La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Gobierno para instarle a completar la transposición a la legislación nacional de las reglas comunitarias para la protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición al amianto; un ajuste que si no cumple llevará a Bruselas a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar una multa contra España.

Se trata de la segunda fase de un expediente de infracción que el Ejecutivo comunitario mantiene también abierto contra Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia por no haber notificado las medidas que transponen plenamente la normativa comunitaria en el plazo establecido, que expiró en diciembre de 2021 -aunque para algunas disposiciones tienen hasta 2029-.

Según recuerdan los servicios comunitarios en un comunicado, el amianto es una sustancia cancerígena peligrosa, a la que se atribuye alrededor del 75% de los cánceres laborales en la UE.

En este contexto, la directiva para la protección de los trabajadores establece normas para mejorar la protección de los trabajadores contra esta sustancia peligrosa. Entre las disposiciones que deberían estar ya integradas en las leyes nacionales figura una reducción del límite de exposición al amianto durante el trabajo a una décima parte del valor anterior (de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico), en base a los últimos avances científicos y tecnológicos.

El expediente se remonta a enero de 2026, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a una decena de países. Desde entonces, cuatro países actuaron para resolver el incumplimiento, pero otros seis, entre ellos España, siguen sin dar respuesta a los cambios reclamados por los servicios comunitarios.

Con este paso, se abre ahora un periodo de dos meses para que las autoridades tomen las “medidas necesarias” y, “de no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras”.

Desde que en 2015 comenzó a operar el vertedero de El Provencio, en la provincia de Cuenca, “siempre ha cumplido la normativa vigente” y no ha provocado “ningún problema”. Tampoco su reciente ampliación supone ninguna “afección ambiental añadida”, por lo que no ha sido necesario que la Administración autonómica realizara una nueva evaluación.

Así lo han precisado a este periódico fuentes de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional, con motivo de la reciente reunión de vecinos y vecinas de la localidad, convocados por Ecologistas en Acción, en la que mostraron su “creciente preocupación” por la ampliación de estas instalaciones.

El departamento explica que el grado de cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con la que cuenta este basurero ha sido “alto” y que las inspecciones se han llevado a cabo de manera periódica desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.  

En estos 11 años, añade, “no ha dado ningún problema” y en las inspecciones que se han ido realizando, el grado de cumplimiento de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) ha sido alto.

“No es contaminante” porque las celdas están “impermeabilizadas”

“Se trata de un vertedero que cumple con la normativa en este tipo de residuos (amianto) y no es contaminante: no obstante, y para añadir más seguridad, las celdas están impermeabilizadas”, señalan las citadas fuentes, que recuerdan que es la única instalación de Castilla-La Mancha que puede acoger restos residuos.

Aunque el amianto es considerado residuo peligroso cuando se manipula y para quien lo manipula, una ver “inertizado” (volver inerte un residuo) ya no es considerado como tal. Por eso, en la Dirección General ponen el acento en el hecho de que precisamente esa es la labor que realizan en la instalación: hacer que el amianto no tenga ningún tipo de reacción química.

En cuanto a la ampliación de sus instalaciones en cuatro celdas más, que denuncia Ecologistas en Acción, la Dirección General de Calidad Ambiental afirma que “no va a tener una afección medioambiental añadida” a la que ya existe, y está “dentro de la normativa permitida”. Es el motivo por el que no ha sido necesario un nuevo expediente de evaluación como demanda el colectivo.

Por último, sobre la posible contaminación del acuífero, el departamento precisa que las celdas están “altamente impermeabilizadas” para evitar cualquier tipo de estas afecciones. “Sí hubiese algo a nivel de acuífero, la competente es la Confederación Hidrográfica, y hasta el momento no tenemos constancia de que haya problemas”.

El domingo fue un día de cielo azul en Cantabria. Los participantes en la marcha convocada por la Asamblea Abierta de Piélagos esperaban la salida junto a una fuente. Un pelotón de ciclistas se paró a beber agua y otras personas se acercaron a llenar garrafas. El caudal que abastece esa fuente -y al río Carrimont- circula junto a las instalaciones del vertedero de Castañeda donde el Gobierno de Cantabria ha autorizado a almacenar 4.000 toneladas de amianto procedentes del derribo del edificio de la antigua Residencia Cantabria de Santander.

Un motivo de preocupación para este colectivo que alerta de los riesgos de salud pública y medioambiental que implican esos residuos cancerígenos. A ello se suma que consideran de “muy dudosa gestión” otros vertidos recibidos en este planta en el pasado, como la llegada en 2017 de lodos con alto contenido en mercurio y otros materiales procedentes del dragado del puerto de Llanes en Asturias.

La marcha contra la transformación del vertedero de Castañeda en un vertedero de amianto reunió este domingo a medio centenar de personas. A través de esta acción reivindicativa, los organizadores han animado a toda la sociedad a informarse y movilizarse ante “otro despropósito más que se nos está tratando de imponer”, el cementerio de toneladas de amianto. El colectivo prepara una demanda judicial que presentará próximamente ante este “opaco” proyecto.

La Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Roberto Media, autorizó en noviembre de 2025 una modificación “no sustancial” para incluir el amianto entre los residuos que pueden procesarse en las instalaciones del vertedero de Castañeda -gestionado por la empresa Integraciones Ambientales de Cantabria, S.A. (IACAN)- que tiene la categoría de residuos no peligrosos.

Una decisión derivada del derribo del edificio de la Residencia Cantabria de Santander, una torre de 45 metros de altura construida en 1969 frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. La intención inicial era trasladar las toneladas de materiales contaminantes a Zaragoza, lo que suponía un coste “importante” -según dijo el consejero de Salud- pero finalmente, anunció, se podrán depositar en la comunidad autónoma, con lo que se ha “rebajado” el coste de desmontar el inmueble.

Así, el Gobierno de Cantabria -después de mantener el secreto sobre la ubicación del vertedero- desveló que no se creará una nueva planta de tratamiento específico de los peligrosos residuos de amianto, sino que se utilizará el de Castañeda habilitado ya oficialmente con esa “modificación no sustancial”. Allí empezarán a llegar las 4.000 toneladas de material contaminante de la Residencia Cantabria. Unos trabajos que se han encomendado a la empresa pública Tragsa que, a su vez, subcontratará por 5,8 millones la retirada de amianto.

Paralizar el proyecto

La Asamblea exige que se paralice el proyecto y que se reinicie su tramitación. “Esta vez con transparencia” y abriendo un periodo de información pública y consulta ciudadana que permita poder aclarar con informes técnicos si la ubicación es adecuada, cómo se pretende preservar la seguridad de la gestión de los residuos con amianto que se quieren traer, tanto en relación a su transporte, como a su almacenamiento de manera indefinida, y también a partir de un futuro cierre de las instalaciones.

Otra de las dudas del colectivo son los límites de almacenamiento de residuos con amianto que se establecen. “Se vienen escuchando noticias desde otras comunidades autónomas de la intención de exportación de sus residuos con amianto y queremos tener garantías de que nos vamos a convertir en un lugar de importación de residuos peligrosos como es el caso del amianto”, subrayan.

Los integrantes de la Asamblea dicen que no quieren caer en discursos de “aquí no” y apelan a la solidaridad con otros territorios afectados por este y otro tipo de proyectos que afecten a sus habitantes y a los espacios y recurso naturales. “Los residuos con amianto son un problema histórico que hemos generado en nuestras sociedades y tenemos la obligación de gestionar, pero se debe hacer de manera transparente, solidaria y con todas las garantías de seguridad para la salud humana y medioambiental”, precisan.

Requisitos del vertedero de amianto

En la resolución del Gobierno de Cantabria se indica que -según el Real Decreto que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero- los materiales de construcción y residuos que contengan este mineral“podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos, sin realización previa de pruebas, a condición de que se cumplan varios requisitos.

No deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado. La celda en que se depositen tiene que ser “suficientemente estanca” y no se pueden introducir otros residuos. Hay que tener precaución especial para que los residuos lleguen al vertedero de Castañeda envasados sin que se produzcan roturas ni grietas. Además, para evitar la dispersión de fibras, la zona de depósito se cubrirá diariamente y antes de cada operación de compactado con material adecuado. Si el residuo no está envasado, se regará periódicamente.

“La población no está informada de los riesgos que implica la mala gestión de un vertedero” -dicen desde la Asamblea Abierta de Piélagos- “hemos podido constatar estos días, durante las fiestas de Renedo, que muy pocas personas conocen esta autorización para traer y almacenar residuos con amianto, así como los riesgos que implican la mala gestión del almacenamiento de estos residuos cancerígenos”. 

El amianto de la cubierta del pabellón deportivo del CEIP Doctor Azúa ha puesto en pie de guerra a las familias de este centro zaragozano. Un informe técnico encargado por el AMPA concluye que el material presenta un estado de “deterioro extremo” y recomienda retirarlo “en un corto plazo de tiempo”. Sin embargo, el Gobierno de Aragón sigue sin concretar una actuación, según denuncian las familias.

Preguntado por este asunto, el Departamento de Educación ha trasladado a este diario que está dispuesto a “escuchar y analizar las quejas que transmita la comunidad educativa” del centro, han recordado que el pabellón se construyó por inciativa privada y “desde entonces la explotación del pabellón ha sido gestionada íntegramente por el AMPA, con su criterio, para los usos que ha considerado y el espacio ha quedado siempre fuera de la red que conforman el resto de infraestructuras deportivas de los centros educativos de Zaragoza”. Las familias aseguran que tanto el Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento de Zaragoza conocen la situación desde hace meses, pero sostienen que todavía no se ha adoptado ninguna medida preventiva ni se ha fijado un calendario de actuación. “No estamos reclamando una mejora estética ni una actuación secundaria; estamos exigiendo garantías mínimas de seguridad y salubridad para nuestros hijos e hijas”, sostienen desde la asociación.

La preocupación de las familias se remonta a 2024, cuando decidieron encargar una revisión del estado del pabellón al detectar signos de deterioro en la estructura. El estudio, elaborado por un despacho de arquitectura, una empresa especializada en análisis estructural y otra dedicada a la evaluación de materiales con amianto, concluyó que la cubierta de fibrocemento presenta un nivel máximo de degradación.

Según el informe elaborado por la empresa especializada en diagnóstico de amianto, la cubierta se encuentra en una situación de “deterioro extremo”. Los técnicos señalan que, aunque a simple vista no existen grandes roturas, sí se observa un “alto nivel de degradación” con afloramiento de fibras y deterioro en distintas zonas de las placas. Entre sus recomendaciones figura la retirada de la cubierta “en un corto plazo de tiempo” mediante un procedimiento específico de desamiantado y, mientras tanto, la adopción de medidas de estabilización.

Fuentes del AMPA explican que el hallazgo fue inesperado: “Encargamos el estudio porque veíamos la estructura deteriorada y queríamos saber en qué estado estaba. Fue entonces cuando descubrimos que había amianto y que estaba en un nivel de degradación muy elevado”. Una representante de las familias asegura que la situación va más allá del uso del pabellón. Según explica, los análisis realizados detectaron una mayor presencia de fibras en zonas próximas al edificio que en el propio interior. “El cierre del pabellón no solucionaría el problema. Nos trasladaron que donde más fibras aparecían era en el entorno, incluso en zonas exteriores al centro por donde pasa gente todos los días”, afirma.

Además de la presencia de amianto, el informe técnico advierte de problemas estructurales en la cubierta. El estudio concluye que varias de las cerchas metálicas no cumplen las exigencias que marca la normativa actual y recomienda sustituir tanto la cubierta como la estructura portante. Los autores consideran que esta opción es “la intervención más fiable y económica” una vez se proceda a retirar el fibrocemento.

Las familias explican que inicialmente intentaron buscar financiación privada para acometer las obras, pero aseguran que esta vía quedó descartada al no ser propietarias del inmueble. A partir de ahí comenzaron los contactos con las administraciones para encontrar una solución institucional.

Uno de los principales puntos de fricción es precisamente la titularidad del pabellón. Las familias aseguran que Educación ha vinculado cualquier actuación a la necesidad de aclarar quién es el propietario del inmueble. Desde el AMPA sostienen que el edificio forma parte del equipamiento del colegio y aseguran que la referencia a la asociación que aparece en el informe técnico responde únicamente a que fueron ellos quienes encargaron y financiaron el estudio. Según defienden, la titularidad del pabellón corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza. “No existe ningún documento que diga que el pabellón sea del AMPA. Se construyó con aportaciones de familias hace años, pero eso no significa que sea propiedad de los padres. Forma parte del colegio y lo utiliza diariamente la comunidad educativa”. Explican también que llegaron a un compromiso con el Departamento de Educación cuando estaba bajo la titularidad de Tomasa Hernández, pero que las comunicaciones no se han recuperado.

Las administraciones tienen marcada una hoja de ruta para la eliminación de este material. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a elaborar un censo de instalaciones con amianto y fija la retirada prioritaria de los materiales que presenten mayor riesgo. Asimismo, las recomendaciones europeas sitúan 2028 como horizonte para la eliminación del amianto en los edificios públicos, con el objetivo de erradicar progresivamente este material por sus efectos sobre la salud.

Desde la asociación consideran que la discusión administrativa está retrasando una intervención que consideran prioritaria. “Hay una normativa europea que establece que el amianto debe desaparecer de las edificaciones. Esto no es un capricho, es un problema de salud pública”, añade. Ante la falta de avances, las familias reclaman que las administraciones implicadas se sienten a negociar una solución definitiva y que se establezca un calendario concreto para la retirada del amianto y la rehabilitación del pabellón. También advierten de que seguirán impulsando nuevas acciones para exigir una respuesta a una situación que consideran “insostenible”.

La Diputación de Álava ha decidido “suspender temporalmente” la campaña institucional para recoger amianto por parte de particulares y trasladarlo a garbigunes o puntos limpios tras la denuncia por parte de la asociación EKI. El grupo ecologista calificó la iniciativa, que busca que los particulares manipulen amianto para trasladarlo a puntos limpios de Nanclares de la Oca, Campezo y Oyón de “alarmante despropósito normativo y sanitario” y de un “riesgo que se traslada a la ciudadanía”.

La institución foral ha respondido por escrito a la denuncia formal planteada por EKI y, aunque no reconoce irregularidades y defiende la legalidad de la campaña, comunica que ha acordado “suspender temporalmente el servicio mientras se analizan las cuestiones planteadas” y emplaza a EKI a mantener una reunión informativa para “aclarar el alcance del procedimiento implantado, exponer las garantías técnicas y preventivas previstas y atender cualquier duda o inquietud existente en relación con este asunto que es para esta diputación de máxima importancia”.

EKI presentó una denuncia formal ante la cuadrilla de la Rioja Alavesa, el Ayuntamiento de Oyón y la Diputación Foral de Álava exigiendo la suspensión de forma inmediata de la campaña y advertía de que de no ser así, se tramitarían denuncias de urgencia ante Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) y la Inspección de Trabajo para el precintado de las instalaciones, además de trasladar el expediente completo a la Fiscalía de Medio Ambiente y Salud Laboral del País Vasco para dirimir las presuntas responsabilidades penales de los cargos públicos que han autorizado esta campaña.

Pese a suspender temporalmente la campaña, la Diputación Foral traslada en el escrito remitido a EKI su consideración de que la denuncia presentada “carece de base técnica suficiente”, al obviar tanto el procedimiento de autorización previa implantado por la Diputación Foral de Álava, como el protocolo específico de gestión aprobado, las condiciones establecidas en la contratación del servicio y las medidas preventivas e instrucciones incorporadas en las autorizaciones dirigidas a las personas usuarias. Asimismo, considera que se omite que la gestión de estos residuos se articula mediante procedimientos técnicos controlados, “ejecutados exclusivamente por personal especializado perteneciente a empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), y limitada en todo caso a materiales no friables debidamente embalados y confinados”.

Defiende la directora de Medio Natural, María José Madeira, que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, establece en su artículo 25.2 la obligación de que las entidades locales implanten la recogida separada de residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024.“ El fibrocemento en manos de la ciudadanía se encuadra en esta categoría de competencia local”, señala, y considera que la denuncia “confunde las operaciones de retirada y demolición industrial, con la entrega puntual de pequeñas cantidades de material no friable en los garbigunes forales habilitados como puntos de recogida de referencia por la Diputación Foral de Álava.

“La iniciativa impulsada por la Diputación Foral de Álava no pretende fomentar actuaciones ilegales de retirada de amianto, sino dar respuesta a una necesidad existente y canalizar de forma controlada y segura residuos que, de otro modo, podrían acabar siendo gestionados de manera inadecuada o abandonados incontroladamente”, asegura. Además, señala que es un modelo de recogida que “ya se aplica con éxito en otros territorios, y ejemplo de ello es el Plan Nacional para la erradicación del Amianto en Cataluña, donde los puntos limpios actúan como centros receptores autorizados”.

Por otra parte, puntualiza que el protocolo de actuación propuesto por la Diputación impone una tramitación previa obligatoria mediante solicitud de autorización individualizada, aceptándose únicamente aquellos residuos con amianto no friable de naturaleza doméstica o asimilable, una identificación concreta del residuo, incluyendo su tipología, formato y cantidad estimada, y se incorporan instrucciones específicas dirigidas a las personas usuarias para minimizar cualquier riesgo durante el traslado del residuo al garbigune, incluyendo, entre otras el uso de guantes y mascarilla y embalado adecuado del material.

EKI denuncia que con esta operación se pone en riesgo también a los trabajadores de los garbigunes, pero desde la institución foral señalan que ue las las personas ajenas a las labores de recogida de material con amianto, como personal del garbigune o el resto de las personas usuarias, no participarán en esta operación, y que sólo se permite la entrega de materiales no friables, por ejemplo placas de fibrocemento onduladas y/o planas, tuberías para canalizaciones de agua o bajantes de edificios, depósitos de agua, losetas, elementos decorativos, macetas o similares. Además, puntualiza que acuerdo con Osalan, el servicio será prestado por una empresa dada de alta en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), que será la responsable de desarrollar el servicio conforme a los requisitos legales aplicables.

EKI apunta a la retirada profesional a domicilio

Fuentes de EKI consideran que los ejemplos que se tienen en el reto de España “demuestran que la única forma legal y segura de dar cumplimiento a la Ley de Residuos 7/2022 a nivel municipal consiste en financiar la retirada profesional a domicilio mediante contratas públicas RERA, o limitar la recepción en Garbigunes exclusivamente a objetos móviles históricos (no estructurales), proveyendo obligatoriamente a los ciudadanos de kits de aislamiento hermético y supervisión técnica previa en el propio terreno”. En este sentido, insisten en que “cualquier campaña que permita o induzca a que un ciudadano se suba a una techumbre a retirar 10m² de placas por sus propios medios carece de parangón legal en España y vulnera el marco de seguridad laboral e higiénico-sanitario vigente”.

En cuanto al ejemplo catalán al que aduce la diputación para justificar la campaña, desde EKI señalan que “el modelo catalán enfatiza unos límites de control drásticos que la campaña de la Rioja Alavesa omitió en su cartelería inicial”. Entre ellos cita que los Puntos Limpios de Cataluña aceptan exclusivamente objetos pequeños que ya no forman parte de una edificación, por ejemplo, una maceta rota antigua o un trozo de tubería suelto que se ha encontrado en un trastero y “se aclara de forma tajante que si el fibrocemento está anclado, atornillado o forma parte de un tejado, está estrictamente prohibido que el particular lo desmonte” porque obligatoriamente se debe contratar a una empresa RERA. Además, insiste en que en los municipios catalanes donde se permite la entrega puntual, la administración no se limita a sugerir “llevarlo embalado”. El ciudadano debe acudir antes al punto limpio a recoger un kit de confinamiento estricto (plásticos de galga gruesa homologados, etiquetas de señalización de amianto “Residuos con Amianto - Contiene Asbesto” y bridas de alta resistencia). Además, el transporte en el vehículo particular debe cumplir condiciones donde el paquete esté herméticamente sellado antes de salir de la propiedad privada.

Los sindicatos CCOO y UGT y las víctimas del amianto han denunciado que el Gobierno sigue denegando que las ayudas públicas para los afectados por el amianto no tributen en el IRPF, mientras que aprueba esa misma medida para otras víctimas, como por la DANA, los incendios forestales y los abusos en la Iglesia.

“Hemos conocido que esta semana, el 20 de mayo, el Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 10/2026 que, entre otras medidas, exime de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las ayudas recibidas por las víctimas de la DANA, de los incendios forestales y a las indemnizaciones percibidas por las víctimas de los abusos en el seno de la Iglesia”, destacan en un comunicado conjunto este viernes los sindicatos mayoritarios y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica).

“Nuestras organizaciones queremos dejar constancia que estamos de acuerdo con esta decisión, pero no logramos entender por qué el Gobierno de España no la hace extensiva a las víctimas de amianto”, añade el comunicado.

Denuncian ser “víctimas de segunda categoría”

Jon García, portavoz de Fedavica, insiste en que es “inaceptable” esta diferencia, por la que consideran que están siendo tratados como “víctimas de segunda”. Tras más de dos años de retraso en el lanzamiento del fondo público con compensaciones para estas víctimas, los afectados por el amianto vienen reclamando estas exenciones fiscales, sin éxito.

“El argumento que hemos repetido hasta la saciedad para defender esta exención es que el Estado español tiene responsabilidades al haber retrasado la prohibición del uso de este cancerígeno hasta junio de 2002, a pesar de conocer la evidencia científica sobre sus efectos para la salud con décadas de antelación”, explican en el comunicado.

Y añaden que, además, “en ese momento ya existían colectivos que tenían reconocida la exención, como las víctimas del amianto, la talidomida o el VIH”, recoge la agencia EFE.

Próxima reunión con el Gobierno

El pasado 22 de abril, sindicatos y afectados mantuvieron una reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social y de Pensiones, Borja Suárez. En ella, reclamaron al Gobierno la modificación del reglamento del fondo del amianto por los incumplimientos en la entrada en vigor de algunos supuestos previstos por la Ley y por las escasas cuantías de las indemnizaciones, muy inferiores a las que se consiguen en los tribunales, así como para volver a pedir la exención del IRPF.

“El Secretario de Estado tomó nota, pero no nos dio respuesta dejándolo pendiente de una nueva reunión prevista para el próximo 10 de junio”, aseguran en el comunicado, a lo que añaden que parece que se trata “de una cuestión pendiente de estudio por el Ministerio de Hacienda y que exige de su aprobación mediante una Ley”, lo que alargaría aún más el proceso.

Jon García insiste al Gobierno en la necesidad de aprobar una medida de justicia con las víctimas del amianto e insiste en su capacidad, a la vista de la reciente aprobación para el resto de colectivos de afectados.

Els veïns de la localitat de la Losa del Obispo (500 habitants), a la comarca valenciana dels Serrans, s’han mobilitzat per a mostrar el seu rebuig al projecte d’una planta per al tractament, la valorització, el depòsit i l’eliminació de residus de fibrociment que la mercantil Reciclajes Losa SL pretén situar en el municipi. La instal·lació se situaria en un antic buit miner a uns 250 metres del nucli urbà, cosa que ha encés les alarmes: “No s’ha avaluat de manera específica el risc per a la població resident ni s’han analitzat els riscos derivats del transport i el depòsit de residus que puguen contindre amiant”. El fibrociment, compost principalment d’amiant o asbest, s’utilitzava en cobertes d’uralita i canonades abans de la seua prohibició a Espanya el 2002.

L’Asociación NO al vertedero de Losa apunta que la legislació marca que una instal·lació d’aquestes característiques ha d’estar a més de 2.000 metres d’un nucli urbà, “i a més es troba a tot just 100 metres de l’ermita del calvari, el principal atractiu del poble, que es veuria directament afectat, i uns 80 metres del cementeri”. El magatzem seria “la mort del poble”. En dos dies van recollir 900 signatures en format paper i sengles en línia.

Demanen una “valoració rigorosa” del risc potencial

En les al·legacions presentades davant la Conselleria de Territori, els afectats apunten que la declaració d’interés comunitari (DIC) no incorpora un estudi específic de dispersió de fibres en cas de trencament, manipulació o incident; tampoc inclou una modelització de transport per vent, anàlisi d’escenaris accidentals ni un estudi de riscos per als residents.

La gestió i el depòsit de residus amb contingut en amiant, “fins i tot tractant-se de fibrociment encapsulat, requereix una valoració rigorosa del risc potencial per a la salut humana, especialment quan hi ha habitatges en un radi inferior a 250 metres”, sostenen, al mateix temps que afigen que el projecte podria resultar “contrari al principi de precaució sanitària”.

L’Estratègia Europea cap a un Futur sense Amiant (2022) i la Directiva (UE) 2023/2668 reforcen el principi de màxima protecció davant l’exposició a aquestes fibres, “cosa que obliga a extremar els criteris d’ubicació d’instal·lacions d’eliminació, prioritzant emplaçaments allunyats de nuclis residencials i compatibles amb la planificació territorial”. No obstant això, denuncien que en les proximitats del lloc triat “trobem múltiples explotacions agrícoles, tant de gran extensió com de reduïda, la major part en producció, en què destaca el cultiu d’oliveres, garroferes i ametlers”.

Risc potencial per a la salut pública

Tal com recorden en el text d’al·legacions, l’amiant està reconegut com una substància carcinògena. Encara que el projecte es refereix a residus de fibrociment encapsulat, adverteixen que “el transport, la manipulació, la descàrrega i el depòsit poden generar situacions de risc en cas de trencament d’embalatges, deterioració del material, manipulació accidental o episodis de vent”. Critiquen, a més, que la documentació sotmesa a informació pública “no incorpora un estudi específic de dispersió de fibres ni una modelització d’escenaris accidentals”.

La proximitat del projecte al nucli urbà “genera una preocupació raonable entre la ciutadania pel que fa als possibles efectes sobre la salut pública i la qualitat ambiental”, per la qual cosa insisteixen que és imperatiu aplicar el “principi de precaució”.

Falta de justificació de l’interés comunitari

Els veïns consideren que no està acreditat que l’ús projectat responga a un interés comunitari “real i directe, ni que resulte imprescindible la seua localització en sòl no urbanitzable”. A parer seu, la planta “respon a una iniciativa privada la càrrega ambiental de la qual recau principalment sobre l’entorn immediat”. A més, assenyalen una incompatibilitat amb el model rural del municipi: la planta a penes preveu crear quatre llocs de treball, una xifra “manifestament insuficient” per a justificar la instal·lació. S’hi suma l’impacte negatiu que asseguren que tindria per al turisme rural de la zona i de poblacions veïnes com Xulilla.

Així mateix, addueixen que aquesta mena d’infraestructures produeixen un efecte d’“especialització funcional” del territori associat a usos industrials de baixa compatibilitat amb activitats agrícoles i turístiques, la qual cosa “redueix l’atractiu del municipi per a la inversió i la fixació de població”. Es tracta de decisions que “poden suposar una autèntica hipoteca territorial irreversible”.

Possible afectació a les aigües subterrànies i a l’entorn natural

L’emplaçament es troba en una zona catalogada com a àrea estratègica de recàrrega d’aqüífers, amb una permeabilitat del terreny elevada: “Aquestes condicions incrementen la vulnerabilitat del sistema hidrogeològic davant processos d’infiltració”. Com que no consta un estudi hidrogeològic complet en l’expedient, alerten que “no pot descartar una possible afectació als recursos hídrics”.

D’altra banda, la zona es localitza en l’àmbit funcional de la ZEPA Alt Túria i serra del Negrete (Xarxa Natura 2000), “un espai protegit de gran importància ecològica”, confrontant al barranc de la Cava. Aquest llit desemboca al Parc Natural del Túria i se situa pròxim al Paratge Natural Municipal de Los Calderones. “El desenvolupament del projecte pot suposar conseqüències molt negatives en l’estat de conservació de les espècies per l’acumulació de pols en suspensió i la possible inhalació”, indiquen.

Augment del trànsit pesant i incendis

Un altre aspecte crític és el trànsit regular de vehicles pesants: “Aquest increment en l’entorn pot generar efectes indirectes sobre la mobilitat i la seguretat viària en carreteres utilitzades habitualment per residents i visitants”. A més, l’àmbit se situa en una zona amb risc d’incendis forestals, cosa que requereix una avaluació de riscos que, segons els veïns, no s’ha fet.

Per tot això, sol·liciten a la Conselleria una resolució desfavorable a la DIC promoguda per Reciclajes Losa SL, pe considerar que el projecte “perjudica greument la salut pública, el medi ambient, l’economia i el model territorial del municipi”.

L’Ajuntament de la Losa del Obispo, tal com va fer públic en un ban municipal, ha comunicat de manera expressa l’oposició social a l’empresa promotora de la instal·lació, “deixant constància de la preocupació existent en el municipi i de la postura majoritària dels seus veïns i veïnes”.

Paral·lelament, tal com ressenyen des del consistori, mantenen un contacte “constant i permanent” amb la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, “a la qual es trasllada de manera reiterada el compromís ferm de l’Ajuntament amb la defensa dels interessos i el benestar de la població de la Losa del Obispo”.

La plataforma ciutadana reconeix que l’Ajuntament, a pesar que no s’ha posicionat com han fet altres, “ha contractat una tècnica mediambiental per a elaborar un informe que és bastant contundent”. A més, ressalten que el projecte sorgeix i la població no té cap informació fins un any i mig després. “No hi ha cap comunicació municipal oficial”, sostenen.

La Conselleria de Territori explica que l'expedient és una Declaració d'interés Comunitari que es troba en fase de recaptar informes sectorials després de finalitzar la fase d'al·legacions. Ara, s'estan analitzant per a incorporar propostes o realitzar modificacions. De manera paral·lela s'està recaptant informació municipal de Carreteres de Diputació, d'Espais Naturals, de la Secció Forestal i de Sanitat Ambiental o de residus, que consideren “fonamental” i estan en elaboració: “Fins que no es complete la tramitació de l'expedient, amb tots els informes i la respostes d'al·legacions, no es podrà incloure en la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seua resolució”.

De moment, la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental, ha emés un informe desfavorable a la declaració d'Interés Comunitari en els termes plantejats, al no quedar acreditada la idoneïtat sanitària de l'emplaçament ni la suficiència de les garanties preventives necessàries per a protegir la salut de la població i de l'entorn.

La plataforma espera que es facen públics la resta dels informes que s'han sol·licitat.

Los vecinos de la localidad de Losa del Obispo (500 habitantes), en la comarca valenciana de Los Serranos, se han movilizado para mostrar su rechazo al proyecto de una planta para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos de fibrocemento que la mercantil Reciclajes Losa S.L. pretende ubicar en el municipio. La instalación se situaría en un antiguo hueco minero a unos 250 metros del núcleo urbano, lo que ha encendido las alarmas: “No se ha evaluado de forma específica el riesgo para la población residente ni se han analizado los riesgos derivados del transporte y depósito de residuos que puedan contener amianto”. El fibrocemento, compuesto principalmente de amianto o asbesto, se utilizaba en cubiertas de uralita y tuberías antes de su prohibición en España en 2002.

La Asociación NO al vertedero de Losa apunta que la legislación marca que una instalación de esas características debe estar a más de 2.000 metros de un núcleo urbano, “y además se encuentra a apenas 100 metros de la ermita del calvario, el principal atractivo del pueblo, que se vería directamente afectado, y unos 80 metros del cementerio”. El almacén sería “la muerte del pueblo”. En dos días recogieron 900 firmas en formato papel y otras tantas on-line.

Demandan una “valoración rigurosa” del riesgo potencial

En las alegaciones presentadas ante la Conselleria de Territorio, los afectados apuntan que la Declaración de Interés Comunitario (DIC) no incorpora un estudio específico de dispersión de fibras en caso de rotura, manipulación o incidente; tampoco incluye una modelización de transporte por viento, análisis de escenarios accidentales ni un estudio de riesgos para los residentes.

La gestión y depósito de residuos con contenido en amianto, “aun tratándose de fibrocemento encapsulado, requiere una valoración rigurosa del riesgo potencial para la salud humana, especialmente cuando existen viviendas en un radio inferior a 250 metros”, sostienen, al tiempo que añaden que el proyecto podría resultar “contrario al principio de precaución sanitaria”.

La Estrategia Europea hacia un Futuro sin Amianto (2022) y la Directiva (UE) 2023/2668 refuerzan el principio de máxima protección frente a la exposición a estas fibras, “lo que obliga a extremar los criterios de ubicación de instalaciones de eliminación, priorizando emplazamientos alejados de núcleos residenciales y compatibles con la planificación territorial”. Sin embargo, denuncian que en las proximidades del lugar elegido “encontramos múltiples explotaciones agrícolas, tanto de gran como de pequeña extensión, la mayoría en producción, destacando el cultivo de olivos, algarrobos y almendros”.

Riesgo potencial para la salud pública

Tal y como recuerdan en el texto de alegaciones, el amianto está reconocido como una sustancia carcinógena. Aunque el proyecto se refiere a residuos de fibrocemento encapsulado, advierten que “su transporte, manipulación, descarga y depósito pueden generar situaciones de riesgo en caso de rotura de embalajes, deterioro del material, manipulación accidental o episodios de viento”. Critican, además, que la documentación sometida a información pública “no incorpora un estudio específico de dispersión de fibras ni una modelización de escenarios accidentales”.

La proximidad del proyecto al casco urbano “genera una razonable preocupación entre la ciudadanía respecto a los posibles efectos sobre la salud pública y la calidad ambiental”, por lo que insisten en que es imperativo aplicar el “principio de precaución”.

Falta de justificación del interés comunitario

Los vecinos consideran que no está acreditado que el uso proyectado responda a un interés comunitario “real y directo, ni que resulte imprescindible su localización en suelo no urbanizable”. A su juicio, la planta “responde a una iniciativa privada cuya carga ambiental recae principalmente sobre el entorno inmediato”. Además, señalan una incompatibilidad con el modelo rural del municipio: la planta apenas prevé crear cuatro puestos de trabajo, una cifra “manifiestamente insuficiente” para justificar la instalación. A ello se suma el impacto negativo que aseguran tendría para el turismo rural de la zona y de poblaciones vecinas como Chulilla.

Asimismo, aducen que este tipo de infraestructuras produce un efecto de “especialización funcional” del territorio asociado a usos industriales de baja compatibilidad con actividades agrícolas y turísticas, lo que “reduce el atractivo del municipio para la inversión y la fijación de población”. Se trata de decisiones que “pueden suponer una auténtica hipoteca territorial irreversible”.

Posible afección a las aguas subterráneas y al entorno natural

El emplazamiento se encuentra en una zona catalogada como Área Estratégica de Recarga de Acuíferos, con una elevada permeabilidad del terreno: “Estas condiciones incrementan la vulnerabilidad del sistema hidrogeológico frente a procesos de infiltración”. Al no constar un estudio hidrogeológico completo en el expediente, alertan de que “no puede descartarse una posible afección a los recursos hídricos”.

Por otro lado, la zona se halla en el ámbito funcional de la ZEPA Alto Turia y Sierra del Negrete (Red Natura 2000), “un espacio protegido de gran importancia ecológica”, colindante al Barranco de la Cava. Este cauce desemboca en el Parque Natural del Túria y se sitúa próximo al Paraje Natural Municipal de Los Calderones. “El desarrollo del proyecto puede suponer consecuencias muy negativas en el estado de conservación de las especies por la acumulación de polvo en suspensión y su posible inhalación”, indican.

Aumento del tráfico pesado e incendios

Otro aspecto crítico es el tránsito regular de vehículos pesados: “Este incremento en el entorno puede generar efectos indirectos sobre la movilidad y la seguridad vial en carreteras utilizadas habitualmente por residentes y visitantes”. Además, el ámbito se encuentra en una zona con riesgo de incendios forestales, lo que requiere una evaluación de riesgos que, según los vecinos, no se ha realizado.

Por todo ello, solicitan a la Conselleria una resolución desfavorable a la DIC promovida por Reciclajes Losa S.L., al considerar que el proyecto “perjudica gravemente la salud pública, el medio ambiente, la economía y el modelo territorial del municipio”.

El Ayuntamiento de Losa del Obispo, tal y como hizo público en un mando municipal, ha comunicado de manera expresa la oposición social a la empresa promotora de la instalación, “dejando constancia de la preocupación existente en el municipio y de la postura mayoritaria de sus vecinos y vecinas”.

Paralelamente, tal y como reseñan desde el consistorio, mantienen un contacto “constante y permanente” con la Conselleria de Medio Ambiente, infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, “a la que se le está trasladando de forma reiterada el compromiso firme del Ayuntamiento con la defensa de los intereses y el bienestar de la población de Losa del Obispo”.

La plataforma ciudadana reconoce que el Ayuntamiento, a pesar de que no se ha posicionado como han hecho otros, “ha contratado una técnico medioambiental para elaborar un informe que es bastante contundente”. Además, resaltan que el proyecto surge y la población no tiene ninguna información hasta año y medio después. “No existe ninguna comunicación municipal oficial”, sostienen.

La Conselleria de Territorio explica que el expediente es una Declaración de interés Comunitario que se encuentra en fase de recabar informes sectoriales tras finalizar la fase de alegaciones. Ahora, se están analizando para incorporar propuestas o realizar modificaciones. De forma paralela se está recabando información municipal de Carreteras de Diputación, de Espacios Naturales, de la Sección Forestal y de Sanidad Ambiental o de residuos, que consideran “fundamental” y está en elaboración: “Hasta que no se complete la tramitación del expediente, con todos los informes y las respuestas de alegaciones, no se podrá incluir en la Comisión Territorial de Urbanismo para su resolución”.

De momento, la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, ha emitido un informe desfavorable a la declaración de Interés Comunitario en los términos planteados, al no quedar acreditada la idoneidad sanitaria del emplazamiento ni la suficiencia de las garantías preventivas necesarias para proteger la salud de la población y del entorno.

La plataforma espera que se hagan públicos el resto de los informes que se han solicitado.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a las empresas Covifacasa y Aceros Inoxidables Olarra a indemnizar con 153.543,16 euros a la viuda y la hija de un trabajador que falleció a causa de un cáncer contraído por su exposición al amianto.

Según ha informado Asociación Víctimas Amianto Euskadi (ASVIAMIE), el alto tribunal vasco ha desestimado los recursos de ambas compañías a la sentencia de la plaza número 11 de la sección Social del Tribunal de Instancia de Bilbao, de julio de 2025, que establecía indemnizaciones de 66.858,04 euros por parte de Aceros Inoxidables Olarra y de 86.685,12 euros por Cofivacasa, como sucesora de Acenor -planta de Larrondo-, por su responsabilidad en los daños causados, según recoge Europa Press.

El Tribunal Superior confirma la sentencia e impone las costas judiciales a las empresas recurrentes y los honorarios de la letrada de la contraparte, con la cantidad de 800 euros, más IVA. El electricista fallecido trabajó en Industrias Reunidas Minero metalúrgicas SA entre 1961 y 1962 y posteriormente -de 1962 a 1974- en la Sociedad Franco Española de Alambres. Más tarde, de 1974 a 1994, pasó a la planta de Larrondo de Acenor y entre 1994 y 2010 se incorporó a la plantilla de Aceros Inoxidables Olarra.

Asviamie recuerda que “entre los años 1974 y 1994, el amianto estaba presente tanto en las instalaciones de Acenor-Larrondo, como en los consumibles empleados por los trabajadores, en forma de placas, cuerdas, mangueras hidráulicas y en todas las zonas calientes del proceso productivo, como lingoteras o coladas de acero”. También asegura que de 1994 a 2010, en Olarra “el amianto continuaba presente”.

En marzo de 2019, al trabajador le diagnosticaron un carcinoma pulmonar y falleció en agosto de 2020, a causa de una neoplasia pulmonar. Tras una demanda promovida por MC Mutual, que fue estimada parcialmente, la resolución estimó la demanda de daños interpuesta por la viuda e hija del fallecido, y condenó a ambas empresas a indemnizar a la familia con 153.543,16 euros.

La sentencia fue recurrida por ambas empresas ante el TSJPV que ha rechazado sus argumentos, entre ellos que el tabaquismo del fallecido fue el origen de la enfermedad, y ha confirmado la resolución. El alto Tribunal afirma que “la causa principal y suficiente” del fallecimiento del electricista fue “la exposición al amianto entre 1974 y 2010”.

Según la asociación, ha quedado acreditado, mientras trabajó en Aceros Inoxidables Olarra “continuó expuesto al amianto, como electricista de primera, sin que se adoptaran las medidas preventivas que la legislación exigía, más allá de unos superficiales reconocimientos médicos”.

Asviamie ha expresado su satisfacción por la sentencia que “deja, una vez más, al descubierto el prolongado incumplimiento de grandes empresas siderúrgicas, de la normativa preventiva frente al riesgo cancerígeno y desbarata la socorrida excusa del tabaquismo, olvidando las sustancias cancerígenas presentes en el proceso productivo y causa de innumerables muertes por cáncer de origen laboral”. Además, ha pedido a las empresas infractoras que “abandonen la vía del continuo recurso judicial” y les ha exigido “mayor rigor en la actividad preventiva”.

Las empresas canarias del metal han advertido este martes de la imposibilidad de gestionar residuos peligrosos como el amianto, lo que obliga a que a partir del 1 de abril las obras en las que se detecte este material no puedan continuar si no hay vía legal para tratarlo.

El volumen de residuos de amianto retirados en la comunidad autónoma se ha multiplicado por cuatro al pasar de unas 1.000 toneladas en 2022 a más de 4.100 en 2024, según la Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias (CREM), integrada por Femete y Femepa.

La patronal reclama “soluciones urgentes” al Gobierno de Canarias, puesto que en las islas no hay instalaciones propias autorizadas para gestionar los residuos peligrosos y las comunidades autónomas que sí lo pueden hacer, como Andalucía, “están cerrando progresivamente sus plantas a los envíos procedentes del archipiélago”.

Por este motivo, las obras en las que se detecte amianto deberán paralizarse a partir del 1 de abril ante la ausencia de vías legales para su tratamiento, ha advertido CREM.

El bloqueo operativo afecta de forma directa a más de un millar de empresas de toda la cadena productiva, incluidas gestoras de residuos, chatarrerías, instaladoras, talleres de automoción, construcciones metálicas, industria alimentaria y sector hotelero, ha denunciado la organización empresarial, que ha solicitado una reunión urgente con el director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para acordar un plan de acción inmediato.

Los representantes empresariales proponen la aprobación de una excepción transitoria a corto plazo, amparada en las obligaciones del Estado para garantizar los servicios esenciales en las regiones ultraperiféricas, y el impulso de infraestructuras propias para gestionar estos residuos a medio plazo.

Femepa y Femete consideran que las empresas canarias no pueden seguir siendo penalizadas por una carencia de infraestructura que no depende de ellas, ya que “cumplir la ley se ha vuelto imposible”.

El problema es “directamente inmanejable” en las islas no capitalinas, donde ya no opera con regularidad ningún gestor autorizado debido, entre otros factores, al encarecimiento de las tarifas del transporte marítimo interinsular.

La asociación ha reclamado la implicación conjunta de la sociedad y de las administraciones públicas para evitar que la actividad económica quede bloqueada y garantizar una gestión sostenible y circular de los residuos.

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Pamplona Plaza número 1 ha reconocido la muerte de un trabajador de BSH en Estella por su exposición al amianto y ha condenado a la empresa y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a concederle una pensión de viudedad a su mujer.

La sentencia, que puede ser recurrida, reconoce como enfermedad laboral el cáncer de laringe que provocó el fallecimiento del trabajador y que había sido considerada por el INSS como una “enfermedad común”.

La víctima entró a trabajar en la empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos BSH en 1979, donde estuvo hasta el año 2006, y se encuentra incluida en el listado del Instituto Navarro de la Salud Pública de trabajadores expuestos al amianto, si bien no lo está en los listados elaborados por la empresa. Según recoge la sentencia, durante “aproximadamente” diez años trabajó como mecánico en la reparación de electrodomésticos en la fábrica de BSH en Estella, en la que se reparaban estufas catalíticas, para cuya fabricación la empresa utilizó amianto.

“Además de ello, en la nave había exposición al amianto de forma indirecta, ya que las fibras se dispersaban al guardar el amianto y al colocar las mantas en el montaje de los paneles catalíticos. Asimismo, era habitual que se liberaran fibras y polvo de amianto cuando se transportaba el amianto”, añade el fallo.

La magistrada destaca que durante esos años la empresa no realizó mediciones higiénicas de exposición al amianto en su planta de Estella ni tampoco proporcionó equipos de protección ni formación a sus trabajadores.

Por todo ello y pese a que el empleado tenía antecedentes como el tabaquismo, la jueza señala que el cáncer de laringe que le fue diagnosticado está relacionado con su exposición al amianto en el entorno laboral. Así, revoca resoluciones previas del INSS y reconoce a su viuda el derecho a pensión desde mayo de 2023.

“Las corporaciones empresariales son las primeras responsables, pero las administraciones públicas son corresponsables, porque en el mejor de los casos han mirado para otro lado y, desde luego, no han obligado a las mercantiles a cumplir la ley y poner las medidas de seguridad y salud para evitar esta pandemia”, señala Juan Antonio Castilla, portavoz de la Asociación de Defensa y Ayuda a las Víctimas del Amianto en Navarra (ADAVAN). Esta asociación “espera” que la sentencia no sea recurrida porque “supondría un mayor agravio y una falta de empatía hacia las víctimas”, añaden.

La Rioja elaborará un inventario de edificios públicos con posible presencia de amianto. Así se ha aprobado, por unanimidad, en la Comisión de Hacienda del Parlamento de La Rioja. La Proposición no de Ley, presentada por el PSOE de La Rioja parte del principio más elemental de precaución en materia de salud pública y seguridad en el entorno de los edificios e infraestructuras públicas. El diputado Miguel González de Legarra ha recordado que el amianto “fue ampliamente utilizado en la construcción durante décadas hasta su prohibición por sus efectos cancerígenos y, aunque su mayor peligrosidad se produce cuando se manipula, su mera presencia sin identificación ni control constituye una amenaza latente”.

La propuesta surge tras constatar que el Gobierno de La Rioja “reconoció a través de una respuesta parlamentaria que no existe ningún inventario de edificios públicos con amianto”. Posteriormente, el Ejecutivo manifestó su “intención de documentar la existencia de estos materiales”. El problema, ha dicho González de Legarra, es que todavía hoy, más de veinte años después de la prohibición de su uso, la Comunidad Autónoma “sigue sin contar con un estudio sistemático que permita conocer con certeza la situación real de su patrimonio público”.

La iniciativa aprobada “no exige retiradas inmediatas, ni intervenciones urgentes de impacto presupuestario, ni plantea cierres de instalaciones”. Su objetivo “es disponer de un mapa riguroso que permita conocer qué edificios pueden contener amianto, en qué condiciones se encuentra y cómo debe planificarse, en su caso, una estrategia progresiva y segura de retirada conforme a criterios de riesgo y prioridad sanitaria”.

Además, González de Legarra ha subrayado que la ausencia de un inventario “no solo supone una carencia técnica, sino que podría derivar en responsabilidades jurídicas si en el futuro se produjera alguna situación de riesgo para trabajadores públicos o ciudadanos usuarios de estos espacios”. El diputado socialista ha señalado que el Parlamento ha demostrado este martes “que la salud pública, la prevención y la transparencia están por encima de cualquier diferencia política”.

El Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona ha condenado a la empresa Tafalla Iron Foundry S. Cooperativa, antigua Luzuriaga, por no haber adoptado las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar la exposición al amianto de un trabajador que falleció en 2023 a causa de un tumor pulmonar. La sentencia, que ha sido recurrida por la empresa, reconoce que el tumor se originó a causa de la exposición del trabajador al amianto durante los 40 años que estuvo en la compañía y condena a la empresa a indemnizar a la familia.

La víctima entró a la compañía en octubre de 1969 y, durante 40 años, hasta el 2009 estuvo trabajando en diferentes áreas de la empresa como en la de mantenimiento mecánico del almacén, en acabado o en machería. Según recoge el fallo, en esas secciones se utilizaba amianto con profusión sin que los trabajadores dispusiesen de medidas de protección y señala que es “probable que tenga relación con la exposición laboral al amianto y al sílice, con los que ha tenido contacto directo en su trabajo” porque el cáncer de pulmón “puede aparecer aún con baja exposición”. En julio de 2023 le fue diagnosticado un adenocarcinoma pulmonar que le provocó la muerte apenas un mes después, en agosto de 2023.

Pese a que la víctima era fumadora, la sentencia destaca que “desde el punto de vista de la evidencia científica” su patología es compatible con su exposición al amianto en el trabajo y que “reúne el criterio de causalidad”. “La presencia de factores extralaborales como el consumo de tabaco solo excluiría el carácter profesional de la enfermedad, cuando éste haya actuado con suficiente entidad o intensidad para considerarlo la causa principal de la enfermedad y no haya existido exposición laboral”, apostilla.

Así, la sentencia concluye que el trabajador falleció a consecuencia de un adenocarcinoma pulmonar producido “por la exposición al amianto durante la vigencia de la relación laboral” con la empresa “sin que se hubieran adoptado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo para evitar el riesgo de enfermedad profesional”.

Desde la asociación de Defensa y Ayudas a Víctimas del Amianto en Navarra (Adavan) reprochan que la empresa haya recurrido la sentencia “con el objetivo de alargar y retorcer los procesos de forma artificial, revictivizando más a las víctimas” y le piden que cumpla “con su deber de reconocimiento y reparación”.

La empresa pública Tragsa ha licitado, coincidiendo con el fin del año 2025, la subcontratación de los trabajos de retirada de amianto de la antigua Residencia Cantabria, la cual almacena varios miles de toneladas de este material cancerígeno. 

Tras este anuncio, publicado en el Portal de Contratación del Estado y que establece un plazo de ejecución de los trabajos de 11 meses, el representante de UGT en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, Pedro Cobo, ha expresado su “preocupación” por la subcontratación de la encomienda inicial del Gobierno de Cantabria a Tragsa y ha advertido de que el sindicato se mantendrá “alerta” durante el proceso de desmantelamiento del complejo de la Residencia Cantabria, situado en Santander. 

Este anuncio del sindicato coincide con la demanda que hace al Gobierno de Cantabria de nuevas ayudas a los ayuntamientos para que la retirada de amianto en edificios e instalaciones públicos municipales sea una realidad en 2028.

Residencia Cantabria

La Consejería de Salud que dirige César Pascual (PP) encomendó a Tragsa el proceso de desmantelamiento de la Residencia Cantabria y la empresa pública está subcontratando los trabajos de desamiantado de más de 4.000 toneladas de material contaminante que se calcula conserva el edificio. Sin embargo, la propia Tragsa estima que puede haber más, ya que hay aplicaciones de amianto por el inmueble que no son visibles o que no se ha podido inspeccionar.

La licitación de los trabajos por Tragsa data del pasado 29 de diciembre, tanto del pliego de contratación como el de las prescripciones técnicas. La mayor singularidad, aparte de los cerca de seis millones que costarán los trabajos, es que solo podrán presentarse empresas especializadas y debidamente acreditadas. En Cantabria, el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) recoge a 17 empresas.

Una vez asignados los trabajos, el adjudicatario dispondrá de tres semanas para presentar ante el ICASS y la propia Tragsa el Plan de Trabajo de Amianto.

El desamiantado de la Residencia Cantabria entraña el manejo de un gran volumen de material, pero a la vez un meticuloso proceder en su manipulado, lo que hace que, inicialmente, haya que aislar el complejo de todas las conexiones con redes de la ciudad y, seguidamente, un extremo aislamiento de los dispositivos que se monten, como pueden ser andamios, y zonas de trabajo en el interior, para que no se fragmenten partículas cancerígenas y puedan contaminar a trabajadores y población cercana.

Los pliegos que ha licitado Tragsa dan cuenta de la magnitud de los trabajos: 3,8 millones de euros para la retirada de 39.671 metros cuadrados de encofrado perdido y forjado con amianto; 22.650 euros por la retirada de 935 metros lineales de bajantes de fibrocemento; 44.650 euros por la retirada de 3.422 metros cuadrados de cubiertas contaminadas; 190.000 euros por la retirada de 5.765 metros cuadrados de muro cortina y panel de fachada (en caso de requerirse andamiaje, Tragsa se encargará de él); 739.000 euros por la retirada de 27.100 metros cuadrados de suelo, pavimento y loseta vinílica con amianto; y una partida de 91.500 euros para los restos de elementos que haya que retirar (juntas de todo tipo, tubos de drenaje, aislamientos de material eléctrico, zapatas de freno, pasacables y otros elementos).

Censos municipales de amianto

Paralelamente, y según denuncia UGT, el proceso iniciado en 2024 para que los ayuntamientos elaboren censos de amianto y planes de retirada del mismo en sus instalaciones se encuentra parado al agotarse la partida de 150.000 euros que se dispuso entonces.

Solo 37 de los 102 municipios de Cantabria han recibido ayudas, incluido el de Santander, pero la habían solicitado 58. En este contexto, municipios como Laredo y Ramales de la Victoria son 'pioneros' en planificar la retirada de amianto en sus ayuntamientos, pero la inmensa mayoría restante carecen a día de hoy de censo y plan.

UGT ha instado al Gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud, a que suplemente las ayudas con una nueva y suficiente partida para que todos los ayuntamientos puedan acometer la retirada de amianto en sus municipios, toda vez que la legislación española establece 2028 como horizonte máximo para que los trabajos estén concluidos.

Sobre la mesa se encuentra la prevención de los riesgos para la salud que entraña la presencia de amianto en Cantabria, algo que ya ha generado unos problemas en el pasado que el sindicato no quiere que se vuelvan a repetir.

“Es fundamental que se vuelva a sacar una orden en la que se dé cobertura económica a los ayuntamientos que la han solicitado y no la han recibido por verse agotada la partida y hacer un llamamiento al resto de ayuntamientos para la que la soliciten y cumplan con la elaboración de un censo donde se recojan los lugares con riesgo de amianto, para proceder así a su retirada y eliminar en Cantabria este material clasificado como carcinógeno de categoría 1A, que afecta gravemente a la salud de las personas y el medio ambiente”, ha asegurado Pedro Cobo.

UGT espera, en consonancia, una dotación suficiente del Gobierno de Cantabria a este fin, coordinando con los ayuntamientos las inversiones “preventivas” necesarias y evitando de este modo “las consecuencias extremadamente dañinas de este material que, sin ninguna duda, supondrá a futuro reducir drásticamente las muertes por este factor de riesgo con lo que supone de costes para los afectados, familiares, empresas y la sociedad en su conjunto”.

La prohibición en España del uso de amianto data de 2002. Se calcula que entre 1961 y ese año en España se fabricaron 20 millones de productos manufacturados con fibrocemento, utilizados en su mayoría en construcción. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante ese período se construyeron en el país 5,5 millones de edificios.

El Gobierno de Cantabria ha concedido a la empresa propietaria del vertedero del Monte Carceña, en Castañeda, la autorización para poder acoger y eliminar materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos con este tipo de minerales.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la resolución dictada por la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo regional por la que permite la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa Integraciones Ambientales de Cantabria (IACAN) para incluir el amianto en el listado de los residuos que gestiona en sus instalaciones de Castañeda.

Está previsto que este vertedero, en el que se están ejecutando obras de ampliación, acoja, entre otros, los materiales con amianto procedentes del desmontaje de la antigua Residencia Cantabria.

En la resolución se indica que, según el Real Decreto que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, se recoge que los materiales de construcción y residuos que contengan este mineral “podrán eliminarse en vertederos para residuos no peligrosos, sin realización previa de pruebas, a condición de que se cumplan” varios “requisitos”.

Así, se precisa que los residuos no deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado, incluidas las fibras aglomeradas mediante un aglutinante o envasadas en plástico o sistemas similares que garanticen la imposibilidad de emisión de fibras durante su manipulación, y que en la celda en que se depositen no se deberán introducir otro tipo de residuos y ésta sea “suficientemente estanca”.

También se indica que la manipulación de los residuos de amianto que lleguen al vertedero envasados se realizará de forma que no se produzca la rotura ni del contenido ni del continente del embalaje.

Y para evitar la dispersión de fibras, la zona de depósito se cubrirá diariamente y antes de cada operación de compactado con material adecuado que no contenga elementos angulosos que puedan producir daños por punzonamiento y, si el residuo no está envasado, se regará periódicamente.

Para evitar la dispersión de fibras se colocará sobre el vertedero o la celda una cubierta superior final de material adecuado que no contenga elementos angulosos que puedan producir daños por punzonamiento.

En el vertedero o la celda no se efectuará ninguna obra que pudiera provocar la liberación de fibras. Y una vez clausurado el vertedero o la celda, la entidad explotadora del vertedero conservará un plano con la ubicación, en planta y en alzado, de los residuos de amianto, información que deberá ser remitida al órgano ambiental competente de la comunidad autónoma.

También se establece que se tomarán las medidas apropiadas para limitar los usos posibles del suelo tras el cierre del vertedero para evitar el contacto humano con los residuos.

Además, se recuerda que se deberán cumplir las disposiciones de seguridad y salud aplicables para los trabajadores que estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan.

En la resolución se indica que, antes de gestionar los residuos de materiales de construcción que contengan amianto y otros residuos de amianto deberá presentarse una memoria justificativa ante la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático sobre el cumplimiento de todos estos requisitos.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por una viuda cuyo marido falleció por asbestosis, a consecuencia del contacto con el amianto, y ha establecido que tiene derecho a recibir la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional. 

En la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social del TSJN revoca un fallo del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona, que había confirmado la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que calificaba como enfermedad común dicha contingencia. Así, tras la decisión de la Sala de lo Social, la base reguladora de la pensión de viudedad se elevará de 1.448,65 a 1.775,70 euros, con fecha de efectos desde el 27 de marzo de 2023. 

El trabajador falleció en junio de 2009, cuando tenía 59 años. Empleado de BSH, desde octubre de 2002 tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común. La empresa de origen, así como sus sucesoras, se han dedicado a la fabricación de distintos electrodomésticos (lavadoras, cocinas, hornillos de gas, estufas de infrarrojos, estufas catalíticas, lavavajillas, etc.). Según consta en la sentencia, la asbestosis puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas son similares a los de muchos tipos de enfermedades respiratorias. 

La Sala, tras rechazar la prescripción alegada por las entidades recurridas, analiza la labor del trabajador fallecido. Así, explica que su profesión era de almacenero y que se encargaba de descargar los sacos de amianto en el almacén y llevarlos hasta el horno. 

Para los magistrados “no es discutible” que el operario fue diagnosticado de asbestosis en 1996, patología que se deriva de la exposición al amianto. Entre sus labores estaba también la de cambiar botellas de butano vacías. Esta función la llevaba a cabo en una estancia contigua al recinto donde se cardaba amianto. Al respecto, el Tribunal destaca que las puertas de ambos recintos se encontraban abiertas, esto es, no existían compartimentos estancos. 

La Sala concluye que “el esposo de la demandante estuvo expuesto, por tanto, al amianto tanto al transportar sacos de amianto como al cambiar las botellas de gas, tarea a la que destinó media hora todos los días durante tres años, y ha sido diagnosticado de asbestosis, lo que determina la concurrencia de las exigencias legales y jurisprudenciales necesarias para presumir la presencia de una enfermedad profesional al apreciar la patología”.

En el año 2017, la Plataforma vecinal 'Mi barrio sin amianto' elaboró un mapa sobre la presencia de asbesto en el toledano barrio del polígono. En este lugar los vecinos llevaban años denunciando la presencia de este material contaminante y prohibido desde hace ya más de 20 años por sus efectos sobre la salud pública relacionados con al cáncer. Entonces se hablaba de al menos 13 focos en el barrio más poblado de la ciudad.

El Ayuntamiento de Toledo se comprometió a realizar su propio mapa del amianto en la actual legislatura, para toda la ciudad. El objetivo es conocer “con detalle” qué edificios, tanto públicos como privados contienen este tipo de material, más allá de los vertederos sellados en el barrio del Polígono, y así planificar su retirada.

Este compromiso, adquirido por el alcalde, Carlos Velázquez, en el Congreso Nacional de Amianto celebrado en Toledo el año pasado, ha visto ahora la luz con la publicación de un mapa del amianto en el municipio. Resulta que hay, al menos 1.083 emplazamientos con amianto en la ciudad, según el estudio elaborado por una empresa especializada

El censo se puede consultar en la página web que se enlaza a través de un mapa o un listado que incluye la referencia catastral de los edificios que aún mantienen este tipo de material, cuyo uso se prohibió totalmente a finales de 2002. En la página se pueden notificar también otras localizaciones que no estén recogidas. 

Este mapa es producto de un trabajo científico que utilizó tecnología de teledetección, una herramienta que ha permitido localizar con detalle la presencia de amianto en instalaciones a lo largo de toda la ciudad.

Contar con estos datos en mano es crucial, ya que permitirá a la administración planificar y actuar para conseguir la retirada de este material. Además, el mapa servirá para que los propietarios particulares conozcan la situación en sus inmuebles y puedan tomar medidas.

¿Quién y cómo debe retirar el material?

El Gobierno municipal dice haber iniciado ya las tareas de retirada del material. Un ejemplo de esta acción se llevó a cabo durante la intervención en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de la Escuela Central de Educación Física.

El alcalde defiende que su gobierno ha demostrado su voluntad de control ambiental estricto al intervenir en obras de riesgo. Recuerda que los vecinos alertaron y mostraron su preocupación ante la demolición de las obras del cuartel de la Guardia Civil. Ante esta alerta, el Ayuntamiento tuvo que instar a la paralización de la demolición al detectar riesgo medioambiental.

La obra, que estaba siendo realizada por el Ministerio del Interior, solo se permitió reanudar cuando se pusieron en marcha todas las medidas y protocolos de seguridad requeridos.

A modo de dato tranquilizador, se informa que en este 2025 se han realizado dos mediciones anuales en el municipio, cuyos resultados se mantienen “dentro de los parámetros establecidos”, aunque la pregunta en el aire es quién debe retirar el material en los edificios privados afectados o cómo hacerlo.

Los vecinos llevan décadas pidiendo respuestas

La iniciativa y sensibilización en torno a este problema en la ciudad han sido impulsadas fundamentalmente por la Asociación de Vecinos del Tajo -así como la Plataforma 'Mi barrio sin amianto', cuyos miembros llevan varias décadas pidiendo respuestas y soluciones a las administraciones para los vertidos que había en el barrio del Polígono, que en buena medida fueron sellados.

Cabe recordar que la extinta empresa Ibertubo depositó alrededor de 90 mil toneladas de este componente del fibrocemento en distintos puntos del Polígono de Toledo. En el Congreso celebrado el año pasado se puso de manifiesto que Toledo registra 35 casos de mesotelioma, una de las patologías asociadas al contacto con este mineral, prohibido desde hace más dos décadas.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso de Fundiciones Gelma contra la sentencia del Juzgado de lo Social Único de Eibar (Gipuzkoa), que condenó a esta empresa a indemnizar con 199.530,64 euros a la familia de un trabajador fallecido por un cáncer de pulmón por amianto.

En un comunicado, la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie, ha informado de que Antonio M. falleció en diciembre de 2009 a consecuencia de un cáncer en pulmón izquierdo, tras trabajar desde 1966 en la fundición con exposición laboral al amianto y sílice en la fundición, “sin medidas preventivas”. Desde Asviamie han destacado que “existen antiguos informes de Osalan en los que se señala que no se utilizaban protecciones respiratorias y que el Ministerio de Trabajo elaboró un informe sobre los problemas higiénicos por humos, gases y ruido en Elma SA”, según recoge Europa Press.

Además, en 2006 se emitió un informe de evaluación ambiental en Fundiciones Gelma, según el cual “no existen aislamientos de amianto y que las cubiertas de fibrocemento son sustituidas por chapa”. La asociación también ha destacado que el puesto de trabajo ocupado por Antonio fue “moldeo y desmoldeo, lo cual implicaba la manipulación de mazarotas y bebedores, utilizando palas para la limpieza del polvo”. Más tarde, pasó a la rebaba de las piezas fundidas y finalmente a las prensas.

Las mismas fuentes han aseverado que “en ninguna de las tres empresas en las que trabajó Antonio existían sistemas de ventilación en prensas, mecanizado y fundición”. En mayo de 2008, a Antonio le diagnosticaron un cáncer en el pulmón izquierdo y el 13 de octubre de 2024 el INSS dictó una resolución reconociendo a la viuda las prestaciones de viudedad, muerte y supervivencia derivadas de enfermedad profesional.

El 29 de mayo de 2025, el Juzgado de lo Social de Eibar desestimó la prescripción alegada por Fundiciones Gelma, estimó la demanda de la viuda e hijo del trabajador fallecido y condenó a la empresa a indemnizar con 122.313,14 euros a la viuda y 77.217,50 euros al hijo, más intereses. El recurso de suplicación de Gelma ha sido ahora desestimado por el TSJPV, confirmando la sentencia.

El Gobierno vasco desconoce en qué punto se encuentra la elaboración de los censos de instalaciones con amianto por parte de los Ayuntamientos y el calendario para su retirada. El Departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente que dirige Mikel Jauregi reconoce en la respuesta a una solicitud de información a través del Parlamento Vasco que “en la actualidad, el Gobierno vasco no dispone de un registro oficial donde se recojan los censos municipales de instalaciones con presencia de amianto”.

Pese a que la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, pregunta de forma concreta “cuántos ayuntamientos han enviado información” sobre el censo instalaciones con amianto y el calendario, el consejero no ofrece en su respuesta ninguna cifra y se limita a señalar que la ley que obliga a la realización de estos censos “no determina un plazo específico para la remisión”. Es decir, que según se desprende de la respuesta, el departamento no tiene constancia de si los ayuntamientos vascos avanzan en este censo al que están obligados por ley, pese a que Medio Ambiente es una de las partes que tiene que recibir estos censos y después comprobar la retirada de amianto de las instalaciones afectadas. Y Jauregi remite a una próxima reunión de la Mesa Interdepartamental del Amianto, convocada el 19 de noviembre, para poder tener más información al respecto.

Hace casi un año, en noviembre de 2024, el departamento que dirige Mikel Jauregi reconocía que sólo cinco municipios habían finalizado estos censos y remitido los pertinentes informes al Gobierno vasco. Es decir, que los otros 247 estaba incumpliendo la ley que les obliga a elaborarlos. Los únicos que tenían realizados y entregados los censos eran los ayuntamientos de Errigoiti, Olaberria, Ayala, Legazpi y Beasain. Un año antes, en 2023, los habían entregado ya Errigoiti, Olaberria.

Jauregi señalaba hace un año -también en respuesta parlamentaria- que un total de 31 ayuntamientos vascos habían pedido algún tipo de ayudas para llevar a cabo diferentes actuaciones relacionadas con el amianto, y que dentro de la memoria justificativa de la ejecución de la subvención concedida figuraban la obligación de remitir estos censos. Por ello, el departamento contaba con recibir en breve los censos de los 26 municipios a los que faltaba sólo por cumplir con uno de los requisitos para percibir las ayudas. En estos momentos el censo elaborado por estos municipios, si es que existe, no parece estar registrados por parte del departamento. Sí señala el consejero en su respuesta que “es intención de este departamento poner en común en la próxima reunión a celebrar de la mesa de trabajo sobre amianto, -el 19 de noviembre- la situación de los censos recibidos oficialmente en cada uno de los Departamentos competentes a los que deben remitirse según lo dispuesto en la ley 7/2022”.

Dicha ley recoge que su disposición adicional decimocuarta que los censos serán “remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas”, por lo que se entiende que el departamento en el que se incluye Medio Ambiente debería disponer de ese listado. La norma señala que serán las autoridades autonómicas las que “deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”. Una fecha que empieza a parecer difícil de cumplir si sigue sin tenerse constancia de dónde se encuentra esta sustancia.

Según señala el departamento, la mesa de trabajo del amianto, en la que hay representantes del departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente y de los departamentos de Salud y Economía, Trabajo y Empleo, donde se abordan temas técnicos, ha celebrado ocho reuniones en el año 2025 tratando diferentes cuestiones relacionadas con el amianto y lo regulado en ese ámbito por la Ley 7/2022. “La siguiente reunión del grupo de trabajo a nivel de responsables políticos está convocada para el próximo 19 de noviembre”, y en el orden del día previsto se encuentra analizar los avances durante el año 2025, situación de censos, instrumentos económicos (para censar y para retirar), comunicación a ayuntamientos, gestión del amianto en poder de la ciudadanía, así como soluciones a la recogida y vertido, posibles acciones comunicativas y propuestas para el 2026.

Jauregi señala que la ley no establece la obligatoriedad de elaborar un plan de desamiantado en las comunidades autónomas, pero que “es intención del grupo de trabajo interdepartamental puesto en marcha, y dentro de las competencias que tiene atribuidas cada departamento gubernamental que participa, seguir avanzando en las actuaciones que se consideren necesarias abordar para cumplir con los objetivos previstos en la citada ley”. En este sentido, señala que se está trabajando paralelamente con otros agentes implicados como son las Diputaciones Forales acordando soluciones al amianto en poder de la ciudadanía, dado que la gestión de este residuo es de competencia municipal según lo dispuesto en la Ley 7/2022 sobre los “residuos domésticos peligrosos”.

La ley estatal aprobada el mes de abril de 2022 en el Congreso de los Diputados -Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular-, imponía el plazo de un año a los ayuntamientos desde la entrada en vigor de la norma para elaborar el listado de instalaciones afectadas con esta sustancia, altamente contaminante. El censo debía acompañarse de un calendario que planifique su retirada y tanto el listado como el calendario, con carácter público, y remitirse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas. El plazo para el cumplimiento de esta norma, que finalizaba en abril de 2023, se alargó primero hasta finales del año 2023, pero la realidad ha demostrado el incumplimiento absoluto de los plazos, porque los ayuntamientos aseguran que tienen muchas dificultades para elaborar dicho censo.

Lo cierto es que la ausencia de censos en manos del Gobierno vasco impide tener una valoración de la cantidad que amianto que existe en los municipios y de la cantidad que se prevé retirar hasta el año 2030, fecha que fija la citada norma, que obliga a que esté retirado de los edificios públicos y de mayor riesgo antes de 2028.

Desde el Gobierno vasco señalan que se han realizado “diferentes acciones para apoyar a los ayuntamientos en la elaboración de los censos de amianto”, como jornadas divulgativas, un buzón de correo electrónico para que cada entidad local pueda trasladar dudas o diferentes aspectos relativos a la elaboración de los censos de amianto, además de ayudas para llevarlos a cabo. No obstante, recuerdan que “que la responsabilidad de cumplir con las obligaciones atribuidas a las entidades locales en la ley 7/2022, es de cada ayuntamiento. El Gobierno vasco informa periódicamente a los ayuntamientos sobre dichas obligaciones legales y, tras la próxima reunión de la Mesa Interdepartamental del Amianto, evaluará nuevas acciones o comunicaciones necesarias”.

El Ayuntamiento de Cartes ha recibido una subvención de 4.490 euros para la elaboración de un censo y un cronograma de retirada de instalaciones y emplazamientos con amianto.

La finalidad de la misma es impulsar, facilitar y garantizar la correcta identificación, con vistas a su posterior gestión y tratamiento como residuos, de las instalaciones y emplazamientos con amianto en el municipio, ha informado este martes el Ayuntamiento.

Uno de los objetivos generales establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es la concienciación sobre la problemática del uso de amianto y la necesidad de su localización y desmantelamiento de las infraestructuras o instalaciones que aún lo contengan, fortaleciendo la protección del medio ambiente y la salud humana al incluir medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, en Cartes se elaborará próximamente un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto que incluya un calendario en el que se planifique su retirada, priorizando las instalaciones y emplazamientos por su mayor grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.