Los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) han presentado esta mañana una denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud por “vulnerar el derecho a la huelga, por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga”, han comunicado. Los sindicatos han pedido a la Inspección de Trabajo que levante un acta de infracción “para imponer las sanciones legales y requiera al SALUD para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva”.

Los médicos y facultativos celebran hoy una nueva jornada de huelga autonómica, que continuará hasta el viernes, secundada por en torno al 80% de los profesionales de hospitales y el 50% en Atención Primaria, según datos de los sindicados. También se han celebrado concentraciones de protesta ante el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y el Hospital Obispo Polanco de Teruel; así como ante todos los centros de trabajo para el personal que cumple los servicios mínimos decretados. Con estas protestas reclaman al Gobierno de Aragón “equiparar sus condiciones laborales con las del resto de comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria”. Los datos de seguimiento proporcionados por el Ejecutivo son sustancialmente más bajos: el 9,27 % durante la jornada de mañana, es decir, de un total de 3.646 efectivos reales, han secundado la huelga 338 profesionales.

Esta es la décimo sexta jornada de huelga desde diciembre y, según los convocantes, en todo momento se han mantenido las mismas cifras de seguimiento, “pero que en lugar de atenderlas, el Servicio Aragonés de Salud, como órgano empleador, ha incurrido en conductas contrarias al deber de negociación” y solo ha habido “comparecencias meramente formales de sus representantes, sin voluntad de acuerdo”.

La denuncia a Inspección de Trabajo, que se suma a la ya interpuesta en los Tribunales por servicios mínimos “abusivos” durante la huelga, busca “abrir una auténtica negociación, con propuestas que den respuesta a nuestras demandas para mejorar la calidad asistencial en Aragón”.

La denuncia recuerda que la ley obliga a las dos partes de una huelga a “negociar de forma leal y no obstructiva para poner fin al conflicto, por lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado que las conductas empresariales que vacían este principio pueden constituir una vulneración del derecho de huelga”. Las sanciones por incumplir este derecho de audiencia y consulta de los trabajadores y sus representantes es una multa que puede superar, en los casos más graves, los 220.000 euros.

Para los sindicatos médicos de Aragón este es el caso, ya que el Gobierno de Aragón “está afectando gravemente a la atención sanitaria de los ciudadanos”: “Desde la primera convocatoria de huelga, solo se han celebrado dos reuniones sin comunicación ni intención de negociación real”. Los profesionales han subrayado que el “fin principal” de la denuncia es instar al Gobierno de Aragón a entablar una auténtica negociación “para la que siempre hemos tenido la mano tendida”. Así, también se ha solicitado a Inspección de Trabajo que actúe como mediadora, una posibilidad que regula el Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.

En aplicación de esta norma, se ha solicitado igualmente que se convoque a las partes, el Servicio Aragonés de Salud y el Comité de Huelga, a una reunión de mediación “a la mayor brevedad posible” y que en este marco “se promueva un proceso de negociación real y efectiva, de buena fe, orientado a la solución del conflicto”.

Mañana, junto con los paros se realizarán nuevas concentraciones al mediodía en los hospitales Miguel Servet (Zaragoza) y Obispo Polanco (Teruel) y los cinco días de huelga autonómica enlazarán con una nueva convocatoria nacional del 27 al 30 de abril, que también reclama al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio de médicos y facultativos. Si sigue sin haber respuesta, el siguiente paro, nacional y autonómico, de médicos y facultativos, será del 18 al 22 de mayo.

Reunión del consejero con representantes sindicales

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, y la gerente del SALUD, Ana Castillo, han mantenido este martes reuniones con miembros de todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. En primer lugar, ha sido convocado el sindicato CEMS y posteriormente SATSE; CSIF; CC. OO; UGT; FASAMET y FTPS. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el consejero y la gerente del SALUD han querido “trasladar su respeto hacia la postura de los convocantes de la huelga y reafirmar su compromiso con el diálogo y la transparencia”.

Las mismas fuentes han recordado que, “desde el inicio de la legislatura (2023) se ha trabajado en un plan de mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales del sistema sanitario aragonés, diseñado para desarrollarse a lo largo de los cuatro años”. Las reuniones celebradas hoy “responden al compromiso adquirido por el consejero de Sanidad de mantener un diálogo constante con las organizaciones sindicales”.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo y ha acudido al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha para mostrar la situación de Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo cuyas instalaciones, asegura el sindicato, “no reúnen las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la realización de autopsias y donde incluso se han producido cinco positivos por tuberculosis”.

Entre las principales deficiencias detectadas, CSIF destaca problemas estructurales y técnicos como la falta de estanqueidad en las salas, la ausencia de un sistema adecuado de filtración de aire y graves carencias en limpieza y gestión de residuos biológicos y físicos. Asimismo, se señala l“a escasez de equipos de protección individual (EPI) para el personal”.

Cinco de los 21 trabajadores, expuestos

Estas deficiencias afectan de manera directa y con enorme gravedad a la plantilla: cinco de los 21 trabajadores del centro han estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, lo que evidencia un elevado riesgo biológico y la posible propagación de agentes infecciosos dentro de las instalaciones por sus condiciones totalmente insalubres.

Hasta el momento, estos trabajadores no han desarrollado la enfermedad, pero se encuentran en situación de vigilancia y durante los próximos dos años tendrán que someterse a pruebas de manera periódica para comprobar que no sufren una tuberculosis activa.

Según el sindicto, los trabajadores han tenido constancia de este positivo por la prueba de Mantoux (método diagnóstico utilizado para determinar si una persona ha sido infectada por la bacteria causante de la tuberculosis) realizada a una técnico forense que estuvo trabajando de manera temporal en el Instituto de Medicina Legal y que se sometió a esta prueba en su nuevo puesto de trabajo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. CSIF exige que la prueba de Mantoux sea de obligada aplicación en el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales de todo el personal forense.

Sin noticias del traslado a la nueva sede

La Central Sindical censura que aún no se haya procedido al traslado a la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, que fue inaugurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de marzo. Mientras tanto, se están dejando de lado normas básicas de seguridad como la gestión de residuos biosanitarios, lo que obliga a almacenar bolsas con contenido biológico en dependencias que no están preparadas para este uso.

Incluso, abunda el sindicato, han llegado a producirse plagas de insectos y el Ayuntamiento de Toledo se ha visto obligado a fumigar las instalaciones, que no cumplen tampoco con una ventilación adecuada.

CSIF advierte que estas condiciones “no sólo incumplen la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, sino que también están suponiendo un riesgo directo para la salud de los trabajadores”.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado de forma urgente la comunicación de la evaluación de riesgos laborales tanto de médicos forenses como de técnicos especialistas y la actualización de protocolos, así como el cierre cautelar del centro para la adecuación inmediata de las instalaciones a los estándares mínimos exigidos.

“Es preciso acelerar el proceso de traslado a las nuevas instalaciones”, advierten desde el sindicato que no descarta emprender nuevas acciones si no se produce una respuesta rápida y efectiva por parte de la Administración.

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por explotación laboral de trabajadores extranjeros en call centers en las ciudades de Madrid y Fuenlabrada como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. La operación, en colaboración con la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, destapó jornadas y condiciones abusivas para los empleados, y entre ellas castigos humillantes como tirarles tartas a la cara.

“48 personas han sido protegidas en esta actuación. Vivían situaciones humillantes que no se pueden consentir. La Inspección de Trabajo está ahí para vosotros y vosotras. Denunciad. No os quedéis callados. La denuncia en el buzón de la Inspección es confidencial”, ha advertido esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus redes sociales.

El dispositivo fue desarrollado en quince centros. La Inspección de Trabajo encontró a un total de “48 personas trabajadoras sometidas a condiciones abusivas”. De ellas, “31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social”, informa el organismo público vigilante de que se cumpla la legalidad laboral.

Condiciones abusivas y estafas a particulares

La Inspección apunta que los responsables de los centros de call center contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso que restringían cualquier derecho laboral.

“Los trabajadores, además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con un guión previo e invasivo, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios”, indican en el organismo público.

“Sus jornadas de trabajo excedían los límites legales permitidos y también carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral”, añade la Inspección.

Por todo ello, el 10 de marzo, se llevó a cabo la entrada y registro en 15 call centers por parte de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y se detuvo a siete personas como presuntas responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. 

Castigos humillantes a través de rankings

Además, las autoridades comprobaron que los encargados de las empresas utilizaban un ranking diario para evaluar a los trabajadores en función de las contrataciones conseguidas, como se percibe en las imágenes de esta información.

Así, se establecía un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que los empleados ocupaban en dicha clasificación.

“Entre las conductas humillantes estaba el lanzar tartas a la cara del trabajador que quedaba en la última posición de ese ranking, en presencia de todos sus compañeros”, denuncia la Inspección de Trabajo.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Toledo denunciará ante la Inspección de Trabajo “la actitud” del alcalde de Torrijos, Andrés Martín, por “cuestionar y perseguir” a una delegada del sindicato y miembro del Comité de Empresa. En la denuncia se argumenta “vulneración de la libertad sindical” por parte del edil.

Lo ocurrido, explica el sindicato, se produce en pleno proceso de elecciones sindicales de personal laboral y según CCOO se está “interfiriendo directamente en el ejercicio legítimo del crédito horario, recogido en el Estatuto de los Trabajadores”.

Estrategia “para silenciar la defensa de los derechos sindicales”

CCOO advierte de que estas maniobras constituyen una estrategia de “fiscalización excesiva diseñada para silenciar la defensa de los derechos laborales”, ya que el alcalde alega falsamente un exceso en el uso del crédito horario, obviando “de manera deliberada”, según critica, el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, que ampara este derecho fundamental.

“Resulta incomprensible que la tarea más urgente para el alcalde de Torrijos sea fiscalizar si una delegada de CCOO dispone de dos horas más o menos de crédito sindical, en lugar de centrar sus esfuerzos en las verdaderas necesidades del municipio y de su personal. El crédito horario es un instrumento para garantizar la libertad sindical, no una concesión de la Alcaldía”, señala la federación sindical.

El sindicato denuncia a su vez un “evidente agravio comparativo y tácticas de presión que enturbian el proceso electoral”. A modo de ejemplo, se explica que “hay exigencias improcedentes, como solicitar justificaciones fuera de lugar a la delegada de CCOO, con el único fin de limitar su capacidad de acción y defensa de la plantilla”.

De igual modo, el sindicato también condena los “privilegios selectivos”, ya que “mientras se presiona a CCOO, se permite el acceso libre a las instalaciones a integrantes de otra organización afín a la Alcaldía, incluso a personas en situación de baja laboral”.

Mientras se presiona a CCOO, se permite el acceso libre a las instalaciones a integrantes de otra organización afín a la Alcaldía, incluso a personas en situación de baja laboral

“Además hay cierto intervencionismo electoral, a raíz de generar un clima de amedrantamiento orientado a evitar el apoyo a las candidaturas de CCOO, todo con el único objetivo de favorecer intereses particulares y asegurar puestos de trabajo sin procesos objetivos ni concursos de traslados”, asegura.

Por ello, y tras asegurar que no tolerará tácticas que condicionen la democracia sindical, ha avanzado la interposición de una denuncia ante la Inspección Laboral, así como el inicio de movilizaciones y demandas judiciales, si no cesan de inmediato estas conductas de presión contra nuestra delegada y delegados.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acudido a Inspección de Trabajo ante la negativa del Ayuntamiento de Burujón, en la provincia de Toledo, a aplicar la subida salarial del 4% que todavía adeuda a sus trabajadores y la instauración de la jornada laboral de 35 horas para cumplir de una vez por todas con los diferentes acuerdos de mejora del empleo público a los que está obligado.

CSIF censura que este ayuntamiento sea “una de las pocas administraciones locales en la región” que todavía no haya hecho efectivo el Acuerdo Marco firmado por la Central Sindical con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública el pasado mes de noviembre y que contempla una subida del 2,5% en 2025 con carácter retroactivo y un 1,5% en este 2026, a lo que se sumaría un 0,5% adicional si el IPC es igual o superior al 0,5%.

El incremento salarial completo será del 11,4% hasta 2028 (4,5% en 2027 y un 2% en 2028, al que se suma el 0,4% del incremento proporcional de las mejoras en los complementos y los salarios base).

“Un auténtico maltrato a los más de 20 trabajadores”

“Se está produciendo un auténtico maltrato a los más de 20 trabajadores de este ayuntamiento, una plantilla que ve cómo compañeros de otras administraciones y corporaciones locales sí disfrutan de esta subida salarial mientras ellos siguen a la espera”, apunta el sindicato.

Es más, abunda, porque “también se han incumplido acuerdos salariales anteriores y se está llegando a adeudar más de 1.400 euros anuales a cada empleado o incluso hay trabajadores que están por debajo del salario mínimo interprofesional. A ello se añade que tampoco se está cumpliendo algo tan básico como la jornada de 35 horas”, explica el presidente de CSIF Toledo, Raúl Turín.

Siguen con una jornada laboral de 40 horas semanales

Los trabajadores municipales de Burujón continúan con una jornada laboral de 40 horas a pesar de que la obligación legal es de 37,5 horas, además de que el II Acuerdo Nacional de Mejora del Empleo Público de 2018 ya una permitía una jornada de 35 horas en sectores transferidos y administraciones locales.

CSIF espera que el Ayuntamiento siga el ejemplo del acuerdo firmado el pasado viernes con el Ministerio de Función Pública que fija la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado. “No hay excusas, las 35 horas serán una realidad en todas las administraciones y los empleados de Burujón no pueden quedarse atrás, no pueden sufrir esta discriminación”, concluye Turín.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha lleva tiempo denunciando las “prácticas abusivas” en la contratación que la empresa de logística GXO viene realizando a través de empresas de trabajo temporal.

Tal y como han explicado la secretaria general de FeSMC UGT-CLM, Ana González, y el secretario de Organización de FeSMC UGT-Guadalajara Javier Martínez, tras “una larga e intensa lucha”, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara ha emitido un informe-oficio dirigido a GXO Logistics Spain S.L.U., en el centro de trabajo de Marchamalo, dando la razón a este sindicato.

Concretamente, el informe concluye que la empresa ha venido celebrando contratos de puesta a disposición a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) sin causa temporal habilitante, “en fraude de ley”, durante los años 2024 y 2025.

Según explica, GXO ha mantenido “una dependencia estructural y abusiva de trabajadores” cedidos por ETT. Precisa que ha habido una contratación media anual de personas de ETT sobre la plantilla total del centro del 30,8 % en 2023, un 27,7% en 2024, y un 19,9 % hasta septiembre de 2025.

“El descenso que se aprecia en este tipo de contrataciones no es fruto de la buena voluntad de la empresa. Se debe exclusivamente a que ya existía un requerimiento previo de la Inspección de Trabajo. Incluso en los meses de menor actividad, hay centenares de trabajadores y trabajadoras sin contrato propio de GXO. Hablamos de un mínimo estructural de más de 500 puestos que deberían ser empleo estable”.

Solo contratos de ETT con “causa legal real”

Ahonda UGT en que se ha utilizado “de forma fraudulenta” a empresas de trabajo temporal, como “mero artificio”, para “poder evadir las responsabilidades que conlleva la contratación a personal directamente de empresa y reducir al mínimo los costes laborales, con absoluto desprecio por los derechos de las personas trabajadoras”.

Por todo ello, la Inspección obliga a GXO a celebrar en adelante solo contratos de ETT con “causa legal real” (según el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores), y contratar directamente como trabajadores propios al 50% de las personas (más de 1.000 trabajadores y trabajadoras) cedidas durante 2025, en un plazo de nueve meses.

Desde UGT valoran positivamente la actuación de la inspección de Trabajo, pero consideran que todavía no es suficiente. Por eso, exigen el cumplimiento “estricto e inmediato” del requerimiento inspector.

Piden que las contrataciones directas se realicen con contratos indefinidos, no con nuevas fórmulas de “temporalidad encubierta”; y también que se garantice la igualdad de condiciones para los trabajadores que pasen a plantilla propia. El sindicato también demanda un “seguimiento periódico” por parte de la inspección del cumplimiento del requerimiento y que se abra expediente sancionador si la empresa no cumple en los plazos establecidos.

“GXO ha construido durante años un modelo que traslada el riesgo empresarial a las personas trabajadoras. Esto es precariedad organizada y tiene que acabar. Desde UGT exigimos que la empresa cumpla íntegramente el requerimiento en los plazos que le marcan y no vamos a permitir ni dilaciones ni excusas”, concluye.

Este medio se ha puesto en contacto con GXO Logistics para recabar su valoración sobre este informe y para saber si procederá a las contrataciones, sin que por el momento haya habido respuesta.

El ERE de Tubos Reunidos, que afecta a 285 personas, ha destapado la existencia de más de 40 contratos eventuales que la Inspección de Trabajo considera que se encuentran en fraude de ley y que, por lo tanto, tendrían que ser contratos indefinidos. Los sindicatos han informado de esta cuestión después de la reunión que han mantenido con la Inspección para presentar sus alegaciones el ERE. Estos contratos -entre 42 y 47- forman parte de los 80 eventuales que la empresa ha incluido en el Expediente de Regulación de Empleo, y que, en teoría, dejarían la empresa este mismo mes, que acaba el próximo martes. Al considerar la Inspección que están en fraude de ley, deberían ser contratos fijos, lo que supone que la dirección de Tubos Reunidos tendrá que presentar “una nueva decisión” sobre estos trabajadores incluidos en el ERE, según han confirmado fuentes del departamento de Trabajo. Las mismas fuentes han señalado que se ha detectado el fraude en la revisión que la Inspección hace de todos los contratos de una empresa que están afectados por un expediente de regulación.

Si estos más de 40 trabajadores con contratos en fraude pasan a ser considerados fijos, la empresa debería ofrecerles las mismas condiciones que al resto de los trabajadores con contratos indefinidos, y poder sumarse a las bajas voluntarias, con las que se ha pactado una indemnización equivalente a 45 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, además de una cantidad lineal de 1.500 euros por año de servicio con un límite de 10 anualidades. Aunque son unas cantidades que están sujetas a que “la persona despedida no impugne su despido, no exista una sentencia colectiva que califique como nulo o improcedente el presente ERE” y a que la empresa “consiga un acuerdo de refinanciación con sus acreedores que permita intentar conseguir su viabilidad”. Son cifras por encima de la que recibirán los eventuales, 33 días de salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades, pero que no están sujetas a esas condiciones. Desde la dirección de la empresa no han querido comentar este miércoles qué pasos dará a partir de ahora.

Los sindicatos han denunciado tras la reunión con la Inspección de Trabajo, en la que han conocido los contratos en fraude de ley, que se quiere “maquillar los despidos” como salidas “voluntarias” . “Tienen que tener las mismas opciones de despido que tiene la plantilla fija”, ha señalado el representante de ESK, Gorka Abaskal, y, por lo tanto, “la misma opción de adherirse o no a las bajas voluntarias”. Y ha denunciado que la empresa les quiere dejar como única opción aplicarles un despido objetivo con veinte días de indemnización por año.

Mientras la resolución del ERE se complica, ya que 40 bajas voluntarias más encarecería aún más la factura de los despidos, que suman alrededor de 40 millones -un dinero que hoy por hoy no tiene- la empresa espera la decisión de la Sepi sobre la deuda que acumula. En principio, 241 millones de euros, de los que la Sepi es el principal acreedor, y una pérdidas provisionales de 71,3 millones de euros. Las cifras se actualizarán en los próximos días, cuando presente los resultados definitivos. Y todo hace prever que para mal.

El propietario de La Gilda del Norte (en realidad la empresa se llama Agricultura Creativa 2015) F.J.G.Á. ha renunciado a su derecho a la última palabra durante el juicio que se ha celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El responsable de la empresa vizcaína, y su hija, P.G., están acusados de delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores al mantener presuntamente, a personas extranjeras en situación irregular trabajando sin contrato, por lo que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel. A lo largo de todo el juicio F.J.G.A. se ha mantenido en silencio. Su hija, por su parte, sí que ha hecho uso de la última palabra para denunciar el “sufrimiento” al que se han enfrentado. “He tenido que medicarme y no porque piense que nos han pillado ni mucho menos, sino porque han ido contra mi familia y han intentado hacernos daño de todas las maneras posibles. La última que han tenido ha sido involucrarme a mí en todo esto. Espero que se haga justicia por el sufrimiento que yo sí que he vivido”, ha declarado en la segunda y última sesión del juicio celebrada este miércoles y a la que han asistido cerca de 40 trabajadores con camisetas de La Gilda del Norte que han criticado en los pasillos a sus excompañeras denunciantes como muestra de apoyo a sus jefes.

Durante la segunda y última sesión han testificado cinco agentes de la Policía Nacional y tres subinspectores laborales de Empleo y Seguridad Social que participaron en las inspecciones a la empresa realizadas primero la mañana del 1 de diciembre de 2020 y, después, la noche del 7 de mayo de 2021. Fueron dos inspecciones simultáneas a las dos instalaciones en las que opera la empresa, un pabellón en Basauri y un invernadero en Lezama. En estas inspecciones han constatado que entre los trabajadores que encontraron había “algunos” en situación irregular, pero no han sabido determinar de cuántos se trataba. El primer policía nacional en declarar, ha confesado que en la primera inspección realizada hallaron a 10 trabajadores sin permiso de trabajo, por su parte, un compañero suyo considera que fueron cuatro los que se encontraban en situación irregular. Ninguno de los testigos ha sabido confirmar cuántas personas en total se encontraron durante las inspecciones sin permiso de trabajo, pese a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular.

Una de las subinspectoras laborales de Empleo y Seguridad Social, presente en las dos inspecciones, ha reconocido que en la segunda inspección, realizada el 7 de mayo de 2021 por la noche tras un aviso a la Policía Nacional que sostenía que los trabajadores irregulares pasaron al horario nocturno para así “evitar ser vistos en las inspecciones laborales”, el propietario aseguró a los agentes de la Policía Nacional y a los inspectores que se encontraba solo en el pabellón de Basauri. “El titular del establecimiento abrió la puerta y nos dijo que estaba solo, pero encontramos a distintos trabajadores extranjeros escondidos en las instalaciones sin contar con la oportuna documentación de trabajo. Aunque una primera revisión constató que se encontraba solo, tras una inspección más a fondo descubrimos que en los almacenes, en el montacargas y en distintos lugares se encontró a trabajadores escondidos. A preguntas de los funcionarios actuantes, los trabajadores manifestaron que estaban escondidos por orden del empresario”, ha detallado la subinspectora, que ha indicado que en la inspección encontraron “sobres con dinero” para proceder al pago de los trabajadores, además de documentación sobre los horarios y nóminas.

A lo largo del juicio también han testificado una decena de trabajadoras que han coincidido en su mayoría en que trabajaban “sin contrato”, “en situación irregular”, sin medidas de seguridad ni controles y por 800 euros. Además de que, si llegaba alguna inspección, tenían la orden de “esconderse”.

A pesar de ello, desde Fiscalía, que confirma “la contratación reiterada e ilegal de personas en situación irregular, al menos desde 2018 a 2021” no percibe “explotación laboral”. “En un caso como el presente no concurre en ningún caso una situación de abuso, superioridad, engaño o situación de necesidad de los trabajadores en las concretas circunstancias de este caso sin perjuicio de que el trabajo de estos trabajadores no sea el trabajo de los sueños de nadie, ya que cobran una cantidad de dinero francamente escasa, pero esto en ningún caso supone la imposición de condiciones abusivas de semiesclavitud como se ha escuchado en esta sala. Nadie ha resultado amenazado para desempeñar este trabajo. A nadie se le ha engañado para realizar este trabajo, y, por tanto, entendemos que en ningún caso resultan acreditados ninguno de los preceptos penales”, ha justificado la fiscal, que se mantiene en una condena de 12 meses de cárcel para el propietario de la empresa y exime a su hija, al entender que “no puede ser autora de ninguno de los delitos porque no tiene la condición de empresaria”, pese a que la acusación particular ha presentado como prueba “pantallazos” de artículos en prensa en los que la acusada se define como CEO de La Gilda del Norte, algo que aparece también en sus redes sociales y las demandantes y testigos han asegurado que ella “también daba órdenes” en la empresa.

La acusación particular, que exige para los dos propietarios penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, además de una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”, ha solicitado incluir una medida subsidiaria de 18 meses de prisión para el propietario y 89 días de prisión para su hija. Esto implica solicitar a la jueza una pretensión principal y, para el caso de que esta no sea estimada, proponer una alternativa secundaria (subsidiaria) para garantizar la protección de los intereses de la parte demandante.

“La empresa ha utilizado a los trabajadores en situación irregular de forma continuada durante un periodo de 3 a 4 años desde 2017 hasta el mes de actuación de la Inspección de Trabajo en mayo de 2021. Todo esto está sustentado en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, no solamente en las últimas dos, sino en más, que constataron en sus diferentes intervenciones que había trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo y a través de la actuación de la Policía Nacional y lo reflejado también en sus atestados, así como en las declaraciones tanto de los agentes como de los inspectores de trabajo, se han acreditado hasta 14 trabajadores en situación irregular”, ha señalado la abogada de la acusación particular.

La defensa ha tratado de argumentar que la contratación del personal en situación irregular se trataba de algo “esporádico y puntual” debido a la “dificultad de poder encontrar” a trabajadores en el sector. Sin embargo, la acusación particular ha defendido que más que algo puntual, se trataba de una estructura empresarial. “Era una estructura empresarial basada en las mismas condiciones de 800 euros al mes con extras puntuales por las tardes y los sábados. Está probado que estas personas no estaban allí trabajando de forma esporádica, sino que estuvieron años. Es decir, esto formaba parte de la estructura y del plan de negocios de la empresa y afectaba a su cuenta de resultados de forma relevante. Por lo tanto, existe una lesión también a las arcas públicas. El modelo de negocio del grupo empresarial, del que son titulares tanto el propietario como su hija, se basaba en ese beneficio extra que les proporcionaba la ausencia de contratos legales y el ahorro que le supone a una empresa tantos trabajadores sin pagar a la Seguridad Social y esas condiciones mínimas que suponen un beneficio directo, así como también afecta a la competencia en el mercado. Se presume elevadísimo también el beneficio que le aportó a esta empresa en la pandemia el hecho de contar con este tipo de trabajadores sin pago de Seguridad Social y que trabajaron incluso en ERTE por lo que la empresa se beneficiaba también de las ayudas que venían establecidas por el ERTE”, ha defendido la abogada.

Por último, la defensa de los acusados ha pedido la absolución de ambos al entender que ya han sido sancionados previamente por esta causa, debido a que la Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso y que fueron admitidas por el propietario. No obstante, desde la acusación particular lamentan que el dinero de la sanción en ningún caso recayó en las demandantes, que “fueron despedidas tras trabajar durante años sin contrato y, por tanto, sin cotización a la Seguridad Social”.

La constructora turca Limak, encargada del proyecto de renovación integral del Camp Nou, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 399 trabajadores, tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado el departamento de Empresa y Trabajo a la Agència Catalana de Notícies (ACN).

El argumento esgrimido por la compañía para el recorte de empleo es que, más allá de la obra del campo de fútbol, la firma turca no ha encontrado otros proyectos. El ERE se plantea para dos años, por lo que la previsión es ir disminuyendo el volumen de trabajadores a medida que se vayan terminando las obras del estadio deportivo.

Limak ha subcontratado a lo largo de la obra varias empresas, con lo que ha llegado a haber hasta 1.200 operarios trabajando en el estadio. A finales de noviembre del pasado año, una de estas empresas, Extrem Works, fue multada con un millón de euros por tener 79 a trabajadores de origen turco sin papeles.

El sindicato CCOO había denunciado que la firma había despedido a trabajadores irregulares de las obras. El sindicato se ha manifestado en diversas ocasiones para denunciar las prácticas de la empresa, que ha estado despidiendo a trabajadores a medida que se ha ido cumpliendo el calendario de las obras. Algunos despidos, además, se han dado justo después de que los trabajadores realizaran protestas para denunciar su situación.

 Inspección de Trabajo dependiente de la Generalitat de Catalunya, detectó a diversos trabajadores en situación irregular y está realizando actas de infracción.

Las obras del Camp Nou llevan cosechando irregularidades desde sus inicios; desde trabajadores sin contrato hasta vulneración de condiciones laborales y explotación por parte de trabajadores traídos de diversas partes de Europa y hasta de refugiados palestinos, tal y como han demostrado diversas investigaciones llevadas a cabo por El Periódico de Catalunya.

El club ya reconoció en verano del pasado 2024 que había habido “malas prácticas” en las subcontrataciones de las obras del nuevo estadio, pero aseguró que no había habido “mala fe”. Por ello, se anunció la pronta firma de un convenio con los sindicatos para fiscalizar las obras. Pero dicho convenio nunca se llegó a firmar.

La Audiencia Provincial de Bizkaia sentará en el banquillo esta semana al empresario F.J.G.Á. y a su hija, P.G.. Son los responsables de la empresa Agricultura Creativa 2015, mucho más conocida por su marca comercial, La Gilda del Norte. F.J.G.Á. se expone a penas que podrían sumar los seis años de cárcel por delitos “continuados” contra los derechos de sus trabajadores, aunque la Fiscalía deja la petición de condena en un año y exime a la hija. La Inspección de Trabajo y la Policía Nacional consideraron acreditado que La Gilda del Norte empleaba a trabajadores extranjeros sin contrato, que les pagaba en negro por debajo del SMI y que les ordenaba o trabajar de noche o esconderse si había visitas para evitar las sanciones. El procesado insiste, en conversación con este periódico, que todo es un montaje.

El juicio llega seis años después de que se descubrieran estos hechos y cinco desde que este periódico los hizo públicos. En 2020, en plena pandemia, se iniciaron las inspecciones en las propias instalaciones de La Gilda del Norte, tanto en su pabellón de Basauri como en sus instalaciones de Lezama. Y se vio que la empresa tenía trabajando a un número indeterminado -pero elevado- de personas extranjeras sin contrato al menos desde 2018. F.J.G.Á. llegó a ser detenido por la Policía Nacional, el cuerpo con competencias en materia de Extranjería, aunque él también lo niega. En la causa sobrevoló también que forzaba a los trabajadores a acudir a su puesto contagiados cuando existían cuarentenas por COVID-19, que algunos fueron ocultados en cámaras frigoríficas para no ser detectados y, sobre todo, que una trabajadora embarazada escuchó que tenía que abortar si no quería ser despedida.

Las vistas están previstas para este martes y este miércoles. Tres de los trabajadores están personados como acusación, además de la Fiscalía. Son esas partes las que piden penas más altas. La defensa de la mujer embarazada sostiene que la empresa ofrecía “a sabiendas” pagas muy bajas, “abusando de su posición”. “Si alguno presentaba alguna queja, era inmediatamente amenazado con el despido”, argumenta. Además de la condena, reclaman una indemnización de 7.500 euros “por daños morales”. La abogada de los otros dos trabajadores asegura que no está claro “el número exacto” de personas que han pasado sin contrato por La Gilda del Norte, así como por su filial Más que piparras, aunque aportan una larga lista con base en datos policiales. Añaden que el empresario conocía que llegó a contratar en estas circunstancias ilegales a menores.

La Inspección de Trabajo ya ha multado a La Gilda del Norte con una cifra superior a los 40.000 euros por las irregularidades laborales de este caso, por ejemplo. Desde la empresa, en cambio, insisten en que han ganado algunos pleitos en la jurisdicción social, por ejemplo el de la trabajadora embarazada. Eso sí, eso no lo convierte en 'cosa juzgada' en la vía penal. F.J.G.Á. asegura que todo es un gran montaje, que tiene constancia de denunciantes que se han arrepentido y que estaban “obligados” a decir falsedades de lo sucedido en La Gilda del Norte.

“Es algo que no ha sido real”, repite. “La necesidad de los papeles hace que les dijeran que siguieran unas pautas. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es gente muy necesitada. Por un sueldo dicen lo que no te puedes hacer ni idea. Caen en las garras de sus propios compañeros. Es muy triste”, abunda en conversación telefónica con este periódico convencido de su total inocencia. Los imputados tienen derecho constitucional a no incriminarse e incluso a mentir. De cara al juicio, la Fiscalía ha pedido la declaración de los tres trabajadores personados y de algunos otros, de cuatro agentes de la Policía Nacional y de dos subinspectores laborales.

Campaña tras campaña, la lucha por alcanzar unas condiciones dignas para las temporeras de Huelva persiste en el campo andaluz. Las mujeres marroquíes copan la recogida de frutos rojos entre enero y julio, lejos de unos beneficios multimillonarios que sitúan a Andalucía como la principal exportadora europea. Aun así, los sindicatos, a pie de invernadero, intentan dar voz a las empleadas que pugnan por que se cumplan los acuerdos bilaterales entre los países, donde se les asegura viviendas en buenas condiciones y unas jornadas ajustadas a la ley, aunque el miedo a las consecuencias las paralice: ya hay siete denuncias registradas en Inspección de Trabajo, correspondientes a fincas ubicadas en Almonte, Moguer, Lucena de Puerto y Palos de la Frontera.

“La fresa importa más que la mano de obra”, determina Ana Pinto, portavoz y cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. “Las viviendas tienen condiciones horribles y desde enero nos empezaron a llamar las compañeras para denunciar que no se cumplían los requisitos mínimos o que las obligaban a trabajar los domingos”, determina. Ya hay una veintena de personas atendidas y este año, a diferencia de los anteriores, podrán acceder por fin a los inmuebles donde están alojadas las temporeras para comprobar las condiciones de habitabilidad gracias a las actualizaciones de la normativa en materia de extranjería. Humedades en las paredes, cables sueltos, asentamientos chabolistas donde se construyen casas con palets de madera, en las que malviven durante meses.

El campo andaluz fue cambiando de forma lenta pero irreversible a finales de la década de los 90. En aquella época, Pinto inclinaba su espalda para recoger del suelo el oro rojo. Pese a los esfuerzos, recuerda aquel periodo feliz, lleno de compañerismo, que cambió por completo por la avaricia del sistema. “Empecé con 16 años y hacía las campañas de naranjas, aceitunas, y he visto como las condiciones iban cada vez a peor. Me parece digno que con tus manos alimentes a otras personas, se creaban vínculos, pero, de repente, impusieron normas nunca vistas: no podías llevar agua en el carro y la tenías que dejar al otro lado del invernadero para no perder el tiempo, con gente medicándose, prohibieron que ayudaras a las compañeras, para incrementar la presión de coger kilos, o tener música”, detalla. “Mi madre me enseñó que, si en el trabajo cumplo, nadie me puede explotar, y no me conformé con lo que no era justo”.

“A kilómetros del agua”

El fin era maximizar los beneficios, por lo que las condiciones laborales y salariales fueron empeorando, en paralelo al éxito de las campañas que convertían a Huelva en un referente mundial. En un contexto abusivo y desigual donde la mecanización del cultivo era inviable por la delicadeza del producto, las familias andaluzas dejaron el campo en busca de mejores oportunidades. Así, la contratación en origen se formalizó en 2002 a través de la Orden GECCO ante la falta de plantilla, dejando la puerta abierta a la explotación laboral que sufrirían unas trabajadoras con miedo a que las devolvieran a su país, sin conseguir ahorros para sus familias, o que no las volvieran a llamar. El jornal en Huelva es 60,51 euros brutos por 6,5 horas, apuntan los sindicatos: apenas unos 1.100 euros al mes.

Teniendo en cuenta que el 92% de las participantes en los programas de migración circular en 2025 fueron mujeres, ellas son las principales afectadas por estas condiciones. El contingente procedente de Marruecos asciende este 2026 a 17.000 personas, aunque cada vez más se suman trabajadores procedentes de Sudamérica, llegando a las 21.000 contrataciones. La selección se hace en origen, en ciudades como Tánger, a donde se desplazan miles de mujeres desde las aldeas circundantes para realizar las entrevistas. ¿Las condiciones? Tener entre 25 y 45 años, en edad para soportar las cargas del trabajo, con hijos, y casada, divorciada o viuda, es decir, con arraigo para que se cumpla el compromiso de retorno.

En la campaña 2024/2025, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, notificó que la campaña 2024/2025 había cerrado con una producción de 210.345 toneladas de fresa, un descenso del 5% comparada con el ejercicio anterior, y 699,3 millones de euros en exportaciones. En cuanto a la frambuesa, llegaron a las 37.660 toneladas (un 6,5% menos) y los 229,6 millones, mientras que la mora alcanzó las 1.890 toneladas (caída del 11%) y 18,3 millones. Alemania y Reino Unido son los principales importadores. A pesar de los beneficios, Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, declaraba en 2020 que las personas del campo onubense vivían “como animales”: “A kilómetros del agua, sin electricidad o saneamiento adecuado. El campo de recolectores de fresas fue verdaderamente impactante”.

Conocer los derechos laborales

“El convenio del campo de Huelva va por contratos fijos-discontinuos y, a través de las tarjetas TIE se permite la vuelta al trabajo durante cuatro años siempre y cuando cumplas con el compromiso de retorno”, explica Ana Pinto. Sin embargo, a la hora de conformar los contingentes, no se respeta la antigüedad de las trabajadoras de la campaña, “¿cómo controlamos eso?”, se pregunta, “no hay una lista en Marruecos, que se debería revisar por WhatsApp, pero se elimina como un castigo por menor producción”. “Lo más importante es que las trabajadoras conozcan sus derechos, se organicen y denuncien”, y la insistencia y difusión de la información desde los sindicatos a las trabajadoras ha logrado la interposición de demandas y la intervención de Inspección de Trabajo.

Además, hace un lustro se introdujeron dos nuevas órdenes ministeriales, la Orden TMS/1426/2018 y la TMS/1277/2019, con el fin de mejorar las actuaciones de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para controlar que se cumple correctamente la normativa laboral, a raíz de las polémicas que saltaron a la palestra mediática y, también, en función del acuerdo sobre mano de obra que se firmó entre España y Marruecos, adoptado en 2001. En su artículo 6, se establece que “los trabajadores y trabajadoras marroquíes gozarán de los derechos y privilegios que les conceda la legislación española”.

“Ninguna de estas mujeres quiere salir en la foto: tienen miedo”, critica Fátima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMINA). Antes de llegar a los juzgados o a las autoridades competentes, intermedian con los empresarios para llegar a una solución entre las partes, haciendo hincapié en las actitudes o exigencias de los encargados son los principales problemas que se encuentran en el día a día.

“En una finca en Moguer, la cocina estaba quemada, el grifo de la cocina estaba amarrado con una cuerda, las paredes llenas de humedades... Nos presentamos en la finca y recogimos pruebas con todo ello”, explica. Nombra el caso de una trabajadora que durante ocho años soportó las condiciones de la infravivienda hasta que las amenazas y los malos tratos por parte de los responsables de la finca mellaron la relación y no pudo aguantar más: “El empresario no quiso hacer nada, es más, si no hubieran hecho ese daño, habría seguido en la misma situación”.

Ezzohayry llegó a la provincia en el año 97, antes de la Orden GECCO. Venía en un contingente procedente de Marruecos y conoció al que ahora es su marido. Hasta el año 2017 trabajó en el campo, pero las ernias en su columna vertebral provocaron que le dieran una incapacidad laboral para tales tareas. Fue entonces cuando decidió implicarse en la lucha sindical: “El campo ha empeorado. En mis tiempos era mejor porque estaban las personas españolas, no las migrantes, que no conocen las normas, muchas no saben leer el idioma, y temen perder el trabajo o que no las vuelvan a llamar si se quejan”.

Abusos sexuales

La Audiencia Provincial de Huelva corroboró la existencia de abusos sexuales por parte de cinco patronos españoles a varias trabajadoras marroquíes, de entre 18 y 30 años, el 24 de abril de 2014. El auto recogía que algunas de las vejaciones eran “putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre” o “hijas de puta, tontas, inútiles”. Los agravios hacia las temporeras dieron el salto mediático en el año 2018, después de años de ostracismo laboral y social. También, alrededor de 100 trabajadoras declararon haber sufrido abusos sexuales por parte de jefes y trabajadores en un reportaje en el diario alemán Correctiv. En un frente común, se registró la primera denuncia judicial por parte de cuatro temporeras marroquíes al encargado de una explotación agraria de Moguer y, seguidamente, una segunda denuncia ante la Audiencia Nacional de diez temporeras marroquíes a la empresa Doñana 98 por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

El artículo Influencia en la agenda mediática en la cultura de la violación: los casos de La Manada y las Temporeras de Huelva en la revista Investigaciones Feministas analiza la influencia que tuvieron tales hechos en los medios de comunicación de aquel entonces. Mientras que los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín en Pamplona impactaron y movilizaron a la sociedad española, los que se daban en el sur andaluz quedaron relegados a un segundo apartado, pese a la gravedad de lo denunciado y la reiteración de los daños infringidos cada campaña ante la ausencia de unos organismos públicos que velaran por su protección. La cultura de la violación, tal y como se detalla, actúa a través de una triple dominación: la nacionalidad, el sexo y la clase.

La portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha rompe una lanza a favor del sector y sentencia que la violencia sexual “no es mayor” que en otros sectores. Pero las condiciones propician escenarios peligrosos: “Las mujeres que viven en asentamientos chabolistas sin papeles están más expuestas, sin ningún tipo de seguridad, y, por otro lado, las que tienen contrato en origen van por caminos secundarios, no tienen transporte... Imagínate ir andando por ahí y, si pasa algo, tener luego que demostrarlo porque no tienes testigos; están muy expuestas y vulnerabilizadas”.

La medida de regularización extraordinaria que anunció el Gobierno central la contempla como una oportunidad para darle salida a estas realidades, tan menospreciadas: “No es normal que en menos de 24 horas haya una sentencia judicial en la que se dictamine que una mujer tiene intereses espurios para quedarse en España”.

¿Es la migración circular la solución? Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apoya a las diferentes asociaciones y las personas que viven en los asentamientos que hay desperdigados por el territorio con asesoría y acompañamiento. “Aquí se juega con la necesidad, con el temor, y las fincas tienen una actitud bastante hostil hacia las asociaciones por el daño a su imagen”, indica. En todo caso, Pinto zanja el asunto: “Este monocultivo funciona en base a la explotación laboral, porque en unos meses se quiere la mayor producción posible y un aumento del PIB tanto a nivel provincial como nacional. Se expolia el medioambiente, pero se quiere que Andalucía sea exportadora a nivel mundial y cuenta con el beneplácito de mucha gente y de los partidos”.

El Ministerio de Trabajo ha pedido esta semana a la Fiscalía que investigue si el Gobierno de Mazón cometió un delito de prevaricación administrativa al anular varias sanciones laborales de la Inspección a empresas por no proteger a sus empleados durante la dana o por exponerles a riesgos en la catástrofe, incluido el caso de la muerte de un trabajador, según adelantan fuentes del departamento de Yolanda Díaz a elDiario.es.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya denunció públicamente en el Congreso en octubre que el Gobierno de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana había anulado varias multas que la Inspección de Trabajo había impuesto por infracciones laborales el día de la DANA. Al menos, los inspectores impusieron más de 106 sanciones, según los datos que trascendieron tras la catástrofe.

Entre los procedimientos anulados figuran el que afecta a la televisión pública valenciana À Punt, que fue multada con 50.000 euros, así como una sanción que la Inspección de Trabajo impuso a una empresa por la muerte de un trabajador. Según denunció Yolanda Díaz a finales de año, en otra intervención parlamentaria, la empresa le habría obligado a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario laboral y poniendo en riesgo su vida, como explicó su familia al diario Las Provincias.

Fuentes de la Generalitat Valenciana recuerdan que las actas de la Inspección “no constituyen sanciones firmes”, sino propuestas de infracción que deben ser analizadas jurídicamente por la autoridad laboral competente antes de dictar la resolución administrativa correspondiente.

En este contexto, señalan que las resoluciones adoptadas por la Generalitat “se han dictado tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido, con base en informes técnicos y análisis jurídico individualizado de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad laboral autonómica”.

Así, subrayan que la Generalitat Valenciana “confirmó la sanción propuesta por la Inspección en seis empresas”. “Esta actuación evidencia una evaluación individualizada, técnica y basada en criterios estrictamente legales”, indican, por lo que rechazan “cualquier insinuación de actuación arbitraria”.

Denuncia “prevaricación administrativa”

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a la Fiscalía esta anulación de varios procedimientos sancionadores “para que investigue si estos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa”, indican fuentes del departamento de Díaz.

En su artículo 404, el Código Penal incluye como delito de prevaricación de los funcionarios públicos, “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, y prevé que “se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

En Trabajo indican que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia había impuesto estas sanciones por los accidentes laborales que se produjeron de facto, así como por los riesgos graves ocurridos a los que estuvieron expuestas algunas personas trabajadoras durante la dana del 29 de octubre de 2024. 

Se trata de una revocación de numerosas actas de infracción de los actuantes de la Inspección de Trabajo por parte de la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo de la Comunitat Valenciana en este caso, algo que no es en absoluto frecuente, según fuentes consultadas del funcionamiento de estas sanciones laborales.

Por ejemplo, en el caso de la anulación de la multa de 50.000 euros a la televisión À Punt, la Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana, que dirigía entonces Andrés Lluch Figueres (desde diciembre María Lurueña Ruiz), anuló la sanción impuesta y ordenó el archivo del expediente al considerar que, aunque “las autoridades enviaron alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias”, “la información que se detallaba no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”.

Fuentes de la Generalitat indican que los hechos analizados se produjeron durante la dana, “un fenómeno meteorológico extraordinario” que generó una situación de emergencia con graves consecuencias humanas y materiales, y que “este contexto excepcional debe ser necesariamente tenido en cuenta” en la valoración jurídica de los expedientes.

“En determinados casos, la autoridad laboral apreció la concurrencia de circunstancias vinculadas a un episodio extraordinario de fuerza mayor, elemento que jurídicamente puede excluir o limitar la responsabilidad administrativa cuando los hechos se producen en un contexto de emergencia imprevisible”, apuntan en el Govern valenciano.

Incluye un accidente mortal

En estos expedientes la inspección constató “la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores”, indican en el Ministerio de Trabajo, lo que provocó que estos se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave que, en uno de los casos, “se materializó en la muerte de un trabajador”. 

“Estos expedientes fueron anulados por la autoridad laboral valenciana de forma totalmente injustificada, evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores actuantes, por lo que la decisión consideramos que se revela como arbitraria y eventualmente delictiva”, sostienen en el Ministerio de Díaz.

Desde la Generalitat valenciana defienden su gestión y añaden que colaborarán “plenamente con cualquier actuación de investigación que pueda llevarse a cabo, aportando toda la documentación necesaria para acreditar que las decisiones adoptadas se ajustan plenamente al ordenamiento jurídico”.

En el Gobierno valeciano –ahora liderado por Juanfran Pérez Llorca– añaden que “la prioridad de las instituciones públicas debe seguir siendo el respeto a las víctimas de la DANA, la recuperación de las zonas afectadas y la responsabilidad institucional ante una tragedia que marcó profundamente a la sociedad valenciana, evitando que estos hechos sean objeto de interpretaciones interesadas o de utilización política”.

Tras las campañas contra los falsos autónomos en plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, Yolanda Díaz ha situado el foco de la Inspección de Trabajo en las apps de empleo del hogar y de cuidados que actúan como “ETT o agencias de colocación, sin serlo”, ha anunciado este jueves. “Esto no es una zona gris. Es una zona ilegal”, ha sostenido la vicepresidenta segunda en la clausura de las jornadas El Poder del Trabajo en tiempos de Algoritmos, organizadas por el Ministerio de Trabajo, y “vamos a acabar con ellas”.

Sin mencionar ninguna empresa ni plataforma en concreto, Yolanda Díaz ha explicado que hay plataformas digitales de trabajo doméstico y de cuidados que están operando en España como si fueran ETT o agencias de colocación, “sin serlo”.

Díaz ha recordado que la intermediación laboral está “muy regulada” en España y solo pueden ejercerla las empresas de trabajo temporal registradas o las agencias de colocación autorizadas, “no cualquier aplicación que decida un día ponerse a gestionar trabajadoras del hogar desde un servidor puede hacer lo que quiera”.

La responsable de Trabajo ha sostenido que estas actuaciones irregulares no solo “vulneran derechos”, sino que también suponen una “competencia desleal” para otras empresas que cumplen la legalidad laboral.

Nueva campaña de la Inspección: “No lo vamos a permitir”

Díaz ha sostenido que la Inspección de Trabajo va a actuar, para que estas plataformas digitales que intermedian en el trabajo doméstico sin amparo legal rindan cuentas. “No lo vamos a permitir”, ha avisado la vicepresidenta segunda.

La ministra de Trabajo ha advertido que, detrás de cada perfil en esas apps hay una mujer, mayoritariamente, con condiciones laborales “no muy buenas” y, en ocasiones, en situación de especial “vulnerabilidad”, como por ejemplo las mujeres migrantes.

En el caso de la batalla contra los falsos autónomos en plataformas de reparto de comida a domicilio, como Glovo y Uber Eats, el Ministerio de Trabajo actuó con campañas de la Inspección de Trabajo durante años, cambios legales y la persecusión incluso penal de los directivos de las empresas, hasta que las empresas del sector modificaron sus contratos al modelo laboral.

“El algoritmo es poder”, ha advertido Yolanda Díaz en la clausura del Ministerio de Trabajo sobre esta materia, por lo que ha sostenido que deben estar sometidos a la “transparencia” y a la “rendición de cuentas”, con el objetivo de que respeten en todo caso la legalidad, pero también para que queden en evidencia sus sesgos, sus objetivos y sus consencuencias.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, y ante el Instituto de las Mujeres estatal, a la empresa Kiabi.

El motivo, es la grabación de un baile coreográfico de carácter público, protagonizado por trabajadoras de la tienda que la firma tiene en Albacete, durante la jornada laboral y con el uniforme de la empresa. Dicha grabación se realizó ante clientes y visitantes del centro comercial con un fin publicitario.

Tal y como se explica en la denuncia “en este caso no concurre ningún consentimiento libre, específico, informado e inequívoco por parte de las trabajadoras afectadas” y que pudiera amparar jurídicamente la conducta empresarial denunciada.

“La captación de su imagen, su utilización con fines comerciales y su difusión masiva, configuran una intromisión ilegítima en su derecho fundamental a la propia imagen y un tratamiento ilícito de datos personales”, señala el sindicato que lo ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

El propio secretario general del sindicato Pepe Álvarez señala en una publicación en la red social X que “la dignidad de las trabajadoras no está en venta, no se compra y por supuesto no se puede exhibir como una mercancía”.

Desde su perspectiva, los hechos descritos podrían, en determinadas circunstancias, considerarse un presunto delito contra la integridad moral, y discriminación laboral por razón de sexo por lo que pudieran ser, dice UGT, “constitutivos de infracción penal”.

Cree que la empresa ha comeido “una infracción muy grave por vulneración de la dignidad de las trabajadoras, por discriminación por razón de sexo; y posible infracción en materia de riesgos laborales al incumplir la obligación de evaluar y eliminar los riesgos psicosociales derivados de la práctica denunciada”.

Reclama una multa a la Inspección de Trabajo

El sindicato solicita a la Inspección de Trabajo la imposición de multa en su grado máximo por cada una de las infracciones muy graves, que se requiera a la empresa para que cese de inmediato en la práctica denunciada y en cualquier otra de similar naturaleza.

También pide que la empresa retire el video de todos los canales de difusión, y que adopte un protocolo de actuación preventivo que garantice el respeto efectivo de la dignidad, la igualdad de trato y los derechos fundamentales de todas las personas trabajadoras.

“Esto es vergonzoso y lo decimos alto y claro, desde UGT no vamos a dar un paso atrás. Basta ya de mercadear con nuestros derechos, nuestra imagen no está en venta para conseguir un like o una campaña de marketing”.

Este medio ha contactado con la cadena de ropa francesa para conocer su versión y, de momento, ha declinado realizar comentarios.

Inspección de Trabajo ha abierto una investigación contra la empresa que contrató en Chile a un grupo de trabajadores para dedicarse en España al sector energético. La cuadrilla se encuentra en Sevilla, donde tuvieron conocimiento de su situación irregular en el país. La subcontrata portuguesa expidió un acuerdo en el que solicitaba los servicios de los profesionales durante dos años, pero la ausencia de su alta en la Seguridad Social y el impago de nóminas y horas extras provocó que se denunciara el caso ante Inspección. A tenor del presunto incumplimiento de la compañía a la hora de aportar la documentación requerida, se ha procedido a abrir un expediente tras analizar la denuncia de la plantilla.

El escrito a Inspección de Trabajo se presentó el pasado 12 de junio de 2025 y fue firmado por siete de los 11 empleados que fueron contratados en origen a través de la embajada portuguesa en Chile. En él, se referían a “la promesa de trabajo” que había hecho Jesús Mimoso, al frente de Grupo J. Mimoso Serviços Universais. Sin embargo, carecían de asistencia sanitaria al no cumplir con los requerimientos de la legislación española, una situación que descubrieron tras un año dando servicio en el territorio. Habían estado en Barcelona, Valladolid o Talavera de la Reina, aunque en su contrato portugués se mantenía que disponían de una residencia en la calle Nova 22, en Alagoa, donde estaba la sede social de la empresa. En la actualidad, están en Sevilla a la espera de conseguir el permiso de residencia para trabajar en el país y, así, cotizar.

Con fecha de febrero de 2026, Inspección de Trabajo traslada cuál ha sido el procedimiento mediante el informe de actuación al que ha accedido este medio. La inspectora a cargo notifica que se realizó una primera visita en septiembre de 2025 a la construcción de una planta fotovoltaica en el proyecto solar Rey IV. En ella, se encontraba trabajando la cuadrilla denunciante, formada por Juan Vargas, Denis Merino, Edy Quispe y Jaime Sandoval. En aquel momento, se le requiere a la empresa Jesús Mimoso Uniperssoal Limitada la documentación en materia laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales, así como el registro de las jornadas, los cuadrantes de vacaciones, los contratos de trabajo y las nóminas, y las órdenes de transferencia bancaria, entre otras cuestiones.

Obstrucción

La compañía lusa no acudió ni a la cita que fue acordada en septiembre entre las partes y tampoco a la concertada en octubre de 2025. Como única seña, remitió al correo corporativo de Inspección la documentación relativa a los reconocimientos médicos, el justificante de entrega de Epis y la formación en prevención de riesgos laborales. “No obstante, no aporta ninguna documentación en materia laboral”, señala Inspección de Trabajo en el informe. En todo caso, es el jefe de obra y la responsable de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto quienes hacen entregan de los modelos A1 de alta en la Seguridad Social ―que acredita que un trabajador sigue sujeto a la legislación de seguridad social de su país de origen mientras trabaja en otro país de la Unión Europea (UE).

Cabe recordar que los afectados tenían un visado portugués para que pudieran circular por España, pero no sirve para trabajar ni obtener la residencia. Además, en los meses navideños fue Mimoso y sus representantes quienes intentaron amainar los ánimos de la cuadrilla e intentar llegar a un acuerdo verbal, tal y como señalaron en la entrevista con este medio, mientras se hacía caso omiso a los requerimientos de Inspección de Trabajo.

Expediente

Posteriormente, la inspectora pide una vez más la documentación relativa a las nóminas, las transferencias bancarias y los registros de jornada a fecha de 1 de diciembre. Todo ello, debía ser entregado en un plazo de dos días. Mimoso volvió a incumplir los tiempos y respondió a través de un correo electrónico que están a la espera de que la entidad bancaria les envíe “los comprobantes de los pagos”. Dos meses más tarde, en febrero, se notificó la “incoación de un expediente sancionador”, dado que, por falta de colaboración de la compañía, se dio por comprobada la obstrucción de la labor inspectora y, por tanto, a la comprobación de los hechos que denunciaba la cuadrilla.

El Grupo J. Mimoso Serviços Universais, con Jesús Mimoso al frente, logró los visados de la cuadrilla a través de la embajada portuguesa en Chile, donde se contaba con la cooperación de una empleada de la institución que se comunicaba con los empleados sudamericanos a través de WhatsApp. El contrato de 1.200 euros por 40 horas semanales daba poder al intermediador luso, que le consiguió trabajo a los profesionales sudamericanos en tres compañías energéticas españolas, Intecsa Solar, Serleycon y Colway Industrial. A pesar de los logros, las desavenencias entre el empleador y las empresas contactadas hacía que se quedaran sin sus sueldos y, a medida que la situación se fue enquistando, los despidió sin más contemplaciones.

Ante tal panorama, los afectados acudieron a la asociación Arraigo, en Sevilla, que interpuso una demanda en la Policía Nacional por delitos que podrían ser constituvos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, así como de graves abusos contra trabajadores migrantes, remitieron en un comunicado. La querella hacía referencia a un “patrón sistemático de elusión de responsabilidades, mediante artimañas legales, cambios formales de empleador, desplazamientos contractuales ficticios y amenazas”, todo ello con el fin de eludir las obligaciones.

A su vez, desde la asociación consideraron “especialmente grave” que, tras la denuncia de los hechos, la plantilla fuera demandada ante la policía para que se les expulsara del país. Este expediente no prosperó por inexistencia de causa legal, sin embargo, advierten que quedó “en evidencia” el uso “abusivo y represivo de los mecanismos de control migratorio”. Tras meses de resistencia ante las amenazas de desahucio, Roberto Cid, miembro de la asociación Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, señala que los hostigamientos han cedido momentáneamente. Ahora, están a la espera del dictamen de Inspección de Trabajo y de que los trabajadores obtengan la residencia española por razones humanitarias o gracias a la regularización extraordinaria de personas migrantes.

El Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud de España (Injuve), lanza este lunes el 'Buzón de las personas Becarias: Denuncia las malas prácticas', una iniciativa para denunciar de manera anónima abusos y casos de explotación de los estudiantes en prácticas, en colaboración con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss).

Este buzón ha sido presentado esta mañana en un acto con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La medida se añade al buzón de denuncia de la propia Inspección de Trabajo, que ya permite a día de hoy la denuncia anónima de estas irregularidades laborales sobre los becarios.

Según el último informe de la Inspección de Trabajo, de 2024, el organismo público efectuó 802 actuaciones que supusieron el afloramiento de 187 empleos, de los cuales 132 resultaron falsos becarios. El importe de cuotas liquidadas como consecuencia de las actuaciones anteriores ascendió a a algo más de 450.000 euros. En total, la Inspección destapó “220 falsos becarios” en 2024.

Rego: “No es verdad que aprender signifique trabajar gratis”

“Hoy estamos aquí para dar un paso concreto contra la explotación disfrazada de experiencia. Porque no es verdad que haya que aceptar cualquier condición para empezar a trabajar. No es verdad que aprender signifique trabajar gratis”, ha sostenido la ministra Sira Rego. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado esta nueva herramienta y el anteproyecto de ley conocido como el 'Estatuto del Becario' con el objetivo de “erradicar una de las fuentes principales de precariedad que quedan en España”: el abuso de la figura del becario y becaria.

En Juventud explican que en el buzón se podrán reportar situaciones como la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica, indican a la agencia Europa Press.

El Instituto de la Juventud será el organismo encargado de recopilar estas denuncias y ponerlas a disposición de la Inspección de Trabajo para que se lleven a cabo las investigaciones y actuaciones correspondientes.

Desde la cartera de Juventud e Infancia defienden que esta iniciativa permitirá otorgar una “mayor protección” a las personas becarias, “un colectivo que históricamente ha tenido que soportar altos grados de explotación laboral a través de una figura que tiene como objetivo garantizar el aprendizaje de los estudiantes y, en ningún caso, sustituir a trabajadores a un menor coste”.

El Gobierno aprueba en segunda vuelta el Estatuto del Becario

La iniciativa es presentada un día antes de que el Gobierno apruebe este martes en segunda vuelta en el Consejo de Ministros el 'Estatuto del Becario', un anteproyecto de ley que el Ejecutivo aprobó en primera vuelta en noviembre y que ahora va rumbo al Congreso de los Diputados, con pocos visos de salir adelante en el actual panorama parlamentario.

Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, el Gobierno tardó en iniciar la tramitación de esta norma, que enfrenta fuertes resistencias por parte de los rectores de universidad y de algunas empresas y que también generó diferencias en el Ejecutivo de coalición progresista.

El anteproyecto regula nuevos derechos a los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha advertido de que la norma enfrenta “un acervo cultura potentísimo” de abuso y precariedad de los trabajadores jóvenes durante décadas, por lo que ha sostenido que no solo hay que aprobar una ley, sino también “cambiar una cultura” de país.

Según la 'Encuesta de Juventud 2023' el 42% de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral, como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una empresa de trabajo temporal (ETT), ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de 'rider' o repartidor, recuerda la agencia Europa Press.

Además, el 'Buzón de las personas Becarias' forma parte de un convenio más amplio firmado entre el Injuve e Inspección de Trabajo para favorecer los derechos laborales de la juventud, un grupo “especialmente vulnerable”, indican en Juventud. En el acuerdo se incluyen actuaciones específicas dirigidas a comprobar las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores, así como acciones y campañas formativas, entre otros.

Los inspectores de trabajo son una figura clave a la hora de destapar situaciones de abuso y explotación de trabajadores migrantes cada día. “Sabemos bien que, en muchas ocasiones, sin papeles no hay derechos efectivos”, subraya este viernes UPIT (la Unión Progresista de Inspectores e Inspectoras de Trabajo), que ha celebrado la regularización extraordinaria de migrantes que ha comenzado a tramitar el Gobierno. La medida, para la que han pedido recursos públicos suficientes, aflorará empleo sumergido y “debilita a quienes hacen negocio con la precariedad y el miedo”, indican.

El sindicato de inspectores celebra que la medida ofrece una salida con derechos a una realidad conocida: “Cientos de miles de personas migrantes sostienen sectores enteros de nuestra economía –agricultura, cuidados, hostelería, construcción– en condiciones de extrema vulnerabilidad”.

“La irregularidad administrativa no es una elección; es una imposición legal que alimenta la explotación laboral, el fraude, la economía sumergida y, en sus formas más extremas, la trata de seres humanos con fines de explotación”, sostiene UPIT. “Regularizar no es un premio: es poner fin a una hipocresía estructural”, añade la organización.

Un impedimento a la explotación laboral

Los inspectores apuntan que la falta de autorización administrativa empuja a muchas personas a “aceptar jornadas abusivas, salarios por debajo de convenio, ausencia de cotización, falta de protección en materia de seguridad y salud y situaciones cercanas a la servidumbre moderna”.

“El abuso sobre las personas en situación de necesidad por su irregularidad administrativa es, sin duda, en sus casos más extremos, la esclavitud del S. XXI”, recoge su comunicado.

Por ello, saludan la regularización como “una medida de salud democrática y de fortalecimiento del Estado social”. La unión de inspectores sostiene que la medida aflorará empleo ahora en la economía sumergida, reforzará así el Sistema de Seguridad Social y debilita las oportunidades de explotación laboral que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas sin papeles.

“Rechazamos los discursos hipócritas que criminalizan a quienes migran, al tiempo que miran hacia otro lado ante los beneficios empresariales construidos sobre su explotación. Migrar no es un delito; explotar sí lo es. Y la mejor forma de combatir la explotación laboral no es la persecución del más débil, sino la ampliación de derechos, la visibilidad jurídica y el refuerzo de los mecanismos de control público”, denuncian.

Piden recursos públicos para evitar “cuellos de botella”

UPIT reclama al Gobierno que, “siendo estricto en las condiciones exigidas para el reconocimiento de la nueva situación administrativa, adopte las medidas necesarias para agilizar el procedimiento, evitando que el mismo se pueda convertir en un cuello de botella que le reste efectividad”.

El sindicato de inspectores demanda a todas las autoridades públicas que deban participar en el procedimiento que faciliten la documentación necesaria para acreditar la estancia en nuestro país y que “no pongan obstáculos a las personas solicitantes”. “Esta no es una cuestión de ideologías. Es una cuestión de humanidad”, indican.

Además, UPIT pide que la regularización vaya acompañada también de más recursos para la Inspección de Trabajo. “No lo olvidemos, los derechos no se declaran, se reconocen y se garantizan, y para lograrlo es imprescindible una Inspección de Trabajo fuerte, dotada de recursos materiales y humanos suficientes”, añaden.

“Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”. Esta frase de Uber Eats anuncia el fin de un modelo de mensajeros sin contrato laboral que ha imperado durante una década en la mayor parte de las grandes empresas del reparto de comida a domicilio en España, como fue el caso de Deliveroo y Glovo. Tras múltiples condenas y multas de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos, con el esfuerzo y la persistencia de muchas personas, al final fue la mano dura lo que dobló el brazo de las multinacionales, ante el aviso del Ministerio de Yolanda Díaz de demandas ante la justicia penal, con riesgo de cárcel para los directivos.

“Es muy fuerte pensar que ya no habrá falsos autónomos en el sector del delivery. Qué bien, pero, joder, qué tarde”, reflexiona Núria Soto, una de las caras del colectivo de repartidores RidersXDerechos. Fueron los primeros que comenzaron a movilizarse en 2017, en un inicio en Barcelona y después en otras grandes ciudades, para reclamar su condición de trabajadores ante las plataformas.

Sus movilizaciones, que fueron sumando a distintos sindicatos, se transformaron también en denuncias en los tribunales y ante la Inspección de Trabajo, individuales y luego colectivas, que fueron transformándose en un goteo de condenas y de sanciones de la autoridad laboral a estas grandes empresas por el abuso de falsos autónomos.

En 2020, llegaron al Tribunal Supremo, órgano que sienta jurisprudencia en España, que dio la razón a la Inspección de Trabajo y los denunciantes, condenando un modelo de falsa autonomía. Pero ni por esas. Muchos especialistas en Derecho laboral confiaban en que, una vez el Supremo fijara su criterio, las empresas adaptarían sus contratos, pero tampoco ocurrió.

Con ciertos cambios en sus algoritmos, las multinacionales de reparto alegaban que los contratos condenados por la justicia o sancionados por la Inspección de Trabajo eran cosa del pasado, y que las “nuevas” condiciones de sus riders respetaban la legalidad. Y seguían repartiendo con autónomos.

En todo este tiempo, solo una de las grandes compañías de comida a domicilio funcionaba con contratos laborales, Just Eat, que advertía de la competencia desleal del resto de operadores. Esta semana, ha celebrado el fin de autónomos en Uber: “Nos alegra, sin duda, el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos”.

La Ley Rider y la labor incesante de la Inspección

La insumisión de las multinacionales al modelo laboral llevó al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a elaborar una norma específica, la llamada Ley Rider, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales. Tras una complicada negociación, Trabajo logró pactar la ley tanto con los sindicatos como con las patronales, lo que en su día supuso que Glovo se saliera de la CEOE, y que se aprobó en mayo de 2021.

Trabajo dio tres meses a las empresas para adaptarse al modelo laboral, pero llegó agosto y Glovo y Deliveroo —esta última en sus últimos coletazos antes de marcharse del país— desafiaron la norma manteniendo a sus mensajeros autónomos. Uber Eats, que cambio su modelo con la entrada en vigor de la Ley Rider, recuperó a los autónomos en 2022 siguiendo la estela de Glovo.

El Ministerio de Trabajo insistió en un mensaje, repetido en múltiples ocasiones por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Ninguna empresa está por encima de la ley”. El Ministerio intensificó las campañas de la Inspección de Trabajo en este sector, con una incesante lista de investigaciones en todo el país, que suponen el trabajo de meses e incluso años en algunos casos, y que siguieron sumando sanciones contra las empresas.

En los dos últimos años, 2024 y 2025, la Inspección ha regularizado 45.693 riders y ha impuesto sanciones por valor de 224 millones de euros, responden a elDiario.es desde el Ministerio de Trabajo. Además, se ha reclamado a las empresas 185,8 millones de euros en liquidaciones por cuotas impagadas a la Seguridad Social.

“Detrás de este resultado existe un ingente esfuerzo, dedicación y compromiso de las funcionarias y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tanto inspectores como subinspectores. Hablamos de largas horas de actividad inspectora, de actas de infracción que han abierto camino y, sobre todo, de la defensa sostenida del criterio de laboralidad ante los tribunales, siendo las propias compañeras y compañeros quienes comparecen en sede judicial para sostenerlo, no siempre en un contexto pacífico”, ha celebrado este viernes UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)

El cambio con la amenaza de cárcel para los directivos

Aunque las multas económicas complicaban la viabilidad de las compañías, las multinacionales mantenían sus estrategias de recursos judiciales y seguían operando con autónomos. Por ello, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

A finales de 2022, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

Tras ello, a raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre. Un día antes de que Pierre se sentara en el banquillo a declarar ante la jueza, Glovo anunció que abandonaba su modelo de autónomos, paso que la empresa ejecutó el pasado julio.

Todas las miradas se dirigieron entonces a Uber Eats, que no modificó su modelo de autónomos. Ese mismo julio, el Ministerio anunció una investigación de la Inspección de Trabajo, que está a punto de concluir, y el pasado diciembre finalmente amenazó a Uber Eats con demandar a la multinacional también ante la justicia penal, como en el caso de Glovo, cuyo proceso judicial está aún por resolver.

Solo unas semanas después, Uber Eats ha anunciado finalmente que abandona el modelo de autónomos, para contratar a los mensajeros a través de la subcontratación de flotas, y “su compromiso con el cumplimiento” de las obligaciones que les correspondan. Fuentes de la multinacional responden que aún no pueden dar una fecha de este cambio, pero “el objetivo es llevar a cabo la transición completa lo antes posible”.

“El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sostenido siempre que ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede sortear la legalidad y los principios democráticos que la sustentan”, reiteran en el departamento de Yolanda Díaz.

En el Ministerio sostienen que “España se sitúa como el lugar donde se demuestra fehacientemente que los nuevos modelos de empleo tienen que respetar los derechos laborales y que el éxito de los nuevos modelos productivos no puede, por tanto, basarse en la explotación, ya sea a través de algoritmos o del uso de la Inteligencia Artificial”.

En RidersxDerechos lamentan “tantos años” de incumplimiento por parte de las empresas, que recuerdan que “han tenido muchas consecuencias para muchas personas” y que tal vez podrían haberse evitado “actuando antes” por la vía penal, reflexionan.

En cualquier caso, “mejor tarde que nunca”, celebra Nuria Soto, que pide que se siga vigilando el sector, “para no ir de un fraude a otro”, en referencia a una subcontratación ficticia a través de flotas de reparto que incurra en una cesión ilegal de trabajadores. Además, RidersXDerechos está centrado ahora en reclamar la regularización de los riders sin papeles, para que las mejoras del sector “puedan llegarles también a ellos”, explica Soto.

Uber Eats ha anunciado este jueves que dejará de repartir con riders autónomos. La multinacional era la única gran empresa que mantenía este modelo investigado por el abuso de falsos autónomos, tras el cambio de Glovo del pasado verano, y da el paso tras la amenaza del Ministerio de Trabajo de acudir a la justicia penal contra Uber Eats para que cumpliera con la llamada Ley Rider.

“Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider”, inicia el comunicado de la multinacional, en palabras de un portavoz.

“Después de cuatro años en los que hemos acumulado una gran experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y con el objetivo de fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos”, prosigue la empresa.

Uber Eats modificó su modelo laboral en 2021, con la entrada en vigor de la Ley Rider. Sin embargo, como Glovo mantuvo a sus mensajeros autónomos en ese momento, la multinacional de mochilas verdes denunció esta situación de competencia desleal y en 2022 regresó al modelo de riders autónomos.

Desde entonces, hace más de tres años, Uber Eats ha mantenido un modelo híbrido, con algunos mensajeros con contratos laborales subcontratados y otros autónomos.

“Los repartidores que todavía utilizan nuestra aplicación como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de nuestras flotas colaboradoras”, ha añadido este jueves la compañía. Preguntada por este medio, en Uber Eats no desvelan el número de riders que reparten a día de hoy como autónomos con la plataforma “por motivos de competencia”.

En 2025, la empresa indican que “más de 7.0000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras”.

La amenaza de la justicia penal contra los directivos

Uber Eats da este paso tras la advertencia del Ministerio de Trabajo de llevar a la multinacional ante la justicia penal este inicio de año por un delito de abuso de falsos autónomos, si la empresa persistía en su modelo de repartidores con contrato mercantil.

El aviso de Trabajo tiene un precedente muy claro, que ponía en riesgo a la dirección de Uber Eats. La amenaza se llevó a cabo en el caso de Glovo y sentó en el banquillo a su jefe y fundador, Oscar Pierre, acusado de un delito contra los trabajadores que está penado con hasta seis años de cárcel.

Glovo anunció que modificaría su sistema de contratación justo un día antes de que Pierre declarara ante la jueza en este proceso penal, aún pendiente de resolución. Uber Eats finalmente ha dado el paso antes de que esta demanda penal se concretara.

Según fuentes de la empresa, el anuncio de Uber Eats también llega antes de que la Inspección de Trabajo finalice su investigación sobre el abuso de falsos autónomos por parte de la empresa.

“Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos”, indica Uber Eats este jueves.

Trabajo celebra “el fin de los falsos autónomos”

El Ministerio de Trabajo ha celebrado la noticia. “Uber Eats pone fin a los falsos autónomos gracias a la Ley Rider”, han sostenido desde el departamento de Yolanda Díaz, donde han destacado también que la empresa “asume sus obligaciones legales”.

Trabajo ha recordado que la Ley Rider determina la presunción de laboralidad de actividades de reparto y también permite conocer las reglas de algoritmos que incidan en salarios y condiciones de trabajo.

“Combatimos la precariedad y garantizamos los derechos de repartidores y repartidoras”, han sostenido en el Ministerio de Díaz.