Canarias: 50 años tras la oscuridad' es un documental producido por Clan de Medios sobre el golpe de estado y la brutal represión que ejerció el franquismo en Canarias. Cuenta con historiadores como Ángel Viñas, Sergio Millares, Maisa Navarro, entre otros, o los testimonios de la nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife o la nieta de Juan Negrín. Se trata de una serie documental que se enmarca dentro de las acciones de 50 años de España libertad y que consta de tres capítulos: El Golpe, La Represión y La Reparación.

El Ayuntamiento de Sotorribas (Cuenca) ha comenzado esta semana los trabajos de intervención para localizar y exhumar los cuerpos de cuatro hombres ejecutados por arma de fuego el 4 de agosto de 1950 y que fueron enterrados en una fosa común del cementerio municipal de la localidad, según refleja el Mapa de Fosas estatal.

Estas labores, amparados en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, han sido visitadas por la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, María Luz Fernández, junto a la alcaldesa de Sotorribas, Nuria Illana.

María Luz Fernández ha conocido los detalles del proyecto de localización y exhumación que permitirá recuperar una parte de la historia de esos años de represión de la dictadura franquista, “que se intentó ocultar y que debe de aflorar”, porque “la mejor herramienta para que esto nunca vuelva a ocurrir es el conocimiento de nuestra historia y la dignificación de las víctimas”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad ha manifestado su satisfacción porque este proyecto haya salido adelante tras muchos años de trabajo, enfatizando que estas labores de exhumación son un compromiso con la historia de este pueblo, y servirán para “dignificar la memoria” de las víctimas y sus familias.

Los trabajos están financiados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática con un importe total de 18.000 euros. El proyecto está liderado por el Ayuntamiento de Sotorribas y está siendo desarrollado por la Asociación Científica ArqueoAntro.

A la visita se han sumado el alcalde de Santa Cruz de Moya, y delegado provincial de Reto Demográfico de la Junta, Virgilio Antón, y la senadora Carmen Torralba, junto con vecinos del municipio de Sotos.

El Ayuntamiento de Cáceres ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para tratar de evitar la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América, tras agotar la vía administrativa.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha desestimado el recurso de reposición presentado por el consistorio en mayo contra la inclusión del monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

La resolución del Ministerio mantiene que la cruz debe figurar en el Catálogo, un paso previo a su retirada, una decisión que el Ayuntamiento rechaza por considerar que el monumento “forma parte del patrimonio urbano de la ciudad y carece actualmente de exaltación de la dictadura franquista”.

La decisión ha sido adoptada este viernes por la Junta de Gobierno Local, que ha tomado conocimiento de la resolución estatal, la cual pone fin a la vía administrativa.

El consistorio acudirá ahora a la jurisdicción contencioso-administrativa dentro del plazo legal de dos meses con el objetivo de defender su posición en este procedimiento. Con este acuerdo, el Ayuntamiento da cumplimiento al anuncio realizado este jueves durante el pleno municipal por el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, quien avanzó que el recurso ante la Audiencia Nacional se formalizaría “en las próximas semanas”.

La estrategia judicial del equipo de Gobierno municipal comenzó el pasado mes de mayo, cuando presentó un recurso de alzada —resuelto en sentido desfavorable— y anunció que acudiría a los tribunales si el Ejecutivo central mantenía la orden de retirada del monumento, como así ha sido.

Además, el pasado 3 de julio la Junta de Gobierno Local acordó personarse en el recurso contencioso-administrativo promovido por Vox, después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la demanda presentada por esta formación política contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La defensa de la Cruz volvió este jueves a centrar el enfrentamiento político en el pleno municipal, donde PP y Vox escenificaron un frente común para mantener el monumento; mientras que PSOE y Unidas Podemos (UP) abandonaron la sesión al considerar que debatir una moción en favor de su permanencia suponía actuar en contra de la Ley de Memoria Democrática. Durante ese debate, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, aseguró que el consistorio seguirá “peleando para que la Cruz se mantenga donde siempre ha estado”.

Por su parte, el portavoz municipal, Ángel Orgaz, calificó la actuación del Ministerio de “chapuza interesada” y defendió que el monumento “no tiene simbología franquista alguna” tras la modificación de su inscripción acordada por el pleno municipal hace décadas.

La plaza de América de Cáceres no es solo un punto de tránsito urbano; es un archivo de piedra donde la historia de España continúa reescribiéndose entre decretos, recursos judiciales y debates sobre la memoria democrática. La Cruz de los Caídos, el gran monolito que preside este espacio desde la Guerra Civil, ha vuelto a situarse en el centro de un intenso conflicto político, patrimonial y judicial que ha trascendido el ámbito municipal para llegar a la Audiencia Nacional.

La construcción de la Cruz de los Caídos de Cáceres no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia impulsada por el franquismo para apropiarse simbólicamente del espacio público desde los primeros compases de la Guerra Civil. Mucho antes de que el régimen levantara grandes complejos monumentales como el Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 mediante el trabajo forzado de miles de presos políticos, las ciudades comenzaron a llenarse de cruces, placas y monumentos destinados a legitimar la victoria militar y consolidar el nuevo poder.

En ese contexto, la cruz cacereña posee una relevancia histórica singular. Diversos estudios la sitúan como el primer monumento de estas características levantado en España con la iconografía propia del nuevo régimen franquista.

El Ayuntamiento de Cáceres autorizó oficialmente su construcción el 9 de septiembre de 1937, apenas un año después del golpe de Estado. La rapidez con la que se tramitó el proyecto respondía a las directrices de la denominada Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, organismo encargado de unificar la estética monumental del nuevo Estado mediante una arquitectura concebida como instrumento de propaganda política.

El borrado de la memoria republicana

Aquellas cruces no pretendían únicamente recordar a los fallecidos del bando sublevado. Su finalidad era mucho más amplia: convertir plazas, avenidas y edificios públicos en escenarios permanentes de legitimación del golpe militar y de la posterior dictadura, sacralizando la victoria franquista a través de símbolos visibles y duraderos.

La ubicación elegida tampoco fue casual. La cruz no se levantó en un espacio vacío, sino exactamente sobre el lugar que ocupaba la Fuente del Lápiz, conocida popularmente por los cacereños como La Palmatoria. Aquella fuente había sido construida en 1934, durante la Segunda República. Apenas tres años después fue demolida deliberadamente para levantar en su lugar el nuevo monumento franquista.

Desde el punto de vista urbanístico, la operación constituyó un ejemplo de sustitución simbólica del espacio público: un elemento civil, de uso cotidiano y asociado al periodo republicano desaparecía para dejar paso a un monumento de carácter político, religioso y triunfalista. La transformación del paisaje urbano pretendía hacer visible el cambio de régimen y borrar físicamente los símbolos del anterior orden democrático.

Exaltación del golpe de Estado

La cruz fue construida con mármol procedente de la Sierra de Alconera (Badajoz), con un coste de 28.041 pesetas, y respondía plenamente al lenguaje monumental del nacionalcatolicismo.

Su aspecto original estaba muy alejado del que presenta actualmente. Incorporaba águilas de San Juan, relieves del yugo y las flechas e inscripciones inequívocas de exaltación franquista. En uno de sus frentes podía leerse: '18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco' y, en el otro, 'A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España una, grande y libre'.

La inauguración oficial tuvo lugar el 10 de mayo de 1938 y constituyó uno de los mayores actos propagandísticos celebrados en Cáceres durante la guerra. La ciudad recibió la visita de Pilar Primo de Rivera, jefa nacional de la Sección Femenina de Falange, que permaneció varios días en la capital.

Las crónicas de la época describen un enorme despliegue propagandístico: más de 15.000 falangistas desfilaron ante el monumento portando alrededor de 300 banderas oficiales y, durante la ceremonia, se soltaron más de un millar de palomas blancas para representar la supuesta paz alcanzada bajo el nuevo orden.

Sin embargo, aquella escenografía ocultaba una realidad muy distinta. Mientras el régimen convertía la cruz en símbolo de victoria, la provincia vivía una intensa represión política contra quienes habían defendido la legalidad republicana. Entre las víctimas figuró Amado Viera Amores, alcalde socialista de Valencia de Alcántara, fusilado en 1936 junto a otras 48 personas y arrojado a un pozo minero. Para muchas familias represaliadas, la presencia cotidiana de la cruz en el centro de Cáceres simbolizaba precisamente el triunfo de quienes habían protagonizado el golpe militar y la posterior represión.

La Transición y la primera resignificación

Con la llegada de la democracia, el monumento volvió a convertirse en motivo de controversia. En 1984, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el socialista Juan Iglesias Marcelo, planteó retirar la simbología más claramente vinculada al franquismo. La propuesta encontró la oposición de Alianza Popular y finalmente se alcanzó una solución intermedia. Se eliminaron las referencias explícitas al general Franco, al 18 de julio y al yugo y las flechas; la inscripción original fue sustituida por otra más neutra —'La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria'— y se incorporó un escudo constitucional de España de bronce con el objetivo de adaptar el monumento al nuevo marco democrático.

Pese a esas modificaciones, las águilas talladas en la piedra permanecieron, un elemento que los informes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática consideran suficiente para mantener su consideración de símbolo franquista.

La polémica actual tampoco surgió de forma repentina. En 2004, durante el mandato del alcalde popular José María Saponi, el pleno del Ayuntamiento aprobó una propuesta presentada por Izquierda Unida para remodelar íntegramente la plaza de América.

El acuerdo contemplaba expresamente la retirada de la cruz y su sustitución por un monumento dedicado a la paz. Sin embargo, aquella decisión nunca llegó a ejecutarse. Ni los posteriores gobiernos del Partido Popular ni los del Partido Socialista impulsaron el proyecto, que quedó archivado durante más de dos décadas pese a las reiteradas reclamaciones de colectivos memorialistas.

2026: Memoria democrática frente a patrimonio

La controversia resurgió con fuerza en abril de 2026, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyó la Cruz de los Caídos en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática e instó formalmente al Ayuntamiento a retirarla.

Los informes técnicos sostienen que, aunque durante la Transición desaparecieron algunos de los elementos más explícitos de exaltación franquista, el monumento mantiene suficientes vestigios de aquella simbología como para seguir constituyendo un elemento de homenaje a la dictadura.

Frente a esa interpretación, el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido personarse en el recurso contencioso-administrativo junto a Vox. Su principal argumento es que el monumento ha sido resignificado con el paso del tiempo y que la mayoría de los cacereños ya no lo identifican como un símbolo franquista, sino como un elemento patrimonial, religioso o simplemente como un punto de referencia urbano. De hecho, se defienden expresiones como “quedamos en la Cruz” porque “siguen formando parte del lenguaje cotidiano de muchos vecinos para fijar un lugar de encuentro”, aunque en realidad no se sabe bien si es en la avenida de España, Antonio Hurtado, Gil Cordero o la avenida de Alemania.

Paralelamente, la Junta de Extremadura ha iniciado la recopilación de informes para estudiar la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), una medida que elevaría al máximo nivel su protección patrimonial y abriría un conflicto competencial con el Gobierno central.

La Audiencia Nacional toma las riendas

A finales de junio de 2026, la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso presentado contra la orden estatal de retirada. La decisión paraliza, al menos de forma cautelar, cualquier actuación hasta que exista una sentencia firme.

Mientras el Gobierno central defiende que la retirada responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática —que contempla sanciones económicas para las administraciones que incumplan sus obligaciones—, quienes defienden la permanencia del monumento consideran que la admisión del recurso supone una victoria frente a lo que califican de “cruzfobia”.

Casi noventa años después de que sustituyera a una fuente republicana en el corazón de Cáceres, la Cruz de los Caídos continúa dividiendo a instituciones, partidos políticos y ciudadanía. Lo que fue un monumento levantado para glorificar un golpe de Estado y una dictadura, para algunos ha pasado a formar parte del paisaje urbano y del patrimonio histórico de la ciudad. Será ahora la Justicia quien determine si esas cuatro grandes piedras siguen siendo memoria, patrimonio o ambas cosas al mismo tiempo.

El debate de una moción presentada por Vox sobre la Cruz de los Caídos de la plaza de América provocó este jueves el abandono del salón de plenos por parte de los doce concejales y concejalas del Grupo Socialista y de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres.

La decisión se produjo después de que el alcalde, Rafael Mateos, rechazara la petición de ambos grupos para retirar la iniciativa del orden del día. Socialistas y Unidas Podemos argumentaron que el Ayuntamiento “no puede utilizar sus órganos de Gobierno para aprobar medidas contrarias a la ley”, en referencia a la Ley de Memoria Democrática.

La portavoz del Grupo Socialista, Belén Fernández, ha esgrimido que las instituciones democráticas tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad“ sosteniendo que la propuesta debatida ”promueve abiertamente el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática“. A su juicio, ”no podemos normalizar ni ser partícipes de lo que resulta una perversión democrática y una grave degradación institucional“.

Fernández ha añadido que tanto el Ayuntamiento, gobernado por el PP, como Vox ya han recurrido por la vía judicial las decisiones adoptadas sobre este asunto y defendió que corresponde esperar a las resoluciones y acatarlas “por puro respeto democrático”.

Asimismo, el PSOE ha recordado que el pleno municipal aprobó por unanimidad en 2004, durante el mandato del entonces alcalde José María Saponi, un acuerdo para retirar el monolito y sustituirlo por un monumento a la paz. Los socialistas sostienen que la posición actual del Gobierno municipal contradice aquel acuerdo y supone un cambio respecto a la postura que Rafael Mateos defendía cuando era portavoz de la oposición.

Y es que la moción presentada por Vox proponía que el Ayuntamiento manifestara su compromiso con la permanencia de la Cruz de la plaza de América en su ubicación actual, rechazara la aplicación de la Ley de Memoria Democrática para su retirada, instara al Gobierno de España a modificar esa norma y solicitara a la Junta de Extremadura medidas para garantizar su protección patrimonial, además de impulsar actuaciones de conservación y mantenimiento del monumento.

Para Consuelo López, portavoz de la coalición morada, resulta “incomprensible que Rafael Mateos, regidor de esta ciudad, defienda con tanto empeño un símbolo que representa a quienes acabaron con la vida de un alcalde democrático de Cáceres, Antonio Canales. Del mismo modo, cuesta entender que reivindique un elemento sin valor artístico ni arquitectónico mientras impulsa la desaparición del último bulevar de la ciudad, auténtico patrimonio cacereño”.

A su juicio, el problema de fondo es otro: “Mientras miles de jóvenes y familias encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna y destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, el Gobierno municipal sigue poniendo el foco en la defensa de un símbolo franquista en lugar de dedicar todos sus esfuerzos a impulsar medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Esa diferencia de prioridades revela una forma de gobernar alejada de las preocupaciones reales de la ciudadanía”. López ha añadido que “el equipo de Gobierno parece haber convertido el incumplimiento de las leyes en su modus operandi, como demuestran la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Vivienda”.

Desde AMECECA, colectivo ciudadano presente también en el salón de Plenos y que lleva más de 30 años trabajando para restaurar la dignidad y la memoria de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y la posguerra en la ciudad, se insiste en que “sigue sorprendiendo la posición del alcalde al afirmar que no hay vecinos de Cáceres que quieran retirar la cruz de los caídos”. Para la organización, el abandono de la sesión plenaria por parte de los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos “refleja con claridad la posición favorable de muchos cacereños a retirar este monumento franquista del espacio público”. Recuerdan, además, que “estos grupos representan prácticamente la mitad de la ciudadanía en el consistorio”.

Por ello, concluye AMECECA, “queda nuevamente en evidencia que el alcalde faltó a la verdad cuando aseguró que no conocía a ningún cacereño partidario de retirar la cruz y que todo respondía a una imposición de Madrid”.

Así pues, la moción de Vox para blindar patrimonialmente la Cruz de los Caídos de la plaza de América ha sido aprobada con el apoyo del PP y la ausencia deliberada de PSOE y Unidas Podemos, lo que permitió al alcalde, Rafael Mateos, afirmar que salió “por unanimidad”.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de obligar a Ciudad Real a devolver nombres vinculados a la dictadura franquista a cinco de sus espacios públicos no es solo un revés administrativo, es un choque frontal contra el espíritu democrático de la mayoría de la ciudadanía.

Por ello, la postura del Ayuntamiento de Ciudad Real, con su Alcalde a la cabeza, debe ser la de recurrir judicialmente esta sentencia por ser una obligación moral y política con los vecinos.

Las leyes de memoria histórica y democrática en España no nacieron para reabrir heridas, sino para cerrarlas sobre una base de justicia, reparación y no repetición. Desde Podemos Ciudad Real defendemos que mantener en el callejero a figuras estrechamente vinculadas con el régimen franquista contradice el marco legislativo actual.

El Ayuntamiento tiene el deber de velar por que el espacio público —que pertenece a todos los ciudadrealeños, sin distinción— sea un lugar de encuentro democrático y respetuoso con los derechos humanos.

El callejero también es el reflejo de los valores democráticos de una sociedad moderna. Las calles de Ciudad Real deben homenajear a quienes construyeron convivencia, cultura, ciencia y progreso, no a quienes formaron parte de un periodo de fractura social y privación de libertades.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy. El espacio urbano educa, y el mensaje que enviamos a los jóvenes debe ser de concordia y libertad, y no de admiración al franquismo.

Reinstaurar nombres franquistas, como ha ordenado la sentencia que desde Podemos Ciudad Real proponemos recurrir, supone un retroceso ético y cultural que no representa la realidad abierta y tolerante de la Ciudad Real de hoy

El alcalde no es solo un gestor de recursos; es el máximo representante de la voluntad y la dignidad de la ciudadanía. Al presentar el Recurso que proponemos, el Alcalde demostraría que su compromiso con la calidad democrática de la ciudad está por encima de reminiscencias franquistas; el no presentarlo demostraría que esas reminiscencias existen en su persona o/y en su partido, el PP.

La vía judicial es el cauce democrático para corregir una Sentencia que en Podemos Ciudad Real consideramos profundamente injusta, que no refleja lo ordenado en la vigente Ley de Memoria Democrática, ni el sentir mayoritario de una sociedad moderna como la ciudadrealeña. No se trata de borrar la historia, sino de decidir a quién honramos en el presente.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ayuntamiento de Ciudad Real que recurra la sentencia que obliga a recuperar los nombres de cinco calles de la localidad que fueron modificados al aplicar la Ley de Memoria Histórica.

Después de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado que el Ejecutivo regional no tiene competencias sobre el callejero de la capital, pero ha defendido que el consistorio ciudadrealeño, gobernado por el PP, sí dispone de margen para recurrir la resolución.

El vicepresidente segundo justifica el recurso amparándose en que la resolución del TSJCM se basa en la Ley de Memoria Histórica de 2007, mientras que en 2022 entró en vigor una nueva Ley de Memoria Democrática.

A su juicio, esta normativa posterior “favorece y aclara” algunos aspectos que podrían tener relación con el caso. “Por supuesto, hay que cumplir siempre con las sentencias judiciales, pero al mismo tiempo existe margen para recurrirlas y para actuar de acuerdo con la nueva Ley de Memoria Democrática”, ha sostenido.

De esta forma, el pasaje de la Pandorga volverá a denominarse José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes volverá a ser la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa recuperará la denominación de Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Adolfo Suárez volverá a llamarse Grupo Vicente Galiana, situación que Caballero ha lamentado.

En este sentido, ha apelado a que todos los demócratas, independientemente de que sean “de izquierdas, de derechas o de ninguno de los dos lados”, defiendan la democracia y reconozcan a quienes han contribuido a hacerla posible.

El alcalde critica al PSOE, pero no descarta el recurso

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares (PP), ha dejado la puerta abierta a que el consistorio que lidera presente dicho recurso ante el Tribunal Supremo, señalando que se trata de una resolución de segunda instancia basada en pronunciamientos previos del alto tribunal y poder generar nuevos costes para las arcas municipales.

A preguntas de los periodistas, Cañizares ha indicado que serán los servicios jurídicos municipales los que determinen finalmente si existe margen para presentar un recurso, aunque ha advertido de que “no se puede ir todas las veces al Tribunal Supremo”.

El regidor ha explicado que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se apoya en sentencias dictadas anteriormente por el propio Supremo en casos similares, lo que podría reducir las posibilidades de que prosperase una nueva impugnación.

Además, ha señalado que recurrir supondría costes para el Ayuntamiento, especialmente en caso de que el recurso fuese rechazado.

“Serán los servicios jurídicos, como siempre en el Ayuntamiento, quienes decidan si prosperaría o no el recurso”, ha afirmado.

El alcalde también ha acusado al PSOE de realizar críticas “desaforadas” contra la resolución y ha defendido que las sentencias deben respetarse, aunque no se compartan.

Una reversión iniciada por Vox

La sentencia, que se dio a conocer este lunes por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real, estimó parcialmente un recurso de Vox contra el acuerdo aprobado por el pleno municipal en mayo de 2021. La Sala consideró que el Ayuntamiento no motivó suficientemente que cinco de las antiguas denominaciones supusieran una exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

La resolución obligó a que el pasaje de la Pandorga recuperara el nombre de pasaje José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña, el de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes, el de Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa, el de Gregorio Sánchez-Puerta; y el Grupo Adolfo Suárez, el de Grupo Vicente Galiana.

El tribunal sí respaldó los cambios de las antiguas calles Brunete, Belchite, Simancas y Santa María de la Cabeza, actualmente denominadas Emilia Pardo Bazán, María Zambrano, Miguel Ángel Blanco y Sara Montiel, al considerar que las denominaciones anteriores hacían referencia directa a episodios de la Guerra Civil.

El proceso comenzó en 2016, cuando la Mesa de la Memoria Histórica identificó nueve denominaciones y abrió una consulta ciudadana para elegir nuevos nombres. Tras una primera anulación porque los cambios se aprobaron en la Junta de Gobierno Local, el pleno municipal volvió a ratificarlos en 2021 con los votos favorables del PSOE y Ciudadanos y la oposición de PP y Vox.

Tras recibir la sentencia, el actual equipo de Gobierno municipal ha dejado la ejecución del fallo en manos de los servicios jurídicos y anunció que estudiaría sus consecuencias para los vecinos, comercios y propietarios de las vías afectadas.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha obliga al Ayuntamiento de Ciudad Real a recuperar los nombres de cinco vías vinculados a la dictadura franquista, que fueron modificados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica por el PSOE cuando Pilar Zamora ostentaba la Alcaldía de la ciudad.

De esta forma, el pasaje de la Pandorga volverá a denominarse José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes volverá a ser la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa recuperará la denominación de Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Adolfo Suárez volverá a llamarse Grupo Vicente Galiana.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno municipal (PP), Guillermo Arroyo, quien ha precisado que la resolución judicial no afecta a las nueve calles incluidas en aquel acuerdo, sino únicamente a las cinco que hacían referencia a nombres propios.

Según ha explicado Arroyo, el tribunal diferencia entre las denominaciones referidas a batallas o acontecimientos de la Guerra Civil, como Belchite, y las dedicadas a personas concretas.

Por ello, no se revierten los cambios de la calle Belchite por Emilia Pardo Bazán, de Brunete por María Zambrano, de Santa María de la Cabeza por Sara Montiel y de Simancas por Miguel Ángel Blanco.

El portavoz municipal ha indicado que la sentencia fue recibida a finales de la pasada semana y que los servicios municipales ya están estudiando cómo ejecutar el fallo y qué consecuencias administrativas tendrá para los vecinos, comercios y propietarios de inmuebles situados en las cinco vías afectadas.

Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento cumplirá la resolución y procederá a recuperar las anteriores denominaciones, aunque todavía debe determinar el procedimiento y la forma de comunicar los cambios a los organismos públicos y a las personas afectadas.

El portavoz ha aprovechado la resolución para cargar contra el equipo de Gobierno de la etapa de Pilar Zamora, al que ha acusado de actuar de manera “sectaria” y de estar pendiente de “conductas ideológicas” en lugar de centrarse en los principales problemas de la ciudad.

El proceso se inició en 2016

El proceso para modificar estas calles comenzó en 2016, cuando la Mesa de la Memoria Histórica de Ciudad Real consideró que nueve denominaciones constituían una exaltación de personas o acontecimientos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista. Posteriormente se abrió una votación ciudadana para elegir los nuevos nombres.

La Junta de Gobierno Local aprobó formalmente los cambios en febrero de 2018, pero una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 anuló aquel acuerdo al considerar que la decisión debía ser adoptada por el Pleno municipal y no por la Junta de Gobierno.

Para responder a esa resolución, el Pleno volvió a aprobar en mayo de 2021 las nueve modificaciones, con 15 votos a favor y diez en contra, correspondientes estos últimos al Partido Popular y Vox. El acuerdo mantuvo los nombres que ya se utilizaban desde 2018.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado parcialmente aquella decisión y ha determinado que no procedía modificar las cinco denominaciones vinculadas a personas, mientras que mantiene los otros cuatro cambios referidos a acontecimientos o emplazamientos relacionados con la Guerra Civil.

¿Quiénes fueron los hombres que recuperarán un hueco en el callejero?

Todos los que volverán a tener su nombre vinculado a una calle de Ciudad Real eran hombre vinculados a la dictadura franquista. En el caso de José Gutiérrez Ortega fue miembro de Falange - fue el fundador de esta corriente en Granada-, además de vicepresidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, incluso, provisionalmente, presidente. Además fue el fundador del periódico Lanza en 1943 que dirigió con una clara orientación de apoyo al régimen.

José María Aparicio Arce fue alcalde de Alcázar de San Juan y delegado del Movimiento Nacional, vinculado al franquismo. También ostentó el cargo de presidente de la Diputación de Ciudad Real hasta su marcha a Zamora en 1964 como gobernador civil.

Mientras, Vicente Galiana Utrilla, fue el fundador de Falange Española de Daimiel, y primer presidente de la Junta Provincial de Falange de Ciudad Real. Su figura fue utilizada propagandísticamente por el franquismo manchego.

Gregorio Sánchez-Puerta fue miembro del Consejo Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y delegado nacional de Personal del Movimiento. En cuanto a Fernando Merry del Val y García Zapata, ingeniero, fue consejero de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA).

El PSOE de Ciudad Real anima a recurrir la sentencia

La exalcaldesa y actual senadora autonómica, Pilar Zamora, ha pedido hoy al alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y al PP provincial que recurran la sentencia del Tribunal Supremo de Castilla-La Mancha (TSJ) sobre el callejero de la capital, porque “defender la democracia y homenajear a quienes han luchado por ella y representan valores positivos para la sociedad no puede ser considerado sectarismo político”, ha sostenido.

Recuerda, además, que la decisión se tomó por los órganos legítimos y democráticos del ayuntamiento, por acuerdo del pleno municipal y con la creación de una mesa de trabajo a la que aportaron su opinión los 1.779 ciudadrealeños y ciudadrealeñas que intervinieron en la decisión de los nuevos nombres de las calles.

Zamora se pregunta “qué tiene de sectarismo homenajear al primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez, quien precisamente no fue un político de izquierdas, sino militante de la UCD; a una joven víctima del terrorismo etarra como Irene Villa, a un profesional de la fotografía que retrató la Mancha como nadie, como Manuel Herrera Piña, o una poeta y escritora como Gloria Fuertes que emocionó a todos los niños de una generación”.

Y, además, en un momento en el que se está persiguiendo la Declaración de Interés Turístico Nacional de la Pandorga, pregunta también “a quién molesta” que un Pasaje de la ciudad reconozca una fiesta tan considerada y querida por sus vecinos y vecinas. “No defender estos cambios no es apostar por la democracia”, ha insistido.

El Gobierno central, en el marco de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, ha emitido una declaración de reconocimiento y reparación personal en la que reconoce que Josu Zabala Erasun, vecino de Irún (Gipuzkoa) muerto por un disparo de la Guardia Civil en Hondarribia el 8 de septiembre de 1976, “padeció persecución por razones políticas e ideológicas”. Por ello, “tiene derecho a reconocimiento y a obtener la reparación moral y recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, al estimarse que su circunstancia le hace ser considerado como víctima”, según han informado desde GEBehatokia, Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria.

GEBehatokia, que ha informado este jueves de los avances en el caso, ha apuntado, además, que el procedimiento judicial de Jurisdicción Voluntaria ha sido admitido a trámite en el Tribunal de Instancia de Irún. Según ha explicado y recoge Europa Press, “este proceso no supone ya la persecución penal del perpetrador, el guardia civil Enrique Pascual procesado como autor de la muerte, sino la certificación judicial de los hechos”. En esa línea, ha recordado que este guardia civil “fue amnistiado un año más tarde por medio de un decreto de la Capitanía General Burgos” en el que también se acuerda el “sobreseimiento definitivo de la causa seguida contra él”.

Por otra parte, el observatorio ha mostrado su “sorpresa”, cuando se van a cumplir 50 años de su asesinato, de que la documentación recibida desde el Archivo Militar de El Ferrol “está censurada”. “Los archivos siguen cerrados a cal y canto para las víctímas del Estado”, ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que “la necesidad de poder incluir estos archivos en el proceso de Jurisdicción Voluntaria es fundamental”. “En el mismo aparecen los datos censurados de un testigo del asesinato de Josu Zabala Erasun, detenido y, en el mismo, narra las torturas a las que fue sometido durante el tiempo de detención. Ese testimonio sería muy esclarecedor”, ha considerado.

En este sentido, ha denunciado “la grave arbitrariedad” que supone que una víctima reconocida por el Gobierno central “no pueda acceder al archivo completo de su expediente como le garantiza la ley”. Ante esta situación, GEBehatokia ha reclamado al juez de Irún que solicite el expediente completo al archivo de El Ferrol, y ha pedido el amparo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. “El calvario que sufren las víctimas de vulneraciones de derechos humanos para el acceso a la documentación existente de sus familiares en los archivos oficiales es inaceptable. Supone una grave revictimización a añadir a su ya profundo dolor”, ha concluido.

La justicia acaba de declarar que Daniel Fernández Roig fue fusilado en 1938 sin haber cometido delito alguno. Nunca incumplió ninguna ley. Le mataron por ser socialista y defender la República. Su familia siempre ha sido consciente, pero ahora un juzgado de Santander -a petición de sus cuatro nietos- ha borrado la condena injusta que acabó con su vida durante la Guerra Civil.

Fernández Roig era un jornalero miembro del sindicato UGT y afiliado a la Asociación Socialista de Polaciones (Santander) desde abril de 1936. Vecino de Puente Pumar-Polaciones ejercía además como vocal de la Comisión Gestora y delegado de Abastos de Polaciones.

Cuando Santander cayó en manos del ejército golpista del dictador Franco fue detenido y encarcelado el 27 de septiembre de 1937. Dos meses más tarde se le condenó a muerte tras ser sometido a un proceso sumarísimo de urgencia por el Consejo de Guerra número 4 que sentenció que era culpable de un delito de adhesión a la rebelión. Su biografía se acabó de escribir el 12 de marzo de 1938 cuando le fusilaron en Santander.

La titular de la Plaza Civil número 7 del Tribunal de Instancia de Santander ha declarado que Daniel Fernández Roiz fue fusilado “sin quebrantar ley alguna y por su mera pertenencia política”. “No cometió delito alguno y fue asesinado de forma injusta e inhumana”, sentencia la magistrada en un auto notificado recientemente.

En la resolución, añade que “fue sometido a una privación arbitraria de su libertad, y posteriormente enjuiciado en un procedimiento sumarísimo y condenado a muerte con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa, sin poder aportar prueba alguna o hacer alegaciones”.

La jueza atiende así a la solicitud de la Fiscalía de Memoria Democrática, que promovió un expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial sobre hechos pasados a petición de cuatro nietos de la víctima que han declarado y han aportado documentación a la causa.

De la misma se desprende que la sentencia dictada en Terán de Cabuérniga que le condenó estaba “carente de valoración de elemento probatorio de cargo en su contra” y en ella “no se aprecia que el señor Fernández Roiz contase con el más mínimo derecho de defensa”, según informa Europa Press.

“Se le atribuyen actuaciones de las que se desconoce actividad probatoria que haya servido de premisa, denotándose la animadversión del órgano sentenciador hacia el afectado por la condena, por motivos que no pueden ser otros que políticos, esto es, su condición de socialista y vocal de la Comisión Gestora y delegado de Abastos”, explica la magistrada.

Por eso, considera que se le enjuició con “arbitrariedad, injusticia y vulneración de los más elementales derechos de defensa”.

Finalmente, la jueza se refiere al contexto político y social en el que se produjo la condena de Daniel Fernández Roiz, en un territorio como el Valle de Polaciones que sirvió de delimitación del frente entre ambos bandos contendientes y donde imperaba la legalidad republicana.

“En dicho contexto bélico y acorde con aquella legalidad imperante se desarrollaron las actuaciones que las diligencias judiciales imputaban a Daniel Fernández Roiz y a otros compañeros calificadas de delito de adhesión a la rebelión y que sirvieron para justificar su acusación y posterior condena a la pena de muerte”, explica.

Concluye que en el caso de Fernández Roiz se “vulneraron las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, así como la concurrencia en estos procesos de intimidación e indefensión, sin prueba alguna obtenida de forma respetuosa con el derecho de defensa y sin que conste de manera incontestable que hubiera cometido delito alguno”.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso definitivo para blindar el valor histórico de uno de los epicentros de la represión del franquismo en Extremadura. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática, al certificar que el emblemático complejo reúne “valores materiales, históricos, intangibles o simbólicos” de primer orden vinculados a la Guerra Civil y a la dictadura franquista.

La publicación de esta resolución implica de inmediato la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Esto supone, a efectos prácticos, la aplicación provisional de todo el régimen de protección integral contemplado en la ley estatal vigente, abriendo un periodo definitivo de tramitación de un máximo de 12 meses.

La historia de los muros de la prisión cacereña arrastra una profunda paradoja democrática. El penal comenzó a levantarse originalmente bajo el amparo de la Segunda República como un proyecto de modernización penitenciaria. Sin embargo, el estallido del golpe de Estado de julio de 1936 truncó por completo su naturaleza legal y el edificio pasó a ser un “importante centro de reclusión de opositores políticos, reales o supuestos, al nuevo Estado franquista en construcción”, según detalla textualmente el expediente ministerial.

De la represión en la Guerra Civil al horror del franquismo

Ante la falta de registros oficiales sistemáticos de la época, la documentación histórica rescatada revela que el hacinamiento y la violencia marcaron la rutina del recinto. Distintos expedientes penitenciarios cifran en unos 1.100 el número de personas recluidas solo en noviembre de 1937. Además, las investigaciones confirman que al menos 338 presos procedentes de las cárceles “vieja” y “nueva” de Cáceres fueron sacados de sus celdas para ser ejecutados antes de que concluyera la guerra en abril de 1939.

Entre las víctimas de la represión figura un nombre íntimamente ligado a la propia construcción del edificio: Antonio Canales González. Quien fuera alcalde de Cáceres e impulsor de la edificación del centro penitenciario durante el periodo republicano acabó siendo fusilado por las tropas franquistas el 25 de diciembre de 1937, en una ejecución masiva junto a otras 34 personas.

El uso de la cárcel de Cáceres como herramienta punitiva contra la disidencia no cesó con el fin de la contienda. El penal mantuvo su actividad durante toda la posguerra y reactivó su importancia política bien entrada la década de 1960. Durante esos años, las celdas llegaron a albergar a alrededor de 200 opositores activos al régimen dictatorial, en su inmensa mayoría militantes detenidos por su vinculación organizativa al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Para la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, el inmueble destaca por recoger “hechos de singular relevancia” vinculados directamente a “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Con esta declaración legal se busca, según el texto del acuerdo, “que el recuerdo de quienes fueron encarcelados en este lugar, o asesinados entre sus muros por su defensa de la libertad y la justicia, no se borre nunca de la historia”.

El Ministerio ha puntualizado que la declaración como Lugar de Memoria Democrática no interferirá ni alterará las actividades o el uso actual que se le da al edificio. No obstante, obligará por ley a incorporar medidas físicas e institucionales de identificación, señalización e investigación histórica. Las instalaciones contarán próximamente con placas, paneles informativos detallados y recursos audiovisuales destinados a explicar pedagógicamente a los visitantes el verdadero significado histórico del penal cacereño.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel president del Govern espanyol contra la derogació de la Llei balear de memòria i reconeixement democràtics.

La decisió suposa, de manera provisional, deixar sense efecte la derogació aprovada el març passat amb els vots de PP i Vox. Serà el mateix Tribunal Constitucional qui haurà de pronunciar-se ara sobre el fons del recurs i decidir si la derogació s'ajusta o no a la Constitució.

La norma, aprovada el 2018, va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i promoure el reconeixement públic de les persones represaliades després del cop militar de 1936. En el seu recurs, l'Executiu central assenyala que l'eliminació de la llei suposa una vulneració dels articles 15 i 10.1 de la Constitució, en suprimir l'estatut jurídic de les víctimes de greus vulneracions dels drets humans, a més de dificultar el compliment de la legislació estatal en matèria de memòria democràtica.

Així mateix, considera que la llei podria envair competències estatals, vulnerar el principi de col·laboració entre administracions i infringir els principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

La derogació de la Llei de memòria democràtica va ser un dels principals acords assolits entre el PP i Vox durant l'actual legislatura i va provocar un ampli rebuig d'associacions memorialistes, familiars de víctimes i organitzacions de drets humans. Tot i que el desembre de 2024 els populars varen assolir insòlit pacte amb els partits d'esquerres per no suprimir la normativa balear, només mig any després varen incomplir el seu compromís en pactar novament amb Vox la seva eliminació a canvi d'assegurar-se el suport dels de Santiago Abascal per poder tirar endavant els pressupostos autonòmics de 2025.

El març passat, lluny d'expressar cap mena de condemna a la sublevació feixista i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, PP i Vox varen sumar els seus vots per derogar una norma que rebutja expressament “qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic”.

Entre altres fites, la Llei balear de memòria democràtica ha permès delimitar i ampliar la consideració de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura: no només ha fet possible reconèixer persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals o culturals, partits polítics, sindicats, lògies maçòniques, moviments feministes o col·lectius LGTBI, així com víctimes de bombardejos, nadons robats o persones perseguides per motius ideològics.

A l'empara d'aquesta normativa també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per motius polítics en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les Illes, una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament les persones condemnades pels tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l'àmbit educatiu per garantir la transmissió d'aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l'impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats de recerca i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

La suspensió de la derogació es produeix després que l'Executiu central invoqués l'article 161.2 de la Constitució, que permet paralitzar automàticament una disposició autonòmica quan el Govern espanyol interposa un recurs d'inconstitucionalitat. La mesura tindrà efectes des del 9 de juny per a les parts del procediment i des de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat per a tercers.

La resolució del Tribunal Constitucional encara no entra a valorar la constitucionalitat de la llei, però garanteix que la derogació romandrà suspesa mentre el tribunal estudia el recurs presentat pel Govern espanyol.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra la derogación de la Ley balear de memoria y reconocimiento democráticos de Balears.

La decisión supone, de forma provisional, dejar sin efecto la derogación aprobada el pasado mes de marzo con los votos de PP. Será el propio Constitucional el que deba pronunciarse ahora sobre el fondo del recurso y decidir si la derogación se ajusta o no a la Carta Magna.

La norma, aprobada en 2016, articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. En su recurso, el Ejecutivo central señala que la eliminación de la ley supone una vulneración de los artículos 15 y 10.1 de la Constitución, al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, además de dificultar el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

Asimismo, considera que la ley podría invadir competencias estatales, quebrantar el principio de colaboración entre administraciones y vulnerar los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La derogación de la Ley de memoria democrática fue uno de los principales acuerdos alcanzados entre PP y Vox durante la presente legislatura y provocó un amplio rechazo de asociaciones memorialistas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025.

En marzo, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox sumaron sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o colectivos LGTBI, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

La suspensión de la derogación se produce después de que el Ejecutivo invocara el artículo 161.2 de la Constitución, que permite paralizar automáticamente una disposición autonómica cuando el Gobierno interpone un recurso de inconstitucionalidad. La medida tendrá efectos desde el 9 de junio para las partes del procedimiento y desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado para terceros.

La resolución del Constitucional no entra todavía a valorar la constitucionalidad de la ley, pero garantiza que la derogación permanecerá suspendida mientras el tribunal estudia el recurso presentado por el Gobierno.

El nuevo Gobierno andaluz PP-Vox no ha echado formalmente todavía a andar y ya ha recibido el primer aviso que cuestiona la legalidad de una de las propuestas acordadas en el pacto entre ambas formaciones: la derogación de la Ley de Memoria autonómica para sustituirla por una Ley de Concordia, en línea con lo acordado en todos los territorios en los que aterriza la formación de ultraderecha. La norma andaluza se aprobó en el Parlamento en 2017 sin ni un solo voto en contra, ya que contó con 67 a favor (PSOE, Podemos e IU) y 42 abstenciones (PP y Ciudadanos).

La advertencia la ha lanzado el Ejecutivo central por medio de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que en conversación con elDiario.es ha garantizado este viernes que “se recurrirá al Tribunal Constitucional si se deroga” esta norma. De hecho, ya se anunció hace un par de años que ésta sería la vía a seguir en todas las comunidades en las que se cambien leyes de memoria por otras bautizadas como de concordia, como ya ha ocurrido en Balears, Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria, mientras en Extremadura sigue la negociación previa antes de dar este paso.

En un acto de reconocimiento a los León Trejo, tres hermanos fusilados por los golpistas en Sevilla por orden de Gonzalo Queipo de Llano, Martínez ha señalado además que, en cuestión de memoria, “el Gobierno de España va a ejercer sus competencias hasta el último rincón de Andalucía”. A su juicio, las leyes de concordia que auspician PP y Vox “conciben las exhumaciones de fosas como restos arqueológicos e invisibilizan a las víctimas al no celebrar actos de reconocimiento o reparación”.

“Dignidad de las víctimas”, pero del terrorismo

El punto 148 de los 150 de los que consta el pacto PP-Vox en Andalucía, y dentro del apartado Leyes ideológicas, recoge el compromiso de “aprobar una Ley de Concordia que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica”, marcándose de plazo antes de que finalice 2026 para registrar en el Parlamento esta norma. Como contraste, el punto 71 recoge –en el apartado educativo– que se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio “con el objetivo de concienciar a nuestros estudiantes sobre el terrorismo, desarrollar valores democráticos y honrar la memoria y dignidad de las víctimas”.

En su intervención pública en el homenaje a los León Trejo, el secretario de Estado ha hecho mención expresa a que el acuerdo PP-Vox recoge derogar la Ley de Memoria andaluza, que ha definido como “la más importante de todas las que se han aprobado” en España, ya que “casi la copiaron” el grueso del resto de autonomías. Y si las normas de memoria “ponen la atención en las víctimas”, las “mal llamadas leyes de concordia” que están viendo la luz “equiparan” la democracia con la dictadura franquista.

“Están blanqueando la dictadura, no se dice que existió”, ha apostillado. De esta manera, “nos están interpelando a que sigamos defendiendo la memoria y los derechos humanos”, ya que “sin memoria no hay democracia”. De hecho, “ante el avance del populismo y del neofascismo, la memoria es el mejor antídoto”.

Vulneración de los derechos de las víctimas

Como suele ocurrir cada vez que hay discrepancias en materia legislativa, el primer paso incluye la apertura de un proceso negociador entre el Estado y el Ejecutivo autonómico de turno. Si las diferencias se mantienen, el Gobierno central está sistemáticamente llevando al Constitucional las derogaciones y su sustitución por leyes de concordia.

El último caso ha sido Baleares el pasado mes de junio, ya que se considera que la norma autonómica supone una vulneración de los derechos de las víctimas del franquismo y dificulta el cumplimiento de la legislación estatal en materia de memoria. En estos casos, el objetivo además es que la suspensión de la derogación pueda aplicarse de forma cautelar mientras se resuelve el procedimiento, algo que por ejemplo ya ha ocurrido en Cantabria.

La eliminación de la norma de memoria andaluza y su sustitución por una Ley de Concordia ya la acordaron PP, Ciudadanos y Vox en 2019 en el pacto a tres bandas que suscribieron para que Juan Manuel Moreno (PP) fuese investido por primera vez presidente andaluz. A la hora de la verdad, este compromiso nunca llegó a desarrollarse, pero los colectivos memorialistas denuncian el nulo interés del PP en esta materia en los dos mandatos que lleva, con un escaso cumplimiento de la normativa de 2017 todavía en vigor.

Podemos Canarias ha dado este viernes un ultimátum al gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife para que inicie de inmediato la retirada del monumento a Franco, después de que el Gobierno de España haya ordenado su eliminación en un plazo máximo de seis meses. La formación anuncia que, si el Ayuntamiento mantiene su estrategia de retrasar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, ampliará la denuncia presentada hace seis meses ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación.

Podemos sostiene que la resolución del Estado demuestra que tenía razón cuando denunció que el expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural era una maniobra para bloquear su retirada. Tras el rechazo del BIC por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias y la orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la organización considera que el Ayuntamiento ha agotado todas las excusas para mantener un símbolo de exaltación franquista en el espacio público.

La coordinadora autonómica de Podemos Canarias y diputada en el Congreso, Noemí Santana, afirmó que “hace seis meses denunciamos ante la Fiscalía que el Ayuntamiento estaba utilizando todas las herramientas posibles para incumplir la ley. Hoy el tiempo nos da la razón. La coartada del BIC se ha derrumbado y ya no existe ninguna excusa para retrasar la retirada del monumento. Si CC y PP persisten en desobedecer la Ley de Memoria Democrática, ampliaremos la denuncia con todos los hechos ocurridos desde entonces”.

La formación advierte además de que prolongar este incumplimiento puede salir muy caro a la ciudadanía de Santa Cruz. La Ley de Memoria Democrática contempla sanciones para las administraciones que incumplan sus obligaciones y el Gobierno de España ya ha advertido de que, si el Ayuntamiento no actúa dentro del plazo fijado, ejecutará subsidiariamente la retirada y repercutirá el coste al consistorio.

El secretario de Comunicación de Podemos Canarias, Fernando Ruiz, señaló que “si CC y PP siguen anteponiendo su defensa de un monumento franquista al cumplimiento de la ley, serán las chicharreras y los chicharreros quienes acaben pagando la factura con sus impuestos. No solo por las posibles sanciones, sino también por una ejecución subsidiaria que podría haberse evitado”.

Ruiz añadió que “nos preocupa que ahora intenten justificar un gasto millonario para conservar el monumento una vez retirado. No vamos a permitir que conviertan la protección de un símbolo franquista en otro despilfarro de dinero público. Lo que corresponde es retirarlo cuanto antes y cumplir la ley sin más maniobras dilatorias”.

Para Podemos Canarias, la resolución del Gobierno marca el final de una estrategia de bloqueo que la formación denunció hace seis meses ante la Fiscalía. “Se acabó el tiempo de las excusas. Ahora toca cumplir la ley”, concluye la organización.

El líder del PP ha vuelto a pegarse un tiro en el pie. Y ya son muchos. El día que la Audiencia Nacional imputa a la presidenta de la SEPI y otras 24 personas en la causa que investiga a la ex militante socialista Leire Díez, no se le ocurre otra cosa que hablar de “ingeniería electoral” al hilo de la llamada ley de nietos, sugerir que Pedro Sánchez podría estar preparando un pucherazo para las próximas elecciones generales y mezclar todo ello con bulos varios sobre la regularización de inmigrantes.  

¿Algún dato? ¿Alguna prueba? Ni lo uno ni lo otro. La respuesta a su dislate está en el manual de la ultraderecha global sobradamente ensayado aquí, allá y acullá. En EEUU, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Hungría… En la frustración por los sondeos que no le conceden rédito electoral por el desgaste que acumula el Gobierno. Y en la competencia feroz con Vox. 

El caso es que Feijóo no necesita adversarios ni enemigos. Se basta y sobra consigo mismo. Su discurso no aguanta el espejo. Da igual que hable de pensiones, de indultos, de independentismo, de inmigración, de represaliados del franquismo o de la ley de nietos, que es la que le ha hecho desbarrar por enésima vez y ponerle frente al espejo de sus propias contradicciones. La izquierda habla de cinismo mientras en el universo popular no dejan de preguntarse si falla él o fallan los filtros que debieran evitar sus tropiezos. Hay dudas. Claro que lo uno tampoco es invalidante de lo otro. Pueden ser ambas cosas. El caso es que en el combate Feijóo vs. Feijóo siempre gana la contradicción.

Llegó a la presidencia del PP en 2022 con reputación de gestor prudente y poco dado a la improvisación y en estos años ha dado muchas más muestras de temeridad que de cautela y de inconsistencia que de solidez. Tantas que ha dejado al descubierto una incomprensible afición por contradecirse a sí mismo porque, en efecto, hubo un tiempo en el que Feijóo defendió lo contrario a lo que ahora crítica de la disposición octava de la ley de Memoria Democrática.

Hay pruebas, hay memoria y hay hemeroteca: 

– Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, el PP presentó en el Congreso más de 70 enmiendas de supresión al articulado y ninguna de ellas afectaba a la disposición adicional octava, que regula la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Únicamente registró una enmienda de modificación a dicha disposición, que posteriormente registró y que decía lo siguiente: 

“Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. 

Igualmente podrán adquirir la nacionalidad española, los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley.»

– Durante la tramitación en el Senado, el partido de Feijóo presentó cien enmiendas al articulado, pero ninguna afectaba a esta cuestión.

– En el programa electoral del 23J, los populares incluyeron una Ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada para que la comunidad de descendientes de españoles mantuviera el derecho de opción a la nacionalidad española:

“La Comunidad de descendientes españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad”

– En noviembre de 2022, justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez derogase el voto rogado, Feijóo llevó a cabo una gira por Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador (con una suma potencial de 600.000 electores) y allí se comprometió a “impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior y a derogar la mal llamada Ley de memoria democrática”. Dijo también que su norma estaría “fuera de planteamientos ideológicos y de rencores para desvincular la nacionalidad de la ideología”.

– En 2018, el Grupo Popular apoyó la tramitación de una proposición de Ley en el Senado sobre la concesión de la nacionalidad a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles que se habían quedado “fuera” de la Ley de Memoria Histórica. La tramitación de la norma decayó por la convocatoria de elecciones en 2019.

– En 2006, Feijóo declaró en Uruguay que no tenía “sentido” que un nieto de españoles “tenga menos derechos que un inmigrante”.

– En Buenos Aires, también en 2006, ante emigrantes españoles, se preguntó por qué sus hijos o nietos no podían tener la nacionalidad y sí “los africanos del norte o cualquiera que no tenga sangre española”. El capítulo del racismo implícito lo dejamos para otra ocasión.

– En 2002 se aprobó una reforma del Código Civil para que los hijos con padres originariamente españoles pudieran “optar por la nacionalidad española sin límite de edad”. El Gobierno de Aznar calculó entonces que alrededor de 700.000 personas podían beneficiarse de la norma a partir de su entrada en vigor, el 9 de enero de 2003.

– La ahora portavoz Ester Muñoz hizo también una elocuente defensa del asunto cuando era senadora en 2023: “Este grupo parlamentario (PP) considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio, ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española”.

Nadie deslizó entonces la posibilidad de un pucherazo electoral porque se entendía que se trataba de una medida reparadora con las personas de nacionalidad española que sufrieron el exilio durante la dictadura y de justicia histórica hacia quienes tuvieron que abandonar España huyendo de la persecución y de la miseria. Y tampoco cuando en 2015, el PP sacó adelante la Ley que otorgaba la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España –descendientes de judíos expulsados en 1492 por los Reyes Católicos– y se justificó como “un proceso de concordia”. De hecho el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, se refirió a ella como “una auténtica reparación histórica quinientos años después”. Aquí va una pregunta para Feijóo: ¿Por qué los sefardíes expulsados sí merecen reparación y los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, no? 

Las solicitudes para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes se tramitaron de forma electrónica a través de la Dirección General de los Registros y Notariado, con un plazo de tres años, que se prorrogó durante uno más. Según datos del Ministerio de Justicia a 31 de marzo de 2026, de un total de 153.774 solicitudes recibidas en el Consejo General del Notariado, 89.078 reunían las condiciones para tramitarse, y actualmente se ha concedido la nacionalidad a 73.017 personas, principalmente de México, Colombia y Venezuela.

Una disposición adicional de apenas unas líneas de extensión, aprobada y en vigor desde hace más de tres años, lleva días sirviendo a PP y Vox para insinuar —en el caso de los populares— o denunciar expresamente —en el de la ultraderecha— sin ninguna prueba un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de “fabricar votantes”, mientras dirigentes de Vox como José María Figaredo han alertado incluso de que el presidente Pedro Sánchez intenta dar “un golpe de Estado en diferido”. La norma en la que apoyan estas acusaciones es la conocida como 'ley de nietos', que permite optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por el franquismo. Pero el PP y Vox no hicieron crítica alguna durante la tramitación parlamentaria a esta disposición, cuya redacción, de hecho, es muy similar a la que propuso el PP en 2022.

La que estos días se ha dado a conocer públicamente como la 'ley de nietos' es, en realidad, una pequeña parte de la legislación sobre memoria democrática: en concreto, su disposición adicional octava. Este texto permitió, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

La 'ley de nietos', junto a todo el resto de la Ley de Memoria Democrática, fue aprobada por las Cortes en 2022 tras un largo proceso de tramitación, que duró un año y tres meses. La norma logró los apoyos de la entonces sólida mayoría que sustentaba al Gobierno, y solo PP y Vox votaron en contra. Pero lo cierto es que no lo hicieron por la disposición adicional octava, la que permitía a los descendientes de los exiliados por el franquismo acceder a la nacionalidad española, sino esgrimiendo sus argumentos clásicos en los debates sobre el franquismo: el PP denunció que la ley buscaba “destruir el legado de concordia” de la Transición “y reeditar la división y la confrontación entre compatriotas”, mientras Vox calificó la norma de “totalitaria”, sostuvo que “impone una versión sectaria y distorsionada de la historia española del siglo XX” y criticó que, mientras “se destruirá hasta el último yugo y flechas”, “podrán exhibirse sin problemas la hoz y el martillo o la bandera tricolor”.

Tan desapercibida pasó la disposición adicional octava sobre nacionalizaciones en la tramitación parlamentaria que el PP, incluso, presentó una enmienda al texto que los propios populares calificaron de mera “mejora técnica”. El texto finalmente aprobado en la ley de nietos es prácticamente calcado al contenido de esa enmienda registrada por el PP. Vox, por el contrario, optó por no presentar ni una sola modificación parcial a toda la ley de memoria democrática, y escenificó su oposición presentando una enmienda de totalidad de devolución —el instrumento parlamentario que sirve para intentar detener la tramitación de una iniciativa en las primeras fases de la misma— en la que calificaba el texto de “totalitario” e “inmoral”. En ella, la formación ultraderechista no hacía ninguna mención a la posibilidad de que los nietos de exiliados pudieran optar a la nacionalidad española.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. En los últimos días, el PP ha centrado sus críticas en esta instrucción, que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no. “El Gobierno ha eliminado el criterio de exilio por vía de una instrucción”, denunció este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Lo que dice la polémica instrucción

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses. Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien lo denunció en enero. El problema es que ya no se puede llevar a los tribunales, aunque Vox sí anunció una “revisión de actos nulos”.

El partido de Feijóo intenta, a la vez, criticar el procedimiento abierto por el Gobierno por limitarse a los exiliados represaliados del franquismo, así como la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplía el corpus de emigrantes que pueden adscribirse al proceso. Históricamente, no obstante, el voto exterior ha sido numéricamente poco relevante. En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso.

En el PP lanzarán una serie de iniciativas parlamentarias ante la imposibilidad de tumbar un procedimiento que ya ha reconocido sus derechos a más de medio millón de personas, de las cuales más de 300.000 ya figuran en el Registro Civil. Entre otras cuestiones, el partido de Feijóo pedirá la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y una batería de preguntas parlamentarias.

Querella ante los tribunales

La polémica desatada por la ley de nietos también ha llegado a los tribunales, aunque no ha sido el PP quien la ha judicializado, sino la asociación ultracatólica HazteOir, que este viernes presentó una querella contra Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes— por supuesta prevaricación cuando era directora de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Hazte Oír acusa a Puente de haber hecho una interpretación excesivamente amplia de la ley de nietos en la instrucción que aprobó para su aplicación que permite solicitar la nacionalidad no solo a los represaliados del franquismo, sino a los descendientes de todos aquellos que la perdieron por abandonar España, fueran cuales fueran los motivos.

No obstante, no es la primera vez que la 'ley de nietos' acaba en los tribunales. En el año 2024, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica —un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria histórica— ya se querelló contra Sofía Puente. En esta ocasión, no obstante, la querella se sustentaba justo en los argumentos contrarios: que la norma era discriminatoria porque otorgaba el derecho a solicitar la nacionalidad únicamente a exiliados políticos y no a los descendientes de españoles que emigraron por razones económicas.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Vox contra la resolución del Gobierno central que acordó incluir la Cruz de los Caídos de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenó su retirada del espacio público.

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, ha informado este miércoles de que el recurso fue presentado el pasado 17 de junio y admitido a trámite dos días después por la Audiencia Nacional, una vez agotada la vía administrativa tras la desestimación del recurso de alzada interpuesto contra la resolución estatal, que daba tres meses para retirar el monumento.

Gutiérrez ha recalcado que su partido mantiene una estrategia de actuación “constante” en defensa de la permanencia del monumento desde 2020, con iniciativas parlamentarias, recursos administrativos y acciones judiciales encaminadas a evitar su retirada.

Según ha recordado, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordó el pasado 17 de abril la inclusión de la Cruz de Cáceres en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que conlleva su retirada del espacio público.

El dirigente de Vox ha explicado que el recurso sostiene, entre otros argumentos, que la resolución vulnera la protección del patrimonio histórico, afecta a la autonomía municipal y no tiene en cuenta el valor cultural, urbano e histórico que, a juicio de la formación, posee la Cruz de los Caídos para la ciudad.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento emitió el pasado febrero un informe desfavorable a la inclusión del monumento en el citado catálogo, posición que Vox considera un “respaldo” a la permanencia del elemento en su ubicación actual.

Además de la vía judicial, Gutiérrez ha indicado que Vox ha impulsado distintas iniciativas institucionales, entre ellas una proposición no de ley registrada en el Congreso en 2020 y otra presentada este año, así como una propuesta de pronunciamiento registrada en la Asamblea de Extremadura para reclamar la paralización de la retirada.

El portavoz municipal ha reiterado que la cruz cacereña constituye un “elemento integrado” en el patrimonio histórico, cultural, urbano y religioso de Cáceres, por lo que rechaza que pueda ser considerada un símbolo de exaltación política o de enfrentamiento. 

Recurso de alzada de la Junta de Extremadura

Por su parte, la Junta de Extremadura ha presentado un recurso de reposición contra la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres por entender que no incumple ninguna ley y, si lo desestiman acudirá al contencioso administrativo, según ha avanzado el consejero de Cultura, Laureano León.

El consejero ha rechazado el acto administrativo del Gobierno de España, cuya Secretaría de Estado de Memoria Democrática acordó el pasado 17 de abril la inclusión de la Cruz de Cáceres en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, una decisión que conlleva su retirada del espacio público.

Por otro lado, la Junta sigue los trámites para el expediente de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del monumento, un proceso que “no es fácil ni rápido”, ha apuntado León.

Para el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, la petición de retirada es una “cortina de humo del Partido Socialista” para “tapar sus vergüenzas y desviar la atención y atacar al PP”. “Si se resuelve de forma desfavorable o si se desestima por silencio administrativo, acudiremos también a la vía judicial”, ha dicho Mateos sobre el otro recurso presentado por el consistorio.

A su juicio, la sociedad cacereña no ve ningún tipo de vestigio franquista en la Cruz de los Caídos, un símbolo que se “resignificó” en su día. 

“Jose Antonio Primo de Rivera, ¡presente!”, esta inscripción, tallada en los muros de la catedral de Murcia, ha sido incluida en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, por lo que pronto desaparecerá de este monumento. Así lo ha acordado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática este martes, tras determinar que “no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen su mantenimiento”.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio, ha dado tres meses de plazo al Obispado de Cartagena para que retire la inscripción. De incumplir el mandado, la Ley 20/2022 de la Memoria Democrática prevé que el Estado la retire de oficio, además de posibles sanciones.

“La permanencia de la inscripción en la Puerta de las Cadenas, frente a la Plaza de la Cruz, supone la conservación de un símbolo que glorifica la ideología franquista en un espacio de relevancia histórica y cultural”, ha incidido el organismo. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, ha afeado la actitud del Obispado por la “ausencia de respuesta institucional” a las “reiteradas solicitudes de retirada por parte de asociaciones memorialistas”, de la inscripción: “Evidencia la persistencia de referencias que hacen apología de la dictadura en un monumento de titularidad eclesiástica”.

En un informe, la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática ha recordado que las inscripciones, placas o elementos conmemorativos situados en catedrales y otros edificios religiosos que honran a José Antonio Primo de Rivera “constituyen vestigios contrarios a los valores de la Memoria Democrática cuando cumplen una función de exaltación política, simbólica o ideológica del régimen franquista”.

En el caso de la inscripción en la catedral de Murcia, esta se encuentra en un lugar “especialmente visible, puesto que está situado en una de las puertas de entrada al templo, con letras de tamaño considerable grabadas en la fachada y la palabra ¡Presente!”. Una referencia, ha recordado el informe, “del régimen franquista”.

“Estos elementos no pueden interpretarse como meros testimonios históricos o expresiones de devoción religiosa, ya que su instalación respondió, en la mayoría de los casos, a la identificación explícita entre la Iglesia católica y la dictadura franquista”, ha distinguido la Comisión Técnica. Se trata, además, de “una deliberada de legitimación del nuevo orden político” mediante la “sacralización” de líderes y mártires falangistas. “La presencia de estas inscripciones en espacios de culto y en bienes de alto valor patrimonial refuerza dicha legitimación y contribuye a la normalización simbólica de un régimen responsable de graves vulneraciones de derechos humanos”, abunda el documento.

Cuatro vestigios franquistas

Además de las inscripciones de la catedral de Murcia, el Ministerio ha solicitado la retirada de otros tres vestigios franquistas. Se tratan del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1964 para homenajear al dictador y el triunfo de los sublevados en la Guerra Civil; el Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda (Madrid); e inscripciones sobre José Antonio Primo de Rivera en la catedral de Almería.

Según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno ya ha notificado a las cuatro administraciones u organizaciones titulares los expedientes y, con ellos, la obligación de remover los vestigios en un plazo máximo. En el caso de los conjuntos monumentales, pueden ser trasladados a otro lugar sin exposición pública.

El Gobierno de Navarra ha entregado este lunes a sus familiares los restos de Ramón Bengaray Zabalza, quien fuera presidente del Frente Popular en la comunidad foral y una de las principales figuras republicanas asesinadas por los franquistas en 1936 tras el golpe de Estado. La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, también ha entregado a su familia los restos de Dionisio Gutiérrez Ijalba y Epifanio Osoro Icobalceta otros militantes republicanos represaliados y cuyos cuerpos fueron hallados en fosas en las localidades de Muniáin de Guesálaz y Berriozar.

Ramón Bengaray Zabalza, nacido en Garralda en 1896, fue un destacado dirigente de Izquierda Republicana y presidente del Frente Popular en Navarra. Casado con Ramona Zapatero, con quien tuvo tres hijos, fue músico, periodista y también deportista, llegó a ser directivo del Club Atlético Osasuna en los años treinta. Tras el golpe de estado de julio de 1936, pasó a la clandestinidad hasta que fue descubierto y detenido el 21 de agosto entre Burutáin y Olagüe, hecho que fue reflejado en la prensa navarra. Nada se sabía a partir de ese momento sobre su paradero. 

Pero la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria, ha averiguado que fue asesinado en Muniáin de Guesálaz, junto con Dionisio Gutiérrez Ijalba. Ninguno de los dos tiene expediente penitenciario, ni en la Prisión Provincial de la capital navarra, ni en el Fuerte de San Cristóbal.

Dionisio Gutiérrez, natural de Espinal, de 32 años, era mecánico y estaba casado con María Concepción Pérez Martínez, con la que tuvo un hijo. No hay datos precisos en cuanto a su filiación política, más allá de ser republicano e izquierdista y que en su familia hubo más personas represaliadas, como su hermano Zósimo, carabinero, condenado a reclusión perpetua y una sanción de 10.000 ptas., o su hermana Juana, que tuvo que exiliarse en Olorón (Oloron-Sainte-Marie, Bearn francés). Los cuerpos de Bengaray y Gutiérrez fueron exhumados en julio de 2025, aunque en ese momento no había pista alguna sobre su identidad, y los indicios apuntaban a otras personas. Así, el trabajo del laboratorio Nasertic ha sido clave para lograr estas identificaciones, posibles asimismo por el hecho de que familiares de ambos habían donado muestras de ADN para su identificación. 

Por su parte, Epifanio Osoro Icobalceta, natural y vecino de Durango, tenía 22 años, era soltero y mecánico de profesión. Militante de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), había sido condenado por la Audiencia de Valladolid a 5 años, 10 meses y 1 día de presidio mayor. El 1 de noviembre de 1936, Epifanio y 24 presos más fueron asesinados en el Fuerte de San Cristóbal, debido a un poco claro episodio en el que se les acusó de intento de fuga. Sus cuerpos fueron trasladados a los cementerios de Artica (cuatro presos) y de Berriozar (los 21 restantes, entre ellos Epifanio Osoro). Como sus muertes estaban inscritas, se sabía que estaban en estos lugares, pero no exactamente dónde ni en qué condiciones. En marzo de 2022, a partir de un informe aportado por la asociación Txinparta-Fuerte de San Cristóbal al Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de la Memoria abordó, con el equipo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la exhumación de esta fosa, y recuperó los 21 cuerpos, de los que ya han sido identificados genéticamente cinco. 

Las respectivas familias se harán cargo de los restos de Gutiérrez y Osoro, mientras que los de Bengaray descansarán en el panteón municipal que alberga los restos de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo desaparecidas, exhumadas y no identificadas en fosas de la Comunidad Foral.

Desde 2015, año en que entró en vigor el Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, han sido recuperados ya 163 restos mortales en 38 exhumaciones, además de otras 133 prospecciones que no terminaron en exhumación. Por su parte, el Banco público de ADN, que cumple ahora diez años de existencia, cuenta con 439 expedientes, en los que se han obtenido hasta la fecha 50 identificaciones. Esto supone un 31% de éxito hasta la fecha, unos datos muy relevantes en comparación con los que se han venido obteniendo en el pasado.