El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, se perfila como el número uno de la lista de Unidad del Pueblo Canario (UPC) al Congreso de los Diputados por Las Palmas. Tras él, pero pendiente de ser ratificada en un proceso de primarias dentro de Podemos, el nombre que se baraja es el de Iratxe Serrano, que fuera directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias durante la anterior legislatura del Pacto de las Flores.

Las encuestas que maneja esta coalición desde hace meses son muy optimistas porque le garantizan un escaño por la provincia de Las Palmas con casi total seguridad. En caso de ser alcanzado ese objetivo, Luis Campos comenzaría la legislatura como diputado para ceder el escaño en la segunda mitad a Iratxe Serrano. Una fórmula que ya aplicó Nueva Canarias en su acuerdo con Coalición Canaria cuando ambas formaciones concurrieron juntas en 2019. En aquel entonces, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, cedió el puesto en 2022 a María Fernández, que en estas elecciones de noviembre volverá a concurrir de número dos, pero en esta ocasión tras Teodoro Sosa en la confluencia de Primero Canarias con Coalición Canaria.

Por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las encuestas no son tan optimistas, la plancha de Unidad del Pueblo Canario irá encabezada por Izquierda Unida, seguida de Sumar y de Podemos, sin que por el momento hayan trascendido los nombres.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado este viernes la actuación de la Justicia en el reciente desahucio en el barrio capitalino de Pedro Hidalgo “por no atender a la situación de vulnerabilidad de la familia afectada” y por el “inusual uso” de la Policía Local para efectuarlo.

“La jueza podía y debía paralizar el desahucio”, asegura la organización nacionalista en un comunicado. La grave situación del acceso a la vivienda y la problemática de los desahucios fue uno de los asuntos abordados en su último tagoror local, que también debatió en torno a las prioridades en materia de educación en la capital grancanaria y se valoró la relevancia de la unidad de las izquierdas canarias en el compromiso electoral del próximo 29 de noviembre (29N).

El tagoror de NC-BC de la ciudad capitalina calificó de “demagógicas y electoralistas” las propuestas de limitación de compra de vivienda para no residentes de Coalición Canaria (CC), “que se ha pasado la legislatura sin hacer nada en esta materia y que ha obstruido en el Parlamento cualquier propuesta para avanzar en la solución del grave problema habitacional que padece la comunidad con salarios más bajos y con extendida pobreza”.

Además, el partido recordó que el Gobierno canario de CC y el PP ha rechazado reiteradamente la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ser declarada zona de mercado residencial tensionado.

Nueva Canarias ha invitado a la ciudadanía a participar el próximo jueves 22 de octubre en una jornada abierta de debate Hogares para construir nuestro presente y futuro en la que la diputada de su partido y portavoz parlamentaria en materia de vivienda, Carmen Hernández, presentará la Proposición de Ley (PPPL) Canaria de Garantía del derecho a la Vivienda Protegida y Asequible que la formación ha llevado al Parlamento canario para su tramitación.

En ella, ha adelantado el grupo, se abordan “distintas propuestas” para garantizar el acceso a una “vivienda protegida y asequible.

Unidad

El tagoror de Nueva Canarias-Bloque Canarista valoró, asimismo, la unidad alcanzada por las fuerzas de izquierdas nacionalistas y confederales en las islas para concurrir en una sola papeleta, la de Unidad del Pueblo Canario (UPC), en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con un programa unitario social, medioambiental y de defensa del autogobierno, que debe tener en cuenta las necesidades específicas de la ciudad más poblada de Canarias.

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha celebrado este jueves como un acuerdo “histórico” la confluencia de su formación con Podemos, IU y Movimiento Sumar bajo la marca Unidad del Pueblo Canario (UPC), y ha avanzado que el próximo lunes comenzarán a abordar los nombres de las candidaturas.

“Lo hemos logrado. Una sola papeleta, como pedía la gente”, ha afirmado Campos en declaraciones a EFE tras conocerse el acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones generales del 29 de noviembre, después de más de un año de conversaciones entre las distintas organizaciones.

El dirigente de NC ha valorado que las cuatro formaciones hayan sido capaces de “separar diferencias” y renunciar al protagonismo de sus propias siglas para construir una candidatura que, ha dicho, tendrá entre sus ejes la defensa de Canarias, el derecho a la vivienda y los servicios y derechos públicos.

Según Campos, las organizaciones se reunirán el lunes para comenzar a tratar los nombres y cada una planteará sus propuestas para las dos circunscripciones canarias al Congreso y al Senado, aunque ha subrayado que pretenden incorporar también perfiles procedentes de la sociedad civil organizada.

En ese sentido, ha anunciado contactos con sindicatos, organizaciones sociales, otros partidos y colectivos que durante los últimos meses habían reclamado a este espacio político que fuera capaz de concurrir unido.

Preguntado por la ausencia de Drago Canarias, que se presentará por separado, Campos ha afirmado que esa formación “no se ha salido de las negociaciones porque nunca entró”, pese a que, según ha asegurado, las distintas organizaciones intentaron contactar con ellos.

“No quiero centrarme en quienes han decidido no estar aquí”, ha señalado Campos, quien ha preferido poner el énfasis en la “capacidad de escucha y generosidad” de las cuatro fuerzas que han alcanzado el acuerdo y ha considerado que quienes han optado por quedarse fuera deberán explicar sus razones.

Sobre la elección de Unidad del Pueblo Canario como nombre de la candidatura, Campos ha reconocido la referencia a la histórica Unión del Pueblo Canario (UPC), coalición de izquierdas y nacionalista que tuvo representación institucional a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta.

A su juicio, aquellas siglas evocan para parte de la sociedad canaria “esperanza” y una experiencia “transformadora” frente al caciquismo y las derechas de la época, aunque ha insistido en que la nueva candidatura no pretende limitarse a “una mirada al pasado”.

Campos ha definido UPC como un proyecto que busca conectar con “las clases trabajadoras y populares”, con vocación de futuro y autonomía respecto a los partidos estatales y a Coalición Canaria. 

Nueva Canarias–Bloque Canarista La Aldea ha presentado alegaciones contra la instalación de macrogranjas de lubinas en la costa de ese municipio grancanario, al advertir “deficiencias” y tratarse de un proyecto que, a su juicio, tiene un “rechazo unánime”.

La formación nacionalista ha informado en un comunicado de que ha presentado alegaciones contra la instalación de granjas marinas de lubinas prevista en la ZIA-GC-9 en la costa aldeana, ya que entiende que en la documentación expuesta a información pública “se identifican deficiencias que afectan a aspectos esenciales del proyecto y de su evaluación ambiental”, que son “incompatibles con la instalación y funcionamiento de macrogranjas marinas” en su territorio.

Nueva Canarias–Bloque Canarista La Aldea “continuará exigiendo que se deniegue la autorización y la concesión acuícola solicitadas, garantizando que no se instalen las jaulas marinas en esta costa”.

Para ello, ha adelantado que presentará iniciativas en las instituciones “donde tenga representación” para que se elimine de la planificación acuícola de Gran Canaria y del PROAC las zonas delimitadas que afectan a la costa aldeana “por ser incompatibles con sus valores naturales, medioambientales, patrimoniales y tradicionalmente caladero de nuestra pesca artesanal”.

Las alegaciones se basan en “graves deficiencias sustanciales encontradas en el Estudio de Impacto Ambiental”, como los riesgos para la biodiversidad marina y los espacios naturales protegidos como la Reserva Natural Especial de Guguy, la Reserva Natural Integral de Inagua, el Parque Natural de Tamadaba, la ZEPA Franja Marina Mogán-La Aldea, la ZEC Sebadales de Güigüí y la Micro Área Marina Protegida de La Aldea de San Nicolás.

Además, alega la formación, “no da respuesta a las afecciones a la pesca artesanal y a los usos tradicionales y sociales del litoral”.

Como ha recordado Nueva Canarias–Bloque Canarista La Aldea, el proyecto no ha tenido en cuenta “la existencia de un rechazo institucional unánime del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y del Cabildo de Gran Canaria”.

Existe, ha subrayado, un pronunciamiento desfavorable del Ayuntamiento sobre el Estudio de Impacto Ambiental Ordinario, basado en informes técnicos municipales y externos y “tanto el pleno del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás como el pleno del Cabildo de Gran Canaria han acordado por unanimidad el rechazo a la instalación de jaulas marinas en el litoral aldeano”. 

La confluencia canaria de izquierdas espera registrarse en las próximas horas como Nueva Canarias-Frente Amplio por la provincia de Las Palmas y Frente Amplio-Nueva Canarias por la de Santa Cruz de Tenerife. Las formaciones que la integran confían en que Podemos finalmente se sume, inmerso en su proceso de primarias. “Algunas dinámicas estatales han contaminado las negociaciones”, dicen fuentes de la alianza que se va a registrar.

Se trabaja en la línea de que el candidato o candidata por la porvincia de Las Palmas sea de Nueva Canarias y el de Santa Cruz de Tenerife de la formación Sumar, que está en un proceso interno para elegir a la persona: se ha planteado desde un perfil más activista a un perfil con experiencia en la gestión pública.

Hasta hace unos días la máxima era la de trabajar en una marca 100% canaria, con guiños a las siglas históricas de Unión del Pueblo Canario (UPC) y en la que trabajaban Podemos, IUC, movimiento Sumar y NC, pero en vista de que el plazo acaba este viernes, algunas de las formaciones han decidido registrar la marca Nueva Canarias-Frente Amplio, ya que desde el partido que lidera Luis Campos no quieren que se les diluya dentro de una coalición electoral, sino mantener sus siglas. 

El acuerdo es que Nueva Canarias pueda mantener sus siglas, estar en otro grupo aunque coincidan en el mismo programa con el resto de fuerzas al 90% y la máxima sea la de facilitar la conformación de Gobierno progresista y frenar a la ultraderecha, pero con independencia política y parlamentaria.

Quienes trabajan en la configuración de este espacio confían en que hay tiempo de que Podemos, inmerso en su proceso de Primarias, se integre antes del plazo qye acaba este viernes. Entre sus candidatas en ese proceso figuran la exdirectora de Infancia y Familia de Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano y la ex viceconsejera de Igualdad, Sylvia Jaén (por la provincia de Las Palmas).

Desde Podemos señalan este jueves a este periódico que “entendían” que el acuerdo estaba muy cerca de cerrarse y confían en que exista voluntad por parte de todos para llevarlo a buen término.

En la red social X desde la formación se han pronunciado también diciendo que “sigue apostando por la unidad”. “Desde el respeto a todas las organizaciones, Podemos Canarias había planteado un acuerdo generoso sobre el que se había llegado a un entendimiento y seguimos con la mano tendida. Por nosotras no va a ser”.

En la coalición jurídica, según las fuentes consultadas, tampoco estaría Sí se Puede o Lanzarote en Pie, que en un principio trabajaban en esa dirección aunque apoyen la alianza.

Fuentes de Nueva Canarias señalan que para quienes creen en “la unidad” ha sido difícil, pero que siguen confiando en hacer el acuerdo lo más extenso posible y apuntan que la Chunta Aragonesista trabaja en un acuerdo en el mismo sentido.

Fuentes de Sumar apuntan que la voluntad siempre ha sido trabajar en un pacto a cuatro y lo más amplio posible y que están a la espera de la fórmula jurídica para registrar la coalición electoral. Respetan al resto de integrantes porque entienden que Nueva Canarias tiene implantación, que IUC también es un partido con estructura y Sumar también puede aportar.

Desde Sumar subrayan que el fin último debería ser “frenar políticas fascistas” y abogar por políticas en defensa de lo público y de las pensiones. También defienden desde ese espacio que Movimiento Sumar se “está siendo muy generoso” en todos los territorios, pero no se le deja crecer.

El pasado 5 de octubre Podemos, Nueva Canarias, IUC y Movimiento Sumar confirmaban a este periódico que tenían una confluencia casi cerrada en la que solo quedaban cuestiones de programa, el nombre de la confluencia y las candidaturas. Estos días se han acelerado las conversaciones y reuniones, aunque algunas fuentes señalan que las dináminas estatales “han contaminado” los territorios.

“Diálogo”, “trabajo” y “una oportunidad”. Son algunas de las palabras más repetidas entre los integrantes de los partidos que componen el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE en Canarias y que llevan más de un año trabajando en una mesa de confluencia. Se trata de Nueva Canarias, Podemos, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Sí se Puede y Lanzarote en Pie, a quienes el adelanto electoral aseguran que les ha cogido con el trabajo adelantado. Unas mesas en las que no ha estado presente el partido de Alberto Rodríguez, Drago.

Ayoze Corujo, secretario de Organización de Nueva Canarias (NC), subraya que llevan un año y medio trabajando en una confluencia de la izquierda nacionalista canaria con el resto de la izquierda. “Creemos que para estas elecciones generales necesitamos una marca canaria, un programa canario con obediencia estrictamente canaria en el Congreso de los Diputados y yo creo que lo vamos a conseguir”.

Corujo remarca que la idea “es clara”, a juicio de NC, “tiene que haber una única papeleta de la izquierda transformadora, alternativa y canaria en las próximas elecciones generales”. Apunta que no puede adelantar el nombre, pero que lo importante es dejar claro “que va a ser una marca canaria, estrictamente canaria; 100% canaria”. “El programa electoral va a ocuparse de la mayoría social del pueblo canario y que luego nosotros nos debemos en el Congreso de los Diputados al voto canario; la mayoría social de canaria frente a una derecha canaria y española que van a defender los intereses de las minorías”, afirma.

En ello coincide también el coordinador de Izquierda Unida Canaria, Sergio Alberola destaca en cuanto al nombre que hay varios planteamientos que estaban analizando, pero que con la convocatoria sí que les urge a cerrar, pero incide en “que sea algo específico de Canarias, un bloque que armemos desde aquí, aunque pueda tener una vinculación con las otras realidades del Estado, de forma territorial, confederal con otras organizaciones, pero sí que deba ser algo aterrizado porque así lo demanda la ciudadanía canaria”.

La actual diputada de Podemos Noemí Santana aseguró este lunes que sí que llevan tiempo trabajando en esta confluencia en Canarias y que se mantiene en esa predisposición. Su partido propondrá a la mesa de la confluencia canaria primarias conjuntas. No obstante, Santana advierte de que “no es una imposición”. “Nuestra propuesta va a ser, si aceptamos todos a ir a esas primarias ir todos en una misma lista también”, avanza.

Alberola destaca de esa propuesta de Podemos que “evidencia la realidad del trabajo, la confianza y el trabajo colaborativo que llevamos haciendo, por eso no es una imposición, porque ya no hablamos en esos términos en la mesa. Hemos dado una serie de pasos para poder plasmar con total confianza la realidad que tiene cada organización y lo que nos toca es poner un método de acuerdo consensuado con todas las partes”.

Marisol Collado, coordinadora del Movimiento Sumar en Canarias, afirma que “hay una sintonía entre las personas que nos hemos estado reuniendo”, por lo que cree que puede haber un “buen consenso y desde luego me parece un momento muy bueno para celebrar estas elecciones y nos coge bien porque llevamos un año y pico y ya preparándonos y pensando, lo que pasa es que ahora hay que acelerar un poquito más”, resume. Sobre las primarias que plantea Podemos apunta que “sabemos que Podemos tiene esa filosofía, pero no lo había planteado dentro de los criterios que hemos estado barajando, no había planteado esa cuestión”. No obstante, no va a poner líneas rojas y asegura que Sumar tiene un reglamento propio sobre primarias.

Sobre la marca de esa confluencia canaria explica que la idea es que “aglutine” a todas las fuerzas y que no esté ligada a un partido en concreto. Además, añade que “no hay imposiciones, no hay líneas rojas, pero Sumar tiene vocación de gobierno. Y entonces necesitamos un grupo parlamentario fuerte”, advierte.

“Creemos que esto es un proceso coral, un proceso horizontal donde cada fuerza aporta su experiencia, su militancia, también sus fortalezas en el plano ideológico y político y nosotros creemos que es una buena alianza sobre la base de la izquierda nacionalista canaria que representa a Nueva Canarias y las izquierdas confederales que operan aquí en Canarias”, matiza el secretario de Organización de NC.

¿Quién será el candidato o candidata por provincia?

Para Ayoze Corujo, “lo importante no es el candidato o candidata, sino que sea un candidato de una marca canaria, de un proyecto canario, de izquierda, nacionalista y confederal que va a defender a la mayoría social del pueblo canario en el Congreso de los Diputados”. Y apunta que “poner nombres es precipitado” pero será “un diputado o una diputada de obediencia canaria que va a defender los intereses de la mayoría social de este pueblo frente a una derecha canaria y española que ya hemos visto, que lo vemos día a día en el Gobierno de Canarias cómo legislan y cómo aprueban políticas para una pequeña minoría canaria”

“Y ahí pongo dos ejemplos claros: la bajada de impuestos de la población más pudiente de Canarias y el regalo que le han hecho ahora de los 600 millones a los hoteleros por las indemnizaciones de la Ley de 2009. Esas son dos puntillitas de lo que hace este Gobierno de las derechas que tenemos que impedir que estén en el Congreso de los Diputados también”, ha dicho en referencia al Gobierno de CC-PP en Canarias.

La idea que se desliza es la de un candidato o candidata que les permita estar en el grupo mixto con voz canaria, pese a que muchas de las formaciones sean de ámbito estatal.

Podemos además de proponer primarias, tiene claro que la candidata no será de nuevo Noemí Santana, que se postula ahora al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su opinión es que la candidatura al Congreso debe estar liderada por una persona “con experiencia en gobierno y en las Cortes” y que “sea reconocida por la sociedad civil”.

“Yo creo que en las filas de cualquier organización que estamos en esta confluencia hay personas capacitadas, con experiencia y que pueden defender perfectamente la tarea que nos toca. En Nueva Canarias tenemos gente muy experimentada también, tenemos gente con capacidad”, indica Ayoze Corujo.

El secretario de Organización de NC puntualiza que su partido ya ha hecho esta tarea en otras ocasiones en el Congreso de los Diputados. “Nosotros tenemos una experiencia de defender los intereses de los canarios y canarias en el Congreso de los Diputados y vamos también a poner toda nuestra experiencia, toda nuestra militancia, todo nuestro arraigo territorial para esta tarea”, afirma.

Movimiento Sumar señala que “el Congreso es un sitio con una altura política” y que “interesaría que tuviera gente con proyección y con, digamos, con experiencia de alguna manera a nosotros nos gustaría una especie de síntesis de esas dos cuestiones”, apunta.

No obstante, preguntada Marisol Collado si ella estaría dispuesta a estar en esa lista, afirma que estará donde la organización diga, “el gusanillo político lo sigo teniendo. El Congreso de los diputados es un espacio donde se pueden hacer muchas cosas y yo por ejemplo con el tema educativo, creo que estar cerca del Estado es muy importante. Entonces bueno, pues si alguien me propone, pues yo no diré que no”.

Desde Izquierda Unida Canaria, apuntan que “tiene que ser una persona solvente, que conozca la región también, la no capitalina, la realidad insularista con la que vivimos, en términos también socioeconómicos y sociopolíticos.Que sepa lo que implica de verdad ser una región ultraperiférica, en términos socioeconómicos”, apunta Saúl Alberola.

El coordinador de IUC agrega al ser preguntado por qué pasaría con Canarias si decae ese frente amplio en el ámbito estatal que “son realidades distintas” y confía en que el acuerdo aquí se pueda llevar adelante.

Asimismo tanto IUC como Sumar insisten en abrir el espacio no solo a otras formaciones locales sino a movimientos y colectivos de izquierda.

Las relaciones con Drago

El partido de Alberto Rodríguez no se ha sentado hasta ahora en las mesas que hay avanzadas en Canarias. Este mismo lunes, mientras formaciones el resto de formaciones a la izquierda pintan un panorama diferente, por ejemplo, IUC califica la coyuntura política actual de “una oportunidad” d Movimiento Sumar cree que es “un momento muy bueno para celebrar elecciones”, Drago opta por atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y asegurar que está utilizando la situación de la vivienda como “coartada” y que el objetivo del PSOE es “minimizar su suelo electoral”, pues le reprocha no haber realizado políticas en esta materia mucho antes.

En un comunicado, el partido explica que convocará un “Secretariado Nacional” para abordar las próximas elecciones generales y cree que “la convocatoria anticipada de elecciones supone una irresponsabilidad”. Asegura además que Drago afrontará las próximas como “sus órganos democráticamente elegidos decidan, sin presión, injerencia ni tutela alguna de fuerza política, menos aún de fuerzas alejadas de la obediencia canaria” al tiempo que acusa a la diputada Noemí Santana de “tránsfuga” y reprocha a los ministros del Gobierno de Sánchez (donde hay carteras del PSOE y Sumar) no han tenido a Canarias en sus prioridades, sino “a la cola”.

Con esos mimbres, a lo que se suma que recientemente el hecho de que Drago señaló en una entrevista que no cerraba la puerta a Coalición Canaria, tras preguntarles por el hecho de que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, estñe dispuesta a pactar con esta formación, se aleja aún más de esa mesa de izquierdas en Canarias.

“Nosotros seguimos en esa línea de seguirles ofreciendo estar en esta confluencia. Lo que sucede es que ellos están un poco alineados en esa entelequia, que es la obediencia canaria, que son capaces por la obediencia canaria de ligarse a un partido de derechas. Entonces, la obediencia canaria tiene su riesgo cuando son organizaciones con ideologías contrapuestas las que se están vinculando. Y sin que sirva también de publicidad es coalición Canaria”, advierte Marisol Collado (Movimiento Sumar).

Por su parte, Saún Alberola incide en que en el Ayuntamiento de La Laguna Drago tiene dos concejales y él también es concejal y votan muchas veces en el mismo sentido. “Hay tiempo para absolutamente todo” añade el coordinador de IUC que entiende que aquellas formaciones y aquellos espacios que “pensamos similar, no implica que pensemos exactamente lo mismo, porque si no, seríamos las mismas formaciones, pero sí que defendemos y luchamos lo mismo”. 

“Nosotros creemos que ni el centralismo del PSOE ni del Partido Popular, pero tampoco el caciquismo de Coalición Canaria y su satélite”, asegura por su parte Ayoze Corujo, que añade que “aquellos que se posicionen al lado de Coalición Canaria y su satélite tendrán que explicarlo”. “Estas elecciones generales serán una primera vuelta de las elecciones autonómicas y locales y aquí se van a quitar mucho las caretas de algunos que mintieron a la ciudadanía hablando de renovación, pero lo que había en el fondo era un camino hacia la derecha canaria”, agrega el secretario de Organización de NC.

Sobre la posibilidad concreta de añadir a Drago, apunta que “nosotros siempre hemos dicho que debieran estar todos y todas quienes defendemos a la mayoría social y aquellos que defendemos una izquierda canaria consecuente y que estamos en contra del caciquismo de Coalición Canaria y sus marcas blancas. Tendrán que ser otros, en este caso Drago quien responda a esa pregunta”. No obstante, añade que siempre ha defendido que “cuanto más seamos mejor y más en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que ahí si va la izquierda separada será una tarea difícil, pero no imposible y donde también tenemos la posibilidad de quitarle el escaño a Coalición Canaria”.

El futuro de 253 viviendas protegidas de Mogán vuelve a estar sobre la mesa. La situación de las familias que viven en estas promociones llegó al Pleno municipal de la mano de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), cuya moción, defendida por el concejal Juanma Gabella, fue aprobada por unanimidad.

La iniciativa pone el foco en una situación que afecta a numerosas familias del municipio y que presenta dos realidades diferentes. Por un lado, hay 154 viviendas que siguen pendientes de ser incorporadas al proceso de oferta de compray, por otro, las 99 viviendas de los Bloques de La Loma, cuya situación jurídica y los derechos de sus residentes todavía necesitan una respuesta.

154 viviendas siguen fuera de la oferta de compra

La parte principal de la moción impulsada por NC-BC se centra en las viviendas de las calles Paco González, Drago y El Pino: 99, 42 y 13 viviendas, respectivamente.

Se trata de promociones anteriores al III Plan Canario de Vivienda y de erradicación del chabolismo que, según explicó Gabella, no fueron incluidas en las resoluciones de oferta dictadas al amparo del Decreto 1/2023.

NC-BC reclama que estas promociones sean incorporadas al procedimiento para que las familias adjudicatarias que cumplan los requisitos puedan acceder a la propiedad de sus viviendas en las condiciones previstas por la normativa.

“No estamos pidiendo ningún privilegio para Mogán. Estamos reclamando igualdad de trato”, señaló Gabella. El concejal defendió que una familia que cumple los requisitos establecidos no debería quedar fuera del proceso por una falta de actuación administrativa.

La moción plantea además que el Instituto Canario de la Vivienda haga público qué promociones de Canarias que están incluidas en el Decreto 1/2023 continúan pendientes de oferta y establezca un calendario para completar los procedimientos.

La situación de las 99 familias de La Loma

El otro gran bloque de la iniciativa afecta a los Bloques de La Loma, en las calles Atabara y Hama, donde se encuentran otras 99 viviendas.

En este caso, NC-BC plantea que se estudie de forma específica la situación de estas viviendas, que corresponden al III Plan Canario de Vivienda, para determinar qué régimen jurídico les resulta aplicable y qué derechos pueden corresponder a las familias residentes en función de la normativa y de sus títulos de adjudicación.

“Las familias de La Loma también merecen una respuesta clara”, afirmó Gabella. “Después de tantos años, no pueden seguir viviendo en la incertidumbre”.

NC-BC acepta dos enmiendas del grupo de gobierno

Durante el debate, el grupo de gobierno presentó cuatro enmiendas a la propuesta de NC-BC. Finalmente, Gabella aceptó dos de ellas.

Una sirvió para corregir el dato relativo al número de viviendas de la calle Drago, mientras que la segunda incorporó una petición de mayor inversión en el mantenimiento y la construcción de vivienda en Mogán.

NC-BC rechazó las otras dos enmiendas planteadas al considerar que pretendían modificar un decreto cuya aplicación todavía no se ha completado.

El debate también tuvo momentos de tensión política. Gabella reprochó a la alcaldesa su papel en el consejo de administración de Visocan y le reclamó que, más allá de su presencia en este órgano, se traduzca en trabajo y soluciones para los vecinos del municipio.

Con la aprobación de la moción, la iniciativa impulsada por NC-BC consigue el respaldo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, que deberán ahora trasladar la reclamación al Gobierno de Canarias y al Instituto Canario de la Vivienda para avanzar en la situación de estas 253 viviendas.

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández, ha planteado este jueves, mediante su proposición de ley registrada en el Parlamento regional, actuar sobre una de las consecuencias “más amargas” de la emergencia habitacional: movilizar, mediante expropiaciones temporales, las viviendas vacías de bancos, fondos buitres y grandes tenedores para destinarlas al alquiler asequible, así como una penalización fiscal a los grandes tenedores por la adquisición de más inmuebles.

Según explica Nueva Canarias en una nota, este planteamiento viene a raíz de los desahucios como el que estaba previsto para este viernes en Granadilla de Abona de una señora con cáncer terminal, y que ha sido suspendido por el momento, o el acaecido este miércoles en Madrid de una mujer de 87 años.

Carmen Hernández afirmó que “necesitamos movilizar toda la vivienda disponible” en las islas para dar una respuesta rápida ante situaciones como la mujer de 54 años del Sur de Tenerife o Maricarmen que van a perder su casa mientras existen miles de viviendas vacías en las islas y grandes tenedores que acumulan propiedades sin utilizar.

La parlamentaria nacionalista explicó que la Proposición de Ley (PPL) Canaria de Garantía del Derecho a la Vivienda Protegida y Asequible NC-BC prevé medidas específicas frente a los grandes tenedores, incluyendo fondos buitre, entidades financieras y sociedades inmobiliarias.

El inmueble desocupado “injustificadamente”, según Hernández, podrá dar lugar a multas coercitivas de entre 1.000 euros y 10.000 euros por vivienda, reiterables hasta que se acredite su ocupación efectiva, así como a sanciones administrativas de hasta 90.000 euros en caso de incumplimiento reiterado.

Ante incumplimientos persistentes, la propuesta permite la expropiación temporal durante un periodo de entre cinco y 10 años para destinarlas al arrendamiento público asequible.

La diputada de NC-BC añadió que esta medida contempla una compensación económica para sus propietarios y establece como destinatarios prioritarios a personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de desahucios, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes y familias con dificultades de acceso a la vivienda.

Para el “gran tenedor” se crea un nuevo tipo incrementado del 20 por ciento del impuesto de Transmisiones Patrimoniales. También ese tipo del 20 por ciento cuando se venda un edificio entero de viviendas a una persona físicas o jurídicas, aunque no sea un gran tenedor y a la transmisión de un piso, apartamento destinado a vivienda vacacional. 

Con esta medida, NC-BC busca penalizar las adquisiciones que tengan fines especulativos.

En paralelo, se pretende actuar antes de que se produzca un desahucio. Para ello, se propone que, cuando una persona en situación de especial vulnerabilidad se enfrente a un procedimiento de desahucio y no disponga de otra vivienda, la administración pública active mecanismos de mediación con la propiedad para afrontar la deuda y tratar de garantizar la continuidad en la vivienda.

Cuando mantener a la familia en su casa no sea posible, la administración deberá buscar una alternativa habitacional adecuada. “En Canarias tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que una familia pierda su casa cuando existen alternativas. Y cuando no sea posible evitarlo, nadie debería enfrentarse a un desahucio sin una alternativa habitacional”, señaló Hernández.

La vivienda debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la especulación“, declaró Carmen Hernández.

El vicepresidente de los Órganos Nacionales de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y portavoz insular de la organización en Tenerife, Valentín Correa, acusa a Coalición Canaria y a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, de “intentar engañar y confundir a la ciudadanía” con su nuevo discurso sobre la necesidad de limitar el crecimiento poblacional, mientras siguen sin abordar la causa fundamental de ese crecimiento: el modelo de desarrollo turístico y urbanístico que se continúa impulsando en la isla.

Correa considera que “es una mentira pretender hablar de límites al crecimiento de la población sin hablar de límites al crecimiento turístico y urbanístico”, porque ambos fenómenos están directamente relacionados.

“La población no crece en Tenerife por generación espontánea. Crece en buena medida en correlación con el modelo económico y turístico que se impulsa en las islas. Si se siguen generando nuevas plazas turísticas, nuevas promociones residenciales y nuevos desarrollos urbanísticos, se seguirá atrayendo población y aumentando la presión sobre el territorio y los servicios públicos”, afirma.

Para el portavoz de NC-BC, el discurso de Coalición Canaria supone “intentar actuar sobre las consecuencias mientras se mantienen intactas las causas”.

“Nos hablan ahora de limitar la población, pero qué límites quieren poner realmente. Dónde está la moratoria turística y urbanística o la tasa tursística. Porque mientras hablan de moderar el crecimiento siguen defendiendo o permitiendo proyectos que incrementan la presión sobre el territorio”, cuestiona Correa.

El dirigente de NC-BC pone como ejemplo Playa de San Juan, donde considera especialmente evidente la contradicción. “Playa de San Juan demuestra perfectamente el engaño de este discurso. Si se desarrollan las nuevas previsiones residenciales y turísticas previstas para esa zona, estamos hablando de incorporar miles de nuevas personas a un núcleo que ya soporta una importante presión territorial, de servicios y de movilidad. ¿Cómo puede Coalición Canaria hablar de limitar el crecimiento poblacional mientras se sigue promoviendo el desarrollo que precisamente genera ese crecimiento?”, plantea.

Para Correa este es el verdadero debate que CC quiere evitar. Considera que no se puede decir a la ciudadanía que el problema es que vienen más personas mientras “se mantiene abierto el grifo” del crecimiento turístico y urbanístico. “Si quieren limitar el crecimiento, que empiecen por limitar el modelo que lo provoca”, sostiene Correa.

El portavoz insular recuerda, además, otros ejemplos que, a su juicio, evidencian la contradicción entre el discurso actual de Coalición Canaria y el modelo de desarrollo que continúa defendiendo, como Cuna del Alma, El Mojón en Arona, el circuito del motor o los nuevos desarrollos turísticos y residenciales en distintos puntos del litoral de Tenerife.

Para NC-BC, el reto demográfico existe, pero no puede utilizarse sólo como una cortina de humo para desviar el debate sobre el modelo de isla.

“Tenemos problemas gravísimos de movilidad, vertidos de aguas residuales, recursos hídricos, saturación sanitaria, presión sobre las carreteras y deterioro del territorio. Y frente a todo eso, Coalición Canaria nos ofrece ahora un discurso vacío sobre la población. Es insuficiente y, sobre todo, desvía el debate de las decisiones que realmente están en manos de las instituciones canarias”, afirma Correa.

Por ello, NC-BC reclama una moratoria turística y urbanística que permita revisar el modelo de crecimiento de Tenerife y adecuarlo a la capacidad real de la isla.

“Necesitamos poner límites reales al crecimiento turístico y urbanístico, revisar las nuevas implantaciones y determinar hasta dónde puede crecer Tenerife sin comprometer sus recursos, sus servicios públicos y su territorio. No podemos seguir construyendo primero y preguntándonos después cómo vamos a atender a la población que ese modelo genera”, señala.

Correa reclama también la implantación de una tasa turística que permita que una parte de la riqueza generada por el turismo contribuya a compensar los costes que esta actividad genera sobre las infraestructuras, los servicios públicos, el territorio y el medio ambiente.

“Rosa Dávila habla ahora de una fiscalidad adecuada para que los beneficios del turismo reviertan en Tenerife. Pues que expliquen por qué Coalición Canaria sigue rechazando una tasa turística. Si realmente quieren que quienes se benefician del turismo contribuyan a sostener la isla, ahí tienen una herramienta concreta”, afirma.

El portavoz de NC-BC considera que la moratoria turística, la moratoria urbanística y la tasa turística son medidas concretas frente a un problema que no se puede solucionar únicamente con declaraciones políticas.

“Tenerife no necesita que Coalición Canaria se apropie ahora del discurso de los límites para intentar engañar a la ciudadanía. Necesita que quienes gobiernan actúen sobre las causas del crecimiento y no únicamente sobre sus consecuencias”, sostiene.

Correa concluye reclamando a Rosa Dávila y a Coalición Canaria que “dejen de lanzar balones fuera y expliquen qué límites reales están dispuestos a poner al modelo turístico y urbanístico que llevan décadas impulsando”.

“No se puede pretender limitar la población mientras se sigue impulsando el modelo que la atrae. Lo demás es discurso, es confundir a la ciudadanía y es seguir aplazando las decisiones que Tenerife necesita antes de que el colapso sea irreversible”, concluye Correa.

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González criticó este martes en el pleno al Gobierno de regional por utilizar un “inexistente” respaldo de la Unión Europea (UE) para defender la norma de vivienda vacacional, la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible de Uso Turístico de Viviendas. González reclamó a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, que acredite qué evaluación europea ha superado esta ley, que “beneficia a las grandes empresas explotadoras turísticas en detrimento de los pequeños propietarios”.

La consejera hizo esas declaraciones el pasado 1 de julio, en el marco de su visita a Bruselas: “En Canarias hemos aprobado una ley que no solo ha superado el test de la UE, sino que plantea una solución antes de que nuestras ciudades y pueblos se tensionen. No se trata de restringir, se trata de equilibrar”, según difundió entonces el Gobierno de Canarias.

Durante la defensa de su pregunta oral, Esther González pidió al Gobierno que concretara en qué consistió esa evaluación. “Nosotros le pedimos que nos informe de qué órgano de la Unión Europea realizó este test, qué servicio de la Comisión Europea tiene atribuidas esas funciones, cuándo se realizó la evaluación, qué nota es la que se sacó, qué criterios se utilizaron y además o sobre todo si existe un documento donde conste esa evaluación y sus resultados”, especificó la diputada nacionalista.

González reprochó a la consejera que no hubiera respondido a las cuestiones planteadas a pesar de mostrarle una página de un diario de papel en la que De León hacía la citadas declaraciones.

La parlamentaria de NC-BC sostuvo que ese “supuesto test europeo no existe”. Añadió que la Comisión Europea “ha afirmado expresamente que, ni oral ni por escrito, hay nada, en ningún momento ha validado esa ley de vivienda vacacional ni la regulación canaria de la unidad de explotación”.

Censuró a la consejera por “haber inventado ese respaldo europeo para sostener” una ley que la consejera ha convertido en una “bandera política para beneficiar unos intereses muy concretos”. La realidad, según la portavoz sectorial, es “clara, las empresas que concentran las explotaciones turísticas son quienes ganan” con esta normativa

“Lo peor”, añadió, es “quién pierde”, los pequeños propietarios, perjudicados también por la regulación de la unidad de explotación, que De León dice que “va a cambiar desde el principio de la legislatura y aquí seguimos”. A esos es “a los que usted ha anulado la capacidad de elegir libremente quién explota su inmueble, su propiedad”, denunció.

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista incidió además en que, a su juicio, existe una contradicción entre esa limitación y la posición de la Unión Europea sobre la unidad de explotación.

“Lo más irónico es que precisamente esa anulación de la libre capacidad de elección es la restricción que la Comunidad Europea identifica como contraria al derecho europeo cuando analiza la unidad de explotación”, afirmó.

Esther González reclamó a la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de CC y el PP que “no debe seguir manipulando y que llame a las cosas por su nombre”.

Nueva Canarias ha instado este lunes al Gobierno canario de CC y PP a detallar los criterios por los que ha pagado 500 millones a empresas como Lopesan en virtud de acuerdos extrajudiciales relacionados con la aplicación de la moratoria turística aprobada por ambos partidos en 2009.

El expresidente canario y dirigente de NC Román Rodríguez ha asegurado en rueda de prensa que las dos moratorias impulsadas por su Ejecutivo en 2001 y 2003 no supusieron indemnización alguna, como además, así lo recoge un documento del propio Gobierno canario dado a conocer en mayo de 2025.

Sin embargo, achaca esos acuerdos extrajudiciales, conocidos el pasado mes de agosto, a la mala aplicación de la moratoria promovida por el ejecutivo presidido por Paulino Rivero (CC), en el que José Manuel Soria (PP) ocupó la Vicepresidencia, cuyo artículo 17.1 brindaba a titulares de suelos turísticos edificables su conversión a rústicos a cambio de indemnizaciones o expropiaciones.

Fue esta determinación la que motivó, a finales de 2009, 54 solicitudes relacionadas con ese “temerario” artículo, unas peticiones a las que el gobierno de Rivero y Soria no contestó, lo que derivó en sentencias que dieron la razón a 39 de los 54 demandantes y que, según Rodríguez, se dictaron y fueron conocidas durante el primer ejecutivo presidido por Fernando Clavijo (2015-2019).

Cabe recordar que desde agosto, el Gobierno de Clavijo ha señalado en diversas ocasiones que dichos pagos se deben a malas políticas de “gobiernos anteriores”, sin mencionar a Rivero, y ha aprovechado para cargar contra la posibilidad de realizar una nueva moratoria turística, como demandan los movimientos sociales nacidos tras la multitudinaria protesta del 20A, en 2024.

NC, además de exigir “total transparencia” respecto a los 500 millones detraídos de las arcas regionales para abonar estos acuerdos extrajudiciales, para lo que solicitarán, en primera instancia, la comparecencia parlamentaria del actual consejero de Política Territorial, Manuel Miranda (CC), Nueva Canarias afea a Clavijo lo que considera un intento de “mentir” para tratar de hacer creer a la opinión pública “que cualquier intento de limitar el crecimiento turístico está abocado al fracaso”, lo que niega el partido de Román Rodríguez.

Tal es así que volverá a plantear en su programa electoral la necesidad de fijar nuevas moratorias en el archipiélago, donde asegura que se promueven 20.000 nuevas camas turísticas, tanto porque lo piden varios sectores de la sociedad canaria, como por su convencimiento de que es necesario limitar esta proliferación o hacerla “decrecer” en algunas zonas.

Igualmente, NC seguirá abanderando la urgencia de fijar una tasa turística en el archipiélago, como la que existe en Mallorca y en Barcelona.

Tanto Román Rodríguez como el secretario general de NC, Luis Campos, han recalcado que estos acuerdos extrajudiciales a los que se ha llegado con los demandantes de la moratoria de 2009 han supuesto una “rendición del Gobierno de Clavijo”, ya que, además de abonarse lo que pedían los perjudicados, pese a existir informes técnicos de la Administración que rebajaban notablemente los importes a conceder, estos se han quedado con sus “parcelas urbanizables y con toda su edificabilidad” turística.

Esta legislatura, con Fernando Clavijo (Coalición Canaria) al frente (aupado por el PP y los partidos minoritarios ASG y AHI, pese a que el PSOE logró la victoria mejorando sus resultados de 2019) ha estado marcada por el malestar creciente en las islas por el aumento poblacional y las elevadas cifras de turistas que están llevando a las islas hacia un colapso estructural, por mucho que desde el Gobierno canario se haya insistido en poner como principal problema del archipiélago la inmigración irregular. En solo unos meses, las Islas tendrán que regresar a las urnas y votar de nuevo, por lo que la mayoría de los partidos políticos y sus líderes se encuentran ya en una suerte de precampaña electoral.

A sabiendas de que la población canaria ha manifestado masivamente su rechazo al modelo de desarrollo actual y de que el Gobierno de CC y el PP no ha impulsado ninguna medida para ponerle límites (principal reivindicación de las protestas), desde Coalición Canaria se ha vuelto a insistir, tal y como hizo hace algo más de un año, en que una moratoria turística supone cientos de millones en indemnizaciones a los empresarios hoteleros. Es decir, y en resumen, que esta petición ciudadana, que defienden otros partidos políticos, no es viable y generaría enormes costes de dinero público, según los argumentos de CC.

En otras palabras, que lo que prometen otros partidos nacionalistas, en concreto Nueva Canarias, sería un golpe a las arcas públicas y algo irrealizable.

Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Fue a finales de este mes de agosto, en el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso tras las vacaciones, cuando el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, anunció que el coste para Canarias de la moratoria de 2001 y de las directrices de 2003 (cuando el presidente de NC, Román Rodríguez, lideraba el Gobierno canario bajo las siglas de CC) sería de unos 400 millones, y no los 1.000 que pedían los empresarios turísticos, apuntándose el tanto de haber logrado reducir la cantidad a pagar.

Cabello defendió que el Ejecutivo autonómico optó por cumplir las resoluciones judiciales, pero negociando sus efectos para reducir al máximo el impacto económico, insistiendo en que “hay unas sentencias que nos obligan”. Y lamentó que el actual Gobierno tenga que asumir las consecuencias de decisiones adoptadas en legislaturas anteriores. “Hoy nos toca gestionar las consecuencias de aquellas moratorias turísticas”, dijo.

Pero ahí está la clave: esas sentencias condenatorias no corresponden a la moratoria aprobada durante la etapa de Román Rodríguez y, de hecho, así lo atestiguó el propio Gobierno de Clavijo en abril de 2025, aunque el presidente insistiera entonces en lo contrario.

Así, en mayo del pasado año, cuando el Gobierno canario culpó a Román Rodríguez y a NC de dichas sentencias, el partido señalado formuló una pregunta al Ejecutivo para aclarar la situación y, en su defensa, citó un documento del propio Gobierno canario que, precisamente, exoneraba a NC.

El documento de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas aclaraba que “las sentencias” por normas de 2001 y 2003 “fueron todas desestimatorias, por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad patrimonial”. Es decir, la moratoria de Rodríguez no generó ningún perjuicio económico y, por ende, una moratoria bien realizada es viable.

Ese mismo documento sí mencionó otra ley, pero de 2009, cuando gobernaba Paulino Rivero, de Coalición Canaria, que “se está actualmente trabajando en la ejecución de las sentencias, no habiéndose realizado, hasta la fecha, pago alguno en concepto de indemnizaciones”.

Por tanto, las indemnizaciones no provienen de la moratoria turística de Rodríguez, sino de decisiones y directrices del Gobierno de Rivero. Sin embargo, para defender su acusación, Clavijo argumentó que las leyes aprobadas en 2001 y 2003 eran el germen de las medidas que se tomaron en materia de moratoria turística después, las que sí conllevaron indemnizaciones, adoptadas por el Gobierno de Rivero, y, por ello, eran el origen de las sentencias condenatorias.

Al conocerse este documento del propio Gobierno canario que exculpaba a NC, en mayo de 2025, Nueva Canarias acusó al Gobierno de Clavijo de convertir “el bulo en una práctica política”, y exigió a Clavijo una rectificación inmediata “por mentir en sede parlamentaria para difamar al presidente de NC-BC, Román Rodríguez”. Dicha rectificación no llegó y 15 meses después vuelve a repetirse la historia.

De nuevo CC culpa al presidente de NC y, de paso, demoniza la idea de una nueva moratoria en las Islas, meses antes de que haya que regresar a las urnas.

Tras la nueva acusación de CC, este mes de agosto, Román Rodríguez respondió y señaló que otra vez el Gobierno canario “de las derechas” pretende trasladar a la sociedad “que no se puede hacer nada para frenar el desarrollismo turístico”, como han demandado las masivas movilizaciones en los últimos años. Pero para el líder de NC, esto “no es cierto” y pone de ejemplo el caso de Veneguera, en Gran Canaria, donde gracias a la moratoria de 2001 se consiguió frenar un proyecto turístico y, posteriormente, proteger este enclave natural.

Y mientras, en las islas siguen aprobándose proyectos para la construcción de nuevos hoteles y cientos de camas turísticas, pese a que son ya más de 18 millones de visitantes y se superan los 2,2 millones de habitantes registrados, lo que conlleva problemas como un déficit estructural en las carreteras, los servicios públicos (transportes, limpieza, etc.), la depuración de aguas, la generación de aguas y de energía, la gestión de los residuos, la protección de los parajes naturales y la escasez de vivienda, entre otros.

Al mismo tiempo, los sueldos en Canarias siguen siendo los segundos más bajos del país, con los costes laborales más bajos, mientras la cesta de la compra sigue estando entre las más caras del país y con precios en el mercado inmobiliario más propios de la península y solo al alcance, en muchas ocasiones, de inversores extranjeros.

Quiénes recibirán los 400 millones

Aunque ha sido preguntado por ello, el Gobierno de Canarias no ha facilitado un listado de los grupos empresariales beneficiarios del acuerdo alcanzado tras las sentencias condenatorias por la ley de 2009, la de Paulino Rivero, pero sí aclaró que ya ha efectuado su primer pago y que cuenta con hasta 36 expedientes independientes en su haber. Además, confirmó que hay un beneficiario que recibirá la mayor parte de la cuantía total, al menos del 60% de los 400 millones.

Según la agencia Europa Press, que cita a “medios”, ese beneficiario podría ser el grupo Lopesan -que recibiría en torno a 260 millones con intereses-, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el Ejecutivo regional, así como tampoco por el propio grupo empresarial, que no ha querido pronunciarse al respecto.

El Ejecutivo canario calcula que si se agota el plazo estimado de pago -el primero de ellos se efectuó en julio-, el importe a abonar podría ascender a cerca de los 460 millones de euros con intereses. La previsión de pago depende, asimismo, de un procedimiento ahora en manos de la Consejería de Hacienda, encargada de desarrollar el expediente, liberar los créditos, hacer la transferencia a la Consejería de Política Territorial y esta efectuar finalmente el pago.

El candidato de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote, Yoné Caraballo, ha advertido de que la isla debe decidir “qué Lanzarote queremos dejar a las próximas generaciones” y ha reclamado un cambio de rumbo para evitar que el actual modelo turístico conduzca a una isla de 200.000 residentes.

Lanzarote ha pasado de 96.310 habitantes en el año 2000 a 166.878 en 2025, es decir, más de 70.000 residentes adicionales en apenas 25 años. Solo durante 2024 la población aumentó en 3.648 personas, un 2,2%, el mayor crecimiento relativo de Canarias. “No podemos asumir como normal que cada año miles de personas se incorporen a una isla limitada territorialmente mientras seguimos ampliando la oferta turística y carecemos de lo más básico, seguridad habitacional. Si mantenemos este ritmo, los 200.000 habitantes dejarán de ser una advertencia y se convertirán en una realidad más pronto que tarde”, advierte Caraballo.

El actual diputado de Lanzarote considera que “no podemos seguir confundiendo crecimiento económico con crecimiento ilimitado de población, camas turísticas, consumo de territorio y presión sobre los recursos naturales”. A su juicio, “Lanzarote está alcanzando límites que ya no son teóricos, sino visibles en la vivienda, el agua, las carreteras, los residuos, la energía, el territorio y la propia capacidad de los espacios naturales”.

“Hay partidos, como CC y PP, que siguen defendiendo una Lanzarote cada vez más poblada porque entienden que más población significa más mano de obra, más consumo y más negocio para el sector turístico. Nosotros defendemos exactamente lo contrario, que la economía esté al servicio de la isla y de quienes viven en ella, y no la isla al servicio del sector turístico sin tino”, sostiene.

El dirigente canarista considera que la pregunta que debe hacerse Lanzarote no es cuántas personas puede llegar a soportar físicamente, sino “cuántas personas puede acoger garantizando una vida digna, acceso a la vivienda, servicios públicos de calidad y la conservación de sus recursos naturales”.

“Necesitamos decrecer para poder vivir mejor”

Caraballo defiende que Lanzarote debe incorporar al debate político la idea de “decrecer”.

“Decrecer significa dejar de crecer allí donde el crecimiento destruye las condiciones que hacen habitable la isla. Significa consumir menos territorio, depender menos de combustibles fósiles, reducir la presión turística, proteger el agua y garantizar que la riqueza generada permanezca en Lanzarote”, explica.

En este sentido, considera que “no es posible afrontar la crisis de vivienda, la emergencia climática y la saturación territorial manteniendo intacta la lógica de crecimiento turístico sin límites”.

“Si cada año necesitamos más camas, más trabajadores, más viviendas, más coches, más carreteras, más agua y más energía para sostener el turismo, tenemos que preguntarnos dónde termina ese modelo. Y la respuesta es evidente: en el desastre ecológico, territorial y social”, señala.

Moratoria turística: poner límites antes de que sea demasiado tarde

Para Caraballo, la moratoria turística debe ser una prioridad política del próximo mandato. La isla necesita detener la creación de nuevas plazas alojativas y revisar las previsiones de crecimiento turístico para adecuarlas a su capacidad territorial y ecológica.

“Una moratoria no es estar contra el turismo. Es estar contra el crecimiento turístico sin límites. Lanzarote puede seguir siendo un destino turístico de primer nivel sin necesidad de seguir construyendo indefinidamente nuevas camas”, afirma.

Caraballo reclama, además, que cualquier decisión sobre el futuro turístico de la isla tenga en cuenta indicadores objetivos de capacidad de carga territorial, disponibilidad de agua, consumo energético, generación de residuos, movilidad, presión sobre los espacios naturales y acceso de la población residente a la vivienda.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha exigido este jueves al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que dé explicaciones sobre las informaciones publicadas en relación con las vinculaciones empresariales que pueden derivar en conflicto de intereses de su viceconsejero de Hacienda y que no aparecen reflejadas en los mecanismos de transparencia pública.

Para el secretario general de NC-BC, Luis Campos, “Clavijo tiene que explicar qué controles se realizaron, qué información conocía el Gobierno y por qué estas circunstancias no aparecen claramente reflejadas en los portales de transparencia puesto que pueden estar contraviniendo la propia normativa de incompatibilidad de la Comunidad Autónoma”.

Campos considera “especialmente significativo que esta información trascienda públicamente en un momento de evidente tensión entre los dos socios del Ejecutivo” y de hecho habla de “crisis” en el Ejecutivo de Clavijo.

El dirigente de NC-BC apunta a que “es legítimo preguntarse si estamos ante una nueva expresión de las diferencias internas del propio Ejecutivo y si la información pudiera haber salido del entorno del Gobierno o de alguno de sus socios”.

Campos recuerda que estas diferencias se han hecho especialmente visibles en torno a la financiación autonómica y a la posición de Canarias ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, después de que la consejera de Hacienda Matilde Asián del PP rechazara a acudir a este órgano para expresar el apoyo de Canarias a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de España.

“Cuando un Gobierno tiene dos socios que ni siquiera mantienen una posición común en asuntos fundamentales para Canarias, como son la financiación y la migración, es evidente que existe una crisis política que Clavijo no puede seguir ocultando”, sostiene el secretario general de los canaristas.

Posición sobre el AIEM

NC-BC insiste en la importancia del AIEM como instrumento de protección y defensa de la industria canaria, especialmente ante cualquier debate sobre su aplicación, modificación o alcance.

“El AIEM no es un privilegio ni un mecanismo que deba cuestionarse a la ligera. Es una herramienta fundamental para compensar las dificultades estructurales de Canarias y proteger nuestra producción industrial frente a productos importados que compiten en el mercado interno”, defiende Campos.

Puertos Canarios ha cerrado la puerta al Ayuntamiento de Mogán. El ente público ha inadmitido su solicitud para obtener una prórroga extraordinaria de la concesión del Puerto Deportivo al concluir que el Consistorio dejó de ser el concesionario en 1987, cuando cedió la explotación a Puerto de Mogán S.A. La resolución declara además nula la cláusula con la que el Pleno municipal se reservó entonces el derecho a pedir esa futura prórroga.

La resolución, firmada por el director gerente de Puertos Canarios el pasado 23 de julio, sostiene que la legislación autonómica reserva expresamente al concesionario la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria antes de que expire la concesión. En consecuencia, entiende que el Ayuntamiento no puede promover ese procedimiento al no ostentar esa condición.

El documento desmonta además el principal argumento jurídico esgrimido por el Ayuntamiento. En concreto, rechaza la validez de la cláusula incluida en el acuerdo plenario de 1987 mediante la que el Consistorio se reservó el derecho a solicitar una futura prórroga cuando concluyera la concesión. Puertos Canarios sostiene que esa reserva carece de eficacia frente a la Administración porque pretendía reservar un derecho que no estaba previsto ni en la legislación aplicable ni en el título concesional original otorgado por el Estado.

La resolución añade que la autorización administrativa para la cesión exigía la transmisión íntegra de los derechos y obligaciones derivados de la concesión, por lo que el Ayuntamiento no podía conservar unilateralmente una facultad como la que ahora invoca.

Asimismo, el ente autonómico señala que, incluso si esa reserva fuese válida, tampoco podría ejercerse en este momento. El propio acuerdo de cesión condicionaba su aplicación a que la concesión hubiera finalizado y el puerto hubiese sido previamente rescatado por la Administración, dos circunstancias que no concurren, ya que la concesión continúa vigente hasta marzo de 2031 y no existe ningún procedimiento de rescate.

Puertos Canarios también rechaza el requerimiento previo formulado por el Ayuntamiento y sostiene que la corporación local tampoco está legitimada para promover acciones judiciales encaminadas a reclamar esa prórroga al no ostentar un derecho reconocido sobre la concesión.

No obstante, la resolución aclara que el Ayuntamiento sí podrá intervenir en una eventual tramitación de la prórroga mediante el periodo de información pública previsto en la normativa, donde podrá presentar las alegaciones que considere oportunas.

Nueva Canarias acusa a la alcaldesa de poner en riesgo al Ayuntamiento y advierte de posibles reclamaciones millonarias

El portavoz de Nueva Canarias en Mogán, Juanma Gabella, considera que la resolución de Puertos Canarios “confirma” la interpretación que su formación ha defendido desde el inicio de este conflicto. A su juicio, el documento acredita que el Ayuntamiento perdió cualquier legitimación sobre la concesión cuando en 1987 cedió todos sus derechos y obligaciones a Puerto de Mogán S.A., por lo que la alcaldesa “no puede arrogarse ahora un derecho que ya no tiene”.

Gabella sostiene que el acuerdo plenario de 1987 por el que el Ayuntamiento se reservó el derecho a solicitar una futura prórroga carece de eficacia jurídica, al tratarse de una decisión unilateral que, según afirma, “no condiciona a nadie”. En este sentido, recuerda que la normativa vigente reserva esa facultad exclusivamente al concesionario, criterio que, asegura, queda refrendado por la resolución de Puertos Canarios.

El portavoz nacionalista va más allá y acusa a la alcaldesa de actuar “de forma temeraria e irresponsable”, al entender que su estrategia puede generar un grave perjuicio económico para las arcas municipales y para los usuarios del Puerto Deportivo de Mogán. Según advierte, si los tribunales terminan confirmando que el Ayuntamiento carecía de legitimación para intervenir en este proceso, los usuarios podrían reclamar indemnizaciones que cifra en torno a 8.000 euros por afectado, lo que, a su juicio, supondría un desembolso cercano al millón de euros para el Consistorio, sin contar una eventual reclamación patrimonial por parte de la actual concesionaria, Puerto de Mogán S.A.

“Lo lógico es aplicar la ley y el sentido común. Si el Ayuntamiento cedió la concesión, ya no tiene ningún derecho ni ninguna legitimación”, sostiene Gabella, quien reclama a la alcaldesa que abandone esta vía y deje de “engañarse a sí misma, engañar a los usuarios del puerto y engañar a todos los vecinos de Mogán”. El portavoz insiste en que Nueva Canarias no defiende los intereses de la empresa concesionaria, sino “la legalidad, el interés general y los intereses de los vecinos”, al considerar que cualquier litigio que pierda el Ayuntamiento terminaría siendo asumido con dinero público.

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha valorado este jueves la decisión de la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, de abandonar su formación política, quien ha señalado que había dejado de participar en la vida interna del partido “desde hace aproximadamente dos años”, aunque ha mantenido su labor en el plano institucional.

Minerva Alonso confirmó ella misma a este periódico esta semana que abandona Nueva Canarias después de casi veinte años de militancia. No obstante, la consejera no explicó los motivos de su marcha ni si está relacionada con un posible ingreso en Municipalistas Primero Canarias, formación hacia la cual han transitado otros compañeros del grupo de gobierno insular, como Teodoro Sosa o Raúl García Brink. “Sigo comprometida con esta isla y con mi responsabilidad como consejera de Desarrollo Económico”, se limitó a comentar en respuesta a las preguntas de Canarias Ahora.

Por su parte, Luis Campos dijo que “el partido lo afronta de la misma manera que lo ha afrontado en los dos últimos años en los que Minerva Alonso no ha estado participando en la vida del partido. Esta baja, digamos, es la constatación de una realidad que venía, como digo, produciéndose desde hace más de dos años. Está haciendo una labor en el plano institucional, pero la vida orgánica del partido la había dejado en realidad desde hace, como digo, pues aproximadamente dos años, ni en el ámbito local ni en el ámbito de la dirección nacional”, apuntó el secretario general de la formación en rueda de prensa.

Campos aseguró que la marcha no ha sorprendido a la organización y recordó que Alonso ya no estuvo presente en el último congreso ni formó parte de los órganos nacionales. Añadió que la baja fue comunicada personalmente y por escrito hace cerca de un mes, por lo que subrayó el “máximo respeto” a su decisión.

Además, el dirigente de Nueva Canarias aprovechó para destacar que el partido sigue centrado en su crecimiento y expansión territorial. Citó como ejemplo la incorporación de 16 nuevos afiliados en Gran Canaria durante la última semana y la reciente constitución del comité local de Santa Cruz de Tenerife, así como los próximos pasos previstos en Adeje, Tinajo, Arucas e Icod de los Vinos.

También defendió los acuerdos alcanzados en distintas islas y municipios, entre ellos la alianza con Hablemos Ahora en San Bartolomé de Tirajana y el pacto con Asambleas Municipales de Fuerteventura y Juntos por Pájara para concurrir de forma conjunta al Cabildo y al Parlamento. Según Campos, NC-BC continúa reforzando su implantación insular y trabajando “centrado en los problemas de la gente”.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha calificado este jueves al Gobierno de Canarias de Coalición Canaria y Partido Popular como un “fracaso absoluto”, en una legislatura que ve “perdida” debido a la falta de respuesta a los principales problemas de la sociedad canaria, que lejos de mejorar, considera se han agravado.

Así lo ha asegurado el secretario general de NC-BC, Luis Campos, en una rueda de prensa en la que ha querido hacer un balance de los tres años de legislatura del actual Gobierno de Canarias, señalando que se encuentra en medio de una crisis institucional por el choque entre los dos socios debido a la propuesta de financiación autonómica (CC la apoya, y el PP, no).

El también portavoz de NC en el Parlamento ha dicho que esta crisis institucional en el seno del Gobierno coincide con una “crisis canaria para la mayoría social” de las islas, por los problemas que empeoran ante la falta de soluciones más allá de los “titulares”.

Se cumplen “tres años del Gobierno más ineficaz de la historia de esta tierra”, según Campos, que lamenta la baja ejecución presupuestaria que ha tenido, “la peor de la historia de Canarias” y también que sea el que más fondos comunitarios ha perdido y tendrá que devolver a Europa. Son ya más de 3.400 millones de euros de los presupuestos que se han quedado sin usar y casi 200 millones los fondos europeos que habrá que reenbolsar por no haberles tampoco dado salida.

Entre los problemas que, a su juicio, se han visto agravados en esta legislatura “perdida”, se encuentra como elemento central el de la vivienda.

“Sin duda alguna, la vivienda, el mayor fracaso de este Gobierno”, ha opinado Campos, quien atribuye a la falta de acción del Ejecutivo de CC y PP que sea “habitual” en el archipiélago ver de nuevo “cuevas, chabolas, cuarterías o caravanas como soluciones habitacionales”, sobre todo entre funcionarios que tienen que desplazarse a otra isla para trabajar.

Un acceso a la vivienda que se ha vuelto “imposible” para la gran mayoría de la población canaria y que, en definitiva, supone “un derecho absolutamente quebrado”.

Problemas en sanidad y educación

Desde NC también han alertado sobre “fracasos” en la gestión de la política sanitaria y educativa por parte del Ejecutivo “de las derechas canarias”.

En materia de sanidad, ha indicado Campos que pese a inyectar 1.000 millones de euros en las cuentas, la atención sanitaria “está peor que hace tres años”, con un servicio de Urgencias “colapsado” y tensiones laborales que llegan a los médicos, los técnicos de ambulancias o al personal sanitario de las gerencias y su negativa a seguir haciendo horas extra por los recortes.

Los recursos que han inyectado de más, ha agregado el líder de NC, “se han ido por el sumidero”.

En cuanto a la materia educativa, ha destacado que en un momento en el que se tienen “más recursos que nunca”, se sigue incumpliendo la legislación regional, alejándose cada vez más del umbral del 5% del presupuesto invertido en educación (un porcentaje obligarorio según la Ley Canaria de Educación y que estuvo a punto de alcanzarse durante la pasada legislatura), y en medio de un “malestar enorme” entre la comunidad educativa.

“Dentro del ámbito educativo, abandono de los más vulnerables, de los que más apoyo necesitan, de los que más recursos necesitan. Presumen de hablar de una escuela inclusiva cuando en realidad es la antítesis cuando nos acercamos a sus aulas, sin apoyo, sin recursos humanos, sin recursos materiales”, ha afeado Campos.

Unas críticas que también ha extendido a la dependencia, donde hay “mucha propaganda, pero no soluciones”, y al reto demográfico, donde se han creado “muchas mesas técnicas”, pero luego no se ha puesto en marcha ni una sola medida para afrontarlo.

Finalmente, en lo que a lo puramente económico se refiere, Campos ha defendido que en aquello que no depende del Gobierno canario, las islas van “como una tralla”, pero que luego se tienen los salarios “más bajos de todo el Estado” y con una política fiscal “que roza la extrema derecha”.

En definitiva, ha concluido el líder de NC, este Gobierno ha sido “útil para los más ricos de esta tierra”, pero que se ha mostrado “absolutamente inútil para la inmensa mayoría social de la gente que vive en Canarias”.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) votó hoy, en el pleno del Parlamento, en contra del dictamen del proyecto de ley de licencias urbanísticas del Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP) por usar la grave crisis habitacional del Archipiélago como coartada para privatizar el control urbanístico. La diputada Carmen Hernández defendió que Canarias necesita una nueva ley de la vivienda para frenar la especulación promovida por CC y el PP, apoyados por ASG y la AHI. La parlamentaria Esther González denunció que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo impuso enmiendas sobre la vivienda vacacional ajenas al proyecto de ley y sin voluntad alguna para llegar a un consenso con los grupos de la oposición.

En el debate previo a la votación final, Carmen Hernández apeló a la necesidad de adoptar medidas urgentes y valientes frente a la gravedad de la crisis habitacional. Sin embargo, advirtió de que la vivienda “no puede ser la excusa para privatizar” el urbanismo.

La diputada del grupo nacionalista progresista sostuvo que el urbanismo no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta de planificación que determina el crecimiento de los municipios, la ubicación de los equipamientos públicos (escuelas, centros de salud y demás), la construcción de viviendas y la protección del territorio.

Por este motivo rechazó que el control de las licencias pueda trasladarse a entidades privadas y defendió que siga siendo una competencia plenamente pública, al servicio del interés general. NC-BC defiende, tal y como indicó, que el urbanismo “siga estando bajo el control público, de los dueños y dueñas de esta tierra, que es el pueblo canario. Por eso nos parece una verdadera perversión política lo que hace este Gobierno, utilizar el mayor problema social de esta tierra, la vivienda, como excusa, como coartada para privatizar el suelo” en Canarias, censuró la ponente.

Hernández aseguró que el verdadero problema de la vivienda en Canarias no reside en la tramitación de las licencias municipales, sino en la ausencia de una política pública eficaz tras 30 años de gobiernos de Coalición Canaria (CC). “Están consiguiendo fracturar a esta tierra en dos Canarias, la que tiene vivienda y la que no va a poder tener vivienda”, censuró.

Aseguró que, aunque mañana las licencias se concedieran en la mitad de tiempo, “seguiríamos teniendo viviendas vacías, un parque público insuficiente, alquileres desorbitados y un mercado completamente tensionado”.

Criticó la incorporación de la figura de la vivienda asequible incentivada en los términos planteados por el Gobierno de Clavijo, al entender que “favorece la especulación”. Explicó Hernández que permite la construcción de promociones privadas beneficiadas con ventajas fiscales y urbanísticas para que pasen al mercado libre trascurridos solo siete años de protección. Es el “modo especulador” de Clavijo, denunció.

En su opinión, la especulación es un “caballo desbocado en esta tierra y ustedes no le quieren parar las patas. No les interesa controlar ni a las grandes inmobiliarias ni a los grandes especuladores”, recriminó la parlamentaria de NC-BC.

Como alternativa, Carmen Hernández reclamó una nueva ley canaria de vivienda que impulse la movilización de residencias vacías con seguridad jurídica, refuerce la promoción de vivienda protegida, permita declarar zonas tensionadas donde sea necesario y contemple una intervención efectiva sobre el mercado para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Vivienda Vacacional

Esther González centró su intervención en las formas empleadas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por los grupos del Ejecutivo. Recordó que la norma concebida para agilizar las licencias urbanísticas terminó incorporando numerosas enmiendas relativas a la vivienda vacacional, completamente ajenas al objeto inicial del texto.

A su juicio, esta forma de proceder evidencia “una manera de gobernar basada en la imposición”, en la que desaparece el debate parlamentario y se bloquean las propuestas de la oposición.

González explicó que, durante la sesión de esta mañana, los grupos de la oposición intentaron alcanzar un acuerdo para retirar las enmiendas presentadas in voce que modificaban cuestiones no incluidas en el texto original. En ese contexto, NC-BC retiró cuatro suyas con el objetivo de facilitar el consenso, al igual que hizo la Agrupación Socialista Gomera.

Sin embargo, denunció que CC, el PP y la AHI rechazaron cualquier posibilidad de acuerdo, obligando a la oposición a oponerse a la admisión de dichas enmiendas.

La diputada rechazó además las acusaciones de falta de apoyo a los afectados por la erupción volcánica de La Palma al afirmar que el rechazo respondía exclusivamente al intento de alcanzar un consenso que finalmente fue imposible por la negativa de los grupos del Ejecutivo de Clavijo.

Varias formaciones de izquierdas en Santa Cruz de Tenerife han convocado una asamblea abierta este viernes, a las 19:00 horas en el Parque de Los Gladiolos, para abordar las desigualdades entre barrios y anunciar el inicio de conversaciones para un futuro acuerdo político conjunto. La cita reunirá a vecinas y vecinos con representantes de Podemos, Nueva Canarias, Izquierda Unida, Sí Se Puede y Movimiento Sumar Canarias en un “momento clave” para el futuro municipal.

El encuentro, bajo el título Barrios iguales, barrios diversos, busca analizar las diferencias en acceso a servicios públicos, transporte, vivienda y recursos culturales entre el centro y la periferia. La convocatoria pone el foco en una realidad persistente: mientras algunas zonas concentran inversiones, otros barrios afrontan carencias estructurales que afectan a miles de personas.

Los convocantes sitúan el debate en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y la falta de planificación urbana inclusiva. Según datos recientes, el precio del alquiler ha aumentado más de un 20% en los últimos años en la capital tinerfeña, dificultando el acceso a un hogar digno, especialmente en barrios con menor renta. A esto se suma una oferta limitada de transporte público y escasos espacios culturales en zonas periféricas, lo que refuerza la desigualdad social y territorial.

La asamblea no solo pretende diagnosticar, sino activar soluciones desde la participación ciudadana. La iniciativa, defienden, responde a la necesidad de construir una alternativa política sólida que evite la fragmentación del espacio progresista, ya que en las elecciones municipales anteriores, miles de votos no se tradujeron en representación suficiente, lo que abrió el debate sobre la importancia de la unidad.

En este contexto, el encuentro servirá también para anunciar el inicio de conversaciones entre las fuerzas convocantes con el objetivo de explorar un acuerdo amplio de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. La meta es clara: articular una propuesta común que permita a la izquierda gobernar el Ayuntamiento de Santa Cruz y revertir las desigualdades actuales.

Los organizadores señalan que “esta asamblea es un primer paso para escuchar a la ciudadanía y construir una ciudad más justa desde abajo”. Añaden que “la unidad no es solo una estrategia electoral, sino una herramienta para garantizar derechos, redistribuir recursos y asegurar que ningún barrio quede atrás”.

La convocatoria se presenta como un espacio abierto, participativo e inclusivo, donde la voz de los barrios será protagonista en la definición del futuro de la ciudad.

Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategia de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), considera que la recién aprobada Ley Canaria de la Ciencia nace sin consenso de la comunidad científica, sin el respaldo de las universidades canarias, con las que no se contó para su elaboración, con el exclusivo apoyo parlamentario de los grupos que apoyan al Gobierno CC-PP y, además, sin compromisos firmes de financiación. “Una oportunidad perdida en un asunto estratégico para el presente y el futuro de Canarias”, ha sentenciado.

“Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) propuso numerosas enmiendas a su articulado, muchas de ellas en consonancia con las justas reivindicaciones de nuestras dos universidades públicas y de los jóvenes investigadores de las Islas. Casi todas fueron rechazadas por la mayoría conservadora que apoya al Ejecutivo de Clavijo”, explica.

Para Rodríguez, la actitud del Gobierno con la Ley de la Ciencia es “continuista con lo que vienen haciendo con nuestras universidades públicas”, lo que ha llevado a que miles de personas suscriban el Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, exigiendo que se cumpla plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación, el 1% en 2030 frente al actual 0,5% que mantiene financieramente ahogadas a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

Recortes en I+D+i

Igual sucede en el apoyo presupuestario que recibe la I+D+i. Rodríguez expone que en los presupuestos para este año 2026 los créditos para el área de I+D+i se reducen en 12,2 millones de euros (-12%). Por tanto, en las tres cuentas públicas presentadas por este Gobierno (2024, 2025 y 2026) se recortan las partidas en I+D+i en 24,9 millones de euros (una reducción del 21,8%) respecto a las que dejó en las del año 2023 el gobierno de Ángel Víctor Torres. “Y esa sustancial bajada se produce en tres presupuestos donde el gasto no financiero total sube nada menos que en 2.310,6 millones (+22,7%). Las partidas para I+D+i han pasado de suponer el 1,12% del gasto no financiero en 2023 al 0,71% en los presupuestos para 2026”, incide.

Román Rodríguez asegura que en la Ley de la Ciencia no se ha tenido en cuenta la opinión de las dos universidades públicas, las instituciones que generan más del 90% de la investigación científica en Canarias, de los principales protagonistas de la generación, transferencia y divulgación del conocimiento científico en las islas.

Además, considera que es un grave error que en el texto legislativo no se establezcan compromisos financieros vinculantes. “Más aún, cuando este Ejecutivo lo que ha hecho es recortar de manera sustancial las partidas destinadas a I+D+i, convirtiendo a Canarias en una de las pocas comunidades en que se reduce la inversión en este ámbito”, detalla.

Rodríguez recuerda que NC-bc propuso el establecimiento de objetivos concretos, entre ellos el cumplimiento de la financiación prevista en la legislación estatal y una senda progresiva de crecimiento que posibilite alcanzar el 3,2% del PIB en 2030.

Potenciar las universidades privadas

Otros aspectos negativos de la nueva Ley son el que no se facilite una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes; y la composición del futuro consejo asesor de ciencia, ente encargado del asesoramiento al Gobierno y diseño de la estrategia científica de Canarias, donde las universidades públicas, claves para garantizar el rigor científico y técnico en sus decisiones, sólo contarán con dos de los 17 miembros que integran este órgano. “Y tampoco nos parece acertada la exclusión de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)”, añade.

En definitiva, concluye Román Rodríguez, “tanto con esta Ley Canaria de la Ciencia como con el persistente maltrato financiero a nuestras universidades o el retroceso en I+D+i en los Presupuestos de Canarias de CC y PP se dibuja un panorama muy negativo en el que se castiga a las universidades públicas y se trata de potenciar y beneficiar a las universidades privadas, como están haciendo las derechas conservadoras y extremas en otras comunidades”.