Alberto Núñez Feijóo es de esos líderes capaces de gritar en una manifestación “Puigdemont, a prisión” y a los pocos días ofrecer al ex molt honorable “poner el contador a cero”. Es de los que patrocinan hasta siete manifestaciones contra la ley de amnistía, pero luego reconocen que también estudió el perdón para el de Waterloo en el marco de la negociación previa a la que resultó su investidura fallida. Es de los que flirtean con la idea de ilegalizar a los partidos independentistas, pero ponen en valor la tradición y la legalidad de Junts. Es de los que un día sostienen que no tiene ningún tipo de confluencia política con los ex convergentes y al siguiente, defienden que los junteros forman parte de una formación con la que se entiende en materia económica y fiscal.

Alberto Núñez Feijóo es el presidente de un partido que, como tantos otros, cabalga a lomos de las contradicciones. Y es, en definitiva, un político que, como Pedro Sánchez, cambia de opinión en función de la coyuntura, como acredita un buen repaso a la hemeroteca.

Ahora, tras el aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, todos los análisis especulan con una posible reconciliación de Junts con el Gobierno o sobre si el regreso de Carles Puigdemont a España está hoy más cerca. Nunca el viejo proverbio del dedo y la luna resultó más oportuno, porque de lo que apenas se habla, y será asunto nuclear para la futura gobernabilidad del país, es de si despejadas las dudas de la ley del perdón sobre su constitucionalidad y su encaje en la normativa europea, ante lo que verdaderamente estamos es ante un camino ya expedito para una próxima entente entre populares y 'junteros'. 

No es descartable. El diálogo existe porque los canales de comunicación nunca estuvieron del todo cerrados. Y, por tanto, la convergencia es posible. Ahora o más adelante. Lo barrunta el Gobierno, se susurra en algunos círculos populares y lo tiene meridianamente claro el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha sido el único en dar la voz de alerta desde hace tiempo: “Por mucho que se crea que no, el PP llegará a la Moncloa por Junts”. 

Rufián ha puesto voz a lo que otros callan, temen o disimulan y es que, con o sin moción de censura, el PP necesitará a Junts para llegar a la Moncloa y, los de Puigdemont, desmarcarse urgentemente de Sánchez para frenar la sangría de votos que se le está yendo a Aliança Catalana. De ahí la ruptura en diferido que los exconvergentes vienen anunciando desde hace semanas y sobre la que no han dado un paso atrás después del aval del abogado general del TJUE a la amnistía. Todo lo contrario. Mientras en el Gobierno celebraban “la validación jurídica y política” de la norma, los de Puigdemont redoblaron la presión contra Sánchez. Tanto que el diputado Josep Pagès exigió el viernes al presidente Sánchez que disolviera las Cortes y convocara elecciones anticipadas durante una comparecencia del ministro de Justicia en el Congreso. Una conminación que Puigdemont, Turull o Nogueras habían evitado hasta el momento y que en el Gobierno interpretaron como síntoma de que la anunciada ruptura era reversible. 

En la Moncloa saben que las palabras de Pagès representan lo que piensa y quiere Miriam Nogueras, pero hasta que “no salgan por boca de Puigdemont” prefieren no darlas por buenas. En el fondo, están seguros de que el dictamen del TJUE es un “paso más” para que el olvido penal alcance a todos los líderes del procés, incluido Puigdemont y que, ante ese escenario, Junts carece de “argumentos sólidos y creíbles” para la “ruptura definitiva”. Pero también saben que la aplicación de la amnistía está en manos de los jueces y que muchos de ellos se han rebelado contra la norma dilatando su ejecución desde hace año y medio porque quien la impulsó fue un gobierno de coalición progresista y no uno de derechas.

Es ahí donde entra en juego un PP cuya influencia sobre los togados está fuera de toda duda. En la memoria colectiva resuenan aún las palabras del que fuera portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó: “Controlaremos la sala segunda (del Supremo) desde detrás”. Dicho de otro modo: si hay un partido que puede convencer a los jueces de que es el momento de la reconciliación política con Catalunya y de que hay que pasar página ese es el de Feijóo, y no el de Pedro Sánchez. Y esto es algo que, según fuentes del independentismo, ya deslizaron los populares durante la negociación con Junts previa a la investidura de Feijóo que en septiembre de 2023 resultó baldía. 

El propio Puigdemont ya sugirió hace tiempo en una carta enviada a los eurodiputados que Junts recibió ofertas secretas del PP durante el verano de aquel año cuando los independentistas aún no habían decidido si apoyarían la investidura de Pedro Sánchez. “Hay otra cosa de la que estoy completamente convencido”, decía el texto del expresident. “Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, estos espectáculos se habrían ahorrado. Y de esto también hablaremos cuando toque”.

A elDiario.es también le consta de fuentes de aquella negociación que los populares ofrecieron a Junts la aprobación del uso del catalán en el Congreso y en el Senado, algo que el Gobierno de Sánchez puso finalmente en marcha en medio de una implacable crítica de los de Feijóo.

“Ilegal, inmoral e inconstitucional”

El caso es que los socialistas ya auguraron en su día que la amnistía era una ley impulsada y aprobada por su Gobierno, pero de la que se beneficiaría en el futuro la derecha si algún día llegaba a la Moncloa. Ese será el momento en que la derecha política, mediática y judicial harán borrón y cuenta nueva. Nadie recurrirá a la hemeroteca para recordar aquello de que la amnistía era “ilegal, inmoral y un obús contra la separación de poderes”. O que rompía los principios básicos del Estado de Derecho, que era un golpe contra la Constitución, la seguridad jurídica y la igualdad de los españoles ante la ley. Y ese será el momento también en que ya no habrá choques entre poderes del Estado, ni asaltos a la Constitución, ni democracias en peligro. Todo será en aras del interés general, por y para el bien de España. 

La única incógnita es si ese momento ya se está explorando. En el Congreso, por el momento, varios grupos sí han percibido que, desde hace semanas, la interlocución entre Junts y PP es constante en la Junta de Portavoces y en comisiones. Algo que no sucedía hasta que los de Puigdemont anunciaron la ruptura en diferido con el Gobierno. “Se alejan y se acercan, pero buscan interlocución a toda costa”, aseguran fuentes parlamentarias sobre 'junteros' y populares. 

Contador a cero y atentos a la nueva pantalla.

Continuará…

La noche del 23J de 2023 todo el mundo supo que la investidura de Pedro Sánchez dependía de los siete escaños de Junts. Había sido el peor resultado de Junts en unas elecciones generales, que venía después del peor resultado en las últimas elecciones catalanas. Pero la composición del Congreso de los Diputados le proporcionó a Junts una fuerza para aprobar la investidura de Pedro Sánchez equiparable a la que tuvo Convergencia y Unió en 1996 para la investidura de José María Aznar. 

Hay un paralelismo más entre 1996 y 2023. En 1996 Convergència i Unió y el PNV hicieron presidente del Gobierno a José María Aznar, pero podían haber hecho presidente a Felipe González. La composición del Congreso de los Diputados posibilitaba ambas opciones. En 2023 también se podía haber aprobado la investidura de Alberto Núñez Feijóo en lugar de la de Pedro Sánchez.

Se trata de un paralelismo incompleto, ya que en 1996 CiU únicamente tenía que pactar con el PP, mientras que en 2023 hubiera tenido que hacerlo también con Vox. Pero con los siete escaños de Junts las derechas españolas hubieran podido formar Gobierno. 

Esto se sabe desde el 23J de 2023. No se entiende muy bien por qué Junts se siente en la necesidad de recordarlo una vez sí y otra también y, además, de la manera más antipática posible. Y por duplicado, desde Bruselas y desde Madrid.

Y no se entiende muy bien, porque, ahora, en este lunes 27 de octubre, la permanencia de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno no depende exclusivamente de los siete escaños de Junts, como ocurrió en la investidura. Junts necesitaría previamente ofrecer sus siete escaños a Alberto Núñez Feijóo para que presentara una moción de censura, ya que el presidente Sánchez ha anunciado que no piensa disolver porque Junts anuncie la retirada de la confianza en el Gobierno. 

El 23J de 2023 Junts podía jugar con un margen de maniobra con el que ahora no puede. Le bastaba con decir no o incluso abstenerse en la votación de investidura de Pedro Sánchez sin tener que decir a continuación sí en la de Alberto Núñez Feijóo, ya que en la segunda votación es suficiente la mayoría simple y Feijóo la tendría con la abstención de Junts. Pedro Sánchez no, pero Alberto Núñez Feijóo sí. Ahora ya no es posible, ya que la moción de censura exige para su aprobación en todo caso la mayoría absoluta. Sin el apoyo expreso de los siete escaños de Junts, Alberto Núñez Feijóo no puede ser presidente del Gobierno.

Llegados a este punto, se impone el interrogante de qué rendimiento espera obtener Junts con esta toma de posición. Es más que probable que una exigencia por parte de Junts de que el presidente del Gobierno presentara una cuestión de confianza, que sería apoyada por la mayoría del Congreso de los Diputados, dificultaría en extremo la continuidad de la legislatura.

Pero no se entiende en qué beneficiaría a Junts la convocatoria de elecciones generales de manera inmediata. Por lo que indican todos los estudios de opinión, Junts no se encuentra en su mejor momento. El debate de la moción de censura, presumiblemente, lo colocaría en una posición todavía más comprometida. ¿Con qué programa se presentaría a las elecciones generales tras haberse abrazado al PP y Vox en un debate televisado en directo?

La trayectoria de Junts no se entiende. Abrir la posibilidad de que se celebren elecciones generales cuando todavía no están resueltos todos los flecos de la ley de amnistía y cuando se está ampliando la perspectiva de la negociación del reconocimiento del catalán en el Parlamento Europeo, es la peor de las alternativas posibles para el nacionalismo catalán. Son asuntos en los que se puede retroceder e incluso quedar cancelados por tiempo indefinido.

En mi opinión, la ley de amnistía acabaría superando todos los obstáculos, pero del reconocimiento del catalán habría que olvidarse prácticamente para siempre.

Veremos.

Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, ha avisado esta mañana, en la apertura del Consell Nacional de la formación en Figueres, que vienen “tiempos inciertos” en referencia a la política estatal, y más concretamente ha vislumbrado un nuevo ciclo político “que puede empezar por las decisiones que sí que tendremos que tomar en breve”, en referencia implícita al apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.

“Debemos estar preparados”, ha avisado Turull a los suyos, pues considera que “será un ciclo, y os lo puedo asegurar, donde el independentismo y sobre todo Junts per Catalunya seremos motivo de muchas y muchas presiones”. “Estaremos sometidos a una brutal prueba de resistencia en nuestro país”, ha reiterado. Minutos antes había dicho en tono enigmático que “hay gente que quiere el poder por el poder, que es capaz de pactar con quien haga falta”.

Y seguidamente ha puesto como ejemplo de la situación de “un ciudadano de Barcelona” para atacar la verticalidad del poder socialista sobre los catalanes, en referencia al Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno español. “No hay presupuesto en su ciudad; no hay presupuesto en su nación; no hay presupuesto en el estado en el que vive”, ha sentenciado. “Por el momento no hay presupuesto, no hay proyecto de país y es la utilización del poder por el poder”, ha reiterado.

Podemos y las competencias de inmigración

Turull ha cargado poco después contra el más que previsible voto en contra de Podemos a la propuesta de Junts de Ley para la Delegación Integral de competencias en inmigración, que se vota la próxima semana. El secretario general de la formación independentista ha tildando a los morados de “anticatalanistas” e “ignorantes”. Se trata según Turull de “una ley de herramientas de instrumentos para hacer frente al reto migratorio de nuestro país”. “No es una ley de políticas de inmigración que se discute en Madrid: esta la queremos hacer desde el Parlament de Catalunya” ha recalcado.

“Es una ley que puede darnos las herramientas de estado para hacer frente a uno de los mayores retos que tiene planteada nuestra sociedad y quizás por eso hay partidos que votarán en contra y algunos sorprendentemente en contra”, ha dicho en referencia a Podemos. “Porque si algo demuestra el debate sobre este traspaso de competencias en inmigración es que la catalanofobia es algo transversal en el panorama político español”, ha proseguido para inmediatamente señalar a Podemos: “Estamos acostumbrados a lo que dice el PP y lo que dice Vox, pero mirad lo que nos dicen en Podemos, nos llegan a llamar racistas, un calificativo que ni las peores alcantarillas del Estado se atrevió a decir”. Y ha concluido: “No es una cuestión de racismo, es una cuestión de anticatalanismo de ellos.”

“No es una cuestión de traspasos”, ha insistido el político catalán, “es una cuestión, al final, como siempre, de quien pide los traspasos y desde dónde nos piden los traspasos”. “O no se han leído la ley o no conocen a Catalunya o no conocen los valores de siempre, del catalanismo político o son todas las cosas a la vez”, ha remachado para finalmente prever que en la votación “se activará lo de 'antes roja que rota' [en referencia a España] para garantizar 'el atado y bien atado'”. Y ha cerrado: “Los de Podemos comparten el modelo territorial con Vox y el Partido Popular”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado este domingo contra los jueces del Tribunal Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena al afirmar que “lo que tendrían que hacer es presentarse a las elecciones por Vox” o una “formación que vaya más allá” para ver “qué apoyo popular tienen”. Turull ha criticado a parte de la “cúpula del Poder Judicial”, a la que ha acusado de romper la división de poderes y ha avisado: “No daremos la batalla por perdida, tampoco con la amnistía. Seguramente la solución vendrá más de Europa, pero ganaremos”.

En la entrevista con EFE, Turull ha avisado al PSOE de que Junts tomará una decisión “estructural” sobre el futuro de la legislatura ya que consideran que los resultados del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez “no están siendo los esperados” tras dos años de su rúbrica.

“Se acerca el momento de tomar una decisión, que no será coyuntural sino estructural, porque el acuerdo de Bruselas no se está desarrollando con los resultados esperados. Nosotros hemos puesto toda nuestra voluntad, pero el balance en estos momentos no es el más positivo. Tomar decisiones quiere decir que pasarán cosas”, ha asegurado a EFE.

Turull ha desarrollado de este modo la advertencia lanzada por el presidente de Junts, Carles Puigdemont, que el pasado martes avanzó que en otoño ocurrirán cosas “nunca vistas hasta ahora” en relación a su apoyo a Sánchez.

Aunque ha dicho que no se trata de ningún “ultimátum” a Sánchez, Turull ha indicado que el PSOE “es consciente de que las cosas no van como tenían que ir”: “Ya sea por un motivo o por otro, no se acaba de ejecutar. Todo son excusas. Nosotros tendremos que tomar una decisión. El infierno está lleno de buenas intenciones, pero nosotros queremos resultados”, ha declarado.

La entrada en prisión del principal interlocutor con Junts, el exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, forzó un cambio de cromos en los negociadores socialistas en la mesa de Suiza.

Este cambio, no obstante, no ha tenido más consecuencias: “No es un tema de interlocutores, es un tema de resultados”.

“La apuesta que se hizo por este acuerdo, que creíamos que merecía la pena, no está teniendo los resultados esperados y por tanto habrá que tomar una decisión”, ha zanjado.

La dirección de Junts no “rehuirá ninguna responsabilidad” a la hora de decidir sobre su apoyo a Sánchez, aunque antes escuchará “a la gente, a la militancia y a todos los órganos del partido”, aunque Turull no ha aclarado si preguntarán directamente a las bases como hicieron a la hora de salir del Govern que presidía Pere Aragonès.

Catalán en Europa y competencias en inmigración

En la agenda del PSOE figura, por el momento, la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Turull ha reconocido los esfuerzos del Gobierno y que se trata de un tema “con el que hay que tener mucha paciencia” al haber “gente que rema en contra”, en alusión al PP, de quien ha dicho que tiene una “actitud indecente”.

Sin embargo, a criterio de Turull, Sánchez se ha implicado “tarde” en la lucha por la oficialidad: “El máximo liderazgo del PSOE se ha puesto tarde, y, en lugar de aprovechar cuando él cotizaba al alza en el ámbito europeo, se ha puesto cuando ha empezado a cotizar a la baja. Y esto siempre lo habíamos avisado”.

“Con la misma intensidad con la que el presidente Sánchez se movió para que haya una comisaria europea de su gusto y habló con quien hizo falta para que fuese posible, no se puso con el catalán cuando se tenía que haber puesto”, ha desarrollado.

Tampoco se ha materializado, por el momento, el traspaso a la Generalitat de las competencias en materia de inmigración, que ha generado el rechazo de Podemos, que apoyó la investidura de Sánchez, ante la sorpresa de Junts.

“Nos hemos quedado perplejos con que Podemos sea lo más parecido a Vox en el posicionamiento de esta ley”, ha señalado Turull, que ha acusado a la formación morada de “sumarse al carro de la catalanofobia por cuatro votos en un tema como éste”.

Una jueza ha archivado la denuncia del líder del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, en relación con la aparición y fuga del expresident de la Generalitat en Barcelona el pasado mes de agosto el día de la investidura de Salvador Illa.

En un auto, la magistrada Carmen García resuelve que la denuncia presentada por Bernad “carece del más mínimo rigor” y no presenta “comportamiento delictivo alguno” del abogado. Recuerda además que, en cualquier caso, la ley dispensa a los letrados de declarar en contra de sus clientes. .

La fugaz aparición y fuga de Carles Puigdemont en Barcelona del pasado 8 de agosto desembocó en un enfado del Tribunal Supremo y querellas varias de ultras como Alvise Pérez, Vox, Manos Limpias o Hazte Oír.

Manos Limpias había denunciado a Boye por un delito “de obstrucción a la justicia y de la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución como cómplice y encubridor”.

La Justicia ya descartó imputar al antiguo conseller de ERC Joan Ignasi Elena y a su cúpula policial, como reclamaba la extrema derecha, y ahora sigue el mismo camino con la denuncia presentado contra el abogado de Puigdemont.

La investigación se limita a tres agentes de la policía catalana. Esta investigación fue iniciada por los propios Mossos tras el fracaso de su operativo para detener a Puigdemont el día del debate de investidura de Salvador Illa. El expresident, que había prometido acudir al debate de investidura, se limitó a dar un breve discurso bajo el Arco del Triunfo para a renglón seguido subirse a un coche y huir de nuevo a Bélgica.

Los Mossos detuvieron a los tres agentes, si bien tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad. Todos ellos permanecen suspendidos de empleo y sueldo y están siendo investigados por el juzgado de instrucción 24 de Barcelona.

En el informe que remitieron al Tribunal Supremo sobre el dispositivo fallido para arrestar a Puigdemont, los Mossos admitieron que la “maniobra de distracción” del expresidente catalán, en un movimiento que “escapa a toda lógica racional o política”, les sumió en una situación de “confusión” e “incertidumbre” que impidió detenerle.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas defendió en la tarde de ayer que Junts debe poder “hablar con Aliança Catalana” aunque sin “montar estrategias conjuntas”. Lo dijo en una entrevista con el digital 'Diari de Barcelona' en la que ha asegurado que “cortar cualquier tipo de diálogo con la gente de Aliança Catalana” sería “como si en su momento se hubiera cortado cualquier posible conversación con la CUP, que nunca se hizo”.

“Hay que diferenciar entre qué significa hablar, que en democracia se debe hacer siempre, y llegar a acuerdos estratégicos”, añadió y subrayo a continuación la diferencia “entre hablar con Aliança Catalana y hacer estrategias conjuntas”. Así, cree que se pueden tener contactos con los miembros del grupo parlamentario pero no “lo que han hecho Junts y ERC en algún momento y en su momento Convergència y ERC”. “Como mínimo hay que poder hablar”, insisitió Mas, aunque admitió que la formación liderada por la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, es “de ultraderecha” y “no es lo mismo” que la CUP aunque sean “extremos”.

La respuesta desde Junts no se ha hecho esperar. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho este domingo que quiere tener en consideración las polémicas palabras del expresidente. “Los consejos son siempre bienvenidos, pero la política de pactos y relación con el resto de partidos políticos la deciden los órganos de dirección de Junts”, ha espetado Turull durante una visita a la Feria de la Candelaria de Molins de Rei. Turull ha añadido que el partido no se piensa “apartar” de la línea actual con el único objetivo de “servir más y mejor a los ciudadanos”.

Turull avisa a PSOE

Durante la visita, Turull también ha insistido al PSOE en que debe llenar el “cesto de compromisos” si quiere rehacer puentes. En este sentido, el líder de Junts ha recordado que la relación con los socialistas no se ha perdido “nunca” y espera que en las próximas semanas se pueda “encauzar” a medida que el PSOE concrete sus compromisos con Catalunya. Turull ha hecho referencia a la situación del catalán en Europa y a las competencias con inmigración. Finalmente, también ha pedido a los socialistas que concreten cuál es su “relato” sobre la relación con Catalunya y reprocha al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que diga que ya no hay conflicto. “Si el relato es éste, a nosotros ya no nos necesitan para nada”, avisó.

Por otro lado, desde las fuerzas de izquierda en la política catalana también ha habido reacciones contundentes. La CUP consideró “extremadamente grave” que Mas haya comparado a la formación anticapitalista con Aliança Catalana. “No es lo mismo defender derechos para todo el mundo que querer negarlos. Exigimos una rectificación”, ha publicado la CUP en X, donde ha lamentado que “Artur Mas reaparece para blanquear la extrema derecha”.

También el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, cargó ayer por la noche contra el expresident por sus declaraciones. En un mensaje a X, Cid aseguró que “equiparar a CUP y Alianza sería lo mismo que equipar al Frente Popular o al PSUC con el fascismo”. “Da vergüenza ver a un expresidente de mi país diciendo esto, sólo por los complejos de Junts”, afirmó, y preguntó si “abrir diálogo con la extrema derecha” quiere decir “con Vox también”.

La concejal de la CUP en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Ariadna Sierra denunció públicamente este lunes las prácticas machistas y de acoso contra ella por parte de Josep Arcas, responsable de las Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), las juventudes de Junts, el partido que gobierna en la ciudad.

Según explicó Sierra frente a los demás ediles de Sant Cugat y al propio Arcas, presente en la sala, este llegó a presentarse en un lugar donde ella trabaja de voluntaria para llevarle condones o también le preguntó por mensaje privado “con cuántos policías nacionales” se había acostado. 

En un vídeo difundido por la CUP sobre su intervención en el pleno municipal, Sierra denuncia una “obsesión” de Arcas con ella. De entrada, le acusó de haber manipulado su imágen en redes sociales con Photoshop y de haberla instado a ponerse burka. “Y dijo que mi compañero de concejalía no me da permiso para hablar”, afirmó Sierra.

Eso fue solo el primer mes de ocupar Sierra el cargo de edil. Pero la cosa fue a más, según denunció. Después de que Arcas se dedicara un día a repartir condones entre los ediles “con el objetivo de que no se reproduzcan”, llevó esa misma provocación directamente al ámbito privado en el caso de la concejal de la CUP. “No contento con ello y preocupado de si yo tenía que tener hijos o no, vino a un espacio en el que yo trabajaba de forma voluntaria, a traerme más condones preguntando y buscándome por todo el espacio”, relató. 

Sierra aseguró que como representante pública se siente obligada a responderle “con más paciencia de la que tocaría”. “Pero usted no para de pasarse de la raya”, le espetó. Acto seguido, se dirió a los ediles de Junts. A ellos les exigió que, pese a que Arcas no habla en nombre del partido, sí que como miembro de las juventudes participa de la vida pública local de la formación en actos y elecciones. 

Fuentes de Junts aseguran que Arcas no pertenece al partido, sino que técnicamente es militante solo de la JNC. Aun así, representantes tanto de las juventudes como de la formación que lidera Carles Puigdemont han repudiado los actos de Arcas. Marta Canas, presidenta de Junts per Sant Cugat, lo ha calificado de “actitud indefendible y vergonzante”. Los responsables de las juventudes han asegurado que tomarán medidas. Ariadna Urroz, su secretaria general, ha informado de que lo han trasladado a los órganos disciplinarios internos y ha asegurado que Arcas no representa a la JNC y que así se lo ha trasladado ya a la concejal de la CUP.

Jordi Turull, secretario general de Junts, ha agradecido a Urroz su “coherencia, rapidez y determinación” ante unos hechos que ha calificado de “reprobables”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de su pena de inhabilitación como medida cautelar mientras estudia su recurso de amparo contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarle. El dirigente solicita una respuesta urgente del tribunal de garantías para que le permita volver a ocupar cargos públicos sin tener que esperar a la sentencia definitiva del caso.

El recurso de amparo de Turull es el primero que llega al Constitucional para intentar que se revoque la negativa del Supremo a amnistiar a los líderes del procés. En el caso de Turull y de los exconsellers ya condenados e indultados, la pena que el Supremo se negó a amnistiar fue la de inhabilitación, que seguía vigente ya que su indulto solo afecto a su pena de prisión. Turull sigue sin poder ocupar cargos públicos hasta julio de 2030.

Según argumenta en su escrito el abogado Jordi Pina, la pena de inhabilitación que se mantiene sobre Turull provoca que el secretario general de Junts vea “seriamente limitado el ejercicio de sus derechos políticos” al no poder concurrir a las elecciones ni acceder a cargos públicos “pese a ser uno de los dirigentes de un partido con amplio apoyo social en Catalunya”.

La suspensión cautelar de su inhabilitación, ahonda la defensa de Turull, permite evitar “un sacrificio innecesario e ilegítimo” de sus derechos. “En el improbable caso de desestimarse este recurso, nada impedirá que, más adelante, se siga cumpliendo la parte pendiente de la pena privativa de derechos hasta su completa extinción”, ahonda el escrito de Pina, que descarta que permitir a Turull volver a ocupar de forma cautelar cargos públicos cause “ninguna perturbación grave a ningún interés constitucionalmente protegido”.

Sobre el fondo del caso, la defensa del dirigente de Junts solicita al Constitucional “restablecer los derechos lesionados” por la negativa del Supremo a amnistiarle y que el tribunal de garantáis ordene a la Sala II del Alto Tribunal, presidida por Manuel Marchena, que declare extinguida toda la responsabilidad penal de Turull en virtud de la ley de amnistía.

El Constitucional ha recibido decenas de escritos y recursos sobre la amnistía, que convierten el asunto en uno de los más controvertidos de su historia. El tribunal deberá resolver las duras alegaciones que el Tribunal Supremo hizo sobre el primer artículo de la ley de amnistía aprobada hace unos meses en el Congreso; la cuestión de inconstitucionalidad contra la norma que también ha presentado el TSJ catalán; los recursos interpuestos por el PP y varias comunidades autónomas y las peticiones de amparo de los afectados a los que los tribunales no han aplicado la norma.

“El esfuerzo y el riesgo es para los catalanes, en cambio las ganancias a repartir por todos los españoles. Los catalanes a trabajar, pagar y callar”. Son palabras del secretario general de Junts per Catalunya este sábado en las redes sociales, después de que ayer el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page rechazase, de nuevo, una financiación singular para Catalunya, asegurando que “la riqueza de Catalunya no es de los catalanes, es de todos”.

“Aquí se puede escuchar una versión 'cutre' pero muy precisa de la España que tiene en Catalunya por una colonia que se la puede expoliar de forma ilimitada”, ha comentado hoy Jordi Turull en su perfil social de X (antes Twitter).

La reacción desde el Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha hecho esperar. El vicepresidente primero el Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que el modelo que defiende el Ejecutivo castellanomanchego para la nueva financiación autonómica se fundamenta en la igualdad entre todos los españoles, “que los habitantes más pequeños del Pirineo de Lleida tengan derecho a unos buenos servicios públicos, pero también los habitantes de la Sierra de Cuenca o de Jaén”.

Un planteamiento que, ha insistido, es totalmente opuesto a lo que buscan los independentistas “que no quieren la igualdad, sino tener más que los demás, y eso no se lo vamos a consentir”, toda vez que ha reiterado que los impuestos que se recaudan en España son de los españoles, no de los territorios.

Por ello, ha rechazado el pacto entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana (ERC) para una financiación singular para Cataluña señalando que “no puede ser el punto de partida” para el nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas.

El secretario de Organización del PSOE castellanomanchego también ha expresado su opinión a través de las redes sociales. “No sé si se nos puede definir como 'España cutre' por pedir que haya equidad en el reparto de riqueza” e iba más allá: “Lo que sí les aseguro es que no somos una España xenófoba como esta versión moderna de la burguesía excluyente”, le ha replicado a Turull.

200 asuntos “pendientes” para Castilla-La Mancha

El de la financiación fue uno de los temas principales que se trató en este encuentro celebrado ayer en Moncloa al que se sumaron además otros temas importantes para la región como es el agua. De hecho, en el documento con los cerca de 200 asuntos pendientes que el presidente de Castilla-La Mancha le dejó a Pedro Sánchez, hay un apartado sobre agua en el que se incluye el Pacto del Agua alcanzado en la región y el cambio en las reglas del trasvase, que suponen en sí mismas “derogar el memorándum del Tajo que apoyó Cospedal”, ha indicado el vicepresidente primero.

Finalmente, ha rechazado las críticas del PP de Castilla-La Mancha tras la reunión del jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y les recuerda que cuando gobernaron la región “nunca defendieron los intereses de Castilla-La Mancha por encima de los intereses de su partido”.

Dos horas de reunión en las que se abordaron otras reivindicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de energía, pero también de infraestructuras tanto de alta velocidad como carreteras.

El PP se ha estrellado este martes contra la mayoría parlamentaria, que ha rechazado la ristra de peticiones de comparecencias con las que el primer partido de la oposición quería arrancar el curso político. Pese a contar con el apoyo de Vox, de Junts en algunas peticiones y dos abstenciones de Podemos, la Diputación Permanente ha tumbado las comparecencias extraordinarias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios de sus ministros para ofrecer explicaciones sobre diversos asuntos: desde la política migratoria al pacto del PSOE con ERC para negociar una nueva financiación para Catalunya o la posición de España en Venezuela, entre otras.

El partido de Alberto Núñez Feijóo registró en julio hasta 10 peticiones de comparecencia urgentes que han obligado a convocar al órgano que sustituye al Pleno del Congreso cuando este está cerrado entre periodo de sesiones. El PP intenta así exprimir las polémicas del verano pese a saber con antelación de la dificultad de que salieran adelante sus solicitudes.

El PP necesitaba el apoyo de Vox y de, al menos, dos grupos más para ganar las votaciones. En la Diputación Permanente se emiten 69 votos, por lo que la mayoría absoluta está en 35. 27 pertenecen al PP, seis a Vox y uno a Junts. 34 en total. Los mismos que tienen el PSOE (24), Sumar (6) y ERC, EH Bildu, PNV y Podemos (Grupo Mixto), con uno cada uno. Además, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, también vota. En caso de tres empates consecutivos, la petición se rechaza.

De las 10 peticiones, las derechas españolas han votado juntas todas. Y además han recibido el apoyo de Junts en cuatro de las solicitudes: las de Sánchez para explicar la política migratoria y la huida este mismo mes de julio del expresidente catalán, Carles Puigdemont; la de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la nueva financiación autonómica; y la del ministro de Transportes Óscar Puente ante “el caos ferroviario”.

Pero el PSOE ha retenido sus apoyos parlamentarios, excepto el de Junts y dos abstenciones de Podemos (política migratoria y trenes). Insuficiente para sacar adelante las peticiones en la votación que se ha producido al finalizar los debates.

La sesión ha comenzado con la petición del PP para que el presidente informe “de las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria que vive España”. El grupo de Feijóo ha reiterado las quejas de las últimas semanas y meses, en las que reconoce la incapacidad de sus gobiernos autonómicos de hacer frente a la llegada de menores migrantes.

La diputada Sofía Acedo ha advertido del “rechazo social” que genera la llegada de personas migrantes, y ha acusado al Gobierno de “generar el perfecto caldo de cultivo” que le permite “mantenerse en el poder”. “¿Hay algo más ultra que esto?”, ha concluido, apenas una semana después del tuit xenófobo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, refrendado por la dirección nacional del PP.

Junts se desmarca de la mayoría de la investidura

El PP ha logrado el respaldo de Vox y de Junts a su petición. La portavoz ultra, Pepa Millán, ha señalado al Gobierno porque “convertirán España en un Estado fallido, inundados por la inmigración, con dirigentes políticos más preocupantes por no ser racistas que por la inseguridad”. La dirigente de Vox ha reclamado “deportaciones inmediatas”.

La diputada independentista Marta Madrenas se ha sumado a Vox y PP, y ha lamentado que Catalunya es “en términos de habitantes similar a la Comunidad de Madrid”, pero recibe “2.000 menores no acompañados, tres veces más de los que se distribuyeron en Andalucía, cinco veces más que en Madrid o seis veces más que en la Comunidad Valenciana”. “Queremos que se aclare, necesitamos que el señor presidente del Gobierno comparezca y lo explique”, ha concluido.

Junts, además, ha confirmado su apoyo a otras peticiones del día. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, había anunciado desde Cardedeu (Barcelona) su intención de votar junto al PP para que María Jesús Montero explique en el Congreso el acuerdo alcanzado entre ERC y PSC sobre la nueva financiación de Catalunya a cambio de la investidura de Salvador Illa. “No formamos parte de ningún bloque español, nuestro bloque es Catalunya”, ha dicho.

Nogueras ha remarcado que su partido quiere “escuchar” a Montero para ver “qué es lo que tiene pensado” en relación a la financiación, y ha vuelto a cargar contra el acuerdo alcanzado entre ERC y PSC que, a su juicio, ha llevado a “la investidura del president de la Generalitat más españolista de la historia”.

En su pelea para ver qué partido consigue más frutos de su negociación con el Gobierno, Junts tiene a ERC en el punto de mira después del acuerdo sobre la mejora de financiación de Catalunya que los republicanos cerraron con los socialistas a cambio de la investidura de Illa, que también ha cosechado críticas de varias comunidades del PP.

Nogueras no ha mencionado el resto de debates y votaciones de la jornada. Fuentes de Junts han asegurado a elDiario.es que, además de estas dos cuestiones, el grupo también votará a favor de las comparecencias de Sánchez en la petición del PP para que explique cómo pudo entrar y salir de España Puigdemont el día de la investidura de Salvador Illa, además de la registrada para que Puente dé cuenta por el “caos ferroviario” del verano.

Las peticiones del PP han caído en saco roto ya desde el inicio. Los dos portavoces de los grupos vascos (Mikel Legarda, del PNV; y Oskar Matute, de EH Bildu) han aprovechado su primer turno para rechazar la comparecencia de Sánchez por la política migratoria, pero ya han anticipado que su voto será 'no' en el resto de debates de la sesión. “No vemos la necesidad de celebrar en los pocos días hábiles de agosto que restan ninguna comparecencia urgente”, ha dicho Legarda.

Matute, por su parte, ha reprochado al PP que no haya registrado “ni una sola petición de comparecencia sobre Israel”. “Creemos que eso condensa mejor que nada las obsesiones de la derecha: racistas, supremacistas y recentralizadoras”, ha sostenido. El portavoz de EH Bildu ha ofrecido un encendido discurso conta la extrema derecha.

Desde Sumar, Enrique Santiago ha recordado que las comunidades del PP incumplen de forma habitual sus compromisos para acoger a los menores migrantes que llegan a las costas de Canarias o a Ceuta. “Pero sí han cobrado la financiación transferida”, ha añadido. “La derecha hace negocio de este incumplimiento”, ha señalado.

De los aliados parlamentarios del Gobierno, el discurso más duro ha sido el de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha dicho que “la situación migratoria que vive Canarias tiene un único responsable, el bipartidismo y las políticas migratorias que hacen, que son exactamente las mismas”. Belarra ha asegurado que la falta de vías legales impide a los migrantes llegar a España con seguridad, y por eso se ha abstenido en la votación.

El PP recurre a Venezuela

El PP también ha pedido diferentes comparecencias relacionadas con la situación en Venezuela: desde el presidente del Gobierno al ministro de Asuntos Exteriores, por partida doble, o las de la presidenta de RTVE y el de la Agencia Efe, a cuyos profesionales ha acusado expresamente de “manipulación” el partido de Feijóo.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha recurrido a la panoplia de acusaciones habituales contra el Gobierno a cuenta de la situación en el país iberoamericano. El diputado ha reclamado que España reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones, pese a que no la hecho todavía ningún país de la UE, y ha arremetido contra la labor mediadora del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero Tellado también ha aprovechado para lanzarse contra el PNV por no sumarse a su petición, quizá porque confiaba en que sí lo harían. La respuesta le ha llegado por boca de Legarda, quien le ha acusado de hacer una “representación” en la sesión de este martes, y de “inundar” de peticiones “que considera urgentísimas” para “dominar la agenda”. El portavoz vasco le ha señalado, además, que ya compareció recientemente en el Senado el ministro de Asuntos Exteriores.

Desde ERC, Teresa Jordá ha ironizado sobre lo habitual que es el uso de Venezula por parte del PP. “Mientras suministraba petróleo no se hablaba tanto de ello”, ha sostenido. El diputado de Sumar Txema Guijarro ha denunciado lo que considera un “acoso” contra Venezuela, con “sanciones contra sectores económicos enteros” y ha arremetido contra el PP: “Ustedes llevan años puliendo una cachiporra contra el Gobierno con la madera de Venezuela”.

El PSOE ha defendido la posición de “liderazgo” del Gobierno en Europa y ha asegurado que en política internacional no sirven las palabras “gruesas”, sino la “mediación”.

El PSOE defiende la “financiación singular” para Catalunya

Entre las numerosas peticiones de comparecencia, el PP ha incluido la de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa. En concreto, la preocupación de la formación de Feijóo pasa por el nuevo modelo de financiación para Catalunya firmado, que según ha criticado el diputado Juan Bravo establece un régimen con españoles “de primera y de segunda”.

Este punto también ha contado con el apoyo de Junts, que desde que se conociera el pacto que establece un concierto para Catalunya, por el que podrá recaudar el 100% de los impuestos, lo ha criticado por “insuficiente”. “Que nos expliquen de qué va este concierto que nos ha desconcertado”, ha dicho la portavoz del partido de Carles Puigdemont, que ha recordado que ya habían registrado una petición de comparecencia al hilo no solo de Montero, también del ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Lo que queríamos es el concierto puro y duro”, ha reclamado.

En defensa del pacto ha salido Esquerra Republicana, que en voz de su portavoz este martes, Teresa Jordà, ha reivindicado que su formación haya conseguido la “llave de la caja” para Catalunya. “No nos hacen falta comparecencias, tenemos un acuerdo para acabar con una de las grandes losas para Catalunya: un sistema obsoleto con un financiamiento opaco y absolutamente injusto”, ha dicho para sostener además que no es un acuerdo contra el resto de comunidades, ya que su territorio seguirá contribuyendo con un “mecanismo de solidaridad” al resto de comunidades.

“Ni España roba a Catalunya ni Catalunya al resto. Si Catalunya mejora, España mejora”, ha resumido a continuación la diputada socialista Patricia Blanquer para defender el pacto con ERC para un concierto en Catalunya, que el PSOE se limita a llamar “financiación singular”. Blanquer ha centrado su intervención en atacar al PP por sus incoherencias al hablar sobre “solidaridad” territorial cuando allá donde gobierna, ha dicho, “mercadean” con los impuestos, como en la Comunidad de Madrid, donde hacen una “competencia desleal” a la baja con los impuestos.

También Sumar se ha posicionado a favor del acuerdo, a pesar de las diferencias internas en el grupo parlamentario sobre el asunto. En la comparecencia de este martes ha intervenido el diputado de Més Vicenç Vidal, favorable al concierto para Catalunya, que ha pedido que esa reforma vaya acompañada al mismo tiempo de una mejora de la financiación para otras comunidades y de una reforma fiscal.

La huida de Puigdemont

En su estrategia para desmarcarse del Gobierno, Junts ha votado a favor este martes de un punto curioso, con el que el PP quiere que Sánchez explique las razones que impidieron la detención de Carles Puigdemont durante su visita a Catalunya, en paralelo al debate de investidura de Salvador Illa. “Nadie duda de la necesaria complicidad de algunas autoridades encargadas de detener al prófugo”, ha presentado la iniciativa el diputado del PP Jaime de Olano, que ha criticado también el “silencio cómplice” del presidente del Gobierno.

Un punto que Junts ha terminado apoyando. Madrenas ha argumentado que su voto a favor de la comparecencia va dirigido a que Sánchez brinde explicaciones sobre los motivos por los que la Justicia ha decidido no aplicar la amnistía a Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha denunciado, “puede legislar a través de sentencias”.

“El gobierno en su conjunto no está siendo valiente. ¿Qué piensan hacer cuando ven que el estado de derecho se está diluyendo en manos de los jueces? ¿No piensa hacer nada? El problema no es el president Puigdemont. Tenemos un problema con el Tribunal Supremo y queremos que Sánchez comparezca para explicar qué piensa hacer para que esto no siga sucediendo”, ha argumentado.

2024 no se parece en nada a 2017. Es la obviedad que se revela hoy como la clave más importante para desentrañar la política catalana actual. El ejemplo más clarificador de todo lo que ha cambiado en este tiempo es lo que ocurrió el pasado 8 de agosto en el Parlament de Catalunya. Salvador Illa, el líder del PSC que hace siete años defendía la aplicación del artículo 155 de la Constitución para limitar el autogobierno catalán, se convirtió ese día en el 133º president de la Generalitat gracias a los votos de Esquerra Republicana, una de las formaciones que impulsó desde el Govern el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. 

El viaje político de ambos partidos, desde las dos trincheras de una crisis territorial sin precedentes en cuarenta años hasta la cooperación y la colaboración en el Congreso y en el Parlament, cimenta el nuevo ciclo abierto en Catalunya. Una etapa en la que, por primera vez en cuatro décadas, no existe mayoría del independentismo o nacionalismo y que viene a sepultar definitivamente un procès sustentado en dos bloques graníticos, independentistas frente a constitucionalistas, que ya hoy no resultan operativos para entender ni para ejercer la gobernabilidad catalana. 

Enfrente, las derechas española y catalana se desempeñan por el momento como si en Catalunya se hubiera parado el reloj en 2017. Tras su aparición fugaz en Barcelona, Carles Puigdemont volvió a fugarse, a hablar de un “estado represor” y a prometer que “el procès no ha terminado”. Como hace siete años. Y mientras, el PP alerta de una “urgencia nacional” por la conformación del Govern “más independentista” de la historia. Como si nada hubiera pasado.

Con el diagnóstico sobre el Govern “más independentista” de la historia no se refieren los populares al que le declaró la independencia al Gobierno de Mariano Rajoy, sino al nuevo Ejecutivo del socialista Salvador Illa, el primer president no independentista en catorce años. Por su parte, el “estado represor” al que se dirige Puigdemont ha indultado a todos los líderes independentistas condenados y ha aprobado una ley de amnistía ya en vigor de la que empiezan a beneficiarse decenas de catalanes con causas pendientes derivadas del procès. 

Si algo demuestran los resultados en las urnas del 12M y la posterior investidura del líder del PSC es que ni el tiempo ni la política están congelados en Catalunya. Y que los discursos encapsulados de Puigdemont y Feijóo se encuentran más entredicho que nunca a tenor de la opinión de los propios catalanes expresada en las urnas.

La conformación del nuevo Ejecutivo de Salvador Illa, criticada por sectores progresistas por la inclusión de perfiles que chirrían desde un eje izquierda-derecha, pretende encerrar una clara lectura en clave de cambio de ciclo. El líder del PSC interpreta que su Govern, sustentado en el Parlament en los votos independentistas de Esquerra además de los de los Comuns, no debe ser percibido como una revancha a una década de procés. Y por eso lo presentó como un Ejecutivo “transversal, representativo tanto territorialmente como socialmente del país”. Illa ha incorporado entre sus consellers a excargos de Junts, de ERC y de Ciu. 

Seis años de colaboración

El nuevo panorama catalán es en realidad fruto de seis largos años de colaboración de todas las izquierdas del estado desde la moción de censura contra Mariano Rajoy que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018. El primer gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos abrió después la puerta a una cooperación parlamentaria que se había ensayado en la moción de censura contra Rajoy pero que se volvió más estrecha y más estable entre los socialistas, la izquierda alternativa estatal y formaciones progresistas independentistas como EH Bildu, el BNG o ERC. 

El vuelvo a la estrategia política de los republicanos comenzó ya mientras su líder, Oriol Junqueras, permanecía en prisión cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Supremo en base a los delitos de sedición y malversación. El apoyo parlamentario que otorgaban los diputados de ERC en el Congreso a Pedro Sánchez fue de la mano de compromisos en forma de una política territorial arriesgada por parte del Ejecutivo, decidido a poner fin al conflicto con Catalunya. Lo que Sánchez ha llamado más de una vez hacer “de la necesidad virtud” y que ha implicado desdecirse muchas veces de algunas de sus promesas.

De esa forma, y en el marco de una “agenda del reencuentro” y de una mesa de negociación bilateral entre la Generalitat y la Moncloa, llegaron los indultos, primero, y la reforma del Código Penal en los tipos de malversación y sedición, después. Todos compromisos alcanzados con Esquerra. Los socialistas no tardaron en empezar a recoger en las urnas de Catalunya el fruto de una política que en otras muchas partes de España, en cambio, les penalizaba.

Así, ya en 2021 Salvador Illa consiguió que el PSC se convirtiera en la fuerza más votada, empatada a 33 parlamentarios con Esquerra. Sin embargo, la competencia en el seno del independentismo por mantener vivas las banderas del procès y los temores a pagar las consecuencias de la ruptura del bloque cortocircuitaron cualquier expectativa de colaboración de los republicanos con los socialistas. Y Pere Aragonès fue investido gracias al apoyo de Junts. 

El bloque independentista se mantuvo entonces vigente. Al menos, formalmente. Se formó un Govern de coalición entre ERC y Junts que no tardaría en saltar por los aires para hacer aún más visible la fractura real entre dos formaciones que habían llegado de la mano hasta el mismo precipicio de la declaración unilateral de independencia pero cuyas desconfianzas personales y divergencias de estrategias políticas se volvieron insalvables. 

Las elecciones del 12 de mayo terminaron de sepultar para el independentismo cualquier expectativa de poder viajar en el tiempo hasta 2017. Tras la aprobación de la ley de amnistía comprometida por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont para su reelección como presidente, el PSC de Salvador Illa se impuso claramente y el bloque independentista quedó mermado por lo votos: Junts y ERC se quedaron sin mayoría en el Parlament aún sumándole los apoyos de la CUP, otra gran damnificada en las urnas. Un batacazo sin precedentes.

Con un partido atravesado por una crisis interna fruto de esos resultados electorales, Esquerra afrontó dividida la negociación con los socialistas de un acuerdo de investidura de Illa que luego tenía que ser refrendado por unas bases igualmente fragmentadas. Una moneda al aire que salió cara gracias al 53,5% de los apoyos al pacto por parte de la militancia y que vino a consumar lo que parecía imposible hace no tanto: el acuerdo entre independentistas y no independentistas para gobernar Catalunya y para sepultar los bloques del procès. 

Los Mossos d'Esquadra citarán a declarar a Jordi Turull, secretario general de Junts en relación a la huida de Puigdemont la mañana de este jueves. El cuerpo policial niega que se haya emitido una orden de detención contra él, tal como han confirmado a elDiario.es.

Turull ha formado parte de la comitiva que estaba destinada a proteger a Carles Puigdemont en su desplazamiento entre el escenario donde ha dado su discurso y la entrada al Parlament. Pero pocos minutos después de bajar del escenario, el expresident ha desaparecido. Por eso, los Mossos requerirán a Turull que declare para intentar esclarecer lo sucedido.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirman que, por el momento, no hay ningunas diligencias abiertas ni ha ordenado ninguna detención ni citación para Turull en relación a este asunto ni se ha ordenado la detención de ninguna persona por orden judicial.

Tras la desaparición de Puigdemont, la policía ha activado la operación jaula, en el marco de la cual se han realizado controles en diferentes puntos clave de las carreteras catalanas. El dispositivo se ha desactivado al cabo de cinco horas, aunque los Mossos confirman que siguen buscando al expresident. 

De momento, se ha detenido a un mosso, propietario del coche en el que ha huido Puigdemont, por su presunta implicación en la huida. La policía catalana prevé nuevas detenciones.

En las elecciones generales del 23 de julio, la ciudadanía con su voto salvó la continuidad del Gobierno de progreso, pero no garantizó la gobernabilidad. Durante este año se ha hecho muy evidente. Ayer, especialmente, en un Pleno del Congreso en el que a los votos del PP y Vox se unieron los de Junts para bloquear la reforma de la ley de extranjería y al nuevo techo de gasto aprobado por el gobierno. 

Hay quien imputa las dificultades al continuum de elecciones celebradas durante este año. Me temo que la cosa es un poco más profunda y complicada. El factor determinante es, una vez más, la enrevesada situación en Catalunya y su impacto en la política española. 

No es nada nuevo, forma parte de nuestra historia democrática. El nacionalismo catalán y, aunque en menor medida, también el vasco han jugado en España el papel que en otros países han ejercido los partidos bisagra. Siempre que han podido han condicionado la gobernabilidad.

Pero el procés lo ha complicado todo. Una cosa era negociar con una CIU hegemónica en el mundo nacionalista y otra hacerlo con dos fuerzas, ERC y los neo convergentes, en una pugna insomne entre ellos. Esta situación complica brutalmente las cosas a sus interlocutores. Lo comprobamos con las negociaciones de la ley de amnistía y ahora con la investidura.

No me atrevo a vaticinar qué puede pasar en el futuro inmediato. No es nada fácil. Para intentar entender lo que sucede hay que usar técnicas casi detectivescas. Evitar las aparentes evidencias y hurgar en las zonas umbrías, donde suelen estar los datos determinantes. Para interpretar la actuación de los actores políticos resulta imprescindible descodificar los mensajes que lanzan para consumo mediático, y sortear las pistas falsas que van dejando en el camino. 

Sobre todo, conviene huir de las interpretaciones facilonas, de esas que no aguantan un telediario. La necesidad de los medios de tener noticias a cada minuto, persiguiendo insaciablemente la audiencia, tampoco ayuda. Por eso se agradece la labor de los buenos profesionales de la comunicación hurgando en las zonas más oscuras, al tiempo que se protegen y nos defienden de los omniscientes tertulianos y opinadores que siempre saben lo que va a pasar y lo explican con vehemencia. Eso sí, luego se olvidan de evaluar a posteriori sus predicciones.

Creo –aunque nunca se sabe– que al final habrá investidura de Salvador Illa. Ofrecí mi análisis y argumentos el pasado 24 de junio. Las cosas parecen evolucionar en este sentido. El tono de las portavoces de ERC ha cambiado, los gestos favorables al acuerdo también. La sucesión de reuniones entre el Gobierno español y el catalán en funciones para desbloquear temas pendientes apunta de que hay agua en la piscina y permite ser optimistas. 

La prueba definitiva de que las negociaciones de investidura van por buen camino la dio ayer Junts con su voto contrario a la reforma de la normativa de extranjería y al nuevo techo de gasto. Lo de menos era el contenido de las normas sometidas a votación, lo importante para Junts era marcar territorio ante el protagonismo de ERC y lanzar una advertencia y amenaza al Gobierno de coalición. 

En relación con la investidura, váyanse preparando para un tobogán de noticias aparentemente contradictorias en los próximos días. La liturgia de este tipo de negociaciones anticipa que se van a producir momentos de pre-ruptura y, aunque Marta Rovira exija plazos imperativos, me temo que la cosa va a durar algo más. Entre otras cosas porque los negociadores, especialmente ERC, necesitan escenificar ante los suyos más dificultades de las que ya de por sí existen, que son muchas. 

Además, la consulta a la militancia de ERC no permite estar seguros de nada. La situación interna de los republicanos es tan enrevesada –cada día con un escándalo nuevo– que puede pasar cualquier cosa. La presión por tierra, mar y aire que van a recibir las bases de ERC de la galaxia “Ítaca” va a ser brutal. Aunque creo que al final, en el voto de su militancia van a prevalecer dos factores emocionales, el instinto de supervivencia frente al abismo de nuevas elecciones y el sentimiento de rencor, cercano al odio, respecto a Junts. 

Lo que van a hacer los neo convergentes si Illa es investido presidente de la Generalitat creo que nadie lo sabe. Es posible que a estas alturas ni ellos. En su interior hay diversas almas, entre otras razones por las diferentes situaciones personales de sus dirigentes. Los que, en este contexto, se pueden sentir amortizados por la historia igual tienen la tentación de destrozarlo todo. Los que creen que ha llegado la oportunidad de rehacer el proyecto convergente, no sin antes dejar maltrechos a ERC, no romperán todas las cartas y querrán seguir jugando. 

En todo caso, aunque Junts se mantenga en el terreno de la política y no caiga en los cantos de sirena que le están lanzando desde la Brunete mediática para que apoye una moción de censura del Partido Popular contra Pedro Sánchez, todo apunta que esta legislatura va a continuar siendo muy compleja e inestable. 

Aunque tampoco daría nada por seguro. Ni tan siquiera que el voto en contra del nuevo techo de gasto presuponga un bloqueo a los presupuestos del 2025. Cabe la posibilidad de que Junts, después de la investidura de Illa, opte por hacerse sentir y quiera recuperar protagonismo en la elaboración de los PGE, exigiendo concesiones con las que alimentar su imaginario de una fuerza que solo responde a los intereses de Catalunya -lo que ellos entienden por eso, claro. 

Lo que sí parece seguro es que los siete votos de Junts condicionan mucho la actividad legislativa. De entrada, arrastra hacia posiciones más derechistas las políticas públicas. Aunque durante el procés se creó el espejismo de que Junts era una fuerza progresista, la realidad apunta a todo lo contrario. Quedan muy lejos las veleidades socialcristianas de algunos sectores de Unió y las poses de socialdemócrata nórdico que nos vendía el primer Jordi Pujol. 

Junts está mucho más a la derecha que CIU y en algunos aspectos su ideario es muy reaccionario. Por ejemplo, en materia de inmigración. El clima general del país y de Europa y la aparición de Alianza catalana constituyen un incentivo para que afloren las actitudes xenófobas que siempre han existido en CIU, pero que convivían con otras claramente progresistas.  

El programa del Gobierno de coalición está muy condicionado en su vertiente legislativa por la aritmética parlamentaria. Aprobar la reforma laboral no fue fácil, pero ahora en cualquier norma de calado, las posiciones conservadoras de Junts pueden jugar al bloqueo. Con el PNV en una discreta, pero siempre activa, posición para ver qué saca de lo “suyo”. Se está haciendo muy evidente con la reducción de la jornada máxima legal. La CEOE negocia con esta carta en su mano.

Quizás por eso el sindicalismo confederal ha anunciado que no va a dejarlo todo en manos de la lógica parlamentaria. CCOO y UGT han anunciado movilizaciones para septiembre, al tiempo que han hecho una clara apuesta por la concertación social. A sabiendas de que este puede ser el camino más lento, incluso insatisfactorio, pero el más seguro y el único que puede facilitar la aprobación de la reducción de la jornada máxima legal  

Estos días proliferan llamamientos de buena fe, cargados de voluntarismo, exigiendo al gobierno que avance en el cumplimiento del programa de coalición, como si la actual correlación de fuerzas parlamentarias no existiera. 

Ante ello, me atrevo a plantear –con la tranquilidad de no ser quien lo tiene que hacer viable– algunas sugerencias para que esta no sea una legislatura perdida en términos de políticas sociales. De entrada, conviene insistir en normas de gran impacto social para las personas, como la anunciada nueva regulación del despido en casos de personas en situación de incapacidad permanente total, acabando con la automaticidad del despido en estos casos, lo que provoca grandes injusticias. 

El Gobierno deberá también exprimir al máximo la potencialidad de normas que solo requieran la aprobación del Ejecutivo. Hay más margen del que parece y los acuerdos de los últimos consejos de ministros lo confirman. Algunos con medidas de gran trascendencia, como la oferta de empleo público, aunque el ruido impida atender su impacto. 

Junts y el PNV no pueden ser la coartada para devaluar los compromisos asumidos en el programa de gobierno. En la actual correlación de fuerzas parlamentarias, hay políticas, como las referidas al derecho a la vivienda, que solo saldrán adelante si van acompañadas de procesos de movilización social. Como siempre, por cierto. 

Mi percepción es que esta legislatura continuará siendo muy difícil en términos de producción legislativa, pero ni de lejos está acabada o perdida. Esta es la imagen que quieren fijar las derechas políticas y mediáticas, con la inestimable ayuda de algunos jueces y magistrados que han decidido utilizar sin límites ni controles el poder que han recibido de la ciudadanía. En estos tiempos tan gaseosos, casi nada dura mucho. Igual, antes de que se publique este artículo, la vida ya lo ha desmentido. Si es así, les prometo dejar constancia de ello y de mi error en el análisis.  

El expresident de la Generalitat Jordi Pujol y algunos de sus hijos han llegado pocos minutos antes de las 13h al tanatorio de Sant Gervasi (Barcelona), donde se celebra el velatorio de Marta Ferrusola, que murió la noche del lunes a los 89 años.

El primero en llegar ha sido Pujol, acompañado de familiares y sin hacer declaraciones a los medios. Posteriormente han llegado algunos de sus hijos: Josep, Oleguer, Pere y Oriol. Este último sí se ha dirigido a los periodistas para explicar que su madre ha fallecido “tranquila y en paz” y que toda la familia se ha podido despedir de ella.

Durante el día de hoy y durante el entierro -que se celebrará el miércoles en el mismo tanatorio- se espera la presencia de nombres de la política catalana y personalidades destacadas del entorno de Convergència como el expresident Artur Mas, quien ya ha dedicado palabras públicas de recuerdo para la difunta.

“Era una persona muy potente, intensa y que no ha dejado indiferente a nadie, ni quienes la quisieron ni quienes la combatieron”, ha dicho Mas en declaraciones en Ser Catalunya.

Por su parte, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha definido a Ferrusola como una persona “extraordinaria” y una “activista importante” dentro del partido.

La mayoría absoluta independentista pasó a la historia, pero el bloque de Junts, ERC y la CUP sigue valiendo para algo. Al menos, para conservar cuotas de poder institucional en Catalunya. Los independentistas han juntado sus votos para aupar al neoconvergente Josep Rull a la presidencia del Parlament. Junts retiene la segunda autoridad de Catalunya, lo que le da un papel protagonista en los primeros compases de la legislatura, pendientes de si el Tribunal Supremo aplica la amnistía a Carles Puigdemont.

A la espera de los jueces, Junts controlará el cuándo y el quién del debate de investidura, es decir, la fecha y el nombre del candidato a buscar la mayoría de la Cámara. Un asunto relevante de entrada pero que cobra más importancia ante el escenario incierto de Puigdemont. Las dudas sobre si el expresident será amnistiado dificultan su vuelta a tiempo de someterse a la investidura en junio.

Pasan los años, pero los jueces siguen allí. En 2018, el Supremo encarceló, en medio de su debate de investidura, a Jordi Turull, después de que la investidura a distancia de Puigdemont se constatara como ilegal. Más de un lustro después, el Alto Tribunal también está llamado a jugar un papel en la investidura catalana en función de cómo decida aplicar la ley de amnistía sobre Carles Puigdemont.

El independentismo espera que, ya pasadas las europeas, este martes la ley de amnistía se publique por fin en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que trasladará su aplicación a los jueces. Un calendario judicial que correrá en paralelo al político: Catalunya debe celebrar el primer debate de investidura, como tarde, el 25 de junio, una vez Rull lleve a cabo las rondas de consultas con los grupos y proponga a un candidato.

En función de la rapidez del Supremo en aplicar la amnistía y el artículo que obliga a los jueces a retirar las medidas cautelares contra los amnistiables (como la orden de prisión que Puigdemont tiene si pisa España), el expresident tendrá más números para poder estar en el Parlament el día 25. El Alto Tribunal, sin embargo, debe consultar a la Fiscalía y las acusaciones y defensas tanto de la causa del procés como del caso Tsunami (las dos causas en las que está investigado Puigdemont) antes de tomar una decisión.

Además, el Supremo dispone de dos meses de plazo para aplicar la ley, como todos los jueces. Las dos semanas que quedan para el debate de investidura y los trámites previos a la decisión del Supremo dibujan que Puigdemont puede necesitar más días para volver en libertad que las dos semanas que dispone el reglamento del Parlament para celebrar el primer debate de investidura.

En suma, el calendario de aplicación de la amnistía no garantiza que Puigdemont pueda regresar al Parlament. Ello conduce, en primer lugar, a una decisión personal del expresident sobre si cumplirá su promesa de volver para el pleno de investidura aunque ello suponga ser detenido, un riesgo que ha logrado esquivar con éxito durante seis años. 

Antes del movimiento de Puigdemont, la palabra la tendrá Rull para proponer a un candidato a la investidura. Constatado que el expresident no tiene mayoría, Rull tendrá que decidir si propone antes a Illa como candidato a la investidura, aunque solo sea de forma instrumental como candidato que sí puede estar físicamente en el Parlament el 25 de junio para que eche a andar la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral.

Pero algunas cábalas neoconvergentes también pasan por fórmulas algo más imaginativas (o que retuercen el reglamento, a juicio de la oposición), y que pasarían por proponer a Puigdemont como candidato a la investidura pero no celebrar un debate. Una interpretación muy ventajosa para los intereses de Junts de la fórmula hallada para activar la cuenta atrás electoral después de que el Supremo inhabilitara por primera vez en la historia a un president en activo (Quim Torra) y no se hallara ningún candidato para sucederle.

Nueva negociación

Superada la votación de la Mesa del Parlament, que volverá a tener mayoría independentista que ya no refleja el pleno, empieza ahora la negociación para la investidura. La llave la vuelve a tener ERC, que este lunes ha optado por apoyar a Junts y ha descartado un pacto de izquierdas con el PSC y los Comuns, pero que ya ha advertido que en nada le vincula para la investidura.

Aunque ahora la negociación vuelve a empezar, las conversaciones para la Mesa del Parlament dejan algunos roces entre los partidos. El PSC ha lamentado que ERC haya apoyado a Junts en vez de aceptar la presidencia del Parlament que les ofrecían los socialistas, a lo que los republicanos han replicado que se trataba de un “pacto oculto” que llevaba como consecuencia investir a Illa, algo que el partido independentista se resiste a considerar por ahora.

La portavoz del PSC, Alícia Romero, ha tendido la mano a ERC para conformar una “mayoría progresista” que lleve a Illa a la Generalitat, toda vez que es la única suma que alcanza los 68 diputados que conforman la mayoría de la Cámara. En la misma línea se ha situado David Cid, de los Comuns: “ERC debe decidir entre un Govern progresista o repetir elecciones, que es lo que quiere Junts”. Los socialistas han rechazado buscar en la Mesa del Parlament una operación con los votos de los Comus y PP, conscientes de que supondría un mal punto de partida para las negociaciones con ERC de cara a la Generalitat.

Fuentes de ERC han restado relevancia a la elección de Rull. “Ya votamos a Laura Borràs y no fue una represaliada”, sentenciaban desde la formación tras el pleno. El partido insistía en que no le supone ningún drama haber priorizado mantener la mayoría independentista en la Mesa frente a la presidencia de la Cámara que le habían ofrecido los socialistas.

Pero lo cierto es que Junts ha puesto a última hora el nombre de Rull sobre la mesa y que no se ha abierto a votar a un candidato republicano, lo que ha sentado mal en filas de ERC. En este partido incluso reprochaban a Junts haber filtrado “demasiado pronto” (faltaban cuatro horas para el pleno) el nombre de Rull, y temían una operación con los votos de Vox para quitar al independentismo la presidencia del Parlament. Con reproches y sin sonrisas, pero ERC y a CUP han vuelto a ceder al órdago neoconvergente.

Hemos vivido cinco días políticamente convulsos e inciertos del mes de abril y estamos en vísperas de las elecciones catalanas. Volviendo a los hechos de abril, era evidente que desde hacía tiempo se venían difundiendo en los medios de comunicación determinadas actividades profesionales de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, algunas de ellas muy anteriores a que llegase a instalarse en el Palacio de la Moncloa. Cualquiera puede conocerlas con detalle si entra en los buscadores digitales. Como era de esperar, dado el ambiente político que preside el debate y la confrontación que impera en nuestra vida democrática, en un primer momento todo había quedado en críticas, petición de responsabilidades políticas y comparecencias en comisiones de investigación. Súbitamente, el pasado 24 de abril, el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid abre unas diligencias penales de investigación contra ella, en virtud de una simple denuncia del colectivo Manos Limpias, que, como puede comprobarse en el escueto escrito, carece en absoluto de legitimación para presentarla. No obstante, la causa sigue adelante.

La grave decisión de criminalizar unas actividades profesionales impactó emocionalmente, como es lógico, en su esposo el presidente del Gobierno, que, en mi opinión y con absoluto respeto a sus sentimientos, reaccionó de forma equivocada. La situación era inédita y no tenía precedentes en nuestra historia democrática, pero no era suficiente para provocar un paréntesis paralizador de las actividades del Ejecutivo que provoca la natural inestabilidad política y la consiguiente intranquilidad entre la ciudadanía y en las esferas económicas nacionales y extranjeras. Por otro lado, conviene recordar que la Ley del Gobierno solo contempla la dimisión, en ningún caso la suspensión de las actividades del presidente. 

Al conocer la noticia de la decisión judicial, sale precipitadamente del hemiciclo, se refugia en el espacio de su intimidad y decide redactar un escrito dirigido a todos los ciudadanos que recoge unas reflexiones personales, denunciando todo lo que está aconteciendo en el mundo político, mediático y judicial. Seguramente el silencio absoluto hubiera sido una muestra de insensibilidad personal, e incluso la cólera me parece justificada, pero ambos sentimientos, personalmente respetables, creo que no justifican una decisión como la adoptada.  

Después de cinco días frenéticos, en los que se dispararon las especulaciones sobre las causas de la dimisión y los pronósticos sobre la decisión que adoptaría una vez transcurrido el periodo de reflexión, reaparece solemnemente en las escalinatas del Palacio de la Moncloa anunciando que continuará en el cargo. Lee un comunicado en el que se entremezclan las duras críticas al clima creado por los medios de comunicación, con especiales reproches a la actitud y manifestaciones de los líderes de la oposición. Utiliza un signo ortográfico, el punto y aparte, como metáfora para anunciar un cambio en la política venidera. Sostiene y lo comparto que la “difamación personal y familiar nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego”.

Nada que objetar a su propósito de avanzar en la conquista, consolidación y mejora de los derechos y libertades que proclama nuestra Constitución y todos los Tratados internacionales sobre los derechos humanos. Lamentablemente la necesaria regeneración democrática requiere algo más que el Boletín Oficial del Estado. Las convicciones democráticas necesitan ser cultivadas desde la escuela y fortalecidas con la formación continuada en los valores de la convivencia, la tolerancia y el respeto por el disidente y el extraño. Se va construyendo día a día.  

Cuando entre en vigor la ley de amnistía, es posible que la continuidad de la legislatura se consolide y resista. Después de las elecciones catalanas y europeas queda mucha política social y económica por hacer que no nace de un punto y aparte sino de inactividades del pasado. Una ley de viviendas, salarios, jornada laboral y sistema tributario, entre otras, podrían vivificar la legislatura. Una ley de seguridad ciudadana es imprescindible en democracia, pero hay que eliminar artículos que coartan el ejercicio de derechos fundamentales reprimidos, recortados y sancionados con multas exorbitantes. Siempre debe estar presente el artículo 10 de la Constitución en el que se puede leer que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 

En estos momentos, todo está pendiente del resultado de las elecciones catalanas. La habitual irrupción de las terminales judiciales en los procesos políticos ha introducido una variante que altera el tablero electoral que se venía detectando desde hacía unos meses. Los avances demoscópicos daban un triunfo arrollador a PSC y a Salvador Illa, seguido de ERC y en un tercer lugar Junts. En mi opinión, todo cambia el 24 de enero cuando el juez Garcia-Castellón, con la anuencia del juez Marchena y su Sala, deciden incluir en su investigación sobre Tsunami Democrátic, que consideran organización terrorista, a Carles Puigdemont. A pesar de este fantasmagórico pronunciamiento, es incomprensible que sigan sin emitir una orden de detención y entrega contra un “terrorista”, sabiendo que, en estos momentos, tiene su residencia a pocos kilómetros de la frontera. Considerar a una plataforma ciudadana, que se constituyó con el exclusivo propósito de organizar protestas por la injustificada condena de los políticos independentistas, como una organización terrorista ha provocado un natural malestar y rechazo en gran parte de la sociedad catalana, independientemente de su adscripción política.

La encuesta realizada para el grupo Prisa, entre el 30 de abril y el 2 de mayo, refleja una subida espectacular de Junts que, en su franja alta, se acerca a dos escaños del PSC si este se queda en la franja baja. Todavía faltan unos días hasta el 12 de mayo para que las especulaciones se conviertan en una realidad estadísticamente contabilizada. Si se consolida esta tendencia, Junts y ERC conformarían una mayoría absoluta, con o sin la posible aportación de la CUP, que cambiaría totalmente el panorama político catalán. 

ERC, partido comprometido con la democracia y los avances sociales, se podría encontrar en una encrucijada. Integrarse en un tripartito ya experimentado en el pasado (con PSC y Comuns) o participar en un gobierno independentista con la presidencia de Carles Puigdemont, que sería muy difícil de rechazar sin crear un conflicto de consecuencias imprevisibles. Nos queda la tranquilidad de su promesa de seguir con el actual compromiso de apoyar al Gobierno en el Parlamento español.

La pelota está en el tejado de Junts, que tiene la oportunidad de decantarse por el apoyo parlamentario en Madrid o provocar una crisis que nos lleve a una moción de confianza de consecuencias imprevisibles. Si añadimos que la encuesta sitúa a Carles Puigdemont en el primer lugar de  preferencia de los lideres, no es descartable que pueda comprometer la  supervivencia   del Gobierno de coalición.   

Los demócratas españoles que, ciertamente en un número reducido, nos hemos pronunciado en contra de la condena por la Sala Segunda contra actividades político parlamentarias incuestionablemente inconstitucionales pero en absoluto constitutivas de delito, estamos legitimados para solicitar de Junts que, con sus siete escaños, mantenga, por lo menos durante un tiempo razonable, el difícil equilibrio actual, puesto en cuestión por los últimos acontecimientos. La alternativa es la convocatoria de nuevas elecciones generales que podrían –no es tan seguro como piensan sus lideres– dar paso a una forma de gobernar que ya han puesto de manifiesto en la Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los que forman coalición PP y Vox.  El domingo 12 de mayo nos jugamos algo más que el gobierno de la Generalitat.  

El PSC ganaría las elecciones catalanas del 12 de mayo con una estimación de voto de entre 29,8% y 33,2%, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El barómetro recoge una subida de los de Salvador Illa respecto a la entrega del pasado 25 de abril, cuando calculó que llegaría al 27,6%. Según el CIS, Junts y ERC pelean por la segunda plaza con un margen de unas pocas décimas.

El barómetro de este lunes es el último antes de los comicios, ya que la ley impide publicar sondeos desde esta noche. En esta ocasión no hay estimación de escaños, como en la última entrega.

El CIS señala que el PSC de Salvador Illa ganaría las elecciones con entre 29,8% y 33,2% de los votos, más de dos puntos que en la entrega de hace semana y media y muy por encima del resultado de 2021, cuando obtuvieron el 23% de los votos.

El ganador de las elecciones está claro, pero la segunda plaza se disputa por apenas unas décimas. La candidatura de Junts, que encabeza Carles Puigdemont, lograría entre el 15,4% y el 18,1% de los votos, mientras que para ERC el CIS estima que obtendría entre el 15,2% y el 17,9%. El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quedaría en tercera posición por apenas dos décimas, que debido al margen de error de la encuesta suponen un empate técnico.

Para ambas formaciones independentistas, los resultados del CIS suponen un retroceso respecto a los conseguidos en 2021. Junts obtuvo el 20,1% de los votos y ERC el 21,3%

El barómetro de este lunes señala que el PP logra una importante subida y obtendría entre el 9,6% y el 11,9% de los votos, frente al batacazo de 2021 cuando se quedó solo con el 3,9% de los votos. La subida que experimenta ahora la candidatura liderada por Alejandro Fernández se debe a las caídas de sus competidores en la derecha: Vox pasa del 7,7% a obtener entre un 5,8% y un 7,5% y Ciudadanos del 6,7% a quedarse solo con entre el 0,5% y el 1% de los votos.

La candidatura de Comuns Sumar, que lidera Jéssica Albiach, se quedará con entre el 5% y el 6,7% de los votos, frente al 6,9% de hace tres años.

La CUP, por su parte, logrará entre el 3,2% y el 4,6%, frente al 6,7% de las elecciones de 2021. Aliança Catalana, que se presenta por primera vez, obtendrá entre el 3% y el 4,4% de los votos.

En cuanto a las valoraciones de los candidatos, Salvador Illa es el que mejor nota obtiene con un 5,42, seguido de Pere Aragonès con un 4,77 y Jéssica Albiach con un 4,30. Ya por debajo del 4 se sitúa Carles Puigdemont (3,86), Clara Ponsatí (Alhora) con un 3,55 y Laia Estrada (CUP) con un 3,42.

La lista la cierran, con las cuatro peores notas, Alejandro Fernández, del PP, con un 2,99, Sílvia Orriols (Aliança C.) con un 2,83, el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, con un 2,49 y el de Vox, Ignacio Garriga, que es el peor valorado con un 2,15.

Según el CIS, la victoria de Illa se va a sustentar en parte en que retiene a buena parte de su electorado: un 79,4% volverá a meter la papeleta del PSC en la urna. Además, recoge a antiguos votantes de Comuns (29,4%) Ciudadanos (22,1%), ERC (11,7%) y Junts (6,3%).

El partido con los votantes más fieles es el PP, que supera al PSC por cuatro décimas. En su caso, recoge también antiguos electores de Ciudadanos (44,5%) y Vox (25,6%).

El candidato Salvador Illa da por seguro que, sea cuál sea el resultado de las elecciones el 12M, se presentará a la investidura y que espera contar con los votos de una mayoría parlamentaria, incluido Junts. En una rueda de prensa en la agencia EFE, el socialista ha insistido en presentarse como el único con opciones de alcanzar el Palau de la Generalitat y romper con el liderazgo independentista. 

Illa descartó en los últimos días alcanzar a acuerdos con Carles Puigdemont, y más todavía investir al candidato de Junts si gana los comicios. Pero al mismo tiempo ha interpelado a la formación neoconvergente ante una investidura suya. “En ningún caso mi grupo dará sus votos para investir a Puigdemont, estamos en planteamientos políticos muy alejados y no lo contemplo. Yo me voy a presentar, la cuestión es si ellos van a seguir bloqueando Catalunya”, ha expresado. 

Con unas encuestas que coinciden en darle ganador de las elecciones el 12M, Illa ya piensa en cómo alcanzar la mayoría que le propulse a la presidencia. Para ello, ha asegurado que no descarta un gobierno en minoría con apoyos parlamentarios o una coalición con formaciones de izquierdas. “Lo relevante es que haya estabilidad durante los próximos cuatro años y tener capacidad de pactar y acordar”, ha expresado el candidato. 

Una posibilidad que sin duda contempla Illa sería la de sumar con ERC y Comuns, aunque especialmente los republicanos lo vean lejos. “Es una fórmula posible”, se ha limitado a afirmar ante la prensa, aunque luego ha insistido en que su “prioridad” es pactar el programa con objetivos como mejorar las infraestructuras para combatir la sequía, aumentar la potencia instalada en renovables o frenar y revertir el descenso en los resultados educativos. 

En su intervención, Illa también ha tenido que valorar la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Y aunque ha asegurado que no le gustan las corridas de toros, que en Catalunya están prohibidas desde 2010, ha añadido que hubiera esperado del ministro que buscara “un poco más de consenso” a la hora de tomar la decisión.

El candidato de Junts a las elecciones catalanas, el expresident Carles Puigdemont, ha suspendido su agenda de campaña tras comunicar el fallecimiento de su madre en Girona. “Todos mis hermanos pudieron estar a su lado hasta el final, y no le faltó calor ni el excelente trato humano y profesional del personal de los hospitales Trueta y el Instituto de Asistencia Sanitaria”, ha afirmado en un mensaje en la red social X.

Puigdemont ha lamentado que su madre se haya ido “demasiado pronto” y ha remarcado que, pese a su ausencia, la mano de su hija ha sido también la suya. “De alguna manera yo también estaba presente”, ha añadido el expresidente de la Generalitat, que permanecía en Bruselas desde 2017 hasta que hace unas semanas trasladó su domicilio cerca de Perpiñán.

A Puigdemont le sustituirá este lunes el secretario general del partido, Jordi Turull, en el mitin previsto por la tarde en Argelès-sur-Mer.

La agenda electoral catalana ha quedado también alterada por la comparecencia anunciada por Pedro Sánchez este lunes, donde deberá desvelar su futuro. Varios partidos catalanes han anunciado modificaciones de sus actos, después de que el período de reflexión del presidente haya monopolizando el arranque de campaña.

El president y candidato de ERC, Pere Aragonès, tenía una rueda de prensa en la agencia EFE a las 10.30 que ha quedado suspendida. El socialista Salvador Illa, por su parte, ha cambiado el horario de su entrevista en la agencia ACN. Los Comuns Sumar también tenían un acto este mediodía con la candidata Jéssica Albiach y el ministro Ernest Urtasun y al final lo han cambiado por una comparecencia en su sede.

Junts per Catalunya ha emulado el modelo fiscal que vienen desplegando las comunidades gobernadas por el PP y ha propuesto una “revisión” de impuestos autonómicos que pagan los catalanes para su “reducción”, o incluso su eventual “supresión”. Así consta en el programa electoral que el partido ha presentado este viernes.

En materia de fiscalidad, además de la tradicional reclamación de recaudar todos los impuestos, Junts se ha comprometido a presentar un “paquete de estímulo económico con medidas fiscales que incentiven la inversión y el consumo”, así como a una “revisión de la fiscalidad”. El objetivo, según Junts, es “parar la presión fiscal, bajar e incluso suprimir impuestos ante el agravio competitivo que supone para el tejido económico y la captación de inversiones”.

En 2021, el programa de Junts abogaba por proteger a los trabajadores más vulnerables y a personas en riesgo de exclusión con modificaciones tributarias para estos colectivos, y proponía rebajas en el IVA para productos de consumo habitual para las familias. Las rebajas de impuestos se limitaban a autónomos y empresas. E incluso quería nuevas tasas para gravar “inversiones especulativas” o avanzar en la fiscalidad ambiental.

Tres años después, el barniz socialdemócrata se ha disuelto del programa electoral del partido de Puigdemont. La formación independentista abraza ahora las tesis de rebajas generalizadas de impuestos propias del liberalismo clásico y que en España, en los últimos años, se han impuesto en las comunidades donde gobierna el PP.

No concreta, por ahora, Junts en su programa qué impuestos –los propios que recauda la Agencia Tributaria de Catalunya o el tramo autonómico de IRPF– deberían rebajarse. En la pasada legislatura, Junts propuso, como condición para apoyar los presupuestos, eliminar el impuesto de Sucesiones, pese a ser uno de los tributos más progresivos y que más redistribuyen la riqueza: en 2022, solo el 6% de los herederos pagó más de 10.000.

En conjunto, de los de los 36.000 catalanes que pagaron algo por haber recibido una herencia, unos 27.200 abonaron una cantidad que suponía menos de 10.000 euros en total, de los cuales la mitad fueron tasados incluso con menos de 1.000 euros.

Con la presentación del programa de Junts, se dibuja un eje clásico entre izquierda y derecha entre los partidos que se presentan a los comicios del 12M: mientras los de Puigdemont y el PP abogan por rebajas de impuestos, las distintas opciones de izquierdas han defendido mantener los tipos actuales así como figuras como la del impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya supresión es uno de los objetivos tradicionales de la derecha (Artur Mas quiso eliminarlo pero la crisis económica obligó a recuperarlo).

Tanto el PSC –Salvador Illa lo explicitó hace unos días ante el Círculo Ecuestre, uno de los escenarios de las clases privilegiadas de Barcelona– como ERC, los comuns y la CUP rechazan rebajar impuestos y reclaman mantener los actuales tipos o incluso gravar más la contaminación o las grandes fortunas.