Los socialistas han ratificado en las Juntas Generales de Bizkaia que no les gusta el proyecto de norma fiscal para garantizar el arraigo y la atracción de talento que ha presentado el Gobierno de la Diputación foral, del que forma parte, y que ha iniciado este miércoles su tramitación en comisión. “No creo sorprender a nadie si les aseguro de forma contundente y sin la menor acritud, que al PSE-EE no nos gusta este proyecto de norma foral”, ha señalado el portavoz José Alberto Álvarez sobre la iniciativa del PNV. “Pondremos el empeño en que este proyecto de norma foral salga del trámite parlamentario con aquello que no ha entrado: control, transparencia y generalización. Y se transforme en una norma foral basada en tres pilares irrenunciables: control público, evaluación rigurosa y retorno social de los recursos públicos invertidos”, ha añadido.

En una intervención especialmente breve, el portavoz del grupo socialista en la comisión no ha concretado diferencias con el articulado del proyecto de norma, pero ha recordado que ya mostraron su desacuerdo cuando era anteproyecto. “Y así lo expresamos ya públicamente en las palabras de nuestro secretario general y vicelehendakari Mikel Torres. No nos gusta motivamente, como tendremos ocasión de explicar en el trámite parlamentario que hoy se inicia”, ha recalcado. Entonces, tras la presentación del proyecto por parte de la diputada general nacionalista Elixabete Etxanobe ante empresarios en Madrid, ya mostraron su total desacuerdo, sobre todo con las deducciones fiscales para los seguros médicos privados y para la asistencia a gimnasios, entre otros. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, tildó de neoliberales esas propuestas.

Álvarez ha indicado que “desde la responsabilidad y alejados de cualquier maximalismo, se ha alcanzado un laborioso acuerdo para los tres territorios históricos con el PNV”. “Compartimos principios como la lucha contra el fraude de fiscal, o el fomento de la actividad económica, entre otros. Las baterías acordadas se trasladarán a este proyecto de norma foral en el momento procedimental oportuno”, ha advertido, después de que pese a este acuerdo entre ambas formaciones, en el que no estaban incluidas las medidas más polémicas del anteproyecto de Bizkaia, el PNV llevara al Consejo de Gobierno de la diputación vizcaína la propuesta original, que se aprobó para iniciar la tramitación en el parlamento foral con la abstención las diputadas del PSE-EE.

“Lamento que no le guste el proyecto normativo”, ha señalado la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, del PNV, al representante de su socio de Gobierno. “Espero que los grupos que tienen mayoría en esta Cámara les termine gustando y se apruebe el proyecto normativo, porque responde a una necesidad que compartimos, que trata de abordar el reto del arraigo de las personas, el arraigo de las empresas. Seguro que si compartimos esa visión, y estoy convencida de que la compartimos, los grupos de esta Cámara llegarán a un acuerdo para que pasemos de no gustar el proyecto normativo, a que alcancen un acuerdo y el proyecto salga adelante. Yo les presento el proyecto normativo de la Diputación Foral de Bizkaia. Ahora es el turno de la democracia y de los grupos junteros para que el proyecto salga adelante con las modificaciones que ustedes consideren. Pero que salga, porque tenemos el reto de arraigar empresas y proyectos empresariales y de crear un futuro para las personas”, ha indicado.

A la espera de esas modificaciones que introduzcan los grupos durante la tramitación, el proyecto de salida no gusta al socio de Gobierno y tampoco a ninguno de los grupos de la oposición. EH Bildu ha manifestado que “está totalmente en contra de este proyecto”. Elkarrekin ya ha anunciado una “enmienda a la totalidad para exigir su retirada” y el PP ha advertido de que enmendarán, “porque sabiendo que va a pactar o que el proyecto viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

La juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha recordado que criticado que en junio la diputada general presentara en Madrid lo que denominó “una revolución fiscal” ante empresarios. Aunque la diputada de Hacienda ha puntualizado en su réplica que ella nunca ha usado el término “revolución” fiscal. “Nosotras no encontramos nada de revolucionario, ni con la privatización del sistema sanitario, ni tampoco reduciendo la recaudación, manteniendo, por un lado, la exigencia a quienes menos tienen y dando continuamente nuevos incentivos fiscales a quienes más tienen”, ha señalado Sarasola.

La representante de EH Bildu ha reconocido que la comisión que se ha desarrollado en las Juntas este miércoles “tiene mucha miga”, porque “esa misma 'revolución fiscal' que presentara la diputada general en Madrid” vuelve ahora “en su integridad”. “Quizás PSE-EE o PNV nos puedan aclarar cuál es la situación”, ha señalado poniendo sobre la mesa las discrepancias entre los socios. Además, ha criticado medidas concretas, como las relativas a las deducciones para inversiones de particulares en un fondo privado para la construcción de vivienda para el alquiler social, aunque señalan que, “estas viviendas deberán estar vinculadas a ese objetivo durante cinco años”. “¿Qué ocurrirá después?”, se ha preguntado. La diputada le ha contestado que la intención es que sean alquileres sociales “eternamente”.

Elkarrekin ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad para exigir su retirada. Es precisamente la formación con la que se pactó la anterior 'revisión fiscal' en 2025. La portavoz de la formación, Eneritz de Madariaga, ha denunciado que la propuesta del Gobierno foral “supone la vuelta a una fiscalidad basada en exenciones e incentivos para quienes tienen mayor capacidad económica y, en consecuencia, implica menos recursos para los servicios públicos”. “De nuevo vuelven a la senda de los ‘privilegios fiscales para unos pocos’, ha censurado. Además, ha considerado ”muy preocupante“ que se haga justo en un momento en el ”buena parte de la ciudadanía tiene dificultades para acceder a una vivienda, llegar a fin de mes o mantener su poder adquisitivo. Y a todos estos problemas, y fuera de toda lógica, ustedes responden reduciendo la tributación de determinados contribuyentes.“, ha recalcado.

De Madariaga ha criticado las formas en la que se ha gestado y presentado esta norma ha pedido a la diputada de Hacienda, y también al PSE-EE si hay modificaciones ya pactadas“ entre los socios, aunque no ha obtenido respuesta. La portavoz de Elkarrekin ha criticado distintos puntos del articulado con beneficios fiscales para determinadas empresas, que ”sólo tienen que mantener un empleo que ya existe“, deducciones por seguros médicos o gimnasios privados, ”gastos que primero hay que poder permitirse, en lugar de reforzar la sanidad pública, los servicios públicos y las políticas universales“ o ”destinar recursos fiscales públicos para hacer atractiva y rentable la inversión privada en vivienda“.

Por su parte, la portavoz del PP, Raquel González, ha eludido pronunciarse directamente respecto a la norma porque “se sigue sin saber cómo va a ser” esta “reforma de la reforma fiscal” del pasado año y ha demandado saber “cuál es el pacto real”. Además, ha criticado la forma en la que se ha procedido presentando en Madrid una normativa que no está aprobada, lo que ha considerado que resta “credibilidad, prestigio y reputación” a la Hacienda vizcaína. “Seguimos sin saber qué es lo que va a ser, siguen sin distinguir entre realidad y fantasía. Usted es la diputada de Hacienda y está aquí para exponer lo que será y se aplicará a los vizcaínos y no lo que le gustaría que fuera. Esos son sus deseos, son un programa electoral de partido, y no es este lugar ni es usted como diputada, quien debe divulgarlos”, ha criticado. “Estamos confundiendo al contribuyente, a los vizcaínos, a los que están fuera y a los que queremos que vengan”, ha añadido. Sí ha advertido de que enmendarán el proyecto “porque sabiendo que va a pactar o que viene ya pactado previamente con una izquierda, no va a ser de nuestro agrado”.

El PSE-EE y el PNV, en Vitoria, han cerrado un acuerdo con la coalición Elkarrekin para aprobar el impuesto turístico y han optado por equipararlo por lo alto a Bilbao y Donostia en lo tocante a la presión sobre los pisos turísticos. Los viajeros que se alojen en la capital en estas viviendas -aunque la oferta es muy reducida- pagarán la tasa más elevada que contempla la legislación foral vigente, de 6,5 euros por noche. Es lo mismo que abonarán los huéspedes de los hoteles de cinco estrellas. Este acuerdo garantiza que la ordenanza se aprobará en el pleno del próximo viernes para entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

El acuerdo con Elkarrekin supone un incremento significativo sobre la idea inicial del equipo de Gobierno municipal, comandado por la socialista Maider Etxebarria, que había optado por el mínimo aplicable dentro de la norma que en las Juntas Generales también surgió de un acuerdo entre PNV y PSE-EE con Elkarrekin. Esto significa que en la norma propuesta por el equipo de Gobierno la tasa a la pernoctación en pisos turísticos era de 4,5 euros por noche, y la misma cantidad para los hoteles de la máxima categoría, una cantidad que se eleva ahora hasta los 6,5 euros por noche, con un máximo de seis, como marca la legislación foral.

El acuerdo suscrito este martes establece también que el dinero recaudado se destinará a mitigar el impacto de la actividad turística y a la mejora de los servicios de la ciudad y conservación del espacio público que también disfrutan las personas de visita en la capital. Esta nueva regulación será debatida este miércoles en la comisión de Hacienda, en la que se votarán las enmiendas presentadas al proyecto de ordenanza del Gobierno municipal, y se aprobará de forma inicial en el pleno del próximo viernes. La aprobación definitiva llegará en noviembre, de modo que la nueva figura fiscal sí entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La alcaldesa ha puesto en valor este nuevo acuerdo del Gobierno municipal con grupos de la oposición, el tercero en una semana tras los alcanzados en la Ordenanza de Bienestar Animal y en el PERI del Casco Medieval. El Ejecutivo, en minoría, ha ido sacando adelante los proyectos con PP, EH Bildu o Elkarrekin. La alcaldesa ha afirmado que con la nueva ordenanza “la actividad turística contribuirá a mejorar el propio destino, elevando la experiencia del visitante y la calidad de vida de quienes residen” en Vitoria.

Según ha asegurado, se trata de una cuestión de “corresponsabilidad”, por lo que ha subrayado que “quienes visitan Vitoria lo hacen para disfrutar de una ciudad limpia, segura, accesible, con un rico patrimonio, una oferta cultural sólida, espacios públicos cuidados, equipamientos de primer nivel y servicios públicos de calidad”. “Es razonable que, si utilizan temporalmente estos recursos, realicen una aportación moderada para contribuir a su mantenimiento y mejora”, ha indicado. Etxebarria ha recordado que es necesario adaptarse a “un turismo cada vez más exigente, pero sin perder la esencia”. Por ello ha incidido en que el nuevo impuesto, contribuirá a impulsar y fortalecer el sector turístico, “en beneficio tanto de la ciudadanía como de quienes visitan Vitoria”.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, que es de Podemos, ha destacado que “este acuerdo es una buena noticia” dado que “permite hacer algo fundamental, anticiparse”. “No queremos esperar a que la turistificación genere problemas sobre la vivienda, los barrios o la convivencia para empezar a actuar. Vitoria-Gasteiz todavía está a tiempo de decidir qué modelo turístico quiere y de poner las herramientas necesarias para evitar escenarios que hoy vemos en otras ciudades, como Donostia. Apostamos por un turismo que genere actividad y riqueza, pero que sea compatible con una ciudad habitable y con la calidad de vida de quienes vivimos aquí”, ha indicado.

Ruiz también ha subrayado que “las viviendas son para vivir”. “Por eso creemos que es importante que las viviendas de uso turístico tengan una mayor contribución y que los ingresos de este impuesto tengan un retorno social claro en la ciudad. No se trata de estar contra el turismo, sino de garantizar que el turismo tenga cabida en Vitoria pero, sin desplazar otros usos esenciales de la ciudad. Este acuerdo incorpora precisamente esa mirada: más corresponsabilidad, más prevención y más garantías para que la actividad turística sea compatible con el derecho a la vivienda y con la convivencia”, ha manifestado.

Bilbao aprobará la ordenanza del impuesto turístico el próximo jueves en pleno, también con 6,5 euros por noche para los pisos turísticos, pero de 5 euros para los hoteles de cinco estrellas. En el caso de Donostia, el ayuntamiento ha aprobado en junta de gobierno la ordenanza en los máximos permitidos, con 6,5 euros por noche para pisos y hoteles de cinco estrellas y se votará también este jueves.

A Juan Mari Aburto le quedan todavía ocho meses de trabajo al frente del Ayuntamiento de Bilbao, pero este martes ha empezado el camino hacia su despedida al presidir el último pleno del estado de la villa. Él mismo lo ha dicho en su discurso: “no es una despedida formal” pero sí ha reconocido que se trata de un día “especial”. Uno en el que ha hecho balance de lo conseguido hasta ahora bajo su mandato, ya consciente de que será otro –Mikel Hidalgo– el que recoja su testigo en el PNV para pujar por la alcaldía en las próximas elecciones.

En una hora de discurso, Aburto ha repasado los proyectos finalizados y los que están en marcha y, en tono emocionado, ha hablado de su “legado” y de cómo le gustaría ser recordado por la ciudadanía. Ha reconocido que se irá “con algunas cicatrices como alcalde y como persona”, pero ha querido poner en valor la política en tiempos convulsos y de populismo como los que vive el mundo: “La política, la buena política, merece la pena. Política como servicio público, política al servicio de la ciudadanía”.

En su intervención, el alcalde ha presumido de legado de doce años de gobierno “estable” en los que ha destacado los pactos con el PSE-EE: “Hemos liderado Bilbao con dos partidos diferentes, siendo un único gobierno”. También ha puesto valor que el equipo de Gobierno ha acordado 741 proposiciones con partidos de la oposición. Y ha sacado pecho de una ciudad con deuda cero en tres mandatos y un remanente de tesorería actual de 114 millones de euros. Igualmente, ha destacado el descenso de las personas en paro en más de 9.300 personas desde 2015, la eliminación de símbolos franquistas, o la mejora de accesibilidad en los barrios con la instalación de ascensores.

Tras recordar que queda mucho trabajo por hacer en los ocho meses que le restan a la legislatura, ha reconocido que “la gestión de este fin de mandato estará llena de emociones”. “Tengo defectos y fallos. He dado mucho compromiso y dedicación y hemos obtenido buenos resultados. En definitiva, he hecho y haré siempre todo lo que pueda por ayudar y mejorar la vida de mis conciudadanos”, ha señalado. “Política como servicio público, política al servicio de la ciudadanía”, ha insistido. Ha recordado que queda “casi un año para rematar la misión en este ayuntamiento” y por ello ha pedido a los concejales del equipo de Gobierno, y también a los de la oposición, “seguir trabajando y colaborando día a día para entregar un Bilbao mejor” del que se encontraron hace tres mandatos “al siguiente alcalde de la villa”.

Los partidos de la oposición han coincidido en agradecer a Aburto su dedicación en estos años, pero también en criticar un balance que han considerado demasiado autocomplaciente. “No hay una varita mágica”, ha señalado Aburto. “Necesitamos colaboración entre todos más que nunca y no polarización”, les ha pedido. “Bilbao, no merece que nos inmiscuyamos en discusiones que no nos llevan a ningún lado”, sino que “sigamos trabajando”, ha zanjado.

En su balance del estado de la villa, el alcalde ha vuelto a colocar la seguridad como “la primera prioridad”, como ya hizo en su discurso del año pasado, y ha destacado que se han realizado ofertas de empleo público todos los años para incrementar la plantilla de la Policía en 250 agentes, llegando a los 900. También ha destacado que se han firmado con la oposición –salvo el PP– pactos por la Seguridad Ciudadana “poniendo los intereses de la ciudadanía por encima de intereses partidistas”, que han permitido poner en marcha “las nuevas inspecciones vecinales de Corazón de María, Abando y Deusto” a la que se unirá la de Santutxu.

“Llevamos años donde la delincuencia ha ido creciendo, especialmente en los delitos de hurtos y robos. Ante esta situación la eficacia policial ha crecido por encima de la delincuencia poniendo a disposición judicial cada vez a más delincuentes gracias a la implicación y gran profesionalidad de los cuerpos policiales”, ha señalado Aburto, que ha considerado que es necesario “poner el énfasis en la reincidencia, aprovechando las últimas modificaciones normativas”.

Si la seguridad ha centrado parte del debate en la intervención posterior de los grupos, la vivienda ha ocupado un papel esencial. Aburto ha destacado la colaboración con el Gobierno vasco y la declaración de zona tensionada. Además, ha destacado que “2026 está siendo especialmente relevante para la política municipal de vivienda porque se están materializando proyectos que llevaban años de planificación”, entre los que ha destacado la puesta en marcha de la ordenanza municipal para movilizar la vivienda deshabitada. Por otra parte, ha destacado que el objetivo es “finalizar y entregar las promociones proyectadas de vivienda pública previstas en el mandato: la adjudicación de los 93 alojamientos dotacionales en Amézola, la entrega/adjudicación en el último trimestre de 63 viviendas adquiridas por el Ayuntamiento de Bilbao en Bolueta, o la primera fase de la construcción de 84 viviendas en el barrio del Peñaskal. Un gran hito, ya que podemos decir que este será el comienzo de la transformación de este barrio”.

Tras resaltar que dentro del plan de mandato 2023-2027 y las perspectivas para el año que viene están ya completadas el 14%, un 82% está en ejecución y un 4% en diferentes situaciones de puesta en marcha, ha destacado que la lucha del ayuntamiento contra la exclusión social, que concentra el 81,1% del gasto de Bizkaia (el 36,2% de toda la comunidad autónoma), y dispone del 79% de todas las plazas de Bizkaia. No obstante, ha recordado que Bilbao “no es una isla, pero tampoco puede serlo, ante este reto de presente y de futuro” y necesita “la ayuda e implicación de otras instituciones, en base cada una a sus competencias: el Gobierno español, el Gobierno vasco, la Diputación foral y el resto de los municipios de Bizkaia”.

Por ello, ha pedido ser “conscientes y consecuentes, solidarios y responsables” y ha solicitado que cumplan “todos” con sus “competencias” y “capacidades” porque “se está produciendo un desequilibrio en el modelo de cartera de los servicios sociales, tanto en los recursos como en las atenciones y en estos temas donde hay personas que sufren no vale mirar a otra parte o mirar solo a Bilbao, que 'siempre hace'. Ayudar a quienes peor lo pasan, sufren o están en situación de riesgo es tarea de todos”, ha advertido.

El alcalde también ha destacado en su intervención la necesidad de un turismo sostenible en la ciudad, “haciéndolo compatible con la calidad de vida de la ciudadanía”, y ha señalado que se está trabajando en “el estudio de los flujos y la presión turística en la ciudad, cuyo informe aportará las variables y datos necesarios para la toma de decisiones”. Por otra parte ha resaltado proyectos de futuro estratégicos para la ciudad como Zorrozaurre, Punta Zorroza, la estación de la alta velocidad en Abando o los planes urbanísticos para Artxanda u Olabeaga.

EH Bildu: entre el “muro contra el fascismo” y “la alternativa que toca a la puerta”

La portavoz de EH Bildu Bilbao, María Del Río, ha reivindicado políticas municipales que “ayuden a construir un muro de dignidad desde ya contra el fascismo y la ultraderecha, sin esperar a las elecciones” porque “la reacción autoritaria ya está aquí”. Además, ha señalado la necesidad de acuerdos amplios porque “son mejores y más efectivos” y ha advertido al Gobierno municipal de PNV y PSE-EE de que “la época de las mayorías absolutas y sus rodillos ha terminado”. “La alternativa toca a la puerta”, ha asegurado la también candidata.

Ha recordado que EH Bildu ha apostado por “un modelo de gobernanza cooperativo, buscando planificar políticas públicas con una base más amplia y, como consecuencia, más eficaces”, pero ha reprochado al Gobierno municipal que sus propuestas “de negociación” han sido “rechazadas directamente o descartadas con excusas peregrinas, incluso cuando se proponían formas de negociación que han funcionado en otras instituciones”. La portavoz de EH Bildu se ha referido también a las desigualdades entre los bilbaínos por “el código postal”. “No es aceptable que vivir a un lado o a otro del puente de Cantalojas influya en la esperanza de vida, o a un lado o a otro de la calle Autonomía, o vivir en Otxarkoaga o en cualquier otro barrio. A esta realidad también hay que darle respuesta”, ha advertido.

En referencia al turismo, ha advertido que “no se trata de decir 'turistas sí o 'turistas no'”, sino de “analizar el impacto de una industria, en este caso la industria turística”. “Hasta dónde queremos llegar, hasta dónde vamos a celebrar los récords de visitantes y hasta qué punto podemos absorber y gestionar sus externalidades negativas, como son el encarecimiento de la vivienda, la monopolización del comercio y homogeneización cultural”, ha planteado. También ha considerado necesario “decidir qué pasos dar en la diversificación de la economía” que, según ha advertido, “no puede derivar en un mercado de trabajo dual, donde algunas personas trabajadoras viven con una relativa estabilidad y sueldos decentes, y otros, u otras, mejor dicho, encadenan trabajos precarios que, por mucho que sean a jornada completa, no dan para vivir”. “Y hay que empezar desde casa, desde los pliegos y la contratación pública, ya que no podemos olvidar que las trabajadoras de la limpieza de interiores vuelven a la huelga en Bilbao en contra de la brecha salarial”, ha subrayado.

Elkarrekin: “Promesas incumplidas y proyectos inacabados”

La portavoz de Elkarrekin en Bilbao, Ana Viñals, ha afirmado que el Gobierno del PNV y PSE-EE, tras tres mandatos, deja “un legado de promesas incumplidas y proyectos inacabados” y ha lamentado que el diagnóstico del regidor jeltzale sobre el estado de la villa “sigue pecando de los mismos errores” y su ejecutivo “sigue tropezando en las mismas piedras: el conformismo, la inercia política y la autocomplacencia”. Tras agradecer a Aburto su “compromiso con Bilbao”, ha afirmado que su Gobierno “va a terminar sin una impronta bien definida” y si una “gran herencia para la villa”.

También se ha referido Viñals a la “desigualdad social de los barrios” y ha señalado que “la exclusión social de las calles es el origen de la mayoría de los problemas, tanto del ámbito de la seguridad como del ámbito de la convivencia”. Por ello ha afirmado que “se debería invertir mucho más para volver a recuperar el bienestar de la gente”. “En Bilbao cada vez más gente está en la cuerda floja” y, por eso, entre otras razones “los problemas de seguridad se agravan”, al tiempo que ha advertido que “cuando se da una integración precaria, la convivencia se daña”. Y ha recordado que en Bilbao, como en “muchos otros lugares del planeta se puede hablar de trabajadores pobres”, y ha señalado que “la desigualdad en Bilbao sigue teniendo un fuerte componente geográfico y sociológico”. Por esa razón, ha criticado, según pasaban los mandatos de Aburto y sus gobiernos, “la brecha de la renta entre barrios ha seguido creciendo”.

Tras pedir compromisos con los planes para mitigar el calor extremo y centrarse en la prevención ha criticado que planes actuales de innovación como el de Zorrozaurre “pecan de excesiva lentitud institucional, demasiada timidez presupuestaria y, además, existe un claro riesgo de generar una nueva burbuja inmobiliaria”. “En esta materia necesitamos también meter el timón, porque si seguimos al ritmo actual, corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático gentrificado con pequeños parches tecnológicos. Zorrotzaurre no puede ser solo un campus privado universitario tradicional y oficinas de diseño”, ha dicho.

La portavoz de Elkarrekin, que es de Podemos, ha urgido a “dar una respuesta rotunda a la gran crisis de la vivienda” y ha considerado que dar respuesta a esta crisis tiene también mucho que ver con parar “la actual ola global fascista y reaccionaria que también ha llegado aquí”. “Si algo ha sabido hacer la ultraderecha es aprovecharse del malestar social ocasionado por la crisis de la vivienda y por el aumento de la pobreza y la exclusión social. El fascismo y la ultraderecha siempre han crecido explotando el sufrimiento humano. Se aprovechan de la ira y la frustración aparentando querer romper el sistema, pero lo único que están rompiendo es la convivencia y la cohesión social con el único objetivo de lograr el poder”, ha alertado. Viñals, que ha finalizado su intervención con un recuerdo a Gaza, ha asegurado que Bilbao “seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad global construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, quizás algún día, dirigida por una persona inmigrante”.

PP: “Nada más importante que garantizar la seguridad”

La portavoz del PP, Esther Martínez, ha reprochado a Aburto su “automplacencia” y le ha acusado de pedir “sumisión” en vez de colaboración y no demandar “diálogo, sino allanamiento”. Aunque le ha deseado para su futuro “lo mejor en lo personal”, ha señalado que “en lo político, juzgarán los bilbaínos”. Martínez ha defendido que “no hay nada más importante que garantizar la libertad de los vecinos”, y ha denunciado que la ciudad “ésta está atenazada por unos índices de crímenes que se sostienen en máximos”. “La inseguridad genera miedo y el miedo resta libertad para vivir y convivir en nuestras calles. Es la principal preocupación de los bilbaínos y el mayor foco de eufemismos de su gobierno y de los compañeros del pacto de seguridad que se buscó”, le ha recriminado a Aburto. En este sentido, ha señalado que “hasta que no se ponga en marcha un plan integral de seguridad contrastado con profesionales de la materia y sin arrugarse ante los delincuentes no habrá manera de garantizar, como es obligación, la libertad de los vecinos”.

En cuanto a las políticas de vivienda ha considerado que son “tan erradas como dañinas” . “Nos han metido en las zonas tensionadas, una declaración que va a ser también un craso error y han estrangulado el alquiler generando inseguridad jurídica a los propietarios”, ha lamentado. Ha reconocido que el “éxito turístico” de Bilbao es “indiscutible”, pero ha advertido que el empleo “se concentra mayoritariamente en el sector servicios y hay, a día de hoy, menos base industrial”. “Bilbao no puede aspirar solamente a ser una ciudad estupenda para pasar un fin de semana”, sino que “tiene que volver a ser una ciudad referente para invertir, producir, emprender y también para vivir”. También ha subrayado las “desigualdades brutales entre los distritos y barrios”, ha advertido de la existencia de “un montón de comercio localizado en un solo distrito y barrios jalonados de lonjas vacías”, lo que, a su entender, es el resultado de “políticas conformistas, sostenidas en el tiempo, poco ambiciosas, que han ido minando las posibilidades de competir con otras ciudades y territorios para poder atraer actividad económica”. En cuanto a las ayudas sociales ha denunciado que en materia de inmigración se ha generado “un efecto llamada”. “En Bilbao ”cada vez damos más ayudas sociales“, pese a que ”cada vez hay más empleo“. ”Algo no cuadra“, ha dicho.

PSE-EE y PNV, satisfechos con el pacto

Desde los partidos del Gobierno, la portavoz socialista, Nora Abete, ha destacado que los socialistas han sido “leales” y han puesto, “por delante de sus diferencias, el buscar acuerdos y remar en la misma dirección”, al tiempo que ha llamado a “no buscar enemigos, sino practicar el acuerdo”. “Eso es lo que ha hecho grande a Bilbao y lo que seguirá haciéndola grande, y en ese acuerdo siempre estaremos los socialistas”, se ha comprometido.

En ese sentido, ha asegurado que el resultado de la apuesta de los socialistas por “compartir gobierno” con el PNV es “positivo para la ciudad y para nuestros vecinos”. “Se nota en los datos económicos, pero también se nota en algo más importante, en el día a día de las personas” porque “hoy vivimos más y mejor y vamos a seguir trabajando para que se viva más y mejor en todos y cada uno de los rincones de esta ciudad”, cree. A los socialistas les preocupa “mejorar” en los barrios “su convivencia, su comercio, su accesibilidad y su seguridad”, porque “la ciudad no se construye solo desde el centro, se construye barrio a barrio”. Por otra parte, ha recordado que hasta las elecciones, “quedan muchos proyectos que materializar” y “ni mucho menos estamos en el tiempo de descuento”.

Por su parte, Asier Abaunza, del PNV, ha puesto en valor todo lo conseguido hasta ahora, en línea con el balance del alcalde, y ha destacado que “frente al marketing de otras formaciones”, el Gobierno de Bilbao ha sido capaz de tomar decisiones difíciles. “Frente a la política de la pose, del quedar bien y del endulzar los oídos en el PNV, cogemos el toro por los cuernos, hacemos frente a los problemas y tomamos decisiones difíciles, aunque a veces nos cueste y nos suponga también un desgaste a nosotros”, ha señalado. Porque según ha asegurado, entienden la política “con seriedad y con responsabilidad, siempre teniendo a Bilbao y a su ciudadanía al frente de nuestras acciones y procurando llevar adelante nuestra ciudad y nuestra sociedad”. Lo que ha permitido que Bilbao lleve “desde hace más de 30 años siendo un referente internacional de transformación urbana”.

La planta de almacenaje de residuos de la empresa Onaindia de Vitoria, que sufrió un incendio de grandes dimensiones en la noche del último día de marzo al primero de abril del año pasado, estuvo funcionando sin contar con la preceptiva autorización. Las llamas, que dieron lugar a una elevada columna de humo y hundieron la calidad del aire de la ciudad hasta niveles de insalubridad, destaparon incumplimientos en la gestión de residuos. Ahora, una información aportada al Parlamento Vasco por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que la empresa no formuló la solicitud de autorización ambiental hasta el mes de julio, pasados tres meses del incendio.

A petición de Jon Hernández, parlamentario de Sumar, el consejero afirma que la solicitud se cursó el 11 de julio del pasado año. Era para una autorización integrada, no única. “El régimen de intervención ambiental al que se encuentra sometida la instalación objeto de la solicitud corresponde a una autorización ambiental única, y no a una autorización ambental integrada”, señala Jauregi. La solicitud, por ese motivo entre otros, “no cumplía la totalidad de los requisitos exigidos para su admisión a trámite”, por lo que se hicieron requerimientos y no fue hasta el 29 de mayo de 2026, más de diez meses después, que la empresa presentó la documentación necesaria. A la fecha de la respuesta del consejero, todavía se estaba analizando la documentación.

A raíz del incendio, y como ya contó este periódico, una inspección reveló que en la planta había al menos seis zonas con residuos “fuera del ámbito de la autorización” con la que se contaba en ese momento. Se incoó un expediente sancionador contra la empresa. El mismo informe elaborado a raíz de esa visita apuntaba a que en el año 2024 se había superado la recepción de residuos autorizados. Fuentes de Onaindia consultadas en aquel momento subrayaron que los requerimientos nada tenían con ver con el incendio.

Las llamas dejaron una de las naves de Onaindia arrasada. La empresa empezó unas obras para reconstruir la nave calcinada, pero el Ayuntamiento ordenó en mayo de 2026 paralizar los trabajos porque Onaindia no contaba aún con permiso municipal. Desde la oposición, los grupos de EH Bildu y Elkarrekin se mostraron muy críticos: EH Bildu pidió que la actuación municipal no se quedase en una “mera advertencia” y Elkarrekin aseveró que la empresa no podía irse “de rositas”. En la respuesta del consejero Jauregi de este mes de julio, se señala que el Gobierno vasco todavía “no tiene constancia del inicio de las obras”.

En la comisión de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda de este lunes, el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández se ha apoyado en la respuesta brindada por el consejero al Parlamento Vasco para incidir en que la empresa aún no cuenta con la autorización ambiental única y que estuvo “al menos cuatro años” operando sin ella y sin licencia municipal. “Estuvo operando en una situación irregular y el Ayuntamiento no hizo seguimiento”, ha subrayado. El concejal del ramo, el socialista Borja Rodríguez, se ha ceñido a las competencias urbanísticas y ha afirmado que, siendo requisito imprescindible para la empresa contar con la autorización ambiental única para poder proseguir con las obras de reconstrucción, se esperará a que se siga adelante con la tramitación. “Los mecanismos de control urbanístico del Ayuntamiento funcionan. Cuando los servicios municipales detectaron una actuación que requería licencia, actuaron en consecuencia”, se ha defendido Rodríguez, que ha incidido, además, en que ha habido “máxima transparencia”.

Fuentes de la empresa indican que las obras están efectivamente paradas, a la espera de que se solventen los trámites en curso. En cualquier caso, reiteran que la empresa está siguiendo el protocolo en todo momento.

El pleno del Ayuntamiento de Andoain de este jueves ha motivado un nuevo (y tenso) debate sobre la construcción del denominado 'lazo' de Bazkardo. En la sesión hubo enfrentamientos verbales directos entre representantes municipales y ciudadanos. Se acusa a algunos partidos de plegarse a los dictados de la Diputación o, como es el caso del PNV, que apoya el proyecto, de venderlo como favorable sin justificar el motivo.

El conflicto tiene su origen en la conexión entre la N-I y la A-15, donde la Diputación Foral de Gipuzkoa proyecta un lazo como enlace para absorber un tráfico de 70.000 vehículos diarios. Mientras la institución foral defiende la obra, valorada en 57 millones de euros, los vecinos abogan por una variante exterior que aleje la carretera del casco urbano. La plataforma sostiene que el proyecto actual es un “parche” que no resuelve los problemas de contaminación acústica ni de seguridad, basándose en estudios técnicos previos que favorecían la opción de la variante.

Durante el pleno, un representante de Errespetatu Andoain ha tomado la palabra para denunciar que el colectivo se siente “ignorado, menospreciado y profundamente estafado” por la imposición de este plan. Según el portavoz, el 93,78% de los participantes en su consulta apostó por la variante exterior mejorada, un mandato que consideran que el Ayuntamiento debe defender con firmeza. Los ciudadanos han recriminado a los concejales su “silencio” ante la Diputación y han preguntado directamente a quién representan, “si a quien gobierna Gipuzkoa o al pueblo que los eligió”.

El alcalde de Andoain, Andoni Álvarez, de EH Bildu, ha intervenido para informar de que el Gobierno municipal ya ha remitido su propuesta de alegaciones, la cual mantiene la posición contraria al lazo. Álvarez ha explicado que han contratado una asesoría externa experta en planificación urbana debido a que este asunto “condiciona al pueblo totalmente para los próximos años y décadas”. El primer edil ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá adelante con el compromiso adquirido en octubre de 2025 de rechazar el enlace foral. En una sintonía similar, el portavoz de Elkarrekin, Jose Mari Iparraguirre Balda, le ha pedido disculpas a la plataforma. Ha lamentado pensar en que “les ha decepcionado como concejal”, recordando que siempre ha estado a favor de esta iniciativa ciudadana.

Por su parte, el portavoz del PSE-EE, Aritz Alkain, ha señalado que su grupo acababa de recibir el informe de alegaciones de 35 páginas y que necesitaba tiempo para estudiarlo antes de realizar aportaciones. Tras su intervención, el ambiente ha comenzado a tensarse cuando una ciudadana le llamó “cínico” a Alkain, quien ha respodido de forma tajante: “Yo no voy a tolerar que aquí se me llame cínico... aquí estamos para que nos tratéis con respeto”. La vecina ha replicado que tampoco tolerarían ser “ninguneados” y ha criticado que los socialistas no cuestionaran al diputado foral en reuniones anteriores.

Idoia Mikelez, concejala de EAJ-PNV, ha defendido la coherencia de su partido, afirmando que han sido los únicos en mantener la misma postura de principio a fin: sí al lazo. Mikelez ha reconocido la labor de la plataforma y el valor de las firmas recogidas, pero puntualizó que “hay otro grupo grande de andoindarras que no está de acuerdo” con su iniciativa. La representante ha argumentado que el estudio multicriterio determinó que el lazo era el “proyecto más viable”.

El cierre del debate estuvo protagonizado por dos ciudadanos, uno de ellos que preguntó directamente a Mikelez por los beneficios específicos del lazo. La concejala le ha respondido no saberlos de memoria en ese momento. El vecino ha acusado a la representante de “vender algo sin saber de qué está hablando” y calificó de “mentira” el proyecto de cubrición en Mimendi. Según el residente, los dibujos presentados son “imposibles” de realizar por problemas de cota y altura para el paso de camiones, concluyendo que le están “mintiendo” y que eso les “pone de muy mala hostia”.

EH Bildu sería primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros, mientras que PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes y el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, lo que daría, por primera vez, mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas, según el Sociómetro de julio de Gipuzkoa. En una rueda de prensa en Donostia, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha presentado los resultados del último Sociómetro. La suma de Elkarrekin Podemos y Sumar, con un 5,2% de apoyo estimado, mantendría su representación de un juntero mientras que el PP lograría un 5% de los votos y un representante.

“Estos resultados apuntan a que la coalición de Gobierno mantendría sus apoyos y alcanzaría por primera vez la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuerza política”, ha incidido la portavoz foral. Por otra parte, el último sociómetro refleja “una recuperación gradual de la confianza en la política”, y, así, el número de personas que manifiestan confiar en ella se sitúa en el 28,8%, frente al 17,2% registrado en 2023. “La desconfianza sigue siendo mayoritaria y alcanza el 67,1%”, ha reconocido, según recoge Europa Press.

“Se mantiene la valoración positiva de las instituciones vascas y el orden de proximidad institucional continúa marcando la percepción ciudadana”, ha indicado Berasaluze. De esta forma, los ayuntamientos son la institución mejor valorada, con 5,52 puntos sobre 10, seguidos de la Diputación de Gipuzkoa, con 5,43 puntos, y del Gobierno vasco, con 5,29“. El Gobierno central continúa siendo la institución peor valorada, con 3,81 puntos. Según Berasaluze, ”la proximidad, la capacidad de respuesta y la presencia en el día a día siguen siendo elementos fundamentales para recuperar la confianza.“

En cuanto al conocimiento y valoración de los principales líderes políticos, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, “sigue obteniendo la mejor valoración y repunta en conocimiento”, siendo conocida “por el 51,9%” de la ciudadanía, que le da una puntuación media de 5,73 sobre 10. El lehendakari, Imanol Pradales, obtiene un 87,8% en conocimiento y el presidente español, Pedro Sánchez, un 98,6%.

Situación económica

Por otro lado, ha señalado que, según el Sociómetro, “ocho de cada diez guipuzcoanos y guipuzcoanas esperan mantener o mejorar su situación económica”. Así, la situación económica personal obtiene una valoración media de 6,69 puntos sobre 10, el 82,3% de las personas encuestadas le otorga a su situación una nota igual o superior a 6 y el 80,5% considera que durante el próximo año su situación se mantendrá estable o mejorará.

La nueva encuesta refleja “una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su calidad de vida” y confirma que la vivienda y las cuestiones económicas “continúan concentrando las principales preocupaciones de la ciudadanía y se consolidan como algunos de los grandes retos del territorio para los próximos años”, ha indicado.

Berasaluze ha destacado que “el sociómetro refleja una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su situación personal, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente y exigente respecto a los grandes retos colectivos que Gipuzkoa deberá afrontar en los próximos años”. “La vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8%, pero existe una diferencia entre la percepción del problema y la incidencia directa en la vida cotidiana porque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3%”, ha apuntado.

También ha indicado que “esta realidad cambia de forma notable entre la población joven”, ya que “entre las personas de entre 18 y 29 años, el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4%, lo que confirma que estamos ante uno de los grandes desafíos generacionales y ante una cuestión clave para la emancipación y los proyectos de vida de nuestros jóvenes.”

La encuesta, realizada mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa entre el 25 de junio y el 1 de julio, recoge las impresiones y valoraciones de la ciudadanía ante diversos temas sociales y políticos. En el apartado Economía y nivel de vida, “los 6,69 puntos sobre 10 con relación a la situación económica personal son el dato más elevado de la serie reciente que mantiene su tendencia positiva”, ha explicado. Según Berasaluze, “esta buena percepción se refleja también en la evolución del nivel de vida”.

Así, “el 51,3% de la ciudadanía considera que su situación se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años y el porcentaje de quienes creen que ha mejorado aumenta hasta el 21,5%, un punto más que en la medición de diciembre”. “En paralelo, continúa reduciéndose el número de personas que consideran que su situación ha empeorado, pasando del 37,4% registrado en septiembre de 2023 al 26,8% actual, lo que supone una reducción de 10,6 puntos porcentuales en menos de tres años”, ha afirmado. “La confianza en el futuro también se mantiene en buenos niveles, al estimar el 46,9% que la situación económica del territorio se mantendrá estable y un 16% considera que mejorará, mientras que un 26,8% prevé un empeoramiento”, ha detallado.

En el ámbito social, “la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8%, muy por encima del 54,3% registrado en diciembre de 2025 y del 50,2% de mayo de 2025”. El empleo y la situación laboral ocupan la segunda posición, con un 22,2%, seguidos por la sanidad, con un 20,8%, y la seguridad ciudadana, que se sitúa en cuarto lugar con un 14,5%. Los niveles de bienestar emocional se mantienen prácticamente estables respecto a mediciones anteriores.

De este modo, “la ciudadanía guipuzcoana valora su estado anímico con un 7,41 sobre 10 y mantiene una valoración muy positiva de su red de apoyo familiar y social, que alcanza una puntuación de 8,02 puntos, el indicador mejor valorado del estudio”. La portavoz foral ha incidido en que este sociómetro refleja que “Gipuzkoa avanza desde la estabilidad, afrontando con atención y responsabilidad los principales retos sociales y del territorio, pero manteniendo la confianza en su economía, en su modelo de bienestar y en sus fortalezas como comunidad”.

Si se celebraran ahora elecciones forales, el PNV ganaría en Bizkaia, EH Bildu lo haría en Gipuzkoa y ambas fuerzas abertzales estarían casi en empate técnico en Álava, con ligera ventaja para los 'jeltzales'. Es la principal conclusión del Sociómetro, la encuesta de la casa Ikerfel para la Presidencia Vasca, que hace un prospección de cara a unos comicios que se celebrarán en mayo de 2027, a la vez que las municipales, y que tienen gran relevancia porque, entre otras materias, las diputaciones tienen todas las competencias fiscales. El trabajo, sin embargo, no ofrece estimación de escaños al no haber base suficiente para medir la realidad de todas las circunscripciones, muchas de ellas de pequeño tamaño.

Aunque los datos han trascendido este lunes, Ikerfel realizó las entrevistas para el Gabinete de Prospección Sociológica (GPS) del Gobierno vasco entre el 20 y el 26 de mayo. No se recogen, por lo tanto, todas las nuevas investigaciones de corrupción en torno al PSOE de los últimos días, algunas de ellas con incidencia directa en suelo vasco, como lo relativo al rescate de Tubos Reunidos. La muestra es de 800 alaveses, 1.485 vizcaínos y 1.200 guipuzcoanos y el margen de error general es del 1,7%.

Los datos globales muestran una primacía del PNV, con subidas con respecto a los datos de las forales de 2023 en los tres territorios, una EH Bildu consolidada en Gipuzkoa como primera fuerza y como la alternativa más fuerte en los otros dos territorios, un PSE-EE con ligero desgaste y un PP que no termina de avanzar ante un Vox creciente, sobre todo en Álava. El sondeo pregunta por dos candidaturas de izquierdas, una Sumar y otra llamada “Elkarrekin Podemos”. En 2023 se presentó una coalición llamada “Elkarrekin” que aglutinaba a Podemos, IU, Equo y otras fuerzas. Se estima una participación del entorno del 59-60%.

Álava: el PNV, por poco

En Álava, un PNV que no ha concretado si Ramiro González, diputado general desde 2015, volverá a ser el candidato y optar a un cuarto mandato, ganaría las elecciones con un 28,5% de los votos, según el Sociómetro. EH Bildu alcanzaría un 28,2%. En 2023 también hubo una diferencia de menos de un punto, aunque ahora la cocina estima que ambas fuerzas subirían en detrimento del resto, con la excepción de Vox.

Bajarían los socialistas, socios del PNV, bajaría igualmente el PP en su principal caladero tradicional -gobernó en Álava de 1999 a 2007 y de 2011 a 2015- y la división en la izquierda no nacionalista allende el PSE-EE les dejaría en la mitad de votos que en 2023 tuvo la marca única Elkarrekin y con problemas para alcanzar el 3% que permite entrar al reparto de escaños en esta convocatoria. La cocina otorga a Vox un 5,9%. Sería su máximo de nunca en unas elecciones de este tipo. No hay reparto de escaños, pero con esa cifra y teniendo en cuenta el peso de Vitoria en el reparto de los 51 asientos de las Juntas Generales, el Parlamento foral, la ultraderecha obtendría una relevante cuota de representación, muy por encima del único escaño actual.

Bizkaia: sigue mandando el PNV

En Bizkaia, el sondeo apunta a que el PNV volvería a rondar el 40% de apoyos, con diez puntos de ventaja sobre la segunda fuerza, EH Bildu. Eso sí, aunque los nacionalistas mejorarían con respecto al resultado de Elixabete Etxanobe en 2023, la coalición abertzale le daría un significativo mordisco a la ventaja. Con un 14,9%, lejos, quedaría el PSE-EE, el otro partido del Gobierno junto con los 'jeltzales', y que notaría desgaste.

En la derecha, el PP caería por debajo del 7%, cuando en 2023 superó el 8%, pero Vox saltaría por encima del 3,1%. Es muy difícil saber qué pasaría con los escaños en las circunscripciones, pero la ultraderecha estaría ya en condiciones de superar el 3% en algunas de ellas y de poder optar a irrumpir por vez primera en las Juntas Generales vizcaínas. En la izquierda, Podemos y Sumar por separado obtendrían la mitad de la marca compartida Elkarrekin de 2023, y quedarían en principio sin opciones de lograr representación.

Gipuzkoa: el feudo de EH Bildu

En Gipuzkoa, EH Bildu ganaría holgadamente con cerca de un 40% de intención de voto, al nivel del PNV en Bizkaia y subiendo con respecto a la forales anteriores. Además, supera en más de seis puntos al PNV. En 2023 ya ganó, pero PNV y PSE-EE, apoyados por el PP, retuvieron el poder en la Diputación, con Eider Mendoza al frente. Los 'jeltzales' también mejorarían sus perspectivas.

Los socialistas serían tercera fuerza, con un 13,1%, dejándose varios puntos. Gipuzkoa ofrece el escenario más estable para el PP, donde mantendría su peso en torno al 6% después de haber sido decisivos en la gobernabilidad. Vox no se presentó en 2023 y ahora alcanzaría apenas un 1,5%, sin opciones de escaños. Podemos tendría más intención de voto que Sumar, pero de nuevo por debajo del 3% que permite optar a asientos en las Juntas Generales.

Dos años después de las autonómicas, el Sociómetro -la encuesta de estimación de voto que realiza el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) de la Presidencia vasca a través de la empresa Ikerfel- mantiene al PNV de Imanol Pradales como principal fuerza política. Mediada la legislatura, incluso le ofrece una mejora de un escaño con respecto al escrutinio de 2024. El PNV tendría 28 representantes por 27 de EH Bildu, los mismos que tiene ahora. Con los 12 del PSE-EE, el Ejecutivo de coalición actual mantendía una cómoda mayoría absoluta de 40 de 75 asientos en el Parlamento Vasco. Sumar desaparecería al quedar por debajo del mínimo del 3% y Podemos seguiría fuera; en la derecha, todos mantendrían sus posiciones, con 7 para el PP y 1 para Vox.

Ikerfel realizó 3.030 encuestas entre el 23 y el 26 de marzo, es decir, justo antes de Semana Santa y de la reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari. El error muestral es del 1,8%. Esta primera oleada de 2026, que coincide prácticamente con el segundo aniversario de la victoria de Pradales en votos pero con igualdad de escaños con respecto a Pello Otxandiano, mantiene al PNV en cabeza con un 35,3% de estimación de apoyos, por un 35,2% logrado en abril de 2024. Eso sí, el anterior Sociómetro, el de diciembre, fue celebrado como un gran éxito por los nacionalistas, ya que les otorgó hasta 29 escaños. Ahora, destacan fuentes 'jeltzales' que se dibuja para el Gobierno un escenario “estable”.

EH Bildu tiene un 32,2% de intención de voto tras la cocina y una estimación de 27 parlamentarios. El PSE-EE marca 14,2% y 12 parlamentarios, los mismos que en 2024, el PP un 8,7% y 7, también igual, y Vox un 2,9% en conjunto y un único parlamentario por Álava, la única circunscripción donde supera el mínimo legal del 3%. Sumar caería en ese territorio al 2,9%, precisamente, y perdería así su único asiento, el del representante de IU Jon Hernández. La media general de la coalición de izquierdas, en su actual composición, es del 2,3%. La encuesta pregunta también por una marca a la que llama “Elkarrekin Podemos”, que fue la que se presentó a las autonómicas de 2016 y nunca más. Le da un 2% de la estimación de voto. La abstención estimada superaría el 40%.

Por territorios, el PNV ganaría en Álava, pero por apenas una décima sobre EH Bildu, 28,8% y 28,7%, respectivamente. En 2024, la coalición abertzale fue la fuerza más votada. Empatarían a 8 escaños. Con la mitad, empatarían también PSE-EE y PP. Vox crecería en intención de voto hasta el 5,6%, casi dos puntos más que el escrutinio de hace dos años. No obstante, no le daría para crecer en escaños y se quedaría en uno, el dato que ha mantenido desde su irrupción en 2020. Eso sí, superar el 5% le permite pensar en poder obtener representación a nivel municipal en Vitoria, por ejemplo. La ley electoral para las locales es más exigente que para autonómicas o forales.

En Bizkaia, el PNV tendría una cómoda victoria de once puntos sobre EH Bildu, con 11 y 8 escaños, respectivamente. Los nacionalistas rozan el 40% de intención de voto. Lejos quedan PSE-EE con 4 y PP con dos. Vox marca un 2,7%, también una notable subida con relación a 2024, aunque dentro de parámetros que le dejarían fuera de la Cámara por esta circunscripción. Sumar marca un 2,5% y “Elkarrekin Podemos” un 1,9%.

En el caso de Gipuzkoa, EH Bildu ganaría. Y lo haría, además, con el mejor dato de cualquiera en los tres territorios, alcanzando la barrera del 40%. Eso se traduce en 11 escaños. El PNV marcaría un 31,9% y 9 representantes. Son datos prácticamente idénticos a los de hace dos años. El PSE-EE tendría cuatro parlamentarios guipuzcoanos y el PP solamente uno, sin espacio para más fuerzas. Vox y Sumar quedarían lejos del listón del 3%. Es más, “Elkarrekin Podemos” estaría delante de ambos, según la cocina del Sociómetro.

La coalición Elkarrekin en Donostia ha pedido este jueves al Basque Culinary Center (BCC) que proceda a la destitución inmediata del chef René Redzepi de su Consejo Internacional, tras las “graves” informaciones publicadas en medios internacionales sobre episodios de maltrato laboral en el restaurante Noma, uno de los más reconocidos del mundo. Según una investigación publicada por 'The New York Times', decenas de antiguos trabajadores han denunciado “gritos, humillaciones, empujones y castigos físicos” en la cocina dirigida por Redzepi, lo que ha provocado finalmente su dimisión como responsable del proyecto. Sin embargo, desde el BCC, han aclarado que Redzepi no forma parte de este órgano desde 2014.

Fuentes del BCC han precisado que René Redzepi participó como miembro fundador del Consejo Internacional del Basque Culinary Center entre los años 2010 y 2014. Desde entonces “no ha tomado parte en reuniones, actividades ni procesos de trabajo de dicho órgano, que tiene carácter estrictamente consultivo, ni forma parte de los órganos de gobierno ni de decisión de la institución”.

Víctor Lasa, portavoz de la coalición Elkarreki en el Ayuntamiento de Donstia había señalado que “una institución vinculada a las administraciones públicas de nuestro territorio no puede mantener en sus órganos de prestigio a una persona señalada por prácticas laborales que vulneran la dignidad de los trabajadores”. Elkarrekin ha recordado que el Ayuntamiento de Donostia forma parte del patronato del Basque Culinary Center, junto al Gobierno vasco y la Diputación de Gipuzkoa.

Asimismo, Lasa ha pedido que la institución gastronómica “apruebe y publique un protocolo claro de actuación ética y laboral para casos similares en el futuro”, con el fin de evitar que situaciones “de abuso o liderazgo tóxico puedan afectar a una entidad asociada a instituciones públicas”. “Estamos hablando de una fundación que ha recibido decenas de millones de euros de dinero público y patrimonio público en forma de suelo y subvenciones en los últimos años”, ha subrayado.

Desde el BCC han señalado que siempre han defendido y promovido un modelo de gastronomía “basado en el respeto a las personas, la dignidad profesional y el cumplimiento estricto de condiciones laborales justas y legales”. “Hemos sido críticos con prácticas del pasado que normalizaron dinámicas de trabajo inadecuadas en el sector, y trabajamos activamente para que no tengan cabida en la gastronomía contemporánea”, han subrayado.

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Álava acordará este martes, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, el último coletazo de represión de la dictadura, la retirada de honores a ocho personajes relevantes del régimen, encabezados por el dictador, Francisco Franco. Es una iniciativa complementaria a la vía abierta por las Juntas Generales, el Parlamento provincial, que también ha aprobado una norma foral en la misma dirección -y que incluye igualmente al general golpista Emilio Mola- con el apoyo de todos los partidos salvo el de Vox.

La coalición Elkarrekin, de Podemos e IU, ha adelantado esta decisión. El Gobierno foral de Ramiro González acordó con ellos los presupuestos de 2026 y uno de los puntos era hacer efectiva ya esta medida. La formación de izquierdas ha agradecido expresamente el “empeño” y “tesón” del Ateneo Republicano.

Además de Franco, perderán la medalla de Álava Lorenzo de Cura, que lideró la Diputación entre 1944 y 1958, Vicente Abréu, también presidente de la institución foral de 1943 a 1944 pero antes gobernador militar al inicio de la dictadura, y Camilo Alonso Vega, ferrolano como el dictador y jefe militar de la plaza de Vitoria en 1936 cuando la capital de Álava fue la primera en ser conquistada por los sublevados. Luego fue ministro. En el caso de Abréu, la decisión de la Diputación meterá más presión al Ayuntamiento de Vitoria, que mantiene una calle con su nombre por su condición de pintor.

Igualmente, se derogarán dos nombramientos de “hijo adoptivo”. Por un lado, está el de Germán Gil Yuste, militar ‘fichado’ por Alonso Vega cuando estalló la guerra para liderar el Gobierno civil y controlar el asalto a las instituciones democráticas. Pronto ascendió en el equipo de Franco. Por otro lado, se apunta a José Luis Arrese, líder falangista y también ministro del régimen. Finalmente, los militares golpistas Luis Orgaz y Enrique Uzquiano dejarán de ser “hijo predilecto” y “medalla de los voluntarios de Álava”, respectivamente.

Los sindicatos nacionalistas vascos son más exigentes que los partidos con los que comparten la ideología soberanista. Mientras PNV y EH Bildu aprovechan la debilidad del actual Gobierno de coalición para poner precio a su apoyo parlamentario, ELA, LAB y otros sindicatos afines, fuerzan el actual proceso de transferencias laborales reclamando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), precisamente cuando se acaba de acordar la cesión de las pensiones no contributivas, el subsidio del desempleo y puede que en breve el régimen económico de la Seguridad Social. Sabiendo que el SMI es una competencia exclusiva del Gobierno central, tras fracasar intentando lograrlo por el cauce de la negociación colectiva, recurren al procedimiento extremo de la huelga general.

ELA, LAB y el resto de sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo en Euskadi y Navarra, pretenden conseguir un SMI propio, patrio, actuando como grupo de presión. Su proceder constituye un reto con trasfondo competencial económico, político y jurídico. Es un intento que plantea serias dudas, en cuanto al método elegido para lograrlo y respecto a la posibilidad real de aplicarlo. Aunque, en la confrontación con el Gobierno central, tanto el éxito como el fracaso sirven para reforzar el sentimiento de afrenta y agravio que legitima el victimismo identitario. 

El callejón sin salida de una demanda justa  

El detonador de la huelga es la demanda de un SMI propio de 1.500 euros, un 21% superior a los 1.184 en vigor e incluso por encima de 1.385 euros, cantidad estimada en el estudio encargado por el Gobierno vasco. Esos 1.500 euros, abonados en 14 pagas mensuales, equivalen a los 21.624 euros anuales del SMI francés. Si fuese posible lograrlo significaría, además de una notable mejora económica, avanzar hacia la unificación, al menos retributiva, de Iparralde y Hegoalde. 

El 18 de julio de 2025, 'Naiz' recogía declaraciones de ELA y LAB referentes al informe del ejecutivo vasco. Cuestionaban que un SMI de 1.385 euros beneficiase a 66.000 personas, considerando que menos de 10.000 tienen un convenio colectivo actualizado en la CAPV. Conclusión: “... la propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”. Esa valoración, que puede ser correcta, choca con la cifra utilizada por ellos mismos para justificar la huelga. El 10 de febrero de 2026 se decía en Gasteiz Hoy: “... mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en Hego Euskal Herria”. Las cuentas de ELA y LAB no cuadran: con 1.385 euros son menos de 10.000 beneficiarios, con 1.500 euros favorece a 167.000 asalariados. 

Las contradicciones no acaban ahí. En el artículo de 'Naiz' del 18 de julio de 2025, ELA y LAB advierten: “las personas con salarios más bajos son 188.000 trabajadoras y trabajadores a los que se aplican convenios estatales y las 48.000 sin convenio de aplicación...”. Esos datos, difundidos por los sindicatos que denuncian a Confebask y CEN por negarse a negociar un SMI, prueban la imposibilidad de mejorar, precisamente a través de un convenio, las condiciones retributivas de la gente más necesitada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la demanda sindical por ser una atribución exclusiva del Gobierno español. 

Si la sentencia del TSJPV hubiese sido favorable a los sindicatos, no habría resuelto nada, al quedar fuera del marco de negociación el conjunto de asalariados que no están acogidos a un convenio pactado en Euskadi o Navarra. El Gobierno vasco asumía la demanda de un SMI propio y al encargar el estudio para evaluar su cuantía advirtió que, sin competencias para regularlo, tocaba encauzarla a través de la negociación colectiva. El fallo del TSJPV invalida también la propuesta negociadora del ejecutivo vasco. 

Aunque sindicatos y partidos nacionalistas se aprovechen de la atonía del Gobierno, Pedro Sánchez no podría hacer una concesión de tanto calado, con el riesgo añadido de que se amplíe a la caja común de las pensiones. Tales pretensiones plantearían un dilema, además de laboral, político y jurídico. Mas la amenaza de una huelga general de ámbito territorial limitado, convocada por un sector sindical específico, no tiene el potencial necesario para remover los cimientos del Estado.   

Puestos a ser radicales, los sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo podrían impulsar movilizaciones en defensa de las trabajadoras y los trabajadores con convenios congelados, sin actualizar y decaídos. Según el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, el año 2025 acabó con el 36,2 % de los convenios paralizados, figurando entre los sectores afectados: metal, oficinas y despachos, transporte, comercio, hostelería, construcción y limpieza. 

Los datos del CRL revelan que hay unas 370.000 personas sin convenio actualizado, más otras 50.000, la mayoría mujeres, que nunca han tenido convenio. Esta problemática encaja de lleno en el ámbito sindical y pone en entredicho la capacidad negociadora y la combatividad de la mayoría sindical vasca. Pueden empezar por resolver un conflicto, bien reciente, que afecta al aparato mediático del nacionalismo vasco. El domingo 15 de febrero, eldiario.es Euskadi publica este titular: Recepcionistas y azafatas de EITB denuncian “precariedad”: “Nuestros salarios llevan congelados una década”.

Los gobiernos autónomos de Euskadi y Navarra han contribuido a justificar la convocatoria de la huelga general, rechazando el debate parlamentario del SMI, avalado y respaldado mediante iniciativas legislativas populares. Además de torpeza política, constituye una vulneración del derecho democrático a participar en la actividad institucional. Lo mismo ocurrió con la ILP sobre la equiparación de las pensiones. En ambos casos se trata de una flagrante arbitrariedad. 

Los sindicatos convocantes de la huelga general implican en su campaña a sindicatos, también nacionalistas, de otros territorios. El objetivo común es modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores: “... las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”. Sorprende que se busque apoyo para conseguir un SMI mejor, solo en Euskadi y Navarra, siendo más lógico plantear una lucha conjunta para conquistar una mejora general. Aunque, vista la correlación de fuerzas estatal, incluso con una legislación favorable, la aplicación de un SMI propio solo sería factible donde, como en la CAPV, sindicatos y partidos nacionalistas son hegemónicos. De modo que la alianza con “sindicatos de las naciones sin Estado” solo sirve para ampliar el eco mediático de una huelga con pretensiones soberanistas. 

El posicionamiento de las fuerzas políticas y sindicales respecto a la huelga general del 17M se podía adivinar incluso antes de convocarse. PNV, PSOE y PP por un lado, CCOO y UGT por otro, se oponen. EH Bildu la respalda, junto con el denominado Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. La única duda, la de la izquierda de la izquierda, se despejó en un cordial encuentro.

La oportunidad del desmarque de la izquierda acomplejada

La trayectoria histórica de la izquierda situada a la izquierda del PSOE, identificada como federalista y alternativa, se caracteriza por el seguidismo respecto al nacionalismo radical, incluso convertida en su competencia electoral. La izquierda que pretende ser transformadora, parece no enterarse de que la seña de identidad del abertzalismo ya no es el radicalismo, sino el oportunismo. Basta observar el colaboracionismo de EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez, o las ofertas al PNV para formar una coalición electoral conjunta. Por otra parte, ELA y LAB practican un radicalismo escénico que se difumina cuando toca defender la escuela pública vasca o rechazar privilegios, como la asistencia sanitaria privada en algunas instituciones y los planes de pensiones privados (EPSV) en la administración pública. 

Pese a la trascendencia e implicaciones de una huelga general, la dirección de Podemos Euskadi no ha dudado en apoyar dicha convocatoria de forma acrítica y condescendiente, con los mismos argumentos de quienes la promueven, sin consultar a la militancia, sin analizar la posibilidad real de implantar en Euskadi un SMI propio, sin tener en cuenta que no evitaría la precariedad salarial, sin valorar las consecuencias que tiene para la clase obrera una huelga sin unidad sindical, sin comprender siquiera que está renunciando a ser alternativa política. La postura correcta hubiese sido animar a los sindicatos impulsores de la huelga a hacer causa común con los sindicatos de ámbito estatal, planteando ante el Gobierno central una demanda conjunta de alcance solidario. Las 61.000 personas que cobran el SMI en Euskadi son el 7% de la población asalariada, mientras que a nivel estatal son el doble, 14%.  

La dirección de Podemos Euskadi ha perdido la oportunidad de proclamar públicamente que el marco de relaciones laborales autónomo y el SMI propio, requieren un desarrollo del autogobierno sin encaje en el actual modelo autonómico. La alternativa es el estado federal, que no quieren asumir, ni como etapa intermedia, los partidos y sindicatos nacionalistas empeñados en llegar a la independencia a través de un proceso soberanista que, por lo visto, consiste en reclamar ventajas al Gobierno central. La huelga general del 17M resultará tan frustrante como la de las pensiones del 30 de enero del 2020. Aquella sólo sirvió para dividir al movimiento de pensionistas. Por tanto, lo consecuente habría sido permanecer al margen de esa discutible huelga general.

Recapitulación final

Los tribunales sentencian que las asociaciones patronales no pueden negociar un SMI de ámbito autonómico. Aunque pudiesen, no es posible llegar con la negociación colectiva hasta los sectores más desfavorecidos. Ha fracasado la vía contractual de aplicación de un SMI propio, reclamada por los sindicatos nacionalistas y avalada por el ejecutivo vasco. Es improbable que una huelga general limitada logre forzar al Gobierno central a modificar esa pieza clave de la legislación laboral. En consecuencia, dicha huelga supondrá un sacrificio inútil para las trabajadoras y trabajadores que la secunden, quedando en una nueva proclama del todo por la patria. Esa operación no debería contar con el apoyo de la izquierda de la izquierda. La alternativa para conseguir un SMI propio pasa por la transformación de la España de las autonomías en estado federal plurinacional.

Los socialistas guipuzcoanos han dejado solo a su socio de Gobierno, el PNV, y han votado con EH Bildu y PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa a favor de que la fundación Kutxa entre en el capital de Ayesa, cuya compra se ha formalizado recientemente con capital del Gobierno vasco, Kutxabank y BBK, mientras que la Vital ya ha anunciado que se sumará en breve al proyecto. La fundación guipuzcoana decidió no sumarse a la operación con el voto en contra del PNV de Gipuzkoa en el patronato, al igual que el de Podemos.

Los socialistas vascos han transaccionado una moción con EH Bildu que ha salido adelante con el voto también del PP y el voto en contra del PNV y de Podemos. En ella, se insta a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno vasco a “trabajar para que Gipuzkoa tenga capacidad de decisión en Ayesa IT, impulsando la participación de la Fundación Kutxa en la compra de Ayesa, como garantía de que siga arraigada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa”; “a trabajar para que la sede central de Ayesa se mantenga en el parque tecnológico de Miramón en Donostia”, y “a promover el arraigo de las empresas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y a reforzar su importancia estratégica”.

Más allá de la aprobación de la moción, el pleno de este miércoles en las Juntas guipuzcoanas ha dejado en evidencia la tensión entre los socios, con unas intervenciones cargadas de reproches, y en las que ha salido en el debate también otro de los temas que enfrenta a PNV y PSE-EE: el puerto de Pasaia y la pretensión de los nacionalistas de que deje de ser considerado de interés general para que pase a ser de competencia autonómica, algo a los que los socialistas se oponen.

El portavoz socialista en las Juntas, Alberto Albistegi, se ha mostrado “sorprendido” porque el PNV no haya sido “capaz de ver la oportunidad” que supone estar en la operación de Ayesa para mantener la sede en Gipuzkoa, que es la sede de Ibermática, ahora integrada en Ayesa. “Parece que algunos están más preocupados en cuestiones identitarias que en lo que realmente es importante para el territorio”, ha afirmado. “Los socialistas estamos por la conservación de los puestos de trabajo”, y por “garantizar la viabilidad de uno de los motores económicos de Gipuzkoa, como es el puerto de Pasajes”, ha señalado.

Albistegi ha considerado que la operación de Ayesa pone relevancia la “importancia del arraigo de las empresas y su compromiso con el territorio y su entorno” y ha opinado que es “difícilmente entendible” que Kutxa Fundazioa “haya decidido quedarse al margen de un proyecto de esta envergadura”. En este sentido, ha considerado “preocupante” que Kutxa Fundazioa haya justificado su decisión de no participar en la operación de Ayesa “amparándose en informes técnicos internos que no han sido hechos públicos ni sometidos a contraste institucional, lo que evidencia una clara falta de transparencia”. “Gipuzkoa pierde competitividad, se debilita y se incrementa el riesgo de pérdida de empleo cualificado”, ha insistido.

Sin embargo, desde el PNV, la portavoz María Eugenia Arrizabalaga, que es además la presidenta de la formación en Gipuzkoa, ha criticado que se pretenda “convertir la fundación bancaria Kutxa, propietaria del 32% de Kutxabank, en un instrumento de confrontación partidista”. “La discusión política puede y debe existir; lo que no procede es trasladar esa lógica a una fundación que toma decisiones conforme a su propia naturaleza como institución independiente, a su Plan Estratégico, a su ámbito de decisión, a su misión y a las responsabilidades que le son propias”, ha sostenido.

Ha señalado que en el patronato de Kutxa Fundazioa “es un espacio plural donde conviven sensibilidades distintas”. “Instrumentalizar por intereses partidistas la labor de Kutxa sólo contribuye a erosionar la confianza institucional y a distorsionar el debate público, llegando a poner en riesgo la labor de una entidad sometida por ley a continuas supervisiones externas”. Ha querido dejar claro que el PNV “defiende el fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico de Gipuzkoa y el arraigo de proyectos estratégicos, pero ese objetivo debe abordarse con herramientas propias de las políticas públicas y mediante la cooperación público-privada y con otros agentes activos”, ha resaltado. Arrizabalaga ha acusado al PSE-EE de “cinismo político” por decir que quiere defender los intereses de Gipuzkoa cuando los puertos de interés general se consideran “estructuras para vertebrar España”, ha señalado citando palabras del socialista Josep Borrell.

El tema ha llegado al parlamento foral a través de una enmienda de EH Bildu, que finalmente se ha pactado con el PSE-EE. La portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, ha incidido en que Gipuzkoa “no puede quedarse al margen de la operación estratégica de compra de Ayesa-IT” y ha considerado una “irresponsabilidad” que Gipuzkoa “se quede sin voz ni control en las decisiones futuras de la empresa”. Ha considerado “incomprensible” la actitud del PNV de Gipuzkoa, al oponerse a la operación y les ha preguntado: “si la operación es tan mala, ¿por qué no se pidió responsabilidades al consejero de Industria? ¿por qué es malo en San Sebastián y bueno en Vitoria? Y si la operación es tan contraproducente, la Fundación Kutxa también debería haber alzado la voz cuando Kutxabank decidió participar. ¿Qué es, malo en Donostia y bueno en Bilbao?”

Aunque ha reconocido que “la información que los compradores han facilitado en torno a la operación tampoco ha sido un ejercicio de transparencia, menos aún teniendo en cuenta que se trata de dinero público”, ha insistido en que “es fundamental estar con voz propia en los lugares de decisión para que Gipuzkoa pueda tener control sobre el futuro”.

Mikel Lezama, portavoz del PP, que ha apoyado la enmienda transaccional junto a PSE-EE y EH Bildu ha criticado que la respuesta política del PNV de Gipuzkoa a esta operación haya sido “el portazo y el desaire a la propia estrategia industrial del propio Gobierno vasco”. “Lo que es bueno, según ustedes mismos, para el conjunto del país, no lo es para el territorio”, ha añadido. “Ni tiene color político ni ideológico el hecho de defender que Gipuzkoa siga siendo un territorio de oportunidades. Mantengamos el arraigo de nuestras empresas, asentemos la recaudación fiscal de una empresa puntera para nuestra hacienda y protejamos a los trabajadores”.

Por su parte, la portavoz de la coalición Elkarrekin, Miren Echeveste, ha rechazado la “injerencia política” de EH Bildu y el PSE-EE “ sobre las decisiones de una entidad independiente que ya ha tomado una decisión sustentada sobre informes técnicos”, ha señalado refriéndose a Kutxa y ha calificado de “lamentable” que “prioricen los intereses financieros de unos pocos señoritos a los intereses de Gipuzkoa”. 

El pasado 4 de noviembre la presentación de los presupuestos de la Ertzaintza para 2026 en el Parlamento Vasco se convirtió en un debate sobre el tratamiento que el consejero del ramo, Bingen Zupiria, ofrece de los datos de criminalidad y de la percepción de inseguridad. Zupiria, en aquel momento, no negó que había cambiado el argumentario en comparación con el año anterior, cuando él mismo defendía que “Euskadi es un país seguro”. Ahora, incluso se publican datos sobre el origen de los delincuentes arrestados, algo que no hace ningún otro cuerpo policial. Y el propio Zupiria ha llegado a decir en algunas entrevistas que “extranjeros sin arraigo” están detrás del incremento de algunos delitos, como el uso de armas blancas. Sin embargo, no todos los miembros del PNV opinan lo mismo. De hecho, así ha quedado claro este jueves en el pleno de Bilbao después de que el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE en el Ayuntamiento, así como EH Bildu y Elkarrekin, se han mostrado contrarios a hacer pública la procedencia geográfica de las personas detenidas porque “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”, según ha defendido la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, del PNV.

Durante el pleno se han debatido sendas mociones relativas a la nacionalidad de las personas detenidas. Desde el PP han planteado la necesidad de hacer público el origen de los detenidos por la Policía Municipal, exactamente como hace la Policía autonómica, mientras que Elkarrekin ha solicitado lo contrario, evitar que se publique la procedencia de las personas arrestadas. Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno, apoyada por EH Bildu, con la abstención de Elkarrekin y el rechazo del PP, en la que se insta al Ejecutivo local a “reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia, en el marco del pacto por la seguridad y en el ámbito de las competencias municipales, incidiendo en la coordinación con otras instituciones y agentes, incluyendo medidas que sirvan para luchar contra la reincidencia, atendiendo alas características propias de los distintos barrios”.

Para defender su postura, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha recordado que es la propia Ertzaintza la está dando datos sobre el origen de las personas detenidas en Euskadi y ha asegurado que “todos los profesionales del mundo de la seguridad coinciden en que conocer estos datos es bueno para preparar las operativas de la Policía”. “Se trata de ver el origen, las causas y las razones del incremento, o de la bajada, en su caso, de la delincuencia y también de una cuestión de transparencia porque los ciudadanos tenemos derecho a conocer estos datos. Si la Ertzaintza lo está haciendo, lo lógico es que también lo haga nuestra Policía Municipal, para que así podamos ver una estadística común y de conjunto”, ha insistido.

No obstante, desde el equipo de Gobierno, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, ha precisado que en el marco del Pacto de Seguridad no se ha planteado esta cuestión y “jamás ha sido solicitada por la ciudadanía asociada, ni a título individual, en ninguno de los talleres de seguridad mensuales, ni en ninguno de los foros abiertos celebrados hasta la fecha”. “Al PP no le interesa ni la seguridad ni la convivencia, sino el follón y el enredar absolutamente todo. La Policía Municipal y la Ertzaintza comparten y analizan la situación delictiva y las personas detenidas e imputadas, con nombres y apellidos concretos y se trabajan estos datos haciendo hincapié en la multireincidencia, que preocupa más que el color, el origen, creencias o condiciones de las personas detenidas”, ha apuntado Arregi.

En este sentido, ha aportado datos: durante 2025 se han practicado 2.114 detenciones por la Policía Municipal de Bilbao, sin embargo, por esos delitos han sido detenidas 1.525 personas, lo que refleja que “la reincidencia es un problema en la ciudad”. “Un grupo pequeño de personas son los que se dedican a la actividad delictiva, 275 personas son reincidentes y, entre estas, hay alguna con más de 70 detenciones e imputaciones, tres con más de 30, cuatro con más de 20 y diez con más de 15 durante el año 2025”, ha destacado la concejala, tras señalar que esta realidad “genera en la ciudadanía y también en los propios infractores una sensación de impunidad, de falta de castigo”.

“Desde el Ayuntamiento de Bilbao llevan tiempo trabajando con jueces y fiscales para practicar juicios rápidos, para intentar incrementar los autos de prisión provisional cuando la legislación lo permita, aunque somos conscientes que es una competencia judicial”, ha aclarado. Además, ha añadido que existe un esfuerzo continuo por la coordinación e intercomunicación de datos con la Ertzaintza. “Nos cruzamos datos semanalmente sobre los hechos más relevantes y detenciones practicadas, y ahí constan los datos de todas las personas que son detenidas, tanto por la Policía Municipal como por la Ertzaintza, y se trabajan a nivel interno y técnico”, ha precisado.

Desde el PSE-EE, su portavoz, Nora Abete, ha considerado que “convertir el origen en un elemento destacado de la comunicación institucional es un error en el fondo, porque no explica la delincuencia, no hay ninguna evidencia científica que relacione nacionalidad y delito”. “Lo que explica la delincuencia son factores como la pobreza, la exclusión o la vulnerabilidad social, no el país de procedencia. Es un error en la forma porque ofrecer datos descontextualizados, parciales y selectivos no es transparencia. Hay grupos políticos que no piden estos datos para mejorar la seguridad, sino para aumentar el miedo, señalar a personas migrantes y construir un falso vínculo entre inmigración y delincuencia”, ha destacado Abete.

Desde el resto de la oposición, la portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha señalado que “a nivel policial o de prevención securitaria del delito no sirve de nada conocer públicamente el origen o nacionalidad de un detenido, solo sirve para señalar y estigmatizar a pueblos y personas y, sobre todo, para que algunos partidos políticos ganen votos apelando a las emociones más viscerales a costa de dañar profundamente nuestra convivencia democrática y nuestra preciada cohesión social”, ha señalado la concejala, que ha acusado al PP de ser “cobardes y taimados” porque “justifican su propuesta en un falso interés empírico y estadístico”, cuando “cualquier persona que se toma en serio su trabajo institucional sabe que este tipo de información ya se comparte de manera interna entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de fuera del Estado”.

Por último, la portavoz de EH Bildu, María del Río, ha criticado que la proposición del PP “tiene la osadía de pedir que, en un momento muy anterior a que se haya dictado sentencia, en el que solo ha habido una detención y el principio de presunción de inocencia permanece intacto, se señale de forma expresa el origen geográfico de las personas detenidas por la Policía Municipal”, ha destacado Del Río, tras recordar que el Ararteko “ya recomendó en 2011 evitar la medida,” y organizaciones como SOS Racismo o la sección territorial de Jueces para la Democracia de Euskadi “ya han expresado su frontal rechazo”. “La lista de quienes han mostrado sorpresa por el giro dado por el Departamento de Seguridad es larga, incluso dentro del propio Gobierno vasco”, ha concluido.

El pleno de las Juntas Generales de Álava (el Parlamento foral) ha aprobado este miércoles una moción que defiende el “carácter temporal y excepcional” del acuerdo marco de colaboración entre la Diputación de Álava y la Diputación de Burgos para el enclave de Treviño, y considera que el proceso de integración “ha de abordarse de manera inmediata y resolverse a lo largo de la vigencia del acuerdo actual”, que finaliza en 2029.

En la moción, que surge tras una enmienda transaccional presentada por PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin (que aglutina a Podemos e IU), las Juntas reiteran su “apoyo a la incorporación de Treviño en Álava”, así como “a todas las iniciativas institucionales y populares que surjan” para lograr la integración. En este sentido, instan a la Diputación de Álava a “colaborar” con dichas iniciativas, y “defenderlas ante posibles descalificaciones”, según recoge Europa Press.

Además, las Juntas Generales se “comprometen a seguir trabajando” para “facilitar la resolución definitiva” de la integración de Treviño en Álava, “dentro de la legalidad y respetando la voluntad de la ciudadanía”, un proceso que “ha de abordarse de manera inmediata y resolverse a lo largo de la vigencia del acuerdo marco actual”. Por último, las Juntas Generales de Álava “rechazan” en la moción “las manifestaciones contrarias a los derechos históricos y el autogobierno vasco expresadas por el presidente de la Diputación Provincial de Burgos”.

Una situación “anómala”

Durante su turno de palabra, el portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha reafirmado el “carácter temporal” del Acuerdo Marco y los convenios de colaboración con la Diputación de Burgos. “Además de anacrónica, esta situación es anómala”, ha expresado. “Que una Administración esté prestando servicios básicos que no son de su competencia a una parte de la población que depende de otra Administración es anómalo. Y que esa Administración que no provee los servicios se oponga a la voluntad de la población de integrarse en la que sí le facilita los servicios es anómalo”, ha recalcado Ruiz de Galarreta.

Para el PNV, “no es de extrañar” que los vecinos de Treviño “quieran integrarse en Álava”, no solo por razones geográficas e históricas o porque “realmente se sienten alaveses”, sino porque también sus servicios llegan desde este Territorio Histórico y “no desde quien se desentiende de ellos”.

Por su parte, desde el PSE-EE han recriminado que, en el convenio actual, “quien da todo es la Diputación Foral de Álava, y la Diputación Provincial de Burgos no presta nada, ni paga ninguno de los servicios”, ha declarado su portavoz, Josu López, que ha afirmado que es “momento de que esta situación excepcional se lleve a una situación de escenario definitivo” con la integración de Treviño. Además, López ha hecho referencia a las declaraciones realizadas por el presidente de la Diputación de Burgos en las que “hizo una serie de afirmaciones que cuestionaban la legitimidad tanto del diputado general de Álava como de las Juntas Generales”. “Este debate también es respaldar y reforzar la posición del Gobierno foral y de las posiciones que adoptemos en estas Juntas Generales”, ha expresado.

El hecho de que Treviño no sea Álava se está “convirtiendo en una situación insoportable en todos los sentidos” para su población, ha expresado la portavoz de Eh Bildu, Eva López de Arroyabe, que ha valorado que “ahora es el momento para arreglar definitivamente esta cuestión” para “poder garantizarles una vida de calidad”. Por ello, desde EH Bildu han hecho énfasis en mostrar el “apoyo y colaboración a todas las iniciativas institucionales y populares que han surgido o surgirán en Treviño, con el fin de lograr su integración”, así como “instar a la Diputación Foral de Álava a acompañar y defender, ante posibles agresiones, estas iniciativas”.

Desde Elkarrekin Araba (Podemos e IU), también han defendido el carácter “excepcional y temporal” del acuerdo marco de colaboración entre ambas instituciones. No obstante, pese a apoyar la moción, consideran que los debates “están repitiéndose con muy poco avance”, ha valorado el portavoz, David Rodríguez.

Según Rodríguez, “el único punto que difiere” respecto al debate ocurrido en mayo de 2025 sobre el mismo tema es el de contestar a la Diputación de Burgos. “Esto no es una cuestión de careos, es cuestión de avanzar con seriedad en unos objetivos que compartimos el 80% de esta cámara”, ha señalado. “El debate ahora mismo ya está claro. Avancemos, pero no derivemos esto en debates partidistas que no solucionan los problemas de la población de Treviño”, ha declarado Rodríguez, que ha pedido “ir un poco más allá” y contemplar la solución de los problemas del día a día, como las becas universitarias, la asistencia sanitaria, el mantenimiento de carreteras y la vivienda.

Votos en contra de PP y Vox

La moción presentada ha recibido los votos en contra del Partido Popular y de Vox. La portavoz del PP, Ana Salazar, ha mostrado su apoyo a la integración “pero no de cualquier manera, ni inventando atajos, ni excusas legales, ni pasar por encima de otras instituciones”. Salazar ha defendido una integración “siempre dentro de la legalidad” y “con acuerdos, no imposiciones”. En su opinión, lo que piden desde Treviño es “contar con servicios de calidad”, por lo que la enmienda que ha presentado pide que, “desde el diálogo y la lealtad”, se “profundicen y mejoren” los acuerdos y convenios interinstitucionales.

Desde Vox se han opuesto “frontalmente” a las mociones presentadas por considerar que “parten de un planteamiento profundamente equivocado, ideologizado y ajeno al marco legar y constitucional”, ha declarado su portavoz, Jonathan Romero. La moción “hace un uso interesado y profundamente demagógico” del concepto de voluntad popular, ha considerado Romero, que ha recriminado que el Acuerdo Marco “no nació como un mecanismo de presión política ni como una herramienta para alterar fronteras”. Para Romero, se trata de una “obsesión territorial” que “no mejora la vida de nadie” y que “solo sirve para alimentar proyectos nacionalistas que poco o nada tienen que ver con el interés general” de los alaveses.

PNV y PSE-EE, que gobiernan en Álava, y también EH Bildu y la coalición Elkarrekin (de Podemos e IU) han registrado este lunes una proposición de norma foral —el equivalente a una ley— para revocar los títulos honoríficos de 'padres de la provincia' que se les concedieron al dictador Francisco Franco y al militar golpista Emilio Mola. En el texto, que ha pasado este martes por la Mesa de las Juntas Generales (el Parlamento foral), se subraya que hubo “un intento de apropiación simbólica de la tradición para legitimar un régimen que, en la práctica, era la antítesis de los valores forales de pacto y respeto institucional”. Como ya ha contado este periódico, esta norma dará curso a una moción no vinculante que se aprobó en noviembre con el apoyo de todos los grupos menos el de Vox, que tan solo ocupa un escaño de los 51 de la cámara. La tramitación se hará a través de un procedimiento de lectura única, de manera que se debatirá directamente en el pleno, lo que aligera los tiempos.

Francisco Franco y Emilio Mola fueron nombrados 'padres de la provincia', mientras que el dictador recibió también la distinción de diputado general honorario. En la proposición de norma foral, se sostiene que el proceso que condujo a la concesión de estos títulos culminó el 28 de abril de 1944 “con una proclamación formal en el seno de una denominada 'Junta' que suplantaba la estructura institucional histórica del Territorio”. Se “había desplazado a la legítima Junta Particular” y el título de diputado general honorario de Franco se había “otorgado bajo un régimen de excepción y en clara ruptura con el orden foral tradicional”, se abunda. Y se añade: “El uso de estas distinciones forales por parte de los organismos de facto en 1936 y 1944 supuso un intento de apropiación simbólica de la tradición para legitimar un régimen que, en la práctica, era la antítesis de los valores forales de pacto y respeto institucional”.

Según la proposición de norma foral, “se procederá a la anotación expresa de la presente revocación en cuantos registros, libros de honores y distinciones o archivos de la Diputación Foral figuren los mecionados nombramientos, haciendo constar la revocación con el máximo nivel de publicidad institucional”.

Medallas y menciones

En paralelo, hay otro proceso relacionado, comprometido por el diputado general, Ramiro González, del PNV. La Diputación ha encargado a la EHU, la Universidad pública vasca, un estudio completo sobre las condecoraciones a Franco y otros altos representantes de la dictadura. Se trata de medallas, designaciones y cualquier mención honorífica. Además de Franco y Mola, como mínimo también fue premiado Camilo Alonso Vega, militar de El Ferrol, como el dictador, y responsable de la plaza de Vitoria el 18 de julio de 1936, lo que hizo a esta ciudad la primera de España en ser asaltada por los sublevados. Alonso Vega mantuvo una calle en Santander hasta el año pasado. La propia sede de la Diputación de Álava se convirtió en sede de uno de los ministerios más relevantes del Gobierno paralelo que Franco creó en 1937, Justicia. En su trasera, en la actual Escuela de Artes y Oficios, se instaló también el de Educación.

Podemos e IU se congratulan de que el acuerdo presupuestario alcanzado el pasado diciembre con el Gobierno foral de Ramiro González prevé la derogación de “todos los títulos honoríficos y condecoraciones otorgadas por la Diputación Foral de Álava a personas relacionadas con la dictadura y represión franquista entre 1936 y 1976”. Para efectuarla, se ha marcado como horizonte la fecha del 3 de marzo, cuando se cumplirá medio siglo de la masacre en la que la Policía todavía franquista asaltó a tiros una asamblea obrera en Vitoria y dejó cinco asesinados y decenas de heridos. A la espera de que la EHU concluya su estudio, Elkarrekin ya ha apuntado a algunas figuras a las que habría que despojar de sus títulos: Germán Gil Yuste, como hijo adoptivo de Álava; Vicente Abreu, que recibió la Medalla de Álava, y Luis Martín Ballesteros, al que se le concedió la Medalla de Oro de la provincia.

Este martes, Xabier Valdor y Eva López de Arroyabe, de EH Bildu, han presentado también una batería de preguntas para que el diputado general las responda por escrito. Le cuestionan por la fecha en que se prevé la pubicación del registro con las medallas, galardones y todo tipo de distinciones honoríficas entregados por la institución foral. Solicitan también información sobre la partida que se va a destinar y la fórmula bajo la que se va a crear el registro. “¿Tiene la Diputación intención de suprimir los nombramientos honoríficos otorgados entre 1936 y 1977 a las personas por su ideología franquista o por su colaboración con el régimen de la época?”, se cuestiona en la última.

El PNV ganaría las elecciones forales en Bizkaia y pasaría de sus 23 junteros actuales a 24 o 25, mientras que EH Bildu sería segunda fuerza, logrando 17 diputados, dos más que los conseguidos en las elecciones a Juntas Generales de 2023, según los resultados del estudio de opinión pública de Bizkaia 2025 presentado este viernes por la Diputación vizcaína que ofrece una radiografía actualizada de las percepciones ciudadanas y las tendencias electorales. El PSE-EE mantendría sus ocho junteros o perdería uno, mientras que el PP volvería a sacar tres representantes o se dejaría uno de celebrarse ahora los comicios forales. Podemos perdería los dos apoderados logrados en 2023 como Elkarrekin, unida a las fuerzas que ahora están en Sumar, que tampoco obtendría representación, al igual que Vox.

El informe, elaborado por Ikerfel a partir de 3.002 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Bizkaia, se realizó entre el 3 y el 18 de diciembre de 2025, según recoge Europa Press. Según el estudio, el PNV obtendría el 41,6% de los votos de celebrarse ahora las elecciones forales, frente al 39,2% que logró en los comicios de 2023, y pasaría de 23 a 24 o 25 junteros. Por su parte, EH Bildu también crecería en estimación de voto, del 25,5% de las últimas elecciones forales a un 29,3%, lo que le permitirá pasar de 15 a 17 junteros.

El PSE-EE bajaría en estimación de voto del 16,2% al 14,3%, con lo que mantendría sus 8 junteros o perdería uno, mientras que el PP pasaría del 8,4% de los votos de 2023 al 6,6%, con lo que podría repetir sus tres diputados o perdería uno. Podemos pasaría del 7,4% de los votos logrados en los anteriores comicios forales (como Elkarrekin, junto a Sumar) al 2%, y perdería sus dos representantes. Vox, con el 2,7% de estimación de voto (2% en 2023) no obtendría ningún juntero en las Juntas Generales de Bizkaia, y Sumar, con el 2,2% de los votos tampoco lograría representación.

Por circunscripciones electorales, el PNV mantendría sus representantes por Busturia-Uribe (6), Durango-Arratia (5) y Encartaciones (6) y sería en la de Bilbao en la que subiría de 6 a 7 u 8 diputados. Por su parte, EH Bildu mantendría sus junteros en Busturia-Uribe (5) y Durango-Arratia (4), incrementando su representación en Bilbao (de 3 a 4) y en Encartaciones (de 3 a 4). El PSE-EE revalidaría sus representantes en Busturia-Uribe (1), Durango-Arratia (1) y Encartaciones (3), mientras que el juntero que podría perder sería por la circunscripción de Bilbao.

El PP mantendría su diputado por Busturia-Uribe y podría perder uno de los dos que consiguió por Bilbao o el único que logró por Encartaciones, mientras que Podemos perdería su juntero por la circunscripción de Bilbao y el que consiguió por la de Encartaciones. El estudio de prospección electoral eleborado por la Diputacion vizcaína recoge una abstención del 39,5%, por debajo del 39,9% registrado en las elecciones forales del 28 de mayo de 2023

El Sociómetro de diciembre de 2025 de Gipuzkoa sitúa a EH Bildu con una intención del voto del 39,4%, lo que se traduciría en 23 junteros, sumando un representante a los 22 actuales, y sería el ganador de las elecciones forales. Le sigue PNV, con un 32,9% de los apoyos y 18 procuradores, uno más que en la medición anterior. El PSE-EE obtendría un 13,9% de los votos y siete junteros, manteniendo los actuales, mientras que el PP alcanzaría un 5,5%, con dos representantes, uno menos. Por su parte, Elkarrekin Podemos lograría un 4,8% de los apoyos y un representante en las Juntas Generales de Gipuzkoa, con lo que perdería un juntero.

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha dado a conocer, en rueda de prensa, los resultados del Sociómetro de Gipuzkoa correspondiente al mes de diciembre de 2025, que recoge la percepción ciudadana sobre diversas cuestiones sociales, económicas y políticas del territorio. El estudio se ha realizado mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa.

Berasaluze ha apuntado que, en la intención de voto respecto al sociómetro anterior de mayo, “EH Bildu manifiesta un descenso en la intención de voto y el PNV una recuperación”. “Si nos vamos a los datos de las anteriores elecciones forales, más o menos están situados ambos en una intención de voto similar, pero la evolución respecto al sociómetro de mayo es justo en que la intención de voto de EH Bildu desciende algo y la del PNV se recupera”, ha insistido, según recoge Europa Press.

Desconfianza en la política

Según esta encuesta, la Diputación de Gipuzkoa se mantiene como la institución mejor valorada por la ciudadanía, con una puntuación media de 5,5 sobre 10, seguida por los ayuntamientos (5,49 puntos) y el Gobierno vasco (5,36 puntos). En conjunto, los resultados reflejan “una percepción estable y sostenida de las instituciones vascas”, ha destacado Berasaluze. Por su parte, el Gobierno central continúa siendo la institución con una valoración más baja, con 3,99 puntos.

Además, mejora la percepción sobre la gestión del Gobierno foral, aumentando el porcentaje de personas que califican su imagen como buena, hasta el 35,8%, frente al 32,9% de la medición anterior. En paralelo, continúa creciendo el grado de conocimiento de la diputada general, Eider Mendoza, que alcanza el 42,4%. Asimismo, la ciudadanía valora de forma positiva la calidad de los servicios públicos forales, con puntuaciones como el 6,05 en servicios sociales y el 5,83 en el ámbito de Hacienda, por ejemplo.

El 72,5% de los encuestados no confía en la política. Además, en cuanto a la valoración de la actuación de los partidos políticos que están en las Juntas Generales de Gipuzkoa, EH Bildu obtiene una puntuación de 5,67 seguido de cerca del PNV con 5,32. Finalmente, un 46,5% se siente únicamente vasco, un 19,3% más vasco que español, un 24% tan vasco como español, un 1,6% más español que vasco y 2% únicamente español.

El PNV repetiría como principal fuerza política y lograría 17 escaños, dos más que los que tiene en la actualidad, en las próximas elecciones forales de Álava, según un estudio encargado por la Diputación que vuelve a situar a EH Bildu como segundo partido, con un crecimiento de otros dos escaños que le haría llegar a los 16 representantes.

El estudio, realizado por Gizaker por encargo de la Diputación de Álava, se ha elaborado a partir de 1.200 entrevistas telefónicas a personas residentes en Álava mayores de edad, con un error muestral del 2,83% para un nivel de confianza del 95%. Las entrevistas se han realizado entre el 12 y el 18 de diciembre, según recoge Europa Press.

La encuesta también recoge la opinión de la ciudadanía alavesa sobre la gestión de las principales instituciones. Así, se valora al Gobierno vasco y la Diputación de Álava con una nota de 5,73 y 5,72, respectivamente, por delante de los ayuntamientos (5,17) y el Gobierno de Sánchez (4,41).

En cuanto a la intención de voto para las Juntas Generales de Álava, el estudio concluye que, si hoy se celebraran las elecciones, PNV volvería a ser la fuerza más votada, con una estimación de voto del 30%. Por detrás, EH Bildu obtendría el 28,4%. Le seguiría el PSE-EE, con una estimación del 15,5%. El PP obtendría el 13,1%, Elkarrekin Podemos el 7,1% y Vox el 5% de los sufragios.

En su traslación a las Juntas Generales de Álava, la formación jeltzale obtendría 17 escaños, dos más que en las elecciones forales de 2023; EH Bildu llegaría a los 16 asientos en la Cámara foral y también sumaría dos a su representación actual; el PSE-EE tendría 7 escaños, dos menos que en la anterior cita electoral; el PP también caería dos representantes, quedándose en 7; Elkarrekin Podemos mantendría dos de sus actuales tres asientos; y Vox duplicaría su presencia, hasta llegar a dos representantes.

Las Diputaciones de Álava y de Gipuzkoa ya tienen presupuestos. Ambos Gobiernos de PNV y PSE-EE están en minoría y han mirado a la izquierda para tener cuentas en 2026. En ambos casos el pacto ha sido con Podemos, aunque en Álava también con IU.

Las Juntas Generales de Álava han aprobado este viernes el proyecto de presupuestos para 2026 con los votos a favor del Gobierno foral y Elkarrekin, la coalición de Podemos e IU. Han concitado el rechazo de PP, EH Bildu y Vox. Tras su aprobación, el diputado general, Ramiro González, ha denunciado la actitud “prepotente” de EH Bildu frente al presupuesto y ha acusado al PP de estar “en confrontación permanente”, informa Europa Press. Desde Elkarrekin han mostrado su satisfacción por los logros alcanzados y por el “giro progresista” que ha dado el proyecto de presupuestos, ha declarado su portavoz, David Rodríguez

De su lado, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha afirmado que la aprobación de los presupuestos forales para 2026 es “una buena noticia”, ya que permitirá “seguir dando nuevos pasos, pasos firmes e innovadores para garantizar el bienestar de la ciudadanía y ofrecer oportunidades para las personas y empresas”. “Cuando comenzó la legislatura nos comprometimos a que esta fuera una legislatura de acuerdos y así está siendo”, ha resaltado.

Álava contará con presupuestos para 2026. Podemos e IU, que en Álava conforman la coalición Elkarrekin, han anunciado este domingo que, tras un fin de semana de “intensas negociaciones”, han alcanzado un acuerdo que permitirá a PNV y PSE-EE, que no gobiernan con mayoría absoluta, sacar adelante los presupuestos.

“Podemos anunciar que hemos llegado a un acuerdo presupuestario con el que satisfacemos dos objetivos que nos eran fundamentales: hacer viable el primer convenio laboral de trabajadoras de residencias privadas de Araba y avanzar hacia una Araba mejor a través de un conjunto de pactos ambiciosos que buscan un territorio más social, cohesionado y sostenible, con una visión más comprometida, progresista y valiente en el mundo real de hoy”, se ha congratulado el portavoz, David Rodríguez.

Podemos e IU se felicitan por haber desploqueado el conflicto de las residencias y por conseguir partidas “imprescindibles” en cuidados, vivienda, cohesión social y territorial, lucha contra el sinhogarismo y las violencias machistas y la defensa del medioambiente y de la biodiversidad.

La Diputación de Álava -en manos de Ramiro González, del PNV, en coalición con el PSE-EE- ha salvado a lo largo de la semana un 'match ball', pues Elkarrekin había reclamado una solución al conflicto laboral de las residencias antes de sentarse a cerrar un acuerdo para los presupuestos. El jueves por la noche, González anunció que se había alcanzado un acuerdo entre patronal y sindicatos hasta 2028, cubierto con una inyección de algo más de 10 millones de euros de fondos forales para atender subidas salariales de más del 30% que dejarán en 1.500 euros mensuales la nómina ordinaria de una gerocultora. Esto condujo a Elkarrekin a retirar su enmienda a la totalidad a los presupuestos, lo que permitió que el Gobierno foral no perdiera la votación. Ahora, Álava podrá tener el 1 de enero unos presupuestos actualizados.