La historia del trasvase Tajo-Segura no encuentra su fin tras décadas de polémica y confrontaciones entre Castilla-La Mancha, como región con la cuenca cedente, y la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía, como las receptoras. Y no parece que la vaya a tener tampoco en la presente legislatura. Este es el escenario que se vislumbra tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que hará prácticamente imposible que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) dé luz verde a una de sus asignaturas pendientes: las nuevas reglas de explotación de este acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que avaló los caudales ecológicos del río Tajo en su nueva planificación hidrológica.

Se trata de una petición que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no ha dejado de exigir desde que la sentencia se hizo firme, hasta el punto de que demandó al Gobierno central por la vía judicial para hacer públicas estas nuevas normas. Sin resultado hasta ahora.

Ese es uno de los múltiples frentes que Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con Pedro Sánchez, tiene abiertos con el Gobierno central. Su postura al respecto es clara: el trasvase debe acabarse o, en su defecto, cambiar sus normas para garantizar sus caudales ecológicos.

La férrea defensa que el Gobierno castellanomanchego ha hecho de esta cuestión viene además avalada por el hecho de que todos los recursos presentados contra la sentencia del Supremo han sido desestimados, parcial o totalmente. El último de ellos, el interpuesto por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Pero antes de este último, el Alto Tribunal ha ido tumbando otros muchos: el de la Comunitat Valenciana, el de la Región de Murcia o el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), entre otros.

Ahora, con el adelanto electoral, el Ejecutivo de Page afirma que va a seguir defendiendo esas nuevas reglas “gobierne quien gobierne”. Lo ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible, Merces Gómez, quien ha reafirmado su compromiso de “no dar ni un paso atrás” en la defensa del Río Tajo y de los recursos hídricos propios de Castilla-La Mancha.

El caudal ecológico, una “condición obligatoria”

Porque el principal argumento del Supremo hasta ahora ha sido que el caudal ecológico no es un uso del agua comercial, sino una “condición obligatoria” de protección medioambiental. Pero no ha servido para que el ministerio haya podido aprobar las nuevas reglas de explotación antes del final de la legislatura porque, según alega, todavía quedan recursos por resolver.

¿Qué queda en el aire entonces? El Tribunal Supremo sentenció que el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas y obliga al MITECO al establecimiento inmediato de caudales ecológicos en las zonas protegidas del eje principal del río Tajo, es decir, todo el recorrido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres.

Ese tramo medio incluye de forma directa el paso del río por ciudades principales como Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Es decir, toda la masa de agua a su paso por el territorio castellanomanchego se encuentra bajo este mandato de obligado cumplimiento.

Con la anulación judicial del escalonamiento, el calendario progresivo que aplazaba los máximos niveles hasta 2027 quedó sin efecto, obligando a la aplicación de nuevos volúmenes de caudal mínimo histórico: seis metros cúbicos por segundo en el tramo de Aranjuez (frente a los 8,65 establecidos), diez metros cúbicos en el tramo de Toledo (frente a 17,23) y lo mismo para el tramo de Talavera de la Reina (frente a 18).

Estas son las cifras que las nuevas reglas de explotación debían garantizar y así lo han recordado también de manera reiterada desde la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía (en la cabecera del trasvase) tras los últimos pronunciamientos del Supremo.

“Vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de este colectivo, Borja Castro.

La asociación ya advirtió que estas sentencias no impiden que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando, pero considera que esa posibilidad “no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”.

Mientras tanto, la situación del Tajo es cada vez peor. A su paso por Toledo y tras un verano extremadamente seco y caluroso, las imágenes de playas e islas de arena cada vez más grandes en el cauce, y de peces cuya aleta dorsal sobresale del agua por falta de espacio con el lecho, se han difundido por redes sociales y medios de comunicación, reabriendo el debate sobre la cantidad de agua que lleva este río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha.

Se da también la circunstancia de actualmente el trasvase está parado por obras. El acueducto permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Lo que no ha parado ha sido el debate político. Coincidiendo con las últimas resoluciones judiciales, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al presidente del PP regional, Paco Núñez, que defienda los derechos hídricos de esta comunidad autónoma. Es una petición también histórica, porque la situación de Núñez no es fácil. El PP gobierna en la Comunitat Valenciana y en Murcia, y Alberto Núñez Feijóo ha apoyado en varias ocasiones las demandas de sus presidentes en materia de agua.

¿Hay un pacto oculto en el PP?

Los socialistas han aprovechado esta cuestión para denunciar el “silencio” del PP castellanomanchego a este respecto y a insinuar un “pacto oculto” con Génova para que Núñez pueda ser candidato frente a Page en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

El pasado mes de agosto, Núñez se comprometió a que, si llegaba al Gobierno de Castilla-La Mancha, aplicaría el “principio de prioridad de la cuenca cedente” para garantizar que el agua de la región se destine, en primer lugar, a atender las necesidades de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos. Pero este discurso nunca ha sido avalado por Núñez Feijóo.

Es de esperar, por tanto, que el agua, sin unas reglas claras de explotación del trasvase, vuelva a ser tema recurrente en Castilla-La Mancha durante la campaña electoral para el 29 de noviembre, sin que apenas se haya avanzado en la aplicación de los caudales ecológicos del río Tajo durante la presente legislatura. Es decir, mientras, según las plataformas y asociaciones que lo defienden, “agoniza”.

Nuevo pronunciamiento judicial en mitad el debate sobre la 'salud' del río Tajo y sobre la cuestión del agua en Castilla-La Mancha. La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha celebrado hoy lo que califica de “nuevo revés judicial” para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el incidente de nulidad de actuaciones con el que pretendía dejar sin efecto la sentencia del pasado 13 de mayo que rechazó íntegramente su recurso contra el Plan Hidrológico del Tajo.

El Supremo recuerda que un incidente de nulidad es un mecanismo “extraordinario y excepcional” y no una nueva instancia para volver a plantear cuestiones que ya han sido estudiadas y resueltas mediante sentencia firme, según explica la asociación.

Además, señala que buena parte de las alegaciones del SCRATS pretendían reabrir debates ya examinados sobre la legalidad del Plan Hidrológico del Tajo, la regulación del trasvase Tajo-Segura, la coordinación entre cuencas o la determinación de los caudales ecológicos.

“Es un nuevo pronunciamiento contundente del Tribunal Supremo y vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

La sentencia 596/2026, dictada el pasado 13 de mayo, ya había desestimado el recurso del SCRATS contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada mediante el Real Decreto 35/2023. El Sindicato trató posteriormente de anular ese fallo alegando, entre otras cuestiones, vulneraciones de derechos fundamentales y defectos en la valoración de la prueba, argumentos que el Supremo vuelve ahora a rechazar.

“Están en su derecho de utilizar las vías que permita el ordenamiento jurídico, pero llega un momento en el que hay que preguntarse hasta dónde se pretende estirar una cuestión sobre la que el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya de manera reiterada. Mientras tanto, el Tajo sigue esperando”, ha añadido Castro.

El auto impone costas a los regantes

El auto impone al SCRATS las costas del incidente, fijadas en un máximo de 1.500 euros a repartir entre las tres partes recurridas. La resolución establece además expresamente que contra este auto no cabe recurso.

“Esto no impide que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando”, advierten los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo.

En opinión de esta asociación, “esa posibilidad no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La asociación considera que esta nueva resolución se suma a una larga sucesión de pronunciamientos del Tribunal Supremo contrarios a los recursos planteados contra la planificación hidrológica del Tajo y consolida un escenario jurídico cada vez más claro.

Por ello, insiste en que “el Gobierno de España debe avanzar ya en la aplicación efectiva de los caudales ecológicos”. También en la modificación de unas reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura que, dicen, “fueron diseñadas para una realidad anterior a la actual planificación hidrológica”.

El Gobierno de España debe avanzar ya en la aplicación efectiva de los caudales ecológicos y en la modificación de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura

“Se pueden seguir explorando vías jurídicas, pero eso no puede convertirse en una excusa permanente para no actuar, porque está en juego la salud del río Tajo. El Supremo ha hablado reiteradamente y el Gobierno tiene razones más que suficientes para cumplir ya con los caudales ecológicos y adaptar el trasvase a la realidad legal y ambiental del Tajo”, concluye el presidente de los municipios ribereños, Borja Castro.

El PSOE pide al Comité Regional del PP “una resolución en defensa del agua”

Coincidiendo con esta resolución judicial, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al PP que, coincidiendo con el Comité Regional del partido que preside Paco Núñez, y que se celebra esta tarde, aproveche para anunciar “una resolución en defensa de los derechos hídricos de Castilla-La Mancha”.

A través de las redes sociales, los socialistas sugieren que “estaría bien que aclaren si el agua del Tajo se debe quedar en Castilla-La Mancha o prefieren que se vaya a Murcia”. En este sentido preguntan si “va a guardar silencio Núñez por ese pacto oculto con Génova para seguir de candidato?”

El trasvase Tajo-Segura permanecerá inoperativo y sin suministro de agua al Levante hasta 2027 debido a las obras de reparación de dos roturas en la infraestructura, cuyos trabajos requerirán un plazo inicial estimado de entre cuatro y cinco meses y una inversión de 1,2 millones de euros, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

El organismo de cuenca, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha decidido mantener cortado el paso del agua para evitar el “colapso” del canal tras constatar la destrucción y hundimiento de varios paños de hormigón y la aparición de oquedades en el terreno.

Desde la CHT han sostenido que el deterioro del revestimiento se ha visto acelerado por los episodios de lluvias torrenciales acontecidos en los dos últimos años hidrológicos.

Las averías, detectadas el pasado 14 de septiembre a raíz de unas filtraciones inusuales que obligaron al vaciado del canal, se localizan en el tramo de Riansares (Almonacid de Zorita, Guadalajara) y en el del Talave (Liétor, Albacete), este último situado antes de la Central Hidroeléctrica de Fontanar I. Hace un año se rompió en esta misma zona, y no es la primera vez que se producen incidentes similares en diversos puntos de una infraestructura que lleva en funcionamiento desde 1979.

Las labores de rehabilitación ya iniciadas abarcan la demolición y saneo de las partes dañadas, la reconstrucción integral de los tramos, la ejecución de nuevos drenajes y la impermeabilización completa de la sección afectada.

Las últimas declaraciones del presidente de la Región de Murcia sobre el trasvase Tajo-Segura siguen teniendo eco en Castilla-La Mancha. Fernando López Miras anunció que su gobierno podrá todas las trabas posibles a que se cambie la forma de explotar el trasvase Tajo-Segura. Y eso a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan. Llegó a decir que, si las reglas se modifican, Feijóo las cambiará cuando llegue a la Presidencia de España.

Ayer el presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez justificó sus palabras, asegurando que su compañero de filas no hace otra cosa que defender los intereses murcianos y eso hoy se lo han afeado desde el PSOE.

“Admiro de Murcia cómo PSOE y PP están unidos en defender sus intereses [relacionados con el agua], aunque sean contrarios al sentido común”. Ha acusado al PP de Castilla-La Mancha de no practicar lo mismo. “La defensa de los intereses de la región no se puede interpretar desde la mercadería política. Más allá de lo que representamos cada uno y de las sentencias del Supremo esto no es algo susceptible de interpretaciones o de buscar ventajas partidistas y eso es lo que hace el PP”, ha criticado.

Sobre el cambio de las reglas del trasvase Tajo-Segura que permitan cumplir las sentencias que avalan que el río Tajo puedan disponer de caudales ecológicos, Caballero ha sido tajante: “Nosotros tenemos la razón judicial, con el aval del Supremo”, ha recordado.

Doble de agua del Sorbe para Madrid: “Se dejaría sin posibilidad de desarrollo a Guadalajara”

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. “El presidente de Murcia tiene legitimidad para cambiar las normas, pero no para sabotearlas”. Ha remarcado, en la misma comparecencia pública junto al vicepresidente, que “las leyes están para cumplirlas y los que no estamos de acuerdo con algunas leyes trabajamos para cambiarlas. Es lo que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha en lo que tiene que ver con la normativa del trasvase Tajo-Segura”.

También ha cargado contra Paco Núñez. “Duele escuchar a un responsable político que está dispuesto a hacer sabotaje con tal de beneficiarse”, pero al mismo tiempo ha defendido la idea de la unidad. No es la primera vez que lo hace al hablar de agua. “Me encantaría que encontrásemos gran consenso en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, en concreto del agua”.

Y no solo se ha referido al acueducto Tajo-Segura. Ha pedido al PP “que se ponga del lado de la gran mayoría de Castilla-La Mancha en lugar de subordinarse a los intereses de su partido a nivel nacional” o que justifique “el abuso de la Comunidad de Madrid con el agua”.

Bellido aludía así a la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de 50.000 litros del río Sorbe, el doble de la demanda actual del Canal de Isabel II para la vecina Comunidad de Madrid. “Se dejaría sin posibilidad de desarrollo al Corredor del Henares en Guadalajara”, ha advertido, lamentando que tanto la alcaldesa de Guadalajara, la ‘popular’ Ana Guarinos, como el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, “están dispuestos”.  

Sabrido: “El trasvase es cuestión de plazos, acabará antes o después”

Sobre la cuestión también se ha pronunciado hoy el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Cree que lo que afirma el presidente murciano “no lo va a consentir ni la sociedad española ni el propio Partido Popular”.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que las palabras de López Miras “están dichas en clave autonómica de Murcia” y que allí “tienen que ir pensando en nuevos recursos y pensando que el trasvase tendrá su fin”.

En esta línea, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica “está avanzando en las nuevas reglas de explotación” y “no se va a admitir ningún paso atrás en el plan hidrológico que está en vigor”.

Sobre este asunto, ha dicho que el Gobierno de España está “prácticamente de acuerdo en todo” con el Gobierno castellanomanchego de cara a la caducidad del trasvase. “Es una cuestión de plazos. Acabará antes o después”.

“Cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha, no saldrá ni una sola gota de agua hasta que no haya regado el último agricultor y haya bebido el último animal de cada una de nuestras explotaciones ganaderas”. El líder del PP en la comunidad autónoma Paco Núñez respondía así al embate en los últimos días sobre cuál es su postura relacionada con el agua en la región. “Eso no lo ha hecho el Partido Socialista en 11 años, pero le puedo garantizar a todos los agricultores y ganaderos de esta tierra que yo sí haré”.

El PSOE le afeaba en las últimas horas su silencio, después de que el presidente de la Región de Murcia, su compañero de partido Fernando López Miras, se descolgase con unas declaraciones asegurando que cuando Alberto Núñez Feijóo presida el Gobierno de España se eliminarán las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Un sistema de reglas, todavía en proceso de aprobación, que debe modificarse para cumplir con el imperativo legal de que el río Tajo tenga caudales ecológicos, es decir, agua suficiente y de calidad, en particular en su curso medio, es decir, entre Madrid y Toledo.

El propio Feijóo evitaba pronunciarse al respecto esta semana durante una visita a la Feria de Albacete y tampoco lo hacía el propio Paco Núñez que hoy, sin embargo, sí se ha referido a la cuestión en Tomelloso (Ciudad Real). El presidente de los 'populares' se ha referido a su homólogo murciano para justificar su postura. “Lo que hace el presidente de Murcia es defender los intereses de Murcia”.

Después ha acusado al presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, de “defender los intereses de Portugal”, porque, desde su punto de vista, “están llevando el agua de Castilla-La Mancha a Portugal y están regando los agricultores portugueses”, aseguraba, en un argumento difundido ampliamente por Vox.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se refería a estas afirmaciones tachándolas de “tonterías”, teniendo en cuenta que el río Tajo desemboca, siguiendo su curso natural, en el vecino país de Portugal.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acusado al presidente de Murcia, Fernando López Miras, de querer “entorpecer todo lo que puedan” la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura hasta que Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno de España.

Page ha respondido así al anuncio realizado por su homólogo murciano en el que afirmó que pondrá “todas las trabas” a las nuevas reglas del trasvase hasta que Feijóo sea presidente y pueda retirarlas.

El presidente castellanomanchego ha criticado que la estrategia pase por esperar “hasta que lleguen los suyos, solos o en compañía” y ha advertido de que, en ese escenario, “definitivamente el Tajo pierda toda esperanza”.

Nuevas críticas a la ministra Aagesen

El presidente regional también ha cargado contra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a la que ha reprochado los retrasos en esta materia. “La ministra está en falta desde hace mucho con el Tajo y con la coherencia en el discurso hidráulico”, ha afirmado.

Page ha aprovechado además para lanzar una crítica, sin citarlo expresamente, a miembros de la oposición por sus reiteradas referencias al agua del Tajo que termina llegando a Portugal. “Hay gente a la que se le ocurre decir que cómo permitimos que el agua vaya hasta Lisboa”, ha ironizado Page, dirigiéndose al alcalde de Talavera para añadir que a “algunos los conoces muy bien”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha decidido suspender el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura tras la detección, ayer lunes , de una rotura en el tramo 2 de la infraestructura.

En concreto, se ha visto afectado un punto del canal a su paso por el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo previo a la Central Hidroeléctrica de Fontanar I. Hace ahora un año se rompió en esta misma zona, y no es la primera vez que se producen incidentes similares en diversos puntos de una infraestructura que lleva en funcionamiento desde 1979.

Después de la detección inicial, durante la jornada de ayer, se procedió, como primera medida, al cierre del trasvase, con objeto de vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian “graves daños por colapso” en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan.

La historia de un trasvase proyectado en 1933

El trasvase Tajo-Segura fue inicialmente planteado en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 y posteriormente en el Anteproyecto General del Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráulicos del Centro y Sureste de España. Complejo Tajo–Segura de 1967. Se procedió a su construcción unos años después y, finalmente, comenzó su explotación en 1979.

Esta infraestructura hidráulica, también conocida como acueducto Tajo-Segura, tiene una longitud de 292 kilómetros y conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y del Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito. Transporta las aguas de la cabecera del Tajo previamente reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía. El marco normativo vigente también permite autorizar el trasvase de agua a la cuenca del Guadiana.

En función de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen niveles mensuales con arreglo a los que se acuerda la realización de los trasvases. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (presidida por la Directora General del Agua) autoriza los mismos cuando concurren las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de la Comisión, cuando concurren las condiciones del Nivel 3.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha eludido esta tarde en Albacete pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, quien en una entrevista para el medio La Verdad, aseguró que su gobierno pondrá “todas las trabas a las reglas del trasvase hasta que Feijóo sea presidente y las retire”, refiriendose así a la modificación prevista por el Gobierno de España del actual sistema que permite derivar agua desde la cabecera del río Tajo (entre Cuenca y Guadalajara) hacia el río Segura y distribuirla en las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

Las reglas para explotar el acueducto deben cambiarse para facilitar la aplicación de caudales ecológicos al río Tajo, tal y como marca la normativa europea y también varias sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan en nuestro país.

Feijóo no ha avalado a su 'barón', aunque tampoco le ha desmentido. No ha habido opción de preguntar en una breve comparecencia ante los medios, en la que que se ha limitado a hablar de la Feria de Albacete, que ha calificado como “el acontecimiento festivo más importante de Castilla-La Mancha”.

Ha dicho venir “de la plaza de toros” para dirigirse después al recinto ferial tras asegurar que se “compromete” a “volver otra vez a unir a los ciudadanos”, entre gritos de varias personas que le aclamaban como “presidente”.

Tampoco el líder del PP castellanomanchego Paco Núñez se ha pronunciado sobre las palabras de su compañero murciano.

PSOE: “Lamentable que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada”

Precisamente este lunes, la portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, se refería al comentario de López Miras. “No es de recibo escuchar al presidente de una comunidad autónoma decir que va a hacer todo lo posible, si gobernara Feijóo, para eliminar esas reglas de caudales ecológicos del Tajo”. Ha añadido que desde el PP “van a seguir empeñados en que siga ese expolio de agua” que, ha dicho, establecieron los 'populares' en la región.

“Y que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada me parece lamentable. No es normal que López Miras diga eso y que el PP de Castilla-La Mancha no diga nada para defender a Castilla-La Mancha”, ha afeado.

Para la socialista “sería responsable acatar las leyes”, recriminando al PP que muestra “todo su respeto” a las sentencias y a las leyes “cuando le son favorables” pero no lo haga cuando no lo son y “trata de eliminar todo aquello que es beneficioso para Castilla-La Mancha”.

En contraposición, ha asegurado que desde el PSOE de la región van a “seguir trabajando para defender esta tierra tengamos que enfrentarnos con quien tengamos que enfrentarnos, incluyendo gobiernos de nuestro signo político”.

“Respeto a la Justicia”

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de entrada en vigor de estas reglas. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

De su parte, la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha afeado también hoy la posición del PP. “Reclama respeto a los jueces cada vez que considera que una resolución le beneficia políticamente”, pero no al contrario. Ha señalado que existen cinco sentencias del Tribunal Supremo que anularon en 2019 la planificación del Tajo “por no garantizar los caudales ecológicos exigidos por la legislación europea”; así como otra sentencia en 2025 que anuló la decisión de retrasar hasta 2027 su cumplimiento en los tramos protegidos. “Han sido desestimados, uno tras otro, los recursos presentados desde el Levante para intentar frenar o rebajar esos caudales”, detallaba.

Padilla ha recalcado que “las reglas de explotación no son opcionales: mientras exista el trasvase, deben existir y respetar la ley”, porque “lo contrario no es respetarla, es tratar de manosearla”.

A la espera del cambio en las reglas en una legislatura que acaba

En los últimos años el río Tajo ha dejado patente síntomas de contaminación con espumas visibles en sus aguas, así como bajos caudales, como en el verano de 2025 que se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital. En su momento la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroeléctricas, pero no anunció sanciones ni medidas preventivas.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunciaba a mediados del mes de junio de 2026 que su departamento iniciaría “próximamente” el proceso de participación activa para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura junto a los agentes implicados. Por el momento no existe fecha a la vista para ese proceso, en una legislatura que toca a su fin.

Siempre se declara “moderado” y católico, y a pesar de considerarse “tan español como cualquiera”, rechaza un modelo de “español único”. José Pablo Sabrido, de 72 años, además de teólogo, es un político de raza, aunque ha adquirido mayor notoriedad y visibilidad en su cargo como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que llegó incluso después de jubilarse.

Pero antes, fue la mano derecha de Milagros Tolón cuando era alcaldesa de Toledo. Como vicealcalde socialista de la ciudad, su trayectoria en la Administración pública y sus responsabilidades como la portavocía y las áreas de Hacienda, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, le abrieron el camino para sustituir a Tolón en la Delegación del Gobierno cuando esta última fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Natural de El Casar de Escalona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía entre 1978 y 1984. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de sus cargos municipales, también fue director del gabinete de Francisco Pardo, actual director general de la Policía, cuando fue secretario de Estado de Defensa y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué opina sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ceutí y mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho esto, se trata una cuestión compleja y dar una respuesta simple a situaciones complejas es propio de los populismos. Es evidente que cualquier solución que se dé a corto plazo siempre resulta insuficiente. Cuando hay una situación de angustia, el tiempo se hace eterno. La percepción que tenemos cuando padecemos estas situaciones es muy difícil abordarla con seriedad. Es decir, en el sentido de que el ciudadano tiene esa sensación, tiene derecho a tenerla y tiene derecho a exigir que se resuelvan pronto los problemas.

¿Hubiera sido mejorable en el caso de Ceuta?

Yo no soy un fanático para decir que es lo mejor que se ha podido hacer. Todas las cuestiones son mejorables. No sé si alguien lo haría mejor o no. Todo es mejorable. Pero creo que el proceso se ha llevado con orden, con coordinación y lo que espero es que las soluciones sean las que esperan los ciudadanos de Ceuta. Desde luego, la prudencia en una cuestión compleja y este gobierno también es prudente.

A raíz de ello ha surgido un debate en torno a la “españolidad” de Ceuta y de si apoyar a unos u otros es ser más o menos español…

Yo me siento orgulloso de ser español. Creo que Ceuta es España y no tolero que nadie se sienta más español que yo. Y también reconozco que no soy más español que nadie. Los españoles somos todos iguales. Evidentemente, cada uno podemos pensar de distinta manera. Lo que yo rechazo absolutamente es un modelo de español único. Rechazo que alguien quiera imponer que España o ser español es lo que él quiere que sea. En Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Toledo y en cualquier sitio de España.

Principalmente, las críticas a Pedro Sánchez se han derivado de que haya estado de vacaciones. Es su derecho, pero ¿qué opina al respecto?

Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno, el primer día de la crisis, ya estuvo en Ceuta. Además, estar en un sitio o en otro no supone que no estés siguiendo y actuando de la manera que es conveniente. Pero yo, como decía, creo que durante todo el periodo que está durando la crisis de Ceuta —y digo que está durando porque sigue sin resolverse— el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza ha estado pendiente de dar las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son distintas en cada momento. En el primer momento, fue resolver el inicio de la crisis migratoria y la salida. Y eso se hizo en dos o tres días. Después se ha tenido que ir dando respuesta a la situación de los migrantes que permanecieron y permanecen aún en la ciudad de Ceuta. Y eso no se resuelve de un día para otro.

Porque, más allá, como digo, de discursos populistas, la realidad es como es. Y, aparte de respetar la dignidad de las personas, hay que cumplir con la ley. Y este Gobierno está comprometido con la dignidad y la igualdad de las personas y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley española y europea.

¿Qué le parece el hecho de que Emiliano García-Page haya mostrado su solidaridad con Ceuta, pero el Gobierno castellanomanchego se haya negado a acoger a menores migrantes?

Yo creo que cuando el presidente Page muestra su solidaridad con Ceuta no es más que un español más de los 45 millones de españoles que somos solidarios con Ceuta. Él no es más solidario con Ceuta que el resto. Lo expresa y yo se lo agradezco. Yo también soy solidario con Ceuta. Y en cuanto a la recepción de menores, estoy seguro de dos cosas: la primera, que Castilla-La Mancha cumplirá con la obligación legal que tiene y, la segunda, que será solidaria.

La Consejería de Bienestar Social dijo que no había plazas y que el sistema castellanomanchego “no lo soportaría”.

A pesar de lo que dijera, estoy convencido de que respetará la legalidad, como no puede ser de otra manera, y que Castilla-La Mancha será solidaria.

¿Cree entonces que habrá acogida entonces en esta comunidad autónoma?

No me cabe la menor duda.

Es indudable que el inicio del curso político ha llegado con fuerza y con mucha polémica. ¿Es la hora de convocar elecciones generales?

Las elecciones serán cuando, según la Constitución, lo decida el presidente del Gobierno. Tiene que tener dos objetivos: cumplir su programa y seguir gobernando en beneficio de todos los españoles. En eso le aplaudo. Desde luego, no participo de la opinión de los que creen que se deben adelantar las elecciones solo con el objetivo de que haya un cambio de Gobierno. Eso no lo acabo de entender porque, desde mi punto de vista, será un Gobierno regresivo en los derechos sociales y económicos de España. Con lo cual, si los que abogan por un cambio de Gobierno es para que haya otro de derecha y extrema derecha, yo lo rechazo. Yo lucharé democráticamente y con respeto absolutamente a todo el mundo para que siga habiendo un Gobierno progresista en España

Ya se habló de un adelanto “técnico” de las elecciones generales. ¿Podríamos hablar del arranque de 2027 como una posibilidad?

La gente habla ya de muchas fechas, que si marzo, que si julio… En cualquier caso, me gusta ser prudente y me guío solo por un referente: serán cuando diga el presidente del Gobierno.

Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario

¿Qué opina de la polémica y tensa relación que han mantenido durante todos estos años entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez?

Es verdad que, para nosotros, para los socialistas en general y para los socialistas de Castilla-La Mancha en particular, es una situación compleja. Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario.

Yo soy de los que creen que el bienestar de los españoles, con carácter general, depende de las políticas del Gobierno de España. Es decir, de la legislación laboral, las pensiones, los salarios mínimos, la política económica, las relaciones internacionales. Todo eso lo determina el Gobierno. A eso es a lo que debemos aspirar los socialistas, y a llevar todo ello a las comunidades autónomas. Lo que me resulta complicado entender es que podemos llevar a cabo políticas socialistas en las autonomías si hubiera un Gobierno, que ojalá no lo haya, de derecha y extrema derecha gobernando España. En ese caso, yo no auguro políticas sociales.

Nos hemos ido un poco de la pregunta anterior. ¿Qué opina en concreto, entonces, de esa tensa relación entre ambos?

Sí, me estoy refiriendo al fondo de la política. Es evidente que en el año 2016 y 2017 el presidente Page no compartía el liderazgo de Pedro Sánchez. Y algunos no esperaban que Pedro Sánchez gobernara en 2018 y mucho menos que ganara dos veces más las elecciones. Pero es que además creo que la alternativa a Pedro Sánchez está lejos dentro del Partido Socialista, por lo menos hasta 2030, y ahí no está Emiliano García-Page. Creo además que él tampoco quiere estar esa hipotética alternativa.

Una de esas tensiones entre el Gobierno de Page y el de Pedro Sánchez está en la nueva financiación autonómica. El primero la rechaza al considerar que la propuesta estatal está pactada con ERC y que solo beneficia a Catalunya. ¿Usted considera que es la propuesta adecuada para las particularidades de Castilla-La Mancha?

Esto merece varios análisis. Es evidente que cualquier documento o propuesta requiere un trabajo previo, una discusión. Ese trabajo se llevó a cabo con ERC, que es un aliado del Gobierno desde 2023. Hay gente que hubiera preferido que no se hubiera pactado con este partido y que hubiera habido un gobierno de extrema derecha. Pero eso no sucedió y el hecho de que se haya negociado así no elimina la negociación con el resto de comunidades. Es decir, el mal no puede estar en el origen. El mal habrá que verlo en si en el acuerdo es mejorable o no. Cuando uno tiene socios, pacta y cuando lo hace, el pacto en sí no es malo.

Aquí vuelvo a lo de antes: nadie es más español que nadie. Yo estoy convencido de que nadie quiere más a España que el presidente Sánchez. Puede haber gente a la que le guste presumir de ser más español por no pactar con ERC, que dicho sea de paso, son españoles. Los independentistas, los republicanos, los monárquicos, todo el mundo cabe en la Constitución. Yo soy católico y español. Pero si pacto algo con los musulmanes, es que necesito pactar con los musulmanes, que también pueden ser españoles.

Entonces, ¿cuál considera que es el origen del problema?

Desde luego no es porque no se pactara con la izquierda. Decir eso me parece pobre. La financiación autonómica tiene muchas ramificaciones. Por una parte, aborda la acumulación de deudas de las comunidades autónomas, que para Castilla-La Mancha supone 4.900 millones de euros. Luego, tal y como está entendida, en estos años de Gobierno socialista, las comunidades autónomas han recibido en financiación autonómica 300.000 millones más, de los cuales más de 12.500 millones han sido para Castilla-La Mancha, para sanidad, bienestar social y educación. En total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1.248 millones de euros más que con el sistema de Mariano Rajoy. ¿Se puede o debe negociar querer más? Lo entiendo. Lo que no entiendo es que se diga que no a la propuesta solo porque se ha pactado con ERC.

Recientemente, hubo polémica por unas declaraciones suyas sobre el trasvase Tajo-Segura, un caballo de batalla ya histórico en Castilla-La Mancha. Ahora lo esencial es el cambio de las reglas de explotación de ese acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y respetar los caudales ecológicos del Tajo. ¿Estarán listas esas nuevas normas antes de que termine la legislatura?

Las nuevas reglas de explotación son para aclarar puntos del Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2022-2027. Y ese proyecto, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, fue aplaudido por Castilla-La Mancha, aunque ahora no se dice tanto. Esto quiere decir, primero, que el Gobierno de España ha aprobado un plan hidrológico que es bueno para esta comunidad autónoma, que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprueba y que parte de ese plan hidrológico se está cumpliendo. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, a mí también me molesta muchísimo, entre otras cosas, porque yo soy de un equipo que luchó por esos caudales y que recurrió el Plan Hidrológico del Partido Popular del periodo 2016-2021 y que ganamos en los tribunales.

El trasvase Tajo-Segura tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha

Pero el trasvase sigue y sigue…

El trasvase tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. En este punto, me interesa mucho transcribir casi literalmente las palabras de Emiliano García-Page cuando dijo: “Estoy de acuerdo en el fondo y en la forma con lo que está disponiendo el Gobierno de España, y solo es una cuestión de plazos”. Esperamos que esos plazos sean los más breves posibles, pero no generemos más polémicas porque estamos esencialmente de acuerdo.

Al ver cómo transcurre el río Tajo a su paso por Toledo, no parece que esos caudales ecológicos se estén cumpliendo. Por eso insisto: ¿esas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no tendrían que estar ya aprobadas?

Cuando han bajado esos caudales, yo, personalmente, he llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesándome por ello. Y aunque esto a lo mejor no es muy prudente decirlo, me decían que muchas veces el paso del agua por las centrales hidroeléctricas y por los propios regantes hace complejo regular exactamente el caudal. Yo opino que si es complejo el reglamento del caudal, mejor que sea por exceso, no por defecto.

En materia de vivienda, ¿cómo valora el Plan de Acción por la Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿No cree que Castilla-La Mancha debería dotarse ya de una Ley de Vivienda propia como la que prometió Page en 2015 y que incluso llegó a redactarse?

La vivienda es un tema muy serio. A todos los españoles nos preocupa muchísimo y, especialmente, a los jóvenes. También es complejo y las soluciones no son sencillas. Pero cuando miro cuál es la situación de la vivienda de hace 30 años y la comparo con la de hoy, la cuestión es alarmante. Alguien está robando a los jóvenes años de su vida. Hace 30 años te comprabas una casa con tu salario de cuatro años. Hoy, esa misma vivienda y con un puesto de trabajo similar, cuesta mucho más.

Dicho esto, conviene recordar que la vivienda es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas según todos los estatutos. El Estatuto de Castilla-La Mancha así lo refleja literalmente. Luego las comunidades autónomas tienen que justificar qué es lo que han hecho en esta materia. Me da la impresión de que a todos nos gusta vender lo bueno y, cuando hay algo que no sabemos cómo vender porque no lo hemos hecho, miramos al Estado.

Pero el Estado también puede y debe hacer.

Claro, y ante un problema real, ha buscado soluciones con el Plan Estatal de Vivienda, y 7.000 millones de euros, promoviendo construcción de viviendas para alquiler asequible, y aprobando una ley que no sé por qué las comunidades autónomas no quieren aplicar, cuando tienen esas competencias exclusivas. Solo puede ser para echar la culpa del problema al Gobierno, cuando es el que pone el dinero y los medios.

¿Incluye en ese lote de comunidades a Castilla-La Mancha?

Creo que Castilla-La Mancha tiene la voluntad de sumarse y de dar solución a este problema. No puede ser de otra manera. Hay que facilitar a los ciudadanos que puedan acceder a la vivienda. Yo espero que la política de vivienda dé resultados y que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en un plazo lo más breve posible. Desde luego, es un empeño del Gobierno de España al que espero que se sumen todas las comunidades autónomas.

A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno

Volviendo al calendario electoral, Page todavía no ha dicho oficialmente que sea candidato en las autonómicas de 2027, aunque muchos ya lo dan por sentado. ¿Cree que hay una estrategia o que debería clarificarlo ya?

Bueno, yo no voy a marcar ni a cuestionar sus tiempos y creo que él es buen estratega. Lo que él decida yo lo respeto. Lo que sí que le puedo asegurar es mi absoluta lealtad con el candidato socialista de las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Que no quepa la menor duda de eso y creo que en ello deberían estar todos socialistas. A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno.

En cuanto a las elecciones municipales de Toledo, usted viene del ámbito municipal, ¿quién será el candidato o candidata del PSOE?

No sé todavía quién será, pero sea quien sea, con absoluta seguridad será el alcalde o alcaldesa de Toledo después de mayo de 2027. Lo digo porque creo sinceramente que hay mujeres y hombres del PSOE toledano que están plenamente capacitados para ello. Defiendo la gestión que realicé bajo el mando de Milagros Tolón, porque es la que ha permitido al actual equipo de Gobierno (de PP y Vox) mantenerse con políticas anteriores.

Ya que la menciona, ¿Milagros Tolón puede volver a ser candidata?

Es una política de raza y que tiene un gran perfil para lo que ella quiera, pero yo creo que en este momento ella está en ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Ceuta, está realizando una gran labor.

Finalmente, ¿cómo vislumbra su propio futuro político?

Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido a muchas personas con las que he tenido el honor de poder trabajar y que me han dejado mucha libertad. He trabajado en muchos ámbitos y siempre lo he hecho de la mejor manera que he podido. Sobre todo, como vicealcalde de Toledo a las órdenes de Milagros Tolón. Ha sido un honor, pero mi futuro yo creo que ya me lo marca la edad (risas).

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha exigido al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que rectifique públicamente sus últimas declaraciones sobre el trasvase Tajo-Segura o, en caso contrario, “presente su dimisión si no es capaz de comprender y defender la realidad de la región en la que ejerce su responsabilidad”.

Según informa la asociación, Sabrido ha justificado la continuidad del trasvase mientras Murcia, Alicante y otros territorios receptores no dispongan de recursos suficientes a través de la desalación u otras fuentes, asegurando que “no vamos a estrangular la economía” y apelando a la solidaridad de Castilla-La Mancha.

Para el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, este planteamiento supone asumir que el cumplimiento de la legislación y la recuperación del Tajo “deben seguir esperando hasta que la cuenca receptora decida estar preparada”.

“Ese argumento no se sostiene. Han tenido años para adaptarse, se les ha advertido reiteradamente y se han desarrollado alternativas precisamente para reducir la dependencia del trasvase. Sin embargo, han seguido creciendo como si el agua del Tajo fuese ilimitada”.

La asociación recuerda que la implantación de los caudales ecológicos se escalonó durante tres años precisamente para facilitar la adaptación del Levante a otras fuentes de suministro, como la desalación.

Añade que el Tribunal Supremo ha confirmado que los caudales ecológicos son una restricción previa al trasvase y que los usuarios del Tajo-Segura solo pueden disponer de aguas excedentarias.

“No se puede premiar eternamente a quien no se adapta. Si después de todos estos años la respuesta sigue siendo que hay que esperar porque todavía dependen del Tajo, lo que estamos haciendo es alimentar al abusón y premiar al que incumple. La ley no puede quedar condicionada a que una parte decida cuándo le viene bien cumplirla”, ha afirmado Castro.

Reivindican el desarrollo local y regional

Para Ribereños, las declaraciones demuestran además “un desconocimiento absoluto” de las consecuencias económicas que el trasvase ha tenido sobre Entrepeñas y Buendía.

“Habla de no estrangular la economía del Levante como si aquí no hubiera economía, empresas, turismo, empleo y pueblos que llevan décadas condicionados por este modelo”, ha señalado.

Por ello, Castro ha invitado a Sabrido a conocer personalmente la cabecera. “Si es desconocedor e ignorante de la realidad de los municipios ribereños, le invitamos a que venga y la conozca. Tenemos serias dudas de que haya visto de primera mano lo que supone para nuestros pueblos tener su principal recurso económico permanentemente condicionado por las necesidades de otros territorios”.

La asociación advierte además de que no se trata de unas declaraciones aisladas. “No es la primera vez que hace manifestaciones en esta dirección. Es reincidente. La diferencia es que nunca lo había expresado con tanta claridad”, ha lamentado el presidente de los ribereños, que piden una rectificación pública.

“El Levante ha tenido tiempo para adaptarse y debe hacerlo. No podemos seguir aplazando el cumplimiento de las normas y de las sentencias porque quien debía prepararse haya optado por seguir aumentando su dependencia. Si el delegado del Gobierno no entiende algo tan básico y considera que esta situación debe prolongarse indefinidamente, debería plantearse si está capacitado para continuar en el cargo”, ha zanjado Borja Castro.

El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, ha reclamado este martes de el cese del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, tras unas declaraciones de este sobre el trasvase Tajo-Segura.

Para Pérez Torrecilla, las palabras de Sabrido en las que advertía que el trasvase “nunca tendrá un fin si con ello se estrangula la economía” de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, y que Castilla-La Mancha es una región que “exige solidaridad pero que también es muy, muy solidaria”, suponen traspasar una línea que hace imposible que Sabrido siga ejerciendo como máxima representación territorial del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, según ha informado el Ayuntamiento.

“No pedimos su dimisión porque no esperamos que quien demuestra semejante incomprensión del problema sea capaz de asumir voluntariamente la responsabilidad de sus palabras. Exigimos que sea cesado”, ha declarado el edil de Sacedón. “Castilla-La Mancha merece un delegado del Gobierno que conozca la realidad de esta tierra y que, como mínimo, no justifique su sacrificio permanente para proteger intereses económicos ajenos”, ha añadido.

Castilla-La Mancha merece un delegado del Gobierno que conozca la realidad de esta tierra y que, como mínimo, no justifique su sacrificio permanente para proteger intereses económicos ajenos

Francisco Pérez Torrecilla — Alcalde de Sacedón (Guadalajara)

“¿Y nuestra economía? ¿Y las empresas de Sacedón?”

Pérez Torrecilla considera especialmente grave que el delegado contraponga la protección de la economía levantina a la situación de la cabecera del Tajo.

“¿Y nuestra economía? ¿Y las empresas de Sacedón? ¿Y nuestro turismo, nuestros empleos, nuestros vecinos y nuestro futuro?”, ha cuestionado el alcalde, planteando que “parece que para el delegado existe una economía que no puede ser estrangulada y otra que puede llevar décadas pagando la factura sin que pase absolutamente nada”.

“A nosotros sí se nos puede estrangular. A nosotros sí se nos puede condenar a vivir junto a embalses esquilmados para mantener un modelo económico construido a cientos de kilómetros con un agua que no tienen”, ha declarado.

El Ayuntamiento ha recordado que lleva años denunciando precisamente que Entrepeñas y Buendía son tratados como una reserva estructural al servicio del Levante y reclamando que la demanda se adapte a los recursos realmente disponibles, en lugar de convertir el agua del Tajo en una garantía permanente para una planificación económica ajena a la cuenca cedente.

“Lo verdaderamente escandaloso es que el representante del Gobierno en Castilla-La Mancha parezca asumir como prioridad que el Levante pueda mantener intacto su modelo económico, aunque para ello haya que seguir comprometiendo el nuestro”, denuncia Pérez Torrecilla.

“Eso no es solidaridad. Solidaridad es ayudar cuando existe una necesidad. Convertir durante décadas a una comarca en suministradora obligatoria para que otra pueda seguir creciendo sin adaptar su demanda a sus recursos tiene otro nombre”.

El alcalde rechaza además tajantemente que Sabrido utilice a Castilla-La Mancha para respaldar esa posición.

Eso no es solidaridad. Solidaridad es ayudar cuando existe una necesidad. Convertir durante décadas a una comarca en suministradora obligatoria para que otra pueda seguir creciendo sin adaptar su demanda a sus recursos tiene otro nombre

“Que no hable en nombre de Castilla-La Mancha. No tiene ningún derecho a presentar como voluntad de nuestra región seguir soportando indefinidamente el trasvase. Él representa al Gobierno de España en Castilla-La Mancha. No representa a Castilla-La Mancha ante el Gobierno de España. La diferencia es bastante importante y parece que conviene recordársela”.

“Si quiere explicar y defender las decisiones del Gobierno que lo nombró, está en su derecho y además es su obligación institucional. Lo que no vamos a aceptar es que convierta a Castilla-La Mancha en coartada de esas decisiones y nos dé además lecciones de solidaridad mientras desde los municipios ribereños llevamos décadas viendo cómo nuestro principal recurso natural sale por el canal”, ha añadido.

No es la primera vez que le tacha de tener una posición “tibia”

Desde este municipio ya se había acusado anteriormente al delegado del Gobierno de mantener una posición “tibia, equidistante y colaboracionista” ante los intereses de la agroindustria levantina, después de que el Gobierno continuase autorizando derivaciones mientras permanecía pendiente la modificación de unas reglas de explotación que deberían haberse cambiado hace más de dos años.

Para Pérez Torrecilla, las nuevas declaraciones eliminan ya cualquier equidistancia: “Ahora sabemos perfectamente dónde está. Cuando habla de evitar que se estrangule una economía mientras acepta que continúe el sacrificio de la nuestra, está estableciendo claramente qué territorio considera prioritario. Y alguien que piensa así no puede pretender hablar en nombre de Castilla-La Mancha, no está a la altura del cargo”.

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS), integrada por representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de los organismos de gestión de cada una de las cuencas implicadas, ha autorizado este viernes un trasvase de 60 hectómetros cúbicos (hm3) para agosto y otro de 27 hm3 para septiembre, según ha informado Transición Ecológica.

Así lo ha decidido tras constatar que a día 1 de agosto los embalses de cabecera disponían de un volumen efectivo de 1.312,5 hm3, valor correspondiente con la situación denominada nivel 1, según las reglas de explotación del trasvase. De cara a septiembre, la aplicación semestral de la regla de explotación permite deducir que el sistema entraría en el nivel 2, que previsiblemente se mantendría durante el resto del semestre.

De esta manera, se ha autorizado un trasvase de 60 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a agosto y en aplicación de la normativa vigente. Asimismo, con base en la aplicación semestral de la regla de explotación, se ha aprobado un trasvase de 27 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, correspondiente a septiembre.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha informado de la superficie inundada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y ha solicitado un volumen de 1,1 hm3 para atender los abastecimientos mediante la denominada 'Tubería Manchega' durante el mes de agosto. La solicitud se ha hecho extensiva a septiembre, para el que se ha solicitado un volumen de 0,9 hm3.

A su vez, la Comisión de explotación también ha aprobado durante la reunión de hoy los presupuestos anuales de explotación del canal del trasvase Tajo-Segura.

El abastecimiento a los pueblos de la cabecera del Tajo

Por otro lado, Transición Ecológica ha detallado que durante la reunión la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de los avances en relación con el proyecto de abastecimiento a la futura mancomunidad de aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca, respectivamente).

Según ha explicado, el proyecto está financiado con fondos del Ministerio y ejecutado por la CHT, que en julio comenzó las pruebas de elevación de agua desde la toma principal de Morillejo (Guadalajara) a la balsa de la planta potabilizadora.

La puesta en marcha definitiva de dicha actuación requiere además la adaptación a la normativa sectorial del conjunto de líneas eléctricas que dan energía al sistema y el desarrollo de las pruebas para la comprobación del resto de conducciones y equipos.

Los municipios ribereños lamentan el nuevo envío

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía lamenta la autorización de otros 87 hectómetros cúbicos hacia el Levante y advierte de “la necesidad de preservar el agua acumulada durante el último ciclo húmedo para afrontar con garantías los próximos años”.

El presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, considera que el descenso de nivel obliga a mirar con cautela la situación de la cabecera.

“Volver a nivel dos después de un ciclo húmedo demuestra que no podemos dar por consolidada la recuperación de Entrepeñas y Buendía. Tenemos que gestionar estas reservas pensando también en los próximos años”, ha señalado.

Desde la Asociación recuerdan que se trata de embalses de regulación hiperanual y que el agua acumulada durante los periodos húmedos debe actuar como colchón ante futuros ciclos secos.

A comienzos de este año ya advertían de la importancia de conservar esas reservas para afrontar una posible etapa prolongada de menores aportaciones.

Castro ha insistido en que la prioridad debe ser evitar que la cabecera vuelva a entrar en una dinámica de pérdida continuada de reservas. “No queremos generar alarmismo de cara al turismo, pero sí aprender de lo ocurrido otras veces. Si después de estos años húmedos volvemos ya a nivel dos, es evidente que tenemos que ser mucho más prudentes con el agua que queda”, ha manifestado en este sentido.

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado la puesta en servicio, en el mes de septiembre, del ramal de la tubería a la llanura manchega de los núcleos poblacionales Inmediatos al acueducto Tajo-Segura.

Se trata de 13 municipios que van, ha dicho, “desde la localidad de Montalbo hasta la Atalaya del Cañavate” pasando por Cañada Juncosa; Castillo de Garcímuñoz, Cervera del Llano; El Hito; La Almarcha; Montalbo; Palomares del Campo; Torrejoncillo del Rey; Torrubia del Castillo; El Cañavate; Villarejo de Periesteban; y Villares del Saz, todos en la provincia de Cuenca que, una vez que han firmado convenio, van a poder recibir agua de la llamada 'Tubería Manchega'.

En este contexto, Martínez Guijarro ha recordado que en estos municipios había infraestructura construida “que no se ha estado usando” y que, tras años de trabajo, va a empezar a funcionar en el próximo mes de septiembre.

En este sentido, ha insistido en que la garantía de suministro en cantidad y de calidad para los municipios de la región es una de las prioridades del Gobierno de Emiliano García-Page porque contar con agua supone el desarrollo social y también económico del territorio.

El PP se pregunta de dónde saldrá el agua

La semana pasada el viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara y secretario de Política de Agua, Javier del Río, quen es además alcalde de Pareja, uno de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, comentaba la “indignación” de los vecinos de la zona ante la situación de los trasvases porque, ha dicho, “cada vez sale más agua de nuestros embalses sin que se tenga en cuenta la prioridad de la cuenca cedente” y preguntaba públicamente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “de dónde saldrá el agua para abastecer a las 155.000 personas de Ciudad Real previstas en el proyecto de la Tubería Manchega, que equivalen a la población de Guadalajara capital, Azuqueca, Cabanillas y Alovera”.

En su opinión, saldrá de la cabecera del Tajo, mientras sigue sin funcionar la tubería de Morillejo que debe abastecer de agua potable, precisamente, a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. Una obra incluida en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001 cuya ejecución, realizada por el Gobierno de España, finalizó al 99% durante el mandato de Mariano Rajoy.

Sin embargo, según el edil, “desde la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, hace más de ocho años, el Ejecutivo socialista no ha sido capaz de poner en servicio esta instalación, que actualmente se encuentra abandonada y deteriorada, sin visos de ponerse en marcha”, ha denunciado.

El vicepresidente primero del Gobierno le ha respondido hoy asegurando que “la Tubería de la Llanura Manchega es una infraestructura a la que tenemos que sacar la máxima rentabilidad posible para garantizar el abastecimiento de miles de habitantes de la región”.

No lo ha dicho pero el agua también saldrá de la cabecera del Tajo, entre Cuenca y Guadalajara y se almacenará en la presa de Campos del Paraíso, que actúa como reguladora del agua que llega a través del acueducto Tajo-Segura, para ser derivada, previo paso por depuración hacia la llanura manchega.

Guijarro cree que los 'populares' “manifiestan un profundo desconocimiento de la realidad de la región” y ha insistido en que el acueducto a la llanura manchega “no puede comparase con los sistemas de regadío que tienen en Levante”.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que su departamento iniciará “próximamente” el proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, aunque ha reconocido que no podía precisar una fecha exacta.

A preguntas de los medios durante la visita que ha realizado este viernes a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), Aagesen ha afirmado que el Ministerio está trabajando en este proceso “con el rigor técnico y científico y con la mejor información disponible”.

La ministra ha insistido en la idea de que los trabajos para crear estas nuevas reglas del trasvase se hagan “con la máxima participación de todos y cada uno de los agentes”.

El pasado mes de enero, la directora general del Agua, María Dolores Pascual, aseguraba que no habría movimiento de ficha sobre la cuestión hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciase sobre todos los recursos interpuestos contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla, precisamente, el cambio en la forma de explotar el agua a través de esta infraestructura.

Ese ciclo ha quedado ya cerrado, pero sigue sin concretarse cómo y cuándo se va a realizar una modificación que exige la propia ley.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva meses reclamando el cambio y haciendo notar el retraso en los plazos de su entrada en vigor. El pasado mes de marzo acudió a los tribunales para forzar al ministerio aduciendo, entre otros, daños en la Red Natura 2000, además del “hartazgo” por parte de la comunidad autónoma.

Esta misma semana ha vuelto a aprobarse un trasvase automático de agua al Segura para los meses de junio y julio. Aagesen ha defendido que el Ejecutivo regional ha tenido “múltiples reuniones” con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar el tema o que “los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas”, pero sin dar más pistas.

El río Tajo ha dado síntomas de agotamiento y de contaminación en varias ocasiones en los últimos años. Sin ir más lejos el pasado verano el cauce se quedó casi sin agua a su paso por Toledo capital y la Confederación Hidrográfica lo atribuyó a la actividad de las centrales hidroléctricas aguas arriba, aunque sin anunciar sanciones o medidas.

Sobre esta cuestión, la ministra se ha limitado a decir que su departamento realiza un “seguimiento exhaustivo de todos los caudales ecológicos” y, en el caso de identificar cualquier incidencia “se emprenden actuaciones y medidas de coordinación con todos y cada uno de los agentes” de cara a conseguir “la prioridad, que es tener todos los caudales ecológicos según la normativa”.

El caso es que la aplicación de los caudales ecológicos en el Tajo, que pasa por cambiar las reglas del trasvase, no es algo que pida solo el Gobierno de Castilla-La Mancha. También distintas organizaciones conservacionistas están reclamando que la prioridad en el diseño del próximo ciclo de planificación de la cuenca del Tajo, con horizonte 2033, sea la recuperación ecológica del río.

Por cierto que esta misma semana la Cátedra del Tajo-UCLM-Soliss hacía públicos los datos de un estudio que hablan, además, del nivel de contaminación del río. En todo el curso medio del río Tajo, unos 300 kilómetros entre Guadalajara, Madrid y Toledo, se han detectado bacterias resistentes a los antibióticos y alertan del riesgo para la salud pública.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) pide a la Demarcación Hidrográfica del Tajo que la recuperación ecológica del eje del río sea una prioridad en la elaboración del cuatro ciclo de planificación hidrológica (2028-2033). Reclaman la protección “efectiva” de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático en el centro de la gestión del agua.

La organización considera que el cuarto ciclo “debe marcar un punto de inflexión en una cuenca sometida durante décadas a una fuerte regulación hidrológica, pérdida de funcionalidad fluvial, contaminación acumulativa, fragmentación de hábitats, presión urbana e industrial y efectos derivados del Trasvase Tajo-Segura”. Para SEO/BirdLife, el futuro plan “debe garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua y no solo limitarse a compatibilizar usos”.

La planificación hidrológica no puede limitarse a gestionar recursos disponibles para distintos usos; debe gestionar una cuenca viva, formada por ríos, acuíferos, humedales y especies que dependen de ellos. Los caudales ecológicos no son una cantidad mínima para que el río sobreviva, sino una condición indispensable para que el Tajo funcione

La demarcación del Tajo alberga espacios “de enorme valor ecológico”, como el Parque Nacional de Monfragüe, los Carrizales y Sotos de Aranjuez, los Tremedales de Orihuela, humedales Ramsar, Reservas Naturales Fluviales y numerosos espacios de la Red Natura 2000. Estos ecosistemas sostienen especies “estrechamente dependientes del agua”, como la cigüeña negra, el porrón pardo, la malvasía cabeciblanca, el desmán ibérico, la nutria, peces autóctonos, náyades y comunidades de macroinvertebrados sensibles a la alteración del régimen de caudales.

Los caudales ecológicos “deben ser completos, vinculantes y verificables”

SEO/BirdLife considera que la planificación del Tajo “debe adaptarse plenamente a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, que ha establecido el carácter vinculante y prevalente de los caudales ecológicos respecto del resto de usos del agua”. La organización apunta que estos caudales “no pueden limitarse a mínimos circulantes, sino que deben incorporar todos sus componentes funcionales: estacionalidad, caudales generadores, caudales máximos, tasas de cambio y seguimiento ecológico”.

Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife afirma que “la recuperación del Tajo exige dejar atrás una visión meramente volumétrica del agua. La planificación hidrológica no puede limitarse a gestionar recursos disponibles para distintos usos; debe gestionar una cuenca viva, formada por ríos, acuíferos, humedales y especies que dependen de ellos. Los caudales ecológicos no son una cantidad mínima para que el río sobreviva, sino una condición indispensable para que el Tajo funcione como ecosistema y pueda seguir proporcionando beneficios ambientales, sociales y económicos a largo plazo”.

La Sociedad Española de Ornitología solicita que las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura queden “expresamente supeditadas” al cumplimiento previo de los caudales ecológicos completos en Aranjuez, Toledo y Talavera. También reclama sistemas públicos, actualizados y verificables de información sobre desembalses, tasas de cambio, caudales circulantes, indicadores ecológicos y evolución del estado de las masas de agua.

El Trasvase Tajo-Segura

SEO/BirdLife valora positivamente que el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) incorpore por primera vez los efectos del Trasvase Tajo-Segura como Tema Importante específico. No obstante, considera que el documento aún lo aborda “desde una lógica de gestión de recursos y compatibilización de usos, sin asumir plenamente su impacto hidrológico, hidromorfológico y ecológico sobre el eje principal del Tajo”. Advierte de que la reducción “artificial y persistente” de caudales ha contribuido “a la simplificación hidrológica del río, a la pérdida de capacidad de dilución, a la degradación de hábitats fluviales, a la alteración de la dinámica sedimentaria y a la pérdida de resiliencia frente al cambio climático”.

La Sociedad Española de Ornitología reclama una evaluación específica de los efectos acumulativos del trasvase sobre la funcionalidad ecológica del sistema fluvial y pide que cualquier decisión relacionada con su funcionamiento incorpore indicadores ecológicos, seguimiento público y evaluación de impactos sobre espacios protegidos y hábitats dependientes del agua.

Red Natura 2000: de referencia cartográfica a condicionante real

La organización considera que la Red Natura 2000 y los objetivos de conservación de hábitats y especies dependientes del agua “siguen sin integrarse de forma suficientemente operativa en la planificación”. Aunque el EpTI identifica espacios protegidos y especies ligadas al agua, no siempre traduce esa información en decisiones sobre asignación de recursos, caudales ecológicos, restauración hidromorfológica, gestión de demandas o reglas de explotación.

SEO/BirdLife pide que se establezca una correspondencia “clara” entre masas de agua, espacios protegidos, objetivos de conservación, presiones y medidas. También reclama que se aplique la evaluación “adecuada” prevista por la Directiva Hábitats a cualquier decisión de planificación, infraestructura, modificación del régimen hidrológico o regla de explotación que pueda afectar a espacios Red Natura 2000 dependientes del agua.

La organización advierte, además, de “deficiencias metodológicas en el tratamiento de especies y hábitats ligados al agua”. Entre otras cuestiones, pide revisar la información sobre peces autóctonos, anfibios, reptiles, aves acuáticas, mamíferos y moluscos dependientes del funcionamiento ecológico del río, así como incorporar mejor la ictiofauna como indicador de alteraciones hidromorfológicas y de conectividad.

Restaurar el río, recuperar llanuras de inundación y revisar barreras

SEO/BirdLife reclama que la mejora del espacio fluvial deje de centrarse en “actuaciones puntuales” o de mantenimiento hidráulico y se oriente a recuperar procesos naturales: dinámica sedimentaria, movilidad fluvial, conectividad longitudinal y lateral, relación río-acuífero, humedales asociados y vegetación de ribera.

La organización pide “priorizar la eliminación o permeabilización de barreras obsoletas, la restauración de riberas, la recuperación de llanuras de inundación y la conectividad ecológica, especialmente en tramos degradados y masas de agua vinculadas a espacios protegidos”.

Apuntan que esta restauración “debe alinearse con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza y con el futuro Plan Nacional de Restauración, incorporando objetivos medibles, financiación, responsables, cronogramas e indicadores verificables”.

Contaminación, depuración y pérdida de capacidad de dilución

La Sociedad Española de Ornitología alerta de que la contaminación urbana, industrial y agropecuaria “debe analizarse junto con la reducción de caudales circulantes y la pérdida de capacidad de dilución del río”. Esta cuestión “es especialmente relevante” aguas abajo del área metropolitana de Madrid, donde en determinados tramos los efluentes de depuradoras pueden constituir “una parte muy significativa” del caudal circulante en periodos de estiaje.

La organización pide un programa específico para las Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de La China, Butarque y Sur, con cronograma, objetivos intermedios, medidas provisionales y evaluación de efectos sobre las masas de agua afectadas. También reclama recuperar un tratamiento específico de contaminantes emergentes, como fármacos, PFAS, microcontaminantes y compuestos persistentes, con medidas preventivas orientadas a reducir estas sustancias en origen.

Cambio climático: adaptar demandas a los límites ecológicos

SEO/BirdLife considera “especialmente preocupante” que la Confederación Hidrográfica del Tajo no haya puesto a disposición pública un estudio específico de adaptación a los riesgos del cambio climático equivalente al elaborado en otras demarcaciones. La organización reclama que este estudio se elabore, se someta a información pública y se integre en el futuro plan hidrológico.

Piden, además, que las demandas de regadío y abastecimiento se subordinen “al cumplimiento de los objetivos ambientales, al mantenimiento del buen estado de las masas de agua y al respeto de los caudales ecológicos. La modernización o mejora de eficiencia de los sistemas de riego es imprescindible para asegurar estos cultivos ante el cambio climático, que va a reducir la disponibilidad real de agua en el futuro, pero si esto se hace para aumentar las superficies de regadío, se pone en peligro todo el sistema y la sostenibilidad de los recursos agrarios”.

Custodia del territorio para restaurar ríos y humedales

SEO/BirdLife reclama que la custodia del territorio se incorpore como herramienta operativa de colaboración público-social en la demarcación del Tajo. “Esta herramienta puede contribuir a restaurar riberas, mejorar la conectividad ecológica, recuperar humedales, conservar hábitats y especies, prevenir especies exóticas invasoras, reforzar el seguimiento ecológico, impulsar ciencia ciudadana y mejorar la educación ambiental”, explican.

La organización propone que el futuro plan identifique fincas de titularidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo, tramos de dominio público hidráulico, riberas degradadas y humedales donde puedan desarrollarse proyectos piloto de custodia fluvial. También plantea convenios plurianuales con entidades especializadas, una línea específica de financiación y un visor público de iniciativas con objetivos, actuaciones, indicadores y resultados.

Para SEO/BirdLife, el cuarto ciclo de planificación hidrológica del Tajo debe convertirse en el “ciclo de la recuperación funcional del río”.

Nueve años gobernando la Región de Murcia han dado a Fernando López Mirás un sentido del ritmo político preciso. Al igual que se suceden las estaciones del año con sus cada vez más extremos episodios climáticos, el lorquino ha ido lidiando con distintas coaliciones de gobierno, rupturas, crisis, mociones de censura, una pandemia y, sobre todo, mucho ir y venir de consejeros y consejeras. La experiencia le ha proporcionado la precisión de un cirujano que sabe poner la venda antes de la herida, ahora que rondan al Gobierno regional varios escándalos; el más grave de ellos, la trama de las prótesis caducadas que ha supuesto un fraude de casi siete millones de euros y 11 detenidos, entre ellos facultativos y responsables de compra de material del Servicio Murciano de Salud (SMS). Con los comicios a un año vista, López Miras remodela su gabinete y, de paso, sale a pescar votos entre los huérfanos de Ciudadanos y los desencantados de un Vox roto por dentro en la región.

Fuentes próximas al Gobierno regional insisten en que la entrada de nuevos responsables al cargo de las consejerías de Agricultura y Salud, la nueva portavocía y el intercambio de responsabilidades de los consejeros de Economía y Hacienda, por un lado, y Empresa y Empleo, por otro, estaban previstos “desde hacía varios meses” y puede que así fuera. López Miras descendió las escaleras del Palacio de San Esteban hasta la Sala Ramón Gaya el pasado jueves y, como un reloj suizo, anunció la nueva alineación del Ejecutivo el día en el que se cumplían tres años de la última convocatoria electoral; todo un remozo para las siguientes elecciones que ya practicó la legislatura anterior —en aquella ocasión, con una dirección centrista—. Dos días después, los nuevos responsables tomaban posesión de su cargo y se hacían la foto de rigor entre las columnas renacentistas del primer patio de la sede del Gobierno autonómico.

A pesar de la puntualidad suiza, el contexto político en la Región acaba de experimentar importantes sacudidas en sus principales plazas, Murcia y Cartagena: mientras Rebeca Pérez se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de la capital murciana tras la muerte de José Ballesta; Noelia Arroyo retendrá el liderazgo en la ciudad portuaria en un nuevo giro de guion, en el que la división de Vox tras la expulsión de José Ángel Antelo ha llevado a dos concejales a salir de la formación de ultraderecha y envalentonarse con una moción de censura de la que después se arrepintieron.

Una imagen “fresca y moderada”

Y qué es de una imagen renovada sin una flamante portavocía, según cuenta Ismael Crespo, codirector del CEMOP, el CIS murciano. Marisa López Aragón ha reemplazado su antigua responsabilidad al frente de Empresa, Empleo y Economía Social y la ha sustituido por Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, una Consejería con muchos apellidos. No por ello es la mujer fuerte del presidente, ya que se trata de asuntos técnicos si exceptuamos lo que afecta a la negociación presupuestaria, de la que su anterior responsable, Luis Alberto Marín, ha salido desgastado. Para la refriega política, seguirá al frente el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien acumula el mayor peso orgánico y territorial y se perfila como sucesor natural de López Miras en el caso de que este dé un salto a Madrid. Su cartera se amplía con Juventud, en una clara muestra de la importancia que tiene para el PP este sector de la población que cada vez mira a Vox con mejores ojos.

López Aragón cuenta con las mejores cartas para “refrescar” la imagen del Ejecutivo murciano porque no es del PP pata negra, como pueda ser la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, quien tiene bastante ascendencia en el gabinete. De hecho, se incorporó al gobierno regional en la remodelación de julio de 2024, cuando López Miras reorganizó el Ejecutivo tras la ruptura del pacto con Vox, buscando estabilizar el gobierno con perfiles técnicos. Fue elegida directora del SEF en 2020 por el antiguo consejero de Ciudadanos Miguel Mota y continuó en ese puesto una vez que este partido salió de la coalición de Gobierno. El ascenso meteórico de López Aragón desde entonces se debe a una conjunción de su “pragmatismo” con su impronta “moderada”, capaz de seducir “a socialdemócratas desencantados de Pedro Sánchez”. Es decir, el PP quiere seguir amarrando por su flanco izquierdo a los antiguos votantes de Ciudadanos.

Fuentes del SEF, por su parte, hablan de que externalizó la gestión del organismo a asociaciones patronales y entidades sociales y que es “la mejor representante de los empresarios” en un momento en el que estos presionan a Antelo y la antigua diputada de Vox Virginia Martínez para que aprueben con el PP una serie de leyes que les sean favorables, como la recientemente acordada de Simplificación Administrativa.

Largas listas de espera para el especialista y una trama en el SMS

Quizás sí que había previamente preocupación en el Gobierno regional por el hecho de que Murcia tiene uno de los peores registros del país del porcentaje de personas que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista y se buscara “otra gestión” en la Consejería murciana de Salud, de modo que la hasta ahora gerente del SMS, Isabel Ayala, haya sustituido a Juan José Pedreño. Sea como fuere, su destitución ha coincidido con la presunta trama de prótesis caducadas en el SMS, en la que se habrían facturado implantes en mal estado mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro. Una trama que, presuntamente, ha estado en funcionamiento desde 2019 hasta fechas recientes. La Policía Nacional ha constatado que, al menos, se usó un stent caducado. El PSOE ha calificado de “infamia” el nombramiento de Ayala al haber ocupado la máxima responsabilidad en el SMS durante los años en los que operó dicha trama, mientras que el diputado de Podemos-IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que no es un caso “aislado”, ya que el SMS lleva arrastrando “irregularidades, contratos bajo sospecha y advertencias previas” del Tribunal de Cuentas.

Ayala es licenciada en Medicina y especialista en Atención Primaria y tiene un perfil técnico y continuista. Llegó a la gerencia del SMS en 2023 tras una carrera de gestión que arrancó en los centros de salud y fue escalando puestos hasta los órganos directivos del sistema sanitario murciano. Quienes la conocen la describen como una profesional con capacidad de diálogo, empuje y compromiso con el conjunto del sistema. Su nombramiento llega, en todo caso, en un momento de escasez de profesionales, una política de conciertos cuestionada y unas listas de espera que sus propios compañeros de profesión califican de “brutales”.

Un fuerte peso político frente a los recortes del Trasvase 

El segundo escándalo que más dolores de cabeza le ha dado al Gobierno regional en esta la legislatura ha sido protagonizado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, salpicada por un informe encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 que detectaba niveles elevados de metales pesados en los suelos del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y que su departamento habría ocultado, alimentando las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición y los colectivos ecologistas. Le sustituye un fuerte peso político del Partido Popular, Joaquín Buendía, director gerente de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), adonde llegó hace un año tras una década como alcalde de mayorías absolutas en Alcantarilla, la quinta ciudad con más población de esta comunidad autónoma.

El antiguo primer edil de Alcantarilla viene a apagar “el incendio” que se anticipa en la Región ante el cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España. También es un político que, según fuentes municipales, “pone la bandera más grande, hace la jura de bandera más importante y saca más procesiones”, reforzando el flanco identitario más a la derecha del partido y, así, debilitar al ya dividido Vox.

Ingeniero técnico en Electrónica Industrial y antiguo docente, Buendía estuvo con el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuya sombra parece seguir siendo alargada y que se vio obligado a dimitir por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', al frente de las direcciones generales de Formación Profesional, de Recursos Humanos y Calidad Educativa, y también la de Empleo Público.

De esta forma, el Gobierno murciano trata de recomponerse en medio de las turbulencias y rastrear votos en todos los frentes.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este viernes que “el agua debe garantizar primero las necesidades de Castilla-La Mancha antes de cualquier salida de agua fuera de la región”, al tiempo que ha destacado que esta reivindicación forma parte esencial del Pacto Regional por el Agua entregado a las instituciones europeas.

De hecho, es una de las cuestiones que avala la sentencia del Tribunal Supremo que se conoció ayer, tras desestimar el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) que se oponían al plan hidrológico vigente del río que incluye, entre otras cosas, aplicar caudales ecológicos en su cauce medio.

Núñez no ha valorado la sentencia ni tampoco que vaya a suponer una reducción a los envíos de agua hacia la cuenca del Segura. Algo que han defendido en los tribunales sus compañeros de partido en la Comunitat Valenciana o en Murcia.

Sin embargo, a cuenta de esta noticia, ha cargado contra el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, que ayer pedía al Gobierno de España acelerar las decisiones que tienen que ver con el trasvase Tajo-Segura: está pendiente un cambio en las normas de explotación que debe aprobar el Estado. Page defendió que Castilla-La Mancha ha ganado, tras diez sentencias, “la más importante batalla en materia de agua”.

Hoy Paco Núñez ha dicho que cuando Page habla de “supuestas victorias”, estas no lo son “para el campo de Castilla-La Mancha”. Durante la celebración del Comité de Dirección del partido ha señalado que “mientras el Partido Popular trabaja en Europa para garantizar agua para agricultores y ganaderos, Page se conforma con celebrar decisiones que perjudican directamente al campo castellanomanchego”, aunque no ha explicado cómo, ya que en realidad solo ha hablado de la cuenca del Guadiana.

Cree que hay “una mala planificación hídrica” - en la actualidad ya se trabaja para elaborar una nueva en todos los ríos de España y Castilla-La Mancha acaba de concretar sus alegaciones a través del Consejo Regional del Agua- y además dice que “es una pena ver cómo quien lleva 11 años gobernando Castilla-La Mancha está tan lejos de los problemas de esta tierra, tan lejos de sus preocupaciones y tan lejos del sufrimiento de los castellanomanchegos”, ha afirmado.

Paco Nuñez no ha hablado del río Tajo, ni del trasvase hacia el Segura, para centrase en el río Guadiana. Ha advertido de que “el cierre de miles de pozos en la Mancha” tendría consecuencias “devastadoras” para la economía regional, el empleo y el futuro de decenas de municipios. Los socialistas llevan días negando las afirmaciones del líder 'popular' que hoy ha vuelto a insistir en esta cuestión.

Esta semana viajaba a Estrasburgo para reunirse con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, a la que entregó el documento del Pacto Regional del Agua, que representa la posición de Castilla-La Mancha en materia hídrica, y le trasladaba la necesidad de ampliar la Directiva Marco del Agua hasta 2032 para evitar “un desastre” en la región.

Hoy de nuevo ha defendido lo mismo y también poner en marcha inversiones hídricas que permitan garantizar agua para agricultores, ganaderos y familias de Castilla-La Mancha.

Vox también intervenido en el debate, apostando por un Plan Nacional del Agua como alternativa a la “confrontación” por el trasvase, dice, entre PP y PSOE. La formación ultra cree que “sobra” agua en el río Tajo o hacen falta más trasvases, interconectando las cuencas de los ríos como solución.

El PSOE de Castilla-La Mancha por su parte dice que va a seguir “presionando” a PP y a Vox en las Cortes regionales para que se posicionen sobre las sentencias del Tribunal Supremo en relación al trasvase Tajo-Segura que considera “una victoria de todos” y “una derrota del PP y de Vox que en algunos casos ni siquiera reconocen la prioridad de la cuenca cedente”. El diputado Antonio Sánchez Requena ha afeado al PP que sea “incapaz de alegrarse de las buenas noticias de la región y que está absolutamente sometido a los intereses electorales que tiene Génova en el Levante”, ha criticado.

Sánchez Requena ha reprochado al presidente del PP regional, Paco Núñez, su actitud “absolutamente vergonzosa e irrespetuosa con la región” en momentos precisos como el de la visita de Elías Bendodo, ante cuyas declaraciones en pro del agua para Levante “agachó la cabeza”, ha recordado.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yánez, ha defendido la validez y vigencia del Plan Hidrológico de cuenca del año 2023 tras la última sentencia del Tribunal Supremo contra el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) para frenar la aplicación de caudales ecológicos en el río -el flujo mínimo de agua que debe circular para proteger su ecosistema- y reducir los envíos de agua a la cuenca del Segura a través del trasvase.

Yáñez señala que “las pruebas periciales de los demandantes, que son respetables, en ningún momento demuestran que haya error o arbitrariedad” en la propuesta que enarboló su entidad a la hora de planificar el funcionamiento de la cuenca del río Tajo.

Más de diez sentencias que defienden el plan del Tajo

Durante un encuentro con periodistas en la sede de la CHT realizado este jueves, Yáñez ha reiterado que su organismo toma decisiones técnicas y no ideológicas.

“Las normas de explotación del Tajo no dependen de esta casa. La confederación hace la gestión técnica del acueducto Tajo-Segura, es decir, el mantenimiento y conservación como infraestructura hidráulica. Pero no toma decisiones sobre el volumen a trasvasar”, ha defendido, apuntando a que la decisión sobre el agua que se deriva a través del trasvase depende de las normas de explotación que aprueba el Gobierno de España a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

“Sí que nos corresponde fijar el régimen de caudales ecológicos en toda la cuenca”, asume el presidente de la CHT, y es ahí cuando ha reivindicado las “más de diez” sentencias del Tribunal Supremo que defienden el plan de cuenca aprobado hace tres años.

“El Tribunal Supremo, una y otra vez, lo que dice es que el régimen de caudales ecológicos vigente está de acuerdo con la planificación”, ha aseverado a preguntas de los asistentes.

Sobre el futuro del trasvase, ha querido dejar claro que según la legalidad vigente, “las demandas de la cuenca cedente están por encima de cualquier demandante” de agua.

“Las demandas del Tajo están por delante de cualquier demanda que sea externa. Pero puede llegar otro gobierno y cambiarlo”, ha avisado.

El impacto del cambio climático

Yáñez también ha señalado cómo los datos anuales de aportaciones naturales a la cuenca del Tajo -el agua de lluvia que entra en sus ríos y embalses- muestran una reducción significativa en las últimas décadas, un hecho que el presidente ha vinculado al impacto del cambio climático.

“En 1998 había una aportación natural de más de 10.000 hectómetros cúbicos, cuando la capacidad máxima de embalse que tiene la cuenca es de cerca de 11.000 hm³. El cálculo que hicimos en 2023 mostraba una aportación de 9.700 hm³ y para el año 2040 se estima que pueda reducirse a algo más de 7.000 hm³”, ha detallado.

Además de esa reducción “clara” de las aportaciones, Yáñez ha afirmado que en los últimos años se han registrado episodios generalizados de avenidas “intensas”, en referencia a eventos como el tren de borrascas ocurrido durante los pasados meses de enero y febrero, que “antes no eran tan recurrentes”.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se ha dirigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exigirle, en nombre de los regantes, que en el actual ciclo de planificación hidrológica “dé la vuelta” y vaya “en dirección contraria” a la “promesa política” de recortar el acueducto.

Jiménez ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación tras conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

El líder de Scrats ha apelado a la vía política ante la imposibilidad de solicitar medidas cautelares por los cauces judiciales tras la resolución del Tribunal Supremo que vuelve a avalar la aplicación de caudales ecológicos en el río Tajo, tal y como marcan las leyes españoles y la Directiva del Agua europea.

En este sentido, ha animado también al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, a implicarse para paralizar la reducción de caudales y ha advertido de que no aceptará un nuevo plan de cuenca basado en “nuevas promesas mil millonarias que van a ser seguro una mentira absoluta”.

La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina

Respecto a la resolución judicial, Jiménez ha aclarado que, aunque los regantes del Levante asumen el veredicto del Tribunal Supremo que declara la legalidad del procedimiento de planificación del Tajo, rechazan la “injusticia” que supone el recorte del trasvase, al que tachan exclusivamente de “decisión política”.

A pesar del fallo en contra, el presidente del sindicato ha remarcado que en la organización “desánimo no hay ninguno” y que continuarán “al pie del cañón” en la defensa del trasvase.

Durante su intervención, Jiménez ha criticado la “filtración” de la demanda a los medios de comunicación antes de que, supuestamente, fuera notificada formalmente a su procurador, un hecho que, a su juicio, demuestra “el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere”.

Del mismo modo, ha lamentado que la sentencia no haya entrado “al fondo” de la cuestión planteada por los regantes y que no se haya admitido “ni una sola prueba pericial” para rebatir la fijación de los caudales ecológicos.

Críticas a inversiones comprometidas que “no existen”

El representante del Scrats ha cargado contra las inversiones comprometidas por el Ejecutivo central para el horizonte de 2027. Según ha detallado, el Real Decreto de Planificación anunciaba 1.300 millones de euros para la cuenca del Tajo y 1.750 millones para la del Segura, de los que “no se van a ejecutar más de 100 millones” en las ampliaciones de las desaladoras.

“No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras para ser exactos”, ha aseverado, tras tildar de “fraude” las medidas compensatorias.

El presidente del Scrats ha enumerado las infraestructuras prometidas que, según su criterio, “no existen” ni se van a ejecutar, citando los planes de depuración de Madrid (valorados en 1.071 millones), las obras para el Alto Tajo, la impulsión de agua desalada a Ojós o las plantas fotovoltaicas para abaratar la energía.

“La política nos ha engañado a los regantes y a toda la sociedad levantina”, ha insistido Lucas, quien ha avisado de que el agua desalada de Torrevieja no llega a zonas de interior como Sangonera la Seca, Librilla, Elche, Lorca, Totana o Cieza, lo que provocará daños económicos “incalculables”.

Además, el representante de los regantes ha manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de aprobación de un nuevo real decreto para modificar las reglas de explotación, sosteniendo que, según los criterios del CEDEX, cualquier cambio regulatorio de esa envergadura debe pasar obligatoriamente por el trámite de las Cortes Generales.

Preguntado por el recurso pendiente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Jiménez se ha mostrado pesimista por el peso de los precedentes judiciales y ha concluido que el Scrats no preparará protestas inmediatas, sino que esperará a ver los próximos movimientos del Ministerio liderado por Sara Aagesen.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha urgido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir las sentencias tras “ganar” la comunidad autónoma --ha subrayado-- “la más importante batalla en materia de agua”.

Así ha reaccionado García-Page después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo aprobada por real decreto 35/2023.

“Me siento enormemente contento y orgulloso de esta tierra que defiende sus planteamientos a ultranza. Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales”, ha enfatizado García-Page desde Valdepeñas.

Desde la Ciudad del Vino, ha subrayado el presidente socialista que su gobierno va a defender “con la misma fuerza y sensatez” los intereses del Alto Guadiana, del Júcar, del Segura y de todas las cuencas hidrográficas.

Me siento enormemente contento y orgulloso de esta tierra que defiende sus planteamientos a ultranza. Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales

Finalmente, ha dicho que su gobierno se siente “orgulloso” de esa batalla. “Es casi acomplejante tener que estar años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan”, por lo que ha exigido al Gobierno, “ya después de la última batalla”, que “por favor” cumplan con las sentencias de los tribunales.

Hoy, la ministra de Educación Milagros Tolón visitaba Toledo y se ha congratulado también de la sentencia, calificando el trasvase Tajo-Segura de “anacrónico”.