Mucho calor, poca responsabilidad política

Regresaba de un viaje. Mientras el avión descendía, observé unas nubes extrañas. En realidad, no eran nubes, sino humo. Llegué a casa y abrí los periódicos regionales. Un incendio se extendía por la sierra de Los Garres. Horror: otro verano más de horror.

Seguí las noticias hasta que el fuego fue finalmente extinguido. Fuego y calor. Un calor que también se sufre en las aulas de muchos centros educativos de la Región de Murcia. Calor y vergüenza provocan asimismo las palabras del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid: “El calor en las aulas puede ser una fuente de inspiración» o «yo hice la EGB en Murcia y cuando hace calor, hace calor”.

La Región de Murcia es un territorio de clima mediterráneo seco donde, sin aire acondicionado, resulta difícil trabajar y, en ocasiones, incluso permanecer en condiciones mínimamente aceptables. Lo sé por experiencia propia. En la Universidad de Murcia, durante los recortes estivales impulsados por un rector cuyo nombre prefiero no recordar, nos dejaron sin aire acondicionado en pleno verano. Quien haya intentado impartir o recibir una clase bajo esas condiciones sabe que el problema no es la comodidad: es la posibilidad misma de desarrollar una actividad intelectual con un mínimo de dignidad.

Calor también en las marchas a favor de la educación pública. Calor de los bomberos que se juegan la vida bajo condiciones laborales que distan mucho de reflejar la importancia social de su labor. Y calor en las movilizaciones del colectivo médico, que denuncia el incumplimiento de acuerdos previamente alcanzados y la ausencia de un diálogo efectivo con la administración regional. Existe, por tanto, un malestar creciente, pero no nuevo, respecto de las condiciones materiales y humanas en las que se prestan algunos de los servicios públicos más esenciales de nuestra Comunidad Autónoma.

Conviene entonces acudir a la fuente jurídica fundamental de una Comunidad Autónoma: su Estatuto de Autonomía. Si la Región de Murcia ostenta competencias en materia de educación, sanidad y protección civil, ¿puede desentenderse de las consecuencias que las olas de calor provocan en alumnos, docentes, profesionales sanitarios y usuarios de los servicios públicos? Me planteo esta cuestión, precisamente, a raíz del Día de la Región, cuando abundan los actos institucionales, los discursos autocomplacientes y una cierta tendencia a sustituir la reflexión crítica por la celebración permanente. Te doy ocio, pero no cumplo mis obligaciones jurídicas.

La respuesta jurídica debería ser evidente. La competencia no es únicamente una potestad; también es una responsabilidad. Gobernar no consiste en inaugurar infraestructuras, organizar ceremonias o multiplicar campañas de comunicación institucional. Gobernar consiste, ante todo, en garantizar que los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico puedan ejercerse en condiciones reales y efectivas.

Y aquí surge una cuestión que, con demasiada frecuencia, se olvida. La educación y la salud no son simples servicios públicos cuya calidad depende de la coyuntura económica (porque se mercantilizarían, cuestión que ya se hace) o de la sensibilidad política del gobernante de turno (si acaso la tuviere para el territorio, y no siempre para con el partido político de turno). Son derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional y protegidos por nuestro ordenamiento constitucional, que es social, aunque se olvide. El derecho a la educación no se satisface con la mera apertura de un centro escolar. Exige condiciones que permitan el desarrollo efectivo de la personalidad, de las capacidades intelectuales y de la dignidad de la persona. Del mismo modo, el derecho a la protección de la salud no se agota en la mera existencia formal de hospitales y centros de salud. Impone a los poderes públicos deberes positivos de prevención, organización y protección.

Por ello, cuando un alumno intenta aprender en un aula sometida a temperaturas incompatibles con una concentración mínima, no estamos únicamente ante un problema de confort. Estamos ante una degradación de las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho a la educación y, quizá, su posible vulneración. Cuando los profesionales sanitarios desarrollan su labor en un sistema tensionado por la insuficiencia de medios o por la falta de planificación ante episodios climáticos extremos, no estamos únicamente ante una dificultad organizativa. Estamos ante una cuestión que afecta directamente al derecho a la protección de la salud. Y cuando los servicios de emergencia afrontan incendios cada vez más frecuentes e intensos sin los recursos adecuados, la cuestión deja de ser presupuestaria para convertirse en un problema de seguridad pública y de protección de derechos fundamentales. También conviene señalar que la profunda vocación de servicio público de quienes integran estos sectores hace que, pese a las carencias materiales y al abandono institucional, los servicios sigan funcionando y no lleguen a desaparecer por completo.

La emergencia climática obliga, además, a replantear algunas categorías tradicionales del Derecho Público. Las olas de calor, los incendios forestales o el deterioro de las condiciones de trabajo en los servicios esenciales ya no pueden presentarse como acontecimientos excepcionales e imprevisibles. Son riesgos conocidos, recurrentes y científicamente documentados, salvo que se te haya inoculado algún virus conspiranoico que, en ese caso, sí vives en Matrix. Precisamente por ello, la inacción o la inadecuación administrativa resulta cada vez más difícil de justificar desde una perspectiva jurídica, aunque siempre hay juristas de turno, y los hubo, al servicio del poder de turno para argumentar jurídicamente las pifias gubernamentales y del poder más zafio y dañino.

El núcleo del asunto, por tanto, no es si hace calor en Murcia. Siempre lo ha hecho. Y todo indica que hará más. La pregunta es si una administración que conoce los efectos del calor extremo sobre la educación, la salud y la seguridad pública puede limitarse a banalizar el problema o a posponer indefinidamente las soluciones necesarias.

El Derecho Internacional y el derecho nacional apuntan en una dirección inequívoca: quien ostenta la competencia asume también el deber de actuar con diligencia. Y cuando la inacción se convierte en costumbre, cuando las advertencias se acumulan año tras año y cuando las soluciones se aplazan indefinidamente, la discusión deja de ser técnica o presupuestaria para convertirse en una cuestión de responsabilidad política. Pero también de respeto a la dignidad de los ciudadanos y a los derechos que justifican, en última instancia, la existencia misma de los poderes públicos.

Pero ¿qué importa todo esto cuando llega el 9 de junio, Día de la Región, con sus fastos, conciertos y ceremonias? La atención se desvía y las carencias estructurales desaparecen momentáneamente del debate público. “Todo es diversión. El ocio es lo único”, escribió Rafael Sánchez Ferlosio. ¿Y acaso tenía razón? Nos hemos acostumbrado tanto a la política convertida en espectáculo que terminamos aceptando como normal aquello que debería provocar no solo indignación, sino también acción.