También IU llevará al pleno de mañana jueves en el Parlamento de La Rioja el calor y su repercusión en las aulas de los colegios riojanos. El diputado, Carlos Ollero, ha informado de la interpelación que que obligará al consejero de Educación, Alberto Galiana, a contestar el relato de Izquierda Unida que asegura que “no se está afrontando esta cuestión con la prioridad y los recursos económicos necesarios”.

Ollero ha apuntado cómo cada vez llegan antes las altas temperaturas y ha considerado que la falta de preparación de los espacios y las infraestructuras en los centros educativos es “uno de los principales problemas en el ámbito educativo” en La Rioja.

Ha denunciado que se está “claramente incumpliendo en los centros educativos de La Rioja la normativa sobre seguridad y salud laboral en los centros de trabajo con relación a las temperaturas”, ya que “está siendo habitual que se superen los treinte grados de temperatura en aulas con 25 y treinta estudiantes”. Un problema, ha dicho, “que está siendo denunciado por las familias, por los padres, por las madres, por la FAPA, los sindicatos, los docentes y los estudiantes” y que se une a otro y es, ha dicho, la falta de espacio en los centros educativos.

“Tenemos que denunciar que hace décadas que no se construye un nuevo centro por ejemplo en Logroño, donde hay muchas necesidades, y que no hay previsión de construir nuevos centros”, ha clamado.

En la interpelación del pleno, ha adelatando, se darán ejemplos de cómo se están desarrollan las clases en barracones; en espacios como la cafetería o la biblioteca; así como que se está utilizando, también, el espacio dedicado a los departamentos.

La situación más grave “que ha salido a la luz”, ha señalado, ha sido la del IES Bartolomé Cossío, de Haro, “que ha supuesto incluso la dimisión del equipo directivo y que se ha medio solventado con la utilización de la Escuela de Idiomas”. Algo que, desde Izquierda Unida, ha dicho, ven como “un parche”. Ha reclamado “más y mejores espacios para la educación pública; un plan de climatización urgente para todos los centros de La Rioja; y un protocolo específico de actuación en los centros ante temperaturas extremas”.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

Desde que terminó la pandemia, en ciertos círculos empresariales y políticos, se va instalando una narrativa a la que conviene prestar mucha atención. Gota a gota, van filtrando el concepto de absentismo laboral como sinónimo de baja laboral por enfermedad y lo señalan como gran problema social. El objetivo, hacer digerible un cambio del sistema que, hasta ahora, garantiza un derecho básico para los trabajadores que caen enfermos. 

Con Laura Olías, periodista experta en temas laborales de elDiario.es, aclaramos algunos conceptos básicos de esta protección social y analizamos qué consecuencias tiene esta estrategia que hemos visto antes con otros asuntos sociales. Con Paulino Cubero, médico de familia y referente en Incapacidad Laboral de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, SemFYC, analizamos la complejidad del sistema actual y lo que estos profesionales ven día a día en sus consultas.  

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Las autoridades reguladoras de la seguridad laboral de California han dado un primer paso para impulsar la prohibición de la fabricación de piedra artificial por su riesgo para la salud de los trabajadores, ha informado Bloomberg. Toman la decisión ante el gran aumento de los enfermos por silicosis, enfermedad progresiva e incurable, en una “epidemia” que afecta a muchos países y especialmente a España, con un récord de 600 nuevos casos el año pasado.

California inicia así un proceso que podría convertir al estado en el primero de Estados Unidos en vetar este material, de uso habitual en las cocinas a través de las encimeras de aglomerado de cuarzo, pero que también se está introduciendo en paredes y otros materiales de construcción. Sería la segunda prohibición de este material, tras Australia, que tomó la decisión en 2023.

Una medida tendría amplias repercusiones para las empresas que fabrican piedra artificial, concretamente Caesarstone USA, la española Cosentino y Cambria Co. LLC, destaca Bloomberg, ya que California es un mercado clave para estos productos.

Gran aumento de trabajadores enfermos

Este Estado ha identificado al menos 562 casos confirmados de silicosis relacionados con la piedra artificial, 218 solo el año pasado, con un importante incremento de casos desde 2022. La edad media de diagnóstico son los 46 años.

Hasta el momento han fallecido 31 trabajadores y hay constancia de 58 trasplantes de pulmón. El 98% de los afectados son trabajadores latinos, comunidad que trabaja especialmente este material en talleres de marmolerías.

“Es difícil, porque la vida se corta”, explicaba a Telemundo José Luis Martir, un extrabajador con complicaciones para respirar debido a la silicosis, que ha prestado su testimonio ante la junta reguladora.

En este contexto en California, las autoridades sanitarias del estado y la comunidad médica estadounidense han intensificado el debate y el análisis sobre los riesgos de este material, que ha llevado a las autoridades regulatorias de salud laboral a instar a la prohibición de la piedra artificial.

Un material “intrínsecamente” peligroso

Por 3 votos a 0 el jueves, la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California acordó ordenar a Cal/OSHA –la agencia estatal encargada de proteger y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores– que inicie un proceso normativo para prohibir la fabricación e instalación de losas de piedra artificial con más del 1% de sílice cristalina, indica Bloomberg.

La votación también ordena a la agencia estatal crear un comité asesor que estudie cómo debería abordar el estado la posible implementación de dicha norma.

La junta, que es el organismo normativo de la División de Seguridad y Salud Ocupacional del estado, concluyó que la piedra artificial con más del 1% de sílice es “intrínsecamente peligrosa, altamente tóxica y perjudicial para los trabajadores”, recoge este medio.

Por ello, sus miembros determinaron que intentar regular el tratamiento de este material, como medidas preventivas para el corte y la instalación de estos materiales, no eliminaría los riesgos asociados a la piedra artificial, por lo que recomendaron que Cal/OSHA convocara un comité consultivo para debatir una prohibición.

La idea es que este nuevo comité esbozará varias hojas de ruta posibles para eliminar gradualmente el uso de losas de cuarzo con más del 1% de sílice cristalina, “a fin de permitir que la industria agote sus existencias actuales mientras busca productos alternativos”, informe Bloomberg.

“Este es un primer paso importante para detener la epidemia de silicosis relacionada con la piedra artificial que ha causado la muerte de decenas de trabajadores y ha enfermado a cientos más”, ha afirmado a este medio David Michaels, administrador de la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de EEUU (OSHA) con más años de servicio y ahora profesor en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Michaels afirmó que es probable que los fabricantes tengan que pasar a utilizar materiales sin sílice a medida que otros organismos reguladores de seguridad sigan su ejemplo.

Productores como Cosentino en los últimos años están produciendo materiales con bajo o nulo contenido en sílice, como indicaron recientemente desde la multinacional a elDiario.es. “Desde 2022, toda nuestra producción contiene menos del 40% de sílice cristalina, y una parte muy relevante de nuestro portafolio, se sitúa por debajo del 10%. Además, recientemente hemos lanzado al mercado ECLOS, un nuevo producto que, entre otras prestaciones, destaca por no incorporar sílice cristalina en su formulación”, afirmaron fuentes de la empresa almeriense.

Algunas investigaciones, como esta publicada en la revista Nature, advierten de que no hay evidencia de los posibles riesgos para la salud de estos nuevos materiales, por lo que recomiendan una “evaluación toxicológica continua”.

En España, uno de los países del mundo con más casos de silicosis, el Gobierno creó en 2023 un Grupo de trabajo, “Sílice cristalina respirable”, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas. Hace un año, el Ministerio de Sanidad publicó el informe La remergencia de la silicosis en España, que abogaba por abrir el debate de la prohibición del aglomerado de cuarzo, como reclaman también en CCOO. Sin embargo, por el momento este debate no está sobre la mesa.

El grupo está elaborando un mapa de exposición a sílice cristalina, un análisis del cumplimiento de la normativa de prevención y está elaborando propuestas de mejora y recomendaciones de buenas prácticas, indicó el Ministerio de Sanidad.

Un día cualquiera. De los que vas corriendo desde primera hora al trabajo, a las clases o a llevar a los niños. Que parece un día más, pero no. Es el día en el que 110.000 personas en edad laboral reciben un diagnóstico de cáncer cada año en España. “Tu vida se para en ese momento”, advierte Almudena Escudero, paciente oncológica, para iniciar una nueva etapa de tratamiento de la enfermedad. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha elaborado el primer protocolo para facilitar el acompañamiento de las empresas a los trabajadores durante este proceso, desde el diagnóstico hasta la reincorporación al trabajo tras el alta médica.

Almudena Escudero ha vuelto a trabajar, pero está aún “con tres tratamientos”. “Yo me fui del trabajo de una manera y he vuelto de otra. Eso hay que contarlo, porque no lo saben. Creen que porque te crece el pelo, vuelves a trabajar o tienes un alta médica, ya eres la misma persona que te fuiste. Pero eso no es así. Vuelve una persona diferente, con unas prioridades diferentes. Tu cuerpo no es el mismo, no puedes hacer lo mismo”, ha destacado la trabajadora este martes en el acto de presentación del protocolo en Madrid, en las oficinas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (INSST).

La iniciativa de este protocolo laboral surgió hace algo más de dos años en la Asociación Española Contra el Cáncer debido a las dificultades que les expresaban los pacientes oncológicos en el ámbito laboral y económico, así como por el continuo aumento de personas enfermas de cáncer en edad laboral. Que se explica principalmente por tres motivos, ha resumido Isabel Orbe, directora AECC: porque nos jubilamos cada vez más tarde, porque se detecta cáncer en personas más jóvenes (un proceso en estudio y que se explica también por la detección cada vez más precoz) y también porque hay más supervivencia.

Por tanto, cada vez más trabajadores y trabajadoras se enfrentan a un diagnóstico de cáncer durante su carrera profesional, cuando aún necesitan un empleo para vivir, pagar las facturas, el alquiler, la hipoteca y otros gastos. Según las estimaciones de la asociación, en total en España hay “más de 800.000 supervivientes de cáncer en edad laboral”.

Y, como se apuntaba, el diagnóstico de cáncer va acompañado en muchos casos de un empeoramiento de la situación económica de los pacientes y sus familias —por el periodo de baja médica y los gastos derivados de la recuperación, entre otros—, que en un 13% de los entrevistados expresan que les ha llevado incluso a atravesar “dificultades”.

Una guía para actuar desde el primer día

El protocolo presentado este martes, tras dos años de trabajos y un proyecto piloto con 29 empresas durante seis meses, en 2025, trata de poner a disposición de las empresas una guía de actuación para responder cuando alguna de las personas de la plantilla tenga un diagnóstico de cáncer, que se adapte a sus particularidades y a las circunstancias del caso concreto. “No se trata de reaccionar, sino estar preparados para actuar de forma correcta. El diagnóstico de cáncer va a llegar”, han avisado desde la AECC.

El protocolo, que facilitará la AECC a las empresas que estén interesadas (con el asesoramiento gratuito para su implantación y el acceso a su cartera de servicios a los pacientes), consta de “dos pilares”. El primero, de “sensibilización” e información, para explicar realmente a las empresas qué es el cáncer y qué supone para los pacientes que lo padecen, qué implican los tratamientos y qué secuelas pueden sufrir los supervivientes de la enfermedad.

El segundo está dedicado al “acompañamiento desde la empresa” al trabajador enfermo de cáncer desde el primer día. Para apoyarle desde la misma fase del diagnóstico, un golpe muy fuerte psicológicamente, han subrayado desde la AECC, así como en el periodo de tratamientos y de vuelta al trabajo. Para ello, se facilitarán buenas prácticas que se pueden implantar sobre, por ejemplo, cómo afrontar la comunicación sobre el cáncer, cómo hacer el acompañamiento emocional y cómo gestionar la ausencia, la permanencia o la reincorporación del paciente oncológico en su nueva situación.

Responsables de Recursos Humanos de varias empresas que han participado en el proyecto piloto de la AECC han explicado algunas de las medidas que han implantado en sus compañías. Por ejemplo, Paloma Losada, de la empresa de mensajería GLS, ha explicado que la multinacional ha decidido “complementar al 100%” las bajas laborales de procesos oncológicos, de manera que los trabajadores no vean afectado su salario. La cooperativa financiera Cajamar está llevando a cabo varias campañas de detección precoz del cáncer para su plantilla, ha explicado Juan José Mellado, primero de colon y ahora de mama.

En Bilstein Group, de recambios de automóviles e industrial, Toño Barredo ha destacado la necesidad de incluir en estos protocolos a “quienes cuidan” a pacientes oncológicos. A hijos, parejas, hermanos o padres de un paciente de cáncer, que también “están afectados” por estos procesos y pueden necesitar apoyo psicológico, así como más flexibilidad en el trabajo para acompañar a sus familiares a pruebas o a tratamientos de quimioterapia, ha señalado Barredo.

Rafael Serra, de Peronda Cerámicas, ha reclamado un trabajo “de pico y pala” para llevar a la práctica esta guía y que no quede relegada al “baúl de los manuales” de Recursos Humanos.

Que el trabajo no sea un problema más, sino un apoyo

El objetivo de la iniciativa es contribuir para que el entorno laboral no sea un problema más del paciente de cáncer, sino un apoyo e incluso una motivación en su recuperación. En la actualidad, un 53% de las personas con cáncer siente que la enfermedad ha frenado su progresión profesional, casi un 50% ha experimentado impedimentos para hacer su trabajo y un 23,4% se ha visto obligado a dejar el trabajo, según el Observatorio de la AECC. Casi un 9% afirma haber sido despedido como consecuencia de la enfermedad.

Cuando llega el diagnóstico, “lo primero que necesitas es un apoyo real y flexibilidad”, ha explicado Almudena Escudero. “En mi caso fue muy importante poder contar. Tener esa confianza para contar lo que pasaba” en su empresa, recuerda. La respuesta fue muy positiva, con la empresa volcada en cómo podía ayudarla. En muchas ocasiones, los jefes y compañeros “no saben cómo reaccionar ante un diagnóstico de cáncer”, dice Escudero, por lo que estos protocolos pueden ser de utilidad para seguir eliminando tabúes sobre la enfermedad.

En su reincorporación, trabajadora y empresa han abordado cuál es su estado de salud actual, con un regreso adaptado, teletrabajo y con flexibilidad. “He ido poquito a poco. Tienes efectos secundarios de tratamientos, necesitas hacer ejercicio, comer bien, son tratamientos muy largos. Necesitas ese apoyo, esa flexibilidad, el no estar justificándote todo el tiempo. Hay permisos para Ir al médico, pero un día no puedo trabajar, porque no me encuentro bien. Eso lo tienes que contar, tienen que entender que no eres la misma persona. Teniendo eso claro, para ti es mucho más fácil, esa presión se va”, explica Escudero.

Jorge Romero, también paciente oncológico, ha puesto el acento en la necesidad de un abordaje “individualizado” para cada paciente. “Detrás de cada cáncer, hay una circunstancia diferente”, ha subrayado, con trabajadores que prefieren no contar la enfermedad, quienes comparten lo que les sucede con la empresa y sus compañeros, personas prefieren trabajar pese al diagnóstico (aun con dificultades), o quienes se encuentran de baja médica.

Con un gran apoyo de sus compañeros y jefes, Romero decidió regresar al trabajo antes de lo previsto, con la flexibilidad para ausentarse si lo necesitaba. En su caso, el trabajo era un foco de motivación en su recuperación, ante la necesidad de “dejar de sentirse enfermo”. “Que yo haya necesitado volver no significa que otras personas necesiten más tiempo”, ha destacado. Su empresa complementaba el 100% del salario, lo que le permitió “solo preocuparme por recuperarme”.

Desde la AECC se han puesto a disposición de las empresas para hacer más amigables los entornos de trabajo a los pacientes oncológicos. “El cáncer no es algo ajeno. Está en la calle, en nuestro día a día, es nuestra realidad. Hay que hablar de cáncer en todos los entornos. Sé que no es una palabra sexy, pero lo es mucho menos si no tiene nombre y cara”, ha destacado la directora de la asociación.

“No puede ser que una encimera te quite la vida y eso es lo que está pasando ahora”. Francisco Manuel Aragón trabajaba en una marmolería haciendo encimeras de piedra artificial, habituales en muchas cocinas. Pero cada vez tenía “más tos”, como varios de sus compañeros, y “pinchacitos en el pecho”. Fue al médico de cabecera, que le detectó una silicosis crónica simple. Tenía 27 años. “Fue un palo. Con 27 años tienes ganas de vivir, un proyecto de vida... se te trunca todo”. Esta enfermedad profesional progresiva e incurable, lejos de reducirse, está en plena explosión en España. El año pasado registró un nuevo récord: 632 nuevos casos.

Francisco Manuel Aragón hoy es presidente de la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), con sede en Chiclana (Cádiz). Junto a él, muchos otros trabajadores y sus familiares pelean desde hace años por visibilizar el auge de la silicosis en España, que muchos tildan de “epidemia”. Empezó a aflorar a finales de la pasada década, convirtiendo esta dolencia –de las más antiguas y vinculada en los siglos pasados a la minería– en la principal enfermedad de carácter profesional en Andalucía.

A nivel estatal, en el año 2000 se detectaron 15 casos. Cifra que se ha ido disparando desde finales de los 2000 y que ha llegado más de 600 nuevos partes de silicosis el año pasado, según el Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) del Ministerio de la Seguridad Social.

Se trata de una patología crónica por la inhalación de polvo de sílice cristalina, que afecta principalmente a la capacidad respiratoria de los afectados, pero que también se está relacionando con “enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas (esclerosis sistémica, artritis reumatoide, etc.), cuya relación está suficientemente acreditada por la evidencia científica”, destaca Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CCOO.

Con poco más de 40 años, a Francisco Manuel Aragón “el simple hecho de subir una escalera” ya le supone una dificultad. “Nos cuesta respirar”, explica el presidente de ANAES, que tomó las riendas de la asociación tras la muerte de su primo, después de un trasplante de pulmón. “Es la última oportunidad que tenemos porque no hay tratamiento para que no avance la enfermedad. Vivió unos 15 días tras el trasplante”, lamenta.

El mayor foco: el aglomerado de cuarzo

En 2023, el Gobierno creó un Grupo de trabajo, “Sílice cristalina respirable”, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas. El reciente crecimiento de la enfermedad implica a “nuevos sectores de riesgo” que no son la minería, apuntan en el Ministerio de Sanidad, que encargó un informe publicado el año pasado, bajo el título La remergencia de la silicosis en España, con la participación del catedrático de la Universidad de Granada (UGR) Alfredo Menéndez y la investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) Catherine Cavalin, especialistas en esta enfermedad.

En el Ministerio de Sanidad explican que “el sector con mayor crecimiento ha sido la 'Fabricación de otros productos minerales no metálicos', en particular el 'Corte, tallado y acabado de la piedra', actividad en la que se incluyen las empresas que trabajan con aglomerados de cuarzo y también las que procesan piedra natural”. Le siguen los sectores de extracción de piedra natural o roca ornamental, y a más distancia, la construcción.

Chiclana (Cádiz), así como Montemayor (Córdoba), han concentrado gran parte de las marmolerías que en Andalucía trabajaban el aglomerado de cuarzo, principalmente el Silestone –producido por el gigante almeriense Cosentino– y el Ceasarstone –de Levantina–, y ahora suman gran parte de los afectados.

Como Raúl Herrero, de 50 años, también en ANAES y que trabajó en marmolerías desde 1998 hasta finales de 2016, cuando le detectaron una silicosis crónica complicada. “Me llamó el neumólogo al trabajo y me dijo: 'Deja lo que estés haciendo y vente para la consulta'. No volví a pisar más el taller desde ese día”, explica el trabajador. Tenía entonces 40 años. Tuvo que formarse para ser conductor de autobús porque con la incapacidad total no podía mantener a su familia. Ha estado trabajando hasta el año pasado, cuando inició una baja por el deterioro de su enfermedad.

Raúl Herrero explica que en sus últimos años como marmolista, los servicios de prevención de la mutua les hacían radiografías y exámenes anuales para vigilar su salud. “Ya empezaban a sonar más los casos de silicosis”, recuerda, pero nunca le advirtieron de nada. “Pongo mucho en duda que alguien mirara esas radiografías. O por lo menos, un experto”, lamenta. Fue su médico de cabecera el que le apremió a hacerse pruebas, que revelaron que tenía silicosis, con la enfermedad ya en grado avanzado.

Aunque hasta el momento los casos de silicosis se ubicaban más en los trabajos con piedra artificial, y no en su fabricación, en los últimos años han aflorado diagnósticos de extrabajadores y trabajadores de la fábrica de Cosentino en Cantoria (Almería) con la enfermedad, organizados en torno a la asociación ASAC (de Afectados por Silicosis de Aglomerado de Cuarzo), presidida por Fernando Arévalo. “Cosentino decía que en la fábrica no había casos y no era cierto, en la asociación tenemos solo 50 personas y hay muchas más”, afirma Arévalo.

Fuentes de la multinacional almeriense responden que pueden afirmar “con claridad que los casos confirmados durante el periodo de alta en Cosentino son aislados en relación con el volumen total de personas que han trabajado y trabajan en nuestros centros productivos”, aunque no concretan su número. Sostienen además que “la rotación de profesionales entre distintas empresas del sector hace especialmente complejo determinar con precisión en qué periodo laboral se origina cada enfermedad profesional”.

Hace unos meses, el Instituto de Medicina Legal (IML) constató que los médicos subcontratados por las mutuas de prevención para detectar cuanto antes indicios de silicosis entre los trabajadores de Cosentino no diagnosticaron la enfermedad cuando ya podían hacerlo. Esto les provocó el “agravamiento evitable” de sus condiciones de salud, según el informe forense incorporado en una causa judicial sobre estas demoras.

Falta de prevención y de información

El Ministerio de Sanidad explica que el incremento observado en las últimas dos décadas en el sector del corte, tallado y acabado de la piedra artificial se ha relacionado con el periodo del boom inmobiliario, “en la mayoría de las ocasiones acompañado por déficits en la prevención”. “Dado el largo periodo de latencia de la silicosis, de 10-15 años, o más, consideramos que los casos actuales de silicosis son, en su gran mayoría, la consecuencia de estas exposiciones masivas a sílice en estos sectores de actividad”, indica el departamento de Mónica García.

La duda es cuándo se llegará al pico de nuevos casos de silicosis fruto de estos años de uso intensivo del aglomerado de cuarzo y de la escasa prevención, y también cuál será la situación de la enfermedad a partir de entonces. Fuentes de Cosentino señalan que, “gracias al refuerzo continuo de las medidas de prevención y seguridad en los centros de trabajo que manipulan materiales con sílice cristalina, cabe esperar que la evolución natural de estos casos sea progresivamente descendente en los próximos años”.

La patronal de marmolistas Fedesmar señala al propio material como el punto de inflexión de la escalada de afectados. “Obviamente, la manipulación masiva de materiales con alto contenido de sílice cristalina (más del 93%) como los denominados aglomerados de cuarzo han sido el elemento detonante de esta enfermedad en el sector”, sostienen. “Antes de su incorporación, cuando se trabajan exclusivamente materiales naturales, la silicosis no se conocía como enfermedad profesional vinculada a nuestro sector”, indican en la organización patronal.

Desde Fedesmar recuerdan que en muchos casos los enfermos son “los propios empresarios”, que tenían talleres familiares, y que adolecieron de “desinformación” o información “sesgada” o “confusa”. Cosentino reconoció hace años en los tribunales que no facilitó la información suficiente a marmolistas que enfermaron de silicosis.

Fue el caso de D. A. C., que trabajaba con su padre y dos hermanos en un taller de marmolería. “Hacíamos encimeras de aglomerado de cuarzo. Enfermamos todos”, explica el afectado, al que detectaron la silicosis con 36 años. Uno de sus hermanos ha fallecido por la enfermedad y también un primo, dedicado al mismo sector. “Es horroroso. Siempre estamos asustados”, reconoce D. A. C., que destaca que en el taller aplicaban medidas preventivas, “pero eran insuficientes para ese material nuevo” del que asegura que desconocían el riesgo.

“Los servicios de prevención tampoco fueron alertados de los riesgos que la manipulación de estos materiales provocaba para el trabajador”, añaden en Fedesmar, que denuncian también que “la propia administración tampoco actúa con la eficiencia y rigor esperado cuando se manifestaron los primeros casos en el sector”. En Andalucía, se creó un plan específico, el Programa Integral de Silicosis de Andalucía en el manipulado de aglomerados de cuarzo, conocido como PISA, que el Gobierno del PP de Juanma Moreno dejó caducar y al que no ha dado continuidad pese al continuo auge de la enfermedad.

Cosentino lanzó por su parte hace un año una fundación (Premin) “para la prevención, mitigación e investigación de la silicosis”, de la que recelan la mayoría de asociaciones de afectados, sindicatos y varios investigadores contactados, por el conflicto de intereses que enfrenta la multinacional ante este problema de salud pública.

Asociaciones de víctimas piden la prohibición como en Australia

Las asociaciones de víctimas ANAES y ASAC, y cada vez más expertos de la comunidad científica –como ha ocurrido en California ante el aumento de casos en el Estado–, exigen actuar para frenar esta escalada de la silicosis.

En el sindicato UGT consideran que hay que acabar con “incumplimiento generalizado” de la normativa de prevención de riesgos laborales, afirma su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz. Además, reclaman hacer un seguimiento exhaustivo de los trabajadores de los sectores expuestos al polvo de sílice cristalina. En CCOO exigen también “reducir el valor límite ambiental para adecuarlo al carácter cancerígeno de la sustancia” al 0,025 miligramos por metro cúbico, “la mitad del actualmente vigente”.

Este lunes, la Agencia de Salud y Seguridad en el trabajo británica (HSE) ha anunciado nuevas obligaciones para el sector del corte de piedra artificial, con medidas como la prohibición de corte en seco, una vigilancia periódica de la salud de los empleados y la sustitución a piedra artificial con un bajo contenido en sílice. “Existe piedra artificial con menor contenido en sílice y de la misma calidad, lo que elimina cualquier motivo para que las empresas no cambien a productos menos peligrosos”, ha sostenido la agencia, que ha llevado un trabajo de investigación de dos años, en colaboración con el sector.

En Cosentino afirman que su compromiso “con la seguridad sigue siendo firme e inequívoco”. “Desde 2022, toda nuestra producción contiene menos del 40% de sílice cristalina, y una parte muy relevante de nuestro portafolio, se sitúa por debajo del 10%. Además, recientemente hemos lanzado al mercado ECLOS, un nuevo producto que, entre otras prestaciones, destaca por no incorporar sílice cristalina en su formulación”, explican en la multinacional, donde consideran que “esta reducción del contenido de sílice cristalina representa un avance tangible que ayuda a los talleres de elaboración y corte a gestionar de forma más eficaz la exposición de sus empleados al polvo de sílice”.

Desde la patronal de marmolistas Fedesmar apuestan por estos materiales de bajo o nulo contenido en sílice cristalina, pero piden “transparencia en la información” así como estudios sobre sus posibles efectos en la salud. Algunas investigaciones, como esta publicada en la revista Nature, advierten de que no hay evidencia de los posibles riesgos para la salud de estos nuevos materiales, por lo que recomiendan una “evaluación toxicológica continua”.

Las asociaciones de víctimas ANAES y ASAC piden la prohibición de esta piedra artificial en España, como hizo en diciembre de 2023 Australia, al considerar que no había prevención posible para paliar los riesgos derivados de los aglomerados de cuarzo. La investigadora francesa Catherine Cavalin subraya el carácter participativo y el alto nivel científico del peritaje que realizó ese país antes de prohibir la importación y el uso de encimeras de piedra artificial. “Es muy específico y único en la historia de la salud laboral”. Reunió a expertos de distintas especialidades que estudiaron en profundidad el material entre 2019 y 2023, así como otro estudio paralelo de su Agencia de Salud en el Trabajo (Safe Work Australia).

Sanidad, en su informe de La remergencia de la silicosis en España, también emplazó a este debate, que “CCOO ya ha propuesto abrir” en el seno del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional, indica Mariano Sanz. Sin embargo, por el momento este Grupo de Trabajo no está en este punto. Acaba de finalizar un mapa de exposición a sílice cristalina respirable por actividades prioritarias, “que nos permita tener información sobre la caracterización de la exposición en las diferentes actividades”, indican en el Ministerio de Sanidad, y ahora se dirige a cumplir los otros dos objetivos marcados: un análisis del seguimiento del cumplimiento de la normativa y la elaboración de propuestas de mejora, así como la recomendación de buenas prácticas.

El catedrático Alfredo Menéndez advierte de que la magnitud del problema en nuestro país “genera estupor” entre los investigadores australianos o californianos, “que son los que están abordando este asunto en sus respectivos territorios”. España es uno de los países con más casos del mundo. “Hay más casos en Andalucía que en California, cuando la población de California triplica la de Andalucía. E incluso más casos en Andalucía que en toda Australia”, subraya el investigador. 

“Es incomprensible que un año después estemos donde estamos”, sostiene Alfredo Menéndez, ante la ausencia de un Plan de acción por parte del Grupo de trabajo de sílice cristina del Gobierno. Desde principios de 2000, “son 6.500 partes de una enfermedad crónica, incurable y tremendamente complicada de gestionar en el día a día. ¿A qué seguimos esperando?”, alerta. 

La Inspección de Trabajo y Osalan investigan a una empresa de Bizkaia por los altos niveles de arsénico detectados en los análisis de varios trabajadores que se encuentran de baja médica. Al menos hay nueve empleados a los que se les ha detectado niveles que duplican o triplican los valores que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. Se trata de la empresa Montorretas, ubicada en Durango, que cuenta con alrededor de 32 personas en plantilla y que se dedica a la fabricación de perdigón de plomo para caza y competición. Además, parte de la actividad está centrada en la producción de granulado de plomo, principalmente utilizado en la tecnología de encapsulados en las acerías.

La denuncia, adelantada por el diario 'El Correo', ha partido de los propios trabajadores de la plantilla. Varios de ellos se han dirigido a CCOO, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y otros a ELA, que han denunciado el caso ante Osalan. Fuentes de estos dos organismos han confirmado que los técnicos han iniciado el procedimiento de inspección tras la denuncia y que está a la espera de conocer los resultados.

Algunos de estos trabajadores acudieron a la mutua tras encontrarse mal y al realizarles análisis de sangre y orina se detectaron valores muy por encima de los 35 microgramos sobre los que ya saltan las alarmas. Algunos tenían más de 68 microgramos y otros tenían picos de hasta 400, según señalan desde el sindicato ELA. Por su parte, CCOO ha denunciado incumplimientos en las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de este compuesto altamente venenoso. Además de los trabajadores a los que se les ha detectado el arsénico en los análisis, hay un trabajador de la empresa ingresado en el hospital de Usansolo, pero está aún sin confirmar si su ingreso está directamente relacionado con el contacto con el arsénico.

La empresa utiliza el arsénico como materia prima en uno de los procesos de fabricación de perdigones, tal y como se recoge en su declaración ambiental integrada, que también especifica medidas de seguridad para minimizar el impacto de este compuesto. Los trabajadores afectados y que se encuentran de baja trabajan en el horno y clasificación.

La empresa confía en “esclarecer los hechos con rigor”

Fuentes de la empresa han señalado a través de un comunicado que tan pronto como la dirección tuvo noticia de que varios trabajadores de la empresa “podrían estar atravesando una situación que pudiera afectar a su salud”, se pusieron en marcha “de forma inmediata los protocolos establecidos, notificando el caso a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa aplicable”.

“Como medida de cautela y en atención al bienestar de toda la plantilla, la empresa está llevando a cabo las actuaciones preventivas que la situación requiere para garantizar que el conjunto de los trabajadores continúa desarrollando su actividad en las condiciones adecuadas”, han señalado. Por otra parte, han confiado en que “la investigación en curso por parte de las autoridades competentes contribuirá a esclarecer los hechos con rigor”. “Esta empresa tiene como única prioridad en este momento la salud de sus trabajadores y la colaboración plena y sin reservas con las autoridades competentes”, han indicado y han rechazado realizar “declaraciones adicionales hasta que se haya esclarecido lo ocurrido”. Además de transmitir su total apoyo y cercanía a los trabajadores afectados“, han recordado que la empresa formar parte del tejido industrial de Durango desde 1959 y que las personas que la integran son ”como siempre, su mayor activo“.

El sindicato CSIF ha vuelto a exigir a los gestores del Servicio Riojano de Salud (SERIS) que solucionen “la más que precaria situación de los trabajadores de la categoría de Pinche del Hospital San Pedro de Logroño”. Denuncian que, esta semana que se ha celebrado el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, “a la Administración se le llena la boca de eventos y campañas de márketing mientras que la realidad en la que muchos empleados públicos desarrollan su trabajo diario, muchas veces no cumple ni con las mínimas medidas reglamentarias”.

Denuncian que en el caso de los pinches de cocina del San Pedro, “la sobrecarga de trabajo es brutal” ya que no se cubren las bajas que cada vez son más numerosas y la contratación de personal de nueva incorporación sigue siendo muy escasa. Aseguran que esta situación provoca que al personal que está trabajando no les dé tiempo a finalizar sus tareas en el turno y se acumulen para los turnos siguientes, provocando una situación de colapso.

Por otro lado, denuncian que este colectivo está siendo discriminado con respecto al resto de trabajadores del SERIS que cuentan con 40 horas de formación anuales y a los pinches se les están denegando permisos para acudir a cursos de formación presenciales debido a la escasez de personal.

“Especialmente denigrante es la situación en la que tienen que desarrollar sus labores ya que de los dos trenes de lavado con los que cuenta la cocina del Hospital San Pedro, uno de ellos lleva meses estropeado no alcanzando la temperatura adecuada, lo que provoca que la vajilla salga sucia y sobrecargando por este motivo a los trabajadores que tienen que volver a lavarla a mano”, señalan. Por otro lado, denuncian también que “las condiciones ambientales son insoportables con temperaturas elevadísimas que provocan mareos y desmayos”. Aseguran que la solución para este problema por parte del SERIS fue poner dos ventiladores que “no han solucionado el grave problema térmico de las instalaciones y que dudosamente cumplirá la normativa en PRL”.

CSIF exige a los gestores del SERIS que solucionen todos estos problemas de manera urgente haciendo una buena previsión de personal en la próxima contratación de personal, reparando toda la maquinaria estropeada de la cocina del Hospital San Pedro e instalando climatización adecuada para paliar las altas temperaturas en determinados sectores de este servicio.

CSIF recuerda a la Administración que la Prevención de Riesgos Laborales no es un tema para hacer carteles, dosieres o campañas publicitarias sino que debe ser ejemplo para el resto de las empresas y la ciudadanía y debe ser la primera en dotar de unas buenas condiciones laborales a sus trabajadores.

La manifestación con motivo del Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo convocada por UGT y CCOO ha reclamado “dar mayor visibilidad” a las enfermedades profesionales, así como una nueva Ley de Riesgos Laborales. En la región, en lo que va de año, se han producido tres accidentes laborales mortales.

La protesta que, ha partido de la Glorieta del Doctor Zubía en Logroño para concluir frente a la sede de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), en la plaza del Mercado, ha estado encabezada por una pancarta en la que se podía leer 'Por un derecho real y efectivo a la seguridad y salud en el trabajo'.

Antes de la manifestación, los secretarios de Salud Laboral de UGT y CCOO La Rioja, José Antonio Jorge y Eva Fernández, han hecho sus reivindicaciones. “Este año en La Rioja -ha señalado Fernández- se han declarado 166 enfermedades profesionales y ninguna de ellas ha sido por cáncer, ni tampoco ninguna ha sido por una enfermedad mental”. Por ello, lo que exigimos “es la actualización del listado de enfermedades profesionales, donde entren más enfermedades cancerígenas y donde entren las enfermedades provocadas por la salud mental”.

En este punto, Jorge ha recordado que “aproximadamente son unos 5 millones de euros de gasto que tiene la Seguridad Social que deber estar pagando las mutuas para tratar esas enfermedades profesionales”. Además, ha acusado a las mutuas de “preocuparse solo por su negocio, ya que no quieren cuidar ni tratar ni recuperar a los trabajadores que sufren esas enfermedades derivadas de su actividad laboral, por lo que nos seguiremos concentrando las veces que sea necesaria para seguir exigiendo prevención”.

Por otra parte, ha reclamado al Gobierno que ponga más medios para la Inspección de Trabajo, y que ésta haga partícipes a los sindicatos en la investigación de los accidentes laborales ocurridos, sobre todo de los graves y de los mortales. “Somos parte activa de la prevención de riesgos laborales y podemos aportar mucho para poder prevenirlos y, si es posible, evitarlos”.

Ambos sindicatos han exigido, asimismo, la nueva Ley de Riesgos Laborales. “Si se actualiza lo que hacemos es cubrir todos los riesgos que salen de lo que es la transición energética, la transición digital y la transición demográfica”. Además, “tendríamos en cuenta la perspectiva de género, la diversidad sexual, la edad de las personas trabajadoras, y lo que haríamos es adaptar las evaluaciones de puesto a las personas dependiendo de su cuerpo y dependiendo de las capacidades que tienen”.

Posteriormente, frente a la sede de la FER se ha leído un manifiesto en el que han incidido en que “las enfermedades causadas por el trabajo, principal desafío para la salud y la seguridad de las personas trabajadoras”. En 2026 se han cumplido 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una Ley que “en sus días modernizó el marco legal de la salud y la seguridad en el trabajo en España y que logró excelentes frutos con un descenso significativo de los accidentes mortales de trabajo durante los primeros años”, pero que “sin embargo, la realidad laboral ha sufrido importantes transformaciones desde entonces”.

“Los avances en la digitalización, las consecuencias del cambio climático, el aumento de la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo y en ocupaciones anteriormente reservadas en exclusiva a los hombres, el envejecimiento de la población trabajadora, modifican las condiciones de trabajo, las relaciones laborales y los riesgos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI”, ha añadido el comunicado.

Para los sindicatos, los accidentes de trabajo “siguen siendo la consecuencia más evidente de la falta de medidas preventivas, pero debemos atender a las enfermedades de origen laboral, puesto que representan un terrible y duradero perjuicio para las personas trabajadoras y supone uno de los restos más importantes en materia preventiva”.

En el texto se recoge la importancia de la prevención, porque “es necesario seguir apostando por el avance y la mejora de las condiciones laborales que, sin duda, ayudarán a seguir descendiendo el número de accidentes en el trabajo”, si bien “aún queda mucho camino que recorrer, existen sectores como el de la Construcción donde la siniestralidad ha sufrido un importante ascenso”.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) va a elevar a la Fiscalía el “aumento de los casos de abortos” entre las trabajadoras de la factoría de Vestas en Daimiel (Ciudad Real) y el incremento de “enfermedades respiratorias y dermatológicas” entre la plantilla al considerar que podrían deberse a “la exposición a agentes tóxicos en el entorno laboral”.

Así lo han denunciado el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco; el secretario general a nivel nacional de la Federación de Industria del sindicato, Francisco San José, y el secretario general de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Cuevas, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

El sindicato ha alertado de que la exposición a determinados productos presentes en el ambiente de trabajo estaría provocando afecciones dermatológicas, alergias y enfermedades respiratorias como el asma, además de una posible vinculación con un “número elevadísimo de abortos” en proporción a la plantilla.

“Sería de una irresponsabilidad tremenda no actuar”, han advertido, señalando que en el último año se han detectado en torno a 30 casos de enfermedades relacionadas con estas condiciones, a los que se sumarían unos 20 en lo que va de 2026, una cifra que consideran “exponencial”.

No obstante, han reconocido la dificultad para cuantificar el alcance real debido a la rotación laboral y al uso de subcontratas en la planta. Asimismo, han denunciado que la empresa no estaría reconociendo estas patologías como enfermedades profesionales, lo que obliga a los trabajadores a iniciar procesos para determinar la contingencia de sus bajas. También han acusado a la dirección de mantener una actitud de “represión” hacia quienes denuncian estas situaciones a través de los sindicatos.

Piden al Gobierno regional “protocolos específicos”

Por todo ello, han avanzado que el sindicato está trabajando con su gabinete jurídico para llevar ante la Fiscalía estas “gravedades” que han llegado a calificar como un problema de “salud pública”, y que, a su juicio, requieren depurar posibles responsabilidades penales.

Desde CCOO también han reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que active protocolos específicos para detectar posibles afecciones relacionadas con la exposición a estos agentes, incluyendo alergias dermatológicas, problemas respiratorios y alteraciones reproductivas.

En paralelo, han hecho un llamamiento a las autoridades laborales para que actúen ante lo que consideran una vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales y han insistido en la necesidad de “flexibilizar la exposición” a estos productos contaminantes para garantizar la seguridad de la plantilla.

Pueden derivar en un problema de salud pública

El sindicato ha advertido de que estas prácticas “pueden derivar en un problema de salud pública” si no se adoptan medidas urgentes, subrayando que los efectos de la exposición podrían agravarse con el paso del tiempo.

“Los empleados que trabajaban con uralitas hace unos años no sabían que podían enfermar, y ahora puede estar ocurriendo algo similar en Vestas”, han señalado, advirtiendo del carácter “silencioso” de estos riesgos y de su impacto progresivo sobre la salud de la plantilla.

En este sentido, han insistido en que no se trata de accidentes laborales convencionales de tipo musculoesquelético, sino de una exposición continuada a agentes que permanecen en el ambiente y que afectan de forma acumulativa a los trabajadores.

Finalmente, han reiterado que la empresa no estaría reconociendo estas dolencias como enfermedades profesionales, lo que obliga a los afectados a iniciar procedimientos individuales para que se determine su origen laboral.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) Castilla-La Mancha reivindican en las calles de Toledo más implicación en materia de salud laboral por parte de las empresas y las patronales en el marco del Día Mundial de la Prevención de los Riesgos de la Salud y la Seguridad en el Trabajo que se conmemora este 28 de abril.

Desde UGT, señalan que “no se puede condenar a la clase trabajadora a seguir enfermando, se están infradeclarando las enfermedades profesionales, se niegan”, que se han concentrado en la capital toledana junto a la estatura de María Pacheco.

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha recordado el “aumento significativo” de la siniestralidad laboral en la región, con 48 fallecidos, 13 en la provincia de Toledo. “En lo que llevamos de año 2026 se han producido 4.195 accidentes laborales en Castilla-La Mancha, 42 de ellos graves y han supuesto el fallecimiento de 8 personas”, ha explicado. Alcónez ha querido recalcar que “estamos hablando de personas”, no de cifras, y que “tenemos que acabar con esta lacra, no podemos normalizarla”.

En respuesta a los medios de comunicación, Lola Alcónez ha expresado que tienen “mucha confianza” en el Instituto de Seguridad y Salud Regional de Castilla-La Mancha que arrancó su actividad hace unos meses, y que “ayude a paliar lo que nos preocupa, la prevención de los riesgos laborales, la salud de las personas trabajadoras y reducir la siniestralidad”.

En Cuenca, se han concentrado frente a la sede de UGT, para reclamar a los poderes públicos su compromiso para afrontar los cambios necesarios que adapten la legislación preventiva a los actuales retos del mundo de trabajo.

El secretario general de esta demarcación provincial, Vicente Martínez, apuntaba que la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha quedado “obsoleta” y necesita modificaciones “urgentes” para dar respuesta al “importante número de accidentes laborales” que se registran actualmente. Ha añadido que en 2025, Cuenca fue la provincia con la tasa de incidencia de mortalidad más alta del país, y la segunda con mayor siniestralidad laboral.

“La realidad laboral ha cambiado mucho, en la actualidad estamos expuestos a muchos nuevos riesgos como los psicosociales, los relacionados con la digitalización, inteligencia artificial, nuevos empleos verdes, y la normativa no da respuesta ni cataloga estas nuevas amenazas. Necesitamos una Ley de Prevención de Riesgos Laboral del Siglo XXI. Los datos están ahí, en nuestra provincia 10 personas trabajadoras perdieron la vida por salir a trabajar en 2025. Y según los últimos datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuatro personas han perdido la vida en el trabajo en nuestra provincia entre enero y febrero de este año, la mitad de las muertes laborales de Castilla-La Mancha (8 muertes en la región). Y en ese periodo, se han registrado un total de 461 accidentes laborales, de los cuales 11 han sido graves. Estas cifras son inasumibles, y necesitan de acciones inmediatas y de una normativa que revierta estos alarmantes datos”.

Además, el responsable del sindicato en la provincia destacaba que, en la provincia de Cuenca, debido a sus características, es muy complicado llegar a todas las empresas y crear conciencia preventiva.

“Tenemos una provincia compleja, con una gran dispersión geográfica y un tejido empresarial formado fundamentalmente por pequeñas empresas donde no hay representación sindical. Eso hace muy complicado llegar a los trabajadores y trabajadoras. Además, a esto se une la falta de medios y personal en la Inspección de Trabajo”.

“No vamos a tolerar que se criminalice a los trabajadores”

CCOO Castilla-La Mancha se ha concentrado en la Puerta de Bisagra toledana antes de emprender una marcha hacia el Paseo de Recaredo que ha reunido a más de un centenar de personas para reivindicar que existan medidas de seguridad en los centros de trabajo. Una manifestación que ha partido en silencio, pero en la que podían leerse pancartas como “Trabajo para vivir, NO vivo para trabajar. Respetar mi descanso es asegurar mi productividad...”

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha señalado que “cada hora de jornada laboral suceden 15 accidentes de trabajo en Castilla-La Mancha”, incidiendo en que en 2025 ocurrieron “27.000 en la región, 48 de ellos con resultado de muerte, cifras que siguen siendo absolutamente intolerables”.

Ortega ha lamentado que la prevención de riesgos laborales “no es una prioridad de las patronales ni de los empresarios”, y exigen “máxima responsabilidad, que no haya relajación en las medidas de prevención, los planes no pueden un papel mojado en la pared” porque “no hay derecho a los miles y miles de accidentes que hay” porque “en muchos casos son absolutamente evitables”.

Por otro lado, ha expresado que no van “a tolerar el discurso que criminaliza a los trabajadores” ni “mercadear en los convenios colectivos, salud a cambio de otras cosas. La salud laboral, la incapacidad, la baja es un derecho de las personas trabajadoras, a recuperar para volver al puesto de trabajo”.

Por último, ha señalado que la tendencia en cuanto a accidentes laborales en lo que llevamos de año “repite prácticamente el patrón, pero yo creo que lo grave es que todavía siguen existiendo situaciones de riesgo e incumplimientos de la normativa de prevención. Es imprescindible que las empresas y las patronales asuman, no solo de boquilla, el compromiso de aplicar todas las medidas preventivas”.

De su parte, el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, ha recalcado que este año se cumplen 30 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “una ley que necesita modificaciones y desde CCOO estamos instando al Gobierno a que se modifique, se actualice e incluya nuevos apartados como pueden ser los riesgos psicosociales, que incluya tareas derivadas de la salud mental que afecta diariamente a centenares de miles de trabajadores”.

Pérez ha señalado que “hay un problema grave con las mutuas, el discurso interesado y pernicioso que está utilizando la patronal de manera constante, criminalizando a los trabajadores sobre el absentismo laboral”. En este sentido, ha expuesto que las mutuas “están intentando reducir el absentismo, reducir las enfermedades profesionales a base de negarlas a través de las mutualidades de trabajo, derivarlas a la Seguridad Social, con lo que supone un incremento del coste en las arcas del Estado gigantesco y se alargan los plazos de recuperación”.

Desde CCOO, asegura que “en el 95% de las ocasiones que se produce un accidente [laboral] grave o mortal, hay una responsabilidad empresarial, se sanciona a la empresa porque no ha cumplido con las medidas de prevención”. Por otro lado, ha querido “poner el foco” en la “labor fundamental” de los delegados de prevención en los centros de trabajo, ya que “donde hay un delegado hay una persona que se preocupa de exigir al empresario, a la patronal, que cumplan con la normativa, que dé el EPI a los trabajadores, que se revise la maquinaria”.

El 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es una jornada para honrar la memoria de las personas trabajadoras víctimas de accidentes y enfermedades laborales; hombres y mujeres que perdieron la vida por unas condiciones de trabajo que no garantizaban lo más básico: su integridad física y su salud.

Un total de 121 personas perdieron la vida en el trabajo a lo largo del año 2025. Es inasumible que cada tres días fallezca una persona por el simple hecho de ir a trabajar. La causa fundamental es la impune falta de medidas básicas de prevención, como la ausencia de arneses en trabajos de altura o la falta de una formación real y efectiva. En la raíz de este drama encontramos un sistema productivo que prioriza los beneficios económicos por encima de la vida humana, dejando la seguridad y salud en un plano totalmente secundario.

La seguridad y la salud en el trabajo no son solo una cuestión de cumplimiento de normas o de farragosos sistemas de gestión. Son una cuestión de personas. Se trata de velar por la vida de quienes salen de casa cada mañana con la expectativa razonable de regresar en las mismas condiciones. Las familias no pueden vivir bajo la zozobra de si hoy será el día en que todo salga mal por negligencias empresariales. Es por ello que desde CCOO de Andalucía exigimos organizaciones que asuman, de una vez por todas, su responsabilidad de garantizar que esta expectativa se cumpla sin excepciones.

A pesar de los 30 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los accidentes siguen siendo una lacra social intolerable. Del mismo modo, las enfermedades profesionales —especialmente aquellas de origen laboral no reconocidas— suponen un castigo silencioso para miles de trabajadoras y trabajadores, ya que solo se declara un pequeño porcentaje. El sistema actual invisibiliza la realidad: no se puede prevenir aquello que la patronal se niega a reconocer. Por ello resulta imprescindible hacer visible lo invisible.

Dentro de este oscurantismo, el cáncer de origen laboral es la cara más amarga de la infradeclaración. En Andalucía, mientras en 2025 el cáncer fue la segunda causa de muerte con más de 19.000 fallecimientos, solo se declararon 7 casos como origen laboral. Se estima que el 8% de los cánceres podrían originarse en el entorno de trabajo, pero la falta de rigor en la vigilancia de la salud y el desconocimiento interesado sobre los agentes carcinógenos impiden que se establezca la relación causal.

Este escenario es evitable. Los lugares de trabajo son los espacios donde es más factible identificar y valorar las exposiciones a cancerígenos. No falta ciencia, falta voluntad política y empresarial para aplicar medidas preventivas eficaces.

Por otra parte, la salud mental de la clase trabajadora se ha convertido en una pandemia silenciosa. El estrés, la ansiedad y la depresión son el resultado de un sistema laboral que nos exprime. En 2025, sufrimos 108.622 situaciones de IT relacionadas con estos factores, afectando especialmente a mujeres y personas jóvenes.

Todo ello revela una evidencia: la precariedad es la que enferma. El incremento de cargas, los ritmos frenéticos, la invasión de las nuevas tecnologías en el tiempo de descanso, las horas extras no remuneradas y la imposibilidad de conciliar están detrás de estas bajas que, en cambio, siguen fuera del cuadro de enfermedades profesionales y no se notifican como accidentes de trabajo.

Lamentablemente, la respuesta de las patronales ante esta realidad es criminalizar y perseguir a las personas enfermas de baja, ocultando que estas dolencias nacen de su propia falta de inversión en prevención y del deterioro de una sanidad pública que sufre estragos debido a las políticas privatizadoras que se están llevando a cabo.

Frente a ello, en CCOO exigimos un cambio radical de actitud. Una empresa con verdadera cultura de seguridad es aquella que pone los medios para que su plantilla trabaje segura. La salud no es un favor, es un derecho y una obligación legal que la ética patronal debería poner por encima de cualquier cuenta de resultados. Necesitamos un cambio de modelo que coordine a administraciones, empresas y sindicatos, con la sanidad pública como pilar.

La mejor forma de honrar la memoria de quienes han perdido la vida cuando iban a ganársela es desarrollar una estrategia de compromiso real. La salud de las personas trabajadoras debe estar en primer y preferente lugar. Esa es nuestra reivindicación y nuestra lucha sindical.

Hay trabajos que no se asocian de inmediato con enfermedades profesionales evidentes, pero que, de forma sostenida y silenciosa, acaban deteriorando la salud de quienes los realizan. El de camarera de piso es uno de ellos: una profesión esencial para el turismo, pero todavía demasiado invisible cuando se habla de trabajos penosos, a pesar de provocar dolencias crónicas, limitantes e incluso invalidantes. Este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, vuelve a poner sobre la mesa una evidencia incómoda: no se puede enfermar por trabajar.

El turismo emplea a cerca de tres millones de personas en España, en actividades como la hostelería, la hotelería o la restauración. Es un sector que refleja una contradicción cada vez más evidente: el brillo de los datos económicos, que baten récords año tras año y ganan peso en la economía del país, convive con efectos como la gentrificación y con condiciones laborales marcadas por altas cargas de trabajo, horarios extensos e irregulares y salarios por debajo de la media.

Dentro de este ecosistema destaca un grupo especialmente vulnerable: las camareras de piso, que sufren una cuádruple discriminación. Son mayoritariamente mujeres (91%), en muchos casos extranjeras (54%), con bajos niveles de cualificación —lo que limita sus opciones de promoción— y con una edad media creciente, superior a los 45 años en un porcentaje significativo del colectivo.

Esta feminización no ha ido acompañada de una verdadera incorporación de la perspectiva de género en la salud laboral. A diferencia de lo que ocurre en sectores industriales masculinizados, no es habitual medir de forma sistemática las cargas de trabajo. Sin embargo, los factores posturales que afrontan a diario derivan en problemas musculoesqueléticos que a menudo se cronifican, y la exposición a determinados productos químicos tiene efectos diferenciados según el sexo. Es poco frecuente que una camarera de piso alcance la jubilación sin secuelas físicas derivadas de su trabajo.

El peso de las mujeres migrantes en el colectivo añade una capa adicional de vulnerabilidad. Se trata, en muchos casos, de trabajadoras con menor capacidad económica, redes de apoyo frágiles y mayor riesgo de exclusión social. A ello se suman condiciones laborales exigentes y, cada vez más, largos tiempos de desplazamiento hasta los centros de trabajo, que terminan agravando el impacto sobre su salud.

En este contexto, algunas iniciativas recientes apuntan a posibles mejoras. El pasado 15 de abril, el Parlamento de Canarias aprobó, con amplio consenso, una reforma de la ley del turismo que obliga a las empresas a instalar camas elevables, carros motorizados y a realizar estudios de tiempos para medir las cargas de trabajo. Medidas similares ya se habían introducido anteriormente en Baleares, impulsadas también por reivindicaciones sindicales como las de CCOO, apuntando a un cambio de enfoque en la protección de la salud laboral en el sector.

También ponen de relieve la importancia de invertir en tecnología complementaria y no sustitutiva del empleo, algo especialmente relevante en un sector que combina bajos niveles de digitalización y tecnificación con rápidos retornos de beneficios, muchas veces basados en cargas irracionales de trabajo. Una tecnología orientada a la salud laboral será positiva si va acompañada de una adecuada medición de cargas de trabajo, permitiendo mejorar la salud laboral y mitigar el desgaste que se sufre en este ejercicio profesional.

Es una buena práctica que puede marcar un nuevo estándar replicable en otras comunidades autónomas. La extensión de este tipo de medidas, junto con otras orientadas a mejorar la cantidad y la calidad del empleo en el sector hotelero —como el impulso de sellos de hoteles socialmente responsables—, será determinante para corregir algunos de los desequilibrios estructurales que arrastra el turismo.

Todas estas mejoras deben contribuir a medio plazo a mejorar las condiciones laborales, pero no sustituyen otra reivindicación que sigue plenamente vigente: el acceso anticipado a la jubilación. El desgaste acumulado, la edad media creciente del colectivo y las consecuencias físicas del trabajo hacen razonable avanzar hacia la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad de jubilación.

Detrás de las cifras hay vidas concretas. Mujeres que afrontan jornadas extenuantes que deterioran su salud día tras día, a lo que se suman responsabilidades domésticas y de cuidados. Dolores crónicos, lesiones musculares y, en muchos casos, la necesidad de medicarse para poder seguir trabajando. Un impacto que no es solo físico, sino también creciente en términos de salud mental.

El éxito del turismo no puede medirse únicamente en cifras si se construye sobre el deterioro de la salud de quienes lo sostienen. Defender unas condiciones laborales dignas no es solo una cuestión sectorial, sino un elemento central de cualquier modelo de sociedad que aspire a ser justo. Porque el progreso no puede hacerse a costa de la salud de las personas.

Duro correctivo al Gobierno de Canarias por la gestión de personal en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC). Una comisión de investigación promovida a raíz de una denuncia por acoso laboral ha concluido evidenciando “la existencia de un conflicto organizativo de alto impacto, manifestado en la pérdida de confianza y el deterioro de la comunicación formal, que ha contribuido a generar un entorno laboral deteriorado, con riesgo psicosocial para las personas afectadas y consecuencias en la cohesión interna del cuerpo”.

La investigación, iniciada en 2024, ha tenido varias fases y no ha sido hasta principios de marzo pasado cuando las conclusiones han sido trasladadas al denunciante y a la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias instándole a aplicar once medidas correctoras que hasta la fecha no se han implementado. Este periódico ha pedido explicaciones a ese departamento por este incumplimiento pero no ha recibido respuesta.

La denuncia fue interpuesta por el comisario principal Luis Santos Jara, exjefe de la Policía Canaria, a raíz de una serie de acontecimientos que desembocaron en su cese, acontecimientos que se iniciaron con la llegada en 2023 de Coalición Canaria y el Partido Popular al Gobierno regional, y el consiguiente nombramiento de David del Pino Franquet como director general de Seguridad dentro de la Consejería de Presidencia, a cuyo frente está Nieves Lady Barreto. 

Santos Jara denunció falta de funciones concretas, exclusión de reuniones y viajes oficiales, y bloqueo de comunicaciones. A su entender, desde la autoridad política se actuaba para desprestigiarle profesionalmente con actitudes de desprecio público y humillación mediante la asignación de tareas que consideraba una “degradación”. Igualmente denunció retrasos en la tramitación de sus solicitudes y la apertura de expedientes disciplinarios en su contra.

Aunque la comisión de investigación, a cuyo frente se puso una experta en la materia, se activó para abordar una denuncia por acoso laboral, se descartó tal calificación por no cumplir con los requisitos jurídicos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, como por ejemplo, “la existencia de un maltrato verbal y conductual continuado, dirigido a menoscabar la integridad psíquica y la dignidad del trabajador, con la finalidad de aniquilarlo psicológicamente y lograr su exclusión del entorno laboral o su sometimiento, mediante procedimientos ilegales, arbitrarios o contrarios a la dignidad humana”.

Sin embargo, tanto la experta como la comisión de investigación concluyeron que se ha dado “una grave disfunción organizativa y relacional, sostenida en el tiempo, que ha generado un importante impacto psicosocial y que requiere una intervención institucional estructurada, orientada a la mejora del clima laboral, la clarificación de roles y la gestión preventiva de conflictos en el ámbito del mando policial”. 

Todo empezó con la expulsión del comisario principal de la sala del CECOES durante el devastador incendio de Tenerife en 2023 y “su posterior cese encubierto”, recuerda el informe. Y continuó con una serie de medidas organizativas que supusieron el traslado de personal del Cuerpo General de la Policía Canaria que debieron “haber sido comunicadas formalmente a los órganos competentes de la Secretaría General Técnica de la Consejería y al Comité de Seguridad y Salud departamental”. La investigación detectó, efectivamente, que se produjeron “cambios de puestos de trabajo y traslados de personal desde las instalaciones de la comisaría de Añaza a la comisaría de La Esperanza, sin que dichas actuaciones hayan sido informadas ni consultadas previamente al Comité de Seguridad y Salud de esta organización”. 

Se trata de actuaciones que contravinieron la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “en la que se establece la obligación del empresario, en este caso de la Administración, de informar y consultar al Comité de Seguridad y Salud con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan tener repercusiones sobre la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”. 

Como algunas de las conductas denunciadas por el comisario Luis Santos Jara están judicializadas, como el nombramiento de su sustituto -Antonio Almenara- al frente del cuerpo, la comisión de investigación no se pronuncia sobre ellas. De hecho, estos días el Gobierno ha informado de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife no ha tramitado la demanda del comisario principal contra ese nombramiento por no haber agotado previamente la vía administrativa.

Pero la comisión de investigación sí ha impuesto al Gobierno once medidas que no han sido cumplidas todavía. Entre otras, se requiere a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “que realice una revisión del procedimiento interno aplicable a los expedientes de información reservada y disciplinarios, con el fin de reforzar las garantías procesales de todas las partes implicadas y asegurar que los actos administrativos derivados se notifiquen con la debida diligencia y dentro de los plazos legalmente establecidos, estableciendo mecanismos de revisión y control que garanticen los derechos de las partes”.

Asimismo, se propone que el Gobierno nombre a un mediador externo para que el director general de Seguridad y los jefes de la Policía Canaria puedan entenderse profesionalmente; que se defina exactamente qué funciones y reuniones le corresponden al denunciante para evitar que lo dejen de lado; que se cree un buzón anónimo para que otros empleados puedan denunciar problemas sin miedo; que se obligue a los jefes a realizar cursos sobre liderazgo positivo y resolución de conflictos, y que se convoque oficialmente la plaza de comisario jefe para dar estabilidad al mando de la policía.

Poner números a esos infartos o un ictus mortales que, aunque muchas veces no se identifiquen, están vinculados con el estrés y la ansiedad laboral. O a los suicidios motivados por el trabajo, que muchas veces permanecen invisibles. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado este miércoles un novedoso informe en el que estima por primera vez el número de muertes en el mundo debido a los llamados “riesgos psicosociales”. Con un análisis solo de cinco de ellos, la organización calcula más de 840.000 muertes al año y casi 45 millones de años de vida perdidos al año ajustados en función de la discapacidad (AVAD).

El informe de la OIT, titulado 'El entorno de trabajo psicosocial: avances mundiales y vías de acción', calcula las muertes atribuibles a cinco importantes factores de riesgo psicosociales relacionados con el trabajo: la tensión laboral, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, la inseguridad laboral, las jornadas laborales prolongadas (55 horas o más a la semana) y el acoso laboral.

Con un análisis de la prevalencia de estos cinco riesgos psicosociales en el ámbito laboral, a través de encuestas internacionales, y los datos sobre las consecuencias en la salud de estos factores (fruto de las Estimaciones Globales de Salud de la OMS y en los datos de la Carga Global de Morbilidad para 2021), la OIT calcula que una estimación anual de 840.088 muertes al año en todo el mundo por estos riesgos.

De ellas, la OIT estima más de 463.000 muertes en Asia-Pacífico, 174.000 en África, 112.000 en Europa, casi 80.000 en América y unas 11.000 en los países árabes. Por sexos, casi 500.000 fallecimientos corresponden a hombres y 340.000, a mujeres.

“Los riesgos psicosociales se están convirtiendo en uno de los desafíos más importantes para la seguridad y salud en el trabajo en el mundo laboral moderno”, afirmó Manal Azzi, responsable del equipo de Políticas y Sistemas de SST de la OIT. “Mejorar el entorno de trabajo psicosocial es esencial no solo para proteger la salud mental y física de los trabajadores, sino también para fortalecer la productividad, el desempeño organizacional y el desarrollo económico sostenible”, añadió. 

56.400 muertes por trastornos mentales, como suicidios

De este total, la OIT señala que la gran mayoría casi 784.000 muertes se deben a enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares), mientras que cifra en algo casi 56.400 las muertes por “trastornos mentales”, entre las que se encuentran los suicidios.

La organización internacional explica que “las conductas suicidas constituyen un resultado grave, aunque menos estudiado, en relación con los riesgos psicosociales en el trabajo”. La OIT destaca que las pruebas indican que “los riesgos psicosociales pueden aumentar el riesgo de suicidio, especialmente cuando interactúan con trastornos de salud mental preexistentes, desventajas sociales o factores estresantes acumulativos”.

El informe recoge que se ha observado “un riesgo elevado en los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios de emergencia, donde los riesgos psicosociales pueden combinarse con la exposición a situaciones traumáticas, horarios irregulares, normas que desalientan la búsqueda de ayuda y, en algunos sectores, el acceso a medios letales”, como pueden ser las armas de fuego de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La investigación destaca el caso de Nueva Zelanda, donde los registros nacionales muestran que “alrededor del 12% de los suicidios se consideraron relacionados con el trabajo”. Sin embargo, la OIT destaca que los datos sobre esta problemática “siguen siendo limitados y metodológicamente desiguales”, por lo que se requiere “una interpretación cautelosa” y considerar el trabajo como un factor contribuyente al suicidio dentro de un contexto más amplio.

Justo este miércoles, el sindicato UGT ha presentado también un informe en el que pretende alertar y prevenir sobre los suicidios en el ámbito del trabajo, que solo se reconoce en muy contados casos en los que las familias acuden a los tribunales. El sindicato liderado por Pepe Álvarez ha puesto a disposición de las empresas y representantes de los trabajadores un protocolo de prevención y actuación ante el suicidio, para abordar las causas laborales que pueden desembocar en trastornos mentales y en conductas suicidas. Además, también habrá una línea teléfonica con una primera atención, ha explicad Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral del sindicato.

Años de vida perdidos por enfermedad y discapacidad

El informe también señala que estos riesgos psicosociales son responsables de la pérdida de casi 45 millones de años de vida ajustados por discapacidad al año (AVAD), lo que refleja los años de vida saludable perdidos debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura, y se estima que generan pérdidas económicas equivalentes al 1,4% del PIB mundial cada año. 

De estos millones de años de vida perdidos, la OIT estima que 20,4 millones son atribuibles a enfermedades cardiovasculares y una mayor parte, 24,5 millones, a trastornos mentales. 

Además, el organismo destaca que las pérdidas de años de vida en enfermedades cardiovasculares están aumentando mucho en los últimos años. “El análisis de tendencias muestra que los AVAD atribuibles a factores de riesgo psicosociales aumentaron casi un 14%, pasando de 17,9 millones en 2019 a 20,4 millones en 2021”, recoge el estudio.

La OIT subraya la importancia de medir y reconocer las enfermedades en el trabajo, una pieza clave para conocer el alcance del problema y trabajar para prevenir estos riesgos y reducir las enfermedades y las muertes derivadas de ellos. El sindicato CCOO destacó también la semana pasada el infrarregistro de las patologías mentales originadas por el trabajo en España: en 2025 se registraron en España más de 600.000 bajas laborales vinculadas a problemas psicológicos, pero solo 203 casos se reconocieron como de origen profesional.

Los riesgos psicosociales alcanzan a diversas facetas del entorno laboral, desde cómo se organiza el trabajo, la carga que se asigna a los trabajadores, los ritmos de producción, cómo se gestionan las relaciones entre jefes y empleados, y las situaciones de acoso y violencia en el trabajo.

Al abordar estos riesgos de manera proactiva, “los países y las empresas pueden crear lugares de trabajo más saludables que beneficien tanto a los trabajadores como a las organizaciones, al tiempo que refuerzan la productividad y la resiliencia económica”, destaca la OIT. 

A la denuncia de CSIF sobre la existencia de moho, humedad y polvo en la Consejería de Hacienda, se suman las de CCOO La Rioja quienes hablan de “peligro extremo”. Aseguran que la situación en esta sede del Gobierno de La Rioja ha alcanzado un punto crítico y de hecho, las trabajadoras del servicio de limpieza, pertenecientes a una empresa subcontratada, denuncian que “están trabajando en condiciones que ponen en riesgo inminente su integridad física y su salud respiratoria tras las recientes inundaciones en el edificio”.

Así aseguran que al daño ambiental se suma un “grave peligro estructural porque gran parte del suelo de las instalaciones es de madera aglomerada que, tras absorver el agua de las inundaciones, ha perdido su consistencia. Al secarse, el material se está quebrando y hundiendo, dejando huecos con caídas de hasta 30 centímetros directamente sobre el hormigón”. Una situación que convierte las tareas de limpieza en una “carrera de obstáculos” donde “un paso en falso puede derivar en lesiones óseas o caídas graves, especialmente al trabajar en zonas con visibilidad reducida o suelos húmedos”.

Y al riesgo de caídas hay que añadir la exposición a productos fungicidas industriales de extrema agresividad. En concreto, las trabajadoras de la limpieza hablan de “casos de conjuntivitis química y quemazón en la garganta y vías respiratorias por el uso de productos anti-moho. La  falta de ventilación adecuada en las oficinas de Logroño multiplica la concentración de vapores tóxicos”. Las trabajadoras aseguran que “no solo nos estamos asfixiando con los productos que usan para el moho, es que además tenemos miedo de dar un paso y que el suelo se parta bajo nuestros pies. Hay agujeros de 30 centímetros y nadie ha acordonado las zonas peligrosas”.

Por todo ello, este colectivo exige una intervención “inmediata”por parte de la empresa adjudicataria y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería. Y dentro de esta intervención se debería incluir “prohibir el acceso a todas las áreas donde el aglomerado presente signos de debilidad estructural hasta su sustitución total y utilizar mascarillas con filtros de carbono activo para los gases tóxicos y calzado de seguridad reforzado”. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria en 24 horas, las trabajadoras pararán la actividad “por riesgo grave e inminente, notificando simultáneamente a la Inspección de Trabajo de La Rioja”.

La Generalitat de Catalunya da marcha atrás y retirará los polémicos incentivos económicos a los centros de atención primaria (CAP) para que los médicos acortaran las bajas laborales, una medida que había encendido a los socios de izquierdas del Govern en el Parlament y a los colectivos sanitarios.

Tal y como ha adelantado El País y han confirmado fuentes de la conselleria de Salud a ElDiario.es, el departamento formalizará en los próximos días los recursos que recibe cada ambulatorio sin que se incluyan las pruebas voluntarias que iban a comportar incentivos para los centros que acortaran la duración de las bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes.

La conselleria ya había empezado a informar a los CAP de este escenario, ahora rectificado, en el que centro iba a mantener su presupuesto y, en todo caso, recibiría un suplemento del 5% si se alcanzaban los objetivos fijados.

Aunque el Govern había defendido que las incapacidades temporales se concederían siempre bajo criterio médico, el plan de incentivos económicos había encendido las alarmas de las formaciones socias del Ejecutivo en el Parlament, así como de los sindicatos de médicos.

ERC y los Comuns se habían mostrado muy beligerantes contra la medida. En un debate en el Parlament el pasado marzo, el portavoz de los Comuns, David Cid, advirtió de que el voto de su grupo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 dependería de que el Govern no condicionara las bajas a criterios económicos.

Por su lado, la portavoz de ERC, Capella consideró una “mala praxis” el hecho de “incentivar” que los médicos diesen altas a los trabajadores “antes de hora”, aunque se mostró convencida de que el Ejecutivo acabaría retirando el plan.

La medida también había generado críticas entre los sanitarios. “Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, señaló Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya. La sanitaria también alertó que el plan podía contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

Soy un enamorado de las canciones de Jorge Drexler. Sus letras me parecen un armónico maridaje de poesía y filosofía. No importa cuando las escuches te parecerá que están escritas para ese momento. En “Milonga de un moro judío” cada estrofa es un lamento que se clava en el corazón. Del suave grito por la paz de “No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida” hasta el antídoto frente al nacionalismo de “No hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido”. 

Sus letras irradian luz que ilumina algunos de los trances de la vida. La canción “Todo se transforma” ayuda a entender procesos que en apariencia —solo en apariencia— nada tienen que ver con la inspiración del poeta. Al escuchar estos días, una vez, “cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da” me pareció entender mejor eso que llaman absentismo laboral. 

En la controversia sobre su dimensión y causas las organizaciones empresariales suelen aportar datos fríos sobre el aumento de los días que las personas trabajadoras se ausentan, dicen injustificadamente, del trabajo. Con una mirada propia del capitalismo 'manchesteriano' meten en el mismo saco desde las horas dedicadas al ejercicio de derechos fundamentales hasta el tiempo en que los trabajadores permanecen en situación de incapacidad temporal bajo la supervisión de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

La respuesta de las organizaciones sindicales impugna la mayor y ofrece datos y una lectura alternativa de esas horas no trabajadas y sus diferentes y complejas causas. Como hay estudios muy profundos y rigurosos, entre ellos el publicado por Comisiones Obreras bajo el título “Ni un día menos”, no sería capaz de añadir nada nuevo. 

Algunos análisis apuntan a que podría existir una relación de causalidad o correlación (no son lo mismo) entre los ciclos económicos y la intensidad de los procesos de incapacidad temporal. Las patronales lo imputan a que en época de bonanza las personas trabajadoras se “cogen más bajas” -así como el que va al supermercado. Los sindicatos invierten la relación, al constatar que en momentos de elevado desempleo las personas van a trabajar incluso cuando están enfermos por el temor a perder el empleo. Una actitud que se revierte cuando la situación económica mejora y el temor al desempleo decrece. 

En un debate muy intenso, hay una mirada que, hasta donde yo sé, no se ha explorado. Me asaltó al escuchar “Todo se transforma”. “Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da”. Esta estrofa nos puede ser útil para entender cosas que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. 

Empresas que continúan abusando del trabajo temporal, o de la rescisión indiscriminada del contrato durante los largos períodos de prueba pretenden recibir de sus trabajadores compromiso de permanencia en la relación laboral. Se sorprenden y denuncian que no encuentran trabajadores para puestos de trabajo vacantes. 

Empresas que imponen largas jornadas de trabajo, en algunos casos con horas extras no retribuidas, y que se niegan al control de la jornada pretenden recibir un compromiso incondicional de parte de sus trabajadores. 

Empresas que aplican ritmos de trabajo deshumanizadores, con control tecnológico de eso que ya se conoce como látigo digital, pretenden recibir de sus trabajadores el sacrificio de continuar trabajando incluso cuando enferman.

Sí, ya sé que hay casos que se podrían calificar de picaresca que no entran dentro de estas explicaciones. No me gusta cerrar los ojos para no ver la realidad y creo no ser cínico. Pero incluso en estos supuestos puede servir -sin explicarlo todo y siempre- las letras de Jorge Drexler. 

El desequilibrio entre lo que se da y lo que se pretende recibir desborda en muchas ocasiones el ámbito de la empresa para ampliar la responsabilidad a la sociedad. Un sistema socioeconómico que ningunea la formación de las personas, incumple las promesas de ascensor social y el imaginario de meritocracia no puede pretender que su ciudadanía le ofrezca a cambio abnegada implicación laboral. 

Una sociedad que acepta que la vivienda no sea un derecho, sino un producto financiero, y que fuerza a los trabajadores a vivir en caravanas o a realizar desplazamientos de muchas horas para acceder al trabajo no puede pretender que esas personas le respondan con compromiso. 

Un mundo que impide que las personas puedan vivir y trabajar en sus países y las obliga a emigrar en condiciones muchas veces inhumanas para después tener que soportar todo tipo de discriminaciones, no puede pretender a cambio recibir una implicación plena y sacrificada. El listado de ejemplos que expresan desequilibrio entre lo que se da y se pretende recibir por parte de las empresas y la sociedad podría ampliarse hasta el “infinitum”.

Me temo que, entre tanto ruido, no se le está prestando atención a un proceso de intensa y creciente desafección emocional de la ciudadanía. Que se produce no solo en relación con las instituciones democráticas, sino también respecto a muchos otros ámbitos comunitarios como el de la empresa. 

En el marco de la pandemia muchos medios llamaron la atención y convirtieron en noticia de portada un fenómeno que se detectó en EEUU, pero que tenía dimensiones globales. Incluso, como sucede en estos casos, se le puso un nombre atractivo. 

La “Gran Deserción” fue el calificativo con el que se describió el abandono voluntario de las empresas por parte de sus trabajadores incluso sin tener otro empleo alternativo. Se vinculó, a mi entender erróneamente, a los efectos psicológicos de la pandemia. Cuando esta se superó, la preocupación y la noticia pasaron a mejor vida como sucedió en otros ámbitos. ¿Recuerdan el amor infinito que nos entró hacia nuestros sanitarios? Pasada la novedad y la noticia no se ha hecho un análisis de lo que puede haber detrás de esa gran deserción, a pesar de que sus causas se mantienen. 

Los empresarios, los dirigentes patronales lúcidos (si los hubiera o hubiese) y el conjunto de la sociedad harían bien en analizar y profundizar en este fenómeno de desafección de los trabajadores con las empresas y el empleo. Es y será una realidad cada vez más creciente y que adquirirá formas diversas, aunque no se exprese con la visibilidad de la “gran deserción”. 

En ocasiones los conflictos sociales no se manifiestan a través de los mecanismos colectivos tradicionales y buscan otras formas más difusas, pero no por ello menos contundentes en sus impactos.

Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Lo canta Jorge Drexler.

Un 20% de las personas ocupadas en Castilla-La Mancha están vinculadas al trabajo autónomo. No es un porcentaje desdeñable. Se sabe que la mayoría de quienes se decantan por el autoempleo tienen edades que oscilan entre los 46 y los 65 años. O que los menores de 25 años representan, tan solo, el 3,21% de este colectivo. “Eso nos dice que necesitamos relevo generacional”, reconoce la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona.

La buena noticia es que las personas más jóvenes que salen de la universidad o de la FP ahora apuestan más por crear su propio negocio como opción laboral. “Hay una clara tendencia en los jóvenes por el empleo autónomo. Se está rompiendo el estándar. No todos quieren ser funcionarios, como se ha dicho tantas veces. Hay cada vez más jóvenes y más mujeres que se acercan al mundo del autónomo. Y muchos dejan las ciudades para irse al medio rural”.

Emprender ya no es lo mismo y la motivación también ha cambiado. “Está surgiendo una cultura emprendedora en jóvenes y en mujeres muy significativa”, señala. La mentalidad es diferente. “Ahora se ve más como posibilidad, no tanto como necesidad”. Una transformación que, dice, “quizá” tenga que ver con el cambio en la estructura laboral: más teletrabajo, mayores cotas de flexibilización, reducciones de jornada, avance de la conciliación personal y profesional…

Este cambio ha condicionado la forma de hacer políticas de empleo. Hace apenas unos días se oficializó la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha (2026-2030), que da relevo a la anterior “hoja de ruta” iniciada en 2022. Han pasado apenas cuatro años, “con buenos resultados porque se han ejecutado más del 98% de las medidas”, presume Ana Carmona, pero lo cierto es que el panorama es ahora muy distinto.

Con los aranceles y la guerra de Irán estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar

De entrada, se han puesto sobre la mesa 100 millones de euros contando con el “consenso y la colaboración” de los agentes sociales y de las asociaciones que representan al colectivo. “Es un documento flexible al que se pueden ir sumando medidas”. Incluso las que puedan llegar derivadas de los conflictos internacionales, ya sean económicos o bélicos, como la guerra en Irán o la imposición de aranceles por parte de EEUU.

¿Habrá medidas paliativas para los autónomos, por ejemplo los transportistas o el sector agrario para amortiguar posibles impactos?, preguntamos. En este aspecto Ana Carmona se remite a las palabras del presidente regional, Emiliano García Page, que puso en manos del análisis que pueda hacer el recién creado Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por un lado, y por otro a las posibles medidas que este mismo viernes pueda anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar. Evidentemente va mucho más allá de la propia estrategia de la que estamos hablando”.

De momento, esa estrategia incorpora seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas que incluyen la creación de un Observatorio del Emprendimiento y un nuevo Portal de Emprendimiento. Al reto de seguir fomentando la cultura de emprender se suma asesorar a este tipo de profesionales. “Queremos seguir reforzando la ‘Red Acompaña’, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso a los instrumentos financieros”.

Crece el número de autónomos en el ámbito técnico y científico

El colectivo de los autónomos tiene un notable peso en el tejido económico castellanomanchego, copando sectores como el relacionado con los Servicios. Hay un 21,84% de trabajadores autónomos en el sector comercio. En la agricultura y ganadería el porcentaje llega al 22,15%. Mientras, en la construcción el 13,47% de personas empleadas son autónomas y en hostelería lo son un 8,47%.

“El mayoritario es el conjunto del sector Servicios, con más de un 61% de autónomos, pero también sube la cifra en el ámbito de las profesiones técnicas o científicas”, comenta Ana Carmona. En este último campo ya hay más de un 6% de autónomos. “Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados”.

Si hablamos de provincias, Toledo se lleva la palma al aglutinar casi un 34% del total regional.

Otro dato relevante es la elevada consolidación de los negocios relacionados con el autoempleo. En buena medida, las iniciativas resisten con el paso del tiempo. “Dos de cada tres autónomos acumulan más de cinco años de antigüedad y un 46% de ellos supera los diez años en activo”.

El año 2025 cerró con un total de 150.459 autónomos y autónomas en Castilla-La Mancha. Es una cifra que ha variado poco en una década: en 2015 había 148.806. Ha crecido incluso con la crisis de la COVID-19 de por medio que amenazó con que muchos negocios se viesen obligados a echar el cierre.

“Hay más autónomos, pero son más pobres”. Toda una paradoja que UPTA ponía de manifiesto a principios del pasado mes de febrero y que la directora general rechaza. “No tenemos esa percepción en la comunidad autónoma”.  Sobre otro dato de esa misma asociación, que apunta que el 90% del nuevo empleo autónomo corresponde a personas migrantes, Ana Carmona dice que en Castilla-La Mancha el 91,4% de quienes optan por el autoempleo tienen nacionalidad española, pero reconoce que se está detectando que “cada vez más estos negocios los están impulsando personas migrantes”.

Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados

Con cifras del año pasado solo un 33,23% de las mujeres optan por el autoempleo, aunque lo cierto es que ellas son las que más están emprendiendo en los últimos años. “Son datos objetivos”, señala Ana Carmona, aludiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) que ha crecido de manera notable en las mujeres, cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, según el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

En la estrategia hay hasta siete medidas que tienen que ver con la igualdad para, entre otras cosas facilitar el liderazgo femenino, favorecer la conciliación con ayudas directas o poner en marcha un Plan de Emprendimiento Femenino.

Los impuestos, la Tarifa Plana y la Tarifa Plana Plus

Entre las medidas de la nueva estrategia, que todavía habrá que ‘aterrizar’ y desarrollar, están las diferentes modalidades de la llamada ‘Tarifa Plana’, con cuatro líneas distintas. “Se busca en particular dinamizar las zonas rurales y el autoempleo en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años”.

Son ayudas directas que se convocaron por primera vez el año pasado. “Han funcionado muy bien y son compatibles con las distintas líneas de financiación. Están además abiertas a los autónomos que trabajan dentro de empresas”, explica. Se recibieron cerca de 10.500 solicitudes. Ahora acaba de salir la convocatoria de 2026, abierta hasta el 15 de julio, y ya hay 3.547 peticiones.

¿Y los impuestos que pagan los autónomos? UPTA ha denunciado de forma reciente que pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que los grandes grupos empresariales. Es una cuestión que no aborda la estrategia, por ejemplo en lo que tiene que ver con el tramo autonómico de la Renta. Además, la Comisión Europea acaba de multar a España por no trasponer la directiva que les exime de pagar IVA si su facturación no supera los 85.000 euros anuales. Las comunidades autónomas reciben una parte de esta cuota que les deriva el Estado, aunque lo cierto es que no tienen competencias sobre este impuesto.

Eso sí, una de las novedades es la reciente colaboración abierta con asesorías y gestorías, colegios de abogados o expertos en relaciones laborales. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con quienes actúan como intermediarios con el autónomo. Estamos programando todos los meses con ellos diversos webinars con temas que puedes interesarles, con la propia estrategia. El siguiente es ese viernes 20 de marzo y tenemos 360 personas apuntadas”.

La estrategia de trabajo autónomo trata también de captar o de recuperar “talento”, con dos medidas que llevan un tiempo funcionando: el Bono Talento Rural o el programa de Retorno del Talento. “Queremos también acelerar la innovación de proyectos incipientes”, dice Carmona, sin olvidar que hay que afrontar el relevo generacional. “Hay un envejecimiento claro del colectivo”, remarca, para avanzar que esta cuestión será objeto de análisis en colaboración con la universidad. Existe una desconocida página web sobre esta cuestión que no se publicita lo suficiente, según reconoce la propia estrategia como necesidad.

Además, la seguridad y salud laboral del colectivo está muy presente en esta hoja de ruta. “Vamos a trabajar de forma directa con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para adaptar la cultura preventiva a la realidad del trabajador por cuenta propia”.

Episodios de conjuntivitis, ataques de tos, mucosidades negras y picores son algunos de los síntomas que varios trabajadores de una empresa proveedora de huevos de insectos de Villamalea, en la provincia de Albacete, han denunciado. Lo achacan a la falta de equipos de protección (EPI) adecuados en el tratamiento de los insectos, cuya extracción de excrementos provoca “polvo en suspensión” que “se agarra” a los ojos, las manos y el pelo de los empleados y empleadas.

Algunos trabajadores, que han pedido permanecer en el anonimato por temor a represalias de la empresa, se han puesto en contacto con este medio para hacer pública una situación que consideran “insostenible”.

La empresa es Protiberia, cuya titularidad corresponde a Villa Insect S.L. Dispone de varias naves en el municipio albaceteño y se define como compañía “líder” en el suministro de colonias de huevos de Tenebrio molitor, un coleóptero (escarabajo) conocido como el “gusano de la harina” por su forma larvaria.

El equipo “multidisciplinario” de la empresa trabaja para suministrar estos huevos a granjas de cría, utilizando “materias primas sostenibles y prácticas basadas en la economía circular”.

Este insecto tiene gran contenido proteico, ácidos grasos, fósforo y calcio y es una opción “sostenible, saludable y segura tanto para alimentación humana como animal”. Además, Protiberia promociona el hecho de que el cien por cien de sus componentes se aprovechan y muchos de ellos se utilizan como biofertilizantes naturales o para usos biotecnológicos, farmacéuticos y cosméticos.

Actualmente, el Tenebrio molitor, según ha podido comprobar este medio, está certificado por la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) para el consumo humano y Protiberia destaca que se ha convertido en un “alimento más sostenible” que las fuentes de proteína tradicionales.

La empresa explica en su web que la operación de tratamiento de los insectos se realiza de forma manual y semimanual en muchas instalaciones, aunque actualmente está desarrollando una solución “automatizada”. Este desarrollo está actualmente en “fase de validación técnica y proceso de protección de patente”. Aduce que esta línea de innovación cuenta con el respaldo financiero del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Innova-Adelante 2024.

Pero a pesar de estas bondades, la situación en su planta de Villamalea, donde trabajan alrededor de 25 personas, no parece la ideal, al menos según los testimonios recabados por este medio. Se trata de personas empleadas tanto en el tratamiento manual de los insectos, como en el mantenimiento y la limpieza de las naves.

“No hay equipos de protección. Hemos trabajado con mascarillas quirúrgicas, con guantes de látex y con unas gafas de protección que no sirven para nada cuando haces el cribado, es decir, cuando los pones en el tamiz para filtrar los excrementos. Ahí se produce un polvo que no paras de respirar durante ocho horas. Son partículas en suspensión”, explica una de estas personas.

Los empleados están “continuamente expuestos” a estas partículas. “El primer día que hice esa labor yo ya tenía problemas respiratorios. Hablé con mis compañeros y muchos me contaron lo mismo, que a ellos les había pasado lo mismo”. Relatan así episodios de conjuntivitis, de fatiga o de “respiración asmática”.

En el siguiente vídeo, cedido a este medio por una de las personas empleadas, puede verse cómo es el cribado habitual de los insectos. En este caso, la persona dispone de una bata de manga corta que deja parte del brazo al descubierto. El rostro está cortado por el anonimato que han solicitado, pero ni su mascarilla ni sus gafas, alegan, son las “adecuadas”:

Uno de los trabajadores pone el acento en que no existe actualmente ninguna investigación ni prueba piloto de cómo ese polvo en suspensión derivado del cribado puede afectar a la salud humana. “Es algo tan nuevo que este sector ni lo está analizando”.

“La ropa que tenemos es la misma con la que nos volvemos a casa, no nos han facilitado nunca ropa para cambiarnos allí, ni tampoco duchas”. Tampoco llevan batas especiales, salvo las de manga corta, ni dicen haber recibido indicaciones para evitar los efectos del cribado.

Otro trabajador confirma este testimonio: “Estás comiendo polvo todo el rato”. Detalla que cuando se criban los insectos, se utilizan máquinas vibradoras que hacen que se separen, y que el excremento, que es como un polvo, al vibrar “se levanta por todos lados”. Este empleado afirma que las mascarillas quirúrgicas ya se han sustituido recientemente por las FPP2 (dan más protección) pero resalta que es “insuficiente”. Por ejemplo, la cabeza solo se la cubren con una redecilla, por lo que el pelo se queda lleno de partículas.

No es normal irte a tu casa con toda esa suciedad

Este empleado dice haber constatado que hay gente que “no para de toser” y que algunas veces “necesitamos salir fuera para respirar”. “Te suenas la nariz y los mocos están negros. No me parece normal”. Y pide también trajes y batas especiales de protección, además de duchas y de equipamiento “para no irte a tu casa con toda la suciedad”. O por lo menos, añade, debería haber “sistemas de ventilación o de aspiración del polvo”.  

Hay otra cuestión que, según estos testimonios, también puede afectar a la salud pública: el tratamiento que se hace de los insectos que mueren. “Al final es como una granja y no se les da el tratamiento adecuado”. “Puede haber en torno a 20 o 30 kilos a la semana de bichos muertos”.

Cuentan que, en un principio, la dirección de la empresa quería instalar contenedores fitosanitarios para albergar los insectos muertos y que después otra empresa externa se encargara de gestionarlos. “Pero al final eso no se ha hecho porque costaba mucho dinero. Lo que se hace es congelarlos y después tirarlos a un remolque, que, cuando está lleno, se lleva con un tractor a esparcirlos en el campo de al lado, que es propiedad también de la empresa, y se dejan como abono para labranza”. Es otro de los usos que se da las larvas de estos insectos, como abono agrícola. “Pero queda al aire libre”.

El problema, añade, es que cada vez que el remolque se llena, “eso echa un humo de toda la fermentación que lleva, generando una pestilencia horrible”. Esos insectos y sus residuos, no se entierran ni encapsulan. “Se esparcen en el campo y quedan expuestos a que pájaros u otros animales se los coman o se expongan. Es algo realmente asqueroso y no creo que sea ni adecuado ni bueno para el medio ambiente”.

“Al final, entre unas cosas y otras está todo el mundo bastante quemado. Si no lo dejan es porque muchos son jóvenes, incluso sobrecualificados para el trabajo que hacen, pero no se quieren quedar en paro”.

La situación llegó al punto en que uno de los empleados se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para denunciarla. En ese documento, al que ha tenido acceso este medio, el empleado relata que la empresa abrió en 2022 con el objetivo de investigar el ciclo reproductivo del Tenebrio molitor y que el fin último es conseguir una producción con la que la empresa sea rentable, mediante la venta del insecto en cualquier fase de su ciclo vital, la producción de abono (a partir de los excrementos) y producción pienso para aves y reptiles.

Detalla que disponen de las siguientes maquinarias para llevar a cabo estas tareas: vibradoras (para cribar insectos) congeladores (para matar o sacrificar) y un microondas industrial (para deshidratar la larva). Pero añade que, no obstante, la empresa no ha invertido dinero en la compra de EPI, ropa de trabajo, lavadoras y aspiradores industriales.

“Los trabajadores que están toda la jornada cribando (separando los tamaños y edades del insecto) se llenan contantemente de los excrementos, que se asemejan a la textura de la arena. Es muy fácil que penetre en orificios del cuerpo (…) No tenemos protección adecuada”. Demanda por todo ello que actúe la Inspección de Trabajo. Por el momento, esta petición no ha obtenido respuesta.

La empresa dice cumplir con la prevención de riesgos laborales

Este medio ha podido comunicarse por escrito con la dirección de la empresa para conocer su valoración sobre estas acusaciones. Afirma que todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud laboral las toman “extremadamente en serio”.

“Cumplimos con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y contamos con protocolos específicos adaptados a nuestros procesos productivos”, añaden fuentes de la compañía.

Según su página web, la empresa fue fundada por cuatro socios unidos “con un conjunto de valores compartidos” y una “diversidad de habilidades” que abarcan la gestión empresarial, la internacionalización, la investigación y la producción agroalimentaria, “nuestra empresa es el reflejo de un equipo 100% comprometido con la creación de un mundo mejor para las futuras generaciones”.

“En Protiberia, creemos firmemente que el mañana se construye hoy, y estamos dedicados a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, concluyen en la web.