Leer como derecho y como destino: una reflexión por el Día del Libro

Comienzo, antes de dar paso al resto, que quizá lo único que me arrepiento ya en la vida es de no haber leído más, y quizá me arrepiente de ello sine die. En esa confesión se condensa una verdad que trasciende lo biográfico: la lectura no es una actividad accesoria, sino una experiencia constitutiva de la vida humana. Cada 23 de abril, con ocasión del Día del Libro, la celebración de la lectura adquiere un tono que oscila entre lo conmemorativo y lo reivindicativo. No se trata únicamente de exaltar el libro como objeto cultural, sino de interrogarse por la lectura como práctica humana fundamental. En este sentido, el debate contemporáneo ha comenzado a explorar una idea de particular densidad jurídica y filosófica: la lectura como derecho. Tal planteamiento, lejos de ser una mera metáfora, encuentra fundamentos sólidos tanto en la teoría de los derechos fundamentales como en la experiencia histórica y social de las sociedades democráticas.

El punto de partida puede hallarse en la tesis, cada vez más extendida, de que la lectura constituye un bien humano esencial. La lectura no figura aún como derecho autónomo en los textos constitucionales o en los tratados internacionales, pero se halla implícitamente contenida en derechos ya reconocidos, como la educación, la libertad de expresión o el acceso a la cultura. Esta dimensión “interseccional” del leer permite comprenderlo no solo como una práctica cultural, sino como un presupuesto de ciudadanía.

Leer es, en primer lugar, un mecanismo psicológico de primer orden. La lectura configura la mente, amplía la capacidad de abstracción y fortalece las funciones cognitivas. No es casual que se haya descrito como un “gimnasio asequible para la inteligencia”, en palabras de Irene Vallejo. En su 'Manifiesto por la lectura', Vallejo subraya que leer no solo transmite información, sino que modela la sensibilidad, ejercita la empatía y permite habitar otras vidas; aunque no entraré, porque ese es un debate diferente, de si la lectura debe o no ser moralizante, o si la literatura es un instrumento moral o político, pero sí pienso, ciertamente, que los libros ayudan a sentir la vida de forma más intensa, no a ser buenos. No obstante, la lectura no es un lujo ni una actividad ornamental, sino un instrumento de construcción de la subjetividad.

Pero junto a su dimensión psicológica, la lectura desempeña una función insustituible en la transmisión del conocimiento, teniendo en cuenta, además, la oralidad. Desde las tablillas mesopotámicas hasta los formatos digitales contemporáneos, la humanidad ha depositado en la escritura su memoria colectiva. Leer es, por tanto, acceder a ese depósito de saber acumulado, participar en una conversación que trasciende generaciones. De ahí que el derecho a la lectura pueda entenderse como una garantía de acceso al conocimiento, y, en consecuencia, como una condición de posibilidad del desarrollo personal y social.

Esta doble dimensión —psicológica y epistemológica— se proyecta directamente sobre el ámbito jurídico. Si los derechos humanos se fundamentan en la dignidad y en el libre desarrollo de la personalidad, resulta difícil negar que la lectura cumple una función estructural en ambos aspectos. La lectura habilita la autonomía, permite formar un criterio propio y facilita la participación en la vida pública. En este sentido, defender la lectura como derecho implica reconocer que sin ella la democracia se debilita, pues carece de ciudadanos plenamente capaces de comprender, deliberar y decidir.

La conexión entre la literatura y ciudadanía se concentra en numerosas obras e, incluso, se puedo apreciar en los discursos de la mayoría de los autores y las autoras que han logrado el Premio Cervantes. La mayoría exploran con lucidez la relación entre memoria, lenguaje y responsabilidad cívica (carácter y destino).

Ahora bien, la reivindicación de la lectura como derecho no puede desligarse del reconocimiento del entramado social que la hace posible. Leer no es un acto aislado: presupone la existencia de autores, editores, bibliotecarios, libreros, docentes y mediadores culturales. Este 'ecosistema de la lectura' constituye una red compleja que sostiene la circulación de ideas y la producción cultural. En este sentido, la defensa del derecho a leer implica también la protección de quienes hacen posible la lectura.

En el contexto español, y de manera particular en la Región de Murcia, esta reflexión adquiere un matiz específico. Murcia cuenta con un tejido literario notable, a menudo invisibilizado por la centralización cultural. Desde las figuras de Miguel Espinosa y Carmen Conde, cuyas obras representan una de las apuestas más originales de la narrativa y poesía españolas del siglo XX, hasta la pluralidad de voces contemporáneas que configuran el panorama actual, la región ofrece un ejemplo elocuente de cómo la literatura puede florecer fuera de los grandes centros editoriales.

Este tejido de escritores no solo enriquece el patrimonio cultural (con librerías circulares en la Región que apuestan por el mismo, fuera de los cánones del estatus quo), sino que contribuye a democratizar la producción simbólica. La lectura, en este contexto, se convierte en un puente entre lo local y lo universal, permitiendo que las experiencias particulares se inscriban en una conversación más amplia. Defender la lectura como derecho implica, por tanto, reconocer y apoyar estas redes de creación, que son esenciales para la vitalidad cultural.

En última instancia, la reivindicación del derecho a la lectura remite a una concepción exigente de la ciudadanía. No basta con garantizar formalmente el acceso a los libros; es necesario crear las condiciones materiales y educativas que hagan posible la lectura efectiva. Ello incluye políticas públicas de alfabetización, acceso equitativo a bibliotecas y fomento de la lectura desde la infancia. Pero también exige una defensa activa de la libertad de leer, frente a las nuevas formas de censura y de exclusión cultural.

El Día del Libro, más que una celebración ritual, debería ser entendido como una ocasión para renovar este compromiso. Leer no es solo un placer —aunque lo sea—, ni únicamente una herramienta —aunque lo sea también—. Es, ante todo, una forma de estar en el mundo, de comprenderlo y de transformarlo. Reconocer la lectura como derecho significa, en definitiva, afirmar que la dignidad humana pasa por la palabra, por su comprensión y por su transmisión. Y que, sin lectores, no hay ciudadanía plena ni democracia sustantiva.