De la resiliencia a la indignación

Estos días, a raíz de las informaciones sobre supuestos casos de corrupción vinculados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y también al calor de las movilizaciones sociales que siguen recorriendo España en defensa de la educación pública, del derecho a la vivienda o de la protección del medio ambiente, me venían a la mente tres libros que, leídos conjuntamente, ayudan a comprender algunas de las tensiones más profundas de nuestra democracia. El primero es Un pueblo traicionado, de Paul Preston, una obra monumental sobre la corrupción, la incompetencia política y las fracturas sociales que han acompañado la historia contemporánea de España. El segundo es Las redes de poder en España, de Andrés Villena, donde se analizan las conexiones entre élites políticas, económicas y mediáticas y su influencia sobre las instituciones. El tercero es Decir no. El imperativo de la desobediencia, de Javier de Lucas, una reivindicación de la desobediencia civil como expresión legítima de una ciudadanía comprometida con la justicia y el interés general.

Los tres libros, desde perspectivas distintas, convergen en una misma pregunta: ¿qué debe hacer una sociedad democrática cuando percibe que las instituciones dejan de responder plenamente al interés público y parecen cada vez más condicionadas por intereses particulares?

La cuestión no es nueva. Buena parte de la historia contemporánea española puede leerse como una tensión permanente entre quienes han entendido lo público como un patrimonio colectivo y quienes han tratado de convertirlo en un instrumento al servicio de privilegios privados. Preston muestra cómo la corrupción, el clientelismo y determinadas formas de apropiación del poder han aparecido una y otra vez en nuestra historia. Villena actualiza ese diagnóstico al describir las complejas redes de influencia que conectan política, economía, finanzas y comunicación. El resultado es una sensación cada vez más extendida entre muchos ciudadanos: la percepción de que existen espacios de decisión alejados del control democrático.

Pero sería un error quedarse únicamente en esa lectura. Porque junto a la historia de las élites existe otra historia igualmente importante: la de quienes se organizaron para defender lo común. Ahí es donde adquiere todo su sentido la reflexión de Javier de Lucas sobre la desobediencia civil. La democracia no consiste únicamente en obedecer leyes o depositar una papeleta cada cierto tiempo. También exige vigilancia, participación y capacidad de resistencia frente a decisiones que contradicen los principios de justicia que las propias instituciones dicen representar.

Todos los derechos que hoy consideramos normales fueron, en algún momento, la reivindicación de personas que decidieron no resignarse. Y quizá esa sea precisamente la palabra que mejor define uno de los problemas de nuestro tiempo: resignación.

Durante los últimos años se ha popularizado una palabra aparentemente positiva: resiliencia. Se nos invita constantemente a ser resilientes frente a la precariedad laboral, frente a las dificultades para acceder a una vivienda, frente al deterioro ambiental o frente a la pérdida de calidad de determinados servicios públicos. Naturalmente, la capacidad para sobreponerse a la adversidad tiene un valor indiscutible. Pero cuando la resiliencia se convierte en una consigna colectiva aparece un riesgo evidente: que terminemos confundiendo adaptación con solución.

Hemos pasado de exigir responsabilidades a celebrar la capacidad de adaptación. Hemos sustituido la vieja virtud cívica de la protesta por la nueva virtud psicológica de la resiliencia. Pero una democracia no progresa porque sus ciudadanos soporten mejor las injusticias. Progresa porque son capaces de identificarlas, denunciarlas y corregirlas.

Por eso quizá convendría recuperar una palabra más incómoda, pero también más democrática: indignación. No la indignación efímera de las redes sociales ni la rabia estéril. Me refiero a la indignación cívica de quien se niega a aceptar como normal aquello que resulta injusto. La indignación de quien entiende que los problemas colectivos no son fenómenos naturales, sino consecuencias de decisiones humanas que pueden y deben ser discutidas.

Y junto a la resiliencia hay otra expresión que escuchamos constantemente y que me parece aún más preocupante: “eso es cosa de los políticos”. Pocas frases resultan tan corrosivas para una democracia. Porque cuando alguien afirma que la vivienda es cosa de los políticos, que la educación es cosa de los políticos o que la protección del Mar Menor es cosa de los políticos, está renunciando sin darse cuenta a una parte de su propia condición ciudadana. Está aceptando que los asuntos públicos pertenecen a otros. Está abandonando el espacio de la responsabilidad democrática.

Toda libertad que no se ejerce acaba siendo administrada por otros, y todo derecho, como el de la desobediencia civil que tampoco se ejerce, o no tanto como se debiera, acaba solo por existir en el papel mojado.

Por eso sigue siendo tan actual la reflexión de María Zambrano en Persona y democracia. Para ella, la democracia no era simplemente una forma de gobierno. Era el régimen político en el que la persona podía desarrollarse plenamente como sujeto consciente y responsable de la vida colectiva. Y esa idea se reconoce también en el Derecho Internacional contemporáneo y en nuestra Constitución, en tanto somos sujetos de derechos y de deberes. La democracia comenzaba cuando cada individuo dejaba de ser una pieza subordinada dentro de una estructura de poder para convertirse en protagonista de la comunidad política.

Desde esa perspectiva, las grandes movilizaciones sociales de las últimas décadas adquieren un significado mucho más profundo que el de sus reivindicaciones concretas. Las mareas educativas, la guerra contra Irak, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el 15-M o la extraordinaria movilización ciudadana en defensa del Mar Menor representan procesos de reapropiación democrática. Miles de personas comprendieron que la política no pertenece exclusivamente a los partidos ni a los gobiernos. Pertenece también a los ciudadanos.

El caso del Mar Menor resulta especialmente revelador. Diez años después de la sopa verde, la movilización surgida en Murcia constituye una de las experiencias cívicas más importantes de la España reciente. Científicos, docentes, estudiantes, asociaciones vecinales y miles de ciudadanos entendieron que la defensa de ese ecosistema no era únicamente una cuestión ambiental. Era también una defensa del interés general frente a dinámicas económicas y políticas que durante demasiado tiempo habían subordinado un bien común a beneficios particulares.

Tal vez esa sea la principal lección que dejan estas lecturas y estas experiencias colectivas. La democracia no necesita ciudadanos resignados. Tampoco necesita ciudadanos que aprendan a soportarlo todo. Necesita ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes. Ciudadanos capaces de indignarse cuando la dignidad colectiva resulta vulnerada. Ciudadanos dispuestos a organizarse, participar y defender las instituciones que pertenecen a todos.

Porque los asuntos públicos nunca son solamente cosa de los políticos. Son, ante todo, cosa de los ciudadanos. Y ninguna democracia puede sobrevivir mucho tiempo si sus ciudadanos olvidan esa verdad.