El comité de empresa de MARE, integrado por los sindicatos SIEP, CCOO, USO y UGT, ha expresado su preocupación ante la situación que atraviesan los trabajadores de los puntos limpios y ha reclamado medidas que permitan garantizar unas condiciones laborales adecuadas y una correcta y “eficaz” prestación del servicio público, para lo que ha urgido a avanzar un convenio “que dé respuesta a las necesidades de todos los colectivos de MARE”.

En un comunicado, el comité de la empresa pública del Gobierno de Cantabria considera “especialmente preocupante” la falta de personal en los puntos limpios, una situación que obliga a los trabajadores a desplazarse a distintos centros de la Comunidad Autónoma para evitar su cierre, ha indicado.

A su vez, ha indicado que estos desplazamientos provocan que los centros de procedencia queden en ocasiones con plantillas “bajo mínimos”, como consecuencia de una dotación de personal “que no cubre las necesidades del servicio”.

A esta situación se suma el perjuicio que supone para los trabajadores “tener que asumir personalmente y sin compensación” el tiempo empleado en los desplazamientos cuando deben prestar servicio en un centro de trabajo habitual. El comité considera que esta circunstancia repercute directamente en la concilación de la vida familiar y laboral.

Asimismo, los trabajadores reivindican un horario que facilite dicha concilación y que, al mismo tiempo, permita adelantar la apertura de los puntos limpios, mejorando así la atención a los usuarios.

Según el comité de empresa, son numerosos los ciudadanos que acuden a primera hora y permanecen en las inmediaciones de los centros a la espera de su apertura, por lo que considera necesario adaptar los horarios a las necesidades reales de los usuarios y del propio servicio.

Otro de los problemas que se viene produciendo es la insuficiencia de contenedores y/o los retrasos en su retirada, lo que en determinadas ocasiones impide a los usuarios realizar correctamente sus descargas.

“Esta situación genera protestas y conflictos que los/as trabajadores/as deben afrontar directamente, pese a no disponer de los medios necesarios para resolverlos”, ha especificado.

También considera “imprescindible” que todos los puntos limpios dispongan de los medios, herramientas y recursos necesarios para desarrollar su actividad con normalidad. “No resulta adecuado depender de herramientas o medios itinerantes que deben compartirse entre distintos centros y que impiden disponer de ellos de forma permanente cuando son necesarios”.

El comité ha recordado que el convenio colectivo en vigor data de diciembre de 2008 y ha afirmado que los problemas que afectan a los distintos colectivos de trabajadores “no han sido abordados de manera suficiente a lo largo de las diferentes legislaturas”.

En la actualidad, la mesa de negociación del convenio ya está constituida y por ello, los sindicatos reclaman a la dirección de MARE que “agilice la negociación y avance en la búsqueda de soluciones a los numerosos problemas que afectan a la plantilla”.

El comité ha señalado que una parte importante de estas cuestiones debe abordarse mediante la negociación colectiva, por lo que considera urgente avanzar en la negociación de un nuevo convenio “que dé respuesta a las necesidades de todos los colectivos de MARE”.

En este sentido, el Comité reitera su disposición a trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales de la plantilla y, al mismo tiempo, garantizar una prestación adecuada y eficaz del servicio público a la ciudadanía.

Las plataformas sociales y vecinales contra las instalaciones de biometano en Castilla-La Mancha han arrancado el curso político exhibiendo su rechazo total al decreto que el Gobierno regional prepara para regular estas plantas.

La intención del Ejecutivo con esta norma es implantar una moratoria con la que quedan suspendidos los expedientes en curso hasta que cumplan con los nuevos requisitos. Pero eso no ha bastado para que los colectivos sociales, ayuntamientos y particulares hayan presentado más de 20.000 alegaciones.

Entre todas ellas, casi 6.000 tienen en común varios argumentos, que son los que las plataformas han esgrimido para valorar ir a los tribunales si la Consejería de Desarrollo Sostenible no retira el decreto.

Principalmente, según las alegaciones que ha consultado este periódico, colectivos y particulares consideran que el decreto es una disposición ejecutiva “técnica” y de planificación “muy incompleta” que busca “sustituir” el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, que quedó “enterrado”.

De hecho, argumentan que si el Gobierno regional quiere llevar a cabo esta sustitución para “eludir” su correspondiente evaluación ambiental estratégica y las 15.000 alegaciones que se presentaron sobre ese Plan, eso ya sería, por sí solo, “motivo legal de nulidad” del futuro decreto.

Veto de ayuntamientos y proyectos “estratégicos”

Dicho esto, las alegaciones se centran posteriormente en que la nueva norma no cumple con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha por varios motivos. El primero de ellos se basa en que no aclara los recursos a los que deben atenerse los ayuntamientos para ejercer su autoridad en su municipio e impedir la instalación de plantas de biometano. Es decir, no tiene en cuenta que muchos Consistorios no disponen de la capacidad técnica suficiente para realizar informes técnicos motivados.

Otro motivo es que tampoco expresa los criterios “motivados” que el Gobierno podrá aducir para declarar “inversiones estratégicas” las plantas al ser aprobadas. Se refieren a la excepción que contempla el Ejecutivo autonómico en su decreto, mediante la cual si un proyecto fuera “prioritario” podría imponerse sobre la decisión del Ayuntamiento.

Tras señalar que el decreto no desarrolla medidas compensatorias y compensaciones por posibles daños a empresas hoteleras y de todo tipo por la instalación de plantas de biometano, estas alegaciones se centran en la “falta efectiva” de medidas de vigilancia y control y del residuo final de estas instalaciones: el digestato, generalmente comercializado como fertilizante para el campo.

Si finalmente ese puede ser su uso, alertan de que las miles de toneladas de residuos finales de estas instalaciones contienen elementos contaminantes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio o el amoniaco, así restos farmacéuticos y de microplásticos y otros “elementos tóxicos muy difíciles de controlar y eliminar”. “Los residuos finales de las plantas contienen altas cantidades de nitrógeno que se añadirían a los suelos y, por filtración, pasarían a las aguas subterráneas, contaminando aún más con nitratos estas aguas”, argumentan.

Las alegaciones sociales y vecinales se centran también en alertar de múltiples riesgos. Argumentan que las plantas de biometano tienen eventualmente fugas y antorchas de este gas que es “80 veces más pernicioso y contaminante” que el CO₂. Alertan igualmente de posibles problemas de “accidentes, explosiones e incendios”.

Básicamente, consideran que el hecho de que el 80% de los residuos sean acarreados “indebidamente” hasta 35 kilómetros de un pueblo, y el resto (20%) desde más lejos, convertiría a los municipios en “pueblos escoba” y “pueblos vertedero”.

Hablan igualmente de “probables impactos y daños de difícil o imposible reparación posterior” a la flora, a la fauna, al paisaje, a las aguas superficiales y subterráneas, al tránsito, a las vías pecuarias, a las carreteras y al desarrollo económico. Consideran por ello que es “temerario, antisocial e ilegítimo” que este decreto permita autorizar estas plantas de concentración de residuos y de biometano a apenas a dos kilómetros de las poblaciones donde vive la gente.

En estas alegaciones, colectivos y asociaciones argumentan que estas plantas quieren implantarse “en contra de la voluntad de los pueblos” y de su ciudadanía “sin tener en cuenta debidamente lo que la Constitución y las leyes ambientales establecen al respecto de la información, la participación y la justicia ambiental”.

Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo

Y concluyen: “Las macroplantas de gestión de residuos para producir biometano propuestas responden a un modelo de desarrollo insostenible agroenergético especulativo que sitúa los intereses privados por encima de los intereses públicos, y dado que estas plantas no son de utilidad pública ni de interés social, ni suscitan el necesario consenso social para su implantación, sino que, muy al contrario, existe en numerosos municipios de Castilla-La Mancha una gran oposición ciudadana a su construcción y a su desarrollo”.

En definitiva, estas miles de alegaciones se centran en denunciar la “maniobra” del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar desactivar la contestación ciudadana con la aprobación del futuro decreto. Y en ello se centraron las plataformas locales y regionales que comparecieron hace unos días para manifestar su rechazo.

“No estamos en desacuerdo con que se gestionen los residuos producidos por las industrias cárnicas, pero tampoco entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser la que limpie la basura de toda España, por qué se quiere hacer aquí una megaindustria de reciclaje”, afirmaron en referencia a los residuos agroganaderos que tratan las plantas de biometano.

La provincia de Albacete, incluida su capital, sigue sumando proyectos de almacenamiento de residuos peligrosos. Mientras que a principios de agosto comenzó el periodo de información pública para la autorización ambiental de un depósito de residuos de amianto en el paraje La Castra de Albacete, ahora también se ha hecho público el proyecto de un nuevo basurero de este nocivo residuo en Chinchilla de Montearagón.

En este segundo caso, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), según ha constatado este periódico, ha publicado que la instalación debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria debido a los “posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente”. Aunque el plan contempla el almacenamiento temporal y reenvasado en una nave industrial, existen preocupaciones por su proximidad a zonas concurridas y áreas residenciales.

La empresa promotora del proyecto de Chinchilla es Integral de Amiantos Albacete S.L. y prevé una capacidad anual de tratamiento de 900 toneladas de amianto en una nave con un mínimo de 225 metros cuadrados.

Eso sí, este proyecto está lejos de recibir luz verde. El informe emitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible destaca que la manipulación de estos materiales peligrosos podría liberar “fibras nocivas”, lo que exige un “análisis técnico más exhaustivo” y la consideración de ubicaciones alternativas.

De hecho, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón ya ha emitido un informe desfavorable sobre el proyecto. Concretamente, advirtió de que la nave proyectada por la empresa se sitúa en un área industrial donde existe una presencia continuada de trabajadores en las distintas empresas del entorno. Y también alertó sobre la cercanía de la actividad al suelo urbano de uso residencial, ubicado a unos 2.500 metros de las piscinas e instalaciones deportivas municipales y a 3.260 metros del casco urbano.

El Consistorio municipal señaló asimismo que las tareas de almacenamiento temporal y reenvasado implican una manipulación añadida del amianto, lo cual podría elevar el riesgo de exposición para la población en caso de que ocurra una liberación accidental de fibras.

El pleno municipal de Albacete rechaza el macrovertedero

Se da la circunstancia que el mismo día en que se ha publicado en el DOCM el proyecto para el almacén de amianto de Chinchilla, el pleno municipal del Ayuntamiento de Albacete ha manifestado su rechazo al macrovertedero anunciado para la capital provincial mediante la aprobación de un acuerdo de no conformidad. El alcalde, Manuel Serrano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha dicho que la capital provincial “no va a ser nunca la sede de la macroplanta de amianto”.

Del mismo modo se ha pronunciado el Grupo Municipal socialista, de quien ha partido la iniciativa plenaria. Su portavoz, José González, ha señalado que rechazar juntos es “el camino”. “No queremos que Albacete sea el vertedero de amianto donde vengan a traernos los residuos de otros lugares. Desde aquí debemos dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.

Pero la cuestión en la provincia de Albacete no queda ahí. Además de los dos almacenes de amianto en Albacete y Chinchilla, por otra parte, ha recibido el visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha una nueva planta de gestión de residuos electrónicos en la localidad albaceteña de Almansa, en la misma provincia.

Promovida por la empresa Recuperaciones Cargo, la Administración autonómica, al contrario que con el amianto, considera que este proyecto no requiere un proceso más exhaustivo de evaluación ambiental, ya que se considera “ambientalmente compatible”. El motivo: operará en una nave industrial ya existente.

Según la resolución de evaluación ambiental simplificada que ha publicado la Dirección General de Calidad Ambiental en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la instalación se dedicará a la clasificación y almacenamiento temporal de materiales peligrosos y no peligrosos, incluyendo aparatos eléctricos y electrónicos.

Los dos almacenes de Almansa

Coincide que también en Almansa se proyecta la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios tiene en esta ciudad dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos también peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha. Actualmente, tras dos procesos de consulta, el Ejecutivo regional está pendiente de declararlo o no “prioritario”, la figura autonómica que regula los proyectos de especial interés socioeconómico y que agiliza los trámites administrativos.

Ahora, a este proyecto de Almansa se suma el mencionado de residuos electrónicos en la misma ciudad. Concretamente, gestionará residuos metálicos (diferenciando el acopio de chatarra férrica a granel y paquetes de chatarra prensada) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tanto peligrosos como no peligrosos. En cuanto a los que no tienen la calificación RAEE, se contempla un área de almacenamiento independiente destinada fundamentalmente a baterías usadas.

Adicionalmente, la planta contará con un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos de rechazo generados por el desarrollo de su propia actividad.

La función principal de esta instalación será la recepción, clasificación, almacenamiento temporal y expedición de todos estos residuos hacia gestores autorizados para su posterior valorización o tratamiento. La instalación proyectada en Almansa cuenta con una capacidad máxima de almacenamiento de casi 300 toneladas de residuos, y podrá tratar casi un millar de toneladas anuales.

Toda la actividad se llevará a cabo en una nave industrial que dispone de 300 metros cuadrados de superficie ya construida en el Polígono Industrial El Mugrón, distribuyéndose el espacio en áreas específicas de almacenamiento para cada tipo de residuo y garantizar su “correcta segregación y seguridad”.

Esta ubicación está a poco más de un kilómetro del casco urbano de Almansa, a 130 metros del Monte de Utilidad Pública ‘Pinar de Almansa’, a unos 240 metros de la línea ferroviaria Alicante-Madrid, a menos de 500 metros de la vía pecuaria ‘Cordel de Burgos’ y a casi un kilómetro y medio de la Rambla de Las Hoyuelas.

Consumo de agua y energía

Según el documento, el consumo estimado de agua es de 30 metros cúbicos, que se realizará mediante la red municipal y se destinará exclusivamente a los servicios sanitarios de los trabajadores. Este volumen está calculado para una plantilla de tan solo tres empleados durante 250 jornadas laborales al año. Según indica el documento, la actividad no generará vertidos de proceso “ni requerirá agua para las tareas de gestión de residuos”.

En cuanto al consumo de energía, el suministro será exclusivamente eléctrico, con una potencia instalada prevista de 14,7 kilovatios. Destaca que no se requerirá el uso de ningún tipo de combustible para el funcionamiento ordinario de la planta.

A luz de todo ello, la conclusión principal de la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha es que el proyecto no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, es decir, más exhaustiva. Esta decisión se fundamenta en que se estima que la actividad “no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente”.

El órgano ambiental determina que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales (tales como la población, la salud humana, los recursos naturales, los bienes de dominio público y las áreas protegidas). Esto se debe principalmente a que toda la actividad se desarrollará bajo cubierta en el interior de una nave ya construida, sin ocupar nuevos terrenos ni afectar de forma directa a espacios protegidos o elementos ambientalmente sensibles.

No obstante, este visto bueno está condicionado al cumplimiento de medidas preventivas, correctoras y de seguimiento propuestas por el propio promotor en su documentación.

Así, el programa de seguimiento y vigilancia ambiental de la planta establece una serie de obligaciones y controles específicos sobre residuos, impermeabilización y drenaje, medición de niveles de ruido y revisión periódica tanto de la maquinaria de recogida, clasificación y almacenamiento de residuos, como del estado de conservación de la solera de hormigón impermeabilizada.

De igual forma, para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, el proyecto de la planta de Almansa contempla el almacenamiento exclusivo en el interior para eliminar el riesgo de que el agua de lluvia arrastre contaminantes. Según el estudio de la empresa, toda la nave industrial cuenta con una solera correctamente hormigonada. Las zonas de trabajo, tránsito o almacenamiento susceptibles de causar contaminación estarán pavimentadas e impermeabilizadas de forma adecuada.

En cuanto a la zona de RAEE peligrosos, estará dotada de pavimento impermeable y de un sistema estanco de recogida de posibles derrames, el cual operará de manera independiente a la red de saneamiento municipal. Por su parte, los residuos de baterías usadas se ubicarán en un espacio equipado con los elementos de seguridad y contención necesarios para su tipología.

Otras instalaciones de amianto en la región

Este conglomerado de proyectos para almacenes de residuos peligrosos en la provincia Albacete se suma a otros espacios similares en Castilla-La Mancha. Además del mencionado macrovertedero de amianto en la ciudad de Albacete y del proyectado en Chinchilla, en Novés (Toledo) opera la planta autorizada Recuperaciones Energéticas Novés, S.A. (RENOVÉS), que dispone de una celda específica para “el depósito seguro y eliminación de residuos de amianto”.

Por su parte, en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) existe un depósito, con una celda específica “confinada y aislada” para amianto, en una planta operada por la empresa Ignea Medioambiente, S.L., en la Carretera de Moral de Calatrava, en la finca 'Las Heras'. Su capacidad total supera los más de cuatro millones de toneladas, pero en el lugar también se depositan residuos industriales no peligrosos e inertes.

Finalmente, en El Provencio (Cuenca) el pasado mes de junio se conoció el proyecto para ampliar el basurero de vertidos peligrosos en esta población, incluyendo un depósito de amianto.

Ya está redactado el borrador del anunciado decreto por el que se establecen las condiciones para la gestión de los residuos orgánicos mediante su transformación en biometano en Castilla-La Mancha. El texto responde a un mandato de las Cortes regionales que impulsó el Grupo Socialista como respuesta a la enorme proliferación de proyectos de plantas que trabajan con residuos agroganaderos para generar esta polémica renovable. Y es una consecuencia, asimismo, del gran rechazo social y vecinal que han provocado, al igual que sucedió con las macrogranjas.

El decreto todavía tiene que pasar por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, previsiblemente en el próximo curso político y antes de final de año. Además, va acompañado de una reciente reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de la comunidad autónoma que otorga a los plenos municipales de los ayuntamientos el poder de vetar cualquier proyecto de este tipo, aunque sea en teoría porque el Ejecutivo regional se reserva para sí la potestad de poder declarar “prioritarios” los que considere oportunos.

La normativa busca equilibrar los objetivos de “neutralidad climática” y soberanía energética de la Unión Europea con “la protección del bienestar de la ciudadanía local”.

Algunas de estas restricciones ya estaban incorporadas en la resolución del Grupo Socialista que ha dado origen al borrador, que actualmente se encuentra en información pública para la presentación de alegaciones. El hecho de que ahora el Gobierno regional 'eche el freno' en esta cuestión contrasta con su decisión de declarar “prioritarios” algunos proyectos de biometano como la futura planta de Gálvez, o la que ya está en funcionamiento en Noez, ambos en la provincia de Toledo.

Pero el caso es que el decreto es bastante restrictivo: hay decenas de exigencias técnicas, entre ellas las referidas a las distancias entre estas plantas de biometano y los núcleos urbanos. Con carácter general, deben situarse a una distancia mínima de dos kilómetros desde el límite del suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar que sea de uso residencial.

Pero hay algunas variantes. Por ejemplo, en el caso de instalaciones que traten residuos de cadáveres de animales, la distancia mínima obligatoria aumenta a cuatro kilómetros respecto a los mismos límites de suelo urbano o urbanizable.

Por el contrario, en el caso de actividades de restauración y hoteleras ubicadas en el suelo rústico, la distancia se reduce: puede estar a tan solo 500 metros. Pero si estos establecimientos están integrados en suelos urbanos o urbanizables de uso residencial predominante, se benefician de la mencionada protección general: dos kilómetros como norma general y cuatro si se trata de residuos de cadáveres de animales.

Esto implica una doble protección: por un lado, se impide que una planta se instale cerca de un hotel existente, pero por otro, se restringe la apertura de nuevos hoteles o restaurantes en áreas que no cumplan estas distancias mínimas respecto a plantas ya autorizadas.

De hecho, el decreto exige que las instalaciones de biometano se adapten estéticamente al entorno y prohíbe su ubicación en zonas donde sean visibles desde miradores o puntos de atracción turística. Además, se debe evitar su implantación cerca de áreas de interés cultural o patrimonio natural.

Además, los hoteles y restaurantes también son identificados en la nueva norma como generadores de sustratos. La regulación busca así un equilibrio: por un lado, aleja físicamente la industria de los negocios turísticos para evitar olores y ruidos, y por otro, integra los residuos orgánicos que estos generan en el ciclo de la economía circular.

Pero, ¿cómo se miden las distancias mínimas? Se aplican tomando como referencia el vallado exterior de la propia instalación. En el caso específico de las distancias a explotaciones ganaderas, el decreto especifica que la medición debe realizarse sobre plano (distancia topográfica). Se toma como referencia el lugar donde se alojan los animales que esté más próximo a la instalación de biometano.

Lo más curioso es que estas mediciones tienen un carácter recíproco respecto a los “elementos sensibles del entorno”: la distancia se mide de forma topográfica desde el cierre perimetral de la planta hasta el punto más cercano del elemento protegido.

Digestato, malos olores y transporte

Una de las cuestiones más polémicas que ha generado la proliferación de estas instalaciones ha sido el tratamiento del digestato, el residuo resultante de la valorización de residuos agroganaderos, que suele comercializarse como fertilizante, y principal causante de malos olores. En este caso, el decreto exige a las empresas promotoras un estudio de dispersión de olores que garantice que no se supera el umbral de 1,5 unidades de olor por metro cúbico de aire (ouE/m³) en el límite del suelo urbano o urbanizable de uso residencial.

Además, para evitar molestias adicionales a la población, se prohíbe el paso de camiones con residuos por los núcleos urbanos de los municipios, salvo en los casos en que el residuo se haya generado dentro de ese mismo municipio.

Las empresas deben presentar un estudio de las rutas de transporte que identifique la ubicación de cada sustrato de entrada y el recorrido previsto. Estas rutas deben actualizarse si sufren modificaciones definitivas.

El transporte debe realizarse de forma apta según el tipo de residuo, asegurando siempre transportes cerrados para evitar la pérdida de materiales y la propagación de malos olores. También debe tener en cuenta su huella de carbono para cumplir con los porcentajes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por la normativa europea (entre un 65% y un 80% según el uso del biogás).

En cuanto a los olores, el borrador del decreto garantiza establece una combinación de modelización científica, límites técnicos estrictos y medidas de control operativo.

Así, obliga a todas las plantas a presentar un estudio de dispersión de olores que utilice el modelo del sistema avanzado de simulación de calidad del aire en estado no estacionario (CALPUFF). Las naves de pretratamiento y compostaje deben operar en presión negativa respecto al exterior para evitar fugas de aire contaminado. Además, será obligatorio conectar los sistemas de aspiración de aire a equipos de limpieza como lavadores de gases vía húmeda, filtros de carbón activo o biofiltros. Y tanto los sustratos de entrada como el digestato deben estar en tanques herméticos, naves o balsas cerradas.

Hay en el decreto otras regulaciones complementarias para evitar olores en el entorno. Por ejemplo, el transporte de sustratos debe realizarse obligatoriamente en vehículos cerrados y cuando el digerido se aplica como fertilizante, debe incorporarse al suelo mediante arado o equipos equivalentes en un plazo no superior a 24 horas para disminuir la emisión de malos olores.

Recursos hídricos y contaminación de acuíferos

Por otro lado, el borrador establece medidas para proteger los recursos hídricos y prevenir la contaminación de acuíferos y masas de agua superficiales, otra de las principales críticas de los grupos ecologistas, sociales y vecinales. Estas regulaciones abarcan desde la ubicación de las plantas hasta las condiciones técnicas de almacenamiento y la aplicación de los productos resultantes.

Tanto para la instalación de la planta de biometano como para la aplicación del digestato en el suelo, se exigen separaciones mínimas respecto a puntos críticos de agua: por ejemplo, 250 metros en el caso de captaciones de agua subterránea y de embalse destinadas al consumo de poblaciones

Asimismo, para evitar que filtraciones contaminantes alcancen el subsuelo y los acuíferos, las superficies de almacenamiento de las plantas de biometano deben estar impermeabilizadas mediante solera de hormigón y contar con sistemas de drenaje de lixiviados Para el control de fugas y monitoreo en acuíferos, el decreto establece la obligación de instalar, como mínimo, un piezómetro aguas arriba y dos piezómetros aguas abajo de la instalación para monitorear la calidad del agua.

Con carácter general, cada cinco años, un organismo acreditado debe revisar los sistemas de control de fugas y el estado de la estanqueidad; y también se exige un plan específico de monitoreo de aguas residuales y emisiones que debe estar a disposición de las autoridades.

En áreas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, se debe cumplir estrictamente el programa de actuación vigente en Castilla-La Mancha. Esto quiere decir que no se permite la instalación en suelos “inundados o saturados”, ni durante periodos prolongados de lluvias, o si la pendiente del terreno genera riesgo de escorrentía directa hacia masas de agua, independientemente de la distancia.

El decreto prioriza que las fracciones acuosas resultantes de los procesos de tratamiento sean depuradas hasta conseguir un agua apta para vertido, reutilización industrial o riego autorizado.

Una moratoria de dos años

Finalmente, el borrador decreta que hasta el 21 de diciembre de 2029 las plantas de biometano que cuenten ya con autorización ambiental integrada deberán adaptar sus instalaciones a estas medidas.

Mientras, se suspenderá la tramitación de los procedimientos de autorización ambiental de proyectos de biometano, por un plazo máximo de 24 meses, hasta la presentación de la documentación necesaria adaptada a las condiciones establecidas en este decreto.

Transcurrido este plazo sin que se haya presentado la documentación se le tendrá por desistido y se archivarán las actuaciones.

Esta norma recuerda mucho a la moratoria, ya levantada, que el Gobierno de Emiliano García-Page impulsó para las macrogranjas, una de las fuentes para nutrir a las plantas de biometano. Como ocurre ahora, lo hizo a pocos meses de unas elecciones, allá por 2022.

La gigafactoría de baterías que desarrollan Stellantis y la empresa china CATL en Figueruelas (Zaragoza) a través de la 'joint venture' Contemporary Star Energy (CSE) tiene luz verde para generar el mayor volumen autorizado de residuos peligrosos de Aragón. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha fijado en hasta 111.067 toneladas anuales la cantidad de estos residuos que podrá generar la planta. La cifra supera el máximo histórico registrado en el conjunto de la comunidad en un solo año: 106.132 toneladas, en 2021.

La resolución del INAGA del 22 de julio permite la instalación de Contemporary Star Energy (CSE), la empresa que levanta la fábrica de celdas y módulos de baterías en el polígono Entrerríos, y modifica al mismo tiempo la autorización ambiental de la vecina planta de vehículos de Stellantis. El documento detalla, residuo por residuo, qué producirá la fábrica y en qué cantidades. El grueso de esas 111.067 toneladas corresponde a un único compuesto: el NMP (N-metil-2-pirrolidona), un disolvente que se emplea en la fabricación de electrodos de baterías de litio. Su volumen autorizado, 60.560 toneladas al año, equivale por sí solo a más de la mitad de todo lo que generará la planta y supera el 60% de lo que produjo el conjunto de Aragón en 2022, último año con datos publicados por el IAEST (97.762,6 toneladas).

A ese residuo le siguen en volumen los cartuchos colectores de polvo (15.600 toneladas anuales), los restos de pilas y celdas desechadas en el proceso de fabricación (12.901 toneladas) y los aceites minerales y grasas (6.480 toneladas). En conjunto, nueve categorías de residuos concentran el 97% del total autorizado para la instalación. La diferencia con la fábrica de vehículos que Stellantis opera en el mismo polígono es considerable: su autorización contempla 3.727 toneladas de residuos peligrosos al año, casi treinta veces menos que las 111.067 toneladas previstas para la nueva planta de baterías.

Crece la gestión de residuos peligrosos en Aragón

Los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) muestran que el número de empresas registradas como productoras de residuos peligrosos en Aragón ha crecido de forma sostenida en la última década: de las 225 que había en 2012 se ha pasado a 340 en 2022, un incremento del 51%. Los pequeños productores —los que generan menos de 10.000 kilogramos al año— casi se han duplicado, de 8.511 a 14.443.

El volumen total de residuos peligrosos gestionados en la comunidad, que incluye tanto los generados en Aragón como los que llegan desde fuera para ser tratados, ha pasado de 102.719 toneladas en 2012 a 202.086 en 2022, prácticamente el doble. Buena parte de ese crecimiento se explica por el aumento de residuos importados de otras regiones y del extranjero para su tratamiento, no solo por la producción local.

La cifra de la gigafactoría es la cantidad máxima que la resolución autoriza a producir, no una medición de la actividad real: la planta todavía no opera a su capacidad final, que se alcanzará por fases hasta llegar a los 50 GWh/año de producción de celdas previstos para dentro de varios años. Los datos del IAEST, en cambio, reflejan producción efectiva, año a año.

La resolución autoriza además a Contemporary Star Energy a operar su propia instalación de tratamiento de residuos peligrosos. La empresa podrá tratar hasta 27,72 toneladas al año de restos de ánodo procedentes de baterías desmontadas, mediante un proceso de oxidación térmica que busca neutralizar un material considerado potencialmente reactivo antes de enviarlo a valorización, reduciendo así el riesgo de incendio.

Respaldo municipal y una alegación descartada

Los ayuntamientos de Figueruelas y de Pedrola, los dos municipios sobre los que se asienta el complejo industrial, se pronunciaron a favor del proyecto durante su tramitación, subrayando el impulso económico y la creación de empleo que supondrá para la comarca. La gigafactoría prevé emplear a 3.000 trabajadores de forma directa una vez esté a pleno rendimiento, trabajando en turnos que cubrirán las 24 horas del día durante prácticamente todo el año.

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón presentó un escrito de alegaciones sobre las infraestructuras energéticas asociadas al proyecto, pero llegó fuera del plazo de información pública y el INAGA lo dejó fuera del expediente por no considerarlo objeto de esta autorización concreta.

El proyecto, conocido internamente como “Proyecto Toro”, fue declarado inversión de interés autonómico por el Gobierno de Aragón a finales de 2024 y fue aprobado como Proyecto de Interés General de la comunidad en noviembre de 2025.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha presentado una iniciativa para frenar de manera definitiva la implantación de un macrovertedero de residuos de amianto en el término municipal.

Esta semana la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado el anuncio por el que se inicia el periodo de información pública relacionado con la solicitud de la autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto.

El portavoz socialista, José González, ha anunciado que ya ha solicitado formalmente y por escrito al alcalde, Manuel Serrano, la convocatoria de la Junta de Portavoces con el objetivo de incluir en el orden del día del próximo Pleno Ordinario, fijado para el 27 de agosto, y con los informes técnicos pertinentes, el debate y votación de un acuerdo plenario de no conformidad respecto a la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de este proyecto.

La iniciativa empresarial se ha planteado en el paraje La Castra, y prevé la construcción de nueve vasos de almacenamiento de desechos de amianto procedentes de diversos puntos de la provincia de forma progresiva, con capacidad para cerca de 300.000 toneladas. “La operativa contemplada supondría el tránsito diario de seis camiones de cinco toneladas divididos en dos rutas de acceso al término municipal”, explican los socialistas.

El concejal José González considera que “existen sobradas razones y motivos de tipo social, económico y medioambiental para rechazar y no respaldar este tipo de proyectos que tan sólo aportan inseguridad, intranquilidad y la alteración de nuestro modo de vida y de nuestro medio ambiente”.

La iniciativa del Grupo Municipal Socialista se apoya en el nuevo marco normativo de Castilla-La Mancha, tras la reciente entrada en vigor de la Ley 5/2026, de 16 de julio, que ha modificado la Ley de Evaluación Ambiental autonómica para reforzar la autonomía local, exigiendo de forma obligatoria un certificado de conformidad del Pleno de la Corporación para poder continuar con la tramitación de cualquier expediente de impacto ambiental.

El ayuntamiento tiene “capacidad de decisión definitiva”

El portavoz socialista ha destacado que este cambio legislativo otorga al Consistorio una “capacidad de decisión definitiva”.

“Esta facultad de adoptar un acuerdo de no conformidad en nombre de toda la ciudadanía no sólo permite manifestar el rechazo, sino que se convierte en un instrumento clave para que la voluntad del Ayuntamiento y de la ciudadanía sea el principal elemento para decidir qué tipo de desarrollo económico e industrial queremos para Albacete”, ha explicado González Martínez, añadiendo que si en el Pleno de agosto se alcanza ese acuerdo de no conformidad, “el procedimiento quedará finalizado”.

También ha apelado a la unidad de la Corporación para ofrecer “certidumbre a los vecinos y vecinas” y actuar con la misma determinación con la que ya se intervino en el pasado frente a otras iniciativas perjudiciales para el municipio. “Este es el camino que debe seguir el Ayuntamiento para aportar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, como ya hizo este Consistorio con el proyecto de la planta de biogás, que se paralizó por la unanimidad municipal y ante el que el Grupo Municipal Socialista presentó una moción de rechazo que fue aprobada”, ha comentado José González, refiriéndose a una iniciativa planteada en octubre de 2024 y que se frenó a tráves de la oposición del ayuntamiento albaceteño.

Para concluir, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha señalado que “confiamos en que Manuel Serrano pase de las palabras a los hechos, y más allá de un titular improvisado defienda los intereses de la ciudadanía”.

La portavoz del PP dice que “llegan tarde”

La portavoz del Grupo Popular, Rosa González de la Aleja, ha respondido asegurado que “el PSOE llega siempre tarde, mal y a veces nunca”, afirmando que “pasó con la planta de biogás y ahora con la de amianto”.

Se ha dirigido al concejal socialista para recordar que “en el día de ayer el alcalde anunció públicamente, ante los medios de comunicación, que el Ayuntamiento iba a plantear todas las acciones políticas, sociales, técnicas e institucionales necesarias para evitar su instalación, como la celebración de un Pleno”.

En este sentido, ha pedido al portavoz socialista que opte por “la unidad y el consenso en temas que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos”, como la planta de amianto, “en lugar de ir por su cuenta con la única intención de colgarse medallas políticas que no le corresponden y apropiarse de anuncios que no son suyos”.

González de la Aleja opina que “los socialistas quedaron retratados con el proyecto del biogás, al ocultar las gestiones e impulsarlo, y ahora pretenden redimir sus penas proponiendo cosas ya anunciadas y que están en marcha”.

“Nos resulta curioso que los socialistas del Ayuntamiento quieran darnos ahora lecciones cuando fueron ellos los que dejaron el proyecto de la planta de biogás en un estado avanzado para su instalación”, en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSOE. “Fue el Partido Popular, con Manuel Serrano al frente, quien lo paró en Romica”, ha recordado la edil.

En su opinión, el portavoz del PSOE “solo busca la notoriedad que ni su partido le da, ya que no preguntan por él ni en las encuestas”.

Hoy la edil insiste en que el PP rechazará el macrovertedero de amianto. “El equipo de Gobierno actuará con determinación, firmeza y contundencia, avalado por criterios urbanísticos y medioambientales, para impedir la instalación de esta planta de amianto en Albacete”, ha zanjado.

Continúa adelante la tramitación del proyecto para construir un depósito de residuos de amianto en el paraje La Castra de Albacete, impulsado por Soluciones Técnicas de Amianto, SL, con sede en el polígono industrial Campollano.

Este lunes, la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha publica el anuncio por el que se inicia el periodo de información pública relacionado con la solicitud de la autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto.

La empresa presentó el documento para lograr la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con fecha de 27 de febrero de 2026 y en él cambia algunos detalles del proyecto inicial que se conoció hace ahora un año. Por ejemplo, reduciendo capacidad: si de forma inicial contaba con 14 vasos de depósito de amianto y una capacidad para albergar 525.000 toneladas de residuos a lo largo de su vida útil, 25 años, ahora esos parámetros cambian.

El vertedero se ubicaría en una superficie superior a las 18 hectáreas y tendría 9 vasos de depósito de amianto. Su capacidad total llegaría a las 279.989 toneladas de residuos.

Los vasos serán también más pequeños pasando de poder albergar 75.000 m³ cada uno a 51.850 m³. El promotor justifica el cambio como una forma de garantizar un comportamiento ambiental más predecible y estable.

También alega que los vasos no se abrirán de una vez, sino de forma progresiva, según se vayan llenando y se taparán con “materiales inertes (tierras) que actuarán como barrera física adicional” y con “impermeabilización” para evitar la infiltración al terreno.

¿De dónde vendrán los residuos de amianto?

Entre las instalaciones, el vertedero tendrá una nave de 600 m2 que servirá para albergar las oficinas de la empresa, junto con aseos-vestuario y almacenamiento de maquinaria. También habrá una báscula para el pesaje de los vehículos que traerán los residuos de amianto y hasta una planta fotovoltaica para abastecerse de energía.

Aunque no se citan de forma específica los lugares de procedencia de los residuos peligrosos, sí se alude a que la intención es dar servicio a la provincia de Albacete y al resto de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

El proyecto inicial contemplaba la admisión de hasta cuatro tipos de residuos de amianto, incluyendo los procedentes del sector naval y ferroviario, del sector textil o de la automoción.

Ahora solo se admitirán residuos de amianto procedentes la construcción (calderas, hornos, paredes, techos, canalizaciones, etc.) o restos de fibrocemento (recubrimientos de tejados ondulados, tejas, pizarra, baldosas, azulejos...).

Autorización “excepcional” porque el plan urbanístico no lo permite

Para la implantación de este vertedero se ha elegido una parcela en suelo rústico de reserva, concretamente suelo no urbanizable común (SNUC) de uso agrícola, en concreto campos de cultivo de secano. Hay dos alternativas de ubicación propuestas, más o menos cercanas a núcleos de población y a otros elementos de interés ambiental o económico.

En todo caso, está muy cerca del canal del trasvase Tajo-Segura y su ubicación coincide con la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.

La planta se ubicaría a menos de siete kilómetros de La Gineta y en un radio de no más de 18 kilómetros estarían tanto Albacete capital, como Barrax, Los Olivos o La Roda.

La empresa promotora reconoce que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Albacete, solo permite los usos usos agrícolas, ganaderos, forestales y otros compatibles con la preservación del medio rural y que la implantación de infraestructuras de gestión de residuos peligrosos, como un vertedero de amianto, no se contempla como uso ordinario en este tipo de suelo.

Y sin embargo, confía en que este proyecto pueda ser una excepción “bajo ciertas condiciones” y poder así conseguir una autorización excepcional que requeriría, además, un informe preceptivo del Instituto Geológico y Minero de España que evalúe si cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, una distancia mínima de 2.000 metros de zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas.

De entrada, el proyecto cuenta con un informe de afección negativo por parte del Ayuntamiento de Albacete, alegando impactos en el entorno natural, la calidad de vida de los vecinos por el tráfico pesado y el riesgo de contaminación.

Para que pueda recibir el visto bueno deberá pasar también otros filtros: que no afecte a la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona, que las condiciones geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas de la zona no se vean alteradas, además de comprobar que no hay riesgo sísmico, de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el emplazamiento del vertedero o que se respeta la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.

La empresa descarta riesgos sísmicos o de inundaciones aunque reconoce un riesgo “moderado” de incendios forestales.

Lo que sí se identifica como una debilidad crítica es el riesgo por exposición a fibras de los trabajadores, calificado como “de intensidad alta y potencialmente significativo”. O en sí mismo el riesgo “moderado” de emisión de fibras de amianto al medio ambiente.

También se reconocen “impactos potenciales” de infiltración de lixiviados al subsuelo y afección a acuíferos, si el sistema de impermeabilización “falla”.

Así justifica la empresa el proyecto

La empresa promotora dice apostar por un vertedero controlado argumentando que “el amianto es un residuo peligroso cuya gestión debe realizarse conforme a la normativa estatal y europea” y que su proyecto “busca establecer una instalación adecuada para su almacenamiento y eliminación, cumpliendo con los requisitos de seguridad y protección ambiental”.

Recuerda también que desde la prohibición del uso del amianto en 2002, en Castilla-La Mancha “se han desarrollado estrategias para su gestión segura” o que en Albacete operan varias empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

“La retirada progresiva de elementos de fibrocemento de cubiertas, bajantes y otros elementos constructivos que suponen una problemática requiere de empresas que ofrezcan servicios integrales para su retirada y gestión conforme a normativa vigente”, señala.

También sugiere la “necesidad de contar con nuevas instalaciones como vertederos controlados autorizados para su eliminación segura”, en las que se pueda realizar una correcta trazabilidad de los residuos.

Una iniciativa muy contestada

La iniciativa recibía hace justo ahora un año un amplio rechazo social, incluyendo el de la Diputación Provincial. Su vicepresidente Fran Valera señaló entonces que se prestaría “apoyo institucional, técnico y jurídico” a las localidades afectadas por la posible instalación, es decir Albacete capital, Barrax, La Gineta y también La Roda.

Desde la Diputación se presentó un “completo documento de alegaciones” para mostrar su oposición a la iniciativa por el “gran impacto ambiental, social y en la salud pública que podría tener”.

También Ecologistas en Acción Albacete subrayó el pasado año “la gran inquietud” causada a los vecinos de la zona “por donde pasarían cada año cientos de camiones con esa peligrosa mercancía”.

Se trata, recuerda la organización ecologista, de productos industriales cuyo uso decayó hace más de veinte años “debido a los graves riesgos de su exposición a la salud, tanto en el manejo y producción como en los materiales resultantes de su utilización y los restos o residuos que se derivan, tanto por la degradación como la fractura, trituración o la manipulación de los mismos”.

En concreto, recuerdan, “se asocian directamente con los riesgos de multitud de tipos de cáncer de pulmón, por la inhalación de las fibras que se desprenden en estos procesos”. Por esa razón, subraya Ecologistas en Acción, “la gestión de los residuos procedentes de los materiales con amianto se ha convertido en un problema de muy difícil gestión, que debe ser realizado por personas muy cualificadas y empresas bien acreditadas”.

Creen necesaria la gestión adecuada de los residuos que contienen amianto, pero con tres condiciones fundamentales. No solo que la realicen “empresas y personal suficientemente acreditado para esa función”, sino que el tratamiento se centre en “residuos de proximidad, procedentes de localidades cercanas al punto digestión y almacenamiento, para evitar los riesgos de la posible rotura de los envases que los contiene y su potencial liberación de las fibras de amianto al aire”.

Y por último, que el lugar de almacenamiento sea el más idóneo, evitando al máximo posible los riesgos en el medio ambiente. A este respecto, proponen usar zonas ya degradadas, como canteras abandonadas, “que podrían ser utilizados para el depósito de esos residuos”.

Según Ecologistas en Acción el proyecto “no reúne a nuestro juicio ninguna de esas condiciones”. Además, recuerdan que el proyecto pretende ocupar una zona que está catalogada en el PGOU de Albacete como suelo agrícola de especial protección y además “en una zona que está catalogada de especial protección para aves esteparias, como la avutarda, la ganga o el sisón, todas ellas especies protegidas que verían totalmente alterado su hábitat”.

Bolaños de Calatrava, Novés y El Provencio

El vertedero de amianto de Albacete no sería ni el primero ni el único en Castilla-La Mancha, aunque algunos proyectos han pasado más desapercibidos. En Novés (Toledo) opera la planta autorizada Recuperaciones Energéticas Novés, S.A. (RENOVÉS), que dispone de una celda específica para “el depósito seguro y eliminación de residuos de amianto”.

En Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) existe un depósito, con una celda específica “confinada y aislada” para amianto, en una planta operada por la empresa Ignea Medioambiente, S.L., en la Carretera de Moral de Calatrava, en la finca 'Las Heras'. Su capacidad total supera los más de cuatro millones de toneladas, pero en el lugar también se depositan residuos industriales no peligrosos e inertes.

En El Provencio (Cuenca) el pasado mes de junio se conoció el proyecto para ampliar el basurero de vertidos peligrosos en esta población, incluyendo un depósito de amianto.

Desde la mañana de este lunes, Gipuzkoa abrió la llave para que un gas renovable entre a unos pocos miles sus hogares merced a la gestión de sus residuos orgánicos. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha puesto en marcha la planta de 'Upgrading' en el denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. La maquinaria, la segunda de su tipo en España, es considerada por el presidente de GHK y diputado foral, el socialista José Ignacio Asensio, como una “vanguardia de la innovación ambiental”, consolidando al territorio como referente en “economía circular y transición energética”.

El proceso comienza en cada hogar con la separación de residuos en el contenedor marrón. Tras ser recogidos, se procesan anualmente cerca de 55.000 toneladas de materia orgánica. De este total, 15.000 toneladas se transforman en compost para uso agrícola; las 40.000 restantes se someten a un proceso de “digestión anaeróbica” donde millones de microorganismos transforman la materia en biogás. Anteriormente, se destinaba únicamente a generar electricidad mediante motores de cogeneración.

Ahora, con la nueva instalación, el complejo guipuzcoano puede decidir el destino más eficiente del recurso según las necesidades del sistema. A través del 'Upgrading', el biogás se purifica gracias a su paso por membranas que separan el dióxido de carbono del biometano, un gas renovable y de calidad. Finalmente, este se inyecta directamente a la red, aportando el equivalente al consumo medio anual de 9.000 hogares.

Juan Villar, consejero delegado de Nortegás, ha destacado durante el acto que “la tecnología se compra” pero “el compromiso ciudadano no”, agradeciendo la implicación de la sociedad guipuzcoana. Por su parte, Asensio ha señalado que este compromiso ha logrado duplicar la recogida selectiva de materia orgánica en una década, pasando del 29% al 60%. En este sentido, ha subrayado cómo “un gesto tan cotidiano” como separar la basura se traduce en “energía limpia, empleo y riqueza para el territorio”.

Se ha publicitado que la nueva infraestructura sitúa a Gipuzkoa entre las regiones europeas más avanzadas en gestión de residuos, un tema que ha suscitado controversias en el territorio durante años. Javier Rivas, directivo de FCC Medio Ambiente, una de las adjudicatarias del Complejo, ha calificado de “honor” formar parte de este avance, realizado “medianamente en plazo” gracias a la colaboración entre entidades. Aunque en 2022 se instaló la primera planta de este tipo en Valdemingómez, en Madrid, los responsables destacan que el 'Upgrading' de Gipuzkoa incorpora mejoras tecnológicas más punteras.

En la presentación se ha insistido en que el proyecto se alinea con las estrategias de la Unión Europea y el Gobierno de España para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el Ejecutivo trabaja en una regulación para establecer una cuota obligatoria de biometano en el sistema gasista del 6% para 2035. Para superar este reto, Villar ha estimado que Euskadi necesita entre 25 y 35 plantas similares. En Europa, cerca de 2.000 plantas de biometano ya están en funcionamiento, consolidando este gas renovable como una herramienta clave para la descarbonización.

Ya dispone de autorización ambiental definitiva el proyecto para construir la planta de biometano que se ubicará en el término municipal de Gálvez, en la comarca de los Montes de Toledo. La instalación está diseñada para procesar anualmente casi 200.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y subproductos animales.

Esta instalación fue declarada como “prioritaria” por el Gobierno de Castilla-La Mancha y obtuvo la declaración de impacto ambiental positiva hace más de un año, pero en los últimos meses se introdujeron una serie de cambios que requieron una autorización ambiental integrada (AAI) definitiva para poder operar. Esta es la luz verde de la que ya dispone.

La empresa promotora de esta planta es Nortiben Green Energy y su objetivo es convertir los residuos agroganaderos en biometano para su inyección en la red gasista, además de la producción de fertilizantes certificados a partir del material digerido, el denominado y polémico digestato. En esta misma comarca de los Montes de Toledo, se encuentra ya operando otra planta similar, en la localidad de Noez, cuya promotora es Biomethane Initiatives.

El 15 de mayo de 2025, hace más de un año, el Gobierno regional solicitó a promotora de la futura planta de Gálvez que subsanara algunos aspectos de informe de impacto ambiental para adaptarlo a los nuevos criterios adoptados en el Plan regional de Biometanización de la comunidad autónoma.

La resolución explica que, con ello, el proyecto requería dos procesos paralelos: la evaluación de impacto ambiental (EIA) y la AAI aprobada hoy. La primera, que es el visto bueno técnico sobre la viabilidad ambiental se publicó el 6 de mayo de 2025. Y una vez obtenido, ahora el Ejecutivo le otorga la autorización definitiva. 

Los condicionantes ambientales

Con ello, en principio culmina todo el proceso administrativo, tras haber adaptado el proyecto a las nuevas normativas regionales y haber “superado las fases de información pública y evaluación de impacto”. Esta nueva resolución es el documento legal que permite finalmente la construcción y explotación de la planta, aunque bajo condiciones ambientales estrictas.

Se da la circunstancia de que la luz verde que la Dirección General de Calidad Ambiental da a esta futura instalación en Gálvez se produce mientras el Gobierno regional prepara un nuevo decreto con restricciones para las nuevas instalaciones de este tipo, tras el fuerte rechazo social y de algunos ayuntamientos. En principio, se trata de una moratoria a la que tendrían que acogerse también los expedientes en curso, pero aún no hay fecha prevista para su aprobación.

Por el momento, en el caso de esta futura planta, la autorización ambiental, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece protocolos de vigilancia ambiental, límites estrictos de emisiones a la atmósfera y medidas para la protección del suelo.

Entre ellos se encuentra el control de la contaminación atmosférica y de los olores, con límites de emisión para las calderas y para el proceso de proceso de upgrading (amoniaco y metano).

Asimismo, para evitar olores, una de las mayores críticas que reciben este tipo de instalaciones y que más rechazo social ha causado, la planta debe funcionar bajo un modelo de “instalación cerrada”. Esto incluye naves en depresión mecánica, filtros de carbón activo y el transporte de residuos en vehículos cerrados. También se deben realizar inspecciones periódicas por organismos de control acreditados

Para la protección del suelo y del agua, la planta no podrá realizar vertidos de aguas industriales o lixiviados al cauce público; y estas aguas deben ser recirculadas al proceso de digestión. Debe mantener igualmente redes independientes para aguas de proceso, pluviales limpias (tejados), pluviales de contacto (viales) y aguas sanitarias.

A este respecto, todas las superficies de almacenamiento y proceso deben estar hormigonadas o asfaltadas y contar con sistemas de recogida de lixiviados. A ello se suma la obligación de mantener una red de seis piezómetros para monitorizar constantemente la calidad de las aguas subterráneas y detectar posibles fugas.

En cuanto la gestión del digestato (el principal residuo saliente de estas plantas), la autorización publicada hoy obliga a registrarlo como producto fertilizante con certificado de la Unión Europea o estatal para dejar de ser considerado residuo.

Ruidos y protección de fauna

En lo referido a los ruidos y el mantenimiento, establece que no se pueden superar los 70 deciblios (dB) durante el día y la tarde, y los 60 dB durante la noche en los límites de la parcela. Obliga a la promotora a instalar una “pantalla vegetal”, una barrera de plantas autóctonas de al menos cinco metros de ancho alrededor del perímetro, para insonorización.

Finalmente, la resolución para la planta de biometano de Nortiben en Gálvez contempla diversas medidas de protección de la fauna. Menciona así el caso del águila imperial, presente en la zona y en peligro de extinción: se contempla la cancelación de los trabajos de obra civil durante su periodo de nidificación del águila imperial, que abarca los meses de febrero a mayo. También se soterrará la línea de alta tensión (de 20 kV) que contempla en su estudio, para evitar colisiones o electrocuciones de la avifauna del entorno.

Y en general, para evitar accidentes con la fauna silvestre o doméstica, la planta debe contar con vallado perimetral en sus balsas de digerido líquido, con sistemas de rescate en caso de caídas accidentales, y también la mencionada “pantalla vegetal” para favorecer la integración y reducir el impacto visual y acústico sobre el hábitat circundante.

Los vecinos de Cacheiras (Teo), casi en el límite municipal de Santiago, están en pie de guerra contra la creación de una planta de tratamiento de residuos de construcción a unos metros de sus casas. El proyecto llega cuando todavía se están apagando los ecos de la última victoria ciudadana contra otro depósito en la antigua cantera de A Casalonga. Entonces, el ayuntamiento —gobernado por la plataforma Son de Teo y el PSOE— se opuso con firmeza al proyecto. En aquellas primeras movilizaciones, llegó a tomar parte la actual número dos del PP gallego, Paula Prado, por entonces vecina de la zona. Hoy, el consistorio popular se pone de perfil. Más allá de un cambio en el color político, lo que marca la diferencia es una reforma de la Ley del Suelo de Galicia que, desde hace poco más de dos años, permite levantar estas instalaciones en suelo rústico. Una reforma de la que nadie —o casi nadie— parecía haberse enterado.

Los presupuestos de la Xunta de 2023 fueron los primeros de Alfonso Rueda, aún interino, tras la marcha a Madrid de Alberto Núñez Feijóo. Aquellas cuentas, publicitadas un año más como “las más elevadas de la historia”, llevaban incluidas varias sorpresas, como una bonificación al impuesto de patrimonio que el nuevo presidente presentó en un foro privado y no en sus comparecencias públicas. No era la única. La ley de acompañamiento —ese coche escoba que el mismo PP que se opone a decretos ómnibus en el Congreso utiliza para eternizar a un director xeral en la CRTVG como para modificar la legislación sobre incendios forestales— abría la mano para la instalación de esta tipo de estructuras. Algo que, aparentemente, pasó totalmente desapercibido. Hasta ahora.

El artículo 35 de la Ley del Suelo de Galicia de 2016 define cuáles eran los usos y actividades permitidos en suelo rústico. Su apartado m) decía así: “Instalaciones e infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, producción y transporte de energía, gas, abastecimiento de agua, saneamiento y gestión y tratamiento de residuos siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren”.

En 2018, el entonces alcalde de Teo, Rafa Sisto, remitía al Consello Consultivo de Galicia una pregunta sobre los usos autorizables en ese suelo rústico. Sisto encontraba una “fricción” entre la normativa estatal y la gallega que, a su entender, “parece querer ampliar los usos posibles”. En su respuesta, el que era presidente del órgano, José Luis Costa Pillado —muy próximo a Núñez Feijóo y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial— entiende que los usos son “propiamente dotacionales”, es decir, “instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos”. “Por el contrario”, continúa el informe, “una interpretación 'extensiva' del artículo 35.m) que se utilice para dar cobertura a la implantación de usos de carácter no dotacional en suelo rústico colisionaría con la necesaria interpretación restrictiva derivada de los términos” de la ley.

En 2016, el Ministerio de Medio Ambiente había emitido el decreto en el que se refundía el texto de la Ley de control y prevención de la contaminación. En él se recogía que, ante una instalación de estas características, un informe urbanístico negativo del ayuntamiento emitido antes de la autorización ambiental integrada supondría el fin del procedimiento y el archivo de las actuaciones.

Tres palabras

La ley de acompañamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, dio un vuelco a esta situación con la inclusión, de forma subrepticia, de sólo tres palabras. Añadía “públicas y privadas” al conjunto de instalaciones permitidas en suelo rústico y que, hasta ese momento —como bien interpretaba el Consello Consultivo—, se limitaban al carácter dotacional, con independencia de cuál fuese su titularidad. El camino quedaba despejado.

Entre el maremagnum de medidas incluidas en aquel texto legislativo, esta modificación pasó totalmente desapercibida. Tanto que no hubo ni siquiera una argumentación que la respaldase, ya no en público, sino en el propio texto legislativo. En otro informe del Consello, emitido tres meses después del cambio a petición del concello de Lalín (Pontevedra), el ponente Ignacio de Loyola Aranguren Pérez, era contundente: “A pesar de que, de una forma ciertamente incomprensible, la exposición de motivos de la citada ley omite todo tipo de referencia a este cambio normativo —ofrece una explicación de todos los cambios realizados excepto este—, el precepto es claro para incluir instalaciones privadas de gestión y tratamiento de residuos dentro de los usos admisibles en suelo rústico”.

La Xunta sí ha motivado el cambio en la ley a preguntas de elDiario.es. Se remite, en primer lugar, al artículo 13 del real decreto de 2015 que aprueba el texto refundida de la ley del suelo y rehabilitación urbana: “con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

El reglamento que desarrolla la ley gallega señala que esas dotaciones urbanísticas son “el conjunto de instalaciones y servicios destinados a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; pueden ser de uso y titularidad públicos o privados”. Por último, asegura que, con esta modificación, “se aclara que también es posible implantar instalaciones e infraestructuras privadas, en la medida en que participan de ese interés social al que se refiere la norma básica estatal”.

En casos como las plantas de gestión de residuos, ese supuesto “interés social” ya fue puesto en cuestión por el Consello Consultivo. En su respuesta a Lalín —posterior a la modificación—, aseguraba que “la actividad de almacenamiento y tratamiento de residuos industriales no está relacionado con la explotación racional de los recursos naturales del suelo rústico” e, incluso, “podría considerarse incompatible” con la preservación de sus valores naturales, “pero lo cierto es que la dicción literal de la Ley lo permite”. Algo bien distinto sería, por ejemplo, un depósito de la empresa concesionaria de la traída de aguas. A eso se refería el reglamento cuando hablaba de un posible “uso o titularidad privada” sin perder el carácter dotacional de la infraestructura.

“Por mí, se instalaría en el polígono industrial”

Esa reforma casi clandestina dio al Concello de Teo la coartada que necesitaba para no oponerse a la decisión de la Xunta. Ante la indignación vecinal, que sólo conoció el proyecto una vez se había aprobado su autorización ambiental integrada, la alcaldesa, Lucía Calvo, emitía un comunicado para defender que “ni tiene ni tuvo potestad alguna para autorizar o no la gestora de residuos de la construcción”.

“Se trata de una competencia exclusiva de la administración autonómica donde el gobierno local no puede emitir ningún tipo de informe vinculante”, dice antes de citar el famoso artículo 35.m). “Conforme a la legislación ambiental, el ente autonómico únicamente pidió al Concello un informe de viabilidad urbanística de la parcela, el cual ni tan siquiera fue emitido, sin tener opción a ninguna alegación o posicionamiento”. Con la apertura legal a instalaciones privadas, el veto municipal recogido en el decreto de Medio Ambiente ya no era posible. Incluso si hubiese intentado aplicarlo.

“El Ayuntamiento quiere dejar claro que esta empresa cuenta con autorización ambiental de la Administración autonómica, no por el Concello, y así se le trasladó a los vecinos”, continúa. Según ellos mismos contaron tras ese encuentro, la indignación de los vecinos tenía otro motivo: que la alcaldesa conocía que se estaba tramitando esa autorización y no los avisó, lo que impidió que pudiesen alegar contra el proyecto dentro de plazo. El gobierno local, que sí tuvo opción, prefirió no hacerlo. Era su forma, dicen que les dijo, de defender mejor sus intereses.

La plataforma vecinal trasladó su malestar a las puertas del ayuntamiento durante la celebración de un pleno, un acto que la alcaldesa consideró “un escrache” y del que, siguiendo el manual del PPdeG —del que su amiga, y antigua vecina, Paula Prado, es el mejor ejemplo— culpó al BNG y al sindicato CIG. “Si fuera por mí, esa planta no se instalaría en este punto, sino que se ubicaría en el futuro polígono industrial”, argumentaba la propia Calvo tras la sesión. ¿Una crítica velada a la modificación impulsada por su propio partido?

Los vecinos continuarán con su lucha y estudian tanto vías políticas como judiciales para intentar frenar una instalación que, están convencidos, traerá ruidos, contaminación por polvo en suspensión —pese a las promesas de “regar” durante el verano— y un tráfico constante de camiones por unas pistas forestales por las que no caben dos vehículos en paralelo. Todo, a escasos metros de dos núcleos de población, las aldeas de Feros y A Torre, en una zona rural donde el metro cuadrado es mucho más barato que en cualquier polígono industrial y en donde, antes del cambio en la ley, una instalación como ésta no hubiese encontrado encaje. Ahora, puede ser la primera de muchas.

La Guardia Civil del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) investiga a cuatro personas como presuntos autores de un delito de traslado ilícito de residuos. Les acusa de acumular más de 2.000 toneladas de residuos textiles procedentes de países africanos en los municipios de San Roque y La Línea de la Concepción.

La investigación comenzó tras tener conocimiento, a través del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la existencia del acopio de una gran cantidad de restos textiles en una nave de Campamento, en San Roque, y en el antiguo vertedero de La Línea de la Concepción, ha detallado la Guardia Civil en una nota.

Las actuaciones llevadas han puesto de manifiesto que la mercancía era transportada en camiones desde terceros países, principalmente de Marruecos, entrando en España a través el puerto de Algeciras.

Así, se han contabilizado 97 traslados de residuos textiles sin la correspondiente autorización ni licencia para la gestión, depósito y almacenamiento de este tipo de residuos. El total de la mercancía acumulada asciende a más de 2.000 toneladas.

Los restos textiles se encontraban en una zona no habilitada para el correcto almacenamiento de estos residuos, incumpliendo la normativa europea e internacional y provocaba una situación de riesgo alto de incendios.

Por estos hechos, han sido investigadas cuatro personas como presuntos autores de un delito de traslado ilícito de residuos, castigado con penas de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a 18 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres a un año.

El digestato es un subproducto derivado la generación de biogás y biometano. Se trata de un material sólido-líquido residual rico en nutrientes resultante de la digestión anaeróbica de materia orgánica: desechos agrícolas, ganaderos o urbanos.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, una planta de biogás produce digestato en una cantidad que equivale en torno al 90% de la materia orgánica introducida en el biodigestor, ya que solo una pequeña parte se convierte en biogás. Generalmente, se obtiene aproximadamente una tonelada de digestato por cada tonelada de residuo fresco procesado, variando según la humedad del sustrato.

Así, en los últimos años, este residuo se ha convertido en un quebradero de cabeza para las nuevas instalaciones de biogás o biometano que proliferan en toda España. Porque su tratamiento final se está realizando a base de su conversión en compostaje, una actividad que principalmente se realiza al aire libre, tiene impacto ambiental y produce malos olores, lo que ha desatado numerosas denuncias de los colectivos ecologistas.

Estas asociaciones consideran que la extensión de este residuo en los campos circundantes a las plantas de biogás es “inviable”, ya no solo ambientalmente, sino que puede provocar impactos en los acuíferos y en la contaminación por nitratos.

Por eso es una de las trabas que están encontrando en Castilla-La Mancha los más de 70 proyectos de producción de biogás que están intentando instalarse en la región o que ya operan en ella. La mayoría cuenta con la oposición vecinal y en algunos casos de los propios ayuntamientos, lo que ha llevado incluso a ordenanzas municipales para prohibir su instalación.

Este es el contexto que una start-up española lleva años estudiando para ofrecer una solución a la gestión de este residuo. La empresa es Biotecnología Bioeconómica y opera en todo el país, pero está especialmente interesada en el territorio castellanomanchego, al ver la contestación social derivada de los problemas que genera el digestato.

Del estudio de valoración a la patente

Su apoderado, Javier Martínez, explica que la compañía, fundada en 2023, tiene como objetivo la gestión de residuos orgánicos (principalmente digestato y lodos de depuradoras de aguas residuales) para convertirlos en productos de alto valor como grasas, aceites y fertilizantes para la agricultura. Es decir, trabaja en la valorización de residuos y además genera créditos de carbono (permiten a las empresas obtener compensaciones económicas por no generar contaminación).

Pese a su reciente fundación, esta empresa lleva estudiando la gestión de residuos desde hace ocho años. Ha patentado el biodigestor ‘Aerobio’ para residuos orgánicos. Comenzó ofreciendo esta solución al sector ganadero para el tratamiento de purines y estiércol, pero ahora quiere fomentar su actividad en el área del biogás y el biometano, como “líderes del mercado en captación de residuos”.

“Actualmente, ninguna planta de biogás en España ha encontrado solución ambiental al problema del digestato. Todo el mundo sabe que es un problema, lo reconocen en privado, pero pasan por encima de la solución”, afirma Martínez.

Como ejemplo pone a la planta de biometano de Noez, en los Montes de Toledo, cuya puesta en marcha provocó las protestas del pueblo vecino de Casasbuenas, a cuya vecindad afectan los malos olores derivados del tratamiento de residuos. Es una instalación que esta empresa ha estado analizando.

Pero, ¿en qué consiste su solución? La start up ha detectado que los técnicos de las administraciones públicas “retardan” las concesiones medioambientales porque las soluciones de los promotores de biogás se encuentran, al generar digestato, con el mismo problema que el de los purines y los estiércoles de las macrogranjas. “Porque el compost es una palabra mágica, pero no es un buen fertilizante y su elaboración se hace al aire y tiene impacto ambiental. Además, supone un gasto para los promotores de biometano”.

Estudiaron así las cualidades del digestato y comprobaron que en la mayoría de los casos pierde valor nutritivo, pero si se le añaden algunos “correctores”, existe una solución. “Se basa, fundamentalmente en ponerlo a dieta, en complementarlo”.

El proceso se inicia con un análisis nutricional del residuo. “Vemos qué le falta para que sea más completo, generalmente proteínas o carbohidratos”. Posteriormente, se mezcla, se tritura y con eso se pone “a dieta”. Posteriormente, en el biodigestor, se mezcla ese producto con las larvas de la mosca 'soldado negra', que se crían en la misma nave y la utiliza como elemento de crecimiento y de aprovechamiento.

“En 15 días hace desaparecer la dieta, se desarrolla y, cuando eso ocurre, extraemos de la larva todos sus componentes, como se extrae el aceite de una aceituna. Los procesamos allí mismo y los convertimos en productos finales para uso agrícola”, detalla el apoderado de la compañía.

Según afirma, en ese momento “ya no hay residuo, desaparece”. Lo que se obtiene cada dos semanas son “productos de valor”, que se ofrecen en 'biopacks' y que son “incluso más rentables que el propio gas” en cuanto al retorno de la inversión.

Una de las ventajas que esta empresa destaca es que el proceso se realiza en naves que ellos mismos se encargan de instalar en los terrenos de las plantas de biogás, a la medida de su nivel de producción. Estas naves, destaca, no tienen impacto ambiental, son herméticas y están climáticamente controladas. “Da igual la climatología exterior, porque dentro se mantienen las mismas condiciones de temperatura, humedad y calidad del aire”.

“Si la instalamos en el mismo terreno en el que está la planta de biogás y nos dan acceso al tubo por el que sale el digestato, este residuo ni siquiera tocaría el aire de la calle y desaparecería en nuestra planta. Sale ya convertido en grasas, aminoácidos, fertilizantes. Ahí ya no existe el problema”.

Una vez puesta en marcha, a los dos meses, ya funciona siempre igual, con el mismo proceso, al tratarse de un circuito cerrado. “También genera empleo local porque contratamos a gente de la zona y nos encargamos de la formación”. Asimismo, los productos finales, los bioestimulantes, se intentan vender a los agricultores del pueblo y de la comarca.

¿Y el impacto ambiental y la financiación?

Otra ventaja que ensalzan: es la propia empresa la que tramita con la Administración autonómica su expediente de impacto ambiental. “Lo hacemos nosotros como empresa independiente. La promotora de la planta de biogás no tiene que hacer nada, e incluso puede solicitar un expediente informativo de mejora, lo que optimizaría su posición” en cuanto al impacto ambiental.

Una planta pequeña de tratamiento de digestato puede costarle a Biotecnología Bioeconómica entre 9 y 12 millones de euros, para su uso durante 20 años. Sin embargo, las ofrecen de manera gratuita. “Nos ocupamos de todas las inversiones y de vender el producto final. En cada planta, constituimos una ‘Sociedad Proyecto’ (SPV en sus siglas en inglés) y buscamos fondos de inversión o de capital riesgo para financiarlo”. Actualmente, la empresa tiene un acuerdo con una de las cuatro grandes consultoras, las denominadas Big Four, para que se encargue de buscar los fondos de inversión.

La empresa dice haber constatado que “se retribuye muy bien al inversionista” y que esta mecánica les permite “ser autónomos” y no cobrar a la planta de biogás. “Eso le supone un ahorro de dinero, pero también otro más importante, que es el ahorro medioambiental”.

Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero

No obstante, en esta empresa lamentan que a los promotores “les cuesta trabajo” contratar esta solución, cuando “deberían entender que la autorización ambiental será más ágil, porque somos muy eficientes medioambientalmente”. “Nos cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses cruzados”, lamentan.

 “Creemos que tenemos el mejor sistema de gestión del digestato y de los lodos de depuradora. Hacemos desaparecer in situ el problema del residuo y las plantas ganan una calificación mayor. Debería estar la gente llamándonos a la puerta, pero no hay manera. Es como si a la industria del gas le costase reconocer que hay una solución fantástica que no les cuesta dinero”, concluye Javier Martínez.

Esta empresa ya tiene una nave “pendiente de permisos” en una planta de biogás de Lleida, donde se procesan hasta 30.000 toneladas de digestato en un terreno de dos hectáreas. También está en trámite otro proyecto en una planta de depuración de agua en Canarias y actualmente está en negociación con unos 30 proyectos de biogás y depuradoras en Galicia, Aragón y Andalucía.

La aprobación del nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2025-2035) marca un punto de inflexión en la política de residuos en España. No se trata solo de un documento ambiental, sino de una herramienta estratégica que condicionará inversiones, modelos de negocio, costes empresariales y competitividad territorial en los próximos diez años.

Desde esa perspectiva, el análisis de la situación de Gipuzkoa resulta especialmente relevante. Porque, lejos de partir de cero, nuestro territorio ha desarrollado durante la última década un modelo que hoy encaja plenamente con los objetivos que el PEMAR fija para el conjunto del Estado.

El plan estatal establece metas claras: aumentar la recogida separada, reducir drásticamente el vertido y cumplir de forma efectiva la jerarquía de residuos marcada por la Unión Europea. Gipuzkoa ya alcanza en 2024 un 60% de recogida separada, cuando el PEMAR exige un mínimo del 50% para el año 2035. Este dato refleja una gestión madura y estable, construida con planificación, inversión en infraestructuras y corresponsabilidad ciudadana.

Pero el elemento más diferencial, también desde el punto de vista económico y climático, es la gestión del rechazo. En Gipuzkoa, la fracción resto no se deposita en vertedero. Se destina a valorización energética, una operación reconocida por la normativa europea como valorización y no como eliminación. A vertedero solo llegan las cenizas resultantes de ese proceso, que representan aproximadamente el 2% del rechazo, es decir, en torno al 1% del total de los residuos municipales.

Este dato es clave. El PEMAR fija un límite máximo de vertido del 10% para 2035. Gipuzkoa ya se sitúa hoy muy por debajo de ese umbral. Desde una óptica empresarial, esto significa menor dependencia de vertederos, menor exposición a penalizaciones regulatorias futuras y mayor estabilidad en los costes de gestión de residuos.

La jerarquía de residuos no es una declaración teórica, sino una secuencia operativa: prevenir, reutilizar, reciclar, valorizar y, solo en última instancia, eliminar. Gipuzkoa aplica esta jerarquía de forma estricta. Primero, maximizando la recogida separada y el reciclaje. Después, valorizando energéticamente aquello que no puede reciclarse. Y, finalmente, reduciendo el vertedero a un uso residual y técnico. Este enfoque no es contrario a la economía circular; es la forma más realista de hacerla viable a escala territorial.

El PEMAR penaliza el vertido masivo y sin control, porque ese modelo es incompatible con los objetivos climáticos, ambientales y económicos de la Unión Europea. En este contexto, la experiencia de Gipuzkoa demuestra que es posible combinar altos niveles de reciclaje con una gestión eficiente del rechazo, evitando bloqueos y sobrecostes.

Ahora bien, el nuevo plan también señala claramente el siguiente reto: la preparación para la reutilización. El PEMAR fija objetivos ambiciosos en este ámbito para los próximos años. Gipuzkoa, como el conjunto del Estado, tiene margen de mejora. Pero conviene interpretar correctamente este desafío. La reutilización es el siguiente escalón de madurez de los sistemas de gestión de residuos. Solo los territorios que han resuelto previamente la recogida y el vertido pueden avanzar con solvencia en este terreno.

Además, la reutilización abre oportunidades económicas relevantes: empleo local, economía social, reparación, segunda vida de productos y reducción del consumo de materias primas. Es un ámbito con potencial de crecimiento y de innovación empresarial, que requerirá colaboración público-privada y nuevos modelos de negocio, donde Gipuzkoa ya esta trabajando con el CPR textil

El PEMAR 2025-2035 refuerza, además, decisiones que Gipuzkoa adoptó con antelación: eliminación del vertido, prioridad del biorresiduo o exigencia de calidad en la recogida. Hoy, esas políticas cuentan con respaldo normativo estatal y europeo, reduciendo incertidumbres y ofreciendo un marco más claro para empresas e instituciones.

La gestión de residuos ha dejado de ser una cuestión meramente ambiental para convertirse en un factor estratégico de competitividad territorial. Gipuzkoa demuestra que anticiparse a la regulación no solo es posible, sino que genera estabilidad, reduce riesgos y posiciona mejor al territorio en un contexto europeo cada vez más exigente.

El reto de los próximos años no es cambiar el modelo, sino profundizar en él. Y hacerlo con datos, con rigor técnico y con una visión económica alineada con la sostenibilidad.

La empresa que quiere implantar una planta de gestión de residuos en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo ha querido salir al paso de la controversia social generada por su iniciativa. Ambiental Bazul S.L. tiene proyectada una planta de gestión de residuos no peligrosos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo, en el paraje conocido como ‘Cueva de la Muerta’, a unos seis kilómetros del pueblo.

Fuentes de la compañía han explicado a elDiario.es Castilla-La Mancha que la planta de gestión de residuos incorpora un vertedero de apoyo, que si bien incluye siete vasos de vertido, “nunca estará abierto más de uno”. Eso, afirman, está recogido en el expediente: conforme se van rellenando, se cierran, y se utiliza el siguiente.

Asimismo, inciden en que la nave incorpora impermeabilizaciones de todo tipo y que, por lo tanto, “no puede haber afección al medio ambiente ni a la salud”. Eso también está detallado en el estudio de impacto ambiental para que la administración regional dé su autorización o “nos indique las restricciones que tendríamos”.

“No vamos a poner en marcha un macrovertedero ni vamos a verter allí cualquier cosa. Ni se van a contaminar las aguas ni va a haber afecciones de ningún tipo. No tiene ningún sentido generar esa alarma y, además, si alguien tiene que valorarlo, es la administración, para eso está en trámite de autorización ambiental integrada”, apuntan desde la empresa.

“Se está haciendo publicidad engañosa con el único afán de que no salga y con intereses particulares que desconocemos”

De hecho, consideran que hay “intereses personales” en contra del proyecto y que además se ha “politizado”. Se refiere al hecho de que después de recibir el informe favorable del Ayuntamiento hace cinco años, en cuanto a la calificación urbanística, tras cambiar de signo político del Gobierno local, “ahora no quiere el proyecto”.

Según afirma, el Consistorio local ha vuelto a realizar una exposición pública del proyecto cuando “eso ya se había hecho y no se habían realizado alegaciones”. Ahora, se lleva otra vez al pleno municipal. “A nosotros, como empresa, no se nos ha dado la oportunidad de que expliquemos el proyecto”.

“Se está haciendo publicidad engañosa con el único afán de que no salga y con intereses particulares que desconocemos”, recalcan. Argumentan que si ahora el Ayuntamiento quiere oponerse, eso no significa que la ordenanza no lo permita. “Debe motivar por qué no, tiene que justificarlo”. Además, recuerdan que incluso modificando las ordenanzas, eso afectaría a nuevos proyectos y Ambiental Bazul contaría con la calificación favorable de hace cinco años.

De hecho, la empresa considera que para una zona que vive de la agricultura, una industria de este estilo “generará bienestar y riqueza”. “Nuestro interés no es otro, y si hubiera algo mal en nuestro expediente, nos lo dirá la autoridad ambiental”, en referencia a la tramitación autonómica. “Solo estamos cumpliendo con lo que se nos está pidiendo. Nos llama mucho la atención la gran cantidad de gente que lo rechaza sin conocerlo ni saber nada del proyecto”, concluyen las citadas fuentes.

Datos del expediente

En julio de 2021 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto y ya en 2022 se solicitó a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible la autorización ambiental integrada.

La documentación que figura en el expediente registrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su sede electrónica es muy prolija y con datos que varían según el documento consultado, en cuanto a sus características, pero se sabe que, una vez en marcha, entrarán unas 75.600 toneladas de residuos cada año al complejo.

El proyecto, con datos provisionales, incluye una planta de residuos de construcción y demolición (RCD) que ocuparía unos 3.500 m2, otra planta de residuos no peligrosos (RNP) con 3.250 m2. Esta última permitiría tratar 140 toneladas diarias (a un solo turno), lo que implica 35.000 toneladas al año de residuos que van desde el plástico, vidrio, papel y cartón o materiales férreos.

Se habla incluso de una planta de combustible derivado de residuos (CDR), que según la documentación ha sido desestimada, y otra para la clasificación y venta de cierto tipo de residuos.

En las instalaciones se incluye un vertedero de residuos no peligrosos, con un vaso de vertido que tendría capacidad para casi 115.000 m3 y que ocuparía 2,2 hectáreas de superficie, aunque estos datos son diferentes en otras partes de la documentación aportada y consultada por este medio.

No sería el único espacio de vertido. Con el tiempo, y de forma progresiva, se plantea la creación de siete vasos de vertido en todo el tiempo útil de la planta, hasta poder albergar casi 800.000 m3 de material.

Una planta de compostaje para residuos animales y vegetales

Entre la documentación presentada figuran los detalles de una planta de compostaje para valorizar residuos no peligrosos, según el informe encargado a un profesional de la Ingeniería Agrícola. Se justifica la compatibilidad del uso de suelo con la actividad, ya que tal y como según cita “queda reflejada en el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Fuente Álamo”.

Sería una planta de compostaje a la que entrarían residuos de tejidos animales y vegetales, heces y restos de orina animal o estiércol, residuos de la silvicultura o lodos de lavado y limpieza, entre otros. Según el documento “no será necesario consumo de agua ni energía”, entre otras cosas porque, según se cita “el agua necesaria en el proceso de compostaje se obtendrá de los lixiviados del propio compostaje que serán vertidos de nuevo sobre el compost”.

La mercantil elaborará compost a partir de residuos vegetales (restos de cosecha, cultivo e industrias agrarias), lodos y desechos porcinos y caprinos en un área de 1.500 m2. La cantidad máxima de residuos a almacenar, a la espera de compostar, no superará las 130 toneladas. El proceso de compostaje durará una media de 100 días y la estimación es que se podrían llegar a compostar unas 4.500 toneladas anuales entre los diferentes residuos a tratar y llegar a producir hasta 1.000 toneladas al año de compost (fertilizante).

La noticia de la instalación de un “macrovertedero” en el municipio de Fuente-Álamo ha levantado una auténtica polvareda en esta parte de la provincia de Albacete.

Ambiental Bazul SL es la promotora de un proyecto empresarial que incluye una planta de gestión de residuos no peligrosos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo, en el paraje conocido como ‘Cueva de la Muerta’, a unos seis kilómetros del pueblo.

En plenas fechas navideñas los vecinos y vecinas de la comarca han salido a la calle para expresar su rechazo a esta iniciativa que, de momento, se encuentra en fase previa de tramitación. La empresa tiene actividad desde el año 2017, con sede en Fuente-Álamo, y dos años después presentó el proyecto al ayuntamiento que, de entrada, lo consideró viable.

En julio de 2021 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto y ya en 2022 se solicitó a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible la autorización ambiental integrada.

La documentación que figura en el expediente registrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su sede electrónica es muy prolija y con datos que varían según el documento consultado, en cuanto a sus características, pero se sabe que, una vez en marcha, entrarán unas 75.600 toneladas de residuos cada año al complejo.

El proyecto, con datos provisionales, incluye una planta de residuos de construcción y demolición (RCD) que ocuparía unos 3.500 m2, otra planta de residuos no peligrosos (RNP) con 3.250 m2. Esta última permitiría tratar 140 toneladas diarias (a un solo turno), lo que implica 35.000 toneladas al año de residuos que van desde el plástico, vidrio, papel y cartón o materiales férreos.

Se habla incluso de una planta de combustible derivado de residuos (CDR), que según la documentación ha sido desestimada, y otra para la clasificación y venta de cierto tipo de residuos.

En las instalaciones se incluye un vertedero de residuos no peligrosos, con un vaso de vertido que tendría capacidad para casi 115.000 m3 y que ocuparía 2,2 hectáreas de superficie, aunque estos datos son diferentes en otras partes de la documentación aportada y consultada por este medio.

No sería el único espacio de vertido. Con el tiempo, y de forma progresiva, se plantea la creación de siete vasos de vertido en todo el tiempo útil de la planta, hasta poder albergar casi 800.000 m3 de material.

Una planta de compostaje para residuos animales y vegetales

Entre la documentación presentada figuran los detalles de una planta de compostaje para valorizar residuos no peligrosos, según el informe encargado a un profesional de la Ingeniería Agrícola. Se justifica la compatibilidad del uso de suelo con la actividad, ya que tal y como según cita “queda reflejada en el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Fuente Álamo”.

Sería una planta de compostaje a la que entrarían residuos de tejidos animales y vegetales, heces y restos de orina animal o estiércol, residuos de la silvicultura o lodos de lavado y limpieza, entre otros. Según el documento “no será necesario consumo de agua ni energía”, entre otras cosas porque, según se cita “el agua necesaria en el proceso de compostaje se obtendrá de los lixiviados del propio compostaje que serán vertidos de nuevo sobre el compost”.

La mercantil elaborará compost a partir de residuos vegetales (restos de cosecha, cultivo e industrias agrarias), lodos y desechos porcinos y caprinos en un área de 1.500 m2. La cantidad máxima de residuos a almacenar, a la espera de compostar, no superará las 130 toneladas. El proceso de compostaje durará una media de 100 días y la estimación es que se podrían llegar a compostar unas 4.500 toneladas anuales entre los diferentes residuos a tratar y llegar a producir hasta 1.000 toneladas al año de compost (fertilizante).

La actividad no plantea “ningún tipo de vertido de aguas residuales industriales ni a la red municipal de saneamiento, ni a ningún otro medio”, según el documento presentado por la empresa a la Junta de Castilla-La Mancha.

Más de media docena de poblaciones a menos de 20 kilómetros

El macrovertedero se ha planteado en el término municipal de Fuente-Álamo -con varias alternativas de ubicación- y a menos de 20 kilómetros se encuentran más de media docena de poblaciones como Ontur, Albatana, Montealegre del Castillo o Pétrola, entre otras.

La promotora explica que “no existen canales ni acequias en el interior de la finca”, que puedan obstaculizar el proyecto, aunque a unos 17 kilómetros de distancia está, por ejemplo, la reserva natural de la Laguna Salada de Pétrola, que cuenta con protección ambiental.  

El propio estudio alerta de la necesidad de “disponer de una parcela de una determinada superficie, que se encuentre lo suficientemente alejada de núcleos de población habitados, así como de otras figuras naturales y de protección ambiental y que reúna las características necesarias para su implantación”.

Uno de los informes presentados reconoce que “es inevitable que se produzca una alteración de la cuenca visual en la zona”, para añadir después que “se tomarán las medidas necesarias de tipo constructivo para conseguir la máxima integración de la explotación en el entorno”.

La promotora defiende en la documentación presentada que “al igual que se producen impactos negativos, la puesta en marcha del proyecto producirá una serie de impactos positivos”. En concreto, aseguran que se va a “incentivar la actividad económica en la zona” y que se creará empleo.

Una afirmación que contrasta con la percepción de los vecinos y vecinas de la comarca, que hablan de “crispación social” tras conocer la iniciativa.

La población no sabía nada y por eso empezamos a informar al pueblo con apoyo del ayuntamiento y para presionar a las administraciones públicas

En 2025 nació la Asociación Juntos por Fuente-Álamo como respuesta al proyecto empresarial. “La población no sabía nada y por eso empezamos a informar al pueblo con apoyo del ayuntamiento y para presionar a las administraciones públicas”, asegura Carlos Cerdán, vicepresidente de la asociación. Critica el hecho de que este tipo de proyectos lleguen ahora y se consideren necesarios “por la mala gestión de los residuos”.

“Hay que enterrar el muerto y buscan zonas despobladas con la mínima oposición social y empresarial, pero nosotros somos una comarca en crecimiento”, argumenta.

Representantes del colectivo se han reunido en los últimos meses con responsables políticos y técnicos, tanto en Albacete como en Toledo, dada “la magnitud” de una iniciativa que según asegura Carlos Cerdán preocupa en toda la comarca. “El anteproyecto omitió muchas cosas, no sabemos si de forma deliberada, como por ejemplo los pasos de lince ibérico” y por eso presentarán alegaciones “firmes” cuando el Gobierno regional abra el correspondiente proceso de información pública.  

También han recogido más de 2.000 firmas y cuentan con el apoyo del tejido empresarial de la comarca: desde la Unión de Consumidores de Albacete, la Denominación de Origen de Vino de Jumilla, CCOO, ASAJA o la Asociación de Criadores de Cabra Murciano-Granadina (ACRIMUR), entre otros.

“Tenemos una economía basada en el turismo, en el vino y en el queso y promovemos que sea sostenible. Esto para la comarca sería la destrucción de cientos de puestos de trabajo y de nuestra forma de vida”, afirma Carlos Cerdán.  

Tenemos una economía basada en el turismo, en el vino y en el queso y promovemos que sea sostenible. Esto para la comarca sería la destrucción de cientos de puestos de trabajo y de nuestra forma de vida

Hasta cinco ayuntamientos de la comarca lo rechazan. No solo el consistorio de Fuente-Álamo, sino los de Ontur, Montealegre del Castillo, Albatana y Tobarra. “La nuestra es una asociación transversal tanto social como políticamente hablando”, aclara el vicepresidente de la Asociación Juntos por Fuente-Álamo. Y es que, abunda, “no solo hablamos de la afección a la comarca de los Campos de Hellín sino a Jumilla, en la Región de Murcia. Está en manos de las autoridades de Toledo”, apunta, en alusión al Gobierno de Castilla-La Mancha.

El colectivo ciudadano cree que no se trata de un proyecto “de utilidad pública” y recuerda que antes se ofreció a pueblos como Montealegre del Castillo o Caudete, entre otros, sin que llegase a cuajar. “Son negocios muy rentables para pocos y muy perjudiciales para muchos porque… ¿quién va a querer comprar una casa en un pueblo que tenga un macrovertedero? ¿Quién apostará por una empresa sostenible allí?”.

Son negocios muy rentables para pocos y muy perjudiciales para muchos porque… ¿quién va a querer comprar una casa en un pueblo que tenga un macrovertedero? ¿Quién apostará por una empresa sostenible allí?

Carlos Cerdán — Vicepresidente de la Asociación Juntos por Fuente-Álamo

Este medio ha contactado con Ambiental Bazul SL que tiene sede social en Fuente-Álamo para conocer su versión, a través de la persona que consta como cabeza de proyecto, Eduardo Martín Pignatelli, responsable también de la empresa murciana Canteras y Reciclados, SL y actual presidente de la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (AFAREM). Sin éxito hasta el momento de cerrar esta información.

Tras la concentración vecinal durante las fiestas navideñas como acto de protesta, la asociación trabaja ahora en recabar nuevos apoyos. “Nos gustaría también contar con la presencia de otras asociaciones que ya hayan conseguido parar este tipo de proyectos en sus pueblos, para que informen a la gente porque este no es el futuro rural que queremos”, avanza Carlos Cerdán.

Este viernes 2 de enero ha comenzado una huelga en el servicio de recogida de envases de la provincia de Albacete, gestionado por la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente SAU, tras no alcanzarse un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores en la negociación del convenio colectivo que se prolonga ya más de un año.

El paro se prolongará hasta el próximo 12 de enero si no se llega antes a un acuerdo ya que, según CCOO, la empresa quiere modificar derechos a la baja como en el caso de la incapacidad temporal. Además, el sindicato recuerda que se está pidiendo una subida del 3,5% en 2025, un 3% en 2026, un 3% en 2027, un 6% en 2028 y 9 días de asuntos propios.

Desde CCOO han pedido a la ciudadanía disculpas por las molestias que esta huelga va a ocasionar en la recogida de envases del contenedor amarillo pero piden comprensión “teniendo en cuenta que la plantilla lo único que pide es recuperar su poder adquisitivo”, por lo que tratarán de que los efectos de la protesta sean “los más livianos posibles”.

FCC lleva 5 años prestando este servicio, que ha renovado en noviembre de 2025.

El Consorcio Provincial de Medio Ambiente, dependiente de la Diputación de Albacete asegura por su parte que desde el inicio del conflicto, la entidad ha mantenido “una actitud activa, responsable y comprometida, asumiendo una mediación imparcial entre las partes para evitar la huelga y garantizar la continuidad de un servicio público esencial para la provincia”,

Gracias a esta mediación, señalan desde el Consorcio, “se lograron avances muy relevantes que permitieron desbloquear las negociaciones y alcanzar un preacuerdo equilibrado”, que incluía un incremento salarial acumulado del 15,5 % en cuatro años (5,5 % el primer año, 3 % el segundo, 3 % el tercero y 4 % el cuarto); el mantenimiento íntegro de los derechos consolidados; y la ampliación de los días de asuntos propios de 7 a 9. Todo ello, parte de un convenio con vigencia de cuatro años pensado para dar estabilidad tanto a la plantilla como a la empresa.

El Consorcio se desmarca de la ruptura de la negociación

Según un comunicado del Consorcio Provincial, “cuando el acuerdo se encontraba prácticamente cerrado y listo para su firma, la empresa optaba por no ratificarlo por cuestiones relacionadas con la redacción del texto”. Se trata, añade, de una decisión “inesperada y ajena” frente a la que se ha hecho “todo lo posible para evitar ese escenario”, pero finalmente ha derivado en la convocatoria de huelga desde este 2 de enero.

Ante esta situación, el Consorcio Provincial de Medio Ambiente asegura que “velará por el estricto cumplimiento de los servicios mínimos, así como por el respeto a todas las condiciones recogidas en el contrato de adjudicación del servicio, con el objetivo de minimizar las molestias a la ciudadanía”.

Asimismo, continuará supervisando que la empresa cumpla las obligaciones asumidas en su oferta y en el pliego de condiciones, y para garantizar que “el servicio se preste con la mayor normalidad posible”.

La entidad dice lamentar “profundamente” los efectos que esta falta de acuerdo entre empresa y trabajadores pueda tener en los municipios de la provincia, especialmente en unas fechas de alta actividad social y económica como estas.

Por último, reitera su disposición a seguir implicándose en facilitar el entendimiento entre las partes y hace un llamamiento “a la responsabilidad para preservar la confianza de la ciudadanía en un servicio público que se ha venido prestando con normalidad y eficacia”.

CCOO denuncia servicios mínimos “abusivos”

Coincidiendo con el inicio de la huelga, este viernes ha tenido lugar una concentración ante las puertas de la Diputación de Albacete, administración responsable del servicio de recogida de envases del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, para denunciar “la cerrazón” de la empresa concesionaria FCC para renovar el convenio colectivo.

“La huelga tendría un seguimiento del 100% de la plantilla (13 personas) de no ser por unos servicios mínimos abusivos y que se van a impugnar porque va a reducir notablemente el impacto que tendría la huelga en la recogida de residuos del contenedor amarillo”.

El sindicato asegura que “la negativa de FCC a suprimir un párrafo en el que pide a las personas trabajadoras que cumplan el pliego de condiciones, cuando esta obligación recae sobre ella, ha impedido alcanzar un acuerdo y por tanto desconvocar la huelga”.

Así lo ha manifestado Roque García, asesor de Hábitat CCOO Albacete, quien ha señalado que la propuesta de subida salarial y los días de asuntos propuestos por el Comité de empresa han sido aceptados, pero queda un fleco pendiente que la empresa “no tiene voluntad de resolver”.

“Lo que ahora nos separa es un párrafo que la empresa quiere incluir en donde se obliga a las personas trabajadoras a cumplir el pliego de condiciones, cuando quien tiene que cumplir el pliego es la empresa, que es la que concurrió al concurso y la Diputación exigir y controlar su cumplimiento”, ha indicado.

Roque García ha agradecido la mediación de la Diputación, que ha sugerido además un texto alternativo para poder alcanzar al acuerdo, pero que la empresa se ha negado a aceptarlo.

“Parece que Fomento se quiere lavar las manos y únicamente recoger los beneficios. Lo que tiene que hacer la empresa con respecto a los trabajadores es cumplir el convenio colectivo, porque si la empresa se mantiene en esta actitud le vamos a decir al diputado que la Administración le rescinda el contrato y que asuma la gestión, en lugar de que venga una empresa foránea a llevarse el dinero de los albaceteños y las albaceteñas”.

Por su parte, el delegado de CCOO en Fomento de Construcciones y Contratas, Pedor José Serrano, ha vuelto a pedir disculpas a la ciudadanía por las molestias que puedan ocasionar, pero ha recordado que a los trabajadores no les ha quedado más remedio porque llevan desde el 15 de noviembre “intentando buscar una solución, sin que la empresa dé muestras de querer poner fin a esta situación”.

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha anunciado este viernes, en una declaración institucional, que el Ayuntamiento no tramitará los expedientes ni favorecerá la implantación de plantas de biometano en su término municipal.

Con esta decisión, se pretende evitar la división que se está fomentando entre la ciudadanía y que, como ya ocurre, sean más las plantas interesadas en instalarse “y que no podemos aceptar”, según Julián Nieva.

El edil dice ser consciente de la división que este asunto está generando en la población, el equipo de Gobierno quiere evitarla y para ello ha hecho este anuncio, justificado también en que ya son tres los promotores interesados en instalar plantas de biometano en Manzanares.

El hecho de que otras poblaciones limítrofes a Manzanares también hayan descartado la instalación de estas plantas en su término, ha contribuido a esta postura ya que garantiza que no habrá plantas de biometano más cercanas al núcleo urbano manzanareño que la que en origen se planteaba en este término municipal.

En su declaración institucional, Nieva ha manifestado que el Ayuntamiento trabajará con el sector agroalimentario local para buscar soluciones a la gestión de los residuos que generan con el fin de evitar episodios de contaminación como los que ocurrieron en 2013 y 2014, con sanciones económicas para el consistorio.

El alcalde recuerda que Manzanares tiene una realidad social y económica “tan importante y tan fuerte” que no necesita apostar por ninguna propuesta que divida a los ciudadadanos.

Ni biometano ni macrogranjas

Nieva ha dicho respetar la posición de Ecologistas en Acción y comprender parte de su argumentación a la hora de tomar esta decisión. Por ello, ha anunciado que el Ayuntamiento estudiará las modificaciones urbanísticas necesarias para garantizar jurídicamente esta posición frente a las plantas de biometano así como para evitar la instalación de macrogranjas.

“Queremos una sociedad que camine junta por el mismo rumbo y hacia el mismo destino, el tiempo dirá cómo se tiene que acometer la gestión de estos residuos y lo haremos de la manera más cohesionada posible, lo que no queremos hacer es dividir a la sociedad manzanareña”, ha añadido el alcalde, que ha concluido su declaración dejando claro que “Manzanares hoy también va a decir de manera contundente no a las plantas de biometano”, ha asumido.

Manzanares y Puertollano contarán con sendas plantas para el reciclaje de residuos plásticos, según publica hoy el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo a dos resoluciones de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno regional, que recogen el correspondiente informe de impacto ambiental de estas futuras instalaciones.

Una de estas plantas se ubicará en el polígono municipal de Manzanares, en una parcela urbana, a unos 320 metros de las viviendas más cercanas. La empresa promotora es Agru Residuos, SL. y realizará labores de clasificación, tratamiento y almacenamiento temporal de residuos plásticos procedentes del sector agrario, para su posterior venta a gestores autorizados.

Según los cálculos de la empresa se van a gestionar unas 7.090 toneladas de residuos cada año. En el proceso se utilizará agua potable de la red del municipio. Además, en la resolución se especifica que “las aguas pluviales con posibilidad de contener hidrocarburos [componente fundamental del plástico], se conducirán mediante la pendiente del solado hasta el separado de hidrocarburos” y que esas aguas serán después vertidas a la red de saneamiento municipal.

Según la Consejería de Desarrollo Sostenible el proyecto no debe someterse a evaluación ordinaria, sino que bastará con una simplificada porque, dice, el proyecto “no parece contemplar afecciones negativas sobre el medio ambiente”.

En Puertollano, otra para reciclar plástico agrario y de la refinería

El segundo proyecto al que se da luz verde, y al que se otorga una autorización ambiental integrada, es el que pondrá en marcha Piroplast Energy.

Será una planta de valorización mecánica y química de residuos plásticos procedentes tanto del sector agrario como de la industria - de la refinería de petróleo de Puertollano- y que estará destinada a la producción de materias primas circulares. Se instalará en el polígono industrial la Nava III, de Puertollano. En 2024 fue declarado “proyecto prioritario” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

Esta planta tratará los residuos plásticos mediante pirólisis. Es decir, los transformará en hidrocarburos simples (como el metano, el propano o de otros tipos), con una producción anual estimada de 16.200 toneladas.

Al conocer esta noticia, el alcalde de Puertollano Miguel Ángel Ruiz se ha mostrado satisfecho. Cree que es “un hito que supone un avance decisivo en la consolidación del modelo industrial sostenible de nuestra ciudad” y que “refuerza la estrategia de Puertollano alineada con los principios de la economía circular, la transición energética y la modernización del tejido productivo”.

El edil ha detallado que la inversión prevista supera los 18 millones de euros y creará 63 empleos directos.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán (PSPV), ha denunciado la opacidad y el oscurantismo de la Conselleria de Medio Ambiente tras constatar que más de 380.000 toneladas de residuos procedentes de los municipios afectados por la dana han sido enterrados en un vertedero privado ubicado en Villena. Cerdán ha podido aportar esta información gracias a los datos suministrados por la propia empresa, obtenidos a través de la intermediación de la Sindicatura de Greuges, ya que el Consell mantuvo un silencio absoluto ante la demanda de información del equipo de gobierno municipal.

El primer regidor considera que la Conselleria “ha dado carta blanca a la empresa para que haga lo que considere con los residuos que llegan a sus instalaciones”, entidad que, al final, fue la única que proporcionó datos tras la intervención de la Sindicatura. Pese a esto, el alcalde de Villena aclaró que sigue sin disponer de la información esencial que ha demandado a la administración autonómica para saber qué tipo de material, qué tratamiento se le está dando y por cuánto tiempo más se va a seguir derivando residuos a Villena.

Fulgencio Cerdán, quien ha expresado su máximo interés en colaborar con todas las administraciones en la atención a los municipios damnificados por la dana, reclamó “una llamada, una respuesta o una aclaración de lo que está llegando a nuestra ciudad que nos permite estar tranquilos sobre lo que se entierra bajo nuestro suelo”. El alcalde relató que desde el pasado mes de marzo ha cursado requerimientos a la Conselleria en esta materia que no han sido respondidos, motivo por el cual se vio obligado a solicitar amparo ante la Sindicatura de Greuges.

El alcalde afirma que la preocupación para Villena es mayúscula, pues se genera una situación contradictoria después de los esfuerzos realizados por el equipo de gobierno en su momento para conseguir cerrar el vertedero de Vaersa. Ahora, se encuentran con otro abierto en su término municipal donde se entierra el 90% de todo el material que llega, “sin saber de qué tipo de materiales se trata o, en su caso, si se sabe por qué la Conselleria no informa de ello, generando una sensación de opacidad que nos intranquiliza”, añadió Cerdán. De las 380.000 toneladas, el documento aportado por la empresa confirma que solo 34.000 toneladas han sido tratadas para valorización, confirmando que más del 90% del material acaba enterrado “sin ningún control ni información por parte del Ayuntamiento”.

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, ha justificado hoy la licencia municipal concedida a la empresa Athisa Biodegradición SL. que gestiona residuos sanitarios en el Polígono Industrial El Llano de la localidad, en la que el lunes pasado se produjo una explosión que dejó una persona muerta y dos heridas graves.

La edil ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha dicho que administrativamente, esta empresa contaba con licencia municipal urbanística de actividad, el único aspecto concerniente al Ayuntamiento desde marzo de 2025, con un expediente con todos los informes favorables desde su presentación en 2016, “razón por la que todos los grupos políticos municipales estaban de acuerdo en conceder dicha licencia”.

En cuanto a la gestión de residuos y al emplazamiento de la empresa ha señalado que “es la Junta de Comunidades quien tiene que dar las autorizaciones correspondientes”.

Además, ha remarcado que el Ayuntamiento está colaborando “de forma total y absoluta con la investigación que están llevando a cabo las autoridades competentes” tras la explosión que tenía lugar el pasado lunes en la planta de tratamiento y eliminación de residuos de la empresa Athisa Biodegradición SL.

Ante el trágico suceso ocurrido que se ha cobrado una víctima mortal y dos heridos que aún permanecen en estado crítico, la primer edil ha señalado que “una vez que han pasado estos dos días de luto oficial”, desde el Ayuntamiento trasladan públicamente sus condolencias a la familia de Almudena.

“Ya lo hicimos en el día de ayer de manera privada, y un mensaje de acompañamiento a los dos heridos, a los que deseamos que, dado que están en las mejores manos, vayan recuperándose y pronto vuelvan a estar con nosotros”.

Arenas ha recalcado que mientras la investigación se prolongue “no se pueden ofrecer muchos más datos al respecto, por lo que ahora lo más importante es estar al lado de la familia de la fallecida y de los heridos”, tal y como ha informado el Consistorio.

Igualmente, Arenas, ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, facultativos médicos, personal del Ayuntamiento y voluntarios de Protección Civil que respondieron a esta urgencia y pudieron asistir a los heridos en ese momento.