La secció primera de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalat la sanció de 60.000 euros a l'empresa Medena Import Export SL, imposada arran de la fugida a la carrera de huit recol·lectors de taronja en plena inspecció de treball.

L'apartat de fets provats de la sentència ressenya que el 24 de novembre de 2021 la Inspecció de Treball va acudir al paratge de la Matanza, al municipi de Fortuna (Múrcia), a la finca Fenoll —situada a tocar de la frontera amb la província d'Alacant—, “i quan es va identificar com a tal, almenys huit persones que estaven recol·lectant taronges van eixir corrent sense que la Policia els atrapara, mentre que altres huit persones es van quedar i van ser identificades”.

L'empresa que explotava la finca Fenoll, domiciliada a Almoradí (Alacant) i dedicada al comerç a l'engròs de fruites i hortalisses, va entregar quatre dies més tard les nòmines de huit treballadors i els contractes d'altres tants. El Jutjat Social número 6 d'Alacant va avalar la sanció imposada per la Inspecció de Treball. Després d'un recurs de la mercantil, el TSJ-CV ha confirmat els 60.000 euros de sanció en descartar la caducitat del procediment al·legada per l'empresa.

La sentència, de la qual ha sigut ponent el magistrat Jacobo Pin, delimita la qüestió de fons a determinar si hi va haver o no obstrucció de la labor inspectora. L'empresa descartava qualsevol negativa i matisava que es va produir una “impossibilitat puntual d'identificar en l'acte les persones treballadores a causa de la seua fugida”, esmenada posteriorment amb l'aportació de la documentació dels contractes i els parts de treball.

El recurs de l'empresa, amb un resultat pròxim al mig milió d'euros en l'últim exercici declarat davant del Registre Mercantil, concloïa que es va acreditar la identitat dels treballadors fugits mitjançant “comunicacions posteriors” i argumentava que una sanció per obstrucció “suposaria exigir una prova diabòlica a la mercantil”.

El TSJ-CV, per la seua banda, recorda que els funcionaris de la Inspecció de Treball, que gaudeixen de presumpció de certesa, “van poder observar personalment la fugida” dels huit recol·lectors de taronja.

La resolució de l'alt tribunal autonòmic també esgrimeix la jurisprudència del Tribunal Suprem i afirma que “el fet que foren les persones treballadores les que fugiren del centre de treball davant la presència de la Inspecció no impedeix apreciar la culpabilitat de l'empresa”.

A més, la sentència afig: “Resulta difícil de creure que, trobant-se dos capatassos de la mercantil en el moment dels fets, no tingueren en el seu poder les dades identificatives de les persones treballadores que van fugir de la finca per a poder aportar-les a la Inspecció actuant en aquell moment”.

La resolució, que no és ferma, imposa les costes processals a l'empresa per un import de 800 euros.

La sección primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalado la sanción de 60.000 euros a la empresa Medena Import Export SL, impuesta tras la huida a la carrera de ocho recolectores de naranja en plena inspección de trabajo.

El apartado de hechos probados de la sentencia reseña que el 24 de noviembre de 2021 la Inspección de Trabajo acudió al paraje La Matanza de la localidad de Fortuna (Murcia), en la Finca Fenoll —situada a tiro de piedra de la frontera con la provincia de Alicante—, “y cuando se identificó como tal, al menos ocho personas que estaban recolectando naranjas salieron corriendo sin que la Policía les diese alcance, quedándose otras ocho personas que fueron identificadas”.

La empresa que explotaba la Finca Fenoll, domiciliada en Almoradí (Alicante) y dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas, entregó cuatro días más tarde las nóminas de ocho trabajadores y los contratos de otros tantos. El Juzgado de lo Social número 6 de Alicante avaló la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo. Tras un recurso de la mercantil, el TSJ-CV ha confirmado los 60.000 euros de sanción al descartar la caducidad del procedimiento alegada por la empresa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jacobo Pin, acota la cuestión de fondo a si hubo o no obstrucción de la labor inspectora. La empresa descartaba negativa alguna y matizaba que se produjo una “imposibilidad puntual de identificar en el acto por la huida de las personas trabajadoras”, subsanada posteriormente con la aportación de la documentación de los contratos y los partes de trabajo.

El recurso de la empresa, con uno resultado cercano al medio millón de euros en el último año declarado ante el Registro Mercantil, concluía que se cumplió la acreditación de la identidad de los trabajadores huidos mediante “comunicaciones posteriores” y argüía que una sanción por obstrucción “sería exigir una prueba diabólica a la mercantil”.

El TSJ-CV, por su parte, recuerda que los funcionarios de la Inspección de Trabajo, que gozan de presunción de certeza, “pudieron observar personalmente la huida” de los ocho recolectores de naranja.

La resolución del alto tribunal autonómico también esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo y afirma que “el que hecho de que fueran las personas trabajadoras las que huyeran del centro de trabajo ante la presencia de la Inspección no impide la apreciación de culpabilidad por parte de la empresa”.

Además, la sentencia añade: “Resulta difícil de creer que encontrándose dos capataces de la mercantil en el momento de los hechos, los mismos no tuviesen en su poder los datos identificativos de las personas trabajadoras que huyeron de la finca para poder aportárselos a la Inspección actuante en ese momento”.

El fallo, que no es firme, impone las costas procesales a la empresa por un importe de 800 euros.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de Canal Sur, por irregularidades en la elaboración de su Plan de Igualdad, aprobado un mes antes de la denuncia contra su CEO, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual a una reportera, confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

La Inspección investiga “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia, como adelantó este periódico. Los inspectores notifican a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dan un plazo para corregirlo o presentar alegaciones.

Desde 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores [ADM tiene 258] están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad que preserve la equidad laboral y salarial entre hombres y mujeres de la plantilla, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en el trabajo. También están obligadas a registrar dicho Plan en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON).

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal para las empresas, conllevan sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, además de la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admitieron a este periódico fuentes próximas al Consejo de Administración de ADM.

La principal productora de Canal Sur, referente en el sector audiovisual andaluz, registró este documento el 18 de diciembre de 2025, pocos días antes de que su director general fuera denunciado (y posteriormente imputado) por un Tribunal de Violencia de Género acusado de delitos sexuales contra una trabajadora.

La imputación de Gustavo Fuentes, revelada por este periódico, derivó en su cese como CEO de la compañía y como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

Gustavo Fuentes es quien redactó el “compromiso expreso de impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad de ADM, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo investiga ahora la validez legal de ese documento, después de que este periódico revelara que el delegado sindical que firmó el Plan, en diciembre de 2025, no había negociado ni participado en la elaboración del mismo, porque llevaba más de cuatro años en excedencia y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA).

“Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, confesó el antiguo delegado sindical de ADM, Francisco de Asís Miguélez, a un excompañero de la empresa, en una conversación grabada, difundida por elDiario.es.

Entre la documentación que pueden requerir los inspectores del Ministerio a la productora estarían las actas de esa Comisión Negociadora para corroborar si el Plan de Igualdad se sometió a una “negociación colectiva previa”, como exige la ley.

Miguélez también aventuró que si la productora amagaba con despedir a alguien por acoso sexual, haciendo uso del II Plan de Igualdad (con el Plan Antiacoso) que le hicieron firmar, cualquier juez podría tumbar ese despido puesto que el documento carecía de “validez legal”, al no haber sido fruto de la negociación colectiva. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”, explicó.

Ese supuesto que planteó entonces el delegado sindical no tardaría en producirse. Un mes después de la firma y del registro del II Plan de Igualdad de ADM, quien fue denunciado por acoso sexual en los tribunales -y no a través de los mecanismos internos de la empresa- fue el propio director general de la compañía, que había impulsado la renovación del Plan de Igualdad, dejando en manos de su número dos, Óscar González-Barba, la “recepción de las denuncias” por acoso.

Gustavo Fuentes explicó a este periódico que fue él mismo quien activó el Protocolo Antiacoso para que abriera una investigación interna, después de recibir la citación judicial como imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. Esa investigación interna recayó en manos del Compliance [director legal] de la productora, una figura nueva que también introdujo el II Plan de Igualdad. Un puesto para el que fue nombrado José Antonio Jiménez de León.

Jiménez de León elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de la denuncia contra él, pero sólo tomó declaración al denunciado, ni a la víctima -“porque ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”- ni a ninguno de los compañeros de trabajo que fueron testigos de los hechos denunciados, según el relato del exCEO. Tras el despido de Fuentes, la dirección “provisional” de la compañía reunió a la plantilla y anunció la reapertura de dicha investigación, admitiendo que se había “cerrado en falso”.

“Claramente irregular”

El Plan de Igualdad de una empresa es un requisito obligatorio para poder contratar con las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo debe determinar ahora si el documento que les presentó la productora de Canal Sur fue fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, como establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “una persona sin relación laboral con una empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato le haya designado expresamente (que no es el caso). Miguélez se había presentado como delegado sindical por parte de UGT en las últimas elecciones internas de la productora, celebradas hace 11 años (2015). Tanto UGT como CCOO sostienen que su firma en el Plan de Igualdad de ADM, “estando en excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo, era claramente irregular”.

Tras la publicación de elDiario.es, la semana pasada, el antiguo delegado sindical remitió un escrito a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

El II Plan de Igualdad de ADM, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 al 1 de diciembre de 2029, cita a los dos responsables de la Comisión Negociadora mixta -empresa y plantilla- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que en ese momento ya llevaba más de cuatro años fuera de la compañía.

El directivo de la productora que contactó con Miguélez para que firmar el II Plan de Igualdad fue José Ramón García-Japón, subdirector general de ADM, según confirmó él mismo a este periódico. García-Japón admite que el antiguo delegado sindical estaba “en excedencia, con un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo, pero sigue cubriendo la representación de los trabajadores”. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, aseguró.

elDiario.es ha preguntado a la nueva dirección de la compañía, pilotada ahora por el número dos de Gustavo Fuentes, Óscar González-Barba, si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

La dirección de la productora mantiene que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”. El Ministerio que gestiona Yolanda Díaz alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

Diversos sindicatos se están poniendo en contacto estos días con los trabajadores de la productora para impulsar nuevas elecciones sindicales. ADM, con 258 empleados y dos centros de trabajo (uno en Sevilla y otro en Málaga), carece de comité de empresa ni de secciones sindicales. El único delegado de personal que queda, tras la renuncia de Miguélez, es David Pérez, que se presentó a unas elecciones internas en la sede de Málaga en 2017, pero también es directivo de la compañía. Sus compañeros le identifican como “un hombre de la dirección”.

El 20 de julio de 2022, un pleno de Cibeles aprobó por unanimidad reforzar los protocolos en caso de altas temperaturas. Todo se había acelerado con la muerte de José Antonio González, un barrendero de 60 años que trabajaba para una subcontrata municipal. Cuando se desplomó en el suelo, su cuerpo estaba a más de 41 grados. El debate –impulsado por dos mociones, una de Ciudadanos y otra del Grupo Mixto– se centró en si la empresa adjudicataria cumplía o no las condiciones de prevención de riesgos, y se planteó suspender las actividades al aire libre que exijan sobreesfuerzos en horas de calor, extendiéndolo ya no solo a la limpieza viaria: desde entonces, se prohibió el trabajo a ciertas horas de la tarde. En estos años, las multas recaudadas por la Inspección de Trabajo han quintuplicado cifras, y no es casualidad.

De lleno en un nuevo verano, fuentes del organismo público (encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral) detallan que el año pasado, en total, dispusieron infracciones por valor de 300.714 euros a empresas que habían infringido alguna regla o advertencia previa en cuanto al protocolo de calor. Cuando empezaron a contear estos incumplimientos, precisamente el mismo año en el que murió José Antonio González, se depositaron 56.863 euros al cierre de 2022, apenas una quinta parte de lo que se registró en el último período.

En 2023, justo antes de la temporada estival, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobó un plan de actuación oficial para dejar por escrito algunas evidencias científicas que ya habían llegado a la conversación pública. Finalmente, el 31 de mayo de 2023 el alcalde dio luz verde a un nuevo protocolo de actuación por altas temperaturas, que nació bajo la promesa de evitar y reducir daños humanos en olas de calor. Ese año, la Inspección de Trabajo desarrolló 4.039 actuaciones por exposición a condiciones adversas en todos los sectores de actividad, un recuento que no solo incluye el trabajo al aire libre al no estar categorizado como tal. En el primer recuento se habían ejecutado solo 356 inspecciones, aunque esta vez no todas se correspondían con revisiones al uso: algunas era simplemente visitas informativas o de carácter técnico, que no siempre implicaban un examen a la compañía.

Para 2023 ya se notó un cierto auge en las cantidades recopiladas por multas relativas al calor en el trabajo: en total, las inspectoras recogieron 97.520 euros. Aunque el gran salto llegó al año siguiente, cuando con apenas 1.500 sanciones más (5.511) las empresas pagaron 151.377 euros en sanciones al Ministerio de Trabajo, según cifras a las que ha tenido acceso Somos Madrid. A lo largo de estos años, también se ha incrementado el número de requerimientos que el organismo público ha emitido a las empresas. Estos procedimientos vienen a seguir la evolución de un incumplimiento antes constatado por la institución, después de ofrecer un plazo para subsanar las deficiencias localizadas y evitar una sanción: de 302 que hubo en 2022, el verano pasado se dobló esa cifra con 642 requerimientos.

Cómo se vive este cambio en las calles acaloradas de Madrid

Aún queda mañana por delante y el sol ya pega fuerte. Juan ha decidido resguardarse bajo la sombra de un árbol, justo al lado de una tienda de souvenirs que ha puesto pulverizadores de agua en la entrada. Aun así, resulta fácil de ver: sobre su atuendo lleva un chaleco amarillo reflectante con letras negras, en las que puede leerse un anuncio de “compro oro”. Además, está en una de las calles que desemboca en la Puerta del Sol, y aunque sea un miércoles a las once pasa mucha gente alrededor. Desde que entró a trabajar haciendo publicidad para una joyería, el agua se ha convertido en su mejor aliado del verano. “Si sabes lo que hay, te refrescas como puedes: yo siempre pongo una botella grande a cogelar por la noche, y así me mantengo”, detalla, casi cuatro años después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar las medidas de protección para trabajadores en riesgo de sufrir un golpe de calor.

Él mismo dice considerarse un privilegiado. Nació en República Dominicana y lleva 12 años en España: primero en la zona de Peñíscola (Castellón), luego en Madrid. Ahora, por una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde cobra 1.500 euros en nómina. “Nosotros vamos cuidando dónde nos ponemos, y siempre nos resguardamos en algún sitio con sombra. Pero está bien volver a hablar de esto, porque una mañana de junio aquí a las doce [del mediodía] no se puede estar”, sentencia este empleado, que luego prosigue su jornada. El protocolo municipal contra el calor pide adelantar ciertos trabajos al sol a las primeras horas de la mañana, aunque después de Juan entra otro turno que continúa en calle hasta la noche.

A pocos metros de allí, un operario arrastra una carretilla y transporta cajas a un bar. Prefiere omitir su nombre y en un principio se muestra reacio a hablar, ya que “el jefe está dentro” y teme que oiga algo inapropiado. En pocos segundos, cuenta que trabaja de 10.00 a 14.00 horas durante el primer turno, y luego de 17.00 a 21.00 en el segundo. “Por lo menos me quito de en medio las horas de calor”, resuelve al despedirse. Sobre esa hora, un albañil que limpiaba y retiraba escombros en una obra cercana confirmó que él también había entrado en horario de mañana: empieza a las 7.00 y sale a las 15.00 horas. Explica que tienen aire en el edificio y sus compañeros “están bien”. Luego vuelve al interior.

Meses antes de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar medidas en un pleno de Cibeles, el Ministerio de Trabajo también movió hilos para salvaguardar las horas de calor. En mayo de 2023, el Gobierno central aprobó el Real Decreto 4/2023, que planteaba fórmulas para proteger a las personas que desempeñan tareas al aire libre en temporadas de calor. Una de las claves de esta estrategia fue la prohibición de desarrollar determinadas actividades a ciertas horas de la tarde, siempre que haya activa una alterta naranja o roja de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. La norma hablaba expresamente de los efectos del cambio climático en el entorno laboral, que considera abocado a adecuarse a estos episodios frecuentes de temperaturas extremas.

De hecho, con la muerte de José Antonio González –el barrendero fallecido en un pico de calor– se produjeron encontronazos entre estas dos instituciones, una municipal y la otra, estatal. En un primer momento, Almeida cargó la responsabilidad sobre la Inspección de Trabajo, pero la vicepresidenta Díaz advirtió que este organismo sí se había puesto en contacto a principios de julio (de 2022) con la empresa Urbaser, una de las contratas del Ayuntamiento para los servicios de limpieza y a la que pertenecía el trabajador, que perdió la vida en una jornada a altas temperaturas. “Yo ese año ni siquiera había tenido nunca un trabajo, pero ahora pienso que se está bien. Tenemos la oficina cerca y allí nos ponen agua; trabajo de 10.00 a 14.00 horas con descanso de 40 minutos. Creo que así, el calor se soporta”.

Quien habla es Sandra, una joven de 20 años que este verano se prueba como captadora a pie de calle en una ONG. Busca posibles socios durante el último tramo de su jornada: apenas le queda una hora para irse a casa. Se ha buscado este empleo para ayudar a pagarse los estudios, y aunque considera que las suyas son buenas condiciones sabe de otros no tan afortunados. “Mi hermana, que es arquitecta, acaba de montar con otros compañeros el primer sindicato de su empresa porque no toman medidas suficientes de seguridad y, con el calor, no pueden estar a pie de obra”, señala, para poco después ponerse a recoger y tomar el camino a casa.

Sin embargo, y pese a admitir la mejoría o celebrar muchos de estos cambios, algunos creen que en Madrid sigue habiendo “más recomendaciones o avisos, que sanciones como tal”. Así lo resume el responsable de Construcciones en Madrid de Comisiones Obreras (CCOO Hábitat), cuyo sindicato ha organizado brigadas propias en verano para vigilar si las empresas cumplen o no las restricciones y advertencias en materia de salud laboral. “El primer año [no recuerda exactamente si fue 2022 o 2021] terminamos presentando 160 denuncias formalmente por infracciones, pero es cierto que cada vez hay menos y cuando notificamos algo, normalmente se cierra”, expone el responsable sindical.

Fuentes municipales, consultadas por esta cuestión, se limitan a remarcar el avance que supone la aprobación de un protocolo municipal contra el calor en las últimas legislaturas, aunque no revelan cifras de sanciones o denuncias internas registradas en este periodo. “Sí, hubo avances, pero aun nos queda conseguir que la prevención sea algo real y no se base solo en un tema burocrático, ni en mecanismos de control. Las sanciones por incumplimientos tienen que ser reales; porque hay más, sí, pero también sabemos que faltan inspectores en plantilla y eso dificulta que sea algo representativo”, zanjan desde CCOO, a la espera de que este verano no repita dramas del pasado.

La Inspección de Trabajo de Toledo ha emitido un informe reconociendo los riesgos que supone para la salud de los agentes medioambientales dedicados a la prevención y extinción de incendios las jornadas “extremas de trabajo y las deficiencias en la organización del mismo”, a raíz de una denuncia de CCOO.

“La Inspección de Trabajo ha constatado, y así lo hace constar, incumplimientos en horas de extinción y descansos entre jornadas, así como deficiencias en la gestión y control del tiempo de trabajo, lo que afecta a la conciliación de la vida personal y laboral por la incertidumbre de la duración de la prestación laboral o desplazamientos, especialmente cuando se activa un caso de gran incendio forestal”, argumento el sindicato.

Advierte igualmente sobre riesgos provocados por “la inseguridad y el miedo” en el trabajo a desarrollar, y de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones cuando asumen la dirección técnica de la extinción del incendio y de la “fatiga física acumulada”.

“Todos estos incumplimientos y deficiencias en la organización del trabajo por parte del Gobierno Regional suponen poner en grave riesgo a los trabajadores y trabajadoras en los incendios forestales, además de que comprometen la propia eficacia del dispositivo Infocam, y en consecuencia la seguridad de la población afectada”.

Jornadas de hasta 23 horas

Dicho esto, CCOO ha recordado que en 2018 la Administración regional fijó un máximo de 12 horas continuadas de presencia en extinción, incluyendo desplazamiento y un descanso mínimo entre jornadas que debía respetarse como regla general.

“Sin embargo, los nuevos procedimientos publicados por la Consejería de Desarrollo Sostenible en los años 2025 y 2026 regulan jornadas de trabajo de hasta 23 horas continuadas sin descanso. Pero lo más grave, es que el sindicato ha recibido comunicaciones formales por parte de trabajadores y trabajadoras que alertan de casos concretos de más de 30 horas de trabajo sin descanso, y registros oficiales Fidias con jornadas de entre 18 y 22 horas, tras las cuales el agente medioambiental debe conducir su vehículo hasta la base o su domicilio”.

Según el sindicato, estas condiciones han causado accidentes 'in itinere' por falta de descanso y la necesidad de apartarse al arcén para descansar “por el riesgo percibido de accidente”.

“A todo ello se suma un problema que el personal viene trasladando desde hace tiempo, como es que durante las guardias de incendios no siempre se releva al agente de otras funciones ordinarias, lo que multiplica la carga mental, introduce conflictos de prioridades de emergencias y dificulta una dedicación verdaderamente centrada en los incendios forestales en la época de riesgo alto y extremo que nos encontramos”.

Dos cartas a Page, sin respuesta

Dicho esto, ha criticado que pese a sus intentos de llegar a acuerdos con la Administración, habiendo remitido incluso dos cartas dirigidas al presidente Emiliano García Page, hasta la fecha no ha habido respuesta. Por ello, hace hincapié en que los agentes medioambientales no están pidiendo privilegios, sino trabajar “con seguridad, con descansos suficientes, con medios adecuados y con una organización coherente y acorde a la responsabilidad que asumen en cada incendio forestal”.

Frente a esta situación, considera “inaceptable” que la respuesta de la Administración sigue siendo “publicar procedimientos con más exigencias y mantener inercias organizativas obsoletas y peligrosas, mientras los problemas de fondo continúan sobre el terreno”.

“Pedimos directamente al presidente, Emiliano García-Page, que interceda para que tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible como la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda se pongan de acuerdo para la revisión inmediata del sistema de guardias, descansos y compensaciones recibidas en todas las funciones de emergencias”.

CCOO concluye que no va a tolerar que, tras las advertencias efectuadas a la Administración y la constatación inspectora de incumplimientos laborales, y que no se actúe y se siga “poniendo en riesgo” a los trabajadores. Advierte de que si esta situación da pie a un accidente laboral, actuará judicialmente contra los responsables por todas las vías legales, incluida la penal.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha convocado 50 becas para la preparación, por el turno libre, de las oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (20 becas) y al Cuerpo de Subinspectores Laborales, en sus dos escalas: Empleo y Seguridad Social (15 becas) y Seguridad y Salud Laboral (15 becas).

Las becas, dotadas con un importe individual de “12.000 euros brutos anuales”, podrán solicitarse del 1 al 14 de julio, ambos inclusive, ha informado este martes el Ministerio de Trabajo.

“Su finalidad es facilitar el acceso a estos cuerpos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los opositores que necesiten apoyo económico, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad”, explica el departamento liderado por Yolanda Díaz.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En ella podrán optar a una beca para uno de los tres cuerpos convocados.

Asimismo, deberán cumplir los requisitos establecidos en la última convocatoria de acceso por turno libre al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social o al Cuerpo de Subinspectores Laborales, en cualquiera de sus dos escalas especializadas, según la beca solicitada.

Criterios para la concesión

Entre los criterios de valoración para la concesión de las becas tendrá “un peso prioritario la menor renta familiar”. “Además, se valorarán el expediente académico y la superación de ejercicios de la convocatoria de oposiciones de 2024 en los Cuerpos de Inspectores de Trabajo o Subinspectores Laborales, en cualquiera de sus dos escalas”, añade el comunicado.

“Este trabajo es de las profesiones más importantes que existen. Permite que la gente trabajadora cobre lo que le corresponde, que los contratos se cumplan, que nadie trabaje en condiciones inseguras. En definitiva, que no haya explotación”, ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en unas declaraciones remitidas a la prensa recogidas por Europa Press.

Díaz ha indicado que preparar una oposición de este calibre es “misión imposible” para “muchísimas personas” que, por motivos económicos, no pueden permitirse pagar una academia. “Por eso, estas becas son claves. Priorizan a aquellas personas, aquellas familias que tienen menos recursos”, ha resaltado la ministra.

La Inspección de Trabajo ha avisado este mes a miles de empresas de la detección de unos 31.500 contratos temporales y fijos discontinuos en presunto fraude. Se trata del I Plan de Choque de 2026 contra la contratación irregular temporal y de fijos discontinuos, ha informado este viernes el Ministerio de Trabajo, que viene realizando estas campañas desde 2018.

“El objetivo de este Plan es evitar la utilización fraudulenta de contratos temporales, cuando los puestos de trabajo deberían estar cubiertos por relaciones laborales indefinidas, o de fijos discontinuos cuando deberían ser fijos ordinarios”, recuerda en una nota la Inspección de Trabajo.

En estas campañas, el organismo público vigilante de la legalidad laboral y en Seguridad Social detecta presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos, e informa a las empresas de esta situación.

Las compañías afectadas reciben una comunicación en la que se les informa de que tienen un mes de plazo para regularizar los contratos, o justificar su legalidad, o de lo contrario se advierte de que se iniciarán las actuaciones inspectoras correspondientes.

14.000 temporales y 17.500 fijos discontinuos irregulares

En concreto, la Inspección de Trabajo ha enviado este mes de junio 20.049 comunicaciones, indica el organismo, que afectan a 31.545 contratos.

Respecto a los contratos temporales irregulares, se han remitido algo más de 9.000 avisos que afectan a un total de “14.071” relaciones laborales.

En cuanto a los fijos discontinuos, se analiza la situación de personas trabajadoras que hayan estado al menos 10 meses y medio en alta en una empresa en los últimos 12 meses, y se han remitido casi 11.000 avisos a empresas que afectan a “17.474 contratos”.

En 2024, el último año del que se tienen datos cerrados de la Inspección de Trabajo, el organismo público transformó en indefinidos más de 167.700 contratos temporales y fijos discontinuos fraudulentos, entre los planes de choque y las actuaciones ordinarias de la Inspección.

La Fundación ONCE del Perro Guía, que se dedica a criar y adiestrar perros guía para personas con ceguera o deficiencia visual grave, ha tenido que hacer indefinidos a seis trabajadores con contratos temporales irregulares por mandato de la Inspección de Trabajo. Además, ha exigido también que elabore un plan de igualdad, confirman fuentes de la propia fundación, medida que ya debería tener desde hace varios años al superar el umbral de 50 empleados.

La Fundación, creada por la ONCE en 1990, entrega cada año más de 120 perros guía de manera gratuita a personas afiliadas a esta entidad. Recibe la gran mayoría de sus fondos de ONCE (5,1 millones de los 5,2 millones de euros de ingresos fruto de su actividad en 2024), más 30.000 euros en una subvención de la Comunidad de Madrid y casi 148.000 euros en donaciones de empresas privadas y particulares, según sus últimas cuentas.

Fuentes de la Fundación ONCE del Perro Guía destacan que la Inspección de Trabajo ha emitido un requerimiento y “no un acta de infracción” contra la entidad, que supone la imposición de una sanción económica. En los requerimientos, los inspectores detectan ciertas irregularidades e instan a las empresas a que las solventen en un determinado plazo, pero sin imponer una multa de partida.

La fundación retrasa la estabilización de otros empleados

Tras una visita a las instalaciones de la fundación en Boadilla del Monte (Madrid), la Inspección de Trabajo consideró que los contratos de seis empleados temporales no se ajustaban a la legalidad vigente y obligó a convertirlos en indefinidos. La medida ha generado “un lío importante” dentro de la fundación, especialmente en las perreras en las que trabaja el personal al cuidado de los animales, explica Benedicto Cubillo, miembro del comité de empresa por el sindicato CCOO.

La regularización ha supuesto saltarse el sistema de mejora de turnos que la fundación tiene establecido por convenio colectivo, que funciona según la antigüedad y del que dependen muchas personas para mejorar sus condiciones. “Por ejemplo, hay gente que lleva cinco años en fin de semana, esperando que salga plaza entre semana y de repente hay contratos tres meses que se les ha hecho indefinidos” en este turno, explica Cubillo.

Fuentes de la plantilla que piden no ser identificadas confirman esta situación de malestar, que la propia directora gerente de la fundación reconoció en un correo electrónico a los trabajadores. En este, apuntaba que, “con carácter previo a esta inspección, desde la dirección ya se estaba trabajando en un plan para ir subsanando ciertas situaciones de temporalidad en los contratos”, pero alega que ahora tendrán que retrasarse.

“Ahora esta actuación supone un imprevisto más que nos obliga a modificar parte de la planificación inicial para regularizar y mejorar la estabilidad de los puestos”, informó la directora gerente a los trabajadores, como ha podido comprobar elDiario.es.

CCOO denuncia “un abuso brutal” de horas complementarias

Desde el comité de empresa, Benedicto Cubillo denuncia las “malas condiciones” de los contratos de los trabajadores en perreras, especialmente. “De los 22 trabajadores que hay hoy trabajando solo tres” tienen contrato indefinido para el turno de lunes a viernes, explica el representante de CCOO.

“El resto son trabajadores con contrato a tiempo parcial”, el contrato que se firma en la fundación para el fin de semana, “realizando horas complementarias, las cuales casi todos han superado”, o son “interinos, con contratos de sustitución en algunos casos”.

Cubillo denuncia “un abuso brutal” de las horas complementarias de los trabajadores a tiempo parcial, una medida que da flexibilidad a las empresas en detrimento de la estabilidad de horas de trabajo de los empleados, así como un convenio colectivo negociándose desde hace varios años, sin avances, y tras pasar una década de congelación salarial.

“Abusan porque trabajar con perros en España es muy difícil. O eres policía o guardia civil en la unidad canina, o entrar en una entidad grande para trabajar con perros es muy difícil. Así que hay mucha gente que, aunque cobre poco y sus condiciones laborales sean pocas, aguanta con el afán de poder trabajar en algo que les gusta y les motiva. Este es un trabajo muy vocacional”, explica el representante de CCOO.

Fuentes de la Fundación ONCE del Perro Guía sostienen que “no existe ninguna actuación que pueda considerarse precarización” del personal. Además, indican que la fundación ya ha dado los primeros pasos para elaborar el plan de igualdad, con el proceso de contratación de una consultora para ello.

La Inspección de Trabajo de Gipuzkoa ha emitido un informe, como contestación a una denuncia efectuada por el sindicato CCOO, en el que se constatan “graves infracciones” en materia de prevención de riesgos laborales por “exposición a cancerígenos” en la empresa Mendiaraiz SL. CCOO ha detallado que, si bien la empresa está radicada en la localidad guipuzcoana de Zumaia, las infracciones están relacionadas con la exposición a humos metálicos y productos cancerígenos en los trabajos de soldadura que se llevan a cabo en los centros de trabajo situados en las calles Amue y Arretxe, en Azpeitia, “en los que hay exposición a manganeso, cromo hexavalante y níquel”.

La Inspección de Trabajo ha podido comprobar que la empresa “incumple la obligación de garantizar la reducción de la exposición todo lo posible”. El sindicato ha apuntado que, según el informe, en los tres centros de trabajo investigados en Azpeitia “la evaluación higiénica ha revelado que existe exposición a valores límite ambientales inaceptables y no conformes, sin que se hayan adoptado medidas preventivas para reducir los mismos”. En otros casos en los que deben llevarse a cabo evaluaciones sucesivas que resultan necesarias para determinar de forma correcta los niveles de exposición, “estas no se han llevado a cabo”, ha señalado la central sindical, según recoge Europa Press.

La Inspección de Trabajo ha comprobado que algunas de estas evaluaciones “estaban previstas en la planificación de la actividad preventiva de los años 2025 y 2026, pero en la realidad no se han llevado a cabo ni calendarizado fechas para su realización”. CCOO ha recordado que esta misma semana el sindicato ha hecho público que una trabajadora de la empresa Ifam Seguridad SL, radicada en Arrasate, está afectada por un cáncer de pulmón cuyo origen profesional ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La trabajadora también estaba expuesta, entre otros productos, a cromo y níquel.

Por ello, ha exigido a las administraciones públicas “mayores controles y sanciones ejemplares” ante los incumplimientos de las empresas. A su juicio, es “excepcionalmente grave” que Mendiaraiz SL hubiese planificado la realización de mediciones que finalmente no se han llevado a cabo, lo que “muestra un claro desinterés por la implantación de medidas que la propia empresa juzgaba necesarias, así como que la prevención de riesgos laborales no es una prioridad”.

El calor en las aulas riojanas ya está en la Inspección de Trabajo. Comisiones Obreras lo ha denunciado y exige que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales, respecto a cumplimiento de las temperaturas en el puesto de trabajo. En su denuncia instan a Inspección que acuda a los centros educativos a comprobar las altas temperaturas que están sufriendo en el final de este curso, así como en el inicio y final de los cursos pasados.

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que es de aplicación y de obligado cumplimiento en todos los centros de trabajo sin excepción, dice en su ANEXO III (Condiciones ambientales de los lugares de trabajo): La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares (centros educativos) estará comprendida entre 17 y 27 ºC. Las altas temperaturas en las aulas ya no pueden tratarse como un episodio puntual ni como una simple incomodidad pasajera. Son una realidad cada vez más frecuente, vinculada al cambio climático, que afecta directamente a la salud del alumnado, del profesorado y del resto de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos.

Por ello, la formación sindical reclama a la Administración que “deje de improvisar y actúe con responsabilidad, previsión y recursos” porque la Consejería “debe garantizar que los centros educativos sean espacios seguros también en los meses de mayor calor, especialmente en junio y septiembre, cuando las temperaturas pueden comprometer el normal desarrollo de la actividad lectiva”.

Y además, exigen que se permita a los centros educativos, “la flexibilización horaria, la adaptación de la jornada lectiva, la reorganización de espacios, los agrupamientos necesarios o cualquier otra medida que permita proteger la salud de la comunidad educativa”. Pero estas actuaciones puntuales no son suficientes y sugieren la puesta en marcha de forma “inmediata un plan regional de adaptación bioclimática de los centros educativos, dotado económicamente y con un calendario real de ejecución. Este plan debe partir de un estudio riguroso de las condiciones de cada centro: orientación, antigüedad de los edificios, exposición solar, ventilación, aislamiento, patios, zonas de sombra y situación de las aulas más vulnerables”.

Y así reclaman inversiones concretas en aislamiento térmico, cerramientos adecuados, ventilación, climatización cuando sea necesaria, toldos, arbolado, elementos de sombra en los patios y mejora energética de los edificios. No se puede seguir trasladando la responsabilidad a los equipos directivos, al profesorado o a las familias cuando el problema es estructural y exige una respuesta pública.

Medidas para combatir el calor en las oposciones

Además, las pruebas de las oposiciones docentes de 2026 comenzarán el sábado 20 de junio, con alrededor de 2.500 personas aspirantes, más los tribunales, en unas fechas en las que ya pueden producirse episodios de calor intenso. Exgien que todos los espacios donde se desarrollen cuenten con condiciones adecuadas de ventilación, abastecimiento de agua fría, control de temperatura, zonas de descanso y una organización horaria que evite, siempre que sea posible, las horas de mayor calor. Y es que apuntan que “las personas aspirantes y los miembros de los tribunales no pueden enfrentarse a pruebas de alta exigencia física y mental en aulas sobrecalentadas. La igualdad de oportunidades también pasa por garantizar unas condiciones materiales dignas y seguras durante todo el proceso selectivo”.

Y por ello exigen una actuación “urgente antes del verano de 2026 y una planificación a medio y largo plazo que prepare a los centros educativos para la nueva realidad climática”.

En una semana en la que los termómetros escalan hacia los 40 grados en varios puntos del país, la Inspección de Trabajo lanza su ya habitual campaña estival para proteger a los trabajadores del calor extremo en su puesto laboral. Yolanda Díaz ha anunciado que esta semana se enviarán más de 110.000 avisos a empresas de los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción.

“No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica celebrado en Barcelona.

En concreto, la Inspección enviará 113.916 avisos para informar a los empleadores de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas.

1,6 millones de euros en multas el pasado verano

La vicepresidenta segunda ha detallado que el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones en esta materia, con la detección de casi 300 infracciones (291), que supusieron multas de alrededor de 1,6 millones de euros para las empresas.

También “92 requerimientos a las Administraciones Públicas”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha recordado que la Inspección también actúa para proteger a los empleados del calor cuando el empleador es público.

En los casos de temperaturas extremas, con alertas de la AEMET u otras agencias regionales, la legislación prevé la posibilidad de adaptar el trabajo o la jornada, e incluso suspender la actividad para proteger la salud de las plantillas.

Además, el Gobierno aprobó en 2024 los llamados “permisos climáticos”, con hasta cuatro días de permiso retribuido para las situaciones “de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”. Aunque, si la naturaleza de la actividad es compatible con el trabajo a distancia, las empresas pueden acogerse a esta opción.

Evitar muertes y accidentes evitables

“Trabajar no puede costar la salud ni la vida”, ha insistido este lunes Yolanda Díaz. El verano pasado, trascendieron varias muertes de trabajadores por presuntos golpes de calor en su puesto laboral, como Ovidiu Vranciu, temporero de 61 años que murió este lunes durante su jornada en plena ola de calor en una explotación agrícola de Alcarràs (Lleida).

A veces los siniestros no se vinculan con el calor, pero son el origen de una caída o la pérdida de capacidad o concentración que da lugar a un accidente. Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) alerta además de que las altas temperaturas aumentan los accidentes laborales un 17,4% durante las olas de calor.

Según los especialistas en salud laboral, la planificación en los días de calor extremo son fundamentales para evitar los siniestros, con medidas preventivas como adaptar los horarios para evitar los picos de calor, aumentar los descansos, habilitar las zonas de sombra, aumentar la hidratación y modificar los uniformes, entre otras.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de València ha dictado varios requerimientos de carácter urgente contra la Conselleria de Educació, Cultura y Universidades a raíz de las denuncias presentadas por la Federación Local de València de la Confederación General del Trabajo (CGT). Las resoluciones de la autoridad laboral confirman graves deficiencias en las condiciones ambientales y de seguridad laboral en 15 centros educativos —entre los que se encuentran, entre otros, el IES Andreu Alfaro de Paiporta, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el IES Lluís Simarro de Xàtiva, el IES Tirant lo Blanc de Torrent, el IES Puçol, el IES El Puig de Santa Maria o los IES Balears y Barri del Carme de València—, e instan a la administración autonómica a adoptar medidas de carácter urgente para revertirlas.

La organización anarcosindicalista anima a los centros educativos valencianos a denunciar ante la Inspección de Trabajo las elevadas temperaturas para conseguir así mejoras en la climatización de las instalaciones y garantizar que el alumnado y los trabajadores estén seguros.

Las resoluciones de la Inspección constatan que las medidas actuales (cortinas verticales y vinilos) son totalmente ineficaces para combatir las olas de calor, registrándose temperaturas que superan los límites legales. Además, señalan que en centros afectados por la dana y reubicados en módulos prefabricados (barracones) se han registrado temperaturas de 9°C en invierno y más de 32°C en verano en zonas donde trabaja el personal docente (como en el caso de las guardias), a pesar de la existencia de aparatos de aire acondicionado en las aulas.

La Inspección de Trabajo requiere a la conselleria instalar equipos de aire acondicionado y aplicar las medidas técnicas necesarias para corregir estas temperaturas extremas. Asimismo, destaca que la carencia de climatización dificulta el normal desarrollo de la actividad educativa, que afecta tanto al personal docente como al alumnado, y exige a la Conselleria garantizar unas temperaturas adecuadas.

Además, las resoluciones coinciden en señalar incumplimientos sistemáticos por parte de la Generalitat Valenciana en materia de prevención de riesgos laborales. Entre ellos, destacan la carencia de vigilancia de la salud (no se acredita que se hayan realizado los reconocimientos médicos periódicos obligatorios al personal), la ausencia de formación sobre los riesgos derivados de las altas temperaturas y la falta de protocolos ante fenómenos meteorológicos adversos.

La secretaria general de la Secció d’Ensenyament de la CGT, Inma Sellés, celebra estas resoluciones como una victoria de la lucha sindical: “No permitiremos que la salud de las trabajadoras y del alumnado esté en riesgo por la inacción de una conselleria que ignora los efectos del cambio climático y las condiciones básicas de seguridad”.

En este sentido, Sellés ha animado al resto de centros educativos del País Valenciano donde se detecten temperaturas por encima de las legales a denunciar esta situación: “Es la única manera de hacer actuar a esta conselleria, que es incapaz de mirar por los derechos de sus trabajadores”.

El sindicato advierte que vigilará el cumplimiento estricto de los plazos marcados por la Inspección y seguirá denunciando cualquier situación que afecte al trabajo de las y los docentes.

Miércoles, 30 de agosto de 2023. Pedro, vecino de Gáldar (norte de Gran Canaria), pinta la fachada del local de sus padres subido a una escalera. El establecimiento está abierto al público. Pueden verse en su interior algunas herramientas, cubos de pintura y sacos de cemento. También hay una barra, neveras y grifos de cerveza. Pero el negocio lleva meses sin actividad.

Aunque se aprecia un cartel con el nombre ‘Cafetería Piscolabis Daniel & Melo’, lo cierto es que nadie lo explota desde hace más de medio año. Pedro solo está realizando una pequeña reforma para volver a alquilarlo. Vive con sus padres en el mismo inmueble donde se encuentra el comercio, pero en la planta superior. Todo parece normal hasta que un subinspector de trabajo que paseaba por la zona se le acerca.

El agente, que no acude al local a raíz de una denuncia, sino que simplemente paseaba por ahí, le pide que se identifique. Está efectuando inspecciones en el marco de una campaña contra la economía irregular y el empleo de extranjeros en el sector de la construcción. Cree que Pedro es un trabajador, por lo que su intención es llevar a cabo un control laboral. Pero Pedro se niega. Y ahí comienzan los problemas.

El hombre le dice al subinspector que no es de su competencia exigirle la identificación y que el establecimiento pertenece a su familia. El agente le responde que debe colaborar y que tiene facultad para entrar libremente, en cualquier momento, en cualquier centro de trabajo. La discusión escala rápido. Pedro adopta una postura “violenta y amenazante”. Ni siquiera ante la presencia de un policía local de Gáldar, que le pide cooperar, se identifica. Continúa mostrando una actitud “nerviosa y dando voces”. Solo facilita sus datos ante el policía cuando el subinspector de trabajo se marcha.

Ocho meses más tarde, una propuesta de sanción llega a su buzón: multa de 12.001 euros por cometer una infracción “muy grave” de obstrucción a la labor inspectora. Daba igual que estuviera trabajando o no. Lo que se castigó fue su negativa frontal a cooperar.

Pedro recurrió por la vía administrativa, pero sus pretensiones fueron desestimadas. También acudió a los tribunales, donde el juez, esta vez, se ha apiadado (solo un poco) de él.

Una sentencia firme del Juzgado de lo Social de Gáldar recoge el relato anterior como los “hechos probados” del encontronazo entre Pedro y el subinspector, tras una “valoración conjunta” de la documentación incluida en el expediente.

El magistrado Ángel Miguel Martín Suárez defiende la “presunción de certeza” de las actas de infracción de la Inspección de Trabajo, establecida en el artículo 23 de la Ley 23/2015, del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, concluye que la conducta de Pedro vulneró varios preceptos de esa misma norma y también del Real Decreto 5/2000, por el que aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

“No obstante”, agrega el juez, el hecho de que el establecimiento fuera de sus padres, que Pedro solo estuviera reformándolo para alquilarlo en un futuro y de que sufriera una “alteración nerviosa” ante el agente han llevado al magistrado a modificar el grado de la sanción de “muy grave” a “grave” y rebajarla a 3.750 euros, el mínimo posible.

El fallo admite que la conducta del hombre resulta “reprochable, rechazable e injustificada”. Pero aplica lo que se conoce como principio de proporcionalidad, recogido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite reducir las sanciones al grado inmediatamente inferior después de analizar “la gravedad del hecho y las circunstancias concurrentes”.

El magistrado detalla en la sentencia que Pedro es demandante de empleo, vive con sus padres y cuida de su madre, a quien la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias reconoció en junio de 2023 el Programa Individual de Atención, consistente en una prestación económica de casi 300 euros para cuidados en el entorno familiar.

El fallo se apoya en doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida en una resolución fechada el 5 de junio de 2025, que establece cómo y cuándo la justicia debe aplicar el principio de proporcionalidad para evitar castigos desmesurados.

Ese caso se centró en las obras realizadas por un particular para construir una piscina en una parcela protegida por su inscripción como Bien de Interés Cultural. El ciudadano inició los trabajos sin haber obtenido las autorizaciones exigidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Sin embargo, fue él mismo quien comunicó los hechos a la administración, que procedió entonces a abrirle un expediente sancionador por una infracción “grave”.

La normativa de patrimonio establecía que el castigo económico para este tipo de faltas debía oscilar entre los 100.001 y los 250.000 euros. Y la multa impuesta al vecino fue la mínima prevista para ese grado.

El afectado recurrió. Y el Supremo reconoció el “carácter desproporcionado” de la sanción por varios motivos. Primero, porque no hubo mala fe por su parte, ya que fue él mismo quien avisó a las autoridades. Segundo, porque quedó constatada la “falta de concreta afectación a ningún yacimiento” y la “ausencia de daño” a restos arqueológicos. Y, tercero, porque el ciudadano obtuvo finalmente la licencia para terminar la construcción de la piscina. La justicia rebajó la multa de 100.001 euros a 10.000.

“Toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras”, indica el fallo del Juzgado de lo Social de Gáldar.

Pedro reconoce a Canarias Ahora que lo ha pasado “muy mal”. La multa ha supuesto una “presión añadida” en su vida, centrada durante los últimos años en el cuidado de su madre. Asegura que jamás habría podido pagar la sanción de 12.001 euros porque no dispone de ese dinero. La de 3.750, en cambio, sí. Pero “a duras penas” y recurriendo a “los pocos ahorros” que tiene.

Niños y niñas de 0 a 3 años permanecen expuestos a temperaturas extremas que este viernes se han movido en una horquilla entre los 33 y 36 grados en el Centro de Alojamiento de Menores 'Los Pilares', ubicado en Oviedo/Uviéu y dependiente del Gobierno del Principado de Asturias.

Pese a su alta vulnerabilidad, la administración autonómica no ha puesto remedio a una situación que ha colocado a bebés y a menores totalmente indefensos en una situación de grave riesgo, según han denunciado representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) e Izquierda Sindical Asturiana (ISA).

Un traslado provisional

Las organizaciones sindicales han comunicado inmediatamente esta situación al Principado y han pedido que los bebés y menores sean trasladados de forma provisional a un espacio seguro mientras se mantengan estas altas temperaturas que se registran en Asturias.

CCOO, CSIF e ISA han advertido a la administración regional del riesgo al que se está exponiendo a los menores. Además, recuerdan que con ello se vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales y se compromete el bienestar integral de los menores, así como la seguridad y salud de los trabajadores.

Una situación “crítica”

Los representantes sindicales sostienen que todos los responsables de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar son “plenamente conocedores” de la situación denunciada.

“Las condiciones ambientales dentro del Centro de Alojamiento de Menores ‘Los Pilares’ han alcanzado una situación crítica”, aseveran.

Las mediciones

Las dependencias que albergan al Grupo de Urgencia de menores de 0 a 3 años han registrado temperaturas extremas, según las mediciones realizadas mediante dispositivos instalados por las propias trabajadoras para controlar la temperatura interior.

Sin embargo, según explican los sindicatos, desde la administración autonómica se sigue sin adoptar “medidas eficaces y definitivas” para corregir esta situación. Ante la gravedad de los hechos, se ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y se ha realizado una comunicación verbal “urgente” ante la Fiscalía de Menores.

Las trabajadoras, también afectadas

“La situación afecta de manera directa a un colectivo de extrema vulnerabilidad: bebés y niños de entre 0 y 3 años que se encuentran bajo el sistema de protección e intervención inmediata de la comunidad autónoma. Las Técnicas de Educación Infantil (TEI), responsables de funciones de atención continuada y cuidados permanentes, desempeñan su labor en condiciones térmicas incompatibles con la normativa de prevención de riesgos laborales, que establece para este tipo de actividad una temperatura máxima recomendada de 25 °C”, señalan los representantes sindicales.

Denuncian que trabajar y residir bajo estas condiciones térmicas supone un posible incumplimiento del Real Decreto 486/1997, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, además de constituir un riesgo evidente para la salud de los menores —incluyendo deshidratación o golpes de calor— y para la seguridad y salud de los trabajadores del centro.

Levantar acta

Ante la falta de actuaciones “efectivas” y la demora en las respuestas logísticas necesarias para climatizar adecuadamente las instalaciones —que recientemente habían modificado sus estructuras organizativas—, las organizaciones sindicales han optado por la vía legal y fiscal con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor e impulsar una intervención técnica inmediata por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

“Esperamos que la Inspección de Trabajo realice una visita extraordinaria a las instalaciones de manera inminente para levantar acta de las condiciones ambientales denunciadas”, confían.

Red de protección infantil

Paralelamente, las organizaciones sindicales han solicitado al Principado la dotación urgente de sistemas de climatización adecuados.

El Centro de Menores ‘Los Pilares’ es una instalación pública integrada en la red de protección infantil del Principado de Asturias. El Grupo de Urgencia de 0 a 3 años tiene como función la acogida inmediata y la valoración diagnóstica de menores en situación de vulnerabilidad familiar o desamparo social.

El grupo 0 a 3 se integró hace apenas un mes al centro 'Los Pilares' y ya han surgido los primeros problemas por la falta de medidas preventivas ante las elevadas temperaturas que se registran este viernes en la comunidad autónoma asturiana. 

El Ministerio de Trabajo ha pedido a la Abogacía del Estado que recurra la sentencia del Supremo del pasado mes de abril que limitó la libre entrada en las empresas que hasta ahora ejercía la Inspección de Trabajo, según adelantan a elDiario.es fuentes ministeriales. El alto tribunal dictó que se exige una autorización judicial para que los inspectores puedan entrar en los centros cuando estos coincidan con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente por ejemplo en las pymes, la gran mayoría de empresas del país.

La petición se concreta en el planteamiento de un recurso por la vía de “incidente de nulidad”, ante el propio Tribunal Supremo, indican estas fuentes, un mecanismo excepcional –y de aplicación bastante restrictiva– que prevé la legislación judicial para pedir la nulidad de una sentencia firme ante vulneración de derechos fundamentales.

La decisión del Ministerio de Trabajo respalda así la postura de los sindicatos profesionales de la Inspección, UPIT y SITSS, que rechazaron frontalmente la valoración del Supremo, que criticaron por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”. La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en las últimas semanas que respetaba la sentencia, pero que no compartía la interpretación del tribunal.

Aunque se trata solo de una primera sentencia del Supremo, sin que se haya sentado jurisprudencia con un segundo fallo, los sindicatos de inspectores alertaron del riesgo de que se consolidara este criterio a futuro.

El sindicato CCOO también denunció la “inconsistencia jurídica de la sentencia” y advirtió de que el establecimiento de requisitos adicionales “imposibilita que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actúe con la inmediatez y celeridad que requieren, en la mayoría de ocasiones, la protección de los derechos de las personas trabajadoras en el ámbito empresarial, incluidos sus derechos fundamentales”.

La exigencia de una orden judicial

La sentencia en cuestión analizó el recurso interpuesto por una empresa de comercio al por mayor de frutas y hortalizas en la Comunidad Valenciana, que fue objeto de una visita de la Inspección de Trabajo junto a la Policía Nacional, dentro de una investigación. La actuación se ciñó a la “zona de trabajo fabril” aunque el mismo centro de trabajo era también el domicilio social de la compañía (una SL).

El empresario denunció la entrada de la Inspección por considerar que había vulnerado si derecho a la “inviolabilidad del domicilio”, reconocido constitucionalmente en el artículo 18 de la Carta Magna. Por este derecho, los inspectores no pueden entrar libremente en las empresas cuando estas son también el domicilio de los empresarios (personas físicas), salvo consentimiento y orden judicial, pero no se extiende esta garantía al domicilio social de las empresas (personas jurídicas).

En este sentido, la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo establece que los Inspectores de Trabajo tienen el carácter de autoridad y están autorizados para: “Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

Sin embargo, contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, la Sala cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró que esa protección sobre el domicilio de las personas debe extenderse también al domicilio social de las empresas.

Con el respaldo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 1999, la Abogacía del Estado ya sostuvo que lo constitucionalmente protegido en el caso de los domicilios de las empresas es el acceso a la documentación –y al centro de dirección de las compañías, indican en los sindicatos de inspectores–, pero no el centro de trabajo en general, lo que limitaría la entrada libre e inmediata de los inspectores en miles de empresas del país.

Fuentes del Ministerio de Trabajo apuntan que, “a la espera del recurso, el organismo autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ejerce sus funciones con total normalidad en el ámbito de la actividad laboral salvaguardando el respeto a los derechos de las personas trabajadoras”.

Las críticas contra “la España sindicalizada” y la labor de tres inspectoras de Trabajo para investigar los abusos laborales en Glovo que el juez Álvaro Lobato efectuó en una sentencia han quedado sin castigo. Así lo confirmó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre, según ha podido saber ahora elDiario.es.

El juez Lobato, titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, trasladó su ideología antisindical que antes había expuesto en artículos de prensa y en actos de la fundación en la que participa en la sentencia por la que rechazó la demanda por competencia desleal de Just Eat contra Glovo.

En su resolución del pasado julio, el magistrado cuestionó la profesionalidad de las inspectoras de Trabajo que testificaron en la vista, a las que atribuyó “un indiscutible sesgo de grupo”, y consideró que su “proceso de toma de decisiones está inevitablemente contaminado por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.

“En todas las declaraciones [de las inspectoras] parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”, apostilló el juez.

Además de desestimar la demanda de Just Eat, que consideraba que los falsos autónomos de Glovo implicaban una competencia desleal contra las compañías de reparto que sí tenían contratados a sus repartidores, el juez Lobato incluyó en su sentencia elogios al modelo laboral de la compañía fundada por Óscar Pierre. El Supremo declaró ilegal el modelo laboral de Glovo en 2020, pese a lo que la compañía lo mantuvo hasta que su fundador fue imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las inusuales manifestaciones del juez en su resolución provocaron que varias instituciones, como el Ministerio de Trabajo, el sindicato CCOO o la Unión Progresista de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (UPIT), remitieran escritos de queja ante el CGPJ. La UPIT alertó del “grave precedente” de los ataques “misóginos” del magistrado, a quien afearon sus “flagrantes faltas de equidad y objetividad”.

Pese a la petición de la central que en Catalunya encabeza Belén López, el Govern rechazó sumarse a las quejas ante el CGPJ contra Lobato tras participar el año pasado en el acto de los 10 años de la compañía junto a representantes de UGT, CCOO y las patronales pocos días antes del juicio. El acto fue esgrimido por la defensa de Glovo en su juicio por la demanda de Just Eat.

Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tras las quejas presentadas por distintas instituciones, el CGPJ incoó una diligencia informativa (una investigación preliminar antes de decidir si se abre un expediente sancionador) que se archivó el pasado mes de noviembre al no considerar las consideraciones del juez Lobato pudieran suponer una infracción disciplinaria.

Un mes después, la comisión permanente del CGPJ tomó conocimiento por mayoría del carpetazo de las quejas. El vocal Carlos Hugo Preciado, elegido a iniciativa de Sumar, fue el único que votó en contra del archivo al considerar que el magistrado cometió una falta de desconsideración porque sus manifestaciones fueron impertinentes y despectivas.

Lobato llegó al juzgado mercantil 2 de Barcelona hace cuatro años. Se reincorporó así a la carrera judicial, de la que había cogido una excedencia en 1996 para pasar por grandes despachos privados como Gómez-Acebo y Pombo y DLA Piper. También fundó su propio bufete. En la actualidad, es secretario de la fundación Fide.

En un vídeo de hace once meses de la fundación, el juez había cuestionado abiertamente el papel de los sindicatos. “Se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”, se preguntaba el juez Lobato.

La plataforma de reparto a domicilio Uber Eats ha reconocido por escrito la deuda pendiente con la Seguridad Social, de unos 110 millones de euros, por cotizaciones sociales impagadas de 60.000 trabajadores de reparto a domicilio contratados como 'falsos autónomos', según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso.

Uber Eats anunció el pasado mes de enero su intención de dejar de trabajar con repartidores autónomos en España y ahora se hace efectivo el compromiso adquirido públicamente de regularizar las cotizaciones de la plantilla que, durante sus años de operaciones, había estado dada de alta como trabajadores por cuenta propia sin respetar los principios recogidos en la denominada 'Ley Rider'.

La Inspección de Trabajo abrió en julio del año pasado una investigación sobre esta plataforma para vigilar que su modelo de contratación cumplía con las exigencias legales de reconocer como asalariados a sus trabajadores. Meses después, en marzo de este año, la Inspección concluyó sus actuaciones sobre Uber Eats con la reclamación de 110 millones de euros por cotizaciones impagadas y 60.000 altas de falsos autónomos.

La regularización de los trabajadores, un total de 60.000, se produjo además después del endurecimiento de las responsabilidades que –tal y como está ocurriendo en el caso de Glovo– incluyen la vía penal y de la amenaza expresa del departamento de Yolanda Díaz de acudir a esta posibilidad en caso de que Uber Eats persistiera en un incumplimiento de la Ley Rider.

Esta norma, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021. La ley, fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores.

En ella se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020 en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Polémico fallo del Tribunal Supremo contra la libre entrada en las empresas que hoy ejerce la Inspección de Trabajo. El Alto Tribunal ha dictado una sentencia que exige una autorización judicial para que los inspectores puedan entrar en los centros cuando estos coincidan con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente por ejemplo en las pymes, la gran mayoría de empresas del país. Los dos principales sindicatos profesionales de la Inspección han rechazado frontalmente la valoración del Supremo, que critican por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”.

Al solo existir una sentencia del Supremo, sin que se haya sentado jurisprudencia con un segundo fallo, los sindicatos de inspectores indican que seguirán ejerciendo sus funciones y entrando libremente en las empresas como hasta el momento, pero alertan de este criterio y reclaman “una profunda y más cualificada reflexión” para futuros fallos.

El caso analiza el recurso interpuesto por una empresa de comercio al por mayor de frutas y hortalizas en la Comunidad Valenciana, que fue objeto de una visita de la Inspección de Trabajo junto a la Policía Nacional, dentro de una investigación. La actuación se ciñó a la “zona de trabajo fabril” aunque el mismo centro de trabajo era también el domicilio social de la compañía (una SL).

Derecho a la inviolabilidad del domicilio, también de las empresas

El empresario denunció la entrada de la Inspección por considerar que había vulnerado si derecho a la “inviolabilidad del domicilio”, reconocido constitucionalmente. Por este derecho, los inspectores no pueden entrar libremente en las empresas cuando estas son también el domicilio de los empresarios (personas físicas), salvo consentimiento y orden judicial, pero no se extiende esta garantía al domicilio social de las empresas (personas jurídicas).

Así, la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo establece que los Inspectores de Trabajo tienen el carácter de autoridad y están autorizados para: “Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a inspección y a permanecer en el mismo. Si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de una persona física, deberán obtener su expreso consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial”.

Contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, la Sala cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo considera que esa protección sobre el domicilio de las personas debe extenderse también al domicilio social de las empresas.

El Tribunal Constitucional ya falló en una sentencia de 1999, tras recordar que las personas jurídicas carecen de intimidad, que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de las sociedades mercantiles “solo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros”.

La Abogacía del Estado sostuvo que lo constitucionalmente protegido en el caso de los domicilios de las empresas es el acceso a la documentación –y al centro de dirección de las compañías, indican en los sindicatos de inspectores–, pero no el centro de trabajo en general, lo que limitaría la entrada libre e inmediata de los inspectores en miles de empresas del país.

Los magistrados del Supremo sostienen sin embargo que la protección constitucional debe extenderse a la entrada en el domicilio social de la empresa, aunque no haya ningún registro de documentación. “La única excepción podría venir dada, una vez valoradas las específicas circunstancias de cada caso, cuando entre la zona de oficinas del domicilio social y la zona de centro de trabajo exista una separación física apreciable y, además, la autoridad o sus agentes informen de que su propósito es únicamente acceder a la primera para el cumplimiento de sus funciones legalmente previstas”, añade la sentencia.

Frontal oposición de los inspectores: “El tribunal está legislando”

Los sindicatos de la Inspección SITSS y UPIT han difundido este lunes dos comunicados muy críticos con la sentencia judicial, que recuerdan que su ley ordenadora regula expresamente la exclusión solo del domicilio de las personas físicas. “No se está interpretando un precepto que ofrezca dudas jurídicas, sino más bien se está 'legislando' por el Tribunal, ampliando una norma sin justificar por qué se pone en duda la voluntad del legislador”, advierten desde la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.

El Supremo indica que hay un “vacío legal” en la Ley de la Inspección respecto al domicilio social de las empresas y que, por su parte, procede “la aplicación directa de la correspondiente norma constitucional”, que interpreta.

El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí cuestiona también ese supuesto “vacío” normativo. “No parece que exista tal vacío normativo. El artículo 13.1 establece una regla general taxativa: la Inspección de Trabajo puede entrar libremente en los centros de trabajo sin necesidad de autorización judicial. Y, a continuación, incorpora una única excepción expresa: cuando el centro coincida con el domicilio de una persona física. Desde esta perspectiva, no estamos ante una laguna, sino ante una opción legislativa consciente”, valora en su blog.

El sindicato SITSS alerta de que “esta doctrina tiene un impacto especialmente relevante en el tejido empresarial español, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas en las que es habitual que el domicilio social coincida con el centro de trabajo”. La necesidad de recabar autorización judicial de forma sistemática, señala, “comprometería seriamente la inmediatez y eficacia de la actuación inspectora”.

Los magistrados indican incluso que “cabe preguntarse” si la Ley de la Inspección “está viciado de inconstitucionalidad por omisión” al no proteger la entrada en el domicilio social de las empresas. UPIT subraya que, si el Tribunal Supremo tenía dudas sobre un posible defecto de inconstitucionalidad de la ley, “automáticamente debería haberse abstenido de actuar al carecer de competencias en materia constitucional de normas con rango de ley o, al menos, haber planteado cuestión de inconstitucionalidad ante el único órgano competente para la interpretación de la norma máxima que es el Tribunal Constitucional”.

“Desde el absoluto respeto a las sentencias judiciales y a los convenios internacionales ratificados por España, desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se hace una valoración crítica de este pronunciamiento”, responden por su parte fuentes del Ministerio de Trabajo. “En cualquier caso, se estima que la valoración de la constitucionalidad o no del precepto correspondería al Tribunal Constitucional”, añaden.

Los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) han presentado esta mañana una denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud por “vulnerar el derecho a la huelga, por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga”, han comunicado. Los sindicatos han pedido a la Inspección de Trabajo que levante un acta de infracción “para imponer las sanciones legales y requiera al SALUD para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva”.

Los médicos y facultativos celebran hoy una nueva jornada de huelga autonómica, que continuará hasta el viernes, secundada por en torno al 80% de los profesionales de hospitales y el 50% en Atención Primaria, según datos de los sindicados. También se han celebrado concentraciones de protesta ante el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y el Hospital Obispo Polanco de Teruel; así como ante todos los centros de trabajo para el personal que cumple los servicios mínimos decretados. Con estas protestas reclaman al Gobierno de Aragón “equiparar sus condiciones laborales con las del resto de comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria”. Los datos de seguimiento proporcionados por el Ejecutivo son sustancialmente más bajos: el 9,27 % durante la jornada de mañana, es decir, de un total de 3.646 efectivos reales, han secundado la huelga 338 profesionales.

Esta es la décimo sexta jornada de huelga desde diciembre y, según los convocantes, en todo momento se han mantenido las mismas cifras de seguimiento, “pero que en lugar de atenderlas, el Servicio Aragonés de Salud, como órgano empleador, ha incurrido en conductas contrarias al deber de negociación” y solo ha habido “comparecencias meramente formales de sus representantes, sin voluntad de acuerdo”.

La denuncia a Inspección de Trabajo, que se suma a la ya interpuesta en los Tribunales por servicios mínimos “abusivos” durante la huelga, busca “abrir una auténtica negociación, con propuestas que den respuesta a nuestras demandas para mejorar la calidad asistencial en Aragón”.

La denuncia recuerda que la ley obliga a las dos partes de una huelga a “negociar de forma leal y no obstructiva para poner fin al conflicto, por lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado que las conductas empresariales que vacían este principio pueden constituir una vulneración del derecho de huelga”. Las sanciones por incumplir este derecho de audiencia y consulta de los trabajadores y sus representantes es una multa que puede superar, en los casos más graves, los 220.000 euros.

Para los sindicatos médicos de Aragón este es el caso, ya que el Gobierno de Aragón “está afectando gravemente a la atención sanitaria de los ciudadanos”: “Desde la primera convocatoria de huelga, solo se han celebrado dos reuniones sin comunicación ni intención de negociación real”. Los profesionales han subrayado que el “fin principal” de la denuncia es instar al Gobierno de Aragón a entablar una auténtica negociación “para la que siempre hemos tenido la mano tendida”. Así, también se ha solicitado a Inspección de Trabajo que actúe como mediadora, una posibilidad que regula el Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.

En aplicación de esta norma, se ha solicitado igualmente que se convoque a las partes, el Servicio Aragonés de Salud y el Comité de Huelga, a una reunión de mediación “a la mayor brevedad posible” y que en este marco “se promueva un proceso de negociación real y efectiva, de buena fe, orientado a la solución del conflicto”.

Mañana, junto con los paros se realizarán nuevas concentraciones al mediodía en los hospitales Miguel Servet (Zaragoza) y Obispo Polanco (Teruel) y los cinco días de huelga autonómica enlazarán con una nueva convocatoria nacional del 27 al 30 de abril, que también reclama al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio de médicos y facultativos. Si sigue sin haber respuesta, el siguiente paro, nacional y autonómico, de médicos y facultativos, será del 18 al 22 de mayo.

Reunión del consejero con representantes sindicales

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, y la gerente del SALUD, Ana Castillo, han mantenido este martes reuniones con miembros de todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. En primer lugar, ha sido convocado el sindicato CEMS y posteriormente SATSE; CSIF; CC. OO; UGT; FASAMET y FTPS. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el consejero y la gerente del SALUD han querido “trasladar su respeto hacia la postura de los convocantes de la huelga y reafirmar su compromiso con el diálogo y la transparencia”.

Las mismas fuentes han recordado que, “desde el inicio de la legislatura (2023) se ha trabajado en un plan de mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales del sistema sanitario aragonés, diseñado para desarrollarse a lo largo de los cuatro años”. Las reuniones celebradas hoy “responden al compromiso adquirido por el consejero de Sanidad de mantener un diálogo constante con las organizaciones sindicales”.

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, también ha pedido explicaciones al Gobierno de Imanol Pradales por haber invitado a la empresa La Gilda del Norte al 'stand' de la sociedad pública Hazi en la feria Salón Gourmets que se celebra estos días en el recinto ferial de Ifema en Madrid, como publicó este periódico. El expositor abrió apenas 72 horas después de que la Audiencia Provincial de Bizkaia condenara al dueño de la compañía (en realidad llamada Agricultura Creativa 2015) por delitos “reiterados” contra los derechos de sus trabajadores extranjeros, a los que empleaba sin contrato y presionaba para que se escondieran (incluso en cámaras frigoríficas) cuando llegaban las inspecciones.

EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco sendas solicitudes de información a los consejeros de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, del PNV, y de Economía, Trabajo y Empleo, el vicelehendakari Mikel Torres, del PSE-EE. Además de la sentencia judicial, la Inspección de Trabajo, que depende del Ejecutivo, ha sancionado igualmente a La Gilda del Norte por las mismas prácticas.

El parlamentario Mikel Díaz de Alda, recién incorporado a la Cámara, pregunta a Barredo si considera verdaderamente, como publicitó el Gobierno coincidiendo con la inauguración de Salón Gourmets, que La Gilda del Norte puede representar “lo mejor” de la gastronomía vasca. “¿Le parece adecuado al Gobierno promocionar a esa firma en Ifema como una empresa ejemplar?”, lanza EH Bildu, que pide detalles del proceso de selección de las empresas que participan en el 'stand' de 'Euskadi Basque Country'.

Por su parte, Pazis García plantea a Torres que detalle las actuaciones de la Inspección de Trabajo en relación a Agricultura Creativa 2015, con sedes en Bizkaia, tanto de producción como los invernaderos o incluso los locales de venta. EH Bildu pregunta a Torres si ha elevado alguna protesta a Barredo en el seno del Gobierno en relación a esta invitación y qué tipo de medidas se adoptarán “para que algo como esto no se vuelva a repetir”.