La violencia laboral es un fenómeno habitual que afirman haber sufrido un 16,7% de los trabajadores y presenciado un 14% más, hasta un total de un 30,7% que la han vivido directa o indirectamente. Un informe publicado este martes por la Fundación Primero de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras, advierte que el porcentaje de víctimas casi se duplica entre los menores de 24 años.

En la franja de los 18 a los 24 años, el 26,7% de los encuestados dicen haber sufrido violencia laboral, un porcentaje que baja casi a la mitad entre la franja inmediatamente posterior, la de los que tienen de 25 a 34 años, mientras que un 16,5% de la población entre 35 y 44 años y un 17,7% de los 45 a los 54 años dicen haberla sufrido. Por último, un 15,1% de los mayores de 55 señalan haberla vivido directamente.

El abogado Eduardo Fernández, del gabinete jurídico de Comisiones Obreras, señala que los jóvenes “tienen menor experiencia ante estos casos”, mientras que el abogado de la cooperativa Era Eloi Orihuela alerta además de que “son más víctimas de la precariedad”, lo cual puede propiciar esta hostilidad.

El estudio apunta además que un 40% de las víctimas o testigos no lo han reportado ni en la empresa ni fuera de ella. Los expertos coinciden en que aunque la violencia laboral tiene unos protocolos que la hacen objetivable, “se tiende a pensar que depende de la subjetividad”, apunta Fernández.

“No hay una definición muy precisa sobre lo que es la violencia laboral”, reconoce Fernández, que apunta a la ley 15-2022 que versa sobre la discriminación y el acoso. “Esta ley debería ser revisada porque en 2023 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) introduce el concepto de violencia laboral como algo mucho más amplio hacia cualquier práctica que considere inaceptable y que no es necesario que sea contínua en el tiempo o que tenga intencionalidad de discriminación”, apunta.

La ley trata de garantizar la igualdad a los ciudadanos en diferentes momentos, también en el laboral, y protegerlos contra la discriminación.“La continuidad en el tiempo o la intencionalidad pueden hacer que la violencia sea más grave, pero no es indispensable. Incluso la amenaza de acoso puede ser constitutiva de violencia”, aclara Fernández.

El abogado Orihuela apunta a que existen a veces “violencias estructurales en trabajos con pocos márgenes que presionan mucho al trabajador” y apunta a sectores como el transporte o los teleoperadores como algunos con casos frecuentes.

“El entorno laboral se ha vuelto más hostil. Acabo de tener una llamada con una clienta que me explicaba que le habían prometido una serie de aumentos y responsabilidades y al final, al revés, le han ido quitando responsabilidades mientras van diciendo a la plantilla que son todos unos inútiles”, relata Orihuela.

El estudio de la Fundación Primero de Mayo también segmenta por sectores: con un 39%, el sanitario y de atención social es el más afectado, por encima del comercio minorista y hotelería con un 38% y de la educación con un 36%. Algo detrás están la administración y atención al público y transporte, que concentran un 31,5% de denuncias, y el sector industrial, con un 29,5% de casos. El resto de sectores suman el 25,8% restante de los casos.

“En ocasiones, la violencia laboral o el acoso se practican con la finalidad concreta de que el trabajador se vaya y ahorrarse un despido” señala Orihuela, que cree que “a veces cuesta detectar la intencionalidad” del acoso o de la violencia. “A veces el humor puede esconder un tipo de violencia y no se suele tener en cuenta cómo recibe el trabajador cada comentario o acción”, desarrolla.

Otra forma de esconder la violencia, apunta, es “con objetivos imposibles de realizar” que pueden costarle muy caro a la salud laboral del empleado. “Existe una falta de formación en liderazgo o una mala forma de comunicarse que en ocasiones es tan dañino como algo intencional”, añade Orihuela, que recuerda que él trabaja con casos particulares y que los colectivos “suelen ir más por la vía sindical y es lo correcto”.

Violencia en pymes y grandes empresas

Con todo y con eso, el 40% de las víctimas y testigos no han reportado en sus empresas que han sufrido o presenciado esta violencia. Según Fernández, de CC.OO, “en las empresas más pequeñas puede ser más difícil de denunciar”, porque el perpetrador de la violencia puede ser el propio dueño de la empresa y porque hay menos canales como por ejemplo comités de empresa.

El estudio, sin embargo, señala que hay más exposición a la violencia laboral en empresas mayores: un 35,9% de los trabajadores la ha sufrido o visto allí, por un 31,3% en las medianas y un 25,6% en las pequeñas.

En las empresas de mayor tamaño, “la dirección puede no saber o no querer enterarse de la violencia laboral” y en ese caso “son responsables ante los tribunales por no haber corregido” estas situaciones. “El acoso es una actitud más continuada en el tiempo y la violencia incluye insultos, comentarios despectivos que no tienen por qué repetirse”, aclara Fernández.

Sea individual o colectiva, la violencia laboral siempre se estudia “de manera individual, aunque canalizada”. “El titular de los derechos que se violentan es la persona trabajadora y se tiene que defender”, observa Fernández. “Siempre tiene que haber puesto en conocimiento a la empresa que existe esta situación y, para ello, la representación sindical es fundamental”, aporta.

El informe apunta a que las mujeres sufren más violencia laboral que los hombres, un 18,3% frente a un 14,8% los hombres. Y entre las violencias sufridas por las mujeres, el 38,8% acredita haber sufrido violencia sexual, lo cual representa un 7% sobre el total de asalariadas. Si atendemos a los micromachismos, la cifra se dispara a un 78,1% de las trabajadoras que lo ha detectado.

El 63,4% de las personas que denuncian haber sido víctimas de violencia laboral perciben efectos graves en su salud mental, mientras que el 94,6% perciben su continuidad en el puesto vinculada a esta situación.

En cuanto al tipo de violencia sufrida, la más común son amenazas, humillaciones, insultos, abusos verbales, gritos o descalificaciones, en un 80,9%. En un 79,6% de los casos había miradas intimidantes o lenguaje corporal hostil. La exclusión u omisión en las comunicaciones alcanza al 78% de las víctimas de violencia laboral. Las agresiones físicas llegaron a ocurrir en un 23,9% de los casos.

Hay debates que colocan la sospecha sobre quien menos poder tiene. Eso ocurre con las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo ha definido el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y ha planteado revisar los complementos salariales “con o sin acuerdo”. No es solo un exceso verbal: prepara el terreno para castigar económicamente a quien enferma y debilitar la negociación colectiva.

Lo que hemos escuchado no es una reflexión seria sobre la incapacidad temporal. Es una ofensiva. Se habla de costes, de lunes y viernes, de supuestos abusos y de recortes, pero apenas se habla de prevención, listas de espera, salud mental, accidentes de trabajo o ritmos laborales que enferman. Se quiere poner el foco en la persona trabajadora de baja, no en las causas que explican por qué acaba de baja.

Especialmente grave ha sido el señalamiento a la juventud trabajadora. Apuntar a quienes tienen entre 25 y 35 años como sospechosos de aprovecharse del sistema es atacar a una generación que ya soporta precariedad, salarios insuficientes, alquileres imposibles, temporalidad e incertidumbre vital. No es falta de compromiso: demasiadas veces se les exige producir mucho a cambio de muy poco.

Conviene aclarar algo básico: incapacidad temporal no es absentismo injustificado. Una baja médica no es una ocurrencia ni una decisión unilateral del trabajador. Responde a una enfermedad, accidente, intervención, recuperación o problema de salud que impide trabajar, y se reconoce mediante criterio sanitario. Desde la Organización Médica Colegial también se ha recordado que la baja laboral debe diferenciarse del absentismo. Poner bajo sospecha las bajas es cuestionar también el criterio profesional de quienes las conceden.

Las personas como mercancía

UGT lo ha dicho con claridad: confundir enfermedades que impiden trabajar con absentismo es tratar a las personas trabajadoras como mercancía. Ahí está el fondo de este discurso: una visión del trabajo en la que la persona vale mientras produce, pero se convierte en problema cuando enferma. Plantear que quien está de baja cobre menos no es modernidad; es castigar a quien está en situación de vulnerabilidad.

Además, se oculta cómo funciona la incapacidad temporal. En enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no están cubiertos; del cuarto al vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. La ley ya contempla una pérdida económica para quien enferma. Por eso, cuando un convenio mejora esa protección, no premia el absentismo: evita que enfermar signifique también empobrecerse.

Ahí está la clave: la negociación colectiva. Las mejoras de incapacidad temporal que existen en muchos sectores no han caído del cielo. No son un regalo de la patronal ni una concesión amable de la empresa. Son fruto de años de organización sindical, mesas de negociación, conflictos, acuerdos, afiliación y lucha colectiva.

Mejorar la vida de la clase trabajadora

En UGT Extremadura hemos elaborado recientemente un informe sobre la incapacidad temporal en los convenios colectivos sectoriales extremeños. Sin entrar en su contenido técnico, deja una conclusión política clara: las mejoras en materia de IT son un elemento clave de la negociación colectiva. Allí donde hay convenio y sindicato hay más garantías para que una enfermedad no se convierta en castigo económico. No hablamos de una regulación descontrolada, sino de cláusulas pactadas, con condiciones y límites según cada sector.

Por eso este debate no va solo de bajas. Va de poder sindical. Va de si las personas trabajadoras tienen herramientas colectivas para defenderse o quedan solas frente a la empresa. Va de si los derechos se pactan en convenios o se recortan desde un atril político.

Desde UGT Extremadura, venimos defendiendo una línea coherente con esta posición: empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos y negociación colectiva como instrumento para mejorar la vida de la clase trabajadora. Hablar de bajas laborales sin hablar de empleo digno, sanidad pública y prevención es hacer trampa.

También debemos recordar algo incómodo: muchos derechos que hoy disfruta una plantilla existen porque alguien los negoció. Subidas salariales, permisos, complementos de IT, jornadas o mejoras sociales se consiguen porque hay sindicatos, delegados y delegadas, recursos, afiliación y organización. Cuestionar a los sindicatos mientras se aprovechan los derechos que conquistan es una contradicción evidente.

Durante años nos han repetido que casi todos somos clase media, pero la realidad es más sencilla: la mayoría vivimos de nuestro salario. Si enfermamos y no hay protección, nuestra vida se tambalea. Si no hay convenio, dependemos de la voluntad empresarial. Eso se llama clase trabajadora.

Si de verdad se quiere reducir la duración de las bajas, hay que reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera, mejorar la atención primaria, invertir en salud mental, perseguir a las empresas que incumplen la prevención y analizar qué condiciones laborales están enfermando a la gente. Lo que no puede aceptarse es señalar al enfermo, atacar a la juventud y usar la incapacidad temporal como excusa para debilitar derechos.

Enfermar no es absentismo. Enfermar no es abuso. Enfermar no es deslealtad a la empresa. Que nadie se equivoque: cuando la patronal y la derecha señalan a quien enferma, no están defendiendo la productividad; están atacando derechos conquistados por la clase trabajadora. Y ahí nos van a encontrar enfrente, defendiendo la salud, el salario, la negociación colectiva y la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo.

Hola,

¿Qué tal? Espero que esta semana haya ido bien y que, con un poco de suerte, te pille ya de vacaciones.

Hoy quiero empezar hablándote de algo que tal vez tengas en casa. La mayor sociedad de neumología del mundo ha publicado un informe en el que pide prohibir las encimeras de cuarzo. El motivo es la epidemia global y devastadora de silicosis que provoca la manipulación de piedra artificial con sílice cristalina.

Si tienes una, no te preocupes. El peligro para la salud aparece durante su fabricación y manipulación, es decir, para miles de trabajadores jóvenes, para quienes, según el informe, las medidas de prevención propuestas por la industria y las administraciones públicas han fracasado estrepitosamente.

De hecho, el trabajo, firmado por un equipo interdisciplinar de 24 expertos, es muy crítico con las tácticas de lobby del sector, que compara con las del amianto, y que han dejado a los operarios expuestos al polvo tóxico que sigue superando habitualmente los límites legales de seguridad.

La Sociedad Torácica Americana (ATS) insta a países como España, cuya industria critica directamente, a seguir el ejemplo de Australia y California, que han optado por su prohibición.

“En España, todas las decisiones que se están tomando son insuficientes y vamos a la cola a la hora de atajar esta epidemia”, lamenta el presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis del Aglomerado de Cuarzo (ASAC), Fernando Arévalo. Esta organización está formada por extrabajadores de Cosentino que han llevado a la empresa a los tribunales por retrasar y ocultar su diagnóstico.

El tema es muy interesante y, si las administraciones creen de verdad en la evidencia científica, va a dar mucho que hablar. Te recomiendo que te leas la información completa de mi compañero Antonio Martínez Ron, que ha hablado con muchos expertos.

Receta rápida

Una placenta artificial para bebés prematuros extremos

Cada año, cerca de 25.000 familias en toda Europa enfrentan el drama de un nacimiento prematuro extremo. Es aquel que se produce entre los seis meses o menos de gestación, en los que los recién nacidos se encuentran en un ambiente hostil que hace muy difícil que puedan salir adelante o tener una vida sin secuelas neurológicas.

Un grupo de investigadores del BCNatal lleva años trabajando en un proyecto para crear una placenta artificial, que permita asistir a los bebés más prematuros. Esta semana han presentado la segunda fase del estudio, todavía en animales. En la primera, consiguieron una supervivencia de 12 días en buen estado fetal en un modelo ovino. Ahora lo han alargado hasta 21.

Al proyecto le quedan todavía pasos muy importantes —recuerda que hace unas semanas te contaba que curar a un animal en un laboratorio no significa que ese tratamiento sirva para los humanos—, pero sí es esperanzador.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa muy buen fin de semana, cuidado con el calor que volverá a apretar y ¡salud!

La Sociedad Torácica Americana (ATS), la organización de salud respiratoria más influyente a nivel mundial, alerta en un informe oficial sobre la epidemia global y devastadora de silicosis provocada por la manipulación de encimeras de piedra artificial con sílice cristalina y aboga por la prohibición y eliminación de este material. Según los especialistas, esta situación ha desbordado los sistemas preventivos y está afectando a miles de trabajadores jóvenes en condiciones de gran vulnerabilidad en todo el mundo, una situación que se ha agravado por la influencia de los intereses económicos y el “lobby” de los fabricantes, a quienes acusa de actuar como hizo la industria del amianto.

El informe, firmado por un equipo interdisciplinar de 24 expertos internacionales, recalca que las medidas de prevención propuestas por la industria y las administraciones públicas —como el uso de agua para el corte, la ventilación o las mascarillas— han fracasado estrepitosamente a la hora de proteger a los operarios, ya que las exposiciones al polvo tóxico siguen superando habitualmente los límites legales de seguridad. Ante este panorama, el documento dictamina que la eliminación en origen del peligro es la medida de control más eficaz y pide que se abandone de forma gradual la fabricación de piedra artificial que contenga sílice cristalina. Siguiendo el histórico precedente de Australia —que prohibió el material en 2024—, la sociedad médica insta al resto de países a replicar este enfoque y recuerda que depender de medidas parciales es inadecuado cuando “la eliminación es tanto posible como necesaria”.

Críticas a la industria en España

El comité científico lanza una durísima crítica al papel que ha jugado la industria productora frente a esta crisis. El informe denuncia cómo los intereses económicos y el “lobby” de los fabricantes en lugares como la Unión Europea han retrasado la adopción de normativas más estrictas y promovido un falso concepto de “uso seguro”, utilizando tácticas de presión comercial y política que, según los autores, “recuerda a las empleadas por la industria del amianto”. Además, exponen que las presiones del sector han complicado la transparencia y han buscado restar importancia a la verdadera magnitud del brote. Los expertos tampoco avalan ciegamente los nuevos productos “bajos en sílice” que han empezado a comercializar las marcas, advirtiendo de forma expresa que no deben considerarse “intrínsecamente seguros”, ya que los materiales sustitutos podrían seguir albergando importantes peligros respiratorios.

Los especialistas recuerdan que los primeros casos de esta epidemia se detectaron en España y aluden al papel de uno de los gigantes del sector, la empresa Cosentino, que ha sido condenada por no advertir durante años del riesgo a los trabajadores de una marmolería de Vigo y ha abonado indemnizaciones a trabajadores propios o de otras marmolerías enfermos de silicosis. España, recuerdan, se ha convertido en “un epicentro europeo de la silicosis” y es “sede de uno de los mayores fabricantes de piedra artificial”, al tiempo que recuerdan que en nuestro país “la presión de la industria ha complicado la transparencia, con esfuerzos documentados para influir en los informes e iniciativas filantrópicas que restaron importancia a la epidemia”.

En España la presión de la industria ha complicado la transparencia, con esfuerzos documentados para influir en los informes e iniciativas filantrópicas que restaron importancia a la epidemia

En España, la epidemia de silicosis por esta causa está en plena explosión y sin visos de detenerse. En el año 2000 se detectaron 15 casos y la cifra se ha ido disparando desde entonces, hasta llegar a más de 600 nuevos partes de silicosis el año pasado, según datos del Ministerio de la Seguridad Social. En 2023, el Gobierno creó un Grupo de trabajo, 'Sílice cristalina respirable', dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas, pero siguen sin tomarse medidas. El único paso fue un informe del Ministerio de Sanidad en 2025 titulado La remergencia de la Silicosis en España, que pedía que se abordara el debate sobre la prohibición de estos materiales. 

En este sentido, el informe de la ATS también censura abiertamente el fracaso de los sistemas de salud pública y de las normativas de vigilancia gubernamentales. El documento expone que existen lagunas críticas y sistémicas en el cribado médico de los trabajadores a nivel mundial, caracterizadas por normativas inconsistentes, escaso cumplimiento empresarial y un enorme subregistro de afectados. Al carecer de vigilancia proactiva —como la realización de tomografías computarizadas periódicas en el sector—, los sistemas de salud públicos terminan detectando la enfermedad solo cuando el operario ya presenta síntomas graves, lo que retrasa los diagnósticos y exacerba las desigualdades en la atención médica.

“Un paso de gigante”

Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del informe, destaca que es producto de meses de trabajo de un panel internacional de especialistas en neumología, salud pública, medicina del trabajo, epidemiología, historia y sociología. Además de actualizar el conocimiento científico sobre la silicosis por piedra artificial, recuerda, el documento señala que las medidas de prevención disponibles no garantizan un uso seguro de este material y contempla su sustitución o eliminación. “Esto es un paso de gigante ante las estrategias de generación de duda o ignorancia que desarrollan los fabricantes”, asegura. “Cuestiona la línea fundamental de defensa de las industrias productoras, que argumentan que el producto es seguro y que el problema lo tienen los manipuladores por trabajar sin las adecuadas medidas de seguridad”, asegura

Esto es un paso de gigante ante las estrategias de generación de duda o ignorancia que desarrollan los fabricantes

Alfredo Menéndez Navarro — Investigador de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del informe

Antonio León Jiménez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de silicosis por piedra artificial, subraya la importancia de que un organismo como este se plantee la posible prohibición de estos productos. “Este es un paso que parece inevitable y deseable, ya que a pesar del conocimiento y concienciación existente en nuestro país sobre las medidas de prevención, siguen apareciendo casos en trabajadores de la piedra artificial, incluso con tiempos de exposición cortos”, explica. 

Cristina Martínez, experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), destaca que la conclusión del informe es que el material es el culpable de todo. “En la SEPAR estamos trabajando en un artículo similar junto con la Sociedad de Medicina del Trabajo que publicaremos pronto”, anuncia. “Está causando una enfermedad grave que afecta a jóvenes trabajadores, a veces con consecuencias fatales y eso es inasumible. Creemos que esos materiales con un 90% de sílice cristalina desde luego hay que prohibirlos y que deberían ser materiales con un porcentaje muchísimo más pequeños, en torno al 10 o 15% como mucho y con vigilancia estrecha”.

Inacción de las autoridades

Óscar Bayona, de la Secretaría de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), critica la inacción de las autoridades ante este problema. “En Australia se optó por el abordaje más enérgico, que es la prohibición de los materiales, en California se están planteando la prohibición, y en España, con muchísimos más casos, no hay cambios significativos en la legislación”, señala. “Lo que dice este informe es que, aun aplicando o reforzando las medidas preventivas para la manipulación de estos materiales, no se garantizan niveles de exposición seguros ni que no vaya a haber consecuencias para la salud de los trabajadores, así que no hacer nada es quedarse muy corto”. 

Las autoridades laborales están mostrando inacción,y eso puede tener graves consecuencias, como las que España ya está teniendo de forma dramática

Óscar Bayona — Secretaría de Salud Laboral del sindicato Comisiones Obreras (CCOO)

Desde del sindicato también creen que el documento refleja un fracaso del sistema preventivo y denuncia falta de liderazgo de la Administración General del Estado y del Ministerio de Trabajo, que es quien tiene las competencias. “Nos incomoda que el grupo de trabajo de sílice cristalina respirable creado en la Comisión Nacional por el Ministerio de Trabajo esté dando resultados muy escasos”, afirma Bayona. “Nos parece que las autoridades laborales, tanto en España como a nivel europeo, están mostrando inacción, ya no solo para tomar decisiones, sino a la hora de estudiar la información disponible, y eso puede tener graves consecuencias, como las que España ya está teniendo de forma dramática”.

Fernando Arévalo, presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis del Aglomerado de Cuarzo (ASAC), considera que el informe confirma sus denuncias y reivindicaciones. “En España, todas las decisiones que se están tomando son insuficientes y vamos a la cola a la hora de atajar esta epidemia”, dice. Su asociación está conformada por extrabajadores de Cosentino que han llevado a la empresa a los tribunales por haber retrasado y ocultado su diagnóstico. “Nosotros nacimos porque Cosentino decía que en la empresa no había problemas de silicosis”, relata. “Yo me he tirado 19 años trabajando en Cosentino y me tuvieron oculto el diagnóstico cinco años, al igual que a muchos trabajadores, y siguen haciéndolo hoy día. Nacimos para desmentir y derribar ese muro en el que decían que la empresa no tenía problemas, argumentando que solo era culpa de los marmolistas por no adoptar las medidas de seguridad”.

Para ASAC, este informe es un espaldarazo a las víctimas de esta epidemia que llevan años denunciando la situación. “Corrobora las investigaciones en las que hemos colaborado aquí en España, y viene a decir que no hay una forma segura de trabajar el material”, destaca Arévalo. “Hay afecciones muy graves en trabajadores cada vez más jóvenes, por lo que está claro que se deberían tomar decisiones drásticas como en Australia y como en California, que ya ha prohibido el corte en seco y está en fase de prohibir el material superior al 1% de sílice”.

España, a mucha distancia del resto

Para Alfredo Menéndez es muy llamativo que gobiernos como los de Australia y California, con muchísimos menos casos que España, hayan adaptado medidas de prevención más estrictas e incluso la prohibición del producto. “Llama la atención la inacción en España” afirma. “Nosotros presentamos el informe de la reemergencia en el grupo de trabajo Sílice Cristalina de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en febrero de 2025 y en el Ministerio de Sanidad, en abril del mismo año. Han tenido las evidencias de primera mano sobre la magnitud del problema en nuestro país y los sectores causantes y un año y medio después se ha hecho muy poco”, concluye.

A Fran Aragón, presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis de Chiclana (ANAES), también le ha sorprendido la diferencia del número de casos entre España y el resto del mundo. “Nos imaginábamos que en Australia, donde han decretado la prohibición, y en California, donde pretenden hacerlo, esta estadística iba a estar más o menos igualada o por encima, pero vemos que España está muy encima de esos países y nos preguntamos qué está haciendo nuestro país que no toma medidas contundentes ya contra lo que está sucediendo”, asegura.

Para ANAES, el informe supone que la ciencia y la investigación respalda su posición. “Desde la asociación lo que queremos es que no haya más familias que pasen por lo que está pasando la mía, que yo soy enfermo” resume Fran Aragón. “Si el material no se puede trabajar de forma segura, que se prohíba. No esperamos otra cosa. Y viendo este documento creemos que la respuesta más contundente es la de Australia, que han mirado por sus ciudadanos y no quieren que enfermen. España debería tomar la misma medida”.

Alfonso Fernández, presidente de FEDESMAR (Federación Española de Asociaciones de Marmolerías), tampoco entiende que, siendo el país más afectado, España no haya tomado medidas más contundentes. “Consideramos que la administración tiene que formar parte activa en la solución”, asegura. “Además, no testó los problemas que podrían surgir de una manipulación inapropiada de este material y tenía que haberse anticipado para proteger los intereses sociales”. En cuanto a la prohibición, desde FEDESMAR prefieren apostar por una regulación tan restrictiva que en la práctica no sea rentable usar la sílice, y reconocen que la industria no informó como debía de los riesgos. “Durante un periodo muy largo, se desinformó o la información que se trasladó fue sesgada”, asegura. “Si cuando se empezaron a comercializar los aglomerados de cuarzo se hubiese definido con claridad meridiana que para transformarlos hacía falta cumplir todo esto, no estaríamos hablando de este problema”.

Desde Cosentino aseguran que la salud y la seguridad son una prioridad estratégica para ellos y dicen cumplir estrictamente con las medidas de salud y seguridad establecidas por las autoridades competentes en todos los países en los que desarrolla su actividad. “La compañía mantiene un firme compromiso con la protección de la salud de los trabajadores a lo largo de toda la cadena de valor y promueve activamente la aplicación de las mejores prácticas preventivas en el sector”, subrayan y recuerdan que han hecho un esfuerzo en innovación para crear una amplia gama de diseños con menos de un 10% de sílice cristalina.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la nulidad del despido de una trabajadora de una panadería de Balaguer, en la provincia de Lleida, al considerar que la empresa la discriminó por encontrarse de baja médica por ansiedad. La Sala de lo Social ha desestimado íntegramente el recurso de la empresa y ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Social de Lleida, que ordenaba la readmisión de la empleada y el pago de una indemnización de 20.000 euros por daños morales.

La dependienta, que trabajaba en la empresa desde mayo de 2019, fue despedida disciplinariamente en enero de 2024 después de que la dirección la acusara de insultar al gerente y a una encargada durante una reunión, unos hechos que los tribunales han considerado no probados.

La sentencia avala los indicios que vinculan el despido con la situación de incapacidad temporal de la trabajadora —de baja por un trastorno de ansiedad desde octubre de 2023—, como un mensaje que el gerente envió a la plantilla a finales de 2022 advirtiendo de que los trabajadores que cogieran bajas largas “sin justificación” acabarían como otra empleada despedida anteriormente.

Para el TSJC, ese mensaje pone de manifiesto una política empresarial contraria a las bajas médicas de larga duración y constituye un indicio de “discriminación”. En este contexto, señala que correspondía a la empresa acreditar que existía una causa ajena a la baja médica que justificara el despido, algo que considera que no ha quedado probado.

El alto tribunal catalán también confirma la indemnización de 20.000 euros fijada por el Juzgado de lo Social de Lleida en febrero de 2025 al considerarla proporcionada a la vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora. La sentencia no es firme y todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.

La salut mental de milers de pacients d’Eivissa i Formentera depèn aquests dies d’una plantilla reduïda al límit. La baixa de set facultatius ha posat contra les cordes el servei de psiquiatria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera (ASEF), que ja arrossegava anys de sobrecàrrega assistencial i dificultats per cobrir places a causa de la greu crisi d’habitatge de l’illa. El nombre de baixes suposa la inoperativitat de mitja plantilla, amb les deficiències que això comporta, com ara les complicacions a l’hora d’atendre intents autolítics —conductes dirigides contra un mateix amb la intenció de causar-se dany.

La setmana passada, al centre sanitari des Viver —un dels centres de salut de la capital eivissenca— només quedava un psiquiatre operatiu per assumir una activitat que habitualment requereix almenys quatre especialistes, tal com han denunciat a elDiario.es facultatius de Can Misses —l’hospital de referència i l’únic públic de l’illa—. La situació s’agreuja per la combinació de manca de personal, esgotament i problemes organitzatius, que ha acabat esclatant en una de les unitats més sensibles del sistema sanitari pitiús. “Hem de fer filigranes per atendre”, han criticat les mateixes fonts sanitàries.

El servei, format per psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers i auxiliars d’infermeria, engloba tant l’hospital públic de Can Misses com els centres de salut des Viver i l’infantojuvenil del centre de salut de Vila. Des de l’Àrea de Salut pitiüsa han reconegut que l’àmbit de la salut mental a Eivissa i Formentera afronta, “des de fa temps”, una elevada pressió assistencial i organitzativa que exigeix una adaptació contínua dels recursos —sobretot de personal— per garantir una atenció adequada als pacients. Fonts de SIMEBAL (el sindicat mèdic balear) precisen a aquest diari que aquest assumpte “està en vies de resolució”, per la qual cosa prefereixen no fer valoracions de moment.

Set psiquiatres de baixa

Aquest escenari crític, però, ha empitjorat considerablement a causa de la baixa laboral de set dels professionals, fet que va conduir una desena d’ells a signar un escrit de denúncia davant la Direcció General de Salut Mental, la Direcció Mèdica, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, la Unitat de Seguretat del Pacient i els sindicats corresponents, tal com va avançar Diario de Ibiza. En el document traslladen la seva “creixent preocupació” per la situació que travessa la unitat. Els facultatius també atribueixen diverses complicacions a una comunicació deficient amb l’actual cap de servei, que “no facilita les gestions per millorar una atenció que ja de per si és difícil de prestar”.

La Direcció explica a elDiario.es que és coneixedora de les “inquietuds” dels professionals de la Unitat de Salut Mental en relació amb l’organització i el funcionament del servei. Per això —asseguren des de la gerència— mantenen el contacte amb els sanitaris implicats i treballen en l’anàlisi de les diferents qüestions plantejades. “Volem afavorir el funcionament adequat del servei, preservar la qualitat assistencial i mantenir un entorn de treball adequat per als equips”, afirmen. També han activat mesures de suport organitzatiu i de coordinació assistencial amb altres dispositius sanitaris per “garantir la cobertura i la continuïtat de l’atenció”, tot i que no han especificat quines.

Un problema “endèmic”

Es tracta, denuncien els facultatius, d’un problema “endèmic” de l’Àrea de Salut pitiüsa. “La demanda és molt més alta que el nombre de professionals. Hi ha manca de metges i cal fer una lectura sobre per què passa això. Fonamentalment, pel cost de la vida i pels lloguers”, expressa amb contundència una de les treballadores: “Passa el mateix que a la resta de serveis: falta personal”.

Pel que fa a la possibilitat de declarar places de “difícil cobertura” —fet que va associat a un complement econòmic, com es va fer a la unitat d’Oncologia—, aquesta professional explica que es tracta d’un “greuge comparatiu”. “Hi ha professionals que fan la mateixa feina i no cobren aquest complement”, lamenta la metgessa. És un problema —expressa— molt difícil de gestionar.

Psiquiatria és un servei que ha col·lapsat perquè el nombre de professionals no és suficient per atendre la demanda existent. A més, a l’hospital els corresponen unes funcions i als ambulatoris —ara anomenats centres de salut— unes altres. Tot i això, lamenten que s’han desmantellat unitats dins de Psiquiatria que eren necessàries. Entre aquestes, la que atenia persones amb problemes d’addiccions.

Un dels especialistes que actualment està de baixa va patir, abans d’agafar-la, una crisi d’ansietat durant un torn. Aquest metge ja havia lamentat que la situació del servei era “insostenible”. I un altre especialista que tenia previst marxar a Mallorca finalment hi va renunciar per cobrir-lo. D’altra banda, a aquesta combinació de factors de càrrega laboral i estrès cal afegir-hi que els psiquiatres també s’han de desplaçar a l’Hospital de Formentera per atendre els més de 6.000 usuaris que hi ha a l’illa.

La situació de càrrega laboral també afecta altres serveis, com l’Atenció Primària, on els cupos per metge de família arriben als 1.900 pacients, tot i que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que no superin els 1.500. “Hem de fer filigranes” per oferir la millor atenció, destaca aquesta professional. La sanitària fa més de tres dècades que treballa a l’Àrea de Salut i assegura que “mai” havia vist l’hospital en una situació semblant. La població, recorda, s’ha duplicat des de llavors.

El municipi on treballa —Santa Eulària— ha experimentat el mateix creixement poblacional desmesurat. “Allà, a més, tenim el problema que no hi ha espai”. L’Ajuntament ha cedit un terreny per construir un altre centre però “jo em jubilaré i ja no treballaré en aquest centre”, diu. “Per població i necessitat hauríem de disposar de molts més recursos dels que tenim”. “Per exemple, per atendre els desplaçats també hem de fer Tetris i ens hem quedat sense unitat d’Atenció a la Dona —que a Sant Antoni sí que funciona— per manca d’espai”, assegura. A més, pel mateix motiu, també s’han quedat sense l’equip de raigs X.

Nova fornada de sanitaris residents

L’hospital Can Misses és, d’altra banda, centre docent des de 1991. Els sanitaris lamenten que en altres comunitats autònomes els residents que es formen en un territori determinat s’hi queden després. Segons consideren, això no passa a les Illes Balears, i encara menys a les Pitiüses. “No es volen quedar, i aquí es formen en medicina interna, UCI, pediatria, psiquiatria...”, lamenten. Al principi, l’hospital públic només formava metges de família, però l’oferta d’especialitats ha anat creixent amb el temps.

Aquesta setmana, precisament, s’han incorporat 24 nous residents de la nova promoció: 14 metges interns residents (MIR), nou infermeres internes residents (EIR) i una farmacèutica interna resident (FIR). Entre les especialitats —detallen des de Salut— hi ha vuit places de Medicina Familiar i Comunitària, dues de Medicina Interna, una de Psiquiatria, una de Pediatria, una de Ginecologia i Obstetrícia i una de Medicina Intensiva.

Pel que fa a l’àrea d’Infermeria, s’hi han incorporat cinc residents d’Atenció Familiar i Comunitària, tres comares i una especialista en Pediatria i Neonatologia. Les incorporacions cobreixen 24 de les 26 places ofertes per a formació especialitzada. Sumant les promocions actualment en formació, l’Àrea de Salut comptarà amb 60 especialistes residents durant el 2026, detallen les mateixes fonts.

Tanmateix, l’àrea de Salut Mental continua desabastida i no hi ha expectatives de millora a l’horitzó. Els residents que romanen a Eivissa són casos particulars amb vincles familiars a l’illa o persones originàries que en el seu moment van marxar i que ara, per motius personals, tenen interès a tornar, valoren les fonts sanitàries consultades per aquest diari. “Però en la resta de casos és molt difícil atreure personal sanitari. No se’ls fan ofertes interessants; aquest any ha estat el primer que s’han ofert contractes de tres anys a professionals”, lamenten.

La salud mental de miles de pacientes de Eivissa y Formentera depende estos días de una plantilla reducida al límite. La baja de siete facultativos ha puesto contra las cuerdas al servicio de psiquiatría del área de Salud de Eivissa y Formentera (ASEF), que ya arrastraba años de sobrecarga asistencial y dificultades para cubrir plazas por la grave crisis de vivienda de la isla. El número de bajas supone la inoperatividad de media plantilla, con las deficiencias que ello conlleva, como las complicaciones a la hora de atender intentos autolíticos –conductas dirigidas contra uno mismo con intención de causarse daño–.

La semana pasada, en el centro sanitario de es Viver –uno de los centros de salud de la capital ibicenca– solo quedaba un psiquiatra operativo para asumir una actividad que habitualmente requiere al menos cuatro especialistas, como han denunciado a elDiario.es facultativos de Can Misses –el hospital de referencia y único público de la isla–. La situación se agrava por la combinación de falta de personal, agotamiento y problemas organizativos que ha acabado estallando en una de las unidades más sensibles del sistema sanitario pitiuso. “Tenemos que hacer filigranas para atender”, han criticado las mismas fuentes sanitarias.

El servicio, compuesto por psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, engloba tanto el hospital público de Can Misses como los centros de salud de es Viver y el infanto juvenil del centro de salud de Vila. Desde el Área de Salud pitiusa han reconocido que el ámbito de la salud mental en Eivissa y Formentera afronta, “desde hace tiempo”, una elevada presión asistencial y organizativa que exige una continua adaptación de los recursos -sobre todo de personal- para garantizar una atención adecuada a los pacientes. Fuentes de SIMEBAL (el sindicato médico balear) precisan a este diario que este asunto “está en vías de resolución”, por lo que prefieren no hacer valoraciones por el momento.

Siete psiquiatras de baja

Este escenario crítico, sin embargo, ha empeorado considerablemente debido a la baja laboral de siete de los profesionales, lo que condujo a que una decena de ellos firmara un escrito de denuncia ante la Dirección General de Salud Mental, la Dirección Médica, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Unidad de Seguridad del Paciente y los sindicatos correspondientes, como adelantó Diario de Ibiza. En el documento trasladan su “creciente preocupación” por la situación que atraviesa la unidad. Los facultativos también atribuyen varias complicaciones a una comunicación deficiente con la actual jefa de servicio que “no facilita las gestiones para mejorar una atención ya de por sí difícil de brindar”.

La Dirección explica a elDiario.es que es conocedora de las “inquietudes” de los profesionales de la Unidad de Salud Mental en relación con la organización y funcionamiento del servicio. Por ello –aseguran desde la gerencia– mantienen el contacto con los sanitarios implicados y trabajan en el análisis de las distintas cuestiones planteadas. “Queremos favorecer el adecuado funcionamiento del servicio, preservar la calidad asistencial y mantener un entorno de trabajo adecuado para los equipos”, afirman. También han activado medidas de apoyo organizativo y coordinación asistencial con otros dispositivos sanitarios para “garantizar la cobertura y continuidad de la atención”, aunque no han especificado cuáles.

Un problema “endémico”

Se trata, denuncian los facultativos, de un problema “endémico” del área de Salud pitiusa. “La demanda es muchísimo más alta que el número de profesionales. Hay carencia de médicos y es necesario hacer una lectura respecto a porqué sucede esto. Fundamentalmente, por la carestía de vida y por los alquileres”, expresa rotunda una de las trabajadoras: “Pasa lo mismo que en el resto de servicios: falta personal”.

En cuanto a la posibilidad de declarar plazas como de “difícil cobertura” –lo que va asociado a un plus económico, como se hizo en la unidad de Oncología–, esta profesional explica que se trata de un “agravio comparativo”. “Hay profesionales haciendo el mismo trabajo y que no cobran ese plus”, lamenta la médica. Es un problema –expresa– de muy difícil manejo.

Psiquiatría es un servicio que ha petado porque el número de profesionales no es suficiente para atender la demanda que hay. Además, en el hospital les corresponden unas funciones y en los ambulatorios –ahora llamados centros de salud– otras. Pese a ello, lamentan que se han cargado unidades dentro de Psiquiatría necesarias. Entre ellas, la que atendía a personas con problemas de adicciones. 

Uno de los especialistas que ahora mismo está de baja, sufrió, antes de darse de baja, una crisis de ansiedad durante un turno. Este médico ya lamentó que la situación en la que estaba el servicio era “insostenible”. Y otro especialista que tenía previsto marcharse a Mallorca, finalmente renunció para cubrirlo. Por otro lado, a esta combinación de factores de carga laboral y estrés hay que añadir que los psiquiatras también se tienen que desplazar al Hospital de Formentera, para atender a los más de 6.000 usuarios que hay en la isla.

La situación de carga laboral afecta también a otros servicios, como Atención Primaria, donde los cupos por médico de familia llegan a 1.900 pacientes, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que no excedan los 1.500 pacientes. “Tenemos que hacer filigranas” para dar la mejor atención, destaca esta profesional. La sanitaria lleva trabajando en el área de Salud desde hace más de tres décadas y asegura que “nunca” había visto el hospital en una situación similar. La población, recuerda, se ha duplicado desde entonces.

El municipio en el que trabaja –Santa Eulària– ha experimentado el mismo crecimiento poblacional desmesurado. “Allí además tenemos el problema de que no hay espacio”. El Ayuntamiento ha cedido un terreno para construir otro centro pero “yo me jubilaré y ya no trabajaré en ese centro”, dice. “Por población y necesidad tendríamos que disponer de muchos más recursos de los que tenemos”. “Por ejemplo, para atender a los desplazados también tenemos que hacer tetris y nos hemos quedado también sin unidad de Atención a la Mujer –que en Sant Antoni funciona–, por falta de espacio”, asegura. Además, por el mismo motivo, se han quedado sin el equipo de rayos.

Nueva hornada de sanitarios residentes

El hospital Can Misses es, por otro lado, docente desde 1991. Los sanitarios lamentan que en otras comunidades autónomas los residentes que se forman en un territorio determinado se quedan en el mismo. Algo que, según consideran, no sucede en Balears, menos en las Pitiüses. “No se quieren quedar, y aquí se forman en medicina interna, UCI, Pediatría, Psiquiatría…”, lamentan. Al principio, el hospital público solo formaba a médicos de familia, pero el abanico de especialidades ha ido creciendo con el tiempo.

Esta semana, precisamente, se han incorporado 24 nuevos residentes de la nueva promoción: 14 médicos internos (MIR), nueve enfermeras internas (EIR) y una farmacéutica interna (FIR). Entre las especialidades –detallan desde Salud– figuran ocho plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, dos de Medicina Interna, una de Psiquiatría, una de Pediatría, una de Ginecología y Obstetricia y una de Medicina Intensiva.

En cuanto al área de Enfermería se han incorporado cinco residentes de Atención Familiar y Comunitaria, tres matronas y una especialista en Pediatría y Neonatología. Las incorporaciones cubren 24 de las 26 plazas ofertadas para formación especializada. Sumando las promociones actualmente en formación, el Área de Salud contará con 60 especialistas residentes durante 2026, detallan las mismas fuentes.

Sin embargo, el área de Salud Mental continúa estando desabastecida y no hay expectativas de mejora en el horizonte. Los residentes que permanecen en Eivissa son casos particulares con vínculos familiares en la isla o personas oriundas que en su momento se marcharon y ahora, por motivos personales, les interesa volver, valoran las fuentes sanitarias consultadas por este diario. “Pero en el resto [de casos] es muy difícil atraer personal sanitario. ”No se les hacen ofertas interesantes, este año ha sido el primero que han ofertado contratos de tres años a profesionales“, lamentan.

En una semana en la que los termómetros escalan hacia los 40 grados en varios puntos del país, la Inspección de Trabajo lanza su ya habitual campaña estival para proteger a los trabajadores del calor extremo en su puesto laboral. Yolanda Díaz ha anunciado que esta semana se enviarán más de 110.000 avisos a empresas de los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción.

“No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica celebrado en Barcelona.

En concreto, la Inspección enviará 113.916 avisos para informar a los empleadores de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas.

1,6 millones de euros en multas el pasado verano

La vicepresidenta segunda ha detallado que el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones en esta materia, con la detección de casi 300 infracciones (291), que supusieron multas de alrededor de 1,6 millones de euros para las empresas.

También “92 requerimientos a las Administraciones Públicas”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha recordado que la Inspección también actúa para proteger a los empleados del calor cuando el empleador es público.

En los casos de temperaturas extremas, con alertas de la AEMET u otras agencias regionales, la legislación prevé la posibilidad de adaptar el trabajo o la jornada, e incluso suspender la actividad para proteger la salud de las plantillas.

Además, el Gobierno aprobó en 2024 los llamados “permisos climáticos”, con hasta cuatro días de permiso retribuido para las situaciones “de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”. Aunque, si la naturaleza de la actividad es compatible con el trabajo a distancia, las empresas pueden acogerse a esta opción.

Evitar muertes y accidentes evitables

“Trabajar no puede costar la salud ni la vida”, ha insistido este lunes Yolanda Díaz. El verano pasado, trascendieron varias muertes de trabajadores por presuntos golpes de calor en su puesto laboral, como Ovidiu Vranciu, temporero de 61 años que murió este lunes durante su jornada en plena ola de calor en una explotación agrícola de Alcarràs (Lleida).

A veces los siniestros no se vinculan con el calor, pero son el origen de una caída o la pérdida de capacidad o concentración que da lugar a un accidente. Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) alerta además de que las altas temperaturas aumentan los accidentes laborales un 17,4% durante las olas de calor.

Según los especialistas en salud laboral, la planificación en los días de calor extremo son fundamentales para evitar los siniestros, con medidas preventivas como adaptar los horarios para evitar los picos de calor, aumentar los descansos, habilitar las zonas de sombra, aumentar la hidratación y modificar los uniformes, entre otras.

Trabajar a casi 30 grados en el interior de una oficina pública, llevando ventiladores de casa o deteniendo la actividad 15 minutos cada hora para “descansar del calor”. Esta es la realidad que, según denuncia el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) sufren desde hace cuatro años los trabajadores de varias sucursales de Correos en La Rioja —entre ellas las de Arnedo, Alfaro y la oficina de Cascajos en Logroño—. Una situación de “ninguneo” institucional y empresarial que el verano pasado ya cruzó la línea roja de la salud laboral.

El episodio más grave ocurrió en julio del año pasado en la oficina de Arnedo. Una empleada de avanzada edad que se encontraba sola por la tarde sufrió un síncope derivado de un golpe de calor en el interior de las instalaciones. Fue una compañera quien la encontró desmayada al entrar en la oficina y dio la voz de alarma. A día de hoy, casi un año después de aquel incidente que le ha desencadenado otras patologías asociadas, la trabajadora continúa de baja médica.

Denuncias sin respuesta e inacción

Lejos de suponer un punto de inflexión, la respuesta de Correos y de los organismos oficiales ante este accidente laboral ha sido, en palabras de los afectados, la inacción. En agosto del año pasado, CGT presentó una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo por el mal funcionamiento crónico del sistema de aire acondicionado, compartido por las zonas de cartería y atención al cliente. En el texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso Rioja2, explican cómo ocurrió el accidente. “El 2 de julio, durante el turno de tarde en la Oficina de Atención al Cliente en Arnedo, una trabajadora que se encontraba sola comenzó a sentirse mal con mareos y dolor de cabeza. Más tarde otra trabajadora que realizaba tareas de reparto volvió a la oficina y se la encontró tirada en el suelo y vomitando”. La trabajadora fue atendida, primero por su compañera, y después de por los servicios médicos que le diagnosticaron un golpe de calor.

De igual forma, en la denuncia también señalan que “el aire acondicionado no funciona bien desde su instalación. Es el único aparato de aire acondicionado para la zona de oficina de atención al cliente y para la unidad de reparto. Si se enfría una zona, deja de enfriar la otra. Nunca ha llegado a enfriar con normalidad”. Y añaden que la climatización sigue funcionando mal y que los trabajadores realizan sus tareas con temperaturas superiores a las establecidas legalmente. Circunstancias ya conocidas por la empresa porque “el responsable del centro de trabajo comunicó, antes del accidente, el mal funcionamiento de la climatización y de las altas temperaturas que soportan los trabajadores”.

De hecho señalan a Correos como el único culpable porque consideran que “el mal funcionamiento de la climatización y de la dejadez de Correos a la hora de solucionar el problema son las causas del accidente laboral sufrido por la trabajadora”. Hablan incluso de “actitud negligente de Correos para proteger la salud de los trabajadores y cumplir las medidas preventivas”. Y por ello piden que se reconozca este suceso como “un accidente laboral” porque la mutua no consideró el golpe de calor como un accidente laboral y la trabajadora estuvo de baja por contingencia común a pesar de que el golpe de calor fue provocado por las altas temperaturas con las que estaba trabajando dentro de la Oficina debido al mal funcionamiento de la climatización.

Y en Arnedo censuran que el problema se ve agravado por la propia arquitectura del edificio. “La cristalera del edificio genera un efecto pantalla que hace el termómetro supere los 27, 28 y 29 grados”. La falta de inversión, añaden, “afecta también a Alfaro donde los empleados se vieron obligados el pasado verano a realizar paros de 15 minutos cada hora ”para soportar las altas temperaturas“. Casi un año después, desde el sindicato CGT aseguran que no han recibido respuesta alguna.

Pero no solo han denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo. Hasta en cuatro ocasiones han trasladado la situación de estos trabajadores en el Comité Provincial de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja. Un órgano colegiado y paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica en materia de prevención de riesgos laborales. En el hay delegados de prevención y representantes de la Administración. “Llevamos cuatro años con este problema. El año pasado, lo único que hizo la empresa fue poner dos aparatos portátiles (pingüinos) que no solucionan nada”, lamentan desde el sindicato.

Y parece que las quejas ante el Comité Provincial de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja tampoco han servido para mucho. Hasta en cuatro ocasiones, a lo largo de 2025 y 2026. En junio de 2025, el acta del Comité recoge las altas temperaturas en Alfaro, “el problema siempre es el mismo”. En octubre de ese año, se insiste en el problema del aire acondicionado de Arnedo y Alfaro e informan del golpe de calor de la trabajadora. Al año siguiente, enero de 2026, el acta recoge nuevamente el problema con el aire acondicionado en Arnedo y Alfaro. Y en abril más de lo mismo: problemas del aire acondicionado en Arnedo, Alfaro y Logroño, concretamente en SUC 3, que es la oficina de Correos ubicada en la calle Cascajos de Logroño donde dicen, “están como hace años. De los tres sitios se solicita el cambio”.

Esta es la situación de los trabajadores de estas oficinas de Correos en La Rioja. Una situación que para el sindicato no es un problema sobrevenido, sino “una cuestión de no querer gastar dinero”. Están cansados de promesas incumplidas y de ver cómo el balón pasad de unas manos a otras. “La dirección se limita a derivar el problema a la empresa contratada para el mantenimiento del servicio, están pidiendo presupuesto, nos dicen constantemente”. Un argumento que para los trabajadores no es válido.

Correos responde: se cambiará la climatización en Arnedo próximamente

Rioja2 se ha puesto en contacto con Correos para contrastar la situación en estas oficinas y conocer las actuaciones que se van a llevar a cabo. Desde la empresa aseguran que disponen de medidas preventivas específicas para la protección de sus trabajadores frente a situaciones y condiciones climatológicas adversas, como pueden ser, en esta época del año, las altas temperaturas. Detallan igualmente el Plan de Prevención y los protocolos específicos y aseguran que “está previsto cambiar el sistema de climatización de Arnedo próximamente”, aunque no concretan cuándo podría ser ese próximamente. En el resto de las oficinas, “las actuaciones se solucionan desde mantenimiento siguiendo las peticiones y los protocolos de actuación correspondientes”.

Asimismo, y según el protocolo, Correos explica que las unidades de reparto ubicadas en zonas geográficas afectadas por avisos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) de alerta naranja (riesgo importante), la plantilla del turno de mañana no realizará labores de reparto domiciliario más allá de las 13:00 horas, mientras que, en el turno de tarde, dichas labores no se iniciarán hasta las 17:00 horas. En el caso de que el aviso se eleve a alerta roja (riesgo extremo), además se suspenderán las tareas de reparto a pie y en moto en el turno de tarde mientras se mantenga dicha situación, quedando limitada la actividad, a partir de las 17:00 horas, al reparto en vehículos de cuatro ruedas para la distribución de envíos registrados.

Además, y de manera independiente a la activación o no de alertas desde AEMET, Correos pone a disposición de los trabajadores, de manera permanente gorras técnicas para cubrir la cabeza y crema solar para la protección frente al aumento de la radiación ultravioleta que se produce en esta época. La información sobre los riesgos derivados de las altas temperaturas también constituye un elemento fundamental, existiendo abundante material divulgativo, como infografías y campañas comunicativas, orientado a concienciar sobre los riesgos del calor. Este material incluye consejos para afrontar la actividad diaria durante el verano, pautas para prevenir el golpe de calor, así como indicaciones para su detección y actuación en caso de producirse, en el ámbito de los primeros auxilios, todo ello complementado con la formación preventiva obligatoria.

Por último, más allá del personal que desarrolla su actividad en exteriores, que es, por tanto, el más expuesto al riesgo derivado de las altas temperaturas, el Protocolo anteriormente mencionado contempla igualmente medidas preventivas para aquellas situaciones extraordinarias en las que, en el resto de los puestos de trabajo, no se pueda garantizar de forma puntual el mantenimiento de unas condiciones térmicas adecuadas. Ante la posible concurrencia de esta situación, se prevé la implantación de pausas de actividad de 5 o 10 minutos por cada hora de trabajo, en función de las circunstancias, así como la adopción de otras medidas adicionales destinadas a preservar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como de los clientes y usuarios.

Mientras tanto, un nuevo verano, este año algo adelantado, y la preocupación de los trabajadores ante las altas temperaturas y el riesgo para su salud porque las soluciones definitivas siguen sin llegar .

También IU llevará al pleno de mañana jueves en el Parlamento de La Rioja el calor y su repercusión en las aulas de los colegios riojanos. El diputado, Carlos Ollero, ha informado de la interpelación que que obligará al consejero de Educación, Alberto Galiana, a contestar el relato de Izquierda Unida que asegura que “no se está afrontando esta cuestión con la prioridad y los recursos económicos necesarios”.

Ollero ha apuntado cómo cada vez llegan antes las altas temperaturas y ha considerado que la falta de preparación de los espacios y las infraestructuras en los centros educativos es “uno de los principales problemas en el ámbito educativo” en La Rioja.

Ha denunciado que se está “claramente incumpliendo en los centros educativos de La Rioja la normativa sobre seguridad y salud laboral en los centros de trabajo con relación a las temperaturas”, ya que “está siendo habitual que se superen los treinte grados de temperatura en aulas con 25 y treinta estudiantes”. Un problema, ha dicho, “que está siendo denunciado por las familias, por los padres, por las madres, por la FAPA, los sindicatos, los docentes y los estudiantes” y que se une a otro y es, ha dicho, la falta de espacio en los centros educativos.

“Tenemos que denunciar que hace décadas que no se construye un nuevo centro por ejemplo en Logroño, donde hay muchas necesidades, y que no hay previsión de construir nuevos centros”, ha clamado.

En la interpelación del pleno, ha adelatando, se darán ejemplos de cómo se están desarrollan las clases en barracones; en espacios como la cafetería o la biblioteca; así como que se está utilizando, también, el espacio dedicado a los departamentos.

La situación más grave “que ha salido a la luz”, ha señalado, ha sido la del IES Bartolomé Cossío, de Haro, “que ha supuesto incluso la dimisión del equipo directivo y que se ha medio solventado con la utilización de la Escuela de Idiomas”. Algo que, desde Izquierda Unida, ha dicho, ven como “un parche”. Ha reclamado “más y mejores espacios para la educación pública; un plan de climatización urgente para todos los centros de La Rioja; y un protocolo específico de actuación en los centros ante temperaturas extremas”.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

Desde que terminó la pandemia, en ciertos círculos empresariales y políticos, se va instalando una narrativa a la que conviene prestar mucha atención. Gota a gota, van filtrando el concepto de absentismo laboral como sinónimo de baja laboral por enfermedad y lo señalan como gran problema social. El objetivo, hacer digerible un cambio del sistema que, hasta ahora, garantiza un derecho básico para los trabajadores que caen enfermos. 

Con Laura Olías, periodista experta en temas laborales de elDiario.es, aclaramos algunos conceptos básicos de esta protección social y analizamos qué consecuencias tiene esta estrategia que hemos visto antes con otros asuntos sociales. Con Paulino Cubero, médico de familia y referente en Incapacidad Laboral de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SemFYC, analizamos la complejidad del sistema actual y lo que estos profesionales ven día a día en sus consultas.  

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Las autoridades reguladoras de la seguridad laboral de California han dado un primer paso para impulsar la prohibición de la fabricación de piedra artificial por su riesgo para la salud de los trabajadores, ha informado Bloomberg. Toman la decisión ante el gran aumento de los enfermos por silicosis, enfermedad progresiva e incurable, en una “epidemia” que afecta a muchos países y especialmente a España, con un récord de 600 nuevos casos el año pasado.

California inicia así un proceso que podría convertir al estado en el primero de Estados Unidos en vetar este material, de uso habitual en las cocinas a través de las encimeras de aglomerado de cuarzo, pero que también se está introduciendo en paredes y otros materiales de construcción. Sería la segunda prohibición de este material, tras Australia, que tomó la decisión en 2023.

Una medida tendría amplias repercusiones para las empresas que fabrican piedra artificial, concretamente Caesarstone USA, la española Cosentino y Cambria Co. LLC, destaca Bloomberg, ya que California es un mercado clave para estos productos.

Gran aumento de trabajadores enfermos

Este Estado ha identificado al menos 562 casos confirmados de silicosis relacionados con la piedra artificial, 218 solo el año pasado, con un importante incremento de casos desde 2022. La edad media de diagnóstico son los 46 años.

Hasta el momento han fallecido 31 trabajadores y hay constancia de 58 trasplantes de pulmón. El 98% de los afectados son trabajadores latinos, comunidad que trabaja especialmente este material en talleres de marmolerías.

“Es difícil, porque la vida se corta”, explicaba a Telemundo José Luis Martir, un extrabajador con complicaciones para respirar debido a la silicosis, que ha prestado su testimonio ante la junta reguladora.

En este contexto en California, las autoridades sanitarias del estado y la comunidad médica estadounidense han intensificado el debate y el análisis sobre los riesgos de este material, que ha llevado a las autoridades regulatorias de salud laboral a instar a la prohibición de la piedra artificial.

Un material “intrínsecamente” peligroso

Por 3 votos a 0 el jueves, la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California acordó ordenar a Cal/OSHA –la agencia estatal encargada de proteger y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores– que inicie un proceso normativo para prohibir la fabricación e instalación de losas de piedra artificial con más del 1% de sílice cristalina, indica Bloomberg.

La votación también ordena a la agencia estatal crear un comité asesor que estudie cómo debería abordar el estado la posible implementación de dicha norma.

La junta, que es el organismo normativo de la División de Seguridad y Salud Ocupacional del estado, concluyó que la piedra artificial con más del 1% de sílice es “intrínsecamente peligrosa, altamente tóxica y perjudicial para los trabajadores”, recoge este medio.

Por ello, sus miembros determinaron que intentar regular el tratamiento de este material, como medidas preventivas para el corte y la instalación de estos materiales, no eliminaría los riesgos asociados a la piedra artificial, por lo que recomendaron que Cal/OSHA convocara un comité consultivo para debatir una prohibición.

La idea es que este nuevo comité esbozará varias hojas de ruta posibles para eliminar gradualmente el uso de losas de cuarzo con más del 1% de sílice cristalina, “a fin de permitir que la industria agote sus existencias actuales mientras busca productos alternativos”, informe Bloomberg.

“Este es un primer paso importante para detener la epidemia de silicosis relacionada con la piedra artificial que ha causado la muerte de decenas de trabajadores y ha enfermado a cientos más”, ha afirmado a este medio David Michaels, administrador de la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de EEUU (OSHA) con más años de servicio y ahora profesor en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Michaels afirmó que es probable que los fabricantes tengan que pasar a utilizar materiales sin sílice a medida que otros organismos reguladores de seguridad sigan su ejemplo.

Productores como Cosentino en los últimos años están produciendo materiales con bajo o nulo contenido en sílice, como indicaron recientemente desde la multinacional a elDiario.es. “Desde 2022, toda nuestra producción contiene menos del 40% de sílice cristalina, y una parte muy relevante de nuestro portafolio, se sitúa por debajo del 10%. Además, recientemente hemos lanzado al mercado ECLOS, un nuevo producto que, entre otras prestaciones, destaca por no incorporar sílice cristalina en su formulación”, afirmaron fuentes de la empresa almeriense.

Algunas investigaciones, como esta publicada en la revista Nature, advierten de que no hay evidencia de los posibles riesgos para la salud de estos nuevos materiales, por lo que recomiendan una “evaluación toxicológica continua”.

En España, uno de los países del mundo con más casos de silicosis, el Gobierno creó en 2023 un Grupo de trabajo, “Sílice cristalina respirable”, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas. Hace un año, el Ministerio de Sanidad publicó el informe La remergencia de la silicosis en España, que abogaba por abrir el debate de la prohibición del aglomerado de cuarzo, como reclaman también en CCOO. Sin embargo, por el momento este debate no está sobre la mesa.

El grupo está elaborando un mapa de exposición a sílice cristalina, un análisis del cumplimiento de la normativa de prevención y está elaborando propuestas de mejora y recomendaciones de buenas prácticas, indicó el Ministerio de Sanidad.

Un día cualquiera. De los que vas corriendo desde primera hora al trabajo, a las clases o a llevar a los niños. Que parece un día más, pero no. Es el día en el que 110.000 personas en edad laboral reciben un diagnóstico de cáncer cada año en España. “Tu vida se para en ese momento”, advierte Almudena Escudero, paciente oncológica, para iniciar una nueva etapa de tratamiento de la enfermedad. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha elaborado el primer protocolo para facilitar el acompañamiento de las empresas a los trabajadores durante este proceso, desde el diagnóstico hasta la reincorporación al trabajo tras el alta médica.

Almudena Escudero ha vuelto a trabajar, pero está aún “con tres tratamientos”. “Yo me fui del trabajo de una manera y he vuelto de otra. Eso hay que contarlo, porque no lo saben. Creen que porque te crece el pelo, vuelves a trabajar o tienes un alta médica, ya eres la misma persona que te fuiste. Pero eso no es así. Vuelve una persona diferente, con unas prioridades diferentes. Tu cuerpo no es el mismo, no puedes hacer lo mismo”, ha destacado la trabajadora este martes en el acto de presentación del protocolo en Madrid, en las oficinas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (INSST).

La iniciativa de este protocolo laboral surgió hace algo más de dos años en la Asociación Española Contra el Cáncer debido a las dificultades que les expresaban los pacientes oncológicos en el ámbito laboral y económico, así como por el continuo aumento de personas enfermas de cáncer en edad laboral. Que se explica principalmente por tres motivos, ha resumido Isabel Orbe, directora AECC: porque nos jubilamos cada vez más tarde, porque se detecta cáncer en personas más jóvenes (un proceso en estudio y que se explica también por la detección cada vez más precoz) y también porque hay más supervivencia.

Por tanto, cada vez más trabajadores y trabajadoras se enfrentan a un diagnóstico de cáncer durante su carrera profesional, cuando aún necesitan un empleo para vivir, pagar las facturas, el alquiler, la hipoteca y otros gastos. Según las estimaciones de la asociación, en total en España hay “más de 800.000 supervivientes de cáncer en edad laboral”.

Y, como se apuntaba, el diagnóstico de cáncer va acompañado en muchos casos de un empeoramiento de la situación económica de los pacientes y sus familias —por el periodo de baja médica y los gastos derivados de la recuperación, entre otros—, que en un 13% de los entrevistados expresan que les ha llevado incluso a atravesar “dificultades”.

Una guía para actuar desde el primer día

El protocolo presentado este martes, tras dos años de trabajos y un proyecto piloto con 29 empresas durante seis meses, en 2025, trata de poner a disposición de las empresas una guía de actuación para responder cuando alguna de las personas de la plantilla tenga un diagnóstico de cáncer, que se adapte a sus particularidades y a las circunstancias del caso concreto. “No se trata de reaccionar, sino estar preparados para actuar de forma correcta. El diagnóstico de cáncer va a llegar”, han avisado desde la AECC.

El protocolo, que facilitará la AECC a las empresas que estén interesadas (con el asesoramiento gratuito para su implantación y el acceso a su cartera de servicios a los pacientes), consta de “dos pilares”. El primero, de “sensibilización” e información, para explicar realmente a las empresas qué es el cáncer y qué supone para los pacientes que lo padecen, qué implican los tratamientos y qué secuelas pueden sufrir los supervivientes de la enfermedad.

El segundo está dedicado al “acompañamiento desde la empresa” al trabajador enfermo de cáncer desde el primer día. Para apoyarle desde la misma fase del diagnóstico, un golpe muy fuerte psicológicamente, han subrayado desde la AECC, así como en el periodo de tratamientos y de vuelta al trabajo. Para ello, se facilitarán buenas prácticas que se pueden implantar sobre, por ejemplo, cómo afrontar la comunicación sobre el cáncer, cómo hacer el acompañamiento emocional y cómo gestionar la ausencia, la permanencia o la reincorporación del paciente oncológico en su nueva situación.

Responsables de Recursos Humanos de varias empresas que han participado en el proyecto piloto de la AECC han explicado algunas de las medidas que han implantado en sus compañías. Por ejemplo, Paloma Losada, de la empresa de mensajería GLS, ha explicado que la multinacional ha decidido “complementar al 100%” las bajas laborales de procesos oncológicos, de manera que los trabajadores no vean afectado su salario. La cooperativa financiera Cajamar está llevando a cabo varias campañas de detección precoz del cáncer para su plantilla, ha explicado Juan José Mellado, primero de colon y ahora de mama.

En Bilstein Group, de recambios de automóviles e industrial, Toño Barredo ha destacado la necesidad de incluir en estos protocolos a “quienes cuidan” a pacientes oncológicos. A hijos, parejas, hermanos o padres de un paciente de cáncer, que también “están afectados” por estos procesos y pueden necesitar apoyo psicológico, así como más flexibilidad en el trabajo para acompañar a sus familiares a pruebas o a tratamientos de quimioterapia, ha señalado Barredo.

Rafael Serra, de Peronda Cerámicas, ha reclamado un trabajo “de pico y pala” para llevar a la práctica esta guía y que no quede relegada al “baúl de los manuales” de Recursos Humanos.

Que el trabajo no sea un problema más, sino un apoyo

El objetivo de la iniciativa es contribuir para que el entorno laboral no sea un problema más del paciente de cáncer, sino un apoyo e incluso una motivación en su recuperación. En la actualidad, un 53% de las personas con cáncer siente que la enfermedad ha frenado su progresión profesional, casi un 50% ha experimentado impedimentos para hacer su trabajo y un 23,4% se ha visto obligado a dejar el trabajo, según el Observatorio de la AECC. Casi un 9% afirma haber sido despedido como consecuencia de la enfermedad.

Cuando llega el diagnóstico, “lo primero que necesitas es un apoyo real y flexibilidad”, ha explicado Almudena Escudero. “En mi caso fue muy importante poder contar. Tener esa confianza para contar lo que pasaba” en su empresa, recuerda. La respuesta fue muy positiva, con la empresa volcada en cómo podía ayudarla. En muchas ocasiones, los jefes y compañeros “no saben cómo reaccionar ante un diagnóstico de cáncer”, dice Escudero, por lo que estos protocolos pueden ser de utilidad para seguir eliminando tabúes sobre la enfermedad.

En su reincorporación, trabajadora y empresa han abordado cuál es su estado de salud actual, con un regreso adaptado, teletrabajo y con flexibilidad. “He ido poquito a poco. Tienes efectos secundarios de tratamientos, necesitas hacer ejercicio, comer bien, son tratamientos muy largos. Necesitas ese apoyo, esa flexibilidad, el no estar justificándote todo el tiempo. Hay permisos para Ir al médico, pero un día no puedo trabajar, porque no me encuentro bien. Eso lo tienes que contar, tienen que entender que no eres la misma persona. Teniendo eso claro, para ti es mucho más fácil, esa presión se va”, explica Escudero.

Jorge Romero, también paciente oncológico, ha puesto el acento en la necesidad de un abordaje “individualizado” para cada paciente. “Detrás de cada cáncer, hay una circunstancia diferente”, ha subrayado, con trabajadores que prefieren no contar la enfermedad, quienes comparten lo que les sucede con la empresa y sus compañeros, personas prefieren trabajar pese al diagnóstico (aun con dificultades), o quienes se encuentran de baja médica.

Con un gran apoyo de sus compañeros y jefes, Romero decidió regresar al trabajo antes de lo previsto, con la flexibilidad para ausentarse si lo necesitaba. En su caso, el trabajo era un foco de motivación en su recuperación, ante la necesidad de “dejar de sentirse enfermo”. “Que yo haya necesitado volver no significa que otras personas necesiten más tiempo”, ha destacado. Su empresa complementaba el 100% del salario, lo que le permitió “solo preocuparme por recuperarme”.

Desde la AECC se han puesto a disposición de las empresas para hacer más amigables los entornos de trabajo a los pacientes oncológicos. “El cáncer no es algo ajeno. Está en la calle, en nuestro día a día, es nuestra realidad. Hay que hablar de cáncer en todos los entornos. Sé que no es una palabra sexy, pero lo es mucho menos si no tiene nombre y cara”, ha destacado la directora de la asociación.

“No puede ser que una encimera te quite la vida y eso es lo que está pasando ahora”. Francisco Manuel Aragón trabajaba en una marmolería haciendo encimeras de piedra artificial, habituales en muchas cocinas. Pero cada vez tenía “más tos”, como varios de sus compañeros, y “pinchacitos en el pecho”. Fue al médico de cabecera, que le detectó una silicosis crónica simple. Tenía 27 años. “Fue un palo. Con 27 años tienes ganas de vivir, un proyecto de vida... se te trunca todo”. Esta enfermedad profesional progresiva e incurable, lejos de reducirse, está en plena explosión en España. El año pasado registró un nuevo récord: 632 nuevos casos.

Francisco Manuel Aragón hoy es presidente de la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), con sede en Chiclana (Cádiz). Junto a él, muchos otros trabajadores y sus familiares pelean desde hace años por visibilizar el auge de la silicosis en España, que muchos tildan de “epidemia”. Empezó a aflorar a finales de la pasada década, convirtiendo esta dolencia –de las más antiguas y vinculada en los siglos pasados a la minería– en la principal enfermedad de carácter profesional en Andalucía.

A nivel estatal, en el año 2000 se detectaron 15 casos. Cifra que se ha ido disparando desde finales de los 2000 y que ha llegado más de 600 nuevos partes de silicosis el año pasado, según el Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) del Ministerio de la Seguridad Social.

Se trata de una patología crónica por la inhalación de polvo de sílice cristalina, que afecta principalmente a la capacidad respiratoria de los afectados, pero que también se está relacionando con “enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas (esclerosis sistémica, artritis reumatoide, etc.), cuya relación está suficientemente acreditada por la evidencia científica”, destaca Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CCOO.

Con poco más de 40 años, a Francisco Manuel Aragón “el simple hecho de subir una escalera” ya le supone una dificultad. “Nos cuesta respirar”, explica el presidente de ANAES, que tomó las riendas de la asociación tras la muerte de su primo, después de un trasplante de pulmón. “Es la última oportunidad que tenemos porque no hay tratamiento para que no avance la enfermedad. Vivió unos 15 días tras el trasplante”, lamenta.

El mayor foco: el aglomerado de cuarzo

En 2023, el Gobierno creó un Grupo de trabajo, “Sílice cristalina respirable”, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas. El reciente crecimiento de la enfermedad implica a “nuevos sectores de riesgo” que no son la minería, apuntan en el Ministerio de Sanidad, que encargó un informe publicado el año pasado, bajo el título La remergencia de la silicosis en España, con la participación del catedrático de la Universidad de Granada (UGR) Alfredo Menéndez y la investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) Catherine Cavalin, especialistas en esta enfermedad.

En el Ministerio de Sanidad explican que “el sector con mayor crecimiento ha sido la 'Fabricación de otros productos minerales no metálicos', en particular el 'Corte, tallado y acabado de la piedra', actividad en la que se incluyen las empresas que trabajan con aglomerados de cuarzo y también las que procesan piedra natural”. Le siguen los sectores de extracción de piedra natural o roca ornamental, y a más distancia, la construcción.

Chiclana (Cádiz), así como Montemayor (Córdoba), han concentrado gran parte de las marmolerías que en Andalucía trabajaban el aglomerado de cuarzo, principalmente el Silestone –producido por el gigante almeriense Cosentino– y el Ceasarstone –de Levantina–, y ahora suman gran parte de los afectados.

Como Raúl Herrero, de 50 años, también en ANAES y que trabajó en marmolerías desde 1998 hasta finales de 2016, cuando le detectaron una silicosis crónica complicada. “Me llamó el neumólogo al trabajo y me dijo: 'Deja lo que estés haciendo y vente para la consulta'. No volví a pisar más el taller desde ese día”, explica el trabajador. Tenía entonces 40 años. Tuvo que formarse para ser conductor de autobús porque con la incapacidad total no podía mantener a su familia. Ha estado trabajando hasta el año pasado, cuando inició una baja por el deterioro de su enfermedad.

Raúl Herrero explica que en sus últimos años como marmolista, los servicios de prevención de la mutua les hacían radiografías y exámenes anuales para vigilar su salud. “Ya empezaban a sonar más los casos de silicosis”, recuerda, pero nunca le advirtieron de nada. “Pongo mucho en duda que alguien mirara esas radiografías. O por lo menos, un experto”, lamenta. Fue su médico de cabecera el que le apremió a hacerse pruebas, que revelaron que tenía silicosis, con la enfermedad ya en grado avanzado.

Aunque hasta el momento los casos de silicosis se ubicaban más en los trabajos con piedra artificial, y no en su fabricación, en los últimos años han aflorado diagnósticos de extrabajadores y trabajadores de la fábrica de Cosentino en Cantoria (Almería) con la enfermedad, organizados en torno a la asociación ASAC (de Afectados por Silicosis de Aglomerado de Cuarzo), presidida por Fernando Arévalo. “Cosentino decía que en la fábrica no había casos y no era cierto, en la asociación tenemos solo 50 personas y hay muchas más”, afirma Arévalo.

Fuentes de la multinacional almeriense responden que pueden afirmar “con claridad que los casos confirmados durante el periodo de alta en Cosentino son aislados en relación con el volumen total de personas que han trabajado y trabajan en nuestros centros productivos”, aunque no concretan su número. Sostienen además que “la rotación de profesionales entre distintas empresas del sector hace especialmente complejo determinar con precisión en qué periodo laboral se origina cada enfermedad profesional”.

Hace unos meses, el Instituto de Medicina Legal (IML) constató que los médicos subcontratados por las mutuas de prevención para detectar cuanto antes indicios de silicosis entre los trabajadores de Cosentino no diagnosticaron la enfermedad cuando ya podían hacerlo. Esto les provocó el “agravamiento evitable” de sus condiciones de salud, según el informe forense incorporado en una causa judicial sobre estas demoras.

Falta de prevención y de información

El Ministerio de Sanidad explica que el incremento observado en las últimas dos décadas en el sector del corte, tallado y acabado de la piedra artificial se ha relacionado con el periodo del boom inmobiliario, “en la mayoría de las ocasiones acompañado por déficits en la prevención”. “Dado el largo periodo de latencia de la silicosis, de 10-15 años, o más, consideramos que los casos actuales de silicosis son, en su gran mayoría, la consecuencia de estas exposiciones masivas a sílice en estos sectores de actividad”, indica el departamento de Mónica García.

La duda es cuándo se llegará al pico de nuevos casos de silicosis fruto de estos años de uso intensivo del aglomerado de cuarzo y de la escasa prevención, y también cuál será la situación de la enfermedad a partir de entonces. Fuentes de Cosentino señalan que, “gracias al refuerzo continuo de las medidas de prevención y seguridad en los centros de trabajo que manipulan materiales con sílice cristalina, cabe esperar que la evolución natural de estos casos sea progresivamente descendente en los próximos años”.

La patronal de marmolistas Fedesmar señala al propio material como el punto de inflexión de la escalada de afectados. “Obviamente, la manipulación masiva de materiales con alto contenido de sílice cristalina (más del 93%) como los denominados aglomerados de cuarzo han sido el elemento detonante de esta enfermedad en el sector”, sostienen. “Antes de su incorporación, cuando se trabajan exclusivamente materiales naturales, la silicosis no se conocía como enfermedad profesional vinculada a nuestro sector”, indican en la organización patronal.

Desde Fedesmar recuerdan que en muchos casos los enfermos son “los propios empresarios”, que tenían talleres familiares, y que adolecieron de “desinformación” o información “sesgada” o “confusa”. Cosentino reconoció hace años en los tribunales que no facilitó la información suficiente a marmolistas que enfermaron de silicosis.

Fue el caso de D. A. C., que trabajaba con su padre y dos hermanos en un taller de marmolería. “Hacíamos encimeras de aglomerado de cuarzo. Enfermamos todos”, explica el afectado, al que detectaron la silicosis con 36 años. Uno de sus hermanos ha fallecido por la enfermedad y también un primo, dedicado al mismo sector. “Es horroroso. Siempre estamos asustados”, reconoce D. A. C., que destaca que en el taller aplicaban medidas preventivas, “pero eran insuficientes para ese material nuevo” del que asegura que desconocían el riesgo.

“Los servicios de prevención tampoco fueron alertados de los riesgos que la manipulación de estos materiales provocaba para el trabajador”, añaden en Fedesmar, que denuncian también que “la propia administración tampoco actúa con la eficiencia y rigor esperado cuando se manifestaron los primeros casos en el sector”. En Andalucía, se creó un plan específico, el Programa Integral de Silicosis de Andalucía en el manipulado de aglomerados de cuarzo, conocido como PISA, que el Gobierno del PP de Juanma Moreno dejó caducar y al que no ha dado continuidad pese al continuo auge de la enfermedad.

Cosentino lanzó por su parte hace un año una fundación (Premin) “para la prevención, mitigación e investigación de la silicosis”, de la que recelan la mayoría de asociaciones de afectados, sindicatos y varios investigadores contactados, por el conflicto de intereses que enfrenta la multinacional ante este problema de salud pública.

Asociaciones de víctimas piden la prohibición como en Australia

Las asociaciones de víctimas ANAES y ASAC, y cada vez más expertos de la comunidad científica –como ha ocurrido en California ante el aumento de casos en el Estado–, exigen actuar para frenar esta escalada de la silicosis.

En el sindicato UGT consideran que hay que acabar con “incumplimiento generalizado” de la normativa de prevención de riesgos laborales, afirma su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz. Además, reclaman hacer un seguimiento exhaustivo de los trabajadores de los sectores expuestos al polvo de sílice cristalina. En CCOO exigen también “reducir el valor límite ambiental para adecuarlo al carácter cancerígeno de la sustancia” al 0,025 miligramos por metro cúbico, “la mitad del actualmente vigente”.

Este lunes, la Agencia de Salud y Seguridad en el trabajo británica (HSE) ha anunciado nuevas obligaciones para el sector del corte de piedra artificial, con medidas como la prohibición de corte en seco, una vigilancia periódica de la salud de los empleados y la sustitución a piedra artificial con un bajo contenido en sílice. “Existe piedra artificial con menor contenido en sílice y de la misma calidad, lo que elimina cualquier motivo para que las empresas no cambien a productos menos peligrosos”, ha sostenido la agencia, que ha llevado un trabajo de investigación de dos años, en colaboración con el sector.

En Cosentino afirman que su compromiso “con la seguridad sigue siendo firme e inequívoco”. “Desde 2022, toda nuestra producción contiene menos del 40% de sílice cristalina, y una parte muy relevante de nuestro portafolio, se sitúa por debajo del 10%. Además, recientemente hemos lanzado al mercado ECLOS, un nuevo producto que, entre otras prestaciones, destaca por no incorporar sílice cristalina en su formulación”, explican en la multinacional, donde consideran que “esta reducción del contenido de sílice cristalina representa un avance tangible que ayuda a los talleres de elaboración y corte a gestionar de forma más eficaz la exposición de sus empleados al polvo de sílice”.

Desde la patronal de marmolistas Fedesmar apuestan por estos materiales de bajo o nulo contenido en sílice cristalina, pero piden “transparencia en la información” así como estudios sobre sus posibles efectos en la salud. Algunas investigaciones, como esta publicada en la revista Nature, advierten de que no hay evidencia de los posibles riesgos para la salud de estos nuevos materiales, por lo que recomiendan una “evaluación toxicológica continua”.

Las asociaciones de víctimas ANAES y ASAC piden la prohibición de esta piedra artificial en España, como hizo en diciembre de 2023 Australia, al considerar que no había prevención posible para paliar los riesgos derivados de los aglomerados de cuarzo. La investigadora francesa Catherine Cavalin subraya el carácter participativo y el alto nivel científico del peritaje que realizó ese país antes de prohibir la importación y el uso de encimeras de piedra artificial. “Es muy específico y único en la historia de la salud laboral”. Reunió a expertos de distintas especialidades que estudiaron en profundidad el material entre 2019 y 2023, así como otro estudio paralelo de su Agencia de Salud en el Trabajo (Safe Work Australia).

Sanidad, en su informe de La remergencia de la silicosis en España, también emplazó a este debate, que “CCOO ya ha propuesto abrir” en el seno del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional, indica Mariano Sanz. Sin embargo, por el momento este Grupo de Trabajo no está en este punto. Acaba de finalizar un mapa de exposición a sílice cristalina respirable por actividades prioritarias, “que nos permita tener información sobre la caracterización de la exposición en las diferentes actividades”, indican en el Ministerio de Sanidad, y ahora se dirige a cumplir los otros dos objetivos marcados: un análisis del seguimiento del cumplimiento de la normativa y la elaboración de propuestas de mejora, así como la recomendación de buenas prácticas.

El catedrático Alfredo Menéndez advierte de que la magnitud del problema en nuestro país “genera estupor” entre los investigadores australianos o californianos, “que son los que están abordando este asunto en sus respectivos territorios”. España es uno de los países con más casos del mundo. “Hay más casos en Andalucía que en California, cuando la población de California triplica la de Andalucía. E incluso más casos en Andalucía que en toda Australia”, subraya el investigador. 

“Es incomprensible que un año después estemos donde estamos”, sostiene Alfredo Menéndez, ante la ausencia de un Plan de acción por parte del Grupo de trabajo de sílice cristina del Gobierno. Desde principios de 2000, “son 6.500 partes de una enfermedad crónica, incurable y tremendamente complicada de gestionar en el día a día. ¿A qué seguimos esperando?”, alerta. 

La Inspección de Trabajo y Osalan investigan a una empresa de Bizkaia por los altos niveles de arsénico detectados en los análisis de varios trabajadores que se encuentran de baja médica. Al menos hay nueve empleados a los que se les ha detectado niveles que duplican o triplican los valores que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. Se trata de la empresa Montorretas, ubicada en Durango, que cuenta con alrededor de 32 personas en plantilla y que se dedica a la fabricación de perdigón de plomo para caza y competición. Además, parte de la actividad está centrada en la producción de granulado de plomo, principalmente utilizado en la tecnología de encapsulados en las acerías.

La denuncia, adelantada por el diario 'El Correo', ha partido de los propios trabajadores de la plantilla. Varios de ellos se han dirigido a CCOO, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y otros a ELA, que han denunciado el caso ante Osalan. Fuentes de estos dos organismos han confirmado que los técnicos han iniciado el procedimiento de inspección tras la denuncia y que está a la espera de conocer los resultados.

Algunos de estos trabajadores acudieron a la mutua tras encontrarse mal y al realizarles análisis de sangre y orina se detectaron valores muy por encima de los 35 microgramos sobre los que ya saltan las alarmas. Algunos tenían más de 68 microgramos y otros tenían picos de hasta 400, según señalan desde el sindicato ELA. Por su parte, CCOO ha denunciado incumplimientos en las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de este compuesto altamente venenoso. Además de los trabajadores a los que se les ha detectado el arsénico en los análisis, hay un trabajador de la empresa ingresado en el hospital de Usansolo, pero está aún sin confirmar si su ingreso está directamente relacionado con el contacto con el arsénico.

La empresa utiliza el arsénico como materia prima en uno de los procesos de fabricación de perdigones, tal y como se recoge en su declaración ambiental integrada, que también especifica medidas de seguridad para minimizar el impacto de este compuesto. Los trabajadores afectados y que se encuentran de baja trabajan en el horno y clasificación.

La empresa confía en “esclarecer los hechos con rigor”

Fuentes de la empresa han señalado a través de un comunicado que tan pronto como la dirección tuvo noticia de que varios trabajadores de la empresa “podrían estar atravesando una situación que pudiera afectar a su salud”, se pusieron en marcha “de forma inmediata los protocolos establecidos, notificando el caso a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa aplicable”.

“Como medida de cautela y en atención al bienestar de toda la plantilla, la empresa está llevando a cabo las actuaciones preventivas que la situación requiere para garantizar que el conjunto de los trabajadores continúa desarrollando su actividad en las condiciones adecuadas”, han señalado. Por otra parte, han confiado en que “la investigación en curso por parte de las autoridades competentes contribuirá a esclarecer los hechos con rigor”. “Esta empresa tiene como única prioridad en este momento la salud de sus trabajadores y la colaboración plena y sin reservas con las autoridades competentes”, han indicado y han rechazado realizar “declaraciones adicionales hasta que se haya esclarecido lo ocurrido”. Además de transmitir su total apoyo y cercanía a los trabajadores afectados“, han recordado que la empresa formar parte del tejido industrial de Durango desde 1959 y que las personas que la integran son ”como siempre, su mayor activo“.

El sindicato CSIF ha vuelto a exigir a los gestores del Servicio Riojano de Salud (SERIS) que solucionen “la más que precaria situación de los trabajadores de la categoría de Pinche del Hospital San Pedro de Logroño”. Denuncian que, esta semana que se ha celebrado el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, “a la Administración se le llena la boca de eventos y campañas de márketing mientras que la realidad en la que muchos empleados públicos desarrollan su trabajo diario, muchas veces no cumple ni con las mínimas medidas reglamentarias”.

Denuncian que en el caso de los pinches de cocina del San Pedro, “la sobrecarga de trabajo es brutal” ya que no se cubren las bajas que cada vez son más numerosas y la contratación de personal de nueva incorporación sigue siendo muy escasa. Aseguran que esta situación provoca que al personal que está trabajando no les dé tiempo a finalizar sus tareas en el turno y se acumulen para los turnos siguientes, provocando una situación de colapso.

Por otro lado, denuncian que este colectivo está siendo discriminado con respecto al resto de trabajadores del SERIS que cuentan con 40 horas de formación anuales y a los pinches se les están denegando permisos para acudir a cursos de formación presenciales debido a la escasez de personal.

“Especialmente denigrante es la situación en la que tienen que desarrollar sus labores ya que de los dos trenes de lavado con los que cuenta la cocina del Hospital San Pedro, uno de ellos lleva meses estropeado no alcanzando la temperatura adecuada, lo que provoca que la vajilla salga sucia y sobrecargando por este motivo a los trabajadores que tienen que volver a lavarla a mano”, señalan. Por otro lado, denuncian también que “las condiciones ambientales son insoportables con temperaturas elevadísimas que provocan mareos y desmayos”. Aseguran que la solución para este problema por parte del SERIS fue poner dos ventiladores que “no han solucionado el grave problema térmico de las instalaciones y que dudosamente cumplirá la normativa en PRL”.

CSIF exige a los gestores del SERIS que solucionen todos estos problemas de manera urgente haciendo una buena previsión de personal en la próxima contratación de personal, reparando toda la maquinaria estropeada de la cocina del Hospital San Pedro e instalando climatización adecuada para paliar las altas temperaturas en determinados sectores de este servicio.

CSIF recuerda a la Administración que la Prevención de Riesgos Laborales no es un tema para hacer carteles, dosieres o campañas publicitarias sino que debe ser ejemplo para el resto de las empresas y la ciudadanía y debe ser la primera en dotar de unas buenas condiciones laborales a sus trabajadores.

La manifestación con motivo del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo convocada por UGT y CCOO ha reclamado “dar mayor visibilidad” a las enfermedades profesionales, así como una nueva Ley de Riesgos Laborales. En la región, en lo que va de año, se han producido tres accidentes laborales mortales.

La protesta que, ha partido de la Glorieta del Doctor Zubía en Logroño para concluir frente a la sede de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), en la plaza del Mercado, ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Por un derecho real y efectivo a la seguridad y salud en el trabajo'.

Antes de la manifestación, los secretarios de Salud Laboral de UGT y CCOO La Rioja, José Antonio Jorge y Eva Fernández, han hecho sus reivindicaciones. “Este año en La Rioja -ha señalado Fernández- se han declarado 166 enfermedades profesionales y ninguna de ellas ha sido por cáncer, ni tampoco ninguna ha sido por una enfermedad mental”. Por ello, lo que exigimos “es la actualización del listado de enfermedades profesionales, donde entren más enfermedades cancerígenas y donde entren las enfermedades provocadas por la salud mental”.

En este punto, Jorge ha recordado que “aproximadamente son unos 5 millones de euros de gasto que tiene la Seguridad Social que deber estar pagando las mutuas para tratar esas enfermedades profesionales”. Además, ha acusado a las mutuas de “preocuparse solo por su negocio, ya que no quieren cuidar ni tratar ni recuperar a los trabajadores que sufren esas enfermedades derivadas de su actividad laboral, por lo que nos seguiremos concentrando las veces que sea necesaria para seguir exigiendo prevención”.

Por otra parte, ha reclamado al Gobierno que ponga más medios para la Inspección de Trabajo, y que ésta haga partícipes a los sindicatos en la investigación de los accidentes laborales ocurridos, sobre todo de los graves y de los mortales. “Somos parte activa de la prevención de riesgos laborales y podemos aportar mucho para poder prevenirlos y, si es posible, evitarlos”.

Ambos sindicatos han exigido, asimismo, la nueva Ley de Riesgos Laborales. “Si se actualiza lo que hacemos es cubrir todos los riesgos que salen de lo que es la transición energética, la transición digital y la transición demográfica”. Además, “tendríamos en cuenta la perspectiva de género, la diversidad sexual, la edad de las personas trabajadoras, y lo que haríamos es adaptar las evaluaciones de puesto a las personas dependiendo de su cuerpo y dependiendo de las capacidades que tienen”.

Posteriormente, frente a la sede de la FER se ha leído un manifiesto en el que han incidido en que “las enfermedades causadas por el trabajo, principal desafío para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras”. En 2026 se han cumplido 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una Ley que “en sus días modernizó el marco legal de la salud y la seguridad en el trabajo en España y que logró excelentes frutos con un descenso significativo de los accidentes mortales de trabajo durante los primeros años”, pero que “sin embargo, la realidad laboral ha sufrido importantes transformaciones desde entonces”.

“Los avances en la digitalización, las consecuencias del cambio climático, el aumento de la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo y en ocupaciones anteriormente reservadas en exclusiva a los hombres, el envejecimiento de la población trabajadora, modifican las condiciones de trabajo, las relaciones laborales y los riesgos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI”, ha añadido el comunicado.

Para los sindicatos, los accidentes de trabajo “siguen siendo la consecuencia más evidente de la falta de medidas preventivas, pero debemos atender a las enfermedades de origen laboral, puesto que representan un terrible y duradero perjuicio para las personas trabajadoras y supone uno de los restos más importantes en materia preventiva”.

En el texto se recoge la importancia de la prevención, porque “es necesario seguir apostando por el avance y la mejora de las condiciones laborales que, sin duda, ayudarán a seguir descendiendo el número de accidentes en el trabajo”, si bien “aún queda mucho camino que recorrer, existen sectores como el de la Construcción donde la siniestralidad ha sufrido un importante ascenso”.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) va a elevar a la Fiscalía el “aumento de los casos de abortos” entre las trabajadoras de la factoría de Vestas en Daimiel (Ciudad Real) y el incremento de “enfermedades respiratorias y dermatológicas” entre la plantilla al considerar que podrían deberse a “la exposición a agentes tóxicos en el entorno laboral”.

Así lo han denunciado el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco; el secretario general a nivel nacional de la Federación de Industria del sindicato, Francisco San José, y el secretario general de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Cuevas, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

El sindicato ha alertado de que la exposición a determinados productos presentes en el ambiente de trabajo estaría provocando afecciones dermatológicas, alergias y enfermedades respiratorias como el asma, además de una posible vinculación con un “número elevadísimo de abortos” en proporción a la plantilla.

“Sería de una irresponsabilidad tremenda no actuar”, han advertido, señalando que en el último año se han detectado en torno a 30 casos de enfermedades relacionadas con estas condiciones, a los que se sumarían unos 20 en lo que va de 2026, una cifra que consideran “exponencial”.

No obstante, han reconocido la dificultad para cuantificar el alcance real debido a la rotación laboral y al uso de subcontratas en la planta. Asimismo, han denunciado que la empresa no estaría reconociendo estas patologías como enfermedades profesionales, lo que obliga a los trabajadores a iniciar procesos para determinar la contingencia de sus bajas. También han acusado a la dirección de mantener una actitud de “represión” hacia quienes denuncian estas situaciones a través de los sindicatos.

Piden al Gobierno regional “protocolos específicos”

Por todo ello, han avanzado que el sindicato está trabajando con su gabinete jurídico para llevar ante la Fiscalía estas “gravedades” que han llegado a calificar como un problema de “salud pública”, y que, a su juicio, requieren depurar posibles responsabilidades penales.

Desde CCOO también han reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que active protocolos específicos para detectar posibles afecciones relacionadas con la exposición a estos agentes, incluyendo alergias dermatológicas, problemas respiratorios y alteraciones reproductivas.

En paralelo, han hecho un llamamiento a las autoridades laborales para que actúen ante lo que consideran una vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales y han insistido en la necesidad de “flexibilizar la exposición” a estos productos contaminantes para garantizar la seguridad de la plantilla.

Pueden derivar en un problema de salud pública

El sindicato ha advertido de que estas prácticas “pueden derivar en un problema de salud pública” si no se adoptan medidas urgentes, subrayando que los efectos de la exposición podrían agravarse con el paso del tiempo.

“Los empleados que trabajaban con uralitas hace unos años no sabían que podían enfermar, y ahora puede estar ocurriendo algo similar en Vestas”, han señalado, advirtiendo del carácter “silencioso” de estos riesgos y de su impacto progresivo sobre la salud de la plantilla.

En este sentido, han insistido en que no se trata de accidentes laborales convencionales de tipo musculoesquelético, sino de una exposición continuada a agentes que permanecen en el ambiente y que afectan de forma acumulativa a los trabajadores.

Finalmente, han reiterado que la empresa no estaría reconociendo estas dolencias como enfermedades profesionales, lo que obliga a los afectados a iniciar procedimientos individuales para que se determine su origen laboral.