Una de las mayores empresas de formación del país, Davante MasterD, comprada en 2020 por el fondo de inversión estadounidense KKR, anunció hace unos días su intención de aplicar un despido colectivo de 231 trabajadores y un “procedimiento para actualizar el modelo retributivo” de sus comerciales. Lo que no indicó la compañía de preparación de oposiciones y otros cursos formativos es la cascada de sanciones que está recibiendo de la Inspección de Trabajo en multitud de provincias, precisamente por sus comerciales, a los que ha considerado falsos autónomos, con un saldo exigido de más de 7 millones de euros.

Así consta en las propias cuentas de la compañía de 2025, disponibles a través de Insight View, con un beneficio de 16,8 millones de euros el año pasado respecto a los 24,9 millones de 2024. Los auditores, de la empresa Deloitte, llaman la atención sobre las actas de infracción y liquidación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las que informa la compañía en sus cuentas, por un importe total de 6,9 millones de euros, “relativas a las delegaciones comerciales de 14 provincias”.

El montante total exigido por la Inspección a Davante MasterD ahora es superior, ya que elDiario.es tiene constancia de más resoluciones de la Inspección de Trabajo este año. Por ejemplo, en Málaga y Sevilla, por las que solo en la liquidación de las cuotas impagadas por los comerciales falsos autónomos –por un periodo retroactivo de cuatro años– la Inspección reclama a la empresa de formación unos 864.300 euros y 607.600 euros, respectivamente.

Además, en ambas provincias hay actas de infracción, que acarrean multas económicas añadidas por esta infracción laboral, al igual que ha sucedido en las actuaciones de otras regiones del país, como Huelva, Tarragona, Burgos, Cádiz, Huesca y Ávila, entre otras.

En la comunicación del ERE, que afecta a casi el 20% de su plantilla (de un total de unos 1.200 empleados), y del cambio en el “modelo retributivo” de los comerciales, Davante MasterD no menciona esta campaña de regularizaciones y vincula ambos procesos “a la evolución de su modelo operativo y a la necesidad de adaptarse a cómo han cambiado las necesidades de alumnos y potenciales alumnos”.

En concreto, la empresa apunta a una “estrategia más amplia de modernización, eficiencia y adaptación a las demandas y necesidades actuales”, que en CCOO temen que tenga relación con la reciente aplicación de herramientas de IA (Inteligencia Artificial), de las que critican que apenas tienen información.

“Unos 200” comerciales regularizados y en aumento

elDiario.es ha preguntado a Davante MasterD por la cuantía total de falsos autónomos regularizados por la Inspección de Trabajo y el dinero que le reclama la entidad, pero la empresa no ha respondido al respecto.

En cualquier caso, fuentes de la empresa responden que “los procesos anunciados esta semana por MasterD no tienen relación con el eventual impacto económico de procedimientos previos y responden exclusivamente a razones técnicas y organizativas vinculadas a la evolución del modelo operativo de MasterD”.

Roberto Voto, secretario general de la sección sindical de CCOO en la empresa MasterD, explica que por el momento tienen constancia de “unos 200” comerciales en activo que han sido dados de alta por mandato de la Inspección, “aunque aún hay varias actuaciones pendientes de resolución”. Por ejemplo, “en Barcelona, donde hay muchísimos comerciales”, que ya han recibido los mensajes de alta de oficio de la Seguridad Social, así como “en Valencia”, añade el sindicalista.

CCOO destaca que hay también trabajadores regularizados que ya no está en activo en la empresa, de los últimos cuatro años, de los que desconoce el número. Roberto Voto calcula que al final de las actuaciones puede haber “más de 400” trabajadores regularizados y “alrededor de 30 millones de euros, entre cotizaciones y sanciones” por lo que considera “una actitud negligente de la empresa”.

Contratos laborales, pero con recorte de las comisiones

A raíz de la campaña de inspecciones laborales, y el aluvión de regularizaciones y sanciones, Davante MasterD optó a finales de 2025 por romper de manera unilateral los contratos mercantiles con todos sus comerciales y pasar a un modelo laboral en todas sus delegaciones.

Esta maniobra es recogida también por la empresa en sus cuentas de 2025, “aun manteniendo la convicción de que la relación mantenida con los mismos es estrictamente de índole mercantil” y su confianza en que puedan prosperar sus recursos presentados, apuntan.

Sin embargo, esta transformación masiva a trabajadores laborales no le ha evitado a Davante MasterD la sanción y regularización en la provincia de Málaga, ni Sevilla, además de las actuaciones que siguen en marcha, en las que la Inspección da de alta a los trabajadores no desde finales de 2025, como hizo la compañía, sino desde la fecha de inicio de actividad de cada trabajador, “siendo esta la fecha real del alta”, destacó la Inspección en Málaga.

En los nuevos contratos laborales facilitados por la empresa ahora se establecen nuevas comisiones “a la baja”, como explicaron varios comerciales a la Inspección en Málaga y confirma CCOO. “Cambiaron el sistema de comisiones tremendamente a la baja. Fue un sablazo, una pérdida económica enorme para estas personas”, sostiene Voto.

“Ese dinero que ya no ganan ellos ahora lo está ganando KKR”, destaca el representante de CCOO, que advierte de que muchos comerciales rechazaron estos contratos e iniciaron procesos judiciales contra la empresa por despidos improcedentes.

El sindicato denunció a la compañía por no abrir un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones laborales de estos trabajadores, con una primera respuesta desfavorable por la Audiencia Nacional. No obstante, ahora la empresa ha planteado formalmente este procedimiento, para “mejorar el sistema retributivo y adaptarlo a la nueva realidad de trabajo, al tiempo que se da respuesta a una petición que nos venía haciendo la red comercial”, dicen en Davante MasterD.

“Empobrecimiento de la plantilla” para vender

CCOO denuncia el ERE anunciado y la rebaja de condiciones de los comerciales dentro de una maniobra más amplia de “empobrecimiento de la plantilla” para vender la empresa con el máximo beneficio posible. “KKR está preparando la venta. Ya nos dijeron cuando nos compraron, que compraban para vender”, afirma Roberto Voto, una práctica habitual de este tipo de fondos de inversión.

Hasta ahora ese empobrecimiento se había materializado en una devaluación de los salarios, con subidas por debajo del IPC y con la drástica reducción (e incluso desaparición) de los incentivos cuatrimestrales ligados a beneficios, que dieron lugar a movilizaciones y una huelga en 2025.

“Los últimos cuatro meses, los beneficios antes de impuestos han sido 6,9 millones de euros, con un 20,5% de rentabilidad, nada menos. Bueno, pues la gran mayoría de la plantilla vamos a cobrar cero euros de incentivos”, denuncia Voto. CCOO ya advierte de que iniciará movilizaciones en el contexto del procedimiento de ERE, que mantiene sumida en la “incertidumbre y mucho miedo” a gran parte de los trabajadores, lamenta. El despido colectivo empezará a negociarse el próximo 4 de noviembre.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha denunciado nuevamente el deteriorado estado de las instalaciones del Centro de Salud Mental de Albelda y ha señalado como los responsables a la gerencia del centro, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el Comité de Seguridad y Salud del centro.

El pasado mes de julio ya se denunció ante la Inspección de Trabajo las condiciones de abandono en que se encuentra el Centro de Salud Mental Albelda por la “dejadez” de la Dirección Gerencia. En la misma se solicitaba la correspondiente investigación de una serie de incidentes ocurridos que podían poner en riesgo la salud e integridad tanto de los pacientes como de los usuarios. Sin embargo, “no consta que se hayan tomado medidas al respecto dado que no sólo se mantienen las deficiencias denunciadas y que el riesgo sigue presente habida cuenta de la caída de techos y paneles de las paredes”, ha criticado SAE.“

“No solo no se han llevado a cabo ningún tipo de mejora de los aspectos denunciados, sino que están apareciendo nuevas deficiencias”. Así en su momento, se alertaba de la presencia de plagas con demasiada frecuencia que afectan a la a la seguridad del centro y a esto hay que añadir la aparición de una serpiente en uno de los pasillos por lo que desde SAE demandan saber si se trata de un hecho puntual o forma parte de las deficiencias existentes y, en este caso, si se tomarán medidas para el control de la situación. “Solicitamos mantenimiento periódico preventivo del control de plagas y no actuaciones correctivas a posteriori, de manera que se puedan evitar estas situaciones”, han subrayado.

Por otro lado, desde hace unos meses se mantiene cerrada una habitación pendiente de ser desinfectada, pero se desconoce qué motivo tanto el cierre como la necesidad de desinfección. “Por todo lo expuesto el Sindicato de Técnicos de Enfermería ha instado a la gerencia del centro a informar detalladamente de las cuestiones planteadas. Esta situación es insostenible y no se puede mantener por más tiempo esta dejación de funciones y responsabilidad que mantiene la gerencia del centro”, afirma Tamara López Sevilla, responsable de SAE en La Rioja.

Un hostelero de Oviedo/Uviéu tuvo que admitir que tenía trabajando a seis camareros, cinco djs y la persona encargada del guardarropa sin estar dados de alta en la Seguridad Social cuando efectivos de la Policía y de la Inspección de Trabajo se personaron en el discobar del casco antiguo. Los empleados no tenían contrato y estaban trabajando cuando los funcionarios y policías aparecieron en el local el 5 de marzo de 2023 a las 06:30 horas.

Tres años y siete meses después, el administrador general y encargado del discobar ha vuelto a reconocer los hechos, pero en esta ocasión delante de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, que le han impuesto una condena de seis meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Sin contratos

El acusado reconoció ante el tribunal los hechos imputados por la Fiscalía. Dijo que era el administrador y encargado de un discobar en la calle Ildefonso Martínez de Oviedo/Uviéu, propiedad de una sociedad limitada. En el cargo de administrador único figuraba desde el 18 de mayo de 1999.

La situación era clara. No podía probar con documentación que las 12 personas que estaban en sus puestos de trabajo en el discobar estuvieran dados de alta en la Seguridad Social en el curso de una inspección en materia laboral y extranjería efectuada conjuntamente por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Oviedo y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias.

La condena

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, se comprometió a indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social en las cantidades que se han dejado de satisfacer en concepto de cuotas de cotización a la Seguridad Social que se acrediten en ejecución de sentencia, más los intereses legales correspondientes.

Además, tendrá que abonar a cada uno de los trabajadores que se encontraban en el local en el momento de la inspección con 200 euros por los perjuicios morales ocasionados.

La Inspección de Trabajo regularizó más de 47.000 falsos autónomos en 2025 tras una campaña extraordinaria sobre las plataformas digitales, sobre todo de aquellas de delivery que aún no cumplían con la Ley Rider, y afloró 131.645 empleos en total.

Así consta en la Memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), publicada este miércoles, y que recoge los resultados de las 1,2 millones de actuaciones del organismo el año pasado en cerca de medio millón de centros de trabajo (427.495).

Inspección de Trabajo intensificó su labor sobre plataformas como Uber Eats, una compañía que el año pasado aún repartía con el modelo de falsos autónomos, con los que firmaba un contrato mercantil en lugar de darlos de alta como empleados propios. El propio Ministerio amagó a finales de 2025 con llevar a la compañía a la justicia por la vía penal si no modificaba esta actividad, algo que la compañía anunció que cambiaría en enero de este año.

En concreto, eso permitió regular a 47.143 falsos emprendedores, seis veces más que en 2024 (7.234) y el máximo desde que arrancaron las actividades inspectoras en este ámbito en 2018. Desde entonces, se han efectado casi 90.000 actuaciones y se ha regularizado a 139.242 falsos autónomos.

Más de un millon protegidos y 11.000 denuncias anónimas

En total, el número de personas protegidas por la Inspección superó el millón (1.030.183) y se detectaron 208.500 infracciones, con sanciones propuestas por valor de 858,2 millones de euros, frente a los 541 millones de 2024. La labor del organismo que depende de la Vicepresidencia de Yolanda Díaz permitió recuperar 1.212 millones de cuotas a la Seguridad impagadas, casi 300 millones más que un año antes (941,1 millones).

Las actuaciones permitieron dar de alta a 96.194 personas que no estaban registradas en la Seguridad Social y también aflorar a 601 falsos becarios, prácticamente tres veces más que en 2024, cuando fueron 220. El número de personas trabajadoras extranjeras que estaban empleadas sin permiso fueron 18.655, con sanciones propuestas por valor de 187,7 millones.

El buzón de denuncias de la Inspección recibió 11.824 comunicaciones. La memoria apunta a una mejora de la ratio de control de la inspección, es decir, de los trabajadores asignados al personal de la ITSS, hasta 204.

“Impresentable” y “surrealista”. Las diputadas Silvia Longueira (PSOE) y Olalla Rodil (BNG) se quedaban sin palabras para definir lo vivido este martes en la comisión de control parlamentaria a la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG). Las dos preguntaban a la directora xeral, Concepción Pombo, por qué se había ocultado en los medios públicos la sanción de la Inspección de Trabajo a la empresa de la familia del conselleiro de Emprego por utilizar en la vendimia a migrantes sin papeles. Ambas estaban convencidas –Rodil llegó a repasar las escaletas de los informativos durante los cuatro días siguientes a la exclusiva de elDiario.es– de que no se había informado ni una línea del caso, pero Pombo se guardaba una sorpresa: ocho días después, el informativo matinal le dedicó veinte segundos al final de una crónica. Con esto, consideraba el trabajo hecho. “No hubo silencio ni ocultación”.

“...y ya mañana, en la segunda jornada, en el turno de preguntas al presidente, los grupos de la oposición a buen seguro que aprovecharán esa ocasión para conocer más detalles sobre la situación de una empresa, una pequeña empresa, una bodega de vino que fue multada por no tener en contrato legal a tres trabajadores. ¿La singularidad? Que esa empresa es propiedad de la familia del conselleiro de Emprego”. Así finalizaba el martes 22 de septiembre su crónica el corresponsal parlamentario de la TVG, una crónica en la que, antes, había glosado la nueva ley de Educación Digital o de la comparecencia del conselleiro de Presidencia para hablar del transporte por carretera. La conexión se emitió a las 9:15 de la mañana, en el ecuador del informativo matinal Bos Días.

Aquel día, ninguna de las preguntas de los portavoces de la oposición a Alfonso Rueda trataban sobre la empresa del conselleiro, así que lo sucedido en aquella vendimia ni se mencionó durante una sesión de control centrada en la vivienda y el coste de la vida. Sin embargo, la inclusión con calzador de esa alusión a un caso que una semana antes sí había copado portadas y titulares dio a Pombo la coartada que necesitaba: el asunto, efectivamente, para desesperación de una oposición que no daba crédito a la respuesta, sí se había mencionado en antena.

No faltaron las comparaciones con el seguimiento, “con minuto y resultado” de los casos que acosan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno y que, en los medios públicos gallegos aparecen “hasta en la sopa”. “Pueden discutir la extensión, el momento y el enfoque. Y es legítimo que lo hagan. Lo que no es legítimo es afirmar que no se informó lo más mínimo cuando la información se emitió”, insistió la directora xeral en su turno de réplica, con el convencimiento de quien se ha guardado un as para matar el tres. Hay que reconocer que lo tenía fácil, simplemente, por una cuestion de tiempo.

Seis días después de las preguntas parlamentarias

Nacionalistas y socialistas registraron sus preguntas sobre el tratamiento informativo del escándalo el 16 de septiembre, dos días después de que saliese a la luz y cuando el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, todavía guardaba silencio. No así el conselleiro, José González, quien desde el primer momento salió a responder a las preguntas, desentendiéndose de una empresa con la que dijo haber roto en 2018, cuando entró en el gobierno gallego.

Rodil mostró en la comisión titulares de aquellas jornadas procedentes de una decena de medios, incluidos varios de los editados en Madrid y con línea abiertamente conservadora, “esos con los que abren ustedes [sus informativos]”. En aquellos momentos, tanto la TVG como la Radio Galega guardaban un absoluto silencio. No fue hasta el día 22, cuando la crisis empezaba a apagarse, cuando realizó su única mención, tan desapercibida que, en palabras de Longueira, “no está en el conocimiento del mundo ni de la gente”.

“Cualquier sanción por contratación con irregularidades puede llegar a ser un hecho noticiable, pero no todas trascienden a los medios. En este caso, el hecho de que estuviese vinculada con la familia del conselleiro fue lo que la convirtió en noticiable”, argumentó Pombo, siguiendo la misma línea que la crónica televisiva. “Lo fue, sobre todo, en el ámbito político y parlamentario, y por eso fue ahí donde se trató el tema”.

“Es fascinante. Esta comisión es maravillosa y el mérito es todo suyo”, respondió una incrédula Longueira. “Tiene una capacidad inimaginable para tirar el balón fuera. No sé ni qué decirle”. Un minuto después sí lo supo y fue cuando utilizó el término “impresentable” para dirigirse a Pombo, la misma a la que, apenas unos minutos antes, la presidenta de la comisión, la popular Raquel Arias, se había referido como “profesional independiente de trayectoria intachable” para contraponerla al presidente de RTVE, José Pablo López, “amigo de Pedro Sánchez”.

Para la nacionalista Olalla Rodil, la respuesta de la directora xeral fue, sin embargo, la “mejor prueba” de la intención de la TVG: “tapar la realidad para que los espectadores conozcan la corrupción en Madrid pero que no sepan que a la familia del conselleiro de Emprego lo sancionan por tener trabajando a inmigrantes explotados”.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) carece del seguro de responsabilidad civil profesional para proteger jurídicamente a sus empleados públicos –arquitectos técnicos, aparejadores– ante cualquier litigio penal como consecuencia de accidentes laborales en las promociones de obra pública que mantiene activas en toda la comunidad.

El Gobierno andaluz prescindió de la póliza específica que cubría a los responsables de obras de AVRA, para meterles bajo el paraguas de un seguro generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta. Pero un informe ad hoc de la Dirección de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, reveló el pasado mayo que esa póliza no protege a los técnicos de AVRA, obligados a asumir su propia defensa legal en caso de verse envueltos en un proceso penal.

Esa “desprotección jurídica”, denunciada al unísono por todos los sindicatos de AVRA, sorprendió al colectivo y a la propia dirección de la Agencia de Vivienda hace un año, a raíz de un accidente mortal que ha derivado en la investigación judicial en curso por un supuesto delito de homicidio por imprudencia.

El pasado 13 de marzo de 2025, un hombre de 38 años falleció aplastado por un muro mientras trabajaba en las obras de un complejo de viviendas públicas de Sevilla, propiedad de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía. La directora de esa obra (aparejadora) y personal laboral de AVRA, está imputada, y la responsable de su ejecución, está citada como testigo, confirman fuentes del ente público.

En el juicio, previsto para principios de noviembre, la empleada pública de la Junta se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación para ejercer su profesión. Cuando la Fiscalía o los tribunales investigan a funcionarios o trabajadores públicos, es el seguro de responsabilidad civil de la Junta de Andalucía el que se encarga de su representación jurídica y le asigna abogados. Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la especificidad de su oficio, tienen una póliza especial para defenderse de denuncias por posibles negligencias médicas, que son muy comunes.

Los sindicatos de AVRA sostienen que sus técnicos y responsables de obra tenían un seguro profesional similar, “obligatorio”, según el artículo 66 de su Convenio Colectivo, pero la Junta prescindió de esta póliza específica, “alegando recortes de gastos superfluos”, y les incluyó en el aseguramiento general para el resto de funcionarios.

La Consejería de Vivienda no ha aclarado en qué momento prescindió de la póliza de responsabilidad profesional para los técnicos de AVRA, aunque fuentes de la Agencia señalan 2016 como el año en el que se adhieren al seguro único de la Junta. Una resolución de la dirección de AVRA, de 31 de julio de 2014, recoge que, en ese momento, todo su personal sí estaba cubierto jurídicamente por el aseguramiento de la Administración ante posibles litigios penales. “Los terceros perjudicados [en obras públicas] deben dirigirse obligatoriamente contra la Administración y nunca pueden ejercer la acción de responsabilidad civil ante la jurisdicción civil contra el empleado público por actos derivados de su actividad profesional”, dice la orden, que los sindicatos consideran “plenamente vigente”

“La resolución de 2014 reconoce de forma expresa la 'situación de precariedad no deseable' en la que el proceso penal sitúa a los empleados y mandata a AVRA a asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica (abogados, peritos, procuradores) en causas penales por razón del servicio, salvo sentencia condenatoria firme por dolo o culpa grave”, esgrimen los sindicatos de la Agencia, que han adjuntado esta resolución a la denuncia registrada ante la Inspección de Trabajo.

La imputación de una empleada de la Consejería de Vivienda por el accidente mortal en una promoción pública ha destapado una situación anómala que tiene tensionado a todo el personal técnico de la agencia desde hace meses. La dirección de AVRA admite el problema pero circunscribe su afectación a “69 personas, incluyendo los jefes técnicos”.

Los sindicatos, en cambio, denuncian que la “desprotección jurídica” afecta a “muchos más, no sólo entre el personal en activo, sino de los que ya están jubilados o incluso han muerto, porque el seguro profesional cubría a los técnicos hasta diez años después de entregada la obra”. “Al eliminar esa póliza, hay extrabajadores de AVRA que quedan desprotegidos y expuestos a un litigio penal en caso de denuncias por negligencias”, explican.

“El seguro de responsabilidad civil no sólo es para la dirección de obra en sí, también existe responsabilidad en la emisión de informes técnicos, o incluso en valoraciones, en trabajos de oficina. En realidad todos los trabajadores de AVRA tenemos responsabilidad en nuestras tareas, aunque las más graves, evidentemente, son las relacionadas con los accidentes en obra”, explican desde CSIF, que sostienen que el cálculo de trabajadores afectados por la falta de seguro profesional “se queda corto”.

En una respuesta por escrito a este periódico, la Consejería de Vivienda defiende que todo su personal “está cubierto por el seguro de responsabilidad civil contratado por la Junta de Andalucía y vigente en la actualidad”. Pero, acto seguido, reconoce que “la Agencia está manteniendo reuniones con los representantes sindicales y el personal técnico sobre este asunto y está estudiando la posibilidad de incorporar la contratación de un seguro específico para el personal técnico interviniente en cada obra”.

A pesar de todo, el departamento que pilota la consejera Rocío Díaz subraya que “la Administración no está obligada a contratar un seguro decenal de responsabilidad civil de los técnicos”. La falta de acuerdo entre los trabajadores de AVRA y la dirección hizo que el pasado mes de julio el comité intercentros de la empresa pública, con la firma de todos sus sindicatos, registrase una denuncia ante la Inspección de Trabajo reclamando la apertura de una investigación por la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos de AVRA, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía.

La Junta admite que su póliza “excluye” ciertas responsabilidades

La imputación de la directora de obra en la promoción de viviendas de Sevilla donde falleció un operario, en marzo del año pasado, reveló la “desprotección jurídica y patrimonial” de todos los técnicos de AVRA que, en consecuencia, debían “asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica en causas penales”, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Antes de denunciarlo a las autoridades laborales, la plantilla de AVRA había trasladado su preocupación a la dirección de la Agencia. La dirección de la Agencia confirmó que el seguro obligatorio específico ya no existía, pero trató de tranquilizar a la plantilla asegurándoles que el personal técnico “estaba integrado” bajo el paraguas de protección jurídica de la Junta de Andalucía, que tiene un seguro más amplio. Pero eso no convenció a la plantilla, convencida de que la póliza generalista no cubría los riesgos inherentes a su profesión.

Los trabajadores denuncian que se está incumpliendo el artículo 66 de su Convenio Colectivo, “que exige expresamente el aseguramiento de las responsabilidades derivadas de la dirección de obra, dirección de ejecución, redacción de proyectos, coordinación de seguridad y salud y demás actividades análogas, garantizando obligatoriamente la defensa jurídica del personal y la cobertura de la responsabilidad civil derivada de la vía penal, civil (tanto la de carácter leve como la grave) y la responsabilidad de carácter profesional”.

La dirección de AVRA admitió ante los representantes sindicales de la empresa que existían “dudas jurídicas” y, para resolver el conflicto interno, elevó una consulta por escrito da la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, “sobre el alcance del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional de su personal técnico”.

El pasado 25 de mayo, el director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo, confirmó por escrito los peores temores del personal técnico de AVRA respecto a su actual inseguridad jurídica: el actual seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Junta de Andalucía no ofrece una protección jurídica válida a los directores de obra pública, porque el pliego de condiciones contiene “exclusiones técnicas” que les afectan de lleno.

El informe de Patrimonio, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que quedan excluidos del seguro de la Junta “las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”; “excluye la responsabilidad decenal” (deja fuera a los agentes de la construcción, como promotores, constructores y arquitectos); se limita al “periodo de vigencia contractual” (no cubre reclamaciones formuladas con posterioridad al cese, baja o jubilación del responsable de obra) y emplea una “formulación genérica” y poco específica sobre “los riesgos que asume el colectivo técnico de AVRA”.

El documento reconoce que “la modalidad de aseguramiento” actual de la Junta de Andalucía está “delimitada por las exclusiones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, entre las que figura “de manera expresa (...) la responsabilidad civil decenal, así como las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”.

El conflicto interno ha conciliado a todas las secciones sindicales de la Agencia de Vivienda –CCOO, UGT, CSIF y UITA– que firman la denuncia ante la Inspección de Trabajo y adjuntan el oficio de la Dirección General de Patrimonio para subrayar la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía, como reconoce el citado informe.

La denuncia, que firma el presidente del comité intercentros de AVRA, plantea el “riesgo económico y patrimonial desproporcionado” al que están sometidos estos trabajadores –expuestos a multas y a inhabilitación para el ejercicio de sus puestos–, “vulnerando el marco normativo de la Ley de Función Pública de Andalucía y la legislación de edificación”.

El escrito solicita a la Inspección de Trabajo la apertura de una investigación “de manera urgente” para constatar el “flagrante incumplimiento del Convenio Colectivo” de AVRA y las “graves deficiencias reconocidas oficialmente por la Dirección General de Patrimonio, requiriendo a la empresa la inmediata formalización de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional exigidas” y procediendo al “acta de infracción”.

La Consejería de Vivienda ha rehusado aclarar en cuántas obras públicas trabajan sus técnicos en este momento en toda Andalucía. Los sindicatos calculan que hay unas 70 actuaciones en marcha de cierta envergadura, pero recuerdan que su responsabilidad civil no afecta sólo a las promociones de vivienda nueva, también a reparaciones menores de los pisos de alquiler propiedad de la Junta, que rondan los 40.000.

La directora de la obra donde tuvo lugar el accidente mortal, personal laboral de AVRA, se encuentra “muy afectada” y ha rehusado valorar su situación judicial. Este periódico se ha puesto en contacto también con su abogado, que tampoco ha aclarado si sus honorarios los paga su representada o si, como sostienen trabajadores de la Agencia, se ha hecho cargo la dirección hasta que se resuelva el conflicto sobre la falta de póliza de seguro profesional.

La Fiscalia investiga l'anul·lació per part del Govern de Mazón de diverses sancions laborals durant la dana, entre aquestes una multa de 50.000 euros a la televisió pública À Punt, que la Inspecció de Treball va imposar per posar en perill treballadors durant la catàstrofe. Després de la petició del Ministeri de Treball, el Ministeri Públic ha observat que els fets “poden ser constitutius d'un delicte de prevaricació administrativa” i ha assignat el cas a una fiscal perquè estudie si l'eleva a un jutjat penal, segons ha pogut confirmar elDiario.es.

A més, després de mesos d'investigació, segons han confirmat fonts de la Fiscalia Provincial de València, el Ministeri Públic ha sol·licitat a la Conselleria que entregue els expedients del procés de sanció i derogació de multes de fins a 60.000 euros revocades a les empreses UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL i Plastic 7A SL.

Un decret de la Fiscalia Provincial de València, al qual ha tingut accés aquest mitjà, recull que el fiscal investigador considera que les anul·lacions d'aquestes multes de la Inspecció per part de la Generalitat Valenciana poden incórrer en aquest delicte recollit en l'article 404 del Codi Penal.

El delicte de prevaricació castiga “l'autoritat o funcionari públic que, sabent de la seua injustícia, dictara una resolució arbitrària en un assumpte administratiu”, fet que pot comportar “la pena d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic i per a l'exercici del dret de sufragi passiu per un període de nou a quinze anys”.

S'assenyala l'aleshores director general de Treball

Per aquest motiu, la Fiscalia Provincial de València va acordar incoar diligències d'investigació preprocessals amb l'objectiu de practicar “totes les actuacions que siguen necessàries per a determinar l'eventual tipicitat dels fets denunciats”, amb la delegació del cas a una fiscal perquè estudie si finalment eleva una denúncia davant dels jutjats penals.

El fiscal investigador assenyala que “la persona considerada sospitosa” és el director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. En aquell moment, aquest càrrec l'ocupava Andrés Lluch Figueres, nomenat l'agost de 2023 i cessat l'octubre de 2025.

Des de desembre d'aquell any ocupa la direcció general María Lurueña Ruiz, inspectora de treball de professió.

Treballadors exposats a riscos i un mort

Com va denunciar la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, la Generalitat Valenciana, aleshores dirigida per Carlos Mazón —amb diversos càrrecs investigats als tribunals per la seua responsabilitat en les més de 230 víctimes mortals de la catàstrofe—, va anul·lar diverses sancions de la Inspecció de Treball a empreses per no garantir la seguretat dels seus treballadors durant la dana.

“Això sí que és corrupció, política i moral”, va acusar Díaz en una resposta parlamentària al Congrés. Més tard, el Ministeri de Treball va demanar a la Fiscalía General del Estado que estudiara l'existència d'una possible prevaricació, que és el que ha donat lloc a aquesta investigació.

En les investigacions del Ministeri Públic s'analitzen els expedients anul·lats a les quatre empreses mencionades, amb seus a Llíria, Riba-roja de Túria, Requena o Burjassot, aquesta última la radiotelevisió pública valenciana. En el cas d'À Punt, va ser denunciada pels sindicats, a petició de diversos treballadors, que consideraren que la seguretat personal dels empleats es va posar en risc durant la cobertura de la catàstrofe. Així ho va considerar la Inspecció de Treball, que va detectar una infracció molt greu en matèria de seguretat i salut en el treball.

No obstant això, la Direcció General de Treball va anul·lar la sanció amb l'argument que, encara que “les autoritats van enviar alertes i recomanacions per les fortes pluges”, “la informació que es detallava no feia presagiar la seua virulència ni els efectes extraordinaris que provocaren”.

La Fiscalia també investiga l'anul·lació de la sanció a la UTE Conservación Valenciana, de conservació de carreteres, per la seua responsabilitat en la mort d'un treballador quan tornava a casa. Segons va denunciar el Ministeri de Treball, l'empresa l'hauria obligat a treballar en plena alerta roja, fora del seu horari laboral i posant en risc la seua vida, com va explicar la seua família al diari Las Provincias.

Davant de la denúncia del Ministeri de Treball, fonts de la Generalitat Valenciana van negar qualsevol “insinuació d'actuació arbitrària” i van argumentar que les resolucions adoptades es van dictar “després de la tramitació del procediment legalment establit, sobre la base d'informes tècnics i una anàlisi jurídica individualitzada de cada expedient, dins de l'exercici legítim de les competències que l'ordenament jurídic atribueix a l'autoritat laboral autonòmica”.

La Fiscalía investiga la anulación del Gobierno de Mazón de varias sanciones laborales en la dana, entre otras una multa de 50.000 euros a la televisión pública À Punt, que impuso la Inspección de Trabajo por poner en peligro a trabajadores en la catástrofe. Tras la petición del Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público ha observado que los hechos “pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa” y ha asignado el caso a una fiscal para que estudie si lo eleva a un juzgado de lo penal, según ha podido confirmar elDiario.es.

Además, tras meses de investigación, según han confirmado fuentes de la Fiscalía Provincial de Valencia, el Ministerio Público ha solicitado a la Conselleria que entregue los expedientes del proceso de sanción y derogación de multas de hasta 60.000 euros revocados a las empresas UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL.

Un decreto de la Fiscalía Provincial de Valencia, al que ha tenido acceso este medio, recoge que el fiscal investigador considera que las anulaciones de estas multas de la Inspección por parte de la Generalitat Valenciana pueden incurrir en este delito recogido en el artículo 404 del Código Penal. 

El delito de prevaricación castiga “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, que puede suponer “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. 

Se señala al entonces director general de Trabajo

Por ello, la Fiscalía Provincial de Valencia acordó incoar diligencias de investigación preprocesales con el objetivo de practicar “cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados”, con la delegación del caso a una fiscal para estudiar si se eleva finalmente una denuncia ante los juzgados de lo penal. 

El fiscal investigador señala que “la persona considerada sospechosa” es el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. En ese momento, ocupaba este cargo Andrés Lluch Figueres, nombrado en agosto de 2023 y cesado en octubre de 2025.

Desde diciembre de ese año ocupa la dirección general María Lurueña Ruiz, inspectora de trabajo de profesión. 

Trabajadores expuestos a riesgos y un fallecido

Como denunció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Generalitat Valenciana en ese momento dirigida por Carlos Mazón –con varios cargos investigados en los tribunales por su responsabilidad en las más de 230 víctimas mortales de la catástrofe– anuló varias sanciones de la Inspección de Trabajo a empresas por no garantizar la seguridad de sus trabajadores durante la dana. 

“Eso sí que es corrupción, política y moral”, acusó Díaz en una respuesta parlamentaria en el Congreso. Más tarde, el Ministerio de Trabajo pidió a la Fiscalía General del Estado que estudiara la existencia de posible prevaricación, que es lo que ha dado lugar a esta investigación. 

En las pesquisas del Ministerio Público se analizan los expedientes anulados a las cuatro empresas mencionadas, con sedes en Llíria, Riba-roja, Requena o Burjassot, esta última la radiotelevisión pública valenciana. En el caso de À Punt fue denunciada por los sindicatos, a petición de varios trabajadores, que consideraron que la seguridad personal de los empleados se puso en riesgo en la cobertura de la catástrofe. Así lo consideró la Inspección de Trabajo, que detectó una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Sin embargo, la Dirección General de Trabajo anuló la sanción con el argumento de que, aunque “las autoridades enviaron alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias”, “la información que se detallaba no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”. 

La Fiscalía también investiga la anulación de la sanción a la UTE Conservación Valenciana, de conservación de carreteras, por su responsabilidad en el fallecimiento de un trabajador al volver a casa. Según denunció el Ministerio de Trabajo, la empresa le habría obligado a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario laboral y poniendo en riesgo su vida, como explicó su familia al diario Las Provincias. 

Ante la denuncia del Ministerio de Trabajo, fuentes de la Generalitat Valenciana negaron cualquier “insinuación de actuación arbitraria” y argumentaron que las resoluciones adoptadas se dictaron “tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido, con base en informes técnicos y análisis jurídico individualizado de cada expediente, dentro del ejercicio legítimo de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad laboral autonómica”. 

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiere pasar página del escándalo de la sanción a la empresa de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, por contratar a personas migrantes sin papeles para la vendimia de 2025. Da por buenas y considera suficientes -incluso “amplias”“- las explicaciones dadas por un asunto del que asegura que se enteró la semana pasada, cuando fue publicado por elDiario.es. No comparten esta opinión BNG y PSdeG, que han reclamado más aclaraciones, una cuestión contra la que ha cargado Rueda: ”Otra cosa es que a la oposición no le valgan se den las que se den“.

“Cuando sale esto, cuando se produce la denuncia, yo fui el primero en preguntarle al conselleiro qué estaba pasando y esas explicaciones que me dio fueron las que yo dije la semana pasada que entendía”, dijo. Esto, según el propio Rueda, vale para aclarar también si pensó en algún momento en pedirle a González que dimitiese. Y agregó que, si el conselleiro se lo hubiese contado antes “con estas mismas explicaciones”, él habría pensado “exactamente lo mismo”, es decir, que no hay motivos para apartarlo de su cargo.

El presidente aseguró que, si la oposición activa alguno de los mecanismos para que González comparezca en el Parlamento para dar explicaciones, el conselleiro lo hará. Adelantó ya cómo sería el contenido de esa comparecencia: “No tendrá inconveniente en repetir lo que explicó”. Rueda admitió que “cuando un asunto puede ser polémico, tiene que ser explicado”, pero con las declaraciones de González sobre su desvinculación de la bodega familiar y acusando a una empresa de trabajo temporal de haber sido la que llevó a los viñedos a personas migrantes sin papeles, da el asunto por zanjado: “Explicaciones dadas”.

En lo que consideró que no se puede “meter” es en si es adecuada la decisión de la bodega de la familia del conselleiro, propietaria del grupo Casal de Armán, de denunciar a los migrantes sin papeles en lugar de la empresa de trabajo temporal. Lo atribuyó a un intento de emplear los cauces “más eficaces” para resolver la situación.

Un trabajador de 35 años perteneciente a una empresa de logística que resultó herido grave tras ser atropellado por un camión en la avenida Puerto Seco de Illescas (Toledo) este viernes, ha fallecido, tal y como ha confirmado el sindicato UGT.

En un comunicado, el sindicato ha lamentado y condenado la muerte del trabajador y ha mostrado sus condolencias a familiares y amigos, avanzando que se personará en este caso.

Reclama a la Inspección de Trabajo aclarar lo ocurrido

Además, ha exigido a la Inspección de Trabajo que aclare lo ocurrido y que depure todas las responsabilidades.

La sección sindical de UGT en este almacén ha apuntado que, desde que este centro de trabajo se abrió hace cuatro años, el número de accidentes laborales producidos ha sido muy elevado, el 90% en el turno de noche. Uno de los más graves ocurría el año pasado cuando una mujer quedaba atrapada entre un muro y un camión, el pasado mes de abril.

La sección sindical viene denunciando la falta de control que existe en el turno de noche por falta de personal así como la deficiente iluminación en la que tienen que operar los trabajadores y trabajadoras en el área de carga y descarga.

Tanto la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT como la sección sindical de UGT exigen que --de manera inmediata y más allá de las acciones legales que pueden emprender tanto la Inspección como el propio sindicato-- se implementen las medidas necesarias para acabar con esta situación.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han señalado a Europa Press que el aviso del suceso se produjo a las 22.25 horas de este viernes.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y una UVI que atendió y trasladó al herido al Hospital General Universitario de Toledo.

La Inspección de Trabajo ha constatado una infracción de la empresa Ambulancias Gipuzkoa, contratista de Osakidetza en ese territorio pero también en Álava, por una serie de irregularidades en la base del servicio en Vitoria. Además, la sanción se ha visto “agravada” por el “incumplimiento” de un requerimiento previo en el mismo sentido, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso este periódico.

Los hechos se remontan a febrero de 2026. Tras una denuncia del sindicato ESK, a las 14.40 horas del 17 de febrero una subinspectora se personó en la base de Gamarra de Ambulancias Gipuzkoa “a fin de comprobar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los aspectos que afectan directamente a las condiciones materiales de trabajo”. En ella se vieron algunas “deficiencias” y se hizo una petición de información.

Dos meses después, en abril, la empresa ya conocía los requerimientos de “subsanación”. Tenían que ver con la obligación de ofrecer reconocimientos médicos, con la automatización de las camillas de los vehículos y con formación para el personal, según el informe de la Inspección de Trabajo.

Ahora ha pasado ya el plazo para el cumplimiento de esos puntos y la Inspección de Trabajo considera “acreditado” que Ambulancias Gipuzkoa no los ha atendido, por lo que “extiende acta de infracción con propuesta de sanción agravada”. Igualmente, le pide que en “en el plazo de tres meses” forme a la plantilla de modo “suficiente y adecuado” en algunos temas como los “riesgos ergonómicos” de las tareas de este servicio sanitario, por ejemplo a la hora de cargar pacientes.

La documentación no recoge el volumen de la multa. De su lado, Ambulancias Gipuzkoa no ha atendido a la petición de información para conocer su versión sobre estos hechos. La compañía es la adjudicataria del servicios de ambulancias urgentes y programadas de dos territorios, Gipuzkoa y Álava, mientras que en Bizkaia opera la marca Bizkanb, una UTE de Sanir (Alsa) y Baztan/Bidasoa. En el expediente sí consta que una de las alegaciones presentadas por la empresa sancionada es que solamente ofrece un servicio temporal en Álava y que desconoce cuánto tiempo continuará.

Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco tiene abierto ahora el concurso para renovar estos contratos, que son los más onerosos de Osakidetza, y regularizar el sector. Desde noviembre de 2024 en Álava y en Bizkaia están en vigor contratos de emergencia tras la rescisión anticipada de la relación con la catalana Grup La Pau, que también acumuló sanciones de la Inspección de Trabajo, entre otras irregularidades y deudas. Sin embargo, el proceso está paralizado de forma cautelar mientras se revisan recursos sindicatos y de una patronal a los pliegos del Ejecutivo, según acordó el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, conocido por las siglas OARC. Es altamente probable que no pueda estar listo el nuevo servicio el 1 de enero de 2027, como se había prometido.

De perfil discreto y sin grandes apuros en su mochila –y eso que le tocó lidiar, desde Medio Rural, con alguna de las peores oleadas de incendios–, el conselleiro José González seguía siendo un gran desconocido para los gallegos tras ocho años en la Xunta. Ahora, el responsable Empleo y Emigración tiene sobre él todos los focos después de que Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia –de la que él fue socio hasta entrar en la Xunta, en 2018– por tener trabajando en la vendimia a dos inmigrantes sin papeles, contratados a través de la ETT “habitual”. Empleo, Emigración y Medio Rural –su anterior cartera– se juntan en una crisis sobre la que intenta echar tierra pero en la que todavía quedan muchos interrogantes. Empezando por saber...

¿Quién es el conselleiro de Emprego?

José González (Ourense, 1970), ingresó en el cuerpo de inspectores de Hacienda con 27 años, mucho antes de heredar, junto a sus hermanos, la bodega familiar. En 2016, llegó al Parlamento como diputado raso y solo dos años después ya era conselleiro de Medio Rural. El detonante de su despegue, la presidencia de la comisión creada tras los incendios del otoño de 2017, donde el fuego llegó a correr por las calles del centro de Vigo. El dictamen, muy crítico con la propia Xunta, le granjeó enemistades en el partido pero hizo que Feijóo se fijase en él y lo incorporase a su gobierno. Tras ganar sus primeras elecciones, Alfonso Rueda lo desplazó a Emprego.

Su sucesora, María Jose Gómez –protegida de la presidenta provincial y alcaldesa de Lugo, Elena Candia, curiosamente más próxima a Feijóo que a Rueda– guardó en el cajón o “reformuló” algunas de sus medidas estrella, como la anunciada ley de incendios, que sigue en el limbo. Con ella pretendía poner el colofón a un sistema que se basaría, por primera vez, más en la prevención que en la extinción.

¿Cuál es la ETT que contrató a los trabajadores sin papeles?

Ni la bodega Casal de Armán ni el propio conselleiro –que dice limitarse a repetir lo que le contaron en el “ámbito familiar”– han identificado a la ETT a la que responsabilizan de haber llevado a sus viñas de Ribadavia (Ourense) a los dos migrantes en situación irregular. Es la ETT “con la que tratan habitualmente”, afirmó González mientras defendía la “honorabilidad” de la empresa de sus hermanos.

Sin embargo, Trabajo no multó a la ETT sino a una filial de Casal de Armán, Viña Campinas S.L., la encargada de gestionar los viñedos. Lo hizo, según la empresa, porque “aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”. La ley 14/1994 que regula las empresas de trabajo temporal ya recoge en su artículo 16.2 que “la empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad y salud laboral”.

¿Por qué se denunció a los migrantes?

Casal de Armán y González esgrimen, como prueba de que no existió intención de fraude, la denuncia presentada ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –la Guardia Civil, aclara el conselleiro– cuando conocieron los hechos. Sin embargo, la demanda no es contra la tantas veces mencionada ETT, como responsable de la contratación, sino contra los migrantes en situación irregular que supuestamente se han hecho pasar por otras personas que sí tenían los papeles en regla. Si son declarados culpables de usurpación del estado civil, que es como se encuentra tipificado en el Código Penal, podrían afrontar penas de cárcel de 6 meses a 3 años.

¿Se esconde Alfonso Rueda?

Eso dice la oposición, porque el presidente de la Xunta no ha abierto todavía la boca sobre el “desgraciado incidente”, como definió González lo sucedido en Casal de Armán. Desde la publicación de la noticia por elDiario.es en la noche del lunes, Rueda ha seguido protagonizando actos públicos: el martes visitó la ampliación de una depuradora en Padrón y el miércoles participó en el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, donde se atiende a menores en riesgo de exclusión. En ninguno de ellos hizo declaraciones más allá de la intervención protocolaria.

El único miembro del gobierno gallego que ha hablado es el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, número dos de facto del ejecutivo, que ha dado por buenas las explicaciones de González. Este, mientras, ha evitado aclarar si cuenta con el apoyo del presidente: “Pertenece al ámbito privado de nuestras conversaciones”.

¿Tiene Casal de Armán un salón de eventos ilegal?

Sí, desde el año 2015, cuando el hoy conselleiro todavía era uno de los socios de la empresa. Se trata de una estructura próxima a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio donde la Xunta, en 2019 –siendo ya González responsable de Medio Rural– abrió el Museo do Viño de Galicia. Desde entonces, los diversos intentos de demolerlo –como ha informado ampliamente Praza.gal– se han visto retrasados una y otra vez, en parte por el retraso de la Consellería de Cultura para responder a los recursos. El último, si una vez derribado, en el espacio habría que plantar viñas o se podría instalar una zona ajardinada. Mientras los despachos ralentizan la piqueta, Casal de Armán ha seguido explotando comercialmente la edificación.

¿Qué otros frentes abiertos tiene González?

La gestión de González en Emprego pasaba sin pena ni gloria hasta que la Xunta, con él como mascarón de proa, hizo bandera de la lucha contra el absentismo laboral, una categoría en la que el ejecutivo autonómico equiparaba –aunque después se ha venido esforzando en tratar de diferenciarlo– las ausencias injustificadas con las bajas e incapacidades. Fue ese espíritu el que hizo que dos de los principales sindicatos gallegos –el mayor, la CIG, y CCOO– se negasen a participar en una mesa de diálogo e hicieron que UGT se quedase sola con la patronal y una Xunta que ahora insiste, con poco éxito, en que el futuro decreto no busca “demonizar” a los trabajadores.

“No pienso en dimisiones”. El conselleiro de Emprego de la Xunta, José González, no se plantea abandonar el cargo después de que la Inspección de Trabajo sancionase a la bodega de su familia, Casal de Armán, por haber contratado para la vendimia del pasado año, a través de una ETT, a dos inmigrantes sin papeles. González admite que ha hablado del asunto con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero no aclara si éste le ha dado su apoyo: “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. Rueda todavía no ha hablado en público de lo que la oposición ya califica como “escándalo”.

González realizó estas declaraciones a elDiario.es en Moraña (Pontevedra), antes del acto de entrega de los premios de responsabilidad empresarial, organizados por la Secretaría Xeral de Emprego, dependiente de su Consellería, donde destacó la necesidad de “poner a las personas en el centro”. No quiso entrar en la casualidad de que este evento se celebrase justo después de que se conociese el “desgraciado incidente” –las comillas son suyas– protagonizado por la empresa de su familia. “Hoy hay que destacar a los premiados por este reconocimiento, es su día”.

“Me va a permitir, está suficientemente contestado”, despejó una cuestión sobre si había hablado de lo sucedido con Rueda. “Hablo con el presidente constantemente”. ¿Sobre este asunto también? “También sobre este asunto” ¿Y él le ha dado su respaldo? “Eso pertenece al ámbito interno de las conversaciones que tenemos el presidente y yo”. El BNG y la CIG, el principal sindicato gallego, han pedido su dimisión. “No estoy pensando en dimisiones, sino en entregar estos premios”. Y sobre la comparecencia en el Parlamento que solicita el PSdeG: “Si me llaman, claro, no tendré inconveniente en dar explicaciones donde me las pidan”.

Que lo aclare la empresa

Antes, el conselleiro pasó la pelota a la bodega familiar a la hora de añadir nuevas explicaciones a las aportadas por él este martes: “Creo que expliqué suficientemente los hechos y remito cualquier aclaración a lo que diga la empresa, que supongo que algo también explicará”.

Cuestionado por el hecho de que Casal de Armán presentase una denuncia por lo sucedido, pero no contra la ETT sino contra los dos inmigrantes irregulares, acusados de usurpar la identidad de personas que sí tendrían los papeles en regla, González respondió que no conocía el contenido de la querella y que lo que sabía era lo que le habían trasladado en el “ámbito familiar”.

“Para precisar: yo hablé de una denuncia de usurpación de identidad, de poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para que determinaran qué es lo que había pasado. Simplemente transmití lo que en su momento me transmitió a mí mi familia. No sé exactamente el contenido de esa denuncia”, aclaró. Pese a que esta redacción se lo solicitó, Casal de Armán se negó a mostrar una copia de la demanda.

Para finalizar, preguntado por su opinión sobre los hechos como representante del gobierno gallego, y no como hermano de los propietarios de la bodega sancionada, respondió con tono rotundo: “Yo, como conselleiro de Emprego –y quiero ser muy claro–, evidentemente, cualquier empresa tiene que respetar sus obligaciones, por supuesto, también en materia de seguridad social”.

El conselleiro de Emprego, José González, defendió este martes la “honorabilidad” de Casal de Armán, la bodega de su familia, tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo al descubrir a dos inmigrantes sin papeles trabajando en la vendimia, tal y como adelantó elDiario.es. González culpó de la situación a la empresa de trabajo temporal con la que trabajan habitualmente, pese a que la multa le fue impuesta a Viña Campinas, una filial del grupo que dirigen sus hermanos y que él mismo abandonó en 2018 para tomar posesión de su cargo en el gobierno gallego.

En una visita al parque empresarial de San Cibrao das Viñas (Ourense), el conselleiro consideró que ese “desgraciado incidente” se debe al “error” de “confiar en que las personas contratadas, o puestas a disposición, a través de una empresa de trabajo temporal con la que se habla habitualmente tengan los papeles en regla”.

“Aunque la contratación de ese personal fue realizada por la ETT, la Inspección derivó la actuación contra la empresa que le realizó el encargo”, habían explicado a elDiario.es los responsables de Casal de Armán, quienes llegaron a asegurar que, cuando tuvieron conocimiento de las irregularidades, presentaron una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, se negaron a proporcionar una copia del documento a esta redacción. Este martes, González ha explicado que la denuncia, por “usurpación de la identidad” se interpuso contra los temporeros, “no contra la ETT”. Para él, esa querella “acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación”.

Sin embargo, en su respuesta oficial, la Xunta no se suma a esa estrategia de desviar el foco. A través de un portavoz, afirmó por escrito a las preguntas de elDiario.es que el ejecutivo autonómico “como no puede ser de otra manera, aboga por el cumplimiento de las condiciones laborales en cualquier actividad que se desarrolle en Galicia y, evidentemente, también durante la vendimia”. Añadió que “cualquier trabajador que desarrolle su actividad en Galicia tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social y, por tanto, las empresas deben cumplir todos los requerimientos en materia de contratación”.

A preguntas de los periodistas, González también argumentó que Trabajo impuso la sanción “en su grado mínimo” y “en la cantidad legalmente mínima” ya que “no apreciaba circunstancias agravantes”. “Quiero defender la honorabilidad de la empresa y, por supuesto, también de mi familia”, manifestó el conselleiro, tras insistir en que él ya no tiene vinculación con Casal de Armán, el grupo que los tres hermanos heredaron de su padre. “No soy socio, es de mi familia, no participo en la gestión, ni por supuesto en la organización ni en la contratacion de los trabajadores”.

A tan solo cinco días de que comience el curso escolar, pero con el profesorado y los trabajadores y trabajadoras ya iniciando el periodo lectivo en los centros educativos, la historia de los pasados meses de mayo y junio se repite. Los despachos, las aulas y los patios se abren en medio de un domo de calor extremo que afecta a buena parte del país y muy especialmente a Castilla-La Mancha, en aviso amarillo y naranja por temperaturas máximas de hasta 41 grados en Toledo y Ciudad Real.

Lo mismo sucedió en las últimas semanas del pasado curso escolar. Entonces las asociaciones de madres y padres (AMPA), el profesorado y los sindicatos se movilizaron durante casi un mes para pedir soluciones por las altas temperaturas en las aulas tanto de colegios como de institutos. Hubo mareos, lipotimias y diferentes afecciones a la salud que provocaron un final de curso con protestas y malestar social.

Ahora, el curso arranca de nuevo con una situación calcada en cuanto a temperaturas extremas. Para el 8 de septiembre, día de inicio de las clases, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé 39 grados de máxima en la ciudad de Toledo.

El cambio climático no perdona y así lo ha denunciado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha. Sus responsables de Acción Sindical, Gonzalo Ballesteros y Pedro Viejobueno, así lo han vuelto a poner sobre la mesa.

Y junto con ello han hecho pública una novedad de gran relevancia: la Inspección de Trabajo ha interpuesto dos sanciones a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en materia de seguridad y salud laboral por no haber planificado medidas preventivas contra el calor y por permitir que en los centros educativos se hayan superado los 27 grados, el límite máximo de temperatura que establece la normativa de riesgos laborales para trabajos sedentarios.

Estas infracciones tan solo implican, por ahora, un expediente administrativo y no conllevan ninguna multa económica, pero son una “llamada de atención” a la Administración autonómica ante la carencia de medidas viables para afrontar un fenómeno que STE lleva años denunciando. De hecho, fue este sindicato quien denunció ya en noviembre de 2025 esta situación ante la Inspección de Trabajo.

Ahora, el informe, al que ha tenido acceso este periódico, impone estas dos infracciones después de una evaluación de riesgos por “estrés térmico” y mediciones de temperatura en hasta nueve centros educativos: el CEIP Juan de Padilla, el IES Alfonso X El Sabio, el CEIP Garcilaso de la Vega, el IES Juanelo Turriano, el CEIP Gómez Manrique, el CEIP Rosa Parks y el CEE Ciudad de Toledo, todos ellos en la capital castellanomanchega. A ellos se unen mediciones en el IES Josefina Aldecoa de Illescas.

Estas infracciones vienen a “dar la razón” a una situación que el STE lleva años denunciando: las altas temperaturas suponen un riesgo para la salud del alumnado y de los trabajadores de los centros educativos. Sostienen que sigue así su denuncia de una “escuela de calor” que se repite curso tras curso.

Gonzalo Ballesteros detalla que el propio sindicato ha hecho mediciones de temperatura en los dos últimos años en diez centros educativos de la provincia de Toledo, con datos que después han presentado a los Comités de Salud Laboral, precisamente los órganos donde han exigido soluciones de manera continua.

“Visto que lo único que conseguimos es que las administraciones discutieran entre ellas sobre a quién le competía abordar este problema, decidimos en noviembre de 2025 denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo por vulneración de las condiciones laborales de los trabajadores”, explica. Y después, se sumaron a las denuncias de las AMPA y a sus concentraciones.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué desgracia tiene que suceder para que la Consejería asuma sus competencias y vele por la salud del alumnado y del profesorado?

Ante la previsión de que el curso comience como acabó, con “aulas asfixiantes”, los representantes del STE se preguntan: “¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué desgracia tiene que suceder para que la Consejería asuma sus competencias y vele por la salud del alumnado y del profesorado? ¿Sobre todo ahora que ya tienen dos infracciones por parte de la Inspección de Trabajo donde se les pide que adopten medidas?”

Gonzalo Ballesteros ha recordado que el Real Decreto 486/1997 establece los límites de temperatura máxima y mínima permitidos en los lugares de trabajo cerrados. Según refiere, el empleador, que en este caso sería la Consejería de Educación, debe adoptar las medidas necesarias para que “no haya riesgos para la salud de los trabajadores” y adoptar medidas para que la temperatura no supere los 27 grados.

El informe de la Inspección de Trabajo constata, según los datos recabados de los mencionados centros, una temperatura media de 30,2 grados. El sindicato pone el acento en el hecho de que en días con temperaturas exteriores de 41 grados, que ya superan el umbral de impacto para la salud, en algunos centros educativos la media ha llegado a rondar entre los 33 y los 35 grados, y que de todas las mediciones aportadas en el documento, solamente un aula estaba por debajo de la horquilla de la normativa, con 26 grados.

El decreto “no se cumple”

“La Inspección ha constatado que el decreto no se cumple, que no existen medidas preventivas y que no hay ningún plan por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Son los trabajadores quienes tienen que improvisar medidas para que no haya sustos ni desgracias”.

A ello suman el hecho de que tampoco se informe adecuadamente a los trabajadores de los riesgos para su salud que suponen estas altas temperaturas. “Y lo que es peor, cuando pedimos explicaciones, la Consejería no sabe cuantificar cuántos centros están climatizados o no, y tampoco se ha facilitado esa información a la Inspección de Trabajo”.

También destaca el hecho de que ese informe apunte igualmente a un alto nivel de concentración de dióxido de carbono “por encima de lo permitido”. Esto se debe a que los centros afectados por temperaturas extremas evitan abrir las ventanas para que no entre el calor.

Visto este informe demoledor, ya no hay debate. Ahora la pregunta es cómo y cuándo va el Gobierno a adoptar una solución viable

“Visto este informe demoledor, ya no hay debate. Ahora la pregunta es cómo y cuándo va el Gobierno a adoptar una solución viable. De algo tienen que valer las luchas, las reclamaciones de las familias, los gritos del alumnado y este informe de la Inspección. Ya no es una cuestión de convencer a nadie. Deben hacer algo ya”, recalca Ballesteros.

En el STE son conscientes de que las soluciones a corto plazo son difíciles porque requieren de una partida presupuestaria importante. Por eso, han decidido dar de plazo a la Consejería el curso que ahora empieza para presentar un plan integral “fiable y viable”.

Piden que en el mismo se contemplen tres medidas: que los centros educativos no superen en su interior los 27 grados de temperatura, que los patios escolares cuenten con refugios climáticos y de manera inmediata, por ser “lo menos costoso”, que se apruebe un protocolo de actuación urgente para que el profesorado sepa cómo actuar “cuando el alumnado está en un aula a 32 grados”. “No puede llegar mayo sin ese protocolo claro”, han alertado.

De momento, este sindicato no prevé movilizaciones en el arranque del curso. “No queremos tensionar”, afirman, pero no descartan que, si en mayo, no existe el mencionado protocolo ni una planificación al respecto, se retomen las concentraciones e incluso acudir a los tribunales.

Además, afirman que las infracciones que ha interpuesto la Inspección de Trabajo requieren de una contestación por parte de la Administración autonómica y que, de no ser así, el sindicato seguirá interponiendo denuncias para que finalmente haya multas por “no cumplir con la normativa”.

“Todo esto es un aviso. Ahora tenemos que ver qué van a hacer. Nuestra postura es aportar e intentar solucionar, pero si la Administración sigue respondiendo, jugando con los datos y poniendo ejemplos de centros educativos de la sierra de Cuenca o de Albacete, donde no necesitan estas medidas, no descartamos volver a la lucha”.

A finales del pasado mes de julio, el consejero de Educación, Amador Pastor, avanzó que el Gobierno regional había comenzado a aprobar las primeras “resoluciones parciales” para afrontar nuevos gastos para la climatización de los centros educativos. Según dijo, es la tercera convocatoria de lo que ha denominado su Plan de Climatización, mediante la cual se actuará en total en 174 espacios por 3,25 millones de euros.

A finales del pasado curso educativo hasta 16 AMPA de Toledo protagonizaron una sonora concentración exigiendo medidas para evitar clases en las aulas a 30 grados. Amagaron, además, con nuevas protestas a partir de septiembre si no se ponen soluciones sobre la mesa.

La Asociación de Padres de Niños con Autismo de Extremadura (Apnasurex) ha denunciado la sanción de 9.000 euros, que es “la máxima prevista en el orden social”, impuesta por la Inspección de Trabajo a raíz de la caseta solidaria que la entidad instaló en la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro de Salvatierra de los Barros. Pese a no reconocer infracción alguna, la entidad pagará finalmente 5.400 euros al acogerse a la reducción del 40% por pronto pago para evitar derivar fondos a procesos judiciales.

Los hechos se remontan al pasado 30 de mayo, cuando la Inspección de Trabajo, acompañada por la Guardia Civil, se personó en la caseta e identificó a varios de los 14 voluntarios presentes. A partir de las declaraciones de dos de ellos, la autoridad laboral concluyó la existencia de una relación laboral encubierta.

Apnasurex considera esta interpretación “radicalmente errónea” y recalca que aportó documentación probatoria: los 15.010 euros recaudados se ingresaron íntegramente en la cuenta bancaria de la entidad, los pagos realizados correspondían de forma exclusiva a proveedores y se presentaron tanto los estatutos como cartas de apoyo del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros y de la Federación Autismo Extremadura.

La organización ha explicado que la decisión de asumir el pago responde únicamente a la responsabilidad con los 30 niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA) a los que presta servicio. Según destacan, “cada euro destinado a un procedimiento administrativo o judicial es un euro que se le resta a ellos”. La iniciativa de la Caseta Solidaria echó a andar en 2008 con el objetivo de recaudar fondos para su Escuela de Verano, una actividad que permite a los menores mantener sus rutinas durante el periodo estival y ayuda a las familias en la conciliación laboral y personal.

Desde la entidad lamentan que una asociación que lleva 18 años “supliendo con voluntariado y solidaridad lo que la Administración no hace, termine siendo sancionada precisamente por ejercer ese voluntariado”.

Por su parte, la Federación de Autismo de Extremadura ha mostrado su respaldo explícito a Apnasurex y ha exigido el archivo del expediente. Su presidente, Rafael Hernández Fernández, ha insistido en que las personas identificadas “eran voluntarios, no trabajadores”, remarcando que la caseta es una iniciativa benéfica y no un negocio. A pesar del varapalo económico, Apnasurex ha confirmado que mantendrá la iniciativa en marcha: “La injusticia puede doler, pero no puede detenernos”.

La Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya ha abierto un expediente sancionador a Glovo y a sus subcontratas por mantener la actividad de sus repartidores durante una alerta roja por calor en Barcelona este verano. El procedimiento terminará con una multa de hasta 49.180 euros.

Según ha avanzado El Periódico y ha confirmado Europa Press, los hechos denunciados por la CGT ante la Inspección de Trabajo ocurrieron el 8 de julio, día en el que se llegó a alcanzar una temperatura de 40 grados en Barcelona, y pese a lo cual la compañía mantuvo la actividad habitual de los repartidores.

Que los riders circulen normalmente en un episodio de altas temperaturas, explica la resolución del organismo, va en contra tanto del propio protocolo de climatología adversa de Glovo como de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

La CGT presentó una denuncia ante Trabajo, ahora resuelta con una propuesta de sanción, que puede variar entre un importe de 2.451 euros, en su grado mínimo, y 49.180 euros en su grado máximo, a determinar por el organismo.

Glovo, por su parte, afirma no haber recibido aún dicha resolución de la entidad del departamento de Trabajo, y está a la espera de poder analizarla.

La Inspección de Trabajo ha requerido formalmente a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción urgente de numerosas medidas preventivas y la corrección de “graves” deficiencias.

La actuación tiene su origen en una denuncia presentada por el delegado de prevención de CCOO ante la falta de respuesta efectiva a las reiteradas reclamaciones realizadas mediante escritos oficiales y en el seno de los Comités de Seguridad y Salud, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

Tras la denuncia, la Inspección de Trabajo ha requerido a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción de las medidas más urgentes, relacionadas con situaciones de especial gravedad, en un plazo de 15 días. Para la implantación del resto de medidas correctoras se ha establecido un plazo de dos meses.

El requerimiento afecta a un total de 63 servicios del Hospital Universitario de Toledo. Entre ellos se encuentran los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Anatomía Patológica, donde, tal y como viene denunciando el sindicato desde hace años, continúan existiendo problemas que todavía no han sido solucionados de forma definitiva.

Entre las situaciones a corregir se señalan riesgos en las cabinas de seguridad biológica que obligan a reparar o sustituir elementos; estrés térmico en la cámara frigorífica de bioquímica que requiere del uso de ropa de protección; almacenamiento de productos que no reúne las condiciones de ventilación aplicables; o falta de espacio en urgencias de psiquiatría donde se insta a realizar las exploraciones en un lugar donde no haya instrumentos que puedan emplearse para hacer daño, por citar algunas.

En el caso de los laboratorios, durante una comparecencia con representantes de la Gerencia y de la Inspección, el delegado de prevención puso de manifiesto que varias trabajadoras presentaban valores de ácido fórmico en orina superiores a los límites de referencia.

Ante estos hechos, la inspectora manifestó que investigaría la situación, teniendo en cuenta que las trabajadoras afectadas todavía no habían visto una adaptación efectiva de sus puestos de trabajo pese a que existe una comunicación interna del Servicio de Prevención en la que se plantea la necesidad de reubicarlas.

Preocupa “especialmente” la situación en los laboratorios

“Para CCOO resulta especialmente preocupante la situación de estos laboratorios donde casi dos años después de las intoxicaciones sufridas por varias trabajadoras siguen pendientes actuaciones fundamentales para garantizar plenamente la seguridad y la salud del personal”, han señalado desde el sindicato.

Asimismo, el sindicato destaca que, según las resoluciones recibidas por las trabajadoras afectadas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el recargo de prestaciones en relación con trabajadoras que causaron baja tras las intoxicaciones sufridas, al considerar que no disponían de medios de protección adecuados.

Para CCOO, estos hechos evidencian la gravedad de una situación que no puede seguir prolongándose en el tiempo.

“La salud de las trabajadoras y los trabajadores no puede depender de años de reclamaciones, denuncias o requerimientos de la Inspección de Trabajo para que se adopten las medidas preventivas necesarias”, han apuntado en este sentido.

El sindicato señala, no obstante, que se han producido cambios en la Dirección de Gestión se aprecia una actitud diferente y una mayor disposición a buscar soluciones.

CCOO espera ahora que los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo se cumplan dentro de los plazos establecidos y que las medidas correctoras se traduzcan en actuaciones reales y efectivas.

“El sindicato continuará vigilando el cumplimiento de los requerimientos de la Inspección de Trabajo y exigiendo a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo que garantice unas condiciones de trabajo seguras y saludables para toda la plantilla”, ha concluído CCOO.

El Hospital asegura que ya ha solucionado los riesgos de mayor prioridad

A preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo no se han referido de forma específica al requerimiento que ha solicitado Inspección de Trabajo, sino que han señalado que su servicio de prevención de riesgos laborales realiza anualmente la Planificación de la Actividad Preventiva, “que incluye la realización de las correspondientes Evaluaciones de Riesgos en las distintas áreas y puestos de trabajo”.

“Como resultado de dichas evaluaciones, se identifican las medidas preventivas necesarias y se establece una priorización de las actuaciones en función del nivel de riesgo, atendiendo a la probabilidad de ocurrencia y a la gravedad potencial de sus consecuencias. Sobre esta base, la Dirección Gerencia impulsa y coordina la ejecución de las actuaciones correctoras previstas, desarrollando un plan de intervención progresivo a lo largo del ejercicio y adecuando su ejecución a la prioridad de los riesgos detectados”, añaden las mismas fuentes.

Por último, desde el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo afirman que las actuaciones asociadas “a los riesgos de mayor prioridad se encuentran ya ejecutadas o en fase avanzada de ejecución”. “Asimismo, para el resto de medidas preventivas se dispone de una planificación específica, encontrándose una parte significativa de ellas ya implantadas”, culminan.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado las sanciones impuestas a Cabify y otras tres empresas vinculadas a su red de conductores por valor de 547.520 euros. Las multas, por una infracción muy grave relacionada con la cesión ilegal de trabajadores, han quedado sin efecto porque el tribunal considera que las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Generalitat superaron el plazo máximo legal.

La resolución, avanzada por El Periódico, deja sin efecto seis actos de sanción. Fuentes del Departament de Empresa y Trabajo han confirmado la recepción de la resolución y aseguran que están analizándola para evaluar los pasos a seguir. El argumento de las compañías es que la administración catalana tardó 17 días más de lo permitido por la ley en remitirles las actas infractoras y el del expediente sancionador.

Los hechos inspeccionados se remontan a 2020, cuando la Inspección de Trabajo empezó a investigar cómo funcionaba el sistema de conductores de Caibify y descubrieron que había una red de empresas que posibilitaban el servicio, pero dependientes todas de mismo algoritmo. Los clientes venían de Cabify, pero las flotas de conductores operaban bajo otras firmas.

La autoridad laboral les acusó de cesión ilegal de trabajadores, lo que calificó como una falta muy grave. Ahora bien, según dicta la ley, estas actuaciones comprobatorias no pueden alargarse más de nueve meses.

La secció sindical de CSIF a l'empresa de seguretat privada Trablisa ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè s'investigui el cop de calor patit per un vigilant que prestava servei a Palma.

L'emergència sanitària, que va implicar que el treballador hagués de ser traslladat en ambulància amb un quadre compatible amb un cop de calor i deshidratació, va ocórrer diumenge passat al punt verd d'Emaya situat al polígon de Son Castelló.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, va ser al voltant de les 12.00 hores quan el vigilant va haver de ser traslladat a un hospital per rebre atenció mèdica. elDiario.es ha enviat una petició d'informació a l'empresa sense que hagi estat resposta en el moment de publicació d'aquesta notícia.

A això, segons ha denunciat CSIF, se li suma el fet que els serveis sanitaris van registrar durant la seva intervenció un avís corresponent a un nivell tres d'alerta per contaminació ambiental a les instal·lacions.

El tècnic d'emergències, sempre d'acord amb l'organització sindical, va elaborar un informe oficial per comunicar formalment la incidència detectada.

Des de CSIF han considerat que la coincidència d'una emergència sanitària compatible amb un cop de calor i l'alerta per contaminació ambiental “obliga a realitzar una investigació exhaustiva i urgent sobre les condicions al centre de treball”.

És per això que ha demanat a la Inspecció de Treball si s'havien avaluat adequadament els riscos existents, especialment en els aspectes relacionats amb les altes temperatures, l'exposició a contaminants ambientals o l'existència de protocols d'actuació.

També han sol·licitat que indagui en el possible caràcter laboral de l'accident o dany sofert pel treballador i que examini tota la documentació relacionada amb l'emergència, incloent-hi l'informe elaborat pels serveis sanitaris.

Així mateix, ha demanat que es comprovi si, una vegada produïda l'emergència i detectada l'alerta ambiental, es van adoptar de forma immediata totes les mesures necessàries per protegir la resta de treballadors presents a les instal·lacions.

En cas de detectar-se incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, CSIF ha exigit que s'adoptin les mesures inspectores i sancionadores que legalment corresponguin, com també totes aquelles actuacions necessàries per impedir que situacions similars tornin a repetir-se.