Hay impulso, hay promotores, hay ganas. Pero también múltiples variables ambientales, alguna carencia de legislación, así como “desinformación” y una amplia “necesidad de explicarnos mejor”. Son algunas de las conclusiones que varios impulsores del biogás han expresado en la jornada organizada en Toledo por la Fundación Naturgy para la presentación a nivel estatal de una guía “pionera” sobre las variables de esta polémica energía renovable, que cuenta con una amplia contestación social en varios puntos del país por su “efecto llamada” para macrogranjas y sus afecciones ambientales.

El biogás es una fuente de energía renovable producida por la descomposición de materia orgánica, principalmente residuos agroganaderos, pero también lodos y basura, en ausencia de oxígeno. Está compuesto por metano y dióxido de carbono y se utiliza para generar electricidad, calor, biocombustible o fertilizantes orgánicos. Es un método de gestión de residuos que se convierte en biometano al ser “purificado” eliminando todas sus impurezas y convirtiéndolo en una fuente de energía similar al gas natural.

La elección de la capital castellanomanchega para este evento no ha sido casual. En esta comunidad autónoma, según el mapeo en tiempo real que realiza Stop Ganadería Industrial, hay más de 70 plantas operando, en trámite o con solicitud de autorización ambiental. Por eso, las protestas han arreciado en los últimos años. Incluso desde la administraciones locales: ayuntamientos, como el de Albacete, por ejemplo, han aprobado ordenanzas para impedir la instalación de plantas de este tipo.

En la jornada, de hecho, ha estado presente el alcalde de Campos del Paraíso, Francisco Javier del Saz (PP). En este municipio, de apenas 300 habitantes, se produjo recientemente una de las mayores movilizaciones, de más de un millar de personas, contra los proyectos de biogás que planean sobre el municipio y sus pedanías.

“No estoy ni a favor ni en contra. He venido a informarme porque hay preocupación entre los vecinos. Quiero contarles todo lo que se diga aquí, y que puedan tener todos los datos. Yo también soy vecino y también me afecta, pero quiero ser objetivo y contar lo que hay”, ha precisado a este medio.

La primera guía técnica que analiza todas las variables ambientales

Y es que entre los impulsores del biogás hay “sorpresa” por estas movilizaciones. De ahí la jornada de Naturgy, abanderada por María Eugenia Coronado, directora general de Fundación, con el fin de contrarrestar estas críticas, y ‘vender’ el biometano con un informe que se detiene en sus decenas de variables ambientales.  

Este documento lo ha elaborado INERCO, una empresa internacional especializada en brindar soluciones integrales en ingeniería, medio ambiente y seguridad industrial. Su enfoque principal es el desarrollo sostenible para sectores como el gas, la minería o la química. Actualmente, opera en más de 10 países.

En realidad, se trata de una guía técnica que analiza el papel del biometano en la transición energética y la economía circular y detalla cuál es el marco ambiental y regulatorio aplicable, las principales variables técnicas y ambientales de estas instalaciones y las mejores prácticas para su implantación y operación sostenible.

Sus conclusiones las ha presentado Amelia Olid, jefa del Área de Gestión Ambiental de Nuevos Desarrollos de INERCO. Uno de sus contenidos más destacados es el amplio espacio que dedica a los condicionantes técnicos y ambientales en el proceso productivo de las plantas de biometano.

No oculta que entre ellos se encuentran efectos como las emisiones atmosféricas y de olores, ruidos, efluentes derivados por el almacenamiento, y otras afecciones como la contaminación de aguas subterráneas y suelos, y el impacto paisajístico.

Es en la gestión del digestato y en la elaboración del compost, es decir, en los residuos de estas plantas, donde se producen los principales impactos, y para ello propone medidas correctoras que abarcan todo el proceso, desde el diseño de la planta hasta su funcionamiento final. En todo ello, concluye, la legislación estatal y las normativas autonómicas, a la hora de otorgar autorización ambiental, son “garantistas” y permiten su instalación sin apenas consecuencias.  

Pero ha sido en el coloquio posterior a la presentación del informe, moderado por Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, donde se han puesto sobre la mesa las reflexiones más interesantes y donde ha quedado de manifiesto que el biogás es una solución “compleja”, pero que ofrece una “salida necesaria” a la gestión de residuos orgánicos.

Sobre la necesidad y la urgencia de potenciar esta renovable, Francisco Javier Hidalgo, director de Consultoría en España de INERCO, ha querido advertir primero de que siempre que surge una actividad relativamente nueva, las administraciones y el entorno social necesitan conocer sus ventajas e inconvenientes.

Y el argumento principal, ha señalado, es que se trata de una “gran necesidad”. “Tener plantas de biometano ayuda a la descarbonización y además permite la gestión de residuos. Es una pieza clave que nos permite movernos hacia una generación más sostenible y va a permitir hacerlo desde el uso de recursos del territorio, no necesitamos traer nada de fuera”, ha añadido.  

Del “régimen plano” al digestato

Por su parte, Lourdes Gómez de la Vega, responsable de Ingeniería y Medio Ambiente en Gases Renovables de Naturgy, ha remarcado que en el actual contexto de transición energética, especialmente en Castilla-La Mancha, ha habido ha habido un importante desarrollo de energías renovables, pero la diferencia del biometano es que se produce en un “régimen plano”, es decir, de manera continua, al contrario que la fotovoltaica y la eólica, que dependen de elementos externos como el viento o el sol.

“El biometano se puede almacenar de forma muy fácil y con precios más competitivos y además permite abastecer al sector doméstico”. Se refiere con ello a la molécula CH4 (metano) que permite la misma inyección a la red que el gas natural, pero como una solución “mucho más potente”.  

A este respecto, Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha incidido en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, ha recordado que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

Sobre el desarrollo del biometano en España, la responsable de Renovables de Naturgy ha querido hacer hincapié en que no se trata de una tecnología nueva, ya que ha habido proliferación de plantas en Europa durante 20 años. “Ahora hay que diseñar plantas para la variabilidad de residuos de manera mucho más amplia, que ayuden al territorio para un sistema de gestión eficiente, y que sirvan para inyectar en las redes domésticas, no solo para la industria”.

Es en este punto cuando se ha referido al digestato y a su valorización para una “aplicación directa”. “Tenemos la obligación de generar un producto que sirva como fertilizante para comercializar y certificar en toda la Unión Europea, y contribuir así a disminuir los fertilizantes químicos”.

Para el representante de INERCO, biogás y biometano no suponen solo una energía renovable sino una solución a la problemática de la circularidad de los residuos. Y coincide con Naturty en que es un modelo “ampliamente probado” en Europa. “Ahora mismo ya hay técnicas de mitigación de los impactos y se utilizan a escala productiva global”.

Además, ha explicado que gran parte de los promotores que desarrollan estas plantas son empresas que tienen mucha experiencia a nivel energético, y eso “no siempre pasa con todos los proyectos”, por lo que es “una garantía de que los estándares de diseño son altos”.

Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse

Una de las más taxativas en la defensa del biometano y su tecnología ha sido Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc): “Según está el mundo, el biometano es estratégico. No podemos esperar más. Nos dota de autonomía y ha venido para quedarse”.

Pero ha sido también la que ha hecho mayor autocrítica. Preguntada sobre las protestas vecinales y sociales en el medio rural ha reconocido: “Igual podemos explicarlo mejor”.

“No subestimamos para nada a las poblaciones rurales. La gente en los pueblos sabe mucho más que en las ciudades y tenemos una oportunidad de explicarlo todo mejor. Debemos construir todos juntos esta transición. Instalamos industrias que hay que alimentar diariamente con base orgánica. Son como ‘minirrefinería’ de petróleo, que sirven para inyectar gas. pero también para otros usos. Pero ante todo, tenemos que explicar mejor las cosas y saber llegar a la población rural”.

En su opinión, será la propia realidad la que a medio plazo demostrará que las plantas de biogás van a ser “prescriptoras” para “luchar contra la desinformación” y demostrarán que no van a tener efectos negativos. “Las empresas son las primeras interesadas en garantizar todo el proceso sin afecciones y necesitamos que nos den ese voto de confianza”.

Precisamente, el director general de Transición Energética de Castilla-La Mancha, ha ensalzado la función de la Administración para dar “seguridad” en ese proceso y “vigilar” para que estos proyectos se ajusten a la ley. “Igual que existe una normativa de residuos, ahora de ser garantistas en el tratamiento de estos residuos y explicarlo a la ciudadanía para que tengan la confianza de que se va a desarrollar correctamente. Es más, si no se cumple, habrá sanciones y cierres, sin duda”. De hecho, aunque no lo ha mencionado explícitamente, es lo que contempla el Plan de Biometanización que tramita esta comunidad autónoma.

Para Margarita de Gregorio, el digestato es “clave” en el proceso. “En ningún caso, en ninguna instalación, lo que sale es igual a lo que entra. El producto final siempre es mejor porque la materia orgánica se ha higienizado. Por lo tanto, ese producto es otro valor, es una oportunidad para aplicar al terreno, para valorizar un elemento estructural de la biocircularidad que va más allá del propio concepto energético”.

“Es una sorpresa que algo que es en todas sus fases tan positivo pueda estar tan cuestionado, cuando es una oportunidad para cerrar procesos productivos. Y donde además, en todo el proceso interviene mano de obra y genera empleo local”, ha destacado. A la fijación de empleo local también se ha referido el responsable de INERCO, poniendo el foco en áreas más desfavorecidas.

Finalmente, todos los intervinientes han hecho sus presagios a medio plazo. Para la representante de Biocirc, en cinco años habrá más un centenar de plantas de biogás operando en España “en condiciones perfectas” y además, con Castilla-La Mancha como “protagonista”.

Por su parte, el director general de Transición Energética ha augurado que estas instalaciones se construirán de manera proporcionada al tamaño de las comarcas y permitirán que “no haya tanta dependencia” de gasoductos y una descarbonización “necesaria”. “La tecnología va a avanzar mucho y eso nos permitirá también un mayor aprovechamiento en el tratamiento de los residuos”.

Desde la Fundación Naturgy vaticinan que los actores y promotores “van a proliferar” pero solo tendrán éxito aquellos que “generen sinergias” con el producto final, y “que tengan interés en la descarbonización y en la producción de fertilizantes sostenibles y orgánicos”.

Siguen los movimientos en el capital de Naturgy. CriteriaCaixa, el holding que gestiona toda la cartera industrial de Fundación La Caixa, ha adquirido un 2,5% adicional del capital de Naturgy por un importe de 611 millones de euros, aprovechando la colocación acelerada que GIP-BlackRock ha realizado en el mercado de capitales.

CriteriaCaixa refuerza así su posición en el accionariado de la compañía energética, alcanzando una participación del 28,5%, según ha indicado la entidad que preside Isidro Fainé en un comunicado.

El fondo australiano IFM sigue como segundo accionista de la energética, con un 15,5%.

Global Infrastructure Partners (GIP), fondo controlado por BlackRock, ha salido este martes del accionariado de Naturgy al deshacerse de del 11,4% del capital que aún controlaba por un total de 2.790,9 millones.

Esa reestructuración obligará a la compañía que lidera Francisco Reynés a reordenar su consejo de administración, que cuenta con tres miembros del fondo --Lucy Chadwick, Rajaram Rao y Martin Catchpole--, que ya se había comprometido a renunciar a un representante como consecuencia de la venta del 7,1% de Naturgy realizada el pasado diciembre.

Actualmente, el consejo de la energética consta de 16 miembros, aunque solo se han cubierto 15 asientos, porque Criteria renunció a disponer de un consejero más.

El pasado 18 de febrero, Naturgy dio a conocer que su consejo había propuesto alargar el mandato de Francisco Reynés como presidente ejecutivo de la multinacional hasta el año 2030 y que llevaría a cabo una reordenación en su consejo para dar un representante más a IFM en detrimento de GIP, que reduciría su peso de tres a dos representantes.

Ese ajuste supuso un guiño hacia IFM, que ha tenido varios encontronazos con Criteria por el control de la energética desde que aterrizó en el capital de Naturgy, con una opa parcial no solicitada.

Hasta ahora, el consejo de Naturgy se repartía de la siguiente forma:

El presidente de la compañía, Francisco Reynés, formaba parte del consejo en calidad de ejecutivo; Criteria tenía tres representantes, otros tres CVC y los March; tres también GIP; había tres independientes y dos representantes de IFM.

Se da la circunstancia de que Reynés es la mano derecha de Fainé en La Caixa, al ser vicepresidente primero de la entidad. Fue nombrado en mayo de 2025, tras la salida de Ángel Simón.

El fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, ha puesto a la venta este lunes el 11,4 % de las acciones de Naturgy y se deshace así del total de los títulos que tenía de la compañía, de la que era uno de los máximos accionistas.

A los actuales precios de mercado de las acciones de Naturgy, este porcentaje supone unos 3.000 millones de euros. Ya en diciembre de deshizo de una parte de su participación en la gasista española, cuando vendió el 7,1% de la compañía por 1.800 millones de euros

Naturgy ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el fondo ha iniciado una colocación acelerada para realizar esta venta, en la que JP Morgan y Goldman Sachs serán sus coordinadores globales.

Una vez completada la colocación, ambos bancos comunicarán las condiciones definitivas a través del supervisor de los mercados, la CNMV.

El pasado 11 de diciembre, el fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, ya colocó el 7,1 % de Naturgy a un precio de 24,75 euros por acción, lo que arrojaba un descuento del 5,4 % sobre el precio al que cerraron la víspera las acciones de la energética.

Tras esa venta, GIP se quedó como titular de 110.753.554 acciones de la sociedad, que estaban sujetas a un compromiso para no vender esos títulos de 90 días, una situación que, concluida, ha derivado en la venta de toda la posición de la empresa.

Según se desprende de los datos de este lunes públicos en la CNMV, CriteriaCaixa es el máximo accionista de la compañía, con el 25,99 % de la empresa, mientras que, por detrás se sitúa CVC, con el 18,8 %, e IMF Global Infraestructures, con el 15,17 %.

Así, el fondo ha pasado de ser el tercer máximo accionista de la compañía a salir por completo de la empresa energética.

De hecho, GIP ya fue uno de los accionistas que acudió a la autoopa de Naturgy de 2025, maniobra con la que redujo su peso en el accionariado desde el 20,64 % hasta el 18,5 %, mientras la compañía buscaba disminuir su capital flotante ('free float') para volver a los principales índices bursátiles.

Revolución en Naturgy. El consejo de administración de la primera gasista y tercera eléctrica de España ha acordado proponer que el mandato de Francisco Reynés como presidente ejecutivo de la multinacional se extienda hasta 2030, y dar un consejero más al fondo australiano IFM, que ahora tendrá tres representantes, en detrimento de GIP, que quedará con dos.

Reynés renovará tras hacer que Naturgy bata por enésima vez récord de resultados y supere sus propias previsiones. También de dividendo. La energética ganó 2.023 millones de euros en 2025, un 6,4 % más que durante el año anterior, y que superan a los de 2023, cuando registró el mayor resultado de su historia, al ganar 1.986 millones.

A finales de octubre, coincidiendo con la difusión de sus ganancias hasta septiembre, Naturgy ya ratificó que se proponía superar los 2.000 millones de ganancias, y así ha sido, impulsada por el mayor consumo de gas para generar electricidad desde el gran apagón, el cual subió hasta un 33,4% más.

Pero no en inversiones, que es, junto a los precios, lo que más afecta al ciudadano. En 2025, Naturgy invirtió 2.142 millones de euros, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables, lo que supone un 6% menos que en 2024.

La capacidad instalada renovable alcanzó los 8,1 GW, con más de 1,2 GW de capacidad adicional actualmente en construcción.

En cuanto a las previsiones para este año, Naturgy espera acometer inversiones orgánicas de alrededor de 2.100 millones.

Naturgy resalta que su contribución a la sociedad en impuestos y tasas rozó los 1.300 millones de euros, y que los dividendos a los accionistas alcanzaron los 1.700 millones. Naturgy ha dado a conocer este miércoles que abonará el tercer y último dividendo de 0,57 euros con cargo a 2025.

Con esta cantidad, el dividendo total por acción se situará en los 1,77 euros, por encima de los 1,70 euros comprometidos. El compromiso para este año es de 1,8 euros por acción, en línea con lo previsto en su plan estratégico hasta 2027.

La energética presidida por Francisco Reynés destacó que en 2025 alcanzó sus previsiones “a pesar del desafiante entorno experimentado durante el año”, el del apagón y las tensiones geoeconómicas.

A este respecto, señaló que a lo largo del pasado ejercicio los precios del gas y la electricidad se mantuvieron en promedio por encima de 2024, impulsados por las tensiones geopolíticas persistentes y la incertidumbre macroeconómica. Estos factores contribuyeron a un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, con precios del petróleo en 2025 en promedio por debajo de 2024.

Vuelco al consejo

Más allá de ajustar el consejo de administración, compuesto por quince miembros, a las participaciones actuales, el reajuste supone un guiño hacia IFM, que ha tenido varios encontronazos con Criteria por el control de la energética desde que aterrizó en el capital de Naturgy, con una opa parcial no solicitada.

Hasta ahora, el consejo de Naturgy se repartía de la siguiente forma:

El presidente de la compañía, Francisco Reynés, formaba parte del consejo en calidad de ejecutivo; Criteria tenía tres representantes, otros tres CVC y los March; tres también GIP; había tres independientes y dos representantes de IFM.

Tras los recientes cambios accionariales, el consejo de administración ha acordado nombrar consejero a Lars Bespolka a propuesta de IFM, que aumenta sus consejeros dominicales de dos a tres.

Asimismo, ha recibido la indicación del accionista Blackrock-GIP de que uno de sus tres consejeros dominicales renunciará a su puesto en el consejo, reduciéndolos a dos.

Actualmente, Criteria sigue siendo el primer accionista de Naturgy, con un 26%. El brazo inversor de Fundación La Caixa, que preside Isidro Fainé, se hizo con una parte del paquete accionarial que vendió GIP (con un 2%) y aprovechó así para reforzarse en el capital.

La rebaja de peso accionarial de GIP ha dejado al fondo australiano IFM como segundo accionista de la energética, con un 15,5%.

Aunque la familia March y el fondo CVC anunciaron en diciembre que a partir de entonces controlarían por separado, respectivamente, un 5 % y un 13,8% del capital de Naturgy, aún mantienen su representación conjunta en el consejo.

Por otra parte, el consejo de Naturgy también ha decidido por unanimidad proponer a la Junta la renovación de los mandatos de los consejeros Jaime Siles y Ramón Adell.

Asimismo, con el objetivo de enfocarse en el largo plazo, el consejo ha creado una Comisión de Visión estratégica, presidida por Francisco Reynés, que contará con presencia de consejeros de todos los grupos representados en el consejo.

Corporación Financiera Alba, de la familia March, ha separado su 5,01% del capital de Naturgy del vehículo luxemburgués Rioja, con el que participaban en la gasista junto al fondo británico de capital riesgo desde 2018. El movimiento da más “flexibilidad” a Alba y llega en plena reordenación accionarial en Naturgy, tras las ventas y compras de acciones que han llevado a cabo en los últimos días BlackRock y Criteria, respectivamente.

Corporación Financiera y Rioja Investments, indirectamente participada mayoritariamente por los fondos CVC, han acordado renovar sus compromisos con respecto a su inversión conjunta en Naturgy y modificar su estructura societaria. Ambos han decidido modificar la estructura de coinversión societaria (Grupo Rioja) a través de la que mantenían su 18,59% de la mayor gasista española, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, Alba contará en la estructura resultante a partir de ahora con una participación directa del 5,01% a través de otro vehículo en Luxemburgo, Alba Europe, y Rioja Investments (de CVC, y también radicada en el Gran Ducado) mantendrá una participación del 13,8% a través de Grupo Rioja.

La participación de Alba incluye el 4,78% indirecto que mantenía a través de su participación del 25,73% en Rioja Luxembourg y un 0,23% que poseía de manera directa con anterioridad a dicha modificación.

“La nueva estructura permite a ambos socios una mayor flexibilidad sin alterar la gobernanza ni los objetivos conjuntos de su inversión en Naturgy”, han destacado en un comunicado en el que subrayan que ambos accionistas “siguen plenamente comprometidos y coordinados”.

Esta modificación societaria no afecta al compromiso de los accionistas de Rioja con respecto a su inversión y la creación de valor en la energética. Ambos socios, que llevan años queriendo vender sus participaciones, acuerdan mantener los tres consejeros que les representan en el máximo órgano de gobierno de Naturgy, formado por quince miembros.

La participación en Naturgy es la mayor inversión individual de Alba e indirectamente una de las mayores inversiones de los fondos gestionados por CVC en Europa.

Esta reordenación, que los socios venían negociando desde mayo, ha cristalizado en un momento en el que dos de los principales accionistas de Naturgy han movido ficha en los últimos días: Criteria ha adquirido un 2% por 455 millones y ha elevado su participación en Naturgy al 26%, mientras que GIP (BlackRock) ha reducido su presencia al 12,62% tras colocar de forma acelerada la semana pasada un 7,1%, pasando de segundo a cuarto accionista.

La venta de acciones de BlackRock arrancó hace unos días la reordenación del capital de Naturgy, tras la frustrada oferta pública de adquisición (opa) que la emiratí Taqa sondeó lanzar junto a Criteria Caixa en 2024. El bajo free float de Naturgy llevó a la compañía a lanzar el año pasado una auto opa por el 10% de su capital, lo que le permitió regresar a los principales índices de sostenibilidad hace unas semanas al situarse el porcentaje que cotiza libremente en bolsa por encima del 18%.

Con este nuevo movimiento, el accionariado de Naturgy se reparte entre Criteria (26%), el fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), BlackRock (12,62%), Corporacion Alba (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%), esta última sin presencia en el consejo de administración. En la actualidad, IFM solo tiene dos consejeros, frente a los tres que tienen BlackRock, CVC-Alba y Criteria, cuyo vicepresidente ejecutivo, Francisco Reynés, es también el primer ejecutivo de Naturgy.

El gigante del capital riesgo BlackRock ha encargado a JP Morgan una colocación acelerada de acciones para vender el 7,1% de Naturgy, la mayor gasista española, con lo que pasará a ser el cuarto accionista de la compañía que preside Francisco Reynés. 

El paquete que se va a colocar, de unos 69 millones de títulos y dirigido a inversores cualificados, está valorado a los precios actuales en unos 1.800 millones de euros, aunque este tipo de operaciones suelen cerrarse con un descuento sobre la cotización en Bolsa. 

Naturgy cerró este miércoles a 26,16 euros por acción y sus títulos acumulan una revalorización cercana al 20% en lo que va de año. La operación se ha anunciado tras una sesión en la que el Ibex ha batido un nuevo máximo histórico.

Con esta colocación acelerada, notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre del mercado, arranca la reordenación del capital de Naturgy, tras la frustrada oferta pública de adquisición (opa) que la emiratí Taqa sondeó lanzar junto a Criteria Caixa en 2024.

BlackRock actualmente controla en torno al 18,5% de la energética a través del fondo GIP y tras vender ese paquete pasará a convertirse en el cuarto accionista de la compañía, con un 11,4%, por detrás de Criteria Caixa (24%), la alianza entre el fondo británico CVC y la familia March (18,6%), otro fondo, el australiano IFM (15,2%) y la estatal argelina Sonatrach (4,1%), que no tiene presencia en el consejo de administración de Naturgy . 

Tanto GIP (que fue adquirido el año pasado por BlackRock) como CVC llevan años sondeando la venta de sus acciones en la energética al considerar ya cumplido su ciclo de inversión.

Con esta operación, el porcentaje del capital de Naturgy que cotiza en Bolsa (conocido como free-float) va a dispararse hasta el entorno del 25%. El bajo free float de Naturgy llevó a la compañía a lanzar el año pasado una auto opa por el 10% de su capital, lo que le permitió regresar a los principales índices de sostenibilidad hace unas semanas al situarse el porcentaje que cotiza libremente en bolsa por encima del 18%.

El culebrón del cierre de las centrales nucleares va a vivir otro capítulo este jueves en el Congreso de los Diputados, con la votación de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Senado que pretende alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

En la enmienda, que el Gobierno no ha vetado por entender que no tiene impacto para las cuentas públicas, la llave la tiene Junts, partidaria de alargar la vida de las nucleares catalanas, y que ya se abstuvo en la votación de esa enmienda en el Senado.

Si sale adelante, esta treta parlamentaria de los populares, una enmienda a una ley que nada tiene que ver con las nucleares, y de cuya aprobación depende la entrega de 10.000 millones de euros en fondos europeos, puede apuntalar las peticiones que llevan meses realizando las eléctricas para revisar el calendario de cierre de las nucleares.

Sin embargo, expertos del sector advierten de que, en la práctica, esa hoja de ruta ya está entredicho con la prórroga que han pedido las empresas para que la central de Almaraz siga operando hasta 2030.

Tras jugar al despiste durante meses con el cierre o la prórroga de la planta extremeña, sus propietarias, Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) acordaron en octubre (la propietaria de Almaraz es una comunidad de bienes, que requiere unanimidad de los socios en sus decisiones) solicitar alargar hasta junio de 2030 el permiso de la planta cacereña. Almaraz es la primera que debe cerrar en el calendario pactado en 2019 con la empresa pública Enresa, responsable del desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos radiactivos.

El plan pactado hace seis años contemplaba un apagón gradual del parque nuclear entre noviembre de 2027 y mayo de 2035, con el cierre del primer reactor de Almaraz como primera parada y la clausura del segundo grupo de la planta extremeña ya en octubre de 2028. Al margen de esta maniobra del PP, el retraso en cadena del calendario de cierre nuclear (que genera el rechazo frontal del socio de Gobierno del PSOE, Sumar) es un escenario que está sobre la mesa si se materializa la prórroga de la planta extremeña.

Retrasar a 2030 el cierre de Almaraz supondría abordar a la vez en un solo ejercicio el cierre de cuatro reactores nucleares: los dos de la planta extremeña y los de Ascó I (octubre de 2030) y Cofrentes (noviembre de 2030). Serían 4 gigavatios (GW) desconectándose en cuestión de meses. En opinión de Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, este escenario “no es gestionable, y por tanto el gobierno que haya en 2030 (o año y medio antes) tendrá la soga al cuello”. 

Según Fresco, de cara a 2030 “las compañías podrán plantear las condiciones que quieran ante su posición de fuerza. Si permites esto de Almaraz, el gobierno pierde el control de la política energética y pasan a dominarla las propietarias de las nucleares”.

Como ha explicado el ex diputado de ICV y ex director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Herrera, con ese aplazamiento “se consigue para 2030 la tormenta perfecta” y ese año las empresas “pretenderán poner las condiciones para el alargue de la vida de los reactores”, con lo que Herrera ha calificado como “el cuarto rescate nuclear. Así, la política energética podría volver a decidirse ”en un taxi“, como tantas veces en el pasado”.

Por los aires

En un reciente artículo en Agenda Pública, Fresco apuntaba que cerrar casi de golpe esos cuatro reactores en 2030 haría saltar “por los aires cualquier criterio de cierre escalonado y progresivo” y supondría “la detonación de la política energética del país”, porque haría muy difícil instalar los 30.000 megavatios (MW) de renovables que actualmente tienen autorización de construcción y cerca de 5.000 MW proyectos de almacenamiento en baterías que están en tramitación. La explicación es sencilla: no hay hueco para tanto.

En palabras de Fresco, “si mañana el Gobierno de España reabre el melón nuclear seguramente no se construirá prácticamente nada. Deshacer el pacto nuclear destruiría la previsibilidad de nuestra política energética, paralizaría la inversión y dejaría morir miles de proyectos que han estado muchos años en tramitación, tirando a la basura grandes esfuerzos y llevando a la ruina a cientos de empresas”. 

Hay que recordar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos el Gobierno revisó al alza hace poco más de un año, establece que de aquí a 2030 tendrían que instalarse en España otros 30 GW de fotovoltaica, sumando autoconsumo (ahora hay unos 47 instalados) y otros 37 GW de eólica (ahora hay unos 33). Esto es ya prácticamente inviable con el escenario actual, aun sin prórroga nuclear, con una demanda eléctrica que no despega, lo que reduce drásticamente la rentabilidad de los proyectos renovables. El PNIEC prevé un aumento del consumo de unos 80 TWh entre 2019 y 2030 que no se está materializando ni por asomo.

Una de las claves que explican el giro de las empresas con la nuclear está en el precio del gas. Esta materia prima determina lo que cobran los reactores en el mercado mayorista. Cuando en 2019 se pactó el cierre escalonado del que ahora las eléctricas reniegan, cotizaba por debajo de los 15 euros el megavatio hora (MWh), cuando ahora está en unos 30 euros. 

Y una muestra de cómo ha cambiado la situación es un vistazo a la evolución de las cuentas de la filial nuclear de Iberdrola, que en 2020, meses después de la firma de ese protocolo de intenciones con Enresa, y con los precios del ‘pool’ en mínimos históricos, se anotó unos números rojos récord de 240 millones. Sin embargo, en 2021, con el gas empezando a dispararse, Iberdrola Generación Nuclear puso fin a las pérdidas que venía registrando de forma constante desde su creación en 2012 (casi 1.100 millones).

Y en los últimos cuatro ejercicios se ha anotado un beneficio total de cerca de 1.270 millones, pese a la “asfixiante” presión fiscal que soportan los reactores, según la expresión que utiliza desde hace años el principal lobby del sector, Foro Nuclear, y que ha hecho suya el PP. En el caso de Iberdrola, su filial nuclear ya ha borrado de sobra las pérdidas de la década anterior, cuando la mayor eléctrica española forzó el cierre de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en contra de los deseos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las empresas han aprovechado el apagón del 28 de abril para poner sobre la mesa una supuesta capacidad de las nucleares para controlar la tensión eléctrica (clave en ese histórico cero energético) de la que estas plantas carecen, según ha reconocido recientemente la patronal sectorial Aelec. 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado la decisión sobre Almaraz en manos de lo que determine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La vicepresidenta Sara Aagesen, que este miércoles convocó a los medios para presentar un nuevo paquete de ayudas a la descarbonización y la competitividad en un acto que discurrirá paralelo al debate de este jueves en el Congreso, asegura que no ha cambiado su posición sobre este asunto porque no se han cruzado “las tres líneas rojas” que marcó en mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que la prórroga garantice la seguridad del suministro, que no esté en riesgo la seguridad radiológica y que no suponga un extracoste para el contribuyente.

Pragmatismo

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en El País que el Gobierno “no tiene una posición en absoluto dogmática, sino pragmática” sobre las nucleares. “¿A qué me refiero? A que si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias que, a mi juicio, son de puro sentido común”.

El pasado lunes, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se mostró “seguro” de que el Ejecutivo central “va a prorrogar” la vida útil de Almaraz y afirmó que había un “compromiso” para ello.

Las empresas han pedido la prórroga tras anunciar la presidenta extremeña, María Guardiola, una rebaja progresiva de la ecotasa que cobra la región a la planta, poco antes de anticipar las elecciones autonómicas del próximo diciembre.

Las eléctricas han pedido esa miniprórroga sin poner “ninguna condición”, en palabras de Aagesen, y tras “renunciar a la rebaja fiscal” que exigían al Gobierno central desde hace meses. Una rebaja definida por el anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro, como un “rescate” y un “farol” de Iberdrola, el accionista mayoritario de la planta. Según Navarro, en 2019 la eléctrica “quería cerrar a toda costa a los 40 años de operación comercial (en 2023-2024), porque pensaba que en pocos años la energía nuclear dejaría de ser rentable”. 

“Ahora Iberdrola cree que se equivocó, por el incremento de las expectativas de precios futuros de la electricidad a medio plazo (”It’s the economy, stupid“). Y para justificar su giro de 180º, otro más de una larga lista, ha invertido ingentes recursos en campañas mediáticas para trasladar al imaginario colectivo la supuesta asfixia fiscal y las bondades de lo que antes denostaba, marcándose el farol, por si colaba, de exigir condiciones. Afortunadamente, no se ha pagado el rescate”, según Navarro.

En un artículo en Cinco Días, el extremeño ha avisado de que, aun con la subida, en vigor desde el año pasado, de la denominada Enresa, que financia la gestión de los residuos y el almacenamiento (y que pagan los reactores mientras funcionan), “el importe acumulado que Almaraz habrá dedicado a la gestión de sus residuos y a su desmantelamiento, hasta el final de su vida, será muy inferior al de centrales semejantes de Europa y EE. UU.”

Durante varios días durante julio y agosto de 2025, la imagen del río Tajo a su paso por Toledo sorprendió a propios y extraños. Después de las fuertes crecidas en el mes de marzo por las abundantes lluvias que llegaron a desbordar algunos tramos, este verano el cauce que serpentea el Casco Histórico reflejó un brusco descenso en varias ocasiones.

La Confederación Hidrográfica del Tajo inició una investigación y este viernes por la tarde ha desvelado las causas en un informe que ha hecho público. “Responde a paradas de la turbinación en la central hidroeléctrica de Safont debidas, por un lado, a trabajos de mantenimiento en la subestación de alta tensión y, en segunda instancia, a incidencias eléctricas originadas en la línea de distribución”, ha explicado el organismo de cuenca.

Niega que el episodio llevase al río a caudales por debajo del valor mínimo fijado en el régimen que marca la ley. Identifica las causas después de analizar la gestión realizada al respecto por los concesionarios hidroeléctricos ubicados aguas arriba de la ciudad de Toledo.

En este sentido confirma que los días 8 y 23 de julio de 2025 se registraron descensos puntuales del caudal circulante del río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo, en la estación de control AR66, a la altura de la Casa del Diamantista - un lugar en la parte baja del Casco Histórico Toledo, junto al río, y que forma parte del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Pero también dice que en ambos episodios, el caudal circulante medio diario fue de 31,9 m³/s y 28,8 m³/s respectivamente, y que ese caudal está “muy por encima” del valor fijado en el régimen de caudales mínimos para esa masa de agua, tanto para el año 2025 (10,5m³/segundo), como para el año 2027 (13 m³/segundo).

Requerimientos a Naturgy, pero no se habla de sanción

Tras el requerimiento de documentación a distintos concesionarios hidroeléctricos ubicados aguas arriba de la estación de control, la investigación se centró en el aprovechamiento hidroeléctrico de Safont, cuyo titular es Naturgy Renovables S.L.U. que lo tiene arrendado a a la central a Hidroeléctrica Gormaz, S.L., actualmente Renewable Power International (RPI).

En concreto, el día 8 de julio se produjo una parada de la turbinación en la central hidroeléctrica entre las 8:30 horas y las 11 horas “con el fin de posibilitar el desarrollo de labores de mantenimiento en la subestación de alta tensión”.

Por otro lado, el 22 de julio a las 20:20 horas la central hidroeléctrica se paró por un disparo de línea de la compañía distribuidora. Eso ocasionó averías en los equipos de la central que no pudieron solucionarse hasta el día 23 a las 1:40 horas, momento en que la central recuperó su funcionamiento.

El último incidente analizado corresponde al 16 de agosto de 2025, en el que, dice la CHT, “se observó, igualmente, una bajada en el caudal circulante del Tajo a su paso por Toledo en la estación de control AR66”.

El caudal circulante medio diario ese día fue de 29,3 m³/segundo y que también fue “muy superior al valor fijado en el régimen de caudales mínimos ecológicos mencionado anteriormente”.

En este caso, la causa de la parada respondió a un desequilibrio de tensiones en la línea de distribución, ocasionando una avería en el PLC de control (es un sistema de control automático), que obligó que la central se mantuviese parada hasta que fue solucionada dicha avería.

Para la Confederación Hidrográfica “durante estos eventos y, específicamente, en los momentos críticos de parada, el concesionario respetó las condiciones establecidas en su título habilitante, dando continuidad a los caudales circulantes por el río y manteniendo el nivel de la columna de agua requerido en el embalse ubicado aguas arriba de la central”, restando así importancia al incidente y sin mencionar algún tipo de sanción.

Page lo definió como “la foto de la vergüenza”

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page llegó a calificar este verano de “foto de la vergüenza” la imagen del Tajo a su paso por Toledo, en pleno proceso de espera para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haga efectiva en su totalidad la aplicación de los caudales ecológicos del río y cambie las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Page amagó entonces con acudir a los tribunales y en diversas ocasiones ha puesto en cuestión la profesionalidad de las confederaciones hidrográficas, hasta el punto de que durante el pasado Debate sobre el Estado de la Región, este mes de octubre en las Cortes de Castilla-La Mancha, insinuó su intención de pedir más competencias en materia de agua por lo que calificó de “mal funcionamiento” de estos organismos que dependen del Gobierno de España.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han acordado este jueves presentar al Gobierno la solicitud formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028, según el calendario que las empresas y el Gobierno pactaron en 2019. La prórroga haría coincidir el cierre de la planta extremeña con los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), y Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030).

La junta de administradores y la asamblea de socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. (CNAT), donde son socios las tres grandes eléctricas (Iberdrola tiene un 53%, Endesa un 36% y Naturgy un 11%), ha acordado en sesión extraordinaria este jueves solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz “para extender su operación hasta junio del año 2030”, informaron en un comunicado.

CNAT reiteró su compromiso para seguir operando la planta “de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo”. Las eléctricas consuman así la petición que ya avanzaron hace unos días, renunciando por ahora a la exigencia de reducir la fiscalidad de las plantas, una de las líneas rojas que ha planteado el Gobierno para estudiar la ampliación del calendario de cierre de Almaraz.

Transición Ecológica ha confirmado que ha recibido la petición formal y ahora la trasladará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), “al objeto de que el regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe”.

Este mismo jueves, la ministra Sara Aagesen reiteró, en declaraciones a la prensa, que “el Gobierno no abre ni cierra instalaciones” y que “son las empresas las que en el año 2019 dijeron que querían cerrar”, por lo que serán ellas las que tendrán que presentar la solicitud para ampliar esa vida útil. Aagesen insistió en esas “tres condiciones contundentes” marcadas por el Gobierno, que pasan por garantizar la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.

En su comunicado, CNAT señaló que Almaraz es una “infraestructura esencial” que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a cuatro millones de hogares, “gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia (además de las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga)”.

Asimismo, puso en valor que la instalación es “el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura”, generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias.

También destacó que, situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear, según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030.

“Además, cuenta con un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias. Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz”, añadió al respecto.

El detonante que ha finalmente ha inclinado a las empresas a pedir la prórroga (al ser una comunidad de bienes, se requiere unanimidad en las decisiones de los socios) ha sido la rebaja gradual de la ecotasa extremeña que anunció hace unas semanas la presidenta regional, María Guardiola, antes de convocar elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre.

El pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola ya presentaron por carta al Ministerio (y al margen de Naturgy) una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. El gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladó también por carta a ambas compañías la posición del Gobierno, que pasaba por marcar esas líneas rojas para tramitar una petición formal.

A principios de la pasada semana el tema nuclear dio ese nuevo giro, después de que tras la rebaja fiscal gradual anunciada por Guardiola, Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaran trabajar en la gobernanza para presentar “cuanto antes”, al Ministerio la solicitud formal de continuidad para Almaraz, con carácter previo a la entrega de documentación al CSN.

Tanto Iberdrola como Endesa han puesto claramente sobre la mesa la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones propicias para ello, defendiendo la ventaja económica para los consumidores, la seguridad de suministro y la garantía estratégica de autonomía del país.

También Naturgy ha respaldado en varias ocasiones una ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España.

El beneficio conjunto de Iberdrola, Endesa y Naturgy ha alcanzado los 8.686 millones de euros hasta septiembre de este año, lo que supone un aumento del 2,7% frente a los 8.455 millones del mismo periodo de 2024, en un ejercicio en el que, según las presentaciones de resultados que acaban de comunicar las tres compañías, se disponen a superar ampliamente los 10.000 millones de beneficio anual, frente a los cerca de 9.400 millones de ganancias que obtuvieron en todo 2024.

De esos 8.686 millones ganados hasta septiembre, 5.307 millones corresponden a Iberdrola, otros 1.711 millones a Endesa, y 1.668 millones a Naturgy. En el caso de Iberdrola, presentó sus resultados el martes, con un descenso de los beneficios del 3% en los nueve primeros meses de este año, por las menores plusvalías de este ejercicio.

La primera eléctrica española, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, confirmó el martes que la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz (cuya propiedad Iberdrola comparte con Endesa y Naturgy) se extenderá hasta 2030, ha mejorado sus previsiones para 2025, con un crecimiento de dos dígitos en el beneficio neto ajustado, hasta el entorno de los 6.600 millones, mientras que el resultado neto de Iberdrola superará al cierre del año los 6.200 millones, sin contar con 389 millones ya cobrados por costes pasados de redes en los Estados Unidos.

Por su parte, Endesa ha anunciado este miércoles un beneficio de 1.711 millones hasta septiembre, un 21,9% más, y ha ratificado sus objetivos para el ejercicio 2025, en el que apunta a un beneficio neto ordinario de unos 2.000 millones y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de entre 5.400 y 5.600 millones.

Hasta septiembre, los ingresos de Endesa crecieron un 1,2%, hasta 15.948 millones, y el Ebitda fue de 4.224 millones, un 8,8% más, impulsado, entre otros factores, por la desaparición del impuesto extraordinario al sector del 1,2% que se puso en marcha en la crisis energética tras la invasión de Ucrania.

El resultado neto ordinario de Endesa alcanzó hasta septiembre los 1.735 millones, un 26,1% más. Las inversiones brutas fueron de 1.358 millones, un 0,9% más, y la deuda neta creció un 11% respecto al cierre de 2024, hasta 10.300 millones, como consecuencia del pago de unos 1.500 millones en dividendos y la ejecución del segundo tramo del plan de recompra de acciones -unos 450 millones-. La ratio de apalancamiento de la filial de la italiana Enel se mantiene en 1,8 veces a finales del periodo.

En una conferencia con analistas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, cifró en 17 euros de promedio los costes asociados a la operación reforzada que está aplicando Red Eléctrica (REE) tras el histórico apagón del pasado 28 de abril, por el que ninguna empresa ha dotado provisiones (tampoco Redeia, matriz de REE, que también este miércoles ha anunciado un beneficio de 390 millones hasta septiembre, un 4,6% menos).

Una operación reforzada cuyo impacto Iberdrola ha cifrado en 180 millones y que Endesa calcula en unos 150 millones en el conjunto de 2025, y que según Bogas “no está claro” cuánto tiempo seguirá vigente. Las empresas ya están trasladando ese coste de forma paulatina a los clientes en mercado liberalizado, a medida que vencen sus contratos, aunque no de forma inmediata. 

Bogas aseguró a los analistas que la nueva propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para retribuir la red de distribución entre 2026 y 2031 contiene algunas mejoras pero “desincentiva” la inversión y no facilita la consecución de los objetivos de la política energética del país. Y puso como ejemplo la retribución que acaba de proponer el regulador portugués, ERSE, que cifró en una rentabilidad del 7,2%, frente al 6,46% que ha propuesto el regulador español.

Endesa pide “un marco retributivo justo y razonable acorde al desafío” que se afronta y reclama que la la tasa de retribución del sector resuelva “con urgencia las asimetrías con otros países europeos y con otros sectores regulados en España”.

Bogas ha asegurado que este año Endesa ha tenido que rechazar un “significativo” número de peticiones de acceso a la red por la saturación de los nudos. A la pregunta de si es “realista” pensar que se vayan a instalar las decenas de miles de MW de proyectos de centros de datos que hay solicitados, el director Financiero de Endesa, Marco Patuano, ha dicho que parte de esa demanda es de “muchos pequeños empresarios”, sin capacidad para ponerlos en marcha, pero que piden cantidades de capacidad “pequeñas”, y los proyectos “relevantes” son de grandes nombres del sector.

Más de 2.000 millones

Por su parte, Naturgy ha anunciado también este miércoles que ganó 1.668 millones en los nueve primeros meses del año, un 5,6% más, y ha confirmado su objetivo de superar la cifra récord de 2.000 millones de ganancias en 2025 y alcanzar un Ebitda superior a los 5.300 millones.

El Ebitda del grupo, primera gasista y tercera eléctrica de España, alcanzó hasta septiembre los 4.214 millones, un 1,8% menos, en un periodo marcado por unos precios del gas y la electricidad más altos, en un contexto de tensiones geopolíticas e incertidumbre macroeconómica. Estos factores contribuyeron a un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, con precios del petróleo inferiores a los de 2024. El grupo disparó el Ebitda de su negocio de generación térmica en España un 83,1%, hasta 304 millones, gracias a “una mayor demanda y producción en los mercados de servicios de ajuste”, que corresponde a esa operación reforzada de Red Eléctrica.

Así, la energética destacó que este “sólido desempeño refleja la diversificación y resiliencia de la compañía, con una combinación equilibrada de riesgos, actividades y geografías”.

Durante los nueve primeros meses del año, el grupo presidido por Francisco Reynés invirtió 1.389 millones, principalmente en redes de distribución y desarrollos renovables selectivos.

Naturgy cerró septiembre con 3,87 clientes de luz en España, un 0,6% más, frente a los 11,6 millones de Iberdrola (un 0,9% más) y los 9,71 millones de Endesa, que ha perdido casi medio millón de clientes desde enero (un 4,9% menos).

La deuda neta de Naturgy a septiembre alcanzó 12.913 millones, un 5,8% más que al cierre del año anterior. El consejo de administración de la compañía ha aprobado el pago de un segundo dividendo de 0,6 euros por acción el próximo 5 de noviembre que, junto al abonado el pasado mes de julio, totaliza 1,2 euros por acción hasta el momento. El plan estratégico de Naturgy contempla una remuneración mínima de 1,7 euros para sus accionistas, sujeta al mantenimiento del rating 'BBB'.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han acordado este martes que van a presentar “cuanto antes” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la solicitud formal de continuidad para la central nuclear de Almaraz (Cácerez), antes de entregar la documentación correspondiente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Fuentes conocedoras de la reunión que han mantenido las empresas explican que han renunciado por ahora a exigir al Gobierno la rebaja de impuestos al sector, como venían reclamando en los últimos meses.

Iberdrola, máximo accionista de la planta extremeña (53%), ha reafirmado “su compromiso con la extensión de vida de la central de Almaraz, al igual que han venido haciendo públicamente Endesa y Naturgy” tras la reunión, este martes, de la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), en la que también participan Endesa (36%) y Naturgy (11%). 

La eléctrica vasca, que es la que lidera las reuniones y las propuestas relativas a la planta extremeña, ha explicado que en la reunión se han analizado las operaciones de la central nuclear de Almaraz, donde se trabaja en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación “en perfectas condiciones técnicas”, como ha reconocido recientemente la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), al otorgar el nivel de “excelencia” a la planta. 

Ahora cada una de las empresas que forman parte de CNAT tienen que aprobar la petición de prórroga, que en principio alcanzaría hasta 2030. En el sector no descartan que pueda volver a ponerse sobre la mesa el asunto de los impuestos en los próximos días. Esa prórroga no implicaría grandes inversiones adicionales como cuando se afronta una renovación de explotación por un periodo de diez años. Y no está condicionada al futuro de otras instalaciones nucleares.

Tanto Iberdrola como Endesa han puesto claramente sobre la mesa en los últimos meses la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones propicias para ello, defendiendo la ventaja económica para los consumidores, la seguridad de suministro y la garantía estratégica de autonomía del país.

También Naturgy ha respaldado en varias ocasiones una ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España. Este lunes, el presidente de esta compañía, Francisco Reynés, instó a “volver a hacer los números”, ya que “las cosas que han pasado por medio nos pueden hacer cambiar de opinión” sobre el cierre de las nucleares que las empresas y la empresa pública Enresa pactaron en 2019.

La fiscalidad ha sido uno de los grandes asuntos que las compañías propietarias han pedido poner sobre la mesa en los últimos meses a la hora de abordar esta extensión. La Junta de Extremadura, gobernada por el PP, propuso recientemente rebajar la ecotasa autonómica de manera gradual para asegurar la continuidad de la central.

La propiedad de Almaraz debe facilitar al CSN antes de finales de este mes la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del desmantelamiento del primero de los reactores.

Ese calendario que pactaron las eléctricas y el Gobierno estipula que tras el cierre del primer grupo de Almaraz, en noviembre de 2027, en octubre de 2028 llegaría el cese de explotación del grupo II de la planta extremeña. Los siguientes ceses de explotación serían los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030); Ascó II (septiembre de 2032), Vandellós II (febrero de 2035) y Trillo (mayo de 2035)

La propietaria de la central lleva meses advirtiendo de que el cese de la explotación supondría “la pérdida de cerca de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además del enorme impacto que arrastrará al Campo Arañuelo en materia económica y de despoblación”.

En junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de las centrales. El departamento de Sara Aagesen reiteró entonces que las líneas rojas para tramitar una petición formal son que haya seguridad para el público, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

La carta de junio que proponía una prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola no la suscribían Naturgy ni la portuguesa EDP, las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre que alcanzaron en 2019 las propietarias con Enresa y que fija un calendario para clausurar el parque nuclear entre 2027 y 2035.

En varias centrales, entre ellas Almaraz, que según el calendario sería la primera en echar el cierre a su primer reactor en 2027 y el segundo en 2028, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación.

Naturgy ha anunciado este lunes la venta en Bolsa de un 5,5% de su capital, procedente de su autocartera, tras culminar con éxito la oferta pública de adquisición (OPA) sobre un 10% de su capital que anunció en febrero y con la que logró hacerse en junio con algo más del 9% de sus propias acciones con el objetivo de devolverlas progresivamente al mercado.

El objetivo de esta operación, que a los actuales precios de mercado está valorada en unos 1.500 millones de euros, es aumentar el denominado free float de la compañía (porcentaje del capital que circula en el parqué) hasta un 15,1% y regresar con ello a los índices de referencia internacionales de los que fue excluida en su momento por su escasa liquidez.

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre del mercado, Naturgy explica que la venta de ese 5,5% de su autocartera se va a llevar a cabo mediante dos operaciones: una colocación acelerada de un 2% de su capital (19,305 millones de acciones) dirigida exclusivamente a inversores cualificados y que ha encargado a Morgan Stanley, y una compraventa bilateral de aproximadamente un 3,5% del capital (hasta 34,1 millones de acciones) que ha encomendado a una entidad financiera de ámbito internacional.

“A través del Proceso de Colocación Acelerada y de la Compraventa Bilateral se dispondrá de acciones ordinarias representativas de aproximadamente un 5,5% del capital social de Naturgy, de tal forma que se espera que el capital flotante (free float) tras la transacción represente aproximadamente un 15,1% del capital social”, explica la nota remitida a la CNMV.

Tras el Proceso de Colocación Acelerada y la Compraventa Bilateral, Naturgy va a mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 4,5% de su capital, si la operación se completa con éxito.

Estas dos operaciones buscan “retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy” a través de la opa voluntaria y parcial que autorizó la CNMV el pasado 28 de mayo, “fomentando de esta forma la liquidez de la acción de Naturgy e incrementando el capital flotante (free float) de la Sociedad de cara a favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI”, añade la compañía.

La auto opa, valorada en su momento en unos 2.500 millones, lanzada a un precio de 26,5 euros por acción y a la que acudieron parcialmente todos los accionistas de referencia del grupo, La Caixa, los fondos que llevan años intentando vender (CVC-Alba y BlackRock-GIP) e IFM, llegó tras recibir el año pasado la compañía una recomendación de la propia CNMV para que elevase su liquidez. Los títulos del grupo que pilota Francisco Reynés cerraron este lunes en 27,9 euros, tras apuntarse una subida del 2,2%.

CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de Fundación La Caixa, ganó 1.361 millones en el primer semestre del año, un 7% más que en el mismo período de 2024, ha informado la compañía en un comunicado.

Criteria recibió en los seis primeros meses 1.074 millones de sus participadas, principalmente de CaixaBank (637 millones de euros), Naturgy (155 millones), Telefónica (85 millones), Colonial (33 millones), Inbursa (27 millones), The Bank of East Asia (24 millones) y ACS (12 millones), que se suman a los 101 millones de euros del resto de la cartera.

En el caso de CaixaBank se suma la monetización que ha tenido que llevar a cabo Criteria para mantener su participación en el banco que dirige Gonzalo Gortázar como consecuencia de la política de recompra de acciones. Se trata de 184 millones de euros. Y, procedente de Naturgy, ha recibido 705 millones de euros en efectivo por la OPA (oferta pública de adquisición) parcial ejecutada por la propia compañía energética.

La generación de caja unida al aumento del valor en Bolsa de sus participadas (+5.535 millones de euros), ha elevado un 27,7% el valor neto de la cartera de activos que gestiona (restada ya la deuda que arrastran dichos activos), que superó los 32.000 millones de euros, durante los seis primeros meses del ejercicio.

La inversión en empresas que aporten dividendos es el gran objetivo de la nueva hoja de ruta que tiene que dibujar el consejero delegado de Criteria, Francisco Reynés, tras la vuelta de las vacaciones de verano. Es el carburante que necesita la fundación, que es la segunda mayor de Europa en volumen de recursos, para que pueda llevar a cabo su obra social, que este año dispone de un presupuesto récord de 655 millones de euros. De hecho, hasta junio Criteria le ha distribuido un dividendo de 360 millones. En los próximos cinco años, la fundación prevé invertir 4.000 millones de euros.

El desajuste entre algunas de las inversiones que ha llevado a cabo Criteria en los útlimos meses fueron el detonante del cese de Ángel Simón como consejero delegado del holding inversor solo 15 meses después de ser nombrado y su sustitución por Reynés. Algunas fueron anunciadas y al poco tiempo canceladas, como las del gigante de las masas congeladas para pan y bollería Europastry y la siderúrgica Celsa.

La inversión más relevante del primer semestre ha sido de 1.046 millones de euros en Veolia, alcanzando una participación del 5,01%, así como las inversiones en instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión), el valor de cuyos desembolsos a finales del primer semestre asciende a 152 millones. A 30 de junio existen compromisos de inversión en instituciones de inversión colectiva pendientes de desembolso por un importe de 609 millones de euros.

El Ayuntamiento de Almonacid de Zorita ha recibido oficialmente la histórica Sentencia de los Molinos de Bolarque, dictada en Valladolid el 17 de diciembre de 1410 a favor del Concejo de la villa frente a la Orden de Calatrava.

El documento, que nunca ha salido del término de este pueblo de Guadalajara, pues ha permanecido expuesto en el propio Museo de Bolarque, pasa ahora a formar parte del Archivo Histórico Municipal y será custodiado y expuesto en el Centro CeLA, ubicado en la antigua ermita de la Virgen de la Luz, en el casco urbano del pueblo de Almonacid, un espacio con plenas garantías de conservación y seguridad.

La ejecutoria, escrita en pergamino y con el sello de plomo del rey Juan II, fue restaurada hace décadas por la entonces compañía Unión Eléctrica Madrileña, Unión Eléctrica Fenosa y hoy Naturgy, en el marco de su compromiso con la divulgación histórica del entorno del Salto de Bolarque. Desde entonces ha sido pieza central de exposiciones, publicaciones y actividades conmemorativas organizadas junto al Instituto de Historia del CSIC y el propio consistorio.

La sentencia documenta la victoria legal del Concejo de Almonacid sobre el maestre y freires calatravos, quienes reclamaban como suyo el terreno donde los vecinos habían construido un molino harinero y un batán. Los jueces fallaron a favor del pueblo, confirmando su propiedad y condenando a costas a la Orden de Calatrava, en lo que constituye uno de los hitos jurídicos más tempranos sobre la defensa de recursos comunales en Castilla.

El regidor almonacileño ha querido agradecer a la compañía eléctrica la conservación, restauración y “generosa devolución” de este valioso documento en los años en los que no ha estado expuesto y conservado en el pueblo de Almonacid, “no solo por lo que representa para la historia de Almonacid, sino porque es una herramienta educativa y cultural que nos ayudará a explicar quiénes fuimos, qué hicimos y por qué este pueblo merece futuro”.

Un recurso clave para el turismo cultural local

Además, subrayó que la Sentencia de Bolarque pasa a engrosar una de las series documentales medievales más importantes entre los ayuntamientos de la provincia, y se convierte en un recurso clave para el turismo cultural local. “Recuperar este tipo de patrimonio, preservarlo y ponerlo al servicio del conocimiento es también una manera de luchar contra la despoblación. Demuestra que en nuestros pueblos hay historia, identidad y cultura que merecen ser vividas y compartidas”, ha afirmado López Aguirre.

Durante el acto de entrega del documento, María Dolores Serrano Ulierte, del departamento de Relacionamiento Social de Generación Renovable de Naturgy comentaba que “dar a conocer nuestra historia permite poner en valor nuestro pasado y entender de dónde venimos para afrontar el futuro”.

La Comisión Europea cree que las compañías energéticas europeas no tendrán ningún problema a la hora de romper los contratos a largo plazo de gas que tienen firmados con proveedores de Rusia una vez que entre en vigor la prohibición de importar energía de ese país cuando acabe 2027. Esa desconexión total de Moscú, que se plantea más de tres años después de la invasión de Ucrania por las pegas que han puesto muchos estados miembros durante todo este tiempo, ha provocado preocupación en las empresas que tienen ese tipo de contratos, como Naturgy o Repsol en el caso de España, ante la posibilidad de que sus proveedores rusos reclamen igualmente los miles de millones firmados.

Fuentes comunitarias consideran que, al figurar la prohibición de importaciones de gas ruso en el artículo 3 de la nueva legislación, “ayudará a quienes tienen un contrato porque pueden invocar causas de fuerza mayor” a la hora de rescindirlo. Lo que dan por hecho en la Comisión Europea, al igual que las empresas concernidas, es que los hasta ahora socios comerciales rusos (Novatek en el caso de Repsol y Yamal LNG, en el de Naturgy) plantearán un litigio por la ruptura del contrato. “Esto no es nuevo”, agregan esas fuentes, que dan por hecho que habrá procesos de arbitraje.

Lo que sostienen es que “se ha hecho la cosa correcta” y que “nadie tendrá que pagar”. El argumento de la Comisión Europea es que las empresas que tienen contratos suscritos con suministradores rusos están amparados por la nueva legislación para rescindirlo sin estar incumplimiento las cláusulas del contrato al romperlo de manera unilateral. De hecho, esos acuerdos incluyen las denominadas disposiciones 'take-or-pay', que suponen que el cliente pague por el producto aunque finalmente no lo perciba por su propia decisión. Y se trata de miles de millones de euros.

En 2024, la UE importó energía a Rusia por un valor de 23.000 millones, lo que suponen 1.800 millones de euros al mes, según los cálculos de la Comisión Europea. En cuanto al GNL, se ha reducido del 45% del total que suponía en 2021 al 19% el pasado año.

España es el segundo país europeo que más gas ruso importa. Lo que argumenta el Ejecutivo es que se trata de contratos suscritos con anterioridad a la invasión rusa de Ucrania. Antes de que acabe el año, el Gobierno tendrá que enviar a Bruselas su planificación para reducir a cero esa cifra.

Naturgy suscribió un contrato con Sarbetta en 2013 para el suministro de gas entre 2018 y 2038. Por su parte, Repsol lo firmó con Novatek en 2021, a las puertas de la guerra en Ucrania, y su vigencia se extiende desde 2024 hasta 2038. En esa misma situación está, por ejemplo, la francesa Total Energies.

Las compañías energéticas han incrementado la presión sobre la Comisión Europea en los últimos meses ante la preocupación por esa normativa e incluso han planteado que haya una compensación pública para hacer frente a las reclamaciones de las suministradoras rusas, según fuentes del sector. Pero en Bruselas no lo han visto necesario.

La nueva normativa supondrá la ruptura de los contratos a largo plazo desde el 1 de enero de 2028, pero los contratos a corto se impedirán de forma gradual entre el 1 de enero de 2026 y el 17 de junio.

Procedimientos de infracción para los países incumplidores

No obstante, la reglamentación, que ahora tendrá que pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, donde se requiere una mayoría cualificada, incluye la posibilidad de suspender la prohibición para evitar el rechazo de países como Hungría, Eslovaquia y Austria, que son los más próximos a Rusia y los que tienen una mayor dependencia.

“En caso de acontecimientos súbitos e importantes que amenacen gravemente la seguridad del abastecimiento de uno o varios Estados miembros, la Comisión podrá autorizar a uno o varios Estados miembros a suspender temporalmente la aplicación total o parcial del capítulo dos del presente Reglamento. La decisión de la Comisión podrá contener determinadas condiciones, en particular, para garantizar que cualquier suspensión se limite estrictamente a hacer frente a la amenaza”, dice el artículo 15.

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, se ha mostrado convencido, en todo caso, de que esos países acabarán acatando la normativa y ha advertido de que la Comisión Europea iniciará procedimientos de infracción -el paso previo a elevar el asunto a la justicia europea- en caso de que haya incumplimientos.

“Rusia no es un socio comercial fiable”, ha dicho Jorgensen sobre la decisión de prohibir los nuevos contratos, que ha recordado que va más allá de las sanciones impuestas en el marco de la guerra de Ucrania y lo ha justificado en la “instrumentalización” de la energía que ha llevado a cabo Vladímir Putin contra la UE en los últimos años.

En Bruselas también rechazan que vaya a haber problemas de suministro o subidas de precios ante esa ruptura. “Este enfoque gradual contribuirá a detener efectivamente la importación de gas ruso, limitando al mismo tiempo las posibles repercusiones sobre los precios de la energía en la Unión y evitando cualquier riesgo para la seguridad del abastecimiento. La Comisión apoyará a los Estados miembros a lo largo de todo el proceso. Seguirá de cerca, junto con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la UE (ACER), los avances y las repercusiones de la eliminación progresiva de las importaciones rusas de gas y petróleo. En caso de que la seguridad del suministro de uno o más Estados miembros se vea amenazada, la Comisión podrá adoptar las medidas de emergencia necesarias”, señala el gobierno comunitario en un comunicado.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado este viernes que ha recibido una propuesta de Iberdrola y Endesa para extender la vida útil de las centrales nucleares, pero afirma que se trata de una mera “declaración de intenciones” y no una “petición formal”, que no incluye al resto del sector y que va “en perjuicio de consumidores y ciudadanos”.

Fuentes del departamento de Sara Aagesen confirman que Transición Ecológica “ha recibido ”una carta relativa a la prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola que no firman ni Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del Protocolo de cierre de 2019“ con el que se pactó un apagón progresivo de los reactores que empezaría con el cierre del primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres) en 2027 y se prolongaría hasta 2035.

Transición Ecológica recuerda que “en varias centrales, Almaraz entre ellas, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación”.

La carta que, recalca el departamento de Aagesen, solo firman Iberdrola y Endesa (no Naturgy, socia de Almaraz) es “una declaración de intenciones, condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas”.

Y la propuesta, subraya el ministerio, “no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal (la carta no lo es)”: esas tres premisas, recuerda Transición Ecológica, son “que haya seguridad para las personas”, que se garantice la seguridad de suministro y “que no suponga un mayor coste para los ciudadanos”.

Cinco Días publica este viernes que las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han presentado a Transición Ecológica una propuesta de revisión del calendario nuclear, que supone mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un aumento de los plazos intermedios previstos que incluiría la intención de solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la prórroga hasta 2030 de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, que en principio deberían echar el cierre en 2027 y 2028.

Para realizar la solicitud las empresas tienen de plazo hasta marzo de 2026. Según Cinco Dias, ampliar Almaraz hasta 2030 implicaría una bajada del 18% de la denominada tasa Enresa, con la que esta empresa pública financia (con cargo a la producción de los reactores) el coste de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales, por más años de producción.

Las empresas llevan meses planteando que se retrase el cierre, pero exigen una bajada tanto de la tasa Enresa como de los impuestos que pagan las centrales a los Gobiernos autonómicos de Extremadura y Catalunya (Valencia acaba de anunciar su eliminación) Y a la Administración central. Tras el gravísimo apagón del pasado 28 de abril, la derecha ha exacerbado la campaña de los últimos meses a favor de revisar el cierre de las nucleares. Este año Iberdrola se ha sumado a la petición que llevaba meses realizando Endesa y en los últimos meses también el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, se ha mostrado partidario de retrasar el cierre de Almaraz.

Si el cese de Ángel Simón como consejero delegado de Criteria, el brazo inversor de Fundación La Caixa, causó un asombro mayúsculo entre las élites políticas y económicas españolas por inesperado, la llegada de Francisco Reynés a la vicepresidencia ejecutiva del holding no está exenta de tensión. El nuevo hombre fuerte de Criteria está revisando todas las operaciones que el grupo tiene en cartera y que aún no están cerradas con el objetivo de redefinir el plan estratégico de la entidad, según fuentes del mercado. La norma que regirá a partir de ahora para dar por buena o no una inversión será la de los dividendos.

A ello responde, en gran medida, la decisión de dar marcha atrás a la compra del 20% del capital de Celsa, mediante una ampliación de capital por valor de unos 350 millones de euros, conocida este miércoles. La siderúrgica está en plena reestructuración, tanto industrial como de gobernanza.

Y lo mismo podría ocurrir con Europastry, una operación anunciada casi al mismo tiempo y prácticamente calcada a la anterior: la adquisición del 20% del gigante de panadería y bollería congelada, por alrededor de 300 millones de euros. Fue anunciada a finales de marzo, tras el enésimo gatillazo de la firma por salir a Bolsa, y se tenía que “formalizar en las próximas semanas”, pero tampoco estaba cerrada, como avanzó El Confidencial y han confirmado fuentes cercanas a la misma. Europastry declinó valorar dicha información y valorar posibles alternativas.

Cuando Criteria anunció la entrada en la empresa de masas congeladas, propiedad de la familia Gallés, explicó que se reforzaba el objetivo del holding que preside Isidro Fainé de invertir en empresas líderes en sectores “altamente atractivos, con capacidad de crecimiento y generación de valor”, en el marco de su plan estratégico 2030. De este modo, añadía el comunicado, Criteria fortalecerá su estrategia de diversificación, ganando exposición en el sector de la alimentación.

Todo ello es lo que el nuevo equipo de Reynés, comandado por los recién nombrados José María Méndez (director general de Criteria) y Adolfo Feijóo (director adjunto), está revisando a fondo. Fuentes financieras explican que “tiene todo el sentido, como consecuencia de un cambio de etapa”.

El plan estratégico 2030, que Ángel Simón presentó hace justo un año acompañado por Fainé, contemplaba alcanzar una cartera de 40.000 millones de euros dentro de cinco años, un 48% más que los 27.000 millones que gestionaba en junio de 2023, e invertir también en un centenar de pymes para impulsar su crecimiento y desarrollar su tecnología.

Desde el aterrizaje de Simón en la compañía, en enero de 2024, el presupuesto para inversiones había superado los 5.600 millones de euros, teniendo en cuenta las operaciones de Celsa y Europastry y la anunciada un mes antes: la toma del 5% de Veolia por alrededor de 1.000 millones de euros para mantener una participación financiera durante al menos dos años.

Criteria no reculará en las operaciones ya materializadas, explican fuentes financieras, pero se revisarán igualmente bajo el estricto criterio de la rentabilidad. Más allá de si la compañía tiene o no proyección internacional y de si su modelo de gestión empresarial está alineado con el de Criteria, como también se tiene en cuenta hoy, el gran mantra que guiará a partir de ahora la hoja de ruta de la entidad será el dividendo.

Criteria ya lo avanzó cuando justificó el descarte de Celsa, al dudar del “encaje de dicha operación” con la “capacidad en atender a una política de dividendos a largo plazo”.

La gasolina de la Fundación

CriteriaCaixa, que es la propietaria de la mayor cartera industrial de España, depende de Fundación La Caixa, pero ésta, que es la segunda mayor fundación de Europa en volumen de recursos tras la británica Wellcome Trust, depende de las inversiones de Criteria para llevar a cabo su obra social. Es su gasolina. Este año cuenta con el mayor presupuesto de su historia, 655 millones de euros.

El holding industrial acordó este martes distribuir un dividendo de 140 millones de euros a la fundación, que se suman a los 430 millones (+8%) que aportó con cargo a los resultados de 2024. El año pasado no le fue mal a Criteria: ganó 1.061 millones de euros, un 30% más que el ejercicio anterior, gracias a unos dividendos de sus participadas de 1.878 millones, un 69% más.

La cartera industrial de Criteria está compuesta, entre otras, por CaixaBank, donde es el principal accionista con el 31,17% del capital, Naturgy (con el 26,71% del capital), Telefónica (9,9%), ACS (9,36%), Bank of East Asia (19,33%), Colonial (17,32%), Veolia (5%) y Puig (3,05%), entre otras.

Francisco Reynés, que sigue presidiendo Naturgy, espera a actualizar la hoja de ruta de Criteria de acuerdo con el nuevo plan estratégico de la Fundación, que muy probablemente se conocerá la semana que viene.

Iberdrola y Endesa reconocieron este jueves, tras el ultimátum el Gobierno al sector para facilitar todos los datos pendientes sobre el histórico apagón del 28 de abril, que todavía están recabando la información sobre el suceso que les ha pedido el comité interministerial que lo investiga, que el miércoles trasladó por carta a las empresas del sector su “preocupación” por la “ralentización” en el envío de datos en las últimas semanas.

Fuentes de Iberdrola admitieron el jueves que faltan todavía por responder varios requerimientos de información muy recientes. Según fuentes del sector, se trata de cuatro peticiones que se solicitaron el pasado 3 de junio y previsiblemente se enviarán esta misma semana. Las mismas fuentes explican que hasta el momento la multinacional vasca ha recibido 34 solicitudes de información, de los que hasta ahora ha contestado 30.

Fuentes oficiales de Iberdrola indican que “toda la información que había sido requerida” inicialmente, relativa a registros de plantas, informes iniciales o sobre distribución se ha enviado “según lo han ido pidiendo” Red Eléctrica (REE) y el comité de análisis.

Por su parte, fuentes de Endesa también reconocieron el jueves a primera hora que existe “una petición relativamente reciente sobre temas de distribución” que tienen pendiente remitir al comité. “La entregaremos, no hay dudas”, indicaron desde la filial de Enel. Mientras, Naturgy afirmó que ya ha remitido todos los datos: “Hemos atendido puntualmente los requerimientos que se nos han hecho”.

Fuentes de REE subrayaron que, por parte del operador del sistema, “no hay información para el análisis del incidente pendiente de envío” al Comité, que lidera Transición Ecológica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que asiste a ese órgano y ha abierto su propia investigación, la asociación de transportistas europeos que lidera la investigación por normativa comunitaria, Entso-E, ni a la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias sobre este asunto.

La patronal aelec, que agrupa a las principales empresas del sector (aunque no a Naturgy), aseguró en un breve comunicado el jueves a primera hora de la tarde que es “absolutamente falso” que estén “ocultando información” sobre el apagón “o dilatando sus respuestas a los requerimientos”.

Como adelantó elDiario.es el miércoles, tras su undécima reunión en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica, el Comité de Análisis que investiga estos hechos remitió cartas al operador del sistema, REE, las empresas de generación, las distribuidoras, los centros de control y los titulares de infraestructuras comunes de evacuación para que remitan “la información pendiente”, de no haberlo hecho ya, “antes del martes 10 de junio”, y sin perjuicio de “nuevas aclaraciones” que puedan solicitarse.

La nota de aelec subrayó que “las principales compañías eléctricas del país continúan colaborando activamente con todos los organismos y comités de investigación, tanto nacionales como europeos, y lo seguirán haciendo con total transparencia”. “Es absolutamente falso que estén ocultando información o dilatando sus respuestas a los requerimientos relacionados con el reciente apagón”, aseguran.

aelec añade que “la existencia de acusaciones a las renovables o a las energías convencionales sin ninguna aportación de datos, proyectando sospechas sobre empresas del sector que cuentan con una trayectoria impecable de décadas en el suministro eléctrico en nuestro país, desprestigia a quien las realiza y hace daño a la reputación del sistema eléctrico y del propio país”. “Las empresas eléctricas han abierto sus puertas a la investigación, a los medios de comunicación, a la comunidad científica y a la ciudadanía. Estamos firmemente comprometidos con la transparencia y la colaboración, y así lo seguiremos demostrando”.

Ultimátum después de un mes

Las causas del histórico cero peninsular siguen sin conocerse más de un mes después. Es la primera vez que ese comité ha dado al sector un plazo concreto por escrito para el envío de la información. Esto puede interpretarse como un ultimátum en toda regla.

La carta a las empresas les insta “a que colaboren con el análisis de Entso-E” que, recuerda, “se puso en contacto con la Administración” el pasado 28 de mayo “para que faciliten su labor”, un día después de aelec reclamase “transparencia y una explicación técnica rigurosa sobre el apagón” y exigiera a REE que “comparta los datos técnicos del incidente con los agentes del sistema”.

Entso-E, la asociación de transportistas de la que forma parte REE, y que está realizando su investigación porque así lo exige una directiva europea, se puso en contacto con Transición Ecológica “para solicitar su ayuda en la intermediación con los diferentes agentes del sistema eléctrico para poder recabar la diferente información que marcan sus protocolos de análisis”. Su petición estaba más relacionada con las eléctricas que con REE.

Como adelantó Cinco Días, el panel de expertos que investiga desde Europa el apagón (por exigencia de la normativa comunitaria) pidió ayuda al Gobierno de España tras advertirle de que está encontrando falta de colaboración o “reticencias” por parte de las grandes eléctricas para obtener datos relevantes que pudieran esclarecer las razones de lo ocurrido.

En la misiva enviada a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, Entso-E indicó que “para garantizar que todas las partes relevantes en España proporcionen los datos necesarios, incluidos terceros (principalmente GRT [distribuidoras] y generadores), el panel de expertos contactó con Red Eléctrica mediante una carta recordando el marco legal pertinente para facilitar el suministro de datos por parte de terceros”.

“Con cuentagotas”

La semana pasada, en una intervención en el Congreso de los Diputados, Aagesen ya apuntó a una cierta lentitud en el ritmo con el que se estaba recibiendo la información necesaria para la investigación por parte de algunas de las partes.

“Me gustaría agradecer a las empresas y a todas las entidades, a todos los operadores, las informaciones que nos han hecho llegar hasta el momento, pero también me gustaría señalar que la última semana la información, vamos a decir, llega a un ritmo mucho menor. Por decirlo de alguna manera, la información nos empieza a llegar con cuentagotas”, afirmó.

La ministra pidió así que el “espíritu de colaboración” se mantuviera y se mostró convencida de que se enviaría la información “lo antes posible” para poder “seguir avanzando” en la investigación, cuyas primeras conclusiones prevé tener listas para “antes de tres meses” desde el suceso.

Mientras se prepara el terreno para depurar las responsabilidades, de cara a las millonarias indemnizaciones que habrá que abonar a los afectados en el futuro, Iberdrola lleva semanas apuntando a REE, en tanto que operador del sistema eléctrico, como responsable.

El presidente ejecutivo de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, fue muy claro el pasado viernes durante la Junta de Accionistas celebrada en Bilbao: “La actuación de Iberdrola antes, durante y después del incidente respondió siempre a los protocolos y a la normativa establecida por el ministerio competente y por el operador del sistema, que es Red Eléctrica, que es al final la responsable de mantener las luces encendidas en el país”, dijo Galán.

La víspera, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, subrayó que “la responsabilidad de controlar las sobretensiones es de Red Eléctrica”, y apuntó que ese día se desconectaron 16 plantas de ciclo combinado, lo que apuntaría a que el sistema no tenía la suficiente inercia que aportan fuentes como el gas, la nuclear o la hidroeléctrica.

La presidenta de REE, Beatriz Corredor, ha apuntado en cambio a la generación convencional, que según dijo la semana pasada “estaba absorbiendo menos potencia reactiva de lo que la normativa de control de tensión les obliga”, eximiendo así de toda responsabilidad al operador del sistema.

La vicepresidenta Aagesen ha descartado que no hubiera inercia suficiente. Según expuso el 21 de mayo, en ese momento cumplía los umbrales recomendados por Entso-e.

La clave estriba en determinar cuál es la razón de las fuertes oscilaciones previas al incidente y los problemas de sobretensión en la red eléctrica. Se trata de una eventualidad que el sistema eléctrico gestiona con un procedimiento de REE que está obsoleto y data de hace 25 años, cuando las renovables eran testimoniales. La CNMC, responsable de aprobarlo, lleva analizando cambiar ese protocolo desde 2021, aunque ya en 2019 advirtió de que era necesario actualizarlo y ya en julio de 2022 reconoció “problemas continuos de control de tensión” en la red eléctrica peninsular, que abordó con dos proyectos piloto.

Siguen los cambios en CriteriaCaixa. Una semana y media despúes del fulminante cese de Ángel Simón y del nombramiento de Francisco Reynés, actual presidente ejecutivo de Naturgy, como el nuevo hombre fuerte, el holding ha reforzado el nucleo duro de su dirección con el nombramiento de un director general y de un director general adjunto. Ambos acompañarán a Reynés como vicepresidente ejecutivo del grupo.

El brazo inversor de la Fundación la Caixa ha informado este viernes de que la comisión ejecutiva del consejo de administración ha nombrado a José María Méndez nuevo director general de la compañía, mientras que Adolfo Feijóo será el nuevo director adjunto. Méndez, que hasta ahora era adjunto a Simón, se ocupará de la gestión operativa del holding y reportará a su comisión ejecutiva, integrada por el presidente del consejo, Isidro Fainé; su vicepresidente Francisco Reynés, José Antonio Asiáin y Marcos Contreras.

José María Méndez Álvarez-Cedrón (Lugo, 1966) es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración y funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, recientemente fue nombrado consejero dominical de CaixaBank, en representación de la Fundación La Caixa. Fue director general de la CECA y consejero delegado de CecaBank hasta el pasado mes de abril, y con anterioridad ocupó diversos cargos en la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera del Ministerio de Economía (1993-2003).

Por su parte, Adolfo Feijóo Rey (Barcelona, 1971) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona y máster en Derecho Bancario y Financiero por la Boston University School of Law, PIL por Harvard University y PDG por el IESE. Actualmente es director de asesoría jurídica y vicesecretario del patronato de la Fundación y del consejo de administración de CriteriaCaixa y con anterioridad, desarrolló su trayectoria profesional en Uría Menéndez y en Cuatrecasas Legal.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este jueves un informe en el que cuantifica que “los errores legislativos” le han costado al Estado 1.000 millones de euros de media al año en la última década, y que todavía tiene pendientes por indemnizar y devolver algo más de 12.000 millones en los próximos años. En total, son 21.530 millones por sentencias judiciales en contra de la Administración a los que tenemos que hacer frente todos los contribuyentes por el momento, porque la Autoridad fiscal advierte de que están por llegar más fallos similares de los tribunales.

Algo más de la mitad de esa cantidad, exactamente 12.165 millones —de nuevo según la AIReF—, proviene de sentencias relacionadas con el sector energético, como la indemnización por la clausura del almacén del gas Castor, por el “canon hidráulico”, por la financiación del bono social eléctrico o por el impuesto especial a los hidrocarburos. Unos pagos por errores legislativos que benefician directa o indirectamente a las petroleras, gasistas y eléctricas que operan en nuestro país.

Este destacado peso del sector energético en las sentencias contra el Estado desde 2014 no es una casualidad. Es consecuencia y una nueva demostración del poder de uno de los grupos de presión (lobbies) más importantes en España y en el conjunto de la Unión Europea (UE). Un sector que tiene a su disposición un pequeño batallón de altos funcionarios en excedencia, a los que, por ejemplo, desplegó para intentar tumbar el conocido como “tope al gas” —o “excepción ibérica”— que desarrolló el Gobierno en 2022 para aliviar la crisis de inflación, según se explica en esta información.

El siguiente sector empresarial protagonista de las indemnizaciones judiciales por errores legislativos es el de las telecos, con una sentencia a favor del conjunto de los operadores y otra en concreto de Telefónica, según se puede observar en el gráfico de este tema. Estas sentencias suman en total cerca de 3.000 millones, una cuarta parte que lo 'ganado' por las energéticas. Otro par de fallos de los tribunales, por 2.376 millones, tienen que ver con el impuesto de Sociedades, el que grava el beneficio de todas las empresas.

Entre los errores legislativos y malas prácticas que han sido recurridos y que tienen sentencias en contra, la Autoridad fiscal resalta “el uso inadecuado” de los reales decreto-leyes, como hizo el Gobierno del PP en el caso Castor o en la reforma del impuesto de Sociedades; la “extralimitación normativa”, como en el canon hidráulico, que ha costado a los contribuyentes 1.737 millones; o la “omisión de advertencias de la UE de incumplimientos de la normativa europea”.

Además, la AIReF recuerda que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado) de los próximos ejercicios. “Las acciones legales contra el Estado constituyen un riesgo fiscal relevante”, lamenta la Autoridad fiscal.

“Recientemente, se han dictado varias sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas para las que se prevé una elevada cuantía, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Además, persisten riesgos judiciales pendientes debido a los numerosos procesos en curso, que podrían agravar el déficit de los próximos años, incluidos los arbitrajes internacionales en materia de energía, los contenciosos en el sector del transporte y las cuestiones fiscales aún por resolver en tribunales nacionales e internacionales”, incide.

Impuesto sobre hidrocarburos: el denominado “céntimo sanitario”

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 27 de febrero de 2014 declaró que el IVMDH, aplicado entre enero de 2002 y diciembre de 2012, era contrario al derecho de la Unión Europea. Este tributo, conocido como “céntimo sanitario”, tenía como objetivo principal recaudar fondos para financiar la sanidad pública.

Como resultado de esta sentencia, en 2014 se registró un mayor déficit de 1.671 millones de euros, asumido por la Administración central.

264 millones a Endesa

La sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2020 (ROJ 1045/2020) estimó parcialmente el recurso presentado por Endesa relativo a la aplicación indebida de un sistema de minoración de la retribución de la energía eléctrica vendida mediante contratos bilaterales físicos, establecido por la Orden ITC/3315/2007.

El importe fue de 264 millones por la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños y perjuicios. 

Caso Castor

Indemnización por la clausura del almacén de gas CASTOR En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró nulo el Real Decreto-ley que establecía una indemnización urgente por importe de 1.350 millones a la empresa promotora del almacén de gas Castor, por su clausura en 2013. Esta indemnización, financiada por Enagás con préstamos de CaixaBank, Bankia y Banco Santander, debía repercutirse en la factura del gas durante 30 años.

Este Tribunal consideró que no había concurrido una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara el uso de un Real Decreto-ley en lugar de utilizar una ley ordinaria para el pago de la indemnización, vulnerando el artículo 86.1 de la Constitución. Como consecuencia, los bancos reclamaron al Estado la devolución de los 1.350 millones adelantados. Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo 3324/2020, de 27 de octubre, reconoció a los bancos el derecho a cobrar esa cantidad, obligando al Estado a asumir su responsabilidad patrimonial.

Canon hidráulico

La Sentencia del Tribunal Supremo 513/2021, de 15 de abril, declaró nula una parte del Real Decreto 198/2015 que regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, por ser contraria al ordenamiento jurídico español. El importe asociado a este fallo ascendió a 1.737 millones de euros y se registró en 2021.

Bono social eléctrico

El error legislativo en el caso de las comercializadoras que habían financiado el bono social eléctrico fue chocar con la Directiva 2009/72/CE. El Tribunal reconoció el derecho de las empresas a ser indemnizadas por las cantidades abonadas más intereses, descontando cualquier importe repercutido al consumidor final.

Sin embargo, surgieron dudas sobre si las comercializadoras del mercado libre habían trasladado estos costes a los consumidores, mientras que las comercializadoras reguladas, cuyos ingresos están regulados, quedaron fuera de duda.

En el segundo y tercer trimestre de 2024, el Tribunal Supremo se fue pronunciando a favor de las comercializadoras del mercado libre, confirmando su derecho a ser indemnizadas, al no resultar probada la repercusión de los costes al consumidor final. En cuanto al impacto derivado de estas sentencias, se imputó un importe de 366 millones en el año 2022. La cuenta de la Administración General del Estado 2023 recoge una provisión de 276 millones por las indemnizaciones que corresponderían a la indemnización para las comercializadoras del mercado libre. Por tanto, el importe total podría ascender a los 642 millones.

Impuesto especial de hidrocarburos

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2024 declaró ilegal el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos correspondiente al periodo de 2013 a 2018. El fallo concluyó que el impuesto era contrario al Derecho de la Unión Europea.

Falta por determinar la cuantía económica derivada de esta sentencia y el momento en que se reflejará en el déficit en contabilidad nacional. En 2023, el Gobierno estimó un efecto de hasta 6.500 millones por esta sentencia, cifra que se corresponde con el total de la recaudación que tuvieron las comunidades autónomas, que establecieron ese tipo autonómico, en todos los años en que estuvo vigente.

El Congreso rechaza el impuesto extraordinario a las energéticas

Además de las victorias judiciales, el sector energético se ha visto beneficiado recientemente por algunas votaciones parlamentarias mientras consigue beneficios récord, en plena crisis de precios, y recibe ayudas y subvenciones milmillonarias para la transición 'verde'.

En enero de este 2025, los socios del Gobierno de coalición EAJ PNV y Junts confirmaron en el Congreso de los Diputados su rechazo a la prórroga al impuesto “temporal” a las energéticas. Las derechas nacionalistas se unieron al PP, Vox y UPN en contra de la prórroga del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy, lo que significa que las ‘arcas públicas’ dejarán de ingresar cerca de 1.000 millones. 

Junts también pactó con el PP la suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad, aunque el Gobierno ha conseguido salvarlo. Este tributo está diseñado para pagar la deuda milmillonaria pendiente con las empresas eléctricas desde hace años, el famoso déficit de tarifa, que actualmente es de alrededor de 7.000 millones.