Verifactu ya tiene fecha y va a obligar a muchas empresas y autónomos a cambiar la forma en la que trabajan con sus facturas. No es un ajuste menor, porque afecta a algo que forma parte del día a día de cualquier negocio: el programa con el que se registran las ventas y se generan los documentos fiscales.

La medida se enmarca en el plan de Hacienda para tener un mayor control sobre la facturación y avanzar en la digitalización del sistema tributario. La idea es que cada factura deje un rastro claro, que no pueda modificarse después de emitirla sin dejar constancia y que la Agencia Tributaria tenga más margen para detectar irregularidades.

El cambio no llegará al mismo tiempo para todos, pero sí va a tocar a una parte muy amplia del tejido empresarial. Las empresas y los autónomos tendrán plazos distintos para adaptarse, así que la clave está en no dejarlo para el final y revisar con tiempo si el software que se usa cumple o no con lo que pide la norma.

Los plazos de entrada en vigor de Verifactu

Verifactu es el reglamento que define las condiciones que deben cumplir los programas de facturación de empresas y profesionales. Su alcance no se limita a las facturas completas, sino que también incluye las facturas simplificadas y los tickets que emiten muchos pequeños negocios. Lo que quiere la norma es que cada operación quede registrada de forma segura, con trazabilidad y sin posibilidad de que los datos se alteren después sin que quede constancia.

El calendario ya está cerrado tras el aplazamiento aprobado con el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre. La primera fecha clave es el 1 de enero de 2027, cuando la obligación entra para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, incluidas las sociedades patrimoniales. A partir de ahí, esas compañías deberán hacer sus facturas con programas adaptados a los requisitos del sistema.

La segunda fecha es el 1 de julio de 2027. En ese momento, la obligación se extiende al resto de obligados: autónomos en IRPF, comunidades de bienes y otros profesionales que emiten facturas habitualmente. Ese margen extra busca dar más tiempo a los pequeños negocios y a los trabajadores por cuenta propia para que puedan revisar sus sistemas sin ir a la última.

A lo largo de 2026, tanto empresas como autónomos pueden ir adelantando la transición. No hace falta esperar al último momento para cambiar el programa o para actualizar el que ya se tiene. Lo más sensato es mirar con tiempo si el software actual puede adaptarse o si es mejor buscar una solución nueva que ya esté preparada para cumplir con la norma.

Cómo saber si empresas y autónomos deben usar el nuevo sistema

Uno de los puntos claves es que el programa de facturación no puede estar limitado a hacer facturas y nada más. El sistema debe generar un registro por cada factura que se emita y conservarlo con garantías técnicas. Ese registro puede enviarse a Hacienda o dejarlo preparado para su envío cuando la Agencia Tributaria lo pida. En cualquier caso, la factura debe ir vinculada a un sistema que asegure que los datos no se pueden alterar después.

Para eso, el software tiene que tener controles que impidan borrar o modificar datos sin dejar rastro. También debe generar una huella digital única por cada factura y, en muchos casos, un código QR que permita verificar la información. Con estas medidas, Hacienda quiere que cada factura quede bien identificada y que no sea posible alterar la contabilidad de forma opaca.

Verifactu afecta, en la práctica, a cualquier negocio que usa un programa informático para facturar, salvo las excepciones concretas que prevé la normativa. Esto incluye a pymes, autónomos, sociedades y comunidades de bienes que facturan con sistemas electrónicos. No es algo pensado solo para grandes empresas, sino para buena parte de quienes emiten facturas en el día a día.

Para los autónomos, el cambio implica revisar si el programa actual cumple con los nuevos requisitos o si tendrá que ser sustituido. Para las empresas, la adaptación también lleva revisar procesos internos, proveedores tecnológicos y la forma en la que se generan y se conservan los registros. En ambos casos, el objetivo es que la facturación esté alineada con el sistema de control de la Agencia Tributaria.

Qué ocurre si no se utiliza Verifactu

El incumplimiento puede tener consecuencias económicas importantes. La normativa prevé sanciones para quienes usan software que no está adaptado, para quienes manipulan los registros o para quienes impiden que los datos se generen y se conserven correctamente. En los casos más graves, las multas pueden pasar de los 50.000 euros.

Y el riesgo no se queda en una sola infracción. Si la obligación no se cumple cuando llega la fecha, las sanciones pueden aplicarse por ejercicio o por periodo incumplido. Por eso, la adaptación no debería dejarse para el final, porque el problema no es solo técnico: también es fiscal y económico.

En paralelo, Hacienda quiere que este nuevo sistema sirva para mejorar el control automatizado de la facturación y reducir las opciones de fraude. Por eso la norma insiste tanto en la inalterabilidad de los datos, en la trazabilidad de cada operación y en la conservación segura de los registros. No es solo cambiar de software, sino trabajar con una forma distinta de registrar la actividad económica.

La recomendación, en este escenario, es anticiparse. Revisar el programa de facturación, consultar al proveedor si será compatible con Verifactu y resolver cambios con tiempo puede evitar problemas cuando la obligación sea definitiva. A partir de ahí, cada negocio tendrá que ajustar su operativa a un sistema que busca más control, más trazabilidad y menos margen para la alteración de facturas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha lanzado una alerta de importancia alta debido a una nueva campaña de fraude digital. Esta vez la amenaza se basa en una técnica denominada smishing, donde los ciberdelincuentes utilizan mensajes de texto para engañar a los ciudadanos. El objetivo principal de estos atacantes es suplantar la identidad de la Agencia Tributaria. Mediante el envío masivo de estos SMS, los estafadores buscan que las víctimas entreguen información delicada de carácter personal y financiero. Es fundamental que los usuarios estén al tanto de esta maniobra para proteger sus cuentas bancarias. El INCIBE subraya que la sofisticación de estos ataques está aumentando para atrapar a los más desprevenidos. 

De hecho, la prevención es actualmente la mejor herramienta de defensa disponible para toda la ciudadanía afectada. El impacto de este tipo de estafas puede ser devastador para la economía de los usuarios. La mecánica del fraude es directa y engañosa, aprovechando la autoridad que proyecta una institución pública como la Agencia Tributaria. Los mensajes recibidos por las víctimas suelen informar sobre un supuesto comunicado pendiente de consultar o una devolución. Para acceder a dicha información, se incluye un enlace que redirige a una página web fraudulenta. Este sitio web está diseñado cuidadosamente para imitar la apariencia visual de la sede electrónica oficial de Hacienda. 

Una vez que el usuario se encuentra en el portal falso, se le solicita que introduzca datos bancarios. Es común que pidan números de tarjetas de crédito o credenciales de acceso a la banca electrónica. Sin embargo, se trata simplemente de un anzuelo para capturar información confidencial de forma ilícita. La rapidez con la que operan estos sitios temporales dificulta en ocasiones su cierre inmediato. Por ello, el INCIBE insiste en la importancia de verificar siempre el origen de cualquier enlace.

Uno de los puntos clave para detectar el engaño reside en analizar detenidamente la dirección URL del enlace proporcionado. Los expertos señalan que las páginas oficiales de la administración pública siempre terminan en dominios .gob.es o .es. En cambio, las plataformas utilizadas por los ciberdelincuentes suelen emplear extensiones mucho más genéricas. Dominios acabados en .top o .click son señales claras de que nos encontramos ante una web de estafa. Estas extensiones son preferidas por los atacantes porque permiten crear y descartar sitios web de forma muy rápida. Cualquier carácter extraño o extensión inusual debe ponernos inmediatamente en estado de máxima alerta. La vigilancia del navegador puede ser la primera barrera efectiva para evitar caer en esta trampa.

Otro elemento que induce al error es el nombre del remitente que aparece en la pantalla del teléfono móvil. Los atacantes emplean una técnica conocida como SMS spoofing para camuflar el número de teléfono de origen. Esto permite que en el dispositivo del usuario aparezca el nombre legítimo de la AEAT como remitente. Lo más peligroso es que el mensaje fraudulento puede colarse en el mismo hilo de mensajes auténticos. Ver mensajes anteriores legítimos en la misma conversación genera una falsa sensación de seguridad en la víctima. No obstante, el INCIBE advierte que no debemos fiarnos únicamente de la etiqueta que identifica al remitente. Esta suplantación técnica es una de las razones por las que este fraude está teniendo éxito. 

Es imperativo desconfiar incluso si el mensaje parece provenir de una fuente de confianza habitual. La tecnología actual permite estas manipulaciones con relativa sencillez para los grupos de ciberdelincuencia organizada. La redacción y el nivel de personalización del mensaje son otros indicadores fundamentales que delatan la falsedad de la comunicación. Las notificaciones reales de la administración pública suelen incluir el nombre, apellidos o parte del NIF. En esta campaña de smishing, los mensajes son extremadamente genéricos y carecen de cualquier identificación personal. Se utilizan expresiones extrañas como “dirigida a usted” o “que usted recibe en calidad de titular”. 

Además, es frecuente encontrar errores tipográficos, como espacios innecesarios antes de los signos de puntuación. La redacción suele ser redundante, artificial y alejada de los estándares comunicativos de la Agencia Tributaria. Estos fallos son típicos en plantillas automatizadas que se traducen o generan de manera masiva por atacantes. Si el tono del mensaje suena forzado o no incluye sus datos básicos, es casi seguro un fraude. La observación detallada de la gramática puede salvarnos de un problema financiero mayor.

Es vital recordar la política oficial de comunicación que sigue la Agencia Tributaria. La AEAT ha reiterado en numerosas ocasiones que jamás solicitará información confidencial por SMS o correo electrónico. Esto incluye números de tarjetas bancarias, claves de acceso o cualquier dato sensible de cuentas corrientes. Tampoco se envían enlaces directos para cobrar devoluciones de impuestos o consultar expedientes específicos. Todas las gestiones relacionadas con devoluciones se tramitan exclusivamente a través de la sede electrónica oficial. Otro canal legítimo es la declaración de la renta presentada formalmente por los cauces establecidos cada año. Cualquier mensaje que prometa un reembolso rápido mediante un simple clic en un enlace es falso.

Actuar rápido

Para aquellos que reciban el mensaje pero aún no hayan interactuado con el enlace, existen pasos preventivos recomendados. Lo más aconsejable es reportar el mensaje al buzón de incidentes del INCIBE para su análisis. Esta acción colaborativa permite recopilar datos que sirven para alertar y proteger a otros usuarios vulnerables. Posteriormente, se debe proceder a bloquear al remitente en el dispositivo móvil de forma permanente. El último paso preventivo es la eliminación definitiva del mensaje para evitar pulsaciones accidentales en el futuro. Si existe alguna duda real sobre una deuda o comunicación, se debe contactar por canales oficiales. Acceder directamente a la web de la Agencia Tributaria sin usar enlaces externos es la mejor práctica. 

En el caso de que un usuario ya haya facilitado sus datos en la web fraudulenta, debe actuar con celeridad. Lo primero es contactar con la entidad bancaria para bloquear tarjetas y movimientos no autorizados. Es fundamental reunir todas las evidencias posibles, como capturas de pantalla de los mensajes y enlaces. Se recomienda presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con estas pruebas. Además, el INCIBE aconseja realizar egosurfing periódicamente para comprobar si nuestra información ha sido expuesta. Actuar con rapidez puede minimizar el impacto del robo de identidad y de los fondos bancarios. La concienciación ciudadana sigue siendo el pilar fundamental para erradicar estas prácticas delictivas en internet.

Mientras todos los ojos estarán puestos este lunes en la primera visita del papa León XIV a España y en el primer discurso de un pontífice ante el Congreso de los Diputados, parte de la plantilla de una de las instituciones más relevantes del país, la Agencia Tributaria, estará en huelga. Por segunda vez en siete meses, y en plena Campaña de la Renta 2025, inspectores, técnicos y el resto de los 28.000 trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) están llamados a parar.

La huelga de este lunes, convocada por el sindicato CSIF, se produce tras varios paros de una hora que han tenido lugar en las últimas semanas y en pleno hartazgo de la plantilla por la falta de desarrollo del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores, un hecho en el que coinciden todas las fuentes sindicales consultadas.

“Es un problema de voluntad política”, resume, al teléfono, el portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“En el año 2022 ya iniciamos un conflicto con todas las organizaciones sindicales y, al final, llegamos a un acuerdo con el compromiso de que se sacaría adelante el desarrollo de la carrera profesional. Pero se incumplió. Volvimos a otro conflicto en 2024, que finalizó con un compromiso por parte de la directora general de la Agencia Tributaria en el que se comprometía a hacerlo. Estamos a junio de 2026 y no hay absolutamente nada”, se lamenta.

Segundo conflicto en menos de un año

CSIF es el cuarto sindicato en la Agencia Tributaria y cuenta con un 15% de la representatividad. Pero esta huelga llega apenas medio año después de otra, convocada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que en esta ocasión no se ha sumado a las movilizaciones.

“Los Técnicos ya advertimos en 2025, con nuestras concentraciones y nuestra huelga, que bajo la aparente normalidad de la AEAT se estaba acumulando un profundo malestar fruto de problemas estructurales que llevan años sin abordarse, entre ellos la congelación de la carrera profesional y el progresivo deterioro de la estructura de la organización”, detalla el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, a elDiario.es.

Esas tensiones estructurales suman presión a unos equipos cada vez más descontentos y en Gestha hablan de “abandono” y un “deterioro de la estructura y de las expectativas profesionales” de sus funcionarios.

El responsable de UGT Servicios Públicos en la AEAT, Antonio García Soto, coincide en el diagnóstico, pero apunta que apoyan movilizaciones por parte de la plantilla siempre y cuando sea consensuada por todas las centrales representadas en la Agencia. 

Los sindicatos creen que el problema ya se sitúa por encima de la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. La propia responsable lo señaló durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”.

“La Agencia Tributaria tiene intención, pero es un problema de voluntad política en el sentido de que no le dan las herramientas ni las disposiciones reglamentarias para articular todos los mecanismos necesarios”, señala Burgos, de CSIF, apuntando directamente a los pasillos del Ministerio de Hacienda. El número dos del departamento, Jesús Gascón, ejerce la presidencia de la Agencia y, antes de eso, fue su director general.

CSIF, además del desarrollo profesional, reclama la regulación del teletrabajo en el organismo y el reconocimiento de profesión de riesgo para los compañeros de Vigilancia Aduanera, que ejercen un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de la dirección de la Agencia Tributaria apuntan que, a pesar del “reducido seguimiento” de los paros parciales convocados por CSIF, la directiva es “consciente de la existencia de una problemática que afecta a la plantilla”. Pero recuerdan que el acuerdo de carrera profesional, firmado en 2007, lo hizo en “un contexto social y jurídico muy distinto al actual” y que, desde entonces, se han llevado a cabo “esfuerzos” para tratar de solventarlo en el margen de sus competencias. “Sin descartar la aprobación de normas en el ámbito correspondiente que permitan alcanzar una solución adecuada”, subrayan.

El reciente revés judicial al fisco por parte de la justicia a cuenta del ‘caso Shakira’ ya caldeó el ambiente, con los inspectores de Hacienda emitiendo una nota en reivindicación de su trabajo. El paro, de 24 horas desde la medianoche del lunes, es un episodio más. Aunque en Madrid, visita del Papa mediante, el foco estará en otro lado.

La campaña de Renta 2025 ha superado su ecuador. Desde que comenzó el pasado 8 de abril, millones de contribuyentes se han lanzado a rendir sus cuentas con Hacienda. Han pasado casi dos meses desde que la Agencia Tributaria abriese este plazo, pero todavía queda un mes más para que los contribuyentes puedan presentar su declaración. Pese a este margen, muchas persoans pueden tener la tentación de gestionar la Renta a última hora. Pero deben saber que, en función de cómo pretendan afrontar esta campaña de Hacienda, podrían tener menos margen de maniobra.

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero en función de cómo se confirme el borrador los contribuyentes deberán tener en cuenta unos márgenes temporales u otros.

El plazo para presentar la declaración por internet

Desde el momento en el que se lanzó la campaña el 8 de abril ha sido posible declarar el IRPF a través de internet, mediante el servicio de Renta WEB o la aplicación de la Agencia Tributaria. Esta opción estará disponible hasta que finalice el plazo de presentación de la Renta, el 30 de junio. Se trata del método predilecto por muchos para confirmar el borrador, puesto que los contribuyentes pueden consultar, modificar y confirmar su borrador de forma intuitiva.

El usuario solo tendrá que identificarse mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia. Pese a que ofrece un amplio margen de maniobra al contribuyente, no se trata de la mejor opción para los que presentan situaciones fiscales complejas o los que quieren resolver dudas de su declaración de forma directa.

Hasta cuándo se puede hacer la Renta por teléfono

Operativo desde el pasado 6 de mayo, en teoría el servicio para presentar la declaración de la Renta por teléfono se mantendrá hasta el 30 de junio. Pero es preciso tener en cuenta que, para hacer uso de él, será necesario pedir cita, algo que solo es posible hasta el 29 de junio.

El conocido como 'Plan te Llamamos' puede fecharse a través de internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del 91 535 73 26 o 901 12 12 24. También se puede pedir cita con atención personal a través de los teléfonos, 91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Cuándo acaba el servicio de videoasistencia de la Renta

Para algunos municipios de pequeño tamaño, Hacienda ofrece un servicio para presentar la Renta a través de la videoasistencia. Se trata de una opción para formalizar la declaración para la que hay que pedir cita, algo que solo se podrá hacer hasta el 29 de junio. Al igual que con la cita por teléfono, también se puede agendar por internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del teléfono 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

El sistema de videoasistencia está desplegado en 84 municipios repartidos por 11 comunidades autónomas. Se trata de una herramienta diseñada para salvar las dificultades técnicas con las que se pueda encontrar el declarante y salvar las distancias geográficas que pueden tener hasta su delegación de Hacienda más cercana.

El último día para presentar la declaración en persona

Este viernes 29 de mayo comienza el plazo para que los contribuyentes pidan cita para presentar la declaración de la Renta de forma presencial. Los declarantes tendrán exactamente un mes, hasta el 29 de junio, para asegurarse de que tienen una fecha para presentar la declaración en su delegación de la Agencia Tributaria más cercana. La atención cara al público se extenderá hasta el 30 de junio, fin el plazo para presentar la declaración.

Existen plazos propios para el supuesto en el que el pago se domicilie. Este supuesto se aplica si la declaración sale a pagar y el contribuyente opta por que el cargo se realice automáticamente en cuenta. Para estos casos, Hacienda tiene un plazo límite previo al fin de la campaña. Se trata del 25 de junio, fecha en la que el declarante deberá haber revisado y aportado sus datos bancarios a la Agencia Tributaria.

Con independencia de los plazos, recuerda revisar la información económica que Hacienda ha recopilado sobre ti y procura tener margen de maniobra antes de que venza el plazo de presentación de la Renta, con el fin de evitar que los imprevistos te dejen sin formalizar tus cuentas con la Agencia Tributaria.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha abierto una amplia inspección fiscal a Quirón Prevención, principal pagador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La inspección comprende hasta cuatro ejercicios y abarca otros tantos impuestos diferentes, incluyendo los de Sociedades e IRPF. El procedimiento inspector se ha iniciado tras salir a la luz en 2024 el escándalo fiscal de González Amador por defraudar presuntamente al Fisco en los ejercicios 2020 y 2021. Estos dos ejercicios están incluidos en esta inspección a Quirón Prevención, que comprende un periodo en el que el grupo sanitario tenía, además, litigios multimillonarios con la Comunidad de Madrid por los pagos derivados de sus conciertos con la sanidad pública regional.

En sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2025 y que la empresa acaba de remitir al Registro Mercantil, la filial de prevención de riesgos laborales del gigante de la sanidad privada, perteneciente al grupo alemán Fresenius, explica que “en el ejercicio 2025, la Administración Tributaria comunicó a la Sociedad la apertura de inspección de los ejercicios 2020 a 2023 del Impuesto sobre Sociedades y del 2021 al 2023 del Impuesto sobre el Valor añadido [IVA] y de las obligaciones de retenciones en IRPF e Impuesto sobre la Renta de No Residentes”.

“Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas”, dice el documento, en una fórmula habitual en estos casos. elDiario.es contactó con Quirón para preguntar sobre este asunto, sin obtener respuesta.

Las cuentas anuales de Quirón Prevención reflejan que en 2024 la filial logró un nuevo récord de facturación, al incrementar su cifra de negocios un 9%, hasta 471 millones de euros.

El beneficio de la empresa alcanzó los 56,5 millones, con un ligero descenso respecto al resultado récord de 58 millones alcanzado en 2024. La filial es líder en prevención de riesgos laborales. Con más de 7.000 profesionales, Quirón Prevención da servicio a más de 4 millones de trabajadores y más de 179.000 empresas, según su web.

La filial es desde hace años el principal pagador de la pareja de Díaz Ayuso. González Amador, colaborador externo del grupo para auditorías de calidad, multiplicó sus ingresos de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta madrileña. Su consultora Maxwell Cremona declaró en el ejercicio 2024 la mitad de facturación y contrató personal por primera vez tras estallar el escándalo de fraude fiscal que reveló elDiario.es en marzo de ese año.

El empresario y comisionista está pendiente de juicio en el juzgado de lo Penal 19 de Madrid por cometer presuntamente sendos delitos fiscales y de falsificación de documentos en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda después de disparar sus ingresos, en parte, gracias a la propia Quirón.

La instrucción de este procedimiento concluyó el pasado septiembre y el juicio todavía no tiene fecha. La pareja de Ayuso llegó a reconocer por escrito esos delitos antes de estallar el escándalo. Luego intentó esgrimir la condena del Tribunal Supremo contra el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para librarse de ser condenado por este procedimiento.

González Amador también está siendo investigado por un delito de presunta corrupción en los negocios derivado del pago, a finales de 2020, de medio millón de euros a una empresa de tratamientos de belleza sin aparente valor que estaba a nombre de la farmacéutica Gloria Carrasco, la esposa del principal ejecutivo de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Este último, que es una figura clave en el ascenso profesional de González Amador, era entonces consejero de una empresa de material sanitario ajena a Quirón, la gallega MAPE, que propició una comisión de casi 2 millones de euros para González Amador por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.

Gloria Carrasco figura como investigada junto a González Amador en este procedimiento, que ha revelado la existencia de una inspección de la Agencia Tributaria contra la esposa del principal ejecutivo de Quirón Prevención.

Esas pesquisas del Fisco sobre Carrasco han quedado paralizadas al existir una investigación judicial, que está pendiente de un informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil empezó a trabajar el pasado noviembre.

Pese a la imputación de la pareja de Ayuso por esa presunta corrupción en los negocios y las exigencias de su código ético, Quirón mantiene su relación con González Amador, que como reveló elDiario.es en diciembre, ha continuado operando en el grupo sanitario con una identidad falsa [Alberto Burnet González] a pesar del mandamiento del manual de buenas prácticas.

Ese código ético asegura: “Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción”.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya se encuentra en pleno funcionamiento tras su inicio el pasado 8 de abril, registrando millones de declaraciones en sus primeras jornadas de actividad. Para muchos contribuyentes, el borrador arroja un resultado positivo, lo que implica la obligación de ingresar dinero a las arcas de la Agencia Tributaria. Este escenario suele derivar de la omisión de ingresos como prestaciones por ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o rescates de planes de pensiones no declarados. También influye el olvido de aplicar deducciones estatales o autonómicas que podrían haber reducido significativamente la cuota final a pagar por el declarante. 

En cualquier caso, siempre es más que recomendable revisar cada dato antes de confirmar para evitar sorpresas desagradables o posibles recargos por errores que son muy habituales en este proceso. Ante esta situación, Hacienda dispone de diversos mecanismos para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera organizada y segura. El sistema informático guía al usuario a través de los pasos necesarios una vez que se confirma que la declaración resulta a ingresar.

Una de las modalidades más utilizadas a la hora de pagar es el fraccionamiento del pago en dos plazos diferenciados sin intereses ni recargos adicionales. Esta opción permite al contribuyente abonar el 60% del importe total en el momento de presentar la declaración, fijando como límite general el 30 de junio. El 40% restante se pospone hasta el próximo 5 de noviembre, facilitando así la gestión de la liquidez personal de los ciudadanos afectados. Para acogerse a esta ventaja, es requisito indispensable que la declaración se presente dentro del periodo voluntario y no sea una autoliquidación complementaria. Hacienda advierte que el impago de la primera fracción en el plazo estipulado desencadenará el inicio del periodo ejecutivo por la deuda completa.

Es importante recordar que esta división del pago no conlleva costes extra siempre que se cumplan estrictamente las fechas de vencimiento establecidas. Si no se desea domiciliar el segundo plazo, el contribuyente deberá realizar el ingreso manualmente antes de la fecha límite utilizando el modelo oficial 102.

La domiciliación bancaria destaca como el método preferido por su comodidad, ya que los cargos se realizan de forma automática en la cuenta corriente indicada. Si se opta por domiciliar el primer pago o el importe único, el plazo límite improrrogable para presentar la declaración finaliza el 25 de junio. Como novedad relevante, ahora es posible domiciliar el pago en cuentas de entidades no colaboradoras que pertenezcan a la Zona SEPA. En el caso de que el contribuyente solo desee domiciliar el segundo plazo del 40%, el límite de presentación se amplía hasta el día 30 de junio. 

En todo caso, el sistema Renta Web facilita este trámite permitiendo introducir el código IBAN tras marcar la casilla correspondiente de domiciliación del importe. Es esencial que los datos bancarios sean correctos para evitar problemas en el procesamiento del cargo por parte de la Agencia Tributaria. Quienes domicilien el primer plazo tienen además la opción de domiciliar también el segundo cargo hasta el próximo 2 de noviembre de 2026.

El avance tecnológico ha permitido integrar nuevos métodos de pago electrónico que agilizan notablemente el proceso para quienes no desean usar la domiciliación tradicional. Desde la campaña de 2024, se permite el uso de transferencias instantáneas mediante Bizum y el pago directo con tarjetas de crédito o débito seguras. Estas operaciones requieren el acceso a través de sistemas de identificación segura como Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital en la plataforma. Para los pagos electrónicos que no sean Bizum o tarjeta, el contribuyente debe obtener previamente el Número de Referencia Completo o NRC. Si se elige cualquiera de estas vías electrónicas para el pago único o el primer plazo, la fecha límite de realización es el 30 de junio. 

Para aquellos que prefieren la gestión presencial, existe la posibilidad de generar un documento de ingreso para pagar directamente en una entidad financiera colaboradora. Al seleccionar esta opción en Renta Web, la declaración queda presentada pero pendiente de ingreso hasta que se efectúe el pago físico en el banco. El contribuyente debe descargar e imprimir el documento de pago que contiene el ejemplar específico para la entidad de crédito elegida. Este trámite debe completarse obligatoriamente también antes del 30 de junio para el pago único o la primera fracción del importe adeudado. Es una vía segura para quienes no se sienten cómodos con las transacciones digitales o no disponen de medios de firma electrónica. 

Otras opciones

Hacienda también contempla escenarios donde el contribuyente no puede afrontar el pago de inmediato, ofreciendo alternativas como el reconocimiento de deuda. Esta modalidad permite presentar la declaración a tiempo sin realizar el ingreso monetario en ese preciso instante, generando una obligación posterior. Existen variantes como el reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago o la solicitud de aplazamiento, que requieren la validación de la Administración. Si el declarante no posee cuenta en un banco colaborador, puede optar por reconocer la deuda y realizar posteriormente una transferencia bancaria. Otra opción disponible es el ingreso parcial, donde se abona una parte de la cuota y se solicita el aplazamiento por el resto. 

Quienes requieran una flexibilidad mayor al fraccionamiento estándar de dos plazos pueden solicitar el pago en más cuotas bajo condiciones específicas. Esta modalidad exige la aprobación previa de la Agencia Tributaria y conlleva el pago de un interés fijo establecido en el 3,75%. Es fundamental tener en cuenta que solicitar un fraccionamiento de este tipo es totalmente incompatible con pedir un aplazamiento de la deuda. El proceso se gestiona dentro de las otras modalidades de pago disponibles al finalizar el borrador en la herramienta de Renta Web. Cada petición es valorada individualmente por el organismo, considerando las circunstancias alegadas por el ciudadano para justificar la necesidad de la demora. La transparencia en estas solicitudes es clave para evitar sanciones o el inicio del periodo ejecutivo de recaudación forzosa.

En conclusión, enfrentarse a una declaración de la renta con resultado positivo requiere estudiar bien los plazos y las múltiples herramientas que Hacienda facilita. La fecha del 30 de junio de 2026 marca el final del periodo voluntario para la mayoría de las formas de pago inicial o único. El cumplimiento riguroso de estos calendarios evita la aplicación de recargos e intereses de demora que encarecerían la factura fiscal del contribuyente. Tanto si se opta por el fraccionamiento gratuito como por el pago único inmediato, la seguridad jurídica está garantizada por los sistemas digitales. 

La adaptación al nuevo reglamento de programas de facturación será uno de los cambios que muchos autónomos tendrán que tener en el radar durante los próximos meses. Aunque la entrada en vigor de Verifactu se ha aplazado de 2026 a 2027, la norma no afecta por igual a todos. De hecho, la clave no está tanto en la actividad en sí, sino en cómo se emiten las facturas y en si se utiliza algún sistema informático para gestionarlas.

En otras palabras, no todos los autónomos tendrán que hacer cambios, pero sí aquellos que usen herramientas capaces de crear, modificar, almacenar o procesar registros de facturación. Esto hace que dos profesionales con actividades similares puedan tener obligaciones distintas: uno podría quedar fuera si factura a mano, mientras que otro, usando un programa o un TPV, sí tendría que adaptarse. Entre los casos que más dudas generan están el alquiler de inmuebles, el uso de datáfonos, los negocios que trabajan con tiques y ciertos recibos del ámbito agrario.

Arrendamiento de inmuebles

El alquiler de viviendas o locales es uno de los supuestos donde no hay una respuesta automática. En el caso de una persona física, todo depende de si ese alquiler se considera actividad económica en el IRPF. Para que lo sea, normalmente se exige contar con al menos un trabajador contratado a jornada completa.

Si no se cumple ese requisito, el arrendamiento no se considera actividad económica a estos efectos. Esto significa que un propietario que alquila inmuebles sin tener empleados no tendría que adaptarse al reglamento por esta actividad. Es decir, el simple hecho de tener propiedades en alquiler no implica entrar en Verifactu.

La situación cambia si el arrendamiento se realiza a través de una sociedad. Al tributar por el Impuesto sobre Sociedades, la empresa puede quedar dentro del ámbito del reglamento. Aun así, todo vuelve a depender de cómo facture: si utiliza un programa informático, deberá adaptarlo; si emite facturas manualmente, no tendría esa obligación por este motivo.

Uso de TPV o datáfono

Cobrar con tarjeta no implica automáticamente tener que adaptarse a Verifactu. Muchos autónomos utilizan datáfonos en su día a día, pero estos dispositivos no siempre intervienen en la facturación.

Si el terminal se limita únicamente a gestionar el cobro y no crea ni almacena facturas, no se considera un sistema informático de facturación. En ese caso, actúa solo como medio de pago, registrando la transacción pero sin participar en la emisión de documentos fiscales. Por tanto, no habría que adaptarlo si no está conectado a un software de facturación.

El escenario es distinto cuando el TPV forma parte de un sistema más completo. Si está integrado en un programa que genera facturas o tiques con validez fiscal, o que guarda y gestiona datos de facturación, entonces sí podría estar sujeto al reglamento. La diferencia está en si el dispositivo solo cobra o si también interviene en la gestión documental.

Tintorerías y otros negocios que solo expiden tiques

Otro caso frecuente es el de pequeños comercios que funcionan principalmente con tiques. Por ejemplo, una tintorería que tributa en estimación objetiva y recargo de equivalencia, que solo emite facturas completas cuando el cliente las pide y las hace a mano, mientras que el resto de operaciones se documentan con tiques de caja.

En cuanto a las facturas completas, el criterio es claro: si se hacen manualmente y sin software, no obligan a cumplir con el reglamento. La duda surge con los tiques, ya que en algunos casos pueden tener la consideración de factura.

Por eso, no basta con verlos como simples justificantes. Hay que analizar qué tipo de documento se está emitiendo y con qué herramienta. Si los tiques salen de una caja registradora o de un programa que puede generar, almacenar o tratar registros de facturación, ese sistema podría tener que adaptarse. Esto afecta especialmente a negocios que casi nunca emiten facturas tradicionales, pero sí entregan tiques de forma habitual.

Recibos de una cooperativa agroalimentaria

Los recibos de compensación agraria tienen un tratamiento diferente. Aunque están vinculados a operaciones económicas, cuentan con su propia regulación y no se consideran facturas dentro del reglamento de programas de facturación. Por ese motivo, quedan fuera del ámbito de Verifactu. Esta distinción es importante, ya que no todos los documentos relacionados con una actividad profesional tienen el mismo impacto en la normativa. En este caso, la obligación no se activa simplemente por existir una operación económica, sino por la naturaleza del documento y la forma en que se emite.

En definitiva, la obligación de adaptarse al reglamento de programas de facturación no depende tanto del tipo de actividad como de la forma en que se gestionan y emiten las facturas. La clave está en identificar si se utiliza o no un sistema informático que intervenga en ese proceso, ya que esto marcará la diferencia entre estar dentro o fuera de Verifactu. Por ello, más que fijarse solo en el sector o el tamaño del negocio, los autónomos deberán revisar con detalle sus herramientas de facturación para saber si realmente tienen que dar el paso hacia la adaptación.

La campaña de la Renta 2025 avanza hacia su tramo final con la activación progresiva de todos los canales de atención disponibles para los contribuyentes. Aunque la presentación por internet está habilitada desde el pasado 8 de abril de 2026, lo cierto es que no todo el mundo opta por esta vía. Hay perfiles que prefieren contar con apoyo directo antes de presentar su declaración, ya sea por dudas concretas, por la complejidad de su situación o simplemente por falta de hábito en el uso de herramientas digitales.

Entre ellas, la atención presencial en oficinas sigue teniendo un papel relevante dentro de la campaña. Este servicio está dirigido especialmente a quienes necesitan ayuda personalizada para confeccionar su declaración o prefieren resolver sus dudas cara a cara con personal especializado. A pesar del avance de los canales digitales, este tipo de asistencia continúa siendo una opción útil para determinados contribuyentes, especialmente aquellos que buscan mayor seguridad en el proceso o que no se sienten cómodos gestionándolo por su cuenta.

El calendario establece dos fechas clave para quienes quieran utilizar esta modalidad. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para ser atendido en una oficina de la Agencia Tributaria. La atención presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la campaña de la Renta. Esto implica que el margen para acudir físicamente es más limitado que en otros canales, como online o por teléfono, por lo que resulta recomendable planificar con antelación para evitar problemas de disponibilidad o falta de citas en determinados horarios.

Cómo solicitar cita para atención presencial

La solicitud de cita previa es un paso obligatorio para poder acceder a la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. No basta con acudir dentro del plazo habilitado, ya que el servicio funciona exclusivamente con reserva de día y hora. Además, es importante tener en cuenta que pedir cita no implica ser atendido de forma inmediata, sino que permite elegir un turno dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio.

Existen varias vías para solicitar esta cita, adaptadas a diferentes preferencias y niveles de familiaridad con la tecnología. La opción más habitual es hacerlo a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para completar el proceso, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE junto con el número de referencia, el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta permite gestionar la solicitud de cita desde el teléfono móvil de manera sencilla, siempre que el usuario pueda identificarse correctamente. También es posible solicitar la cita por teléfono, a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, con horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Este sistema de cita previa se enmarca dentro de un conjunto más amplio de servicios de asistencia. La atención telefónica para la confección de declaraciones está operativa desde el 6 de mayo y también requiere reserva previa, que puede solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Con la incorporación de la atención presencial, la Agencia Tributaria completa así todas las modalidades de ayuda personalizada, orientadas especialmente a quienes no pueden o no desean utilizar exclusivamente los canales digitales.

Datos y documentos necesarios para la cita

Contar con una cita previa es solo una parte del proceso, ya que para que la declaración pueda confeccionarse correctamente en la oficina es imprescindible acudir con toda la documentación necesaria. Si faltan datos relevantes, la atención puede quedar incompleta y el trámite no podrá finalizarse en ese momento, lo que obligaría a solicitar una nueva cita o a aportar la información pendiente en otro momento. Por este motivo, resulta recomendable revisar con antelación toda la documentación antes de acudir a la oficina.

Entre los documentos básicos, es obligatorio llevar el DNI original de la persona titular que acude a la cita. Además, se debe presentar una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, algo especialmente importante en el caso de unidades familiares.

También es necesario aportar el número IBAN de la cuenta bancaria, un dato imprescindible para gestionar el resultado de la declaración, tanto si corresponde una devolución como si hay que realizar un pago. Junto a esta información, se deben incluir las referencias catastrales de todos los inmuebles, tanto en propiedad como en alquiler o en otras situaciones, un dato que puede consultarse fácilmente en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que una persona acuda a la cita en representación de otra, será necesario presentar una autorización firmada por el titular junto con una copia de su DNI. Sin este requisito, no será posible confeccionar ni presentar la declaración en nombre de terceros, incluso cuando exista una relación familiar.

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) defiende la “labor esencial” que ejercen para el Estado del Bienestar, tras las “descalificaciones reiteradas” a su trabajo al hilo del 'caso Shakira' o por la campaña del bufete estadounidense Amsterdam & Partners en el que se tachaba de “carterista” a la Agencia Tributaria.

En un comunicado enviado este lunes, la organización profesional asevera que las críticas “han traspasado el límite de lo razonable” y que presentar a los inspectores como “adversarios del contribuyente” solo favorece “a quienes eluden sus obligaciones fiscales”.

IHE responde así a las críticas a raíz de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que tumbó el procedimiento de la Agencia Tributaria contra la cantante Shakira al considerar que en 2011 no era residente fiscal en el país. Sí lo fue entre 2012 y 2014, ejercicios en los que la artista reconoció haber defraudado al fisco.

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, declaró la cantante tras conocerse el fallo a su favor.

No son “carteristas”

El comunicado responde también a los ataques por parte del bufete Amsterdam & Partners, que pagó un anuncio en el 'Financial Times' acusando a la Hacienda española de de ser “carterista” por las inspecciones a los beneficiados por la Ley Beckham. A raíz del caso Shakira, el despacho estadounidense ha insistido en que el fisco español funciona como una “mafia”.

“La crítica legítima debe apoyarse en datos, fundamento y objetividad. No es admisible la construcción de relatos o descalificaciones personales que erosionan injustamente la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas”, aseveran los funcionarios en la nota. Una “labor esencial para el Estado del bienestar”, dicen, “investigando estructuras cada vez más sofisticadas que causan un grave perjuicio al erario público”.

El comunicado también critica el contexto de “incertidumbre” vinculada a las investigaciones por corrupción, así como los cambios legislativos que pueden afectarles, como aquellos vinculados a la financiación autónomica.

“Por todo ello, pedimos respeto hacia un colectivo cuya profesionalidad no puede ponerse en duda y hacemos un llamamiento a la opinión pública, y a todos nuestros ciudadanos para que contribuyan a un debate respetuoso y serio sobre la fiscalidad en España y sobre su administración”, zanjan.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha establecido que Hacienda podrá practicar embargos sobre los saldos en cuenta de sus deudores si estos proceden de ingresos que superan el salario mínimo interprofesional (SMI), que es la cantidad que se considera inembargable.

En una resolución adelantada este jueves por el diario 'El País' y a la que ha tenido acceso EFE, el TEAC fija el criterio de embargo para los deudores que hayan recibido en su cuenta cantidades superiores al SMI, ya sea porque su sueldo, salario o pensión es mayor a esta cantidad, o porque reciben otros ingresos, como ayudas familiares.

De acuerdo al TEAC, si del análisis de la cuenta queda acreditado que el saldo existente en el momento del embargo procede de cantidades embargables, “la totalidad de dicho saldo será embargable”.

Pero si ese análisis no permite saber de dónde procede ese saldo, se considerará que el deudor gastó en primer lugar la parte del salario o pensión considerado inembargable y que lo que queda podrá ser embargado, total o parcialmente, de acuerdo a la normativa -con porcentajes que van del 30 % para el doble del SMI al 90 % si equivale a más de cinco veces el SMI-.

Grupo Ballesteros, líder del negocio de los bingos en España, ha reconocido ajustes millonarios en sus últimas cuentas tras cerrar “con acuerdo” una batería de inspecciones de Hacienda a varias empresas del holding.

Este roto contable llega tras un varapalo de la Audiencia Nacional a los dueños de esta empresa por fingir su residencia fiscal en Madrid y después del nombramiento, el año pasado, de la hija de una histórica diputada del PP al frente del entramado de sociedades del grupo.

Los ajustes realizados tras las comprobaciones de Hacienda, que suman más de 15,7 millones, están recogidos en las cuentas anuales de 2024 recientemente remitidas al Registro Mercantil por Maxibingo SL, holding del empresario José Ballesteros. El magnate del juego firmó las cuentas el pasado noviembre, tras el nombramiento de Yolanda González, hija de Celinda Sánchez (histórica del PP de Castilla y León) como administradora de 35 sociedades del empresario.

Entre ellas, Maxibingo, que González administra desde enero de 2025. En sus cuentas de 2024, remitidas recientemente al Registro Mercantil y disponibles a través de Insight View, esta holding menciona “el cierre con acuerdo de los expedientes de comprobación tributaria abiertos a seis de las empresas del grupo en relación con los ejercicios 2017/2019”.

Esos procedimientos del Fisco, sobre los que las cuentas no ofrecen detalles, han supuesto una reducción del patrimonio neto consolidado de Maxibingo “por importe de 3.186.975 euros en concepto de ajustes por errores y de 12.543.000 euros en concepto de retribución a fondos propios”. En total, los citados 15,7 millones. El grupo ha declinado hablar con elDiario.es. “No atendemos a los medios”, indicaron desde sus oficinas.

El patrimonio neto consolidado de un grupo empresarial puede definirse como su valor contable real. Se calcula como la suma de sus activos menos sus pasivos totales. Representa los recursos propios de la compañía, incluyendo capital, reservas y resultados acumulados, tras eliminar operaciones internas.

Como reveló este medio en julio, la hija de la exdiputada popular Celinda Sánchez gestiona desde principios de 2025 decenas de sociedades del grupo. Entre ellas Maxibingo, que en 2024 declaró una facturación consolidada de 131,5 millones, de los que el 95% procedió de la actividad del juego privado, “piedra angular de la actividad desarrollada por el Grupo”, y el 5% restante, de la hostelería. Con activos de 82,9 millones (un 11,5% menos que un año antes) y más de 700 empleados, de esta holding cuelgan más de treinta sociedades.

El grupo desarrolla su actividad de forma predominante en Castilla y León, donde es el operador principal. Dueños del Casino Roxy en Valladolid, el Gran Casino de la Mancha en Illescas (Toledo), el Bingo Goya (Zaragoza) o el operador online eBingo, tienen “más de cuatro décadas de experiencia y más de cuarenta salas de juego repartidas entre Castilla y León, Madrid, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha”, dice su web. En ella se definen como “líderes del sector de Bingos en España”.

Los ajustes tras esa inspección por el periodo 2017-2019 cerrada “con acuerdo” han llegado tras confirmar la Audiencia Nacional en mayo de 2025 la residencia “ficticia” en Madrid de Ballesteros y su esposa. En 2013 ambos notificaron a la Agencia Tributaria que se mudaban de Valladolid a la capital. Pero en abril de 2019, Hacienda determinó que era mentira, basándose en un informe de la Policía Municipal de Valladolid de abril de 2018 que indicaba que vivían en la capital pucelana, en un inmueble a nombre de Joballesca SL, otra de las empresas de Ballesteros que administra la hija de esa ex diputada del PP.

Hacienda también se basó en los bajísimos consumos de luz y agua del supuesto domicilio del matrimonio en Madrid, a unos metros del Paseo de la Castellana y la sede del Tribunal Supremo. Allí también declaraban su residencia fiscal dos de sus hijos y otros cuatro miembros de la familia Ballesteros. Todo en una vivienda de 105 metros cuadrados.

“Ello supone que en dicho inmueble tienen declarado su domicilio fiscal seis personas físicas en 2013 y 2014, siete en 2015 y ocho en 2016 y 2017”, razonaron las sentencias que ratificaron las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) confirmando el criterio de la Agencia Tributaria.

Castilla y León, donde el Grupo Ballesteros es hegemónico, tiene una relación singular con el juego. La Junta organiza un Congreso sectorial que en octubre celebró su XVIII edición en Palencia, “el único Congreso de Juego en España organizado por una administración pública”, como destacó la directora de Relaciones Institucionales de la Junta, Ruth Andérez, y que, según fuentes del sector, ha organizado en el pasado M&C Euroservicios, empresa familiar de la actual administradora de Maxibingo que ha recibido relevantes pagos de Administraciones del PP.

A la anterior edición de ese congreso de juego acudió el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, responsable de regular el juego presencial en esa comunidad autónoma. El patriarca del Grupo Ballesteros creó hace años la Fundación Social del Juego Privado, que en 2006 nombró “presidente de honor” al hoy presidente Alfonso Fernández Mañueco, entonces dirigente local y una de las muchas figuras del PP relacionadas con el sector.

A Ballesteros, del que apenas circulan fotos en medios especializados, se le considera clave para lograr la aprobación de la regulación del bingo electrónico en España. Dirige ASECAL (Asociación de Bingos de Castilla y León) hace casi cuatro décadas. Su hijo Gustavo es vicepresidente de Aseju, patronal de bingos de la Comunidad de Madrid, una de las más antiguas del país, creada a los dos años de legalizarse este sector en 1979, cuando se estrenó la película 'Los Bingueros'.

En Madrid Grupo Ballesteros ha tenido choques con la Administración. En 2000, el Gobierno madrileño precintó cautelarmente varias de sus salas en la capital acusadas de contratar a figurantes a los que pagaban sueldos a diario por jugar cartones y entregar luego el dinero a la sala si lograban premios. El caso acabó empantanado en los tribunales.

Con la nieta de Franco

La administradora de Maxibingo, que es también hermana de la exmodelo Nuria González, la viuda del millonario naviero Fernando Fernández Tapias (fallecido en 2023 a los 84 años), estudió Psicología, según diversos perfiles.

Yolanda González es conocida en prensa rosa como acompañante habitual de su famosa hermana. Fue vista en el funeral de Carmen Franco, única hija del dictador, en la Feria de Abril de Sevilla en o la Plaza de Toros de las Ventas. En 2012 Diez Minutos le atribuyó un romance con el locutor Carlos Herrera. En 2016 se fotografió en la fiesta de inauguración de El Gran Casino de la Mancha con su hermana y la nietísima de Francisco Franco, Carmen Martínez-Bordiú. Algún medio la presentó como responsable de Relaciones Públicas del grupo que ahora dirige.

La madre de la administradora de Maxibingo fue diputada y senadora del PP durante 23 años, hasta que en 2015 dejó la política. Celinda Sánchez fue noticia en 2014 por desmarcarse de la disciplina de su partido como única diputada del Congreso, junto al también popular Agustín Conde, que rechazó en una votación reconocer el Estado palestino.

Además de política, Celinda Sánchez fue empresaria. Su familia tenía una discoteca y sala de fiestas muy conocida en Venta de Baños (Palencia), el complejo Sangar. Allí fue alcaldesa hasta 2003. “También fundé la empresa M&C Euroservicios, que hoy en día llevan mis hijos”, explicó en febrero de 2025 a Diario Palentino.

Dedicada a organizar eventos, M&C Euroservicios se creó en 1992. Su administradora única desde hace casi 32 años es Yolanda González, ahora al frente del Grupo Ballesteros. El año pasado su destartalada web (hoy fuera de servicio) invitaba al visitante a seguir sus redes sociales en “tuitter”. “Entre nuestros clientes se encuentran diversos sectores: organismos oficiales, salas de juego, partidos políticos, automóvil, calzado, hoteles, asociaciones, constructoras, revistas, consultorías, abogacías, bodegas…”, decía.

Uno de sus clientes ha sido el propio PP, como acreditó la investigación del escándalo Púnica que estalló en octubre de 2015. M&C Euroservicios figuraba entre las sociedades que facturaron al Partido Popular de Esperanza Aguirre gastos electorales en los comicios autonómicos de 2011, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ordenó procesar en 2022 a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, por la presunta financiación irregular del partido.

En mayo de 2011, ejercicio en el que logró su récord de ventas, más de 593.000 euros, M&C Euroservicios facturó al PP madrileño 48.380 euros por “artículos publicitarios”, según la factura que presentó el entonces gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, pendiente de juicio y para el que la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel. En 2024, la empresa de la familia González facturó algo más de 98.000 euros.

Tovalloles netes, llençols acabats de canviar, càpsules de cafè, bugaderia industrial, neteja “diària”, petits kits de bany... En els darrers anys, propietaris i empreses dedicades al lloguer turístic han intentat “colar” a Hisenda despeses i deduccions pròpies de la indústria hotelera. L'objectiu: aconseguir un tractament fiscal molt més favorable, accedir a avantatges en l’IVA i ampliar les desgravacions possibles a l'IRPF. Els tribunals, però, han anat estrenyent el setge sobre aquells que intenten equiparar pisos turístics i vil·les vacacionals amb hotels, desmuntant un per un arguments basats en canvis de tovalloles, serveis de bugaderia i esmorzars de cortesia.

La 'batalla' fiscal es lliura en ple auge del lloguer vacacional. Mentre col·lectius socials denuncien que el boom de les plataformes de lloguer turístic i la pressió inversora vinculada al negoci vacacional han transformat barris sencers, disparat el preu de l’habitatge i multiplicat la rendibilitat de pisos, xalets i vil·les turístiques, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris com a conseqüència de la imparable gentrificació, la patronal del lloguer turístic recrimina que s'utilitzi aquest sector com a “cap de turc” de la crisi habitacional i que s'“estigmatitzi” un àmbit que reclama més seguretat jurídica.

Segons les últimes dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al novembre de 2025 hi havia a Espanya 329.764 habitatges turístics -més d'1,6 milions de places en total- anunciades en plataformes digitals com Airbnb, Booking o Vrbo, xifra que equival a l'1,24% del parc total d'habitatges del país. A Balears, l'INE comptabilitzava 19.398 habitatges turístics i més de 124.000 places vacacionals, equivalent a gairebé el 3% de tots els habitatges de l'arxipèlag. Mentrestant, les administracions han intensificat les inspeccions i sancions contra els habitatges turístics que operen de manera il·legal.

En paral·lel a l’expansió d’aquest fenomen, un altre front ha anat creixent silenciosament: el de com han de tributar aquests allotjaments i fins on pot arribar l’Agència Tributària (AEAT) a l’hora d’acceptar deduccions vinculades a una activitat que intenta acostar-se fiscalment al model hoteler. El fenomen ha atret tant petits propietaris com societats especialitzades en l’explotació d’allotjaments turístics, algunes convertides ja en autèntiques gestores d’habitatges repartits per diferents enclavaments vacacionals.

Ni les tovalloles ni la neteja ocasional basten

Una de les sentències més recents, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), afecta dos particulars que havien declarat els ingressos del seu habitatge turístic com a rendiments d’activitat econòmica per ampliar les deduccions a l’IRPF. Entre les despeses que pretenien computar figuraven costos vinculats al manteniment de l’immoble, la neteja o la reposició de roba de llit i tovalloles. La clau del litigi era demostrar que el pis no era un simple lloguer vacacional, sinó una activitat equiparable a un negoci hoteler. Per això, els propietaris al·legaven “reforços puntuals de neteja”, atenció permanent les 24 hores i serveis de bugaderia i canvi de llençols, fundes de coixí i draps de cuina.

Davant això, el tribunal desmunta un per un aquests arguments. La sentència conclou que no existeix una estructura empresarial ni la prestació de serveis equiparables als del sector hoteler, asseverant que l'atenció al client “no és diferent de la que tot arrendador ha de dispensar” davant incidències normals en un habitatge llogat i subratllant que la neteja únicament pot equiparar-se a la d'un hotel quan es presta “diàriament o amb una periodicitat fixa”, no quan es limita a l'entrada i sortida d'hostes o a neteges ocasionals sol·licitades per alguns clients.

La resolució afecta, en la pràctica, la manera en què tributen milers d'habitatges vacacionals a l'IRPF. El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos han de declarar-se com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions. El tribunal rebutja, així mateix, un altre dels arguments habituals en aquest tipus de litigis: deduir despeses durant tot el temps en què l'habitatge va estar anunciat o disponible en plataformes turístiques. La Sala fixa que les despeses només poden prorratejar-se en funció dels dies en què l'immoble va estar efectivament llogat.

El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos s'han de declarar com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions

Té, cafè i sabó de mans sota la lupa

La màxima instància judicial ja s'havia pronunciat en termes similars el gener de 2025 arran d'un litigi impulsat per Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una societat que defensava que l'habitatge turístic que explotava oferia autèntics serveis hotelers i, per tant, podia deduir-se l'IVA: va arribar a al·legar que oferia “tè, cafè, sucre, sabó de mans i paper higiènic”, a més d'atenció 24 hores i neteges durant les estades. El conflicte afectava, en concret, una regularització de 63.309 euros. Els magistrats van examinar els registres de neteja aportats per la mercantil i van concloure que la majoria eren posteriors a la sortida dels hostes i no comparables a les neteges diàries de la indústria hotelera.

Es tracta d'una diferència que canvia per complet el resultat fiscal: si el lloguer turístic es considera una mera cessió d'habitatge, l'activitat queda exempta d'IVA i les deduccions són molt més limitades. Si, per contra, existeixen veritables serveis hotelers, el propietari pot desgravar més despeses i compensar les quotes suportades. La qüestió pivota sobre un precepte concret de la Llei de l'IVA: l'article 20.U.23è, que estableix que el lloguer d'habitatges està exempt d'aquest impost, però introdueix una excepció: deixa d'estar exempt quan l'arrendador presta “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”.

D'aquesta manera, per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no pot deduir-se l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler -amb serveis equivalents als d'un hotel- l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions.

Per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no es pot deduir l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler, l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions fiscals

La mateixa batalla s'està lliurant en altres comunitats autònomes. A Andalusia, el Tribunal Superior de Justícia va analitzar el cas de Riad del Ciprés SL, empresa que al·legava que els seus apartaments turístics funcionaven realment com allotjaments hotelers i que, per tant, podia beneficiar-se d'un tractament fiscal més favorable en l'IVA. Per sostenir-ho, assegurava que oferia esmorzars, neteja diària, bugaderia industrial, canvi de llençols i tovalloles, articles d'higiene personal (els anomenats amenities) i atenció permanent les 24 hores, i fins i tot va aportar factures de bugaderia industrial i referències en plataformes turístiques per acreditar aquests serveis.

El litigi afectava quotes de 5.015 euros, però el tribunal va desmuntar bona part de les proves. La sentència subratlla que “la posada a disposició del client de cafès, sucre i altres productes no constitueix serveis propis de restauració” i afegeix que “el canvi de roba i la seva neteja prestat a l'entrada i sortida del període contractat” tampoc basta per parlar de serveis complementaris propis de la indústria hotelera. Els magistrats fins i tot van reparar en el reduït import de les factures de bugaderia -uns 85 euros en total durant diversos mesos- per concloure que no demostraven l'existència d'un autèntic servei hoteler de canvi diari de roba de llit i tovalloles.

Tiquets de supermercat i vil·les de luxe

També l'Audiència Nacional ha hagut de dirimir aquest tipus de conflictes fiscals. El febrer passat va analitzar el cas de Ogladenis S.L.U., enfrontada amb Hisenda per l'explotació de tres vil·les turístiques de luxe situades a Catalunya i valorades en més de cinc milions d'euros. L'empresa defensava que no gestionava simples habitatges vacacionals, sinó allotjaments equiparables a petits hotels, i al·legava, com en els altres casos, oferir neteja periòdica, canvi de llençols, atenció permanent les 24 hores, esmorzars, servei de transfer, càtering i assistència continuada als hostes.

Amb això pretenia mantenir importants deduccions d'IVA vinculades tant a la construcció com a l'explotació dels immobles. Per “acreditar” que realment prestava serveis hotelers, la mercantil va arribar a aportar factures modificades, publicitat en línia, comentaris de clients i converses amb hostes. En algunes factures apareixia fins i tot la frase “amb servei d'esmorzar i neteja diària inclosos”.

L'AEAT va frenar les pretensions de l'empresa en asseverar que els habitatges funcionaven realment com a arrendaments exempts d'IVA i que, per tant, no podia deduir-se aquestes quotes. En la seva sentència, l'AN va detectar, a més, contradiccions entre diferents versions de les factures i l'activitat efectivament demostrada, així com inconsistències entre la publicitat de les vil·les i els serveis que realment podien prestar-se.

Hisenda va revisar fins i tot tiquets de supermercat, el nombre de treballadors contractats, les hores materials necessàries per netejar les propietats i les dimensions de les vil·les, que sumaven 18 habitacions, 12 banys i més de 400 metres quadrats cadascuna. El tribunal considera “físicament i materialment impossible” que l'empresa pogués prestar el servei de neteja diària que afirmava realitzar, especialment tenint en compte que durant part de la temporada només hi havia una netejadora per atendre totes les propietats.

L'AN va més enllà i analitza una qüestió molt més complexa: l'anomenat “autoconsum per canvi d'afectació”, és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost.

L'Audiència Nacional va més enllà i analitza una qüestió encara més complexa: l'anomenat "autoconsum per canvi d'afectació", és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost

El de l'“autoconsum per canvi d'afectació” és, precisament, un dels fronts que també afloren en una sentència dictada el 2024 pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L.. En aquest cas, Hisenda va sostenir que un habitatge inicialment lligat a una promoció immobiliària havia acabat utilitzant-se com a arrendament residencial, cosa que obligava a regularitzar les deduccions d'IVA practicades durant la construcció. El conflicte va acabar derivant en una liquidació de més de 80.000 euros i una sanció addicional de més de 43.000 euros.

El criteri que ara estan aplicant diferents tribunals arrenca, en bona mesura, d'una sentència clau del Tribunal Supremo dictada el novembre de 2020. En ella, l'alt tribunal va fixar que, per determinar si un lloguer turístic ha de tributar com una activitat hotelera, no basta que l'allotjament tengui llicència turística, s'anunciï en plataformes vacacionals o es comercialitzi com a apartament turístic. El determinant, subratlla l'Alt Tribunal, és que existeixin autèntics “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”, com neteja periòdica durant l'estada, restauració o una atenció equiparable a la d'un hotel.

Sobre la base de la mateixa doctrina, no totes les resolucions tomben les pretensions dels propietaris. El desembre de 2025, el TSJ d'Andalusia sí va reconèixer el dret d'una empresa d'apartaments turístics a deduir-se l'IVA perquè, a diferència d'altres casos, va considerar acreditat que existia una veritable obligació de prestar serveis propis d'hostalatge. La clau radica en el fet que la societat, Escolástica Inversiones S.L., explotava un edifici complet d'apartaments turístics i va aconseguir demostrar que oferia neteja diària durant l'estada -encara que fos “a demanda” del client-, a més de canvi de llençols, atenció permanent, gestió d'entrades i productes d'acollida. El tribunal va entendre que l'important no era que tots els hostes sol·licitassin efectivament aquests serveis, sinó que l'empresa assumia contractualment l'obligació d'oferir-los, cosa que l'apropava al funcionament d'un establiment hoteler.

La sentència introdueix així un matís rellevant davant altres resolucions més restrictives: basta acreditar de manera sòlida l'existència real i continuada d'algun dels “serveis complementaris propis de la indústria hotelera” previstos a la Llei de l'IVA perquè l'activitat deixi d'estar exempta i el propietari o l'empresa puguin deduir-se les quotes suportades.

Toallas limpias, sábanas recién cambiadas, cápsulas de café, lavandería industrial, limpieza “diaria”, pequeños kits de baño... En los últimos años, propietarios y empresas dedicadas al alquiler turístico han intentado “colar” a Hacienda gastos y deducciones propios de la industria hotelera. El objetivo: lograr un tratamiento fiscal mucho más favorable, acceder a ventajas en el IVA y ampliar las desgravaciones posibles en el IRPF. Los tribunales, sin embargo, han estrechado el cerco sobre quienes intentan equiparar pisos turísticos y villas vacacionales con hoteles, desmontando uno por uno argumentos basados en cambios de toallas, servicios de lavandería y desayunos de cortesía.

La 'batalla' fiscal se libra en pleno auge del alquiler vacacional. Mientras colectivos sociales denuncian que el boom de plataformas de alquiler turístico y la presión inversora ligada al negocio vacacional han transformado barrios enteros, disparado el precio de la vivienda y multiplicado la rentabilidad de pisos, chalés y villas turísticas, provocando con ello que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación, la patronal del alquiler turístico recrimina que se utilice este sector como “cabeza de turco” de la crisis habitacional y que se “estigmatice” a un ámbito que reclama mayor seguridad jurídica.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas -más de 1,6 millones de plazas en total- anunciadas en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo, lo que equivale al 1,24% del parque total de viviendas del país. En Balears, el INE contabilizaba 19.398 viviendas turísticas y más de 124.000 plazas vacacionales, equvalente a casi el 3% de todas las viviendas del archipiélago. Mientras tanto, las administraciones han intensificado las inspecciones y sanciones contra las viviendas turísticas que operan de forma ilegal.

En paralelo a la expansión de este fenómeno, otro frente ha ido creciendo silenciosamente: el de cómo deben tributar estos alojamientos y hasta dónde puede llegar la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de aceptar deducciones vinculadas a una actividad que intenta acercarse fiscalmente al modelo hotelero. El fenómeno ha atraído tanto a pequeños propietarios como a sociedades especializadas en la explotación de alojamientos turísticos, algunas convertidas ya en auténticas gestoras de viviendas repartidas por distintos enclaves vacacionales.

Ni las toallas ni la limpieza ocasional bastan

Una de las sentencias más recientes, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), afecta a dos particulares que habían declarado los ingresos de su vivienda turística como rendimientos de actividad económica para ampliar las deducciones en el IRPF. Entre los gastos que pretendían computar figuraban costes vinculados al mantenimiento del inmueble, la limpieza o la reposición de ropa de cama y toallas. La clave del litigio estaba en demostrar que el piso no era un simple alquiler vacacional, sino una actividad equiparable a un negocio hotelero. Para ello, los propietarios alegaban “refuerzos puntuales de limpieza”, atención permanente las 24 horas y servicios de lavandería y cambio de sábanas, fundas de almohada y trapos de cocina.

Frente a ello, el tribunal desmonta uno por uno esos argumentos. La sentencia concluye que no existe una estructura empresarial ni la prestación de servicios equiparables a los del sector hotelero, aseverando que la atención al cliente “no es distinta de la que todo arrendador debe dispensar” ante incidencias normales en una vivienda alquilada y subrayando que la limpieza únicamente puede equipararse a la de un hotel cuando se presta “a diario o con una periodicidad fija”, no cuando se limita a la entrada y salida de huéspedes o a limpiezas ocasionales solicitadas por algunos clientes.

La resolución afecta, en la práctica, a la forma en que tributan miles de viviendas vacacionales en el IRPF. El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones. El tribunal rechaza, asimismo, otro de los argumentos habituales en este tipo de litigios: deducirse gastos durante todo el tiempo en que la vivienda estuvo anunciada o disponible en plataformas turísticas. La Sala fija que los gastos solo pueden prorratearse en función de los días en que el inmueble estuvo efectivamente alquilado.

El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones

Té, café y jabón de manos bajo la lupa

La máxima instancia judicial ya se había pronunciado en términos similares en enero de 2025 a raíz de un litigio impulsado por Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una sociedad que defendía que la vivienda turística que explotaba ofrecía auténticos servicios hoteleros y, por tanto, podía deducirse el IVA: llegó a alegar que ofrecía “té, café, azúcar, jabón de manos y papel higiénico”, además de atención 24 horas y limpiezas durante las estancias. El conflicto afectaba, en concreto, a una regularización de 63.309 euros. Los magistrados examinaron los registros de limpieza aportados por la mercantil y concluyeron que la mayoría eran posteriores a la salida de los huéspedes y no comparables a las limpiezas diarias de la industria hotelera.

Se trata de una diferencia que cambia por completo el resultado fiscal: si el alquiler turístico se considera una mera cesión de vivienda, la actividad queda exenta de IVA y las deducciones son mucho más limitadas. Si, por el contrario, existen verdaderos servicios hoteleros, el propietario puede desgravar más gastos y compensar las cuotas soportadas. La cuestión pivota sobre un precepto concreto de la Ley del IVA: el artículo 20. Uno. 23º, que establece que el alquiler de viviendas está exento de este impuesto, pero introduce una excepción: deja de estar exento cuando el arrendador presta “servicios complementarios propios de la industria hotelera”.

De este modo, para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero -con servicios equivalentes a los de un hotel- la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones.

Para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero, la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones

La misma batalla se está librando en otras comunidades autónomas. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso de Riad del Ciprés SL, empresa que alegaba que sus apartamentos turísticos funcionaban realmente como alojamientos hoteleros y que, por tanto, podía beneficiarse de un tratamiento fiscal más favorable en el IVA. Para sostenerlo, aseguró que ofrecía desayunos, limpieza diaria, lavandería industrial, cambio de sábanas y toallas, artículos de aseo (los llamados amenities ) y atención permanente las 24 horas, e incluso aportó facturas de lavandería industrial y referencias en plataformas turísticas para acreditar esos servicios.

El litigio afectaba a cuotas de 5.015 euros, pero el tribunal desmontó buena parte de las pruebas. La sentencia subraya que “la puesta a disposición del cliente de cafés, azúcar y otros productos no constituye servicios propios de restauración” y añade que “el cambio de ropa y su limpieza prestado a la entrada y salida del período contratado” tampoco basta para hablar de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Los magistrados incluso repararon en el reducido importe de las facturas de lavandería -unos 85 euros en total durante varios meses- para concluir que no demostraban la existencia de un auténtico servicio hotelero de cambio diario de ropa de cama y toallas.

Tickets de supermercado y villas de lujo

También la Audiencia Nacional ha tenido que dirimir este tipo de conflictos fiscales. El pasado febrero analizó el caso de la mercantil Ogladenis S.L.U., enfrentada con Hacienda por la explotación de tres villas turísticas de lujo situadas en Catalunya y valoradas en más de cinco millones de euros. La empresa defendía que no gestionaba simples viviendas vacacionales, sino alojamientos equiparables a pequeños hoteles, y alegaba, como en los demás casos, ofrecer limpieza periódica, cambio de sábanas, atención permanente las 24 horas, desayunos, servicio de transfer, catering y asistencia continuada al huésped.

Con ello pretendía mantener importantes deducciones de IVA vinculadas tanto a la construcción como a la explotación de los inmuebles. Para 'acreditar' que realmente prestaba servicios hoteleros, la mercantil llegó a aportar facturas modificadas, publicidad online, comentarios de clientes y conversaciones con huéspedes. En algunas facturas aparecía incluso la frase “con servicio de desayuno y limpieza diaria incluidos”.

La AEAT frenó las pretensiones de la empresa al aseverar que las viviendas funcionaban realmente como arrendamientos exentos de IVA y que, por tanto, no podía deducirse esas cuotas. En su sentencia, la AN detectó además contradicciones entre distintas versiones de las facturas y la actividad efectivamente demostrada, además de inconsistencias entre la publicidad de las villas y los servicios que realmente podían prestarse.

Hacienda revisó incluso tickets del supermercado, el número de trabajadores contratados, las horas materiales necesarias para limpiar las propiedades y las dimensiones de las villas, que sumaban 18 habitaciones, 12 baños y más de 400 metros cuadrados cada una. El tribunal considera “física y materialmente imposible” que la empresa pudiera prestar el servicio de limpieza diaria que afirmaba realizar, especialmente teniendo en cuenta que durante parte de la temporada solo había una limpiadora para atender todas las propiedades.

La AN va más allá y analiza una cuestión mucho más compleja: el llamado “autoconsumo por cambio de afectación”, es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto.

La Audiencia Nacional va más allá y analiza una cuestión más compleja: el llamado "autoconsumo por cambio de afectación", es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto

El del “autoconsumo por cambio de afectación” es, precisamente, uno de los frentes que también afloran en una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Murcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L. En ese caso, Hacienda sostuvo que una vivienda inicialmente ligada a una promoción inmobiliaria había terminado utilizándose como arrendamiento residencial, lo que obligaba a regularizar las deducciones de IVA practicadas durante la construcción. El conflicto acabó derivando en una liquidación de más de 80.000 euros y una sanción adicional de más de 43.000 euros.

La cantante Shakira se anotó este lunes una importante victoria en su periplo contra la Hacienda española, después de que la Audiencia Nacional condenara a la Agencia Tributaria a devolver 55 millones de euros, procedentes de las declaraciones del IRPF y el Impuesto de Patrimonio de un ejercicio (2011) en el que no era residente fiscal en el país. 

Si bien cabe recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, algo que desde el fisco ya han adelantado que van a solicitar a la Abogacía del Estado, el fallo desmonta la interpretación del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y la Agencia Tributaria para considerar a la artista como contribuyente en nuestro país en el año 2011. Este ejercicio fiscal se recurrió por la vía administrativa y no por la penal, una senda que siguieron los ejercicios de 2012 a 2014 y en los que la artista reconoció haber defraudado 14,5 millones de euros al fisco español. Estos son los argumentos con los que la defensa de Shakira ha torcido el brazo a Hacienda.

¿Qué es la residencia fiscal?

La ley fija varios supuestos para determinar la residencia fiscal, como explica el fiscalista Alejandro del Campo, socio fundador del bufete DMS Legal Intelligence, siendo los más relevantes la permanencia más de 183 días en el país o que el núcleo de sus intereses económicos se encuentre en nuestras fronteras. “Cualquiera de esos dos criterios, o ambos, son los que permiten a España considerarte residente fiscal. Hay un tercer criterio, que se maneja de pasada en la sentencia de la Audiencia Nacional, que es cuando tu cónyuge o hijos menores viven en España, lo que supone una presunción de que lo eres, salvo prueba de lo contrario”, apunta en conversación con elDiario.es.

El problema es que, como recoge la sentencia, la Agencia Tributaria solo apunta 163 días de estancia en el país en 2011, en tanto que la defensa de Shakira reconoce 143, menos de la barrera legal. Y en aquel ejercicio ni el centro de sus intereses económicos se encontraba en España ni la pareja, en los primeros compases de su relación, tenía hijos (el primero, Milán, nació en enero de 2013). 

“El elemento más relevante de la sentencia de la Audiencia Nacional es que refuerza una interpretación estricta y probatoria del concepto de residencia fiscal en dos planos”, detalla José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. “El tribunal insiste en que, si no se acredita la permanencia física en España por encima de 183 días, no puede hablarse de residencia fiscal. Y se subraya que la carga probatoria corresponde a Hacienda, y que no bastan indicios indirectos (consumos, tarjetas, etc.) si no hay prueba sólida de presencia física o de centro de intereses económicos”, apunta por correo electrónico. 

Su noviazgo con Gerard Piqué

Shakira y el exfutbolista del Barça Gerard Piqué se conocieron en 2010, en el Mundial de Sudáfrica, pero no hicieron oficial su relación hasta marzo de 2011. Su idilio –que finalizó en 2022– coincidió con las 90 fechas de la gira “Sale el sol” para presentar su séptimo álbum de estudio y, a pesar de la oficialidad de su romance, para la Audiencia Nacional –a diferencia de lo expuesto por la Agencia Tributaria– no es suficiente para justificar un arraigo fiscal en el país.

Según el abogado Pelayo Ballesteros, del bufete Mas y Calvet, la sentencia subraya que “jurídicamente no es equiparable una relación sentimental a una relación conyugal”, a lo que se suma el hecho de que no había tenido hijos “con un residente fiscal en España”. 

Este, precisamente, era uno de los argumentos fundamentales de Hacienda para amarrar la residencia fiscal en aquel año y el fallo lo rechaza: “Por lo tanto, no existía un núcleo familiar a efectos legales de una persona extranjera”.

¿Qué son esas “ausencias esporádicas”?

Otra de las claves para atar la residencia fiscal son las “ausencias esporádicas”, es decir, las salidas puntuales del país que interrumpen la presencia física pero no las obligaciones fiscales. “España puede considerar que una persona que está en el país tres meses pero luego se va dos meses fuera está en una ausencia esporádica y, por tanto, se computa como permanencia en el país”, dice Del Campo. 

El fiscalista recuerda el precedente que sentó la llamada sentencia de los becarios, de 2017, en la que el Tribunal Supremo cerró la puerta a que la Agencia Tributaria cobrara el IRPF a unos becarios del ICEX que permanecieron fuera más de 183 días, ya que el fisco estimaba que esta era solo una ausencia puntual del país. “Ya esa sentencia dio un buen escudo ante Hacienda frente al cómputo de la permanencia”, dice el experto.

El secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha cree que este caso es “difuso” y coincide con una gira mundial de la cantante que evitó que pasara ese umbral de los 183 días, aunque España fue el país donde más estuvo la artista. 

“La sentencia corrige una práctica administrativa relevante: el uso expansivo del concepto de ”ausencias esporádicas“, dejando claro que no puede vaciar de contenido el criterio de permanencia”, apunta Corrales, lo que, a pesar de reforzar la seguridad jurídica, “podría dificultar inspecciones basadas en presunciones amplias, y potencialmente abrir la revisión de expedientes donde la prueba haya sido débil o indirecta”.

¿Cuánto ha de devolver Hacienda?

La sentencia aún podría ser recurrida al Tribunal Supremo en casación, algo que no descartan los ninguno de los expertos consultados. Los 55 millones que tendría que devolver son las cuantías que tuvo que abonar la cantante, de las cantidades presuntamente defraudadas en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio, junto a las dos sanciones muy graves. Sin embargo, Del Campo calcula que el fisco tendrá que abonar unos 73 millones de euros, incluidos intereses, en tanto que Gestha apunta a una cuantía inferior, unos 34 millones.

“Previsiblemente, por lo mediático y por la cuantía millonaria del caso, la Administración interpondrá contra esta sentencia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, en mi opinión el punto es claro y no presenta dudas de derecho –y como se ha visto, tampoco de hecho–, es un tema de prueba. Por ello, lo normal es que el Alto Tribunal considere que el recurso carece de interés casacional y que, en consecuencia, lo inadmita a trámite”, apunta Ballesteros.

Un hecho en el que coincide Mollinedo, el portavoz de Gestha: “La Audiencia Nacional ha hecho una interpretación de las pruebas que ha recabado la Agencia Tributaria y no parece deducirse de esa valoración que la Agencia Tributaria hubiera amarrado correctamente la residencia fiscal”, apunta. “Tal vez esa sea una de las razones por las que no se llevó ese año a delito contra la Hacienda pública”, dice, como sí sucedió con los ejercicios de 2012 a 2014. Shakira reconoció haber defraudado 14,5 millones de euros entre aquellos años para evitar la cárcel.

“Supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley”, dijo, en declaraciones a través de una nota de prensa, el abogado que ha defendido a la cantante en el proceso, José Luis Prada. 

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”, declara la cantante que, desde 2023, reside en Miami.

La presidenta de la Agencia Tributaria Canaria y consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), ha inaugurado este lunes la nueva sede de la entidad en Las Palmas de Gran Canaria, unas instalaciones concebidas para acercar la administración tributaria a la ciudadanía y mejorar la eficiencia mediante la innovación tecnológica.

En un comunicado, el Gobierno canario ha detallado que la nueva sede, que se encuentra entre las calles León y Castillo y Venegas, consta de una superficie total de 9.600 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, en las que se ubicarán los 239 empleados que la Agencia tiene en la capital.

El traslado, que previsiblemente culminará a mediados del mes de junio, se está desarrollando de manera escalonada por plantas, con un plan detallado de ocupación por fases que está permitiendo compatibilizar el cambio con el normal funcionamiento de los servicios, “minimizando las incidencias y priorizando la calidad en la atención, destaca la nota.

Durante el acto, Asián ha subrayado que la nueva oficina “nace con la vocación y el compromiso de acercar la administración a la ciudadanía y fortalecer la confianza de la propia administración con los ciudadanos y con la sociedad”, y ha destaca que la nueva sede “representa la plasmación del enorme esfuerzo que se ha hecho en materia de innovación tecnológica y que va a permitir agilizar trámites y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, asegura.

Según ha explicado, la implantación de nuevos sistemas permitirá eliminar trámites innecesarios, reducir esperas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, una tarea que, ha recordado, resulta esencial para garantizar unos servicios públicos de calidad.

La consejera ha agradecido el trabajo del equipo técnico, del personal administrativo, de los colaboradores y de las autoridades que han hecho posible el proyecto, y ha anunciado que la nueva sede será el punto principal de inicio de la campaña presencial de la renta a partir del 1 de junio.

La organización interna del nuevo espacio responde también a un modelo de oficina “moderna y flexible”. La sede contará con puestos de trabajo móviles, organizados por funciones y áreas de trabajo comunes, lo que permitirá la rotación de los puestos entre el personal que desempeña tareas similares, lo que favorece una gestión más dinámica.

Respecto al ahorro de energía, las salas diáfanas y las compartimentaciones transparentes permiten aprovechar al máximo la luz natural del edificio. La utilización de materiales naturales, especialmente la madera, junto con la incorporación de vegetación como un elemento más del espacio, aumenta la sensación de bienestar y proporciona un entorno laboral agradable y saludable, al tiempo que mejora el impacto ambiental.

En la misma línea, las protecciones solares y el refuerzo del aislamiento térmico de las cubiertas proporcionan el máximo ahorro energético y reducen el consumo., contribuyendo significativamente a la reducción de la huella de carbono del edificio.

Además, en línea con los objetivos de digitalización, eficiencia y sostenibilidad de la Agencia Tributaria Canaria, se reducirá el uso del papel.

Además, el nuevo centro de proceso de datos (CPD) de la Agencia Tributaria Canaria, galardonado en los premios nacionales DCM Awards, permite optimizar y asegurar el funcionamiento de los sistemas corporativos frente a cortes de suministro u otras contingencias y está preparado para ofrecer servicios digitales a la ciudadanía y operadores económicos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En declaraciones a los medios, Asián ha explicado que la puesta en marcha del edificio responde a la necesidad de profundizar en el acercamiento de la Administración Tributaria a la ciudadanía.

“Sabemos que el cumplimiento de las obligaciones tributarias a veces es complicado y, por tanto, todo lo que hagamos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones redunda en el bienestar de todos”, asegura.

El Govern y ERC han pactado reforzar con 527 millones de euros la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), un acuerdo que encarrila los primeros presupuestos de la legislatura para Salvador Illa.

Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN), el pacto consiste en un contrato programa específico en el que el Ejecutivo se compromete a destinar 527 millones de euros a la ATC hasta 2029 para que el ente tenga una “financiación estable” e impulsar “los cambios tecnológicos, de procesos, de gestión de datos y organizativos necesarios, especialmente en materia de recaudación”.

Del total de recursos, 481,2 millones correrán a cargo del departamento de Economía. El pacto incluye varias etapas para asumir progresivamente la recaudación de impuestos, como el IRPF, una de las condiciones que ERC puso inicialmente como condición para los presupuestos, pero que finalmente ha retirado.

En la primera etapa, se prevé que la Hacienda estatal y la ATC colaboren en información y asistencia. Posteriormente, habría una etapa de “gestión parcial” en la que la Hacienda catalana tendría capacidad de dictar actos administrativos y funciones de gestión, inspección y recaudación en algunos ámbitos para llegar, finalmente, a la gestión integral, con todas las funciones tributarias.

Según el plan, el Govern creará una oficina técnica de gobernanza para coordinar y analizar el proceso, se renovará la estructura con tres direcciones generales, se reforzará la plantilla tributaria y la implementación territorial.

El Govern catalán y los socios de investidura, ERC y Comuns, afrontan una semana decisiva para poder rubricar un acuerdo de presupuestos. Además de los avances tributarios, ERC ha puesto como condición para las cuentas una nueva línea de tren orbital que una distintos municipios del área metropolitana de Barcelona. Mientras tanto, los Comuns negocian una actualización de su acuerdo y añaden la retirada del tren R-Aeroport sobre la mesa.

Después de retirar la recaudación del IRPF como condición para firmar un acuerdo de presupuestos, Esquerra ha recuperado el proyecto de una nueva línea de tren que uniría las ciudades de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, sin pasar por Barcelona.

Según la propuesta de los republicanos, debería estar terminada hacia 2040 con una inversión de 5.200 millones, asumida por el Estado. Está previsto que el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, dé detalles este lunes desde Sant Sadurní d'Anoia de lo que sería un cuarto cinturón ferroviario.

Otra de las condiciones que ERC ha puesto sobre la mesa está estrechamente vinculada a las inversiones. Los republicanos quieren que se cree una sociedad mercantil que supervise la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya.

La Audiencia Nacional enmienda la plana a Hacienda y al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y obliga a la Agencia Tributaria devolver a Shakira 55 millones de euros más intereses y costas (la defensa cifra la devolución en más de 60 millones) por el ejercicio fiscal de 2011. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la representación legal de la cantante en el litigio por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de ese concreto año fiscal y ha acordado por sentencia anular las liquidaciones y sanciones impuestas. 

En la sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso considera que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera ese año en España más de 183 días, tal y como exige el artículo 9.1 de la Ley del IRPF en relación el domicilio fiscal que se determina a la hora de tributar dicho impuesto. Al contrario, los magistrados entienden que la estancia de Shakira en España fue de 163 días y que la Administración no ha probado, por tanto, que la cantante tuviera el núcleo de intereses económicos y las relaciones familiares en nuestro país, en los términos establecidos en el mencionado artículo.

La Sala recuerda que la inspección de Hacienda arrancó en 2016 y para el periodo comprendido de 2011 a 2014. Y detalla que, únicamente respecto al ejercicio 2011 y para el IRPF, se dictó una liquidación para regularizar la situación tributaria de la cantante que ascendía a 24,7 millones de euros (19 ,9 de cuota y 4,7 de intereses de demora). El fisco señaló entonces que esa regularización venía motivada porque Shakira tenía la consideración de residente fiscal en España y, por tanto, debía tributar aquí “por la renta mundial obtenida” con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Pero iba más allá, y acusaba a la cantante de controlar “un entramado de sociedades” que le permitía obtener rentas en jurisdicciones con una baja tributación. Hacienda consideraba que esa maraña de sociedades le sirvió para “distraer las rentas” y ocultarlas de manera que fuera “imposible conectarlas con su verdadera generadora y preceptora última”. Una vez concluido el procedimiento abierto en el seno de la Agencia Tributaria se le impuso una sanción respecto a ese 2011 por infracción muy grave que ascendía al 125% del dinero reclamado. “Al concurrir ocultación y medios fraudulentos por la utilización de persona interpuesta, alcanzando un importe total de 24,9 millones euros.

En cuanto al impuesto de patrimonio de ese año, la Agencia Tributaria de Cataluña acordó que la cantante debía 2,6 millones de euros. Consideraba acreditada la existencia de simulación en contratos celebrados entre las sociedades Ace Entertainment, Tournesol, Geneurope, Light Tours, Light Production y Carpe Diem, y apuntaba que las mismas fueron usadas para “ocultar la obtención de rentas manteniendo su patrimonio en territorios de baja o nula tributación”. Sobre este punto, se le notificó a la cantante en junio de 2018 que se le imponía una sanción por infracción muy grave y se le informaba de que el montante era de 2,7 millones. Así, las cantidades presuntamente defraudadas en el IRPF y el impuesto de patrimonio sumadas a las dos sanciones muy graves elevaron la cantidad que tuvo que abonar a Hacienda a los 55 millones de euros.

La residencia de Bahamas

 En la sentencia se recoge que la Administración Pública había analizado extensamente si la recurrente residía en efecto en Bahamas en 2011 y determinó que debía negar la validez de ese documento, algo con lo que no está de acuerdo la Sala: “Lo cierto es que constituye un indicio probatorio”.

El tribunal, en su sentencia, señala que Hacienda lo que debía probar era si la recurrente era residente fiscal en España. “Por tanto, que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 fuera de España (lo cual no es discutido)”, añade. Así, los magistrados concluyen que no cabe reputar ocasional o esporádica una ausencia prolongada por periodo superior a 183 días, “ya que de aceptar que ello fuera así el concepto de residencia habitual, sustentado a su vez en el de permanencia en España, quedaría completamente privado de sentido y razón”.

El tribunal niega también que tenga valor alguno que Hacienda sostenga que ya en 2011 se había producido el inicio de su residencia en España debido a la relación sentimental de la cantante con el ex futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, residente en España. “En 2011 no existía vínculo conyugal con un residente en España (la afirmación de la Administración es que existía una relación sentimental con un residente español, que no puede equipararse legalmente a un vínculo conyugal), ni existían en ese año hijos menores de la recurrente, residentes en España”, apunta.

Y concluye que al no tener domicilio fiscal en España “es obvio que las liquidaciones y las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho, porque parten de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011 su domicilio fiscal en España y ello no ha quedado acreditado”.

Cabe recordar que Shakira alcanzó en noviembre de 2023 un acuerdo con la Fiscalía en su causa por fraude fiscal. La cantante admitió entonces que no pagó cerca de 14,5 millones de euros en impuestos en España entre 2012 y 2014 pese a que estaba obligada al pasar más de la mitad del año en nuestro país. La artista se comprometió a abonar una multa millonaria a cambio de evitar los tres años de cárcel a los que había sido condenada.

Fuentes de Hacienda, consultadas por elDiario.es, señalan en este sentido que lo que se dilucidaba en la Audiencia Nacional era exclusivamente el ejercicio 2011 por la vía administrativa. Y adelantan que el fisco instará a la Abogacía del Estado a que recurra la sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, en un comunicado, el equipo legal de la cantante celebra la sentencia “tras ocho años de disputa y una persecución encarnizada contra Shakira”. Y recuerda que ese 2011 ella estaba de gira por todo el mundo y que llegó a ofrecer 120 conciertos en 37 países distintos: “No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país”.

Además, denuncia la “presión” ejercida por Hacienda, y recuerda que “una institución creada para el servicio de los ciudadanos no debería utilizar todo su poder y recursos para criminalizar caprichosamente a quien le conviene”.

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 está abierta desde el 8 de abril. Desde esa fecha y hasta el 30 de junio, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. El calendario también contempla la atención telefónica desde el 6 de mayo y la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio.

Dentro de este periodo, algunos ciudadanos empezarán a recibir comunicaciones de Hacienda relacionadas con posibles errores o incoherencias en sus declaraciones. Estas cartas no suponen una sanción automática ni implican que el contribuyente tenga que pagar una cantidad adicional por el simple hecho de recibirlas. Su función es advertir de que puede haber algún dato mal incorporado, omitido o distinto a la información que maneja la Administración.

El envío de estas notificaciones se organizará en dos fases: una primera a partir de mediados de mayo y otra durante el mes de junio. La intención es que las personas afectadas puedan revisar su declaración dentro de la propia campaña y corregirla si detectan algún fallo. Si después de comprobarla, consideran que todo está correctamente presentado, no tendrán que modificar nada.

Por qué Hacienda envía estas cartas

La Agencia Tributaria envía estas comunicaciones cuando aprecia posibles diferencias entre la declaración presentada y la información fiscal que tiene disponible. No se trata de una resolución definitiva ni de una acusación de fraude. Es un aviso para que el contribuyente revise los datos declarados y compruebe si coinciden con los que constan en la Administración.

El objetivo principal es reducir errores en la campaña de la Renta. Puede ocurrir que una declaración incluya datos mal incorporados, que falte información relevante o que se haya producido una omisión. En ese caso, Hacienda ofrece al ciudadano la posibilidad de revisar lo presentado antes de que el expediente avance hacia una comprobación posterior. El borrador de la Renta no siempre recoge toda la información necesaria, por lo que el contribuyente debe comprobarlo antes de confirmar la declaración. Un descuido, aunque parezca pequeño, puede acabar en una regularización más adelante.

La medida también busca evitar consecuencias posteriores. Si el contribuyente corrige voluntariamente un error, puede reducir el riesgo de comprobaciones, intereses o sanciones. La Agencia Tributaria intenta que las incidencias se resuelvan dentro del periodo de campaña, antes de iniciar un procedimiento más formal.

Recibir una carta no siempre implica que el ciudadano esté obligado a cambiar la declaración. Lo que hace es señalar que puede existir una incoherencia y que conviene revisar la autoliquidación. Si el contribuyente entiende que la declaración presentada es correcta, no tiene que volver a acceder a la Renta ni presentar una nueva versión. La comunicación, por tanto, tiene un carácter preventivo. No cierra el asunto ni determina por sí sola que haya una infracción. Sirve para que el contribuyente compruebe si los datos enviados son los adecuados y, en caso contrario, pueda corregirlos antes de que la situación derive en una regularización.

Qué hacer si recibes una de estas cartas

El primer paso es leer la carta y revisar la declaración presentada. No conviene ignorar el aviso, pero tampoco interpretarlo como una sanción automática. La comunicación indica que Hacienda ha detectado una posible diferencia y que el contribuyente debe comprobar si los datos declarados son correctos. La revisión debe centrarse en los apartados que puedan haber generado la incoherencia. Conviene comprobar los ingresos, las deducciones y cualquier dato que pueda haber influido en el resultado de la declaración.

Si después de revisar la declaración el ciudadano considera que todo está bien, no tiene que modificar nada. En ese caso, la carta queda como un aviso preventivo y no obliga a presentar una nueva declaración. El hecho de recibirla no significa que Hacienda haya impuesto una sanción ni que exista una infracción grave. Si, por el contrario, el contribuyente detecta un error u omisión, puede corregirlo mediante una declaración rectificativa. Este trámite permite modificar la declaración ya presentada para ajustar los datos a la información correcta. La finalidad es subsanar el fallo antes de que Hacienda pueda iniciar una actuación más seria.

Corregir la declaración cuando realmente hay un error puede evitar problemas posteriores. Una regularización iniciada más adelante por la Administración puede implicar pagos adicionales, intereses o sanciones, según el caso. Por eso, revisar y corregir dentro de la campaña puede ser una forma de cerrar la incidencia con menos consecuencias.

La recomendación básica es actuar con calma, pero no dejar la carta sin revisar. Recibir una comunicación de este tipo es relativamente habitual y no supone automáticamente una infracción grave. Aun así, sí indica que existe un dato que merece atención. Comprobar la declaración, verificar la información y rectificar si procede es la forma más segura de evitar complicaciones.

El plazo general de la campaña termina el 30 de junio. Hasta entonces, los contribuyentes pueden presentar la declaración y, si ya la han enviado, revisar si deben corregir algún dato. Las cartas que Hacienda enviará entre mayo y junio buscan precisamente eso: que las posibles incoherencias se solucionen antes de que terminen convirtiéndose en un problema mayor.

Con la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ya en marcha, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña arrancó el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa se solicitar ya. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.