Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategia de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), considera que la recién aprobada Ley Canaria de la Ciencia nace sin consenso de la comunidad científica, sin el respaldo de las universidades canarias, con las que no se contó para su elaboración, con el exclusivo apoyo parlamentario de los grupos que apoyan al Gobierno CC-PP y, además, sin compromisos firmes de financiación. “Una oportunidad perdida en un asunto estratégico para el presente y el futuro de Canarias”, ha sentenciado.

“Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) propuso numerosas enmiendas a su articulado, muchas de ellas en consonancia con las justas reivindicaciones de nuestras dos universidades públicas y de los jóvenes investigadores de las Islas. Casi todas fueron rechazadas por la mayoría conservadora que apoya al Ejecutivo de Clavijo”, explica.

Para Rodríguez, la actitud del Gobierno con la Ley de la Ciencia es “continuista con lo que vienen haciendo con nuestras universidades públicas”, lo que ha llevado a que miles de personas suscriban el Manifiesto en defensa de las Universidades Públicas Canarias, exigiendo que se cumpla plenamente el mandato legal del artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en materia de financiación, el 1% en 2030 frente al actual 0,5% que mantiene financieramente ahogadas a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.

Recortes en I+D+i

Igual sucede en el apoyo presupuestario que recibe la I+D+i. Rodríguez expone que en los presupuestos para este año 2026 los créditos para el área de I+D+i se reducen en 12,2 millones de euros (-12%). Por tanto, en las tres cuentas públicas presentadas por este Gobierno (2024, 2025 y 2026) se recortan las partidas en I+D+i en 24,9 millones de euros (una reducción del 21,8%) respecto a las que dejó en las del año 2023 el gobierno de Ángel Víctor Torres. “Y esa sustancial bajada se produce en tres presupuestos donde el gasto no financiero total sube nada menos que en 2.310,6 millones (+22,7%). Las partidas para I+D+i han pasado de suponer el 1,12% del gasto no financiero en 2023 al 0,71% en los presupuestos para 2026”, incide.

Román Rodríguez asegura que en la Ley de la Ciencia no se ha tenido en cuenta la opinión de las dos universidades públicas, las instituciones que generan más del 90% de la investigación científica en Canarias, de los principales protagonistas de la generación, transferencia y divulgación del conocimiento científico en las islas.

Además, considera que es un grave error que en el texto legislativo no se establezcan compromisos financieros vinculantes. “Más aún, cuando este Ejecutivo lo que ha hecho es recortar de manera sustancial las partidas destinadas a I+D+i, convirtiendo a Canarias en una de las pocas comunidades en que se reduce la inversión en este ámbito”, detalla.

Rodríguez recuerda que NC-bc propuso el establecimiento de objetivos concretos, entre ellos el cumplimiento de la financiación prevista en la legislación estatal y una senda progresiva de crecimiento que posibilite alcanzar el 3,2% del PIB en 2030.

Potenciar las universidades privadas

Otros aspectos negativos de la nueva Ley son el que no se facilite una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes; y la composición del futuro consejo asesor de ciencia, ente encargado del asesoramiento al Gobierno y diseño de la estrategia científica de Canarias, donde las universidades públicas, claves para garantizar el rigor científico y técnico en sus decisiones, sólo contarán con dos de los 17 miembros que integran este órgano. “Y tampoco nos parece acertada la exclusión de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI)”, añade.

En definitiva, concluye Román Rodríguez, “tanto con esta Ley Canaria de la Ciencia como con el persistente maltrato financiero a nuestras universidades o el retroceso en I+D+i en los Presupuestos de Canarias de CC y PP se dibuja un panorama muy negativo en el que se castiga a las universidades públicas y se trata de potenciar y beneficiar a las universidades privadas, como están haciendo las derechas conservadoras y extremas en otras comunidades”.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha culminado este viernes el proceso de elección de sus órganos internos en Las Palmas de Gran Canaria, tras ser proclamada por la mesa electoral la única lista presentada, que encabeza el concejal Pedro Quevedo, elegido como secretario general de la agrupación local.

Quevedo, de 70 años, encabezaba la única lista presentada a sábor local de Nueva Canarias en la capital.

Con anterioridad se había producido la elección del tagoror local, en el que la lista encabezada por Quevedo obtuvo el 67,30% de los votos emitidos frente a otra candidatura, que alcanzó el 32,70%.

El nuevo equipo dirigente del sábor local asume “con ilusión y responsabilidad” el conjunto de tareas dirigidas a “continuar transformando la capital gran canaria como una ciudad sostenible, plural, solidaria y acogedora, así como a afrontar los trabajos para contar con una sólida alternativa canarista y progresista en las elecciones municipales de mayo de 2027”, manifiesta Quevedo.

El PSOE y NC-bC han presentado este martes en el Parlamento Canarias, por separado, sendos paquetes de medidas para cabar con las sanciones a los propietarios de apartamentos de uso privado en zonas turísticas del archipiélago. El objetivo, en el que coinciden ambos grupos parlamentarios, es modificar la ley turística de Canarias y también la de viviendas vacacionales para poner fin a las sanciones del Gobierno canario a estos propietarios por hacer un uso privado de sus viviendas y no querer cederlas a un operador turístico.

En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición de Ley para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas con el objetivo de resolver el conflicto que afecta a más de 70.000 residentes en zonas turísticas del archipiélago, reforzar la seguridad jurídica y poner fin a los procedimientos sancionadores que durante años han recaído sobre propietarios que residen legalmente en sus viviendas.

Los diputados Sebastián Franquis y Gustavo Santana acusaron al Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de haber agravado un problema que “ya no admite más vueltas” mediante una interpretación rígida del principio de unidad de explotación y la aprobación del Decreto-ley 2/2025, una norma que la propuesta socialista plantea derogar de forma expresa.

Franquis aseguró que la reforma “va al corazón de un problema que el Gobierno ha querido ocultar durante demasiado tiempo”, al considerar que la aplicación de la legislación turística ha generado una profunda inseguridad jurídica, ha castigado a pequeños propietarios y ha alimentado un conflicto social que afecta a miles de familias en Canarias.

El portavoz socialista denunció que una norma concebida para ordenar la actividad turística ha terminado utilizándose “como un instrumento para expulsar a propietarios de sus viviendas, bloquear usos residenciales legítimos e imponer una lógica rígida que no responde a la realidad de nuestros complejos, villas y bungalows”. “Eso no es gobernar con sensatez, eso es legislar de espaldas a la gente”, afirmó.

En este sentido, defendió que la Proposición de Ley pone fin a esa interpretación que calificó de “abusiva” y recupera un principio básico, “la ley tiene que servir a las personas, no a las sanciones automáticas ni a los intereses de unos pocos operadores”.

Por este motivo, subrayó que “no se puede seguir tratando igual a un gran grupo turístico que a una familia que tiene una vivienda en un complejo y quiere conservarla como residencia o darle un uso individual legítimo”.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ley Turística defienden la Proposición de Ley socialista, al considerar que tiene como objetivo aportar la seguridad jurídica que merecen los propietarios afectados, aclarando definitivamente que los usos residenciales existentes son plenamente legales.

“Las familias adquirieron sus viviendas libres de cargas y sin limitación alguna de uso, en un momento en el que no existía una especialización del suelo que impidiera el uso residencial”, señalan en una nota remitida por los socialistas.

La iniciativa socialista reconoce como compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas cuando así lo permita el planeamiento urbanístico, otorgándoles una situación legal de consolidación.

Además, redefine conceptos esenciales como establecimiento turístico de alojamiento y unidad alojativa para adaptar la normativa a la realidad de los complejos extrahoteleros, y eliminar buena parte de la inseguridad jurídica existente.

Los socialistas consideran también que esta modificación también contribuirá a paliar el déficit de vivienda en Canarias, al evitar la desaparición de miles de viviendas utilizadas como residencia habitual y facilitar que edificaciones situadas en zonas turísticas puedan incorporarse al parque residencial cuando el planeamiento urbanístico lo permita.

Frenar las sanciones, reconocer el uso residencial consolidado y adaptar el planeamiento municipal

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), a través de la diputada Esther González, intentará convencer a los grupos del Gobierno (CC, el PP, la ASG y la AHI) de la importancia de aceptar cuatro enmiendas para corregir el impacto de la ley de la vivienda vacacional en miles de familias propietarias de apartamentos en zonas turísticas, frenar las sanciones, reconocer el uso residencial consolidado y dar tres años a los ayuntamientos para adaptar el planeamiento municipal.

A pesar de que la parlamentaria de NC-BC no pudo defender las cuatro enmiendas in voce en el debate y votación del dictamen del proyecto de ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, Esther González hará un último intento en el pleno de votación final del citado proyecto de ley, previsto para la próxima semana.

Las propuestas de NC-BC parten de la idea de que “no se puede legislar desde un despacho ignorando cómo viven y usan sus propiedades muchas familias canarias” de apartamentos, bungalós, chalés o villas situadas en zonas turísticas. Por eso, las enmiendas planteadas buscan poner orden, y hacerlo con “equilibrio, sentido común y respeto a la realidad existente”, explicó la portavoz nacionalista.

Esther González plantea aclarar mejor qué se entiende por establecimiento turístico y por unidad alojativa, para evitar confusiones y dar más seguridad jurídica. Esto permitirá que la ley sea más clara y que no se metan en el mismo saco situaciones muy distintas, según González.

Propone eliminar la disposición transitoria sexta de la ley 6/2025 de viviendas vacacionales. Tal y como está redactada, para Esther González, perjudica a los propietarios de apartamentos en complejos turísticos porque “no tiene en cuenta la realidad de muchas personas que llevan años usando legalmente esos inmuebles de otra forma o que no encajan en un modelo único” de explotación turística.

NC-BC plantea incorporar una medida especialmente importante. Se trata de dar un plazo de tres años a los ayuntamientos para adaptar su planeamiento y decidir, con criterios realistas, qué suelos o parcelas deben tener uso turístico, residencial o mixto. Es decir, según González, que sean las administraciones municipales, conociendo la realidad de cada municipio y de cada zona, las que ordenen esta situación “con rigor y no mediante imposiciones generales que no distinguen entre casos muy diferentes”.

Durante ese periodo transitorio, se establece que no se abran nuevos expedientes sancionadores a propietarios por no destinar sus inmuebles al uso turístico para “evitar” que muchas personas “se vean castigadas mientras no exista una solución urbanística clara y definitiva.

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista propone derogar el decreto ley 2/2025 (de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y su Reglamento). Esta norma, como explicó, forzó el deber de destinar determinados inmuebles al uso turístico. González mantuvo que ha generado “más inseguridad, más conflictos y más presión sobre los propietarios, sin resolver de verdad” el problema de fondo.

Apeló al sentido común de los grupos que mantienen al Gobierno de CC y el PP. “No se puede obligar, de manera automática, a todas las personas” con un apartamento o bungaló en una zona turística “a dedicarlo exclusivamente al turismo sin analizar antes la realidad” del inmueble y del municipio.

Para Esther González, el objetivo no puede ser imponer una solución única para todos los casos. Defendió la necesidad de facilitar una regulación que proteja el interés general sin dar la espalda a la realidad de las islas.

El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Yoné Caraballo elevó este miércoles el tono contra la proposición no de ley (PNL) presentada por Vox en materia de inmigración, durante el debate celebrado en el Parlamento de Canarias. En su intervención, acusó al diputado del partido político de extrema derecha Nicasio Galván de utilizar el fenómeno migratorio con fines políticos y de alimentar un discurso de odio.

Caraballo calificó la iniciativa de “basura” y aseguró que este tipo de propuestas “los define como son”. En respuesta al argumento de Vox sobre el gasto derivado de la atención sanitaria a la población migrante, afirmó: “Usted habla de esa carga de 26 millones en gasto de migración, ¿y los rubios con ojos azules que vienen de Europa y están en los centros de salud? ¿Usted ha ido a los centros de salud a ver si hay moritos y negritos?”.

El diputado continuó defendiendo que el debate no puede centrarse únicamente en la inmigración irregular y añadió: “Me preocupa porque también ocupan espacio sanitario público con nuestros impuestos, con los de Canarias. Prioridad nacional”.Además aseguró que la atención sanitaria a turistas extranjeros tuvo un coste de 24 millones de euros: “¿Sabe cuánto supuso el coste de los guiris atendidos en los centros de salud? 24 millones de euros. Prácticamente lo mismo”, insistió.

En el tramo final de su intervención, Caraballo anunció el rechazo de su grupo a la iniciativa y cargó de nuevo contra Vox: “No vamos a tolerar ni una a esta gente y vamos a votar que no a todas las iniciativas, porque lo que esconden detrás de todas las políticas sociales es su ideología de odio”. Con ello, aludiendo al destino habitual de las proposiciones no de ley rechazadas, culminó con un representación visual de dónde terminaría el documento: “Esto no va a la gaveta, esto va a la basura”, mientras lo rompía desde la tribuna.

El Proyecto de Ley de la Ciencia de Canarias ha salido adelante este miércoles en el Parlamento regional con el apoyo de los partidos del Gobierno de Canarias y sus socios (PP, CC, AHI y ASG) y con el voto en contra de la oposición: PSOE, NC y Vox.

Para el grupo parlamentario de Nueva canarias-Bloque Canarista (NC-BC) la nueva ley “menosprecia” a las universidades públicas isleñas y carece de financiación. La ponente de NC-BC, Carmen Hernández, a pesar de un último intento de consensuar enmiendas in voce y otras vivas de la veintena rechazadas durante la tramitación por CC, el PP, la ASG y la AHI, dijo que el texto nace “de espaldas” a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y a de La Laguna (ULL), “sin financiación suficiente y sin el consenso” de la comunidad científica y las personas jóvenes científicas.

Carmen Hernández defendió que hablar de ciencia no sólo son laboratorios, publicaciones e innovación tecnológica. Es, como subrayó la parlamentaria, hablar de educación, sostenibilidad, transición energética, seguridad alimentaria, adaptación al cambio climático y calidad de vida. “Invertir en ciencia no es un gasto, es una inversión estratégica en el futuro, en el bienestar de nuestra gente y en la diversificación económica que necesita Canarias”, afirmó.

La diputada lamentó que una ley llamada a marcar el rumbo de la ciencia canaria durante las próximas décadas no se haya construido con quienes sostienen el sistema público de investigación. Recordó que las dos universidades públicas, responsables de más del 90 por ciento de la producción científica del Archipiélago, trasladaron numerosas propuestas de mejora que fueron rechazadas por el Gobierno de las dos derechas (CC y el PP) de Fernando Clavijo, al igual que la práctica totalidad de las 22 enmiendas presentadas por NC-BC elaboradas con los planteamientos de la Ulpgc y la ULL.

El mismo rechazo por parte de los grupos de CC, el PP, la ASC y la AHI a las iniciativas de mejora de la comunidad científica y de la juventud investigadora inmersa en la precariedad, remarcó la portavoz de Nueva Canarias. El gabinete de Clavijo “ha preferido imponer su mayoría antes que construir un acuerdo”, denunció.

Uno de los principales motivos del rechazo de NC-BC al texto legislativo es la ausencia de un compromiso financiero vinculante. “Una ley sin financiación es papel mojado, maquillaje, márquetin mediático”, aseguró Hernández. Incidió la diputada además en que las dos derechas canarias han recortado, desde el Ejecutivo, 21,8 millones de euros en I+D+i, l, lo que convierte a Canarias una de las pocas comunidades que reduce su inversión en investigación.

También criticó que la norma no establezca una verdadera carrera investigadora para las personas jóvenes. “No hay mecanismos reales de estabilización, no se impulsan contratos de larga duración ni medidas eficaces para retener el talento”, denunció, haciéndose eco de las críticas expresadas por los propios jóvenes investigadores sobre la nueva ley.

Carmen Hernández cuestionó el modelo institucional que plantea la norma, al considerar que debilita a la Agencia Canaria de Investigación y resta protagonismo a las universidades públicas, incluso en el futuro Consejo Asesor de Ciencia, pese a ser las principales generadoras de conocimiento en Canarias.

Cuestionó la creación de una fundación universitaria por competir en funciones con la Agencia Canaria de Investigación. “Mucho nos tememos que se va a convertir en el nuevo coladero de cargos públicos o de afiliados de Coalición Canaria en el futuro, como hacen con otras fundaciones que hay por ahí andando”, censuró.

“Detrás de esta ley hay un claro menosprecio a nuestras universidades públicas, es no ponerlas en valor, no creer en ellas”, recriminó. Razones por las que, en opinión de NC-BC, el Gobierno de Clavijo tampoco aprueba el contrato programa con el objetivo de infrafinanciar a las dos entidades públicas de Canarias de enseñanza superior.

La parlamentaria de NC-BC defendió que “Canarias necesita una ley ambiciosa, bien financiada, consensuada con la comunidad científica y capaz de fortalecer, de verdad, el sistema público de investigación”. Lamentablemente, añadió la parlamentaria nacionalista, este proyecto “no responde a ese objetivo”, por lo que Nueva Canarias-Bloque Canarista “no puede apoyar” el mismo.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha denunciado que CC y el PP han impuesto su mayoría en la Mesa del Parlamento de Canarias, presidida por Astrid Pérez (PP), para cambiar las reglas del procedimiento para legislar mediante una resolución y sin reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de “reforzar el poder de la mayoría” de CC, el PP, la ASG y la AHI que sustenta al Gobierno presidido por Fernando Clavijo.

El portavoz parlamentario y la portavoz adjunta y vicepresidenta de la Mesa de la Cámara en la pasada legislatura de NC-BC, Luis Campos y Esther González, denunciaron esta alteración del Reglamento “por la puerta de atrás”, hecha además para “recortar las garantías de las minorías” en el Legislativo.

La resolución aprobada por la Mesa del Parlamento regula la tramitación de enmiendas a las propuestas legislativas en la fase de la ponencia. Esther González dijo que el Reglamento permite al órgano del Gobierno de la Cámara dictar resoluciones cuando existe una laguna, contradicción o discrepancia.

De hecho, la resolución argumenta que el Reglamento regula las enmiendas transaccionales, in voce y de subsanación en comisión y en pleno, pero no en ponencia. Es cierto, según la portavoz adjunta de NC-BC, que “aquí existía una laguna”, pero el problema “no es que se quiera completar esa laguna, sino la forma en que se ha hecho”.

Se refería a que las “discrepancias” serán resueltas por el criterio del “voto ponderado, que favorece automáticamente a la mayoría”. La Mesa “lo que no puede hacer es aprovechar ese vacío para cambiar las reglas en beneficio de la mayoría,” criticó la portavoz adjunta. Es una forma “perversa, maliciosa y fuera de toda lógica” de resolver una laguna del Reglamento, recriminó González.

Luis Campos elevó el grado de preocupación porque la mayoría impondrá su criterio. Están para gobernar, observó para subrayar a continuación que las “minorías también tienen derechos parlamentarios que deben ser protegidos”. Las “reglas del juego pertenecen a toda la Cámara y no pueden cambiarse unilateralmente”, censuró el portavoz parlamentario.

Esther González criticó que la resolución haya comenzado a aplicarse de manera inmediata en las ponencias legislativas, incluso respecto de iniciativas que ya se encontraban en tramitación. “Ya se aplicó en la ponencia celebrada este lunes, otorgándole además efectos retroactivos sobre procedimientos ya iniciados. Se están cambiando las reglas del partido cuando el partido ya está en juego”, recriminó.

Nueva Canarias-Bloque Canarista advierte de que este precedente supone una concentración de poder en la Mesa y abre la puerta a que futuras modificaciones del procedimiento legislativo puedan realizarse “sin acudir al mecanismo ordinario de reforma” del Reglamento.

En opinión de NC-BC, “estamos hablando de la calidad democrática” del Parlamento de Canarias. Hoy cambian las reglas para las enmiendas; mañana podrían hacerlo con cualquier otro derecho de la oposición, alertó Luis Campos.

Si el Reglamento necesita actualizarse, para Esther González debe hacerse con transparencia, mediante el procedimiento previsto y con el debate político que corresponde al pleno. Lo contrario “debilita la calidad democrática de la institución y reduce el papel de la oposición en la elaboración de las leyes”, reiteró la vicepresidenta primera de la Mesa en la pasada legislatura.

El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado este lunes el Debate sobre el estado de la isla. El presidente insular, Antonio Morales, ha defendido el desarrollo de proyectos que “llenan de esperanza” y ha expuesto las “cifras récord” en inversión y recorte del desempleo. Mientras, la oposición (CC, PP y Vox) ha tachado el discurso de “ombliguista”.

En su intervención, Morales ha valorado actuaciones como el Salto de Chira, el estadio de Gran Canaria, el Pabellón Ferial, los centros sociosanitarios, el Museo de Bellas Artes, el tren, el Centro Insular de deportes y “hasta 600 obras que transforman Gran Canaria”.

Para el presidente insular esto es una muestra de que “Gran Canaria progresa con el esfuerzo de todos”, con un trabajo que “está dando sus frutos”.

Gran Canaria cuenta con una “economía madura capaz de afrontar desafíos” para “atender el presente y futuro de la isla”, ha dicho.

Además, ha hecho especial hincapié en la reducción del desempleo, con “cifras históricas y en tendencia positiva”, lo que, a su juicio, confirma que es una isla “capaz de ofrecer oportunidades”.

Gran Canaria cerró 2025 con 376.895 personas ocupadas, un 2,3% más que en 2024 que “refleja la fortaleza” del mercado laboral, ya que “nunca antes la isla había superado los 360.000 afiliados, un crecimiento interanual del 1,9%”, ha dicho.

En lo relativo al turismo, ha destacado el crecimiento del gasto diario del turista, que alcanzó los 180,66 euros, con un 4,3% más interanual, y una facturación del sector que creció también un 4,3%.

La rentabilidad “se ha duplicado”, ha celebrado, siguiendo un modelo en el que “no aumenta el volumen, sino que sigue el compromiso de consolidar un turismo capaz de generar más riqueza y una mejor distribución en la isla”.

Para Morales, la isla vive “un momento singular de desarrollo y de mejora en todas las dimensiones esenciales”, en el “horizonte de Gran Canaria 2050 al que nos encaminamos”.

En este avance al objetivo, ha destacado “proyectos estratégicos” como Salto de Chira o el tren, la candidatura del Mundial 2030, el estadio Gran Canaria, el Centro Insular de Deportes, el MUBEA en marcha, la implantación de la eólica marina o la geotermia, como ejemplos dentro de este “modelo de desarrollo sostenible que huye del desarrollismo, prioriza la atención a las personas y equilibra todas las comarcas y todos los sectores diversificando inversiones e iniciativas”.

Ha apuntado además que la economía azul “ha crecido muy por encima de la media de cualquier otro territorio y muy por encima de la media canaria”, hasta llegar a un 11% del PIB, mientras en materia energética hay “avances significativos”, con un 28,17% de renovables, lo que supone que “más de una cuarta parte de nuestra energía ya proviene de fuentes limpias”.

Salto de Chira, ha detallado, “ya tiene ejecutado más del 65% del total del proyecto, la parte más complicada, y en pocos meses tendremos la enorme satisfacción de que el agua desalada empezará a entrar en la presa de Soria”, lo que supone “un horizonte energético e hídrico muy bien encaminado”.

En movilidad, ha destacado el tren como “la gran apuesta” que en este último año ha dado “pasos decisivos”, con una consignación de 16,7 millones de euros.

Del mismo modo ha señalado el “récord” de movilidad con 107 millones de viajes en el sistema de transporte público, inversiones por 7,3 millones en la flota, el Intercambiador de Tamaraceite y el Centro de Control de la Movilidad con 10,7 millones.

En este año, ha dicho, se ha puesto en marcha “un número importante de nuevas plazas de atención sociosanitaria” en el Centro Sociosanitario de Tamaraceite (Benedicta Ojeda), el Hogar Julia, el Hogar Funcional de Teror y la Ciudad San Juan De Dios en La Pardilla, Telde, y “están a punto de culminarse otras” en centros de referencia como la ampliación de Taliarte.

Además se ha licitado la obra de Reforma del antiguo Psiquiátrico, que será el Centro Carlota de la Quintana con “la mayor inversión que este Cabildo ha realizado nunca con más de 120 millones”.

En el área de vivienda ha señalado que se han formalizado convenios para la construcción de 240 viviendas de promoción pública en alquiler asequible en la capital y otras 126 viviendas en varios municipios y la promoción pública de 63 viviendas en edificios energéticamente eficientes en El Secadero.

En Obras Públicas ha dicho que se han mejorado “todos los compromisos” de mantenimiento de la red de carreteras, con 35’8 millones en la conservación de vías, 18 en rehabilitación de firmes, la reparación del Viaducto del Guiniguada en la GC3, el acondicionamiento de la GC-41 entre Telde y Valsequillo y 18 actuaciones de emergencia necesarias por la borrasca Therese que han ascendido a 13 millones, entre otras.

En sus palabras, también ha valorado el “clima político de respeto, de diálogo, centrado en el servicio público”, que se aleja “de la crispación y la polarización”, además de con la “estabilidad de un gobierno que cumple 11 años” 

“Ombliguismo”

En su turno, los grupos de la oposición (PP-CC-Vox) han criticado que el Debate haya sido “el día de la marmota”, dado el discurso “ombliguista” del gobierno de NC y PSOE, que ven “alejado de la realidad”.

La portavoz de Coalicion Canaria, Vidina Cabrera, ha tildado de “triste” que un gobierno que “se autodenomina progresista lo que lleve es desigualdad, porque no se preocupa de los problemas importantes, como son la movilidad, vivienda, políticas de cuidado y la juventud”, en lo que, a su juicio, “no es progresismo, es ombliguismo”.

A las puertas de que se cumpla el tercer mandato de Nueva Canarias y PSOE, ha dicho, la realidad “es triste” porque supone “comprobar que son once años perdidos para los problemas reales de la ciudadanía”, en su opinión, “vivienda, movilidad, políticas de cuidado y, sobre todo, los jóvenes, que son el futuro”.

Para Cabrera, “es triste ver que Nueva Canarias y PSOE han perdido estos once años porque hay cero viviendas construidas”.

Como ha denunciado, el grupo de gobierno “puede decir lo que quiera, pero hay cero viviendas construidas”.

Ha recalcado que en materia de movilidad “todos los que viven en la isla sufren, día a día, cómo están las carreteras” mientras que sobre políticas de cuidado ha considerado que se sigue apostando por lo que el grupo nacionalista considera “un modelo obsoleto y que siempre va a ser insuficiente de plazas residenciales, que es inviable y va contra el bienestar de la persona, tanto de mayores como de dependientes”.

Ha lamentado que la juventud “es la gran olvidada porque a los jóvenes se les da totalmente la espalda”.

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge, ha lamentado que el Debate sobre el estado de la isla haya sido “el día de la marmota”, porque el presidente insular, Antonio Morales “ha contado lo mismo que en otros años”.

Para el portavoz del PP, es una muestra de “la lejanía con los problemas reales de los ciudadanos, que no llegan a final de mes”, porque, “incluso teniendo salarios, se ven con dificultades para llegar a la cesta de la compra, con problemas de movilidad inmensos o con la vivienda”.

Además, se ha preguntado “qué ha hecho el Cabildo de Gran Canaria por la vivienda” porque “solo ha dedicado un 0,8% de su presupuesto para construir vivienda pública en la isla”.

Para el portavoz del PP, lo que el grupo del gobierno insular “sabe hacer bien” es “la propaganda y el autobombo” como “dice el interventor general en su memoria, con 215 millones de euros dedicados a subvenciones a dedo otorgadas el año pasado en el Cabildo de Gran Canaria”.

Para los populares, estas subvenciones nominativas destacan “frente a otros problemas enormes” a los que “no se les destina dinero, particularmente aquellos en los que sí es responsable el Cabildo de Gran Canaria para poder ejecutar”.

Como ha lamentado el portavoz de Vox en el Cabildo de Gran Canaria, Yeray Suárez, en este debate el grupo de gobierno “lo único que ha hecho es propaganda falsa y ficticia”, lo que, a su juicio, evidencia “una lejanía absoluta de la realidad ciudadana que se vive en los despachos de los políticos del gobierno insular”.

Para Vox, “una vez más”, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha mostrado que “se aleja completamente de las necesidades reales que tienen las familias en esta isla” con “las mismas palabras de autobombo y propaganda que ya son costumbre”.

Réplica de Morales

En contraposición, el portavoz socialista, Augusto Hidalgo, ha defendido su gestión como socio del gobierno insular, poniendo en valor los datos macroeconómicos “exitosos”.

Para Hidalgo, “sin lugar a dudas, si algo nos diferencia del resto de cabildos de Canarias es que el de Gran Canaria es el único que durante estos cuatro años va a entregar plazas de dependencia en todo el archipiélago” y el único de toda Canarias que “va a entregar vivienda protegida”.

Para el portavoz del PSOE, este es un elemento “determinante e indiscutible” porque, “a un año vista de las elecciones, ya no lo va a conseguir ningún otro cabildo”.

En su réplica, Antonio Morales ha criticado que se usen “datos de forma torticera” porque “los datos concretos no se han debatido. Ninguno ha planteado que lo que yo he dicho sea incierto”, ha referido.

Ha lamentado que los grupos de la oposición hayan basado sus discursos en “datos de áreas que no son competencia del Cabildo”, y se ha preguntado si “es responsabilidad” de esta corporación “que suba la cesta de la compra”, en respuesta a las palabras del portavoz de Vox.

“Es falso que se haya ejecutado el 20% del Plan Sociosanitario, es más del 50%, con más de 1.000 plazas”, ha afirmado. 

Hay muchas cosas que Fernando Clavijo le debe a Manuel Marchena, el poderoso presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las más conocidas son, sin duda, los correspondientes archivos de los casos Grúas y Reparos, las causas penales por las que el presidente de Canarias se hizo senador por la Comunidad Autónoma entre 2019 y 2023, convirtiendo en digno de estudio su caso por el récord que supone que a un solo aforado le archiven dos asuntos en una sola legislatura y de un modo tan chiripitifláutico.

Pero hay un tercer tributo que Clavijo debería estarle rindiendo a Marchena: la implacable condena y posterior persecución que el magistrado hizo del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al que no solo la Sala Segunda condenó con el único testimonio en contra de un policía, sino sobre el que el poderoso magistrado proyectó a continuación un seguimiento de ejecución de sentencia que también merece ser repasado en las facultades de Derecho. 

Efectivamente, que Alberto Rodríguez perdiera su condición de diputado de la manera que lo hizo, en una sucesión de atolondradas decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del PSOE, que se rindió a las exigencias de Manuel Marchena frente al criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, convirtió al político canario en una víctima evidente del sistema. Lo que reforzó posteriormente el Tribunal Constitucional al anular la condena por su desproporción.

Y de aquellos polvos, estos lodos.

Porque, de inmediato, Alberto Rodríguez renegó de un montón de gente, de amistades, de complicidades y de algunas convicciones para echarse al monte de la intransigencia frente a los que consideró que le habían abandonado ante aquella tesitura. Lo malo es que en esa transición revisionista que hizo, se llevó por delante a mucha gente que lo apoyó hasta que no pudo soportar su narcisismo.

Y cuando parecía que se transformaría en un antisistema, cabreado con los partidos políticos y con todos los poderes constitucionales del Estado, su transición fue hacia la búsqueda urgente del poder, con algunos de los mismos métodos que tanto repudió. Se trata de hacer política utilitarista: si no puedes cargarte al sistema, aprovéchalo.

De repente, aquel Alberto Rodríguez que en 2015 ejemplificó en la familia de Ana Oramas la perversión de los poderes burgueses que representa Coalición Canaria, cuando contó en un mitin cómo a su abuela le tiraban al suelo el dinero que se había ganado ejerciendo como costurera, se ha convertido en un instrumento muy efectivo para combatir a los adversarios de Fernando Clavijo (y de Ana Oramas). Y defender, por lo tanto, a los poderes burgueses y corruptos contra los que se desgañitó cuando sus rastas se convirtieron en el símbolo institucional de la contestación del 15-M.

Ya restablecido de aquella crisis que le provocó dejar el escaño en el Congreso de los Diputados y la secretaría de Organización de Podemos, Rodríguez montó Drago Canarias, un proyecto que se define como soberanista de izquierdas, con un ideario muy amplio que va desde una mayor protección del territorio a lo que él ha llamado recientemente la prioridad nacional canaria, una reinterpretación con adaptaciones muy poco afortunadas de la prioridad nacional de Vox (que poco a poco va adaptando y asumiendo el PP) según la cual aquí ya no cabe más gente y hay que limitar a tres meses la estancia de todas aquellas personas que entren con visado de turista o permiso temporal. Rodríguez se hizo un lío enorme explicándolo, lo que provocó el regocijo y hasta el jolgorio en la prensa ultra del país, que casi empieza a considerarlo uno de los suyos.

Antes lo había hecho Clavijo. Desde que sacó dos concejales en La Laguna en 2023, Alberto Rodríguez y su gente se han convertido en un fetiche para Coalición Canaria. Les gustó cómo trató de poner firmes al alcalde de la ciudad, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, cuando durante la negociación para un pacto progresista para la ciudad le largó a la cara una frase que pasará a la posteridad: “Tú déjame a mí la alcaldía y tú encárgate de llevar el ayuntamiento”. Con dos concejales de 27.

Rodríguez se negó a firmar un pacto con el PSOE (10 concejales) y Unidas se Puede (2), lo que provocó que Luis Yeray Gutiérrez acabara pactando con Coalición Canaria (siempre el mal menor), lo que a continuación trasladó la polémica al grupo mixto, donde debían entenderse Alberto Rodríguez con el líder local de Unidas se puede, Rubens Ascanio, y el portavoz de Vox, Manuel Rodríguez. El acuerdo que firmaron por exigencia de Drago Canarias otorgó la portavocía del grupo a Vox para que Drago pudiera asumir la liberación de su concejala, Carmen Peña, mientras que Unidas se puede, con más votos y los mismos concejales que los otros dos integrantes del grupo mixto, se quedara con la liberación de uno de sus ediles al 75%. 

Rodríguez renunció a cualquier cosa que favoreciera al PSOE y también a la versión local de su antiguo partido, pero se quedó con una concejala liberada. Y el poder, para Coalición Canaria.

Con la ayuda de la cadena Ser y Televisión Canaria

Aquel no fue sin embargo el primer servicio a Coalición Canaria. Durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2023, Alberto Rodríguez fue utilizado como ariete contra el PSOE en todos los espacios de debate electoral que se lo permitían y donde CC lo lograba colocar. Los más llamativos fueron los organizados por la cadena Ser en Canarias. La emisora más seguida en la comunidad autónoma y que, en consecuencia, históricamente recibe más fondos del Gobierno canario, no disimulaba su deseo de que Fernando Clavijo regresara al poder. Y eso que el pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) había mantenido una alta colaboración publicitaria.

La Ser metió con calzador en los debates que organizó a Alberto Rodríguez a pesar de que su partido, que se acababa de crear, no tenía representación parlamentaria, y sigue sin tenerla. Las protestas de los responsables de campaña no sirvieron de nada. Allí estuvo la bestia parda ejerciendo de mirlo blanco de Coalición Canaria, atacando tanto al PSOE como a Nueva Canarias y a Podemos, para conseguir debilitar las alianzas progresistas y fortalecer consecuentemente a los de Clavijo.

Alberto Rodríguez se presentó acto seguido a las elecciones generales de julio de aquel 2023 bajo la coalición que lideró Sumar, pero a pesar de sus más de 52.000 votos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no logró obtener escaño. Pero, eso sí, de aquel acuerdo con el partido de Yolanda Díaz, Drago Canarias sacó su correspondiente tajada económica: desde entonces y hasta la fecha, el salario de su jefe de prensa lo paga Sumar, lo que obliga al comunicador a tener que acudir de vez en cuando a Madrid a algún curso que justifique qué grupo parlamentario es el que le paga.

Un amplio cuestionario enviado el viernes a primera hora a ese departamento de Prensa de Drago Canarias no ha sido contestado a la hora de publicar este boletín. En él se le preguntaba por esta colaboración y por la que Alberto Rodríguez mantiene con los medios de comunicación públicos de Canarias, particularmente la Televisión Canaria. No podemos saber si cobra y cuánto cobra.

De las seis emisiones que hasta ahora ha tenido el programa de Televisión Canaria La Retranca, que pretende convertirse en el programa de referencia de debate político de la cadena, Alberto Rodríguez ha aparecido como tertuliano en cuatro. Nada cabría objetar a que una persona de izquierdas pueda sentarse a debatir con contendientes como Melisa Rodríguez, exdiputada nacional de Ciudadanos, ya retirada al menos formalmente de la política. Salvo por el hecho de que la presencia del líder de Drago es pregonada por los gestores de la cadena como la voz de la izquierda en ese plató.

De manera que la voz de la izquierda en ese programa que quiere ser referente la encarna un cargo público que, en cada ocasión que se presenta, denosta al PSOE, partido que jamás tiene quien le defienda porque el resto de tertulianos es, en su mayoría, de la plantilla de tertulianos de la cadena Ser en Canarias (Francisco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján…). Y eso que en estas seis primeras entregas se ha abordado la crisis de credibilidad y de corrupción del partido en el gobierno seis veces, seis.

La confluencia a la que se negó Román Rodríguez

Gracias a Alberto Rodríguez, Fernando Clavijo y los suyos tienen cubierto, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el flanco izquierdista de la operación supervivencia que tienen diseñada. Se trataba inicialmente de dinamitar cualquier posibilidad de que una eventual coalición por la izquierda pudiera llegar a sumar lo suficiente como para que Ángel Víctor Torres, o quien coloque el PSOE en la candidatura autonómica en 2027, pueda contar con los apoyos para reeditar un pacto de las flores.

Pero ahora se ha ampliado la encomienda: se trata de conseguir la confluencia del nacionalismo tantas veces reclamada a Román Rodríguez y tantas veces denegada por el fundador de Nueva Canarias. Porque es en la provincia de Las Palmas, particularmente en la isla de Gran Canaria, donde más debilidades presenta Coalición Canaria. 

De ahí el caballo de Troya introducido en Nueva Canarias por los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y de Agüimes, Óscar Hernández, líderes de Municipalistas Primero Canarias.

Cuando empiezan a sonar ya los tambores de víspera electoral, se desatan las colocaciones y las recolocaciones, Alberto Rodríguez ya se ha acercado a Agüimes, no a potenciar su opción soberanista de izquierdas, sino a proponer a la gente de Primero Canarias “un nuevo proyecto político soberanista y de carácter progresista”. De prosperar la idea, Coalición Canaria no solo se aseguraría una fuerza alternativa a Nueva Canarias que le restara lo suficiente como para no poder contribuir a un nuevo pacto de las flores, sino que reventaría el ya avanzado proyecto de una candidatura unida de la izquierda en Canarias para el Parlamento nacional y el canario. Drago Canarias es, por el momento, la única fuerza de esa órbita que ha dicho que no.

En la operación está Fernando Clavijo y su grupo de pensadores agrupados en su entorno en presidencia del Gobierno. Ninguno de ellos se acuesta sin consultar con su biblia de Perfiles, el instituto que les tiene al corriente de las vicisitudes demoscópicas de la región. Encuestas que comentó el presidente con Alberto Rodríguez en una reunión secreta que ambos mantuvieron recientemente y que ambos se han negado a confirmar o a desmentir a este periódico. 

Nos quedaremos con las ganas de saber qué opinaría la abuela de Alberto Rodríguez viéndolo ahora conchabado con los que le tiraban el dinero al suelo después de hacerle sus apaños en la ropa.

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana alertó hoy de cerca de un centenar de casos de violencia sexual contra menores en el entorno familiar. Santana reclamará, en el pleno del Parlamento de mañana martes, una respuesta institucional urgente previa exposición de varios casos recopilados tras reunirse con familias y colectivos afectados. La portavoz parlamentaria en la materia de NC-BC demandó además una acción institucional coordinada y contundente frente a la violencia sexual que sufren niños y niñas en el ámbito familiar. Afeó al Gobierno presidido por Fernando Clavijo que no haya desarrollado las medidas de la proposición no de ley sobre la violencia vicaria y la machista, impulsada por NC-BC y aprobada a finales de noviembre de 2024 con el apoyo de todo el arco parlamentario salvo la extrema derecha de Vox.

En una comparecencia solicitada a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, sobre las medidas impulsadas para paliar los daños de la violencia vicaria, sexual infantil e institucional en menores; Natalia Santana alertará de la gravedad de una realidad que, según los casos recopilados en las últimas semanas, afecta ya a cerca de un centenar de menores en las islas.

Instará al Ejecutivo de las dos derechas (CC y el PP) y, especialmente, a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias; a reforzar los mecanismos de protección, atención y reparación para las víctimas. También reclamará impulsar medidas de prevención que permitan detectar y frenar situaciones de abuso antes de que se produzcan o se prolonguen en el tiempo.

“Estamos ante una emergencia social que no puede seguir siendo invisibilizada. Hablamos de niños y niñas que han sufrido violencia sexual presuntamente a manos de familiares y que necesitan una respuesta inmediata de todas las instituciones”, sostuvo la diputada nacionalista.

En las últimas semanas, Santana afirmó haber mantenido encuentros con madres, asociaciones y colectivos vinculados a la protección de la infancia. Fruto de ese trabajo, hizo un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para situar la protección de la infancia como una prioridad institucional y para dotar de más recursos a los servicios especializados que trabajan con las víctimas y sus familias.

“Las administraciones tienen la obligación de garantizar que estos menores encuentren amparo, protección y reparación. Pero también debemos generar las condiciones necesarias para prevenir nuevos casos y romper el silencio que todavía rodea muchas situaciones de abuso”, remarcó Natalia Santana.

En ese sentido, afeó al gabinete de Clavijo que no desarrollara las medidas contenidas en una proposición no de ley sobre la violencia vicaria y la machista, presentada por Santana y aprobada por el pleno de la Cámara a finales de noviembre de 2024, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo la extrema derecha. 

El PSOE ha reclamado este miércoles a la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), una reorientación de la política fiscal en vista de la recaudación de 2025, que asciende a 3.881 millones de euros, casi un 6% más que en 2024 y un 13% más que en 2023.

Pese a estas cifras, según ha esgrimido en comisión parlamentaria el diputado socialista Manuel Hernández, su partido no va a acusar al Gobierno de Canarias de que esté “robando” y “llenándose el bolsillo a costa de los canarios”, como hicieron CC y PP la pasada legislatura desde la oposición.

“El debate no es cuánto se recauda sino cómo”, pues ese aumento de la recaudación de la Agencia Tributaria Canaria descansa fundamentalmente en los impuestos al consumo, que recaen a toda la población sin distinción de rentas, ha dicho Hernández.

Por contra, ha habido un “hundimiento” de la recaudación en sucesiones y donaciones del 35% y el 63% en los dos últimos ejercicios, 50 millones de euros menos que han ingresado las arcas públicas canarias, por una decisión en la que a CC ni PP “les tembló el pulso” ni “sacaron a pasear la excusa de la regla de gasto” como hace ahora para justificar que no se bajen los impuestos. De hecho, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones fue una de las primeras medidas por CC y el PP en cuanto llegaron al Gobierno canario en 2023. Sin embargo, aunque ambos partidos anunciaron en campaña electoral que bajarían el IGIC, tres años después siguen eludiendo esa medida.

El representante del PSOE ha subrayado que quizá el impuesto “más doloroso” es el de transmisiones patrimoniales, cuya recaudación ha aumentado un 18% en dos años, lo que ha atribuido al encarecimiento de la vivienda.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha valorado tanto el volumen de la recaudación de 2025 como “la labor” realizada por la Agencia Tributaria Canaria “en cumplimiento de sus objetivos”.

Ha replicado a las críticas socialistas esgrimiendo que el Gobierno de España, en “el gran impuesto redistributivo de la riqueza”, el IRPF, “no ha tenido a bien” deflactar la cuota estatal, como ha hecho el ejecutivo autonómico.

Asián ha indicado también que en España ha sucedido por primera vez algo que “creía que no iba a ver”: que los perceptores del salario mínimo tengan que hacer la declaración de la renta, y ha aludido asimismo al “intento” del Gobierno central de que cotizaran las prestaciones por desempleo.

Sobre el impuesto de sucesiones y donaciones ha negado, como aduce el PSOE, que sea una medida “para ricos”, pues la base media declarada es de 30.000 euros, y ha considerado “justa” la bonificación aprobada por el Gobierno de Canarias en tanto en cuanto las rentas del trabajo y los ahorros “ya están suficientemente gravados”.

En cuanto al aumento de la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales, ha apuntado como causa la reforma de 2021 a partir de la cual se tributa por el valor de referencia y no por el precio fijado por peritaciones de las comunidades autónomas.

Por último, Matilde Asián ha indicado que la recaudación tributaria ha aumentado en Canarias “pero menos” que el Gobierno central, que ha creado “nuevas figuras que no son imposición directa sino indirecta”, con lo que “se grava más a quienes tienen menos renta”.

“Una estafa política en toda regla”

En la misma comisión parlamentaria, Matilde Asián ha proclamado que “en modo alguno” el Gobierno autonómico se declara “insumiso” con la ley de estabilidad presupuestaria, una posibilidad a la que había apuntado la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González a la luz del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que apunta a que el ejecutivo canario incumplirá la regla de gasto como mínimo hasta 2028.

Asián ha afirmado que el Gobierno de Canarias “comparte totalmente” el objetivo de las reglas fiscales y ha recriminado a la diputada de NC que omitiera en su intervención que la AIReF también pronostica que la comunidad autónoma tendrá superávit hasta 2030 y que conviene que España se adapte la normativa de disciplina fiscal al nuevo marco europeo.

La consejera ha insistido en reclamar flexibilidad en la regla de gasto y ha pedido un “diálogo franco” con la administración central, pero la conferencia sectorial apenas se ha reunido dos veces, “tarde y mal”, y los acuerdos incluidos en decretos ómnibus han decaído en el Congreso.

Esther González (NC) ha pedido a la consejera que “se baje del pedestal de la demagogia” y deje de mirar constantemente a Madrid para intentar tapar una gestión presupuestaria que es “una estafa política en toda regla”.

“¿Hasta cuándo mantendrá el discurso de la asfixia y la falta de margen presupuestario cuando dejaron en la gaveta 1.200 millones en 2024 y 1.051 en 2025? Esto no tiene otro nombre que pura incapacidad”, ha zanjado. Cabe recordar que desde que CC y el PP gobiernan se han dejado sin usar más de 3.300 millones de euros de los presupuestos, alcanzando cotas de inejecución no vistas en más de una década, y que ha habido que devolver varios cientos de millones de euros por el mismo motivo, no haberlos utilizado.

También le ha pedido a la consejera que deje de usar la atención a las personas migrantes que llegan en cayucos y pateras como “un supuesto gasto imprevisto” y le ha reprochado su “cinismo insostenible” al reclamar ahora una flexibilización de la regla de gasto cuando en 2012 “la defendió a capa y espada” en las Cortes.

Asián ha rememorado que la Constitución se modificó “a instancias” del PSOE, con el apoyo del PP.

Por lo demás, la consejera de Hacienda ha invitado al diputado de Vox Javier Nieto que la “alumbre” y le indique “qué gasto concreto” podría reducir sin tocar la prestación de los servicios públicos, después de que este distinguiera entre los esenciales y aquellos “orientados al clientelismo y a decirle a ciudadanos cómo tienen que pensar y actuar”.

Asián ha esgrimido que el casi 80% del presupuesto de la comunidad autónoma va para los servicios esenciales y que el resto son fondos de carácter finalista.

También ha detallado que existen varios planes de auditoría anuales de control de la eficacia y eficiencia de la gestión financiera, y que desde 2024 se puso en marcha la modalidad de supervisión continua, en la que se exploran posibilidades de reducción del gasto en el sector público.

En ese análisis se incluyen a las entidades, empresas y organismos públicos para ver si subsisten las razones que justificaron su creación, si son financieramente sostenibles, y si ese es el método más adecuado para prestar el servicio público al que están destinados.

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles con los votos en contra de CC, PP, ASG y AHI (partidos del Gobierno regional) una iniciativa de NC, con aportaciones del PSOE, que solicitaba un refuerzo de recursos y una mejora de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias habían presentado unas enmiendas en las que proponían seguir avanzando en la línea de refuerzo del personal, la reducción de los tiempos de espera y de la burocracia que, han defendido, se inició en la presente legislatura. Como NC no aceptó las enmiendas, han votado en contra.

El texto rechazado (el presentado por NC) proponía el incremento progresivo de la dotación presupuestaria para la atención del alumnado NEAE, garantizando “recursos estables y no condicionados a convocatorias extraordinarias”.

También, aumentar las plantillas de profesorado especialista, especialmente en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y orientación educativa, reduciendo ratios y asegurando presencia suficiente en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Del mismo modo que solicitaba garantizar la presencia de auxiliares o personal de apoyo durante toda la jornada escolar y en todas las aulas, incluyendo comedor, transporte y actividades complementarias.

Carmen Hernández (NC) ha esgrimido que esta proposición no de ley “nace de las aulas canarias” y es reflejo de “la dura realidad” que enfrentan alumnos, familiares y docentes, que están “desbordados”, con lo que ha exhortado a sus señorías a “pasar de las palabras a las realidades”.

Marcos Hernández (PSOE) ha hecho hincapié en que lo que se plantea con esta iniciativa es “la inclusión real, no de la apariencia”, y ha recordado que el 14 de junio hay convocada una manifestación en varias islas para reclamar “un derecho”.

Yonathan Martín (CC) ha dicho compartir el diagnóstico, no las soluciones planteadas, y ha añadido que muchas de ellas se contemplan en la Ley de diversidad que en breve llegará a la Cámara regional.

Tanto el diputado nacionalista como Sonsoles Martín (PP) han tirado de cifras de aumento presupuestario, reducción de ratios y contratación de personal para justificar sus enmiendas y le han recalcado a la diputada de NC que “con la inclusión no se hace política”, algo en lo que también ha coincidido Javier Nieto (Vox).

Asimismo, han dicho que están a favor de las manifestaciones del 14 de junio.

Jesús Ramos (ASG) ha llamado a la unidad en un asunto en el que se debe “ir de la mano” con los alumnos NEAE y sus familias. 

Los tres concejales de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Leví Ramos Sánchez, Yaiza Pérez Álvarez y Ofelia Alvarado Santana, han celebrado este viernes el dictamen de la Dirección General del Régimen Jurídico Autonómico y Local, del Ministerio de Política Territorial, que les ha dado la razón respecto a la situación política y administrativa en la que quedan el alcalde de ese municipio y los cinco concejales que gobiernan con él después de ser expulsados de aquel partido.

En un comunicado hecho público tras conocerse el informe, los concejales han pedido “la recuperación inmediata de la legalidad en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y que el alcalde acate no solamente el posicionamiento del secretario municipal y los recientes autos judiciales, sino también, y de manera inequívoca, el posicionamiento del Ministerio de Política Territorial”. 

“Desde Nueva Canarias lamentamos profundamente que esta situación haya tenido que ser confirmada por un ministerio del Gobierno de España, que deja de manera clara y evidente que el alcalde de Santa Lucía de Tirajana ha cometido una ilegalidad al evadir y no tomar conocimiento del informe del secretario municipal, informe que el propio Ministerio considera bueno y válido”, dicen en su comunicado los concejales de NC. 

Recuerdan que el informe “señala de manera expresa que la legislación básica local, aquella que afecta a todos los ayuntamientos del país por igual, debe ser interpretada y aplicada de manera homogénea en todo el territorio nacional. En ningún caso corresponde al Gobierno de Canarias interpretar o regular legislación de base estatal. El informe de la Viceconsejería canaria que el alcalde eligió para justificar su actuación no tiene, por tanto, la autoridad ni la competencia para hacerlo”. 

Los tres concejales ya han interpuesto un recurso de reposición para que el alcalde anule “su decisión de elegir de manera interesada el informe de la Viceconsejería canaria, en contra de la legalidad vigente y en perjuicio del informe preceptivo del secretario municipal”. Además, y siguiendo las indicaciones del informe ministerial, los tres representantes de Nueva Canarias “han acudido a la Delegación del Gobierno en Canarias para exigir el cumplimiento de la legislación básica local, competencia exclusiva del Ministerio de Política Territorial, y para que dicho organismo adopte las medidas oportunas ante la situación irregular que el alcalde ha provocado de manera deliberada en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana”.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y los cinco concejales que le acompañaron en el salto de Nueva Canarias a Primero Canarias han recibido un nuevo revés jurídico, esta vez de un órgano del Estado. La Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha emitido un informe que da la razón al secretario del Ayuntamiento y a Nueva Canarias, que han mantenido desde el principio que deben ser considerados tránsfugas y, por lo tanto, pasar al grupo de no adscritos.

El informe, que no es vinculante, desautoriza también al emitido por la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, que sostenía la misma tesis que los tránsfugas: que bastaba su pertenencia a cualquier partido presente en la coalición electoral Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista, para mantener todos los derechos políticos. Para conseguir ese propósito, una vez expulsados formalmente de Nueva Canarias, el alcalde y su equipo de concejales se habían afiliado al Bloque Nacionalista Rural del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, líder de Primero Canarias, que en su día también formó parte del partido del que todos ellos se han marchado o han sido expulsados.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, se fundamenta en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que define como concejales no adscritos a quienes no se integren en el grupo político de la formación por la que fueron elegidos o abandonen su grupo de procedencia. Y aclara que el régimen de concejales no adscritos es aplicable a las coaliciones electorales y que la única excepción legal que permitiría no limitar los derechos económicos y políticos en coaliciones sólo se aplica cuando un partido político decide abandonar la coalición, no cuando los concejales son expulsados de la formación que presentó la candidatura.

En definitiva, un concejal elegido por una coalición electoral ha de ser considerado no adscrito si es expulsado de dicha formación, siempre que la decisión cumpla con los requisitos formales esenciales y no haya sido anulada judicialmente, y no es el caso.

El paso a la condición de no adscritos hará que el alcalde y los concejales Minerva Pérez Rodríguez, Roberto Ramírez Vega, José Mario Bordón Vera, Arminda Santana Alonso y Juan Francisco Guedes González podrán mantener solamente sus derechos ligados al mandato representativo, es decir, participar en los plenos municipales con voz y con voto. No podrán ejercer con responsabilidades de gobierno.

Este revés jurídico, aunque no sea vinculante, supone un frenazo en las pretensiones de Primero Canarias de extender la fórmula a varios municipios grancanarios como San Bartolomé de Tirajana, donde paradójicamente la secretaria municipal ha mantenido una postura contraria a la de su homólogo en Santa Lucía.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha rechazado este miércoles que Euskadi sirva como “espejo” para la cogestión de las infraestructuras aeroportuarias de las islas, ya que el archipiélago es una región ultraperiférica con una realidad territorial distinta a la vasca.

Es por ello que, a través de un comunicado, NC ha advertido al Gobierno de España de que el “tiempo del regateo” con el desarrollo del Estatuto de Canarias “ha terminado”, especialmente en esta materia de la cogestión aeroportuaria, al tiempo que ha demandado una “partición real y efectiva” del archipiélago en todos los aeropuertos del territorio insular.

Y en ese sentido, el secretario general de NC, Luis Campos, ha subrayado que ha de acabar “el tiempo del goteo permanente, del regate corto, de pequeñas concesiones y avances milimétricos en materias competenciales reconocidas” por el Estatuto de Canarias.

“No podemos conformarnos con migajas mientras las decisiones estratégicas sobre nuestra conectividad, nuestra economía y nuestra movilidad continúan tomándose desde Madrid”, ha censurado Campos, que ha recordado que la gestión aeroportuaria es fundamental para las islas por su condición ultraperiférica: “Quien no entienda eso, no entiende la realidad canaria”.

Y en ese sentido, el líder de NC ha rechazado cualquier intento de equiparar el modelo para Canarias con el acordado por el Gobierno estatal con Euskadi, puesto que las infraestructuras aéreas vascas “ni de lejos tienen el peso estratégico de las nuestras”.

Por estas razones, Luis Campos ha defendido que Canarias debe tener un “tratamiento diferenciado y singular”, tal y como reconoce el Estatuto y exige la realidad de las islas, y ha concluido que los “verdaderos accionistas a los que hay que escuchar” en esta cuestión son la población canaria, que depende cada día de estas infraestructuras para “vivir, trabajar, desplazarse y mantener la cohesión de nuestras islas”. 

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández cuestionó este martes que el Gobierno canario venda su programa de Hipoteca Joven como una solución cuando beneficiará “a muy pocos jóvenes” y “no ataca el problema de raíz” de la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago. La portavoz recuperó, como alternativa válida y frente a las “insuficientes” medidas gubernamentales, su plan para garantizar a la juventud canaria el acceso a una vivienda digna a precios asequibles, rechazado en el Parlamento por la mayoría gubernamental de CC, el PP, la ASG y la AHI.

“Aquí el principal problema no es de financiación”, afirmó Carmen Hernández, es la “carencia” de vivienda y los precios “disparatados”, tanto en la compra como en el alquiler. “De qué sirve que te faciliten el 20 por ciento” de la entrada si “después los arrendamientos y las cuotas hipotecarias son ”inasumibles para la mayoría de la gente joven“, preguntó Hernández. 

La portavoz canarista criticó que el Ejecutivo de las dos derechas canarias (CC y el PP) “venda” esta medida como la “gran solución al acceso a la vivienda juvenil”, especialmente en una realidad en la que muchos jóvenes, incluso con formación, perciben salarios entre 1.400 y 1.500 euros.

“Qué joven puede afrontar hoy una hipoteca de una vivienda que cuesta 180.000 o 200.00 euros”, observó. El problema, como expuso la parlamentaria nacionalista, “sigue siendo el mismo”, es decir, bajos salarios, vivienda carísima y la “ausencia” de una política “potente” de alquiler asequible y vivienda pública.

Carmen Hernández recordó que una parte importante de la juventud canaria ni siquiera aspira a acceder, en la actualidad, a una propiedad sino a poder arrendar un piso a precios razonables sin destinar más de la mutad del suelo al pago de la renta mensual. 

Alternativa

La parlamentaria nacionalista recuperó las propuestas defendidas, el pasado mes de noviembre en el Parlamento y tumbadas por la mayoría de CC, el PP, ASG y AHI “solo por ser de NC-BC sin valorar la viabilidad de las mismas”.

Se trata de un conjunto de iniciativas orientadas a facilitar el alquiler o la compra mediante medidas fiscales, aumento de la vivienda pública y limitación de la especulación inmobiliaria.

Entre ellas, deducciones de hasta 1.100 euros en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), rebajas del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del IGIC para menores de 40 años, así como un tipo impositivo incrementado para grandes tenedores y operaciones vinculadas a la vivienda vacacional.

La propuesta de Hernández incluye la reserva de un mínimo del 30 por ciento de las nuevas viviendas públicas de alquiler para menores de 35 años, ayudas para impedir que el arrendamiento supere el 30 por ciento de los ingresos del arrendatario, la movilización de inmuebles vacíos y la limitación del crecimiento de la vivienda vacacional en zonas tensionadas.

Afirmó que la vivienda “no se resolverá solo facilitando” las hipotecas. Canarias, añadió Carmen Hernández, necesita bajar precios, aumentar la vivienda pública y garantizar que la juventud pueda desarrollar “su proyecto de vida en su propia tierra.”

La coalición electoral de Nueva Canarias (NC-Frente Amplio) ha pedido la declaración formal de tránsfugas de los 22 cargos públicos que se marcharon a Municipalistas Primero Canarias, la formación que lideran los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa y de Agúimes, Óscar Hernández, antes socios de Nueva Canarias. El Consejo Político Nacional de la coalición electoral lo ha decidido por mayoría absoluta de sus miembros y de forma unánime al haber renunciado estas personas voluntariamente a su afiliación al partido que promovió su candidatura (NC-bc), y dirigirse a las instituciones correspondientes para que sean considerados cargos públicos no adscritos.

Según explica la coalición en un escrito, con fecha 1 de octubre de 2025, se remitió a la Presidencia del Consejo Político Nacional de la coalición electoral el acuerdo adoptado el 27 de septiembre por la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-bc). En ella se califica como tránsfugas a 22 cargos públicos pertenecientes a los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Ingenio, La Aldea, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Moya y Arucas, así como al Cabildo de Gran Canaria; quienes causaron baja voluntaria en el partido.

Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista (NC-FAC) ha remitido el acuerdo en el que se refleja la ratificación de esta calificación de transfuguismo y se ha dirigido a las instituciones correspondientes con el fin de que sean declarados concejales o consejero no adscritos, con los efectos legales y económicos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

La coalición electoral entiende que los 22 cargos públicos han causado baja voluntaria en dicha formación política y por tanto son tránsfugas al haber sido promovidos como candidatos y candidatas por el partido NC-bc en el seno de NC-FAC y “no haber renunciado a sus actas como cargos públicos, esta conducta constituye un claro supuesto de transfuguismo político, al vulnerar la voluntad del electorado y traicionar al partido que promovió su candidatura, conforme a lo establecido en el Pacto Antitransfuguismo de 2020”.

En este sentido, citan el artículo primero del pacto estatal antitransfuguismo que señala que “se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.

También añade que “se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”.

Y agrega que “cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso para el supuesto del párrafo anterior quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfuga”.

Por el partido Nueva Canarias además se requiere un informe jurídico al letrado Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, al que le preguntan ¿Adquiere la condición de no adscrito aquel concejal que abandona voluntariamente un partido político del que es afiliado y lo propuso para acudir en listas, si el partido concurrió a las elecciones como parte de una coalición electoral? ¿El pase a no adscrito del concejal requiere de una dación de cuentas al Pleno o es necesario un acuerdo del mismo? ¿Dicho acuerdo y/o dación de cuentas al Pleno del paso a la condición de no adscritos, supone que automáticamente se supriman las dedicaciones parciales o exclusivas, ex art. 28.4.c) Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias?

El jurista concluye que “aquel concejal que abandona voluntariamente o es expulsado de un partido político que forma parte de una coalición electoral con la que concurrió a las elecciones adquiere la condición de no adscrito, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 73.3 LRBRL y 28.1 LMC. Los concejales de la coalición electoral NC-Frente amplio pertenecen a ella, en la medida en que están integrados en el partido político NC-Bloque canarista. Por lo tanto, el abandono del partido político conlleva el de la coalición electoral, toda vez que ésta última no está conformada por personas físicas, sino por partidos políticos o federaciones de partidos. Y, consiguientemente, estarían incursos en un supuesto del art. 73.3 LRBRL y del art. 28.1 LMC, adquiriendo la condición de concejales no adscritos”, apunta.

“La presentación de los concejales de su baja de afiliación del partido político coaligado, pretendiendo mantenerse en la coalición, es un acto ejecutado en fraude de ley y debe asignársele las mismas consecuencias jurídicas. Es decir, la atribución de la condición de concejal no adscrito”, asegura.

Francisco Javier Jiménez razona que el abandono de la formación electoral requiere de una toma de conocimiento por el Pleno del Ayuntamiento, que pasará a tener como no adscrito al concejal que causa baja en la formación política a la que concurrió a las elecciones –arts. 24 y 25 ROF por aplicación analógica según STC 185/1993, de 31 de mayo.

“El legislador canario ha optado por una opción más restrictiva que la del legislador estatal, considerando que los concejales no adscritos no pueden ostentar la condición de miembros con dedicación exclusiva ni parcial, ni ser designados para el desempeño de cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la corporación”, añade el jurista.

Cabe recordar que conformaron en 2023 Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista además del partido que lidera Luis Campos, Partido Bloque Nacionalista Rural, Juntos Por Guía, Compromisopor Firgas, Forum Drago, Alternativa Local por Antigua, Partido Renovadorde Tinajo, Partido Juntos por Pájara, Agrupación Independientes de El Sauzal y Ahora Tegueste.

En abril de 2025 se conoció que 22 concejales de Nueva Canarias (NC-BC), pertenecientes a las circunscripciones municipales de Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Moya, Ingenio, Arucas, Teror, así como un consejero del Cabildo de Gran Canaria abandonaban el partido político para sumarse a un nuevo proyecto político liderado por los alcaldes de Gáldar y Agüimes; Municipalistas Primero Canarias.

Según Nueva Canarias, los concejales de estos municipios junto a un consejero del Cabildo de Gran Canaria presentaron un escrito, vía burofax, solicitando la baja de militancia del partido político (NC-BC), e indicaron que ello no implicaba el abandono de la coalición electoral. Dichos escritos aseguran que fueron recibidos el 28 de abril de 2025 en oficina de Correos por los representantes de NC.

Las relaciones entre Nueva Canarias y el sector crítico con la formación se han tensado en los últimos días tras las acusaciones de transfuguismo. Se trata de una situación que preocupa fundamentalmente en el Cabildo de Gran Canaria, donde gobiernan ambas corrientes y en los ayuntamientos de Santa Lucía y La Aldea.

El pasado fin de semana Nueva Canarias envió un comunicado en el que aseguraba que tomaría decisiones frente al “transfuguismo político”. Lo decía en referencia a que militantes y altos cargos del partido se están posicionando públicamente con la nueva plataforma que lideran los alcaldes de Gáldar y Agüimes y de la que aún no se ha desvelado el nombre.

“Nosotros hemos dicho con claridad que los grupos independientes que han roto con Nueva Canarias están en su derecho, ahí no nos metemos. Pero también hemos dicho con claridad que los afiliados, los cargos públicos u orgánicos que son afiliados de Nueva Canarias, si manifiestan o impulsan reuniones o su apoyo a un nuevo partido, pues automáticamente incurren en un acto de transfuguismo”, asegura el secretario de Organización del partido, Carmelo Ramírez.

Por su parte, Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y portavoz del sector crítico, señala a Canarias Ahora que piden el mismo trato que el que los miembros de NC recibieron en 2005 cuando rompieron con Coalición Canaria. Defiende que lo que está ocurriendo ahora “es replicar exactamente lo mismo que hicieron Román y Carmelo en el 2005, pero con un matiz más importante”, dice en referencia a que Nueva Canarias se presentó como una coalición de partidos “ Nueva Canaria - Bloque Canarista- Frente Amplio”.

Hernández señala que a Carmelo Ramírez en 2005 no se le trató de tránsfuga y que él pedía libertad para quienes quisieran pasar de CC a NC, manteniendo lealtad en las instituciones.

Carmelo Ramírez explica a este periódico que no lo ve de la misma manera. “Eso es falso. Cuando nosotros nos fuimos de Coalición Canaria en el año 2005, en ese momento Coalición Canaria era una federación de partidos”, apunta. Explica que, por ejemplo, en el Cabildo de Gran Canaria había varios consejeros de diferentes formaciones, “algunos éramos de ICAN, otros como Óscar Hernández eran de Roque Aguayro, había una concejala de ASBA, otros eran del CCN... Los que abandonamos Coalición Canaria fuimos los partidos y no nos fuimos de nuestros respectivos partidos”, insiste.

Por ello, pone el ejemplo de que cuando NC hace referencia a los partidos municipalistas que están rompiendo con esta formación (como BNR, Roque Aguayro...) no les están tratando como tránsfugas. “Los que sean de los grupos independientes, pues nosotros en eso no nos metemos, porque esos no son afiliados de Nueva Canarias. Pero si se es afiliado de Nueva Canarias, entonces sí, porque no se puede estar en dos partidos al mismo tiempo”, remarca Ramírez.

El secretario de Organización de Nueva Canarias insiste en que el transfuguismo está condenado políticamente por los partidos en el pacto antitransfuguismo. “Es de lo peor que hay en la política, tú dices una cosa y luego haces otra, o tú te presentas por una sigla y después te cambias de partido”, apunta. Por ello, insiste en que su partido condena esta práctica y pedirá que se entregue el acta. “Después, si la entrega o no la entrega, pues eso cada uno es responsable con sus actos. Si la entrega, bien, y si no la entrega será un tránsfuga”, resume.

Óscar Hernández apunta que tienen un documento jurídico que avala que por esa forma en la que se presentó NC a las elecciones como “frente amplio” las personas que se desvinculan de este partido las actas son de esos consejeros y concejales. Además, agrega que los partidos no pueden intervenir para modificar esa situación sino el grupo político que se constituye tras las elecciones.

Ramírez apunta que el pacto antitransfugismo tiene naturaleza política y si un partido le abre un expediente por transfugismo a un afiliado, pues es el partido es quien decide. No obstante, el enviar a esa persona al grupo no adscrito o no corresponde al grupo porque la jurisprudencia entiende que el acta es individual, algo con lo que afirma que no está de acuerdo porque esas personas han sido elegidas por presentarse con unas siglas.

Hernández, por su parte, también menciona que se estaba trabajando en un documento para dar estabilidad ambos sectores a las instituciones en las que gobiernan juntos. Ramírez señala que ahora mismo no hay reuniones y que “siempre hemos manifestado como Nueva Canarias que estamos y vamos a respetar los programas electorales y la estabilidad en las instituciones donde gobernamos”.

Sobre la situación de Santa Lucía, bastión histórico de Nueva Canarias, Ramírez apunta que hay personas que se han significado con la nueva pplataformay que después de Semana Santa la Ejecutiva decidirá si se le abre expediente a estas personas.

Los partidos políticos de corte municipalista críticos con la dirección de Nueva Canarias (NC) han firmado este jueves ante notario el protocolo de constitución de su nueva organización, el primer paso para constituirse formalmente una vez el Ministerio del Interior conceda el visto bueno.

Según ha explicado a EFE uno de los líderes de este sector crítico, y alcalde de Gáldar (Gran Canaria), Teodoro Sosa, este viernes enviarán toda la documentación al Registro de Partidos Políticos de Interior, que tendrá que analizar toda la documentación y comprobar que el nombre que se le ha querido poner a esta nueva fuerza política -y que no ha querido desvelar por el momento- no exista ya.

Sosa ha asegurado que en esta firma ante notario se respiraba “muchísima ilusión” por parte de las ocho formaciones firmantes, que representan a nueve municipios de la isla de Gran Canaria.

Estas son Bloque Nacionalista Rural (BNR), la formación liderada por el propio Sosa; Roque Aguayro, a la que pertenece el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; Fórum Drago de Ingenio, que se sumó este mismo miércoles; Juntos por Guía; Compromiso por Firgas; Asociación de Barrios de Valsequillo; Unión Veguera de San Mateo, y Agrupación de Electores por Tejeda.

El alcalde de Gáldar, también vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, ha señalado también que en las próximas semanas se irán sumando al proyecto concejales y miembros de agrupaciones de Nueva Canarias en distintos municipios como Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Arucas o Teror.

Es por ello que Sosa ha destacado “la ilusión” que ha despertado este proyecto político, lo que en su opinión ha demostrado que no están “solos en esta batalla, que hay muchas fuerzas locales que se han incorporado”.

En la firma de este protocolo de constitución de partido se incluyen los estatutos de la futura formación, que ahora tendrán que ser analizados por Interior.

Cabe recordar que Teodoro Sosa dijo en su asamblea de desconexión que dos eran las cuestiones que se pidió a Nueva Canarias para llegar a este punto de ruptura: un cambio en la presidencia del partido (que podía recaer en la cúpula del partido) y que la secretaría de organización recayera en una persona de los partidos independientes. No obstante, dijo que el detonante ha sido la falta de apoyo en las mociones de censura que vivieron varios representantes de distintos municipios como Guía, San Mateo o Agaete. 

Nueva Canarias ya expresó tras la marcha del partido del alcalde Gáldar y líder de los críticos, Teodoro Sosa, que lamentaba esta decisión, pero insistía en su idea de expandir el canarismo de izquierdas. “Si siguen en la izquierda, nos encontraremos”, dijo recientemente Román Rodríguez. El partido había ofrecido a los críticos adelantar el congreso y más participación de este sector e insistía en que se debatiera en el seno del partido. “Renovación no es imposición”, afeaban. 

Turismo, vivienda y políticas sociales, son las áreas que acumulan mayor número de propuestas por parte del PSOE y Nueva Canarias para el Debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias. Ambos partidos coinciden en cuestiones como un impuesto a las estancias turísticas de carácter finalista o la aprobación de un nuevo plan de vivienda, entre otras.

El Debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias se reanuda este viernes con el debate de inciativas presentadas por todos los grupos. Los partidos que sustentan al Gobierno presentarán un cúmulo de propuestas de forma conjunta, aunque este periódico ha intentado contar con ellas, no nos las han remitido.

Nueva Canarias y el PSOE centran gran parte de sus propuestas en medidas sociales como un nuevo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias; nuevos planes extraordinarios de empleo para dar respuesta a las necesidades de personal en el área de Dependencia o recuperar el diálogo con la representación de las y los trabajadores de la Consejería de Bienestar Social, en el caso de los socialistas.

Los nacionalistas piden reconsiderar la implantación del nuevo decreto de dependencia (al que se oponen los colegios de Trabajo Social y el personal de la Consejería) o incrementar los medios materiales humanos necesarios para reducir las listas de espera. También reclaman el desarrollo de la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía.

En vivienda, el PSOE también propone “potenciar y desarrollar políticas públicas de vivienda diversificadas”, incrementar sustancialmente el presupuesto para ampliar el parque público vivienda así como promover un plan para movilizar las viviendas vacías de Canarias. NC, por su parte, reclama que “la vivienda sea considerada de forma efectiva un bien social y como tal se le preste la prioridad presupuestaria que merece”.

Revertir los recortes en violencia machista

NC plantea “seguir impulsando acciones para luchar contra la violencia machista, donde Canarias es una de las comunidades con mayor crecimiento” y el PSOE “compensar la pérdida de financiación sufrida para dar cobertura suficiente a las ayudas económicas para las mujeres en situación de violencia de género ante los recortes sufridos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma por segundo año consecutivo”.

Los socialistas incorporan medias en materia de memoria democrática como que se garantice la continuidad del Catálogo de Vestigios Franquistas, respetando el trabajo del Comité de Expertos y evitando su revocación, así como a finalizar y publicar las fases pendientes en 2025. También que colabore activamente con la Mesa del Parlamento de Canarias en la declaración del salón de plenos como “monumento a la memoria histórica” y como “lugar de memoria democrática”.

En Educación, ambos partidos reclaman invertir el 5% de nuestro producto interior bruto, tal y como se expone en la ley canaria. También impulsar la escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años así como “promover el desarrollo de los contenidos canarios en los currículums”, dice NC.

El PSOE propone priorizar la lucha contra el cambio climático como respuesta regional a una crisis global con el desarrollo y NC añade un programa de Refugios Climáticos.

Menores no acompañados

Los socialistas también proponen “seguir trabajando con el Gobierno de España garantizar la adecuada atención integral de los menores extranjeros no acompañados, basada en un enfoque de derechos humanos para su plena inclusión social y ello mediante la aplicación de una solución estructural, con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, sin perjuicio de la aplicación de medidas coyunturales como una eventual distribución extraordinaria entre las CCAA”.

“El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, a su vez, inste al Gobierno de España a impulsar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, como medida estructural, para la distribución obligatoria de los menores extranjeros no acompañados entre todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que Canarias asume en solitario la tutela de más de 5.500 de estos menores”, es la propuesta de los nacionalistas.

Además, NC promueve “una solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental en base a las resoluciones de las Naciones Unidas”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha insistido este viernes en que la ruptura en Nueva Canarias no afecta al funcionamiento del Gobierno insular. Además, ante la posibilidad de que haya un cambio en la portavocía de NC en el Cabildo (que ostenta Teodoro Sosa, líder de los críticos con el partido de Román Rodríguez) ha dicho que la decisión corresponde al grupo y no a él como presidente.

“Si hay un pacto, hay un acuerdo, y ningún tipo de problema en que se puedan producir modificaciones en la representación de la portavocía. Pero es el grupo quien elige, no es el presidente el que nombra a un portavoz”, ha insistido a una pregunta del consejero en la oposición Miguel Jorge Blanco (PP).

Morales ha afeado a Blanco que en su partido a veces no sabe si es él quien ostenta la portavocía o Pepa Luzardo: “Muchas veces parecen Feijóo y Ayuso”, dijo. “¿Sabe qué me preocupa más? Por ejemplo, no saber, en muchos casos, quién es el portavoz. Si usted o doña Josefa Luzardo”, remarcó el presidente del Cabildo.

“Cuando usted (Jorge Blanco) saca la cabeza, (Josefa Luzardo) parece la portavoz Ayuso desmintiéndole lo que usted plantea. Pero eso sucede en muchas ocasiones también”, recalcó Morales. “A veces me preocupa más eso, ver cómo en la oposición hay esa división a la hora de afrontar la portavocía”, remarcó.

Miguel Jorge Blanco tachó de “espectáculo” la división entre Nueva Canarias y los partidos locales que se han desconectado de la formación. “Ha pasado ya la frontera de ser un asunto de carácter interno y afecta sin duda alguna a la gobernabilidad del Cabildo de Gran Canaria, que es lo que preocupa a los grupos políticos de este Pleno e incluso a los ciudadanos”, subrayó.

“Mientras tanto, el señor presidente ha permanecido impasible, ha permanecido al margen de esa hoguera de vanidades existentes entre unos y otros, tratando de no quemarse, de estar al margen de esa pelea y tratando, en fin, de que no le afecte. Un miembro del gobierno relevante ha pedido la destitución del portavoz del grupo de Nueva Canarias en el Cabildo (en referencia a Carmelo Ramírez) y otro portavoz ha dicho que de eso nada, que el portavoz no se va...”, prosiguió el consejero del PP.

“A mí me gustaría preguntarle, señor presidente,  ¿va usted a hacerle caso a don Carmelo Ramírez para destituir al portavoz de Nueva Canarias o no? ¿Va a seguir usted permaneciendo al margen de este problema o va a tomar cartas en el asunto en relación con este tema? Lo digo porque en esta hoguera, en el que usted todavía no se ha quemado, es posible que en algún momento las llamas también... ”, dijo Miguel Jorge Blanco.

“Ya le gustaría a usted que eso sucediera”, contestó Antonio Morales, que bromeó diciendo que se imagina “que está haciendo hasta un novenario” además de un “vía crucis”. Además, le invitó a que dijera una sola acción del Gobierno insular que se vea afectada por esa situación de ruptura de Nueva Canarias.

“Es un ejercicio clarísimo de democracia, de pensar distinto, de hacer planteamientos distintos y que eso no trascienda al órgano donde se está volando.  Y además me gustaría que sucediera en muchos de los ámbitos donde ustedes gobiernan”. En este punto, Morales le afeó que mientras en Europa se ponen barreras a la extrema derecha y al fascismo, en España el PP les “abren los brazos”.

“Aquí hay un presidente comprometido en que efectivamente eso no afecte en absoluto a las instituciones. No ha afectado, no va a afectar, no está afectando, por lo tanto, no hay ningún problema en eso. Insisto, a usted ya le gustaría que eso sucediera.  Y lleva algunos años en política para saber que los portavoces los elige el grupo”, concluyó Morales.