estos efectos que la decisión que pueda adoptarse por el Constitucional tiene especial incidencia en el presente procedimiento, lo que permite afirmar que la suspensión de los efectos del acuerdo recurrido es, sin género de duda procedente”.

Voto particular que defiende el rechazo de la medida cautelar

La decisión cuenta con el voto particular del magistrado Luis Helmut Moya Meyer, que no comparte el criterio de la mayoría en relación con la afectación negativa a la imagen institucional de la Comunidad de Madrid por la declaración del edificio como lugar de Memoria Democrática. Recuerda que los hechos históricos que motivan la declaración tuvieron lugar cuando esta institución no existía ni se podía siquiera imaginar que existiese.

“Al recordar hechos negativos de la historia de España no se persigue desmerecer otros valores que puedan estar presentes en el lugar, como los histórico-artísticos resaltados por los académicos, por los que el edificio pueda incluso ser más conocido por los estudiosos y público en general, ni hacer un juicio de desvalor de la acción de gobierno de las instituciones autonómicas”, dice en su escrito.

Para este magistrado, “la interrupción de las medidas para potenciar la memoria democrática” y el retraso en el despliegue de la acción de reparación transmite a las víctimas una “sensaciones de desazón e incredulidad” y proyecta una imagen negativa ante las instancias internacionales sobre la autenticidad del compromiso de España de proteger la memoria democrática y de su propósito de “superación de los episodios oscuros de su pasado”.

El boicot de Ayuso

El Gobierno de Ayuso ha celebrado la decisión de la Audiencia Nacional. “Frente al sectarismo del Gobierno de Sánchez, los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en su defensa de la Real Casa de Correos”, ha asegurado este lunes el portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto en diferentes ocasiones a que la sede de su Gobierno fuese declarada lugar de memoria histórica. El PP de Madrid, además, presentó alegaciones al expediente que inició el ministerio y cuando comenzaron los trámites ya anunciaron que usarían “todos los resortes legales” a su alcance para evitar la declaración. “Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad.

La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y ha sido testigo de múltiples acontecimientos que ha vivido nuestra ciudad y nuestra región y, además, ha tenido distintos usos“, dijo entonces el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

El Ejecutivo autonómico también rechazó instalar una placa en la fachada del edificio: “Las únicas placas que habrá en la Real Casa de Correos estarán dedicadas a quienes unan al pueblo de Madrid”, dijo entonces Ayuso en redes sociales. El pasado mes de octubre de 2025, el Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid recurrió la declaración. Cuando se anunció este recurso, García Martín aseguró que se trataba de vincular la sede de la Presidencia con “una pequeña parte de su historia” y lo tachó de “un intento sectario, una vez más, de manosear esta institución”.

Más Madrid critica la decisión

Tanto la portavoz en la Asamblea de Más Madrid, Manuela Bergerot, como el portavoz adjunto, Emilio Delgado, han criticado la decisión de la Audiencia Nacional este lunes. Bergerot ha asegurado que “lo único que daña la imagen de nuestras instituciones es borrar el pasado de nuestro país y esconder que en la actual sede del gobierno funcionaba un centro de detención y tortura durante el franquismo”.

Por su parte, Delgado ha tachado como “una bazofia” la decisión: “Esto mina la imagen de dos instituciones, la de la Comunidad de Madrid y la de la justicia en España”, ha dicho en X.

La Agrupación de Familiares de la Fosa Común del Cementerio de Vegueta (AFFCCV) ha acudido este jueves al registro de entrada de la Presidencia del Gobierno de Canarias para presentar un escrito, respaldado por 32 organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales y ciudadanas de toda Canarias y dirigido a la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, en el que se solicita la “urgente exhumación de la fosa común de Vegueta”.

En el escrito instan a que el Gobierno de Canarias inicie, “de oficio y con carácter prioritario, las actuaciones necesarias para la localización, delimitación, estudio y exhumación de la fosa común situada en el Cementerio de Vegueta”.

Asimismo, reclaman, que se garantice la participación de equipos técnicos especializados en arqueología forense, antropología y genética, conforme a los protocolos establecidos y que se establezcan mecanismos de información y participación para los familiares de las víctimas y los colectivos memorialistas.

También piden que se consignen los recursos económicos necesarios para llevar a cabo estas actuaciones en los presupuestos correspondientes y que se adopten medidas de dignificación del lugar, incluyendo señalización y reconocimiento público de las víctimas.

En dicha fosa se encuentran enterrados familiares de integrantes de la Agrupación, así como numerosas personas represaliadas durante la dictadura. Bajo estas circunstancias, consideran imprescindible que el Gobierno de Canarias asuma de manera inmediata las actuaciones necesarias para la recuperación, identificación y dignificación de las víctimas, y así garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y atender una demanda histórica de los familiares y de amplios sectores de la sociedad civil canaria. 

Vicente Quintana, miembro de esta agrupación de familiares, ha señalado en declaraciones a los medios que han hecho “todo lo humanamente posible desde poner denuncias en los juzgados, ir a la Audiencia Provincial (hace más de diez años) y le dieron la callada por respuesta. Ahora, aprovechando la Ley de Memoria Democrática estamos intentando que nunca lo hemos dejado de intentar que se exhume de una vez por toda la fosa. Sé que se ha hecho allí una pequeña cata, pero ha sido insuficiente. Lo que estamos pidiendo es: hagan las cosas bien, conforme a lo que dicta la Ley de Memoria Democrática y tomen en sus manos de una vez por toda la recuperación de todos los restos que hay allí que insisto allí hay cerca de cien antifascistas que dieron su vida para estar hoy en un régimen democrático”.

“Tenemos que saldar la deuda con los hermanos que están allí”, insistió Vicente Quintana, que añadió que “se está esperando a que la Fiscalía diga algo” y que “todas las administraciones tienen la obligación de llevar a cabo el tema de la exhumación”, apuntó. “En este caso vamos a ver qué dice también el Ayuntamiento de Las Palmas que es el propietario del cementerio”. Y apuntó que a muy escasos metros de la Fosa Común hay un mausoleo donde están enterrados los falangistas, con un monumento que habría que quitar porque está en contra de la ley. “Y es una vergüenza que a estas alturas tengamos que soportar estos signos de la dictadura”.

Quintana subrayó que espera que todas las zonas donde hay pozos y fosas se puedan abrir de una vez para que “todas estas heridas puedan cicatrizar de una manera seria”.

Por su parte, la diputada de Podemos Noemí Santana también ha respaldado esta causa y ha expresado que la agrupación pretende dar “verdad, justicia y reparación”. “Creo que ya tenemos una andadura en democracia para hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática de este país y, sin embargo, cada día vemos cientos de atropellos a esta ley y cientos de incumplimientos”. “Nosotros hemos denunciado en numerosas ocasiones no solo la situación más sangrante de estas fosas comunes o las desapariciones a manos de falangistas por parte de la dictadura, sino que además tenemos que sufrir cada día vestigios franquistas en nuestras calles, barrios y casos que hemos denunciado como el monumento de La Victoria en Santa Cruz de Tenerife”, ha dicho.

“Nosotras vamos a seguir acompañando a las asociaciones de víctimas, asociaciones antifranquistas porque el único delito de esta gente fue defender la democracia y defender el Gobierno democrático de la República frente al golpe de Estado que nos quitaron 40 años de historia democrática”, insistió Noemí Santana.

La pasada semana, la Agrupación ya presentó en rueda de prensa un nuevo informe que incluye datos de archivos militares que creen que deben tenerse en cuenta y que aporta el investigador Víctor Manuel Martínez Perera. El autor del informe explica que este trabajo de investigación ha surgido mientras realizaba un Trabajo Fin de Grado para la carrera de Historia y Patrimonio de la Universidad de Burgos. Él mismo es sobrino-bisnieto del represaliado Pedro Perdomo Pérez (topo de La Isleta), encartado en la causa 1/36 en donde se condena a muerte a Los Cinco de La Isleta; otras seis personas son condenadas a reclusión perpetua.

El nuevo informe plantea que la gran mayoría de los asesinados entre septiembre de 1936 y principios de 1937 fueron enterrados de forma secuencial en el Cuartel nº 5 y esto incluye además de a “los Cinco de La Isleta”, grupos de militares destacados en Sidi Ifni y Cabo Juby y a “Los Cuatro de Telde” . 

La agrupación subraya que estos últimos años, distintos familiares de la Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta estuvieron llamando a las puertas de distintas entidades públicas canarias que tienen competencia en materia de memoria histórica, teniendo “nula repercusión y una falta de sensibilidad” con familias. Subrayan que han presentado ante Ministerio de Memoria Democrática la solicitud de intervención directa en la causa de la AFFCC Vegueta, y que siguen esperando respuesta.

Entre los colectivos firmantes se encuentran CCOO, UGT, Cobas, Alternativa Sindical Obrera Canaria, Asamblea Reivindicativa Canaria, Asociación de Memoria Democrática Niño Braulio, Asociación Sociocultural y Ambiental La Periferia, Centro Cultural Popular de Canarias, Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui, Federación Sindical Canaria, Foro Memoria Histórica de Canarias, Frente Sindical Obrero de Canarias, Fundación Canaria Juan Brito, Intersindical Canaria, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Izquierda Realejera, Izquierda Unida Canaria, Partido Comunista de Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario, Plataforma Canaria por la Paz, Podemos Canarias, Radio San Borondón, Red Taknara, Reunir, Unidad del Pueblo, Canarias Insumisa, Guerrilla Urbana, Verdes Canarias y Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras de Canarias. 

La maestra y activista asturiana Hilda Farfante ha fallecido este 13 de mayo a los 96 años. Natural de Besullo, concejo de Cangas de Narcea, se convirtió en una de las voces de denuncia del silencio que se quería imponer de los crímenes de la guerra civil y el franquismo, tras quedarse sola al ser fusilados sus padres en septiembre de 1936.

Sus padres, Balbina Gayo y Ceferino Farfante, eran maestros republicanos en la zona de Cangas de Narcea y fueron asesinados el 8 de septiembre. Nunca se conoció el lugar exacto donde fueron arrojados sus cuerpos e Hilda inentó a lo largo de los años localizarlos, aunque ha fallecido sin haber logrado darles digna sepultura.

Así, con 5 años, Hilda se quedó huérfana y a cargo de su tía Guillermina: “Un día mataron a mi madre, otro día a mi padre y al siguiente me separaron de mis dos hermanas”, relataba. El miedo a una acción posterior del franquismo lo sufría en primera persona, “teníamos miedo a hablar, un miedo que te comía las entrañas, un miedo a que si hablábamos pasara algo grave, miedo a que podía morir alguien”. Por ello pedía “gritar” como símbolo de denuncia, “es un grito que ya va siendo hora de que se sepa y ahora se va a oír en muchos sitios y por mucho tiempo”.

Hilda Farfante fue una de las protagonistas del documental 'Maestras de la República', ganador del Goya a mejor documental en 2013, que contaba la historia de las educadoras mezclando ficción e historias reales como la de la familia de Farfante. En una protección pidió que las nuevas generaciones “sepan la verdad y griten la verdad” sobre la represión franquista.

En 1984, ya en democracia, su familia realizó un primer intento fallido de localizar los restos de sus padres. En el año 2020 reclamó al Gobierno de España, al calor de la nueva Ley de Memoria Democrática, que acelerara la búsqueda de desaparecidos. En el 2021 el Gobierno de Asturias realizó otra prospección para localizar a los maestros republicanos, de nuevo infructuosa. En la primera celebración del Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, en el 2022, la madre de Hilda fue una de las personas homenajeadas por el Estado y reconocidas como víctimas.

Las condolencias por su pérdida no han tardado en llegar. Hilda se ha ido sin saber dónde estaban los cuerpos de sus padres.

En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

El PSOE de la provincia de Cáceres ha organizado para el próximo martes 12 de mayo una charla-coloquio bajo el título Supervivientes del Patronato franquista de Protección a la Mujer, un encuentro que pondrá voz a mujeres que padecieron una de las instituciones más represivas y menos conocidas de la dictadura franquista. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el Ateneo de Cáceres, en la calle General Ezponda, y cuenta también con la colaboración del Ateneo, del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y la Diputación de Cáceres.

En el acto participarán la historiadora Desiré Rodríguez Martínez; la jefa del Archivo Histórico Municipal de Cáceres, Elena García Mantecón; y las supervivientes Consuelo García del Cid, Paca Blanco Díaz y Loli Benito, que compartirán sus testimonios sobre el funcionamiento de estos centros y las consecuencias que tuvieron en sus vidas.

El Patronato de Protección a la Mujer fue creado en 1941 por el régimen franquista y dependía del Ministerio de Justicia. Aunque oficialmente se presentaba como una institución destinada a “proteger” a jóvenes y adolescentes, en la práctica funcionó como un sistema de control moral y social sobre las mujeres, especialmente sobre aquellas consideradas “descarriadas” o alejadas de los valores impuestos por el nacionalcatolicismo.

Miles de jóvenes fueron internadas en centros gestionados en gran parte por órdenes religiosas. Muchas ingresaban por decisión de sus familias, por denuncias vecinales o simplemente por comportamientos considerados inapropiados para la moral de la época: mantener relaciones sentimentales, quedarse embarazadas fuera del matrimonio, huir de casa o desafiar la autoridad familiar.

En estos espacios, numerosas mujeres sufrieron aislamiento, castigos físicos y psicológicos, trabajos obligatorios y una estricta vigilancia sobre su vida cotidiana. Investigaciones históricas y testimonios de supervivientes han denunciado además situaciones de violencia institucional y vulneraciones de derechos humanos.

Aunque la institución sufrió modificaciones durante la Transición, el Patronato no desapareció definitivamente hasta 1985, ya en democracia. Su existencia prolongada ha convertido este episodio en uno de los símbolos de la continuidad de mecanismos de control sobre las mujeres más allá del final formal del franquismo.

La charla de Cáceres se suma a los actos de recuperación de memoria democrática y feminista que en los últimos años están permitiendo sacar del silencio las experiencias de miles de mujeres que pasaron por estas instituciones.

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha pedido este viernes 8 de mayo, 'Día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura', que se proceda a la retirada de un monolito franquista que se encuentra en la Avenida de la Reconquista, en pleno centro de la capital toledana.

De este modo, Txema Fernández ha registrado un escrito para que el equipo de Gobierno cumpla la ley y se “acometan obras de retirada de la citada edificación por no cumplir el dictado de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”, ha informado IU.

Subraya Fernández la “responsabilidad” del equipo de Gobierno con el cumplimiento de las leyes y recuerda que “todas las administraciones públicas, así como los representantes electos de las mismas, tienen el deber y la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes”.

El monumento de exaltación franquista dedicado a los 'Héroes del Simancas', que está adosado a la fachada del colegio de La Inmaculada Concepción en Gijón/Xixón, no será suprimido “mientras Foro Asturias siga gobernando” en la ciudad. Así lo ha manifestado el portavoz y responsable de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Con esta decisión, el equipo de gobierno local no piensa acatar la resolución dictada el pasado martes por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, por la que se concede un plazo de cuatro meses a la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, para la eliminación de este memorial, inaugurado en 1958, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Foro: “la historia no hay que eliminarla”

Foro Asturias no tendrá en cuenta la última decisión del Gobierno asturiano en base al argumento de que la fachada del Colegio de la Inmaculada goza de protección y retirar el conjunto escultórico conmemorativo del bando sublevado durante la Guerra Civil requerirá de licencia municipal.

“La historia no hay que eliminarla, hay que contarla para poder aprender de ella y para que no vuelva a ocurrir en el futuro”, ha refrendado el portavoz forista.

Collado: “No es sectarismo”

La directora general de Memoria Democrática del Gobierno de Asturias, Begoña Collado, ha defendido la retirada del monumento y ha rechazado las acusaciones de sectarismo que han vertido contra esta resolución del Principado desde las filas de Foro Asturias, PP y Vox.

“No es sectarismo, lo que hacemos es cumplir la ley. La carga ideológica no está en la retirada de un monumento contrario a la ley, está en quienes defienden que siga lo que es un homenaje a unos golpistas, que mandaron bombardear Gijón”, ha puntualizado la directora general.

La advertencia de Zapico

La Consejería de Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, no ha tardado en responder públicamente. Este jueves ha advertido al Ayuntamiento de Gijón de que incumplir la Ley de Memoria Democrática “puede suponer prevaricar”.

El cumplimiento de la Ley 1/2019, de 1 de marzo, para la Recuperación de la Memoria Democrática en el Principado de Asturias es “una obligación legal para todas las administraciones públicas”, añade a la vez que advierte de que “ignorar o incumplir sus mandatos supone actuar al margen del ordenamiento jurídico vigente”.

Desde la consejería inciden en que el artículo 48 de la norma obliga expresamente a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para retirar o eliminar elementos contrarios a la memoria democrática.

Una ley aprobada por el Parlamento

Además, subraya que esta obligación se entiende sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas en defensa de su derecho al honor y a la dignidad. Este mandato legal no es potestativo ni depende de valoraciones políticas o ideológicas, sino que deriva directamente de una ley aprobada por el Parlamento asturiano y plenamente vigente.

“Las administraciones públicas están sometidas a la ley y al derecho, exactamente igual que el resto de la ciudadanía”, asegura la consejería.

El Principado estará “vigilante”

El Principado indica, además, que “se mantendrá vigilante” para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Memoria Democrática en Asturias. La normativa habilita a la Administración autonómica a actuar de forma subsidiaria en caso de incumplimiento por parte de las entidades obligadas, con el objetivo de evitar la permanencia de elementos de exaltación franquista en espacios públicos o privados con proyección pública.

El Gobierno asturiano advierte expresamente en la resolución dictada esta semana de la posible ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

El Catálogo Urbanístico

El expediente concluye que no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales que justifiquen una excepción. En este sentido, el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado ha constatado que el memorial “no está declarado bien de interés cultural (BIC) ni figura en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias”.

“El Catálogo Urbanístico de Gijón atribuye protección integral únicamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del expediente”, recalca el Principado.

“El propio catálogo establece que no quedan incluidas en la protección las intervenciones realizadas después de 1950, salvo en casos excepcionales de relevancia histórica debidamente acreditada”, corrobora.

El compromiso del Ejecutivo

La consejería insiste en que el cumplimiento de la legislación en materia de memoria democrática forma parte de las obligaciones inherentes al ejercicio de responsabilidades públicas. En este sentido, recuerda que el ordenamiento jurídico español considera prevaricación la adopción de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos o judiciales a sabiendas de su injusticia y de su contradicción con la ley.

El Gobierno de Asturias reafirma así su compromiso con las políticas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con la retirada de símbolos y elementos de exaltación de la dictadura franquista “conforme a la legalidad democrática vigente”.

La protección

A la inamovible postura del gobierno local -que conforman Foro Asturias y Partido Popular (PP)- se suma la posible interposición de un recurso contencioso-administrativo que se está planteando la Compañía de Jesús, propietaria del edificio, y a la que el Principado ha instado a retirar el símbolo franquista que es habitualmente un punto de encuentro para concentraciones y manifestaciones de simpatizantes de la extrema derecha que generalmente acaban cantando el 'Cara al sol', brazo en alto.

Foro Asturias pone el acento en que ese nivel de protección recogido en el Catálogo Urbanístico Municipal no permite modificar la fachada, su composición, estructura, dimensiones, ni la disposición de sus huecos y, por tanto, deben mantenerse materiales, formas y acabados.

Un manifiesto para la retirada

La retirada del monumento, conocido popularmente como el de 'los jesuitas', ha contado con un amplio respaldo de organizaciones políticas, sindicales, culturales, asociaciones de vecinos y activistas de movimientos alineados en la izquierda en contra de la exaltación de los símbolos franquistas.

Un total de 116 personalidades de diversos ámbitos de la sociedad asturiana suscribieron, el pasado mes de abril, un manifiesto, entre los que figuran historiadores, politólogos, médicos, docentes, artistas y pensionistas que recuerdan que esta escultura “no puede tener resignificación ninguna, ni con explicaciones didácticas, ni con placas. No es un lugar histórico neutro, sino un monolito de exaltación de una dictadura”.

Foro Asturias no está solo en esta cruzada administrativa que ha emprendido contra el Gobierno asturiano y la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), cuyo presidente Rafael Velasco, es el principal promotor de la iniciativa para su retirada como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo”.

El apoyo del PP y Vox

En la negativa del gobierno local a retirar este símbolo le apoyan su socio de coalición -el PP- y Vox. El partido de ultraderecha incluso ha iniciado una campaña de recogida de firmas para frenar la retirada del monumento a través de la web del partido.

La diputada de Vox en la Junta General del Principado y portavoz en Gijón/Xixón, Sara A. Rouco, ha señalado que esta actuación “enseña la peor cara del sectarismo comunista” y responde a “una intransigencia ideológica elevada a su máxima expresión”. Unas acusaciones que han sido desmentidas desde el Gobierno asturiano.

Posibles recursos

Entre tanto, la resolución del consejero pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.

A continuación, reproducimos íntegro el contenido de la resolución dictada por el consejero este pasado martes.

El presidente de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), Rafael Velasco, emprendió una dura cruzada administrativa para que el monumento a los 'Héroes del Simancas', que está ubicado desde 1958 en un lateral de la fachada del Colegio de La Inmaculada Concepción, en Gijón/Xixón, sea retirado como gesto de “respeto a las víctimas del franquismo” y este martes se ha convertido para él en una fecha marcada a fuego porque ha logrado que, por fin, sus peticiones sean escuchadas por el Gobierno de Asturias.

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, de la que es titular Ovidio Zapico de IU-Convocatoria por Asturies, ha dictado una resolución que pone fin a la vía administrativa por la que acuerda ordenar a la “Compañía de Jesús Provincia de España”, propietaria del edificio, la retirada de los símbolos de exaltación del franquismo.

Cuatro meses para su retirada

El Principado concede a los jesuitas un plazo de cuatro meses para que suprima este símbolo de exaltación del franquismo, sin perjuicio de las autorizaciones, permisos o licencias que “resulten exigibles en aplicación de la normativa urbanística”.

En esta resolución se advierte igualmente de la obligatoriedad de su ejecución y de que, en el caso que transcurriera el plazo concedido sin que se haya procedido a la retirada del elemento, se haría por parte de la administración autonómica “con independencia de la exigencia de responsabilidad que se pudiera deducir previa la instrucción del pertinente expediente sancionador”, según se recoge expresamente.

Los cánticos del 'Cara al Sol'

El monumento a los 'Héroes del Simancas' era el punto de encuentro de grupos de tendencia de extrema derecha, principalmente, y de algunos nostálgicos del franquismo que se reunían para cantar el 'Cara al Sol'.

El 28 de junio de 2024, el grupo de personas que secundó la convocatoria para realizar una concentración en torno a este símbolo profirió gritos de 'Viva España' y a favor del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. La Policía Nacional anunció entonces la apertura de una investigación ante las críticas surgidas tras hacerse virales las imágenes en los vídeos difundidos en redes sociales.

Símbolos “fuera de lugar”

En aquella ocasión, el entonces jefe superior de Policía de Asturias, Luis Carlos Espino, aseguró que “la ley (de memoria democrática) es la que es para todos y esos símbolos no están permitidos y yo creo que están totalmente fuera de lugar”, respondió al ser preguntado por los periodistas por este acto de exaltación franquista.

elDiario.es Asturias se ha puesto en contacto con el presidente de Famyr, Rafael Velasco, para conocer sus primeras impresiones tras ser notificada la resolución del Gobierno asturiano, por la que tanto “ha peleado”.

Una satisfacción que “llega tarde”

A pesar de su satisfacción por ver su objetivo cumplido, Rafael Velasco cree que es una decisión que llega tarde: “estamos muy contentos en la Federación por esta resolución. Aunque como dice la expresión 'nunca es tarde si la dicha es buena', creemos que podría haber llegado antes y en mejores condiciones políticas”, asegura.

La resolución del Gobierno asturiano sigue el planteamiento que reclamaba el presidente de FAMYR desde el minuto uno, aunque actualmente espera que ni la Compañía de Jesús, ni el Ayuntamiento de Gijón/Xixón “pongan pegas” a su supresión.

Los antecedentes

“Esperamos la colaboración del Ayuntamiento y de la Compañía de Jesús para que se retire ya este símbolo, aunque nos gustaría que viniera acompañada de una petición de perdón”, dice el presidente, mientras muestra su deseo de que ninguno de los dos decidan interponer un recurso contencioso-administrativo.

El documento contiene un relato de los antecedentes de esta iniciativa que comenzó el 16 de julio de 2024 cuando FAMYR registró un escrito dirigido a la Dirección General de Memoria Democrática donde interesaba que este monumento que aún perdura en el colegio gijonés, en lo que fue el antiguo Cuartel de Simancas como homenaje a los golpistas de 1936, se suprimiera.

Las denuncias

Un año después de entregada su petición en el registro y, a la vista de que nada había cambiado, ni se había movido un papel en la administración para llevar adelante la propuesta, FAMYR presentó una denuncia contra el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y el Gobierno de Asturias ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática del Estado y ante el Defensor del Pueblo por su “inacción” al mantener el monumento.

La Federación argumentaba que tanto la administración local como la regional incurrían en un “flagrante incumplimiento” de sus obligaciones legales en materia de memoria democrática.

La inscripción en el pedestal

Este símbolo franquista había sido adosado al edificio del centro académico 12 años después de su reconstrucción -que se realizó en el período 1942-1946- y en su pedestal lleva grabada la inscripción: “DISPARAD SOBRE NOSOTROS [insignia Laureada San Fernando] SIMANCAS 18 JULIO 1936-21 AGOSTO 1936 CAIDOS POR DIOS Y POR LA PATRIA. PRESENTES”.

“Se trata de un texto laudatorio, característico del régimen dictatorial que lo inauguró, en honor y homenaje exclusivo y parcial de los mandos y unidades militares que proclamaron y consumaron ilegalmente la proclamación del estado de guerra en la ciudad la tarde del 19 de julio de 1936 hasta que fueron reducidos el 21 de agosto siguiente”, expone la resolución del Gobierno asturiano en su relato de antecedentes.

El expediente y su caducidad

Transcurridos dos años desde que FAMYR registró su escrito, el consejero Ovidio Zapico firmó una resolución por la que se fijaba un plazo de 15 días a la Compañía de Jesús para que formulara las alegaciones que considerara oportunas al anunciar el inicio del expediente para la retirada del símbolo franquista de la fachada del colegio gijonés.

Un año más tarde, la directora general de Memoria Democrática resolvió la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Las alegaciones

Tres meses después, el 9 de febrero de 2026, se inició un nuevo procedimiento en el que tanto FAMYR como la Compañía de Jesús presentaron sus correspondientes alegaciones.

El pasado 18 de marzo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática comunicó a la Administración el procedimiento de inclusión del 'Monumento a los Héroes del Simancas, Gijón (Asturias)' en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como el informe favorable de la Comisión Técnica, emitido una semana antes, sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en el que se aducía que “no concurrían razones artísticas o arquitectónicas suficientes para justificar su mantenimiento (...)”.

Protegido por el Catálogo Urbanístico

La Compañía de Jesús reiteró sus alegaciones, el pasado mes de abril, en las que ya aludía a la calificación de “inviabilidad jurídica” de la posible retirada del monumento y recordaba que “estaba protegido por el Catálogo Urbanístico de Gijón” donde al referirse a la fachada incidía en que no se permitía su modificación, composición, estructura, dimensiones y disposición de huecos, balcones, antepechos, cerrajerías, losas y miradores y cualquier otro elemento compositivo original.

La resolución firmada este martes por Ovidio Zapico deja ya claro que la competencia sobre las actuaciones en materia de memoria democrática en el Principado de Asturias se encuentra atribuida a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

Entre otros extremos, se hace hincapié en que el Consejo del Patrimonio Cultural ha señalado que el símbolo de los 'Héroes del Simancas' no consta declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) ni está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, “remitiéndose al Catálogo Urbanístico del Municipio de Gijón que atribuye un nivel de protección 1 integral exclusivamente al edificio de la iglesia, pero no al elemento escultórico objeto del presente expediente”.

El contenido de la resolución

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes.

A continuación, reproducimos íntegro el contenido de la resolución dictada este martes.

L'Associació per la Revitalització de Centres Antics de Mallorca (ARCA) ha acudit als tribunals per impugnar la resolució del Govern central de declarar element contrari a la memòria democràtica el monument erigit al parc de sa Feixina, a Palma, en homenatge als “herois” del Crucero Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almería en plena ofensiva feixista -episodi històricament conegut com 'la Desbandá'-. 

L’anunci es produeix tot just uns dies després que l’Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, aprovàs una moció destinada a recórrer la mateixa decisió, adoptada el passat mes de març per la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica. El departament al·lega que el monòlit s’ha d’entendre com un exemple del “culte als caiguts”, una de les principals eines que va emprar el franquisme per justificar la seva legitimació política i que va excloure de facto les víctimes del bàndol republicà.

El monument, la presència del qual fa anys que està en disputa política, social i judicial a la capital balear, va ser erigit en plena dictadura, el 1947, per homenatjar els prop de 800 combatents sublevats que van morir deu anys abans en l'enfonsament del vaixell durant la batalla del cap de Palos, el major combat naval de la Guerra d'Espanya. Un any abans, el Crucero Baleares va protagonitzar una de les majors massacres aprés el cop d'Estat de 1936: la duta a terme contra els milers de civils que el 7 de febrer de 1937 es van llançar a la carretera en direcció est per escapar de les tropes sublevades que, recolzades per les forces italianes i els regulars marroquins, avançaven des de l'oest. En la seva fugida, els civils van ser metrallats pels avions Heinkel de la Luftwaffe i bombardejats per tres vaixells que els canonejaven des del mar: l'Almirante Cervera, el Baleares i el Canarias. Els historiadors calculen que van morir més de 5.000.

Des d'ARCA rebutgen la interpretació del monument com un homenatge franquista i subratllen que “mai no va ser un monument a un ‘vaixell assassí’”, sinó que recorda “més de 800 homes que van morir ofegats o cremats després del seu bombardeig i enfonsament”.

L’entitat sosté, així mateix, que la decisió de l’Executiu central contradiu la Llei estatal de memòria democràtica en ignorar la resignificació que el 2010 es va dur a terme per unanimitat del ple de l’Ajuntament de Palma, que, emparant-se en la norma vigent, va acordar despullar l’estructura de la seva simbologia franquista, transformant el sentit del monument, segons ARCA, “en un símbol contra les guerres i les dictadures”.

El debat sobre el seu enderrocament, assenyala l’entitat, va ressorgir anys després, quan la coalició d’esquerres que governava el Consistori va impulsar la seva eliminació. “Va ser un fet gratuït i generador de polèmiques estèrils”, recrimina ARCA, que aleshores va iniciar un procés judicial per defensar el valor patrimonial del monument, considerat “un exemple únic d’art déco a Palma”. Des del col·lectiu conservacionista incideixen que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) va avalar la protecció del conjunt, mentre el Consell de Mallorca va acabar catalogant-lo com a monument.

Els conservacionistes recriminen, en aquesta línia, el que consideren una “instrumentalització política” continuada d’aquest element patrimonial i demanen que “tots els partits deixin d’utilitzar-lo en funció dels seus interessos”. “La Secretaria d’Estat està fent un ús capciós de la llei”, considera l’entitat, que també adverteix de possibles vulneracions constitucionals —en referència als articles 24 i 46— i de la Llei de Patrimoni Històric de les Balears, que obliga a conservar els béns catalogats en el seu entorn original.

“El patrimoni és un rastre que ens ajuda a explicar la història i a aprendre’n. Destruir-lo és un símptoma d’incivilització i barbàrie”, conclou l’associació, que insisteix que comparteix els principis de la llei de memòria però rebutja “falsejar el significat d’un monument i el seu valor”.

La resolució impugnada recorda que, ja des del moment en què s’estava desenvolupant el conflicte bèl·lic, els denominats “caiguts per Déu i per Espanya” van comptar amb monuments, misses i homenatges de diferents tipus com a part de l’estratègia legitimadora de la dictadura. “En ser glorificats, la seva mort es convertia en una mort necessària per a la salvació d’Espanya, quedant justificada la guerra (mitificada com a 'Cruzada') i la violència perpetrada contra l’enemic”, incideix.

D’aquesta manera, mentre el règim franquista va convertir l’enfonsament del Baleares en emblema d’heroisme i martiri nacional, utilitzant-lo com a eina de propaganda a tot el país, les víctimes de ‘la Desbandá’ van ser abocades a l’oblit.

La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos de Mallorca (ARCA) ha acudido a los tribunales para impugnar la resolución del Gobierno central de declarar elemento contrario a la memoria democrática el monumento erigido en el parque de sa Feixina, en Palma, en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista -episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'-. 

El anuncio se produce apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, aprobase una moción dirigida a recurrir la misma decisión, adoptada el pasado mes de marzo por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El departamento alega que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos”, una de las principales herramientas que empleó el franquismo para justificar su legitimación política y que excluyó de facto a las víctimas del bando republicano.

En aras a blindar el monumento, los de Santiago Abascal también han presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que se garantice la conservación del monolito al considerarlo “patrimonio de todos los españoles”.

El monumento, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Desde ARCA rechazan la interpretación del monumento como un homenaje franquista y subraya que “nunca fue un monumento a un ‘barco asesino’”, sino que recuerda “a más de 800 hombres que murieron ahogados o quemados tras su bombardeo y hundimiento”.

La entidad sostiene, asimismo, que la decisión del Ejecutivo central contradice la Ley estatal de memoria democrática al ignorar la resignificación que en 2010 se llevó a cabo por unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Palma, que, amparándose en la norma vigente, acordó despojar la estructura de su simbología franquista, tranformando el sentido del monumento, según ARCA, “en un símbolo contra las guerras y las dictaduras”.

El debate sobre su derribo, señala la entidad, resurgió años después, cuando la coalición de izquierdas que gobernaba el Consistorio que impulsó su eliminación. “Fue un hecho gratuito y generador de polémicas estériles”, recrimina ARCA, que entonces inició un proceso judicial para defender el valor patrimonial del monumento, considerado “un ejemplo único de art déco en Palma”. Desde el colectivo conservacionista inciden en que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) avaló la protección del conjunto, mientras el Consell de Mallorca acabó catalogándolo como monumento.

Los conservacionistas recriminan, en esta línea, lo que consideran una “instrumentalización política” continuada de este elemento patrimonial y piden que “todos los partidos dejen de utilizarlo en función de sus intereses”. “La Secretaría de Estado está haciendo un uso capcioso de la ley”, considera la entidad, que también advierte de posibles vulneraciones constitucionales -en referencia a los artículos 24 y 46- y de la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares, que obliga a conservar los bienes catalogados en su entorno original.

“El patrimonio es un rastro que nos ayuda a explicar la historia y aprender de ella. Destruirlo es un síntoma de incivilización y barbarie”, concluye la asociación, que insiste en que comparte los principios de la ley de memoria pero rechaza “falsear el significado de un monumento y su valor”.

La resolución impugnada recuerda que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

De este modo, mientras el régimen franquista convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

“Es un paso importante”. La presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, celebra el nuevo revés que ha sufrido el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el empeño de una asociación de que sea declarado Bien de Interés Cultural y así protegerlo y mantenerlo. Hace unos días, se hacía público que un informe de la ponencia técnica del área de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias se ha opuesto a la declaración BIC de este monumento. Para Pérez Schwartz, la estatua “es un símbolo que choca frontalmente contra los valores democráticos y que constituye un agravio para las víctimas”. 

El Cabildo de Tenerife abrió el pasado año la instrucción para que fuera declarado BIC en cumplimiento de una sentencia ante la cruzada de la asociación San Miguel de Arcángel que pretende proteger el monumento de Juan de Ávalos, localizado en Santa Cruz de Tenerife y que, como defienden los expertos y expertas en el Catálogo de Vestigios de Canarias, así como se manifestó en la inauguración de la escultura en 1966: representa la partida “del generalísimo Franco cuando capitán general de Canarias salió de aquí y para acaudillar el monumento nacional”. 

Durante la fase de instrucción del Cabildo de Tenerife, se presentaron varios informes; dos desfavorables a declararlo BIC y otros dos que ensalzan su valor artístico, sin tener en cuenta que es una exaltación de la dictadura franquista. Los informes desfavorables a proteger la estatua son los de la Universidad de La Laguna (ULL), que insiste en que “no hay valores artísticos excepcionales” en esta obra y alude a su contexto histórico y Museos de Tenerife, que incide en que “más allá de sus valores artísticos que actualmente se debaten, creemos que la carga simbólica se encuentra en contradicción con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”. 

Los informes favorables a proteger la estatua son los de la Real Academia de Extremadura de las letras y las artes, que hace alusión a que la obra “forma parte de la destacada producción monumental que el escultor y el de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel de Arcángel, que solamente se centra en que ”fue uno de los escultores más relevantes, entre los que trabajaron la figuración en aquellos años“ y expone su currículum y su producción.

Además, se presentó al procedimiento una lluvia de alegaciones de las asociaciones de memoria democrática y de partidos políticos que incidían en que la escultura contradecía las leyes de memoria democrática. El Gobierno de España informaba de que, a través de la Delegación de Gobierno en Canarias, presentó alegaciones en este expediente. La principal razón que argumenta es que “no existe ningún informe que refleje el carácter excepcional y sobresaliente de la obra de Juan de Ávalos”.

Muchas de las asociaciones de memoria señalaron que se trata de “propaganda franquista” y un “insulto” a las víctimas. Algunas de las que alegaron fueron la de Emilio Silva, la asociación de Tenerife, la de Arucas, la asociación masónica. Entre los partidos destacan Podemos o Izquierda Unida. 

¿En qué punto se encuentra el monumento?

Una vez finalizado ese proceso, tal y como manda la Ley de Patrimonio, el expediente pasó al Gobierno de Canarias. Según pudo confirmar este periódico, la propuesta de proteger este monumento no obtuvo ni un solo voto a favor y contó con una abstención en la ponencia técnica de Patrimonio. 

Ahora, tendrá que pasar al Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, para el que aún no hay fecha prevista, pero que suele decidir de acuerdo a lo que ha determinado el informe técnico si se revisa el historial. 

Schwartz explica a este periódico que el hecho de que “Patrimonio del Gobierno de Canarias haya demostrado que el monumento de Ávalos no tiene patrimonio artístico lo que facilita el cumplimiento de las leyes de memoria histórica; la de Zapatero, la de Canarias y la última estatal” para lograr su retirada de la vía pública. “Es un paso adelante, pero hay que continuar”, insiste. Además, afea a la asociación San Miguel de Arcángel que “no quieren retirar este monumento” y sugiere“ que se los lleven a su casa”. “Ellos no van a tolerar nunca que el monumento a Franco sea una exaltación del golpe de Estado de 1936”, lamenta. 

“Este monumento lo que tiene que hacer es retirarlo”, insiste la presidenta de la asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, que cree que no cabe la resignificación del mismo. A su juicio, no debe ser un monumento a la paz ni a la concordia. “¿A la concordia de quién?”, vuelve a preguntarse cada vez que se remueve esta idea. 

Los símbolos del monumento 

El Catálogo de Vestigios de Canarias elaborado en el anterior mandato señaló que el monumento está configurado por una base que es una alegoría de la isla de Tenerife, “que actúa como anclaje de las piezas superiores y como símbolo de la contribución de la isla de Tenerife a la sublevación militar”. También se compone de “la figura del arcángel”, que simboliza el vuelo realizado por Franco en el avión conocido como Dragón Rapide, y el “símbolo propio de la guerra de religión que recibe el auxilio divino a través de la figura angelical”.

Constituye una figura alegórica del general Franco sobre el arcángel “representado como un joven atlético vestido con una túnica que alude a la bandera nacional y presenta al frente una espada que se identifica como una cruz”. El complejo también contiene los escudos alegóricos a los nueve partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 1960, que representan la pretensión de significar el reconocimiento de la sublevación militar y de la Guerra Civil como causa justa y legal.

Para financiar el monumento se utilizó la fórmula de la “suscripción popular”, se practicaba a través del control ejercido por los órganos de gobierno militar y civil, que eran poseedores de la información sobre la ciudadanía. El Catálogo de Vestigios reflejaba esas extorsiones, presiones y un alto grado de control.

El Ayuntamiento de Fraga, gobernado por el PP, mantiene vigente la distinción de alcalde honorario concedida a Francisco Franco en 1953, pese a la Ley estatal de Memoria Democrática, que obliga a retirar este tipo de reconocimientos cuando “resulten incompatibles con los valores democráticos”.

La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Huesca va a iniciar actuaciones para requerir información al Consistorio y recordarle su obligación de cumplir la normativa. “Desde Fiscalía iniciaremos un procedimiento al respecto para solicitar información al Ayuntamiento y efectuarle recordatorio de que han de cumplir con lo dispuesto en el art. 40”, trasladó esta misma semana la fiscal delegada de Derechos Humanos y memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Huesca a Jesús Sansó, exdiputado autonómico que ha denunciado esta situación, tal y como ha adelantado el diario 'Segre'.

Sansó inició el proceso hace tres meses, cuando se puso en contacto por primera vez con la Fiscalía. Este órgano le confirmo que “cabría la retirada de dicha distinción” y le instó a solicitarlo directamente al Consistorio. Así lo hizo, presento tres solicitudes formales —el 5 de febrero, el 5 de marzo y el 5 de abril— para pedir su retirada, sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento, según explica.

Sansó también solicitó el acta oficial de concesión, donde se confirma la vigencia de este reconocimiento honorífico. Ante la falta de contestación, trasladó toda la documentación a la Fiscalía. La Fiscal le ha confirmado que se va a iniciar un procedimiento para “solicitar información al Ayuntamiento y efectuarle recordatorio de que han de cumplir con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática”.

En esta norma se establece que las administraciones públicas “adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”.

La norma a aplicar es la estatal debido a que la de Aragón, aprobada en 2018, fue derogada en 2024 con los votos a favor de PP, Vox y PAR. La eliminación de esta ley autonómica suprimió instrumentos como el censo de víctimas o el registro de entidades memorialistas, aunque no afecta a la vigencia de la ley estatal, que sigue siendo de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.

Por su parte, fuentes municipales reconocen que la retirada de la distinción no está contemplada, a no ser que haya una obligación legal. “Evidentemente, si es por imperativo legal, se eliminará la distinción, pero no es una prioridad para el equipo de gobierno”, señalan.

Otros vestigios franquistas en el callejero

El mantenimiento de la distinción a Francisco Franco no es el único elemento vinculado a la dictadura que persiste en Fraga. Así, el municipio conserva todavía otros vestigios en su espacio público.

Entre ellos figuran referencias en el callejero como la calle Alcázar de Toledo y el grupo de viviendas 28 de Marzo, denominaciones ligadas a episodios y simbología del franquismo que se han mantenido sin modificaciones hasta la actualidad.

“Es aquí”. Pero aquí no hay nada. Solo una valla a un lado de la carretera y el tupido bosque de Collserola al otro. Valentín, un hombre de 59 años, ha aparcado el coche justo donde estaba la entrada de la Ciudad de los Muchachos, el orfanato en el que pasó buena parte de su infancia. “Si, ya verás como sí”, dice, mientras se encarama al vehículo y muestra, casi de puntillas, la parte alta de un edificio. “Allí estaban las aulas”, dice, señalando una casa con un dintel en el que se puede leer: Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos.

Esa valla es relativamente nueva, cuenta. La instaló el consistorio hace menos de un año, coincidiendo con el momento en que los exalumnos de este orfanato franquista se empezaron a organizar para regresar a las instalaciones. Esas visitas nunca fueron promovidas por la nostalgia, sino por la sed de justicia y reparación: en este centro, miles de niños desde 1951 hasta 1977 pasaron hambre y fueron maltratados física y emocionalmente. Algunos incluso habrían sufrido abusos sexuales por parte de educadores y de los Hermanos de la Salle, encargados del centro en su etapa final.

El Ayuntamiento de Barcelona, que es titular del edificio aunque este se encuentre, técnicamente, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès, es también la Administración que ha colocado las vallas que impiden el paso a lo que fue la Ciudad de los Muchachos. El consistorio asegura que es por seguridad, pero los exalumnos consideran que es otra manera de enterrar lo que les pasó. Otra excusa para “no castigar a los responsables de arruinar la infancia a tantos niños”, dice Valentín. “Éramos muy pequeños; sólo necesitábamos que nos protegieran y nos destrozaron”, remacha.

Esta escuela, que hoy se encuentra en ruinas, está engullida en su totalidad por el bosque. Las paredes de lo que fue el edificio que albergaba las aulas y el salón de actos están o bien derrumbadas, o bien llenas de grafitis pintados por chavales que suben hasta el lugar para pasar el rato o para beber, tal como atestiguan las latas tiradas por el suelo.

Hay pocas pistas de lo que sucedió entre esas ruinas. Sólo se puede intuir que allí hubo niños si se presta atención a la piscina que hay en lo alto de la loma –y que construyeron los mismos alumnos, obligados y bajo coacción– o a la portería, ya sin red y descolorida por el sol. La escena lúgubre y el pasado convulso del lugar ha atraído incluso a influencers de lo paranormal, quienes han dedicado diversas producciones a la Ciudad de los Muchachos, llegando a afirmar que allí se pueden encontrar “espíritus de niños atormentados”.

“Los espiritistas se preocupan más por lo que pasó en este orfanato que el Ayuntamiento de Barcelona, que es el propietario del recinto”, se lamenta Joan Moya, un vecino de la zona, activista de la plataforma Som Collserola y responsable de una queja emitida ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) en la que se apuntaba a la decadencia de las ruinas y reclamaba que se recuperara la memoria del lugar.

Esta “casa de los horrores” –como la definen algunos exalumnos– alojó a miles de niños durante más de tres décadas. Y, aunque fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova, el Ayuntamiento de Barcelona se desentiende de ese patrimonio. De hecho, durante años negó tener nada que ver con el mismo, argumentando que se encuentra en territorio del municipio vecino de Sant Cugat.

Ahí fue donde entró el Síndic de Greuges, que pidió diversos informes e investigó si la titularidad de los terrenos era del consistorio de la capital catalana, como así lo insinúa el nombre del Ayuntamiento en el dintel de la entrada y un escudo de Barcelona grabado en el suelo. El organismo consultó a diversas áreas municipales, que llegaron incluso a constatar que “no se puede determinar si este edificio pertenece al Ayuntamiento”. “Sea como sea, no se trata de un edificio en nuestro distrito”, apuntaron en 2024, según consta en el informe de la Sindicatura, al que ha tenido acceso este medio.

Pero resultó que el edificio sí es propiedad del consistorio. De hecho, posee todo el complejo, que comprende no solo lo que fueron las aulas de La Ciudad de los Muchachos –ahora también en ruinas–, sino también la capilla –todavía en pie– y la masía de Can Puig, actualmente protegida y que funciona como un centro de atención a las drogodependencias.

Así se constató en un informe solicitado en 2021 por Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA) para decretar el estado de ruina de los edificios abandonados. En el texto se apunta que la titularidad del conjunto corresponde al Ayuntamiento, con gestión compartida con el Consorcio de Servicios Sociales y el del Parque de Collserola. El informe asegura que las edificaciones no pueden ser rehabilitadas a corto plazo y se insta a su derribo.

Resulta que el consistorio compró los terrenos a un particular en 1923 y durante la República los usó para crear unas ‘colonias permanentes’ para que niños con problemas respiratorios estuvieran en contacto con la naturaleza en el bosque. Luego, durante la Guerra, se convirtió en un refugio para huérfanos para luego ser confiscado por el régimen. Durante los primeros años del franquismo, fue un internado y luego un lugar de encuentro para los campamentos de la Sección Femenina.

No fue hasta 1951 que se convirtió en la Ciudad de los Muchachos. La institución estuvo en funcionamiento hasta 1977, cuando los Hermanos de la Salle, que tuvieron la gestión durante su última etapa, abandonaron abruptamente a los niños, de un día para otro, cuando el centro dejó de reportarles beneficios económicos tras la muerte del dictador. Con su marcha, los niños fueron reubicados y el espacio empezó a quedar a merced del bosque.

Acabar con toda evidencia

Exalumnos como Valentín, que sufrió “palizas diarias” y maltrato emocional, se horrorizan cuando ven que lo que les hicieron pasar, simplemente por ser hijos de rojos o de familias pobres, va a quedar en el olvido. “No hay ni una placa, ni un memorial ni nada. No pedimos que nos compensen, sino simplemente que reconozcan lo que nos pasó”, sostiene. “Esto parece una ciudad fantasma”, dice Lale, otro de los exalumnos durante una visita a las ruinas. “No reconozco casi nada”, lamenta.

Estos hombres que fueron niños maltratados sienten no solo que sus agravios están siendo olvidados, sino que están siendo “tapados”. Este sentir empezó cuando el Ayuntamiento instaló la valla y culminó cuando, de un día para otro, desapareció el marcador de Google Maps que indicaba la ubicación de la Ciudad y cómo llegar a ella.

Los exalumnos y las asociaciones vecinales acusan al Ayuntamiento de haber pedido a la plataforma que elimine la ubicación –igual que pidió, en su momento, que eliminara algunas líneas de autobús masificadas por el turismo–. Pero el consistorio niega cualquier acción en este sentido. No se conoce el responsable, pero sí las consecuencias. Este gesto no sólo dificulta el acceso al centro, sino que además ha borrado todas las reseñas en las que los exalumnos escribían sus experiencias.

“Todo eso es un patrimonio perdido de un gran valor”, considera Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. La publicación de su obra atrajo a exalumnos y les animó a explicar historias que jamás habían contado, ni siquiera a sus familias. Tanto, que se celebraron diversas presentaciones del libro en lo que fue la Ciudad de los Muchachos, antes de que estuviera restringido el acceso.

“Fue poco después de esas presentaciones que se puso la valla y se eliminó la ubicación de Google”, relata Roig, que también denuncia la “inacción” del Ayuntamiento y la falta de voluntad de “reconocer y reparar la vida truncada de estos niños”.

La Sindicatura de Greuges dio la razón a la queja que se interpuso e instó al consistorio a hacer precisamente eso: dignificar el espacio y crear un memorial que explicara qué pasó allí. “La ONU reconoce la memoria como parte de la justicia transicional, juntamente con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”, recuerda el Síndic al Ayuntamiento. Esta resolución tiene más valor si cabe habiéndose publicado en el año en que se celebra el medio siglo de la muerte de Franco, durante el cual tanto el gobierno municipal, como el catalán y el central están inmersos en una serie de actividades de memoria histórica.

A preguntas de este medio, desde el Ayuntamiento aseguran que, en el marco de esta efeméride, se “estudia algún formato de actividad o acción por el reconocimiento de las personas que han denunciado este espacio como centro de internamiento de menores”. Ahora bien, añaden que “no hay previsión de hacer ninguna otra intervención” debido a que “su estado actual hace muy costosa su rehabilitación”.

“Si te castigaron es porque lo mereces”

Este medio ha podido entrevistar a cuatro personas que vivieron en La Ciudad de los Muchachos en épocas diferentes. Todos ellos coinciden en las “torturas” y el “sufrimiento”, en el aislamiento al que les sometían y cómo les apartaban de sus familias, a las que el régimen consideraba una “mala influencia”. Hambre, palizas y un adoctrinamiento que llegaba al punto de que el papel higiénico era canjeable por puntos conseguidos por “buena conducta”.

El único de los testimonios que cuenta una historia diferente es Pere, que estudió en este orfanato durante sus primeros tres años de existencia, cuando sí fue realmente un centro pedagógico innovador, una “anomalía dentro del régimen” que consiguió llevar a la gran mayoría de los chavales, provenientes de familias obreras, a la universidad. “Por eso me duele tanto en lo que se convirtió después”, apunta este exalumno a elDiario.es.

Aquella escuela fue un pozo de traumas que muchos niños se callaron para siempre. “Hay cosas que nunca contaré a mi familia, para no hacerles sufrir”, dice uno de ellos. Ahora bien: hay un lugar en el que podían compartir sus historias. Aparte de las reseñas de Google, que funcionaba como una especie de confesionario, también existe un grupo de Facebook.

En este se conservan fotografías de archivo y actuales. Imágenes que suelen ir acompañadas de comentarios de diversos usuarios que comparten nombres de maestros y de los religiosos que les marcaron, literal o figuradamente. Como en casi cualquier grupo de exalumnos, se buscan antiguos compañeros de promoción o recuerdos de infancia. Pero, de vez en cuando, el espejismo de la nostalgia se rompe con mensajes publicados casi de madrugada. “No puedo olvidar la Ciudad de los Muchachos. Me robó mi infancia y tenía sólo 6 años”, dice uno de los post.

El grupo tiene como frase de cabecera “Si te castigan es porque lo mereces”, la misma cita que, según cuentan exalumnos, se repetía durante su día a día en el orfanato. “Yo pensaba de verdad que lo merecía”, cuenta Valentín. Muchos de los niños asumieron el mantra de que se les pegaba “lo normal”, pero con el paso de los años se han ido asumiendo a ellos mismos como víctimas de maltrato. “No entendíamos por qué nos hacían eso. Y sigo sin entenderlo. Si nadie hace nada, se olvidará lo que pasó. Todos nos olvidarán a nosotros”, se lamenta Valentín.