El Gobierno ha incluido la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha ordenado su retirada del espacio público, en una decisión que choca frontalmente con el reciente acuerdo entre PP y Vox en Extremadura para proteger este monumento mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha informado este viernes el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado, la inclusión de la cruz en dicho catálogo responde, entre otros motivos, a que el monumento “no presenta ningún elemento artístico singular” y “carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

La decisión del Ejecutivo se ha conocido apenas unas horas después de hacerse público el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en la región, en el que ambas formaciones se comprometen a impulsar actuaciones para la “protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda”. En ese mismo documento, se recoge expresamente la intención de tramitar la declaración como BIC de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, la cruz cacereña fue una de las primeras levantadas para conmemorar a los caídos durante la Guerra de España, tras un acuerdo del pleno municipal del 9 de septiembre de 1937. Durante la dictadura franquista, el monumento fue utilizado como escenario de actos de exaltación del régimen, incluidos desfiles y conmemoraciones tanto militares como civiles.

El departamento que dirige el Gobierno subraya que, pese a la eliminación de algunos símbolos o la modificación de inscripciones originales a lo largo del tiempo, “su naturaleza original no se ha desvirtuado”, ya que mantiene el elemento principal que define su carácter y su “alto valor simbólico”.

En este sentido, el Ministerio rechaza que pueda considerarse un símbolo religioso, al entender que su origen es “claramente político”, y sostiene que su permanencia en el espacio público supone aún hoy un elemento de humillación para las víctimas de la dictadura.

La Cruz de los Caídos fue levantada por el Ayuntamiento de Cáceres en 1937 como homenaje a los fallecidos del bando sublevado, en el contexto del denominado “Movimiento Nacional”. El monumento se ubicó en la plaza de América, en el lugar que ocupaba la fuente conocida como La Palmatoria, construida durante la Segunda República.

Los cuerpos localizados en una fosa común en Mirones (Miera) son los de Cecilio Romaña, Alejandro Miquelarena y Luis Portillo, tres soldados republicanos que fueron fusilados y arrojados al río de esa localidad y enterrados por vecinos de la zona.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado a conocer, en sus redes sociales, que los equipos forenses de su departamento han cotejado los restos y confirmado que son los tres soldados cántabros, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado mes de noviembre en la zona donde uno de los vecinos que los enterró dijo a la familia que habían dado sepultura a los soldados.

Investigadores de la sociedad Aranzadi encontraron los restos el 28 de noviembre con motivo del proyecto impulsado por la Asociación Héroes de la República y la Libertad.

Ángel Víctor Torres ha comunicado, por teléfono, a las familias de los soldados que los cuerpos hallados en Miera son los de sus parientes. “Ha sido un gesto y un acto absolutamente emocionante”, ha afirmado el ministro.

El responsable de Memoria Democrática del Gobierno central ha asegurado a los familiares que su equipo se pondrá en contacto con ellos para hacerles entrega de los cuerpos de esos tres soldados, fusilados en 1937 cuando intentaban volver del frente a su localidad natal: Castro Urdiales.

Para su regreso a casa, los tres soldados decidieron ir a pie por la montaña y, en la zona de Miera, fueron localizados por un grupo de falangistas que les fusilaron y les tiraron al río.

Un grupo de vecinos de Miera recogieron los cuerpos y los enterraron junto al cementerio, donde han sido localizados sus restos, gracias a que uno de esos ciudadanos, ya fallecido, se lo comunicó a uno de los familiares de los soldados.

En sus llamadas a los familias de los tres soldados, estos parientes han agradecido al ministro la localización de los cuerpos y la confirmación de que son sus familiares.

“Después de 80 años vuelven a casa”, ha agradecido uno de los familiares de Alejandro Miquelarena, mientras que el nieto de Cecilio Romaña ha asegurado, entre lágrimas, que le ha dado “un calambrillo” al oír a Torres confirmar que en la fosa de Miera estaba el cuerpo de su abuelo.

El concejal de Vox en Santoña, Salvador Sarabia, ha presentado una moción para que el monumento en honor a Luis Carrero Blanco, erigido en el Paseo Marítimo, sea declarado bien de interés cultural (BIC) para protegerlo por considerar su “gran valor arquitectónico”. Según ha explicado Sarabia en un vídeo publicado en las redes sociales de Vox Santoña, el objetivo es que “no se mueva alguna piedra” por ser, según Vox, “un monumento de primera línea que tenemos que proteger cueste lo que cueste”, pese

Este es un paso más, después de que el Ayuntamiento de Santoña recurriese recientemente a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, para que el Gobierno de Cantabria reconociese a Carrero Blanco como víctima. Sin embargo, el gobierno autonómico instó al consistorio a dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, por carecer de competencias.

En 2025, la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria pidió información a una quincena de ayuntamientos de la comunidad que con monumentos o calles que honrasen a la Falange o a figuras relacionadas con la Guerra Civil que les facilitase información porque éstas irían en contra de la Ley de Memoria Democrática.

El concejal de Vox, por su parte, ha argumentado que, más allá de la interpretación que se le pueda dar a la Ley de Memoria Democrática, Carrero Blanco, nacido en Santoña, “debe ser considerado como víctima del terrorismo” al haber sido asesinado por ETA cuando fue presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco. Por ello, pretende que el Parlamento autonómico inste a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que el monumento sea declarado BIC. Con ese objetivo, Vox Santoña ha registrado primero una moción este miércoles en el Ayuntamiento de Santoña en la que expone la autoría y las características del monumento.

“El monumento, por su gran valor arquitectónico supera con creces la dimensión local por lo que entendemos que debe ser declarado BIC, para lo cual entendemos bueno, oportuno y necesario que la entidad que promueva dicha declaración sea el máximo órgano de representación popular de la Comunidad Autónoma de Cantabria, esto es, el Parlamento de Cantabria”, ha alegado Sarabia.

La historiografía contemporánea de España se enfrenta a un desafío sistémico: la desconexión informativa de las nuevas generaciones sobre la dictadura. Para combatir lo que él define como “ignorancia activa”, el escritor y periodista José Antonio Martínez Soler protagonizó el viernes en Cáceres una intensa jornada de pedagogía democrática que ha trascendido los muros académicos para alcanzar a la sociedad civil interesada.

Bajo la organización de la profesora de la Facultad de Formación del Profesorado, Toñi Paín, y enmarcado en el programa de Memoria Histórica de la Diputación de Cáceres, el proyecto ‘Memoria, Educación y Verdad’ ha cumplido su objetivo de involucrar no solo al alumnado y a los futuros docentes y educadores y educadoras sociales, sino también al público general. Los encuentros tuvieron lugar en el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura (UEx) y en el Espacio UEx (antiguo ILM), donde la conferencia 'La libertad no tiene precio' cerró una jornada de profunda reflexión colectiva.

Resistencia en las aulas y la “barrera del miedo”

Uno de los puntos más críticos tratados ante los estudiantes fue la denuncia de la situación actual en los centros de enseñanza. Martínez Soler señaló que, a pesar de que la obra ya alcanza su quinta edición con gran éxito editorial, persiste una “barrera de miedo”. El autor relató cómo muchos responsables de institutos temen las reacciones de familias o presiones de sectores políticos vinculados a la extrema derecha, lo que deriva en una autocensura de docentes que prefieren evitar temas polémicos.

Este vacío educativo es, según el análisis de Martínez Soler, el caldo de cultivo ideal para que en plataformas como TikTok proliferen discursos que estetizan el autoritarismo ante una audiencia carente de herramientas críticas. “A Franco, unos le querían y otros le odiaban. Sí. Pero todos le temían”, sostuvo el autor, subrayando que la democracia actual no fue un regalo, sino el resultado de una lucha costosa.

La mujer: de “ser de segunda” a la vanguardia de la memoria

La crónica de la dictadura que Martínez Soler trasladó a la audiencia cacereña puso un énfasis particular en la situación de las mujeres, descritas como “seres de segunda categoría” tutelados permanentemente por varones. El libro detalla cómo el nacional-catolicismo utilizó el sistema educativo para segregar por sexos y ofrecer currículos diferenciados, privando a las niñas de formación científica o técnica y relegándolas al ámbito doméstico. Este análisis fue especialmente relevante para los jóvenes estudiantes actuales, que contrastaron los derechos actuales con la falta absoluta de autonomía que sufrieron sus abuelas.

Desmontando los mitos del “progreso” franquista

Martínez Soler, doctor en Ciencias de la Información y profesor titular de Economía Aplicada, utilizó su rigor académico para desmontar los tópicos de la nostalgia autoritaria, por un lado, el mito del desarrollo: Frente a la narrativa del “milagro económico”, el autor demostró que el crecimiento de los años 60 se produjo “a pesar de Franco” y no gracias a él, manteniendo a España en un retraso crónico respecto a Europa Occidental debido a la falta de libertades sindicales y salarios de precariedad extrema. Por otro, el secuestro de 1976: El momento de mayor carga ética fue el relato de su secuestro y tortura el 2 de marzo de 1976 tras publicar un artículo en el semanario Doblón. Este suceso evidenció que los aparatos del Estado mantenían su capacidad represiva intacta meses después de la muerte del dictador. Al no revelar sus fuentes bajo tortura, Martínez Soler impidió que los sectores inmovilistas purgaran a los militares comprometidos con el cambio democrático.

Además, a Martínez Soler, según sus propias palabras, le inquietan especialmente algunas ideas que escucha repetirse, como esa que sostiene que “con Franco había más orden y paz”. Él lo rebate sin titubeos: “Eso no es cierto; era la paz de los cementerios, el silencio sepulcral” y advierte del peligro de que estos mensajes acaben calando entre los jóvenes si no existe en las aulas una “vacuna” contra la desinformación.

“Conocen al detalle la Edad Media, pero ignoran lo que significó la dictadura y lo cruel y tenebrosa que fue”, lamenta. Le duele, dice, ver a chicos en Ferraz con el brazo en alto y cantando el Cara al sol, cuando —recuerda— “Franco lo que hizo fue una inversión brutal en terror”.

Un puente intergeneracional

La obra, publicada por Los Libros de la Catarata, y que va por su octava edición, destaca por su enfoque dual gracias a la colaboración de su hijo, el documentalista Erik Martínez Westley. Esta alianza permite que el texto combine la experiencia testimonial de quien fue figura central en la Transición —fundador de 20 Minutos, El Sol y redactor jefe en El País y Cambio 16— con la narrativa ágil y pedagógica que demanda la juventud actual.

Con esta doble cita en Cáceres, Martínez Soler ha logrado poner una vacuna de recuerdo a la ciudadanía contra la desinformación, reafirmando que la memoria histórica es una herramienta clave para la defensa de los valores democráticos en una Extremadura que mira a su pasado para asegurar su futuro.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) ha denunciado el ataque vandálico al memorial a las víctimas del franquismo ubicado en el cementerio de Cabeza la Vaca (Badajoz) como un acto de odio y humillación a las víctimas y a sus familias.

“Resulta profundamente doloroso comprobar cómo, tras haber sido recuperados los restos de las víctimas y restituida su memoria, ni siquiera se les permite descansar en paz”, ha lamentado la asociación, que, además, ha afirmado que se trata de un ataque que vulnera la estatal Ley de Memoria Democrática, que se produce en un contexto de paralización de la políticas públicas de Memoria Democrática de la Junta de Extremadura y de desprotección institucional tras la reciente aprobación de la llamada Ley de Concordia, promovida por PP y Vox en Extremadura.

Según explica ARMHEX, “en fechas recientes” han sido destruidas y arrancadas varias lápidas con los nombres de las víctimas asesinadas por el franquismo, por lo que considera que estos hechos “no son simples y aislados actos vandálicos, sino un ataque directo a la dignidad de las víctimas asesinadas y una humillación intolerable para sus familiares”.

El colectivo asegura que el memorial vandalizado es el resultado de años de trabajos de investigación y excavaciones arqueológicas en el propio cementerio de Cabeza la Vaca, desarrollados desde 2011, año en el que se localizó una primera fosa común con cuatro personas represaliadas de las más de 36 víctimas de las que se ha encontrado información. En años posteriores se llevaron a cabo nuevas campañas promovidas por el Ayuntamiento y alguna de ellas, ejecutadas por ARMHEX, con financiación del Plan de Recuperación de Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y fondos del Estado.

Como resultado de estas intervenciones, se han localizado y exhumado al menos 19 víctimas de la represión franquista, incluidas varias mujeres asesinadas tras la ocupación del municipio en agosto de 1936, tanto de Cabeza la Vaca, como de Calera de León y otras localidades cercanas.

El memorial fue construido posteriormente como acto público de homenaje y reparación, incorporando los nombres de las víctimas y convirtiéndose en un lugar de memoria democrática y de dignificación.

ARMHEX ha puesto estos hechos en conocimiento del Fiscal Delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Badajoz. Además, ha expresado su confianza en que las autoridades competentes identifiquen y lleven ante la justicia a los responsables “de estos intolerables hechos en una sociedad democrática, como es de esperar un Estado de Derecho”.

Asimismo, la asociación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a defender los valores democráticos frente al odio y el negacionismo, tomando como base el ordenamiento jurídico vigente, tanto la Ley de Memoria Democrática como otras normas aplicables para delitos de odio.

No fue un militar local cualquiera cuya carrera coincidió fatalmente con la dictadura, si es que esa inocencia resultase posible. Juan Yagüe Blanco, represor al frente de las tropas africanas de la Revolución de Asturias en 1934, falangista de primera hora, conspirador contra la democracia republicana, fue además el Carnicero de Badajoz. Entre 2.000 y 4.000 civiles cayeron ejecutados en la ciudad extremeña en agosto de 1936 al paso de la columna de Yagüe. El ejército español mantiene una “sala de honor” con su nombre en el Palacio de Capitanía de A Coruña y la publicita en carteles y dípticos para visitas guiadas al inmueble. La Comisión Pola Memoria Histórica de la ciudad lo ha denunciado y exige la retirada de la distinción.

Yagüe Blanco había nacido en un pequeño ayuntamiento de la provincia de Soria en 1891. Murió en Burgos 61 años después. Por el medio se convirtió en uno de los militares ultramontanos más célebres. Integrado en la Legión durante las guerras del Rif y cabecilla de liquidación militar de la revuelta obrera de 1934, amigo personal del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, el 17 de julio del 36 sublevó a las tropas en Ceuta. Un mes después lideraba a 3.000 soldados para entrar a sangre y fuego en Badajoz, uno de los más conocidos episodios de terror fascista de la Guerra Civil.

A la batalla entre legionarios partidarios de Franco y milicianos republicanos la sucedió una brutal represión. Los investigadores todavía discuten cifras de asesinados: como mínimo 2.000, otras fuentes hablan de casi 4.000. El propio Yagüe admitía su papel en lo sucedido en una entrevista con el New York Herald Tribune recogida por el historiador Julián Casanova: “Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Qué iba a llevar cuatro mil prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?”. La matanza transcendió las fronteras españolas y le valió a Yagüe el sobrenombre de Carnicero de Badajoz.

Después de la guerra, Yagüe Blanco viajó a la Alemania nazi para acompañar a la Legión Cóndor de regreso a España. Fue Ministro del Aire del primerísimo franquismo entre agosto de 1939 y junio de 1940 y en el 43 ascendió a teniente general. Ese es el grado con el que lo recuerda el Palacio de Capitanía de A Coruña. “Mantener esta denominación es una ofensa a las víctimas de la dictadura y a la propia institución militar, además de un incumplimiento flagrante de la Ley de Memoria Democrática”, ha señalado en un comunicado la Comisión pola Recuperación da Histórica de la ciudad, que recuerda que localidades como Soria, Madrid o Logroño han eliminado referencias y homenajes al militar fascista. El colectivo también ha remitido escritos al Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en los que solicita suprimir la denominación “sala de honor TG Yagüe”.

Según el artículo 40 de la citada ley, aprobada en 2022, “las administraciones públicas […] adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”. Juan Yagüe Blanco fue uno de los 35 cargos de la dictadura franquista que el juez Baltasar Garzón imputó en 2008 por delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad.

elDiario.es ha preguntado por el caso al Ministerio de Defensa pero por el momento no ha recibido respuesta.

Tres años ha estado en vigor la vía extraordinaria abierta por la Ley de Memoria Democrática para que los hijos y nietos de españoles que se hubieran exiliado o emigrado pudieran adquirir la nacionalidad española. El aluvión de solicitudes fue tal que el Gobierno tuvo que ampliar un año el plazo, cerrado definitivamente el pasado octubre con un enorme flujo de peticiones pendiente de tramitar por los consulados, que se han visto desbordados: en total, más de un millón de personas (1.170.999) han ejercido este derecho desde 2021, de las que más de la mitad, en concreto 632.670, siguen esperando una decisión. Solo el 25% del total de solicitudes están a día de hoy finalmente inscritas.

Son los datos que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores a febrero de 2026, los últimos disponibles, a los que elDiario.es ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información realizada a través del Portal de Transparencia. Las cifras revelan la incapacidad de los consulados de España en el extranjero para gestionar el volumen de solicitudes. Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el mayor número de peticiones y también la mayor cifra de inscripciones: solo entre los cuatro países acumulan el 72% de las personas que han pedido la nacionalidad.

Del total de peticiones ya resueltas, la práctica totalidad han sido aceptadas hasta la fecha y solo hay un 1,32% de denegaciones. El cuello de botella está en que un 54% de las solicitudes esperan todavía en un cajón y por eso, el paso siguiente, el de hacer la nacionalidad plenamente efectiva y que sea anotada definitivamente en el Registro Civil consular, va con tanto retraso. La situación mantiene en un limbo a miles de personas, que llevan en muchos casos esperando más de un año solo para lograr pedir cita y que denuncian sentirse atrapados en un laberinto que parece no tener fin. Preguntado por la situación, el Ministerio de Exteriores no ha respondido a este medio, pero fuentes del Gobierno apuntan a que se ha hecho “un esfuerzo enorme” para reforzar el personal de los consulados como medida para atajar la situación.

“Esto se ha convertido para muchas familias en una pesadilla burocrática y un vía crucis de papeleos, silencios administrativos y desgaste emocional”, señala desde La Habana Roberto, que ha pedido la nacionalidad junto a su madre, sus hermanas y sus primos y que está en contacto con decenas de afectados a través de los grupos de Telegram en los que se han organizado. Las experiencias de unos y otros, dice, son “muy similares” y retratan esperas “interminables” para obtener la credencial con la que después podrán pedir cita, expedientes “que desaparecen” o solicitudes que “son devueltas para empezar de cero”.

En su caso, inició el proceso en junio de 2024 con la reclamación de una credencial vía correo electrónico, que era la vía estipulada antes de que el sistema cambiara a un formulario telemático. En la respuesta, el consulado advertía: “IMPORTANTE. Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de espera mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA SEIS MESES”, reza el correo electrónico automático que recibió. Lo que iba a ser medio año, sin embargo, se ha convertido en más de año y medio y no ha sido hasta este febrero cuando ha recibido la clave con la que ya ha tenido una cita para entregar la documentación.

“Nos dicen que ahora tendremos que esperar otro año y medio”, apunta este hombre, nieto de un canario que salió de España hacia Cuba en 1908 huyendo del servicio militar obligatorio y de “una situación política compleja” que en esa época “castigaba a las clases humildes”. La familia intentó acogerse a la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya abrió por primera vez una vía excepcional para otorgar la nacionalidad en estos casos, pero no logró encontrar la partida de nacimiento de los abuelos.

La ley de 2022 nació con vocación de superar las lagunas que de la anterior legislación y reconoce varios supuestos: podrán acogerse a ella los hijos y nietos de exiliados por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual” que perdieran o renunciaran a la nacionalidad, también los hijos de mujeres que la perdieron por casarse con un extranjero —algo que ocurría antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978— y los hijos de quienes adquirieran la nacionalidad en virtud de la ley de 2007. Sin embargo, la instrucción posterior que desarrolla la norma extiende su aplicación a los “nacidos de padres o abuelos originariamente españoles”, es decir, de quienes emigraron independientemente del motivo.

Argentina, a la cabeza

Las peticiones de nacionalidad salpican prácticamente a todos los países, pero unos pocos concentran la inmensa mayoría de las mismas. A la cabeza está Argentina, donde hay registradas 462.815 peticiones en los cinco consulados de España en el país, seguida de Brasil (137.322), México (116.785) y Cuba, en cuyo único consulado en La Habana se acumulan 137.770 expedientes. Estados Unidos y Chile también registran por encima de las 50.000 solicitudes y Francia supera las 25.000.

Todos ellos son igualmente los países que más demandas tienen pendientes de gestionar. “Se ha generado una avalancha internacional de solicitudes y saturación de oficinas consulares con especial incidencia en América Latina. Es un auténtico colapso que está provocando que haya grandes bolsas de solicitantes a la espera de cita. Harán falta muchos años para que puedan completarse todos los expedientes y se llegue al último paso, el de la inscripción, en todos los casos”, lamenta Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes en el Mundo.

De los países con más solicitudes sin tramitar, Estados Unidos, Cuba y México tienen entre 54.000 y 64.000 peticiones pendientes, México supera las 100.000 y Argentina es el país con más atasco con 229.653 instancias sin respuesta. Sin embargo, la proporción de personas que han podido finalmente inscribirse varía, aunque casi ninguno de los países supera la mitad de inscripciones, solo Cuba, que roza el 52%. En Argentina, únicamente han sido anotadas de forma definitiva el 16% de todas las peticiones y le siguen Chile, Uruguay y Brasil como países con menor porcentaje de inscripciones.

Manuel Camejo, abogado de Camejo Law Firm, está asesorando a muchas de estas personas en Buenos Aires, un consulado en el que “hay un caos total”, asegura. Los obstáculos principales tienen que ver con personas a las que no les llegan las credenciales reclamadas o con quienes, una vez que las tienen, “no están pudiendo acceder a un turno” mientras que las peticiones que se están ahora resolviendo fueron presentadas en el verano de 2023, señala el abogado.

Consciente del atasco, el consulado reconoce que los sistemas informáticos “no permiten procesar con la velocidad necesaria” el número de solicitudes y apunta a que “se están ampliando la velocidad y la capacidad de las líneas de conectividad existentes”, señala en un boletín informativo publicado el pasado marzo, en el que el consulado avanza que ha decidido externalizar “la carga de los datos en papel de los expedientes” y que actualmente “se están cerrando los detalles” de este nuevo sistema, que entrará en vigor “en breve”.

Sobre la situación que atraviesan los trámites de nacionalidad ha alertado el Defensor del Pueblo por segundo año consecutivo en su informe anual, publicado la semana pasada. En él apunta a que el funcionamiento de los registros civiles consulares ha sido “un año más” la cuestión que ha provocado un mayor número de quejas ciudadanas debido en parte al “impacto” que ha tenido la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, por la que el organismo abrió una actuación de oficio ante la Subsecretaría de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del ministerio.

El Defensor del Pueblo recalca el “indudable esfuerzo” del personal de las oficinas y señala algunas medidas que se han ido adoptando en los distintos consulados para acelerar los trámites, incluyendo “la habilitación de nuevos espacios y el aumento de plantillas”. Esto sumado a la plena implementación del plan de digitalización consular “podría permitir a medio plazo resolver algunas de las dificultades identificadas”.

Aun así, al cierre del informe, el organismo remarca que las actuaciones ante el Gobierno siguen abiertas a la espera de recibir información sobre el sistema de citas, las “demoras” en el envío de credenciales, los obstáculos para que todas las personas puedan presentar solicitudes en plazo y sobre el número de expedientes pendientes y la gran cantidad de inscripciones que están aún en el aire.

El Gobierno de Cantabria conmemoró el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el pasado 11 de marzo, con un acto en el teatro municipal de Los Corrales de Buelna donde, entre discursos, se proyectaron imágenes de las víctimas. La primera fotografía causó un gran estupor entre algunos de los asistentes: fue la de Luis Carrero Blanco, el presidente del Gobierno en la última etapa de la dictadura de Franco.

A Luis Carrero Blanco (Santoña, 1904 - Madrid, 1973) le mataron los 75 kilos de dinamita que colocó ETA al paso de su coche por la calle Claudio Coello de Madrid. Pero en su biografía pesa su notoria connivencia con la dictadura, donde desempeñó un papel fundamental como sucesor del autodenominado 'caudillo'.

Ahora en Santoña, su pueblo natal, intentan declarar víctima del terrorismo al dirigente franquista Carrero Blanco para poder 'indultar' su estatua y burlar la Ley de Memoria Democrática, que obliga a su retirada en atención a su catalogación como símbolo de la dictadura. Creen que, de esa manera, podría preservarse al estar dedicada a una víctima del terrorismo, ignorando su pasado durante el franquismo.

En paralelo, el Ayuntamiento ha recurrido a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, ha solicitado a la Consejería de Presidencia que reconozca que Carrero Blanco es una víctima. El expediente ha sido revisado en la Dirección General de Justicia del Ejecutivo que preside María José Saénz de Buruaga (PP).

Tras la consulta de elDiario.es por el expediente, el Ejecutivo autonómico ha informado al Ayuntamiento de Santoña de que no tiene competencia para el reconocimiento de víctima de terrorismo en su normativa. Por esta razón, le ha indicado que debe dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, como órgano encargado de certificar la condición de víctima del terrorismo.

Bajo esta connotación de víctima, el Consistorio santoñés que preside el alcalde Jesús Guillart, de la formación política local Santoñeses, quiere que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática autorice la 'resignificación' del monumento para que permanezca en el paseo marítimo de la localidad. Una obra de 40 metros de altura del escultor Juan de Ávalos con un ángel en la cúspide y una rosa de los vientos, que hace alusión a la condición de marino de Carrero Blanco.

Iniciativa del fiscal de Memoria Democrática

El monumento lleva en pie 50 años y desafía la actual normativa en vigor. En septiembre, la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria, dirigida por el fiscal Carlos Yáñez, pidió información a una quincena de ayuntamientos de la comunidad que tenían calles con denominación franquista o monumentos para honrar a la Falange o a figuras relacionadas con la Guerra Civil, cuyo enaltecimiento prohíbe expresamente la Ley de Memoria Democrática.

Tras conseguir que el Ayuntamiento de Santander cambiara las calles con denominaciones franquistas, el siguiente paso de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha sido este requerimiento a estos consistorios de Cantabria.

Concretamente, la Fiscalía envió a los alcaldes y alcaldesas de los municipios un escrito en el que pedía que se informara de las razones o circunstancias que consideraran en relación con estos símbolos. También les demandaba iniciar las actuaciones necesarias para la supresión o retirada.

Los ayuntamientos a los que se requirió fueron Camargo, Medio Cudeyo, Selaya, Santoña, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Piélagos, Suances, San Roque de Riomiera, Corvera de Toranzo, Colindres, Argoños, Potes, Laredo, Comillas y Bárcena de Cicero.

La mayoría de ellos respondieron que ya han quitado algunos de estos elementos y otros expresaron su voluntad de hacerlo. Con dos excepciones. Una de ellas es el caso de Selaya, que tiene una plaza en el pueblo dedicada a Jacobo Roldán Losada, gobernador civil de Santander entre 1952 y 1960. El Ayuntamiento alega que la denominación de la plaza no supone ninguna exaltación al franquismo y que solo se llama así porque era oriundo del pueblo.

La otra, el Ayuntamiento de Santoña que, en paralelo, ha recibido un requerimiento del Gobierno de España. La Secretaría de Estado para la Memoria Democrática está en conversaciones con el Consistorio para resolver la pretensión del pueblo de “resignificar” el monumento. Es decir, otorgarle -por así decirlo- otro significado. Pero no solo trabaja en esa dirección. Al tiempo, el Consistorio decidió apelar a la propia Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, una normativa autonómica aprobada hace tres años, en la pasada legislatura, por iniciativa de Vox, y ampliada esta misma legislatura.

El dilema que se plantea es si en la figura de Carrero Blanco, que presidió una dictadura, pesan más esos deméritos democráticos que la condición de víctima del atentado de ETA que acabó con su vida. El Ayuntamiento de Santoña pretende 'indultar' el monumento con esta estrategia que tendrá que resolverse, y que puede originar un nuevo debate si finalmente la administración autonómica y la central deciden en sentido diferente sobre la condición de víctima.

El Govern central ha acordat incloure en el cens estatal de símbols i elements contraris a la memòria democràtica el monument erigit a Palma en homenatge als “herois” del Crucero Baleares, un dels responsables del bombardeig dut a terme el 1937 contra la població que fugia de Màlaga a Almeria en plena ofensiva feixista, episodi històricament conegut com ‘la Desbandá’. Es tracta del primer element franquista de l’arxipèlag que s’incorpora en aquest registre estatal, una decisió que ja ha estat comunicada formalment a l’Ajuntament de Palma perquè procedeixi a la seva retirada.

Paradoxalment, aquest mateix dijous, el ple de l’Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, ha ratificat la decisió d’ambdós partits d’incloure el monument en el Catàleg d’Edificis i Elements Protegits del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), fet que li atorga el màxim grau de protecció patrimonial. No sols això. Després de conèixer la decisió de l'Executiu central, el Consistori ha anunciat que la recorrerà en els tribunals i que farà valer “totes les vies legals necessàries” per a impedir la seva execució.

La inclusió en el cens estatal es fonamenta en un informe de la Comissió Tècnica sobre símbols i elements contraris a la memòria democràtica que conclou que el monument forma part de l’aparell simbòlic de la dictadura. La resolució emesa aquest dijous assenyala que el monòlit s’ha d’entendre com un exemple del “culte als caiguts” impulsat pel franquisme, una de les seves principals eines de legitimació política. Un culte que, subratlla el document, va constituir “una de les polítiques simbòliques més importants i persistents de la dictadura que estava destinada a recordar —de manera excloent i sense cap intenció de reconciliació ni de menció als morts del bàndol republicà— els difunts franquistes”.

“Caiguts per Déu i per Espanya”

La Secretaria d’Estat assevera que, ja des del moment en què es desenvolupava el conflicte bèl·lic, els denominats com a “caiguts per Déu i per Espanya” varen comptar amb monuments, misses i homenatges de diferents tipus com a part de l’estratègia legitimadora de la dictadura. “En ser glorificats, la seva mort es convertia en una mort necessària per a la salvació d’Espanya, quedant justificada la guerra (mitificada com a Croada) i la violència perpetrada contra l’enemic”, incideix.

El monòlit, la presència del qual fa anys que està en disputa política, social i judicial a la capital balear, va ser aixecat en plena dictadura, el 1947, per homenatjar els prop de 800 combatents sublevats que moriren deu anys abans en l’enfonsament del vaixell durant la batalla del cap de Palos, el major combat naval de la Guerra d’Espanya. Un any abans, el Crucero Baleares va protagonitzar una de les majors massacres després del cop d’Estat de 1936: la que es va dur a terme contra els milers de civils que el 7 de febrer de 1937 es varen llançar a la carretera en direcció est per escapar de les tropes sublevades que, amb el suport de les forces italianes i els regulars marroquins, avançaven des de l’oest. En la seva fugida, els civils varen ser metrallats pels avions Heinkel de la Luftwaffe i bombardejats per tres vaixells que els canonejaven des de la mar: l’Almirante Cervera, el Baleares i el Canarias. Els historiadors calculen que hi varen morir més de 5.000 persones.

Malgrat això, mentre el règim va convertir l’enfonsament del Baleares en un emblema d’heroisme i martiri nacional, utilitzant-lo com a eina de propaganda arreu de l’Estat, les víctimes de ‘la Desbandá’ varen ser condemnades a l’oblit.

Per a l’associació Memòria de Mallorca, la presidenta de la qual, Maria Antònia Oliver, va ser present aquest dimecres a la reunió del Consejo Estatal de Memoria Democrática en què es va informar de la inclusió del monòlit en el cens, la mesura constitueix un pas que no només reconeix anys de reivindicació, sinó que podria reobrir la via judicial per intentar la seva retirada de l’espai públic.

En el mateix fòrum, Oliver va posar sobre la taula altres demandes: la creació de subconselhs territorials que millorin la coordinació d’aquestes polítiques i la declaració com a Llocs de Memòria d’espais clau a l’illa, com el Fortí d’Illetes —convertit, entre 1936 i 1941, en un sinistre centre de repressió i afusellament franquista— o el Mur de la Memòria. També va alertar de possibles retrocessos en àmbits com la gestió d’arxius, la identificació de restes humanes o els bancs d’ADN. Preocupacions que, al seu parer, fan més necessari que mai reforçar els mecanismes de vigilància institucional.

Reaccions

La inclusió del monòlit de sa Feixina en el Catàleg de Símbols i Elements Contraris a la Memòria Democràtica ha estat rebuda amb valoracions contraposades en l’àmbit polític i social balear, evidenciant el debat que continua generant. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha qualificat la decisió com “un pas important” en la defensa de la memòria democràtica i ha defensat que la seva retirada “és de justícia”. En un missatge publicat aquest dijous a la xarxa social X, la també secretària general del PSIB-PSOE i expresidenta del Govern balear ha subratllat que no es tracta d’esborrar la història, sinó de “dignificar-la, reconèixer les víctimes i construir un espai públic coherent amb els valors democràtics”.

En la mateixa línia, Més per Mallorca ha celebrat la decisió del Govern i s’ha mostrat convençut que el monument acabarà sent retirat. El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha afirmat que el debat transcendeix l’estètic i se situa en el terreny dels valors democràtics: “No pot haver-hi una democràcia plena mentre s’exalça impunement la dictadura”. Per la seva banda, la portaveu de Més per Palma, Neus Truyol, ha considerat la decisió “molt positiva”, tot i que ha reclamat anar més enllà: “Qualsevol pas contra la barbàrie i la memòria feixista és positiu, però només té sentit si s’actua amb determinació i valentia per acabar definitivament amb ella”. També el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrat la seva satisfacció, tot subratllant la paradoxa que aquesta decisió arribi en un context en què s’ha derogat la llei de memòria.

El Gobierno central ha acordado incluir en el censo estatal de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática el monumento erigido en Palma en homenaje a los “héroes” del Crucero Baleares, uno de los responsables del bombardeo llevado a cabo en 1937 contra la población que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista, episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'. Se trata del primer elemento franquista del archipiélago en ser incorporado en este registro estatal, una decisión que ya ha sido comunicada formalmente al Ayuntamiento de Palma para que proceda a su retirada.

Paradójicamente, este mismo jueves, el pleno del Ayuntamiento de Palma, gobernado por el PP con el apoyo de Vox, ha ratificado, a iniciativa de ambos partidos, la inclusión del monumento en el Catálogo municipal de Edificios y Elementos Protegidos, lo que le otorga el máximo grado de protección patrimonial. No solo eso. Tras conocer la decisión del Ejecutivo central, el Consistorio ha anunciado que la recurrirá en los tribunales y de que hará valer “todas las vías legales necesarias” para impedir su ejecución.

La incorporación de la edificación en el censo estatal se sustenta en un informe de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que concluye que el monumento forma parte del aparato simbólico de la dictadura. La resolución emitida este jueves señala que el monolito debe entenderse como un ejemplo del “culto a los caídos” impulsado por el franquismo, una de sus principales herramientas de legitimación política. Un culto que, subraya el documento, constituyó “una de las políticas simbólicas más importantes y persistentes de la dictadura que estuvo destinada a recordar -de forma excluyente y sin ninguna intención de reconciliación ni de mención a los muertos del bando republicano- a los fallecidos franquistas”.

“Caídos por Dios y por España”

La Secretaría de Estado asevera que, ya desde el momento en el que se estaba desarrollando el conflicto bélico, los denominados como “caídos por Dios y por España” contaron con monumentos, misas y homenajes de diferentes tipos como parte de la estrategia legitimadora de la dictadura. “Al ser glorificados, su muerte se convertía en una muerte necesaria por la salvación de España, quedando justificada la guerra (mitificada como Cruzada) y la violencia perpetrada contra el enemigo”, incide.

El monolito, cuya presencia lleva años en disputa política, social y judicial en la capital balear, fue levantado en plena dictadura, en 1947, para homenajear a los cerca de 800 combatientes sublevados que murieron diez años antes en el hundimiento del buque durante la batalla del cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra de España. Un año antes, el Crucero Baleares protagonizó una de las mayores masacres tras el golpe de Estado de 1936: la llevada a cabo contra los miles de civiles que el 7 de febrero de 1937 se arrojaron a la carretera en dirección este para escapar de las tropas sublevadas que, apoyadas por las fuerzas italianas y los regulares marroquíes, avanzaban desde el oeste. En su huida, los civiles fueron ametrallados por los aviones Heinkel de la Luftwaffe y bombardeados por tres buques que los cañoneaban desde el mar: el Almirante Cervera, el Baleares y el Canarias. Los historiadores calculan que fallecieron más de 5.000.

Sin embargo, mientras el régimen convirtió el hundimiento del Baleares en emblema de heroísmo y martirio nacional, utilizándolo como herramienta de propaganda en todo el país, las víctimas de 'La Desbandá' fueron abocadas al olvido.

Para la asociación Memòria de Mallorca, cuya presidenta, Maria Antònia Oliver, estuvo presente este miércoles en la reunión del Consejo Estatal de Memoria Democrática en la que se informó de la inclusión del monolito en el censo, la medida constituye un paso que no solo reconoce años de reivindicación, sino que podría reabrir la vía judicial para intentar su retirada del espacio público.

En el mismo foro, Oliver puso sobre la mesa otras demandas: la creación de subconsejos territoriales que mejoren la coordinación de estas políticas y la declaración como Lugares de Memoria de espacios clave en la isla, como el Fortí d'Illetes -convertido, entre 1936 y 1941, en un siniestro centro de represión y fusilamiento franquista- o el Mur de la Memòria. También alertó de posibles retrocesos en ámbitos como la gestión de archivos, la identificación de restos humanos o los bancos de ADN. Preocupaciones que, a su juicio, hacen más necesario que nunca reforzar los mecanismos de vigilancia institucional.

Reacciones

La inclusión del monolito de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática ha sido recibida con valoraciones contrapuestas en el ámbito político y social balear, evidenciando el debate que continúa generando. El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que recurrirá la medida en aras a evitar que el monumento sea retirado del espacio público. El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha defendido que “deberán ser los tribunales los que se pronuncien” al respecto, aseverando que el Consistorio no ha hecho más que “cumplir la ley” al modificar el planeamiento urbanístico municipal para catalogar la estructura como patrimonio protegido.

En este sentido, ha subrayado que existe una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que reconoce los valores patrimoniales del monolito y que, a su juicio, avala su protección. “Por encima del Gobierno, gracias a Dios, están los jueces”, ha espetado.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha calificado la decisión del Gobierno como “un paso importante” en la defensa de la memoria democrática y ha defendido que su retirada “es de justicia”. En un mensaje publicado este jueves en la red social X, la también secretaria general del PSIB-PSOE y expresidenta del Govern balear subraya que no se trata de borrar la historia, sino de “dignificarla, reconocer a las víctimas y construir un espacio público coherente con los valores democráticos”.

En la misma línea, Més per Mallorca ha celebrado la decisión del Gobierno y se ha mostrado convencido de que el monumento acabará siendo retirado. El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha aseverado que el debate trasciende lo estético y se sitúa en el terreno de los valores democráticos: “No puede haber una democracia plena mientras se exalta impunemente la dictadura”, ha afirmado. Por su parte, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha considerado la decisión “muy positiva”, aunque ha reclamado ir más allá: “Cualquier paso contra la barbarie y la memoria fascista es positivo, pero solo tiene sentido si se actúa con determinación y valentía para acabar definitivamente con ella”. También el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su satisfacción, subrayando la paradoja de que esta decisión llegue en un contexto en el que se ha derogado la ley de memoria democrática de Balears, con un PP que, a su juicio, está “absolutamente entregado a los postulados más fascistas de Vox”.

Frente a estas valoraciones, la entidad conservacionista ARCA ha expresado su rechazo a la iniciativa del Gobierno central, augurando que tendrá “poco recorrido”. En un comunicado, la asociación defiende que los tribunales ya han acreditado el valor patrimonial del monumento, que además “está catalogado”, definiéndolo además como “un elemento arquitectónico racionalista creado por un arquitecto ilustre de nuestra ciudad, Francisco Roca Simó, y reconocido internacionalmente”.

La asociación asegura que el monumento fue adaptado a la ley de memoria democrática por unanimidad de los grupos políticos. “Resulta incomprensible la falta de voluntad de consenso y la voluntad de destrucción de patrimonio de determinados partidos”, critica, negando que sa Feixina sea “un monumento franquista”, sino “un hito que clama contra las guerras y las dictaduras”. “Esto es lo que dice el hierro troquelado que lo rodea”, asevera. Con todo, la entidad ha subrayado que siempre ha estado a favor de la ley de memoria histórica pero, ha indicado, el “problema es cuando las interpretaciones se hacen de forma intransigente y falseando la realidad como hace ahora la Secretaría de Estado”.

No fue hasta 1934 que el cementerio municipal de Boisaca, en Santiago de Compostela, comenzó a recibir cadáveres. Las nuevas instalaciones eran la apuesta del consistorio para higienizar los enterramientos de vecinos, que hasta ese momento ocupaban nichos en Bonaval u otros lugares del centro de la ciudad. No acababa de funcionar: la parcela elegida, al norte, resultaba demasiado húmeda y las quejas de las familias se sucedían. Pero a partir de julio del 36, todo cambió. Los muros de Boisaca se convirtieron en escenario principal del terror fascista y sus fusilamientos. Sus terrenos esconden además una fosa común en la que, por lo menos, yacen 97 víctimas. Será una de las tres que investigue y exhume el grupo Histagra de la Universidade de Santiago de Compostela tras firmar un convenio de 150.000 euros con la Deputación de A Coruña. Los trabajos se ejecutarán durante este 2026.

Las otras dos también se encuentran en cementerios. La de Serantes, en Ferrol, alberga unos 190 asesinados. La de Beira, en Carral (A Coruña), 18. “Trabajar en cementerios es complejo”, explica a elDiario.es el profesor Antonio Míguez Macho, miembro de Histagra y actual decanao de la Facultade de Xeografía e Historia de la universidad compostelana, “porque han sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Localizar la ubicación exacta de las fosas no resulta fácil”. En el caso de Boisaca, la reconstrucción de lo que allí sucedió se nutre de varias fuentes: la información judicial del bando franquista y la memoria oral principalmente. “Presuponemos que haya más de una fosa, pero no las hemos identificado aún”, dice Míguez Macho.

Lo que sí saben en Histagra es que los cadáveres del lugar eran vecinos de Santiago y de su entorno “en sentido amplio”: Boiro, Ordes, Negreira, Pobra do Caramiñal. La ciudad era cabeza de partido judicial y en ella se dirimían los procesos de los franquistas contra los demócratas. Además, añade Míguez, también depositaron algunos paseados. Sucedió, sobre todo, entre septiembre de 1936 y marzo de 1937. “Los verdugos no solo manejaron cómo se asesinaba”, sostiene, “sino también los espacios de enterramiento”. El régimen jugaba a la confusión, ocultaba los rastros de sus crímenes, dificultaba que las familias honrasen a sus muertos. “La trazabilidad de la fosa de Boisaca es compleja”, afirma sobre un lugar en el que se encuentran, por ejemplo, los restos del Comité de Defensa de la República, conformado por fuerzas políticas y sindicales democráticas después del 18 de julio, prácticamente al completo. Durante la larga noche de piedra de la dictadura hubo también algunas exhumaciones irregulares, clandestinas.

Más obstáculos se interponen en esta excavación. En la década de los 40, el ayuntamiento reformó el cementerio y abrió su gran avenida central, removiendo tierras y tumbas. Y seguían llegando restos de otros cementerios de Santiago -en el 36, reabrió Bonaval, en funcionamiento hasta los 60 y hoy en día un frecuentado parque.

Después de 1977

Existen dos memorias sobre lo ocurrido en Boisaca. A los testimonios orales del 36, recogidos por historiadores locales, hay que sumar una memoria indirecta, la de las personas que en los años 70 se interesaban por lo que había sucedido y preguntaban a sus mayores. “A partir de 1977, empiezan los primeros homenajes a las víctimas”, recuerda Míguez, “y también la instalación de placas en los muros. Pero no son indicativas del lugar exacto de las inhumaciones”.

Con estos materiales diversos y fragmentarios, el equipo de Histagra -ocho personas entre historiadores y arqueólogos, coordinadas por Míguez Macho y el catedrático Lourenzo Fernández Prieto- intentarán reconstruir el sistema represivo, desde los asesinatos hasta los enterramientos, en las fosas de Santiago, Ferrol y Carral. “Buscamos desentrañar la lógica con la que los victimarios manejaron a las víctimas”, señala. Si todo va según lo previsto y las investigaciones se concretan sobre el terreno, habrá una segunda fase: la exhumación completa, el análisis antropológico forense y la identificación génética. “Pero no queremos crear falsas expectativas”, avisa.

Otras 14 fosas excavadas

Las actuaciones, financiadas por la Deputación da Coruña, derivan de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. A juicio de Míguez Macho, esta norma produjo “un salto cualitativo” en la materia. “El Estado asume como deber dar amparo a los trabajos de exhumación”, explica, “y esto facilita una trazabilidad legal. Desde 2023, la Fiscalía ha nombrado fiscales delegados de derechos humanos que abren diligencias por las excavaciones. Aunque no va a haber un seguimiento penal, afianza el papel del Estado”. El grupo Histagra ya ha estudiado y exhumado otras 14 fosas en Galicia y se encarga, por un acuerdo con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de la elaboración del censo estatal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

La Fiscalía ha concluido su primera investigación sobre las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social sin hallar a los uniformados que perpetraron los delitos. Así lo ha comunicado este jueves la Fiscalía de Barcelona, que durante casi un año ha investigado la denuncia presentada por la histórica activista de la izquierda independentista catalana Blanca Serra.

Las conclusiones de la Fiscalía suponen un resultado agridulce. Por primera vez, una víctima ha encontrado la escucha de las instituciones judiciales, hasta ahora un muro de impunidad para los policías torturadores. Pero el resultado final sigue siendo, en la práctica, el mismo: el archivo del caso.

En un vídeo grabado este jueves, Serra ha agradecido el trato que le ha dispensado la fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez Expósito, si bien ha lamentado que la vía de la jurisdicción voluntaria que le queda (penalmente el caso quedará archivado) no comporta la identificación ni la toma de declaración de los policías que la torturaron, ni de sus superiores jerárquicos. “Tampoco permite reconstruir la estructura jerárquica de la represión ni abre la puerta a una reparación integral ni a depurar responsabilidades”, ha constatado.

El Ministerio Público tomó declaración a Serra como víctima, a un perito y al forense que constató las secuelas psicológicas que sufre Serra. También reclamó documentos a varias instituciones, algo inédito hasta ahora en las denuncias por torturas franquistas, que los juzgados solían despachar con una inadmisión de plano o una investigación exigua. La Policía envió a la fiscal varias actas de detención o del registro en el domicilio de Serra.

Tras practicar todas las diligencias, la Fiscalía concluye que Serra sufrió un delito de torturas perpetradas en un contexto de crímenes contra la humanidad y “de persecución y represión política instaurada por el franquismo”, al que define como un “régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada”.

Los agentes de la llamada Brigada Político-Social, expone la fiscal, detuvieron a la activista y a su hermana “por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura”, y le infligieron violencia física y psíquica “con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático”.

Sin embargo, la investigación no ha podido revelar la identidad de los policías que perpetraron las torturas, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el juzgado, en la que se pide el archivo provisional por falta de autor conocido.

“Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

Más allá de haber sido escuchada, el caso de Serra constata que, 50 años después de la muerte del dictador, la operación de olvido que se impuso a la recién nacida democracia española sigue vigente: la ley de amnistía del 1977 y la prescripción de los delitos siguen siendo obstáculos, pese a la Ley de Memoria, para abrir causas en los juzgados. A ello hay que añadir el paso del tiempo, pues la mayoría de policías torturadores ya han fallecido.

Lo que sí ha permitido la nueva ley es que el Ministerio Público escuche a la víctima, como hizo con Serra, y pueda pedir documentos a organismos oficiales para ofrecer una mínima reparación a las personas que sufrieron torturas y que hasta entonces se encontraban con el portazo del sistema.

Las de Serra fueron las primeras diligencias penales abiertas por la Fiscalía para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por policías de la Brigada Político-Social en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana (Barcelona), la conocida como 'casa de los horrores'.

El edificio sigue inmerso, en pleno 2025, en un profundo debate sobre su futuro: las víctimas del franquismo reclaman que la Policía se traslade a otra sede y la Jefatura se convierta en un memorial, como ocurrió con la sede de la Stasi en Berlín. Sin embargo, tanto los Ejecutivos central como catalán, ambos socialistas, han enfriado el traslado y mantienen que el edificio puede ser al mismo tiempo sede policial y lugar de memoria.

Federico Moyúa y Salazar (Bilbao, 1873-1939) fue elegido alcalde de Bilbao por primera vez en 1910 y ocupó el cargo hasta 1913, cuando fue sucedido al mando del consistorio bilbaíno por Benito Marco Gardoqui. Sin embargo, volvió a hacerse cargo de la alcaldía en 1924, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Duró hasta el fin de aquel período, en 1930. Es recordado por crear el embalse del Ordunte, cuyo abastecimiento satisface el 60% de la demanda de Bilbao, los puentes móviles de Deusto y del Ayuntamiento, el Mercado de la Ribera o la reforma de la plaza del Arenal. Y también por dar el nombre de una de las plazas más céntricas de la ciudad, aunque próximamente dejará de serlo y volverá a su nombre original: Plaza Elíptica.

Así lo ha declarado recientemente el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, quien asegura llevar tiempo trabajando en la medida, desde que la Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobara despejar el callejero de Bilbao de denominaciones asociadas a dictaduras, que se verá reflejada el próximo junio. Se trata de una petición de asociaciones memorialistas, pero también de toda esa ciudadanía que no se adaptó al nuevo nombre pese a llevar desde 1940 llamándose como el antiguo alcalde.

La plaza de Moyúa, próximamente Elíptica, se construyó en la década de los años 40 según proyecto del arquitecto José Luís Salinas. Sesenta años después, su hijo Manuel Salinas recibió el encargo de remodelarla, pero manteniendo su forma elíptica originaria y los parterres de estilo inglés y francés. Además, añadieron farolas de acero y bancos funcionales y se recuperó la antigua y emblemática fuente original. En ella está el hotel Carlton, centenario, y sede en la Guerra Civil de la Presidencia vasca. O el edificio de Hacienda del Estado, desde donde se descolgó hace unos años un escudo franquista.

Desde EH Bildu también han lanzado la petición del cambio de nombre tras presentar la semana pasada una moción en el Ayuntamiento de Bilbao con el objetivo de que los diferentes grupos políticos puedan posicionarse en el pleno municipal de marzo, el próximo jueves 26. “Son muchas las personas, asociaciones memorialistas, asociaciones de vecinos y vecinas y diferentes agentes los que han trabajado en las últimas décadas, desde diferentes ámbitos, para recuperar el nombre de Plaza Eliptikoa. No es una ocurrencia individual, sino el resultado de décadas de trabajo que es necesario reconocer”, ha apuntado la portavoz, María del Río, quien ha trasladado que su coalición busca “hacer un ejercicio colectivo de memoria desde la gobernanza cooperativa” y que les “alegra” que el Ayuntamiento haya tomado la decisión del cambio de nombre.

Pero ¿qué costes economícos acarrea que la plaza vuelva a llamarse Elíptica? El cambio principal se producirá en la parada del metro, que actualmente lleva en nombre de Moyúa. Tiene dos bocas, a ambos lados de la plaza. También afectará a la rotulación de todos los trenes y las estaciones. En el caso de los autobuses interurbanos de Bizkaibus cambiarán los nombres en las paradas y autobuses de las ocho rutas que parten desde la plaza: el que lleva al aeropuerto de Loiu, a Mungia, Bermeo, al parque tecnológico de Zamudio, Bakio, Derio, Astrabudua y Laukiz. Por su parte, los autobuses urbanos de Bilbobus también sufrirán cambios en las cinco líneas que recorren la céntrica plaza.

Otra de las cuestiones que deberán modificarse con el cambio del nombre de la plaza son las direcciones de los establecimientos y empresas que se encuentran en ella, como son el hotel Carlton, en el 2, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Delegación de Hacienda, el 3, las tiendas Forum Sport y Singularu, el 4, la Subdelegación del Gobierno de España, el 5, la tienda de ropa Inkardia, el 6 o la sede del Banco Santander y su 'work café', el 8. No obstante, aún se desconocen los gastos económicos concretos y si correrán a cargo de las empresas privadas, el metro, el Ayuntamiento de Bilbao o la Diputación de Bizkaia. Esta será una de las cuestiones más relevantes que se debatirán en el pleno municipal del próximo 26 de marzo.

A penes 24 hores després que PP i Vox tombassin la llei balear de memòria democràtica, la formació d’extrema dreta ha carregat contra les víctimes del franquisme que es varen concentrar a les portes del Parlament balear en protesta per l’eliminació de la norma. Els de Santiago Abascal s’han presentat com a blancs d’un suposat “clima d’hostilitat” que, asseguren, varen generar aquells que varen mostrar al carrer el seu rebuig a la derogació del text i posteriorment es varen congregar al saló contigu a l’hemicicle per seguir el ple.

La portaveu del grup, Manuela Cañadas, ha comparegut en roda de premsa per denunciar el que ha considerat “un espectacle lamentable i d’una violència preocupant” per part dels familiars de represaliats del franquisme, amplificant la indignació d’aquests i acusant-los d’haver protagonitzat un comportament tal que els seus companys de bancada varen córrer fins i tot el risc de ser agredits amb arma blanca: “Podríem haver patit, i ho dic així de clar, un apunyalament contra qualsevol dels nostres càrrecs i hauríem hagut de lamentar una cosa molt més greu”.

“És inacceptable que els càrrecs públics d’un partit polític no puguin accedir sense ser escopits, insultats i sense mantenir la distància de seguretat, envoltats per 150 persones”, ha asseverat.

La diputada ha fet aquestes manifestacions malgrat que l'ambient va transcórrer sense incidències -i sota presència policial- més enllà dels moments de tensió que es varen viure abans d’iniciar-se el debat, quan el diputat de Vox al Congrés Jorge Campos es va dirigir als manifestants per dedicar-los un gest de desaprovació amb el polze cap avall, o després de la votació que va possibilitar la derogació del text memorialista. En un missatge difós a 'X', Campos assegurava que els d’Abascal havien estat víctimes de “intents d’agressió” per part de “l’associació Memòria de Mallorca i la Fundació Darder Mascaró”, les quals va qualificar de “xiringuitos que han viscut de la subvenció pública i que treballen per enfrontar i dividir la societat”, així com per part de membres del PSIB-PSOE i de Més per Mallorca.

En la mateixa publicació, el diputat es va vantar, amb tot, que els suposats increpadors no varen poder “aturar el mandat democràtic de Balears”: “Avui, els defensors de la concòrdia entre espanyols estam d’enhorabona per la derogació de la sectària llei de memòria democràtica”.

En declaracions a eldiario.es, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha condemnat les acusacions efectuades per Vox, lamentant que la formació pretengui desacreditar les víctimes del franquisme i els col·lectius memorialistes amb “mentides que intenten embrutar la nostra imatge”. “Ahir va ser un dia terrible, però ja podíem preveure que passarien coses així”, ha assenyalat, recordant que no és la primera vegada que des de Vox utilitzen un llenguatge hostil cap a ells.

No debades, el 2021 el portaveu adjunt de la formació al Parlament, Sergio Rodríguez, va apel·lar a tancar la Secretaria General de Memòria Democràtica, “fumigar-la i acabar amb totes les paparres, paneroles i xinxes que hi habiten”, unes declaracions que varen ser durament criticades per col·lectius de víctimes i partits de l’oposició per considerar que deshumanitzaven aquells que treballen en polítiques de memòria i per tractar-se de termes utilitzats pels nazis per referir-se als jueus i per la propaganda del genocidi de Ruanda, quan determinats mitjans incitaven a “exterminar les paneroles” en al·lusió a la minoria tutsi.

A aquest episodi s’hi va sumar un altre dels moments més controvertits de la legislatura, quan el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), va rompre en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme durant un altre debat entorn de la supressió de la llei, uns fets que varen provocar una onada d’indignació dins i fora de l’arxipèlag, amb peticions de dimissió que Le Senne mai no ha atès. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoc no l’ha forçat a abandonar el càrrec.

El responsable ultra es troba pendent de ser jutjat per un delicte d’odi com a conseqüència d’aquella acció, per la qual els querellants i les acusacions populars personades en la causa —els descendents de les republicanes assassinades, Memòria de Mallorca, el col·lectiu Estimada Aurora (que engloba uns 50 ciutadans), el Partit Comunista (PCE) i el Partit Comunista dels Pobles d’Espanya (PCPE)— reclamen per a ell des d’un any i quatre mesos fins a quatre anys de presó, així com fins a 11 anys d’inhabilitació. La Fiscalia i el mateix inculpat, per la seva banda, demanen l’arxivament de la causa en al·legar que va actuar en l’exercici de les seves funcions per preservar la neutralitat institucional i el pluralisme polític.

En la roda de premsa d’aquest dimecres, ha acusat a més el PSIB-PSOE d’organitzar “performances totalment calculades” cada vegada que s’aborden debats “complicats” al Parlament. “Si tiram d’hemeroteca fotogràfica, sempre són les mateixes persones les que venen”, ha etzibat. La portaveu de Vox ha matisat, no obstant això, que exclou d’aquestes acusacions els grups de Més per Mallorca i Més per Menorca.

L’esquerra demana a Le Senne moderar els plens: “Alguns actuen com hooligans”

Precisament, la Junta de Portaveus, que s’ha prolongat durant prop d’una hora, ha abordat avui les formes i la cortesia parlamentària després de la tensió viscuda al ple del dia anterior. Així ho ha explicat el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, qui ha impulsat el debat i ha traslladat que existeix un sentir majoritari entre els grups que el president del Parlament ha d’intervenir quan es produeixin afirmacions ofensives durant els debats, interrompre l’orador quan se sobrepassen determinats límits i, si és necessari, cridar a l’ordre els diputats.

“No es tracta d’atacar ningú, sinó de millorar la feina que es fa aquí. Confrontam idees i debatem civilitzadament i, si no som capaços de fer-ho, no mereixem estar en aquests escons”, ha afirmat, lamentant que en ocasions alguns parlamentaris actuen com a “hooligans”.

En la mateixa línia, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sostingut que Le Senne ha demostrat ser “incapaç de dirigir els debats” i ha denunciat una “falta d’actuació del president respecte a les seves obligacions parlamentàries”. L’ecosobiranista també ha criticat que, durant la reunió, el dirigent de Vox no hagi respost a les qüestions plantejades pels grups.

Per la seva banda, Cañadas ha assenyalat que comparteix que han d’existir límits en el debat parlamentari i que tots els diputats tenen la responsabilitat de donar exemple, mentre que des del PSIB-PSOE, el seu portaveu adjunt, Marc Pons, ha acusat l’extrema dreta d’actuar amb “cinisme” i d’alimentar la confrontació política, alhora que ha lamentat que Le Senne no hagi exercit l’autoritat que li correspon des de l’inici de la legislatura.

Finalment, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha admès que el ple de dimarts va ser “tens i difícil”, si bé ha assenyalat que correspon al president del Parlament exercir la moderació. Durán ha afegit que quan els diputats interrompen els consellers durant les seves intervencions també haurien de ser cridats a l’ordre.

Apenas 24 horas después de que PP y Vox tumbaran la ley balear de memoria democrática, la formación de extrema derecha ha cargado contra las víctimas del franquismo que se concentraron a las afueras del Parlament balear en protesta por la eliminación de la norma. Los de Santiago Abascal se han presentado como blancos de un supuesto “clima de hostilidad” que, aseguran, generaron quienes mostraron en la calle su rechazo a la derogación del texto y posteriormente se congregaron en el salón contiguo al hemiciclo para seguir el pleno.

La portavoz del grupo, Manuela Cañadas, ha comparecido en rueda de prensa para denunciar lo que ha considerado “un espectáculo lamentable y de una violencia preocupante” por parte de los familiares de represaliados del franquismo, amplificando la indignación de estos y acusándolos de haber protagonizado tal comportamiento que sus compañeros de bancada corrieron incluso el riesgo de ser agredidos con arma blanca: “Podríamos haber sufrido, y lo digo así de claro, un apuñalamiento contra cualquiera de nuestros cargos y hubiéramos tenido que lamentar algo mucho más grave”.

“Es inaceptable que los cargos públicos de un partido político no puedan acceder sin ser escupidos, insultados y sin mantener la distancia de seguridad, rodeados por 150 personas”, ha aseverado.

La diputada ha efectuado estas manifestaciones a pesar de que el ambiente transcurrió sin incidencias -y bajo presencia policial- más allá de los momentos de tensión que se vivieron antes de iniciarse el debate, cuando el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos se dirigió a los manifestantes para dedicarles un gesto de desaprobación con su pulgar hacia abajo, o tras la votación que posibilitó la derogación del texto memorialista. En un mensaje en 'X' difundido en 'X', Campos aseguraba que los de Abascal habían sido víctimas de “intentos de agresión” por parte de “la asociación Memòria de Mallorca y la Fundación Darder Mascaró”, a las que tachó de “chiringuitos que han vivido de la subvención pública y que trabajan para enfrentar y dividir a la sociedad”, así como por parte de miembros del PSIB-PSOE y de Més per Mallorca.

En la misma publicación, el diputado se jactó, con todo, de que los supuestos increpadores no pudieron “parar el mandato democrático de Baleares”: “Hoy, los defensores de la concordia entre españoles estamos de enhorabuena por la derogación de la sectaria ley de memoria democrática”.

En declaraciones a elDiario.es, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha condenado las acusaciones efectuadas por Vox, lamentando que la formación pretenda y desacreditar a las víctimas del franquismo y a los colectivos memorialistas con “mentiras que intentan ensuciar nuestra imagen”. “Ayer fue un día terrible, pero ya podíamos prever que pasarían cosas así”, ha señalado, recordando que no es la primera vez que desde Vox utilizan un lenguaje hostil hacia ellos.

No en vano, en 2021, el portavoz adjunto de la formación en el Parlament, Sergio Rodríguez apeló a cerrar la secretaría general de Memoria Democrática, “fumigarla y acabar con todas las garrapatas, cucarachas y chinches que habitan en ella”, unas declaraciones que fueron duramente criticadas por colectivos de víctimas y partidos de la oposición por considerar que deshumanizaban a quienes trabajan en políticas de memoria y por tratarse de términos utilizados por los nazis para referirse a los judíos y por la propaganda del genocidio de Ruanda, cuando determinados medios incitaban a “exterminar a las cucarachas” en alusión a la minoría tutsi.

A ese episodio se sumó otro de los momentos más controvertidos de la legislatura, cuando el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), rompió en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo durante otro debate en torno a la supresión de la ley, unos hechos que provocaron una oleada de indignación dentro y fuera del archipiélago, con peticiones de dimisión que Le Senne nunca ha atendido. El Govern de Marga Prohens (PP) tampoco le ha forzado a abandonar el cargo.

El responsable ultra se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio como consecuencia de aquella acción, por la que los querellantes y las acusaciones populares personadas en la causa -los descendientes de las republicanas asesinadas, Memòria de Mallorca, el colectivo Estimada Aurora (que engloba a unos 50 ciudadanos), el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)- reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. La Fiscalía y el propio inculpado, por su parte, piden el archivo de la causa al alegar que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.

En la rueda de prensa de este miércoles, ha acusado además al PSIB-PSOE de organizar “performances totalmente calculadas” cada vez que se abordan debates “complicados” en el Parlament. “Si tiramos de hemeroteca fotográfica, siempre son las mismas personas las que vienen”, ha espetado. La portavoz de Vox ha matizado, no obstante, que excluye de esas acusaciones a los grupos de Més per Mallorca y Més per Menorca.

La izquierda pide a Le Senne moderar los plenos: “Algunos actúan como hooligans”

Precisamente, la Junta de Portavoces, que se ha prolongado durante cerca de una hora, ha abordado hoy las formas y la cortesía parlamentaria tras la tensión vivida en el pleno del día anterior. Así lo ha explicado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha impulsado el debate y ha trasladado que existe un sentir mayoritario entre los grupos de que el presidente del Parlament debe intervenir cuando se produzcan afirmaciones ofensivas durante los debates, interrumpir al orador cuando se sobrepasan determinados límites y, si es necesario, llamar al orden a los diputados.

“No se trata de atacar a nadie, sino de mejorar el trabajo que se hace aquí. Confrontamos ideas y debatimos civilizadamente y, si no somos capaces de hacerlo, no merecemos estar en estos escaños”, ha afirmado, lamentando que en ocasiones algunos parlamentarios actúan como “hooligans”. En la misma línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sostenido que Le Senne ha demostrado ser “incapaz de dirigir los debates” y ha denunciado una “falta de actuación del presidente respecto a sus obligaciones parlamentarias”. El ecosoberanista también ha criticado que, durante la reunión, el dirigente de Vox haya respondido a las cuestiones planteadas por los grupos.

Por su parte, Cañadas ha señalado que comparte que deben existir límites en el debate parlamentario y que todos los diputados tienen la responsabilidad de dar ejemplo, mientras que desde el PSIB-PSOE, su portavoz adjunto, Marc Pons, ha acusado a la extrema derecha de actuar con “cinismo” y de alimentar la confrontación política, al tiempo que ha lamentado que Le Senne no haya ejercido la autoridad que le corresponde desde el inicio de la legislatura. Finalmente, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha admitido que el pleno del martes fue “tenso y difícil”, si bien ha señalado que corresponde al presidente del Parlament ejercer la moderación. Durán ha añadido que cuando los diputados interrumpen a los consellers durante sus intervenciones también deberían ser llamados al orden.

PP i Vox han culminat aquest dimarts un dels compromisos polítics assumits per ambdós partits a l’inici de la legislatura a Balears: la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica. La votació duta a terme al Parlament de les Illes Balears ha suposat l’eliminació definitiva d’una de les primeres normes aprovades a nivell estatal en aquesta matèria, la que per primera vegada a l’arxipèlag va articular un marc institucional per investigar els crims del franquisme i el reconeixement públic de qui va ser represaliat després del cop militar de 1936. L’arxipèlag s’afegeix així a les comunitats autònomes que, governades pels populars i l’extrema dreta, ja han tombat els seus textos memorialistes, substituïts en alguns casos per “lleis de la concòrdia” que, sota el pretext de “reconciliar” els espanyols en lloc de “reobrir ferides”, equiparen el franquisme amb la democràcia.

Malgrat que el desembre de 2024 els conservadors van assolir un insòlit pacte amb els partits d'esquerres per no suprimir la normativa balear, tan sols mig any després van incomplir el seu compromís en pactar novament amb Vox la seva eliminació a canvi d’aconseguir el suport dels de Santiago Abascal per poder tirar endavant els pressupostos autonòmics de 2025. Aquest dimarts, lluny d’expressar cap mena de condemna a la sublevació feixista i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, PP i Vox han sumat els seus vots per fer caure un document que rebutja expressament “qualsevol totalitarisme i règim antidemocràtic”.

Mentre a les portes de la Cambra un centenar de persones es manifestaven contra l’eliminació de la llei, a l’hemicicle la bancada de l’esquerra exhibia fotografies de víctimes del franquisme i carregava amb duresa contra la derogació i contra “l’assumpció”, per part dels populars, dels postulats de l’extrema dreta “per un grapat de vots per continuar governant”. “Han quedat desdibuixats com a partit democràtic”, els ha retret el diputat d’Unides Podem, José María García, qui ha lamentat que la supressió no només afecta les víctimes del franquisme, sinó el conjunt del sistema democràtic. “Amb la derogació de les lleis de memòria democràtica no només perden les víctimes i els seus familiars: hi perdem totes i tots, i també hi perd la democràcia”, ha subratllat, retraient al PP que utilitzi la seva majoria parlamentària per eliminar una llei que, tal com ha defensat l’oposició, va ser fruit d’un consens previ.

“La història és clara: quan la dreta moderada assumeix el marc ideològic de l’extrema dreta per por de perdre vots, no l’atura, el legitima. I sovint el reforça”, ha expressat per la seva banda la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, assegurant que les seves paraules no són paral·lelismes “simplistes”, sinó un recordatori que Europa “ja ha recorregut aquest camí abans i sap perfectament on acaba quan ningú s’atreveix a plantar-hi cara a temps”.

En aquesta mateixa línia, el portaveu socialista, Iago Negueruela, ha qualificat la jornada com “un dia trist per a aquest Parlament i per a aquesta societat”, retraient als populars que cedeixin davant l’extrema dreta per modificar un marc legal que, ha remarcat, formava part dels consensos bàsics de la convivència democràtica. Negueruela també ha reivindicat la importància de mantenir les polítiques públiques de memòria per explicar a les escoles el que va passar durant la dictadura i evitar que es repeteixi, alhora que ha incidit que les lleis de memòria no busquen reobrir conflictes, sinó garantir que les noves generacions coneguin els fets i comprenguin la gravetat de les vulneracions de drets humans comeses durant el franquisme.

“Mai callaran ni esborraran les víctimes”

“Però els diré una cosa”, ha advertit: “Els asseguro que per moltes lleis que deroguin mai esborraran els grans horrors que es van cometre, mai callaran ni esborraran les víctimes. Veuran les seves cares tantes vegades com faci falta, aquí o al Consolat de Mar, perquè la presidenta [Marga Prohens] vegi què suposa la derogació”. Una apel·lació que la líder autonòmica del PP no ha pogut escoltar atès que no ha estat present durant el debat i només ha acudit per participar en la votació.

Davant les manifestacions de l’esquerra, el portaveu adjunt de Vox, Sergio Rodríguez, ha defensat la derogació de la llei de memòria democràtica recorrent al relat habitualment brandat per l’extrema dreta i rebutjat pel consens historiogràfic: que el govern del Front Popular sorgit després de les eleccions de febrer de 1936 no tenia “legitimitat d’origen” perquè “mig centenar de vots van ser robats” a la comissió d’actes del Congrés.

Malgrat que el cop militar contra la Segona República feia mesos que es preparava per part d’amplis sectors de l’Exèrcit i de la dreta autoritària, i que la repressió es va prolongar de manera sistemàtica durant dècades, el parlamentari d’extrema dreta ha presentat l’assassinat del dirigent monàrquic José Calvo Sotelo com el “tret de sortida” de la contesa i ha assegurat que en ambdós bàndols hi va haver víctimes, com les de Massacres de Paracuellos del Jarama.

Rodríguez ha acabat mostrant a l’hemicicle una fotografia del seu besavi, qui —segons ha explicat— va ser maître de l’Hotel Ritz Barcelona, i ha relatat que va ser tret de casa seva una nit i assassinat. També ha afirmat que un altre familiar seu, de 19 anys, va ser executat i que el seu cos encara podria trobar-se en alguna cuneta.

Vox: “Estan molt acostumats a treure pit pels assassins”

En la seva segona intervenció, Rodríguez ha elevat el to del debat, acusant els socialistes de reivindicar figures històriques a les quals ha considerat responsables d’episodis violents, entre les quals ha citat el fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias Posse, o l'exdirigent socialista Francisco Largo Caballero, a qui ha assenyalat com “un dels màxims responsables d’arribar a la guerra civil per les seves declaracions incendiàries, per la seva participació en la Revolució d’Astúries i, per descomptat, en la repressió que es va produir al bàndol republicà durant els primers mesos de la guerra civil”. “Vostès estan, pel que veig, molt acostumats a treure pit pels assassins”, ha etzibat.

El diputat ha acabat mostrant a l’hemicicle una fotografia del seu besavi, qui —segons ha explicat— va ser maître de l’Hotel Ritz Barcelona. “El varen treure una nit de casa seva i li varen pegar un tir”. “I aquest és el seu fill, el meu oncle Salvador”, ha continuat mostrant una altra imatge: “19 anys i sense cap participació política de cap tipus. El seu cos deu estar encara en alguna cuneta, perquè no l’hem recuperat”. “I com es pensen que em sent jo com a víctima quan vostès fan actes de reconeixement, estàtues i posen carrers a Lluís Companys?”, ha afegit, qualificant d’“assassí” l’expresident de la Generalitat de Catalunya i considerant-lo “responsable dels assassinats dels meus familiars”.

“En el fons, l’únic que volen vostès és blanquejar el partit del qual són directament hereus. Perquè aquí no hi ha ni falangistes, ni carlins, ni cap participant del bàndol nacional de la guerra civil”, ha afirmat, per acabar titllant d’“assassins” “tots els responsables de la barbàrie roja a la rereguarda republicana, majoritàriament socialista”.

Després de les paraules de Sergio Rodríguez, Iago Negueruela ha pres la paraula per reprovar la seva intervenció i invocar el reglament de la Cambra. “Li record unes paraules seves a la Junta de Portaveus de la setmana passada”, ha assenyalat adreçant-se al president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne (Vox), “en què vostè ens va dir a tots que no toleraria segons quins comentaris dirigits a grups o a partits”.

“Dir que el Partit Socialista és un partit d’assassins és una falsedat històrica. És una falsedat pròpia d’una persona que no té el més mínim respecte i que es creu superior a la resta de persones que formen part d’aquesta Cambra”, ha continuat el portaveu del PSIB, qui ha instat Le Senne —que està pendent de ser jutjat per un delicte d’odi per haver romput en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme— a retirar les acusacions abocades per Rodríguez. El màxim responsable de la Cambra legislativa, però, no hi ha accedit.

El PP reivindica les víctimes del bàndol franquista

Per part del PP, la diputada Cristina Gil ha mostrat el seu suport a la iniciativa de Vox en considerar que la llei de memòria “no uneix, sinó que separa i enfronta”. “La memòria és individual i cap llei, excepte en les dictadures més abjectes, es pot imposar”, ha argumentat, acusant l’esquerra d’obviar la memòria de les víctimes que no combreguen amb la seva ideologia. “Són víctimes de segona? Són noms sense memòria?”, s’ha demanat. “Sota el pretext d’una llei que sí que és cert que podia ser justa en el seu inici s’ha dut a terme una veritat oficial, la del costat bo de la història que vostès repeteixen com un mantra marxista”, ha sostingut, per tot seguit insinuar que la normativa memorialista mai no ha estat una “prioritat” per al seu partit. Per al PP, ha asseverat, la veritablement important, i que per tant continuarà vigent, és la llei de recuperació de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme —més coneguda com la ‘llei de fosses’—, aprovada per unanimitat el 2016.

Es tracta d’una norma que ha permès recuperar les restes de més de 280 víctimes del franquisme —de les quals més de 50 han estat identificades— que van ser assassinades de forma violenta i enterrades, la majoria d’elles de manera clandestina, en clots excavats dins i fora dels cementiris. Els investigadors apunten que altres persones van ser llançades a pous i simes. Amb tot, s’estima que més de 1.700 víctimes continuen desaparegudes arreu del territori balear.

Després de la intervenció de la diputada conservadora, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respost que la memòria “no és una qüestió individual”. “La memòria es construeix com un fet social i col·lectiu, i en aquest país, durant quaranta anys, es va intentar construir una memòria de bons i dolents en què es va culpabilitzar sistemàticament les persones derrotades del bàndol republicà. I vostès no poden entendre que no només cal recuperar els cossos de les persones que van ser assassinades i torturades durant la guerra civil, sigui quin sigui el seu bàndol. Cal recuperar la memòria de totes les persones que durant 40 anys van lluitar per la llibertat”.

Després de la votació, els diputats de Vox han aplaudit mentre els del PP, tot i haver donat suport a l’eliminació, han romàs en silenci, fet que ha portat alguns diputats de l’esquerra a qualificar-los de “covards” des dels seus escons. “Ara no aplaudiu?”, els han etzibat. Entre els diputats de l’extrema dreta han predominat les abraçades i els gestos d’alegria, primer des dels seus escons i després als passadissos del Parlament de les Illes Balears, on s’han trobat amb el diputat al Congrés Jorge Campos, qui havia seguit el debat des de la tribuna de convidats. El mateix Campos ha estès la mà a Marga Prohens, qui li ha correspost amb una encaixada. Per la seva banda, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha fet dos besos a la presidenta balear, mentre que el diputat Sergio Rodríguez ha encaixat la mà amb el líder parlamentari dels populars, Sebastià Sagreras.

En un moment donat, la presidenta de l’entitat Memòria de Mallorca s’ha acostat a Prohens, sobre la taula de la qual ha dipositat un mocador amb el lema “Justícia, reparació i no repetició”, un dels lemes del moviment memorialista. El gest, silenciós i breu, ha servit com a símbol de protesta de les víctimes davant la derogació de la llei. La presidenta del Govern, però, ha recollit immediatament la peça i l’ha guardada a la butxaca.

Fites de la llei de memòria

Entre altres fites, la llei balear de memòria democràtica havia permès delimitar i ampliar la consideració de víctimes de la guerra civil i la dictadura: no només havia possibilitat reconèixer persones represaliades directament, sinó també organitzacions socials, professionals o culturals, partits polítics, sindicats, lògies maçòniques, moviments feministes o col·lectius LGTBI, així com víctimes de bombardejos, nadons robats o persones perseguides per motius ideològics.

Sota l’empara d’aquesta normativa també es va declarar la nul·litat de ple dret de totes les sentències i resolucions dictades per raons polítiques en causes penals, civils o administratives durant la dictadura a les illes, una mesura simbòlica destinada a reparar jurídicament aquells que van ser condemnats per tribunals franquistes. La llei també va introduir mesures en l’àmbit educatiu per garantir la transmissió d’aquest període històric a les noves generacions. Entre altres disposicions, establia la incorporació de la memòria democràtica als currículums escolars, l’impuls de programes pedagògics sobre el conflicte bèl·lic i el règim franquista, així com activitats d’investigació i divulgació en col·laboració amb centres educatius i universitats.

Mentrestant, a l’empara d’aquesta norma es van crear els Espais i itineraris de la Memòria i Reconeixement Democràtics com a nova figura de protecció a l’arxipèlag, es va declarar el 29 d’octubre com a data simbòlica de record i reivindicació dels valors democràtics i de la lluita per la llibertat, i es va elaborar un cens de símbols i mencions franquistes.

PP y Vox han culminado este martes uno de los compromisos políticos asumidos por ambos partidos al inicio de la legislatura en Balears: la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. La votación llevada a cabo en el Parlament ha supuesto la eliminación definitiva de una de las primeras normas aprobadas a nivel estatal en esta materia, la que por primera vez en el archipiélago articuló un marco institucional para investigar los crímenes del franquismo y el reconocimiento público de quienes fueron represaliados tras el golpe militar de 1936. El archipiélago se suma así a las Comunidades Autónomas que, gobernadas por populares y extrema derecha, ya han tumbado sus textos memorialistas, sustituidos en algunos casos por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. 

A pesar de que en diciembre de 2024 los conservadores alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa balear, tan solo medio año después incumplieron su compromiso al pactar nuevamente con Vox su eliminación a cambio de granjearse el apoyo de los de Santiago Abascal para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Este martes, lejos de expresar cualquier tipo de condena a la sublevación fascista y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, PP y Vox han sumado sus votos para echar abajo un documento que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Mientras a las puertas de la Cámara un centenar de personas se manifestaban contra la eliminación de la ley, en el hemiciclo la bancada de la izquierda exhibía fotografías de víctimas del franquismo y cargaba con dureza contra la derogación y contra la “asunción”, por parte de los populares, de los postulados de la extrema derecha “por un puñado de votos para seguir gobernando”. “Han quedado desdibujados como partido democrático”, les ha recriminado el diputado de Unides Podem, José María García, quien ha lamentado que la supresión no solo afecta a las víctimas del franquismo, sino al conjunto del sistema democrático. “Con la derogación de las leyes de memoria democrática no solo pierden las víctimas y sus familiares: perdemos todas y todos, y también pierde la democracia”, ha subrayado, reprochando al PP que utilice su mayoría parlamentaria para eliminar una ley que, tal como ha defendido la oposición, fue fruto de un consenso previo.

“La historia es clara: cuando la derecha moderada asume el marco ideológico de la extrema derecha por miedo a perder votos, no lo detiene, lo legitima. Y a menudo lo fortalece”, ha expresado por su parte la diputada de Més per Mallorca Joana Gomila, aseverando que sus palabras no son paralelismos “simplistas”, sino un recordatorio de que Europa “ya ha recorrido este camino antes y sabe perfectamente dónde acaba cuando nadie se atreve a hacer frente a tiempo”.

En esta misma línea, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha calificado la jornada como “un día triste para este Parlament y para esta sociedad”, reprochando a los populares que cedan ante la ultraderecha para modificar un marco legal que, ha recalcado, formaba parte de los consensos básicos de la convivencia democrática. Negueruela también ha reivindicado la importancia de mantener las políticas públicas de memoria para explicar en las escuelas lo ocurrido durante la dictadura y evitar que se repita, al tiempo que ha incidido en que las leyes de memoria no buscan reabrir conflictos, sino garantizar que las nuevas generaciones conozcan los hechos y comprendan la gravedad de las vulneraciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo.

“Jamás van a callar ni a borrar a las víctimas”

“Pero les digo una cosa” -ha advertido-: “Les aseguro que por muchas leyes que deroguen jamás borrarán los grandes horrores que se hicieron, jamás van a callar ni a borrar a las víctimas. Verán sus rostros las veces que hagan falta, aquí o en el Consolat de Mar [sede de la Presidencia balear-, para que la presidenta [Marga Prohens] vea lo que supone la derogación”. Una apelación que la líder autonómica del PP no ha podido escuchar dado que no ha estado presente durante el debate y tan solo ha acudido para participar en la votación. “Hoy escuchamos crueldad y rabia en un parlamento democrático que no requiere ni de crueldad ni de rabia”, ha continuado, lamentando que lo vivido en el hemiciclo “es el dolor de muchas personas que no entienden qué rabia hay que tener para atentar contra una ley como esta, que lo único que exige es reparación y justicia”. En su opinión, la derogación de la normativa “es una traición a la democracia y a la palabra”.

Frente a las manifestaciones de la izquierda, el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha defendido la derogación de la ley de memoria democrática recurriendo a la narrativa habitualmente enarbolada por la extrema derecha y rechazada por el consenso historiográfico: que el gobierno del Frente Popular surgido tras las elecciones de febrero de 1936 carecía de “legitimidad de origen” porque “medio centenar de votos fueron robados” en la comisión de actas del Congreso.

A pesar de que el golpe militar contra la Segunda República llevaba meses preparándose por parte de amplios sectores del Ejército y de la derecha autoritaria, y de que la represión se prolongó de forma sistemática durante décadas, el parlamentario de extrema derecha ha presentado el asesinato del dirigente monárquico José Calvo Sotelo como el “pistoletazo de salida” de la contienda y ha aseverado que en ambos bandos hubo víctimas, como las de “Paracuellos del Jarama”, recordando a quienes fueron “asesinados por las hordas rojas” para sostener, de este modo, que las leyes de memoria democrática ignoran a estos últimos.

Vox: “Están muy acostumbrados a sacar pecho por los asesinos”

En su segunda intervención, Rodríguez ha elevado el tono del debate, acusando a los socialistas de reivindicar a figuras históricas a las que ha considerado responsables de episodios violentos, entre quienes ha citado al fundador del PSOE y de UGT, Pablo Iglesias, o el exdirigente socialista Francisco Largo Caballero, a quien ha señalado como “uno de los máximos responsables de llegar a la guerra civil por sus declaraciones incendiarias, por su participación en la Revolución de Asturias y, por supuestísimo, en la represión que se produjo en el bando republicano durante los primeros meses de la guerra civil”. “Ustedes están, por lo que veo, muy acostumbrados a sacar pecho por los asesinos”, ha espetado.

El diputado ha finalizado mostrando en el hemiciclo una fotografía de su bisabuelo, quien -según ha explicado- fue maître del Hotel Ritz Barcelona. “Lo fueron a sacar una noche de su casa y le pegaron un tiro”. “Y este es su hijo, mi tío Salvador”, ha continuado exhibiendo otra imagen: “19 años y sin ninguna participación política de ningún tipo. Su cuerpo debe de estar todavía en alguna cuneta, porque no lo hemos recuperado”. “¿Y cómo se creen que me siento yo como víctima cuando ustedes hacen actos de reconocimiento, estatuas y le ponen calles a Lluís Companys?”, ha abundado, calificando de “asesino” al expresidente de la Generalitat de Catalunya y considerándolo “responsable de los asesinatos de mis familiares”.

“En el fondo, lo único que quieren ustedes es blanquear al partido del que son ustedes directamente herederos. Porque aquí no hay ni falangistas, ni carlistas, ni ningún participante en el bando nacional de la guerra civil”, ha manifestado, para terminar tachando de “asesinos” a “todos los responsables de la barbarie roja en la retaguardia republicana, mayoritariamente socialista”.

Tras las palabras de Rodríguez, Negueruela ha tomado la palabra para reprobar las palabras de Rodríguez e invocar el reglamento de la Cámara. “Le recuerdo unas palabras suyas en la Junta de Portavoces de la semana pasada” -ha señalado dirigiéndose al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox)- “en la que usted nos dijo a todos que no toleraría según qué comentarios dirigidos a grupos o a partidos”.

“Decir que el Partido Socialista es un partido de asesinos es una falsedad histórica. Es una falsedad propia de una persona que no tiene el más mínimo respeto y que se cree superior al resto de las personas que forman parte de esta Cámara”, ha proseguido el portavoz del PSIB, quien ha emplazado a Le Senne -quien se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio por romper en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo- a retirar las acusaciones vertidas por Rodríguez. El máximo responsable de la Cámara legislativa no ha accedido a ello.

El PP reivindica las víctimas del bando franquista

Por parte del PP, la diputada Cristina Gil ha mostrado su apoyo a la iniciativa de Vox al considerar que la ley de memoria “no une, sino que separa y enfrenta”. “La memoria es individual y ninguna ley, salvo en las dictaduras más abyectas, se puede imponer”, ha argumentado, acusando a la izquierda de obviar la memoria de las víctimas que no comulgan con su ideología. “¿Son víctimas de segunda? ¿Son nombres sin memoria?”, se ha preguntado. “Bajo el pretexto de una ley que sí que es cierto que podía ser justa en su inicio se ha llevado a cabo una verdad oficial, la del lado bueno de la historia que repiten ustedes a modo de mantra marxista”, ha sostenido, para acto seguido deslizar que la normativa memorialista nunca ha sido una “prioridad” para su partido. Para el PP, ha aseverado, la verdaderamente importante, y que por lo tanto la que sí seguirá vigente, es la ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como la 'ley de fosas'-, aprobada por unanimidad en 2016.

Se trata de una norma que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas del franquismo -de las que han sido identificadas más de 50- que fueron asesinadas de forma violenta y enterradas la mayoría de ellas de forma clandestina en hoyos excavados dentro y fuera de los cementerios. Los investigadores apuntan a que otras personas fueron lanzadas a pozos y simas. Se estima, con todo, que más de 1.700 víctimas continúan desaparecidas a lo largo del territorio balear.

Tras la intervención de la diputada conservadora, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha respondido que la memoria “no es una cuestión individual”. “La memoria se construye como un hecho social y colectivo, y en este país, durante cuarenta años se intentó construir una memoria de buenos y de malos en la que se culpó sistemáticamente a las personas derrotadas del bando republicano. Y ustedes no pueden entender que no solo hace falta recuperar los cuerpos de las personas que fueron asesinadas y torturadas durante la guerra civil, sea cual sea su bando. Hace falta recuperar la memoria de todas las personas que durante 40 años lucharon por la libertad”.

Tras la votación, los diputados de Vox han aplaudido mientras los del PP, pese a respaldar la eliminación, permanecían en silencio, lo que ha llevado a algunos diputados de izquierdas a calificarles de “cobardes” desde su bancada. “¿No aplaudís ahora?”, han proferido. Entre los diputados de la extrema derecha han primado los abrazos y las caras de alegría, primero desde sus escaños y después en los pasillos del Parlament, donde se han encontrado con el diputado en el Congreso Jorge Campos, quien ha seguido el debate desde la tribuna de invitados. El propio Campos le ha tendido la mano a Prohens, quien le ha correspondido con un apretón. Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, le ha dado dos besos a la presidenta balear, mientras que el diputado Sergio Rodríguez ha estrechado la mano al líder parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras.

En un momento dado, la presidenta de la entidadad Memòria de Mallorca se ha acercado a Prohens, en cuya mesa ha depositado un pañuelo con las insignias “Justicia, reparación y no repetición”, uno de los lemas del movimiento memorialista. El gesto, silencioso y breve, ha servido como símbolo de protesta de las víctimas frente a la derogación de la ley. La presidenta del Govern, sin embargo, ha recogido de inmediato la pieza y la ha guardado en el bolsillo.

Hitos de la ley de memoria

Entre otros hitos, la ley balear de memoria democrática ha permitido delimitar y ampliar la consideración de víctimas de la guerra civil y la dictadura: no solo ha posibilitado reconocer a personas represaliadas directamente, sino también a organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o colectivos LGTBI, además de víctimas de bombardeos, bebés robados o personas perseguidas por motivos ideológicos.

Bajo el amparo de esta normativa también se declaró la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones dictadas por razones políticas en causas penales, civiles o administrativas durante la dictadura en las islas, una medida simbólica destinada a reparar jurídicamente a quienes fueron condenados por tribunales franquistas. La ley también introdujo medidas en el ámbito educativo para garantizar la transmisión de este periodo histórico a las nuevas generaciones. Entre otras disposiciones, establecía la incorporación de la memoria democrática en los currículos escolares, el impulso de programas pedagógicos sobre el conflicto bélico y el régimen franquista, así como actividades de investigación y divulgación en colaboración con centros educativos y universidades.

Mientras tanto, al socaire de esta norma fueron creados los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos como nueva figura de protección en el archipiélago, fue declarado el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, y fue confeccionado un censo de símbolos y menciones franquistas.

El Gobierno de España ha modificado en tiempo récord una ley estatal para garantizar el reconocimiento de víctima de la represión policial a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. La reforma legal garantiza a su familia una indemnización de 250.000 euros por el fallecimiento del muchacho, símbolo de la lucha andalucista.

A través de una reforma ad hoc de la Ley de Memoria Democrática, impulsada políticamente por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, el Gobierno de PSOE y Sumar se corrige a sí mismo en apenas una semana. El martes pasado, la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, comunicó por carta a la familia que denegaba la condición de víctima del terrorismo de Estado a García Caparrós, alegando que su caso “no tenía encaje” en la ley.

Para enmendar esa decisión, que desató un terremoto político en la izquierda andaluza a las puertas del 28F (Día de Andalucía), no se ha modificado la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que dejaba fuera a García Caparrós, sino la Ley de Memoria Democrática, ampliando el periodo de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del tardofranquismo o, en este caso, de los primeros años de la Transición y el proceso autonomista.

La primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, y el Real Decreto ley aprobado este martes amplía el periodo hasta el 29 de diciembre de 1978, cuando entra en vigor la Constitución Española. Sin embargo, esta prolongación del plazo legal no es la que mete dentro a García Caparrós, puesto que él fue asesinado el 4 de diciembre del 77 y ya estaba dentro del periodo recogido en la legislación anterior.

La reforma legal que acaba de aprobar el Consejo de Ministros recoge un artículo único, que modifica la segunda Ley de Memoria Democrática (2022), y añade seis disposiciones finales. Es en esas disposiciones donde se incluye el derecho a una indemnización “a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes”, siempre que no hubieran sido ya indeminizadas con la primera Ley de Memoria.

La Ley de Memoria de 2022 suprimió las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, recogidas en el artículo 10 de la ley anterior. El Real Decreto ley recupera esas ayudas, con 250.000 euros por víctima fallecida (la misma cantidad que contempla la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que es la que esgrimieron las hermanas de García Caparrós para exigir una compensación al Estado).

La reforma legal incluye como perceptores de las ayudas a hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad, y añade la posibilidad de concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en caso de gran invalidez. Estas ayudas no podrán recibirlas “quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas”.

Las hermanas García Caparrós -Purificación, Dolores y Francisca- tienen ahora un año de plazo para presentar la solicitud de su indemnización, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros. Al tratarse de un Real-Decreto ley, lo dispuesto en la norma entra en vigor de inmediato (en cuanto se publique en el BOE), pero deberá ser convalidado por el Congreso en 15 días. Entonces, serán los grupos quienes se retraten votando a favor o en contra.

El PSOE andaluz, que anunció la semana pasada en el Parlamento esta modificación ad hoc de la Ley de Memoria, ya ha conminado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a que ejerza su influencia en el PP de Alberto Núñez Feijóo para que todos sus diputados voten a favor en la Cámara Baja, garantizando así el reconocimiento como víctima de García Caparrós y la compensación económica a sus hermanas, que llevan reclamando casi 50 años.

La decisión del Ministerio de Interior de denegar la condición de víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la Policía en la manifestación por la plena autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, ha cimbreado por sorpresa la relación de los socios de Gobierno [PSOE y Sumar] y enfrentado a las izquierdas.

El terremoto político que ha provocado este asunto en Andalucía, a las puertas del 28F y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ha obligado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a salir al paso para calmar las aguas con una propuesta sorprendente: volver a reformar la Ley de Memoria, recuperando un artículo derogado de la versión anterior (de 2007), para dar encaje al caso de García Caparrós como “víctima del franquismo” y así poder indemnizar y resarcir a su familia.

La resolución de la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, adelantada por elDiario.es el martes, fue comunicada por carta a las hermanas del joven malagueño en la antesala del Día de Andalucía (este sábado), desatando una sonora bronca entre los partidos del espacio progresista, con cruce de reproches entre diputados de Adelante Andalucía, Por Andalucía (IU, Sumar) y el PSOE.

Los del partido fundado por Teresa Rodríguez han llegado a pedir la dimisión del ministro del Interior y han exigido a Sumar que se salga del Gobierno de Pedro Sánchez. “Después decimos que si le regalamos el andalucismo a la derecha, si es que se la ponemos botando”, ha dicho el portavoz de Adelante, José Ignacio García, desde la tribuna del Parlamento, durante la sesión plenaria de este jueves. Destacados dirigentes de IU, como Antonio Maíllo, y de Sumar, han tildado el rechazo de Interior de “vergonzoso” y han exigido a Sánchez que “cumpla con el compromiso con la familia Caparrós”.

Los diputados socialistas han tenido que improvisar una justificación al portazo del Gobierno, anunciando una iniciativa en el Parlamento andaluz para que sea el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno quien gestione el reconocimiento de García de Caparrós como víctima del Estado, en el marco de la Ley andaluza de Memoria.

El PSOE-A ha culpado de la negativa de Interior a “una ley de Rajoy”, en alusión a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), que es la que ha esgrimido el Ministerio para concluir que los hechos que concurren en la muerte de García Caparrós, “aún siendo execrables” y de “extrema gravedad”, “no tienen encaje en la ley”.

Los dos supuestos que establece la norma para obtener el reconocimiento de víctima del terrorismo y, por ende, tener acceso a ayudas e indemnizaciones por parte del Estado están tasados en la ley y no se cumplen en el caso del joven malagueño: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

El revuelo político en Andalucía, en la semana del 28F y a cerca de unas elecciones autonómicas inminentes, ha salpicado a la líder del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Montero se había reunido con las hermanas de Caparrós -Purificación, Francisca y Dolores- después de que el Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE y Sumar, desclasificase el pasado noviembre el expediente secreto del asesinato del joven sindicalista, bajo llave durante 49 años en los archivos de la Cámara baja. Una reinvindicación de la familia desde hace casi medio siglo.

El eco de la algarabía que se ha montado en Andalucía ha llegado hasta el Congreso, donde Marlaska ha tenido que salir al paso y ha defendido que la citada Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que data de 2011, impide reconocer a García Caparrós como tvíctima del terrorismo de Estado, como ha resuelto un informe jurídico, a petición de la Dirección General de Víctimas.

No obstante, el ministro ha propuesto una solución, indicando que el caso del joven sindicalista parece más propio del artículo 10 de la primera Ley de Memoria Histórica (2007), que fue derogado en la segunda Ley de Memoria Histórica y Democrática (2022). Por eso ha sugerido al Congreso una reforma urgente de esa ley que permita un resarcimiento a la familia de García Caparrós, con la que dice estar de acuerdo.

Marlaska defiende que el malagueño muerto por un disparo de Policía en una manifestación autonomista en el 77 debe ser reconocido como “víctima de persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”, como recoge el citado artículo de la Ley de Memoria, que serviría para “promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal”. Para que su familia accesa a esa indemnización, sería preciso recuperar el artículo 10 derogado de aquella ley de 2007.

El ministro ha sido preguntado por el portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, por la decisión del Ministerio de denegar la condición de víctima del terrorismo al joven sindicalista. La ley reconoce esa condición a “cualquier víctima de un grupo que intenta poner en tela de juicio, los valores democráticos”, como un grupo terrorismo armado, ha explicado.

Y por eso hace dos o tres años se dio el reconocimiento de víctima del terrorismo a Vicente Cuervo, que también fue asesinado en una manifestación en 1980, pero en su caso por parte de un grupo terrorista de extrema derecha. En cambio, García Caparrós recibió el disparo mortal de la Policía Armada, y su caso jurídicamente no tiene amparo legal en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011, ha añadido el ministro.

Sí tendría encaje en la primera Ley de memoria, la que se hizo en 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que en su artículo 10 permitía reconocer una indemnización a los fallecidos en defensa de la ley y la democracia desde 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, informa Europa Press.

Pero la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue modificada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 con la Ley de Memoria Democrática, y ese artículo 10 quedó derogado sin que hasta ese momento constara ninguna reclamación por parte de la familia. Así las cosas, Marlaska considera que la solución a este caso sería acometer una “reforma urgente” de la Ley de Memoria de 2022 para volver a incorporar lo que establecía el artículo 10 de la de 2007. “Esa posibilidad está en sus manos --ha dicho a los grupos parlamentarios--, y yo lo entendería más que oportuno. Creo que sería la vía más rápida”.

El titular de la plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega ha declarado que el torrelaveguense José Bolado Álvarez fue condenado en marzo de 1939 a 30 años de reclusión mayor “sin quebrantar ley alguna y por su ideología política”, ya que estaba afiliado al Partido Comunista.

El magistrado atiende así a la solicitud de la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria, que promovió un expediente de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial sobre hechos pasados.

Según se recoge en la resolución e informa Europa Press, Bolado Álvarez “fue sometido a un juicio sumarísimo” y condenado en un Consejo de Guerra celebrado en Santander “con exclusión o negación absoluta de cualquier derecho de defensa, sin poder aportar prueba alguna o hacer alegaciones”.

El magistrado añade que “fue arbitrariamente privado de libertad seis años, cuatro meses y trece días”, que “no cometió delito alguno” y que “se le sometió a una privación de libertad injusta e inhumana”.

Según el auto y tal y como pone de manifiesto el ministerio fiscal, José Bolado Álvarez fue detenido en Torrelavega e ingresado en prisión en mayo de 1938. Diez meses después, fue sometido a un Consejo de Guerra y condenado por el delito de adhesión a la rebeldía. En 1944 se le concedió la libertad condicional y en 1957, la definitiva.

José Bolado Álvarez “fue sometido a trabajos forzados” en Talavera de la Reina (Toledo) y, una vez concedida la libertad, “fue controlado personalmente durante muchos años”, ya que tenía que presentarse semanalmente en la comisaría de Torrelavega. Además, cuando Franco visitaba Cantabria, “era específicamente controlado por las fuerzas del orden”.

Animadversión del órgano sentenciador

Tras valorar la prueba documental aportada -en especial, la sentencia condenatoria-, el magistrado señala que “no procede otra cosa que la estimación de la pretensión esgrimida por el ministerio fiscal”.

Y es que la sentencia que le condenó “está carente de valoración de elemento probatorio de cargo en su contra” y “tampoco se aprecia en la misma que el señor Bolado haya contado con el más mínimo derecho de defensa”.

Además, la misma “emplea contra él una serie de calificaciones o adjetivos, tales como 'vago, maleante y matón', que además de arbitrarios denotan la animadversión del órgano sentenciador hacia el mismo, por motivos que no pueden ser otros que políticos, esto es, por su afiliación al Partido Comunista”.

“De lo cual solo puede concluirse, como se ha manifestado por el ministerio fiscal, la arbitrariedad, injusticia y vulneración de los más elementales derechos de defensa de la sentencia condenatoria dictada frente al mismo”, añade el magistrado.

Trato vejatorio

Por último, señala el auto que además de la privación de libertad sufrida, “fue sometido tanto a trabajos forzados como a trato vejatorio”, tal y como lo atestigua su hijo, que compareció en la vista oral de este procedimiento. En concreto, afirmó que “en varias ocasiones su padre fue obligado a acudir a misa, pese a no profesar religión alguna”.

A lo que se añade que “durante años era sometido a estricto control, teniendo que acudir todos los domingos a firmar al cuartel” y siendo “expresamente controlado cuando el dictador Franco o su sucesor por él designado, el príncipe Juan Carlos, acudían a Cantabria”.