Los vecinos de Cacheiras (Teo), casi en el límite municipal de Santiago, están en pie de guerra contra la creación de una planta de tratamiento de residuos de construcción a unos metros de sus casas. El proyecto llega cuando todavía se están apagando los ecos de la última victoria ciudadana contra otro depósito en la antigua cantera de A Casalonga. Entonces, el ayuntamiento —gobernado por la plataforma Son de Teo y el PSOE— se opuso con firmeza al proyecto. En aquellas primeras movilizaciones, llegó a tomar parte la actual número dos del PP gallego, Paula Prado, por entonces vecina de la zona. Hoy, el consistorio popular se pone de perfil. Más allá de un cambio en el color político, lo que marca la diferencia es una reforma de la Ley del Suelo de Galicia que, desde hace poco más de dos años, permite levantar estas instalaciones en suelo rústico. Una reforma de la que nadie —o casi nadie— parecía haberse enterado.

Los presupuestos de la Xunta de 2023 fueron los primeros de Alfonso Rueda, aún interino, tras la marcha a Madrid de Alberto Núñez Feijóo. Aquellas cuentas, publicitadas un año más como “las más elevadas de la historia”, llevaban incluidas varias sorpresas, como una bonificación al impuesto de patrimonio que el nuevo presidente presentó en un foro privado y no en sus comparecencias públicas. No era la única. La ley de acompañamiento —ese coche escoba que el mismo PP que se opone a decretos ómnibus en el Congreso utiliza para eternizar a un director xeral en la CRTVG como para modificar la legislación sobre incendios forestales— abría la mano para la instalación de esta tipo de estructuras. Algo que, aparentemente, pasó totalmente desapercibido. Hasta ahora.

El artículo 35 de la Ley del Suelo de Galicia de 2016 define cuáles eran los usos y actividades permitidos en suelo rústico. Su apartado m) decía así: “Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de residuos siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren”.

En 2018, el entonces alcalde de Teo, Rafa Sisto, remitía al Consello Consultivo de Galicia una pregunta sobre los usos autorizables en ese suelo rústico. Sisto encontraba una “fricción” entre la normativa estatal y la gallega que, a su entender, “parece querer ampliar los usos posibles”. En su respuesta, el que era presidente del órgano, José Luis Costa Pillado —muy próximo a Núñez Feijóo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial— entiende que los usos son “propiamente dotacionales”, es decir, “instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos”. “Por el contrario”, continúa el informe, “una interpretación 'extensiva' del artículo 35.m) que se utilice para dar cobertura a la implantación de usos de carácter no dotacional en suelo rústico colisionaría con la necesaria interpretación restrictiva derivada de los términos” de la ley.

En 2016, el Ministerio de Medio Ambiente había emitido el decreto en el que se refundía el texto de la Ley de control y prevención de la contaminación. En él se recogía que, ante una instalación de estas características, un informe urbanístico negativo del ayuntamiento emitido antes de la autorización ambiental integrada supondría el fin del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Tres palabras

La ley de acompañamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, dio un vuelco a esta situación con la inclusión, de forma subrepticia, de sólo tres palabras. Añadía “públicas y privadas” al conjunto de instalaciones permitidas en suelo rústico y que, hasta ese momento —como bien interpretaba el Consello Consultivo—, se limitaban al carácter dotacional, con independencia de cuál fuese su titularidad. El camino quedaba despejado.

Entre el maremagnum de medidas incluidas en aquel texto legislativo, esta modificación pasó totalmente desapercibida. Tanto que no hubo ni siquiera una argumentación que la respaldase, ya no en público, sino en el propio texto legislativo. En otro informe del Consello, emitido tres meses después del cambio a petición del concello de Lalín (Pontevedra), el ponente Ignacio de Loyola Aranguren Pérez, era contundente: “A pesar de que, de una forma ciertamente incomprensible, la exposición de motivos de la citada ley omite todo tipo de referencia a este cambio normativo —ofrece una explicación de todos los cambios realizados excepto este—, el precepto es claro para incluir instalaciones privadas de gestión y tratamiento de residuos dentro de los usos admisibles en suelo rústico”.

La Xunta sí ha motivado el cambio en la ley a preguntas de elDiario.es. Se remite, en primer lugar, al artículo 13 del real decreto de 2015 que aprueba el texto refundida de la ley del suelo y rehabilitación urbana: “con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

El reglamento que desarrolla la ley gallega señala que esas dotaciones urbanísticas son “el conjunto de instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; pueden ser de uso y titularidad públicos o privados”. Por último, asegura que, con esta modificación, “se aclara que también es posible implantar instalaciones e infraestructuras privadas, en la medida en que participan de ese interés social al que se refiere la norma básica estatal”.

En casos como las plantas de gestión de residuos, ese supuesto “interés social” ya fue puesto en cuestión por el Consello Consultivo. En su respuesta a Lalín —posterior a la modificación—, aseguraba que “la actividad de almacenamiento y tratamiento de residuos industriales no está relacionado con la explotación racional de los recursos naturales del suelo rústico” e, incluso, “podría considerarse incompatible” con la preservación de sus valores naturales, “pero lo cierto es que la dicción literal de la Ley lo permite”. Algo bien distinto sería, por ejemplo, un depósito de la empresa concesionaria de la traída de aguas. A eso se refería el reglamento cuando hablaba de un posible “uso o titularidad privada” sin perder el carácter dotacional de la infraestructura.

“Por mí, se instalaría en el polígono industrial”

Esa reforma casi clandestina dio al Concello de Teo la coartada que necesitaba para no oponerse a la decisión de la Xunta. Ante la indignación vecinal, que sólo conoció el proyecto una vez se había aprobado su autorización ambiental integrada, la alcaldesa, Lucía Calvo, emitía un comunicado para defender que “ni tiene ni tuvo potestad alguna para autorizar o no la gestora de residuos de la construcción”.

“Se trata de una competencia exclusiva de la administración autonómica donde el gobierno local no puede emitir ningún tipo de informe vinculante”, dice antes de citar el famoso artículo 35.m). “Conforme a la legislación ambiental, el ente autonómico únicamente pidió al Concello un informe de viabilidad urbanística de la parcela, el cual ni tan siquiera fue emitido, sin tener opción a ninguna alegación o posicionamiento”. Con la apertura legal a instalaciones privadas, el veto municipal recogido en el decreto de Medio Ambiente ya no era posible. Incluso si hubiese intentado aplicarlo.

“El Ayuntamiento quiere dejar claro que esta empresa cuenta con autorización ambiental de la Administración autonómica, no por el Concello, y así se le trasladó a los vecinos”, continúa. Según ellos mismos contaron tras ese encuentro, la indignación de los vecinos tenía otro motivo: que la alcaldesa conocía que se estaba tramitando esa autorización y no los avisó, lo que impidió que pudiesen alegar contra el proyecto dentro de plazo. El gobierno local, que sí tuvo opción, prefirió no hacerlo. Era su forma, dicen que les dijo, de defender mejor sus intereses.

La plataforma vecinal trasladó su malestar a las puertas del ayuntamiento durante la celebración de un pleno, un acto que la alcaldesa consideró “un escrache” y del que, siguiendo el manual del PPdeG —del que su amiga, y antigua vecina, Paula Prado, es el mejor ejemplo— culpó al BNG y al sindicato CIG. “Si fuera por mí, esa planta no se instalaría en este punto, sino que se ubicaría en el futuro polígono industrial”, argumentaba la propia Calvo tras la sesión. ¿Una crítica velada a la modificación impulsada por su propio partido?

Los vecinos continuarán con su lucha y estudian tanto vías políticas como judiciales para intentar frenar una instalación que, están convencidos, traerá ruidos, contaminación por polvo en suspensión —pese a las promesas de “regar” durante el verano— y un tráfico constante de camiones por unas pistas forestales por las que no caben dos vehículos en paralelo. Todo, a escasos metros de dos núcleos de población, las aldeas de Feros y A Torre, en una zona rural donde el metro cuadrado es mucho más barato que en cualquier polígono industrial y en donde, antes del cambio en la ley, una instalación como ésta no hubiese encontrado encaje. Ahora, puede ser la primera de muchas.

La Guardia Civil del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) investiga a cuatro personas como presuntos autores de un delito de traslado ilícito de residuos. Les acusa de acumular más de 2.000 toneladas de residuos textiles procedentes de países africanos en los municipios de San Roque y La Línea de la Concepción.

La investigación comenzó tras tener conocimiento, a través del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la existencia del acopio de una gran cantidad de restos textiles en una nave de Campamento, en San Roque, y en el antiguo vertedero de La Línea de la Concepción, ha detallado la Guardia Civil en una nota.

Las actuaciones llevadas han puesto de manifiesto que la mercancía era transportada en camiones desde terceros países, principalmente de Marruecos, entrando en España a través el puerto de Algeciras.

Así, se han contabilizado 97 traslados de residuos textiles sin la correspondiente autorización ni licencia para la gestión, depósito y almacenamiento de este tipo de residuos. El total de la mercancía acumulada asciende a más de 2.000 toneladas.

Los restos textiles se encontraban en una zona no habilitada para el correcto almacenamiento de estos residuos, incumpliendo la normativa europea e internacional y provocaba una situación de riesgo alto de incendios.

Por estos hechos, han sido investigadas cuatro personas como presuntos autores de un delito de traslado ilícito de residuos, castigado con penas de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a 18 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres a un año.

El digestato es un subproducto derivado la generación de biogás y biometano. Se trata de un material sólido-líquido residual rico en nutrientes resultante de la digestión anaeróbica de materia orgánica: desechos agrícolas, ganaderos o urbanos.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, una planta de biogás produce digestato en una cantidad que equivale en torno al 90% de la materia orgánica introducida en el biodigestor, ya que solo una pequeña parte se convierte en biogás. Generalmente, se obtiene aproximadamente una tonelada de digestato por cada tonelada de residuo fresco procesado, variando según la humedad del sustrato.

Así, en los últimos años, este residuo se ha convertido en un quebradero de cabeza para las nuevas instalaciones de biogás o biometano que proliferan en toda España. Porque su tratamiento final se está realizando a base de su conversión en compostaje, una actividad que principalmente se realiza al aire libre, tiene impacto ambiental y produce malos olores, lo que ha desatado numerosas denuncias de los colectivos ecologistas.

Estas asociaciones consideran que la extensión de este residuo en los campos circundantes a las plantas de biogás es “inviable”, ya no solo ambientalmente, sino que puede provocar impactos en los acuíferos y en la contaminación por nitratos.

Por eso es una de las trabas que están encontrando en Castilla-La Mancha los más de 70 proyectos de producción de biogás que están intentando instalarse en la región o que ya operan en ella. La mayoría cuenta con la oposición vecinal y en algunos casos de los propios ayuntamientos, lo que ha llevado incluso a ordenanzas municipales para prohibir su instalación.

Este es el contexto que una start-up española lleva años estudiando para ofrecer una solución a la gestión de este residuo. La empresa es Biotecnología Bioeconómica y opera en todo el país, pero está especialmente interesada en el territorio castellanomanchego, al ver la contestación social derivada de los problemas que genera el digestato.

Del estudio de valoración a la patente

Su apoderado, Javier Martínez, explica que la compañía, fundada en 2023, tiene como objetivo la gestión de residuos orgánicos (principalmente digestato y lodos de depuradoras de aguas residuales) para convertirlos en productos de alto valor como grasas, aceites y fertilizantes para la agricultura. Es decir, trabaja en la valorización de residuos y además genera créditos de carbono (permiten a las empresas obtener compensaciones económicas por no generar contaminación).

Pese a su reciente fundación, esta empresa lleva estudiando la gestión de residuos desde hace ocho años. Ha patentado el biodigestor ‘Aerobio’ para residuos orgánicos. Comenzó ofreciendo esta solución al sector ganadero para el tratamiento de purines y estiércol, pero ahora quiere fomentar su actividad en el área del biogás y el biometano, como “líderes del mercado en captación de residuos”.

“Actualmente, ninguna planta de biogás en España ha encontrado solución ambiental al problema del digestato. Todo el mundo sabe que es un problema, lo reconocen en privado, pero pasan por encima de la solución”, afirma Martínez.

Como ejemplo pone a la planta de biometano de Noez, en los Montes de Toledo, cuya puesta en marcha provocó las protestas del pueblo vecino de Casasbuenas, a cuya vecindad afectan los malos olores derivados del tratamiento de residuos. Es una instalación que esta empresa ha estado analizando.

Pero, ¿en qué consiste su solución? La start up ha detectado que los técnicos de las administraciones públicas “retardan” las concesiones medioambientales porque las soluciones de los promotores de biogás se encuentran, al generar digestato, con el mismo problema que el de los purines y los estiércoles de las macrogranjas. “Porque el compost es una palabra mágica, pero no es un buen fertilizante y su elaboración se hace al aire y tiene impacto ambiental. Además, supone un gasto para los promotores de biometano”.

Estudiaron así las cualidades del digestato y comprobaron que en la mayoría de los casos pierde valor nutritivo, pero si se le añaden algunos “correctores”, existe una solución. “Se basa, fundamentalmente en ponerlo a dieta, en complementarlo”.

El proceso se inicia con un análisis nutricional del residuo. “Vemos qué le falta para que sea más completo, generalmente proteínas o carbohidratos”. Posteriormente, se mezcla, se tritura y con eso se pone “a dieta”. Posteriormente, en el biodigestor, se mezcla ese producto con las larvas de la mosca 'soldado negra', que se crían en la misma nave y la utiliza como elemento de crecimiento y de aprovechamiento.

“En 15 días hace desaparecer la dieta, se desarrolla y, cuando eso ocurre, extraemos de la larva todos sus componentes, como se extrae el aceite de una aceituna. Los procesamos allí mismo y los convertimos en productos finales para uso agrícola”, detalla el apoderado de la compañía.

Según afirma, en ese momento “ya no hay residuo, desaparece”. Lo que se obtiene cada dos semanas son “productos de valor”, que se ofrecen en 'biopacks' y que son “incluso más rentables que el propio gas” en cuanto al retorno de la inversión.

Una de las ventajas que esta empresa destaca es que el proceso se realiza en naves que ellos mismos se encargan de instalar en los terrenos de las plantas de biogás, a la medida de su nivel de producción. Estas naves, destaca, no tienen impacto ambiental, son herméticas y están climáticamente controladas. “Da igual la climatología exterior, porque dentro se mantienen las mismas condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire”.

“Si la instalamos en el mismo terreno en el que está la planta de biogás y nos dan acceso al tubo por el que sale el digestato, este residuo ni siquiera tocaría el aire de la calle y desaparecería en nuestra planta. Sale ya convertido en grasas, aminoácidos, fertilizantes. Ahí ya no existe el problema”.

Una vez puesta en marcha, a los dos meses, ya funciona siempre igual, con el mismo proceso, al tratarse de un circuito cerrado. “También genera empleo local porque contratamos a gente de la zona y nos encargamos de la formación”. Asimismo, los productos finales, los bioestimulantes, se intentan vender a los agricultores del pueblo y de la comarca.

¿Y el impacto ambiental y la financiación?

Otra ventaja que ensalzan: es la propia empresa la que tramita con la Administración autonómica su expediente de impacto ambiental. “Lo hacemos nosotros como empresa independiente. La promotora de la planta de biogás no tiene que hacer nada, e incluso puede solicitar un expediente informativo de mejora, lo que optimizaría su posición” en cuanto al impacto ambiental.

Una planta pequeña de tratamiento de digestato puede costarle a Biotecnología Bioeconómica entre 9 y 12 millones de euros, para su uso durante 20 años. Sin embargo, las ofrecen de manera gratuita. “Nos ocupamos de todas las inversiones y de vender el producto final. En cada planta, constituimos una ‘Sociedad Proyecto’ (SPV en sus siglas en inglés) y buscamos fondos de inversión o de capital riesgo para financiarlo”. Actualmente, la empresa tiene un acuerdo con una de las cuatro grandes consultoras, las denominadas Big Four, para que se encargue de buscar los fondos de inversión.

La empresa dice haber constatado que “se retribuye muy bien al inversionista” y que esta mecánica les permite “ser autónomos” y no cobrar a la planta de biogás. “Eso le supone un ahorro de dinero, pero también otro más importante, que es el ahorro medioambiental”.

Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero

No obstante, en esta empresa lamentan que a los promotores “les cuesta trabajo” contratar esta solución, cuando “deberían entender que la autorización ambiental será más ágil, porque somos muy eficientes medioambientalmente”. “Nos cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses cruzados”, lamentan.

 “Creemos que tenemos el mejor sistema de gestión del digestato y de los lodos de depuradora. Hacemos desaparecer in situ el problema del residuo y las plantas ganan una calificación mayor. Debería estar la gente llamándonos a la puerta, pero no hay manera. Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero”, concluye Javier Martínez.

Esta empresa ya tiene una nave “pendiente de permisos” en una planta de biogás de Lleida, donde se procesan hasta 30.000 toneladas de digestato en un terreno de dos hectáreas. También está en trámite otro proyecto en una planta de depuración de agua en Canarias y actualmente está en negociación con unos 30 proyectos de biogás y depuradoras en Galicia, Aragón y Andalucía.

La aprobación del nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2025-2035) marca un punto de inflexión en la política de residuos en España. No se trata solo de un documento ambiental, sino de una herramienta estratégica que condicionará inversiones, modelos de negocio, costes empresariales y competitividad territorial en los próximos diez años.

Desde esa perspectiva, el análisis de la situación de Gipuzkoa resulta especialmente relevante. Porque, lejos de partir de cero, nuestro territorio ha desarrollado durante la última década un modelo que hoy encaja plenamente con los objetivos que el PEMAR fija para el conjunto del Estado.

El plan estatal establece metas claras: aumentar la recogida separada, reducir drásticamente el vertido y cumplir de forma efectiva la jerarquía de residuos marcada por la Unión Europea. Gipuzkoa ya alcanza en 2024 un 60% de recogida separada, cuando el PEMAR exige un mínimo del 50% para el año 2035. Este dato refleja una gestión madura y estable, construida con planificación, inversión en infraestructuras y corresponsabilidad ciudadana.

Pero el elemento más diferencial, también desde el punto de vista económico y climático, es la gestión del rechazo. En Gipuzkoa, la fracción resto no se deposita en vertedero. Se destina a valorización energética, una operación reconocida por la normativa europea como valorización y no como eliminación. A vertedero solo llegan las cenizas resultantes de ese proceso, que representan aproximadamente el 2% del rechazo, es decir, en torno al 1% del total de los residuos municipales.

Este dato es clave. El PEMAR fija un límite máximo de vertido del 10% para 2035. Gipuzkoa ya se sitúa hoy muy por debajo de ese umbral. Desde una óptica empresarial, esto significa menor dependencia de vertederos, menor exposición a penalizaciones regulatorias futuras y mayor estabilidad en los costes de gestión de residuos.

La jerarquía de residuos no es una declaración teórica, sino una secuencia operativa: prevenir, reutilizar, reciclar, valorizar y, solo en última instancia, eliminar. Gipuzkoa aplica esta jerarquía de forma estricta. Primero, maximizando la recogida separada y el reciclaje. Después, valorizando energéticamente aquello que no puede reciclarse. Y, finalmente, reduciendo el vertedero a un uso residual y técnico. Este enfoque no es contrario a la economía circular; es la forma más realista de hacerla viable a escala territorial.

El PEMAR penaliza el vertido masivo y sin control, porque ese modelo es incompatible con los objetivos climáticos, ambientales y económicos de la Unión Europea. En este contexto, la experiencia de Gipuzkoa demuestra que es posible combinar altos niveles de reciclaje con una gestión eficiente del rechazo, evitando bloqueos y sobrecostes.

Ahora bien, el nuevo plan también señala claramente el siguiente reto: la preparación para la reutilización. El PEMAR fija objetivos ambiciosos en este ámbito para los próximos años. Gipuzkoa, como el conjunto del Estado, tiene margen de mejora. Pero conviene interpretar correctamente este desafío. La reutilización es el siguiente escalón de madurez de los sistemas de gestión de residuos. Solo los territorios que han resuelto previamente la recogida y el vertido pueden avanzar con solvencia en este terreno.

Además, la reutilización abre oportunidades económicas relevantes: empleo local, economía social, reparación, segunda vida de productos y reducción del consumo de materias primas. Es un ámbito con potencial de crecimiento y de innovación empresarial, que requerirá colaboración público-privada y nuevos modelos de negocio, donde Gipuzkoa ya esta trabajando con el CPR textil

El PEMAR 2025-2035 refuerza, además, decisiones que Gipuzkoa adoptó con antelación: eliminación del vertido, prioridad del biorresiduo o exigencia de calidad en la recogida. Hoy, esas políticas cuentan con respaldo normativo estatal y europeo, reduciendo incertidumbres y ofreciendo un marco más claro para empresas e instituciones.

La gestión de residuos ha dejado de ser una cuestión meramente ambiental para convertirse en un factor estratégico de competitividad territorial. Gipuzkoa demuestra que anticiparse a la regulación no solo es posible, sino que genera estabilidad, reduce riesgos y posiciona mejor al territorio en un contexto europeo cada vez más exigente.

El reto de los próximos años no es cambiar el modelo, sino profundizar en él. Y hacerlo con datos, con rigor técnico y con una visión económica alineada con la sostenibilidad.

La empresa que quiere implantar una planta de gestión de residuos en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo ha querido salir al paso de la controversia social generada por su iniciativa. Ambiental Bazul S.L. tiene proyectada una planta de gestión de residuos no peligrosos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo, en el paraje conocido como ‘Cueva de la Muerta’, a unos seis kilómetros del pueblo.

Fuentes de la compañía han explicado a elDiario.es Castilla-La Mancha que la planta de gestión de residuos incorpora un vertedero de apoyo, que si bien incluye siete vasos de vertido, “nunca estará abierto más de uno”. Eso, afirman, está recogido en el expediente: conforme se van rellenando, se cierran, y se utiliza el siguiente.

Asimismo, inciden en que la nave incorpora impermeabilizaciones de todo tipo y que, por lo tanto, “no puede haber afección al medio ambiente ni a la salud”. Eso también está detallado en el estudio de impacto ambiental para que la administración regional dé su autorización o “nos indique las restricciones que tendríamos”.

“No vamos a poner en marcha un macrovertedero ni vamos a verter allí cualquier cosa. Ni se van a contaminar las aguas ni va a haber afecciones de ningún tipo. No tiene ningún sentido generar esa alarma y, además, si alguien tiene que valorarlo, es la administración, para eso está en trámite de autorización ambiental integrada”, apuntan desde la empresa.

“Se está haciendo publicidad engañosa con el único afán de que no salga y con intereses particulares que desconocemos”

De hecho, consideran que hay “intereses personales” en contra del proyecto y que además se ha “politizado”. Se refiere al hecho de que después de recibir el informe favorable del Ayuntamiento hace cinco años, en cuanto a la calificación urbanística, tras cambiar de signo político del Gobierno local, “ahora no quiere el proyecto”.

Según afirma, el Consistorio local ha vuelto a realizar una exposición pública del proyecto cuando “eso ya se había hecho y no se habían realizado alegaciones”. Ahora, se lleva otra vez al pleno municipal. “A nosotros, como empresa, no se nos ha dado la oportunidad de que expliquemos el proyecto”.

“Se está haciendo publicidad engañosa con el único afán de que no salga y con intereses particulares que desconocemos”, recalcan. Argumentan que si ahora el Ayuntamiento quiere oponerse, eso no significa que la ordenanza no lo permita. “Debe motivar por qué no, tiene que justificarlo”. Además, recuerdan que incluso modificando las ordenanzas, eso afectaría a nuevos proyectos y Ambiental Bazul contaría con la calificación favorable de hace cinco años.

De hecho, la empresa considera que para una zona que vive de la agricultura, una industria de este estilo “generará bienestar y riqueza”. “Nuestro interés no es otro, y si hubiera algo mal en nuestro expediente, nos lo dirá la autoridad ambiental”, en referencia a la tramitación autonómica. “Solo estamos cumpliendo con lo que se nos está pidiendo. Nos llama mucho la atención la gran cantidad de gente que lo rechaza sin conocerlo ni saber nada del proyecto”, concluyen las citadas fuentes.

Datos del expediente

En julio de 2021 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto y ya en 2022 se solicitó a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible la autorización ambiental integrada.

La documentación que figura en el expediente registrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su sede electrónica es muy prolija y con datos que varían según el documento consultado, en cuanto a sus características, pero se sabe que, una vez en marcha, entrarán unas 75.600 toneladas de residuos cada año al complejo.

El proyecto, con datos provisionales, incluye una planta de residuos de construcción y demolición (RCD) que ocuparía unos 3.500 m2, otra planta de residuos no peligrosos (RNP) con 3.250 m2. Esta última permitiría tratar 140 toneladas diarias (a un solo turno), lo que implica 35.000 toneladas al año de residuos que van desde el plástico, vidrio, papel y cartón o materiales férreos.

Se habla incluso de una planta de combustible derivado de residuos (CDR), que según la documentación ha sido desestimada, y otra para la clasificación y venta de cierto tipo de residuos.

En las instalaciones se incluye un vertedero de residuos no peligrosos, con un vaso de vertido que tendría capacidad para casi 115.000 m3 y que ocuparía 2,2 hectáreas de superficie, aunque estos datos son diferentes en otras partes de la documentación aportada y consultada por este medio.

No sería el único espacio de vertido. Con el tiempo, y de forma progresiva, se plantea la creación de siete vasos de vertido en todo el tiempo útil de la planta, hasta poder albergar casi 800.000 m3 de material.

Una planta de compostaje para residuos animales y vegetales

Entre la documentación presentada figuran los detalles de una planta de compostaje para valorizar residuos no peligrosos, según el informe encargado a un profesional de la Ingeniería Agrícola. Se justifica la compatibilidad del uso de suelo con la actividad, ya que tal y como según cita “queda reflejada en el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Fuente Álamo”.

Sería una planta de compostaje a la que entrarían residuos de tejidos animales y vegetales, heces y restos de orina animal o estiércol, residuos de la silvicultura o lodos de lavado y limpieza, entre otros. Según el documento “no será necesario consumo de agua ni energía”, entre otras cosas porque, según se cita “el agua necesaria en el proceso de compostaje se obtendrá de los lixiviados del propio compostaje que serán vertidos de nuevo sobre el compost”.

La mercantil elaborará compost a partir de residuos vegetales (restos de cosecha, cultivo e industrias agrarias), lodos y desechos porcinos y caprinos en un área de 1.500 m2. La cantidad máxima de residuos a almacenar, a la espera de compostar, no superará las 130 toneladas. El proceso de compostaje durará una media de 100 días y la estimación es que se podrían llegar a compostar unas 4.500 toneladas anuales entre los diferentes residuos a tratar y llegar a producir hasta 1.000 toneladas al año de compost (fertilizante).

La noticia de la instalación de un “macrovertedero” en el municipio de Fuente-Álamo ha levantado una auténtica polvareda en esta parte de la provincia de Albacete.

Ambiental Bazul SL es la promotora de un proyecto empresarial que incluye una planta de gestión de residuos no peligrosos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo, en el paraje conocido como ‘Cueva de la Muerta’, a unos seis kilómetros del pueblo.

En plenas fechas navideñas los vecinos y vecinas de la comarca han salido a la calle para expresar su rechazo a esta iniciativa que, de momento, se encuentra en fase previa de tramitación. La empresa tiene actividad desde el año 2017, con sede en Fuente-Álamo, y dos años después presentó el proyecto al ayuntamiento que, de entrada, lo consideró viable.

En julio de 2021 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto y ya en 2022 se solicitó a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible la autorización ambiental integrada.

La documentación que figura en el expediente registrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su sede electrónica es muy prolija y con datos que varían según el documento consultado, en cuanto a sus características, pero se sabe que, una vez en marcha, entrarán unas 75.600 toneladas de residuos cada año al complejo.

El proyecto, con datos provisionales, incluye una planta de residuos de construcción y demolición (RCD) que ocuparía unos 3.500 m2, otra planta de residuos no peligrosos (RNP) con 3.250 m2. Esta última permitiría tratar 140 toneladas diarias (a un solo turno), lo que implica 35.000 toneladas al año de residuos que van desde el plástico, vidrio, papel y cartón o materiales férreos.

Se habla incluso de una planta de combustible derivado de residuos (CDR), que según la documentación ha sido desestimada, y otra para la clasificación y venta de cierto tipo de residuos.

En las instalaciones se incluye un vertedero de residuos no peligrosos, con un vaso de vertido que tendría capacidad para casi 115.000 m3 y que ocuparía 2,2 hectáreas de superficie, aunque estos datos son diferentes en otras partes de la documentación aportada y consultada por este medio.

No sería el único espacio de vertido. Con el tiempo, y de forma progresiva, se plantea la creación de siete vasos de vertido en todo el tiempo útil de la planta, hasta poder albergar casi 800.000 m3 de material.

Una planta de compostaje para residuos animales y vegetales

Entre la documentación presentada figuran los detalles de una planta de compostaje para valorizar residuos no peligrosos, según el informe encargado a un profesional de la Ingeniería Agrícola. Se justifica la compatibilidad del uso de suelo con la actividad, ya que tal y como según cita “queda reflejada en el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Fuente Álamo”.

Sería una planta de compostaje a la que entrarían residuos de tejidos animales y vegetales, heces y restos de orina animal o estiércol, residuos de la silvicultura o lodos de lavado y limpieza, entre otros. Según el documento “no será necesario consumo de agua ni energía”, entre otras cosas porque, según se cita “el agua necesaria en el proceso de compostaje se obtendrá de los lixiviados del propio compostaje que serán vertidos de nuevo sobre el compost”.

La mercantil elaborará compost a partir de residuos vegetales (restos de cosecha, cultivo e industrias agrarias), lodos y desechos porcinos y caprinos en un área de 1.500 m2. La cantidad máxima de residuos a almacenar, a la espera de compostar, no superará las 130 toneladas. El proceso de compostaje durará una media de 100 días y la estimación es que se podrían llegar a compostar unas 4.500 toneladas anuales entre los diferentes residuos a tratar y llegar a producir hasta 1.000 toneladas al año de compost (fertilizante).

La actividad no plantea “ningún tipo de vertido de aguas residuales industriales ni a la red municipal de saneamiento, ni a ningún otro medio”, según el documento presentado por la empresa a la Junta de Castilla-La Mancha.

Más de media docena de poblaciones a menos de 20 kilómetros

El macrovertedero se ha planteado en el término municipal de Fuente-Álamo -con varias alternativas de ubicación- y a menos de 20 kilómetros se encuentran más de media docena de poblaciones como Ontur, Albatana, Montealegre del Castillo o Pétrola, entre otras.

La promotora explica que “no existen canales ni acequias en el interior de la finca”, que puedan obstaculizar el proyecto, aunque a unos 17 kilómetros de distancia está, por ejemplo, la reserva natural de la Laguna Salada de Pétrola, que cuenta con protección ambiental.  

El propio estudio alerta de la necesidad de “disponer de una parcela de una determinada superficie, que se encuentre lo suficientemente alejada de núcleos de población habitados, así como de otras figuras naturales y de protección ambiental y que reúna las características necesarias para su implantación”.

Uno de los informes presentados reconoce que “es inevitable que se produzca una alteración de la cuenca visual en la zona”, para añadir después que “se tomarán las medidas necesarias de tipo constructivo para conseguir la máxima integración de la explotación en el entorno”.

La promotora defiende en la documentación presentada que “al igual que se producen impactos negativos, la puesta en marcha del proyecto producirá una serie de impactos positivos”. En concreto, aseguran que se va a “incentivar la actividad económica en la zona” y que se creará empleo.

Una afirmación que contrasta con la percepción de los vecinos y vecinas de la comarca, que hablan de “crispación social” tras conocer la iniciativa.

La población no sabía nada y por eso empezamos a informar al pueblo con apoyo del ayuntamiento y para presionar a las administraciones públicas

En 2025 nació la Asociación Juntos por Fuente-Álamo como respuesta al proyecto empresarial. “La población no sabía nada y por eso empezamos a informar al pueblo con apoyo del ayuntamiento y para presionar a las administraciones públicas”, asegura Carlos Cerdán, vicepresidente de la asociación. Critica el hecho de que este tipo de proyectos lleguen ahora y se consideren necesarios “por la mala gestión de los residuos”.

“Hay que enterrar el muerto y buscan zonas despobladas con la mínima oposición social y empresarial, pero nosotros somos una comarca en crecimiento”, argumenta.

Representantes del colectivo se han reunido en los últimos meses con responsables políticos y técnicos, tanto en Albacete como en Toledo, dada “la magnitud” de una iniciativa que según asegura Carlos Cerdán preocupa en toda la comarca. “El anteproyecto omitió muchas cosas, no sabemos si de forma deliberada, como por ejemplo los pasos de lince ibérico” y por eso presentarán alegaciones “firmes” cuando el Gobierno regional abra el correspondiente proceso de información pública.  

También han recogido más de 2.000 firmas y cuentan con el apoyo del tejido empresarial de la comarca: desde la Unión de Consumidores de Albacete, la Denominación de Origen de Vino de Jumilla, CCOO, ASAJA o la Asociación de Criadores de Cabra Murciano-Granadina (ACRIMUR), entre otros.

“Tenemos una economía basada en el turismo, en el vino y en el queso y promovemos que sea sostenible. Esto para la comarca sería la destrucción de cientos de puestos de trabajo y de nuestra forma de vida”, afirma Carlos Cerdán.  

Tenemos una economía basada en el turismo, en el vino y en el queso y promovemos que sea sostenible. Esto para la comarca sería la destrucción de cientos de puestos de trabajo y de nuestra forma de vida

Hasta cinco ayuntamientos de la comarca lo rechazan. No solo el consistorio de Fuente-Álamo, sino los de Ontur, Montealegre del Castillo, Albatana y Tobarra. “La nuestra es una asociación transversal tanto social como políticamente hablando”, aclara el vicepresidente de la Asociación Juntos por Fuente-Álamo. Y es que, abunda, “no solo hablamos de la afección a la comarca de los Campos de Hellín sino a Jumilla, en la Región de Murcia. Está en manos de las autoridades de Toledo”, apunta, en alusión al Gobierno de Castilla-La Mancha.

El colectivo ciudadano cree que no se trata de un proyecto “de utilidad pública” y recuerda que antes se ofreció a pueblos como Montealegre del Castillo o Caudete, entre otros, sin que llegase a cuajar. “Son negocios muy rentables para pocos y muy perjudiciales para muchos porque… ¿quién va a querer comprar una casa en un pueblo que tenga un macrovertedero? ¿Quién apostará por una empresa sostenible allí?”.

Son negocios muy rentables para pocos y muy perjudiciales para muchos porque… ¿quién va a querer comprar una casa en un pueblo que tenga un macrovertedero? ¿Quién apostará por una empresa sostenible allí?

Carlos Cerdán — Vicepresidente de la Asociación Juntos por Fuente-Álamo

Este medio ha contactado con Ambiental Bazul SL que tiene sede social en Fuente-Álamo para conocer su versión, a través de la persona que consta como cabeza de proyecto, Eduardo Martín Pignatelli, responsable también de la empresa murciana Canteras y Reciclados, SL y actual presidente de la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (AFAREM). Sin éxito hasta el momento de cerrar esta información.

Tras la concentración vecinal durante las fiestas navideñas como acto de protesta, la asociación trabaja ahora en recabar nuevos apoyos. “Nos gustaría también contar con la presencia de otras asociaciones que ya hayan conseguido parar este tipo de proyectos en sus pueblos, para que informen a la gente porque este no es el futuro rural que queremos”, avanza Carlos Cerdán.

Este viernes 2 de enero ha comenzado una huelga en el servicio de recogida de envases de la provincia de Albacete, gestionado por la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente SAU, tras no alcanzarse un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores en la negociación del convenio colectivo que se prolonga ya más de un año.

El paro se prolongará hasta el próximo 12 de enero si no se llega antes a un acuerdo ya que, según CCOO, la empresa quiere modificar derechos a la baja como en el caso de la incapacidad temporal. Además, el sindicato recuerda que se está pidiendo una subida del 3,5% en 2025, un 3% en 2026, un 3% en 2027, un 6% en 2028 y 9 días de asuntos propios.

Desde CCOO han pedido a la ciudadanía disculpas por las molestias que esta huelga va a ocasionar en la recogida de envases del contenedor amarillo pero piden comprensión “teniendo en cuenta que la plantilla lo único que pide es recuperar su poder adquisitivo”, por lo que tratarán de que los efectos de la protesta sean “los más livianos posibles”.

FCC lleva 5 años prestando este servicio, que ha renovado en noviembre de 2025.

El Consorcio Provincial de Medio Ambiente, dependiente de la Diputación de Albacete asegura por su parte que desde el inicio del conflicto, la entidad ha mantenido “una actitud activa, responsable y comprometida, asumiendo una mediación imparcial entre las partes para evitar la huelga y garantizar la continuidad de un servicio público esencial para la provincia”,

Gracias a esta mediación, señalan desde el Consorcio, “se lograron avances muy relevantes que permitieron desbloquear las negociaciones y alcanzar un preacuerdo equilibrado”, que incluía un incremento salarial acumulado del 15,5 % en cuatro años (5,5 % el primer año, 3 % el segundo, 3 % el tercero y 4 % el cuarto); el mantenimiento íntegro de los derechos consolidados; y la ampliación de los días de asuntos propios de 7 a 9. Todo ello, parte de un convenio con vigencia de cuatro años pensado para dar estabilidad tanto a la plantilla como a la empresa.

El Consorcio se desmarca de la ruptura de la negociación

Según un comunicado del Consorcio Provincial, “cuando el acuerdo se encontraba prácticamente cerrado y listo para su firma, la empresa optaba por no ratificarlo por cuestiones relacionadas con la redacción del texto”. Se trata, añade, de una decisión “inesperada y ajena” frente a la que se ha hecho “todo lo posible para evitar ese escenario”, pero finalmente ha derivado en la convocatoria de huelga desde este 2 de enero.

Ante esta situación, el Consorcio Provincial de Medio Ambiente asegura que “velará por el estricto cumplimiento de los servicios mínimos, así como por el respeto a todas las condiciones recogidas en el contrato de adjudicación del servicio, con el objetivo de minimizar las molestias a la ciudadanía”.

Asimismo, continuará supervisando que la empresa cumpla las obligaciones asumidas en su oferta y en el pliego de condiciones, y para garantizar que “el servicio se preste con la mayor normalidad posible”.

La entidad dice lamentar “profundamente” los efectos que esta falta de acuerdo entre empresa y trabajadores pueda tener en los municipios de la provincia, especialmente en unas fechas de alta actividad social y económica como estas.

Por último, reitera su disposición a seguir implicándose en facilitar el entendimiento entre las partes y hace un llamamiento “a la responsabilidad para preservar la confianza de la ciudadanía en un servicio público que se ha venido prestando con normalidad y eficacia”.

CCOO denuncia servicios mínimos “abusivos”

Coincidiendo con el inicio de la huelga, este viernes ha tenido lugar una concentración ante las puertas de la Diputación de Albacete, administración responsable del servicio de recogida de envases del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, para denunciar “la cerrazón” de la empresa concesionaria FCC para renovar el convenio colectivo.

“La huelga tendría un seguimiento del 100% de la plantilla (13 personas) de no ser por unos servicios mínimos abusivos y que se van a impugnar porque va a reducir notablemente el impacto que tendría la huelga en la recogida de residuos del contenedor amarillo”.

El sindicato asegura que “la negativa de FCC a suprimir un párrafo en el que pide a las personas trabajadoras que cumplan el pliego de condiciones, cuando esta obligación recae sobre ella, ha impedido alcanzar un acuerdo y por tanto desconvocar la huelga”.

Así lo ha manifestado Roque García, asesor de Hábitat CCOO Albacete, quien ha señalado que la propuesta de subida salarial y los días de asuntos propuestos por el Comité de empresa han sido aceptados, pero queda un fleco pendiente que la empresa “no tiene voluntad de resolver”.

“Lo que ahora nos separa es un párrafo que la empresa quiere incluir en donde se obliga a las personas trabajadoras a cumplir el pliego de condiciones, cuando quien tiene que cumplir el pliego es la empresa, que es la que concurrió al concurso y la Diputación exigir y controlar su cumplimiento”, ha indicado.

Roque García ha agradecido la mediación de la Diputación, que ha sugerido además un texto alternativo para poder alcanzar al acuerdo, pero que la empresa se ha negado a aceptarlo.

“Parece que Fomento se quiere lavar las manos y únicamente recoger los beneficios. Lo que tiene que hacer la empresa con respecto a los trabajadores es cumplir el convenio colectivo, porque si la empresa se mantiene en esta actitud le vamos a decir al diputado que la Administración le rescinda el contrato y que asuma la gestión, en lugar de que venga una empresa foránea a llevarse el dinero de los albaceteños y las albaceteñas”.

Por su parte, el delegado de CCOO en Fomento de Construcciones y Contratas, Pedor José Serrano, ha vuelto a pedir disculpas a la ciudadanía por las molestias que puedan ocasionar, pero ha recordado que a los trabajadores no les ha quedado más remedio porque llevan desde el 15 de noviembre “intentando buscar una solución, sin que la empresa dé muestras de querer poner fin a esta situación”.

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha anunciado este viernes, en una declaración institucional, que el Ayuntamiento no tramitará los expedientes ni favorecerá la implantación de plantas de biometano en su término municipal.

Con esta decisión, se pretende evitar la división que se está fomentando entre la ciudadanía y que, como ya ocurre, sean más las plantas interesadas en instalarse “y que no podemos aceptar”, según Julián Nieva.

El edil dice ser consciente de la división que este asunto está generando en la población, el equipo de Gobierno quiere evitarla y para ello ha hecho este anuncio, justificado también en que ya son tres los promotores interesados en instalar plantas de biometano en Manzanares.

El hecho de que otras poblaciones limítrofes a Manzanares también hayan descartado la instalación de estas plantas en su término, ha contribuido a esta postura ya que garantiza que no habrá plantas de biometano más cercanas al núcleo urbano manzanareño que la que en origen se planteaba en este término municipal.

En su declaración institucional, Nieva ha manifestado que el Ayuntamiento trabajará con el sector agroalimentario local para buscar soluciones a la gestión de los residuos que generan con el fin de evitar episodios de contaminación como los que ocurrieron en 2013 y 2014, con sanciones económicas para el consistorio.

El alcalde recuerda que Manzanares tiene una realidad social y económica “tan importante y tan fuerte” que no necesita apostar por ninguna propuesta que divida a los ciudadadanos.

Ni biometano ni macrogranjas

Nieva ha dicho respetar la posición de Ecologistas en Acción y comprender parte de su argumentación a la hora de tomar esta decisión. Por ello, ha anunciado que el Ayuntamiento estudiará las modificaciones urbanísticas necesarias para garantizar jurídicamente esta posición frente a las plantas de biometano así como para evitar la instalación de macrogranjas.

“Queremos una sociedad que camine junta por el mismo rumbo y hacia el mismo destino, el tiempo dirá cómo se tiene que acometer la gestión de estos residuos y lo haremos de la manera más cohesionada posible, lo que no queremos hacer es dividir a la sociedad manzanareña”, ha añadido el alcalde, que ha concluido su declaración dejando claro que “Manzanares hoy también va a decir de manera contundente no a las plantas de biometano”, ha asumido.

Manzanares y Puertollano contarán con sendas plantas para el reciclaje de residuos plásticos, según publica hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo a dos resoluciones de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno regional, que recogen el correspondiente informe de impacto ambiental de estas futuras instalaciones.

Una de estas plantas se ubicará en el polígono municipal de Manzanares, en una parcela urbana, a unos 320 metros de las viviendas más cercanas. La empresa promotora es Agru Residuos, SL. y realizará labores de clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de residuos plásticos procedentes del sector agrario, para su posterior venta a gestores autorizados.

Según los cálculos de la empresa se van a gestionar unas 7.090 toneladas de residuos cada año. En el proceso se utilizará agua potable de la red del municipio. Además, en la resolución se especifica que “las aguas pluviales con posibilidad de contener hidrocarburos [componente fundamental del plástico], se conducirán mediante la pendiente del solado hasta el separado de hidrocarburos” y que esas aguas serán después vertidas a la red de saneamiento municipal.

Según la Consejería de Desarrollo Sostenible el proyecto no debe someterse a evaluación ordinaria, sino que bastará con una simplificada porque, dice, el proyecto “no parece contemplar afecciones negativas sobre el medio ambiente”.

En Puertollano, otra para reciclar plástico agrario y de la refinería

El segundo proyecto al que se da luz verde, y al que se otorga una autorización ambiental integrada, es el que pondrá en marcha Piroplast Energy.

Será una planta de valorización mecánica y química de residuos plásticos procedentes tanto del sector agrario como de la industria - de la refinería de petróleo de Puertollano- y que estará destinada a la producción de materias primas circulares. Se instalará en el polígono industrial la Nava III, de Puertollano. En 2024 fue declarado “proyecto prioritario” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

Esta planta tratará los residuos plásticos mediante pirólisis. Es decir, los transformará en hidrocarburos simples (como el metano, el propano o de otros tipos), con una producción anual estimada de 16.200 toneladas.

Al conocer esta noticia, el alcalde de Puertollano Miguel Ángel Ruiz se ha mostrado satisfecho. Cree que es “un hito que supone un avance decisivo en la consolidación del modelo industrial sostenible de nuestra ciudad” y que “refuerza la estrategia de Puertollano alineada con los principios de la economía circular, la transición energética y la modernización del tejido productivo”.

El edil ha detallado que la inversión prevista supera los 18 millones de euros y creará 63 empleos directos.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán (PSPV), ha denunciado la opacidad y el oscurantismo de la Conselleria de Medio Ambiente tras constatar que más de 380.000 toneladas de residuos procedentes de los municipios afectados por la dana han sido enterrados en un vertedero privado ubicado en Villena. Cerdán ha podido aportar esta información gracias a los datos suministrados por la propia empresa, obtenidos a través de la intermediación de la Sindicatura de Greuges, ya que el Consell mantuvo un silencio absoluto ante la demanda de información del equipo de gobierno municipal.

El primer regidor considera que la Conselleria “ha dado carta blanca a la empresa para que haga lo que considere con los residuos que llegan a sus instalaciones”, entidad que, al final, fue la única que proporcionó datos tras la intervención de la Sindicatura. Pese a esto, el alcalde de Villena aclaró que sigue sin disponer de la información esencial que ha demandado a la administración autonómica para saber qué tipo de material, qué tratamiento se le está dando y por cuánto tiempo más se va a seguir derivando residuos a Villena.

Fulgencio Cerdán, quien ha expresado su máximo interés en colaborar con todas las administraciones en la atención a los municipios damnificados por la dana, reclamó “una llamada, una respuesta o una aclaración de lo que está llegando a nuestra ciudad que nos permite estar tranquilos sobre lo que se entierra bajo nuestro suelo”. El alcalde relató que desde el pasado mes de marzo ha cursado requerimientos a la Conselleria en esta materia que no han sido respondidos, motivo por el cual se vio obligado a solicitar amparo ante la Sindicatura de Greuges.

El alcalde afirma que la preocupación para Villena es mayúscula, pues se genera una situación contradictoria después de los esfuerzos realizados por el equipo de gobierno en su momento para conseguir cerrar el vertedero de Vaersa. Ahora, se encuentran con otro abierto en su término municipal donde se entierra el 90% de todo el material que llega, “sin saber de qué tipo de materiales se trata o, en su caso, si se sabe por qué la Conselleria no informa de ello, generando una sensación de opacidad que nos intranquiliza”, añadió Cerdán. De las 380.000 toneladas, el documento aportado por la empresa confirma que solo 34.000 toneladas han sido tratadas para valorización, confirmando que más del 90% del material acaba enterrado “sin ningún control ni información por parte del Ayuntamiento”.

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, ha justificado hoy la licencia municipal concedida a la empresa Athisa Biodegradición SL. que gestiona residuos sanitarios en el Polígono Industrial El Llano de la localidad, en la que el lunes pasado se produjo una explosión que dejó una persona muerta y dos heridas graves.

La edil ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha dicho que administrativamente, esta empresa contaba con licencia municipal urbanística de actividad, el único aspecto concerniente al Ayuntamiento desde marzo de 2025, con un expediente con todos los informes favorables desde su presentación en 2016, “razón por la que todos los grupos políticos municipales estaban de acuerdo en conceder dicha licencia”.

En cuanto a la gestión de residuos y al emplazamiento de la empresa ha señalado que “es la Junta de Comunidades quien tiene que dar las autorizaciones correspondientes”.

Además, ha remarcado que el Ayuntamiento está colaborando “de forma total y absoluta con la investigación que están llevando a cabo las autoridades competentes” tras la explosión que tenía lugar el pasado lunes en la planta de tratamiento y eliminación de residuos de la empresa Athisa Biodegradición SL.

Ante el trágico suceso ocurrido que se ha cobrado una víctima mortal y dos heridos que aún permanecen en estado crítico, la primer edil ha señalado que “una vez que han pasado estos dos días de luto oficial”, desde el Ayuntamiento trasladan públicamente sus condolencias a la familia de Almudena.

“Ya lo hicimos en el día de ayer de manera privada, y un mensaje de acompañamiento a los dos heridos, a los que deseamos que, dado que están en las mejores manos, vayan recuperándose y pronto vuelvan a estar con nosotros”.

Arenas ha recalcado que mientras la investigación se prolongue “no se pueden ofrecer muchos más datos al respecto, por lo que ahora lo más importante es estar al lado de la familia de la fallecida y de los heridos”, tal y como ha informado el Consistorio.

Igualmente, Arenas, ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, facultativos médicos, personal del Ayuntamiento y voluntarios de Protección Civil que respondieron a esta urgencia y pudieron asistir a los heridos en ese momento.

El desarrollo de plantas biogás en Castilla-La Mancha continúa creciendo con la publicación de autorizaciones o exposiciones públicas para proyectos que afectan a distintos municipios de la provincia de Toledo como Villaseca de la Sagra, Villaminaya o La Villa de Don Fadrique, entre otros.

A la vez, también está aumentando el rechazo a las mismas sigue, según afirma la Coordinadora Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, y hay científicos que advierten de que estas “no son viables ni técnica ni económicamente”, tal y como afirmó Antonio Turiel, físico del CSIC, en una charla organizada en Ciudad Real por Ecologistas en Acción bajo el lema 'La burbuja del biometano'.

Recientemente se ha dado luz verde a una de estas iniciativas en Villaseca de la Sagra, para la que la Dirección General de Calidad Ambiental ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la mercantil La Sagra Biogás SL para su planta de producción de biometano y fertilizantes.

Esta resolución marca el final de un extenso proceso administrativo iniciado el 8 de febrero de 2022 y somete la instalación a rigurosos estándares de control ambiental, tal y como recoge la resolución publicada hace unos días en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Tratará más de 100.000 toneladas al año de subproductos y residuos

La planta se dedicará a la valorización de residuos orgánicos no peligrosos y subproductos animales no destinados a consumo humano (Sandach) a través de procesos biológicos anaerobios y aerobios. La instalación está autorizada para tratar una capacidad de 106.580 toneladas anuales de subproductos y residuos.

El proyecto, que tramitó paralelamente su evaluación de impacto ambiental ordinaria, ha visto incrementada su capacidad de producción estimada. La Sagra Biogás modificó la previsión inicial de 30 GWh/año a una nueva estimación de hasta 65 GWh/año de biometano, gracias a “una mejor mezcla de residuos y estiércoles”, sin que esta modificación representara un impacto adverso significativo sobre la seguridad o el medio ambiente, según apunta la resolución de la Administración regional.

Cautelas ambientales

El trámite incluyó la revisión y subsanación de varios aspectos del proyecto. Dado que la parcela se encuentra cerca del cauce del río Tajo, la Consejería de Desarrollo Sostenible exigió medidas compensatorias para la avifauna del entorno. Específicamente, la línea de baja tensión propiedad del promotor discurrirá soterrada para evitar riesgos, y se sustituirá el cultivo de la especie exótica invasora Arundo donax por el chopo autóctono (Populus nigra).

En materia de patrimonio, debido a que el área está catalogada como 'Ámbito de prevención arqueológica', La Sagra Biogás se comprometió a realizar un control y supervisión arqueológica directa de la retirada de la cubierta superficial.

Respecto a la seguridad, aunque Protección Civil señaló riesgos inherentes al manejo de mercancías peligrosas y riesgo químico, Desarrollo Sostenible concluyó que estos no condicionan la aprobación si se cumplen las observaciones y se redacta e implementa un Plan de Autoprotección.

El funcionamiento de la planta se regirá por la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), incluyendo la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Se han dispuesto medidas concretas para la reducción de olores y emisiones difusas, como la clausura hermética de subproductos animales durante el transporte y la obligación de higienizar e introducir los Sandach en el proceso de digestión anaerobia en un plazo máximo de 24 horas desde su entrada a la planta.

Dada su clasificación como actividad potencialmente contaminante del suelo, la empresa debe aportar un informe base de la situación del suelo y las aguas subterráneas previo al inicio de la explotación, y realizar controles periódicos de aguas subterráneas (cada dos años) y suelos (cada diez años).

En definitiva, la resolución establece un marco operativo “riguroso” para que La Sagra Biogás SL desarrolle su actividad de valorización energética en Villaseca de la Sagra, asegurando el cumplimiento de la normativa de prevención y control integrados de la contaminación y la responsabilidad medioambiental.

A escasos kilómetros de esta planta ya autorizada estará otra, en la localidad toledana de Villaluenga de la Sagra, para la que el grupo Verdalia Bioenergy ha iniciado este mes de octubre los trabajos de construcción, en la que será su primera planta de producción de biometano de España. Estará. En total, invertirá unos 17 millones de euros y creará siete puestos de trabajo.

La planta cuenta con la Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Castilla-La Mancha y con las licencias municipales correspondientes, según ha detallado la empresa. Se prevé que entre en operación a final de 2026 y durante su construcción se crearán entre 50 y 80 empleos.

A información pública otra planta de biogás Villaminaya como proyecto prioritario

Por otra parte, la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo ha puesto en marcha el período de información pública para una nueva planta de biometano en el Polígono de Villaminaya. La iniciativa, promovida por la empresa Nortiben Green Energy IV S.L. consiste en una instalación destinada a la producción y mejoramiento de biogás a partir de residuos orgánicos.

En concreto, el Anuncio publicado en el DOCM recoge que la misma se va a tramitar al amparo de la Ley 5/2020, de 24 de julio, referente a Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. Adicionalmente, este procedimiento incluye la tramitación de la calificación urbanística implícita en dicha declaración.

El día 24 e octubre se inició un plazo de veinte días para que los interesados puedan consultar el expediente y formular las alegaciones que consideren oportunas. Los documentos están depositados y disponibles para consulta en la Unidad de Acompañamiento Empresarial, ubicada en la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo.

“Inquietud” en La Villa de Don Fadrique por una planta de biogás y otra de fertilizantes

De otro lado, otro de los proyectos que estaría tramitándose se localiza en La Villa de Don Fadrique, según trasladó la Coordinadora Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha, que apunta que el alcalde, Jaime Santos, anunció el pasado mes de septiembre la instalación de dos industrias, una planta de biogás y otra de fertilizantes.

“Posteriormente, el 30 de septiembre, confirmó durante el Pleno municipal la tramitación de estos proyectos y la ayuda prestada desde el Consistorio a la promotora de la planta de biogás para solucionarle los problemas de conexión eléctrica. Paralelamente, el Ayuntamiento ha iniciado la modificación de las normas subsidiarias urbanísticas, según se refleja en la web de tramitaciones ambientales de la Junta. Dicha modificación aumenta la edificabilidad de las parcelas, a través de medidas como la eliminación de la distancia mínima entre edificaciones en una misma parcela”, explica el colectivo.

Este anuncio, subraya, ha creado “una profunda inquietud en un sector de la población, que temen que una macroplanta de biogás afecte a la calidad de vida del municipio”. “Esta preocupación sigue la línea de contestación de otros municipios toledanos ante este tipo de instalaciones, como Madridejos, Quintanar de la Orden, o más recientemente Casasbuenas, donde su alcalde ha denunciado los olores y efectos en la salud que está provocando la planta de biogás abierta en el vecino municipio de Noez”, agrega el colectivo.

Stop Ganadería Industrial C-LM ha criticado “la opacidad y el desprecio hacia la ciudadanía en el proceso de implantación de estas industrias” e informa de que se ha constituido una plataforma vecinal en La Villa de Don Fadrique que exigirá transparencia en el proceso. Este medio ha intentando recabar la versión del Consistorio sobre estos proyectos sin que haya sido posible hasta el momento.

IU rechaza estos proyectos que “convierten a un municipio en el ‘estercolero’ de purines comarcal”

Precisamente, este lunes se pronunciaba también sobre esta planta Izquierda Unida, cuyo coordinador en la provincia de Toledo, Jorge Vega, señala que “estos proyectos, que solo buscan un beneficio industrial, ni combaten el despoblamiento de las zonas rurales ni contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos”.

Vega ha apuntado al “malestar generado por un posible proyecto de estas características en La Villa de Don Fadrique después de que el Gobierno regional haya tenido que archivar otro a tan solo 16 kilómetros en Quintanar de la Orden”.

Recuerda que la organización a la que representa no comparte “el modelo de convertir a un municipio en el receptor de purines y desperdicios acumulados en los pueblos de los alrededores, en ser un ‘estercolero’ comarcal, con el único fin de producir energía y buscando el beneficio industrial y la mayor efectividad empresarial”.

Así, critica que la Junta de Comunidades respalde este tipo de proyectos que, a su juicio, “solo hacen que la Mancha despoblada sirva como planta industrial de las grandes empresas para las macrogranjas o las grandes empresas de biogás”.

El Ayuntamiento de Socuéllamos ha confirmado el fallecimiento de una de las trabajadoras que resultaba afectada por la explosión producida este lunes en una empresa dedicada a la gestión de residuos sanitarios en este municipio de Ciudad Real, donde resultaban además heridas de gravedad otras dos personas.

Se trata de Almudena, una trabajadora de 51 años que prestaba sus servicios como administrativa en la empresa donde ha tenido lugar la explosión.

“El Ayuntamiento expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de una de los trabajadores afectados por la explosión ocurrida en la mañana de hoy en la planta de gestión de residuos sanitarios. En nombre de toda la Corporación Municipal trasladamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la víctima. Asimismo el Ayuntamiento quiere manifestar su apoyo y solidaridad con las otras dos personas que han resultado heridas en el suceso”, indica el Consistorio a través de sus redes en un mensaje recogido por Europa Press, que confirma la noticia de fuentes del Servicio de Salud castellanomanchego.

También a través de las redes sociales han mostrado sus condolencias distintas entidades en las que participaba Almudena. Así, la Banda Municipal de Música de la localidad también ha expresado sus condolencias, y ha trasladado su “más sentido pésame a familiares”.

Desde la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza de Socuéllamos han compartido un obituario. “Desde hoy, una estrella nos alumbra con más fuerza en nuestro camino”.

El origen, al parecer, estuvo en un bidón con productos químicos

La explosión en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono 'El LLano' de Socuéllamos (Ciudad Real), se originaba en la mañana de este lunes, al parecer, en un bidón contenedor con productos químicos.

Había cinco operarios trabajando de los que tres han resultado heridos, siendo dos de ellos trasladados a centros hospitalarios de gravedad y otra persona, la mujer ahora fallecida, fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Ciudad Real.

Los hechos han tenido lugar sobre las 8.51 horas. Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

El jefe de Parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso, Rafael Fernández del Hierro, explicó que el suceso se ha producido por causas que de momento se desconocen y será la Policía Judicial de la Guardia Civil quien lo investigue.

Ha señalado que en el momento de los hechos había cinco operarios trabajando. “La explosión ha provocado una deflagración que ha causado quemaduras a algunos de los operarios, pero luego no ha habido ningún incendio”, decía durante la mañana. La onda expansiva rompió por sobrepresión los cristales de las zonas superiores y llego a deformar la puerta.

Este jueves, el grupo Verdalia Bioenergy ha celebrado un acto simbólico de inicio de obras de la que será su primera planta de biometano en España. Quiere construirla en Villaluenga de la Sagra (Toledo), aunque proyecta hasta 25 en toda España.   

Se lo compró a Enerfree y cuenta con todas las autorizaciones para producir unos 84 gigavatios hora al año, lo que equivale al consumo anual de gas de unos 11.000 hogares, creando siete empleos.

Este es solo un ejemplo de lo que colectivos como Ecologistas en Acción denomina la “burbuja del biometano” que también llega a Castilla-La Mancha, con las bendiciones del Gobierno regional, que prepara un plan regional para “ordenar” un sector al que augura un crecimiento exponencial (y necesario), con horizonte 2030.

“Lo que se están contando son milongas”, asegura Antonio Turiel. El físico del CSIC y divulgador -conocido por su blog The Oil Crash- ha participado junto a Toni Jorge de Ecologistas en Acción, en una charla informativa en Ciudad Real esta semana bajo el lema, ‘La burbuja del biometano’.

“No en viable técnica ni económicamente”, asegura el científico, al referirse al actual “interés renovado” por el biometano, en nombre de la transición energética. “Se lleva intentando rentabilizar económicamente las grandes plantas de producción desde hace unos 30 años. No lo serán nunca”.

¿Por qué?, preguntamos. Argumenta que “con este tipo de tecnología no es tan sencillo. No basta con decir que funcionan o no. La cuestión está en si puedes hacerlas económicamente rentables. Ni lo fueron, ni lo serán ahora. Es imposible”, dice. Y lo explica.

En la actualidad, el gas natural, metano, se extrae de los depósitos del subsuelo compuestos por materia orgánica enterrada hace millones de años, que se descompone y emite este tipo de gas. “El esfuerzo extractivo es mínimo, pero ni siquiera algunos de ellos son rentables, por su complicación a la hora de manipular este tipo de gas”.

Por otro lado, abunda, “hay que producir en cantidades masivas para que sea rentable y además se requiere cercanía la materia prima que es peligrosa y esto nos da una idea de las dificultades si lo aplicamos por ejemplo a los residuos de una granja”. 

Una cosa, dice, es que se realice en la propia explotación agraria a pequeña escala. “Eso puede tener sentido, pero si el proceso se masifica entran en juego un montón de costes y problemas. Nunca serán rentables”, insiste. “El transporte de las materias primas a las plantas de biogás hay que hacerlo en camión. Sacar el gas, lo mismo. No sale a cuenta”.  

“Es químicamente absurdo”

En el plano científico también advierte de las limitaciones en “la capacidad metanífera [energética] de los residuos que aspiran a procesarse, como los procedentes de la agricultura (viñas u otros cultivos), restos de mataderos, estiércoles... y que difícilmente -salvo con un elevado coste- generarán gas.

“Por ejemplo los purines de los cerdos son mayoritariamente agua”, recuerda Antonio Turiel. Tampoco cree que sea la solución para residuos vegetales, como los restos procedentes de cultivos leñosos como las viñas. “Es una estupidez y químicamente absurdo”, afirma tajante, porque “este tipo de restos vegetales tienen moléculas estructurales, principalmente ligninas, que son dificilísimas de descomponer. Son moléculas muy estables precisamente por eso”.

En su opinión, “decir que en el biodigestor de una de estas plantas de biometano vas a poder procesar toda esta materia es engañar a la gente. Se verán obligados a meter otras sustancias y dejarlo ‘digerir’ durante mucho tiempo para conseguir que se convierta en gas”.

Decir que en el biodigestor de una de estas plantas de biometano vas a poder procesar toda esta materia es engañar a la gente. Se verán obligados a meter otras sustancias y dejarlo ‘digerir’ durante mucho tiempo para conseguir que se convierta en gas

Y no solo eso, recuerda Antonio Turiel. “En general la materia leñosa o los cadáveres de animales lo que van a generar es carbón. Su contenido en hidrógeno es más pequeño, mientras que el metano tiene un contenido de hidrógeno. Químicamente, es una estupidez”, insiste.

El científico se pregunta “por qué no hay una planta de demostración de la tecnología que permita comprobar que todos esos problemas están resueltos. No. Directamente las abrimos. En Europa las hay y funcionan con subvención, si no, no es posible”.

En Castilla-La Mancha hay una amplia contestación social ante el anuncio del Gobierno de Emiliano García-Page de diseñar un ‘Plan regional de Biometanización’ con horizonte 2030, que ha sido diseñado en colaboración con una de las empresas con intereses en el sector y ampliamente cuestionado con más de 13.000 alegaciones, entre ellas las de la Consejería de Sanidad que no tiene claro el impacto en la salud pública de este tipo de proyectos.

Esta semana la Consejería de Desarrollo Sostenible, que pilota el proceso, ha vuelto a someter a información pública su proyecto por segunda vez ante la avalancha de alegaciones en contra.

Sobre esta cuestión, la teoría de Ecologistas en Acción es que se intenta “contrarrestar” ese rechazo con una nueva consulta pública en la que no aparecen las 13.000 alegaciones presentadas por las plataformas ciudadanas ni las organizaciones ecologistas y además “se ha consultado a grandes patronales relacionadas con el porcino o el biogás para, de alguna forma, equilibrar la opinión pública buscando posiciones a favor.

En paralelo, en la provincia de Ciudad Real y a pesar de que todavía no se han autorizado plantas para la producción de biogás, ya se está trabajando para construir las tuberías que inyecten gas a la red general.

En aquel territorio, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya declaró varios proyectos como “prioritarios” para una comunidad autónoma que quiere ‘reutilizar’ unos 15 millones de toneladas de residuos de todo tipo.

La transición energética: de la “desesperación” al biogás

Cuando habla de transición energética, Antonio Turiel subraya tres cosas: la (todavía) dependencia energética de combustibles fósiles “que se agotan”, el “hundimiento del modelo industrial de energías renovables” o “la pérdida de fe” en el hidrógeno verde. Y sobre todo que, en su opinión, la transición “pasa más por el cambio social que económico”, con un necesario viraje en los hábitos de consumo. “Es un discurso que no mola, porque no hablamos de triunfo tecnológico, sino de retroceso”.

Un panorama pesimista que, en su opinión, ha llevado a la “desesperación” entre las administraciones públicas que miran ahora hacia el biogás. “Necesitamos desesperadamente alternativas. Entonces llegan los avispados que proponen producir gas natural de manera orgánica y sugieren además que eso le da una oportunidad a la España vaciada”.

En realidad, dice que “de lo que se trata es de construir la infraestructura y cobrar por ello, aprovechando esa desesperación”. Frente a eso, un cambio climático que ya está aquí y que, subraya, “es mucho peor de lo que pensamos y está en pleno proceso de aceleración”. Lo peor de todo, advierte, es que “la inconsciencia con las renovables puede llevar a la población a pensar que el cambio climático es una estafa, con gente además que está agitando este mensaje”.

La Asociación de Empresas del Polígono de Manzanares (Aempoman) ha transmitido al alcalde de esta ciudad, Julián Nieva, su apoyo a la instalación en el término municipal manzanareño de una planta de biogás y lo hace apenas dos días antes de que la cuestión se debata en un pleno municipal extraordinario, en el que se tomará la decisión definitiva.

De entrada, hace una semana el alcalde dijo que “hay muchísimas empresas que necesitan reciclar los residuos de manera sostenible y con un cumplimiento estricto de la ley”, en particular las vitivinícolas. El PP pide un referéndum.

Hoy, durante una reunión de trabajo de Aempoman con el alcalde, los empresarios aseguran que el proyecto, “viene a resolver un problema con las empresas, principalmente agroalimentarias, del polígono”. Es un reto muy importante“, ha declarado Sebastián Jiménez, presidente de Aempoman.

“Lo vemos de una manera muy positiva y queremos dar nuestro apoyo desde Aempoman, asociación que se ofrece a facilitar la implantación de este proyecto”.

En esa línea, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha reconocido que, a la hora de ser atractivos para captar proyectos empresariales, además de seguridad, suelo o energía, los inversores también valoran la gestión de residuos.

“Si la gestión del residuo se le complica, probablemente tome la decisión de instalarse en otra ubicación”, ha explicado Nieva, que ha agradecido este posicionamiento de Aempoman con el objetivo común de que Manzanares y sus empresas “sigan avanzando”, ha comentado.

Encontraron sus restos en Doñana, y su imagen refleja a las claras el problema. De la cigüeña quedaba muy poco, básicamente el pico, algunas plumas... y 150 gomillas de plástico que se había tragado creyendo que eran gusanos y que transportaba en su estómago. Así llegaron a este enclave natural protegido, demostrando que una de las vías de entrada de estos restos contaminantes es a través de las propias aves.

La fotografía la muestra Marta Sánchez, investigadora de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), aunque curiosamente los puntos en los que su equipo ha estudiado este fenómeno no están en el parque nacional, sino en la laguna de Fuente de Piedra (Málaga) y las salinas de la Tapa en El Puerto de Santa María (Cádiz). En esta última se ha estimado que las aves (básicamente las cigüeñas) depositan hasta 200 kilos de plásticos al año, pero peor es la cosa en Fuente de Piedra, donde la cifra escala hasta los 400 kilos que traen sobre todo gaviotas.

Básicamente hablamos de bolsas y envoltorios, pero se ha encontrado de todo, desde restos de guantes y mascarillas hasta pulseras, hilos, globos, pieles que envuelven chorizos... “Hasta chupes”, apostilla Sánchez, reflejo de que “las aves comen todo lo que encuentran” y que luego dejan en los espacios en los que viven. La vía principal es el consumo, que luego se transmite al entorno por ejemplo con la muerte del animal pero –sobre todo– con las egagrópilas, sus regurgitados.

Comer en el vertedero

De esta manera, las aves expulsan todo lo que no pueden digerir, como caparazones de cangrejos, espinas de peces, cutículas de insectos... y plásticos, montañas de plásticos. ¿Y de dónde salen tantos? Pues básicamente de los vertederos a cielo abierto, que se han convertido en poco menos que supermercados para estos animales, en su punto principal de abastecimiento.

Que se apunte a 400 kilos al año en la laguna y a 200 en las salinas no es un cálculo a vuelapluma, sino que es fruto de coger los regurgitados de estas aves, analizarlos en el laboratorio y pesar uno a uno los restos de plásticos. Luego, con modelos matemáticos que tienen en cuenta el número de partículas de plástico o el peso del mismo, y datos de ecología de movimiento (a través de dispositivos GPS que se colocan en las aves), se hace la estimación de cuántos restos se transportan a los humedales. Y hay de todo: polietileno, poliestireno, PVC, siliconas...

“Nos centramos en los plásticos que se encuentran pero la cuestión va mucho más allá, el verdadero problema no se ve”, y es que estos compuestos cuenta con “hasta 4.000 aditivos diferentes, algunos muy tóxicos”. Tanto los plásticos como sus aditivos se bioacumulan en las cadenas tróficas de forma que acaban llegando a nuestro plato, “estamos consumiendo todas las semanas el equivalente a una tarjeta de crédito”, y eso puede tener un “impacto crítico” en la salud.

Aves oportunistas

Toda esta información se ha obtenido gracias a unos estudios que se han centrado en los biovectores, fundamentalmente las aves, que propician la dispersión de los plásticos y los llevan al mar y a otros ecosistemas acuáticos, un aspecto poco analizado hasta la fecha. “La vida del plástico puede asemejarse a un ciclo, como el del agua o el del nitrógeno, pero se sabe muy poco de los últimos pasos porque nos quedamos con la idea de que termina cuando se tira o llega al vertedero”, señala Marta Sánchez.

La gaviota sombría (Larus fuscus) es de las aves más abundantes (tras el pato cuchara) de las invernantes que hay en Fuente de Piedra, mientras que las cigüeñas (Ciconia ciconia) han dejado de migrar porque los inviernos son más suaves y, sobre todo, porque tienen alimento abundante. ¿Y dónde? Pues ambas especies lo hacen básicamente en vertederos y zonas urbanas, porque se han convertido en “oportunistas”, y ahí tienen las cosas muy fáciles

El plástico es también muy abundante en los nidos, sobre todo en los de cigüeñas, que pueden construir “verdaderos vertederos” con pesos que pueden alcanzar los 1.000 e incluso los 2.000 kilos. “Usan una cantidad impresionante de plástico”, y además son de las más afectadas por la ingestión masiva de gomillas, que pueden llegar a provocarles la muerte.

“Esto es un problema altamente preocupante”, subraya la investigadora, para la que “esto tiene mala solución mientras no se reduzca la producción y el consumo de plástico”. Esto requeriría una “voluntad contundente de las autoridades”, la aplicación de tasas adicionales por el consumo de este elemento y, sobre todo, una mayor concienciación ciudadana, con iniciativas como la exposición itinerante Plastisfera: vida y muerte en el Antropoceno.

“Algo no estamos haciendo bien”

“Las aves nos dicen que algo no estamos haciendo bien”, y consumen plástico (“un material omnipresente”) porque hay vertederos a cielo abierto, “estamos exponiendo los animales a contaminantes”. Estamos ante un “problema ambiental” de primer rango, ya que las aves (junto al viento y a las corrientes de agua) dispersan los plásticos pero también los llevan a sus nidos, “se los están dando de comer a sus pollos”.

La investigación se ha centrado hasta la fecha en los principales humedales de Andalucía occidental, detectándose zonas altamente contaminadas y otras menos, entre las que estarían Doñana o los arrozales del Guadalquivir. Ahora se va a poner el foco para su análisis en las marismas del Odiel –en Huelva, un punto estratégico en la ruta migratoria de las aves que viajan entre Europa y África– con el Proyecto IsoPlastic, que se va a centrar en dos especies de gaviotas, la sombría y la patiamarilla.

Haya más o menos afectación, lo evidente es que se trata de una cuestión global, y así lo atestigua que más del 90% de las aves acuáticas de todo el mundo tiene plástico en sus estómagos. Pese a todo, y siendo conscientes del calibre del desafío, la investigadora defiende que “esto no es un problema sin solución y cada gesto cotidiano pueda ayudar a reducirlo”.

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha convocado el próximo 29 de agosto un pleno extraordinario solicitado por el Grupo Municipal Popular para debatir sobre las plantas de biogás que plantean instalarse en el término municipal de esta localidad de Ciudad Real.

El pleno extraordinario se celebrará a las 8:30 horas del viernes 29 de agosto. Según el orden del día, en la sesión se dará cuenta “de forma detallada” del número exacto de plantas de biogás-biometano que, a día de hoy, están tramitando su instalación en Manzanares. También se dará a conocer la ubicación exacta de las mismas, especificando su distancia al núcleo poblacional y a las captaciones y depósitos de agua.

El PP plantea un referéndum

Finalmente, el pleno tratará la propuesta de acuerdo planteada por el Grupo Popular para solicitar autorización “al objeto de realizar consulta popular por vía referéndum” sobre este asunto.

El alcalde espera que la sesión sirva para “aclarar todo tipo de dudas” y apela a la “lealtad” de la oposición ante un asunto que afecta a industrias de la localidad. En concreto cita a la cooperativa 'Jesús del Perdón' que se ha posicionado de manera favorable a la instalación de este tipo de plantas. “Hay muchísimas empresas que necesitan reciclar los residuos de manera sostenible y con un cumplimiento estricto de la ley”.

El alcalde se ha pronunciado así durante una visita a Bodegas Yuntero, donde el presidente de la cooperativa manzanareña, Felipe Rodríguez, se mostró partidario de la instalación de este tipo de plantas que, asegura el consistorio en un comunicado, “cumplen con todas las garantías medioambientales y que, además, estarán alejadas de la población”. Y es que, recuerda, entre los residuos orgánicos que tratan las plantas de biogás están los de las industrias vitivinícolas.

“Los residuos los tenemos que reciclar, está claro. Nosotros ahora tenemos una empresa que nos recicla, pero si viene otra empresa que nos facilita y nos paga incluso por estos subproductos... Por nuestra parte no vemos ningún problema”, declaró Felipe Rodríguez, que subrayó el “déficit” de plantas de biogás que tenemos en España en relación con otros países europeos.

Julián Nieva garantizó, por otro lado, y desde el punto de vista medioambiental, el cumplimiento “estricto” de una “exigente” normativa europea y española. “No va a haber ningún tipo de problema de olores, ni de filtraciones ni nada por el estilo”, afirmó el edil, que confirmó que las plantas estarán lejos del casco urbano, a unos 9 o 10 kilómetros.

“No están asociadas a macrogranjas”

El alcalde ha matizado que las plantas de biogás en el término municipal de Manzanares “no están asociadas a las macrogranjas”, unas instalaciones que “el actual equipo de gobierno municipal rechaza, en la línea de lo que plantean algunas organizaciones ecologistas, partidarias de plantas de biogás sostenibles que utilicen residuos locales y que no impulsen modelos ganaderos intensivos”.

Julián Nieva confirmó que los residuos que genera Manzanares son prácticamente suficientes para nutrir una de estas plantas de biogás. “No va a venir a poner una planta nadie que vaya más allá de lo que puede generar la economía de la ciudad o de la comarca, donde tiene un producto elemental”, señaló el alcalde en relación a los residuos de la industria vitivinícola.

En opinión de Julián Nieva, si no hubieran venido a Manzanares promotores de estas plantas, “habría que haber ido a buscarlas” ya que, a su juicio, “vienen a resolver un problema de residuos” de industrias como la vitivinícola, la quesera y la de transformación de productos agrarios.

Por ello, el alcalde considera que estas instalaciones forman parte de la economía circular, ya que, dice, “evitan que los residuos vayan al medio ambiente y se aprovechan para generar energía”, por lo que pidió “amplitud de miras” a la oposición ya que las plantas son la solución a un problema de residuos.

“Podría darse que dentro de cinco años hubiera 50 plantas de biogás en la región y en Manzanares no hubiera ninguna. Entonces alguien podría decir: ¡Menudo alcalde!”, concluyó Nieva, que insiste en la importancia y necesidad de estas infraestructuras.

Susana Navarro, alcaldessa de Bellús (la Vall d’Albaida) pel Partit Popular des del 2011 que ha encadenat quatre majories absolutes, ha emés un comunicat per mitjà del qual fa pública la seua renúncia al càrrec, una dimissió que es va produir, per sorpresa, en el ple ordinari celebrat dilluns passat en aquesta localitat menuda de tot just 300 habitants. La marxa es produeix setmanes després de saber-se el seu conflicte d’interessos, com a presidència del consorci de residus, amb una empresa de reciclatge, segons la informació publicada per elDiario.es.

La primera edil fins ara atribueix la seua renúncia als seus “compromisos familiars i professionals” i al “temps limitat” de què disposa per a exercir el càrrec: “Amb l’honestedat i la valentia amb què m’identifique, he proposat als companys de l’equip de govern un relleu per a substituir-me en el càrrec d’alcaldessa”; al mateix temps que recorda que ha dedicat 22 anys de “treball i compromís” al seu poble. No obstant això, Navarro no descarta tornar al càrrec “d’ací a deu o dotze anys”.

A parer seu, el canvi al capdavant de l’alcaldia suposa “un pas cap avant per la prosperitat de Bellús i la garantia que projectes de futur seran una realitat aquesta legislatura”.

La ja exalcaldessa de Bellús incideix que el seu “compromís i afecte” cap al poble “serà el mateix, ara des d’un altre lloc més sostenible en aquest moment per a mi”. Així mateix, insisteix que aquests anys “he lluitat amb totes les meues forces” perquè Bellús “siga un lloc ple d’oportunitats per a tots els veïns i veïnes, presents i futurs”.

Reivindica els municipis rurals

L’exalcaldessa reivindica la “igualtat i la justícia territorial” perquè els municipis rurals tinguen “més oportunitats en una societat cada vegada més urbanita”; i també reclama una societat “més equitativa en oportunitats i drets per als ciutadans que trien residir o desenvolupar el seu futur professional o empresarial en un municipi rural com Bellús”.

Tal com explica, els joves emigren a les ciutats perquè hi “troben millors oportunitats laborals”. Per això, considera que l’Administració ha de dur a terme polítiques de desenvolupament que exigisquen “més recursos, infraestructures i inversions per a reduir les diferències i augmentar les oportunitats”.

Possible conflicte d’interessos

L’exalcaldessa, presidenta del Consorci de Residus V5 (COR), manté una vinculació directa amb l’empresa italiana Ecocontrol, una mercantil del sector del reciclatge especialitzada en tecnologies per a la gestió de residus amb presència en diversos municipis valencians.

Navarro ha afirmat que sent ella presidenta del COR, aquesta entitat no ha comprat productes a la seua anterior empresa, mentre ella treballava en la mercantil. Però a escala local, sí que reconeix que l’any 2021, sent treballadora de Maya (vinculada a Ecocontrol), l’Ajuntament de Bellús va comprar contenidors de reciclatge a l’empresa.

El COR és una entitat que gestiona 135.000 tones anuals de residus sòlids urbans i dona servei a més de 350.000 ciutadans de 93 municipis de 5 comarques (la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora). El pressupost anual del COR està al voltant de 14 milions d’euros i està integrat per la Generalitat, la Diputació de València i els municipis que en formen part.

Susana Navarro, alcaldesa de Bellús (Vall d'Albaida) por el Partido Popular desde 2011 que ha encadenado cuatro mayorías absolutas, ha emitido un comunicado por medio del que hace pública su renuncia al cargo, una dimisión que se produjo, por sorpresa, en el pleno ordinario celebrado el pasado lunes en esta pequeña localidad de apenas 300 habitantes. La marcha se produce semanas después de conocerse su conflicto de intereses, como presidencia del consorcio de residuos, con una empresa de reciclaje, según la información publicada por elDiario.es.

La hasta ahora primera edil atribuye su renuncia a sus “compromisos familiares y profesionales” y al “tiempo limitado” del que dispone para ejercer el cargo: “Con la honestidad y valentía con la que me identifico, he propuesto a mis compañeros de equipo de gobierno un relevo para sustituirme en el cargo de alcaldesa”; al tiempo que recuerda que ha dedicado 22 años de “trabajo y compromiso” a su pueblo. No obstante, Navarro no descarta volver al cargo “en diez o doce años”.

En su opinión, el cambio al frente de la alcaldía supone “un paso hacia adelante por la prosperidad de Bellús y la garantía de que proyectos de futuro serán una realidad esta legislatura”.

Bellús incide en que su “compromiso y cariño” hacia el pueblo “será el mismo, ahora desde otro lugar más sostenible en este momento para mí”. Así mismo, insiste en que en estos años “he luchado con todas mis fuerzas” para Bellús “sea un lugar lleno de oportunidades para todos los vecinos y vecinas, presentes y futuros”.

Reivindica los municipios rurales

La ya exalcaldesa reivindica la “igualdad y justicia territorial” para que los municipios rurales tengan “más oportunidades en una sociedad cada vez más urbanita”; así como también reclama una sociedad “más equitativa en oportunidades y derechos para los ciudadanos que eligen residir o desarrollar su futuro profesional o empresarial en un municipio rural como Bellús”.

Tal y como explica, los jóvenes emigran a las ciudades porque allí “encuentran mejores oportunidades laborales”. Por ello, considera que la administración debe llevar a cabo políticas de desarrollo que exijan “más recursos, infraestructuras e inversiones para reducir las diferencias y aumentar las oportunidades”.

Posible conflicto de intereses

La exalcaldesa, La presidenta del Consorcio de Residuos V5 (COR), mantiene una vinculación directa con la empresa italiana Ecocontrol, una mercantil del sector del reciclaje especializada en tecnologías para la gestión de residuos con presencia en varios municipios valencianos.

Navarro ha afirmado que siendo ella presidenta del COR esta entidad no ha comprado productos a su anterior empresa mientras ella trabajaba en la mercantil. Pero a nivel local sí que reconoce que el año 2021, siendo trabajadora de Maya (vinculada a Ecocontrol), el Ayuntamiento de Bellús compró contenedores de reciclaje a la empresa.

El COR es una entidad que gestiona 135.000 toneladas anuales de Residuos Sólidos Urbanos y da servicio a más de 350.000 ciudadanos de 93 municipios de 5 comarcas (la Safor, Vall d’Albaida, la Costera, Canal de Navarrés y el Valle de Cofrentes-Ayora). El presupuesto anual del COR ronda los 14 millones de euros, y está integrado por la Generalitat, la Diputació de València y los municipios que forman parte.

Ahora sí. La planta de biometano proyectada en Autol ha recibido un informe de impacto ambiental desfavorable que impide su instalación. Esta resolución se ha publicado este 23 de abril en el Boletín de La Rioja y, aunque todavía cabe recurso de alzada por parte de la Consejería de Agricultura, en principio cierra la puerta a una planta que causó una importante polémica en el municipio.

Las causas que justifican este informe negativo de impacto ambiental son los efectos que puede provocar la planta en el medio ambiente, concretamente, se refieren en la resolución al informe emitido por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, que valoró que “este proyecto provocaría una alteración relevante del paisaje próximo a un núcleo urbano, de impacto severo y permanente”.

El proyecto contemplaba una superficie de algo más de 230.000 metros cuadrados en parcelas rústicas. La actividad, en líneas generales, se basaría en el aprovechamiento de recursos agrarios y ganaderos -purines, estiércol vacuno y gallinaza-, restos agrícola procedentes de laboreo y recolección (pajas y restos vegetales), y otros residuos como alperujos para mediante un proceso de digestión anaerobia producir biogás. Entre los pros destacaba la inyección económica para el municipio y los empleos directos e indirectos que generaría, mientras que entre los contras destacaban la generación de olores y el alto volumen de tráfico pesado que iba a soportar.

El conocimiento de este proyecto el pasado verano pilló al vecindario de Autol por sorpresa, provocando un importante revuelto y preocupación. En una reunión con el Ayuntamiento, se constató que “no había consenso ni unanimidad” por el proyecto y la alcaldesa Catalina Bastida dijo que renunciaba al él. Sin embargo, ocho meses después de aquello y tal y como publicó Rioja2, el pasado 2 de abril la tramitación de la planta de biogás de Autol continuaba en marcha. No ha sido hasta este 23 de abril cuando se ha resuelto la declaración de impacto ambiental del proyecto que ha resultado ser negativa.

Con ella, se han conocido también las alegaciones y las informaciones recibidas para la resolución. En concreto, se recibieron alegaciones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, de la Asociación Ecologistas en Acción La Rioja, del Grupo Vox del Ayuntamiento de Autol y del PSOE La Rioja. Alegaron riesgo de accidente grave, solicitaban mayor seguridad y control, alegaban contaminación por olores, tránsito de camiones y horarios, el dimensionamiento y ubicación del proyecto, la afección a la calidad de vida de los ciudadanos, la afectación a la flora y fauna, el impacto en las industrias vinculadas a la alimentación, la generación de residuos y el rechazo de la población.

El Ayuntamiento de Autol respondió con un informe cuando se le consultó, después del plazo de información pública, junto a otros organismos competentes, entre los que hay varias direcciones generales, asociaciones ecologistas y empresas. En este informe, el Ayuntamiento transmitió su posición contraria justificando “el rechazo social mayoritario por la proximidad a la bodega cooperativa y a una industria agroalimentaria”, que “no hay vertidos suficientes como para tener la necesidad de ello” y que la travesía del centro del pueblo “no admite más tráfico de vehículos pesados y que afectaría a la convivencia porque es en esta travesía donde está el mayor número de locales de hostelería y ocio donde se reúne la gente”.

Sin embargo, no han sido ni las pocas granjas de la zona, ni la cercanía a empresas y tampoco la afección a la zona de bares con lo que justificó su 'no' el Ayuntamiento de Autol. La planta de biometano de Autol no saldrá adelante por motivos medioambientales, en concreto porque provocaría “una alteración relevante del paisaje próximo a un núcleo urbano, de impacto severo y permanente”, según alertó un informe de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja.