Un modelo pionero para conectar bodegas y núcleos vitivinícolas tradicionales que potencie sus posibilidades turísticas y que sirva también como fórmula para combatir la despoblación rural en la provincia de Guadalajara.

Ese es el objetivo del proyecto en el que trabajan varios investigadores e investigadoras del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá (UAH) en el Campus de Guadalajara, coordinados por el catedrático Pedro Cuesta Valiño y la profesora titular Estela Núñez Barriopedro.

Se trata de crear una Ruta de Enoturismo en una provincia, Guadalajara, con amplia tradición vitivinícola que, sin embargo, ha pasado más desapercibida que en otros puntos de una comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha, que posee el mayor viñedo del mundo

Será una ruta del vino articulada como clúster turístico, gestionada de forma colaborativa y apoyada en herramientas digitales, que generará beneficios socioeconómicos medibles, como el empleo, la facturación turística o el emprendimiento y que contribuirá a la preservación del patrimonio vitivinícola, ralentizando la pérdida de población en los municipios implicados.

La profesora Blanca García Henche, profesora titular de la UAH y miembro del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha, participa en este proyecto como responsable del trabajo de campo. “Estamos haciendo un mapeo para saber lo que tenemos y después desarrollar la ruta enoturística. Primero se ha de hacer un diagnóstico del potencial enoturístico -recursos, servicios, accesibilidad o imagen de marca- de la ruta propuesta”.

En marzo de este año la Unión Europea registró la nueva Denominación de Origen Protegida de vino de pago ‘Río Negro’. Se sumó así a la Denominación de Origen Mondéjar.

En Guadalajara hay varias bodegas en Mondéjar- la quinta generación ya-, Cogolludo y Pioz que ya ofrecen actividades de enoturismo, pero también están las grandes desconocidas: pequeñas bodegas familiares ubicadas en cuevas centenarias, como las que hay en Gárgoles de Abajo, un pequeño municipio de menos de 50 habitantes que cosecha uva garnacha y que, gracias a la Asociación GAntrum, cada mes de septiembre celebra unas Jornadas Enológicas. Además está diseñando una ruta de bodegas y la puestra en marcha de una bodega-museo virtual.

En estas cuevas naturales se ha venido elaborando vino por tradición - se sabe que lo hacían los romanos- aunque siglos después también sirvieron como refugio durante la guerra civil española. Hay unas 230 repartidas en cinco kilómetros de galerías subterráneas.

Pero no solo ocurre en Gárgoles de Abajo. El casco histórico de la localidad de Horche está horadado por cuevas familiares. Hay más de 500. “Ya trabajan con rutas guiadas los fines de semana donde se habla de los vinos claretes, de su peculiar forma de elaborarlos y de uvas que no son tan conocidas. Alguna se va a convertir en museo”.

“En Cogolludo también hay una amplia referencia histórica que tiene que ver con el vino, ya desde el siglo XV. Las referencias están en escritos históricos, como las del libro del viaje de Felipe el Hermoso en 1501, que elogia la calidad de los vinos locales. Incluso la patrona del pueblo, la Virgen de los Remedios, aparece representada con un racimo de uvas”, explica la profesora.

En Trillo una ruta teatralizada permite conocer sus cuevas-bodega. Y en Cendejas de Enmedio la tradición vitivinícola también lleva a sus vecinos y vecinas a celebrar una ‘Fiesta de las Bodegas’ en abril, coincidiendo con el ‘trasiego’ del vino.

Tenemos una historia vitivinícola que no se conoce, probablemente porque la producción se quedó siempre en el ámbito local. Ahora están muy de moda los vinos naturales, esos que se han hecho toda la vida en casa

El viñedo en este pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara era muy extenso hasta que la filoxera lo diezmó hace unos cien años, y con ella las variedades autóctonas - el tinto fragoso- que un proyecto intenta recuperar desde 2020.

El proyecto de la Universidad de Alcalá Modelo de gestión de la Ruta de Enoturismo de Guadalajara para el desarrollo sostenible, la mejora del bienestar y felicidad del consumidor, la preservación patrimonial y el freno de la despoblación en el ámbito rural, financiado por las Cortes de Castilla-La Mancha, comenzó en septiembre y se prolongará hasta finales de este año 2025, asociado a la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Cuenta también con la participación de la Universidad Autónoma de Buenos Aires, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de León.

“Tenemos una historia vitivinícola que no se conoce, probablemente porque la producción se quedó siempre en el ámbito local”, explica Blanca García. Ella cree que es un buen momento para dar visibilidad al patrimonio vitivinícola de la provincia. “Ahora están muy de moda los vinos naturales, esos que se han hecho toda la vida en casa”.

A eso se suma, apunta, que muchos proyectos gastronómicos de la provincia también están asociados al vino. Uno de los casos es el de Fátima Gismero, pastelera revelación en Madrid Fusión 2021. “Elabora dulces con las lías y las uvas de los vinos de Alto de Pioz, como los ‘harinados’ con cabernet y tempranillo, tradicionales de la zona”.

Modelo “colaborativo” para ofrecer el ‘storytelling’ de Guadalajara

El concepto de este modelo es “colaborativo”, explica la profesora de la Universidad de Alcalá. Se aleja de la habitual idea de la mera visita a la bodega, buscando un concepto más integral. “Hay que generar un producto completo turístico en torno al vino: dónde me puedo alojar, qué puedo comer, que otras empresas me ofrecen actividades… Es como el ‘stoytelling’ de Guadalajara, su relación cultural e histórica con el vino”.

Blanca García Henche asocia la potencialidad del sector del vino con otras complementarias y relacionadas con la historia de los pueblos, el patrimonio o la cultura, los paisajes y productos como la trufa, el cordero o el aceite y la miel de la Alcarria que pueden encontrarse en las cocinas de los establecimientos de la provincia. “Tenemos ya vídeos promocionales y hasta una cuenta en Instagram para divulgar la Ruta del Vino de Guadalajara, que tiene ya su imagen de marca y a través de la que ya estamos dando a conocer las posibilidades. Además, estamos preparando una web informativa”.

Después, la hoja de ruta pasa por que las propuestas de la iniciativa se incorporen a las Rutas del Vino de Castilla-La Mancha y las Rutas del Vino de España, relacionadas con las denominaciones de origen de cada comunidad autónoma, y que cuentan ya con una marca consolidada.

La escena se repite desde hace semanas. Vito Quiles anuncia su presencia en una universidad española, no pide permiso —o se le deniega— y se presenta igualmente en el recinto para agitar una supuesta “censura” contra sus “charlas sobre la libertad y España”. En la mayoría de los casos, el agitador ultra no ha solicitado autorización a las autoridades universitarias, según ha podido comprobar elDiario.es. En otros, como ocurrió hace unas semanas en la Universitat Autònoma de Barcelona, fue una asociación la que trató de pedir permiso sin mencionar su nombre, y fue rechazado. Luego Quiles acude para quejarse de las “prohibiciones”. “Lo que han conseguido realmente prohibiéndonos dar charlas sobre libertad y sobre España es que esta gira se haya convertido en un movimiento masivo y patriótico histórico”, proclamaba frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, una de las primeras paradas de su 'tour' universitario.

Ahora, su gira está pausada. Así lo anunció el pasado viernes después de cancelar por primera vez su charla en el campus de la Universidad de Navarra (UNAV) ante la respuesta de centenares de manifestantes y los disturbios que se generaron en las calles de Pamplona. La institución no lo había autorizado ante el temor a que se produjeran choques violentos, como finalmente ocurrió, con un periodista agredido. “Ayer la izquierda causó escenas de terror que no se pueden repetir”, escribió Quiles en la red social X. La suspensión será durante al menos una semana con el objetivo de “coordinar con las autoridades un escenario que garantice la seguridad de la gente y mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Yo no quiero violencia, quiero poder hablar en mi país”, dijo.

En sus paradas previas sí había acudido al recinto universitario, pese a no tener permiso para hacerlo, para hablar megáfono en mano y presentarse como una especie de mártir censurado. Los expertos explican los elementos que construyen su relato: la confrontación, la difusión de bulos y el papel de los medios.

Qué busca con su gira sin permisos

“El conflicto, no la charla, es el verdadero evento”, explica Ignacia Perugorría, socióloga y profesora en la Universidad del País Vasco. Y en este último suceso en Pamplona se materializa cómo también los manifestantes en contra de la presencia de Quiles en las universidades entran en su juego de polarización y, en este caso, escalan la violencia y le ponen en bandeja que ratifique su marco.

“Lejos de desplazar el foco hacia la necesidad de reforzar los valores universitarios de pensamiento crítico, diálogo informado, pluralismo y convivencia [analiza la socióloga] los recientes sucesos acaecidos en la Universidad de Navarra constituyen, muy probablemente, la reacción que Quiles buscaba generar: una respuesta que alimenta su narrativa y amplifica su visibilidad en redes”. Por ello, subraya la importancia de optar por “estrategias no confrontativas, como foros de debate, manifiestos, campañas pedagógicas o actos culturales. Estos repertorios permitirían recentrar el debate en los principios académicos, contener la polarización, y evitar la capitalización mediática de esos episodios”.

El agitador aprovechó la tensión para difundir un bulo que pusiese el foco donde más le interesaba. “La Jefatura de la Policía Nacional me alerta de que no puede garantizar la seguridad del acto ante la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra. La Policía ha interceptado a esta hora 16 cuchillos y navajas en un registro aleatorio realizado en Pamplona a dos autobuses procedentes de Bilbao”, escribía en una publicación de 'X'.

Desde la Delegación del Gobierno en Navarra desmintieron estas afirmaciones en un comunicado remitido a los medios. “Es falso que Policía Nacional haya señalado que no podía garantizar la seguridad del acto previsto en la Universidad en Navarra”, aclararon, añadiendo que también es mentira que “se haya incautado de cuchillos y navajas en autobuses procedentes de Bilbao”. “Por lo tanto, Policía Nacional no ha influido en la decisión final sobre la celebración o no del acto”, concluyeron.

“Su identidad se alimenta de la confrontación”

Pero su relato ya estaba claro. Quiles consigue victimizarse y revivir a ETA en su discurso, un enemigo importante para él, porque, como expone Perugorria, “la extrema derecha necesita antagonismo; su identidad se alimenta de la confrontación”. Cada protesta, dice, “puede reforzar su narrativa de censura si se percibe como intolerancia o violencia”.

La UNAV fue la única universidad que recibió una solicitud de autorización expresa firmada por Vito Quiles para su charla. La institución, privada y vinculada al Opus, no autorizó el acto porque las actividades “han de estar enmarcadas en asignaturas concretas, de las que son responsables los profesores, o iniciativas aprobadas por las autoridades de la Universidad” y no en “el activismo político o intereses personales”, según argumentaron en un comunicado.

Desde la Universitat Autónoma de Barcelona, otra parada de su gira, le advirtieron de la falta de permiso antes del acto. “Si usted no se ha dirigido en ningún momento a los responsables de esta universidad para seguir el procedimiento preceptivo y vinculante para llevar a cabo conferencias, charlas, actos públicos, etc., le pedimos que se abstenga de hacer cualquier actividad en el campus sin autorización explícita”, comunicaban. La UAB recibió dos solicitudes por parte de la asociación S’ha Acabat! para actos el 16 de octubre, en ninguna de las cuales se mencionaba a Vito Quiles.

En Granada, megáfono en mano y envuelto en una bandera de España a modo de capa, Quiles lanzaba su discurso subido a los hombros de un guardaespaldas, intentando sobresalir entre la multitud de seguidores que lo rodeaban. La escena, más cercana a un mitin político que a una conferencia sobre “periodismo crítico y comunicación política”, se completaba con los manifestantes antifascistas que se concentraron en el campus para expresar su rechazo.

Pero el agitador no construye esta narrativa en solitario. Además de la colaboración de la asociación S’ha Acabat!, las redes sociales y las plataformas afines a él desempeñan un papel central en la difusión de su relato victimista, que lo presenta como un mártir censurado que desafía al poder. Es lo que refleja la campaña de la organización ultraconservadora Hazte Oír, que lanzó una recogida de firmas para exigir a la Universidad de Granada que “garantice la libertad de expresión de Vito Quiles”. En la web de la campaña se muestra al propio Quiles amordazado, bajo el lema “¡No a la censura!”.

¿Por qué esta insistencia en hacer creer que le cierra las puertas incluso cuando, en la mayoría de casos, ni siquiera intenta que se las abran? ¿Por qué no tramitar los permisos por sí mismo en todas las universidades? “La denuncia de censura es un elemento central del repertorio discursivo de las nuevas extremas derechas”, explica Perugorría. Al presentarse como víctima de un sistema “dominante” (universidades progresistas, feminismo, izquierda cultural) el agitador “se legitima moralmente como un ‘outsider’ que desafía al poder y genera simpatía apelando a la libertad de expresión”.

El rebelde de derechas: se trata de aparentarlo

Esa escenificación —banderas, provocaciones y cámaras grabando cada gesto— forma parte de una estrategia muy calculada. Como expone Perugorría, “su rebeldía es más performativa que política: no busca transformar estructuras, sino visibilizarse en el conflicto”. La investigadora define este tipo de actos como “un simulacro de rebelión, donde la transgresión se convierte en espectáculo y la confrontación en contenido viral”.

La tónica se repite en otras paradas más recientes, Málaga y Valencia. Según han informado ambos centros a este diario, la solicitud de permiso para la charla se tramitó a través de asociaciones, no en nombre de Vito Quiles, y fueron desestimadas. En los dos campus se desplegaron amplios dispositivos policiales, se enfrentaron manifestantes y seguidores, y se produjeron fotografías de toda la escena que retratan al “rebelde de derechas” que busca proyectar. “La rebeldía de derechas se apropia de los signos del inconformismo —la irreverencia, el humor provocador— pero los vacía de contenido emancipador y los reorienta hacia la defensa del orden establecido”, añade Perugorría, que define esta corriente como un “reaccionarismo supuestamente antihegemónico”.

Sosteniendo la bandera de España, con rostro triunfante y sonrisa canalla, Quiles se dirige a los manifestantes para provocarles mientras la policía le impide el paso. Pero no hay charla. Lo importante es la foto, los vídeos que se suben a redes sociales y se reproducen en televisión. En ninguno de los casos se ha celebrado la conferencia anunciada.

En Canarias, en la Universidad de Las Palmas, que no ha recibido ninguna solicitud de uso de espacios, ya le han dado portazo de forma preventiva: “Los campus son espacios de conocimiento, libertad y convivencia”. La Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, ha lanzado un comunicado en términos similares, subrayando que “las universidades no deben ser instrumentalizadas como escenarios de confrontación o propaganda ajenos a su misión educativa y científica”, y según ha informado a este periódico, también recibieron una solicitud de permiso “a través de un intermediario y se le dijo que no”.

Perugorría cree que la respuesta más efectiva pasa por “reforzar la legitimidad de la institución universitaria como lugar de pensamiento crítico y diálogo informado, desplazando el foco del agitador hacia los valores de convivencia y pluralismo”. En su opinión, el reto es “mostrar cómo se construye la narrativa de victimización y de censura para reducir su capacidad de polarizar el debate público”.

Cómo se genera el personaje: la responsabilidad de los medios

Sin embargo, el análisis de la estrategia de este tipo de activistas reaccionarios no se puede completar sin el papel de los medios. En opinión de Luis García Tojar, profesor de Sociología y Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, “personajes” como Vito Quiles se multiplican y logran amplificar sus discursos victimistas gracias a los medios de comunicación, a los que responsabiliza directamente. “Más allá del caso concreto de este chico, es un problema de un espacio mediático que no funciona muy bien, donde la repercusión no es en función del interés público, sino en función del interés de la audiencia, de los clics o de lo que pueda valer un minuto de televisión donde salga este muchacho”. “No hemos puesto una frontera entre lo que es el periodismo y lo que son bromas de televisión”, añade.

“Es una práctica muy vieja de los movimientos políticos, especialmente de los movimientos políticos fascistas, que al principio de su andanza histórica no tenían seguidores y aprovechaban para generar escándalo, tumulto y hacerse conocer a partir de la polémica generada”, explica. El académico interpreta la gira de Quiles como un nuevo intento “desesperado” por mantenerse relevante: “Es la generación de un pseudo-evento para ir luego con la cámara y sacar alguna imagen de alguien dando empujones o gritando, y poder decir que están censurados”.

“Los nazis iban a las fábricas donde estaban los obreros, que casi todos eran comunistas, a organizar mítines y generar bronca en la calle para luego ponerse el cartel de víctimas”, recuerda el profesor, que compara esta escenificación con la presentación de la candidatura autonómica de Vox en Vallecas para las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021. En aquella ocasión, se repitió este mismo esquema de provocación a la que acudieron manifestantes en contra del acto y se vieron imágenes de disturbios y cargas policiales, cumpliendo su objetivo de “generar bronca y obtener espacio mediático”. 

Ante la dificultad de mostrar rechazo ante la presencia de agitadores sin entrar a su juego, el catedrático opta por “el humor”: “Puede ser una manera más inteligente. Desde luego, el enfrentamiento físico no, porque va a conseguir las imágenes que quieren. Pero, el humor, tomarse a 'chufla' del acto, grabar lo que ellos están grabando de manera que se pueda ver todo el todo el elemento escénico que tiene el asunto, puede ser otra manera de hacerlo”.

Acaba una de les principals batalles de la guerra contra la recerca universitària del fill de l’alferes jurídic que va participar en el procés que va desembocar en la condemna a mort del poeta Miguel Hernández.

La secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS) no ha admés el recurs del fill d’Antonio Luis Baena Tocón contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que va descartar el juny del 2024 que la Universitat d’Alacant (UA) eliminara de la xarxa un treball acadèmic del catedràtic Juan Antonio Ríos Carratalá, tal com demanava el fill de l’alferes jurídic. La sentència del TSJCV avalava la sentència inicial del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Alacant, una mena d’al·legat a favor de la llibertat d’expressió i de la recerca científica.

La providència del TS, del 2 de juliol passat, acorda la no admissió a tràmit del recurs pel fet de mancar “ d’interés cassacional objectiu”. La resolució, que és ferma, recorda que hi ha jurisprudència sobre dret a l’oblit de les dades d’una persona morta, “citada per la sentència recorreguda”.

També considera que “s’evidencia” que l’escrit del recurs suposa una “mera discrepància” amb la sentència del TSJCV. L’alt tribunal autonòmic imposa les costes processals al fill de Baena Tocón.

Tots els fronts del fill de Baena Tocón

El descendent de l’alferes jurídic va emprendre una batalla jurídica en diversos fronts arran que el catedràtic Ríos Carratalá publicara un treball acadèmic sobre el citat procés, en què Baena Tocón va participar.

A més de la sentència del TS que impedeix que la UA elimine l’article acadèmic, el fill de l’alferes també va veure que el mateix tribunal va donar la raó a Google i va rebutjar la possibilitat del dret a l’oblit de Baena Tocón i, per tant, que es desindexara el treball.

D’altra banda, un jutjat de Cadis va condemnar el reconegut investigador per intromissió il·legítima en el dret a l’honor de Baena Tocón, en una sentència que no és ferma i que va ser recorreguda per la Fiscalia.

Acaba una de las principales batallas de la guerra contra la investigación universitaria del hijo del alférez jurídico que participó en el proceso que desembocó en la condena a muerte del poeta Miguel Hernández.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso del hijo de Antonio Luis Baena Tocón contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que descartó en junio de 2024 que la Universidad de Alicante (UA) eliminara de la red un trabajo académico del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, tal como pedía el hijo del alférez jurídico. El fallo del TSJ-CV avalaba la sentencia inicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, una suerte de alegato a favor de la libertad de expresión y de la investigación científica..

La providencia del TS, del pasado 2 de julio, acuerda la inadmisión a trámite del recurso al “carecer de interés casacional objetivo”. La resolución, que es firme, recuerda que existe jurisprudencia sobre derecho al olvido de los datos de una persona fallecida, “citada por la sentencia recurrida”.

También considera que “se evidencia” que el escrito del recurso supone una “mera discrepancia” con la sentencia del TSJ-CV. El alto tribunal autonómico impone las costas procesales al hijo de Baena Tocón.

Todos los frentes del hijo de Baena Tocón

El descendiente del alférez jurídico emprendió una batalla jurídica en varios frentes después de que el catedrático Ríos Carratalá publicara un trabajo académico sobre el citado proceso, en el que Baena Tocón participó.

Además de la sentencia del TS que impide que la UA elimine el artículo académico, el hijo del alférez también vio cómo el mismo tribunal le dio la razón a Google y rechazó la posibilidad del derecho al olvido de Baena Tocón y, por tanto, que se desindexara el trabajo.

Por otro lado, un juzgado de Cádiz condenó al reconocido investigador por intromisión ilegítima en el derecho al honor de Baena Tocón, en una sentencia que no es firme y que fue recurrida por la Fiscalía.

Varias personas han interrumpido el acto de la toma de posesión de la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, para protestar por la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y reprocharle su gestión en la dana del 29 de octubre, que ha arrasado gran parte de la provincia de Valencia y ha dejado más de 220 víctimas mortales.

Una de las jóvenes que ha protestado se ha dirigido a Navarro para señalar que le parece una “vergüenza” que haya invitado a Mazón, “máximo responsable” de las muertes por las inundaciones. “Hemos venido aquí para decir a Mazón que es un criminal”, ha exclamado, al tiempo que se ha referido al dirigente autonómico como “asesino” y “culpable”.

Al mismo tiempo, otro asistente ha espetado al jefe del Consell: “¡Vete a El Ventorro!” y otro más mostraba carteles con la imagen boca abajo del presidente y el lema 'Mazón dimissió'.

La ceremonia, que tiene lugar en el Paraninfo de la institución académica, cuenta también con la asistencia de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el conseller de Universidades, José Antonio Rovira, entre otros representantes institucionales.

Además, desde minutos antes de que comenzaran a llegar autoridades e invitados, decenas de personas --entre estudiantes y representantes sindicales y de diversas entidades-- han llevado a cabo una protesta en la que se han escuchado gritos de dimisión para Mazón y para Rovira. En las pancartas que muestran se pueden leer lemas como 'Mazón dimissió' y 'Mazón assassí' (Mazón dimisión y Mazón asesino).

A la salida del acto protocolario, el dirigente valenciano ha vuelto a ser increpado con gritos de 'Vergonya' (vergüenza) y reclamando de nuevo su dimisión.

“Un clamor social”

Al hilo de estos hechos, los partidos de la oposición han vuelto a criticar la posición del president. El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que es “un clamor social que el president del Ventorro debe marcharse”.

“Hoy en la Universidad de Alicante, la semana pasada en el Hospital General de Castelló. Los valencianos necesitamos pasar página”, ha manifestado en un mensaje en redes sociales en el que comparte un vídeo del momento en el que algunos asistentes se dirigen a Mazón.

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, también se ha referido a la protesta en la universidad alicantina con una referencia cinematográfica: “No habrá paz para los malvados”, ha escrito.

La batalla del PP por vetar los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) se remonta a 1996, cuando el entonces president Eduardo Zaplana entregó la formación de los galenos a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, el gran proyecto del PP para contrarrestar a la UA. Este lunes, casi tres décadas después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha dictado una sentencia que empieza a poner fin a la batalla por la Facultad de Medicina de la UA. El fallo de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal autonómico no se ahorra recados a la Abogacía de la Generalitat, controlada por el actual president Carlos Mazón, a cuenta de su decisión de retirar su personación en el marco del recurso de la UMH de Elche contra el decreto de 2022 del anterior Consell del Pacte del Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig, que autorizaba los estudios de Medicina en la UA. Mazón seguía así la senda de su mentor político, recientemente condenado a más de una década de cárcel por corrupción, en la guerra contra el grado de Medicina en Alicante. Y la última fase de la contienda supone un severo varapalo para los populares.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Miguel Ángel Narváez Bermejo, llega a afirmar que el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat que justificaba su allanamiento (el término jurídico que alude a la retirada de una parte en un procedimiento contencioso) tiene “escasa razón”. Así, el TSJ-CV “no comparte ni los razonamientos ni las conclusiones de tal dictamen”. El propio informe de la Abogacía de la Generalitat reconocía que “carece de elementos de juicio suficientes” y estaba armado con “simples conjeturas”, recuerda la sentencia.

La UMH de Elche recurrió el decreto del Pacte del Botànic alegando una serie de supuestos vicios de nulidad, tales como la ausencia de un informe preceptivo y vinculante sobre la necesidad y viabilidad del título; del análisis del impacto económico de la autorización de la implantación de los estudios; la “insuficiente e incorrecta” acreditación de la disponibilidad de centros e instituciones sanitarias para la formación práctica de los alumnos y de la motivación de la “necesidad y/o procedencia” de la implantación de un nuevo grado de Medicina en la UA, entre otros argumentos jurídicos. 

Una larga lista de alegaciones que la sentencia, que no es firme, desmonta de plano. Y es que el Consell de Ximo Puig y la UA contaban con “todos” los informes preceptivos favorables para ofrecer el grado de Medicina en Alicante. Empezando por el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con la “constancia inequívoca” de que la propuesta de título cumplía con la normativa.

El fallo repasa los convenios suscritos por la UA con la Conselleria de Sanitat y con centros sanitarios de la provincia de Alicante. Sin embargo, el informe de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) de 2019 es el que analiza en mayor profundidad el trasfondo de la batalla entre los Gobiernos del PP y la UA a cuenta de los estudios de Medicina: el beneficio indisimulado para las universidades privadas al limitar el grado a la UHM de Elche.

La AVAP reseñaba en su informe —profusamente reproducido en la sentencia— que la oferta prevista del grado de Medicina en la UA era inferior a la de la UMH de Elche. El mapa de los estudios de Medicina resulta especialmente llamativo: en la provincia de València hay cuatro facultades de Medicina (tres privadas y solo una pública), con una oferta total de 560 plazas por curso, según los datos de la AVAP de 2019. En la Universitat de València, la lista de espera superaba los 3.000 estudiantes. En la provincia de Murcia, limítrofe con Alicante, una de las facultades es pública (con 200 plazas) y otra privada (90 plazas).

Más de 1.000 estudiantes sin plaza en la pública

La UA ofrece 75 plazas por curso mientras que la UHM de Elche mantiene su oferta de 130 plazas. La ratio de estudiantes de Medicina de nuevo ingreso en universidad pública por población es de una plaza por cada 8.200 habitantes. Y en la provincia de Alicante la ratio se dispara a una plaza por cada 14.200 habitantes, lo cual “al menos en parte” justificaría, según la AVAP, la implantación del título en la UA. Además, en Alicante, con un único título en la UMH de Elche, la lista de espera de solicitantes de una plaza en Medicina que se quedaban sin posibilidad de acceso era superior al millar de estudiantes.

Además, el territorio valenciano contaba con una de las ratios de médicos especialistas por cada 100.000 habitantes más baja de toda España (con 5,27 frente a la nacional de 5,66). Tras la pandemia de la Covid-19, “existen sobradas razones de oportunidad y necesidad social que reiteran en los últimos años la necesidad de dotar de más profesionales al sistema público sanitario y, por ende, requieren de la ampliación de la oferta de plazas en los estudios de grado de Medicina”, afirmaba el informe de la AVAP. 

Por otro lado, la Conferencia General de Política Universitaria, en su reunión del 22 de diciembre de 2021, también destacó la “existencia de una fuerte demanda social” para aumentar la oferta de plazas del grado de Medicina, “conforme a una adecuada distribución autonómica y estatal”.

La AVAP presentó en 2019 un informe favorable al título de Medicina en la UA, al concluir que la oferta de plazas en relación con la demanda del entorno socioeconómico era “adecuada”, así como el personal docente previsto. La relación entre la demanda y el número de plazas ofertadas en las universidades públicas valencianas en idénticas titulaciones y similares era “proporcionada” y la tasa de graduación prevista era “correcta”. Finalmente, los recursos de la UA para favorecer la empleabilidad de los futuros egresados eran “adecuados”. Por otro lado, la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud dictó en 2022 su informe definitivo favorable.

“Todos” los informes favorables a la UA

En definitiva, “todos” los informes “aluden a la suficiencia de recursos y a la ausencia de incremento de gasto que suponga la autorización de la nueva titulación de Medicina”. No aumentan los costes para la UA: “la mayoría del profesorado ya presta sus servicios en otras facultades de la Universidad como la de Ciencias de la Salud”, recuerda la sentencia.

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ-CV concluye que la nueva Facultad de Medicina de la UA, defendida en este procedimiento por el letrado José María Baño, “cumplía” con todos los requisitos “imprescindibles” de calidad, profesorado, infraestructuras, planes de docencia, recursos económicos, medios y hospitales donde llevar a cabo las prácticas de los estudiantes.

Para “cerrar el círculo de todas las razones y argumentaciones favorables” a la validez del decreto, remacha la sentencia, “como botón de muestra del éxito de la nueva titulación”, los magistrados del TSJ-CV aluden a la “elevada demanda” de los estudios de Medicina en la UA “como segunda titulación más solicitada de la Comunidad Valenciana” que, además, “no ha supuesto un descenso” en la matriculación en la UHM de Elche, al “ocuparse todas sus plazas ofertadas y no quedar libres o vacantes sin cubrir”, siendo la nota de corte de ambas facultades “altísima”.

“La planificación hidrológica en nuestro país debe cambiar” y, además, “no puede depender tanto de la lluvia”. En un escenario de cambio climático, “la planificación debe hacerse desde la gestión de la demanda y no desde la oferta continuada”.

Quien lo afirma es Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. Esta semana ofrecía una conferencia en Toledo organizada por la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss.

Tras afirmar que “el agua es de la Tierra, del territorio por el que pasa”, sugiere adaptar cada territorio al cambio climático. “No creo que los trasvases sean la solución al problema del agua en nuestro país”, dice este científico que ha participado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). “¿Qué va a pasar con el trasvase? Pues habrá que verlo, pero a los gestores políticos les digo que han de tener un plan B”.

En cuanto a la disponibilidad de agua advierte: “No podemos esperar tener sistemas agrarios masivos o consumos urbanos masivos. Ni aquí, ni allí”, comentaba en alusión a Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia o Almería, destinatarias del agua del trasvase. En el caso de la región castellanomanchega a través de la llamada tubería manchega.

Jorge Olcina fue presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) y sobre el agua en general dice que “ya no hay conceptos estáticos ni a 70 ni a 40 años”. No solo habrá que hacer cambios en la agricultura y el turismo y adecuarlos a los recursos hídricos disponibles, sino que será necesario el uso de “recursos no convencionales”. Como el agua residual depurada. “Tenemos ese colchón por delante”, afirma, en particular para las ciudades medianas. “Deberían estar obligadas a usar el cien por cien de esas aguas depuradas”.

Los gestores tendrán que empezar a pensar en políticas de sustitución o de compensación en materia hídrica

En España ha cambiado la forma de llover, especialmente en la Serranía ibérica donde cada vez son menos frecuentes las borrascas atlánticas y eso no solo reduce las aportaciones en la cabecera del Tajo, sino que “pone en jaque cualquier sistema agrario o urbano”.

Sostiene que “cada cinco años habrá que cambiar toda la planificación del agua, la territorial también, aunque esto último sea más difícil”, teniendo en cuenta por ejemplo que las sequías son cada vez “más cortas e intensas” y que los gestores “tendrán que empezar a pensar en políticas de sustitución o de compensación en materia hídrica”.

Los conceptos “éticos” del agua

Durante la charla repasaba los que califica de “conceptos éticos del agua” porque “cuando no se respetan, hay problemas”. Se refirió a las “disputas crecientes” por el líquido elemento, a la vez que criticaba la “forma depredadora” de consumir este y otros recursos naturales, cuando “el futuro es realmente incierto”.

“Tenemos que conseguir seguridad hídrica, pero este es un concepto que se ha politizado cuando en realidad hablamos de un concepto científico-técnico”, lamentaba. Y es importante porque supone garantizar el abastecimiento de las demandas.

El catedrático pide “evitar conflictos” entre territorios a cuenta del agua, aunque reconoce que eso será “difícil” de lograr en nuestro país, “ahora y en los próximos años”, de ahí que haga un ofrecimiento que pasa por conseguir que la Ciencia “presida” el proceso.

También cree que el agua sigue siendo “muy barata” en algunas zonas de España. Es un problema porque “no le damos valor” y apuesta por desarrollar sistemas de captación de aguas pluviales para regar o para labores de baldeo en las calles. “Ya se hace en Barcelona, Alicante o Murcia”.

En las ciudades españolas se pierde anualmente una media del 15% del agua de las redes urbanas. En algunas hasta un 30%. En este sentido se muestra contundente y reclama sanciones, especialmente en ciudades que son destino turístico. “Tampoco sabemos realmente lo que consume la agricultura en España. No hay contadores, salvo algunas excepciones”, aunque recordaba que el PERTE de digitalización del ciclo del agua, financiado con fondos europeos, buscará solucionarlo.

Estamos en los estadios iniciales del cambio climático y es una situación que va a ir a más. No podemos seguir negando lo evidente y no lo digo desde el ámbito político sino desde la Ciencia. Yo trabajo con datos

Durante la conferencia no esquivó la cuestión de las consecuencias de la última DANA. Cree que habrá que abordar políticas de gestión del riesgo, desde la formación al conjunto de la población y también desde “la postura de la racionalidad”.

“En España se construye de forma intensa en zonas inundables desde los años 60” y reconoce que eso es un problema “serio”, pero también una “oportunidad de hacer las cosas bien”. Por ejemplo revisando todos los planes de ordenación urbana anteriores a 2010.

“Estamos en los estadios iniciales del cambio climático y es una situación que va a ir a más”, asegura el científico. Por eso cree que “hay que empezar a preparar el territorio para lluvias y para sequía”. Es un escenario claro para las próximas décadas, asegura, porque “hay tres o cuatro países que suponen el 75% de las emisiones de CO₂. Nadie ha cumplido los protocolos de Kioto y de París y eso no ha sido sancionado”.

“Habrá un calentamiento creciente, ahora estamos en los estadios iniciales”, aseveraba, teniendo en cuenta que un tercio del CO₂ que se emite a la atmósfera tiene como origen la actividad humana. “Hemos conseguido alterar el balance energético del planeta”, lamentaba, a pesar de los informes que ya en los años 70 del siglo XX alertaban sobre la deriva. “Se quedaron en un cajón”.

Sobre las posturas negacionistas del cambio climático lo tiene claro. “No podemos seguir negando lo evidente y no lo digo desde el ámbito político sino desde la Ciencia. Yo trabajo con datos”.

Las temperaturas han subido 0,8 grados de media desde la época preindustrial. Jorge Olcina se refirió al hecho de que en los primeros 24 años del siglo XXI “tengamos un Sol poco activo, que está en estado durmiente y, sin embargo, es cuando más se han incrementado las temperaturas en la Tierra. Hay un desacoplamiento y a eso hay que sumar la acción del hombre”. 

El 1996, amb el popular Eduardo Zaplana al capdavant de la Generalitat Valenciana, la Universitat d’Alacant (UA) va perdre la carrera de Medicina, els estudis de la qual van passar a impartir-se únicament en la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx. El curs passat, 27 anys després i després de rebre el suport del Govern del Botànic, Alacant va recuperar el grau de Medicina, de manera que 86 alumnes van poder cursar els seus estudis en el campus alacantí.

La UMH va iniciar llavors un procés judicial davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) contra l’autorització a la UA perquè poguera impartir el grau de Medicina, una causa en què estava personada la Generalitat Valenciana, governada encara pel PSPV, Compromís i Unides Podem, que donava suport a la recuperació d’aquests estudis per part de la universitat alacantina. El criteri del Consell, amb el PP al capdavant de la Generalitat, ha variat i ha decidit retirar-se del procés judicial, deixant sola la Universitat d’Alacant i aplanant de facto el camí del recurs de la Miguel Hernández, que està previst que es resolga el mes vinent de setembre.

Aqusta decisió ha provocat una controvèrsia important, amb crítiques des de diversos sectors, com la mateixa rectora de la Universitat d’Alacant o els partits de l’oposició (PSPV i Compromís). El president Carlos Mazón va justificar llavors la decisió de retirar-se del procés judicial aprovada pel ple del Consell en la “neutralitat” i perquè les dues universitats puguen “sumar” capacitats.

El cap del Consell es posiciona en favor d’un “gran campus sanitari provincial” per a posar fi a la rivalitat entre les dues entitats i potenciar Alacant com un clúster en formació universitària i demana “altura de mires” per a la creació d’un campus sanitari entre la Universitat d’Alacant i la Miguel Hernández en compte de “lluitar” per Medicina.

“En compte de lluitar entre Alacant i Elx, juguem a sumar, a coordinar i a l’economia d’escala que mereixen els nostres pacients per a tindre la millor formació. Jo el que oferisc damunt la taula és un treball conjunt d’un campus provincial en què ningú perda la seua essència i en què, sobretot, els alumnes i els pacients que seran atesos per aquests alumnes tinguen el personal més ben format amb les millors eines. Des del prisma de la confrontació, crec que no s’avança, i nosaltres estem per avançar”, explicava Mazón. Aquesta proposta té el suport del sindicat mèdic Cesmcv.

Decisió “absolutament insòlita” del Consell

Les crítiques a la decisió del Govern de Mazón de retirar-se del procés van començar per la mateixa rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, que lamentava aquest posicionament que va qualificar d’“absolutament insòlit”. Des del PSPV, l’expresident Ximo Puig censurava la decisió del Consell de Carlos Mazón, que qualificava de kafkiana en un article d’opinió publicat en el diari Información, mentre que l’actual secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, acusava el popular d’“atacar l’autonomia” de la Universitat d’Alacant amb Medicina mentre “plora” per la falta de metges, alhora que defensava com a “perfectament compatible” que s’impartisca el grau de Medicina en la UA i en la UMH. Així mateix, recordava que va ser un altre popular, Eduardo Zaplana, qui “va suprimir” aquests estudis a Alacant.

Per part seua, el portaveu de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, reclamava de Mazón que no genere “inestabilitat” en el sistema universitari valencià: “El que hi ha és un nou atac a la universitat pública per a afavorir un clúster sanitari on colar per la porta de darrere les facultats privades”.

“No entrem a valorar la posició de la UA i la UMH en la demanda, però el Consell de Mazón, lluny de mostrar una posició de neutralitat, retirant-se es posa de part, actua en contra dels actes propis, torpedina una titulació que s’ha impartit amb normalitat el curs passat generant inestabilitat en el sistema universitari valencià i coartant greument la possibilitat d’oferir solucions a la dramàtica manca de professionals sanitaris del sistema públic valencià de salut”, denunciava Baldoví.

En 1996, con el popular Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana, la Universidad de Alicante (UA) perdió la carrera de Medicina, cuyos estudios pasaron a impartirse únicamente en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. El curso pasado, 27 años después y tras recibir el apoyo del Gobierno del Botànic, Alicante recuperó el grado de Medicina, de forma que 86 alumnos pudieron cursar sus estudios en el campus alicantino. 

La UMH inició entonces un proceso judicial ante el Tribunal Superior de Justica (TSJCV) contra la autorización a la UA para que pudiese impartir el grado de Medicina, una causa en la que estaba personada la Generalitat Valenciana, gobernada todavía por PSPV, Compromís y Unides Podem, que respaldaba la recuperación de estos estudios por parte de la universidad alicantina. El criterio del Consell, con el PP al frente de la Generalitat, ha variado y ha decidido retirarse del proceso judicial, dejando sola a la Universidad de Alicante y allanando 'de facto' el camino del recurso de la Miguel Hernández, que se está previsto que se resuelva el próximo mes de septiembre.

Esta decisión ha provocado una controversia importante, con críticas desde diversos sectores, como la propia rectora de la Universidad de Alicante o los partidos de la oposición (PSPV y Compromís). El president Carlos Mazón justificó entonces la decisión de retirarse del proceso judicial aprobada por el pleno del Consell en la “neutralidad” y para que las dos universidades puedan “sumar” capacidades.

El jefe del Consell se posiciona en favor de un “gran campus sanitario provincial” para acabar con la rivalidad entre las dos entidades y potenciar Alicante como un 'clúster' en formación universitaria y pide “altura de miras” para la creación de un campus sanitario entre la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández en lugar de “luchar” por Medicina.

“En vez de luchar entre Alicante y Elche, juguemos a sumar, a coordinar y a la economía de escala que merecen nuestros pacientes para tener la mejor formación. Yo lo que ofrezco encima de la mesa es un trabajo conjunto de un campus provincial en el que nadie pierda su esencia y en el que, sobre todo, los alumnos y los pacientes que serán atendidos por estos alumnos tengan al personal mejor formado con las mejores herramientas. Desde el prisma de la confrontación creo que no se avanza, y nosotros estamos por avanzar”, explicaba Mazón. Esta propuesta cuenta con el respaldo del Sindicato Médico CESMCV.

Decisión “absolutamente insólita” del Consell

Las críticas a la decisión del Gobierno de Mazón de retirarse del proceso comenzaron por la propia rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, quien lamentaba este posicionamiento que calificó de “absolutamente insólito”. Desde el PSPV, el expresident Ximo Puig censuraba la decisión del Consell de Carlos Mazón que calificaba de kafkiana en un artículo de opinión publicado en el diario Información, mientras que la actual secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, acusaba al popular de “atacar la autonomía” de la Universidad de Alicante con Medicina mientras “llora” por la falta de médicos, al tiempo que defendía como “perfectamente compatible” que se imparta el grado de Medicina en la UA y en la UMH. Así mismo, recordaba que fue otro popular, Eduardo Zaplana, quien “suprimió” estos estudios en Alicante.

Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, reclamaba de Mazón que no genere “inestabilidad” en el sistema universitario valenciano: “Lo que hay es un nuevo ataque a la universidad pública para favorecer un clúster sanitario donde colar por la puerta de atrás las facultades privadas”.

“No entramos en valorar la posición de la UA y la UMH en la demanda, pero el Consell de Mazón, lejos de mostrar una posición de neutralidad, retirándose se pone de parte, actúa en contra de los actos propios, torpedea una titulación que se ha impartido con normalidad el pasado curso generando inestabilidad en el sistema universitario valenciano y coartando gravemente la posibilidad de ofrecer soluciones a la dramática carencia de profesionales sanitarios del sistema público valenciano de salud”, denunciaba Baldoví.

Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante (UA), está “agotado y dolido” a pesar de “mantener la paciencia para evitar polémicas y contar con el apoyo de mucha gente”. Desde hace casi un lustro el investigador especializado en represión franquista se enfrenta a las demandas en varios frentes del hijo de Antonio Luis Baena Tocón, alférez jurídico que participó en el proceso franquista que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Sin embargo, el agotamiento que refiere Ríos Carratalá no es por las causas judiciales, que “tienen las debidas garantías jurídicas”, sino por “los insultos y las descalificaciones” del demandante “a través de su web y las redes sociales”, afirma el catedrático en declaraciones a elDiario.es.

Todas las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento le han dado la razón al catedrático de la UA. Este semana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descartaba que el fallecido Antonio Luis Baena Tocón, un perfecto desconocido hasta que su hijo decidió emprender la vía judicial, pudiera beneficiarse del derecho al olvido. La sentencia del alto tribunal autonómico concluye que el enlace de un trabajo académico de Ríos Carratalá en un repositorio de la web de la UA “estaría amparado por la libertad de información y de expresión, sin que proceda la supresión de los datos personales”.

El TSJ-CV avala así la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante, quien consideraba que la pretensión del demandante suponía poco menos que volver a los tiempos de la censura previa de la dictadura franquista.

El demandante abrió varios frentes. Sin embargo, el procedimiento principal iniciado ante la Audiencia Nacional para que Google otorgara el derecho al olvido del alférez jurídico quedó resuelto en firme hace unos meses por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo, que avaló el “interés público incuestionable” de la investigación de Ríos Carratalá y primó el derecho a la información.

“La reacción ha sido de solidaridad e incredulidad. Nadie en el mundo académico entiende lo sucedido por lo insólito que resulta tras contar con una jurisprudencia que, salvo para casos extremos de falsificación o insultos, hace unos veinte años dejó atrás los juicios contra historiadores en el ejercicio de su labor investigadora”, afirma Juan Antonio Ríos Carratalá, autor de una extensa obra sobre el franquismo. “Y menos se entiende cuando explico las múltiples causas abiertas, los más de cien demandados, los 11,5 millones de euros pedidos por el demandante y la voluntad de diálogo que he mantenido desde el principio”, dice en referencia a la causa abierta ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz contra el catedrático, otras instituciones académicas, historiadores y medios de comunicación.

El investigador ha sufrido “una pesadilla”. “A diferencia de los periodistas, ninguno de nosotros está acostumbrado a enfrentarse a estos problemas y, además, lo he hecho en solitario con mi dinero porque, de tan insólito, es un caso no previsto por parte de los servicios jurídicos de nuestras universidades. Si esto mismo le pasa a un profesor joven o con una modesta plaza no podría haber afrontado el pago de su defensa y, por supuesto, habría quebrado su trayectoria investigadora en buena medida”.

Un caso sin parangón

Juan Antonio Ríos Carratalá arrastra la retahíla de pleitos mientras sigue con su reconocida labor investigadora. Sus últimas obras publicadas se centran en los consejos de guerra franquistas contra periodistas y escritores entre 1939 y 1945 y en la batalla por la libertad de expresión durante la Transición. “El caso Baena Tocón no tiene parangón ni en democracia ni en la etapa franquista”, explica. “Mi compañero Francisco Espinosa estudió el tema en un libro de 2009 y, desde entonces, incluso desde mucho antes, me dice que no hay ningún caso similar”, agrega Ríos Carratalá.

El catedrático de la UA valora “positivamente” las cuatro sentencias dictadas, que “repiten en lo fundamental los mismos argumentos, que vienen a reiterar una jurisprudencia asentada desde hace unos veinte años”. “La libertad de expresión, cátedra e investigación ampara los trabajos académicos, salvo que los dediquemos a falsificar los hechos históricos de manera generalizada y voluntaria o a insultar, que no es algo frecuente precisamente en los libros universitarios”, afirma el autor de Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (1939-1945).

“La presencia del alférez Baena Tocón en los consejos de guerra no es una invención y, por supuesto, nunca le he insultado”, concluye.

Los tribunales han vuelto a rechazar que Antonio Luis Baena Tocón, alférez jurídico que participó en el proceso franquista que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, se pueda beneficiar del derecho al olvido. Después de que el Tribunal Supremo rechazara borrar su nombre de todos los buscadores, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha cogido el testigo y ha zanjada un pleito histórico entre los descendientes de Baena Tocón y la Universidad de Alicante, descartando que un artículo de investigación que mencionaba su actividad en esos años dentro de los juicios franquistas deba desaparecer. “La ponderación nos lleva a dar prevalencia al trabajo de investigación histórica”, dicen los jueces valencianos.

Antonio Luis Baena Tocón era el secretario judicial que participó en el proceso contra el poeta Miguel Hernández en su Orihuela natal. El autor de 'El rayo que no cesa' fue detenido y encarcelado para que, poco después, un Juzgado Especial de Prensa franquista iniciara un procedimiento que terminó con su condena a muerte, falleciendo de tuberculosis en la prisión de Alicante en 1942. Desde hace años, los descendientes de Baena Tocón han puesto en marcha diversos procesos judiciales para que Google haga desaparecer enlaces e informaciones que explican su relación con la instrucción que desembocó en la sentencia de muerte.

El procedimiento principal quedó resuelto en firme hace unos meses por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo. Los jueces de lo contencioso-administrativo entendieron que, en este caso, existía un “interés público incuestionable” y que, siendo posible que un fallecido se acoja a la protección de datos y al olvido digital a través de sus familiares, en este caso primaba el derecho a la información.

Uno de los primeros capítulos de este conflicto por el nombre de Baena Tocón no tuvo lugar en el Tribunal Supremo sino en la Universidad de Alicante. En torno al artículo “El caso Diego San José y el Juez Humorista”, del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, que daba detalles sobre el papel de este alférez jurídico en los procesos de censura franquista: “Realizaba durante la posguerra una labor esencial a las órdenes del juez instructor: el expurgo, vaciado y/o desaparición de los fondos de la prensa republicana depositados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Su objetivo era la búsqueda de 'delitos', que agravaba con comentarios cuyas consecuencias podían ser una condena a muerte”.

Un artículo que, durante un tiempo, fue objeto de censura. La Universidad de Alicante accedió en 2019 a una petición de la familia y borró el nombre de Baena Tocón del artículo, colgado en su web. El propio centro revocó su decisión y, desde entonces, el nombre aparece con un apunte cada vez que aparece: “Nombre citado por resolución del rector de la UA del 30-VII-2019”. La familia del alférez llevó el asunto a la Justicia y ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha avalado la negativa final de la universidad a “desindexar”, o dejar fuera del alcance de Google y los grandes buscadores, el artículo.

“Prevalencia al trabajo de investigación histórica”

La resolución del TSJ de la Comunidad Valenciana, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía puede ser recurrida ante el Supremo, avala los argumentos del juzgado alicantino que ya rechazó el primer recurso del descendiente de Baena Tocón. “El enlace estaría amparado por la libertad de información y de expresión, sin que proceda la supresión de los datos personales”, dice el tribunal.

A pesar de “algunas inexactitudes que no afectan a la esencia” del artículo, se trata de “un trabajo de investigación histórica realizado por un profesor, interpretando las fuentes, expresado con su particular visión subjetiva, en ejercicio de su libertad de información y expresión”.

Los jueces entienden que el enlace al artículo de la Universidad de Alicante debe mantenerse activo y al alcance de cualquier persona que busque su contenido en plataformas como Google: “La ponderación nos lleva a dar prevalencia al trabajo de investigación histórica, de interés o relevancia pública”, dicen.

La sentencia cita en diversas ocasiones el dictamen del Tribunal Supremo, que a principios de este año ya estableció que Antonio Luis Baena Tocón no tenía derecho a olvido en todo lo que tenía que ver con su participación en el proceso franquista que condenó a muerte a Miguel Hernández. Estimar lo que pedían en su demanda, dijeron los jueces del alto tribunal, llevaría a generar “una historia selectiva y sesgada a voluntad de los familiares o herederos del difunto”.

Hablar de Miguel Hernández es hablar de literatura pero es también hablar de futuro. Porque su caso se ha convertido, en pleno siglo XXI, en un ejemplo perfecto de los debates sobre la libertad de información en Internet. El Tribunal Supremo acaba de rechazar una petición de los descendientes de Antonio Luis Baena Tocón, un secretario del Juzgado de Prensa donde es condenado Miguel Hernández. Una petición para que en Internet desaparezca toda la información en la que se cuente la responsabilidad histórica que tuvo Baena Tocón en la sentencia a muerte de Miguel Hernández. 

Conocemos la historia de la muerte de Miguel Hernández con el catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá. Con el periodista de elDiario.es especializado en información de tribunales, Alberto Pozas, indagamos en la sentencia del Supremo que avala la veracidad e importancia histórica del proceso judicial del franquismo contra Miguel Hernández.

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Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante, le ha dado la vuelta a la sartén con su último libro: Las armas contra las letras. Los consejos de guerra de periodistas y escritores (1939-1945), editado por Renacimiento. El título alude, irremediablemente y a la inversa, a la clásica obra Las armas y las letras. Literatura y Guerra Civil (1936-1939), del escritor Andrés Trapiello. Si bien es conocido el papel armado de la literatura durante la Guerra Civil, menos célebre es la represión franquista contra los periodistas republicanos durante la posguerra.

El estudio de Ríos Carratalá (Alicante, 1958), basado fundamentalmente en los sumarios custodiados en el Archivo de Defensa de Madrid, traza las biografías de más de una veintena de periodistas y escritores enfrentados en la posguerra a campos de concentración, cárceles, consejos de guerra, fusilamientos en algunos casos y a un largo olvido posterior durante toda la dictadura y más allá. “El libro busca una reivindicación del colectivo sin ocultar sus limitaciones y contradicciones, pues las víctimas no siempre son héroes”, explica el autor en esta entrevista con elDiario.es.

En las microhistorias que componen la obra desfilan periodistas como el libertario Eduardo de Guzmán, milagroso superviviente de campos y cárceles, o el comunista Manuel Navarro Ballesteros, ejecutado el 1 de mayo de 1940 en las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid. También otros casos más desconocidos como los de los periodistas deportivos Ricardo Ruiz Ferry y José Manuel Fernández Gómez, entre muchos otros.

Además, Juan Antonio Ríos Carratalá destaca el papel de Manuel Martínez Gargallo, “antiguo hombre de letras vinculado con varios de los procesados”, al frente del Juzgado Militar de Prensa. “Los militares asumieron el núcleo fundamental de la represión de los periodistas y de cualquier otro colectivo relacionado con los republicanos”, recuerda el autor.

En el epílogo afirma que la represión franquista “resultó especialmente cruel para los periodistas y los hombres de letras, incluidos los partidarios de los sublevados contra la II República con una trayectoria en la prensa que allanó el camino del golpe de Estado”. ¿Por qué resultó especialmente cruel?

Las sentencias contra 'la gente de pluma' a menudo subrayan la especial responsabilidad de estos procesados porque los vencedores consideraban que habían pervertido, con sus publicaciones, al pueblo español y que una vez iniciada la guerra eran también responsables de la resistencia antifascista por haberla alentado desde la prensa. El relato oficial considera que el pueblo español nunca habría apoyado por su propia iniciativa a la República y equipara, en este sentido, a los periodistas y escritores con los líderes políticos del Frente Popular.

¿Cuántos consejos de guerra contra periodistas ha rastreado y en qué archivos?

La trilogía abarcará unos cien casos de periodistas y escritores procesados, pero es probable que con el tiempo acaben apareciendo más. Hay que tener en cuenta que el número de periodistas profesionales con dedicación exclusiva era reducido, pero había numerosos colaboradores en la prensa que, al mismo tiempo, eran funcionarios, abogados, empleados, militares... La elaboración del listado completo es compleja y estará sujeta a revisión. El núcleo de la documentación utilizada se encuentra en el Archivo General e Histórico de Defensa, de Madrid, pero también he rastreado en archivos militares de Sevilla y Barcelona.

¿Cómo funcionaba el Juzgado Militar de Prensa? ¿Quién lo componía?

Sólo estuvo en funcionamiento durante los primeros meses de la represión, un año aproximadamente, y estaba especializado en el procesamiento de los periodistas, aunque muchos de los mismos acabaron siendo procesados por otros juzgados militares. Simultáneamente, había juzgados especializados en militares, funcionarios y hasta porteros porque se pretendía rentabilizar lo mejor posible la información peculiar de cada colectivo.

Había juzgados especializados en militares, funcionarios y hasta porteros porque se pretendía rentabilizar lo mejor posible la información peculiar de cada colectivo

El de la prensa estaba localizado en la Plaza de Callao, 4, que era la sede de las agrupaciones profesionales de la prensa republicana. Allí, los instructores al mando del juez Manuel Martínez Gargallo –antiguo hombre de letras y vinculado con varios de los procesados– disponían de una amplia documentación para llevar a cabo los procesamientos.

¿Qué papel jugó en la represión?

El papel fue importante por su grado de especialización y también por su dureza, como demuestran los casos de los ejecutados Javier Bueno y Manuel Navarro Ballesteros.

¿Y el Cuerpo Jurídico del Ejército de Ocupación?

La jurisdicción civil prácticamente desapareció durante la posguerra y la militar hegemonizó la tarea relacionada con la represión movilizando a jueces civiles como el propio Manuel Martínez Gargallo. La plantilla del Cuerpo aumentó espectacularmente y, a veces, recurrieron a oficiales que ni siquiera contaban con los requisitos establecidos por la legislación franquista. El papel jugado fue hegemónico porque los militares asumieron el núcleo fundamental de la represión de los periodistas y de cualquier otro colectivo relacionado con los republicanos.

La mayoría han quedado en el olvido porque, entre otros motivos, es difícil el acceso a su obra

¿Cree que los periodistas represaliados han sido suficientemente reivindicados?

La mayoría han quedado en el olvido porque, entre otros motivos, es difícil el acceso a su obra. El libro busca una reivindicación del colectivo sin ocultar sus limitaciones y contradicciones, pues las víctimas no siempre son héroes. Lo importante es que, al final de la trilogía, tengamos una cabal idea de la represión ejercida contra quienes, con más o menos acierto, en lo fundamental ejercieron su derecho a la libertad de expresión.

¿Qué consecuencias sufrieron profesionalmente los supervivientes?

Hay de todo. Muchos sufrieron una 'muerte civil' al salir de la cárcel, con casos verdaderamente dramáticos de alcoholismo o depresión, y otros consiguieron salir adelante con los recursos más variopintos. Las novelas de quiosco cuentan con bastantes autores represaliados, pero también hay otros que trabajaban de 'negros' o en tareas donde pudieran pasar desapercibidos. Incluso algunos de ellos disfrutaron de una situación de estabilidad a partir de los años sesenta, pero con el compromiso de mantener un silencio absoluto acerca de lo sucedido durante la posguerra.

También explica el caso de Ricardo Ruiz Ferry y de José Manuel Fernández Gómez, quizá más desconocidos. ¿Qué hicieron estos dos periodistas deportivos para acabar así?

Colaborar en la prensa republicana. Bastaba que se diera esta circunstancia para ser procesado con independencia de lo escrito y de su temática. Por eso hasta los periodistas deportivos que, además, tenían una militancia política, fueron procesados.

El concepto de 'la tercera España' resulta difícil de ver en aquellos sumarísimos de urgencia

El título de su libro alude irremediablemente a 'Las armas y las letras', de Andrés Trapiello. ¿Cuál es la diferencia entre 'Las armas y las letras' y 'Las armas contra las letras'? 

El libro de Trapiello termina donde comienza el mío. Durante la guerra todavía se puede hablar de una relación entre las armas y las letras, pero a partir de abril de 1939 las armas de los vencedores actúan de una manera despiadada contra las letras, al menos las republicanas. Por otra parte, la obra de Trapiello busca una amplia síntesis, con la correspondiente posibilidad de especulación, mientras que la mía es un trabajo de microhistoria apegado a una documentación siempre presente. Esta diferente metodología es la base de mi matización de conceptos como el de 'la tercera España', cuya concreción resulta difícil de ver en aquellos sumarísimos de urgencia.

Manuel Chaves Nogales forma parte de una generación de periodistas donde hay otras figuras dignas de ser editadas para que resulten accesibles

Se ha reeditado mucho la obra de Manuel Chaves Nogales en los últimos años. ¿Por qué cree que no se ha hecho en el caso de muchos de los periodistas de los que habla en 'Las armas contra las letras'?

La calidad literaria de Manuel Chaves Nogales es incuestionable y destaca entre sus colegas, pero creo que forma parte de una generación de periodistas donde hay otras figuras dignas de ser editadas para que resulten accesibles. Renacimiento, la editorial donde colaboro, está haciendo un trabajo interesante en este sentido, al igual que diferentes pequeñas editoriales. Bastaría recordar el caso de Luisa Carnés para pensar que Manuel Chaves Nogales no fue una isla solitaria en un oceáno.

El 14 de julio de 1982, José Hijas Palacios, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dictó una sentencia que confirmó los cuatro meses de arresto y la multa de 50.000 pesetas impuestos, por un delito de escándalo público, al director de la Editorial Permanencias, que había publicado Los hombres de Tom de Finlandia, obra del artista Touko Valio Laaksonen. Al juez le horrorizaron los “penes en erección”, los “ritmos de sensualidad” del “obsceno y subcultural grupo de dibujos, con formas aberrantes, perversas y degeneradoras de la perversión sexual”, además de las “posturas indecorosas” y de las “expresiones de placer que llega y estalla” en el marco del “íntimo encuentro”. Un producto que merecía, en definitiva, una sanción penal por las “exhibiciones eróticas [de] homosexualismo [y] lesbianismo que tienden a la desviada excitación del instinto sexual”. El togado aportaba una definición del “homosexualismo”: Una “práctica obscena especialmente rechazada por nuestra cultura y entorno social”.

Es una de las abundantes sentencias que reproduce Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante, en Ofendidos y censores. La lucha por la libertad de expresión (1975-1984), editado por Renacimiento. “Cualquier historiador de la Transición conoce el carácter conservador de aquel Poder Judicial, al que le costó bastante adaptarse a la nueva realidad democrática”, explica a elDiario.es el autor, especializado en la historia cultural del franquismo. “Lo sorprendente es el avance que hemos protagonizado en estos temas, sobre todo teniendo en cuenta el punto de partida, que era aterrador para los homosexuales y otros colectivos”, apostilla Ríos Carratalá.

El libro repasa la legislación y la jurisprudencia en materia de libertad de expresión desde los inicios de la Transición (sólo entre octubre del 1974 y mayo de 1975 hubo en Barcelona 25 secuestros de diversas revistas). El dibujante Jordi Amorós, también conocido como JA y creador de la serie de historietas de sor Angustias de la Cruz en la revista satírica El Papus, llegó a sufrir 80 procesos judiciales por sus caricaturas de monjas. Otro colaborador del semanario, el creador de Makinavaja Ramón Tossas Fuentes, Ivá, ya arrastraba 27 multas en enero de 1977.

El Papus sufrió un atentado de la extrema derecha el 19 de septiembre de 1977, en el que murió el conserje Juan Peñalver Sandoval, que la justicia ni siquiera reconoció como acto terrorista. La revista sufrió a lo largo de sus 13 años de trayectoria medio centenar de secuestros judiciales o ministeriales, dos suspensiones temporales de cuatro meses y dos consejos de guerra por sendas portadas con militares como protagonistas e incalculables amenazas.

El 30 de octubre de 1978 la bomba ultra le tocó al diario El País, un ataque en el que murió el conserje Andrés Fraguas Fernández, de 19 años. Su entonces director, Juan Luis Cebrián, fue el primero en sentarse en el banquillo durante la etapa democrática por un editorial publicado en el diario de Prisa (el 9 de mayo de 1980 la Sala Segunda del Tribunal Supremo le impuso tres meses de arresto, una pena finalmente anulada, y una multa de 50.000 pesetas).

Juan Antonio Ríos Carratalá, fino estudioso de las miserias del franquismo, sostiene que la lucha por la libertad de expresión durante la Transición se batalló por parte de periodistas, editores, cineastas o dibujantes forzando los límites de la legislación. “Se forzaban asumiendo un notable riesgo, los periodistas y los creadores tenían siempre la amenaza de procesos judiciales, o acciones terroristas mucho más graves, pero hubo una lucha colectiva para normalizar un clima de libertad de expresión que cuenta con unos mártires dignos del recuerdo”. “Mi libro”, apostilla, “es un acto de reconocimiento a estas personas a menudo anónimas”.

El autor repasa también las numerosas batallas por el destape y la pornografía (definida por una sentencia del Tribunal Supremo de 1981 como “toda descripción gráfica o escrita que directamente o por representación escénica tienda a excitar la lubricidad de las gentes”).

Hasta 26 de los 32 números de la revista Emmanuelle fueron secuestrados entre 1976 y 1977. El consultorio de Susana Estrada en la revista Play Lady propició 14 procesos judiciales y 13 condenas por los consejos de la musa del destape. El cineasta Luis García Berlanga también fue procesado por una publicación en la misma revista. La revista erótica Papillon, cuya primera portada estaba dedicada precisamente a Susana Estrada, fue suspendida en 1977 por el Ministerio de Información y Turismo (aunque, finalmente, el Tribunal Supremo dejó sin efecto la decisión).

“La batalla del destape no sólo se dio en España, fue un fenómeno también presente en otros países de nuestro entorno; la diferencia fue la cronología, aquí se produjo con unos pocos años de retraso, y la intensidad, que era lógica tras varias décadas de una represión sexual que ahora incluso sería rechazada por los sectores más conservadores”, señala Ríos Carratalá. “Las revistas, y todo lo relacionado con el destape, fue un gran negocio, donde había riesgo, pero también una oportunidad de enriquecerse bastante notable”, matiza el historiador.

La obra repasa casos míticos de ataques a la libertad de expresión, como el procesamiento de Els Joglars a raíz del estreno de La torna en 1977 o de la directora Pilar Miró por la película El crimen de Cuenca. También analiza la persecución del cineasta Fernando Ruiz Vergara por su documental Rocío, de 1980.

“La censura apenas funciona si no se realiza en una dictadura, incluso puede ser contraproducente para el censor”, afirma Ríos Carratalá, quien recuerda que, paradójicamente, la película “habría tenido mucho menos eco si no hubiera sido objeto de un proceso judicial con planteamientos propios del franquismo”. La sentencia, dictada por el Tribunal Supremo el 3 de febrero de 1984, “amargó la vida del director, pero gracias a la misma con el tiempo Rocío se ha convertido en la película documental más vista de toda la Transición”.

¿Qué peligros acechan hoy en día a la libertad de expresión? Juan Antonio Ríos Carratalá está inmerso en un una demanda interpuesta por el hijo del secretario del tribunal franquista que, en la posguerra, condenó al poeta Miguel Hernández, en relación a un artículo académico. “La libertad de expresión siempre está en peligro por culpa de los sectores intolerantes, que cambian de nombres, pero no de actitud”, reflexiona el historiador.

Sin embargo, el catedrático de la Universidad de Alicante considera que la evolución es “extraordinaria” respecto al turbio periodo de la Transición: “Vemos todos los días episodios de intolerancia, pero mayoritariamente hemos aprendido a ser tolerantes”. “Y lo digo yo”, agrega, “que soy el primer catedrático, junto con Ángel Viñas, demandado por un ensayo universitario publicado durante la actual etapa democrática”. “Siempre habrá gente que añore el 1 de abril de 1939 pero, afortunadamente, estamos en un país donde la mayoría apuesta por la convivencia”, concluye.

Por sexto día consecutivo el Mar Menor se ahoga. Decenas de miles de peces muertos han vuelto a naufragar en las playas de la laguna salada. La imagen no es nueva: en octubre de 2019 la playa de Villananitos, situada en las costas del Mar Menor, amaneció con cientos de peces muertos.

Ante esta situación, el pasado viernes el jefe del ejecutivo regional, Fernando López Miras, propuso tres medidas ante este nuevo episodio de anoxia del Mar Menor. El presidente de la Región exigió que el Estado le cediese las competencias de costas y la cuenca, ha anunciado el lanzamiento de un decreto para prohibir la entrada de “nutrientes” por la rambla del Albujón y ha recuperado la propuesta de Vox de recuperar el calado de la gola de Marchamalo.

Miras ha asegurado que “ya que le responsabilizan de lo ocurrido quiere asumir la responsabilidad” y que ha hecho “todo lo posible” por el Mar Menor con las herramientas actuales. La catedrática de la Universidad de Alicante, Francisca Giménez, reprocha al Ejecutivo regional que “no ha hecho ni una sola propuesta relacionada a sus competencias”. Julio Más, exdirector del Centro Oceanográfico de Murcia, objeta, y denuncia que la Región “no aplica la directiva de nitratos ni el límite legal de 1.500 metros para el uso de abonos nitrogenados. No aplica las leyes que él promulga, pero pide una serie de competencias que no tiene ninguna comunidad autónoma y que van en contra del criterio científico generalizado”.

“Llevamos años pidiendo medidas que no se han puesto en práctica. Pedimos que se redujera la superficie de agricultura intensiva a como mínimo 10.000 hectáreas de regadío. Que la Administración se hiciera cargo de las 8.500 hectáreas de regadío ilegales que la Comunidad había negado hasta que la Confederación Hidrográfica confirmó su existencia, planteamos una red de filtros verdes de humedales y medidas para que las aguas residuales no acaben en el Mar Menor cada vez que hay una lluvia intensa”, recuerda Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

“Medidas de guerra entre administraciones”

Giménez insiste en el margen de acción que posee Miras con las competencias actuales, y añade que lo propuesto en la rueda de prensa del pasado viernes “son medidas de guerra entre administraciones, no de buscar soluciones”. Preocupa a la catedrática la propuesta de recuperar el calado de la gola de Marchamalo. Esta medida ya fue sugerida por Vox en 2019 y descartada por la comunidad científica: “Cuando entre suficiente agua del Mar Mediterráneo al Mar Menor lo que puede provocar es que entre el patógeno que ha matado a la nacra en el Mediterráneo. Se está poniendo en riesgo a los últimos ejemplares de esta especie en peligro crítico de extinción”. La catedrática advierte de que “ese agua que va a salir va a alterar el agua y la calidad de las playas de La Manga que dan al Mediterráneo”.

En lo que respecta a la prohibición de la entrada de nutrientes a la rambla del Albujón, Giménez observa que “si haces esa propuesta de cerrar el acuífero con unos gastos públicos impresionantes y sigues introduciendo agua en el acuífero, ¿de qué sirve?”.

El exdirector del Oceanográfico no duda en acusar a Miras de haber caído en una “falacia”: “El Gobierno regional se exculpa rebotando el problema a la Administración central de que está entrando agua a través de los cauces, que son competencia del Estado. La cuestión es que el Sureste es uno de los ecosistemas más áridos de Europa. Prácticamente no llueve, no hay cauce permanente salvo el río Segura, que es el más regulado de Europa. Entonces ¿cómo puede ser que una rambla del Albujón y otras de la vertiente del Campo de Cartagena tengan agua todo el año? ¿De donde viene el agua? Del regadío intensivo, que es competencia de la comunidad autónoma”, explica el antiguo director.

Nitratos, fosfatos y herbicidas

“Realmente el problema no es el agua. El agua no es natural, es de riego, y el problema son los nitratos, fosfatos minerales y herbicidas y otros compuestos que lleva en disolución. Entonces la base argumental de que es la cuenca hidrográfica controlada por el Estado es la que causa el problema se cae por su base. Esas cuencas no deberían tener agua y el problema no es el agua, sino lo que lleva”, abunda Mas.

El exdirector del Oceanográfico señala a la sobreexplotación del Campo de Cartagena como el gran enemigo del “Mar Menor”: “El Campo de Cartagena comienza a reproducir este sistema de regadío intensivo a través del agua del trasvase”. “Lo que el trasvase trajo fue una forma de gestión de la agricultura que descartaba cualquier otra. Desembocó en esto porque se acompañó de muchas actividades ilegales y un crecimiento de la agricultura intensiva. Hay que recordar que la Confederación Hidrógrafica del Segura ha permitido y legalizado esa proliferación. El trasvase instaló una forma de funcionamiento que hizo que muchos agricultores si querían sobrevivir debían funcionar de la misma manera”, explica el director de ANSE. “No quiere decir que haya que quitar el trasvase, sino reutilizarlo. Estamos frente a una gran crisis: o aumentamos la crisis o hacemos una reflexión profunda que nos conduzca hacia un sistema más sostenible”, matiza Julio Mas.

El pasado sábado Miras ha continuado defendiendo sus medidas en redes sociales, actualizando su foto de perfil por el logo de la asociación SOS Mar Menor. El jefe del Ejecutivo murciano insiste en que “la comunidad científica coincide en que el principal problema es la entrada de agua dulce con nutrientes desde el acuífero al Mar Menor, por ramblas y subsuelo, debido al elevado nivel freático del acuífero”, pero sin relacionar estos niveles con la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.

Les Corts Valencianes han nomenat dimecres una de les fortunes més grans de la Comunitat Valenciana vocal del consell social de la Universitat d’Alacant. Els grups parlamentaris del PSPV, Compromís i Unides Podem han proposat i han votat per Pablo Serna Lorente, responsable de TM Grupo Immobiliario, l’empori de la construcció a la Costa Blanca, com a vocal en l’òrgan.

Tots els diputats que formen la majoria progressista, excepte quatre, dues de les quals les parlamentàries d’Esquerra Unida i dues de Podem, que consideren la decisió de nomenar un constructor poc coherent amb les polítiques mediambientals que pretenen impulsar. “No trobem coherent promoure un canvi de paradigma urbanístic i anar cap a la sostenibilitat i la preservació del territori, i al mateix temps donar suport a una figura empresarial que basa la seua fortuna en la sobreexplotació dels recursos i els abusos urbanístics”, critica la portaveu d’Esquerra Unida, Estefanía Blanes.

Serna va heretar juntament amb els quatre germans seus el negoci familiar el 2012 i el 2020 figura entre les 200 persones més riques d’Espanya, la número 11 de la Comunitat Valenciana. La seua companyia, nascuda a Oriola i amb seu a Torrevella acaba de complir 50 anys i va reunir per celebrar-ho el sector turístic, els rectors de les universitats alacantines, el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, i el president de la Generalitat, Ximo Puig.

La seua fortuna familiar va créixer en el desenvolupisme franquista, durant el boom immobiliari de la Costa Blanca. La Comunitat Valenciana era llavors “el Levante feliz” als ulls del franquisme i les elits madrilenyes; un sector en què va posar l’ull la família. Prompte es van centrar en urbanitzar la costa, amb grans obres a Benidorm, Torrevella, altres localitats del Baix Segura, Santa Pola, Elx, Marbella, i a aprofitar el potencial de la segona residència. El programa “Un, dos, tres!” de Televisió Espanyola va aconseguir que desenes de persones gaudiren dels apartaments a Torrevella i popularitzaren la zona com a espai turístic. Des de llavors, la constructora ha anat comprant terrenys per a edificar-hi i ni la crisi ha fet que es ressenta el negoci d’una de les famílies més riques del país.

Al gener del 2018, el TM Grupo Immobiliario va adquirir 165.000 metres quadrats a Benidorm per construir-hi 1.200 habitatges; una inversió milionària abordada amb fons propis. La companyia va tancar l’any amb una facturació de 190 milions d’euros, dels quals un 25% correspon al negoci de Mèxic. Actualment, l’empresa és propietària de l’únic sòl sense urbanitzar de Torrevella.

Amb les inundacions com a conseqüència de la DANA al Baix Segura, una de les zones més afectades, l’empresa va anunciar la cessió temporal d’habitatges per a les famílies afectades.

Malgrat que el parlament valencià ha nomenat altres empresaris en els consells de les universitats públiques, Esquerra Unida considera especialment sagnant aquest cas pel que ha suposat el model urbanístic per a la costa. “Ens neguem a aprovar el reconeixement implícit que suposa donar suport a l’accés d’un empresari que és en gran part responsable de la devastació urbanística de Torrevella i gran part del Baix Segura”, assenyalen des del grup.

Las Corts Valencianes han nombrado este miércoles a una de las mayores fortunas de la Comunitat Valenciana vocal del consejo social de la Universidad de Alicante. Los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís y Unides Podem han propuesto y votado a Pablo Serna Lorente, responsable de TM Grupo Inmobiliario, el emporio de la construcción en la Costa Blanca, como vocal en el órgano. 

Todos los diputados que conforman la mayoría progresista, salvo cuatro, dos de ellos las parlamentarias de Esquerra Unida y otras dos de Podem, que consideran la decisión de nombrar a un constructor poco coherente con las políticas medioambientales que pretenden impulsar. “No encontramos coherente promover un cambio de paradigma urbanístico y caminar hacia la sostenibilidad y la preservación del territorio, y al mismo tiempo apoyar a una figura empresarial que basa su fortuna en la sobreexplotación de los recursos y los abusos urbanísticos”, critica la portavoz de Esquerra Unida, Estefanía Blanes.

Serna heredó junto a sus cuatro hermanos el negocio familiar en 2012 y en 2020 figura entre las 200 personas más ricas de España, la número 11 de la Comunitat Valenciana. Su compañía, nacida en Orihuela y con sede en Torrevieja acaba de cumplir 50 años y reunió para celebrarlo al sector turístico, a los rectores de las universidades alicantinas, al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y al president de la Generalitat, Ximo Puig.

Su fortuna familiar creció en el desarrollismo franquista, durante el boom inmobiliario de la Costa Blanca. La Comunitat Valenciana era entonces “el Levante feliz” a ojos del franquismo y las élites madrileñas; un sector al que echó el ojo la familia. Pronto se centraron en urbanizar la costa, con grandes obras en Benidorm, Torrevieja, otras localidades de La Vega Baja, Santa Pola, Elche, Marbella, y en aprovechar el potencial de la segunda residencia. El programa “¡Un, dos, tres!” de Televisión Española consiguió que decenas de personas disfrutaran de los apartamentos en Torrevieja y popularizaran la zona como espacio turístico. Desde entonces, la constructora ha ido comprando terrenos para edificar y ni la crisis ha hecho que se resienta el negocio de una de las familias más ricas del país.

En enero de 2018, el TM Grupo Inmobiliario adquirió 165.000 metros cuadrados en Benidorm para construir 1.200 viviendas; una inversión millonaria abordada con fondos propios. La compañía cerró el año con una facturación de 190 millones de euros, de los que un 25% corresponde al negocio de México. Actualmente, la empresa es propietaria del único suelo sin urbanizar de Torrevieja.

Con las inundaciones como consecuencia de la DANA en la Vega Baja, una de las zonas más afectadas, la empresa anunció la cesión temporal de viviendas para las familias afectadas.

Pese a que el Parlamento valenciano ha nombrado a otros empresarios en los consejos de las universidades públicas, Esquerra Unida considera especialmente sangrante este caso por lo que ha supuesto el modelo urbanístico para la costa. “Nos negamos a aprobar el reconocimiento implícito que supone apoyar el acceso de un empresario que es en gran parte responsable de la devastación urbanística de Torrevieja y gran parte de la Vega Baja”, señalan desde el grupo.

La Universidad de Alicante (UA) ha impuesto dos años sin empleo y sueldo al profesor de Publicidad al que el pasado mes de enero abrió expediente disciplinario “por un posible reiterado incumplimiento de las labores docentes”, según informó en su día. Entre otras cosas, los alumnos habían denunciado que el docente había puesto 223 ceros -al 99% de sus estudiantes- y convocó un examen la misma mañana en la que se tenía que realizar.

De la sanción ha informado el propio profesor en una carta remitida al diario Información, en la que, además, anuncia que ha presentado una demanda judicial para “limpiar” su “buen nombre como profesional de la enseñanza y de la Publicidad”.

Los hechos se remontan al pasado enero, cuando la UA dio a conocer que había iniciado un expediente disciplinario contra el profesor, que ya contaba con reclamaciones de carácter informativo.

Todo se precipitó el 18 de enero después de que se convocara un examen para ese mismo día en presencia, entre otros, del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Raúl Ruiz Callado. El profesor sancionado fue relevado de sus funciones de coordinación de la asignatura ese mismo enero y, según se ha sabido ahora, se le sancionó con dos años sin empleo y sueldo en agosto.

El vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad de Alicante, José Penadés, ha subrayado este miércoles, en declaraciones a Europa Press, que los procesos sancionadores se encuentran en el ámbito del derecho a la protección de datos, aunque ha confirmado la suspensión después de que el propio docente lo haya hecho público.

“Se ha exagerado”

En la misiva remitida al diario alicantino, el profesor, que impartía la asignatura 'Producción y realización en medios impresos', considera que se ha “exagerado por parte de un grupo de alumnos problemas habituales que se dan en las clases”, y que ha relacionado con la “masificación” de las aulas y “con errores de comunicación”. En esta línea, rechaza que existan motivos de “mala praxis” por su parte.

Así, expone que lo que ocurrió fue que sufrió una gastroenteritis que le impidió “poner a tiempo las notas parciales, y por eso salieron todas las notas a cero”. Precisa que cuando pudo entregar las calificaciones “aún enfermo” ya estaba en marcha el expediente disciplinario. “No han reconocido ni esta presentación ni otros hechos probados que refutan sus acusaciones”, asevera.

El vicerrector Penadés ha subrayado que se trata de una situación “extraordinaria” y ha comentado que en el régimen disciplinario de los funcionarios existe un procedimiento que nombra un instructor, un secretario y que actúa dando a los hechos “todas las garantías para los imputados, a quienes se da audiencia y pueden estar en la toma de testimonios a los alumnos; tiene todas las garantías para defenderse”.

El hijo de Antonio Luis Baena Tocón, secretario del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, logró en junio que la Universidad de Alicante (UA) borrase el nombre de su padre de dos artículos, amparándose en la ley de protección de datos. Más tarde, en julio, la UA se retractó, tras un informe de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Paralelamente, el mismo familiar había interpuesto una reclamación a la misma AEPD para que también se retirasen las referencias de Google. En una resolución que ha adelantado Público y que se puede consultar en su web, la entidad pública anuncia que la desestima.

La AEPD constata que se encuentran “ante unos documentos publicados en la página web de una institución pública, que con motivo de mantener informada a la sociedad y dar una máxima difusión de los asuntos gestionados por esa institución, utiliza los motores de búsqueda”. También que “no procede desindexar” esas referencias de webs institucionales dado que “puede existir un interés legítimo o colectivo” y “se quebraría el orden jurídico y se lesionaría el interés público”.

“No se produce una injerencia en el derecho fundamental al respecto de la vida privada de la parte reclamante”, se lee también, citando el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Sobre la resolución cabe recurso de reposición, y, agotada esta vía administrativa, la judicial. La petición del hijo de Baena Tocón para que sus “datos personales” no se asociaran a las búsquedas en Google afectaba en total a 18 urls.

El informe de la AEPD en el que se apoyó la UA para rectificar la decisión del borrado, y que adelantó en su momento El País, se daban argumentos parecidos. La agencia constataba que las webs que el hijo de Baena Tocón señalaba tenían “fines de investigación científica o histórica”. También, que su figura debe ser considerada como “autoridad pública”, puesto que su puesto era de funcionario público en el consejo de guerra que condenó al poeta; y que “los metadatos utilizados en los buscadores forman parte de la investigación”. “La publicación de datos personales no es contraria al derecho de la protección de datos”, decían ya entonces.

El borrado de Baena Tocón de los documentos de la web de la UA generó una gran polémica entre historiadores y académicos. Afectaba a varios artículos firmados por el catedrático de lengua española Juan Antonio Ríos Carratalá. “Desde hoy [Baena Tocón] disfruta del 'olvido digital' en mis trabajos publicados en la web de la UA. Estoy triste y muy dolido, pero seguiré reivindicando el derecho a la memoria histórica”, declaró él. Otros colegas lo respaldaron. El catedrático de la Universidad de Valencia y presidente de la Asociación de Historia Contemporánea Ismael Saz le parecía “censura académica, un caso especialmente grave” y que “atentaba contra la libertad del investigador”.

La Universidad de Alicante (UA) ha anunciado este martes la decisión de revertir el 'borrado' de varios artículos académicos donde figura el nombre del secretario judicial que participó en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, tras la petición de un hijo del alférez implicado, Antonio Luis Baena Tocón, que se amparaba en la Ley de Protección de Datos Europea.

La Universidad de Alicante ha tomado esa decisión, adelantada por El País, tras un informe de la Agencia de Protección de Datos que señala que esta decisión, al tratarse de una investigación sobre hechos históricos, no es contraria a la ley ya que Baena Tocón era una autoridad pública y puede publicarse por responder a fines de investigación y por relatar hechos históricos.

En este sentido el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, ha explicado que esta decisión se produjo antes de que llegara el informe que concluye que “al tratarse de un investigación histórica, y de datos personales de autoridades y funcionarios públicos, relacionados con la función que llevaron a cabo en ese momento, es información de interés público”.

“La publicación de los datos personales incluidos en una investigación histórica no es contraria a la protección de datos”, Manuel Palomar. En este sentido, Palomar ha precisado que se elogian los criterios para fines de investigación “histórica o científica”, así como la consideración como “autoridad pública” del personaje y el concepto de investigación “en el sentido más amplio”, ha agregado.

Asimismo, el rector de la universidad alicantina ha precisado que las funciones del secretario judicial en el juicio al poeta Miguel Hernández tiene “interés público” y tiene “consideración de autoridad pública, como punto de equilibrio” entre los dos derechos fundamentales y “en consecuencia el artículo puede ser indexado”.

Carratalá presentó un recurso contra la decisión de la UA

En declaraciones a eldiario.es el catedrático de Literatura Española por la UA afectado por el 'borrado', Juan Antonio Ríos Catalá, ha explicado que ha sido una decisión “positiva”. “Un error que ha pasado a la historia y se ha podido rectificar”, ha explicado.

Ríos Carratalá solicitó el pasado 12 de junio a través de un recurso la anulación de esta decisión a través de un recurso presentado ante el Rector de la UA el pasado día 26 de junio. En este el catedrático exponía que dicha decisión era contraria a la libertad de producción y creación artística que afectaba a sus informes —amparada en el artículo 20 de la Constitución Española.

“Si yo no hubiera presentado este recurso eso estaría en firme, sería algo muy negativo para los historiadores. Lo que a mí me sucedió le podría haber sucedido a más gente y de ahí la reacción que ha tenido este caso desde el mundo de la historia”, ha detallado.

Además, el criterio con el que la Universidad de Alicante aplicó esta decisión amparándose en la legislación de la Unión Europea y española de protección de datos, era contraria al derecho. Por último, se manifiesta que según la Ley de Memoria Histórica 52/2007 se reconocen y amplían los derechos a favor de quienes padecieron “persecución o violencia” durante la guerra civil o y la dictadura franquista.

El catedrático, asimismo declara que dicha decisión le dejó “estupefacto”. “Se limitaba a un aspecto muy concreto”, haciendo referencia al aspecto que contemplaba que Baena de Tacón era una figura pública, que de serlo o no, según Carratalá, “no es es motivo”. “Para hacer historia no necesitamos a reyes o a generales, se puede hacer historia siendo cualquier vecino”, concluye.

El proceso se inició el pasado mes de junio

La reclamación por parte del hijo de Antonio Luis Baena Tocón se realizó en línea al reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, donde la Universidad de Alicante procedió a desindexar el nombre del miembro del ejército franquista de los artículos. La institución en último momento únicamente dejó las iniciales del militar, ALBT, en uno de los documentos.

En 1940, el poeta Miguel Hernández fue condenado a muerte. Sin embargo, enfermo de tuberculosis, terminó por fallecer en la cárcel en 1942. El hijo de Baena Tocón defendía que en los artículos del catedrático, su padre era presentado como “un verdugo y fue una víctima más”.

Por su parte, Ríos Carratalá denunció en redes sociales el “olvido digital” de sus escritos tras la decisión de la institución de aceptar “la solicitud de quien pidió ejercer el derecho de supresión de las referencias a uno de los instructores del consejo de guerra que condenó a Miguel Hernández”.