La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) pide a la Demarcación Hidrográfica del Tajo que la recuperación ecológica del eje del río sea una prioridad en la elaboración del cuatro ciclo de planificación hidrológica (2028-2033). Reclaman la protección “efectiva” de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático en el centro de la gestión del agua.

La organización considera que el cuarto ciclo “debe marcar un punto de inflexión en una cuenca sometida durante décadas a una fuerte regulación hidrológica, pérdida de funcionalidad fluvial, contaminación acumulativa, fragmentación de hábitats, presión urbana e industrial y efectos derivados del Trasvase Tajo-Segura”. Para SEO/BirdLife, el futuro plan “debe garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua y no solo limitarse a compatibilizar usos”.

La planificación hidrológica no puede limitarse a gestionar recursos disponibles para distintos usos; debe gestionar una cuenca viva, formada por ríos, acuíferos, humedales y especies que dependen de ellos. Los caudales ecológicos no son una cantidad mínima para que el río sobreviva, sino una condición indispensable para que el Tajo funcione

La demarcación del Tajo alberga espacios “de enorme valor ecológico”, como el Parque Nacional de Monfragüe, los Carrizales y Sotos de Aranjuez, los Tremedales de Orihuela, humedales Ramsar, Reservas Naturales Fluviales y numerosos espacios de la Red Natura 2000. Estos ecosistemas sostienen especies “estrechamente dependientes del agua”, como la cigüeña negra, el porrón pardo, la malvasía cabeciblanca, el desmán ibérico, la nutria, peces autóctonos, náyades y comunidades de macroinvertebrados sensibles a la alteración del régimen de caudales.

Los caudales ecológicos “deben ser completos, vinculantes y verificables”

SEO/BirdLife considera que la planificación del Tajo “debe adaptarse plenamente a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, que ha establecido el carácter vinculante y prevalente de los caudales ecológicos respecto del resto de usos del agua”. La organización apunta que estos caudales “no pueden limitarse a mínimos circulantes, sino que deben incorporar todos sus componentes funcionales: estacionalidad, caudales generadores, caudales máximos, tasas de cambio y seguimiento ecológico”.

Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife afirma que “la recuperación del Tajo exige dejar atrás una visión meramente volumétrica del agua. La planificación hidrológica no puede limitarse a gestionar recursos disponibles para distintos usos; debe gestionar una cuenca viva, formada por ríos, acuíferos, humedales y especies que dependen de ellos. Los caudales ecológicos no son una cantidad mínima para que el río sobreviva, sino una condición indispensable para que el Tajo funcione como ecosistema y pueda seguir proporcionando beneficios ambientales, sociales y económicos a largo plazo”.

La Sociedad Española de Ornitología solicita que las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura queden “expresamente supeditadas” al cumplimiento previo de los caudales ecológicos completos en Aranjuez, Toledo y Talavera. También reclama sistemas públicos, actualizados y verificables de información sobre desembalses, tasas de cambio, caudales circulantes, indicadores ecológicos y evolución del estado de las masas de agua.

El Trasvase Tajo-Segura

SEO/BirdLife valora positivamente que el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) incorpore por primera vez los efectos del Trasvase Tajo-Segura como Tema Importante específico. No obstante, considera que el documento aún lo aborda “desde una lógica de gestión de recursos y compatibilización de usos, sin asumir plenamente su impacto hidrológico, hidromorfológico y ecológico sobre el eje principal del Tajo”. Advierte de que la reducción “artificial y persistente” de caudales ha contribuido “a la simplificación hidrológica del río, a la pérdida de capacidad de dilución, a la degradación de hábitats fluviales, a la alteración de la dinámica sedimentaria y a la pérdida de resiliencia frente al cambio climático”.

La Sociedad Española de Ornitología reclama una evaluación específica de los efectos acumulativos del trasvase sobre la funcionalidad ecológica del sistema fluvial y pide que cualquier decisión relacionada con su funcionamiento incorpore indicadores ecológicos, seguimiento público y evaluación de impactos sobre espacios protegidos y hábitats dependientes del agua.

Red Natura 2000: de referencia cartográfica a condicionante real

La organización considera que la Red Natura 2000 y los objetivos de conservación de hábitats y especies dependientes del agua “siguen sin integrarse de forma suficientemente operativa en la planificación”. Aunque el EpTI identifica espacios protegidos y especies ligadas al agua, no siempre traduce esa información en decisiones sobre asignación de recursos, caudales ecológicos, restauración hidromorfológica, gestión de demandas o reglas de explotación.

SEO/BirdLife pide que se establezca una correspondencia “clara” entre masas de agua, espacios protegidos, objetivos de conservación, presiones y medidas. También reclama que se aplique la evaluación “adecuada” prevista por la Directiva Hábitats a cualquier decisión de planificación, infraestructura, modificación del régimen hidrológico o regla de explotación que pueda afectar a espacios Red Natura 2000 dependientes del agua.

La organización advierte, además, de “deficiencias metodológicas en el tratamiento de especies y hábitats ligados al agua”. Entre otras cuestiones, pide revisar la información sobre peces autóctonos, anfibios, reptiles, aves acuáticas, mamíferos y moluscos dependientes del funcionamiento ecológico del río, así como incorporar mejor la ictiofauna como indicador de alteraciones hidromorfológicas y de conectividad.

Restaurar el río, recuperar llanuras de inundación y revisar barreras

SEO/BirdLife reclama que la mejora del espacio fluvial deje de centrarse en “actuaciones puntuales” o de mantenimiento hidráulico y se oriente a recuperar procesos naturales: dinámica sedimentaria, movilidad fluvial, conectividad longitudinal y lateral, relación río-acuífero, humedales asociados y vegetación de ribera.

La organización pide “priorizar la eliminación o permeabilización de barreras obsoletas, la restauración de riberas, la recuperación de llanuras de inundación y la conectividad ecológica, especialmente en tramos degradados y masas de agua vinculadas a espacios protegidos”.

Apuntan que esta restauración “debe alinearse con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y con el futuro Plan Nacional de Restauración, incorporando objetivos medibles, financiación, responsables, cronogramas e indicadores verificables”.

Contaminación, depuración y pérdida de capacidad de dilución

La Sociedad Española de Ornitología alerta de que la contaminación urbana, industrial y agropecuaria “debe analizarse junto con la reducción de caudales circulantes y la pérdida de capacidad de dilución del río”. Esta cuestión “es especialmente relevante” aguas abajo del área metropolitana de Madrid, donde en determinados tramos los efluentes de depuradoras pueden constituir “una parte muy significativa” del caudal circulante en periodos de estiaje.

La organización pide un programa específico para las Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de La China, Butarque y Sur, con cronograma, objetivos intermedios, medidas provisionales y evaluación de efectos sobre las masas de agua afectadas. También reclama recuperar un tratamiento específico de contaminantes emergentes, como fármacos, PFAS, microcontaminantes y compuestos persistentes, con medidas preventivas orientadas a reducir estas sustancias en origen.

Cambio climático: adaptar demandas a los límites ecológicos

SEO/BirdLife considera “especialmente preocupante” que la Confederación Hidrográfica del Tajo no haya puesto a disposición pública un estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático equivalente al elaborado en otras demarcaciones. La organización reclama que este estudio se elabore, se someta a información pública y se integre en el futuro plan hidrológico.

Piden, además, que las demandas de regadío y abastecimiento se subordinen “al cumplimiento de los objetivos ambientales, al mantenimiento del buen estado de las masas de agua y al respeto de los caudales ecológicos. La modernización o mejora de eficiencia de los sistemas de riego es imprescindible para asegurar estos cultivos ante el cambio climático, que va a reducir la disponibilidad real de agua en el futuro, pero si esto se hace para aumentar las superficies de regadío, se pone en peligro todo el sistema y la sostenibilidad de los recursos agrarios”.

Custodia del territorio para restaurar ríos y humedales

SEO/BirdLife reclama que la custodia del territorio se incorpore como herramienta operativa de colaboración público-social en la demarcación del Tajo. “Esta herramienta puede contribuir a restaurar riberas, mejorar la conectividad ecológica, recuperar humedales, conservar hábitats y especies, prevenir especies exóticas invasoras, reforzar el seguimiento ecológico, impulsar ciencia ciudadana y mejorar la educación ambiental”, explican.

La organización propone que el futuro plan identifique fincas de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, tramos de dominio público hidráulico, riberas degradadas y humedales donde puedan desarrollarse proyectos piloto de custodia fluvial. También plantea convenios plurianuales con entidades especializadas, una línea específica de financiación y un visor público de iniciativas con objetivos, actuaciones, indicadores y resultados.

Para SEO/BirdLife, el cuarto ciclo de planificación hidrológica del Tajo debe convertirse en el “ciclo de la recuperación funcional del río”.

Nueve años gobernando la Región de Murcia han dado a Fernando López Mirás un sentido del ritmo político preciso. Al igual que se suceden las estaciones del año con sus cada vez más extremos episodios climáticos, el lorquino ha ido lidiando con distintas coaliciones de gobierno, rupturas, crisis, mociones de censura, una pandemia y, sobre todo, mucho ir y venir de consejeros y consejeras. La experiencia le ha proporcionado la precisión de un cirujano que sabe poner la venda antes de la herida, ahora que rondan al Gobierno regional varios escándalos; el más grave de ellos, la trama de las prótesis caducadas que ha supuesto un fraude de casi siete millones de euros y 11 detenidos, entre ellos facultativos y responsables de compra de material del Servicio Murciano de Salud (SMS). Con los comicios a un año vista, López Miras remodela su gabinete y, de paso, sale a pescar votos entre los huérfanos de Ciudadanos y los desencantados de un Vox roto por dentro en la región.

Fuentes próximas al Gobierno regional insisten en que la entrada de nuevos responsables al cargo de las consejerías de Agricultura y Salud, la nueva portavocía y el intercambio de responsabilidades de los consejeros de Economía y Hacienda, por un lado, y Empresa y Empleo, por otro, estaban previstos “desde hacía varios meses” y puede que así fuera. López Miras descendió las escaleras del Palacio de San Esteban hasta la Sala Ramón Gaya el pasado jueves y, como un reloj suizo, anunció la nueva alineación del Ejecutivo el día en el que se cumplían tres años de la última convocatoria electoral; todo un remozo para las siguientes elecciones que ya practicó la legislatura anterior —en aquella ocasión, con una dirección centrista—. Dos días después, los nuevos responsables tomaban posesión de su cargo y se hacían la foto de rigor entre las columnas renacentistas del primer patio de la sede del Gobierno autonómico.

A pesar de la puntualidad suiza, el contexto político en la Región acaba de experimentar importantes sacudidas en sus principales plazas, Murcia y Cartagena: mientras Rebeca Pérez se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de la capital murciana tras la muerte de José Ballesta; Noelia Arroyo retendrá el liderazgo en la ciudad portuaria en un nuevo giro de guion, en el que la división de Vox tras la expulsión de José Ángel Antelo ha llevado a dos concejales a salir de la formación de ultraderecha y envalentonarse con una moción de censura de la que después se arrepintieron.

Una imagen “fresca y moderada”

Y qué es de una imagen renovada sin una flamante portavocía, según cuenta Ismael Crespo, codirector del CEMOP, el CIS murciano. Marisa López Aragón ha reemplazado su antigua responsabilidad al frente de Empresa, Empleo y Economía Social y la ha sustituido por Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, una Consejería con muchos apellidos. No por ello es la mujer fuerte del presidente, ya que se trata de asuntos técnicos si exceptuamos lo que afecta a la negociación presupuestaria, de la que su anterior responsable, Luis Alberto Marín, ha salido desgastado. Para la refriega política, seguirá al frente el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien acumula el mayor peso orgánico y territorial y se perfila como sucesor natural de López Miras en el caso de que este dé un salto a Madrid. Su cartera se amplía con Juventud, en una clara muestra de la importancia que tiene para el PP este sector de la población que cada vez mira a Vox con mejores ojos.

López Aragón cuenta con las mejores cartas para “refrescar” la imagen del Ejecutivo murciano porque no es del PP pata negra, como pueda ser la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, quien tiene bastante ascendencia en el gabinete. De hecho, se incorporó al gobierno regional en la remodelación de julio de 2024, cuando López Miras reorganizó el Ejecutivo tras la ruptura del pacto con Vox, buscando estabilizar el gobierno con perfiles técnicos. Fue elegida directora del SEF en 2020 por el antiguo consejero de Ciudadanos Miguel Mota y continuó en ese puesto una vez que este partido salió de la coalición de Gobierno. El ascenso meteórico de López Aragón desde entonces se debe a una conjunción de su “pragmatismo” con su impronta “moderada”, capaz de seducir “a socialdemócratas desencantados de Pedro Sánchez”. Es decir, el PP quiere seguir amarrando por su flanco izquierdo a los antiguos votantes de Ciudadanos.

Fuentes del SEF, por su parte, hablan de que externalizó la gestión del organismo a asociaciones patronales y entidades sociales y que es “la mejor representante de los empresarios” en un momento en el que estos presionan a Antelo y la antigua diputada de Vox Virginia Martínez para que aprueben con el PP una serie de leyes que les sean favorables, como la recientemente acordada de Simplificación Administrativa.

Largas listas de espera para el especialista y una trama en el SMS

Quizás sí que había previamente preocupación en el Gobierno regional por el hecho de que Murcia tiene uno de los peores registros del país del porcentaje de personas que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista y se buscara “otra gestión” en la Consejería murciana de Salud, de modo que la hasta ahora gerente del SMS, Isabel Ayala, haya sustituido a Juan José Pedreño. Sea como fuere, su destitución ha coincidido con la presunta trama de prótesis caducadas en el SMS, en la que se habrían facturado implantes en mal estado mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro. Una trama que, presuntamente, ha estado en funcionamiento desde 2019 hasta fechas recientes. La Policía Nacional ha constatado que, al menos, se usó un stent caducado. El PSOE ha calificado de “infamia” el nombramiento de Ayala al haber ocupado la máxima responsabilidad en el SMS durante los años en los que operó dicha trama, mientras que el diputado de Podemos-IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que no es un caso “aislado”, ya que el SMS lleva arrastrando “irregularidades, contratos bajo sospecha y advertencias previas” del Tribunal de Cuentas.

Ayala es licenciada en Medicina y especialista en Atención Primaria y tiene un perfil técnico y continuista. Llegó a la gerencia del SMS en 2023 tras una carrera de gestión que arrancó en los centros de salud y fue escalando puestos hasta los órganos directivos del sistema sanitario murciano. Quienes la conocen la describen como una profesional con capacidad de diálogo, empuje y compromiso con el conjunto del sistema. Su nombramiento llega, en todo caso, en un momento de escasez de profesionales, una política de conciertos cuestionada y unas listas de espera que sus propios compañeros de profesión califican de “brutales”.

Un fuerte peso político frente a los recortes del Trasvase 

El segundo escándalo que más dolores de cabeza le ha dado al Gobierno regional en esta la legislatura ha sido protagonizado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, salpicada por un informe encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 que detectaba niveles elevados de metales pesados en los suelos del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y que su departamento habría ocultado, alimentando las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición y los colectivos ecologistas. Le sustituye un fuerte peso político del Partido Popular, Joaquín Buendía, director gerente de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), adonde llegó hace un año tras una década como alcalde de mayorías absolutas en Alcantarilla, la quinta ciudad con más población de esta comunidad autónoma.

El antiguo primer edil de Alcantarilla viene a apagar “el incendio” que se anticipa en la Región ante el cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España. También es un político que, según fuentes municipales, “pone la bandera más grande, hace la jura de bandera más importante y saca más procesiones”, reforzando el flanco identitario más a la derecha del partido y, así, debilitar al ya dividido Vox.

Ingeniero técnico en Electrónica Industrial y antiguo docente, Buendía estuvo con el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuya sombra parece seguir siendo alargada y que se vio obligado a dimitir por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', al frente de las direcciones generales de Formación Profesional, de Recursos Humanos y Calidad Educativa, y también la de Empleo Público.

De esta forma, el Gobierno murciano trata de recomponerse en medio de las turbulencias y rastrear votos en todos los frentes.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este viernes que “el agua debe garantizar primero las necesidades de Castilla-La Mancha antes de cualquier salida de agua fuera de la región”, al tiempo que ha destacado que esta reivindicación forma parte esencial del Pacto Regional por el Agua entregado a las instituciones europeas.

De hecho, es una de las cuestiones que avala la sentencia del Tribunal Supremo que se conoció ayer, tras desestimar el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) que se oponían al plan hidrológico vigente del río que incluye, entre otras cosas, aplicar caudales ecológicos en su cauce medio.

Núñez no ha valorado la sentencia ni tampoco que vaya a suponer una reducción a los envíos de agua hacia la cuenca del Segura. Algo que han defendido en los tribunales sus compañeros de partido en la Comunitat Valenciana o en Murcia.

Sin embargo, a cuenta de esta noticia, ha cargado contra el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que ayer pedía al Gobierno de España acelerar las decisiones que tienen que ver con el trasvase Tajo-Segura: está pendiente un cambio en las normas de explotación que debe aprobar el Estado. Page defendió que Castilla-La Mancha ha ganado, tras diez sentencias, “la más importante batalla en materia de agua”.

Hoy Paco Núñez ha dicho que cuando Page habla de “supuestas victorias”, estas no lo son “para el campo de Castilla-La Mancha”. Durante la celebración del Comité de Dirección del partido ha señalado que “mientras el Partido Popular trabaja en Europa para garantizar agua para agricultores y ganaderos, Page se conforma con celebrar decisiones que perjudican directamente al campo castellanomanchego”, aunque no ha explicado cómo, ya que en realidad solo ha hablado de la cuenca del Guadiana.

Cree que hay “una mala planificación hídrica” - en la actualidad ya se trabaja para elaborar una nueva en todos los ríos de España y Castilla-La Mancha acaba de concretar sus alegaciones a través del Consejo Regional del Agua- y además dice que “es una pena ver cómo quien lleva 11 años gobernando Castilla-La Mancha está tan lejos de los problemas de esta tierra, tan lejos de sus preocupaciones y tan lejos del sufrimiento de los castellanomanchegos”, ha afirmado.

Paco Nuñez no ha hablado del río Tajo, ni del trasvase hacia el Segura, para centrase en el río Guadiana. Ha advertido de que “el cierre de miles de pozos en la Mancha” tendría consecuencias “devastadoras” para la economía regional, el empleo y el futuro de decenas de municipios. Los socialistas llevan días negando las afirmaciones del líder 'popular' que hoy ha vuelto a insistir en esta cuestión.

Esta semana viajaba a Estrasburgo para reunirse con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, a la que entregó el documento del Pacto Regional del Agua, que representa la posición de Castilla-La Mancha en materia hídrica, y le trasladaba la necesidad de ampliar la Directiva Marco del Agua hasta 2032 para evitar “un desastre” en la región.

Hoy de nuevo ha defendido lo mismo y también poner en marcha inversiones hídricas que permitan garantizar agua para agricultores, ganaderos y familias de Castilla-La Mancha.

Vox también intervenido en el debate, apostando por un Plan Nacional del Agua como alternativa a la “confrontación” por el trasvase, dice, entre PP y PSOE. La formación ultra cree que “sobra” agua en el río Tajo o hacen falta más trasvases, interconectando las cuencas de los ríos como solución.

El PSOE de Castilla-La Mancha por su parte dice que va a seguir “presionando” a PP y a Vox en las Cortes regionales para que se posicionen sobre las sentencias del Tribunal Supremo en relación al trasvase Tajo-Segura que considera “una victoria de todos” y “una derrota del PP y de Vox que en algunos casos ni siquiera reconocen la prioridad de la cuenca cedente”. El diputado Antonio Sánchez Requena ha afeado al PP que sea “incapaz de alegrarse de las buenas noticias de la región y que está absolutamente sometido a los intereses electorales que tiene Génova en el Levante”, ha criticado.

Sánchez Requena ha reprochado al presidente del PP regional, Paco Núñez, su actitud “absolutamente vergonzosa e irrespetuosa con la región” en momentos precisos como el de la visita de Elías Bendodo, ante cuyas declaraciones en pro del agua para Levante “agachó la cabeza”, ha recordado.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yánez, ha defendido la validez y vigencia del Plan Hidrológico de cuenca del año 2023 tras la última sentencia del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) para frenar la aplicación de caudales ecológicos en el río -el flujo mínimo de agua que debe circular para proteger su ecosistema- y reducir los envíos de agua a la cuenca del Segura a través del trasvase.

Yáñez señala que “las pruebas periciales de los demandantes, que son respetables, en ningún momento demuestran que haya error o arbitrariedad” en la propuesta que enarboló su entidad a la hora de planificar el funcionamiento de la cuenca del río Tajo.

Más de diez sentencias que defienden el plan del Tajo

Durante un encuentro con periodistas en la sede de la CHT realizado este jueves, Yáñez ha reiterado que su organismo toma decisiones técnicas y no ideológicas.

“Las normas de explotación del Tajo no dependen de esta casa. La confederación hace la gestión técnica del acueducto Tajo-Segura, es decir, el mantenimiento y conservación como infraestructura hidráulica. Pero no toma decisiones sobre el volumen a trasvasar”, ha defendido, apuntando a que la decisión sobre el agua que se deriva a través del trasvase depende de las normas de explotación que aprueba el Gobierno de España a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

“Sí que nos corresponde fijar el régimen de caudales ecológicos en toda la cuenca”, asume el presidente de la CHT, y es ahí cuando ha reivindicado las “más de diez” sentencias del Tribunal Supremo que defienden el plan de cuenca aprobado hace tres años.

“El Tribunal Supremo, una y otra vez, lo que dice es que el régimen de caudales ecológicos vigente está de acuerdo con la planificación”, ha aseverado a preguntas de los asistentes.

Sobre el futuro del trasvase, ha querido dejar claro que según la legalidad vigente, “las demandas de la cuenca cedente están por encima de cualquier demandante” de agua.

“Las demandas del Tajo están por delante de cualquier demanda que sea externa. Pero puede llegar otro gobierno y cambiarlo”, ha avisado.

El impacto del cambio climático

Yáñez también ha señalado cómo los datos anuales de aportaciones naturales a la cuenca del Tajo -el agua de lluvia que entra en sus ríos y embalses- muestran una reducción significativa en las últimas décadas, un hecho que el presidente ha vinculado al impacto del cambio climático.

“En 1998 había una aportación natural de más de 10.000 hectómetros cúbicos, cuando la capacidad máxima de embalse que tiene la cuenca es de cerca de 11.000 hm³. El cálculo que hicimos en 2023 mostraba una aportación de 9.700 hm³ y para el año 2040 se estima que pueda reducirse a algo más de 7.000 hm³”, ha detallado.

Además de esa reducción “clara” de las aportaciones, Yáñez ha afirmado que en los últimos años se han registrado episodios generalizados de avenidas “intensas”, en referencia a eventos como el tren de borrascas ocurrido durante los pasados meses de enero y febrero, que “antes no eran tan recurrentes”.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha dirigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle, en nombre de los regantes, que en el actual ciclo de planificación hidrológica “dé la vuelta” y vaya “en dirección contraria” a la “promesa política” de recortar el acueducto.

Jiménez ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación tras conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

El líder de Scrats ha apelado a la vía política ante la imposibilidad de solicitar medidas cautelares por los cauces judiciales tras la resolución del Tribunal Supremo que vuelve a avalar la aplicación de caudales ecológicos en el río Tajo, tal y como marcan las leyes españoles y la Directiva del Agua europea.

En este sentido, ha animado también al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a implicarse para paralizar la reducción de caudales y ha advertido de que no aceptará un nuevo plan de cuenca basado en “nuevas promesas mil millonarias que van a ser seguro una mentira absoluta”.

La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina

Respecto a la resolución judicial, Jiménez ha aclarado que, aunque los regantes del Levante asumen el veredicto del Tribunal Supremo que declara la legalidad del procedimiento de planificación del Tajo, rechazan la “injusticia” que supone el recorte del trasvase, al que tachan exclusivamente de “decisión política”.

A pesar del fallo en contra, el presidente del sindicato ha remarcado que en la organización “desánimo no hay ninguno” y que continuarán “al pie del cañón” en la defensa del trasvase.

Durante su intervención, Jiménez ha criticado la “filtración” de la demanda a los medios de comunicación antes de que, supuestamente, fuera notificada formalmente a su procurador, un hecho que, a su juicio, demuestra “el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere”.

Del mismo modo, ha lamentado que la sentencia no haya entrado “al fondo” de la cuestión planteada por los regantes y que no se haya admitido “ni una sola prueba pericial” para rebatir la fijación de los caudales ecológicos.

Críticas a inversiones comprometidas que “no existen”

El representante del Scrats ha cargado contra las inversiones comprometidas por el Ejecutivo central para el horizonte de 2027. Según ha detallado, el Real Decreto de Planificación anunciaba 1.300 millones de euros para la cuenca del Tajo y 1.750 millones para la del Segura, de los que “no se van a ejecutar más de 100 millones” en las ampliaciones de las desaladoras.

“No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras para ser exactos”, ha aseverado, tras tildar de “fraude” las medidas compensatorias.

El presidente del Scrats ha enumerado las infraestructuras prometidas que, según su criterio, “no existen” ni se van a ejecutar, citando los planes de depuración de Madrid (valorados en 1.071 millones), las obras para el Alto Tajo, la impulsión de agua desalada a Ojós o las plantas fotovoltaicas para abaratar la energía.

“La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina”, ha insistido Lucas, quien ha avisado de que el agua desalada de Torrevieja no llega a zonas de interior como Sangonera la Seca, Librilla, Elche, Lorca, Totana o Cieza, lo que provocará daños económicos “incalculables”.

Además, el representante de los regantes ha manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de aprobación de un nuevo real decreto para modificar las reglas de explotación, sosteniendo que, según los criterios del CEDEX, cualquier cambio regulatorio de esa envergadura debe pasar obligatoriamente por el trámite de las Cortes Generales.

Preguntado por el recurso pendiente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Jiménez se ha mostrado pesimista por el peso de los precedentes judiciales y ha concluido que el Scrats no preparará protestas inmediatas, sino que esperará a ver los próximos movimientos del Ministerio liderado por Sara Aagesen.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha urgido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir las sentencias tras “ganar” la comunidad autónoma --ha subrayado-- “la más importante batalla en materia de agua”.

Así ha reaccionado García-Page después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo aprobada por real decreto 35/2023.

“Me siento enormemente contento y orgulloso de esta tierra que defiende sus planteamientos a ultranza. Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales”, ha enfatizado García-Page desde Valdepeñas.

Desde la Ciudad del Vino, ha subrayado el presidente socialista que su gobierno va a defender “con la misma fuerza y sensatez” los intereses del Alto Guadiana, del Júcar, del Segura y de todas las cuencas hidrográficas.

Me siento enormemente contento y orgulloso de esta tierra que defiende sus planteamientos a ultranza. Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales

Finalmente, ha dicho que su gobierno se siente “orgulloso” de esa batalla. “Es casi acomplejante tener que estar años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan”, por lo que ha exigido al Gobierno, “ya después de la última batalla”, que “por favor” cumplan con las sentencias de los tribunales.

Hoy, la ministra de Educación Milagros Tolón visitaba Toledo y se ha congratulado también de la sentencia, calificando el trasvase Tajo-Segura de “anacrónico”.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha señalado este jueves, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que su postura siempre ha sido clara y es que el trasvase le parece “algo ya anacrónico”.

A preguntas de los medios, tras asistir al I Encuentro de Oratoria 'Conecta en Red' en Toledo, Tolón ha indicado que las políticas del Gobierno de España “lo que hacen es favorecer la solidaridad entre regiones pero también tener en cuenta algo tan importante” como el agua para Castilla-La Mancha, que también “es necesaria en nuestro territorio”.

“La política hidrológica del Gobierno de España ha cambiado con el Gobierno del presidente Sánchez y esto avala sobre todo los objetivos nuestros que son más solidaridad, más agua para todos y para todas”, ha indicado Tolón, que ha dicho desconocer cuándo se verá ese cambio tras la sentencia del Supremo. Tampoco se ha referido al cambio previsto en las normas de explotación de la infraestructura.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo aprobada por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero.

Un plan que incluía aplicar caudales ecológicos en el río Tajo y, por tanto, modificar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a la que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha impone costas de 4.000 euros al sindicato de regantes y abre paso así al cambio en cómo y qué cantidad de agua se trasvasa desde la cabecera del río Tajo, en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

La directora general del Agua, María Dolores Pascual, aseguró en enero que, para cambiar las normas de explotación del trasvase, faltaba por conocer varias resoluciones judiciales, como la relacionada con el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura que acaba de conocerse.

El Alto Tribunal repasa en una extensa resolución de 48 páginas las posiciones de todas las partes, incluidas las de la Abogacía del Estado, de la Asociación de Municipios Ribereños Embalses Entrepeñas y Buendía y de la Junta de Castilla-La Mancha. Recuerda que sobre la cuestión “se han interpuesto numerosos recursos” ante la misma Sala judicial. O que ya se han dictado las correspondientes sentencias, todas ellas rechazando los mismos argumentos que también defendía el sindicato de regantes.

Los caudales ecológicos son “obligatorios” en los planes de los ríos

Sobre la cuestión “nuclear” de los caudales ecológicos del Tajo, el Supremo es contundente: incluirlos en la normativa es “contenido obligatorio de los planes hidrológicos” porque forma parte de los objetivos perseguidos por la Directiva Marco del Agua “para garantizar la conservación o recuperación de los ecosistemas asociados al agua y alcanzar el buen estado o potencial ecológico en las masas de agua, de forma que se garantice un suministro suficiente mediante un uso sostenible, equilibrado y equitativo”.

También recuerda el Alto Tribunal que los caudales ecológicos han decidido implantarse “de manera progresiva” y que la cuenca del Segura ha de aportar “recursos alternativos que puedan paliar los eventuales efectos que en el trasvase produzca la obligada implantación de los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo”.

Además, vuelve a rechazar las críticas abiertas de los regantes a los criterios técnicos utilizados por la Administración para fijar los caudales ecológicos. Lo considera suficientemente respondido en sentencias anteriores.

La cuenca del Segura ha de aportar recursos alternativos que puedan paliar los eventuales efectos que en el trasvase produzca la obligada implantación de los caudales ecológicos en la cuenca del Tajo

El Supremo desestima además los motivos de los regantes referidos de infracción del principio de legalidad y de jerarquía normativa porque “el régimen de caudales ecológicos vinculan al resto de aprovechamientos y explotaciones” y porque “la procedencia o no de liberar agua para el trasvase se basa en el volumen conjunto de agua existente en los embalses”.

También rechaza el argumento del sindicato de regantes cuando sostiene que hay falta de coordinación entre el Plan Hidrológico del Tajo y el Plan Hidrológico de Segura pese a que ambas cuencas hidrográficas están unidas por el Acueducto Tajo-Segura.

Para el Tribunal Supremo esta es una cuestión ya resuelta en otra sentencia de 5 de junio de 2024 y subraya que “la coordinación ha existido y que la implantación de caudales ecológicos progresivos es la mejor expresión de esa coordinación” porque su objetivo es dar “espacio temporal suficiente a la cuenca del Segura para la adopción de las medidas necesarias para suplir, en su caso, la menor agua trasvasada en el futuro como consecuencia del establecimiento del nuevo caudal ecológico”.

Llega a asegurar que “el caudal ecológico es una restricción previa al uso [del agua], de manera que condicionar los caudales ecológicos del río Tajo a los usos y necesidades de la cuenca del Segura supondría vulnerar la normativa”.

Los regantes del trasvase también argumentaron que el Estudio Ambiental Estratégico es contrario a la normativa europea y nacional relativa a la evaluación ambiental por ser incompleto, al no incorporar los efectos del Plan del Tajo en las cuencas receptoras, en particular en la Región de Murcia, ya que no incorpora el análisis de los efectos ambientales. En este sentido el Supremo rechaza el argumento y dice que “es lógico” que no tenga que tenerse en cuenta porque se refiere a la cuenca del Tajo y no a otras.

Considera que el Plan Hidrológico del Tajo respeta “la cuantificación de los excedentes trasvasables” - los regantes que usan el trasvase llegaron a argumentar que había intención política de eliminar la infraestructura- y que en su diseño “no se ha producido ninguna infracción de la normativa reguladora”.

Se alude también a la Ley de Aguas y al equilibrio que propugna ya que, recuerda, la planificación hidrológica tiene “por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha manifestado que espera que la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sea suficiente para que se cambien estas normas, aunque ha advertido de que, en caso de que no sea así, el Gobierno autonómico seguirá “insistiendo”.

“Han pasado más de dos años”, ha recordado la consejera, desde que este cambio se debería haber hecho y la “paciencia” del Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un punto en el que les ha “obligado” a presentar una demanda contra el Estado pidiendo y exigiendo que se cumpla lo que dice el Real Decreto, y “es que se tiene que contar con unas nuevas reglas de explotación”.

Para la consejera, desde el Estado “se piensan que, como este año ha empezado con lluvias en primavera, ya está todo solucionado”. “Pero no está solucionado”, ha aseverado.

Por todo ello, el Gobierno autonómico ha presentado un informe en su demanda que “viene a demostrar” la existencia de “daños” por el incumplimiento de los caudales. “Esa es la situación que nosotros hemos puesto encima de la mesa, han admitido a trámite nuestra demanda y lo que esperamos es que, cuanto antes, se nos presente una modificación de las reglas de explotación”, ha apuntado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

“Estamos ya enfocados a que se empiece a tramitar la demanda que hemos hecho, la denuncia ante el Ministerio y espero que simplemente se vean obligados a cumplir. Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan”, ha afirmado en Toledo con motivo de la Romería del Valle.

En este punto, ha tildado de “absolutamente inasumible la inactividad del Gobierno”, a pesar de “muchas sentencias y después de haberse aprobado y estar vigente planes hidrológicos que obligan al cambio de las reglas de explotación”. “Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero no como presidente no me voy a confirmar con lamentarlo”, ha aseverado.

Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno

Reconociendo que “algunos se extrañan” de que un presidente del PSOE pueda recurrir o pleitear con el Gobierno del mismo signo político, ha señalado que “hay que retratarse y ser sinceros”. “Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno”.

Le “duele especialmente” a García-Page cuando se incumple “la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín oficial” y que a él mismo le han dado “muchos responsables públicos”. “Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país”.

Esta realidad, ha lamentado, se replica “casi confederación a confederación, cuenca a cuenca”, y una región como Castilla-La Mancha tiene siete cuencas hidrográficas, ha señalado.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellas las de los ríos Tajo y Segura.

Estos planes son el principal argumento del Gobierno de Castilla-La Mancha para pedir la revisión de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que suponrían el recorte de las transferencias de agua para respetar el caudal ecológico del Tajo. De hecho, ha demandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las apruebe cuanto antes.

Se trata de la séptima sentencia del Supremo que avala la tesis defendida por el Gobierno de Emiliano García-Page.

En este caso, el Alto Tribunal ha declarado inadmisible el recurso de la Diputación de Alicante “por falta de legitimación activa”. Se remite en la sentencia a su criterio “consolidado y que es de plena aplicación” en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado.

Las entidades locales no tienen “legitimación” en este tema

Entre los argumentos contemplados en la sentencia recuerda que las entidades locales “no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso-administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía”.

La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha. Queda un recurso más pendiente de resolución: el presentado por el Sindicato Central de Regantes (SCRATS).

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido este martes en Ciudad Real la necesidad de seguir ampliando las zonas de regadío en la región con criterios de sostenibilidad, al tiempo que ha reclamado la prórroga de la Directiva Marco del Agua para evitar efectos socioeconómicos negativos.

Caballero ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, donde ha subrayado la importancia estratégica de este sector para la economía regional y nacional y ha recordado que España es uno de los principales productores agroalimentarios de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito, con un peso significativo del regadío.

En declaraciones a los medios, ha señalado que el Ejecutivo regional mantiene una “defensa clara” del regadío, apostando por su crecimiento pese a las limitaciones del recurso hídrico y al contexto de cambio climático.

Según ha explicado, los avances tecnológicos permiten actualmente “producir más con menos agua”, gracias a la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad energética.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno regional continuará apoyando económicamente tanto la creación de nuevos regadíos como la modernización de los existentes y ha señalado que “Castilla-La Mancha, ha indicado, se sitúa aún un 5 % por debajo de la media nacional en superficie regada, por lo que ha considerado necesario avanzar para igualar esos niveles”.

Caballero ha destacado, además, que el 70 % de los regadíos de la región ya son eficientes, un dato que, a su juicio, demuestra el esfuerzo realizado en modernización y uso responsable del agua, y ha defendido que el desarrollo del regadío es compatible con la protección del medio ambiente y resulta clave para garantizar la viabilidad económica y social de las zonas rurales.

El vicepresidente segundo ha insistido en que el sector agroalimentario representa en torno al 17 % del PIB regional, por lo que ha advertido de que “no se puede prescindir del regadío si se quiere mantener el desarrollo económico y la población en el territorio”.

Directiva Marco del Agua

En relación con la política hidráulica, Caballero ha señalado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la presentación de alegaciones a los actuales planteamientos en materia de planificación del agua y mantiene una presencia activa en organismos europeos como el Comité de las Regiones con el objetivo de lograr una prórroga en la aplicación de la Directiva Marco del Agua cuando su cumplimiento pueda generar efectos socioeconómicos adversos.

Ha rechazado la posibilidad de que se extingan concesiones de agua, como las vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana, y ha defendido la necesidad de regular situaciones pendientes en determinadas explotaciones.

Caballero también ha reiterado, como ya señaló el presidente de la región Emiliano García-Page durante el Día Mundial del Agua, que el Gobierno regional estudia plantear al Ministerio para la Transición Ecológica una encomienda de gestión que permita a la comunidad autónoma asumir parte de los trámites administrativos relacionados con el agua, con el fin de reducir la burocracia y agilizar los procedimientos.

Y ha subrayado que, pese a las dificultades existentes, el sector cuenta con “motivos para la esperanza”, gracias al desarrollo tecnológico y al papel de las comunidades de regantes, a las que ha definido como organizaciones “responsables y comprometidas”.

Ha afirmado que Castilla-La Mancha defenderá sus intereses en materia hídrica sin buscar el enfrentamiento con otras administraciones, pero sin renunciar al debate cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar un uso sostenible y equilibrado del agua.

Valencia pide no “regatear” agua al Levante

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina Ros, que también ha asistido a la primera jornada de este congreso en Ciudad Real, ha reclamado no “regatear” agua al Levante y ha defendido que no se recorten las “aportaciones históricas” del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, asegurando que España “no tiene un problema de agua, sino de gestión y solidaridad”, y ha defendido el derecho de todas las regiones a acceder a los recursos hídricos disponibles en el conjunto del país.

En este sentido, ha pedido “no pelearnos por vasos de agua cuando dejamos perder ríos enteros”, apostando por una mayor planificación y aprovechamiento de los recursos disponibles.

En relación con el trasvase Tajo-Segura, ha insistido en que territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia “también tienen derecho al agua de los españoles”, rechazando cualquier reducción de los caudales.

“No vayamos hacia atrás, vayamos hacia adelante”, ha señalado, al tiempo que ha defendido mantener las aportaciones históricas que reciben los regantes del sureste.

El conseller ha defendido la necesidad de mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución mediante inversiones en infraestructuras hidráulicas, como embalses y sistemas de trasvase, y ha advertido de que en España “se deja perder una gran cantidad de agua” por falta de estas actuaciones.

En este contexto, ha hecho referencia a los compromisos internacionales en materia hídrica, como el tratado de Albufeira con Portugal, señalando que España ya ha superado las cantidades acordadas de suministro, y ha pedido que se mantenga el mismo criterio de “equilibrio y respeto” en el reparto interno.

Barrachina también ha insistido en que, ante el escenario de cambio climático, es necesario reforzar las inversiones en infraestructuras hidráulicas en lugar de reducirlas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua en el futuro.

Respecto al recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, el consejero valenciano ha reiterado su “respeto absoluto” y ha evitado entrar en la confrontación política, centrando el debate en la gestión global del agua y en la necesidad de incrementar las infraestructuras hidráulicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tachado de “ofensivas” las declaraciones realizadas este miércoles por el vicesecretario nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, durante su visita a Talavera de la Reina, desde donde defendió la derivación de recursos hídricos del Tajo hacia la Comunidad Valenciana.

Así de contundente se ha mostrado, a preguntas de los periodistas un día después de las palabras de Bendodo, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, quien ha considerado “absolutamente incomprensible” que un dirigente nacional acuda a Castilla-La Mancha a “decirnos que la prioridad del agua tiene que ser para la Comunidad Valenciana”.

Desde Ciudad Real en un acto de CCOO, Caballero ha asegurado que las palabras de Bendodo suponen un agravio no sólo para el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino para el conjunto de la ciudadanía y de las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha insistido en que se trata de unas declaraciones “muy ofensivas para Castilla-La Mancha, para todos sus ciudadanos”, con independencia de ideologías o siglas.

Cuestiona a Núñez por no desmarcarse de las palabras de Bendodo

En este sentido, el vicepresidente segundo ha puesto el foco en la presencia del presidente regional del PP, Paco Núñez, durante las palabras de Bendodo, y ha cuestionado su actitud al no desmarcarse del mensaje trasladado por el dirigente nacional.

A su juicio, Núñez debería “plantearse si representa los intereses de esta región” o si responde exclusivamente a los de su partido a nivel nacional.

En este contexto, ha criticado que el PP mantenga un discurso que, en su opinión, prioriza los intereses hídricos del Levante frente a los de Castilla-La Mancha.

Caballero ha subrayado que el agua es un recurso “imprescindible” para la región, estrechamente vinculado a su economía y, en particular, al sector agrícola, y ha garantizado que el Ejecutivo autonómico lo defenderá “con uñas y dientes”.

En esta línea, ha advertido de que esa defensa se ejercerá “si es necesario contra el Gobierno de España y por supuesto también contra el Partido Popular”, al tiempo que ha acusado a esta formación de “empeñarse en despreciar esta tierra” con posicionamientos como el expresado por Bendodo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lo venía rumiando desde el año pasado, en el mes de enero avisó de que se está preparando y en el último día de marzo de 2026 se ha confirmado: habrá una demanda contra el Gobierno de España por incumplir el compromiso- regulado en el Plan Hidrológico del Tajo- de cambiar las normas para explotar el trasvase Tajo-Segura, que envía agua desde el complejo Entrepeñas-Buendía, en la cabecera del Tajo, hacia las provincias de Alicante, Murcia o Almería a través de un acueducto que conecta con el río Segura.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde hoy a la autorización para que se interponga una demanda en el ámbito contencioso-administrativo para obligar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a cumplir su propia normativa estatal.

Lo detallaba la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez en una comparecencia en el Palacio de Fuensalida y minutos después, desde Talavera de la Reina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a la cuestión reconociendo -tras meses de dilatar la decisión- lo “duro” de tener que denunciar en los tribunales “con importantes consecuencias” a un Gobierno “del mismo partido político”, el que preside Pedro Sánchez.

García-Page visitaba hoy el Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral en Talavera de al Reina y ha insistido en la “falta de cumplimiento” de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo. Algo que considera que podría entenderse por muchos servicios jurídicos como un “delito ecológico”. Hay que recordar que el propio ministerio pidió hace unas semanas esperar a las resoluciones del Tribunal Supremo que todavía debe dirimir dos recursos pendientes.

“Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político”, comentaba.

“Un año de margen” para el cambio que no llega

El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado “más de un año de margen” para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión “práctica y clara”.

En todo caso, ha confiado en que haya “solución” para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a “retirar el pleito” contra el Gobierno de España.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes a la iniciativa para que el servicio jurídico de la Junta de Comunidades interponga una demanda contencioso-administrativa con el objetivo de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La consejera de Desarrollo Sostenible ha justificado la iniciativa ante los tribunales calificando la situación del trasvase Tajo-Segura de “insostenible ambiental y jurídicamente”. Mercedes Gómez ha recordado que el ministerio “ha incumplido su propio plazo de un año”, el que se propuso tras publicarse en febrero de 2023 la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas, entre ellos el del río Tajo. “No se ha cumplido”, ha insistido, recordando que el documento para cambiar la explotación del trasvase debería haberse elevado al Consejo Nacional del Agua en febrero de 2024 .

“Se dan todas las circunstancias para presentar la demanda. Una vez admitida nos reservamos la opción de pedir las medidas cautelares que sean necesarias”, ha añadido. Unas medidas que no ha concretado, ya que dependerá de la posición que adopta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Es el único río que no ha tenido caudal ecológico”.

Pasados tres años, ni ha habido modificación de las reglas del trasvase, ni avances en la aplicación de los caudales ecológicos. De hecho, ha citado lo que tacha de “irregularidades en los volúmenes de agua establecidos para 2025”, refiriéndose a los episodios vividos en Toledo en agosto de 2025 cuando el río se quedó sin caudal a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. “Si eso es un caudal ecológico… habría que verlo”, ironizaba.

“Eso ha provocado el hartazgo del gobierno. Castilla-La Mancha siempre ha sido solidaria. El presidente Page siempre ha dicho que mientras que haga falta agua para beber no habrá problema para trasvasar, pero todo tiene un límite”, advertía.

Después de 47 años de trasvase, incidía la consejera, “no puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos”.

El impacto hídrico y los daños “irreparables” en la Red Natura 2000

Mercedes Gómez ha explicado que el hecho de mantener el actual sistema de trasvases no solo está teniendo un “impacto claro” con un “balance hídrico negativo”, sino que la infraestructura no se ha acomodado a la situación de cambio climático. “Aunque parezca que hay agua, es un espejismo. Las reglas del trasvase deben adaptarse para que el río Tajo sea un río vivo, con caudal suficiente para mantener la vida y vegetación de ribera”.

No puede ser que se esté dilapidando este recurso hídrico y que no se sacie la demanda de murcianos y alicantinos

A esa circunstancia se añade lo que ha calificado de “daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000”, para referirse a las ZEPA de la Sierra de Altomira, Yesares-Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama, Islas de Malpica y Azután o Barrancas de Talavera. “Se encuentran en estado de conservación desfavorable o muy limitado por estar vinculados al régimen hídrico que debería ser el adecuado en la cuenca del Tajo”. Y eso es algo que, recordaba hoy, ya lo especificaba la sentencia emitida por el Supremo en 2025, avalando por sexta vez la necesidad de que el Tajo cuente con caudales ecológicos. “Dijo que los hábitats de interés comunitario como consecuencia del trasvase estaban teniendo daños irreparables”.

Sobre las expectativas en torno a lo que pueda suponer esta demanda judicial, Gómez confía en que sea “un impulso” para el Gobierno de España, pero ha advertido que además el cambio de las normas del explotación del trasvase debe “convencer” al Ejecutivo castellanomanchego. “Hace un año presentamos propuesta técnicas que no se ha contestado por parte del ministerio. Creemos que esa propuesta puede dotar de sostenibilidad para hacer mejor las cosas con el trasvase”.

Sin relación con la ministra Aagesen

Mercedes Gómez ha lamentado la falta de comunicación con el MITECO. “Desde que Sara Aagesen está al frente la relación directa para analizar el trasvase u otras cuestiones no existe”, pero los trasvases se siguen produciendo. Con el sistema actual, y en situación de normalidad (nivel 1), acaba de aprobarse una derivación de agua hacia Alicantes, Murcia o Almería de 180 hm3.

“Si se siguen manteniedo estas circunstancias, o incluso en nivel 2, se batirían records de trasvases desde que hace 47 años se pusiera en macha la infraestru ra. El máximo es 600 y ya vamos por 555 hm3, el 73% del agua trasvasada en los últimos años”, alertaba.

Y ha seguido dando más cifras. En 47 años, hasta 29 marzo 2026, se han trasvasado 15.148 hm3. “Suponen 15.148 piscinas olímpicas o el abastecimiento de 63 millones de viviendas. Son cifras que hay que poner sobre la mesa porque desde el punto de vista de gestión del agua se han restringido los crecimientos urbanísticos o agrarios en Toledo y Guadalajara. Eso es insostenible”.

Ha vuelto a insistir en que el Estado debe “tomar cartas en el asunto” y modificar las reglas de explotación del trasvase porque “ya vamos tarde”. También ha respondido, sin citar su nombre, a la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, que la semana pasada pidió seguir negociando: A quienes dicen que no se ha negociado suficiente, el presidente Page lleva seis meses esperando cita con la nueva ministra y esta consejera lleve un año pidiendo una reunión. Si eso es forma de negociar y de entender los problemas de una comunidad autónoma, desde luego no compartimos esta forma de trabajar ni de entender las políticas“, ha comentado.

A Castilla-La Mancha tampoco le vale el argumento del MITECO sobre la necesidad de esperar a dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo en respuesta a los recursos interpuestos por el Sindicato indicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y la Diputación de Alicante. La consejera ha dicho que se conocerá el pronunciamiento del Alto Tribunal en breve y ha dado fechas: el 21 de abril y el 5 de mayo, respectivamente.

Precisamente hoy el presidente del Scrats Lucas Jiménez ha reivindicado la vigencia del trasvase en el 47 aniversario de la llegada de sus aguas, tras calificar la infraestructura como una “magna obra de la solidaridad y de la ingeniería española” y asegura que allí “pelearán” por otros tantos años más para la infraestructura.

A los argumentos de los regantes, la consejera contestaba hoy con el mismo que se mantiene en Castilla-La Mancha desde hace ya una década: se incumple tanto la normativa europea del agua como las sentencias judiciales - hasta seis ya- del Tribunal Supremo que avalan la aplicación de los caudales ecológicos en el tramo medio del río Tajo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el próximo martes, día 31 de marzo, en Consejo de Gobierno, el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha calificado de “doloroso” denunciar al Gobierno de España, “por el incumplimiento de sentencias en relación con el agua”, en referencia a las cinco sentencias ganadas en el Tribunal Supremo “a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha”, que “no se ganan así como así”.

“Son años peleando”, ha lamentado el presidente regional, apuntando que después de esta pelea ya han pasado “otros cuatro años sin cumplir con las sentencias”.

La ministra apela al consenso dialogado

A esta cuestión ha respondido desde Toledo, la exalcaldesa de la ciudad y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Ha defendido que el tema del agua “se soluciona hablando y, sobre todo, con diálogo y con consenso” antes que acudir a los tribunales.

A su juicio, se trata de una cuestión que “se puede evitar hablando” con el Ministerio de Transición Ecológica. Y tras reseñar que siempre defenderá “el no al trasvase” porque sabe lo que significa, ha querido subrayar “algo que es muy importante, y es el cambio de talante de este Gobierno con respecto a otros gobiernos en el tema del agua” y del Tajo, donde se han “sacado adelante cuestiones que parecían de alguna forma que no se iban a poder sacar con respecto al tema del Tajo”.

Nuevo trasvase del Tajo al Segura, esta vez de 180 hectómetros cúbicos para tres meses, y nuevo cabreo en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Mientras que todavía no se han aprobado las nuevas reglas de explotación y el Ejecutivo regional ultima una demanda para reclamarlas, el Gobierno de Page ha dicho que esta nueva derivación de agua “dilapida el 11% el almacén de agua embalsada que hay en estos momentos en Entrepeñas y Buendía”, en la cabecera del río Tajo.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha recordado que este nuevo trasvase se aprueba con las actuales reglas de explotación, “con las que no estamos de acuerdo y cuya aplicación significa que los embalses de cabecera pueden perder las reservas que habían acumulado”. Esta circunstancia, alerta, puede repetirse en meses sucesivos, aprobando trasvases a razón de 60 hectómetros cúbicos al mes hasta el final del año hidrológico con la actual coyuntura.

Al respecto, consejera ha señalado que, además, quedan más de 135 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar y que, con la actual situación, “no hay capacidad técnica ni sostenible para poder llevar esos recursos al Levante y a Murcia, más teniendo en cuenta que en estos momentos el Levante y Murcia no necesitan estos recursos al no tener capacidad de almacenamiento”.

Por este motivo, ha dicho no entender cómo el Gobierno de España está permitiendo esta situación “sin que se tengan en cuenta medidas de sostenibilidad”, cuestiones que, por otro lado, “el Partido Popular está encantado de que sean así”. “No estamos conformes, creemos que se están perdiendo todas las oportunidades para modificar las reglas de explotación del trasvase y nos reafirmamos en la necesidad de establecer una demanda judicial por incumplimiento del Real Decreto de la Planificación Hidrológica del Tajo que se aprobó en 2023 y que el Gobierno central está incumpliendo día sí y día no”, ha concluido.

El Gobierno central dice cumplir con “parte” de la normativa

A esta cuestión se ha referido precisamente el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Ha apuntado que el Ejecutivo central “no está causando ningún perjuicio grave” a la Junta de Castilla-La Mancha en materia de agua y ha añadido que “hay parte de la normativa que se está cumpliendo”.

El delegado del Gobierno ha explicado que los cauces ecológicos se vienen cumpliendo desde el mes de septiembre. “Cierto es que hay que revisar cuáles son los entrantes en los embalses de Entrepeñas y Buendía y los desembalses que se pueden producir. Pero con esto quiero decir que hay parte de la normativa que se está cumpliendo”.

Al mismo tiempo, ha indicado que “hay que ser prudentes” en la aplicación de toda la normativa europea en su conjunto, que también puede afectar al Levante. “Por eso creo que el Gobierno de España está siendo muy prudente, no está causando ningún perjuicio grave a Castilla-La Mancha y está permitiendo ser solidario con el desarrollo del Levante.

A este ritmo, se llevarán media cabecera con el piloto automático si no se pone freno

Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía

Por su parte, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha tachado el nuevo trasvase de “irracional”. “A este ritmo, se llevarán media cabecera con el piloto automático si no se pone freno”, destacan, al tiempo que critican que el trasvase se aplica también a marzo, “anulando la decisión anterior y poniendo de manifiesto el absurdo de aprobar estos envíos en ciclos de tres meses”.

El presidente de la Asociación, Borja Castro, denuncia que esta decisión confirma que el sistema continúa operando exactamente igual que en el pasado. “Se siguen aprobando trasvases automáticos con reglas antiguas como si nada hubiera cambiado. Da igual que sobre agua en el Segura o que el sistema esté en transición hacia nuevas normas: el piloto automático sigue funcionando”, afirma.

Desde la Asociación recuerdan que el principal problema es que el sistema continúa funcionando con unas reglas de explotación “desfasadas”, que “deberían haberse actualizado hace ya dos años para aplicar el escalonamiento previsto hasta 2027”. “Mantener los envíos automáticos con la normativa antigua deja en la práctica inoperativo ese proceso de adaptación, que precisamente debía reducir progresivamente los volúmenes trasvasables para ajustarlos a la nueva realidad del Tajo”.

Con todo ello, la Asociación reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que “abandone la rutina de aprobar trasvases automáticos con reglas antiguas” y aplique “de una vez” el marco previsto para los próximos años. “No se puede hablar de adaptación del sistema mientras se sigue haciendo exactamente lo mismo que antes, quedan nueve meses para 2027 y parece ya el parto de los montes que decía Esopo”, concluye Castro.

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, ha abogado este miércoles por modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, así como por garantizar la calidad de las aguas del río Tajo a su paso por Talavera de la Reina y Toledo.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios junto a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, antes de la inauguración de la jornada 'Agua y sostenibilidad en Castilla-La Mancha' organizada por la organización colegial.

Ha señalado que este evento coincide con la declaración institucional que el Colegio ha hecho de forma “consensuada y unánime” sobre la situación y la calidad de las aguas del río Tajo, en la que apunta que es “necesario” recordar el marco jurídico que lo regula y los caudales ecológicos.

En consecuencia, ha abogado por una actualización de la planificación hidrológica y una modificación de las políticas del agua. “Ello se debe traducir en una revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que como ustedes saben, regula en parte los caudales ecológicos y también tiene influencia en otras regiones de nuestro país”.

“Problemas de calidad” por la contaminación de los afluentes

También apunta que es necesario, tal y como recoge esta declaración, garantizar la calidad y la cantidad “de las aguas” del Tajo a su paso por Talavera y por Toledo. “La contaminación de los afluentes en el curso medio-alto está generando problemas de calidad desde hace mucho tiempo y en las directivas del Consejo de Europa y del Parlamento se establecen unos vertido que es necesario asegurar y respetar para que el Tajo vuelva a regular esta calidad”.

El Colegio ha reclamado liderazgo y consenso político a la hora de afrontar el problema del agua. “Es muy importante que se vuelva a recuperar el espíritu de un pacto de Estado sobre el agua y que se vuelva a aprobar un plan hidrológico nacional que articule, no solo estas medidas necesarias en el Tajo, sino en muchas otras cuencas de nuestro país”.

A ello ha unido la necesidad de que las inversiones en abastecimiento, en depuración y en reutilización de las aguas sigan avanzando, “y lo hagan desde un liderazgo técnico que tiene que ser incuestionable para estar siempre al nivel que nos exige un país desarrollado y una Comunidad Económica Europea, que se mantiene vigilante ante estos temas”.

Es por ello por lo que el Colegio se ha ofrecido, como representante de un colectivo de profesionales “cualificados en la materia”, a colaborar tanto a nivel individual como a nivel colectivo con todas las administraciones públicas en lograr todos estos objetivos.

Finalmente, ha apuntado que el Colegio se ha adherido a una iniciativa legislativa popular que promueve una modificación de la Ley de Aguas para garantizar la protección humana frente a fenómenos meteorológicos adversos pues no “está expresamente recogido” en esta normativa.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha anunciado que está realizando distintas actuaciones “de urgencia” para evitar que se repita el episodio de inundaciones en la ciudad de Albacete del lunes, y ante la previsión de más lluvias este fin de semana.

Según explica un comunicado emitido por el organismo de cuenca se ha ampliado la capacidad de almacenamiento de la conducción Tajo-Segura, con el fin de poder disminuir los calados en el canal de María Cristina, que atraviesa la ciudad de Albacete. Se está derivando agua desde el río Jardín hacia el trasvase Tajo-Segura para evitar que el canal siga elevando su volumen de agua.

La medida responde a la reunión mantenida este miércoles con el Consistorio y la Subdelegación del Gobierno, en la que se analizaron los problemas causados por la puesta en carga de la red de saneamiento de la ciudad.

A los problemas referidos en la red de saneamiento, que impiden que los colectores alivien correctamente en el tramo subterráneo del canal de María Cristina que recorre la ciudad, aun estando los caudales circulantes en niveles medios, y que provocaron inundaciones en algunas zonas de la ciudad en días anteriores, se une la persistencia del episodio en la Sierra de Alcaraz, una de las cabeceras de los cauces que acaban en el canal de Maria Cristina, que está viendo un aumento progresivo de su caudal.

Esta situación ha provocado que se hayan derivado volúmenes a las zonas de laminación que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene previstas para ello, tanto en la gravera situada en el municipio de La Herrera como en la zona de La Lobera, donde el ayuntamiento metió maquinaria pesada esta semana.

Sin embargo, las actuaciones llevadas a cabo en los últimos días en esta zona de laminación, diseñada para volúmenes circulantes superiores a los que se han estado registrando, han agotado su capacidad antes de lo previsto, lo que limita la respuesta ante nuevos aportes. De ahí que haya ampliado la capacidad de almacenamiento de la conducción Tajo-Segura, con el fin de poder disminuir los calados en el canal de María Cristina.

Derivación vía acueducto Tajo-Segura hacia balsas de riego

Concretamente, se van a poder asumir unos 400.000 metros en dos puntos de la infraestructura que se han habilitado, derivando sus volúmenes hacia distintas balsas de riego.

Asimismo, también se ha solicitado a la Comunidad de Regantes Balazote-La Herrera que retomen la derivación de agua del río Jardín hacia sus balsas, para reducir su caudal y, por tanto, reducir los calados que llegan al canal de Maria Cristina.

“Con todo, es posible que si el episodio persiste se continúen derivando caudales a través del acueducto Tajo-Segura para evitar afecciones más graves en la ciudad de Albacete”, indican desde la CHJ.

Además, los técnicos han previsto otras dos medidas de urgencia que se pondrán en marcha en caso de que la situación meteorológica empeore de forma significativa durante el fin de semana.

Según explica la confederación, estas dos actuaciones suponen la elevación de la cota del canal de María Cristina en otros dos puntos localizados para incrementar la posibilidad de laminación en las áreas disponibles, con el fin de minimizar las afecciones que se pudieran derivar.

El alcalde de Albacete Manuel Serrano ha elevado este lunes a fase de emergencia el Plan Territorial de Emergencia Municipal (PLATEMUN) después de que el canal María Cristina que atraviesa la ciudad haya provocado inundaciones en varias calles.

En una convocatoria pública de carácter urgente la pasada noche en el parque de bomberos de la ciudad ha informado de que se han visto afectados tanto garajes como locales y viviendas bajas en calles del barrio Industria como Juan de Toledo, Gabriel Ciscar, Alicante, Letur o Paseo de la Cuba, y hasta en los archivos de la Fábrica de Harinas, un antiguo palacete, hoy sede del Gobierno de Castilla-La Mancha en esta provincia.

El edil advierte de que el problema “podría extenderse a otros barrios como Imaginalia o San Pablo entre otros, si no se pone solución”, que ha reclamado de forma directa a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Durante su comparecencia, ha hablado de “situación de emergencia” en la ciudad de la que, sostiene, “venimos advirtiendo a la Confederación desde el viernes pasado. Han caído en menos de un mes entre 300 y 400 litros en la Sierra de Alcaraz y parte de la provincia, y con las escorrentías esa agua en su mayoría viene a la ciudad de Albacete por el río Jardín, con el canal de la Lobera que conecta con el canal de Acequión y el de María Cristina, que pasa a cielo abierto y soterrado por detrás de la Fiesta del Árbol”.

El pasado viernes la Confederación del Júcar informaba del umbral rojo activado en el río Jardín con un caudal de más de 8 m³/segundo. Hoy, el alcalde dice que “la acumulación de agua ha desbordado el sistema de colectores de la red de la capital de provincia”.

Este martes, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del organismo informa de nivel naranja, con un caudal de 6,74 m3/segundo en el río Jardín, en la estación de aforo de Alcaraz.

Los medios de comunicación locales han compartido algunas imágenes a través de las redes sociales de las calles inundadas.

El alcalde pide desviar el agua al canal del trasvase Tajo-Segura

Serrano ha recordado que “el canal de Maria Cristina está pensado para que desagüen los colectores pluviales de la ciudad, no para ese volumen que está recibiendo”, según lamentaba, para asegurar que se viene “advirtiendo” a la Confederación Hidrográfica “desde el viernes pasado hasta con tres cartas” pero, dice, “no han hecho nada, y ahora el Canal de María Cristina ha inundado gran parte de la ciudad por el subsuelo”.

En concreto, ha explicado que hay 350 kilómetros de colectores en la ciudad, “y la tercera parte están en carga en las zonas próximas al canal, de modo que las válvulas antirretorno han saltado y los imbornales no son capaces de tragar agua”.

El alcalde también ha comentado que este mediodía se ha vuelto ha enviar “otra carta” al organismo de cuenca del Júcar explicando “la situación crítica, pero no hemos tenido respuesta, más allá de evasivas y tirar balones fuera”.

También detalla que se ha pedido “romper uno de los canales agua arriba, enviando así agua al trasvase. Así habríamos evitado lo que ha sucedido, pero nos dicen que el trasvase pertenece también a las confederaciones del Tajo y Segura. No podemos dirimir ahora cuestiones competenciales, las situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, sobre todo cuando podemos poner en peligro personas y viviendas”.

Según el alcalde, tanto la Junta de Castilla-La Mancha como la Diputación “están colaborando” y señala que también la Subdelegación del Gobierno “nos ha escuchado”.

Ponen el foco en la Confederación Hidrográfica. “Nosotros no podemos actuar porque habrá que derivar agua al trasvase fuera de nuestro municipio, en La Herrera, como ya se hizo en 2012 y 2013”.

Aunque achiquemos el agua, no se soluciona nada, porque el colector no traga. No se puede permitir que dejen en el limbo a la ciudad. Ni nos dejan actuar ni actúan ellos, y ya llueve sobre mojado en los temas de inundaciones

Serrano se lamenta de que “aunque achiquemos el agua, no se soluciona nada, porque el colector no traga. No se puede permitir que dejen en el limbo a la ciudad. Ni nos dejan actuar ni actúan ellos, y ya llueve sobre mojado en los temas de inundaciones”.

Ahora, añadía, “la exigencia que venimos haciendo a la Confederación se convierte en petición de clemencia, porque como siga lloviendo aguas arriba el problema puede ir a peor”.

Durante toda la noche se ha mantenido “el seguimiento permanente de la situación” y el ayuntamiento ha anunciado que prestará “especial atención a las incidencias relacionadas con la seguridad de los vecinos y vecinas”.

Este martes por la mañana, la Policía local de Albacete ha dado a conocer incidencias relacionadas con inundaciones. A las 15:09 horas, en la calle Zaragoza se colaboró con los bomberos por la rotura de una bomba de agua en el sótano de un edificio, que acumuló agua en el interior del garaje.

A las 22:34 horas en la calle Gabriel Ciscar se auxilió a mujer de 68 años que tuvo que ser trasladada por inundación de su domicilio a casa de un familiar. Y a las 22:39 horas en la calle Juan de Toledo se colaboró con los bomberos en el garaje de edificio comunitario por la entrada de agua que se procedió a achicar.