Ecologistas denuncian una campaña institucional de recogida de amianto en Álava por particulares

La asociación ciudadana EKI ha presentado una denuncia formal ante la cuadrilla de la Rioja Alavesa, el Ayuntamiento de Oyón y la Diputación Foral de Álava para que se suspenda de forma inmediata una campaña institucional para recoger amianto en los garbigunes o puntos limpios. Bajo el lema 'Llega la recogida de amianto a los Garbigunes', la iniciativa busca que los particulares manipulen amianto para trasladarlo a Nanclares de la Oca, Campezo y Oyón, lo que los denunciantes consideran que es un “alarmante despropósito normativo y sanitario”. “El riesgo se traslada a la ciudadanía”, señalan.

De momento, la denuncia se ha presentado ante las instituciones citadas exigiendo la “suspensión cautelar en un plazo máximo de 24 horas de toda la campaña, la retirada de la cartelería informativa y la clausura preventiva de las zonas de recepción habilitadas”. “De no producirse esta paralización inmediata, se ha advertido de forma expresa de que se tramitarán denuncias de urgencia ante Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) y la Inspección de Trabajo para el precintado de las instalaciones, además de trasladar el expediente completo a la Fiscalía de Medio Ambiente y Salud Laboral del País Vasco para dirimir las presuntas responsabilidades penales de los cargos públicos que han autorizado esta campaña. Las administraciones públicas deben garantizar la salud colectiva, no subcontratar el riesgo de un material mortal a la ignorancia y buena fe de los vecinos para ahorrarse costes de gestión”, explican.

En concreto, señalan que la campaña “deriva la manipulación de este agente cancerígeno directamente a los ciudadanos de a pie” al autorizar la entrega de hasta 10 metros cuadrads de placas de cubierta o 200 kilogramos de material a “particulares de obra menor”. “Las instituciones están induciendo a la población civil a realizar desamiantados caseros. Esto implica que vecinos sin formación ni equipos de protección van a partir, desmontar y cargar placas de fibrocemento (uralita) en sus vehículos particulares. Esta manipulación inexperta garantiza la rotura del material y la liberación inmediata de microfibras de asbesto al aire, exponiendo a familias enteras y a sus entornos urbanos a un elemento catalogado como cancerígeno de Categoría 1A, cuyo único nivel de exposición seguro es cero”, señalan.

En este sentido, la denuncia se basa en un informe jurídico que detalla que la campaña vulnera de forma flagrante el Real Decreto 396/2006, el cual prohíbe taxativamente que cualquier persona o empresa no inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) manipule este material, exigiendo siempre un plan de trabajo estrictamente aprobado por la autoridad laboral. Además, indican que la campaña colisiona de lleno con la propia orden foral 300/2014, que regula la red de garbigunes de Álava. “Estas instalaciones no están diseñadas ni su personal cualificado o protegido para la recepción de residuos peligrosos de alta volatilidad. Obligar a los operarios del Garbigune de Oyón a recepcionar y gestionar fardos de amianto manipulados por particulares supone situar a la plantilla en un escenario de riesgo higiénico intolerable sin cabinas de descontaminación, vigilancia de la salud específica ni mascarillas con filtros P3”, indican.

De hecho, en Euskadi sólo hay en estos momentos tres vertederos autorizados para depositar fibrocemento estructural, el de Zalla, getionado por Prezero Gestión de Residuos (antigua Cespa/Ferrovial), el vertedero de Bistibieta, en Lemoa, gestionado por FCC, y el vertedero de Betearte, gestionado por la empresa con ese mismo nombre y ubicado en Mallabia. Según señala el Gobierno vasco en una respuesta parlamentaria, desde 2021 a 2025 “no se han recibido solicitudes de ayudas para la adecuación de vertederos para el depósito de este residuo, ni se han registrado solicitudes para la autorización de nuevos depósitos”.

El Gobierno vasco señala que el grupo interdepartamental sobre amianto, integrado por los departamentos competentes en materia de Trabajo, Salud, Medio Ambiente y Vivienda, además de Ihobe y de Osalan, está llevando a cabo “actuaciones coordinadas orientadas a abordar la problemática derivada de la presencia de amianto”. En cualquier caso señala que “cuando se inicien expedientes de ayudas o autorización de este tema, dichas actuaciones se coordinarán con Osalan”.

El Gobierno señala respecto a la reducción del vertido de residuos no peligrosos en vertederos de la comunidad autónoma, en comparación con la reducción de vertido esperada que se establecía en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, que el vertido en global se ha reducido desde 2018 en un 53%, aunque lo previsto era que en el año 2025 se hubiera reducido ya en un 61%. Para 2030 la reducción debe alcanzar ya el 85%. No obstante, con las previsiones de vertido a 2030 y la capacidad remanente actualizada, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad considera que “la capacidad de vertido es suficiente en el horizonte temporal del Plan”. En cualquier caso indican que este 2026, coincidiendo con el ecuador del Plan, se está llevando a cabo el seguimiento del PPGR 2030 con datos de cierre de 2025. A partir de este análisis se elaborará un documento de revisión que revisará la prognosis de vertido y definirá el programa de actuaciones para el periodo 2027-2030“.