EH Bildu sería primera fuerza, con una estimación del 39,9% de los votos y 23 junteros, mientras que PNV obtendría el 32,9% de los apoyos y 19 representantes y el PSE-EE alcanzaría el 14,1% y siete representantes, lo que daría, por primera vez, mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa a la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas, según el Sociómetro de julio de Gipuzkoa. En una rueda de prensa en Donostia, la portavoz foral, Irune Berasaluze, ha presentado los resultados del último Sociómetro. La suma de Elkarrekin Podemos y Sumar, con un 5,2% de apoyo estimado, mantendría su representación de un juntero mientras que el PP lograría un 5% de los votos y un representante.

“Estos resultados apuntan a que la coalición de Gobierno mantendría sus apoyos y alcanzaría por primera vez la mayoría absoluta en las Juntas Generales sin necesidad del respaldo de una tercera fuerza política”, ha incidido la portavoz foral. Por otra parte, el último sociómetro refleja “una recuperación gradual de la confianza en la política”, y, así, el número de personas que manifiestan confiar en ella se sitúa en el 28,8%, frente al 17,2% registrado en 2023. “La desconfianza sigue siendo mayoritaria y alcanza el 67,1%”, ha reconocido, según recoge Europa Press.

“Se mantiene la valoración positiva de las instituciones vascas y el orden de proximidad institucional continúa marcando la percepción ciudadana”, ha indicado Berasaluze. De esta forma, los ayuntamientos son la institución mejor valorada, con 5,52 puntos sobre 10, seguidos de la Diputación de Gipuzkoa, con 5,43 puntos, y del Gobierno vasco, con 5,29“. El Gobierno central continúa siendo la institución peor valorada, con 3,81 puntos. Según Berasaluze, ”la proximidad, la capacidad de respuesta y la presencia en el día a día siguen siendo elementos fundamentales para recuperar la confianza.“

En cuanto al conocimiento y valoración de los principales líderes políticos, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, “sigue obteniendo la mejor valoración y repunta en conocimiento”, siendo conocida “por el 51,9%” de la ciudadanía, que le da una puntuación media de 5,73 sobre 10. El lehendakari, Imanol Pradales, obtiene un 87,8% en conocimiento y el presidente español, Pedro Sánchez, un 98,6%.

Situación económica

Por otro lado, ha señalado que, según el Sociómetro, “ocho de cada diez guipuzcoanos y guipuzcoanas esperan mantener o mejorar su situación económica”. Así, la situación económica personal obtiene una valoración media de 6,69 puntos sobre 10, el 82,3% de las personas encuestadas le otorga a su situación una nota igual o superior a 6 y el 80,5% considera que durante el próximo año su situación se mantendrá estable o mejorará.

La nueva encuesta refleja “una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su calidad de vida” y confirma que la vivienda y las cuestiones económicas “continúan concentrando las principales preocupaciones de la ciudadanía y se consolidan como algunos de los grandes retos del territorio para los próximos años”, ha indicado.

Berasaluze ha destacado que “el sociómetro refleja una sociedad que mantiene una percepción positiva de su bienestar y de su situación personal, pero que al mismo tiempo es plenamente consciente y exigente respecto a los grandes retos colectivos que Gipuzkoa deberá afrontar en los próximos años”. “La vivienda se percibe como el principal reto del territorio para el 65,8%, pero existe una diferencia entre la percepción del problema y la incidencia directa en la vida cotidiana porque el porcentaje de personas que afirma verse afectada personalmente se sitúa en el 22,3%”, ha apuntado.

También ha indicado que “esta realidad cambia de forma notable entre la población joven”, ya que “entre las personas de entre 18 y 29 años, el impacto directo del problema de la vivienda afecta al 40,4%, lo que confirma que estamos ante uno de los grandes desafíos generacionales y ante una cuestión clave para la emancipación y los proyectos de vida de nuestros jóvenes.”

La encuesta, realizada mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa entre el 25 de junio y el 1 de julio, recoge las impresiones y valoraciones de la ciudadanía ante diversos temas sociales y políticos. En el apartado Economía y nivel de vida, “los 6,69 puntos sobre 10 con relación a la situación económica personal son el dato más elevado de la serie reciente que mantiene su tendencia positiva”, ha explicado. Según Berasaluze, “esta buena percepción se refleja también en la evolución del nivel de vida”.

Así, “el 51,3% de la ciudadanía considera que su situación se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años y el porcentaje de quienes creen que ha mejorado aumenta hasta el 21,5%, un punto más que en la medición de diciembre”. “En paralelo, continúa reduciéndose el número de personas que consideran que su situación ha empeorado, pasando del 37,4% registrado en septiembre de 2023 al 26,8% actual, lo que supone una reducción de 10,6 puntos porcentuales en menos de tres años”, ha afirmado. “La confianza en el futuro también se mantiene en buenos niveles, al estimar el 46,9% que la situación económica del territorio se mantendrá estable y un 16% considera que mejorará, mientras que un 26,8% prevé un empeoramiento”, ha detallado.

En el ámbito social, “la vivienda se consolida como la principal preocupación de la ciudadanía guipuzcoana y alcanza el 65,8%, muy por encima del 54,3% registrado en diciembre de 2025 y del 50,2% de mayo de 2025”. El empleo y la situación laboral ocupan la segunda posición, con un 22,2%, seguidos por la sanidad, con un 20,8%, y la seguridad ciudadana, que se sitúa en cuarto lugar con un 14,5%. Los niveles de bienestar emocional se mantienen prácticamente estables respecto a mediciones anteriores.

De este modo, “la ciudadanía guipuzcoana valora su estado anímico con un 7,41 sobre 10 y mantiene una valoración muy positiva de su red de apoyo familiar y social, que alcanza una puntuación de 8,02 puntos, el indicador mejor valorado del estudio”. La portavoz foral ha incidido en que este sociómetro refleja que “Gipuzkoa avanza desde la estabilidad, afrontando con atención y responsabilidad los principales retos sociales y del territorio, pero manteniendo la confianza en su economía, en su modelo de bienestar y en sus fortalezas como comunidad”.

Si se celebraran ahora elecciones forales, el PNV ganaría en Bizkaia, EH Bildu lo haría en Gipuzkoa y ambas fuerzas abertzales estarían casi en empate técnico en Álava, con ligera ventaja para los 'jeltzales'. Es la principal conclusión del Sociómetro, la encuesta de la casa Ikerfel para la Presidencia Vasca, que hace un prospección de cara a unos comicios que se celebrarán en mayo de 2027, a la vez que las municipales, y que tienen gran relevancia porque, entre otras materias, las diputaciones tienen todas las competencias fiscales. El trabajo, sin embargo, no ofrece estimación de escaños al no haber base suficiente para medir la realidad de todas las circunscripciones, muchas de ellas de pequeño tamaño.

Aunque los datos han trascendido este lunes, Ikerfel realizó las entrevistas para el Gabinete de Prospección Sociológica (GPS) del Gobierno vasco entre el 20 y el 26 de mayo. No se recogen, por lo tanto, todas las nuevas investigaciones de corrupción en torno al PSOE de los últimos días, algunas de ellas con incidencia directa en suelo vasco, como lo relativo al rescate de Tubos Reunidos. La muestra es de 800 alaveses, 1.485 vizcaínos y 1.200 guipuzcoanos y el margen de error general es del 1,7%.

Los datos globales muestran una primacía del PNV, con subidas con respecto a los datos de las forales de 2023 en los tres territorios, una EH Bildu consolidada en Gipuzkoa como primera fuerza y como la alternativa más fuerte en los otros dos territorios, un PSE-EE con ligero desgaste y un PP que no termina de avanzar ante un Vox creciente, sobre todo en Álava. El sondeo pregunta por dos candidaturas de izquierdas, una Sumar y otra llamada “Elkarrekin Podemos”. En 2023 se presentó una coalición llamada “Elkarrekin” que aglutinaba a Podemos, IU, Equo y otras fuerzas. Se estima una participación del entorno del 59-60%.

Álava: el PNV, por poco

En Álava, un PNV que no ha concretado si Ramiro González, diputado general desde 2015, volverá a ser el candidato y optar a un cuarto mandato, ganaría las elecciones con un 28,5% de los votos, según el Sociómetro. EH Bildu alcanzaría un 28,2%. En 2023 también hubo una diferencia de menos de un punto, aunque ahora la cocina estima que ambas fuerzas subirían en detrimento del resto, con la excepción de Vox.

Bajarían los socialistas, socios del PNV, bajaría igualmente el PP en su principal caladero tradicional -gobernó en Álava de 1999 a 2007 y de 2011 a 2015- y la división en la izquierda no nacionalista allende el PSE-EE les dejaría en la mitad de votos que en 2023 tuvo la marca única Elkarrekin y con problemas para alcanzar el 3% que permite entrar al reparto de escaños en esta convocatoria. La cocina otorga a Vox un 5,9%. Sería su máximo de nunca en unas elecciones de este tipo. No hay reparto de escaños, pero con esa cifra y teniendo en cuenta el peso de Vitoria en el reparto de los 51 asientos de las Juntas Generales, el Parlamento foral, la ultraderecha obtendría una relevante cuota de representación, muy por encima del único escaño actual.

Bizkaia: sigue mandando el PNV

En Bizkaia, el sondeo apunta a que el PNV volvería a rondar el 40% de apoyos, con diez puntos de ventaja sobre la segunda fuerza, EH Bildu. Eso sí, aunque los nacionalistas mejorarían con respecto al resultado de Elixabete Etxanobe en 2023, la coalición abertzale le daría un significativo mordisco a la ventaja. Con un 14,9%, lejos, quedaría el PSE-EE, el otro partido del Gobierno junto con los 'jeltzales', y que notaría desgaste.

En la derecha, el PP caería por debajo del 7%, cuando en 2023 superó el 8%, pero Vox saltaría por encima del 3,1%. Es muy difícil saber qué pasaría con los escaños en las circunscripciones, pero la ultraderecha estaría ya en condiciones de superar el 3% en algunas de ellas y de poder optar a irrumpir por vez primera en las Juntas Generales vizcaínas. En la izquierda, Podemos y Sumar por separado obtendrían la mitad de la marca compartida Elkarrekin de 2023, y quedarían en principio sin opciones de lograr representación.

Gipuzkoa: el feudo de EH Bildu

En Gipuzkoa, EH Bildu ganaría holgadamente con cerca de un 40% de intención de voto, al nivel del PNV en Bizkaia y subiendo con respecto a la forales anteriores. Además, supera en más de seis puntos al PNV. En 2023 ya ganó, pero PNV y PSE-EE, apoyados por el PP, retuvieron el poder en la Diputación, con Eider Mendoza al frente. Los 'jeltzales' también mejorarían sus perspectivas.

Los socialistas serían tercera fuerza, con un 13,1%, dejándose varios puntos. Gipuzkoa ofrece el escenario más estable para el PP, donde mantendría su peso en torno al 6% después de haber sido decisivos en la gobernabilidad. Vox no se presentó en 2023 y ahora alcanzaría apenas un 1,5%, sin opciones de escaños. Podemos tendría más intención de voto que Sumar, pero de nuevo por debajo del 3% que permite optar a asientos en las Juntas Generales.

Dos años después de las autonómicas, el Sociómetro -la encuesta de estimación de voto que realiza el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) de la Presidencia vasca a través de la empresa Ikerfel- mantiene al PNV de Imanol Pradales como principal fuerza política. Mediada la legislatura, incluso le ofrece una mejora de un escaño con respecto al escrutinio de 2024. El PNV tendría 28 representantes por 27 de EH Bildu, los mismos que tiene ahora. Con los 12 del PSE-EE, el Ejecutivo de coalición actual mantendía una cómoda mayoría absoluta de 40 de 75 asientos en el Parlamento Vasco. Sumar desaparecería al quedar por debajo del mínimo del 3% y Podemos seguiría fuera; en la derecha, todos mantendrían sus posiciones, con 7 para el PP y 1 para Vox.

Ikerfel realizó 3.030 encuestas entre el 23 y el 26 de marzo, es decir, justo antes de Semana Santa y de la reunión entre Pedro Sánchez y el lehendakari. El error muestral es del 1,8%. Esta primera oleada de 2026, que coincide prácticamente con el segundo aniversario de la victoria de Pradales en votos pero con igualdad de escaños con respecto a Pello Otxandiano, mantiene al PNV en cabeza con un 35,3% de estimación de apoyos, por un 35,2% logrado en abril de 2024. Eso sí, el anterior Sociómetro, el de diciembre, fue celebrado como un gran éxito por los nacionalistas, ya que les otorgó hasta 29 escaños. Ahora, destacan fuentes 'jeltzales' que se dibuja para el Gobierno un escenario “estable”.

EH Bildu tiene un 32,2% de intención de voto tras la cocina y una estimación de 27 parlamentarios. El PSE-EE marca 14,2% y 12 parlamentarios, los mismos que en 2024, el PP un 8,7% y 7, también igual, y Vox un 2,9% en conjunto y un único parlamentario por Álava, la única circunscripción donde supera el mínimo legal del 3%. Sumar caería en ese territorio al 2,9%, precisamente, y perdería así su único asiento, el del representante de IU Jon Hernández. La media general de la coalición de izquierdas, en su actual composición, es del 2,3%. La encuesta pregunta también por una marca a la que llama “Elkarrekin Podemos”, que fue la que se presentó a las autonómicas de 2016 y nunca más. Le da un 2% de la estimación de voto. La abstención estimada superaría el 40%.

Por territorios, el PNV ganaría en Álava, pero por apenas una décima sobre EH Bildu, 28,8% y 28,7%, respectivamente. En 2024, la coalición abertzale fue la fuerza más votada. Empatarían a 8 escaños. Con la mitad, empatarían también PSE-EE y PP. Vox crecería en intención de voto hasta el 5,6%, casi dos puntos más que el escrutinio de hace dos años. No obstante, no le daría para crecer en escaños y se quedaría en uno, el dato que ha mantenido desde su irrupción en 2020. Eso sí, superar el 5% le permite pensar en poder obtener representación a nivel municipal en Vitoria, por ejemplo. La ley electoral para las locales es más exigente que para autonómicas o forales.

En Bizkaia, el PNV tendría una cómoda victoria de once puntos sobre EH Bildu, con 11 y 8 escaños, respectivamente. Los nacionalistas rozan el 40% de intención de voto. Lejos quedan PSE-EE con 4 y PP con dos. Vox marca un 2,7%, también una notable subida con relación a 2024, aunque dentro de parámetros que le dejarían fuera de la Cámara por esta circunscripción. Sumar marca un 2,5% y “Elkarrekin Podemos” un 1,9%.

En el caso de Gipuzkoa, EH Bildu ganaría. Y lo haría, además, con el mejor dato de cualquiera en los tres territorios, alcanzando la barrera del 40%. Eso se traduce en 11 escaños. El PNV marcaría un 31,9% y 9 representantes. Son datos prácticamente idénticos a los de hace dos años. El PSE-EE tendría cuatro parlamentarios guipuzcoanos y el PP solamente uno, sin espacio para más fuerzas. Vox y Sumar quedarían lejos del listón del 3%. Es más, “Elkarrekin Podemos” estaría delante de ambos, según la cocina del Sociómetro.

La coalición Elkarrekin en Donostia ha pedido este jueves al Basque Culinary Center (BCC) que proceda a la destitución inmediata del chef René Redzepi de su Consejo Internacional, tras las “graves” informaciones publicadas en medios internacionales sobre episodios de maltrato laboral en el restaurante Noma, uno de los más reconocidos del mundo. Según una investigación publicada por 'The New York Times', decenas de antiguos trabajadores han denunciado “gritos, humillaciones, empujones y castigos físicos” en la cocina dirigida por Redzepi, lo que ha provocado finalmente su dimisión como responsable del proyecto. Sin embargo, desde el BCC, han aclarado que Redzepi no forma parte de este órgano desde 2014.

Fuentes del BCC han precisado que René Redzepi participó como miembro fundador del Consejo Internacional del Basque Culinary Center entre los años 2010 y 2014. Desde entonces “no ha tomado parte en reuniones, actividades ni procesos de trabajo de dicho órgano, que tiene carácter estrictamente consultivo, ni forma parte de los órganos de gobierno ni de decisión de la institución”.

Víctor Lasa, portavoz de la coalición Elkarreki en el Ayuntamiento de Donstia había señalado que “una institución vinculada a las administraciones públicas de nuestro territorio no puede mantener en sus órganos de prestigio a una persona señalada por prácticas laborales que vulneran la dignidad de los trabajadores”. Elkarrekin ha recordado que el Ayuntamiento de Donostia forma parte del patronato del Basque Culinary Center, junto al Gobierno vasco y la Diputación de Gipuzkoa.

Asimismo, Lasa ha pedido que la institución gastronómica “apruebe y publique un protocolo claro de actuación ética y laboral para casos similares en el futuro”, con el fin de evitar que situaciones “de abuso o liderazgo tóxico puedan afectar a una entidad asociada a instituciones públicas”. “Estamos hablando de una fundación que ha recibido decenas de millones de euros de dinero público y patrimonio público en forma de suelo y subvenciones en los últimos años”, ha subrayado.

Desde el BCC han señalado que siempre han defendido y promovido un modelo de gastronomía “basado en el respeto a las personas, la dignidad profesional y el cumplimiento estricto de condiciones laborales justas y legales”. “Hemos sido críticos con prácticas del pasado que normalizaron dinámicas de trabajo inadecuadas en el sector, y trabajamos activamente para que no tengan cabida en la gastronomía contemporánea”, han subrayado.

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Álava acordará este martes, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, el último coletazo de represión de la dictadura, la retirada de honores a ocho personajes relevantes del régimen, encabezados por el dictador, Francisco Franco. Es una iniciativa complementaria a la vía abierta por las Juntas Generales, el Parlamento provincial, que también ha aprobado una norma foral en la misma dirección -y que incluye igualmente al general golpista Emilio Mola- con el apoyo de todos los partidos salvo el de Vox.

La coalición Elkarrekin, de Podemos e IU, ha adelantado esta decisión. El Gobierno foral de Ramiro González acordó con ellos los presupuestos de 2026 y uno de los puntos era hacer efectiva ya esta medida. La formación de izquierdas ha agradecido expresamente el “empeño” y “tesón” del Ateneo Republicano.

Además de Franco, perderán la medalla de Álava Lorenzo de Cura, que lideró la Diputación entre 1944 y 1958, Vicente Abréu, también presidente de la institución foral de 1943 a 1944 pero antes gobernador militar al inicio de la dictadura, y Camilo Alonso Vega, ferrolano como el dictador y jefe militar de la plaza de Vitoria en 1936 cuando la capital de Álava fue la primera en ser conquistada por los sublevados. Luego fue ministro. En el caso de Abréu, la decisión de la Diputación meterá más presión al Ayuntamiento de Vitoria, que mantiene una calle con su nombre por su condición de pintor.

Igualmente, se derogarán dos nombramientos de “hijo adoptivo”. Por un lado, está el de Germán Gil Yuste, militar ‘fichado’ por Alonso Vega cuando estalló la guerra para liderar el Gobierno civil y controlar el asalto a las instituciones democráticas. Pronto ascendió en el equipo de Franco. Por otro lado, se apunta a José Luis Arrese, líder falangista y también ministro del régimen. Finalmente, los militares golpistas Luis Orgaz y Enrique Uzquiano dejarán de ser “hijo predilecto” y “medalla de los voluntarios de Álava”, respectivamente.

Los sindicatos nacionalistas vascos son más exigentes que los partidos con los que comparten la ideología soberanista. Mientras PNV y EH Bildu aprovechan la debilidad del actual Gobierno de coalición para poner precio a su apoyo parlamentario, ELA, LAB y otros sindicatos afines, fuerzan el actual proceso de transferencias laborales reclamando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), precisamente cuando se acaba de acordar la cesión de las pensiones no contributivas, el subsidio del desempleo y puede que en breve el régimen económico de la Seguridad Social. Sabiendo que el SMI es una competencia exclusiva del Gobierno central, tras fracasar intentando lograrlo por el cauce de la negociación colectiva, recurren al procedimiento extremo de la huelga general.

ELA, LAB y el resto de sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo en Euskadi y Navarra, pretenden conseguir un SMI propio, patrio, actuando como grupo de presión. Su proceder constituye un reto con trasfondo competencial económico, político y jurídico. Es un intento que plantea serias dudas, en cuanto al método elegido para lograrlo y respecto a la posibilidad real de aplicarlo. Aunque, en la confrontación con el Gobierno central, tanto el éxito como el fracaso sirven para reforzar el sentimiento de afrenta y agravio que legitima el victimismo identitario. 

El callejón sin salida de una demanda justa  

El detonador de la huelga es la demanda de un SMI propio de 1.500 euros, un 21% superior a los 1.184 en vigor e incluso por encima de 1.385 euros, cantidad estimada en el estudio encargado por el Gobierno vasco. Esos 1.500 euros, abonados en 14 pagas mensuales, equivalen a los 21.624 euros anuales del SMI francés. Si fuese posible lograrlo significaría, además de una notable mejora económica, avanzar hacia la unificación, al menos retributiva, de Iparralde y Hegoalde. 

El 18 de julio de 2025, 'Naiz' recogía declaraciones de ELA y LAB referentes al informe del ejecutivo vasco. Cuestionaban que un SMI de 1.385 euros beneficiase a 66.000 personas, considerando que menos de 10.000 tienen un convenio colectivo actualizado en la CAPV. Conclusión: “... la propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”. Esa valoración, que puede ser correcta, choca con la cifra utilizada por ellos mismos para justificar la huelga. El 10 de febrero de 2026 se decía en Gasteiz Hoy: “... mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en Hego Euskal Herria”. Las cuentas de ELA y LAB no cuadran: con 1.385 euros son menos de 10.000 beneficiarios, con 1.500 euros favorece a 167.000 asalariados. 

Las contradicciones no acaban ahí. En el artículo de 'Naiz' del 18 de julio de 2025, ELA y LAB advierten: “las personas con salarios más bajos son 188.000 trabajadoras y trabajadores a los que se aplican convenios estatales y las 48.000 sin convenio de aplicación...”. Esos datos, difundidos por los sindicatos que denuncian a Confebask y CEN por negarse a negociar un SMI, prueban la imposibilidad de mejorar, precisamente a través de un convenio, las condiciones retributivas de la gente más necesitada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la demanda sindical por ser una atribución exclusiva del Gobierno español. 

Si la sentencia del TSJPV hubiese sido favorable a los sindicatos, no habría resuelto nada, al quedar fuera del marco de negociación el conjunto de asalariados que no están acogidos a un convenio pactado en Euskadi o Navarra. El Gobierno vasco asumía la demanda de un SMI propio y al encargar el estudio para evaluar su cuantía advirtió que, sin competencias para regularlo, tocaba encauzarla a través de la negociación colectiva. El fallo del TSJPV invalida también la propuesta negociadora del ejecutivo vasco. 

Aunque sindicatos y partidos nacionalistas se aprovechen de la atonía del Gobierno, Pedro Sánchez no podría hacer una concesión de tanto calado, con el riesgo añadido de que se amplíe a la caja común de las pensiones. Tales pretensiones plantearían un dilema, además de laboral, político y jurídico. Mas la amenaza de una huelga general de ámbito territorial limitado, convocada por un sector sindical específico, no tiene el potencial necesario para remover los cimientos del Estado.   

Puestos a ser radicales, los sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo podrían impulsar movilizaciones en defensa de las trabajadoras y los trabajadores con convenios congelados, sin actualizar y decaídos. Según el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, el año 2025 acabó con el 36,2 % de los convenios paralizados, figurando entre los sectores afectados: metal, oficinas y despachos, transporte, comercio, hostelería, construcción y limpieza. 

Los datos del CRL revelan que hay unas 370.000 personas sin convenio actualizado, más otras 50.000, la mayoría mujeres, que nunca han tenido convenio. Esta problemática encaja de lleno en el ámbito sindical y pone en entredicho la capacidad negociadora y la combatividad de la mayoría sindical vasca. Pueden empezar por resolver un conflicto, bien reciente, que afecta al aparato mediático del nacionalismo vasco. El domingo 15 de febrero, eldiario.es Euskadi publica este titular: Recepcionistas y azafatas de EITB denuncian “precariedad”: “Nuestros salarios llevan congelados una década”.

Los gobiernos autónomos de Euskadi y Navarra han contribuido a justificar la convocatoria de la huelga general, rechazando el debate parlamentario del SMI, avalado y respaldado mediante iniciativas legislativas populares. Además de torpeza política, constituye una vulneración del derecho democrático a participar en la actividad institucional. Lo mismo ocurrió con la ILP sobre la equiparación de las pensiones. En ambos casos se trata de una flagrante arbitrariedad. 

Los sindicatos convocantes de la huelga general implican en su campaña a sindicatos, también nacionalistas, de otros territorios. El objetivo común es modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores: “... las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”. Sorprende que se busque apoyo para conseguir un SMI mejor, solo en Euskadi y Navarra, siendo más lógico plantear una lucha conjunta para conquistar una mejora general. Aunque, vista la correlación de fuerzas estatal, incluso con una legislación favorable, la aplicación de un SMI propio solo sería factible donde, como en la CAPV, sindicatos y partidos nacionalistas son hegemónicos. De modo que la alianza con “sindicatos de las naciones sin Estado” solo sirve para ampliar el eco mediático de una huelga con pretensiones soberanistas. 

El posicionamiento de las fuerzas políticas y sindicales respecto a la huelga general del 17M se podía adivinar incluso antes de convocarse. PNV, PSOE y PP por un lado, CCOO y UGT por otro, se oponen. EH Bildu la respalda, junto con el denominado Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. La única duda, la de la izquierda de la izquierda, se despejó en un cordial encuentro.

La oportunidad del desmarque de la izquierda acomplejada

La trayectoria histórica de la izquierda situada a la izquierda del PSOE, identificada como federalista y alternativa, se caracteriza por el seguidismo respecto al nacionalismo radical, incluso convertida en su competencia electoral. La izquierda que pretende ser transformadora, parece no enterarse de que la seña de identidad del abertzalismo ya no es el radicalismo, sino el oportunismo. Basta observar el colaboracionismo de EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez, o las ofertas al PNV para formar una coalición electoral conjunta. Por otra parte, ELA y LAB practican un radicalismo escénico que se difumina cuando toca defender la escuela pública vasca o rechazar privilegios, como la asistencia sanitaria privada en algunas instituciones y los planes de pensiones privados (EPSV) en la administración pública. 

Pese a la trascendencia e implicaciones de una huelga general, la dirección de Podemos Euskadi no ha dudado en apoyar dicha convocatoria de forma acrítica y condescendiente, con los mismos argumentos de quienes la promueven, sin consultar a la militancia, sin analizar la posibilidad real de implantar en Euskadi un SMI propio, sin tener en cuenta que no evitaría la precariedad salarial, sin valorar las consecuencias que tiene para la clase obrera una huelga sin unidad sindical, sin comprender siquiera que está renunciando a ser alternativa política. La postura correcta hubiese sido animar a los sindicatos impulsores de la huelga a hacer causa común con los sindicatos de ámbito estatal, planteando ante el Gobierno central una demanda conjunta de alcance solidario. Las 61.000 personas que cobran el SMI en Euskadi son el 7% de la población asalariada, mientras que a nivel estatal son el doble, 14%.  

La dirección de Podemos Euskadi ha perdido la oportunidad de proclamar públicamente que el marco de relaciones laborales autónomo y el SMI propio, requieren un desarrollo del autogobierno sin encaje en el actual modelo autonómico. La alternativa es el estado federal, que no quieren asumir, ni como etapa intermedia, los partidos y sindicatos nacionalistas empeñados en llegar a la independencia a través de un proceso soberanista que, por lo visto, consiste en reclamar ventajas al Gobierno central. La huelga general del 17M resultará tan frustrante como la de las pensiones del 30 de enero del 2020. Aquella sólo sirvió para dividir al movimiento de pensionistas. Por tanto, lo consecuente habría sido permanecer al margen de esa discutible huelga general.

Recapitulación final

Los tribunales sentencian que las asociaciones patronales no pueden negociar un SMI de ámbito autonómico. Aunque pudiesen, no es posible llegar con la negociación colectiva hasta los sectores más desfavorecidos. Ha fracasado la vía contractual de aplicación de un SMI propio, reclamada por los sindicatos nacionalistas y avalada por el ejecutivo vasco. Es improbable que una huelga general limitada logre forzar al Gobierno central a modificar esa pieza clave de la legislación laboral. En consecuencia, dicha huelga supondrá un sacrificio inútil para las trabajadoras y trabajadores que la secunden, quedando en una nueva proclama del todo por la patria. Esa operación no debería contar con el apoyo de la izquierda de la izquierda. La alternativa para conseguir un SMI propio pasa por la transformación de la España de las autonomías en estado federal plurinacional.

Los socialistas guipuzcoanos han dejado solo a su socio de Gobierno, el PNV, y han votado con EH Bildu y PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa a favor de que la fundación Kutxa entre en el capital de Ayesa, cuya compra se ha formalizado recientemente con capital del Gobierno vasco, Kutxabank y BBK, mientras que la Vital ya ha anunciado que se sumará en breve al proyecto. La fundación guipuzcoana decidió no sumarse a la operación con el voto en contra del PNV de Gipuzkoa en el patronato, al igual que el de Podemos.

Los socialistas vascos han transaccionado una moción con EH Bildu que ha salido adelante con el voto también del PP y el voto en contra del PNV y de Podemos. En ella, se insta a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Gobierno vasco a “trabajar para que Gipuzkoa tenga capacidad de decisión en Ayesa IT, impulsando la participación de la Fundación Kutxa en la compra de Ayesa, como garantía de que siga arraigada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa”; “a trabajar para que la sede central de Ayesa se mantenga en el parque tecnológico de Miramón en Donostia”, y “a promover el arraigo de las empresas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y a reforzar su importancia estratégica”.

Más allá de la aprobación de la moción, el pleno de este miércoles en las Juntas guipuzcoanas ha dejado en evidencia la tensión entre los socios, con unas intervenciones cargadas de reproches, y en las que ha salido en el debate también otro de los temas que enfrenta a PNV y PSE-EE: el puerto de Pasaia y la pretensión de los nacionalistas de que deje de ser considerado de interés general para que pase a ser de competencia autonómica, algo a los que los socialistas se oponen.

El portavoz socialista en las Juntas, Alberto Albistegi, se ha mostrado “sorprendido” porque el PNV no haya sido “capaz de ver la oportunidad” que supone estar en la operación de Ayesa para mantener la sede en Gipuzkoa, que es la sede de Ibermática, ahora integrada en Ayesa. “Parece que algunos están más preocupados en cuestiones identitarias que en lo que realmente es importante para el territorio”, ha afirmado. “Los socialistas estamos por la conservación de los puestos de trabajo”, y por “garantizar la viabilidad de uno de los motores económicos de Gipuzkoa, como es el puerto de Pasajes”, ha señalado.

Albistegi ha considerado que la operación de Ayesa pone relevancia la “importancia del arraigo de las empresas y su compromiso con el territorio y su entorno” y ha opinado que es “difícilmente entendible” que Kutxa Fundazioa “haya decidido quedarse al margen de un proyecto de esta envergadura”. En este sentido, ha considerado “preocupante” que Kutxa Fundazioa haya justificado su decisión de no participar en la operación de Ayesa “amparándose en informes técnicos internos que no han sido hechos públicos ni sometidos a contraste institucional, lo que evidencia una clara falta de transparencia”. “Gipuzkoa pierde competitividad, se debilita y se incrementa el riesgo de pérdida de empleo cualificado”, ha insistido.

Sin embargo, desde el PNV, la portavoz María Eugenia Arrizabalaga, que es además la presidenta de la formación en Gipuzkoa, ha criticado que se pretenda “convertir la fundación bancaria Kutxa, propietaria del 32% de Kutxabank, en un instrumento de confrontación partidista”. “La discusión política puede y debe existir; lo que no procede es trasladar esa lógica a una fundación que toma decisiones conforme a su propia naturaleza como institución independiente, a su Plan Estratégico, a su ámbito de decisión, a su misión y a las responsabilidades que le son propias”, ha sostenido.

Ha señalado que en el patronato de Kutxa Fundazioa “es un espacio plural donde conviven sensibilidades distintas”. “Instrumentalizar por intereses partidistas la labor de Kutxa sólo contribuye a erosionar la confianza institucional y a distorsionar el debate público, llegando a poner en riesgo la labor de una entidad sometida por ley a continuas supervisiones externas”. Ha querido dejar claro que el PNV “defiende el fortalecimiento del tejido industrial y tecnológico de Gipuzkoa y el arraigo de proyectos estratégicos, pero ese objetivo debe abordarse con herramientas propias de las políticas públicas y mediante la cooperación público-privada y con otros agentes activos”, ha resaltado. Arrizabalaga ha acusado al PSE-EE de “cinismo político” por decir que quiere defender los intereses de Gipuzkoa cuando los puertos de interés general se consideran “estructuras para vertebrar España”, ha señalado citando palabras del socialista Josep Borrell.

El tema ha llegado al parlamento foral a través de una enmienda de EH Bildu, que finalmente se ha pactado con el PSE-EE. La portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, ha incidido en que Gipuzkoa “no puede quedarse al margen de la operación estratégica de compra de Ayesa-IT” y ha considerado una “irresponsabilidad” que Gipuzkoa “se quede sin voz ni control en las decisiones futuras de la empresa”. Ha considerado “incomprensible” la actitud del PNV de Gipuzkoa, al oponerse a la operación y les ha preguntado: “si la operación es tan mala, ¿por qué no se pidió responsabilidades al consejero de Industria? ¿por qué es malo en San Sebastián y bueno en Vitoria? Y si la operación es tan contraproducente, la Fundación Kutxa también debería haber alzado la voz cuando Kutxabank decidió participar. ¿Qué es, malo en Donostia y bueno en Bilbao?”

Aunque ha reconocido que “la información que los compradores han facilitado en torno a la operación tampoco ha sido un ejercicio de transparencia, menos aún teniendo en cuenta que se trata de dinero público”, ha insistido en que “es fundamental estar con voz propia en los lugares de decisión para que Gipuzkoa pueda tener control sobre el futuro”.

Mikel Lezama, portavoz del PP, que ha apoyado la enmienda transaccional junto a PSE-EE y EH Bildu ha criticado que la respuesta política del PNV de Gipuzkoa a esta operación haya sido “el portazo y el desaire a la propia estrategia industrial del propio Gobierno vasco”. “Lo que es bueno, según ustedes mismos, para el conjunto del país, no lo es para el territorio”, ha añadido. “Ni tiene color político ni ideológico el hecho de defender que Gipuzkoa siga siendo un territorio de oportunidades. Mantengamos el arraigo de nuestras empresas, asentemos la recaudación fiscal de una empresa puntera para nuestra hacienda y protejamos a los trabajadores”.

Por su parte, la portavoz de la coalición Elkarrekin, Miren Echeveste, ha rechazado la “injerencia política” de EH Bildu y el PSE-EE “ sobre las decisiones de una entidad independiente que ya ha tomado una decisión sustentada sobre informes técnicos”, ha señalado refriéndose a Kutxa y ha calificado de “lamentable” que “prioricen los intereses financieros de unos pocos señoritos a los intereses de Gipuzkoa”. 

El pasado 4 de noviembre la presentación de los presupuestos de la Ertzaintza para 2026 en el Parlamento Vasco se convirtió en un debate sobre el tratamiento que el consejero del ramo, Bingen Zupiria, ofrece de los datos de criminalidad y de la percepción de inseguridad. Zupiria, en aquel momento, no negó que había cambiado el argumentario en comparación con el año anterior, cuando él mismo defendía que “Euskadi es un país seguro”. Ahora, incluso se publican datos sobre el origen de los delincuentes arrestados, algo que no hace ningún otro cuerpo policial. Y el propio Zupiria ha llegado a decir en algunas entrevistas que “extranjeros sin arraigo” están detrás del incremento de algunos delitos, como el uso de armas blancas. Sin embargo, no todos los miembros del PNV opinan lo mismo. De hecho, así ha quedado claro este jueves en el pleno de Bilbao después de que el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE en el Ayuntamiento, así como EH Bildu y Elkarrekin, se han mostrado contrarios a hacer pública la procedencia geográfica de las personas detenidas porque “el origen de las personas no justifica la actividad delictual, no aporta nada” y vincular “inmigración a delincuente, es un gravísimo error, que lo único que viene es a generar sensación de inseguridad”, según ha defendido la concejala de Seguridad, Amaia Arregi, del PNV.

Durante el pleno se han debatido sendas mociones relativas a la nacionalidad de las personas detenidas. Desde el PP han planteado la necesidad de hacer público el origen de los detenidos por la Policía Municipal, exactamente como hace la Policía autonómica, mientras que Elkarrekin ha solicitado lo contrario, evitar que se publique la procedencia de las personas arrestadas. Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno, apoyada por EH Bildu, con la abstención de Elkarrekin y el rechazo del PP, en la que se insta al Ejecutivo local a “reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia, en el marco del pacto por la seguridad y en el ámbito de las competencias municipales, incidiendo en la coordinación con otras instituciones y agentes, incluyendo medidas que sirvan para luchar contra la reincidencia, atendiendo alas características propias de los distintos barrios”.

Para defender su postura, la portavoz del PP, Esther Martínez, ha recordado que es la propia Ertzaintza la está dando datos sobre el origen de las personas detenidas en Euskadi y ha asegurado que “todos los profesionales del mundo de la seguridad coinciden en que conocer estos datos es bueno para preparar las operativas de la Policía”. “Se trata de ver el origen, las causas y las razones del incremento, o de la bajada, en su caso, de la delincuencia y también de una cuestión de transparencia porque los ciudadanos tenemos derecho a conocer estos datos. Si la Ertzaintza lo está haciendo, lo lógico es que también lo haga nuestra Policía Municipal, para que así podamos ver una estadística común y de conjunto”, ha insistido.

No obstante, desde el equipo de Gobierno, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, ha precisado que en el marco del Pacto de Seguridad no se ha planteado esta cuestión y “jamás ha sido solicitada por la ciudadanía asociada, ni a título individual, en ninguno de los talleres de seguridad mensuales, ni en ninguno de los foros abiertos celebrados hasta la fecha”. “Al PP no le interesa ni la seguridad ni la convivencia, sino el follón y el enredar absolutamente todo. La Policía Municipal y la Ertzaintza comparten y analizan la situación delictiva y las personas detenidas e imputadas, con nombres y apellidos concretos y se trabajan estos datos haciendo hincapié en la multireincidencia, que preocupa más que el color, el origen, creencias o condiciones de las personas detenidas”, ha apuntado Arregi.

En este sentido, ha aportado datos: durante 2025 se han practicado 2.114 detenciones por la Policía Municipal de Bilbao, sin embargo, por esos delitos han sido detenidas 1.525 personas, lo que refleja que “la reincidencia es un problema en la ciudad”. “Un grupo pequeño de personas son los que se dedican a la actividad delictiva, 275 personas son reincidentes y, entre estas, hay alguna con más de 70 detenciones e imputaciones, tres con más de 30, cuatro con más de 20 y diez con más de 15 durante el año 2025”, ha destacado la concejala, tras señalar que esta realidad “genera en la ciudadanía y también en los propios infractores una sensación de impunidad, de falta de castigo”.

“Desde el Ayuntamiento de Bilbao llevan tiempo trabajando con jueces y fiscales para practicar juicios rápidos, para intentar incrementar los autos de prisión provisional cuando la legislación lo permita, aunque somos conscientes que es una competencia judicial”, ha aclarado. Además, ha añadido que existe un esfuerzo continuo por la coordinación e intercomunicación de datos con la Ertzaintza. “Nos cruzamos datos semanalmente sobre los hechos más relevantes y detenciones practicadas, y ahí constan los datos de todas las personas que son detenidas, tanto por la Policía Municipal como por la Ertzaintza, y se trabajan a nivel interno y técnico”, ha precisado.

Desde el PSE-EE, su portavoz, Nora Abete, ha considerado que “convertir el origen en un elemento destacado de la comunicación institucional es un error en el fondo, porque no explica la delincuencia, no hay ninguna evidencia científica que relacione nacionalidad y delito”. “Lo que explica la delincuencia son factores como la pobreza, la exclusión o la vulnerabilidad social, no el país de procedencia. Es un error en la forma porque ofrecer datos descontextualizados, parciales y selectivos no es transparencia. Hay grupos políticos que no piden estos datos para mejorar la seguridad, sino para aumentar el miedo, señalar a personas migrantes y construir un falso vínculo entre inmigración y delincuencia”, ha destacado Abete.

Desde el resto de la oposición, la portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha señalado que “a nivel policial o de prevención securitaria del delito no sirve de nada conocer públicamente el origen o nacionalidad de un detenido, solo sirve para señalar y estigmatizar a pueblos y personas y, sobre todo, para que algunos partidos políticos ganen votos apelando a las emociones más viscerales a costa de dañar profundamente nuestra convivencia democrática y nuestra preciada cohesión social”, ha señalado la concejala, que ha acusado al PP de ser “cobardes y taimados” porque “justifican su propuesta en un falso interés empírico y estadístico”, cuando “cualquier persona que se toma en serio su trabajo institucional sabe que este tipo de información ya se comparte de manera interna entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de fuera del Estado”.

Por último, la portavoz de EH Bildu, María del Río, ha criticado que la proposición del PP “tiene la osadía de pedir que, en un momento muy anterior a que se haya dictado sentencia, en el que solo ha habido una detención y el principio de presunción de inocencia permanece intacto, se señale de forma expresa el origen geográfico de las personas detenidas por la Policía Municipal”, ha destacado Del Río, tras recordar que el Ararteko “ya recomendó en 2011 evitar la medida,” y organizaciones como SOS Racismo o la sección territorial de Jueces para la Democracia de Euskadi “ya han expresado su frontal rechazo”. “La lista de quienes han mostrado sorpresa por el giro dado por el Departamento de Seguridad es larga, incluso dentro del propio Gobierno vasco”, ha concluido.

El pleno de las Juntas Generales de Álava (el Parlamento foral) ha aprobado este miércoles una moción que defiende el “carácter temporal y excepcional” del acuerdo marco de colaboración entre la Diputación de Álava y la Diputación de Burgos para el enclave de Treviño, y considera que el proceso de integración “ha de abordarse de manera inmediata y resolverse a lo largo de la vigencia del acuerdo actual”, que finaliza en 2029.

En la moción, que surge tras una enmienda transaccional presentada por PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin (que aglutina a Podemos e IU), las Juntas reiteran su “apoyo a la incorporación de Treviño en Álava”, así como “a todas las iniciativas institucionales y populares que surjan” para lograr la integración. En este sentido, instan a la Diputación de Álava a “colaborar” con dichas iniciativas, y “defenderlas ante posibles descalificaciones”, según recoge Europa Press.

Además, las Juntas Generales se “comprometen a seguir trabajando” para “facilitar la resolución definitiva” de la integración de Treviño en Álava, “dentro de la legalidad y respetando la voluntad de la ciudadanía”, un proceso que “ha de abordarse de manera inmediata y resolverse a lo largo de la vigencia del acuerdo marco actual”. Por último, las Juntas Generales de Álava “rechazan” en la moción “las manifestaciones contrarias a los derechos históricos y el autogobierno vasco expresadas por el presidente de la Diputación Provincial de Burgos”.

Una situación “anómala”

Durante su turno de palabra, el portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha reafirmado el “carácter temporal” del Acuerdo Marco y los convenios de colaboración con la Diputación de Burgos. “Además de anacrónica, esta situación es anómala”, ha expresado. “Que una Administración esté prestando servicios básicos que no son de su competencia a una parte de la población que depende de otra Administración es anómalo. Y que esa Administración que no provee los servicios se oponga a la voluntad de la población de integrarse en la que sí le facilita los servicios es anómalo”, ha recalcado Ruiz de Galarreta.

Para el PNV, “no es de extrañar” que los vecinos de Treviño “quieran integrarse en Álava”, no solo por razones geográficas e históricas o porque “realmente se sienten alaveses”, sino porque también sus servicios llegan desde este Territorio Histórico y “no desde quien se desentiende de ellos”.

Por su parte, desde el PSE-EE han recriminado que, en el convenio actual, “quien da todo es la Diputación Foral de Álava, y la Diputación Provincial de Burgos no presta nada, ni paga ninguno de los servicios”, ha declarado su portavoz, Josu López, que ha afirmado que es “momento de que esta situación excepcional se lleve a una situación de escenario definitivo” con la integración de Treviño. Además, López ha hecho referencia a las declaraciones realizadas por el presidente de la Diputación de Burgos en las que “hizo una serie de afirmaciones que cuestionaban la legitimidad tanto del diputado general de Álava como de las Juntas Generales”. “Este debate también es respaldar y reforzar la posición del Gobierno foral y de las posiciones que adoptemos en estas Juntas Generales”, ha expresado.

El hecho de que Treviño no sea Álava se está “convirtiendo en una situación insoportable en todos los sentidos” para su población, ha expresado la portavoz de Eh Bildu, Eva López de Arroyabe, que ha valorado que “ahora es el momento para arreglar definitivamente esta cuestión” para “poder garantizarles una vida de calidad”. Por ello, desde EH Bildu han hecho énfasis en mostrar el “apoyo y colaboración a todas las iniciativas institucionales y populares que han surgido o surgirán en Treviño, con el fin de lograr su integración”, así como “instar a la Diputación Foral de Álava a acompañar y defender, ante posibles agresiones, estas iniciativas”.

Desde Elkarrekin Araba (Podemos e IU), también han defendido el carácter “excepcional y temporal” del acuerdo marco de colaboración entre ambas instituciones. No obstante, pese a apoyar la moción, consideran que los debates “están repitiéndose con muy poco avance”, ha valorado el portavoz, David Rodríguez.

Según Rodríguez, “el único punto que difiere” respecto al debate ocurrido en mayo de 2025 sobre el mismo tema es el de contestar a la Diputación de Burgos. “Esto no es una cuestión de careos, es cuestión de avanzar con seriedad en unos objetivos que compartimos el 80% de esta cámara”, ha señalado. “El debate ahora mismo ya está claro. Avancemos, pero no derivemos esto en debates partidistas que no solucionan los problemas de la población de Treviño”, ha declarado Rodríguez, que ha pedido “ir un poco más allá” y contemplar la solución de los problemas del día a día, como las becas universitarias, la asistencia sanitaria, el mantenimiento de carreteras y la vivienda.

Votos en contra de PP y Vox

La moción presentada ha recibido los votos en contra del Partido Popular y de Vox. La portavoz del PP, Ana Salazar, ha mostrado su apoyo a la integración “pero no de cualquier manera, ni inventando atajos, ni excusas legales, ni pasar por encima de otras instituciones”. Salazar ha defendido una integración “siempre dentro de la legalidad” y “con acuerdos, no imposiciones”. En su opinión, lo que piden desde Treviño es “contar con servicios de calidad”, por lo que la enmienda que ha presentado pide que, “desde el diálogo y la lealtad”, se “profundicen y mejoren” los acuerdos y convenios interinstitucionales.

Desde Vox se han opuesto “frontalmente” a las mociones presentadas por considerar que “parten de un planteamiento profundamente equivocado, ideologizado y ajeno al marco legar y constitucional”, ha declarado su portavoz, Jonathan Romero. La moción “hace un uso interesado y profundamente demagógico” del concepto de voluntad popular, ha considerado Romero, que ha recriminado que el Acuerdo Marco “no nació como un mecanismo de presión política ni como una herramienta para alterar fronteras”. Para Romero, se trata de una “obsesión territorial” que “no mejora la vida de nadie” y que “solo sirve para alimentar proyectos nacionalistas que poco o nada tienen que ver con el interés general” de los alaveses.

PNV y PSE-EE, que gobiernan en Álava, y también EH Bildu y la coalición Elkarrekin (de Podemos e IU) han registrado este lunes una proposición de norma foral —el equivalente a una ley— para revocar los títulos honoríficos de 'padres de la provincia' que se les concedieron al dictador Francisco Franco y al militar golpista Emilio Mola. En el texto, que ha pasado este martes por la Mesa de las Juntas Generales (el Parlamento foral), se subraya que hubo “un intento de apropiación simbólica de la tradición para legitimar un régimen que, en la práctica, era la antítesis de los valores forales de pacto y respeto institucional”. Como ya ha contado este periódico, esta norma dará curso a una moción no vinculante que se aprobó en noviembre con el apoyo de todos los grupos menos el de Vox, que tan solo ocupa un escaño de los 51 de la cámara. La tramitación se hará a través de un procedimiento de lectura única, de manera que se debatirá directamente en el pleno, lo que aligera los tiempos.

Francisco Franco y Emilio Mola fueron nombrados 'padres de la provincia', mientras que el dictador recibió también la distinción de diputado general honorario. En la proposición de norma foral, se sostiene que el proceso que condujo a la concesión de estos títulos culminó el 28 de abril de 1944 “con una proclamación formal en el seno de una denominada 'Junta' que suplantaba la estructura institucional histórica del Territorio”. Se “había desplazado a la legítima Junta Particular” y el título de diputado general honorario de Franco se había “otorgado bajo un régimen de excepción y en clara ruptura con el orden foral tradicional”, se abunda. Y se añade: “El uso de estas distinciones forales por parte de los organismos de facto en 1936 y 1944 supuso un intento de apropiación simbólica de la tradición para legitimar un régimen que, en la práctica, era la antítesis de los valores forales de pacto y respeto institucional”.

Según la proposición de norma foral, “se procederá a la anotación expresa de la presente revocación en cuantos registros, libros de honores y distinciones o archivos de la Diputación Foral figuren los mecionados nombramientos, haciendo constar la revocación con el máximo nivel de publicidad institucional”.

Medallas y menciones

En paralelo, hay otro proceso relacionado, comprometido por el diputado general, Ramiro González, del PNV. La Diputación ha encargado a la EHU, la Universidad pública vasca, un estudio completo sobre las condecoraciones a Franco y otros altos representantes de la dictadura. Se trata de medallas, designaciones y cualquier mención honorífica. Además de Franco y Mola, como mínimo también fue premiado Camilo Alonso Vega, militar de El Ferrol, como el dictador, y responsable de la plaza de Vitoria el 18 de julio de 1936, lo que hizo a esta ciudad la primera de España en ser asaltada por los sublevados. Alonso Vega mantuvo una calle en Santander hasta el año pasado. La propia sede de la Diputación de Álava se convirtió en sede de uno de los ministerios más relevantes del Gobierno paralelo que Franco creó en 1937, Justicia. En su trasera, en la actual Escuela de Artes y Oficios, se instaló también el de Educación.

Podemos e IU se congratulan de que el acuerdo presupuestario alcanzado el pasado diciembre con el Gobierno foral de Ramiro González prevé la derogación de “todos los títulos honoríficos y condecoraciones otorgadas por la Diputación Foral de Álava a personas relacionadas con la dictadura y represión franquista entre 1936 y 1976”. Para efectuarla, se ha marcado como horizonte la fecha del 3 de marzo, cuando se cumplirá medio siglo de la masacre en la que la Policía todavía franquista asaltó a tiros una asamblea obrera en Vitoria y dejó cinco asesinados y decenas de heridos. A la espera de que la EHU concluya su estudio, Elkarrekin ya ha apuntado a algunas figuras a las que habría que despojar de sus títulos: Germán Gil Yuste, como hijo adoptivo de Álava; Vicente Abreu, que recibió la Medalla de Álava, y Luis Martín Ballesteros, al que se le concedió la Medalla de Oro de la provincia.

Este martes, Xabier Valdor y Eva López de Arroyabe, de EH Bildu, han presentado también una batería de preguntas para que el diputado general las responda por escrito. Le cuestionan por la fecha en que se prevé la pubicación del registro con las medallas, galardones y todo tipo de distinciones honoríficas entregados por la institución foral. Solicitan también información sobre la partida que se va a destinar y la fórmula bajo la que se va a crear el registro. “¿Tiene la Diputación intención de suprimir los nombramientos honoríficos otorgados entre 1936 y 1977 a las personas por su ideología franquista o por su colaboración con el régimen de la época?”, se cuestiona en la última.

El PNV ganaría las elecciones forales en Bizkaia y pasaría de sus 23 junteros actuales a 24 o 25, mientras que EH Bildu sería segunda fuerza, logrando 17 diputados, dos más que los conseguidos en las elecciones a Juntas Generales de 2023, según los resultados del estudio de opinión pública de Bizkaia 2025 presentado este viernes por la Diputación vizcaína que ofrece una radiografía actualizada de las percepciones ciudadanas y las tendencias electorales. El PSE-EE mantendría sus ocho junteros o perdería uno, mientras que el PP volvería a sacar tres representantes o se dejaría uno de celebrarse ahora los comicios forales. Podemos perdería los dos apoderados logrados en 2023 como Elkarrekin, unida a las fuerzas que ahora están en Sumar, que tampoco obtendría representación, al igual que Vox.

El informe, elaborado por Ikerfel a partir de 3.002 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Bizkaia, se realizó entre el 3 y el 18 de diciembre de 2025, según recoge Europa Press. Según el estudio, el PNV obtendría el 41,6% de los votos de celebrarse ahora las elecciones forales, frente al 39,2% que logró en los comicios de 2023, y pasaría de 23 a 24 o 25 junteros. Por su parte, EH Bildu también crecería en estimación de voto, del 25,5% de las últimas elecciones forales a un 29,3%, lo que le permitirá pasar de 15 a 17 junteros.

El PSE-EE bajaría en estimación de voto del 16,2% al 14,3%, con lo que mantendría sus 8 junteros o perdería uno, mientras que el PP pasaría del 8,4% de los votos de 2023 al 6,6%, con lo que podría repetir sus tres diputados o perdería uno. Podemos pasaría del 7,4% de los votos logrados en los anteriores comicios forales (como Elkarrekin, junto a Sumar) al 2%, y perdería sus dos representantes. Vox, con el 2,7% de estimación de voto (2% en 2023) no obtendría ningún juntero en las Juntas Generales de Bizkaia, y Sumar, con el 2,2% de los votos tampoco lograría representación.

Por circunscripciones electorales, el PNV mantendría sus representantes por Busturia-Uribe (6), Durango-Arratia (5) y Encartaciones (6) y sería en la de Bilbao en la que subiría de 6 a 7 u 8 diputados. Por su parte, EH Bildu mantendría sus junteros en Busturia-Uribe (5) y Durango-Arratia (4), incrementando su representación en Bilbao (de 3 a 4) y en Encartaciones (de 3 a 4). El PSE-EE revalidaría sus representantes en Busturia-Uribe (1), Durango-Arratia (1) y Encartaciones (3), mientras que el juntero que podría perder sería por la circunscripción de Bilbao.

El PP mantendría su diputado por Busturia-Uribe y podría perder uno de los dos que consiguió por Bilbao o el único que logró por Encartaciones, mientras que Podemos perdería su juntero por la circunscripción de Bilbao y el que consiguió por la de Encartaciones. El estudio de prospección electoral eleborado por la Diputacion vizcaína recoge una abstención del 39,5%, por debajo del 39,9% registrado en las elecciones forales del 28 de mayo de 2023

El Sociómetro de diciembre de 2025 de Gipuzkoa sitúa a EH Bildu con una intención del voto del 39,4%, lo que se traduciría en 23 junteros, sumando un representante a los 22 actuales, y sería el ganador de las elecciones forales. Le sigue PNV, con un 32,9% de los apoyos y 18 procuradores, uno más que en la medición anterior. El PSE-EE obtendría un 13,9% de los votos y siete junteros, manteniendo los actuales, mientras que el PP alcanzaría un 5,5%, con dos representantes, uno menos. Por su parte, Elkarrekin Podemos lograría un 4,8% de los apoyos y un representante en las Juntas Generales de Gipuzkoa, con lo que perdería un juntero.

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha dado a conocer, en rueda de prensa, los resultados del Sociómetro de Gipuzkoa correspondiente al mes de diciembre de 2025, que recoge la percepción ciudadana sobre diversas cuestiones sociales, económicas y políticas del territorio. El estudio se ha realizado mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa.

Berasaluze ha apuntado que, en la intención de voto respecto al sociómetro anterior de mayo, “EH Bildu manifiesta un descenso en la intención de voto y el PNV una recuperación”. “Si nos vamos a los datos de las anteriores elecciones forales, más o menos están situados ambos en una intención de voto similar, pero la evolución respecto al sociómetro de mayo es justo en que la intención de voto de EH Bildu desciende algo y la del PNV se recupera”, ha insistido, según recoge Europa Press.

Desconfianza en la política

Según esta encuesta, la Diputación de Gipuzkoa se mantiene como la institución mejor valorada por la ciudadanía, con una puntuación media de 5,5 sobre 10, seguida por los ayuntamientos (5,49 puntos) y el Gobierno vasco (5,36 puntos). En conjunto, los resultados reflejan “una percepción estable y sostenida de las instituciones vascas”, ha destacado Berasaluze. Por su parte, el Gobierno central continúa siendo la institución con una valoración más baja, con 3,99 puntos.

Además, mejora la percepción sobre la gestión del Gobierno foral, aumentando el porcentaje de personas que califican su imagen como buena, hasta el 35,8%, frente al 32,9% de la medición anterior. En paralelo, continúa creciendo el grado de conocimiento de la diputada general, Eider Mendoza, que alcanza el 42,4%. Asimismo, la ciudadanía valora de forma positiva la calidad de los servicios públicos forales, con puntuaciones como el 6,05 en servicios sociales y el 5,83 en el ámbito de Hacienda, por ejemplo.

El 72,5% de los encuestados no confía en la política. Además, en cuanto a la valoración de la actuación de los partidos políticos que están en las Juntas Generales de Gipuzkoa, EH Bildu obtiene una puntuación de 5,67 seguido de cerca del PNV con 5,32. Finalmente, un 46,5% se siente únicamente vasco, un 19,3% más vasco que español, un 24% tan vasco como español, un 1,6% más español que vasco y 2% únicamente español.

El PNV repetiría como principal fuerza política y lograría 17 escaños, dos más que los que tiene en la actualidad, en las próximas elecciones forales de Álava, según un estudio encargado por la Diputación que vuelve a situar a EH Bildu como segundo partido, con un crecimiento de otros dos escaños que le haría llegar a los 16 representantes.

El estudio, realizado por Gizaker por encargo de la Diputación de Álava, se ha elaborado a partir de 1.200 entrevistas telefónicas a personas residentes en Álava mayores de edad, con un error muestral del 2,83% para un nivel de confianza del 95%. Las entrevistas se han realizado entre el 12 y el 18 de diciembre, según recoge Europa Press.

La encuesta también recoge la opinión de la ciudadanía alavesa sobre la gestión de las principales instituciones. Así, se valora al Gobierno vasco y la Diputación de Álava con una nota de 5,73 y 5,72, respectivamente, por delante de los ayuntamientos (5,17) y el Gobierno de Sánchez (4,41).

En cuanto a la intención de voto para las Juntas Generales de Álava, el estudio concluye que, si hoy se celebraran las elecciones, PNV volvería a ser la fuerza más votada, con una estimación de voto del 30%. Por detrás, EH Bildu obtendría el 28,4%. Le seguiría el PSE-EE, con una estimación del 15,5%. El PP obtendría el 13,1%, Elkarrekin Podemos el 7,1% y Vox el 5% de los sufragios.

En su traslación a las Juntas Generales de Álava, la formación jeltzale obtendría 17 escaños, dos más que en las elecciones forales de 2023; EH Bildu llegaría a los 16 asientos en la Cámara foral y también sumaría dos a su representación actual; el PSE-EE tendría 7 escaños, dos menos que en la anterior cita electoral; el PP también caería dos representantes, quedándose en 7; Elkarrekin Podemos mantendría dos de sus actuales tres asientos; y Vox duplicaría su presencia, hasta llegar a dos representantes.

Las Diputaciones de Álava y de Gipuzkoa ya tienen presupuestos. Ambos Gobiernos de PNV y PSE-EE están en minoría y han mirado a la izquierda para tener cuentas en 2026. En ambos casos el pacto ha sido con Podemos, aunque en Álava también con IU.

Las Juntas Generales de Álava han aprobado este viernes el proyecto de presupuestos para 2026 con los votos a favor del Gobierno foral y Elkarrekin, la coalición de Podemos e IU. Han concitado el rechazo de PP, EH Bildu y Vox. Tras su aprobación, el diputado general, Ramiro González, ha denunciado la actitud “prepotente” de EH Bildu frente al presupuesto y ha acusado al PP de estar “en confrontación permanente”, informa Europa Press. Desde Elkarrekin han mostrado su satisfacción por los logros alcanzados y por el “giro progresista” que ha dado el proyecto de presupuestos, ha declarado su portavoz, David Rodríguez

De su lado, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha afirmado que la aprobación de los presupuestos forales para 2026 es “una buena noticia”, ya que permitirá “seguir dando nuevos pasos, pasos firmes e innovadores para garantizar el bienestar de la ciudadanía y ofrecer oportunidades para las personas y empresas”. “Cuando comenzó la legislatura nos comprometimos a que esta fuera una legislatura de acuerdos y así está siendo”, ha resaltado.

Álava contará con presupuestos para 2026. Podemos e IU, que en Álava conforman la coalición Elkarrekin, han anunciado este domingo que, tras un fin de semana de “intensas negociaciones”, han alcanzado un acuerdo que permitirá a PNV y PSE-EE, que no gobiernan con mayoría absoluta, sacar adelante los presupuestos.

“Podemos anunciar que hemos llegado a un acuerdo presupuestario con el que satisfacemos dos objetivos que nos eran fundamentales: hacer viable el primer convenio laboral de trabajadoras de residencias privadas de Araba y avanzar hacia una Araba mejor a través de un conjunto de pactos ambiciosos que buscan un territorio más social, cohesionado y sostenible, con una visión más comprometida, progresista y valiente en el mundo real de hoy”, se ha congratulado el portavoz, David Rodríguez.

Podemos e IU se felicitan por haber desploqueado el conflicto de las residencias y por conseguir partidas “imprescindibles” en cuidados, vivienda, cohesión social y territorial, lucha contra el sinhogarismo y las violencias machistas y la defensa del medioambiente y de la biodiversidad.

La Diputación de Álava -en manos de Ramiro González, del PNV, en coalición con el PSE-EE- ha salvado a lo largo de la semana un 'match ball', pues Elkarrekin había reclamado una solución al conflicto laboral de las residencias antes de sentarse a cerrar un acuerdo para los presupuestos. El jueves por la noche, González anunció que se había alcanzado un acuerdo entre patronal y sindicatos hasta 2028, cubierto con una inyección de algo más de 10 millones de euros de fondos forales para atender subidas salariales de más del 30% que dejarán en 1.500 euros mensuales la nómina ordinaria de una gerocultora. Esto condujo a Elkarrekin a retirar su enmienda a la totalidad a los presupuestos, lo que permitió que el Gobierno foral no perdiera la votación. Ahora, Álava podrá tener el 1 de enero unos presupuestos actualizados.

PNV y PSE-EE gozan de mayoría en el Parlamento Vasco, y también en Bizkaia. Aprobarán sí o sí los presupuestos de 2026 próximamente, independientemente de sus relaciones con la oposición. De hecho, lo utilizan para poner en valor la estabilidad que ofrece Euskadi en contraste con España y Francia. Pero no ocurre lo mismo en Álava y en Gipuzkoa. Con las opciones de EH Bildu -socio alavés en 2025- y PP -apoyo guipuzcoano en 2025- alejadas, nacionalistas y socialistas miran a Podemos, que en el caso de Álava aún opera en coalición con IU, y cuyos votos pueden ser decisivos. La formación morada, que quedó fuera en las autonómicas de 2024 y que ahora está liderada por Richar Vaquero, exprime así su protagonismo institucional en Euskadi.

En Gipuzkoa la tramitación va algo más adelantada. La diputada general, Eider Mendoza, no ganó las elecciones y fue investida con el apoyo externo no solamente del PSE-EE, con el que gobierna, sino del PP. Ese primer año no pudo aprobar las cuentas y para el segundo volvió a mirar a la derecha. En Álava, hace dos años hubo también prórroga por falta de apoyos, pero el pasado ejercicio se encontró receptividad en EH Bildu. En este juego de la geometría política variable, este 2025 ya habido un acercamiento de PNV y PSE-EE con Podemos. Fue el socio para la reforma fiscal, cerrada en primavera. Son ajustes que se presentaron para incentivar áreas como la vivienda, aunque la previsión es que dejen 335 millones menos en 2026 en las tres Haciendas forales.

En 2023, Podemos concurrió a las elecciones forales como cabeza de la coalición Elkarrekin, con IU y las pequeñas formaciones ecologistas Alianza Verde y Equo. En 2024, sin embargo, IU fue a las autonómicas con Sumar. En 2025, este partido no participó en la reforma fiscal de PNV, PSE-EE y Podemos y lanzó duras críticas. Ahora, según las fuentes consultadas, va “al alimón” de sus todavía socios en las conversaciones con el Gobierno foral de Ramiro González. En el caso de Gipuzkoa, los dos escaños de Elkarrekin son de cargos de Podemos.

En Gipuzkoa, su portavoz, Miren Echeveste, ha visto “buena disposición” en el Ejecutivo foral para cerrar un acuerdo. Y Mendoza, la diputada general, ha dicho que “pinta bien” con la formación de izquierdas. En una entrevista con este periódico, el líder de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, también alentó esa opción. “Viniendo de un acuerdo fiscal con Elkarrekin, si queremos materializarlo y que también tenga un reflejo presupuestario, puede ser un buen socio”, manifestó. De momento, quedan seis días para que se voten las enmiendas de totalidad. Solamente la ha registrado EH Bildu, por lo que la opción del PP no está aún cerrada del todo tampoco. Las fuentes consultadas apuntan, eso sí, a más contactos con Podemos “a principios de semana”. El plazo último para cerrar la cuestión lleva al 15 de diciembre, momento en que se discuten las enmiendas parciales en comisión, aunque técnicamente la votación final es el 19 en pleno.

¿Qué piden los morados? Sus 69 enmiendas suman 50 millones, pero Echeveste, públicamente, viene acotando a cuidados (reducción de copagos), condiciones laborales en los servicios sociales, gestión forestal y transporte público las prioridades. Por ejemplo, plantean que LurraldeBus sea una entidad pública como DBus en Donostia y que el sistema Mugi mejore sus tarifas para colectivos con necesidades especiales. Y plantean que eso se financie con recursos de los peajes de Bidegi. Esimprescindiblee el voto favorable de Podemos, ya que una abstención no es suficiente dado el reparto de escaños. El partido no sometería a consulta de sus bases la decisión de pactar con PNV y PSE-EE, extremo que podría introducir otro elemento de incertidumbre política y que ya se descarta.

En Álava, en cambio, el escenario es aún más complejo. La coalición Elkarrekin ha presentado ya enmienda de totalidad como los otros partidos de la oposición, EH Bildu, PP y Vox. Ahora mismo, la votación dejaría 27 procuradores en las Juntas Generales de Álava a favor de la retirada de las cuentas y solamente 24 a favor. Y un matiz añadido: a González tampoco le vale con la abstención de los tres representantes de la coalición de izquierdas, porque un empate también hace decaer las iniciativas. Necesita un 'sí' y la “llave” para que Elkarrekin cambie de postura y se avenga a negociar partidas está fuera del marco presupuestario, en el conflicto de las residencias privadas.

“Tras más de cincuenta días de huelga y seis años de conflicto abierto, las negociaciones por un convenio provincial digno para las trabajadoras de residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava, a día de hoy, continúan bloqueadas. Lo que nos estamos jugando, además de unas condiciones laborales dignas para este ejército de mujeres precarizadas, trabajando en condiciones vergonzosas para nuestra sociedad, es un sistema de cuidados responsable y sostenible, ante la acelerada privatización y pérdida de calidad a que la Diputación está condenando al sector. De ello depende la calidad de los cuidados de nuestras personas mayores y nuestros familiares dependientes”, argumenta el portavoz alavés, David Rodríguez.

“Solucionar este conflicto es la condición 'sine qua non' y la llave para que podamos sentarnos a negociar. Si quieren contar con nosotras en este proceso, la Diputación debe poner pies en pared y asumir de una vez su responsabilidad en este conflicto dándole una solución con garantías. Debe poner fin a esta situación sangrante que afecta a derechos laborales y a la propia calidad de los cuidados que reciben nuestras personas mayores. En ese caso, negociaremos con la mejor voluntad y cargados de propuestas. Con lealtad y con la mejor disposición para encontrar un acuerdo que sea bueno para la ciudadanía alavesa. Pero antes, por responsabilidad y justicia, no”, ha añadido. IU sí confirma que sometería un posible acuerdo a la ratificación de su asamblea.

Metro Bilbao revisará todos los pantógrafos de los trenes de la serie 600 y licitará un nuevo servicio de mantenimiento para evitar averías como la registrada el pasado 6 de octubre, que afectó a más de 20.000 viajeros y provocó la presentación de 219 quejas y reclamaciones. Además, llevará a cabo la sustitución de la catenaria convencional de la línea 1 por una catenaria rígida, como la ya instalada en línea 2. La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el director de Metro Bilbao, Eneko Aruabarrena, han comparecido este miércoles ante la comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia de las Juntas Generales, para dar explicaciones por la grave avería del pasado 6 de octubre en Metro Bilbao.

La máxima responsable foral ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a las personas afectadas aquel día y ha declarado que dichos trastornos servirán para “reforzar el compromiso de la empresa pública de transporte por mejorar la calidad del servicio”, constatando que el incidente que afectó a miles de clientes fue “excepcional” y no pone “en tela de juicio” la fiabilidad del metro. Etxanobe y Aruabarrena han subrayado que Metro Bilbao “no es inmune a las averías” por el gran volumen de instalaciones y sistemas que se gestionan. “Se actúa siempre con la mayor diligencia”, han asegurado, informa Europa Press.

Como muestra de la “calidad habitual” del servicio, Etxanobe ha destacado que la puntualidad se ha elevado hasta el 98,22% este año, “un nivel de excelencia”, según la UITP (Unión Internacional de Transporte Público). Las personas usuarias otorgan actualmente al servicio una nota de 8,2 puntos sobre 10, ha detallado. En cuanto a la avería del 6 de octubre, Eneko Aruabarrena ha detallado que la causa básica de la incidencia fue un “desajuste” en el pantógrafo de un tren de la serie 600, lo que posteriormente provocó daños en la catenaria y los cortes en el servicio de la mañana, que fueron replicados después por la tarde.

Como “medidas correctoras inmediatas”, Metro Bilbao ha lanzado una campaña de revisión de todos los pantógrafos de la serie 600 y se ha incluido un punto de revisión específico en el mantenimiento exhaustivo de los trenes. Además, el director del Metro ha anunciado la licitación de un nuevo servicio de mantenimiento para reforzar estas instalaciones. En materia de comunicación, ha apuntado como solución futura la instalación de pantallas digitales en las estaciones para informar “en tiempo real” de las incidencias.

El director de Metro Bilbao ha defendido la “excepcionalidad” de las averías con datos como que las que afectan directamente a la circulación y al tiempo de viaje de la clientela suponen “escasamente un 0,4%” del total de averías e incidencias que la entidad gestiona a lo largo del año. En concreto, ha precisado, las averías graves que generan una gran incidencia en el viaje fueron diez en 2023, once en 2024 y seis hasta la fecha en 2025. Además, para visualizar la “fiabilidad” del servicio, Arruabarrena ha hecho referencia al indicador de “disponibilidad”, que representa los kilómetros que realmente se realizan respecto a los planificados. Este indicador, ha asegurado, “se eleva por encima del 99,5% durante los últimos años”.

Respecto a la avería del 6 de octubre, la supresión o retrasos importantes afectaron a 13.966 viajes en el horario de mañana y a 7.085 viajes en el horario de tarde. En relación con este suceso, se tramitaron un total de 219 reclamaciones, quejas y sugerencias. De ese total, 105 fueron reclamaciones formales (de las cuales solo cuatro quedan pendientes de resolver), mientras que las restantes 114 quejas y sugerencias han sido ya tramitadas y resueltas.

Metro Bilbao, según ha remarcado su director, realiza “un importante esfuerzo cada año por un mantenimiento predictivo y preventivo, con alrededor de 30 millones de euros, y pone al servicio de este cometido a más de 200 personas de su plantilla, más los refuerzos del personal externo”. Según Aruabarrena, esta inversión “se ha duplicado” en los diez últimos años.

En esta línea, Elixabete Etxanobe ha señalado que la renovación de los trenes y el sistema de comunicaciones de metro constituye “la mayor inversión pública de Bizkaia para los próximos años en transporte público, superando los 700 millones de euros”, con el objetivo de “afrontar la creciente demanda y garantizar una mayor seguridad y mejor calidad del servicio”. Además de la adquisición de 37 nuevas unidades, se renovará en paralelo el Puesto de Mando y se llevará a cabo la sustitución de la catenaria convencional de la línea 1 por una catenaria rígida como la ya instalada en línea 2, ha añadido el director de Metro.

“Inevitables”

Eneritz de Madariaga, de Elkarrekin Bizkaia, ha planteado sus reservas respecto a si Metro Bilbao cuenta con los medios necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, y ha sugerido que la Diputación Foral de Bizkaia debería considerar canales de información específicos para comunicar a la ciudadanía durante incidencias de “alto impacto”. El juntero de EH Bildu Aitor Llano ha reconocido que las incidencias son “inevitables”, pero ha destacado el “elevado impacto que la avería tuvo en la ciudadanía”, cuantificando los afectados en torno a los 40.000 viajeros ese día. Llano ha incidido en la necesidad de un protocolo de actuación actualizado ante contingencias, que ofrezca “información clara y permanente a los usuarios afectados directamente en instalaciones y trenes, tratamiento de la incidencia como una emergencia, y una mejor coordinación sobre las alternativas de transporte con otros operadores”.

Raquel González, portavoz del PP, ha señalado que “la clave no es tanto el servicio de Metro en sí, sino cómo se gestiona cuando falla”, citando la “información errónea” y la “falta de coordinación con otros medios externos”. El portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro, ha manifestado su apoyo “sin reservas” al plan de modernización de las unidades móviles y del sistema de señalización, considerándolo un proyecto “estratégico que debe garantizar un servicio más eficiente y adaptado al crecimiento poblacional y a la expansión del metro”.

Debido a la envergadura de esta inversión de más de 700 millones de euros y a su financiación compartida por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral a través del CTB, ha solicitado información precisa sobre los estudios de necesidad, la definición de los trenes a adquirir y el plan económico-financiero que contemple la distribución de la inversión y la gobernanza del proyecto. El portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, también ha expresado su apoyo a la modernización “sin reservas” y ha considerado que las explicaciones ofrecidas sobre la avería del 6 de octubre han sido “sobradas y absolutamente precisas”.

En ese sentido, ha indicado que, “si bien las incidencias afectan a muchas personas, los datos objetivos reflejan un número bajo de averías que impactan en la circulación, un 0,4% del total de incidencias, y un cumplimiento de servicio del 99,6%”. Ha defendido que, ante la avería, se actuó de forma “controlada y según los protocolos”, y ha rechazado la idea de “descontrol”.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han instado a “revisar y, en su caso, elaborar y publicar un inventario actualizado sobre las relaciones económicas, comerciales o contractuales” que la Diputación mantenga con empresas israelíes. Este inventario se refiere también a compañías que “participen de manera directa o indirecta en actividades vinculadas a la ocupación ilegal o represión de la población palestina”, conforme al derecho internacional humanitario y las resoluciones de Naciones Unidas con el objeto de “finalizarlas de conformidad con la normativa vigente.

La Cámara foral ha aprobado esta enmienda a la totalidad a una propuesta original de Elkarrekin Podemos, transaccionada entre PNV y PSE-EE, en el pleno de este miércoles, previo al Día de la Memoria que se celebra el 10 de noviembre, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de Jaime Arrese, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, y de Juan María Jáuregui, víctima de ETA.

En la propuesta aprobada se pide garantizar que la contratación pública “respete las normas internacionales de Trabajo y los principios del Derecho Internacional, incorporando cláusulas sociales y los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos, en coherencia con los compromisos institucionales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los estándares de la Unión Europea”.

La Cámara foral, a su vez, ha rechazado la moción de Elkarrekin Podemos para rechazar el contrato que tiene CAF con el Estado de Israel y para pedir también que se haga una auditoria externa sobre vulneraciones de derechos humanos con el proyecto del tranvía de Jerusalén. La portavoz de la formación de izquierdas, Miren Echeveste, ha lamentado que “hoy las Juntas Generales de Gipuzkoa han demostrado que no están a la altura con el pueblo palestino”.

“Nadie ha estado a la altura, salvo Elkarrekin Podemos, en las Juntas Generales. PNV y PSE-EE han traído una propuesta de resolución que es una cortina de humo y que no recoge ningún compromiso claro, ningún compromiso real, todo paja”, ha criticado. En su opinión, “lo más grave” ha sido que EH Bildu “ni siquiera ha participado en el debate y se ha abstenido en la votación”, propiciando con su abstención que saliera adelante esa propuesta del Gobierno foral para “no hacer nada”. “La próxima vez que Arnaldo Otegi señale a una empresa en la radio, que se asegure que sus grupos institucionales van a estar a la altura, porque aquí no lo han estado”, ha insistido.

A las 12.03 horas, Jon Insausti (Donostia, 1989) se ha convertido formalmente en el séptimo alcalde de la ciudad en democracia. Todos ellos han sido hombres. Insausti lo ha logrado con los apoyos de su partido, el PNV, que accedió a poner fin a diez años de Eneko Goia al frente de Donostia mediada su tercera legislatura, y del PSE-EE, socio de Gobierno. En total, ha sumado 13 votos en el pleno extraordinario motivado por la dimisión del anterior alcalde, tantos como papeletas en blanco, ya que no había posibilidad de votar en contra. Sin mayoría -por la ausencia de un edil del bipartito- pero sin problemas, ha sido proclamado como primer edil por haber sido en las elecciones de 2023 el PNV la lista más votada.

La sesión ha sido breve y solemne. Once cámaras y otro puñado de teléfonos móviles han querido grabar el traspaso de poderes, sorpresivo cuando se hizo público a comienzos de octubre. Antes, el pleno ha dado la bienvenida a dos nuevos concejales. A Idoia Gracia, del PNV, que sustituye en su escaño a Goia, que no solamente deja la alcaldía sino también su escaño. Y a Tomás Pascua, del PP, quien ha tomado el asiento de Jorge Mota. Después de que una funcionaria les recordara la necesidad de acatamiento de la Constitución española y de ofrecer “lealtad al rey”, Felipe VI, la primera ha asumido el cargo “por imperativo legal” y el segundo ha “prometido” y no jurado, tanto en euskera como en castellano.

Después, un ujier ha entregado papeletas y sobres a los 26 ediles presentes para que pusieran o el nombre del único candidato a alcalde -el resto de partidos ha renunciado a disputarle el puesto- o lo dejaran en blanco. La teniente de alcalde de Goia y regidora “accidental” en estos días de transición, Nekane Arzallus, del PNV, ha sido quien ha proclamado a quien tenía sentado a su izquierda como nuevo alcalde después de que prometiera igualmente lealtad al jefe del Estado. Ha sido exactamente a las 12.03 horas, aunque a las 11.47 horas ya estaba realizada la votación. La sala ha prorrumpido en aplausos y Goia se ha levantado de entre el público para ofrecerle la 'makila' de mando. Dos maceros con trajes de gala han custodiado la sesión en todo momento.

“Orgulloso” y “agradecido” se ha mostrado el nuevo alcalde de Donostia o, más bien, “de los donostiarras”, según ha repetido varias veces en su primer discurso, perfectamente bilingüe en ambas lenguas oficiales. Ha citado a Zweig y Murakami, pero también ha llamado por el nombre de pila a todos los concejales de la corporación, incluso a los de la oposición, y agradecido el apoyo de su madre, de su padre y de su hermano, que le regaló un consejo: “Ya te puedes rodear de buena gente”. Igualmente, ha tenido palabras para los funcionarios y “sobre todo” para su predecesor, a quien ha llamado “maestro, ejemplo y amigo”.

En línea con el argumentario del PNV sobre el relevo, ha insistido en que es un alcalde de una nueva generación y para una nueva generación. Un joven que creció en la Parte Vieja y que ahora reside en Altza. Una persona muy implicada en todas las actividades de la ciudad. Políticamente, ha situado la vivienda como una prioridad; y también revertir los ingresos del “impuesto” turístico en la ciudad. Ha mencionado, igualmente, el problema de la seguridad y ha abogado por el empleo de calidad, por ampliar el parque tecnológico de Miramón “por el norte, por el sur, por el este y por el oeste” y por una ciudad amigable en lo cotidiano. Accedió como edil en 2015, precisamente en el equipo de Goia, y ha considerado que en este decenio “las prioridades han cambiado, aunque la ambición es la misma”.

Insausti ha bromeado con que es un alcalde en 5K -por las iniciales en euskera de “comunicación, compromiso, deporte, cultura y kilómetro cero”- y se ha ofrecido a trabajar “a tope”. “Soy el nuevo alcalde de los donostiarras. El alcalde Jon”, les ha dicho a los vecinos, a los que ha pedido ayuda para trabajar de la mano en la mejora de la capital de Gipuzkoa. “Mi misión es unir fuerzas al servicio de Donostia”, ha lanzado también, pensando en la oposición. El regidor, terminado su discurso, ha empezado a recibir abrazos, empezando por el de la nueva teniente de alcalde, su compañera del PNV Olatz Yarza.

La portavoz del PSE-EE, el socio del PNV, Ane Oyarbide, que previsiblemente competirá por la alcaldía en 2027 contra Insausti, le ha felicitado por el nombramiento y ha asegurado que mantendrán hasta el final de legislatura el acuerdo que existía con Goia. “Seguiremos siendo parte de este Gobierno plural”, ha indicado tras desearle “suerte” y “acierto” al nuevo primer edil.

Desde la oposición, el líder de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha recordado que su designación no responde a los resultados electorales. Considera también que lo sucedido este otoño es un “traspaso administrativo” porque “cambia la persona pero está claro que el proyecto para esta ciudad se mantiene”. Ya como exalcalde, le ha recordado el honor del puesto y que es algo que “cambia la vida”. En la misma línea, la coalición Elkarrekin (Podemos e IU) ha “dudado” de que venga un “cambio de rumbo”. Ha sido “una decisión tomada de manera unilateral por intereses partidistas”, según el concejal Víctor Lasa. “Zorionak, Jon! Zorionak, alkate jauna!”, le ha saludado, de su lado, el portavoz del PP, Borja Corominas, que ha puesto en valor la “buena relación personal” que tiene con Insausti y que ha confiado en seguir cultivando aunque representen proyectos políticos diferenciados.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido a PNV y EH Bildu “no engañar con soberanías imaginadas” ni dar “saltos al vacío” con la renovación del Estatuto. Andueza ha realizado esta reflexión en el acto que el PSE-EE ha celebrado este sábado en Bilbao para celebrar el cuadragésimo sexto aniversario del Estatuto de Gernika. El líder socialista ha señalado que con la norma de 1979 no solo se recuperaban derechos históricos, sino que se trazaba el camino que ha llevado al “momento de mayor bienestar”.

Según ha indicado, los socialistas son los únicos que pueden decir “alto y claro” que siempre han estado del lado del Estatuto, sobre todo, “en su defensa y desarrollo”. Andueza ha indicado que el Estatuto es “el mejor ejemplo de un modelo de convivencia que funciona” y ha garantizado “bienestar, progreso, libertad para elegir el camino y decidir sobre la gestión de las cosas”, según recoge Europa Press.

Por ello, afirma que le sorprende escuchar que el autogobierno vasco está cercenado, incompleto, erosionado e incluso que es un “pacto de mínimos”, como ha asegurado este sábado el lehendakari. “Es difícil justificar esto cuando gestionamos 97 de cada 100 euros que recaudamos, cuando tenemos plena capacidad de tomar decisiones sobre todo aquello que afecta al día a día de la ciudadanía vasca”, ha asegurado.

Andueza ha defendido que el Estatuto ha procurado a Euskadi un “autogobierno real, inimaginable” hace 40 años y se ha demostrado “eficiente para solucionar los verdaderos problemas de los ciudadanos” como el acceso a la vivienda, la educación o la sanidad, entre otros. Unos asuntos que, según ha subrayado, están “muy alejados, por cierto, de las ensoñaciones de quienes creen que las prioridades de Euskadi solo tienen que ver con cuestiones propias de los nacionalismos excluyentes”.

EH Bildu: “impulso renovador”

EH Bildu, mientras tanto, ha apostado este sábado por un “impulso renovador” y ha llamado a actualizar y revisar tanto el Estatuto de Gernika en Euskadi como el Amejoramiento del Fuero de Navarra, para conseguir “un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto”. Una reivindicación que se ha hecho en un acto celebrado en Amaiur en el que han intervenido los portavoces de la coalición abertzale en el Parlamento Vasco y el Parlamento de Navarra, Pello Otxandiano y Laura Aznal, respectivamente.

En una declaración conjunta, han defendido la “necesidad de actualizar nuestro marco jurídico y político” y han reivindicado esta efeméride como “una oportunidad para la reflexión colectiva”. En este sentido, han incidido en “la urgencia de un impulso renovador como país: un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto”. Según han afirmado, tanto el Amejoramiento del Fuero como el Estatuto de Gernika “constituyen marcos que deben ser revisados y actualizados”. “Necesitamos renovar nuestro autogobierno y nuestra foralidad para reforzar su vigencia y su utilidad. Es imprescindible superar, de una vez por todas, los incumplimientos y la erosión permanente ejercida por parte del Gobierno español”, han reclamado.

PP: “más libertad para las personas”

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido que lo que Euskadi necesita “y sería bueno incorporar” a un futuro nuevo Estatuto es “un modelo que aporte más libertad para las personas”, y no “un sistema que condicione a la gente y que prestablezca la ideología”. De Andrés ha clausurado en la Casa de Juntas el acto de conmemoración del aniversario, en el que también ha intervenido la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández.

Ha reclamado “más libertad” para “las personas y la sociedad” en Euskadi, y un Estatuto que incorpore una ley en ese sentido. “El Estatuto debe aportar libertad para crecer, para ensanchar, para atraer talento y para fijar el propio. Un Estatuto que integre y que no expulse, que asuma la pluralidad vasca y que no permita a quienes ejercen el poder la expulsión de quienes no comparten el modelo ideológico”, ha descrito.

El presidente del PP vasco ha expresado que la sociedad vasca necesita de esa libertad “porque sus enemigos operan constantemente para expulsar e incomodar cualquier alternativa que se salga de su modelo ideal, de su proyecto de sociedad”. De Andrés ha defendido que “el Estatuto de Gernika es una forma de expresión de nuestra realidad histórica, la foralidad, que se reinstauró gracias al Gobierno de Adolfo Suárez”, a quien ha calificado de “artífice de la restauración foral y la recuperación de nuestros fueros junto con el pueblo vasco”.

En ese sentido, considera que cualquier nueva ley que “sustituyera o complementara al actual Estatuto” tendría que respetar “el núcleo foral de nuestra autonomía, que responde a la realidad social del País Vasco”, y ha destacado que la “permanencia” del Estatuto es “una muestra de éxito en su redacción y eso se debe de entender satisfactoriamente”.

Podemos: “al servicio de las mayorías sociales”

Podemos Euskadi ha destacado el “valor” del Estatuto de Gernika “para el desarrollo del autogobierno”, pero ha insistido en que “debe servir para poner nuestras competencias al servicio de las mayorías sociales, no para reforzar los privilegios de las élites económicas”, tal y como “lo concibe el PNV”. En una publicación en sus redes sociales, Podemos Euskadi ha expresado, con motivo del 46 aniversario de la firma del Estatuto de Genrika, que “defender el autogobierno es defender los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida”, como “ajustando el SMI y las pensiones a la realidad propia”, algo que es “lo contrario” de lo que “ha hecho el Gobierno vasco esta misma semana”.

Además, ha reivindicado la “culminación del traspaso de competencias” establecido en el texto, y ha demandado a su vez “su renovación” para que “se ajuste a las transformaciones sociales, medioambientales y económicas de la sociedad vasca”. “La renovación del Estatuto debe asentarse en un acuerdo amplio que refleje la pluralidad de nuestra ciudadanía y apueste por el desarrollo de políticas públicas que conviertan a Euskadi en un país más sostenible y avanzado en derechos sociales”, ha concluido.