Murcia: si el servicio es público, ¿por qué no lo prestamos como tal?

En Murcia llevamos décadas aceptando una contradicción que apenas se discute: consideramos el transporte urbano un servicio público esencial, pero su gestión sigue en manos privadas. Y no pasa nada… hasta que pasa.

La reciente decisión del Tribunal Central de Recursos Contractuales de tumbar la licitación del nuevo contrato de autobuses no es solo un tropiezo administrativo. Es el síntoma de un modelo que hace aguas: contratos complejos, recursos constantes, retrasos acumulados y una sensación generalizada de que el servicio nunca termina de estar a la altura.

Durante años, el debate público ha defendido, con razón, la importancia de blindar la sanidad o la educación. Pero rara vez se aplica ese mismo criterio a otros servicios que también son públicos por ley y por sentido común. El transporte urbano es uno de ellos.

Porque no hablamos de un servicio cualquiera. Hablamos de cómo se mueve una ciudad, de quién puede acceder a su trabajo, de si vivir en una pedanía es una desventaja o no. Hablamos, en definitiva, de igualdad, de favorecer la gestión del tiempo, de calidad de vida.

El modelo concesional tiene lógica sobre el papel: el Ayuntamiento fija condiciones y una empresa especializada presta el servicio. Pero en la práctica, ese equilibrio se rompe con facilidad. Cuando el contrato falla, todo falla. Cuando el diseño es defectuoso, las consecuencias duran años. Y cuando hay conflictos, el margen de maniobra pública es limitado.

Frente a esto, la gestión directa mediante una empresa pública no es una utopía ni una rareza. Es, de hecho, el modelo habitual en muchas ciudades. Barcelona y Madrid gestionan su red a través de empresas públicas, una empresa 100% municipal que ha sido capaz de modernizar su flota y asumir un papel clave en la movilidad urbana. Europa, urbes como Nantes o Rennes de un tamaño medio a la de nuestra ciudad hacen lo propio, donde incluso los estudios han mostrado que la gestión pública puede ser más eficiente que la privada en determinadas condiciones.

Tal vez no sean sistemas perfectos, pero funcionan. Y, sobre todo, responden a una lógica distinta: la del servicio, y no a la del beneficio.

Eso no significa ignorar los riesgos. Crear una empresa pública exige inversión, planificación y una gestión profesional que evite caer en ineficiencias o en el cortoplacismo político. Pero seguir como hasta ahora también tiene costes, aunque sean menos visibles: dependencia, rigidez contractual y una mejora del servicio que siempre parece aplazarse.

La cuestión de fondo no es ideológica, sino de coherencia. Si defendemos que ciertos servicios deben garantizarse desde lo público por su impacto en la vida de la gente, esa defensa no puede quedarse a medias. No puede limitarse a algunos ámbitos mientras en otros aceptamos modelos que, una y otra vez, generan problemas estructurales.

Murcia tiene ahora una oportunidad, aunque venga de la mano de un revés jurídico. Más allá de rehacer un contrato, quizá ha llegado el momento de replantear el modelo.

Porque si por ley la competencia y la gestión del servicio de transporte es público, la pregunta es inevitable: ¿por qué no lo prestamos como tal?