A tan solo cinco días de que comience el curso escolar, pero con el profesorado y los trabajadores y trabajadoras ya iniciando el periodo lectivo en los centros educativos, la historia de los pasados meses de mayo y junio se repite. Los despachos, las aulas y los patios se abren en medio de un domo de calor extremo que afecta a buena parte del país y muy especialmente a Castilla-La Mancha, en aviso amarillo y naranja por temperaturas máximas de hasta 41 grados en Toledo y Ciudad Real.

Lo mismo sucedió en las últimas semanas del pasado curso escolar. Entonces las asociaciones de madres y padres (AMPA), el profesorado y los sindicatos se movilizaron durante casi un mes para pedir soluciones por las altas temperaturas en las aulas tanto de colegios como de institutos. Hubo mareos, lipotimias y diferentes afecciones a la salud que provocaron un final de curso con protestas y malestar social.

Ahora, el curso arranca de nuevo con una situación calcada en cuanto a temperaturas extremas. Para el 8 de septiembre, día de inicio de las clases, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé 39 grados de máxima en la ciudad de Toledo.

El cambio climático no perdona y así lo ha denunciado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Castilla-La Mancha. Sus responsables de Acción Sindical, Gonzalo Ballesteros y Pedro Viejobueno, así lo han vuelto a poner sobre la mesa.

Y junto con ello han hecho pública una novedad de gran relevancia: la Inspección de Trabajo ha interpuesto dos sanciones a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en materia de seguridad y salud laboral por no haber planificado medidas preventivas contra el calor y por permitir que en los centros educativos se hayan superado los 27 grados, el límite máximo de temperatura que establece la normativa de riesgos laborales para trabajos sedentarios.

Estas infracciones tan solo implican, por ahora, un expediente administrativo y no conllevan ninguna multa económica, pero son una “llamada de atención” a la Administración autonómica ante la carencia de medidas viables para afrontar un fenómeno que STE lleva años denunciando. De hecho, fue este sindicato quien denunció ya en noviembre de 2025 esta situación ante la Inspección de Trabajo.

Ahora, el informe, al que ha tenido acceso este periódico, impone estas dos infracciones después de una evaluación de riesgos por “estrés térmico” y mediciones de temperatura en hasta nueve centros educativos: el CEIP Juan de Padilla, el IES Alfonso X El Sabio, el CEIP Garcilaso de la Vega, el IES Juanelo Turriano, el CEIP Gómez Manrique, el CEIP Rosa Parks y el CEE Ciudad de Toledo, todos ellos en la capital castellanomanchega. A ellos se unen mediciones en el IES Josefina Aldecoa de Illescas.

Estas infracciones vienen a “dar la razón” a una situación que el STE lleva años denunciando: las altas temperaturas suponen un riesgo para la salud del alumnado y de los trabajadores de los centros educativos. Sostienen que sigue así su denuncia de una “escuela de calor” que se repite curso tras curso.

Gonzalo Ballesteros detalla que el propio sindicato ha hecho mediciones de temperatura en los dos últimos años en diez centros educativos de la provincia de Toledo, con datos que después han presentado a los Comités de Salud Laboral, precisamente los órganos donde han exigido soluciones de manera continua.

“Visto que lo único que conseguimos es que las administraciones discutieran entre ellas sobre a quién le competía abordar este problema, decidimos en noviembre de 2025 denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo por vulneración de las condiciones laborales de los trabajadores”, explica. Y después, se sumaron a las denuncias de las AMPA y a sus concentraciones.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué desgracia tiene que suceder para que la Consejería asuma sus competencias y vele por la salud del alumnado y del profesorado?

Ante la previsión de que el curso comience como acabó, con “aulas asfixiantes”, los representantes del STE se preguntan: “¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué desgracia tiene que suceder para que la Consejería asuma sus competencias y vele por la salud del alumnado y del profesorado? ¿Sobre todo ahora que ya tienen dos infracciones por parte de la Inspección de Trabajo donde se les pide que adopten medidas?”

Gonzalo Ballesteros ha recordado que el Real Decreto 486/1997 establece los límites de temperatura máxima y mínima permitidos en los lugares de trabajo cerrados. Según refiere, el empleador, que en este caso sería la Consejería de Educación, debe adoptar las medidas necesarias para que “no haya riesgos para la salud de los trabajadores” y adoptar medidas para que la temperatura no supere los 27 grados.

El informe de la Inspección de Trabajo constata, según los datos recabados de los mencionados centros, una temperatura media de 30,2 grados. El sindicato pone el acento en el hecho de que en días con temperaturas exteriores de 41 grados, que ya superan el umbral de impacto para la salud, en algunos centros educativos la media ha llegado a rondar entre los 33 y los 35 grados, y que de todas las mediciones aportadas en el documento, solamente un aula estaba por debajo de la horquilla de la normativa, con 26 grados.

El decreto “no se cumple”

“La Inspección ha constatado que el decreto no se cumple, que no existen medidas preventivas y que no hay ningún plan por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Son los trabajadores quienes tienen que improvisar medidas para que no haya sustos ni desgracias”.

A ello suman el hecho de que tampoco se informe adecuadamente a los trabajadores de los riesgos para su salud que suponen estas altas temperaturas. “Y lo que es peor, cuando pedimos explicaciones, la Consejería no sabe cuantificar cuántos centros están climatizados o no, y tampoco se ha facilitado esa información a la Inspección de Trabajo”.

También destaca el hecho de que ese informe apunte igualmente a un alto nivel de concentración de dióxido de carbono “por encima de lo permitido”. Esto se debe a que los centros afectados por temperaturas extremas evitan abrir las ventanas para que no entre el calor.

Visto este informe demoledor, ya no hay debate. Ahora la pregunta es cómo y cuándo va el Gobierno a adoptar una solución viable

“Visto este informe demoledor, ya no hay debate. Ahora la pregunta es cómo y cuándo va el Gobierno a adoptar una solución viable. De algo tienen que valer las luchas, las reclamaciones de las familias, los gritos del alumnado y este informe de la Inspección. Ya no es una cuestión de convencer a nadie. Deben hacer algo ya”, recalca Ballesteros.

En el STE son conscientes de que las soluciones a corto plazo son difíciles porque requieren de una partida presupuestaria importante. Por eso, han decidido dar de plazo a la Consejería el curso que ahora empieza para presentar un plan integral “fiable y viable”.

Piden que en el mismo se contemplen tres medidas: que los centros educativos no superen en su interior los 27 grados de temperatura, que los patios escolares cuenten con refugios climáticos y de manera inmediata, por ser “lo menos costoso”, que se apruebe un protocolo de actuación urgente para que el profesorado sepa cómo actuar “cuando el alumnado está en un aula a 32 grados”. “No puede llegar mayo sin ese protocolo claro”, han alertado.

De momento, este sindicato no prevé movilizaciones en el arranque del curso. “No queremos tensionar”, afirman, pero no descartan que, si en mayo, no existe el mencionado protocolo ni una planificación al respecto, se retomen las concentraciones e incluso acudir a los tribunales.

Además, afirman que las infracciones que ha interpuesto la Inspección de Trabajo requieren de una contestación por parte de la Administración autonómica y que, de no ser así, el sindicato seguirá interponiendo denuncias para que finalmente haya multas por “no cumplir con la normativa”.

“Todo esto es un aviso. Ahora tenemos que ver qué van a hacer. Nuestra postura es aportar e intentar solucionar, pero si la Administración sigue respondiendo, jugando con los datos y poniendo ejemplos de centros educativos de la sierra de Cuenca o de Albacete, donde no necesitan estas medidas, no descartamos volver a la lucha”.

A finales del pasado mes de julio, el consejero de Educación, Amador Pastor, avanzó que el Gobierno regional había comenzado a aprobar las primeras “resoluciones parciales” para afrontar nuevos gastos para la climatización de los centros educativos. Según dijo, es la tercera convocatoria de lo que ha denominado su Plan de Climatización, mediante la cual se actuará en total en 174 espacios por 3,25 millones de euros.

A finales del pasado curso educativo hasta 16 AMPA de Toledo protagonizaron una sonora concentración exigiendo medidas para evitar clases en las aulas a 30 grados. Amagaron, además, con nuevas protestas a partir de septiembre si no se ponen soluciones sobre la mesa.

La Asociación de Padres de Niños con Autismo de Extremadura (Apnasurex) ha denunciado la sanción de 9.000 euros, que es “la máxima prevista en el orden social”, impuesta por la Inspección de Trabajo a raíz de la caseta solidaria que la entidad instaló en la Feria Ibérica de la Alfarería y el Barro de Salvatierra de los Barros. Pese a no reconocer infracción alguna, la entidad pagará finalmente 5.400 euros al acogerse a la reducción del 40% por pronto pago para evitar derivar fondos a procesos judiciales.

Los hechos se remontan al pasado 30 de mayo, cuando la Inspección de Trabajo, acompañada por la Guardia Civil, se personó en la caseta e identificó a varios de los 14 voluntarios presentes. A partir de las declaraciones de dos de ellos, la autoridad laboral concluyó la existencia de una relación laboral encubierta.

Apnasurex considera esta interpretación “radicalmente errónea” y recalca que aportó documentación probatoria: los 15.010 euros recaudados se ingresaron íntegramente en la cuenta bancaria de la entidad, los pagos realizados correspondían de forma exclusiva a proveedores y se presentaron tanto los estatutos como cartas de apoyo del Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros y de la Federación Autismo Extremadura.

La organización ha explicado que la decisión de asumir el pago responde únicamente a la responsabilidad con los 30 niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA) a los que presta servicio. Según destacan, “cada euro destinado a un procedimiento administrativo o judicial es un euro que se le resta a ellos”. La iniciativa de la Caseta Solidaria echó a andar en 2008 con el objetivo de recaudar fondos para su Escuela de Verano, una actividad que permite a los menores mantener sus rutinas durante el periodo estival y ayuda a las familias en la conciliación laboral y personal.

Desde la entidad lamentan que una asociación que lleva 18 años “supliendo con voluntariado y solidaridad lo que la Administración no hace, termine siendo sancionada precisamente por ejercer ese voluntariado”.

Por su parte, la Federación de Autismo de Extremadura ha mostrado su respaldo explícito a Apnasurex y ha exigido el archivo del expediente. Su presidente, Rafael Hernández Fernández, ha insistido en que las personas identificadas “eran voluntarios, no trabajadores”, remarcando que la caseta es una iniciativa benéfica y no un negocio. A pesar del varapalo económico, Apnasurex ha confirmado que mantendrá la iniciativa en marcha: “La injusticia puede doler, pero no puede detenernos”.

La Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya ha abierto un expediente sancionador a Glovo y a sus subcontratas por mantener la actividad de sus repartidores durante una alerta roja por calor en Barcelona este verano. El procedimiento terminará con una multa de hasta 49.180 euros.

Según ha avanzado El Periódico y ha confirmado Europa Press, los hechos denunciados por la CGT ante la Inspección de Trabajo ocurrieron el 8 de julio, día en el que se llegó a alcanzar una temperatura de 40 grados en Barcelona, y pese a lo cual la compañía mantuvo la actividad habitual de los repartidores.

Que los riders circulen normalmente en un episodio de altas temperaturas, explica la resolución del organismo, va en contra tanto del propio protocolo de climatología adversa de Glovo como de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

La CGT presentó una denuncia ante Trabajo, ahora resuelta con una propuesta de sanción, que puede variar entre un importe de 2.451 euros, en su grado mínimo, y 49.180 euros en su grado máximo, a determinar por el organismo.

Glovo, por su parte, afirma no haber recibido aún dicha resolución de la entidad del departamento de Trabajo, y está a la espera de poder analizarla.

La Inspección de Trabajo ha requerido formalmente a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción urgente de numerosas medidas preventivas y la corrección de “graves” deficiencias.

La actuación tiene su origen en una denuncia presentada por el delegado de prevención de CCOO ante la falta de respuesta efectiva a las reiteradas reclamaciones realizadas mediante escritos oficiales y en el seno de los Comités de Seguridad y Salud, según ha informado la central sindical por nota de prensa.

Tras la denuncia, la Inspección de Trabajo ha requerido a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo la adopción de las medidas más urgentes, relacionadas con situaciones de especial gravedad, en un plazo de 15 días. Para la implantación del resto de medidas correctoras se ha establecido un plazo de dos meses.

El requerimiento afecta a un total de 63 servicios del Hospital Universitario de Toledo. Entre ellos se encuentran los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Anatomía Patológica, donde, tal y como viene denunciando el sindicato desde hace años, continúan existiendo problemas que todavía no han sido solucionados de forma definitiva.

Entre las situaciones a corregir se señalan riesgos en las cabinas de seguridad biológica que obligan a reparar o sustituir elementos; estrés térmico en la cámara frigorífica de bioquímica que requiere del uso de ropa de protección; almacenamiento de productos que no reúne las condiciones de ventilación aplicables; o falta de espacio en urgencias de psiquiatría donde se insta a realizar las exploraciones en un lugar donde no haya instrumentos que puedan emplearse para hacer daño, por citar algunas.

En el caso de los laboratorios, durante una comparecencia con representantes de la Gerencia y de la Inspección, el delegado de prevención puso de manifiesto que varias trabajadoras presentaban valores de ácido fórmico en orina superiores a los límites de referencia.

Ante estos hechos, la inspectora manifestó que investigaría la situación, teniendo en cuenta que las trabajadoras afectadas todavía no habían visto una adaptación efectiva de sus puestos de trabajo pese a que existe una comunicación interna del Servicio de Prevención en la que se plantea la necesidad de reubicarlas.

Preocupa “especialmente” la situación en los laboratorios

“Para CCOO resulta especialmente preocupante la situación de estos laboratorios donde casi dos años después de las intoxicaciones sufridas por varias trabajadoras siguen pendientes actuaciones fundamentales para garantizar plenamente la seguridad y la salud del personal”, han señalado desde el sindicato.

Asimismo, el sindicato destaca que, según las resoluciones recibidas por las trabajadoras afectadas, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido el recargo de prestaciones en relación con trabajadoras que causaron baja tras las intoxicaciones sufridas, al considerar que no disponían de medios de protección adecuados.

Para CCOO, estos hechos evidencian la gravedad de una situación que no puede seguir prolongándose en el tiempo.

“La salud de las trabajadoras y los trabajadores no puede depender de años de reclamaciones, denuncias o requerimientos de la Inspección de Trabajo para que se adopten las medidas preventivas necesarias”, han apuntado en este sentido.

El sindicato señala, no obstante, que se han producido cambios en la Dirección de Gestión se aprecia una actitud diferente y una mayor disposición a buscar soluciones.

CCOO espera ahora que los requerimientos efectuados por la Inspección de Trabajo se cumplan dentro de los plazos establecidos y que las medidas correctoras se traduzcan en actuaciones reales y efectivas.

“El sindicato continuará vigilando el cumplimiento de los requerimientos de la Inspección de Trabajo y exigiendo a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo que garantice unas condiciones de trabajo seguras y saludables para toda la plantilla”, ha concluído CCOO.

El Hospital asegura que ya ha solucionado los riesgos de mayor prioridad

A preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo no se han referido de forma específica al requerimiento que ha solicitado Inspección de Trabajo, sino que han señalado que su servicio de prevención de riesgos laborales realiza anualmente la Planificación de la Actividad Preventiva, “que incluye la realización de las correspondientes Evaluaciones de Riesgos en las distintas áreas y puestos de trabajo”.

“Como resultado de dichas evaluaciones, se identifican las medidas preventivas necesarias y se establece una priorización de las actuaciones en función del nivel de riesgo, atendiendo a la probabilidad de ocurrencia y a la gravedad potencial de sus consecuencias. Sobre esta base, la Dirección Gerencia impulsa y coordina la ejecución de las actuaciones correctoras previstas, desarrollando un plan de intervención progresivo a lo largo del ejercicio y adecuando su ejecución a la prioridad de los riesgos detectados”, añaden las mismas fuentes.

Por último, desde el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo afirman que las actuaciones asociadas “a los riesgos de mayor prioridad se encuentran ya ejecutadas o en fase avanzada de ejecución”. “Asimismo, para el resto de medidas preventivas se dispone de una planificación específica, encontrándose una parte significativa de ellas ya implantadas”, culminan.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado las sanciones impuestas a Cabify y otras tres empresas vinculadas a su red de conductores por valor de 547.520 euros. Las multas, por una infracción muy grave relacionada con la cesión ilegal de trabajadores, han quedado sin efecto porque el tribunal considera que las actuaciones de la Inspección de Trabajo de la Generalitat superaron el plazo máximo legal.

La resolución, avanzada por El Periódico, deja sin efecto seis actos de sanción. Fuentes del Departament de Empresa y Trabajo han confirmado la recepción de la resolución y aseguran que están analizándola para evaluar los pasos a seguir. El argumento de las compañías es que la administración catalana tardó 17 días más de lo permitido por la ley en remitirles las actas infractoras y el del expediente sancionador.

Los hechos inspeccionados se remontan a 2020, cuando la Inspección de Trabajo empezó a investigar cómo funcionaba el sistema de conductores de Caibify y descubrieron que había una red de empresas que posibilitaban el servicio, pero dependientes todas de mismo algoritmo. Los clientes venían de Cabify, pero las flotas de conductores operaban bajo otras firmas.

La autoridad laboral les acusó de cesión ilegal de trabajadores, lo que calificó como una falta muy grave. Ahora bien, según dicta la ley, estas actuaciones comprobatorias no pueden alargarse más de nueve meses.

La secció sindical de CSIF a l'empresa de seguretat privada Trablisa ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè s'investigui el cop de calor patit per un vigilant que prestava servei a Palma.

L'emergència sanitària, que va implicar que el treballador hagués de ser traslladat en ambulància amb un quadre compatible amb un cop de calor i deshidratació, va ocórrer diumenge passat al punt verd d'Emaya situat al polígon de Son Castelló.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, va ser al voltant de les 12.00 hores quan el vigilant va haver de ser traslladat a un hospital per rebre atenció mèdica. elDiario.es ha enviat una petició d'informació a l'empresa sense que hagi estat resposta en el moment de publicació d'aquesta notícia.

A això, segons ha denunciat CSIF, se li suma el fet que els serveis sanitaris van registrar durant la seva intervenció un avís corresponent a un nivell tres d'alerta per contaminació ambiental a les instal·lacions.

El tècnic d'emergències, sempre d'acord amb l'organització sindical, va elaborar un informe oficial per comunicar formalment la incidència detectada.

Des de CSIF han considerat que la coincidència d'una emergència sanitària compatible amb un cop de calor i l'alerta per contaminació ambiental “obliga a realitzar una investigació exhaustiva i urgent sobre les condicions al centre de treball”.

És per això que ha demanat a la Inspecció de Treball si s'havien avaluat adequadament els riscos existents, especialment en els aspectes relacionats amb les altes temperatures, l'exposició a contaminants ambientals o l'existència de protocols d'actuació.

També han sol·licitat que indagui en el possible caràcter laboral de l'accident o dany sofert pel treballador i que examini tota la documentació relacionada amb l'emergència, incloent-hi l'informe elaborat pels serveis sanitaris.

Així mateix, ha demanat que es comprovi si, una vegada produïda l'emergència i detectada l'alerta ambiental, es van adoptar de forma immediata totes les mesures necessàries per protegir la resta de treballadors presents a les instal·lacions.

En cas de detectar-se incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, CSIF ha exigit que s'adoptin les mesures inspectores i sancionadores que legalment corresponguin, com també totes aquelles actuacions necessàries per impedir que situacions similars tornin a repetir-se.

La sección sindical de CSIF en la empresa de seguridad privada Trablisa ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que se investigue el golpe de calor sufrido por un vigilante que prestaba servicio en Palma.

La emergencia sanitaria, que implicó que el trabajador tuviera que ser trasladado en ambulancia con un cuadro compatible con un golpe de calor y deshidratación, ocurrió el pasado domingo en el punto verde de Emaya situado en el polígono de Son Castelló.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, fue sobre las 12.00 horas cuando el vigilante tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. elDiario.es ha enviado una petición de información a la empresa sin que haya sido respondida en el momento de publicación de esta noticia.

A ello, según ha denunciado CSIF, se le suma el hecho de que los servicios sanitarios registraron durante su intervención un aviso correspondiente a un nivel tres de alerta por contaminación ambiental en las instalaciones.

El técnico de emergencias, siempre de acuerdo con la organización sindical, elaboró un informe oficial para comunicar formalmente la incidencia detectada.

Desde CSIF han considerado que la coincidencia de una emergencia sanitaria compatible con un golpe de calor y la alerta por contaminación ambiental “obliga a realizar una investigación exhaustiva y urgente sobre las condiciones en el centro de trabajo”.

Es por ello que ha pedido a la Inspección de Trabajo si se habían evaluado adecuadamente los riesgos existentes, especialmente en los aspectos relacionados con las altas temperaturas, la exposición a contaminantes ambientales o la existencia de protocolos de actuación.

También han solicitado que indague en el posible carácter laboral del accidente o daño sufrido por el trabajador y que examine toda la documentación relacionada con la emergencia, incluyendo el informe elaborado por los servicios sanitarios.

Asimismo, ha pedido que se compruebe si, una vez producida la emergencia y detectada la alerta ambiental, se adoptaron de forma inmediata todas las medidas necesarias para proteger al resto de trabajadores presentes en las instalaciones.

En caso de detectarse incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, CSIF ha exigido que se adopten las medidas inspectoras y sancionadoras que legalmente correspondan, así como todas aquellas actuaciones necesarias para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Este 12 de agosto se cumplen cinco años desde que la llamada 'Ley Rider' entró en vigor. La norma fue una iniciativa del Ministerio de Trabajo tras el 'boom' de las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio, como Deliveroo, Glovo y Uber Eats, que inundaron el sector con falsos autónomos, como sancionó la Inspección de Trabajo y los tribunales. Un lustro después, la situación ha cambiado notablemente, recuerda la agencia EFE.

Ante el abuso generalizado de falsos autónomos, pese a las sanciones y sentencias que invalidaban este modelo, el departamento de Yolanda Díaz negoció esta legislación con los sindicatos y las patronales, para reforzar el carácter laboral de los repartidores de estas plataformas digitales, también denominados riders.

Tras años de multas, la aprobación de esta ley y la amenaza de cárcel a directivos, las grandes multinacionales abandonaron –y han anunciado que lo harán– el modelo de mensajeros autónomos. Colectivos como RidersxDerechos y los sindicatos advierten ahora de nuevas formas de precariedad, como el abuso de la subcontratación.

A continuación, se recoge una cronología con algunos de los hitos que precedieron y sucedieron a la 'Ley Rider':

Abril de 2017 – Más de cien repartidores de Deliveroo envían un burofax a la empresa para mejorar sus condiciones. Son los inicios de la organización de los mensajeros, que ya se popularizaban como riders.

Junio de 2017 – Inicio de RidersxDerechos, colectivo de repartidores clave en la lucha contra los falsos autónomos en el sector, con actividad sobre todo en Barcelona en un inicio.

2 de julio de 2017 – 'Riders' de Deliveroo convocan la primera huelga en todo el país para reclamar mejores condiciones, tras una primera manifestación en Madrid y Barcelona.

18 de diciembre de 2017 – La Inspección de Trabajo concluye que los 'riders' de Deliveroo son falsos autónomos tras su actuación en Valencia, a la que seguirían muchas más sanciones en ciudades de todo el país. También para otras multinacionales claves del sector, como Glovo y Uber Eats.

3 de mayo de 2018 – Deliveroo y un 'rider', Víctor Sánchez, se enfrentan por primera vez en los tribunales en España. Sánchez rechazó unos “10.000 euros” que le ofreció la multinacional para evitar el juicio.

4 de junio de 2018 – Una jueza de Valencia reconoce a Víctor Sánchez como falso autónomo de Deliveroo.

Otras muchas sentencias sucederían a este fallo, tanto individuales como grupales, tras las demandas de trabajadores organizados cada vez más por distintos sindicatos, regionales como la IAC y estatales como UGT, así como por las demandas de oficio de la Seguridad Social tras las actuaciones de la Inspección. Los tribunales fueron sancionando poco a poco a las empresas de manera generalizada, aunque Glovo conseguía algunas victorias en tribunales de primera instancia.

26 de mayo de 2019 – Muere Pujan, un joven repartidor de 22 años de origen nepalí en un accidente en Barcelona. Su fallecimiento visibilizó el último eslabón de la precariedad de los riders: los mensajeros sin registrar, en su gran mayoría migrantes sin papeles, que alquilaban o tomaban prestadas cuentas para poder trabajar.

29 de noviembre de 2019 – El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta una importante sentencia sobre Glovo, al aunar criterio y considerar que su modelo de riders es de falsa autonomía.

Febrero de 2020 – Yolanda Díaz anuncia que elaborará una regulación contra los falsos autónomos en el reparto a domicilio. El Ministerio de Trabajo negoció durante meses con los sindicatos y las patronales, así como con el Ministerio de Economía.

23 de septiembre de 2020 – Primera sentencia del Tribunal Supremo que declaró que la relación laboral de un rider (de Glovo) era de falsa autonomía en España. Ganó el caso uno de los primeros mensajeros de la empresa, Isaac Cuende.

10 de marzo de 2021 – El Gobierno, las organizaciones sindicales y las empresariales alcanzan un acuerdo definitivo sobre el texto de la futura norma, que reconoce el estatus laboral de los riders.

11 de mayo de 2021 – Dos meses más tarde, el Gobierno aprueba la Ley Rider, el Real Decreto-ley 9/2021 para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto mediante plataformas digitales; norma que fue publicada al siguiente día en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

30 de julio de 2021 – Deliveroo anuncia que planea abandonar España.

9 de agosto de 2021 – Uber Eats, uno de los grandes operadores del sistema, informa de que subcontratará flotas a terceros para cumplir la nueva norma.

12 de agosto de 2021 – Fecha, de la que ahora se cumplen cinco años, que trajo la entrada en vigor de la ley. En ese momento, tanto Deliveroo como Glovo desafiaron la norma, manteniendo el repartdo con autónomos.

18 de noviembre de 2021 – La empresa de reparto Deliveroo anuncia que, desde el 29 de noviembre, cesa sus actividades y abandona España. Para ello, ejecutó un despido colectivo a unos 3.800 mensajeros.

17 de diciembre de 2021– Just Eat firma con los sindicatos el primer acuerdo de condiciones laborales de 'riders' en España. La multinacional era el único de los grandes actores del reparto de comida a domicilio que no utilizaba el modelo de autónomos, sino la subcontratación de flotas y, después, también con contratación directa.

8 de marzo de 2022 – Uber Eats acusa a Glovo de incumplir la Ley Rider, pero amenaza con hacer lo mismo para competir.

9 de agosto de 2022 – Uber Eats cumple su amenaza y anuncia que volverá al modelo de autónomos a días del aniversario de la Ley Rider. Trabajo avisa a Glovo y Uber de que será “implacable” con la Ley Rider, que se saldó con más actuaciones de la Inspección y numerosas sanciones a las compañías, incluso millonarias, como esta de 79 millones a Glovo.

21 de septiembre de 2022 – Uber Eats lanza un nuevo modelo de negocio “híbrido”, que combina la subcontratación con el trabajo con autónomos.

9 de diciembre de 2022 - El Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores, con una modificación expresa contra el abuso reiterado de falsos autónomos (entre otras irregularidades). Los delitos pueden ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

25 de octubre de 2023 – El Tribunal Constitucional avala la ley 'rider', desestimando así el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP.

18 de enero de 2024 – La Inspección de Trabajo emite la primera sanción contra Glovo por incumplir la 'Ley Rider', ya que la compañía argumentaba que cumplía la norma al haber cambiado algunos elementos de su modelo de autónomos.

2 de julio de 2024 – A raíz de un informe del Ministerio de Yolanda Díaz, la Fiscalía imputó por lo penal al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por “suprimir” derechos de los trabajadores.

14 de octubre de 2024 – La Unión Europea aprueba definitivamente la directiva sobre trabajadores de las plataformas, que busca evitar la proliferación de los falsos autónomos y mejorar las condiciones laborales en estas empresas.

1 de diciembre de 2024 – Entra en vigor la directiva comunitaria relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas.

2 de diciembre de 2024 – Glovo anuncia que contratará a sus repartidores un día antes de la declaración en los tribunales de su fundador, Oscar Pierre.

3 de diciembre de 2024 – El jefe de Glovo afirma a la jueza que la regularización de los 'riders' busca evitar “discusiones” con Inspección de Trabajo.

17 de junio de 2025 – Comienza un juicio mediático por la demanda de Just Eat a Glovo al considerar que Glovo hacía competencia desleal y le reclamaba 295 millones por recurrir a falsos autónomos; la sentencia en primera instancia desestimó la demanda de Just Eat en un polémico fallo con críticas a las inspectoras de trabajo y a los “ecos de la España sindicalizada”.

18 de junio de 2025 – RidersxDerechos y varios sindicatos y colectivos sociales ofrece defensa gratuita a los “trabajadores invisibles” de Glovo, los repartidores sin papeles y sin cuenta.

1 de julio de 2025 – Glovo cambia el modelo laboral y contrata a 14.000 repartidores. Combina además el modelo con la subcontratación a través de flotas en otras empresas.

18 de diciembre de 2025 – Trabajo estudia activar la vía penal contra Uber Eats a principios de año por el abuso de falsos autónomos.

15 de enero de 2026 – Uber Eats anuncia que dejará de colaborar con repartidores autónomos para “reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la Ley 'rider'.

Inicio de marzo de 2026 – Lluvia de despidos en Glovo tras el fin del modelo de falsos autónomos, que sindicatos como CCOO denuncian como un “ERE encubierto”.

11 de marzo de 2026 – Glovo anuncia un ERE que afectará a cerca de 750 repartidores de toda España.

24 de abril de 2026 – Los repartidores de Glovo arrancan su primera huelga en toda España por los 750 despidos.

4 de mayo de 2026 – Uber Eats informa de que tiene pendiente el pago de 110 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales relativas a 60.000 repartidores, dentro del proceso de laboralización impulsado tras la ley 'rider'. En la actualidad, la multinacional todavía no ha culminado el trasvase al modelo laboral.

2 de diciembre de 2026 – El próximo 2 de diciembre finaliza el plazo para que todos los Estados miembros adapten la directiva comunitaria sobre los 'rider'.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja ha iniciado un expediente sancionador contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos tras dar por probado que una trabajadora de la oficina de Arnedo sufrió un golpe de calor por las altas temperaturas del local y la falta de aire acondicionado.

En junio de 2026, te contamos el suplicio de los profesionales de esta oficina de Correos. Tal y como denunciaba el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), los trabajadores han tenido que llevar ventiladores de casa y detener la actividad quince minutos cada hora para “descansar del calor”. Una situación que, afirmaban, padecen los trabajadores de Correos en La Rioja de las oficinas de Arnedo, Alfaro y Cascajos en Logroño. El expediente sancionador al que ha tenido acceso Rioja2 responde a una situación ocurrida en el verano de 2025 y que cruzó la línea roja de la salud laboral.

Tal y como recoge la resolución, los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2025 sobre las 18.00 horas en la sucursal situada en la calle Juan Carlos I de Arnedo. En medio de una ola de calor, con predicciones de la AEMET de temperaturas máximas que oscilaban entre los 36 y los 39 grados en la comarca y zonas limítrofes de la Ribera del Ebro, la empleada sufrió un desvanecimiento acompañado de vómitos mientras realizaba su trabajo. La trabajadora, relataban desde la formación sindical, “se encontraba sola por la tarde y sufrió un síncope derivado de un golpe de calor en el interior de las instalaciones”: “Fue una compañera quien la encontró desmayada al entrar a la oficina y dio la voz de alarma. Un año después de aquel incidente, esta trabajadora ha desencadenado otras patologías asociadas y continua de baja médica”.

Un fallo en el sistema de climatización

Así, y tras la investigación abierta a raíz de la denuncia de la empleada afectada, Inspección de Trabajo concluye que el origen del accidente estuvo directamente ligado a las elevadas temperaturas dentro de la oficina. De hecho, el informe constata que los equipos de aire acondicionado no funcionaban correctamente.

Tras la investigación y después de citar a la dirección de Recursos Humanos y a la representación sindical de la empresa, la Inspección de Trabajo concluye que el origen del accidente estuvo directamente ligado a las elevadas temperaturas dentro de la oficina. El informe constata que los equipos de aire acondicionado no funcionaban correctamente. Y así lo refleja la resolución expresamente: “La empresa ha incumplido su obligación en relación con las condiciones ambientales del centro de trabajo. Ha quedado probado que a fecha 2 de julio de 2025 no se habían adoptado las medidas suficientes para evitar, reducir o controlar los niveles de temperatura en el centro de trabajo de manera que no pudieran suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores”.

Por este motivo, Inspección de Trabajo tipifica los hechos como una infracción administrativa en materia de Seguridad y Salud Laboral. Además de requerir a Correos la subsanación inmediata de los problemas de climatización en las instalaciones, el expediente contempla dos vías de penalización. Por un lado, la apertura del procedimiento de multa a la empresa pública por vulnerar la normativa de riesgos laborales, y por otra, la propuesta de recargo de prestaciones. Esto es, una penalización económica adicional por la que Correos deberá pagar un porcentaje extra sobre la indemnización de baja percibida por la trabajadora durante su incapacidad.

Una resolución que llega “tras años de reclamaciones e inacción”

Desde el sindicato valoran la resolución de la Fiscalía sobre el caso de la trabajadora de la oficina de Correos de Arnedo que sufrió un golpe de calor. La organización destaca tanto el fondo del dictamen como el momento en el que llega, tras años de reclamaciones e inacción. “Nos parece positivo que se multe a Correos y se le obligue a cambiar el equipo de aire acondicionado”, señalan fuentes sindicales. Asimismo, celebran que la resolución reconozca el recargo de prestaciones a favor de la afectada porque se demuestra así “que el accidente laboral se produjo por una falta de medidas de seguridad achacable a la dirección de la empresa”.

Y además celebran que esta resolución pone fin a cuatro años de reclamaciones e inacción. Y es que, además de denunciar la situación ante Inspección de Trabajo, la situación de estos trabajadores también ha llegado al Comité Provincial de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja. Un órgano colegiado y paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica en materia de prevención de riesgos laborales del que forman parte delegados de prevención y representantes de la Administración. “Llevamos cuatro años con este problema. El año pasado (2025), lo único que hizo la empresa fue poner dos aparatos portátiles (pingüinos) que no solucionan nada”, relataban a principios de junio. Estas quejas ante el Comité Provincial de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja, de momento, no han servido para mucho. No así la denuncia ante Inspección de Trabajo cuya resolución llega “un año después y tras haber denunciado también la situación públicamente”.

Finalmente, los trabajadores de Correos en Arnedo encaran el mes de agosto con cierta tranquilidad porque como aspecto clave de la resolución, subrayan “el compromiso fijado para el futuro: cualquier incidencia o avería en el sistema de climatización deberá solventarse en un plazo máximo de 48 horas”. También celebran lo relativo a su compañera. “Todavía está en situación de baja porque el golpe de calor agravó una dolencia previa que padecía, pero al menos se ha confirmado que fue un accidente laboral producido por un golpe de calor y cobrará algo más de indemnización”.

Correos elude valorar la resolución de Inspección de Trabajo

Preguntado por esta resolución, desde Correos han asegurado a este medio que “no entran a valorar resoluciones” ademásde confirmar que el nuevo sistema de aire acondicionado de la oficina en Arnedo “se encuentra plenamente operativo”. Por lo demás, la mimsa respuesta de mediados de junio: “Correos lleva a cabo en sus centros todas las acciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de sus instalaciones y favorecer unas condiciones óptimas para trabajadores y usuarios”. De nuevo recuerdan que disponen de “medidas preventivas específicas para la protección de sus trabajadores frente a situaciones y condiciones climatológicas adversas, como pueden ser, en esta época del año, las altas temperaturas”. Y dentro de su Plan de Prevención, insisten en que cuentan con un “Protocolo de actuación específico que establece que, en las unidades de reparto ubicadas en zonas geográficas afectadas por avisos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) de alerta naranja (riesgo importante), la plantilla del turno de mañana no realizará labores de reparto domiciliario más allá de las 13:00 horas, mientras que, en el turno de tarde, dichas labores no se iniciarán hasta las 17:00 horas”.

En el caso de que el aviso se eleve a alerta roja (riesgo extremo), prosiguen, se suspenderán las tareas de reparto a pie y en moto en el turno de tarde mientras se mantenga dicha situación, quedando limitada la actividad, a partir de las 17:00 horas, al reparto en vehículos de cuatro ruedas para la distribución de envíos registrados. Además, y de manera independiente a la activación o no de alertas desde AEMET, informan de que Correos pone a disposición de los trabajadores, de manera permanente gorras técnicas para cubrir la cabeza y crema solar para la protección frente al aumento de la radiación ultravioleta que se produce en esta época.

De igual forma añaden que cuentan con “abundante material divulgativo, como infografías y campañas comunicativas, orientado a concienciar sobre los riesgos del calor. Este material incluye consejos para afrontar la actividad diaria durante el verano, pautas para prevenir el golpe de calor, así como indicaciones para su detección y actuación en caso de producirse, en el ámbito de los primeros auxilios, todo ello complementado con la formación preventiva obligatoria”. En definitiva, concluyen, “el Protocolo contempla todas aquellas medidas necesarias para preservar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como de los clientes y usuarios”.

UGT Servicios Públicos ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por el “deficiente” funcionamiento del sistema de climatización del centro de trabajo de la Administración General del Estado de la Carretera de Porzuna, en Ciudad Real.

Lo paradójico del caso es que allí están emplazadas la Subdelegación del Gobierno y la propia Inspección de Trabajo.

“La situación que está obligando a las trabajadoras y trabajadores a desempeñar sus funciones soportando temperaturas excesivamente elevadas, en muchas ocasiones por encima de los 27 grados”, relata el sindicato.

Este edificio también alberga otros organismos dependientes de la Administración del Estado como son la Abogacía del Estado, el Fogasa y la Demarcación de Carreteras del Estado, cuyos empleados y empleadas igualmente han trasladado al sindicato “el deficiente e irregular funcionamiento del aire acondicionado”. En total, son alrededor de 100 las personas que trabajan en estas dependencias.

UGT considera inaceptable que, en pleno verano y ante sucesivos episodios de altas temperaturas, la Administración mantenga a su plantilla en unas condiciones ambientales inadecuadas, con el consiguiente perjuicio para su bienestar, salud y seguridad. Sostiene que la temperatura registrada supera los límites legalmente establecidos como seguros y que estas deficiencias también se producen en invierno.

El sindicato ha trasladado esta circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de que se comprueben las condiciones existentes en el centro de trabajo y se adopten las medidas necesarias para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y seguras. Advierte de que la exposición continuada a temperaturas elevadas durante la jornada laboral no puede considerarse una simple molestia o una cuestión de confort, sino que puede constituir un riesgo para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Sostiene que es un problema que viene de lejos. Durante la primavera y verano del pasado año 2025, los delegados y delegadas de UGT ya detectaron esta irregularidad en las visitas que realizan periódicamente a estos centros de trabajo. Lo trataron por los cauces reglamentarios en la Junta de Personal y en el Comité de Seguridad y Salud Laboral pero aun así no se ha adoptado una solución eficaz y definitiva por parte de la Administración.

Aunque se ha intentado solucionar esta situación, con la adopción de medidas organizativas, como cambiar de ubicación algunos puestos de trabajo y la instalación de aparatos portátiles auxiliares de aire acondicionado, considera que son del todo insuficientes, y así lo han manifestado los compañeros y compañeras que desarrollan su trabajo diario en este edificio.

“No es admisible que las trabajadoras y trabajadores tengan que soportar temperaturas elevadas durante su jornada laboral por el mal funcionamiento o la insuficiencia del sistema de climatización. La Administración debe actuar con responsabilidad y no esperar a que el problema se agrave o termine provocando consecuencias para la salud de su personal”.

UGT Servicios Públicos exige a la Administración que adopte de manera inmediata las medidas correctoras necesarias, garantizando el correcto funcionamiento de los sistemas de climatización y unas condiciones ambientales adecuadas en todos los puestos de trabajo, independientemente de la época del año en que nos encontremos.

Mientras persista la situación, el sindicato pide que se adopten medidas preventivas urgentes para reducir la exposición al calor, especialmente en los momentos de mayor temperatura, y que se informe a la representación legal de las personas trabajadoras sobre las actuaciones previstas.

El sindicato permanecerá vigilante y no descarta emprender nuevas actuaciones sindicales y administrativas si la Administración no adopta con carácter inmediato las medidas necesarias.

Nueva denuncia ante Inspección de Trabajo por la situación del Centro de Salud Mental de Albelda. Esta vez ha sido STAR quien ha dado el paso y ha puesto en conocimiento de Inspección las diferentes problemáticas y deficiencias existentes en el Centro de Salud Mental de Albelda. Así la formación sindical destaca “fallos térmicos con temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno, las deficiencias de salubridad del agua potable que abastece el centro y los graves problemas estructurales, ente otros”. Deficiencias que aseguran hace que la situación sea “insostenible, poniendo en riesgo la integridad tanto de profesionales como de usuarios del centro”.

La denuncia ante Inspección de Trabajo llega tras un nuevo desplome de varias placas del techo durante el turno de tarde de ayer martes. Una situación “límite”, describen desde el sindicato que “destapa la absoluta desidia en el mantenimiento y la profunda degradación estructural del inmueble”. El desplome de ayer relatan que ha afectado de lleno a otra habitación de la Unidad de Gerontopsiquiatría. “Esta intolerable acumulación de humedades y charcos en los suelos convierte cada jornada en una ruleta rusa de caídas y contusiones para pacientes cuyo domicilio habitual es este centro y para unos trabajadores abandonados a su suerte, habiendo evitado una desgracia personal en esta ocasión por pura fortuna”, apostillan desde STAR.

Asimismo califican de “inadmisible” que un recurso tan sensible “se mantenga en pie con una plantilla de conservación reducida a la mínima expresión —tan solo un ingeniero y un operario para todo el edificio—, una plantilla claramente burlada por recortes y falta de previsión mientras las instalaciones se desmoronan por completo”.

Así, y ante la falta de respuesta ante sus reivindicaciones, STAR ha denunciado la situación de este centro ante la Inspección de Trabajo y más concretamente, “las temperaturas extremas tanto en verano como en invierno; los problemas de salubridad del agua que abastece el centro; los cortes y fallos asiduos en el suministro de agua caliente sanitaria (ACS); así como la carencia en los planes de prevención de desratización y de desinsectación del centro”.

Asimismo, en el escrito de denuncia también incluyen deficiencias en las infraestructuras del edificio. “Graves desperfectos estructurales: desprendimiento de placas de techo (pladur), filtraciones y charcos; deficiente o nula ventilación en áreas críticas y habitaciones; falta de espacios e instalaciones esenciales (lava-bacinillas); habitaciones en la unidad de larga estancia sin tomas de oxígeno; espacio de acceso y salida bloqueados por las puestas del baño y de entrada de las habitaciones; deterioro extremo del mobiliario asistencial (camas y colchones defectuosos)”.

Un escenario “de extrema gravedad” ante el que STAR continúa exigiendo responsabilidades y una solución “radical, inmediata y sin más parches temporales que oculten el déficit existente, reclamando una intervención integral y urgente que garantice de una vez por todas la seguridad y la dignidad que merecen tanto los trabajadores como los pacientes ingresados. La dejadez de la Administración está poniendo en riesgo la integridad de usuarios y profesionales”.

Los delegados de prevención del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA) denunciaron ante la Inspección de Trabajo los “numerosos incumplimientos” que se estaban produciendo en materia de prevención de riesgos laborales y afectaban a los facultativos veterinarios, en noviembre de 2024, después de que las reiteradas peticiones que habían realizado a la administración regional para que se corrigieran esas anomalías no hubieran tenido efecto alguno. Casi dos años después, las irregularidades denunciadas han sido constatadas oficialmente.

La Inspección de Trabajo ha requerido a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, de la que es titular el consejero Marcelino Marcos Líndez, para que corrija “de inmediato” la situación denunciada por los delegados sindicales, según ha confirmado el presidente de SIVEPA, José Fernández Romojaro.

Una reunión sin resultados

Tanto los representantes sindicales como los de la Junta de Personal Funcionario habían llegado a mantener una reunión, en septiembre de 2024, con el propio consejero, la secretaria general técnica, Angelina Álvarez González, y la actual directora general Rocío Huerta Miguel.

Dos meses después, al ver que no se avanzaba en la toma de decisiones, los delegados de prevención de SIVEPA denunciaron ante la Inspección de Trabajo que se incumplían, entre otras normas, la evaluación inicial y reevaluación periódica de todos los puestos de trabajo.

“Desde hace la friolera de 25 años, en la mayor parte de puestos de Veterinario/a Oficial y Coordinador/a Veterinario/a no se había realizado ni siquiera la evaluación inicial de riesgos y, en los pocos casos en los que se había hecho, durante todo este tiempo no se había realizado ninguna reevaluación”, explica el presidente de SIVEPA.

Expuestos a riesgos biológicos

Según los datos que maneja el sindicato, en aquellos casos en los que sí se hizo la evaluación inicial de riesgos no se cumplían tampoco las normas “básicas” de prevención de riesgos laborales.

Además, los facultativos sanitarios relataban casos de exposición a riesgos biológicos derivados de enfermedades transmisibles al hombre, en terrenos de difícil acceso plagados de artrópodos transmisores de enfermedades zoonósicas y con animales potencialmente peligrosos por su tamaño o agresividad, al carecer de duchas, vestuarios o ropa y calzado de trabajo.

“Injusta y lamentablemente, para indefensión de los trabajadores públicos, las administraciones, al contrario que las empresas privadas, gozan de total impunidad ante estas graves infracciones puesto que la ley no permite al inspector de Trabajo sancionar a otra administración y ningún cargo de responsabilidad puesto a dedo o ningún político paga factura por ello”, señala José Fernández Romojaro.

“La hipocresía administrativa”

El presidente del sindicato tampoco se muestra muy optimista ante el requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo al Principado al no apreciar cambios significativos en la manera de actuar del Gobierno asturiano.

“Ante esta hipocresía administrativa la triste realidad es que parece que hay que esperar a un grave accidente, una grave enfermedad profesional o un fallecimiento por accidente de trabajo para que actúe la justicia y algo se mueva. Si no, al colectivo sólo le queda ya la movilización y el conflicto laboral por algo que tenía que funcionar de oficio a la perfección y que si la empresa fuera privada ya hubiera sido corregido duramente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social”, lamenta.

CSIF La Rioja ha denunciado ante la Inspección de Trabajo las altas temperaturas que padecen los trabajadores y ciudadanía en las oficinas del SEPE y del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAC) en Calahorra. La formación sindical relata que esta situación no es nueva. “Los trabajadores de este centro llevan años viviendo una situación que dificulta el normal desarrollo de la jornada laboral el desempeño de sus funciones”, una situación que advierten “repercute tanto en su bienestar como en la atención que recibe la ciudadanía”. Y además de denunciar ante Inspección de Trabajo, el delegado de prevención de riesgos laborales de la formación sindical también ha denunciado la situación ante el Servicio de Prevención de Riesgos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Así, detallan que las condiciones ambientales “no son las adecuadas para el trabajo de oficina, especialmente durante los episodios de altas temperaturas registradas en las últimas semanas”. En concreto aseguran que el pasado 30 julio, “a primera hora de la mañana, la temperatura en la oficina era superior a los 31 grados”. Una situación que “afecta a la salud de los trabajadores además de incumplir las condiciones que deben garantizarse en los lugares de trabajo”. Reiteran que la situación no es nueva: “el verano pasado, CSIF denunció esto mismo y, hasta la fecha no se han adoptado soluciones definitivas”. Y es que recuerdan que la normativa de prevención de riesgos laborales establece que los espacios destinados a trabajos sedentarios, como las oficinas, deben mantener unas condiciones térmicas adecuadas entre 17º - 27º exigidas por el RD 486/ 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Por todo ello, CSIF La Rioja solicita una actuación “inmediata para solucionar el problema, que se revise el sistema de climatización y la adopción de las medidas necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo dignas y seguras”. Y confían en que esta situación se “resuelva con la mayor rapidez posible”.

La secció primera de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalat la sanció de 60.000 euros a l'empresa Medena Import Export SL, imposada arran de la fugida a la carrera de huit recol·lectors de taronja en plena inspecció de treball.

L'apartat de fets provats de la sentència ressenya que el 24 de novembre de 2021 la Inspecció de Treball va acudir al paratge de la Matanza, al municipi de Fortuna (Múrcia), a la finca Fenoll —situada a tocar de la frontera amb la província d'Alacant—, “i quan es va identificar com a tal, almenys huit persones que estaven recol·lectant taronges van eixir corrent sense que la Policia els atrapara, mentre que altres huit persones es van quedar i van ser identificades”.

L'empresa que explotava la finca Fenoll, domiciliada a Almoradí (Alacant) i dedicada al comerç a l'engròs de fruites i hortalisses, va entregar quatre dies més tard les nòmines de huit treballadors i els contractes d'altres tants. El Jutjat Social número 6 d'Alacant va avalar la sanció imposada per la Inspecció de Treball. Després d'un recurs de la mercantil, el TSJ-CV ha confirmat els 60.000 euros de sanció en descartar la caducitat del procediment al·legada per l'empresa.

La sentència, de la qual ha sigut ponent el magistrat Jacobo Pin, delimita la qüestió de fons a determinar si hi va haver o no obstrucció de la labor inspectora. L'empresa descartava qualsevol negativa i matisava que es va produir una “impossibilitat puntual d'identificar en l'acte les persones treballadores a causa de la seua fugida”, esmenada posteriorment amb l'aportació de la documentació dels contractes i els parts de treball.

El recurs de l'empresa, amb un resultat pròxim al mig milió d'euros en l'últim exercici declarat davant del Registre Mercantil, concloïa que es va acreditar la identitat dels treballadors fugits mitjançant “comunicacions posteriors” i argumentava que una sanció per obstrucció “suposaria exigir una prova diabòlica a la mercantil”.

El TSJ-CV, per la seua banda, recorda que els funcionaris de la Inspecció de Treball, que gaudeixen de presumpció de certesa, “van poder observar personalment la fugida” dels huit recol·lectors de taronja.

La resolució de l'alt tribunal autonòmic també esgrimeix la jurisprudència del Tribunal Suprem i afirma que “el fet que foren les persones treballadores les que fugiren del centre de treball davant la presència de la Inspecció no impedeix apreciar la culpabilitat de l'empresa”.

A més, la sentència afig: “Resulta difícil de creure que, trobant-se dos capatassos de la mercantil en el moment dels fets, no tingueren en el seu poder les dades identificatives de les persones treballadores que van fugir de la finca per a poder aportar-les a la Inspecció actuant en aquell moment”.

La resolució, que no és ferma, imposa les costes processals a l'empresa per un import de 800 euros.

La sección primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalado la sanción de 60.000 euros a la empresa Medena Import Export SL, impuesta tras la huida a la carrera de ocho recolectores de naranja en plena inspección de trabajo.

El apartado de hechos probados de la sentencia reseña que el 24 de noviembre de 2021 la Inspección de Trabajo acudió al paraje La Matanza de la localidad de Fortuna (Murcia), en la Finca Fenoll —situada a tiro de piedra de la frontera con la provincia de Alicante—, “y cuando se identificó como tal, al menos ocho personas que estaban recolectando naranjas salieron corriendo sin que la Policía les diese alcance, quedándose otras ocho personas que fueron identificadas”.

La empresa que explotaba la Finca Fenoll, domiciliada en Almoradí (Alicante) y dedicada al comercio al por mayor de frutas y hortalizas, entregó cuatro días más tarde las nóminas de ocho trabajadores y los contratos de otros tantos. El Juzgado de lo Social número 6 de Alicante avaló la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo. Tras un recurso de la mercantil, el TSJ-CV ha confirmado los 60.000 euros de sanción al descartar la caducidad del procedimiento alegada por la empresa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jacobo Pin, acota la cuestión de fondo a si hubo o no obstrucción de la labor inspectora. La empresa descartaba negativa alguna y matizaba que se produjo una “imposibilidad puntual de identificar en el acto por la huida de las personas trabajadoras”, subsanada posteriormente con la aportación de la documentación de los contratos y los partes de trabajo.

El recurso de la empresa, con uno resultado cercano al medio millón de euros en el último año declarado ante el Registro Mercantil, concluía que se cumplió la acreditación de la identidad de los trabajadores huidos mediante “comunicaciones posteriores” y argüía que una sanción por obstrucción “sería exigir una prueba diabólica a la mercantil”.

El TSJ-CV, por su parte, recuerda que los funcionarios de la Inspección de Trabajo, que gozan de presunción de certeza, “pudieron observar personalmente la huida” de los ocho recolectores de naranja.

La resolución del alto tribunal autonómico también esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo y afirma que “el que hecho de que fueran las personas trabajadoras las que huyeran del centro de trabajo ante la presencia de la Inspección no impide la apreciación de culpabilidad por parte de la empresa”.

Además, la sentencia añade: “Resulta difícil de creer que encontrándose dos capataces de la mercantil en el momento de los hechos, los mismos no tuviesen en su poder los datos identificativos de las personas trabajadoras que huyeron de la finca para poder aportárselos a la Inspección actuante en ese momento”.

El fallo, que no es firme, impone las costas procesales a la empresa por un importe de 800 euros.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de Canal Sur, por irregularidades en la elaboración de su Plan de Igualdad, aprobado un mes antes de la denuncia contra su CEO, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual a una reportera, confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

La Inspección investiga “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia, como adelantó este periódico. Los inspectores notifican a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dan un plazo para corregirlo o presentar alegaciones.

Desde 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores [ADM tiene 258] están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad que preserve la equidad laboral y salarial entre hombres y mujeres de la plantilla, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en el trabajo. También están obligadas a registrar dicho Plan en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON).

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal para las empresas, conllevan sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, además de la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admitieron a este periódico fuentes próximas al Consejo de Administración de ADM.

La principal productora de Canal Sur, referente en el sector audiovisual andaluz, registró este documento el 18 de diciembre de 2025, pocos días antes de que su director general fuera denunciado (y posteriormente imputado) por un Tribunal de Violencia de Género acusado de delitos sexuales contra una trabajadora.

La imputación de Gustavo Fuentes, revelada por este periódico, derivó en su cese como CEO de la compañía y como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

Gustavo Fuentes es quien redactó el “compromiso expreso de impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad de ADM, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo investiga ahora la validez legal de ese documento, después de que este periódico revelara que el delegado sindical que firmó el Plan, en diciembre de 2025, no había negociado ni participado en la elaboración del mismo, porque llevaba más de cuatro años en excedencia y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA).

“Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, confesó el antiguo delegado sindical de ADM, Francisco de Asís Miguélez, a un excompañero de la empresa, en una conversación grabada, difundida por elDiario.es.

Entre la documentación que pueden requerir los inspectores del Ministerio a la productora estarían las actas de esa Comisión Negociadora para corroborar si el Plan de Igualdad se sometió a una “negociación colectiva previa”, como exige la ley.

Miguélez también aventuró que si la productora amagaba con despedir a alguien por acoso sexual, haciendo uso del II Plan de Igualdad (con el Plan Antiacoso) que le hicieron firmar, cualquier juez podría tumbar ese despido puesto que el documento carecía de “validez legal”, al no haber sido fruto de la negociación colectiva. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”, explicó.

Ese supuesto que planteó entonces el delegado sindical no tardaría en producirse. Un mes después de la firma y del registro del II Plan de Igualdad de ADM, quien fue denunciado por acoso sexual en los tribunales -y no a través de los mecanismos internos de la empresa- fue el propio director general de la compañía, que había impulsado la renovación del Plan de Igualdad, dejando en manos de su número dos, Óscar González-Barba, la “recepción de las denuncias” por acoso.

Gustavo Fuentes explicó a este periódico que fue él mismo quien activó el Protocolo Antiacoso para que abriera una investigación interna, después de recibir la citación judicial como imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. Esa investigación interna recayó en manos del Compliance [director legal] de la productora, una figura nueva que también introdujo el II Plan de Igualdad. Un puesto para el que fue nombrado José Antonio Jiménez de León.

Jiménez de León elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de la denuncia contra él, pero sólo tomó declaración al denunciado, ni a la víctima -“porque ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”- ni a ninguno de los compañeros de trabajo que fueron testigos de los hechos denunciados, según el relato del exCEO. Tras el despido de Fuentes, la dirección “provisional” de la compañía reunió a la plantilla y anunció la reapertura de dicha investigación, admitiendo que se había “cerrado en falso”.

“Claramente irregular”

El Plan de Igualdad de una empresa es un requisito obligatorio para poder contratar con las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo debe determinar ahora si el documento que les presentó la productora de Canal Sur fue fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, como establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “una persona sin relación laboral con una empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato le haya designado expresamente (que no es el caso). Miguélez se había presentado como delegado sindical por parte de UGT en las últimas elecciones internas de la productora, celebradas hace 11 años (2015). Tanto UGT como CCOO sostienen que su firma en el Plan de Igualdad de ADM, “estando en excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo, era claramente irregular”.

Tras la publicación de elDiario.es, la semana pasada, el antiguo delegado sindical remitió un escrito a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

El II Plan de Igualdad de ADM, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 al 1 de diciembre de 2029, cita a los dos responsables de la Comisión Negociadora mixta -empresa y plantilla- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que en ese momento ya llevaba más de cuatro años fuera de la compañía.

El directivo de la productora que contactó con Miguélez para que firmar el II Plan de Igualdad fue José Ramón García-Japón, subdirector general de ADM, según confirmó él mismo a este periódico. García-Japón admite que el antiguo delegado sindical estaba “en excedencia, con un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo, pero sigue cubriendo la representación de los trabajadores”. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, aseguró.

elDiario.es ha preguntado a la nueva dirección de la compañía, pilotada ahora por el número dos de Gustavo Fuentes, Óscar González-Barba, si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

La dirección de la productora mantiene que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”. El Ministerio que gestiona Yolanda Díaz alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

Diversos sindicatos se están poniendo en contacto estos días con los trabajadores de la productora para impulsar nuevas elecciones sindicales. ADM, con 258 empleados y dos centros de trabajo (uno en Sevilla y otro en Málaga), carece de comité de empresa ni de secciones sindicales. El único delegado de personal que queda, tras la renuncia de Miguélez, es David Pérez, que se presentó a unas elecciones internas en la sede de Málaga en 2017, pero también es directivo de la compañía. Sus compañeros le identifican como “un hombre de la dirección”.

El 20 de julio de 2022, un pleno de Cibeles aprobó por unanimidad reforzar los protocolos en caso de altas temperaturas. Todo se había acelerado con la muerte de José Antonio González, un barrendero de 60 años que trabajaba para una subcontrata municipal. Cuando se desplomó en el suelo, su cuerpo estaba a más de 41 grados. El debate –impulsado por dos mociones, una de Ciudadanos y otra del Grupo Mixto– se centró en si la empresa adjudicataria cumplía o no las condiciones de prevención de riesgos, y se planteó suspender las actividades al aire libre que exijan sobreesfuerzos en horas de calor, extendiéndolo ya no solo a la limpieza viaria: desde entonces, se prohibió el trabajo a ciertas horas de la tarde. En estos años, las multas recaudadas por la Inspección de Trabajo han quintuplicado cifras, y no es casualidad.

De lleno en un nuevo verano, fuentes del organismo público (encargado de velar por el cumplimiento de la normativa laboral) detallan que el año pasado, en total, dispusieron infracciones por valor de 300.714 euros a empresas que habían infringido alguna regla o advertencia previa en cuanto al protocolo de calor. Cuando empezaron a contear estos incumplimientos, precisamente el mismo año en el que murió José Antonio González, se depositaron 56.863 euros al cierre de 2022, apenas una quinta parte de lo que se registró en el último período.

En 2023, justo antes de la temporada estival, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida aprobó un plan de actuación oficial para dejar por escrito algunas evidencias científicas que ya habían llegado a la conversación pública. Finalmente, el 31 de mayo de 2023 el alcalde dio luz verde a un nuevo protocolo de actuación por altas temperaturas, que nació bajo la promesa de evitar y reducir daños humanos en olas de calor. Ese año, la Inspección de Trabajo desarrolló 4.039 actuaciones por exposición a condiciones adversas en todos los sectores de actividad, un recuento que no solo incluye el trabajo al aire libre al no estar categorizado como tal. En el primer recuento se habían ejecutado solo 356 inspecciones, aunque esta vez no todas se correspondían con revisiones al uso: algunas era simplemente visitas informativas o de carácter técnico, que no siempre implicaban un examen a la compañía.

Para 2023 ya se notó un cierto auge en las cantidades recopiladas por multas relativas al calor en el trabajo: en total, las inspectoras recogieron 97.520 euros. Aunque el gran salto llegó al año siguiente, cuando con apenas 1.500 sanciones más (5.511) las empresas pagaron 151.377 euros en sanciones al Ministerio de Trabajo, según cifras a las que ha tenido acceso Somos Madrid. A lo largo de estos años, también se ha incrementado el número de requerimientos que el organismo público ha emitido a las empresas. Estos procedimientos vienen a seguir la evolución de un incumplimiento antes constatado por la institución, después de ofrecer un plazo para subsanar las deficiencias localizadas y evitar una sanción: de 302 que hubo en 2022, el verano pasado se dobló esa cifra con 642 requerimientos.

Cómo se vive este cambio en las calles acaloradas de Madrid

Aún queda mañana por delante y el sol ya pega fuerte. Juan ha decidido resguardarse bajo la sombra de un árbol, justo al lado de una tienda de souvenirs que ha puesto pulverizadores de agua en la entrada. Aun así, resulta fácil de ver: sobre su atuendo lleva un chaleco amarillo reflectante con letras negras, en las que puede leerse un anuncio de “compro oro”. Además, está en una de las calles que desemboca en la Puerta del Sol, y aunque sea un miércoles a las once pasa mucha gente alrededor. Desde que entró a trabajar haciendo publicidad para una joyería, el agua se ha convertido en su mejor aliado del verano. “Si sabes lo que hay, te refrescas como puedes: yo siempre pongo una botella grande a cogelar por la noche, y así me mantengo”, detalla, casi cuatro años después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar las medidas de protección para trabajadores en riesgo de sufrir un golpe de calor.

Él mismo dice considerarse un privilegiado. Nació en República Dominicana y lleva 12 años en España: primero en la zona de Peñíscola (Castellón), luego en Madrid. Ahora, por una jornada de ocho de la mañana a tres de la tarde cobra 1.500 euros en nómina. “Nosotros vamos cuidando dónde nos ponemos, y siempre nos resguardamos en algún sitio con sombra. Pero está bien volver a hablar de esto, porque una mañana de junio aquí a las doce [del mediodía] no se puede estar”, sentencia este empleado, que luego prosigue su jornada. El protocolo municipal contra el calor pide adelantar ciertos trabajos al sol a las primeras horas de la mañana, aunque después de Juan entra otro turno que continúa en calle hasta la noche.

A pocos metros de allí, un operario arrastra una carretilla y transporta cajas a un bar. Prefiere omitir su nombre y en un principio se muestra reacio a hablar, ya que “el jefe está dentro” y teme que oiga algo inapropiado. En pocos segundos, cuenta que trabaja de 10.00 a 14.00 horas durante el primer turno, y luego de 17.00 a 21.00 en el segundo. “Por lo menos me quito de en medio las horas de calor”, resuelve al despedirse. Sobre esa hora, un albañil que limpiaba y retiraba escombros en una obra cercana confirmó que él también había entrado en horario de mañana: empieza a las 7.00 y sale a las 15.00 horas. Explica que tienen aire en el edificio y sus compañeros “están bien”. Luego vuelve al interior.

Meses antes de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara ampliar medidas en un pleno de Cibeles, el Ministerio de Trabajo también movió hilos para salvaguardar las horas de calor. En mayo de 2023, el Gobierno central aprobó el Real Decreto 4/2023, que planteaba fórmulas para proteger a las personas que desempeñan tareas al aire libre en temporadas de calor. Una de las claves de esta estrategia fue la prohibición de desarrollar determinadas actividades a ciertas horas de la tarde, siempre que haya activa una alterta naranja o roja de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. La norma hablaba expresamente de los efectos del cambio climático en el entorno laboral, que considera abocado a adecuarse a estos episodios frecuentes de temperaturas extremas.

De hecho, con la muerte de José Antonio González –el barrendero fallecido en un pico de calor– se produjeron encontronazos entre estas dos instituciones, una municipal y la otra, estatal. En un primer momento, Almeida cargó la responsabilidad sobre la Inspección de Trabajo, pero la vicepresidenta Díaz advirtió que este organismo sí se había puesto en contacto a principios de julio (de 2022) con la empresa Urbaser, una de las contratas del Ayuntamiento para los servicios de limpieza y a la que pertenecía el trabajador, que perdió la vida en una jornada a altas temperaturas. “Yo ese año ni siquiera había tenido nunca un trabajo, pero ahora pienso que se está bien. Tenemos la oficina cerca y allí nos ponen agua; trabajo de 10.00 a 14.00 horas con descanso de 40 minutos. Creo que así, el calor se soporta”.

Quien habla es Sandra, una joven de 20 años que este verano se prueba como captadora a pie de calle en una ONG. Busca posibles socios durante el último tramo de su jornada: apenas le queda una hora para irse a casa. Se ha buscado este empleo para ayudar a pagarse los estudios, y aunque considera que las suyas son buenas condiciones sabe de otros no tan afortunados. “Mi hermana, que es arquitecta, acaba de montar con otros compañeros el primer sindicato de su empresa porque no toman medidas suficientes de seguridad y, con el calor, no pueden estar a pie de obra”, señala, para poco después ponerse a recoger y tomar el camino a casa.

Sin embargo, y pese a admitir la mejoría o celebrar muchos de estos cambios, algunos creen que en Madrid sigue habiendo “más recomendaciones o avisos, que sanciones como tal”. Así lo resume el responsable de Construcciones en Madrid de Comisiones Obreras (CCOO Hábitat), cuyo sindicato ha organizado brigadas propias en verano para vigilar si las empresas cumplen o no las restricciones y advertencias en materia de salud laboral. “El primer año [no recuerda exactamente si fue 2022 o 2021] terminamos presentando 160 denuncias formalmente por infracciones, pero es cierto que cada vez hay menos y cuando notificamos algo, normalmente se cierra”, expone el responsable sindical.

Fuentes municipales, consultadas por esta cuestión, se limitan a remarcar el avance que supone la aprobación de un protocolo municipal contra el calor en las últimas legislaturas, aunque no revelan cifras de sanciones o denuncias internas registradas en este periodo. “Sí, hubo avances, pero aun nos queda conseguir que la prevención sea algo real y no se base solo en un tema burocrático, ni en mecanismos de control. Las sanciones por incumplimientos tienen que ser reales; porque hay más, sí, pero también sabemos que faltan inspectores en plantilla y eso dificulta que sea algo representativo”, zanjan desde CCOO, a la espera de que este verano no repita dramas del pasado.

La Inspección de Trabajo de Toledo ha emitido un informe reconociendo los riesgos que supone para la salud de los agentes medioambientales dedicados a la prevención y extinción de incendios las jornadas “extremas de trabajo y las deficiencias en la organización del mismo”, a raíz de una denuncia de CCOO.

“La Inspección de Trabajo ha constatado, y así lo hace constar, incumplimientos en horas de extinción y descansos entre jornadas, así como deficiencias en la gestión y control del tiempo de trabajo, lo que afecta a la conciliación de la vida personal y laboral por la incertidumbre de la duración de la prestación laboral o desplazamientos, especialmente cuando se activa un caso de gran incendio forestal”, argumento el sindicato.

Advierte igualmente sobre riesgos provocados por “la inseguridad y el miedo” en el trabajo a desarrollar, y de la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones cuando asumen la dirección técnica de la extinción del incendio y de la “fatiga física acumulada”.

“Todos estos incumplimientos y deficiencias en la organización del trabajo por parte del Gobierno Regional suponen poner en grave riesgo a los trabajadores y trabajadoras en los incendios forestales, además de que comprometen la propia eficacia del dispositivo Infocam, y en consecuencia la seguridad de la población afectada”.

Jornadas de hasta 23 horas

Dicho esto, CCOO ha recordado que en 2018 la Administración regional fijó un máximo de 12 horas continuadas de presencia en extinción, incluyendo desplazamiento y un descanso mínimo entre jornadas que debía respetarse como regla general.

“Sin embargo, los nuevos procedimientos publicados por la Consejería de Desarrollo Sostenible en los años 2025 y 2026 regulan jornadas de trabajo de hasta 23 horas continuadas sin descanso. Pero lo más grave, es que el sindicato ha recibido comunicaciones formales por parte de trabajadores y trabajadoras que alertan de casos concretos de más de 30 horas de trabajo sin descanso, y registros oficiales Fidias con jornadas de entre 18 y 22 horas, tras las cuales el agente medioambiental debe conducir su vehículo hasta la base o su domicilio”.

Según el sindicato, estas condiciones han causado accidentes 'in itinere' por falta de descanso y la necesidad de apartarse al arcén para descansar “por el riesgo percibido de accidente”.

“A todo ello se suma un problema que el personal viene trasladando desde hace tiempo, como es que durante las guardias de incendios no siempre se releva al agente de otras funciones ordinarias, lo que multiplica la carga mental, introduce conflictos de prioridades de emergencias y dificulta una dedicación verdaderamente centrada en los incendios forestales en la época de riesgo alto y extremo que nos encontramos”.

Dos cartas a Page, sin respuesta

Dicho esto, ha criticado que pese a sus intentos de llegar a acuerdos con la Administración, habiendo remitido incluso dos cartas dirigidas al presidente Emiliano García Page, hasta la fecha no ha habido respuesta. Por ello, hace hincapié en que los agentes medioambientales no están pidiendo privilegios, sino trabajar “con seguridad, con descansos suficientes, con medios adecuados y con una organización coherente y acorde a la responsabilidad que asumen en cada incendio forestal”.

Frente a esta situación, considera “inaceptable” que la respuesta de la Administración sigue siendo “publicar procedimientos con más exigencias y mantener inercias organizativas obsoletas y peligrosas, mientras los problemas de fondo continúan sobre el terreno”.

“Pedimos directamente al presidente, Emiliano García-Page, que interceda para que tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible como la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda se pongan de acuerdo para la revisión inmediata del sistema de guardias, descansos y compensaciones recibidas en todas las funciones de emergencias”.

CCOO concluye que no va a tolerar que, tras las advertencias efectuadas a la Administración y la constatación inspectora de incumplimientos laborales, y que no se actúe y se siga “poniendo en riesgo” a los trabajadores. Advierte de que si esta situación da pie a un accidente laboral, actuará judicialmente contra los responsables por todas las vías legales, incluida la penal.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha convocado 50 becas para la preparación, por el turno libre, de las oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (20 becas) y al Cuerpo de Subinspectores Laborales, en sus dos escalas: Empleo y Seguridad Social (15 becas) y Seguridad y Salud Laboral (15 becas).

Las becas, dotadas con un importe individual de “12.000 euros brutos anuales”, podrán solicitarse del 1 al 14 de julio, ambos inclusive, ha informado este martes el Ministerio de Trabajo.

“Su finalidad es facilitar el acceso a estos cuerpos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los opositores que necesiten apoyo económico, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad”, explica el departamento liderado por Yolanda Díaz.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En ella podrán optar a una beca para uno de los tres cuerpos convocados.

Asimismo, deberán cumplir los requisitos establecidos en la última convocatoria de acceso por turno libre al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social o al Cuerpo de Subinspectores Laborales, en cualquiera de sus dos escalas especializadas, según la beca solicitada.

Criterios para la concesión

Entre los criterios de valoración para la concesión de las becas tendrá “un peso prioritario la menor renta familiar”. “Además, se valorarán el expediente académico y la superación de ejercicios de la convocatoria de oposiciones de 2024 en los Cuerpos de Inspectores de Trabajo o Subinspectores Laborales, en cualquiera de sus dos escalas”, añade el comunicado.

“Este trabajo es de las profesiones más importantes que existen. Permite que la gente trabajadora cobre lo que le corresponde, que los contratos se cumplan, que nadie trabaje en condiciones inseguras. En definitiva, que no haya explotación”, ha subrayado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en unas declaraciones remitidas a la prensa recogidas por Europa Press.

Díaz ha indicado que preparar una oposición de este calibre es “misión imposible” para “muchísimas personas” que, por motivos económicos, no pueden permitirse pagar una academia. “Por eso, estas becas son claves. Priorizan a aquellas personas, aquellas familias que tienen menos recursos”, ha resaltado la ministra.

La Inspección de Trabajo ha avisado este mes a miles de empresas de la detección de unos 31.500 contratos temporales y fijos discontinuos en presunto fraude. Se trata del I Plan de Choque de 2026 contra la contratación irregular temporal y de fijos discontinuos, ha informado este viernes el Ministerio de Trabajo, que viene realizando estas campañas desde 2018.

“El objetivo de este Plan es evitar la utilización fraudulenta de contratos temporales, cuando los puestos de trabajo deberían estar cubiertos por relaciones laborales indefinidas, o de fijos discontinuos cuando deberían ser fijos ordinarios”, recuerda en una nota la Inspección de Trabajo.

En estas campañas, el organismo público vigilante de la legalidad laboral y en Seguridad Social detecta presuntas irregularidades gracias al cruce masivo de datos, e informa a las empresas de esta situación.

Las compañías afectadas reciben una comunicación en la que se les informa de que tienen un mes de plazo para regularizar los contratos, o justificar su legalidad, o de lo contrario se advierte de que se iniciarán las actuaciones inspectoras correspondientes.

14.000 temporales y 17.500 fijos discontinuos irregulares

En concreto, la Inspección de Trabajo ha enviado este mes de junio 20.049 comunicaciones, indica el organismo, que afectan a 31.545 contratos.

Respecto a los contratos temporales irregulares, se han remitido algo más de 9.000 avisos que afectan a un total de “14.071” relaciones laborales.

En cuanto a los fijos discontinuos, se analiza la situación de personas trabajadoras que hayan estado al menos 10 meses y medio en alta en una empresa en los últimos 12 meses, y se han remitido casi 11.000 avisos a empresas que afectan a “17.474 contratos”.

En 2024, el último año del que se tienen datos cerrados de la Inspección de Trabajo, el organismo público transformó en indefinidos más de 167.700 contratos temporales y fijos discontinuos fraudulentos, entre los planes de choque y las actuaciones ordinarias de la Inspección.