ANPE Cantabria y SATSE han presentado este martes en Santander la campaña 'Aulas Sanas', una iniciativa conjunta para promover hábitos saludables y mejorar la salud física y emocional del profesorado de la enseñanza pública lo que a su juicio se conseguir con más recursos frente al estrés y el burnout docente y con la implantación de la enfermera escolar.

Con 'Aulas Sanas', ANPE Cantabria y SATSE quieren situar la salud y el bienestar en el centro de las políticas educativas y para ello, la campaña combina acciones concretas de prevención, formación y apoyo emocional con una reivindicación de fondo: los centros educativos necesitan recursos suficientes para cuidar tanto de la salud del profesorado como de la del alumnado.

Ambas organizaciones confían en que esta iniciativa contribuya a abrir nuevas vías de colaboración con la Administración y a avanzar hacia una educación pública más saludable, segura e inclusiva.

Según han explicado en rueda de prensa, la campaña surge en un contexto de creciente preocupación por la salud mental en los centros educativos. El estudio estatal 'Diagnóstico de la salud mental en las aulas', realizado por ANPE y SATSE a partir de 6.221 encuestas a docentes, familias y enfermeras escolares, revela que el 93,3% del profesorado consultado percibe un aumento de los problemas de salud mental entre el alumnado, mientras que el 86,1% de las enfermeras escolares encuestadas atiende a estudiantes con diagnósticos relacionados con la salud mental.

A esta situación se suma el deterioro del bienestar emocional de los docentes. La memoria más reciente del Defensor del Profesor de ANPE correspondiente al curso 2024-2025 a nivel estatal recoge 2.004 casos atendidos durante ese año y 46.321 docentes apoyados a lo largo de los veinte años de funcionamiento del servicio.

Entre los profesionales atendidos durante el último curso, el 71,3% ha padecido ansiedad, el 17,3% ha tenido una baja médica y el 11,7% ha sufrido depresión. En Cantabria se atendieron 19 casos en total, con un incremento del 17% en los de ansiedad y un 13% en casos de incapacidad temporal.

Ante esta realidad, 'Aulas Sanas' apuesta por la prevención y el apoyo al profesorado mediante diferentes actuaciones. En concreto, la campaña incluye la difusión de vídeos divulgativos elaborados por profesionales de enfermería y docentes, el taller del ciclo de bienestar e inteligencia emocional 'Los jueves me atiendo yo', que se desarrolla del 8 de octubre al 3 de diciembre, un curso de primeros auxilios previsto para el 19 de noviembre y un servicio de atención emocional dirigido al profesorado.

Más recursos

Los datos de ambos estudios apuntan a la necesidad de adoptar medidas que vayan más allá de la atención individual. Según el diagnóstico sobre salud mental en las aulas, el exceso de burocracia es uno de los principales factores que afectan al bienestar psicológico del profesorado, señalado por el 80,2% de los encuestados. Le siguen el número de alumnos por aula (70,9%) y los problemas de convivencia (70,8%).

Además, el 90,9% afirma que la Administración educativa no contempla recursos o programas de apoyo a la salud mental del profesorado en el lugar de trabajo.

La memoria del Defensor del Profesor también alerta del aumento de determinados conflictos. Durante el curso 2024-2025 se registraron 320 casos de faltas de respeto de familiares al profesorado, frente a los 313 del curso anterior, y las presiones para modificar calificaciones aumentaron de 136 a 162 casos.

Ante esta situación, ANPE Cantabria y SATSE solicitarán reuniones con los consejeros de Educación y de Salud de Cantabria, Sergio Silva y César Pascual, para trasladarles su preocupación por el incremento del estrés y del síndrome de burnout entre los docentes y plantear medidas de prevención y apoyo institucional.

Ambos sindicatos consideran prioritario reducir la carga burocrática, reforzar los recursos humanos y materiales de los centros y establecer mecanismos de apoyo que permitan prevenir el deterioro de la salud emocional del profesorado.

Enfermera escolar

La otra gran reivindicación de la campaña es la incorporación de la enfermera escolar a los centros educativos de Cantabria, una figura que ambos sindicatos consideran fundamental tanto para atender al alumnado con enfermedades crónicas como para prevenir problemas de salud y fomentar hábitos saludables desde la infancia.

El 95,5% del profesorado consultado en el estudio estatal considera necesario que un profesional sanitario atienda de forma regular e integral la salud física y mental del alumnado en los propios centros educativos. Sin embargo, el 53,3% afirma que en su centro no existen protocolos de prevención, detección y formación sobre salud mental del alumnado.

La enfermera escolar puede contribuir a detectar señales de alarma, prevenir conductas de riesgo y coordinar la atención con los equipos docentes, de orientación y los profesionales sanitarios, a juicio de los sindicatos. También afirman que desempeña un papel esencial en el cuidado de niños y niñas con enfermedades crónicas que necesitan atención durante la jornada escolar.

Ante estos hechos, ANPE Cantabria y SATSE advierten de que la ausencia de esta figura “genera desigualdades” y puede dificultar la plena inclusión de algunos estudiantes. Por ello, reclaman a la Administración que avance hacia su implantación generalizada, garantizando una atención sanitaria adecuada y oportunidades educativas en condiciones de igualdad.

Un Tribunal de Instancia de San Sebastián ha reconocido que dos periodos de baja con diagnóstico de ansiedad de un trabajador de la empresa CAF se consideran accidente de trabajo, ha constatado elDiario.es y ha informado el sindicato CCOO, como recoge Europa Press. La sentencia es recurrible en instancias superiores.

El tribunal considera probado que CAF introdujo un cambio de sistema de trabajo que “acarreó sobrecarga por falta de personal” que afectó no sólo al trabajador, sino también al resto del personal que trabajaba en su sección, deduciéndose que “sufrió esta situación de ansiedad con motivo de su situación laboral”, recoge la sentencia.

El afectado del centro de trabajo de Beasain de la empresa CAF estuvo de baja por ansiedad entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, y de nuevo entre abril y septiembre de 2023, siendo el segundo periodo una recaída.

La resolución judicial concluye igualmente que “la problemática laboral fue la que causó el estado de ansiedad” del trabajador, lo que derivó tanto en el primer periodo de baja como en la posterior recaída del mismo.

Recaída tras volver al mismo puesto

CCOO ha incidido en que, tras el primer periodo de baja, “se le vuelve a ubicar en el puesto de trabajo que había generado el problema”, lo que a juicio del sindicato muestra “cuando menos negligencia por parte de la empresa”.

Tras esta recaída se le cambia de puesto, y como también la sentencia corrobora, desde la reubicación del trabajador en otra área de la empresa “no ha habido recaídas”.

Asimismo, ha apuntado que Osakidetza (el servicio vasco de salud), por su parte y “aparte de referirse en todo momento al origen laboral de la patología”, no ha encontrado “ningún antecedente de trastorno de ansiedad o depresión, ni tampoco posibles causas que los motivasen”.

Crítica al servicio de prevención de riesgos laborales

El sindicato ha hecho una valoración negativa de la actuación del departamento médico del servicio de prevención de CAF. “Siendo como es la empresa una autoaseguradora, este departamento no tramitó la baja por contingencia profesional del trabajador alegando, siempre según lo recogido en le sentencia, no poder demostrarse la existencia de acoso laboral”, ha agregado.

CCOO insta por ello a CAF y a su servicio de prevención a “no circunscribir las patologías psicosociales derivadas del trabajo a las relacionadas con el acoso moral”, puesto que “se dan más causas como el exceso de carga de trabajo o el deficiente reparto de la misma”.

En su opinión, la prevención de riesgos psicosociales “está fallando estrepitosamente en muchas empresas” y exige, entre otras cosas, “análisis exhaustivos de cómo se reparte la carga de trabajo y cuáles son los puestos y personas que están sobrecargados”. “La situación es muy grave si hay trabajadores que a los que se les prescriben bajas de un año debido a los perjuicios psicosociales que les genera el trabajo”, ha concluido.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, ha organizado hoy, día 29, la jornada técnica ‘¿Está preparada su empresa para prevenir y actuar ante un infarto o un ictus? Claves para crear entornos de trabajo cardioseguros y cerebroprotegidos’, con el objetivo de abordar la prevención y actuación ante las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares en el ámbito laboral.

“Queremos trasladar a las empresas que la prevención de las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares forma parte también de la protección de la salud de las personas trabajadoras”, ha explicado la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, durante la inauguración de la jornada en el Centro Tecnológico de La Rioja ‘La Fombera’. Además de la identificación y control de los factores de riesgo, “la preparación ante una emergencia resulta fundamental”. “Reconocer los síntomas de un infarto o un ictus y actuar con rapidez puede resultar determinante, por lo que disponer de personas trabajadoras formadas y de protocolos de actuación adecuados contribuye a mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones”, ha apuntado.

Esta iniciativa, que pretende proporcionar a empresas y profesionales herramientas y conocimientos para mejorar la prevención, la detección y la actuación ante situaciones de emergencia relacionadas con el corazón y el cerebro, cuenta con la colaboración de la Dirección General de Salud Pública, Ibermutua y la Fundación Freno al Ictus.

La jornada cobra especial relevancia a la vista de los datos registrados en La Rioja. Entre 2021 y 2025, se produjeron 39 accidentes de trabajo en jornada laboral -excluidos los accidentes in itinere- por patologías no traumáticas, entre las que se incluyen infartos, derrames y otras afecciones de naturaleza cardiovascular o cerebrovascular. Doce de ellos tuvieron un resultado mortal.

El análisis de estos accidentes muestra que el grupo de edad con mayor número de casos fue el comprendido entre los 50 y 54 años, con doce accidentes, el 30,8 % del total. Le siguen los grupos de 45 a 49 años y de 55 a 59 años, con seis accidentes cada uno. 31 de los 39 accidentes correspondieron a hombres y ocho a mujeres. 

Por sectores de actividad, el sector servicios concentró 25 de los 39 accidentes registrados entre 2021 y 2025, el 64,1 % del total. De estos, diez tuvieron resultado mortal, seis fueron graves y nueve leves. La industria registró nueve accidentes, uno de ellos mortal, mientras que en construcción se produjeron tres accidentes, uno de ellos mortal, y en agricultura se contabilizaron dos.

En cuanto a la ocupación, destaca especialmente el grupo de conductores y operadores de maquinaria móvil, que acumuló once accidentes, el 28,2 % del total, con cuatro casos graves y otros cuatro mortales.

Siete accidentes registrados hasta julio de 2026

Entre enero y julio de 2026, se han registrado en La Rioja siete accidentes de trabajo por patologías no traumáticas, todos ellos sufridos por hombres. Dos de estos accidentes tuvieron resultado mortal.

Tres de los accidentes correspondieron a trabajadores de entre 60 y 64 años, dos a trabajadores de 55 a 59 años, uno al grupo de 50 a 54 años y otro al de 40 a 44 años. En función del sector de actividad, tres accidentes correspondieron a trabajadores de la industria, dos a la construcción y otros dos a los servicios.

En este periodo, los accidentes afectaron a trabajadores de distintas ocupaciones: supervisores en ingeniería de minas, industrias manufactureras y construcción; empleados administrativos con tareas de atención al público; personal de seguridad privada; albañiles; operadores de instalaciones para el tratamiento y transformación de la madera, fabricación de papel y otros materiales; y peones de la construcción y la minería.

Repartir el correo en un pueblo no consiste únicamente en recorrer sus calles y dejar cartas en los buzones. Para un cartero rural, la jornada puede comenzar en una oficina, continuar al volante durante cientos de kilómetros y llevarle por una sucesión de pueblos separados por carreteras secundarias. Periódicos, cartas, paquetes, trámites de oficina y, cada vez más, también tareas comerciales forman parte de unas obligaciones que los trabajadores aseguran que se ha ido cargando de responsabilidades mientras las plantillas se reducen.

La muerte de Rosana, una cartera rural que falleció mientras realizaba su trabajo, ha vuelto a poner el foco sobre estas condiciones. Los sindicatos reclaman que se investiguen las circunstancias del accidente y que se determine qué ocurrió. Correos, preguntada por las denuncias sindicales, señala que “no hace valoraciones de las manifestaciones de la representación sindical”.

Para Beatriz Pardos, responsable de CSIF Correos en Aragón, lo ocurrido ha sido especialmente duro. “Era una persona muy querida”, señala. Desde el sindicato reclaman una “investigación exhaustiva” que permita conocer las circunstancias del accidente, pero también ponen el foco en el contexto en el que trabajan los carteros rurales. “Lo fundamental es que haya plantilla suficiente”, sostiene Pardos. Según explica, la falta de trabajadores provoca que algunos empleados tengan que asumir rutas más extensas y una mayor carga de trabajo. A ello se suma, según denuncia, el estado de algunos vehículos, que recorren muchos kilómetros y pasan por diferentes manos: “No puede ser que una persona tenga que hacer el trabajo de tres”, expone.

Más pueblos, más kilómetros

José Alegre conoce bien esa realidad. Ha trabajado como cartero rural y actualmente desarrolla su trabajo en Zaragoza. Explica que, a su juicio, el problema viene determinado por la falta de reposición de las plazas que quedan vacantes por jubilaciones y por las dificultades para cubrir bajas y vacaciones. “Si antes un cartero llevaba cinco pueblos, ahora igual tiene que hacer diez”, afirma. Pone como ejemplo la comarca de las Cinco Villas, donde, según relata, dos secciones correspondientes a dos carteros que se jubilaron han acabado siendo asumidas por una sola persona. Y advierte de que la situación puede volver a repetirse con las próximas jubilaciones.

Los carteros rurales también recorren largas distancias con vehículos de la empresa o, en algunos casos, con sus propios vehículos. Alegre denuncia que el kilometraje que reciben quienes aportan coche propio permanece congelado en 0,23 euros por kilómetro, una cantidad que, asegura, no cubre el coste real del uso y mantenimiento del vehículo. “No es solo la gasolina”, explica, también están el desgaste, las averías y las condiciones de las carreteras por las que circulan diariamente.

Los vehículos de Correos tampoco están, según los trabajadores consultados, al margen de los problemas. Alegre recuerda, por ejemplo, el caso de una furgoneta en Aniñón en la que falló el freno de mano y el vehículo acabó vencido. Para los trabajadores, el mantenimiento de la flota está relacionado con la seguridad de unas rutas en las que se pasan muchas horas al volante. Una cartera rural que prefiere mantener el anonimato describe una situación similar. Trabaja con una ruta de unos 15 pueblos y considera que la carga acumulada genera un “estrés” que no siempre resulta visible desde fuera. “No es normal 20 pueblos como Rosana, o yo con 15 pueblos”, afirma.

La dificultad, explica, no está en una única tarea concreta, sino en la acumulación de kilómetros, circular por carreteras secundarias o los horarios de las oficinas. Además, tienen que repartir periódicos que deben llegar diariamente, cartas y paquetes, a lo que se suman nuevas responsabilidades comerciales para vender seguros. “La muerte de Rosana puede ser por un error humano, pero acumulativo por la presión que soportamos”, resume.

La cartera recuerda que “antes podías ir y ponerte a hablar con los vecinos”. Ahora, el ritmo de las rutas hace que muchas veces se vaya “por inercia” de un municipio a otro. En algunas rutas de la provincia de Zaragoza, explica, hay que entrar diariamente en hasta 15 pueblos. En algunos existen además horarios concretos de oficina que obligan a cuadrar los desplazamientos.

Cartas, paquetes y también seguros

A las tareas tradicionales se han sumado otras funciones. Los trabajadores consultados coinciden en señalar la presión para comercializar productos y seguros en los municipios: “Nos presionan para vender seguros”, denuncia Alegre, que considera que mientras existen dificultades para cubrir las rutas y las bajas, la empresa está incorporando nuevas exigencias a los carteros.

Pardos también señala esta cuestión. A su juicio, los trabajadores soportan cada vez “más presión” para hacer más tareas: repartir cartas y paquetes, atender a los usuarios y asumir objetivos comerciales.

Para la cartera que trabaja en una ruta rural, esa presión comercial resulta especialmente difícil de compatibilizar con la propia naturaleza del trabajo. “Quieren que nos paremos a hablar con la gente, vender seguros, ofrecer el servicio”, explica. Pero el tiempo disponible, asegura, cada vez es menor.

Una plantilla envejecida

Desde CSIF apuntan además a la edad de la plantilla. Pardos sitúa la media por encima de los 52 años y reclama medidas para facilitar el relevo generacional. También denuncia la existencia de numerosas jornadas parciales. En las zonas rurales, explica, se necesita que esas jornadas puedan convertirse en jornadas completas para disponer de más trabajadores y repartir mejor la carga. El sindicato reclama salidas voluntarias y una reducción de jornada por debajo de las 35 horas semanales, al considerar que se trata de un trabajo físicamente exigente.

Los trabajadores consultados insisten en que no quieren que la muerte de Rosana quede reducida a una cifra dentro de las estadísticas de accidentes laborales. “No sé cuenta la sobrecarga que llevamos”, resume la cartera que prefiere permanecer en el anonimato. Reclama que se analice el conjunto de circunstancias en las que trabajan quienes recorren cada día las carreteras aragonesas para mantener comunicado al medio rural.

Hay una manera seria de abordar un problema y hay una manera rentable de explotarlo. La patronal española ha elegido la segunda. Desde hace meses, la CEOE repite que el absentismo laboral es un agujero de 33.000 millones de euros, y Alberto Núñez Feijóo ha rematado la faena calificándolo de “cáncer que no podemos pagar” y proponiendo, sin más diagnóstico, recortar la prestación de quienes están de baja. Alarma, brocha gorda y tijera. Lo que merecería un bisturí se despacha con una motosierra.

Empecemos por la brocha gorda. Ese 7,6% de “tasa de absentismo” no mide gente que falta sin justificar: un 6,5% son bajas médicas certificadas por facultativos del sistema público y el resto son permisos reconocidos por ley, como el nacimiento de un hijo o la hospitalización de un familiar. Lo advirtió en julio el Consejo General de Graduados Sociales: bajo la palabra “absentismo” se agrupan realidades distintas, y llamar absentismo a todo por igual pone en peligro derechos laborales. Una baja no es una decisión del trabajador; es una prescripción médica. Quien la rebautiza como fraude no describe un problema: fabrica un culpable.

La cifra estrella merece el mismo escrutinio. Los famosos 33.000 millones no salen de ninguna estadística oficial, sino de estimaciones de AMAT —la asociación de las propias mutuas patronales— y de consultoras con interés comercial en el asunto. Según la fuente, el “coste” baila entre 30.000 y 59.000 millones: no es un dato, es un eslogan. Y su grueso son prestaciones de la Seguridad Social, salario diferido que los trabajadores ya han pagado con sus cotizaciones.

Que las bajas hayan crecido es cierto: según la Encuesta de Población Activa que elabora Eurostat, entre 2018 y 2024 el porcentaje de ocupados ausentes por incapacidad temporal subió un 73% en España, frente al 16% de la UE-27 —un dato de la oficina estadística europea, no de una consultora con intereses en el asunto. Pero antes de gritar “fraude” conviene mirar dónde se concentra ese aumento: solo el 16,6% de los trabajadores acumuló más de una baja en 2023, y ese grupo concentró el 64,5% de las jornadas perdidas. No es un país fingiendo dolores de espalda; es una minoría con procesos crónicos quien carga con la mayor parte, y tiene nombre clínico: dolores de espalda, cuello y articulaciones (32,6%) y salud mental (18,4%), ya primera causa de baja no traumática, mientras cuatro de cada diez empresas ni siquiera evalúan riesgos psicosociales.

El bisturí revela un problema real, que no se llama pereza. Hay más bajas porque las plantillas han envejecido de golpe —los afiliados de 50 a 64 años crecieron un 36,3% entre 2019 y 2025— y un país que celebra trabajar hasta más tarde no puede escandalizarse de que esos cuerpos enfermen más. Y hay bajas más largas porque la sanidad pública acumula 853.509 pacientes en lista de espera quirúrgica, con 121 días de demora media: quien aguarda cinco meses un quirófano no ha elegido su incapacidad; se la han impuesto los recortes sanitarios.

La comparación europea, que la patronal evita, termina de desmontar la premisa. En Alemania, Austria, Bélgica o Noruega, un trabajador enfermo cobra el 100% del salario desde el primer día por mandato legal. En España, el marco legal mínimo hace que pierda tres días completos de sueldo y cobre solo el 60% del cuarto al vigésimo. Feijóo no propone recortar un sistema generoso: propone empobrecer uno de los regímenes menos protectores de Europa occidental. Y el experimento ya se hizo: Alemania recortó esa prestación por ley en 1996, del 100% al 80%. La investigación académica documentó que, aunque redujo las bajas por dolencias no contagiosas, disparó el presentismo entre quienes tenían enfermedades infecciosas, anulando el ahorro en ese terreno. La reforma se revirtió en 1999 y nadie ha vuelto a tocarla.

¿Por qué, entonces, la CEOE elige el alarmismo en lugar del rigor? Porque prefiere controlar antes que prevenir. Es más barato fiscalizar la baja que invertir en que no llegue a producirse, y más barato esperar un recorte legislativo que sentarse a negociar lo que la patronal prefiere no contabilizar: los dos millones y medio de horas extraordinarias semanales que no se pagan, o los casi veinte millones de días perdidos por accidentes de trabajo. La propia posición empresarial delata la impostura: la CEOE no pide menos absentismo, pide dejar de pagar los días 4 a 15 de la baja y trasladar la factura a la Seguridad Social.

El camino serio existe, pero lleva dos años sin recorrerse. La mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal se abrió en diciembre de 2024 y sigue sin acuerdo. El Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, anunciado en febrero para analizar causas en lugar de intercambiar consignas, no ha dado ningún paso más desde entonces. Y del acuerdo de 2023 para que las mutuas aliviaran las listas de espera, solo cinco comunidades autónomas han firmado el convenio. Activar de verdad esas herramientas, reforzar la sanidad pública —porque cada día menos de espera es un día menos de baja— y asumir lo que ya han dictado los tribunales, con el Supremo anulando en 2025 y 2026 las cláusulas que penalizan al trabajador por enfermar, es el camino. Las organizaciones que invierten en la salud de sus plantillas reducen las bajas prolongadas y ganan en productividad: el bienestar no es un gasto, es una inversión.

Un problema con tantas caras exige la paciencia del cirujano, no la euforia del leñador. Exige diálogo social con datos auditables y propuestas que curen. Pero la CEOE no puede disimular que prefiere la comodidad de la motosierra que le ha prometido Feijóo. Con esta actitud, el diálogo social en esta materia se hace imposible.

La Inspección de Trabajo ha requerido formalmente a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción urgente de numerosas medidas preventivas y la corrección de “graves” deficiencias.

La actuación tiene su origen en una denuncia presentada por el delegado de prevención de CCOO ante la falta de respuesta efectiva a las reiteradas reclamaciones realizadas mediante escritos oficiales y en el seno de los Comités de Seguridad y Salud, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

Tras la denuncia, la Inspección de Trabajo ha requerido a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción de las medidas más urgentes, relacionadas con situaciones de especial gravedad, en un plazo de 15 días. Para la implantación del resto de medidas correctoras se ha establecido un plazo de dos meses.

El requerimiento afecta a un total de 63 servicios del Hospital Universitario de Toledo. Entre ellos se encuentran los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Anatomía Patológica, donde, tal y como viene denunciando el sindicato desde hace años, continúan existiendo problemas que todavía no han sido solucionados de forma definitiva.

Entre las situaciones a corregir se señalan riesgos en las cabinas de seguridad biológica que obligan a reparar o sustituir elementos; estrés térmico en la cámara frigorífica de bioquímica que requiere del uso de ropa de protección; almacenamiento de productos que no reúne las condiciones de ventilación aplicables; o falta de espacio en urgencias de psiquiatría donde se insta a realizar las exploraciones en un lugar donde no haya instrumentos que puedan emplearse para hacer daño, por citar algunas.

En el caso de los laboratorios, durante una comparecencia con representantes de la Gerencia y de la Inspección, el delegado de prevención puso de manifiesto que varias trabajadoras presentaban valores de ácido fórmico en orina superiores a los límites de referencia.

Ante estos hechos, la inspectora manifestó que investigaría la situación, teniendo en cuenta que las trabajadoras afectadas todavía no habían visto una adaptación efectiva de sus puestos de trabajo pese a que existe una comunicación interna del Servicio de Prevención en la que se plantea la necesidad de reubicarlas.

Preocupa “especialmente” la situación en los laboratorios

“Para CCOO resulta especialmente preocupante la situación de estos laboratorios donde casi dos años después de las intoxicaciones sufridas por varias trabajadoras siguen pendientes actuaciones fundamentales para garantizar plenamente la seguridad y la salud del personal”, han señalado desde el sindicato.

Asimismo, el sindicato destaca que, según las resoluciones recibidas por las trabajadoras afectadas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el recargo de prestaciones en relación con trabajadoras que causaron baja tras las intoxicaciones sufridas, al considerar que no disponían de medios de protección adecuados.

Para CCOO, estos hechos evidencian la gravedad de una situación que no puede seguir prolongándose en el tiempo.

“La salud de las trabajadoras y los trabajadores no puede depender de años de reclamaciones, denuncias o requerimientos de la Inspección de Trabajo para que se adopten las medidas preventivas necesarias”, han apuntado en este sentido.

El sindicato señala, no obstante, que se han producido cambios en la Dirección de Gestión se aprecia una actitud diferente y una mayor disposición a buscar soluciones.

CCOO espera ahora que los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo se cumplan dentro de los plazos establecidos y que las medidas correctoras se traduzcan en actuaciones reales y efectivas.

“El sindicato continuará vigilando el cumplimiento de los requerimientos de la Inspección de Trabajo y exigiendo a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo que garantice unas condiciones de trabajo seguras y saludables para toda la plantilla”, ha concluído CCOO.

El Hospital asegura que ya ha solucionado los riesgos de mayor prioridad

A preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo no se han referido de forma específica al requerimiento que ha solicitado Inspección de Trabajo, sino que han señalado que su servicio de prevención de riesgos laborales realiza anualmente la Planificación de la Actividad Preventiva, “que incluye la realización de las correspondientes Evaluaciones de Riesgos en las distintas áreas y puestos de trabajo”.

“Como resultado de dichas evaluaciones, se identifican las medidas preventivas necesarias y se establece una priorización de las actuaciones en función del nivel de riesgo, atendiendo a la probabilidad de ocurrencia y a la gravedad potencial de sus consecuencias. Sobre esta base, la Dirección Gerencia impulsa y coordina la ejecución de las actuaciones correctoras previstas, desarrollando un plan de intervención progresivo a lo largo del ejercicio y adecuando su ejecución a la prioridad de los riesgos detectados”, añaden las mismas fuentes.

Por último, desde el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo afirman que las actuaciones asociadas “a los riesgos de mayor prioridad se encuentran ya ejecutadas o en fase avanzada de ejecución”. “Asimismo, para el resto de medidas preventivas se dispone de una planificación específica, encontrándose una parte significativa de ellas ya implantadas”, culminan.

Una investigación de Harvard ha desvelado que las tripulantes de vuelo, en su mayoría mujeres, son el oficio con mayor riesgo de muerte por cánceres relacionados con la radiación, seguidas de los pilotos. El estudio ha contado con datos de casi 13 millones de personas fallecidas en EEUU entre 2020 y 2024 que pertenecían a unas 500 profesiones. Ante los resultados, CCOO ha insistido de nuevo en acabar con la “discriminación” que excluye a las tripulantes de la jubilación anticipada por penosidad para trabajadores aéreos en España.

La investigación, publicada recientemente por la revista académica JAMA Internal Medicine, ha sido dirigida por Vishal Patel, de la Facultad de Medicina de Harvard (HMS). En total, alrededor del 6,9% de las muertes entre las auxiliares de vuelo y el 6,7% de las muertes entre los pilotos se debieron a cánceres relacionados con la radiación, según la investigación.

Estos porcentajes fueron más elevados que en cualquier otra profesión, subraya Harvard, incluidos los técnicos nucleares, que están expuestos habitualmente a radiación procedente de fuentes no cósmicas, pero que ocupan el puesto 12 en la lista de profesiones con mayor mortalidad por estos cánceres.

Patel y su equipo analizaron las muertes por cánceres relacionados y no relacionados con la radiación en todas las profesiones, así como compararon a los miembros de la tripulación de vuelo con los trabajadores de aviación en tierra.

Entre los relacionados con la radiación se incluyeron el cáncer de mama, los cánceres del sistema nervioso central, el mieloma múltiple, la leucemia (excepto la leucemia linfocítica crónica), el linfoma, el cáncer de tiroides, el cáncer de próstata, el melanoma y los cánceres de piel no melanomas. Los investigadores excluyeron el de pulmón para evitar posibles causas de tabaquismo, explica Harvard en un comunicado.

El estudio constató que los pilotos y las auxiliares de vuelo presentaban “tasas estadísticamente significativas de mortalidad por cáncer de mama, del sistema nervioso central y de próstata, así como por melanoma”. En cuanto a los pilotos, “también presentaban una mayor tasa de mortalidad por leucemia”.

En cuanto a las tasas de mortalidad por cáncer no relacionados con la radiación, los resultados de los miembros de la tripulación aérea fueron similares a las de la población general de EEUU, recoge el estudio.

CCOO exige que accedan a la jubilación por penosidad

El sindicato Comisiones Obreras, que se ha hecho eco del estudio este martes, destaca varios de los elementos que elevan el riesgo para la salud de los profesionales aéreos.

“Constatamos que la exposición acumulada a la radiación cósmica ionizante (entre 3 y 6 mSv anuales), sumada a la alteración del ritmo circadiano por el trabajo a turnos y los vuelos nocturnos, convierte a la aviación comercial en un entorno de alto riesgo. El estudio registra incrementos alarmantes en la incidencia de cáncer de mama (un 61% más de riesgo), melanoma, tumores del sistema nervioso central, próstata y patologías oncohematológicas”, afirman en el Sector Aéreo de CCOO.

A la luz de estos nuevos datos, el sindicato ha exigido una vez más al Gobierno y al conjunto de los grupos parlamentarios que modifiquen la ley para permitir que las asistentes de vuelo puedan acceder a la jubilación anticipada por penosidad que ya existe para los trabajadores áereos en España, desde pilotos, mecánicos de aeronave, a distintos fotógrafos aéreos, entre otros.

“Denunciamos la flagrante discriminación que sufre desde la aprobación de la norma el colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros/as (TCP), injustificadamente excluido de un régimen de protección social que sí reconoce la penosidad y penuria de la actividad a bordo a otros colectivos aeronáuticos”, sostienen en CCOO.

El sindicato recuerda que hay una proposición de ley pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados para modificar esta legislación, presentada por Sumar, e insta al Parlamento a “agilizar el debate de esta iniciativa para corregir una injusticia histórica y garantizar el acceso a los coeficientes reductores de jubilación para un colectivo fundamental en el transporte aéreo”.

Nadia empezó a trabajar como camarera de piso en un hotel de Brihuega (Guadalajara) en junio de 2023. Año y medio después, su cuerpo empezó a acusar la sobrecarga en forma de dolor. Las primeras molestias aparecieron en noviembre de 2024: acudió al centro de salud por un dolor en la espalda que le trataron con una infiltración, pero su efecto duró “poco” y tuvo que seguir desempeñando su labor en las mismas condiciones. Los dolores no dejaron de aumentar, y a las molestias en la espalda se sumaron otras en codos, cadera y piernas. El desenlace ha llegado ahora en forma de despido, después de que el servicio de prevención la declarara “no apta” para el puesto que, según sostiene ella, le había causado las lesiones.

La trabajadora lo relaciona directamente con las tareas que repetía cada jornada. “Como se hace tanto movimiento repetitivo, se levanta tanto peso… Estás haciendo fuerza todo el tiempo, moviendo la base, haciendo la cama, levantando colchones que muchas veces son de 2x2 y bastante pesados”, describe. A eso suma el desgaste de limpiar duchas y bañeras y el de subir y bajar constantemente entre las cuatro plantas del establecimiento. Reconoce que llegó a acudir a trabajar tomando calmantes a diario.

Cuando lo trasladó a su supervisora, asegura, la respuesta fue que “era lo que había”, acompañada de la amenaza de tomar medidas. “Llevo más de un año, desde marzo del año pasado, pidiéndole al hotel una reubicación por unas dolencias que se me han ido presentando a raíz del trabajo y de la carga laboral. Y ellos siempre se han negado en redondo, siempre me han dicho que no”, denuncia. En ese tiempo, afirma, han salido varias vacantes en recepción y en el área comercial de las que ha quedado “totalmente excluida”.

En abril de 2025, el servicio de prevención ya había comunicado una posible epicondilitis y leves signos artrósicos que podrían estar detrás de los dolores lumbares y de cadera que padecía. En marzo de este año, la trabajadora solicitó un reconocimiento específico que evaluara su aptitud para el puesto y definiera medidas para evitar que sus lesiones se agravaran.

La empresa de prevención la certificó entonces como apta con restricciones: recomendaba que no manipulara cargas superiores a ocho kilos, que no subiera y bajara escaleras más de dos veces por hora y que no realizara tareas de pie durante más de dos horas seguidas. Apenas dos meses después, ese mismo servicio emitió un certificado de no apta. A continuación, Nadia recibió la carta de despido.

La afectada rechaza la indemnización que le ofrece la empresa porque lo que quiere es seguir trabajando, y reclama que la recoloquen en otro puesto. No obstante, asegura que la compañía rechaza esta solución alegando que carece de la experiencia necesaria para otras áreas.

Este medio se ha puesto en contacto con el hotel Castilla Termal, donde trabajaba Nadia, para conocer su versión de los hechos. Según la explicación ofrecida, la organización ha actuado “conforme a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud”.

“Los procedimientos aplicables parten siempre de la valoración realizada por los profesionales sanitarios competentes del Servicio de Prevención, quienes pueden emitir distintos criterios de aptitud para el puesto de trabajo. En los casos en que se establecen restricciones o limitaciones, se procede a analizar las medidas preventivas y organizativas para valorar la adecuación de las condiciones de trabajo a las recomendaciones emitidas, garantizando en todo momento la protección de la salud de la persona trabajadora”.

Castilla Termal afirma que este ha sido el procedimiento que han aplicado en el caso de Nadia, sin querer entrar en más detalles “por respeto a la privacidad de la persona afectada”.

La trabajadora hace un análisis de la situación de su profesión más allá de su propio caso. “Lo que les hace falta a las camareras de piso es que haya mucha más prevención, que se evalúen más los riesgos ergonómicos y los psicosociales, porque hay mucha presión por entregar habitaciones y demasiada carga de trabajo. Un buen día te pasan ocho habitaciones y al siguiente, quince”, advierte. Y lo extiende al conjunto de la plantilla: “No es solo con las camareras de piso; con los camareros de sala, en todas las áreas, es exactamente la misma problemática. No hay nada que realmente evite que las personas enfermen en el trabajo”.

CCOO reclama la nulidad del despido

La Federación de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha ha mostrado este lunes su apoyo a la trabajadora y ha pedido que el despido se declare nulo por vulneración de derechos. En una concentración celebrada este lunes a las puertas del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Guadalajara, donde se ha celebrado un acto de mediación entre Nadia y la empresa, previo a la vía judicial, el sindicato ha puesto el foco en la precariedad de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres y denuncia unas condiciones de penosidad física y psicológica que, cuando llegan al límite e incapacitan para el trabajo, la empresa “aprovecha” para desprenderse de la plantilla.

“La mayoría son mujeres migrantes, y el problema son las cargas de trabajo: no puede ser que una mujer esté haciendo treinta habitaciones todos los días”, señala el secretario de Acción Sindical de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha, Santiago Zafrilla. “Ese sobreesfuerzo mina su salud, termina dañando las articulaciones y la espalda, y a causa de esos problemas la despiden. Primero me exprimes y luego me despides”, resume.

El sindicato subraya, además, que la afectada es miembro del comité de empresa, y se suma a la petición de Nadia de que, si no puede continuar como camarera de piso, se la reubique en otro puesto del hotel.

Una enmienda a la futura Ley de turismo

CCOO ha trasladado el caso al debate sobre el borrador de la futura Ley de turismo de Castilla-La Mancha. A través de una propuesta a ese texto, insta a que se obligue a las empresas a realizar evaluaciones ergonómicas específicas de cada puesto, evaluaciones periódicas de los riesgos psicosociales y una medición objetiva de las cargas de trabajo. El sindicato confía en que la Junta sea “sensible” a una problemática que, sostiene, es fácilmente prevenible con los medios técnicos y la organización del trabajo adecuados.

“La ley, en su espíritu, debe promover la sostenibilidad del sector en sus distintas vertientes, valorando especialmente la sostenibilidad social centrada en el bienestar de las personas trabajadoras, que son sus verdaderas protagonistas”, reivindica la organización.

El sindicato pide también al Gobierno central que aplique coeficientes reductores que permitan a estas trabajadoras acceder a la jubilación anticipada. Según los estudios que maneja, más del 70% del colectivo padece dolor crónico y necesita medicación para aliviarlo, y hasta un 95% sufre ansiedad.

La Federación de Servicios de CCOO recuerda que se trata de una actividad de gran exigencia física, con una incidencia significativa de lesiones musculo-esqueléticas, estrés crónico y otros problemas de salud, a los que se suman riesgos químicos y biológicos.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado a conocer ya los datos sobre la siniestralidad laboral registrada en La Rioja durante los primeros seis meses del año, en los que se confirma que la elevada accidentalidad riojana sigue sin variar prácticamente. La Rioja registró entre enero y junio de este año un total de 2.382 accidentes de trabajo, lo que supone una reducción del 2,4% con respecto al mismo periodo de 2025 (60 accidentes laborales menos), “completamente insuficiente” a criterio de UGT ya que, según señala, “no apunta un cambio evidente de la tendencia y continúa colocando a La Rioja como la tercera comunidad con mayor índice de incidencia (sólo superada por Navarra y Baleares)”.

El grupo de accidentes que mayor variación registra es el de los leves in itinere, que se reducen un 13%; si bien, la mejor noticia procede del descenso de 2 accidentes mortales (datos provisionales) y 1 accidente grave menos que el año pasado, de modo que La Rioja registró entre enero y junio de 2026 un total de 2.355 accidentes leves (211 de ellos in itinere), 24 accidentes graves y 3 accidentes mortales.

Por grandes sectores de actividad, el sector Servicios vuelve a ser el más castigado con 1.085 accidentes (43 más que en 2025), lo que demuestra la vinculación entre la calidad del empleo y la elevada siniestralidad, en un sector que aglutina trabajos mal remunerados, sobrecarga de actividad, jornadas especialmente extensas y donde también confluyen la temporalidad y la parcialidad más elevada. La industria (con 669 accidentes laborales) y la construcción (con 296 siniestros) redujeron la accidentalidad con 44 y 20 accidentes laborales menos, respectivamente.

Por sexo, se incrementa levemente la siniestralidad laboral entre las mujeres que, no obstante, continúan registrando únicamente el 32% de la siniestralidad total, con 692 accidentes frente a los 1.300 (enero a mayo).

“Los datos confirman que La Rioja no consigue revertir aún el preocupante nivel de siniestralidad laboral que sufre, especialmente en sus niveles más graves de siniestralidad, antesala de la accidentalidad mortal”, resalta UGT. La diferencia registrada con respecto al año pasado es prácticamente nula, “lo que muestra que lo realizado hasta el momento es insuficiente y la necesidad de seguir insistiendo en más voluntad preventiva, más cumplimiento normativo y mayores controles para atajar esta siniestralidad”.

Por otro lado, UGT considera especialmente “cínico” que la patronal ponga el acento en las consecuencias de esta siniestralidad – “el mal llamado absentismo”- cuando “está en manos de las empresas atajar el origen de la gran mayoría de estos accidentes”. En este sentido, el sindicato recuerda la importancia de extremar el celo en el cumplimiento de la ley, especialmente cuando contamos con una norma obsoleta que no recoge elementos determinantes para la conservación de la salud laboral. Además, llama a un incremento de la formación sobre prevención de riesgos destinada a las personas trabajadoras y mandos intermedios, de modo que tomen consciencia de los riesgos que soportan y cómo minimizarlos.

Por otro lado, UGT denuncia la escasez evidente por parte de las administraciones de medios humanos para el control de este cumplimiento, junto a la vergonzosa actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo para las que la salud laboral se ha convertido en un lucrativo negocio.

Ricardo Bodas, magistrado emérito del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial perteneciente al bloque progresista -miembros elegidos a propuesta del PSOE y de Sumar- ha presentado su dimisión como presidente de la comisión de Carrera y Salud judicial. En una carta remitida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, al magistrado lamenta los acuerdos adoptados por este órgano en el pleno celebrado el pasado 22 de julio en relación con cuestiones de salud laboral que afectan a todos los jueces.

“Como te adelanté a la finalización del Pleno de 22 de julio pasado”, señala Bodas en su carta, “la aprobación por mayoría de doce votos, incluido el tuyo, de la propuesta del vocal José Antonio Montero Fernández para la aprobación del documento técnico de trabajo sobre los parámetros de carga saludable de la Carrera Judicial a efectos de salud judicial, contenido en el punto I.52 del orden del día, me impide, por las razones que expuse en el propio Pleno, continuar presidiendo la Comisión de Carrera y la Comisión de Salud Judicial”.

El magistrado, uno de los mayores expertos en Salud Laboral de la carrera judicial, sostiene que el acuerdo alcanzado por el pleno gracias a los 10 vocales conservadores junto al voto de la presidenta, Isabel Perelló, y del de Carlos Hugo Preciado, vocal elegido a propuesta de Sumar, es “un acto de representación del colectivo judicial, que se aparta de los acuerdos previos del Pleno en materia de salud judicial”.

Bodas sostiene que el acuerdo atribuye al Gobierno de los jueces “un deber de seguridad para con los jueces/as y magistrados/as, que solo sería asumible si mantuviéramos con ellos una relación laboral o funcionarial, lo que no sucede en absoluto, puesto que son los propios jueces/as y magistrados/as, quienes dirigen e inspeccionan todos sus asuntos y deciden el número y calidad de los señalamientos que están dispuestos a acometer”. Bodas explica a Perelló que el acuerdo que votó la presidenta del CGPJ “desautoriza injustificadamente el trabajo efectuado por los servicios técnicos”, y “lo sustituye por propuestas voluntaristas y máximas de experiencia, que carecen de cualquier valor científico”.

“La demanda de justicia, en situación lamentable”

Ricardo Bodas se queja de que se haya dado traslado del acuerdo al conjunto del colectivo judicial, “lo cual comporta que todos sus componentes podrán efectuar las alegaciones, que consideren oportunas, en una especie de referéndum cuyas conclusiones se impondrán inevitablemente y provocarán con toda seguridad una reducción generalizada de nuestra capacidad de respuesta a la demanda de justicia, que ya se encuentra en una situación lamentable”.

El magistrado denuncia que “el acuerdo alcanzado no permitirá realmente el cumplimiento de la sentencia del Supremo que condenó al CGPJ a regular las cargas de trabajo a efectos de salud laboral, aunque no dijo cómo debería cumplirse dicha obligación, ya que el CGPJ ha desplazado unilateralmente su responsabilidad a la opinión mayoritaria del colectivo judicial, lo que demuestra claramente que el CGPJ no es el empleador de los titulares del poder judicial, ya que serán los jueces/as y magistrados/as quienes decidirán a la postre cuáles son las cargas de trabajo que están dispuestos a asumir, lo que no sucede en ninguna actividad pública o privada en el mundo”. “Nadie convoca un referéndum para hacer caso omiso de sus resultados”, concluye Bodas.

Por esa razón, el magistrado comunica a la presidenta del CGPJ su dimisión irrevocable: “No sería razonable que yo dirigiera esas áreas cuando discrepo radicalmente de las políticas que se impulsarán desde estas. En todo caso, quiero mostrar mi agradecimiento por la confianza que se me atribuyó en su momento por el Pleno del Consejo del Poder Judicial, así como a los compañeros y compañeras que me han acompañado en esa andadura en los últimos dos años”.

Ahora que estamos en este verano que promete ser tórrido, ahora que vamos algo más despacio, vamos a contar mentiras. Concretamente, las mentiras que nos cuentan. Hoy dedicaremos la primera trampa al ojo, la primera ilusión con apariencia de verdad, a un tema muy de moda que vamos a seguir escuchando machaconamente, con o sin insultos, en los próximos tiempos, cual hit del verano y más allá. ¿Por qué mentir? ¿Por qué confundir el absentismo laboral con otras situaciones que no lo son, mezclarlo todo y poner el grito en el cielo?

Es inadmisible confundir el derecho a la salud con el absentismo injustificado. El incremento en la duración de las bajas no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras, sino la consecuencia directa del deterioro (¿intencionado?) de la sanidad pública y la saturación de las listas de espera, especialmente en traumatología, lo que prolonga innecesariamente los procesos ante la inacción de administraciones y mutuas.

Lejos de ser un beneficio, la enfermedad acarrea una grave pérdida salarial que puede alcanzar los 2.600 euros en los sectores más precarios, forzando incluso reincorporaciones prematuras que dañan la salud. Resulta interesante observar cómo se ataca a la clase trabajadora mientras la patronal bloquea acuerdos de prevención de riesgos y se niega a gestionar eficazmente los problemas de salud mental y desconexión digital. Que una persona esté enferma nunca será absentismo laboral. A pesar de que lo importante no pasa por combatir el contenido de la mentira, eso nos lo enseñó Derrida, no viene de más repetir la verdad otra vez, otra vez más. El absentismo laboral es únicamente ausentarse del puesto de trabajo sin justificación ninguna. Por lo tanto, no es absentismo laboral y nunca lo será:

Digamos que hablo del valioso trabajo que realizan muchas compañeras y también compañeros de las residencias de mayores que apenas cuentan con 10 minutos para asear, vestir y dar de desayunar a nuestras personas mayores que merecen un tiempo de calidad, sin duda, más digno. ¿Cuánto peso carga cada una estas trabajadoras cada día?

Deberíamos medir y establecer cargas de peso máximas saludables. Recuerdo a aquella compañera que por evitar que una persona mayor se cayera al suelo, salió al quite, evitó su caída, pero se hizo daño. Cuando fue a la mutua y dijo que había sufrido un accidente laboral, le llamaron vieja. Bueno, no así, le dijeron que eso parecía que más que por lo que relataba que le acababa de pasar, pues que “tenía pinta de ser más bien propio de su edad” Y, en otras muchas ocasiones, se añaden frases maravillosas como “la verdad es que con tus años eso no va a mejorar, cada vez va a empeorar. Esto no es por el trabajo”. ¿No hay origen laboral? ¿Algunas condiciones de trabajo actuales no enferman?

Así, por ejemplo, el cáncer es una dolorosa realidad en España, pues es la principal causa de mortalidad laboral, como también en UE. En nuestro país es además una realidad oculta e infradeclarada. Frente a Alemania, donde el cáncer representa el 32% del total de enfermedades profesionales declaradas, en España estamos en valores entre 0,23% y el 0,35%, es decir, se declaran apenas 100 casos de los más de 8000 que se calculan tienen origen laboral.

Alemania tiene una larga trayectoria reconociendo los tumores vinculados a la exposición a agentes carcinógenos (como el amianto o la sílice) como enfermedades ocupacionales. Del amianto nos preocupamos mucho en Toledo, pues tenemos el mayor vertido al aire libre de toda Europa, así con todas las letras. Un problema de salud pública cuyos vertidos están situados a escasos metros de importantes centros de trabajo de la administración regional, habrá que investigar si puede entenderse como un problema de salud laboral enviar a tanta gente a trabajar tan cerca.

Retomando el hilo, esta infradeclaración de enfermedades profesionales en nuestro país supone muchas cosas, tiene consecuencias para las vidas de las personas y también interesan, y mucho, para los cálculos que concluyen que son realidades “que no podemos asumir”.

Me quitan las palabras de la boca, cada vez que una enfermedad profesional o un accidente laboral es derivado como contingencias comunes las personas trabajadoras y la ciudadanía perdemos dinero pues todo cae en la cuenta de la Seguridad Social, que pagamos entre todos.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad para que ofrezcan datos más concisos que permitan establecer las causas y programas preventivos eficaces.

La verdad es que estamos hartas de que llamen contingencias comunes a enfermedades y accidentes laborales. Y decimos hartas porque, al menos en la Junta de Castilla-La Mancha, enfermamos más las mujeres que hombres, y esto igual tiene que ver con los cuidados, tendríamos que analizarlo mejorando los informes de siniestralidad

Los fraudes, tanto de las presuntas personas trabajadoras (se calcula que suponen alrededor del 1% y no del 8% que repiten al sumar todo lo que no lo es) como de las presuntas mutuas que derivan algo de origen laboral como contingencias comunes, deben ser todos investigados denunciados y sancionados.

De la misma manera, las personas responsables de condiciones laborales que se demuestren que enferman o matan. ¿Por qué confundirlo todo? ¿Por qué sumar al absentismo laboral con lo que no es? ¿Por qué denominar a un encuentro regional “El absentismo x IT? ¿Por qué hay mutuas con beneficios de más de 7 millones de euros que no los invierten en poner en marcha programas de prevención y promoción de la salud laboral con perspectiva de género y edad?

Poco a poco, tiempo lento para pensar. Hoy, centrémonos en la finalidad de una mentira. ¿Qué se persigue con el hit machacón del verano, otoño, invierno y de cada primavera? Jacques Derrida, el filósofo francés, nos dio la pista que seguiremos hoy: “Lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente”.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos low cost que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales.

Esto significa que nos hacen un juego de trileros que consiste en individualizar, culpabilizar al individuo de las consecuencias colectivas que tienen origen en unas condiciones sociales y de trabajo que enferman, no a uno ni a dos ni a tres, sino a muchos.

¿Qué se busca? ¿Qué se persigue con la psicologización de la precariedad? ¿Estamos caminando hacia un modelo de servicios públicos 'low cost' que permita su privatización? La realidad es que la privatización de los servicios públicos empeora la calidad de los mismos y precariza las condiciones laborales

Ahora que caminamos a nivel global de la democracia hacia otra cosa que no parece mejor , ni de lejos, quizá sea hora de preguntarnos si no es la sociedad la que está dando gritos porque está muy enferma. Seguiremos ahondando en las finalidades que se persiguen y consiguen llenando los espacios de estas cargantes mentiras porque nuestra salud nos va en ello.

Por último, disculpen si notan acaso mi tono un tanto acalorado, todavía recuerdo el día en el que fui a medir las altas temperaturas durante este episodio extremo de calor en las escuelas infantiles y, sin duda, el calor extremo afecta perjudicialmente a la salud si no se toman las medidas adecuadas.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Illescas, en Toledo, han investigado al propietario de una empresa de construcción por su presunta implicación en la gestión irregular de residuos con amianto.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada sobre una nave industrial situada en la zona norte de la comarca de la Sagra, donde se almacenaban de forma irregular más de 50 toneladas de residuos peligrosos con contenido en amianto (uralita).

Las primeras gestiones permitieron determinar que la empresa realizaba trabajos de desmontaje de elementos con amianto en estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares de las provincias de Alicante, Barcelona, Ciudad Real, A Coruña, Madrid, Murcia y Toledo.

Como resultado de esta actividad, se habrían manipulado de forma irregular más de 750 toneladas de residuos con amianto. Dichos residuos no habrían sido retirados siguiendo los procedimientos legalmente establecidos, que exigen el humedecimiento y el encapsulado de las placas para fijar las fibras y evitar su liberación durante los trabajos de desmontaje.

La omisión de estas medidas “habría incrementado el riesgo de emisión de fibras de asbesto al ambiente, con el consiguiente peligro para la salud de las personas y el medio ambiente”, según el instituto armado.

Seis trabajadores, sin protección

Durante la investigación se constató que seis trabajadores accedían de forma habitual al almacén clandestino y permanecían expuestos de manera continuada a las fibras cancerígenas del amianto, sin disponer de las medidas de protección y seguridad legalmente exigidas.

Los agentes detectaron diversas irregularidades relacionadas con la actividad de la empresa. Entre ellas, la remisión a la Administración de mediciones fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar distinto de aquel en el que se desarrollaban los trabajos, así como la facturación de conceptos inexistentes.

Asimismo, comprobaron que la documentación sobre el destino final de los residuos habría sido alterada para hacer constar su entrega en vertederos autorizados, cuando en realidad habían sido abandonados en la nave industrial investigada.

Por estos hechos, los agentes han investigado al propietario de la empresa como presunto autor de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental.

Dos trabajadores del servicio de transporte sanitario tuvieron que ser trasladados ayer al Hospital de Guadalajara al presentar vómitos y mareos por la inhalación de los humos que desprendía el tubo de escape de su ambulancia.

Ambos técnicos del transporte sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) regresaban del polideportivo de Humanes en el que se encuentran personas evacuadas del incendio de La Mierla cuando los gases de su vehículo llegaron a entrar en el habitáculo de la cabina, sufriendo una exposición prolongada al humo. Ambos requirieron ser atendidos en el hospital para recibir oxígeno.

La “insostenible” situación del transporte sanitario, según UGT

UGT Servicios Públicos sostiene que lo ocurrido ayer es un ejemplo más de la “insostenible” y “peligrosa” situación en la que están las ambulancias del servicio de transporte sanitario de Castilla-La Mancha, situación “provocada de manera directa por la dejadez de las empresas concesionarias y amparada institucionalmente por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.

El secretario de Sanidad del sindicato en la región, Fernando Peiró, afirmaba que también es consecuencia directa del régimen excepcional aprobado por el Sescam que permite a las empresas seguir utilizando ambulancias de más de 10 años de antigüedad, esto es, ambulancias que han superado su vida útil y a las que se les debería retirar la correspondiente certificación técnico-sanitaria.

“Todo ello hace que los técnicos y pacientes vayan en ambulancias obsoletas, con kilometrajes desorbitados y/o directamente averiadas y con un mantenimiento reparador y no preventivo. Debemos recordar que, en el caso de las ambulancias del servicio programado y ambulancias no asistencial (TNA) -que son aquellas que sufren en su gran mayoría las averías debido al desgaste- los pacientes reciben tratamientos tales como quimioterapia, radioterapia y diálisis. No se debería permitir que sean trasladados en estas pésimas condiciones”.

Averías durante el servicio de atención por el incendio

UGT afirma que, durante el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, se ha dado el caso de ambulancias que, acudiendo a atender a personas por crisis de ansiedad o durante el traslado de personas mayores a los puntos de evacuación, han tenido que parar debido a las averías y ser sustituidas por otras.

Añade que la seguridad de los pacientes y de los técnicos en emergencias sanitarias se está poniendo en grave peligro y es que “no se puede garantizar una asistencia digna ni una respuesta segura en carretera cuando el personal se ve obligado a trabajar con vehículos que acumulan averías en cascada”.

Por último, UGT recuerda que las empresas siguen sin cumplir con su obligación de lavar la ropa de trabajo, lo que lleva a estos profesionales a usar su propia ropa personal en las ambulancias y a tener que lavar las prendas en sus domicilios.

La violencia laboral es un fenómeno habitual que afirman haber sufrido un 16,7% de los trabajadores y presenciado un 14% más, hasta un total de un 30,7% que la han vivido directa o indirectamente. Un informe publicado este martes por la Fundación Primero de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras, advierte que el porcentaje de víctimas casi se duplica entre los menores de 24 años.

En la franja de los 18 a los 24 años, el 26,7% de los encuestados dicen haber sufrido violencia laboral, un porcentaje que baja casi a la mitad entre la franja inmediatamente posterior, la de los que tienen de 25 a 34 años, mientras que un 16,5% de la población entre 35 y 44 años y un 17,7% de los 45 a los 54 años dicen haberla sufrido. Por último, un 15,1% de los mayores de 55 señalan haberla vivido directamente.

El abogado Eduardo Fernández, del gabinete jurídico de Comisiones Obreras, señala que los jóvenes “tienen menor experiencia ante estos casos”, mientras que el abogado de la cooperativa Era Eloi Orihuela alerta además de que “son más víctimas de la precariedad”, lo cual puede propiciar esta hostilidad.

El estudio apunta además que un 40% de las víctimas o testigos no lo han reportado ni en la empresa ni fuera de ella. Los expertos coinciden en que aunque la violencia laboral tiene unos protocolos que la hacen objetivable, “se tiende a pensar que depende de la subjetividad”, apunta Fernández.

“No hay una definición muy precisa sobre lo que es la violencia laboral”, reconoce Fernández, que apunta a la ley 15-2022 que versa sobre la discriminación y el acoso. “Esta ley debería ser revisada porque en 2023 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) introduce el concepto de violencia laboral como algo mucho más amplio hacia cualquier práctica que considere inaceptable y que no es necesario que sea contínua en el tiempo o que tenga intencionalidad de discriminación”, apunta.

La ley trata de garantizar la igualdad a los ciudadanos en diferentes momentos, también en el laboral, y protegerlos contra la discriminación.“La continuidad en el tiempo o la intencionalidad pueden hacer que la violencia sea más grave, pero no es indispensable. Incluso la amenaza de acoso puede ser constitutiva de violencia”, aclara Fernández.

El abogado Orihuela apunta a que existen a veces “violencias estructurales en trabajos con pocos márgenes que presionan mucho al trabajador” y apunta a sectores como el transporte o los teleoperadores como algunos con casos frecuentes.

“El entorno laboral se ha vuelto más hostil. Acabo de tener una llamada con una clienta que me explicaba que le habían prometido una serie de aumentos y responsabilidades y al final, al revés, le han ido quitando responsabilidades mientras van diciendo a la plantilla que son todos unos inútiles”, relata Orihuela.

El estudio de la Fundación Primero de Mayo también segmenta por sectores: con un 39%, el sanitario y de atención social es el más afectado, por encima del comercio minorista y hotelería con un 38% y de la educación con un 36%. Algo detrás están la administración y atención al público y transporte, que concentran un 31,5% de denuncias, y el sector industrial, con un 29,5% de casos. El resto de sectores suman el 25,8% restante de los casos.

“En ocasiones, la violencia laboral o el acoso se practican con la finalidad concreta de que el trabajador se vaya y ahorrarse un despido” señala Orihuela, que cree que “a veces cuesta detectar la intencionalidad” del acoso o de la violencia. “A veces el humor puede esconder un tipo de violencia y no se suele tener en cuenta cómo recibe el trabajador cada comentario o acción”, desarrolla.

Otra forma de esconder la violencia, apunta, es “con objetivos imposibles de realizar” que pueden costarle muy caro a la salud laboral del empleado. “Existe una falta de formación en liderazgo o una mala forma de comunicarse que en ocasiones es tan dañino como algo intencional”, añade Orihuela, que recuerda que él trabaja con casos particulares y que los colectivos “suelen ir más por la vía sindical y es lo correcto”.

Violencia en pymes y grandes empresas

Con todo y con eso, el 40% de las víctimas y testigos no han reportado en sus empresas que han sufrido o presenciado esta violencia. Según Fernández, de CC.OO, “en las empresas más pequeñas puede ser más difícil de denunciar”, porque el perpetrador de la violencia puede ser el propio dueño de la empresa y porque hay menos canales como por ejemplo comités de empresa.

El estudio, sin embargo, señala que hay más exposición a la violencia laboral en empresas mayores: un 35,9% de los trabajadores la ha sufrido o visto allí, por un 31,3% en las medianas y un 25,6% en las pequeñas.

En las empresas de mayor tamaño, “la dirección puede no saber o no querer enterarse de la violencia laboral” y en ese caso “son responsables ante los tribunales por no haber corregido” estas situaciones. “El acoso es una actitud más continuada en el tiempo y la violencia incluye insultos, comentarios despectivos que no tienen por qué repetirse”, aclara Fernández.

Sea individual o colectiva, la violencia laboral siempre se estudia “de manera individual, aunque canalizada”. “El titular de los derechos que se violentan es la persona trabajadora y se tiene que defender”, observa Fernández. “Siempre tiene que haber puesto en conocimiento a la empresa que existe esta situación y, para ello, la representación sindical es fundamental”, aporta.

El informe apunta a que las mujeres sufren más violencia laboral que los hombres, un 18,3% frente a un 14,8% los hombres. Y entre las violencias sufridas por las mujeres, el 38,8% acredita haber sufrido violencia sexual, lo cual representa un 7% sobre el total de asalariadas. Si atendemos a los micromachismos, la cifra se dispara a un 78,1% de las trabajadoras que lo ha detectado.

El 63,4% de las personas que denuncian haber sido víctimas de violencia laboral perciben efectos graves en su salud mental, mientras que el 94,6% perciben su continuidad en el puesto vinculada a esta situación.

En cuanto al tipo de violencia sufrida, la más común son amenazas, humillaciones, insultos, abusos verbales, gritos o descalificaciones, en un 80,9%. En un 79,6% de los casos había miradas intimidantes o lenguaje corporal hostil. La exclusión u omisión en las comunicaciones alcanza al 78% de las víctimas de violencia laboral. Las agresiones físicas llegaron a ocurrir en un 23,9% de los casos.

Hay debates que colocan la sospecha sobre quien menos poder tiene. Eso ocurre con las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo ha definido el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y ha planteado revisar los complementos salariales “con o sin acuerdo”. No es solo un exceso verbal: prepara el terreno para castigar económicamente a quien enferma y debilitar la negociación colectiva.

Lo que hemos escuchado no es una reflexión seria sobre la incapacidad temporal. Es una ofensiva. Se habla de costes, de lunes y viernes, de supuestos abusos y de recortes, pero apenas se habla de prevención, listas de espera, salud mental, accidentes de trabajo o ritmos laborales que enferman. Se quiere poner el foco en la persona trabajadora de baja, no en las causas que explican por qué acaba de baja.

Especialmente grave ha sido el señalamiento a la juventud trabajadora. Apuntar a quienes tienen entre 25 y 35 años como sospechosos de aprovecharse del sistema es atacar a una generación que ya soporta precariedad, salarios insuficientes, alquileres imposibles, temporalidad e incertidumbre vital. No es falta de compromiso: demasiadas veces se les exige producir mucho a cambio de muy poco.

Conviene aclarar algo básico: incapacidad temporal no es absentismo injustificado. Una baja médica no es una ocurrencia ni una decisión unilateral del trabajador. Responde a una enfermedad, accidente, intervención, recuperación o problema de salud que impide trabajar, y se reconoce mediante criterio sanitario. Desde la Organización Médica Colegial también se ha recordado que la baja laboral debe diferenciarse del absentismo. Poner bajo sospecha las bajas es cuestionar también el criterio profesional de quienes las conceden.

Las personas como mercancía

UGT lo ha dicho con claridad: confundir enfermedades que impiden trabajar con absentismo es tratar a las personas trabajadoras como mercancía. Ahí está el fondo de este discurso: una visión del trabajo en la que la persona vale mientras produce, pero se convierte en problema cuando enferma. Plantear que quien está de baja cobre menos no es modernidad; es castigar a quien está en situación de vulnerabilidad.

Además, se oculta cómo funciona la incapacidad temporal. En enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no están cubiertos; del cuarto al vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. La ley ya contempla una pérdida económica para quien enferma. Por eso, cuando un convenio mejora esa protección, no premia el absentismo: evita que enfermar signifique también empobrecerse.

Ahí está la clave: la negociación colectiva. Las mejoras de incapacidad temporal que existen en muchos sectores no han caído del cielo. No son un regalo de la patronal ni una concesión amable de la empresa. Son fruto de años de organización sindical, mesas de negociación, conflictos, acuerdos, afiliación y lucha colectiva.

Mejorar la vida de la clase trabajadora

En UGT Extremadura hemos elaborado recientemente un informe sobre la incapacidad temporal en los convenios colectivos sectoriales extremeños. Sin entrar en su contenido técnico, deja una conclusión política clara: las mejoras en materia de IT son un elemento clave de la negociación colectiva. Allí donde hay convenio y sindicato hay más garantías para que una enfermedad no se convierta en castigo económico. No hablamos de una regulación descontrolada, sino de cláusulas pactadas, con condiciones y límites según cada sector.

Por eso este debate no va solo de bajas. Va de poder sindical. Va de si las personas trabajadoras tienen herramientas colectivas para defenderse o quedan solas frente a la empresa. Va de si los derechos se pactan en convenios o se recortan desde un atril político.

Desde UGT Extremadura, venimos defendiendo una línea coherente con esta posición: empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos y negociación colectiva como instrumento para mejorar la vida de la clase trabajadora. Hablar de bajas laborales sin hablar de empleo digno, sanidad pública y prevención es hacer trampa.

También debemos recordar algo incómodo: muchos derechos que hoy disfruta una plantilla existen porque alguien los negoció. Subidas salariales, permisos, complementos de IT, jornadas o mejoras sociales se consiguen porque hay sindicatos, delegados y delegadas, recursos, afiliación y organización. Cuestionar a los sindicatos mientras se aprovechan los derechos que conquistan es una contradicción evidente.

Durante años nos han repetido que casi todos somos clase media, pero la realidad es más sencilla: la mayoría vivimos de nuestro salario. Si enfermamos y no hay protección, nuestra vida se tambalea. Si no hay convenio, dependemos de la voluntad empresarial. Eso se llama clase trabajadora.

Si de verdad se quiere reducir la duración de las bajas, hay que reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera, mejorar la atención primaria, invertir en salud mental, perseguir a las empresas que incumplen la prevención y analizar qué condiciones laborales están enfermando a la gente. Lo que no puede aceptarse es señalar al enfermo, atacar a la juventud y usar la incapacidad temporal como excusa para debilitar derechos.

Enfermar no es absentismo. Enfermar no es abuso. Enfermar no es deslealtad a la empresa. Que nadie se equivoque: cuando la patronal y la derecha señalan a quien enferma, no están defendiendo la productividad; están atacando derechos conquistados por la clase trabajadora. Y ahí nos van a encontrar enfrente, defendiendo la salud, el salario, la negociación colectiva y la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo.

Hola,

¿Qué tal? Espero que esta semana haya ido bien y que, con un poco de suerte, te pille ya de vacaciones.

Hoy quiero empezar hablándote de algo que tal vez tengas en casa. La mayor sociedad de neumología del mundo ha publicado un informe en el que pide prohibir las encimeras de cuarzo. El motivo es la epidemia global y devastadora de silicosis que provoca la manipulación de piedra artificial con sílice cristalina.

Si tienes una, no te preocupes. El peligro para la salud aparece durante su fabricación y manipulación, es decir, para miles de trabajadores jóvenes, para quienes, según el informe, las medidas de prevención propuestas por la industria y las administraciones públicas han fracasado estrepitosamente.

De hecho, el trabajo, firmado por un equipo interdisciplinar de 24 expertos, es muy crítico con las tácticas de lobby del sector, que compara con las del amianto, y que han dejado a los operarios expuestos al polvo tóxico que sigue superando habitualmente los límites legales de seguridad.

La Sociedad Torácica Americana (ATS) insta a países como España, cuya industria critica directamente, a seguir el ejemplo de Australia y California, que han optado por su prohibición.

“En España, todas las decisiones que se están tomando son insuficientes y vamos a la cola a la hora de atajar esta epidemia”, lamenta el presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis del Aglomerado de Cuarzo (ASAC), Fernando Arévalo. Esta organización está formada por extrabajadores de Cosentino que han llevado a la empresa a los tribunales por retrasar y ocultar su diagnóstico.

El tema es muy interesante y, si las administraciones creen de verdad en la evidencia científica, va a dar mucho que hablar. Te recomiendo que te leas la información completa de mi compañero Antonio Martínez Ron, que ha hablado con muchos expertos.

Receta rápida

Una placenta artificial para bebés prematuros extremos

Cada año, cerca de 25.000 familias en toda Europa enfrentan el drama de un nacimiento prematuro extremo. Es aquel que se produce entre los seis meses o menos de gestación, en los que los recién nacidos se encuentran en un ambiente hostil que hace muy difícil que puedan salir adelante o tener una vida sin secuelas neurológicas.

Un grupo de investigadores del BCNatal lleva años trabajando en un proyecto para crear una placenta artificial, que permita asistir a los bebés más prematuros. Esta semana han presentado la segunda fase del estudio, todavía en animales. En la primera, consiguieron una supervivencia de 12 días en buen estado fetal en un modelo ovino. Ahora lo han alargado hasta 21.

Al proyecto le quedan todavía pasos muy importantes —recuerda que hace unas semanas te contaba que curar a un animal en un laboratorio no significa que ese tratamiento sirva para los humanos—, pero sí es esperanzador.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa muy buen fin de semana, cuidado con el calor que volverá a apretar y ¡salud!

La Sociedad Torácica Americana (ATS), la organización de salud respiratoria más influyente a nivel mundial, alerta en un informe oficial sobre la epidemia global y devastadora de silicosis provocada por la manipulación de encimeras de piedra artificial con sílice cristalina y aboga por la prohibición y eliminación de este material. Según los especialistas, esta situación ha desbordado los sistemas preventivos y está afectando a miles de trabajadores jóvenes en condiciones de gran vulnerabilidad en todo el mundo, una situación que se ha agravado por la influencia de los intereses económicos y el “lobby” de los fabricantes, a quienes acusa de actuar como hizo la industria del amianto.

El informe, firmado por un equipo interdisciplinar de 24 expertos internacionales, recalca que las medidas de prevención propuestas por la industria y las administraciones públicas —como el uso de agua para el corte, la ventilación o las mascarillas— han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger a los operarios, ya que las exposiciones al polvo tóxico siguen superando habitualmente los límites legales de seguridad. Ante este panorama, el documento dictamina que la eliminación en origen del peligro es la medida de control más eficaz y pide que se abandone de forma gradual la fabricación de piedra artificial que contenga sílice cristalina. Siguiendo el histórico precedente de Australia —que prohibió el material en 2024—, la sociedad médica insta al resto de países a replicar este enfoque y recuerda que depender de medidas parciales es inadecuado cuando “la eliminación es tanto posible como necesaria”.

Críticas a la industria en España

El comité científico lanza una durísima crítica al papel que ha jugado la industria productora frente a esta crisis. El informe denuncia cómo los intereses económicos y el “lobby” de los fabricantes en lugares como la Unión Europea han retrasado la adopción de normativas más estrictas y promovido un falso concepto de “uso seguro”, utilizando tácticas de presión comercial y política que, según los autores, “recuerda a las empleadas por la industria del amianto”. Además, exponen que las presiones del sector han complicado la transparencia y han buscado restar importancia a la verdadera magnitud del brote. Los expertos tampoco avalan ciegamente los nuevos productos “bajos en sílice” que han empezado a comercializar las marcas, advirtiendo de forma expresa que no deben considerarse “intrínsecamente seguros”, ya que los materiales sustitutos podrían seguir albergando importantes peligros respiratorios.

Los especialistas recuerdan que los primeros casos de esta epidemia se detectaron en España y aluden al papel de uno de los gigantes del sector, la empresa Cosentino, que ha sido condenada por no advertir durante años del riesgo a los trabajadores de una marmolería de Vigo y ha abonado indemnizaciones a trabajadores propios o de otras marmolerías enfermos de silicosis. España, recuerdan, se ha convertido en “un epicentro europeo de la silicosis” y es “sede de uno de los mayores fabricantes de piedra artificial”, al tiempo que recuerdan que en nuestro país “la presión de la industria ha complicado la transparencia, con esfuerzos documentados para influir en los informes e iniciativas filantrópicas que restaron importancia a la epidemia”.

En España la presión de la industria ha complicado la transparencia, con esfuerzos documentados para influir en los informes e iniciativas filantrópicas que restaron importancia a la epidemia

En España, la epidemia de silicosis por esta causa está en plena explosión y sin visos de detenerse. En el año 2000 se detectaron 15 casos y la cifra se ha ido disparando desde entonces, hasta llegar a más de 600 nuevos partes de silicosis el año pasado, según datos del Ministerio de la Seguridad Social. En 2023, el Gobierno creó un Grupo de trabajo, 'Sílice cristalina respirable', dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas, pero siguen sin tomarse medidas. El único paso fue un informe del Ministerio de Sanidad en 2025 titulado La remergencia de la Silicosis en España, que pedía que se abordara el debate sobre la prohibición de estos materiales. 

En este sentido, el informe de la ATS también censura abiertamente el fracaso de los sistemas de salud pública y de las normativas de vigilancia gubernamentales. El documento expone que existen lagunas críticas y sistémicas en el cribado médico de los trabajadores a nivel mundial, caracterizadas por normativas inconsistentes, escaso cumplimiento empresarial y un enorme subregistro de afectados. Al carecer de vigilancia proactiva —como la realización de tomografías computarizadas periódicas en el sector—, los sistemas de salud públicos terminan detectando la enfermedad solo cuando el operario ya presenta síntomas graves, lo que retrasa los diagnósticos y exacerba las desigualdades en la atención médica.

“Un paso de gigante”

Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del informe, destaca que es producto de meses de trabajo de un panel internacional de especialistas en neumología, salud pública, medicina del trabajo, epidemiología, historia y sociología. Además de actualizar el conocimiento científico sobre la silicosis por piedra artificial, recuerda, el documento señala que las medidas de prevención disponibles no garantizan un uso seguro de este material y contempla su sustitución o eliminación. “Esto es un paso de gigante ante las estrategias de generación de duda o ignorancia que desarrollan los fabricantes”, asegura. “Cuestiona la línea fundamental de defensa de las industrias productoras, que argumentan que el producto es seguro y que el problema lo tienen los manipuladores por trabajar sin las adecuadas medidas de seguridad”, asegura

Esto es un paso de gigante ante las estrategias de generación de duda o ignorancia que desarrollan los fabricantes

Alfredo Menéndez Navarro — Investigador de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del informe

Antonio León Jiménez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de silicosis por piedra artificial, subraya la importancia de que un organismo como este se plantee la posible prohibición de estos productos. “Este es un paso que parece inevitable y deseable, ya que a pesar del conocimiento y concienciación existente en nuestro país sobre las medidas de prevención, siguen apareciendo casos en trabajadores de la piedra artificial, incluso con tiempos de exposición cortos”, explica. 

Cristina Martínez, experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), destaca que la conclusión del informe es que el material es el culpable de todo. “En la SEPAR estamos trabajando en un artículo similar junto con la Sociedad de Medicina del Trabajo que publicaremos pronto”, anuncia. “Está causando una enfermedad grave que afecta a jóvenes trabajadores, a veces con consecuencias fatales y eso es inasumible. Creemos que esos materiales con un 90% de sílice cristalina desde luego hay que prohibirlos y que deberían ser materiales con un porcentaje muchísimo más pequeños, en torno al 10 o 15% como mucho y con vigilancia estrecha”.

Inacción de las autoridades

Óscar Bayona, de la Secretaría de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), critica la inacción de las autoridades ante este problema. “En Australia se optó por el abordaje más enérgico, que es la prohibición de los materiales, en California se están planteando la prohibición, y en España, con muchísimos más casos, no hay cambios significativos en la legislación”, señala. “Lo que dice este informe es que, aun aplicando o reforzando las medidas preventivas para la manipulación de estos materiales, no se garantizan niveles de exposición seguros ni que no vaya a haber consecuencias para la salud de los trabajadores, así que no hacer nada es quedarse muy corto”. 

Las autoridades laborales están mostrando inacción,y eso puede tener graves consecuencias, como las que España ya está teniendo de forma dramática

Óscar Bayona — Secretaría de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras (CCOO)

Desde del sindicato también creen que el documento refleja un fracaso del sistema preventivo y denuncia falta de liderazgo de la Administración General del Estado y del Ministerio de Trabajo, que es quien tiene las competencias. “Nos incomoda que el grupo de trabajo de sílice cristalina respirable creado en la Comisión Nacional por el Ministerio de Trabajo esté dando resultados muy escasos”, afirma Bayona. “Nos parece que las autoridades laborales, tanto en España como a nivel europeo, están mostrando inacción, ya no solo para tomar decisiones, sino a la hora de estudiar la información disponible, y eso puede tener graves consecuencias, como las que España ya está teniendo de forma dramática”.

Fernando Arévalo, presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis del Aglomerado de Cuarzo (ASAC), considera que el informe confirma sus denuncias y reivindicaciones. “En España, todas las decisiones que se están tomando son insuficientes y vamos a la cola a la hora de atajar esta epidemia”, dice. Su asociación está conformada por extrabajadores de Cosentino que han llevado a la empresa a los tribunales por haber retrasado y ocultado su diagnóstico. “Nosotros nacimos porque Cosentino decía que en la empresa no había problemas de silicosis”, relata. “Yo me he tirado 19 años trabajando en Cosentino y me tuvieron oculto el diagnóstico cinco años, al igual que a muchos trabajadores, y siguen haciéndolo hoy día. Nacimos para desmentir y derribar ese muro en el que decían que la empresa no tenía problemas, argumentando que solo era culpa de los marmolistas por no adoptar las medidas de seguridad”.

Para ASAC, este informe es un espaldarazo a las víctimas de esta epidemia que llevan años denunciando la situación. “Corrobora las investigaciones en las que hemos colaborado aquí en España, y viene a decir que no hay una forma segura de trabajar el material”, destaca Arévalo. “Hay afecciones muy graves en trabajadores cada vez más jóvenes, por lo que está claro que se deberían tomar decisiones drásticas como en Australia y como en California, que ya ha prohibido el corte en seco y está en fase de prohibir el material superior al 1% de sílice”.

España, a mucha distancia del resto

Para Alfredo Menéndez es muy llamativo que gobiernos como los de Australia y California, con muchísimos menos casos que España, hayan adaptado medidas de prevención más estrictas e incluso la prohibición del producto. “Llama la atención la inacción en España” afirma. “Nosotros presentamos el informe de la reemergencia en el grupo de trabajo Sílice Cristalina de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en febrero de 2025 y en el Ministerio de Sanidad, en abril del mismo año. Han tenido las evidencias de primera mano sobre la magnitud del problema en nuestro país y los sectores causantes y un año y medio después se ha hecho muy poco”, concluye.

A Fran Aragón, presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis de Chiclana (ANAES), también le ha sorprendido la diferencia del número de casos entre España y el resto del mundo. “Nos imaginábamos que en Australia, donde han decretado la prohibición, y en California, donde pretenden hacerlo, esta estadística iba a estar más o menos igualada o por encima, pero vemos que España está muy encima de esos países y nos preguntamos qué está haciendo nuestro país que no toma medidas contundentes ya contra lo que está sucediendo”, asegura.

Para ANAES, el informe supone que la ciencia y la investigación respalda su posición. “Desde la asociación lo que queremos es que no haya más familias que pasen por lo que está pasando la mía, que yo soy enfermo” resume Fran Aragón. “Si el material no se puede trabajar de forma segura, que se prohíba. No esperamos otra cosa. Y viendo este documento creemos que la respuesta más contundente es la de Australia, que han mirado por sus ciudadanos y no quieren que enfermen. España debería tomar la misma medida”.

Alfonso Fernández, presidente de FEDESMAR (Federación Española de Asociaciones de Marmolerías), tampoco entiende que, siendo el país más afectado, España no haya tomado medidas más contundentes. “Consideramos que la administración tiene que formar parte activa en la solución”, asegura. “Además, no testó los problemas que podrían surgir de una manipulación inapropiada de este material y tenía que haberse anticipado para proteger los intereses sociales”. En cuanto a la prohibición, desde FEDESMAR prefieren apostar por una regulación tan restrictiva que en la práctica no sea rentable usar la sílice, y reconocen que la industria no informó como debía de los riesgos. “Durante un periodo muy largo, se desinformó o la información que se trasladó fue sesgada”, asegura. “Si cuando se empezaron a comercializar los aglomerados de cuarzo se hubiese definido con claridad meridiana que para transformarlos hacía falta cumplir todo esto, no estaríamos hablando de este problema”.

Desde Cosentino aseguran que la salud y la seguridad son una prioridad estratégica para ellos y dicen cumplir estrictamente con las medidas de salud y seguridad establecidas por las autoridades competentes en todos los países en los que desarrolla su actividad. “La compañía mantiene un firme compromiso con la protección de la salud de los trabajadores a lo largo de toda la cadena de valor y promueve activamente la aplicación de las mejores prácticas preventivas en el sector”, subrayan y recuerdan que han hecho un esfuerzo en innovación para crear una amplia gama de diseños con menos de un 10% de sílice cristalina.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la nulidad del despido de una trabajadora de una panadería de Balaguer, en la provincia de Lleida, al considerar que la empresa la discriminó por encontrarse de baja médica por ansiedad. La Sala de lo Social ha desestimado íntegramente el recurso de la empresa y ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social de Lleida, que ordenaba la readmisión de la empleada y el pago de una indemnización de 20.000 euros por daños morales.

La dependienta, que trabajaba en la empresa desde mayo de 2019, fue despedida disciplinariamente en enero de 2024 después de que la dirección la acusara de insultar al gerente y a una encargada durante una reunión, unos hechos que los tribunales han considerado no probados.

La sentencia avala los indicios que vinculan el despido con la situación de incapacidad temporal de la trabajadora —de baja por un trastorno de ansiedad desde octubre de 2023—, como un mensaje que el gerente envió a la plantilla a finales de 2022 advirtiendo de que los trabajadores que cogieran bajas largas “sin justificación” acabarían como otra empleada despedida anteriormente.

Para el TSJC, ese mensaje pone de manifiesto una política empresarial contraria a las bajas médicas de larga duración y constituye un indicio de “discriminación”. En este contexto, señala que correspondía a la empresa acreditar que existía una causa ajena a la baja médica que justificara el despido, algo que considera que no ha quedado probado.

El alto tribunal catalán también confirma la indemnización de 20.000 euros fijada por el Juzgado de lo Social de Lleida en febrero de 2025 al considerarla proporcionada a la vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora. La sentencia no es firme y todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.

La salut mental de milers de pacients d’Eivissa i Formentera depèn aquests dies d’una plantilla reduïda al límit. La baixa de set facultatius ha posat contra les cordes el servei de psiquiatria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF), que ja arrossegava anys de sobrecàrrega assistencial i dificultats per cobrir places a causa de la greu crisi d’habitatge de l’illa. El nombre de baixes suposa la inoperativitat de mitja plantilla, amb les deficiències que això comporta, com ara les complicacions a l’hora d’atendre intents autolítics —conductes dirigides contra un mateix amb la intenció de causar-se dany.

La setmana passada, al centre sanitari des Viver —un dels centres de salut de la capital eivissenca— només quedava un psiquiatre operatiu per assumir una activitat que habitualment requereix almenys quatre especialistes, tal com han denunciat a elDiario.es facultatius de Can Misses —l’hospital de referència i l’únic públic de l’illa—. La situació s’agreuja per la combinació de manca de personal, esgotament i problemes organitzatius, que ha acabat esclatant en una de les unitats més sensibles del sistema sanitari pitiús. “Hem de fer filigranes per atendre”, han criticat les mateixes fonts sanitàries.

El servei, format per psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers i auxiliars d’infermeria, engloba tant l’hospital públic de Can Misses com els centres de salut des Viver i l’infantojuvenil del centre de salut de Vila. Des de l’Àrea de Salut pitiüsa han reconegut que l’àmbit de la salut mental a Eivissa i Formentera afronta, “des de fa temps”, una elevada pressió assistencial i organitzativa que exigeix una adaptació contínua dels recursos —sobretot de personal— per garantir una atenció adequada als pacients. Fonts de SIMEBAL (el sindicat mèdic balear) precisen a aquest diari que aquest assumpte “està en vies de resolució”, per la qual cosa prefereixen no fer valoracions de moment.

Set psiquiatres de baixa

Aquest escenari crític, però, ha empitjorat considerablement a causa de la baixa laboral de set dels professionals, fet que va conduir una desena d’ells a signar un escrit de denúncia davant la Direcció General de Salut Mental, la Direcció Mèdica, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, la Unitat de Seguretat del Pacient i els sindicats corresponents, tal com va avançar Diario de Ibiza. En el document traslladen la seva “creixent preocupació” per la situació que travessa la unitat. Els facultatius també atribueixen diverses complicacions a una comunicació deficient amb l’actual cap de servei, que “no facilita les gestions per millorar una atenció que ja de per si és difícil de prestar”.

La Direcció explica a elDiario.es que és coneixedora de les “inquietuds” dels professionals de la Unitat de Salut Mental en relació amb l’organització i el funcionament del servei. Per això —asseguren des de la gerència— mantenen el contacte amb els sanitaris implicats i treballen en l’anàlisi de les diferents qüestions plantejades. “Volem afavorir el funcionament adequat del servei, preservar la qualitat assistencial i mantenir un entorn de treball adequat per als equips”, afirmen. També han activat mesures de suport organitzatiu i de coordinació assistencial amb altres dispositius sanitaris per “garantir la cobertura i la continuïtat de l’atenció”, tot i que no han especificat quines.

Un problema “endèmic”

Es tracta, denuncien els facultatius, d’un problema “endèmic” de l’Àrea de Salut pitiüsa. “La demanda és molt més alta que el nombre de professionals. Hi ha manca de metges i cal fer una lectura sobre per què passa això. Fonamentalment, pel cost de la vida i pels lloguers”, expressa amb contundència una de les treballadores: “Passa el mateix que a la resta de serveis: falta personal”.

Pel que fa a la possibilitat de declarar places de “difícil cobertura” —fet que va associat a un complement econòmic, com es va fer a la unitat d’Oncologia—, aquesta professional explica que es tracta d’un “greuge comparatiu”. “Hi ha professionals que fan la mateixa feina i no cobren aquest complement”, lamenta la metgessa. És un problema —expressa— molt difícil de gestionar.

Psiquiatria és un servei que ha col·lapsat perquè el nombre de professionals no és suficient per atendre la demanda existent. A més, a l’hospital els corresponen unes funcions i als ambulatoris —ara anomenats centres de salut— unes altres. Tot i això, lamenten que s’han desmantellat unitats dins de Psiquiatria que eren necessàries. Entre aquestes, la que atenia persones amb problemes d’addiccions.

Un dels especialistes que actualment està de baixa va patir, abans d’agafar-la, una crisi d’ansietat durant un torn. Aquest metge ja havia lamentat que la situació del servei era “insostenible”. I un altre especialista que tenia previst marxar a Mallorca finalment hi va renunciar per cobrir-lo. D’altra banda, a aquesta combinació de factors de càrrega laboral i estrès cal afegir-hi que els psiquiatres també s’han de desplaçar a l’Hospital de Formentera per atendre els més de 6.000 usuaris que hi ha a l’illa.

La situació de càrrega laboral també afecta altres serveis, com l’Atenció Primària, on els cupos per metge de família arriben als 1.900 pacients, tot i que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que no superin els 1.500. “Hem de fer filigranes” per oferir la millor atenció, destaca aquesta professional. La sanitària fa més de tres dècades que treballa a l’Àrea de Salut i assegura que “mai” havia vist l’hospital en una situació semblant. La població, recorda, s’ha duplicat des de llavors.

El municipi on treballa —Santa Eulària— ha experimentat el mateix creixement poblacional desmesurat. “Allà, a més, tenim el problema que no hi ha espai”. L’Ajuntament ha cedit un terreny per construir un altre centre però “jo em jubilaré i ja no treballaré en aquest centre”, diu. “Per població i necessitat hauríem de disposar de molts més recursos dels que tenim”. “Per exemple, per atendre els desplaçats també hem de fer Tetris i ens hem quedat sense unitat d’Atenció a la Dona —que a Sant Antoni sí que funciona— per manca d’espai”, assegura. A més, pel mateix motiu, també s’han quedat sense l’equip de raigs X.

Nova fornada de sanitaris residents

L’hospital Can Misses és, d’altra banda, centre docent des de 1991. Els sanitaris lamenten que en altres comunitats autònomes els residents que es formen en un territori determinat s’hi queden després. Segons consideren, això no passa a les Illes Balears, i encara menys a les Pitiüses. “No es volen quedar, i aquí es formen en medicina interna, UCI, pediatria, psiquiatria...”, lamenten. Al principi, l’hospital públic només formava metges de família, però l’oferta d’especialitats ha anat creixent amb el temps.

Aquesta setmana, precisament, s’han incorporat 24 nous residents de la nova promoció: 14 metges interns residents (MIR), nou infermeres internes residents (EIR) i una farmacèutica interna resident (FIR). Entre les especialitats —detallen des de Salut— hi ha vuit places de Medicina Familiar i Comunitària, dues de Medicina Interna, una de Psiquiatria, una de Pediatria, una de Ginecologia i Obstetrícia i una de Medicina Intensiva.

Pel que fa a l’àrea d’Infermeria, s’hi han incorporat cinc residents d’Atenció Familiar i Comunitària, tres comares i una especialista en Pediatria i Neonatologia. Les incorporacions cobreixen 24 de les 26 places ofertes per a formació especialitzada. Sumant les promocions actualment en formació, l’Àrea de Salut comptarà amb 60 especialistes residents durant el 2026, detallen les mateixes fonts.

Tanmateix, l’àrea de Salut Mental continua desabastida i no hi ha expectatives de millora a l’horitzó. Els residents que romanen a Eivissa són casos particulars amb vincles familiars a l’illa o persones originàries que en el seu moment van marxar i que ara, per motius personals, tenen interès a tornar, valoren les fonts sanitàries consultades per aquest diari. “Però en la resta de casos és molt difícil atreure personal sanitari. No se’ls fan ofertes interessants; aquest any ha estat el primer que s’han ofert contractes de tres anys a professionals”, lamenten.