Arsénico y plomo a niveles ilegales en los campos del Mar Menor: el informe que Murcia guardó en un cajón y ahora debe asumir

El informe tiene 509 páginas, fue encargado por el Gobierno de la Región de Murcia en noviembre de 2023 y pagado con una subvención de 293.035 euros. Sus conclusiones son inequívocas: los suelos del entorno de la Sierra Minera Cartagena-La Unión presentan concentraciones de metales pesados que “alcanzan niveles excepcionalmente elevados y pueden representar un riesgo significativo tanto para la producción agrícola como para la salud humana si no se aplican medidas de manejo adecuadas”.

Lo firma el grupo de investigación Garsa de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), lo dirige el investigador Ángel Faz, y su título no deja lugar a dudas: Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación. El Gobierno regional intentó que ese informe no existiera, no lo consiguió, y el caso ha acabado en los tribunales.

Cuando el edafólogo José Matías Peñas preguntó a la Consejería murciana de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la existencia del informe, la respuesta oficial del Ejecutivo de Fernando López Miras fue que “el centro directivo ha indicado que no se ha realizado el trabajo”. Poco después, la versión cambió: el documento “no obraba en poder del órgano” correspondiente y se había “procedido a tramitar el procedimiento de reintegro de la subvención”. Es decir la Consejería exigía a la UPCT que devolviera los 293.035 euros.

Para Pedro Luengo, portavoz de Ecologistas en Acción, la secuencia no tiene otra lectura: “Mintieron en documento oficial asegurando que dicho informe no existía. Esa falta de transparencia levanta la sospecha: si todo es correcto, ¿por qué no salen al día siguiente con los análisis en la mano?”. La organización denunció al Ejecutivo ante el juzgado por presunta prevaricación.

Faz, durante una videoconferencia a la que también se suman representantes de la Consejería murciana de Agricultura, es tajante sobre su independencia: “Me he sentido totalmente libre. Los números son los números. Eso es lo que hicimos y lo que tomamos”. Tras la presión pública, la UPCT entregó una versión ampliada el 20 de abril, en la que los datos de base no cambiaron: las 567 muestras son las mismas.

Cuarenta veces el límite de arsénico

El estudio detectó concentraciones de arsénico de hasta 320,2 miligramos por kilo de suelo -40 veces el riesgo máximo admisible-, cadmio 23 veces por encima del umbral y manganeso doce veces superior al límite legal.

Sin embargo, el investigador de la UPCT introduce una distinción fundamental: la diferencia entre concentración total y biodisponibilidad real. “El arsénico tiene una media de concentración total de 21,2 miligramos por kilo en la zona sur. Pero ¿cuánto es soluble? 0,4. El cadmio tiene una media de 1,7 mg/kg pero solo el 16,6% es asimilable. Cuando hablamos de biodisponibilidad, que es lo que debe preocuparnos para los riesgos, los números son muy diferentes”.

Francisco José Martín, edafólogo de la Universidad de Granada, comparte esa distinción pero advierte que sin ensayos de toxicidad las cifras siguen siendo insuficientes. Y añade una variable que el propio informe menciona: el drenaje ácido de mina. “En la zona hay drenaje ácido que modifica el pH y puede solubilizar los metales precipitados. Es como una bomba de relojería”.

Cómo los metales viajan hacia los campos y el Mar Menor

Los metales no se quedan donde están. Jordi Sierra, edafólogo de la Universidad de Barcelona, explica el mecanismo: “Cuando llueve torrencialmente, el agua impacta en el suelo. Como los suelos del Campo de Cartagena tienen poca materia orgánica, están compactados y salinizados, el agua no se infiltra: se va por escorrentía superficial arrastrando partículas cargadas de metales, nitrógeno y fósforo. Todo eso acaba contaminando el Mar Menor”.

El cambio climático, añade, agrava el problema: “Cada vez tenemos más lluvias torrenciales y estos suelos degradados son especialmente vulnerables”. José Matías Peñas, por su parte, precisa la geografía del problema: las concentraciones que superan los niveles de referencia se extienden desde Los Urrutias hasta Cabo de Palos. “Estamos hablando de 22 kilómetros cuadrados de la Sierra Minera que llevan tres décadas sin restaurarse, en contra de lo que regula la Ley de Minas”.

El trabajador del campo, en el punto de mira

Para el conjunto de la cuenca, el informe sitúa los riesgos “por debajo de los límites de preocupación”, pero esa afirmación esconde matices que varios expertos consideran insuficientemente desarrollados.

El profesor de la Universidad de Granada señala que el análisis de riesgo laboral arroja valores que no pueden ignorarse: “Se ha hecho un estudio de riesgo de exposición en función del número de días, 180 al año, o hasta 250 si fueran trabajadores más intensivos y he visto algún valor de siete para el plomo. Si el valor supera uno, ya hay riesgo. Hay un riesgo de exposición alto”.

“El cáncer es una enfermedad multifactorial, pero esto es un factor más que aumenta el riesgo. El informe calcula que podría haber un caso de cáncer de más por cada 10.000 habitantes en el escenario más alto. Para los trabajadores de mayor exposición, el riesgo queda por encima del umbral según normativas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) o la legislación española. Es indiscutible”, apunta Sierra.

Peñas va más lejos: “El riesgo de toxicidad sistémica y carcinogénesis para los trabajadores es inadmisible en la zona de Los Urrutias a Cabo de Palos, a pesar de que han infravalorado ese riesgo en contra de lo que marca el Real Decreto del Ministerio para la declaración de suelos contaminados”. El propio director del informe matiza que hay “motivo para la precaución, no para la alarma”, pero reconoce que haría un seguimiento detallado en las parcelas de mayor riesgo y un análisis de la parte comestible de los cultivos durante dos ciclos al año.

Los más expuestos son los jornaleros, expone el portavoz de Ecologistas en Acción: “Los trabajadores pasan todo el día en cultivos intensivos, con maquinaria y respirando el polvo, que va directamente a los pulmones”. Y añade un factor estructural que agrava la situación: “En el sector primario hay mucho trabajador sin papeles, que sufre situaciones de explotación laboral. Por eso hay que ser más exhaustivos en los controles”.

Las medidas preventivas más inmediatas no requieren grandes inversiones: “Con unas medidas higiénicas básicas -manga larga, guantes, evitar tocarse la boca tras manipular tierra- se puede minimizar bastante el impacto”, explica Sierra. El riesgo, advierte el investigador de la Universidad de Granada, no es inmediato ni visible: “Los metales pesados no es que el año que viene vaya a empezar a morir gente. Dentro de 20 o 30 años los trabajadores que han estado en esa zona tienen un porcentaje muy elevado de desarrollar algún tipo de enfermedad”.

¿Llega la contaminación a los alimentos y al Mar Menor?

La pregunta que más preocupa a los consumidores es si los metales están llegando a los productos que se cosechan y se comen. Faz reconoce los límites de su encargo: “Yo no he trabajado esa escala ni se me ha pedido. Hemos hecho una radiografía. Me parece necesario hacer un estudio en parcelas concretas para ver si se acumula o si hay que cambiar el uso”.

El portavoz de Ecologistas en Acción no comparte esa tranquilidad: “La transferencia a determinados cultivos puede ser importante y no se pueden hacer los mismos controles que en suelos sin contaminantes. No sabemos cómo de gordo es el problema, ni tampoco la solución”.

“Hay que estudiar si los productos agrícolas han acumulado metales. Seguramente va a dar muy bajo por las características del suelo, pero es algo que se tiene que hacer”, dice el investigador de la Universidad de Barcelona. Y alerta sobre una dimensión que el informe no aborda: “Al ser el Mar Menor una laguna cerrada con poca renovación del agua, seguro que hay niveles elevados en el sedimento. Lo siguiente es mirar las especies que realmente comemos: si hay recursos pesqueros o acuícolas, hay que analizar el pescado”.

Peñas, por su parte, advierte que no todos los cultivos acumulan igual: “Las patatas acumulan mucho plomo; las lechugas concentran principalmente cadmio”. Ecologistas en Acción ha pedido a la Administración información sobre si se están haciendo controles adicionales. “No nos han respondido”, denuncia Luengo. “Necesitamos poder estar tranquilos de que no estamos ante un problema de salud pública”.

Sin normativa propia y décadas de retraso

La Región de Murcia carece de normativa propia que fije los niveles máximos de metales pesados admisibles en sus suelos. El contraste con Andalucía es significativo: allí, desde 2015, un decreto establece que si se supera 100 veces el valor de referencia el suelo debe declararse oficialmente contaminado.

Según el investigador de la Universidad de Granada, algunos valores del informe de la UPCT superan en 400 veces ese umbral. En la Región de Murcia, ese decreto no existe pese a que la Ley de Suelos Contaminados de 2011 trasladó esa competencia a las comunidades autónomas hace catorce años. Sierra, por su parte, recuerda que sí existe normativa europea -dos reglamentos de 2023 y 2025- que debería aplicarse por defecto.

Los estudios sistemáticos de metales en la zona datan de finales de los noventa. “Lo raro sería no encontrar metales aquí”, dice Faz. “Estamos pegados a yacimientos mineros con más de 2.000 años de historia”. “Me sorprende que a estas alturas no se haya hecho un estudio epidemiológico a fondo. Lo que se ha presentado ahora es más de lo mismo que se hacía hace décadas”, añade el profesor de la Universidad de Granada al respecto.

El caso en los tribunales y seis años de silencio

En abril, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena incoó diligencias previas contra la Administración regional y la empresa pública Tragsa tras una denuncia de Ecologistas en Acción por el uso de tierra vegetal contaminada en el sellado del depósito minero El Lirio. Peñas está citado a declarar como perito.

Y el problema tiene aún más fondo: en noviembre de 2020, la Consejería ya había recibido otro estudio -encargado a IDOM Consulting con fondos europeos FEDER- que cartografiaba concentraciones de plomo diez veces por encima del nivel legal en suelos agrícolas del Campo de Cartagena. Ese informe nunca se hizo público. La Fiscalía Europea ha recibido una denuncia al respecto.

La oposición en la Asamblea Regional no ha tardado en exigir responsabilidades. La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, afirmó que “el Gobierno regional tiene la obligación de actuar y proteger la salud de vecinos, trabajadores agrícolas y sector agrícola”, y denunció que el Ejecutivo de López Miras lleva “demasiados años sin actuar, pese al riesgo cancerígeno”. Desde Podemos, la diputada María Marín reclamó “medidas urgentes para proteger a jornaleros y consumidores” y estudios que acrediten si los niveles de contaminación han llegado a la cadena alimentaria. Marín exigió además la dimisión “inmediata” de la consejera Rubira “por ocultar el informe que acredita valores de toxicidad inadmisibles”.

La consejera Sara Rubira dijo esta semana que “se actuará con la máxima responsabilidad”. No fijó plazos y tampoco anunció controles sobre los alimentos. El plan que la Ley del Mar Menor ordenó elaborar en 2020 sigue sin fecha de entrada en vigor, casi cuatro años después de agotado el plazo legal.

La Consejería de Agricultura prometió este jueves nuevas inspecciones en las fincas afectadas y descartó riesgos alimentarios. “Que un producto asimile metales pesados es muy remoto”, dijo el subdirector Curro Miñano, quien pidió “mesura” en la lectura de los datos.