Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro antes de regresar al Ministerio de Hacienda con Mariano Rajoy, ha ido extendiendo sus tentáculos durante años rodeado de sospechas, preguntas incómodas e informaciones periodísticas. Algunas de ellas se ven ahora refrendadas en la investigación judicial del titular del Juzgado número 2 de Tarragona, Ruben Rus Vela, que las ha incorporado al sumario. Lo que durante años fue tratado como ruido político, especialmente por parte de Montoro, ahora se ve como posible delito.

elDiario.es ha ido publicando desde hace una década diversas informaciones clave sobre el entramado empresarial de Montoro, su influencia sobre Hacienda y las conexiones de Equipo Económico (EE) con decisiones regulatorias que beneficiaron a sus clientes.

Hace siete años revelamos que el despacho traspasó parte de su actividad a una nueva sociedad justo después de que Anticorrupción pusiera el foco sobre sus contratos. La sociedad detrás del bufete fundado por Montoro pasó a denominarse Global Afteli en julio de 2015, tras una vertiginosa caída de la facturación meses después de trascender la investigación de la Fiscalía.

Ambas informaciones, el cambio de nombre y el declive del negocio, aparecen en los tomos I y IX del sumario. “En este mismo sentido apuntan varias noticias de prensa, que atribuyen el traspaso de la actividad del despacho fundado por Cristóbal Montoro a la sociedad Global Afteli a la existencia de una investigación contra el gabinete económico en 2015, derivada de la posible adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a EE en 2012 por parte de la Cámara de Comercio de España. Unos meses más tarde de que dicha investigación trascendiera a los medios de comunicación, Global Afteli comenzó sus operaciones. A partir de ese momento, se pudo observar cómo el volumen de negocio y la facturación de EE fue disminuyendo y, en contraposición, la actividad económica de Global Afteli fue cada vez mayor”.

La investigación judicial añade: “la concurrencia de los datos anteriormente expuestos, unidos a otros como son la vinculación entre sus socios y administradores, o la coincidencia de proveedores, clientes y trabajadores, permitirían presumir que realmente se produjo un traspaso paulatino de actividad de la empresa EE a Global Afteli, por lo que cuando se haga alusión a Global Afteli se ha de entender como la sociedad sucesora de EE, con la que este despacho dio continuidad a su actividad económica bajo otro nombre comercial que permitiría, al menos formalmente, desvincularlo de la conocida denominación de EE, asociada a una investigación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada”.

elDiario.es también aparece en el tomo XV del sumario, al referirse al papel del también exministro Rafael Catalá en el gigante del juego Codere, una de las empresas asesoradas por Equipo Económico. “A destacar el hecho que, a pesar de su supuesta desvinculación a partir de 2012, se ha constatado que [Rafael Catala] siguió ligado a Codere hasta 2014, como patrono de la fundación que gestiona la multinacional. Se desconoce el momento exacto en que éste se desvinculó”.

Codere pagó 679.000 euros al despacho mientras se legislaba a su favor. El caso es paradigmático: se pasaba del Gobierno a una de las empresas beneficiadas por decisiones del Gobierno, cerrando un círculo de puertas giratorias.

Por su parte, otros medios de comunicación, como El Periódico, han revelado correos que muestran cómo Hacienda habría maniobrado para salvar al Partido Popular en el caso Bárcenas y cómo Montoro accedía a “información reservada” sobre los problemas fiscales de figuras como Jordi Pujol y su familia desde al menos 2014, Rodrigo Rato o incluso el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. No eran rumores: eran correos concretos, entre funcionarios y altos cargos, que evidencian un uso partidista y personalista de una de las instituciones más delicadas del Estado.

El juez Rus Vela abrió diligencias en secreto en diciembre de 2021. Montoro se enteró de la causa por una información publicada en El Periódico, donde evidenció su enfado. “Me parece muy llamativo que esté investigado desde el año 2021 y no tenga ni idea”, declaró. Y negó que manipulara o dirigiera ninguna decisión tributaria. “Eso es imposible”, dijo. El juez Ruben Rus Vela no lo ve así.

La filial de juego online del gigante español Codere ha reconocido al regulador bursátil estadounidense, la SEC, el riesgo de ser expulsada del índice tecnológico Nasdaq por no haber presentado a tiempo sus cuentas de 2023, tras la renuncia de la firma que las auditaba hasta el año pasado, el gigante Ernst & Young. 

La empresa ha remitido a la SEC, el equivalente en Estados Unidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, un escrito en el que explica que ha recibido una carta del Nasdaq Stock Market fechada el 20 de mayo “en la que se notifica a la empresa que no cumple los requisitos para seguir cotizando en bolsa” establecidos en ese índice tecnológico “por no haber presentado a tiempo su informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023”.

Ahora, y “de conformidad con las normas de cotización del Nasdaq”, la empresa dispone de 60 días naturales a partir de la fecha de la carta para presentar un plan de cumplimiento que acredite que vuelve a cumplir las normas de cotización del Nasdaq. Si el índice tecnológico acepta este plan, podrá conceder a la sociedad una prórroga hasta el próximo 11 de noviembre para cumplir esas normas. Si Nasdaq no lo acepta, la compañía “tendrá la oportunidad de apelar esa decisión ante el Panel de Audiencias del Nasdaq”.

“La Sociedad está trabajando diligentemente para completar la preparación y revisión de sus estados financieros y tiene la intención de presentar su 20-F 2023 o presentar el Plan de Cumplimiento dentro del plazo prescrito de 60 días”.

El pasado 1 de mayo, la compañía , cuya matriz está en Luxemburgo y que cotiza en ese índice tecnológico desde diciembre de 2021, reconoció el retraso en la presentación de esas cuentas. Lo atribuyó a la decisión de la firma Ernst & Young (EY) de no auditar sus estados financieros del ejercicio 2023. Esa renuncia fue comunicada a Codere por EY el pasado 23 de octubre.

El 8 de marzo de este año, Codere contrató como nuevo auditor de sus cuentas a la firma neoyorquina Marcum LLP. El 1 de mayo, festivo en España, la empresa de apuestas reconoció que “no puede presentar su Informe Anual” dentro del plazo prescrito “sin esfuerzos y gastos excesivos debido a la reciente contratación del nuevo auditor de la Sociedad y a que es necesario un plazo adicional para presentar su Informe Anual en el Formulario 20-F para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023”.

El pasado 15 de mayo, festivo en Madrid, la compañía, que reparte su sede de operaciones entre la capital de España y Tel Aviv (Israel), anunció un “fuerte inicio de 2024”, con un aumento de la facturación del 34%, hasta 50,4 millones de dólares, según sus cuentas no auditadas, gracias al “impresionante” desempeño de los mercados de España y México, sus principales áreas de negocio, aunque también opera en otros países latinoamericanos, como Argentina.

La compañía comenzó su actividad online en el año 2014. En junio de 2021, Grupo Codere alcanzó un acuerdo para fusionar la filial con una sociedad de propósito especial (SPAC), DD3 Acquisition Corp. II, dando lugar a la creación de Codere Online, que fue el primer operador de juego en línea en Latinoamérica en cotizar en el mercado de valores estadounidense. 

Codere Online, participada mayoritariamente por Grupo Codere, ofrece apuestas deportivas y casino en línea, a través de su servicio web y aplicación móvil. “Actualmente, opera en España, México, Colombia, Panamá y en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)”, explica en su web. 

Codere es el socio oficial de apuestas del Real Madrid Club de Fútbol en Latinoamérica, del Club Atlético River Plate en Argentina y del Club de Futbol Monterrey (Rayados), en México. La empresa reconoció hace meses a la SEC que perdió 744.000 euros en un ciberataque tras el hackeo de un alto directivo de su filial online y admitió “debilidades” en sus controles internos.

En concreto, “en el control interno sobre la información financiera” de la filial, por un “diseño inefectivo” y controles insuficientes sobre su sistema de pagos; y en segundo lugar, por la incapacidad de sus sistemas de ciberseguridad para evitar el ataque.

La vieja relación de cercanía entre el sector del juego y el PP sigue engrasada. Así lo reflejan la asidua presencia de figuras del partido en reuniones sectoriales, un premio a su actual responsable de Economía, Juan Bravo, en vísperas de su ascenso a la cúpula de la formación o una reciente “ponencia magistral” de un exministro popular con el patrocinio del sector.

Las empresas del juego han reclutado en los últimos años a cerca de una decena de antiguos cargos de los populares como consejeros o asesores. Y creen que, tras el vuelco conservador en las últimas elecciones autonómicas, “es el momento de la verdad” después de años de políticas restrictivas hacia este negocio.

En las competencias que dependen del Estado (juego online), esas políticas las ha liderado el todavía ministro de Consumo, Alberto Garzón, que durante su mandato reguló la publicidad de las casas de apuestas, obligó a publicar las sanciones a las empresas tras una década de opacidad o prohibió apostar online con tarjeta de crédito a los jugadores con comportamientos de riesgo.

Del radio de acción de Garzón quedó fuera el juego físico (salas de apuestas, recreativos, bingos…), porque su gestión está en manos de las comunidades autónomas. Justo después del batacazo de la izquierda el 28M, José Vall, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), integrada en CEOE y formada por Sportium (Cirsa), Codere u Orenes, indicaba que “ahora es el momento de la verdad, de que seamos capaces de transmitir a los que vienen el daño causado”. Este “continuará” si no “impera la lógica y la sensatez”.

Según Vall, en el sector se han sentido “escuchados” por los políticos autonómicos que estaban en la oposición y ahora han llegado al poder en las comunidades autónomas: “Nos han dado la razón y muchas esperanzas” que confió en que, “ahora que gobernarán, se conviertan en realidad. 18.000 familias solo en salones están pendientes de ello. Sin olvidar a la hostelería, ese otro gran perjudicado, especialmente en Valencia y camino de ello en Aragón. Nos avalan los datos y esperemos que todos juntos seamos capaces de reconducir el daño causado a un sector que no se lo merece. Ahora es la hora de la verdad”.

ANESAR defiende la aportación del juego a la economía y subraya que el porcentaje de población con problemas de ludopatía en España es del 0,3%. Esta patronal celebró el mes pasado el 10 Congreso de Salones de Juego. Lo inauguraron el presidente de ANESAR y el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz Fernández. Uno de los platos fuertes fue una conferencia “magistral” del exministro popular Álvaro Nadal, bajo el título “¿Hemos despejado las incertidumbres? Oportunidades y riesgos de la economía española”.

La ponencia del exjefe de la Oficina Económica de Moncloa con Mariano Rajoy contó con el patrocinio de Merkur Dosniha, una empresa de juego de capital alemán. En la nota de prensa del evento, la empresa indica que “como viene siendo habitual en este importante encuentro anual, este año bajo el lema 'Comprometidos con las empresas, responsables con la sociedad', Merkur Dosniha ha participado y colaborado patrocinando la ponencia magistral como una iniciativa más al interés común de todos los que conforman el Sector del Juego”.

“Con un aforo completo, los presentes pudieron atender las interesantes explicaciones del ministro repasando y valorando diferentes temáticas en las que destacaron la actividad económica y consumo, la inflación, la política monetaria y fiscal y las tendencias en la regulación”. El escenario elegido fue el Espacio Pablo VI de Madrid, gestionado por la fundación del mismo nombre, creada hace décadas por el cardenal Herrera Oria, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas.

“Sin duda alguna, una oportunidad de aprendizaje en cuestiones de coyuntura económica española, europea e internacional, así como políticas energéticas, desarrollo sostenible y digitalización, haciendo mención y referencia en este último aspecto a los medios de pago”, destacó esa empresa de suministro de máquinas recreativas.

La presencia de políticos conservadores en estos eventos sectoriales es muy habitual. En el congreso de ANESAR de 2022 participaron entre otros el exministro popular de Sanidad Alfonso Alonso o el exdiputado y exejecutivo de Coca-Cola, Marcos de Quinto. También Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, y al frente del Instituto Nacional de Estadística (INE) con Rajoy. El anterior congreso, celebrado antes de la pandemia, en 2020, lo clausuró el entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

Hace poco más de un año, uno de los medios de referencia del sector, Infoplay, hacía entrega, por mediación del presidente de la empresa gallega de apuestas Luckia, José González Fuentes, y de una religiosa, la hermana superiora Antonia López, del premio “Embajador de Juego Responsable” al actual vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su labor como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Bravo excusó su presencia en el acto, celebrado en el Teatro Real de Madrid. Participó a través de un vídeo en el que cedió todo el mérito al encargado de recoger el galardón, el entonces director general de Juego de la Junta y actual secretario general de Hacienda andaluz, Manuel Vázquez, que “en los momentos más difíciles de la pandemia mantuvo el equilibrio, la serenidad, para establecer esas medidas que permitiesen mantener la actividad económica a pesar de las dificultades y, sobre todo, mantener el empleo en vuestro sector y en el resto de los sectores”, dijo a los empresarios de los salones de apuestas.

Dos días después de ese acto, Bravo fue nombrado vicesecretario de Política Económica por un Alberto Núñez Feijóo recién aterrizado a la presidencia del PP. Del jurado de aquel premio formaron parte el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y otro expolítico popular, Fernando Fernández de Trocóniz, abogado del Estado jubilado, exalcalde de Salamanca y exdiputado del PP.

Tras dejar la política activa, Fernández de Trocóniz presidió durante años la Fundación Alcohol y Sociedad, entidad sin ánimo de lucro de los fabricantes de bebidas alcohólicas que tiene “el objetivo principal de eliminar hábitos indebidos en el consumo de alcohol”. Su directora de Relaciones Institucionales es la periodista Silvia Jato, esposa del expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, cabeza de lista del PP por Castellón en las generales del próximo 23 de julio.

El director de esa entidad es Bosco Torremocha, hijo de Fernando Torremocha, exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que llegó a ser miembro de la junta directiva del PP, el partido que le colocó en el organismo, mientras estaba en el regulador.

Larga lista

Pero volvamos al juego. La lista de cargos del PP que están o han estado vinculados a empresas de este sector en España es larga y abarca a políticos de ámbito estatal, autonómico o municipal. Un ejemplo es el exdiputado Andrés Ayala, socio del grupo murciano Orenes y que tras dejar su escaño fue nombrado consejero en varias de sus filiales en sustitución de su esposa.

O el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2006 aceptó la presidencia de honor de la Fundación Social del Juego Privado que le ofreció el patrón regional del sector, José Ballesteros Requejo, propietario de un operador de bingo, tal y como recogía el periodista Luis Díez en su libro '¡Jugad, malditos, jugad!' (2020).

El caso quizás más conocido es el de Rafael Catalá, en Codere antes y después de ser ministro con Rajoy, junto a otro exministro con José María Aznar, Pío Cabanillas, que hasta 2021 fue consejero del grupo. Codere arrastra desde hace años una situación financiera muy complicada. Su auditor acaba de advertir de “dudas significativas" sobre su continuidad. Su filial online, que cotiza en Estados Unidos y tiene su matriz en Luxemburgo, anunció este jueves el nombramiento de Catalá como miembro de un órgano formal de nueva creación, el comité de Compliance, que hasta ahora tenía carácter consultivo.

La multinacional española, que el año pasado fichó al abogado del Estado Antonio Zafra (ex Bankia y jefe de gabinete en el Ministerio de Economía con Rodrigo Rato), contrató hace más de una década al despacho de asesoría que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Bloomberg acusó entonces a Hacienda de favorecer a Codere en el reparto de licencias de juego online. El ministerio que entonces dirigía Montoro negó “tajantemente la acusación de tráfico de influencias” y anunció una querella que nunca llegó a presentar.

En la Galicia de Feijóo, la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO) la preside Serafín Portas, consejero delegado de Recreativos Portas. Su hermana Alicia fue directora de gabinete de Ana Pastor en el Ministerio de Fomento con Rajoy en Sanidad y Consumo con Aznar. Actualmente es directiva en el Hospital La Paz de Madrid.

Hace un par de años, la Xunta de Galicia y AGEO fueron de la mano para intentar frenar un recurso de la CNMC contra la negativa del Gobierno de Feijóo a autorizar la instalación de una tragaperras en un bar. Un aspecto trivial, pero con cierto fondo: la Audiencia Nacional dio la razón a Competencia y anuló la resolución de la Xunta, cuyas argumentaciones, dijo, “parecen inclinarse a la protección de los intereses económicos de determinados operadores económicos y no del interés general”. La sentencia fue confirmada en febrero por el Tribunal Supremo.

En el grupo gallego Egasa, matriz de Luckia, es consejero el abogado Javier Laorden, socio de honor del bufete Cuatrecasas, especializado en derecho tributario y entidades sin ánimo de lucro, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exlíder del PP de Torrelodones, municipio que durante años tuvo el único casino de la Comunidad de Madrid y en el que los populares acaban de recuperar la alcaldía tras ocho años en la oposición. Egasa, que hace años se alió en Panamá con empresarios acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, aparecía en el sumario judicial de Gürtel como donante de 100.000 euros al PP.

Otros cargos técnicos nombrados por el PP que acabaron trabajando para el sector son los ex directores generales del Juego Carlos Hernández y Juan Espinosa. El primero asesoró a las empresas de apuestas online en su recurso contra el decreto de Garzón que restringió drásticamente los anuncios del sector. El segundo se convirtió en asesor de la patronal británica del juego. Ambos tienen un despacho que ofrece asistencia a sectores regulados como el del juego.

El auditor de Codere, la firma Ernst & Young (EY), ha advertido de “la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento”, tras anotarse la multinacional española de las apuestas pérdidas de 477 millones en el ejercicio 2022.

La advertencia figura en la auditoría de las cuentas de la nueva cabecera del grupo, la luxemburguesa Codere New Topco, Sarl. En el informe, EY destaca que Codere ha vuelto a registrar números rojos en 2022, “no ha alcanzado el plan de negocios establecido” y “se prevén tensiones de liquidez en los próximos meses que podrían provocar un incumplimiento de las obligaciones contraídas con los bonistas y ser causa de vencimiento anticipado de los contratos con los mismos”.

“El grupo está llevando un proceso de reestructuración financiera”, añade el auditor de EY, José Enrique Quijada, que también ha incluido esas advertencias en el informe de otra de las filiales en Luxemburgo del grupo, Codere Luxembourg 2, fechado el pasado 11 de mayo.

Fuentes del grupo restan importancia a esa advertencia de su auditora. Indican que se trata de una cuestión “técnica” que EY se ha visto obligada a incluir dado que los nuevos fondos que los bonistas de Codere acordaron inyectar en la compañía en abril no han llegado aún a la caja del grupo. “El protocolo exige que tengan que hacer esa salvedad de que hasta que el dinero está en cuenta, supuestamente está en duda la continuidad del grupo”. Pero el pacto de refinanciación “está acordado y se tiene esa solvencia”, subrayan desde Codere.

Los administradores del grupo han formulado las cuentas de 2022 “bajo el principio de empresa en funcionamiento, al considerar que culminarán con éxito los procesos que se encuentran en curso sobre la reestructuración”.

Esta se anunció el 29 de marzo. El 19 de abril más del 90% de los bonistas de Codere acordaron una nueva inyección de liquidez de 100 millones para evitar la quiebra de la compañía a través de la emisión de nuevos pagarés con un interés del 11% y vencimiento en junio de 2027.

La operación, que está vinculada a un nuevo plan de negocio, incluía un aplazamiento de las emisiones de deuda que se mantienen en el mercado y vino acompañada de un nuevo relevo en la cúpula de Codere. Salieron los dos consejeros delegados, Alberto González del Solar y Alejandro Rodino, y se nombró CEO interino a Emilio Zaffignani. El grupo espera incorporar un nuevo primer ejecutivo este verano. 

Más ingresos

Codere emplea a más de 11.000 personas y se dedica a la explotación de máquinas recreativas y de azar, casas de apuestas, salas de bingo, casinos e hipódromos en España, Italia y Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay). Cuenta con 46.409 máquinas, 143 salas de juego, 1.039 salones recreativos, 174 locales de apuestas deportivas y 8.108 bares, y una filial online que cotiza en Estados Unidos.

La compañía disparó el año pasado sus ingresos un 67,5%, hasta 1.314,8 millones. El crecimiento fue especialmente fuerte en Argentina (+135,6%) e Italia (+85,6%) y en España fue del 18,1%. En la pata online la facturación subió un 45,1%. En el último trimestre del ejercicio (cerrado en diciembre) los ingresos contables del grupo llegaron a superar los del mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia.

Pero los números rojos alcanzaron en el ejercicio, que fue algo más largo de lo normal (duró trece meses), los citados 477 millones. Estas pérdidas se suman a los 338,6 millones que perdió en 2021 la antigua Codere (antes de la anterior reestructuración de deuda cerrada ese año) y los números rojos de 236,6 millones de 2020. En total, un quebranto de más de 1.000 millones solo en los últimos tres años. Los últimos beneficios de la empresa datan de 2017. Entonces declaró apenas 2,8 millones de ganancias.

A cierre de 2022, Codere debía hacer frente a un pasivo que sumaba 1.837 millones. Esta cifra casi multiplica por ocho el beneficio bruto operativo que el grupo tuvo el pasado ejercicio, que cerró con un fondo de maniobra negativo de 86 millones de euros, “algo natural en el sector en el que opera”. “Los fondos propios de la sociedad matriz, Codere NewTopco, SA, son positivos en 133 millones”, añade en sus cuentas. 

Tras la refinanciación de deuda de 2021, “se han producido varios hechos que han impedido al Grupo alcanzar el plan de negocios establecido y que implican tensiones de tesorería para los próximos meses”, que, reconoce la compañía en sus cuentas, “pudiesen desembocar en la imposibilidad del cumplimiento de ciertas obligaciones contraídas en las emisiones de bonos previas”: el pago del cupón de marzo, abril o septiembre, o incumplimiento del importe mínimo de tesorería disponible, “que provocarían un event of default o causa de vencimiento anticipado de los contratos con los bonistas”.

El grupo cita tres factores causantes de esa situación. El primero, una recuperación más lenta que lo esperado tras la pandemia en algunos países clave para el grupo, en especial, México. El segundo, una situación macroeconómica “inestable y de mucha volatilidad” tras la guerra de Ucrania, con un aumento “significativo de la inflación y de los tipos de interés, con el consiguiente impacto negativo en el consumo de los hogares y el incremento de los costes”.

Una inflación “cercana al 10% en la zona euro” podría “afectar en el corto plazo a los ingresos generados por las compañías del Grupo, no solo en Europa, dado que situaciones similares se están produciendo en los países de la Latinoamérica donde operamos”, dice Codere.  

Litigio en México

El tercer factor para esta delicada situación son “ciertas dificultades inesperadas en algunas jurisdicciones”, por restricciones de actividad o “por la evolución negativa de algunas contingencias de ejercicios anteriores que podrían suponer desembolsos significativos”. 

En concreto, varios litigios fiscales en México. Destaca uno relacionado con deducciones que el grupo se aplicó tras fusionar varias filiales en 2008, que las autoridades mexicanas anularon, por lo que le reclaman unos 61,6 millones de euros. Codere ha tenido que dotar por primera vez en sus cuentas provisiones de casi 50 millones el pasado ejercicio. La cifra incluye cuota fiscal, intereses, recargos y sanciones y las deducciones a las que cree tendría derecho en caso de una resolución desfavorable.

La reclamación data de una inspección de 2012. Inicialmente, Codere apeló por vía administrativa y obtuvo una resolución favorable en 2017. Pero el Fisco mexicano abrió otra inspección y emitió nuevas actas en 2018. Tras dos resoluciones judiciales adversas, el grupo ha llevado el caso ante la Corte Suprema de Justicia. En febrero presentó un recurso extraordinario de revisión constitucional y espera una respuesta en semanas.

De no admitirse a trámite, “se podrían abrir, al margen de otros expedientes administrativos para que se reconsidere la exigibilidad de la deuda tributaria, otras alternativas expresamente recogidas en la norma fiscal mexicana que permiten bien reducir, e incluso diferir parcialmente (con un máximo de 36 mensualidades), el importe final a pagar, y que supondrían un retraso en el desembolso hasta como mínimo finales del ejercicio 2023”, indica Codere en sus cuentas.

México fue el origen de la sanción de 100.000 que impuso a Codere el pasado diciembre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por una infracción “muy grave” de la normativa del mercado de valores español, por incluir información “no veraz y engañosa” sobre los resultados de sus filiales en ese país, en Colombia y en Panamá, tras la incoación de un expediente sancionador en septiembre de 2021. 

La compañía lleva en el alambre más de una década por su multimillonaria deuda, desde la etapa de sus antiguos propietarios, los Martínez Sampedro. En 2021, tras los cierres de locales por la pandemia, ya realizó una profunda reestructuración financiera. Los bonistas que controlan la compañía inyectaron 225 millones y capitalizaron más de 350 millones de deuda. El proceso derivó en la liquidación de la antigua Codere, que se despidió de la Bolsa española a finales de ese año, y en una reorganización mediante la creación de varias sociedades en Luxemburgo, donde la compañía solo tiene un empleado.

La delicada situación financiera del grupo ha obligado a extender esa advertencia de EY a la filial de juego online, que cotiza en el Nasdaq de Estados Unidos desde diciembre de 2021. En la auditoría de las cuentas de 2022 remitidas a la SEC, el regulador bursátil estadounidense, EY advierte de “dudas sustanciales sobre la capacidad de Codere Online para seguir operando”, puesto que la filial depende de su matriz “para el uso de la marca Codere, determinadas licencias de juego y ciertos servicios”. 

“El grupo Codere se encuentra actualmente en proceso de reestructuración financiera y, debido a las incertidumbres que rodean el resultado de este proceso, las acciones del Grupo Codere podrían tener un efecto significativo en el negocio, los resultados de las operaciones y la situación financiera de la Sociedad”, añade EY, que audita a Codere desde 2016.

La filial, de la que el grupo conserva el 66,5%, reconoce en el documento remitido a la SEC que “si Codere Online fuera incapaz de continuar sus operaciones, los inversores podrían sufrir la pérdida de toda su inversión o de una parte sustancial”.

La multinacional española del juego Codere ha reconocido al regulador estadounidense (la SEC), donde cotiza su filial Codere Online, la existencia de diversas deficiencias y “debilidades” en sus controles internos tras un ciberataque perpetrado el pasado ejercicio que ha provocado al grupo una salida de recursos que cifra en 744.000 euros. 

Los atacantes se apropiaron de esa suma mediante facturas manipuladas tras hackear el correo de un alto directivo de su filial online. La empresa ya sufrió una brecha de seguridad en España a finales de 2020.

En este caso, los hechos se remontan al primer semestre de 2022. A través de la cuenta de correo de ese alto directivo de Codere, los atacantes “se hicieron pasar por agentes del equipo comercial de Codere Online” para enviar a diversos proveedores del grupo “solicitudes de pago ilegítimas adjuntando facturas manipuladas”. 

El resultado es que Codere Online ha tenido que reconocer en sus cuentas que ha realizado “determinados pagos de facturas pendientes por un importe aproximado de 744 miles de euros a cuentas en el extranjero controladas por el suplantador”, y no por sus verdaderos proveedores, según ha explicado Codere a las autoridades estadounidenses.

La compañía señala que se puso en contacto con los bancos involucrados en las transferencias en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. Pero, “hasta la fecha, Codere Online ha recuperado una mínima parte” de esa cifra. Según Codere, se trata de “un evento aislado” y con este ciberataque “no se pusieron en riesgo los depósitos de cuenta de los usuarios ni sus contraseñas”, ni se accedió a los datos confidenciales de sus usuarios.

“Codere Online continúa persiguiendo la recuperación de las cantidades transferidas” y “puede estar limitada en la información que puede divulgar” sobre este caso “ya que actualmente está considerando acciones legales”, dice la compañía en un documento que acaba de remitir a la SEC. El grupo se ha comprometido a detallar las medidas adoptadas para remediar esta situación en su informe anual.

Tras una investigación interna, la compañía ha señalado que, pese a que los atacantes tuvieron acceso a la información de la cuenta de correo de ese alto directivo, salvo por los datos disponibles en ella, “no hay evidencia” de que se haya tenido acceso a ninguna información corporativa de la compañía, incluyendo la financiera o contable. Esa investigación, añade, “no ha encontrado pruebas de la involucración de ningún empleado de la compañía” en el fraude.

Pero la dirección de la compañía ha tenido que reconocer a la SEC la existencia de diversas “debilidades” en sus controles internos. En primer lugar, “en el control interno sobre la información financiera” de la filial, por un “diseño inefectivo” y controles insuficientes sobre su sistema de pagos; y en segundo lugar, por la incapacidad de sus sistemas de ciberseguridad para evitar el ataque.

Así, la empresa ha reconocido que “Codere Online no mantuvo controles efectivos” sobre sus sistemas de tratamiento de la información “como consecuencia de la existencia de ciertas debilidades materiales en el control interno” sobre el reporte de su información financiera. Codere asegura que tras el incidente esos controles internos se han “mejorado” y se ha comprometido con la SEC a ampliarlos. Es, asegura, una de las “principales prioridades” de su equipo gestor.

El grupo dice a la SEC que este tipo de ataques informáticos “son, por naturaleza, tecnológicamente sofisticados y podrían ser imposibles de detectar y combatir”.

Brecha de seguridad

La compañía ha dado cuenta de este ciberataque después de que, en noviembre de 2020, notificase a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la existencia de una brecha de seguridad en sus sistemas informáticos. En este caso, Codere detectó tres consultas sospechosas desde el servidor de uno de sus data centers a la base de datos que recopila las cuentas de sus jugadores online.

En ella se recogen datos sensibles como códigos de usuario, contraseña encriptada, DNI, nacionalidad, país de residencia, profesión, nombre y apellidos, datos de localización y contacto (dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono), profesión, saldos en cuenta o número de cuenta bancaria.

La AEPD constató en junio de 2021 que se había producido una quiebra de seguridad de datos personales en los sistemas de Codere, pero archivó las actuaciones tras comprobar que no se habían detectado incidentes, ni anomalías, ni actividades sospechosas en las cuentas de los usuarios. Según la AEPD, Codere “disponía de medidas de seguridad razonables” y reaccionó de forma “diligente” para minimizar su impacto y evitar que se repita en el futuro. 

El grupo reconoció que esta fue “la primera ocasión en la que se produce una brecha de seguridad de datos personales”. Inicialmente Codere notificó que habían podido verse afectados los datos de los 599.556 clientes que tenía registrados a esa fecha. Tras una auditoría externa cifró el número de posibles afectados en 64.281, a los que se informó por correo de esa brecha de seguridad.

Codere fue sancionada el pasado diciembre por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con una multa de 100.000 euros por una infracción “muy grave” de la normativa del mercado de valores español, por incluir información “no veraz y engañosa” sobre los resultados de sus filiales en México, Colombia y Panamá, tras la incoación de un expediente sancionador en septiembre de 2021. La matriz del grupo dejó de cotizar en España a finales de ese año.

La filial de juego online de Codere perdió un 10% de sus jugadores en España en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo de un año antes, según ha revelado recientemente a la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos. Se trata del primer trimestre en el que es posible comparar el efecto que han podido tener algunas de las medidas del decreto de publicidad del juego online elaborado por el Ministerio de Consumo, al comparar con el periodo inmediatamente anterior a su entrada en vigor.

Los anuncios de casas de apuestas en retransmisiones deportivas se mantuvieron hasta agosto del año pasado, una vez expirado el periodo de gracia que se dio cuando se aprobó la norma en noviembre de 2020 para respetar los contratos en vigor. Pero muchas restricciones (caso de las actividades de promoción, los anuncios en algunas webs y redes sociales, o los límites a la actividad de los llamados tipsters o pronosticadores de apuestas) entraron en vigor el 1 de mayo de 2021.

Los datos remitidos a la SEC reflejan que la filial online de la multinacional española del juego cerró el primer trimestre de 2022 con 32.643 jugadores activos en España, un 10% menos en comparación con los 36.275 del primer trimestre de 2021, justo antes de la entrada en vigor de esa parte del decreto.

La empresa destaca que, pese a descenso en el número de jugadores activos, en el primer trimestre de este año ya ha recuperado e incluso superado el nivel de facturación previo a la norma, con un incremento de su cifra de negocios en España del 24% interanual y de un 15% respecto al trimestre previo. La filial ha relacionado esa normativa impulsada por el departamento de Alberto Garzón con los malos resultados del pasado ejercicio, cuando sus pérdidas se cuadruplicaron hasta superar los 68 millones de euros.

En la presentación de resultados del cuarto trimestre, el consejero delegado de Codere Online, Moshe Edree, señaló que el ejercicio 2021 había estado “no solo impactado por nuestros limitados recursos financieros”, sino también “por las nuevas restricciones en el que sigue siendo nuestro mayor mercado por ingresos, España”, que es también el único que registra un beneficio bruto operativo (Ebitda) positivo.

Impacto “mayor del esperado”

“Estas restricciones tuvieron un impacto mayor del esperado en nuestro negocio, lo que afectó negativamente a nuestras métricas financieras y operativas, en particular en el segundo y el tercer trimestre”, explicó Edree. Así, en el tercer trimestre del año pasado, que coincidió con la plena entrada en vigor del decreto, el número de usuarios activos en España llegó a desplomarse hasta los 28.000, un 22% por debajo del primer trimestre de 2021.

Pero Edree destacó el pasado 31 de marzo la recuperación registrada en España en el último trimestre de 2021, que ha continuado (aunque con menor vigor) en el arranque de 2022. “Lo positivo respecto a España es que ya estamos viendo una recuperación completa”, dijo el ejecutivo israelí, “tanto en términos de facturación, como de esos jugadores que siguen jugando”. Además, se está “reclutando nuevos jugadores que están llegando por nuestros propios canales, la marca, y los canales orgánicos”. “La calidad de los jugadores es muy superior a la que habíamos visto antes”, aseguró.

En la última conferencia de resultados, el director financiero de Codere Online, Óscar Iglesias, insistió en esa idea al destacar que la filial en España ha recuperado ya su nivel de facturación previo a la regulación que Consumo implantó basándose en la experiencia del veto temporal que introdujo durante el confinamiento, que animó al ministerio de Garzón a endurecer su propuesta inicial.

Los datos son “muy esperanzadores” y “el principio de lo que creemos es una tendencia positiva para nuestro negocio español”, según Iglesias, que hizo hincapié ante los analistas en “la importancia de nuestro enfoque omnicanal”: “Tener presencia física”, su red de locales de apuestas en España, “te permite alcanzar a los consumidores de una forma que no está alcance de los operadores online, especialmente cuando la actividad promocional y de marketing está restringida”.

Edree destacó en esa conferencia que el grupo está “ganando algo de cuota de mercado” en España, si bien su foco está en Latinoamérica, donde se mantiene su acuerdo de patrocinio con el Real Madrid. En la presentación de resultados anuales, el israelí explicó que el grupo está aprovechando el hueco que deja el decreto para anunciarse en horario de madrugada.

“Ya estamos maximizando y optimizando esta franja para la exposición de nuestra marca”. España “es un gran mercado, para Codere y no solo para el área online, también para el retail”, y gracias a su estrategia multicanal y sus “centenares” de locales, “podemos mantener nuestra cuota”.

La filial online de Codere, que el pasado verano lamentó la “postura negativa” del Gobierno español contra las casas de apuestas, inició sus operaciones en España en 2014. En paralelo a la despedida de su matriz de la Bolsa española, salió a cotizar en diciembre en Estados Unidos mediante la fusión con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) DD3 Acquisition Corp.II. Desde entonces, sus acciones se han desplomado cerca de un 70%.

Recientemente, esa filial ha advertido allí del riesgo de perder su licencia en España por acumulación de sanciones muy graves por incumplimiento de la normativa de juego estatal o autonómica. Su matriz tiene un expediente abierto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por “inconsistencias contables” en varias filiales en Latinoamérica, lo que podría constituir una posible infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un expediente sancionador a Codere por las “inconsistencias contables” que el grupo reconoció a finales de 2019 en varias de sus filiales en Latinoamérica. El procedimiento podría derivar en una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores, según admite en sus últimas cuentas anuales la multinacional española de las apuestas, que está en proceso de liquidación.

Codere explica en ese documento que el pasado 23 de septiembre la CNMV le notificó que había decidido “iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra Codere, S. A. y otros, por la posible comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 282.2 de la Ley del Mercado de Valores, como responsable de las inconsistencias contables contenidas en los estados financieros de la sociedad correspondientes al primer semestre del ejercicio 2019”.

Ese artículo de la Ley del Mercado de Valores recoge las infracciones “por incumplimiento de las obligaciones de transparencia e integridad del mercado” que las cotizadas deben reflejar en el informe anual, el informe de auditoría o las cuentas semestrales. En octubre de 2019, la multinacional española anunció que había detectado determinadas “inconsistencias” en los resultados publicados de algunas de sus filiales latinoamericanas. 

Lo hizo meses después de la salida del consejo de administración del grupo de la familia Martínez-Sampedro, fundadores de Codere y enfrentados a su actual dirección tras ver reducida su participación a la mínima expresión como consecuencia del proceso de reestructuración de la deuda de la empresa.

Un análisis posterior encargado por Codere a la firma EY confirmó que el grupo había infraestimado sus pérdidas en más de 15 millones de euros como consecuencia de esas inconsistencias, detectadas en las cuentas financieras de las filiales en México, Colombia y Panamá. Según Codere, estas pérdidas fueron “intencionadas y coordinadas por un reducido grupo de personas en México”, mediante la modificación de ingresos y costes en sus sistemas operativos contables, y “sin el conocimiento de la dirección corporativa en Madrid”, según reflejó un informe encargado por la empresa a Kroy y Álvarez y Marsal. El grupo acabaría declarando unas pérdidas de cerca de 62 millones en el conjunto del ejercicio 2019. La cifra se disparó por encima de los 200 millones ya en 2020, como consecuencia de los cierres por la pandemia.

Entre las conductas prohibidas que recoge el artículo de la Ley del Mercado de Valores que ha motivado este expediente sancionador está la de omitir información financiera “cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido”, así como el suministro a la CNMV de “información financiera regulada con datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omita aspectos o datos relevantes”.

Codere, con la que elDiario.es se ha puesto en contacto sin obtener respuesta, explica en el documento remitido al regulador español que el pasado 22 de octubre presentó alegaciones contra la incoación del procedimiento sancionador, “solicitando el sobreseimiento del mismo sin imposición de sanción alguna, y desde entonces, estamos a la espera de la resolución de la CNMV”.

“El 16 de marzo de 2022 se recibió comunicación de la CNMV por la que se informaba a Codere, SA, en liquidación, del cambio de instructor del expediente”, añade Codere.

“Sobre los posibles expedientes en curso no damos información hasta que no acaban, en su caso. Las sanciones que impone la CNMV se publican en el BOE y en el registro de sanciones”, se limita a señalar el regulador bursátil, a preguntas sobre este asunto.

El pasado jueves, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó excluir a Codere de negociación y fijó como último día de negociación de sus títulos el próximo viernes, 6 de mayo. La matriz de Codere, que en 2021 aumentó sus números rojos un 43,1%, hasta 338,6 millones, pese a haber aumentado un 33% su facturación, hasta 790,7 millones, anunció en 2021 su entrada en liquidación, tras finalizar el proceso de reestructuración financiera anunciado hace un año, por el que recibió la inyección de hasta 225 millones, se capitalizaron más de 350 millones de deuda por parte de sus acreedores y se alargó su vencimiento a septiembre de 2026, a cambio de dejar el 95% de la empresa en manos de los bonistas del grupo.

En paralelo a su despedida del parqué español, el grupo sacó a cotizar el año pasado su filial de apuestas online en Estados Unidos, que saltó al parqué el pasado diciembre mediante la fusión con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) DD3 Acquisition Corp.II. Recientemente, esa filial ha advertido allí del riesgo de perder su licencia en España por acumulación de sanciones muy graves por incumplimiento de la normativa de juego estatal o autonómica.

El pasado verano, esa filial lamentó la “postura negativa” del Gobierno español contra las casas de apuestas, reflejada en el veto a la publicidad de estas empresas. Es una queja recurrente del grupo: a principios de 2020, el entonces presidente de Codere también cargó contra las “posiciones políticas y sociales radicales” hacia las casas de apuestas y las “falsas creencias” sobre este sector.

Otra sanción en 2015

Tanto Codere como los consejeros que entonces formaban parte de su comité de auditoría ya fueron sancionados en marzo de 2015 por la CNMV por falsear sus cuentas de 2012. En este caso, la empresa fue multada con 100.000 euros por una infracción muy grave, porque esas cuentas contenían datos “inexactos o no veraces”.

En febrero de 2013, Codere informó de unas pérdidas de 104,6 millones en 2021, lastrada por un deterioro de activos en España por valor de 75,6 millones y por la bajada de los ingresos en el país. Unos meses después reformuló sus cuentas y elevó las pérdidas a 134 millones tras detectar un error contable. Pocos días después, volvía a reformular las cuentas para adecuarlas a una “aclaración” fiscal en México y tras afrontar un pago por licencias en Argentina.

Tras conocer la sanción, y en los sucesivos recursos ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, Codere alegó que la conducta sancionada era fruto de un error técnico que fue corregido de inmediato, y que no alteraba la situación patrimonial de la empresa. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmaron las sanciones en todos sus extremos.

Codere ha advertido a los inversores en EEUU de que se expone al riesgo de perder su licencia de operador de apuestas online en España. La razón es un reciente cambio legal que, desde el pasado verano, permite retirar la licencia a estas empresas si hay una acumulación de infracciones muy graves de la normativa de juego estatal o autonómica.

La advertencia está recogida en un documento remitido recientemente a la SEC, el regulador bursátil estadounidense, por Codere Online Luxembourg, el negocio de apuestas online del grupo español, que el año pasado empezó a cotizar en la bolsa de EEUU.

En el apartado de “factores de riesgo” que pueden afectar a su negocio, la filial de la multinacional española recuerda que “depende de licencias para llevar a cabo sus operaciones” y reconoce que la pérdida o terminación de las mismas podría tener un efecto adverso para ella. En el caso de Codere Online, su licencia depende de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), adscrita al Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón.

En el documento a la SEC, Codere alude a una reciente modificación de la Ley del Juego de 2011 que, desde el pasado julio, ha introducido un nuevo supuesto inhabilita a los operadores de juego online en España: “Haber sido sancionada la persona física, la persona jurídica o sus socios, directivos o administradores, o cualquier otra entidad que forme parte del grupo empresarial al que pertenezca mediante resolución administrativa firme por dos o más infracciones muy graves en los últimos cuatro años, por incumplimiento de la normativa de juego del Estado o de las Comunidades Autónomas”.

Ese nuevo supuesto para dejar sin licencia a las casas de apuestas está recogido en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016 por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Según Codere, “no está claro” si esas modificaciones legales de la normativa estatal (que es la que regula el juego online: los salones de apuestas son competencia autonómica) “son efectivas retroactivamente, o si el requerimiento respecto a la ausencia de sanciones se aplica solo a sanciones impuestas desde la entrada en vigor de la Ley 11/2021”.

Dos filiales multadas

La multinacional española, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es sobre este asunto, indica en el documento a la SEC que dos de las filiales del grupo Codere en España, Codere Apuestas Galicia, SL, y Codere Apuestas Extremadura, SAU, “han sido sancionadas con dos (2) o más incumplimientos muy graves” de las respectivas normativas autonómicas en los últimos cuatro años.

“Si la DGOJ aplica la Ley 11/2021 retroactivamente, existe el riesgo de que las licencias de la DGOJ sean extinguidas o no se renueven debido a las sanciones impuestas a Codere Apuestas Galicia, SL, y Codere Apuestas Extremadura”, señala el documento.

Y si la aplicación de esa norma no es retroactiva pero Codere o sus filiales acumulan dos o más sanciones muy graves, su filial online, reconoce, “podría ser inelegible para renovar sus licencias” en España. Este país es su principal mercado (en la pata online, aporta más de la mitad de los ingresos). Y este escenario “podría tener un efecto material” para el grupo, reconoce.

Según fuentes del Ministerio de Consumo, el cómputo de los 4 años a los que se hace referencia para el “cúmulo” de sanciones “empieza a contar a partir de la entrada en vigor de la normativa, es decir, a partir del 11 de julio de 2021”.

“No se puede aplicar con carácter retroactivo”, aclara el departamento de Garzón. La DGOJ renovó el pasado noviembre a Codere Online la licencia para ejercer como operador de apuestas online que recibió en 2011, según consta en la web del organismo.

92.000 euros de multa

Codere detalla en ese documento a la SEC las últimas sanciones que ha recibido de la DGOJ. El pasado 24 de septiembre esa dirección general le notificó la imposición de una sanción por una infracción “grave” de la normativa estatal de juego online, por no impedir el acceso a esta actividad a “al menos un individuo que estaba incluido en el registro español que prohíbe el acceso al juego”.

Por esta conducta, “el 7 de octubre de 2021, Codere Online pagó aproximadamente 92.000 euros en multas”. Y en diciembre recibió otra sanción por una infracción “grave” de la normativa relativa a “ciertas actividades de marketing”. En este caso, la multa fue de 6.000 euros.

La filial online de Codere saltó al parqué el pasado diciembre mediante la fusión con la empresa de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) DD3 Acquisition Corp.II. Unos meses antes, la filial lamentó ante los inversores estadounidenses la "postura negativa" del Gobierno español contra las casas de apuestas, poniendo como ejemplo el veto de Consumo a la publicidad del sector.

La salida a bolsa de Codere Online coincidió con la exclusión bursátil de la antigua matriz en España y su disolución, tras finalizar el proceso de reestructuración financiera anunciado hace un año, que incluía la inyección de hasta 225 millones de euros, la capitalización de más de 350 millones de deuda por parte de sus acreedores y el alargamiento de los vencimientos a septiembre de 2026, a cambio de dejar el 95% de la empresa en manos de los bonistas del grupo.

La matriz del grupo Codere aumentó en 2021 sus números rojos un 43,1% en 2021, hasta 338,6 millones de euros, pese a haber aumentado un 33% su facturación, hasta 790,7 millones.

La multinacional española del juego Codere lamenta ante los reguladores estadounidenses la “postura negativa” del Gobierno de España contra las casas de apuestas.

Así se recoge en la documentación que ha remitido el grupo español a la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, de cara al proceso de fusión de su filial online con una sociedad de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) para cotizar en Estados Unidos.

Desde la formación del actual Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020, “las condiciones políticas de este gobierno han sido, y podrían seguir siendo, de incertidumbre (especialmente respecto a su postura negativa hacia la industria del juego), dadas las diferencias en las agendas de los partidos de la coalición y de aquellos cuyo apoyo es necesario en el Congreso”, indica Codere en el folleto preliminar remitido a la SEC.

Por otro lado, “acontecimientos políticos relacionados con el movimiento independentista en Catalunya podrían seguir generando volatilidad económica e incertidumbre política, reduciendo la demanda de los productos de Codere Online y afectando negativamente a su negocio”.

El grupo ha anunciado la fusión de su filial luxemburguesa Codere Online Luxembourg con la SPAC DD3, un vehículo que cotiza en el Nasdaq y que tiene su sede en el Estado de Delaware, para saltar al parqué estadounidense. El extenso folleto remitido a la SEC tiene un apartado relativo a los riesgos políticos que presta especial atención a España, país al que la compañía está “particularmente expuesta”: supone el principal mercado de su negocio online (65%), muy por delante de la facturación que aportan a la filial México (28%) y Colombia (3%).

Codere también se refiere al decreto del Ministerio de Consumo para limitar drásticamente la publicidad de las casas de apuestas, prohibir a estas empresas patrocinar a clubes de fútbol, ofrecer los denominados bonos de bienvenida a nuevos jugadores o emitir anuncios salvo en la franja de madrugada. “Su impacto sobre las actividades de Codere Online en España todavía no está claro, pero podría ser significativo”, dice sobre esta norma, que va a estar plenamente en vigor el mes que viene y que han recurrido las empresas del sector, los clubes de fútbol españoles agrupados en LaLiga y la patronal de la prensa tradicional.

Ese decreto ya ha dejado sin efecto en España el acuerdo de patrocinio que el grupo mantenía desde 2016 para ser la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Este acuerdo sigue vigente en México, Suramérica y América Central, y previsiblemente va a modificarse nuevamente, dice la compañía. “El Grupo Codere ha forjado una fuerte relación con el Real Madrid en estos últimos años y está explorando actualmente nuevas vías de colaboración en el futuro”, añade en el folleto.

También reconoce el documento la posibilidad, que el Gobierno español ha puesto sobre la mesa, de limitar el uso de tarjeta de crédito para las apuestas en línea, tras las restricciones impuestas en otros países como Reino Unido, que las ha prohibido. De llevarse a cabo esa medida, “podría tener un efecto material adverso” sobre el negocio, el resultado o la situación financiera de Codere Online.

La filial espera empezar a cotizar en el índice estadounidense en el último trimestre del año. La operación está sujeta a que la SEC declare efectiva la Declaración de Registro, la aprobación de los accionistas de DD3 y otras condiciones de cierre habituales. El folleto no descarta que el Gobierno español pueda vetar la venta de parte de su filial online, en virtud del mecanismo de protección de inversiones extranjeras que se puso en marcha tras estallar la pandemia.

El consejo de administración de la compañía aprobó la operación de fusión con esa SPAC el 22 de junio. La sociedad fusionada tiene un valor de empresa proforma estimado de unos 350 millones de dólares (287 millones de euros). Esto supone 2,3 veces los ingresos estimados de Codere Online para el próximo ejercicio (125 millones de euros). Codere mantendrá un porcentaje de participación de entre el 54% y el 73% en Codere Online, dependiendo de las amortizaciones de los inversores en la SPAC en el momento en que se culmine la fusión.

70,5 millones de facturación

El negocio online de Codere facturó en 2020 unos 70,5 millones de euros, con España como único mercado que aportó beneficios (algo menos de 2,9 millones). Las apuestas online fueron la principal vía de ingresos para la filial en 2020 (56,3%), seguida de los casinos en línea. La subsidiaria, que siempre ha estado en pérdidas, espera obtener beneficios en 2023. En 2020 se anotó unos números rojos de 16,2 millones, similares a los de 2019.

El presidente no ejecutivo de Codere, Norman Sorensen, ya lamentaba poco antes de la pandemia, sin citar ningún país en concreto, las “posiciones políticas y sociales radicales” contra las casas de apuestas. La matriz lleva años en una situación financiera muy delicada que se ha deteriorado en el último año como consecuencia de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. Actualmente su capitalización bursátil es de unos 78 millones de euros, frente a los cerca de 1.000 millones en los que cerró 2017.

El grupo, con una importante presencia física en España, y que negaba hace unos meses en otro documento remitido a la CNMV que exista “evidencia” de que la cercanía de casas de apuestas afecte a los menores, cuenta desde 2012 con una licencia general de operador de apuestas online en España que vence en junio de 2022, aunque puede prorrogarse otros diez años.

Hasta el año pasado, Codere tuvo como consejero al exministro del PP Pío Cabanillas, que fue sustituido en febrero por Gerardo Sánchez Revenga, ex directivo del Real Madrid, como representante de Masampe, sociedad de la familia Martínez Sampedro, fundadores de la compañía y enfrentados a los fondos que controlan la multinacional desde hace años. Los Martínez Sampedro han desactivado recientemente la sicav que tenían en España mientras permanece activa la que tiene en Luxemburgo Luis Javier Martínez Sampedro, ex vicepresidente de la multinacional.

La familia Martínez Sampedro, fundadores de la multinacional española del juego Codere, acaba de desactivar una sicav que administraban en España varios miembros del clan mientras mantienen la que uno de ellos, el ex vicepresidente de Codere Luis Javier Martínez Sampedro, tiene desde hace años en Luxemburgo.

Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado 12 de marzo causó baja como sociedad de inversión de carácter financiero Solgim Inversiones, Sicav. Esta firma estaba presidida por el expresidente de Codere y tenía como consejeros a su hermano y expresidente de la multinacional de las apuestas, José Antonio Martínez Sampedro, y a las hermanas de ambos, Encarnación y Carmen Martínez Sampedro.

Todos ellos forman parte del núcleo familiar que a finales de 1980 constituyó lo que hoy es Codere junto a la familia Franco, propietarios del grupo Recreativos Franco.

Los Martínez Sampedro, que durante años canalizaron su participación en el gigante de las apuestas a través de una sociedad en Holanda, Masampe BV, han convertido en sociedad limitada a Solgim, que ha pasado a tener como administradores solidarios al expresidente de Codere y a su hermana Encarnación. Como socia única figura en el Registro Mercantil la que sería la tía de ambos, Antonia Sampedro Valdivia.

Al haber sido dada de baja la sicav en la CNMV, ya no es posible consultar sus cuentas en el regulador. Según la web Infosicav, contaba hace un año con un patrimonio de 2,55 millones, de los que 1,3 millones estaban invertidos fuera de España. La sicav aprobó en enero, de cara a su conversión en SL, reducir el capital social emitido en 9 millones de euros, mediante la amortización de 907.718 acciones de 10 euros de valor nominal que mantenía en autocartera.

La entidad estaba gestionada por la entidad suiza Mirabaud, la misma que gestiona la sicav luxemburguesa de Martínez Sampedro, M Global Solutions. Este vehículo depositó el pasado 2 de marzo sus cuentas anuales de 2019. En ellas explica que cerró ese ejercicio con unos activos de 11,78 millones de euros, ligeramente por encima de los 11,5 millones con los que comenzó ese año, pero lejos de los 24,6 millones que llegó a atesorar a cierre de 2016.

El exvicepresidente de Codere es una de las grandes fortunas españolas que tiene sicavs en Luxemburgo junto a otras como los Del Pino, los Ybarra o Alicia Koplowitz. Según consta en el Registro del Gran Ducado, Luis Javier Martínez Sampedro comunicó en septiembre de 2019 una participación del 100% en la sicav luxemburguesa M Global Solutions. Entonces, aparecía afincado en Panamá. Según contó en diciembre pasado El Confidencial, Hacienda investiga las operaciones en el exterior del empresario, que durante años fue el responsable de la expansión internacional de Codere.

A la baja

Los Martínez Sampedro se suman a la larga lista de millonarios españoles que han cerrado o dado de baja sus sicavs a la espera de una ley de lucha contra el fraude fiscal que endurecería los controles sobre estos vehículos, cuya tramitación lleva meses atascada en el Congreso. Según el último boletín trimestral de la CNMV, en línea con la tendencia de los últimos cinco años, el número de sicav registradas en España se redujo de forma notable en 2020. “Se produjeron 143 bajas y tan solo 1 alta, por lo que a finales del ejercicio había 2.427 vehículos registrados”.

Más de la mitad de las bajas fueron consecuencia de procesos de liquidación, y casi el 30% se debió a la absorción por parte de otros vehículos, en su mayoría fondos de inversión. En los dos primeros meses de 2021, la tendencia descendente continuó. El número de vehículos registrados disminuyó en 27, hasta 2.400. El de accionistas lo hizo un 1,8%, hasta los 354.026, según la CNMV.

Entre las últimas que han comunicado su baja figuran Yak Investment, presidida por el periodista Luis María Anson. La semana pasada informó a la CNMV de su disolución y liquidación.

En una delicada situación financiera desde hace años, que se ha visto agravada por los cierres de sus locales por la pandemia, esta semana Codere ha celebrado una junta general extraordinaria de accionistas que ha ratificado la suscripción por parte de la empresa de un acuerdo 'lock-up' para su enésima reestructuración financiera, por el que se inyectarán 225 millones de euros adicionales en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de deuda, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes.

El acuerdo se encontró con la oposición frontal de los Martínez Sampedro, que han afirmado que procederán a emprender acciones legales, al considerar que la operación hará que algunos accionistas “se queden con el 95% de la compañía sin presentar a la junta una valoración de Codere que sirva de referencia a tan drástica y perjudicial propuesta”.

Una vez liquidado el acuerdo de reestructuración, se creará una nueva cabecera del grupo a través de la cual los acreedores de los bonos senior garantizados existentes pasarán a tener un 95% del capital social y los accionistas, un 5%, obteniendo a su vez 'warrants' que les otorgan derecho a recibir un 15% de una valoración superior a los 220 millones en un eventual “evento de liquidez” en el plazo de diez años.

Actualmente, la familia fundadora de Codere mantiene una participación del 14,06% en la empresa, según los registros de la CNMV.

La multinacional española del juego Codere sostiene que no hay “evidencia” científica de que la cercanía de casas de apuestas a centros educativos afecte a la protección de los menores de edad, después de que varias comunidades autónomas hayan aprobado normas en los últimos años para fijar distancias mínimas entre colegios e institutos y estos locales, cuya regulación es competencia autonómica.

“La evidencia muestra que la distancia de locales respecto a centros educativos y otros lugares considerados sensibles, así como la distancia entre locales, no es un factor relevante en la protección del acceso de menores, como sí lo es un exhaustivo control de accesos”, señala Codere en el informe integrado de 2020 que ha remitido recientemente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Preguntada por los estudios en que se basa, la compañía cita uno realizado en 2020 por un profesor de la Universidad de Extremadura, una reciente nota de la Fundación de Patología Dual (FPD) y otro del Instituto Superior de Sanidad de Italia. 

“Algunos informes sobre comportamiento de los jugadores dicen que los potencialmente patológicos no juegan cerca de casa o del lugar de trabajo” y “lo que no hay es ningún estudio que determine que las distancias son eficaces, o cuál es la distancia adecuada para prevenir. En el caso de los jóvenes, ¿qué sucede entonces el fin de semana?”, se preguntan fuentes de Codere.

En los últimos años, la presión regulatoria en ese sentido ha aumentado en varias regiones en paralelo a la alarma social por la expansión de las casas de apuestas y pese a la intensa labor de lobby de las empresas, plasmada en el centenar de reuniones que, según desveló Codere en 2019, llegó a mantener la patronal del sector en 2018 con diferentes responsables políticos.

En Cantabria esa distancia se fijó un mínimo de 500 metros a centros educativos y de rehabilitación de trastorno de juego el 1 de enero de 2020; en Comunitat Valenciana, se situó en al menos 850 metros con una normativa aprobada en junio que establece una suspensión de nuevas autorizaciones de juego por 5 años; Asturias, Castilla y León y Madrid la han fijado en 100 metros; Galicia, en 150; La Rioja, en 200 y Extremadura, en 300.

El estudio más reciente que cita Codere es una nota publicada en enero por la FPD en la que su presidente, el psiquiatra Nestor Szerman, jefe del Servicio de Salud Mental Retiro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid), afirma que “no se ha demostrado con evidencias científicas” que la proximidad de centros educativos a locales de juego “influya de forma decisiva en las adicciones de menores, sobre todo si se respetan medidas de control estrictas, como tampoco lo es que los bares que están cerca de colegios fomenten un problema de alcohol, sobre todo si existen medidas restrictivas y de control de acceso eficaces”.

Una tesis que rechazaron de plano otros especialistas en adicciones como Eduardo José Pedrero Pérez, doctor en Psicología por UNED y Máster Universitario en Drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid, y el psicólogo José Antonio Santos Cansado.

En un artículo publicado en diciembre en respuesta a esa nota de la FPD, advirtieron de que la problemática del juego requiere “respuestas complejas” que no pasan “por facilitar locales de juego próximos a centros educativos, estigmatizar a los afectados con diagnósticos psiquiátricos y comprometer su voluntad mediante fármacos poco útiles y con graves efectos secundarios. La investigación científica independiente y sin conflictos de intereses debe ser la piedra angular de estas respuestas complejas”, decían, citando varios estudios sobre los efectos de la cercanía de locales de juego a los jóvenes.

Medidas “moralistas”

“En España tenemos más bares en una manzana que Dinamarca quizás en una ciudad y el porcentaje de alcohólicos es el mismo”, razona por su parte Szerman en conversación telefónica con elDiario.es. Este psiquiatra, que dice que la fundación que preside no recibe “absolutamente” ninguna financiación de empresas del juego, aboga por “apoyarse en evidencias científicas para abordar la prevención” de la adicción al juego, “un trastorno mental como cualquier otro”, y rechaza basarse en “medidas coercitivas o moralistas”. 

Actualmente, su fundación desarrolla en el Gregorio Marañón “un centro especializado en el abordaje de adicciones comportamentales centrado sobre todo en el trastorno por juego”. En colaboración con el hospital, la Consejería de Sanidad madrileña, la FPD, el Instituto de Adicciones de Madrid Salud y asociaciones de familiares y pacientes como APAL o la federación FEJAR, están realizando un estudio transversal aprobado por el comité ético del hospital donde reciben pacientes con adicción al juego para analizar la presencia de otros trastornos mentales.

Según este psiquiatra, esta adicción “debe abordarse desde la evidencia científica, como la cardiología, la oncología o cualquier otra especialidad. Luego las sociedades democráticas y sus representantes pueden elegir restringir, prohibir. Es totalmente legítimo y no tenemos opinión sobre esas cosas. Ahora, si piensan que esa es la medida para atajar el problema, evidentemente decimos que no”.

Menos taxativo se muestra Jordi Ortiz. Mientras cursaba un máster de sistemas de información geográfica, a este profesor de la Universidad de Extremadura le surgió la posibilidad de analizar el grado de cumplimiento de la normativa autonómica de distancia mínima con especial atención a Cáceres. Partió de los resultados de un estudio del Consejo de la Juventud de Cáceres que analizó la situación de jóvenes y menores en relación con la adicción al juego en la capital cacereña, con una muestra de 893 menores y jóvenes entre los 14 y 17 años de 17 centros educativos.

La conclusión del estudio que publicó el año pasado Ortiz es que “la normativa sobre distancias se ha realizado de manera escasamente meditada, atendiendo a procesos de alarma social y con una guía técnica, en apariencia, arbitraria, con el fin de atender a las magnitudes simbólicas del fenómeno, antes de centrarse en las magnitudes empíricas”.

Los locales ya estaban ahí

Pero su trabajo, más que analizar la efectividad de la medida, constata que esa distancia mínima se incumple sistemáticamente, porque los locales ya estaban ahí cuando entró en vigor el decreto y este no era retroactivo. “La mayoría de los locales ya están. Llegamos tarde como siempre a muchos problemas”, resume en conversación telefónica este experto, que enfocó su investigación desde el punto de vista de la criminología. De los 38 municipios analizados, 20 (52,63%) no cumplían con ese mínimo de 300 metros, con casos como Mérida, con un local a 10 metros de un centro educativo. “En cuanto a la distancia entre los establecimientos de juego, un total 11 municipios (28,94%) con más de un establecimiento de juego, no cumplen con la normativa actual de 250 metros entre establecimientos”, indica el estudio.

En el caso de Cáceres, nueve establecimientos, el 64,28%, incumplían esa norma de los 300 metros. La conclusión es que, “si atendemos a los resultados de la investigación sobre los efectos de las políticas públicas a la hora de resolver un problema de carácter social, como es actualmente el juego en nuestro país, los resultados sugieren que el impacto normativo es nulo en muchas localidades, pues incumplen claramente la normativa”. 

Ortiz matiza que el suyo “no deja de ser un estudio en Extremadura” que quizá no debería extrapolarse a otros territorios: “Madrid, Barcelona o Valencia no son toda España”. Como ejemplo, cita Cáceres. Allí “la mayoría de las casas de apuestas se ubican en zonas donde la renta es mayor, donde pasa todo el mundo y están las tiendas”, a diferencia de grandes capitales en las que se concentran en zonas humildes. 

Ortiz va a presentar este mes un nuevo trabajo en el congreso de la Red Española de Política Social en Bilbao. En él señala que “desgraciadamente, a día de hoy no contamos con estudios en profundidad” sobre la efectividad del alejamiento de las casas de apuestas de centros escolares y apunta que “se desconocen cuales son los efectos que tiene la proximidad geográfica sobre la población más vulnerable. Sólo encontramos algunos países de nuestro entorno que han puesto en marcha políticas públicas parecidas a las comunidades autónomas de nuestro país”. El caso más parecido es Alemania, donde “los estados federales son los que establecen una distancia mínima” de entre 100 y 300 metros.

Según señala Ortiz en su nuevo estudio, “a pesar de que existen indicios sobre la importancia del elemento geográfico respecto al juego, necesitamos evidencias mucho más claras”.

En el documento remitido a la CNMV, Codere “defiende una regulación que ordene la instalación de locales, su tamaño y los tipos de juego que se pueden ofertar, con el objetivo de disminuir de manera racional la incidencia del juego problemático y siempre que en ningún caso se afecte a las inversiones y operaciones ya establecidas”. 

Para ello, pide que en las jurisdicciones la regulación de la oferta de juego sea “clara y explícita, evitando, en lo posible, la discrecionalidad de las autoridades”; e imponga medidas para “el sano desarrollo del sector”, de forma que se categoricen los locales según su tamaño y el tipo de juego que oferten y “se limite el número de locales sobre la base de estudios demográficos objetivos”.

Codere es una de las mayores empresas de este sector en España. En 2020 multiplicó sus pérdidas por cuatro tras desplomarse sus ingresos un 57,2%, hasta 594,6 millones, por el cierre de su operación presencial durante buena parte del año como consecuencia de la pandemia, que según sus cuentas provocó redujo sus ingresos operativos en 860 millones. Su auditor, EY, insiste en que hay “dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento” por el efecto del coronavirus y su elevada deuda.

El ex ministro Pío Cabanillas deja de ser consejero de Codere. La multinacional española del juego ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del cese de Cabanillas como representante de la sociedad Masampe SL, de los fundadores del grupo, la familia Martínez Sampedro. Su sustituto es Gerardo Sánchez Revenga, ex directivo del Real Madrid y presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (AESMIDE).

El exministro portavoz de José María Aznar, que había renovado en la junta de julio en su puesto en Codere hasta 2022, era uno de los miembros de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, el órgano que decide los emolumentos del consejo de administración del grupo. Hasta septiembre los consejeros de Codere recibieron 939.000 euros, de los que a Cabanillas le correspondieron 150.000 euros, la misma cifra que en el mismo periodo de 2019, en un periodo en el que la empresa de apuestas multiplicó sus pérdidas (178 millones de euros) tras hundirse sus ingresos por la pandemia.

El hijo del exministro franquista (luego ministro de la UCD con Adolfo Suárez) Pío Cabanillas Gallas y patrono de la fundación Faes que preside Aznar había sido nombrado consejero de Codere en abril de 2016, aunque su relación con esta empresa viene de atrás.

Codere ya anunció su nombramiento como consejero “independiente” en la junta de mayo de 2008, pero unos meses después el entonces secretario general y del consejo de administración de Codere, Rafael Catalá, informó a la CNMV de que Cabanillas había decidido no aceptar el cargo. No se explicaron los motivos. Cabanillas llegó a facturar en 2017 a Codere 372.000 euros a través de una sociedad de la que es socio mayoritario, a través de un contrato de prestación de servicios que la actual dirección del grupo canceló a principios de 2019.

El PP y el juego

El exdirectivo de Acciona era uno de los rostros ligados al PP en el sector del juego, junto al propio Catalá, directivo de Codere antes de su regreso a la Administración pública en 2012 y ahora nuevamente en el grupo, junto a otros nombres como Andrés Ayala (ex diputado del PP y exjefe de la Oficina Anticorrupción de este partido, que asesora al grupo murciano Orenes), o el abogado y ex líder de este partido en la localidad madrileña de Torrelodones, Javier Laorden, que es consejero del grupo gallego Egasa, dueño de la casa de apuestas Luckia.

El sustituto de Cabanillas como consejero dominical de Codere en representación de Masampe es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y pertenece a los cuerpos oficiales de Contadores del Estado, Gestión de Hacienda Pública y Superior de Interventores del Estado, además de tener el título de Censor Jurado de Cuentas.

Sánchez Revenga, que fue tesorero del Real Madrid (del que Codere es patrocinador) en los años 90, durante la presidencia de Lorenzo Sanz, ha ejercido el cargo de Interventor en distintas Administraciones e Instituciones del Estado. Ha sido presidente del Instituto de Auditores Públicos de España y Presidente de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (FEDECA). Desde mayo de 2009 es Presidente de AESMIDE. Esta asociación fundada en 1984 “tiene como objetivo fundamental la colaboración entre la Administración Pública en general y el Ministerio de Defensa en particular, con la empresa Privada”, según su web.

Codere mantuvo hasta septiembre la remuneración de sus consejeros, incluyendo al exministro Pío Cabanillas, pese al hundimiento de sus ingresos por los cierres de locales forzados por la pandemia, que le han llevado a poner en marcha un agresivo plan de recorte de gastos y han propiciado que su auditor cuestione la continuidad de las operaciones de la multinacional española del juego “en el caso de que el impacto de la COVID-19 fuera más severo” que hasta ahora.

Documentación remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) refleja que entre enero y septiembre, el exministro de José María Aznar recibió 150.000 euros, cifra que iguala a la de 2019 y equivale a más de 16.600 euros brutos mensuales.

En ese periodo, en el que Codere multiplicó por siete sus pérdidas (178 millones de euros), su máximo órgano de gestión recibió 939.000 euros, con una reducción del 13,7% que se explica por el menor tamaño de su consejo. Este ha pasado de tener diez miembros a solo seis.

Esa cantidad “incluye la remuneración devengada, si bien algunos Consejeros han acordado el aplazamiento del cobro de un porcentaje de sus remuneraciones hasta el retorno a la normalidad de las operaciones”, explica la compañía en sus cuentas trimestrales.

elDiario.es contactó con la empresa, sin obtener respuesta, para preguntar si entre esos vocales se encuentra Cabanillas. Este va camino de embolsarse este año otros 200.000 euros, como en 2019, aunque lejos de los 372.000 euros que llegó a facturar en 2017 a través de una sociedad de la que es socio mayoritario, a través de un contrato de prestación de servicios que la actual dirección del grupo canceló a principios del año pasado.

El exministro portavoz de José María Aznar, que renovó en la junta de julio en su puesto hasta 2022, es uno de los miembros de la comisión de Nombramientos y Retribuciones de Codere, el órgano que decide los emolumentos de sus consejeros.

El hijo del exministro franquista (luego ministro de la UCD con Adolfo Suárez) Pío Cabanillas Gallas y patrono de la fundación Faes que preside Aznar fue nombrado consejero de Codere en abril de 2016, aunque su relación con esta empresa viene de atrás. Codere ya anunció su nombramiento como consejero “independiente” en la junta de mayo de 2008, pero unos meses después el entonces secretario general y del consejo de administración de Codere, Rafael Catalá, informó a la CNMV de que Cabanillas había decidido no aceptar el cargo. No se explicaron los motivos.

El exdirectivo de Acciona, uno de los rostros ligados al PP en el sector del juego (otro es el exministro Catalá, directivo de Codere antes de su regreso a la Administración pública en 2012 y ahora nuevamente en el grupo), es consejero dominical en representación de la sociedad Masampe SL, de los fundadores de Codere, los Martínez Sampedro. Apartados de la gestión a principios de 2019, estos todavía se mantienen como terceros accionistas (15,76%), tras los fondos Silver Point (23,19%) y M&G (20,97%), a los que están enfrentados.

El ejemplo de otras cotizadas

Codere, la única empresa del sector del juego que cotiza en España, es uno de los peores valores de la bolsa en 2020, ejercicio en el que ha perdido más de la mitad de su valor bursátil, hasta poco más de 150 millones. En lo referente a la retribución de su cúpula, la empresa, que llegó a ver rebajada su deuda a la calificación de “default” antes de su reciente refinanciación, ha seguido hasta ahora un camino diferente al de otras cotizadas en una situación menos crítica.

Algunos ejemplos de compañías cuyos consejeros han aceptado importantes tijeretazos a sus sueldos ante la grave crisis provocada por la pandemia son Banco Santander, Ferrovial o la socimi Merlin o, en el Mercado Continuo (donde cotiza Codere), otras como Fluidra o Prisa, todas ellas con recortes de entre el 20% y el 25%.

En el caso de las empresas del Ibex, KPMG señalaba hace unos días que “debido a la caída de la facturación y el EBITDA que se ha producido en general en las compañías del Ibex 35 desde el mes de marzo, se prevén descensos significativos en la remuneración de los Consejeros” para 2020. Los ejecutivos de un tercio de las compañías del selectivo ya se han recortado el equivalente a más de 17,5 millones, el 5,4% de su retribución, según KPMG, que apunta que “la aplicación de todos estos ajustes se está produciendo por los ejecutivos y la CR [Comisión de Retribuciones] en el ámbito de su discrecionalidad”.

Las cuentas trimestrales de Codere, que Cabanillas no ha firmado, no hacen ninguna alusión al reciente decreto de publicidad del juego online aprobado en España. Y reflejan nuevas dudas de su auditor, EY, sobre el futuro de la empresa, pese a la refinanciación de deuda que anunció a principios de mes y las medidas de ajuste adoptadas por la dirección de Codere en un plan de contingencia para mantener su liquidez y garantizar su continuidad: desde ERTEs en España y otros países a renegociaciones de pagos a proveedores, alquileres de locales, gastos de limpieza y paralización de inversiones.

EY subraya que los administradores de Codere han formulado las cuentas “bajo el principio de empresa en funcionamiento en base a sus estimaciones sobre la recuperación gradual de ingresos, las cuales podrían verse afectadas en el caso de que el impacto de la COVID 19 fuera más severo. Esta condición indica que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento”.

A 30 de septiembre, el grupo tenía un fondo de maniobra negativo de 192 millones, lo que mejora el saldo negativo de 211 millones de junio, tras el EBITDA positivo resultado en el tercer trimestre. Codere, que insiste en que se plantea recurrir a medidas de “liquidez adicional” soportada en “programas de apoyo gubernamentales en Italia y España”, indica en sus cuentas que “una parte significativa de ese fondo de maniobra negativo ha sido resuelta gracias a la conclusión del proceso de refinanciación”.

El cierre de sus locales por la pandemia se ha traducido en una reducción de sus ingresos operativos de 500 millones hasta septiembre, un 45% más que a junio. La reciente refinanciación contribuirá “tanto a mantener el Grupo operando hasta que se normalice la situación tras la pandemia, como a regularizar los saldos comerciales cuyo vencimiento se ha ampliado”.

Sin embargo, “debido a la incertidumbre creada por la COVID-19, la posibilidad de nuevas oleadas de la pandemia, así como las medidas que los diferentes gobiernos adoptasen para su contención, esta expectativa podría verse afectada en las diferentes regiones”, reconoce Codere, que confía en que, pese a que pueda haber nuevos cierres temporales en algunas operaciones a corto plazo y restricciones de aforo, las operaciones volverán paulatinamente a la actividad.

En una primera fase, hasta diciembre, la recuperación “se situaría en el entorno del 75-85% de los ingresos previos”, salvo en Argentina, “para luego lentamente caminar hacia la recuperación completa a finales de 2021 o inicios de 2022”. No obstante, “esta curva de recuperación podría verse afectada en el caso de que el impacto de la COVID-19 fuera más severo”, insiste.

La multinacional española del juego Codere perdió 240 millones de euros entre enero y septiembre, lo que más que cuadruplica el quebranto de 54 millones del mismo periodo de 2019, como consecuencia del impacto de la pandemia en los distintos mercados en los que opera y la devaluación de las divisas latinoamericanas frente al dólar y al euro.

Según explica en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo obtuvo unos ingresos operativos durante los primeros nueve meses del año de 461 millones, un 56% menos, como consecuencia de los cierres temporales relacionados con la pandemia de COVID-19, que supuso el cierre de la operación presencial durante la mayor parte del segundo trimestre, “con reaperturas progresivas desde junio en Europa –donde actualmente se están dando nuevas restricciones-, y a lo largo del tercer trimestre en Latinoamérica”.

La compañía que controlan varios fondos liderados por la estadounidense Silverpoint alcanzó un beneficio bruto operativo (EBITDA) ajustado de 28,6 millones en el acumulado del año, un 88% menos, debido a los citados cierres, que supusieron relevantes pérdidas en el segundo trimestre y un descenso de la facturación trimestral del 88,5% como consecuencia del confinamiento.

En el tercer trimestre, la compañía volvió a los resultados positivos “gracias a las contribuciones de España (11,4 mill.), Italia (5,1 mill.), Uruguay (4,2 mill.) y la actividad online (2,7 mill.)”.

Completado el proceso de refinanciación en octubre, y tras el pago del cupón, “la situación de caja de la compañía queda reforzada, ascendiendo a 148 millones”. La compañía vio como su auditor reiteró en junio sus “dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento” y tras el segundo trimestre reconoció que se plantea recurrir a medidas de liquidez del Estado, pero ha cerrado el tercer trimestre con un efectivo y equivalentes de 120 millones frente a los 103 millones a 31 de diciembre de 2019, “lo que refleja, además de la financiación adicional, el buen desempeño de su operación desde las reaperturas de España, Italia y Uruguay”.

En términos de capacidad, a 30 de septiembre de 2020, la compañía contaba con 25.067 máquinas operativas, un 45% de su capacidad a finales de 2019, si bien esta cifra aumentó considerablemente en octubre con las aperturas adicionales en México, Colombia y Panamá.

En España, los ingresos en el tercer trimestre fueron de 38,2 millones, lo que supone un 17% menos que en el mismo periodo del año pasado pero significa un aumento del 595% respecto al anterior trimestre. La compañía indica en una presentación a la CNMV que una vez que las competiciones deportivas se han “normalizado”, los resultados de las apuestas deportivas han experimentado una fuerte recuperación.

Respecto a las restricciones para frenar la segunda ola, la compañía recuerda que al toque de queda nacional en España se ha sumado el cierre de actividades no esenciales en Cataluña, Galicia o Aragón, lo que “está afectando a nuestra generación de ingresos a finales de octubre y principios de noviembre”. En Italia, que fue el país que más ingresos aportó al grupo en 2019, los salones de juego se cerraron el 26 de octubre ante el avance de la pandemia.

La multinacional española del juego Codere está buscando medidas de liquidez urgente del Estado español para sortear la quiebra, ante la crítica situación que atraviesa por su elevada deuda y el drástico recorte de ingresos que supuso el cierre de la práctica totalidad de sus establecimientos durante la gran reclusión. Hasta junio, el grupo multiplicó por siete sus números rojos, al perder 178 millones.

“Se está buscando constituir deuda soportada por los programas de apoyo gubernamentales en Italia y España que podría contribuir con liquidez adicional en los próximos meses”, dice el grupo en el informe semestral de cuentas remitido el miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

elDiario.es contactó con la empresa para precisar qué instrumentos de apoyo va a solicitar, pero no obtuvo respuesta. La compañía, con parte de su plantilla en España todavía acogida a un ERTE, señala en el informe, respecto a esos programas de apoyo gubernamentales, que “en esta línea se han conseguido moratorias de pago en la mayoría de los instrumentos de crédito a nivel local en el Grupo, incluyendo los préstamos existentes en México, Carrasco Nobile [su filial en Uruguay], Cabeceras e Italia”.

La situación de Codere ya era delicada antes de la crisis del coronavirus y ha empeorado sensiblemente con la emergencia sanitaria, el confinamiento y el cerrojazo obligado de sus centros.

Su auditor, EY, llama la atención en su revisión limitada de las cuentas semestrales sobre el hecho de que el grupo ha formulado sus cuentas “bajo el principio de empresa en funcionamiento en base a sus expectativas favorables sobre el éxito de las medidas que actualmente se están llevando a cabo”. Entre ellas destacan la refinanciación de la deuda financiera que está negociando con sus bonistas en Londres, “y el cumplimiento de las estimaciones realizadas sobre la recuperación gradual de los ingresos, todo ello en el contexto de la actual crisis sanitaria”, según EY, que insiste en “la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento”.

La firma recuerda que el grupo “mantiene el cierre de gran parte de sus operaciones presenciales debido a las restricciones obligatorias y de confinamiento generadas por el COVID-19 en todos los mercados en los que opera desde finales de marzo”, pese a la apertura gradual de algunos de ellos desde junio. 

Tal y como destaca EY, “esta situación conlleva una reducción de los ingresos operativos y tensiones significativas de liquidez para hacer frente a sus obligaciones y atender a los compromisos contraídos en el curso normal de sus operaciones, teniendo el Grupo al 30 de junio de 2020 un fondo de maniobra negativo” por importe de 211,3 millones. A cierre de 2019 el desfase era de 72,98 millones.

En la actualidad, se encuentran operando en su totalidad las actividades de Codere en el área online, y en España, Italia y Uruguay, así como parte de la operación de México y de apuestas deportivas de Colombia. El grupo asegura que la marcha de estos mercados una vez reabiertos “ha sido en general mejor que nuestras expectativas en términos de generación de ingresos, oscilando entre el 50 y el 80% de nuestros niveles anteriores a COVID-19”. Y espera “que Argentina y Panamá reanuden sus operaciones en octubre”.

“Paulatina recuperación”

Codere, que estima un impacto en sus ingresos operativos hasta junio de unos 344 millones de euros por los cierres de establecimientos, prevé que, con la “paulatina recuperación del negocio una vez esté operativo”, sus necesidades de financiación para los próximos doce meses se situarían “por encima de los 110 millones de euros que sumados a los 95 millones necesarios para repagar la deuda revólver súper sénior superan los 200 millones”. 

“Obtener esta financiación nos ayudaría, según las expectativas de negocio actuales, tanto a mantener el grupo operando hasta que se normalice la situación tras la pandemia como a regularizar los saldos comerciales cuyo vencimiento se ha ampliado”. 

Entre las medidas de reducción de costes que ha implementado el grupo está la negociación con los propietarios de sus locales para obtener “la condonación o aplazamiento de los pagos de rentas de las salas durante el tiempo en que la operación esté suspendida”.

Además, “se han implementado también medidas tendentes a la reducción de gastos de personal, mediante la aplicación de reducciones temporales de horarios de trabajo o plantilla mediante expedientes de regulación temporal de empleo (en cada caso según la regulación vigente en cada uno de los países en los que el grupo opera) dada la imposibilidad de operar, o con una contribución voluntaria de parte de las retribuciones por parte de los directivos del Grupo”.