La Agencia Tributaria ha efectuado un cambio en el sistema de corrección de errores fiscales que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas. Con la entrada en vigor de la nueva autoliquidación rectificativa, Hacienda busca simplificar un trámite que históricamente resultaba lento y farragoso para los contribuyentes. Este cambio normativo se introdujo inicialmente mediante la Ley 13/2023 y ha culminado con la aprobación de los nuevos modelos de declaración. A partir de ahora, cualquier fallo detectado en la presentación del Impuesto sobre Sociedades deberá gestionarse bajo este mecanismo único y estandarizado.

Se trata de una medida que pretende reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el tejido empresarial. De esta forma, se inicia una etapa de modernización administrativa que obliga a los negocios a modificar sus rutinas de gestión. Los obligados tributarios deben estar atentos a estas novedades para evitar errores en las próximas liquidaciones fiscales. Durante décadas, el procedimiento para subsanar un error dependía de si el fallo perjudicaba a la empresa o a las arcas públicas. Si el negocio dejaba de ingresar dinero, debía presentar una complementaria, mientras que si pagaba de más, solicitaba una rectificación.

Esta dualidad administrativa obligaba a realizar una evaluación previa antes de poder comunicar cualquier tipo de modificación. Sin embargo, la nueva autoliquidación rectificativa unifica ambos trámites en un solo paso, eliminando la estrategia previa condicionada por el resultado. Hacienda ha decidido que todos los escenarios se solucionen exactamente igual, independientemente de quién resulte finalmente perjudicado por el error. Ya sea por olvidar un gasto deducible o por omitir un ingreso, la vía de actuación será ahora siempre la misma. Este cambio elimina una distinción con la que el tejido empresarial llevaba conviviendo prácticamente toda su vida laboral.

El despliegue de esta figura tributaria no se limita únicamente al Impuesto sobre Sociedades, sino que se ha extendido gradualmente a otras figuras impositivas. El proceso comenzó con el IVA a finales de 2024 y continuó con su implementación en la reciente campaña del IRPF de 2024. En el ámbito societario, la Orden HAC/657/2025 aprobó los modelos 200 y 220, adaptando el primero específicamente para este fin. Es fundamental destacar que esta herramienta se aplica a los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio fiscal del año 2024. Las entidades que tributan en el régimen de consolidación fiscal también deben tener en cuenta estas importantes modificaciones normativas.

Aunque el modelo 220 mantiene ciertas casillas tradicionales, las entidades dependientes deben usar el modelo 200 para sus rectificaciones. La normativa propia de cada tributo es la que marca el momento exacto en el que esta vía resulta obligatoria. El Real Decreto 117/2024 fue el encargado de desarrollar reglamentariamente la aplicación de este sistema en cinco impuestos diferentes.

Para utilizar de manera efectiva este nuevo sistema, el contribuyente debe realizar una anotación expresa en el modelo de declaración. Concretamente, en la primera página del modelo 200 se han habilitado casillas específicas para dejar constancia de la rectificación. Resulta imprescindible consignar el número de justificante de la autoliquidación anterior que se pretende corregir o completar en ese momento. Además, el declarante tiene la obligación de indicar de forma clara cuál es el motivo que justifica la presentación de la nueva. Se distinguen principalmente dos causas: las rectificaciones generales y las derivadas de una discrepancia de criterio administrativo.

En el caso de discrepancia, se ha habilitado una casilla especial para detallar el importe de la corrección correspondiente. Es importante notar que el formulario actual no permite adjuntar documentación adicional o alegaciones extensas de forma directa. La autoliquidación rectificativa debe contener tanto los datos que se mantienen como los que son objeto de nueva inclusión.

La principal ventaja que defiende la Agencia Tributaria con este cambio es la agilidad en la tramitación de las posibles devoluciones. Antes, la solicitud de rectificación se gestionaba como un recurso, lo que implicaba plazos de resolución mucho más dilatados. Ahora, al ser el propio contribuyente quien realiza la corrección, el proceso se vuelve mucho más directo para ambas partes. Esta inmediatez beneficia especialmente a las pymes que necesitan recuperar saldos a su favor de forma rápida y sencilla. Hacienda argumenta que este mecanismo evita procedimientos farragosos y reduce la burocracia innecesaria en la gestión de los impuestos. La simplificación técnica permite que un descuido contable no se convierta en un problema administrativo de larga duración. Al unificar los criterios, se dota de una mayor seguridad jurídica al obligado tributario en su relación con la administración.

En definitiva, el objetivo es que la corrección de errores sea un trámite ordinario y no un proceso excepcional. A pesar de la generalidad del nuevo sistema, la normativa contempla una excepción muy específica para ciertos supuestos de rectificación. Las empresas podrán seguir utilizando el método tradicional de solicitud de rectificación en casos de discrepancia jurídica de rango superior. Esto ocurre cuando se alega una vulneración de la Constitución, del Derecho de la Unión Europea o de tratados internacionales. En estos escenarios de batalla legal, la pyme tiene la libertad de elegir entre el sistema nuevo o el antiguo.

Menos tiempos de espera

No obstante, esta flexibilidad desaparece si el motivo de la rectificación se mezcla con un error contable o material. Si existen fallos comunes junto a la discrepancia jurídica, Hacienda obliga a tramitar todo mediante la autoliquidación rectificativa. Por tanto, sigue siendo vital identificar correctamente el origen del error antes de iniciar cualquier tipo de trámite. Esta salvedad protege el derecho del contribuyente a discutir la interpretación de la norma en instancias superiores de justicia.

El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad de los negocios para adoptar las nuevas rutinas. Hacienda confía en que la reducción de los tiempos de espera mejore la satisfacción general de los obligados tributarios. Aunque el cambio puede generar dudas iniciales, la simplificación del procedimiento es una noticia positiva para la mayoría de autónomos. El sistema tributario avanza hacia una mayor transparencia y agilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico. En conclusión, la rectificativa llega para quedarse como la vía preferente de comunicación de fallos ante la Agencia Tributaria.

“A Soledad la agotaron”, resume el responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto. Una visión sobre la ya exdirectora general del fisco, Soledad Fernández —sustituida esta semana—, que coincide con la de José María Mollinedo, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha: “Ella estaba ya cansada porque veía que no podía lograr más avances en el Plan Estratégico”.

La Agencia Tributaria no está acostumbrada a situarse en el centro de la polémica, más allá del protagonismo obligado durante los tres meses de la Campaña de la Renta en los que los contribuyentes cumplen sus obligaciones con el fisco. Pero, de un tiempo a esta parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no ha dejado de copar titulares, bien por las huelgas de su plantilla, por los reveses de la justicia, por investigaciones prominentes o, en el último caso, por un recambio en su cúpula para tratar de calmar las tensiones internas en un organismo con casi 26.000 empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda aprobó esta semana el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general del organismo recaudatorio del Estado, después de que su predecesora, Soledad Fernández, solicitara su relevo al Gobierno. Fuentes gubernamentales confirmaron que esta petición se había cursado hacía meses, pero se llegó al acuerdo de dejar pasar el periodo de mayor tensión del año —la declaración del IRPF— antes de su cese.

Antonio Ansón, inspector de Hacienda y exjefe de gabinete del ‘número dos’ del Ministerio, Jesús Gascón, vuelve a una casa que conoce bien —fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos hace solo unos años— tras una amplia carrera en el ámbito tributario que lo llevó a permanecer ocho años en un puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Pero ni el revés judicial por el caso Shakira, ni el foco por la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni las negociaciones para una financiación singular para Catalunya están detrás de la salida de Soledad Fernández. Los sindicatos apuntan a que la ya exjefa del fisco estaba “cansada” y “agotada”, tras cuatro años de mandato en los que no consiguió su objetivo principal: reforzar el organismo y recuperar el desarrollo de la carrera profesional de su plantilla.

Hizo frente a la primera huelga en campaña de la renta

En el comunicado en el que el Ministerio de Hacienda confirmaba la salida de Fernández, fuentes del Ministerio señalaban que se producía cuando “se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027” que ella misma puso en marcha al frente del organismo. Un programa para reforzar controles contra el fraude y también el número de efectivos, en resumen.

Pero uno de sus compromisos, el de recuperar el desarrollo profesional, no se ha llevado a cabo. Esta fue la razón de la huelga convocada en el organismo hace un mes, en plena visita del papa León XIV, por el sindicato CSIF. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“Cuando Soledad empezó, le hicimos un encierro por una serie de incumplimientos y ella dijo que lo intentaría arreglar, pero después de cuatro años no ha arreglado nada”, critica García Soto en conversación por teléfono.

“La parte del león del plan estratégico, la de los medios personales, estaba bloqueada y no ha sido capaz de tomar una decisión y seguir hacia delante”, señala Mollinedo, de Gestha.

La propia Fernández reconoció su frustración durante la última presentación de la campaña de la renta cuando, a preguntas de los periodistas, reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”. Y después enfadó a todos los sindicatos con unas declaraciones sobre la imposibilidad de ir a la huelga durante las presentaciones del IRPF. Algo que terminó sucediendo.

Desde UGT señalan que la caída de Fernández se aceleró cuando intentó un concurso de carrera vertical que beneficiaba únicamente a los salarios más elevados de la plantilla, algo que se habría frenado por parte del ministro de Hacienda, Arcadi España, que habría reclamado “paz social” en el organismo.

La mano derecha del 'número dos' de Hacienda

La respuesta del Gobierno ha sido colocar al jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que antes fue director general de la Agencia Tributaria, al frente del organismo. El currículum de Ansón no está en duda y Gestha —que pone en valor que antes de inspector, fue técnico de Hacienda— cree que su conocimiento de la organización permitirá poner orden.

Pero en UGT critican el “perfil bajo” del nuevo nombramiento, sin apenas significación política. “Es un movimiento tremendamente corporativo”, deplora el sindicalista de UGT.

La experiencia de Ansón como jefe de gabinete de Gascón también le da un conocimiento específico de todos los movimientos que el Gobierno está llevando en financiación autonómica o de las negociaciones para el trabajo en red con agencias tributarias regionales.

Un aspecto que, precisamente, preocupó a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, al que le reclamaron, en un comunicado tras conocerse su nombramiento, que evite “injerencias externas” e impida “cualquier fragmentación de la AEAT, de la caja común, del sistema de información tributaria y defienda a sus funcionarios evitando que se produzcan traslados forzosos o situaciones que impidan su movilidad”.

Además de Fernández, también se conoció la salida de los responsables de Recaudación, Virginia Muñoz, y de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo. Desde Hacienda descartaban una crisis en la cúpula y apuntan a que ambos altos cargos se han presentado a altos cargos en embajadas en el extranjero, de los que tomarán posesión en los próximos meses.

Ansón se reunió, el martes, con su antecesora y con España en una de las salas más nobles del Ministerio de Hacienda. El reto que tiene por delante es mayúsculo y la polémica no tiene visos de amainar. De momento, Vox ha reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso para explicar los cambios en el organismo. Y CSIF, el sindicato que convocó la huelga en junio, ya ha advertido que seguirán las movilizaciones en septiembre para mejorar sus condiciones laborales.

El Gobierno sigue dando pasos en la aprobación de los presupuestos para 2027, un camino que se antoja cada vez más cuesta arriba al Ministerio de Hacienda, porque las intenciones de La Moncloa de presentar las primeras cuentas de la legislatura chocan con unos socios –singularmente, Junts y Podemos– que no parecen estar muy por la labor de apoyarlos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la pata que le faltaba al Gobierno para el diseño de los presupuestos: el techo de gasto, que es la cifra clave con la que el Ejecutivo procede a financiar cada uno de los capítulos de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el de 2027 será de 226.032 millones, un 6,6% más –excluidos los fondos europeos– que el de la ley de 2026, que La Moncloa renunció a presentar.

“Es la cifra más alta jamás aprobada”, se felicitó España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, un número que “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia”, incidió.

Por ponerlo en perspectiva, el último presupuesto de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de junio de 2018, contó con un techo de gasto de 119.834 millones. Es decir, en solo ocho años los recursos de las cuentas públicas han sumado 106.198 millones, prácticamente el doble (88,6%). Y el efecto no es únicamente por la subida de los precios: desde junio de 2018 la inflación acumulada es del 25%.

Sumar saca pecho, Podemos y Junts critican

El Gobierno ha tirado de chequera para elaborar las cuentas públicas con “los mayores recursos de la historia” para “blindar el Estado del bienestar”, dijo el ministro de Hacienda. Pero estas cifras abultadas parecen más un canto de sirena con el que tratar de contentar a unos socios que, a puertas de un año electoral, no parecen dispuestos a darle ese balón de oxígeno al Gobierno.

Incluso dentro de la propia coalición. Fuentes de Sumar se apresuraron a anunciar que habían alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar el techo de gasto en 1.500 millones de euros, una cifra con la que se encuentran “satisfechos”, ya que dará más margen en ese eventual presupuesto para financiar más políticas sociales.

El techo de gasto no se vota en el Congreso, como sí sucede con los objetivos de estabilidad presupuestaria, el corsé para las administraciones públicas. El gobierno ha fijado un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Y la corrección de este desequilibrio irá a cuenta de la Administración Central, ya que las comunidades autónomas contarán con un margen del 0,1% del PIB durante el trienio. 5.849 millones de euros de holgura, en total.

Y estas cifras no han gustado a dos socios cuyos votos son clave para pasar el filtro de las Cortes Generales. Ni Podemos ni Junts están entusiasmados, lo que aboca a la senda de déficit a una derrota el próximo 14 de julio y, previsiblemente, en una segunda votación en un Pleno extraordinario el 23 de este mes.

“Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, dijo este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ya el año pasado se abstuvo en las dos votaciones que el Gobierno llevó al Congreso. Ese techo de gasto “amplio”, a su juicio, no se está empleando en la mejora de los servicios públicos, como defiende el Gobierno, sino en “reforzar los compromisos militares de España” y “contribuir a la escalada militar”.

Un argumento calcado al de Junts, el hueso más duro de roer para La Moncloa. “Si el gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, indican fuentes de los posconvergentes, que ya el año pasado tumbó los dos intentos del Ejecutivo por aprobar la senda de estabilidad. “El PSOE persiste en el error. La misma fórmula de siempre —no pagar a Catalunya— que pretenden que compremos a cambio de nada”, apuntan.

En el pasado, el partido de Carles Puigdemont argumentó su rechazo en que el Gobierno se reservaba el grueso del déficit, que debería repartir en tercios para cada nivel de la Administración (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos). Eso supondría darle este año a las regiones un margen del 0,6% del PIB.

Pero en Hacienda argumentan que, en realidad, una vez descontadas las transferencias a la Seguridad Social y la recaudación del impuesto a la banca (que capta el Ejecutivo, pero remite a las comunidades), el objetivo de la Administración central y las regionales es el mismo: un déficit 0,2%. Tesis que no convence a Junts.

“Invito y pido al PP que reflexione, que no es el momento de partidismos y no es el momento de estar pensando en jugadas electorales”, dijo España desde la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha tratado de tentar a las comunidades peor financiadas, que son del PP, para tratar de forzar las costuras del partido. “Cada territorio y sus diputados deberían votar en función de sus intereses y del conjunto del país, y no de la calle Génova”, abundó el titular de Hacienda.

Si decae en dos ocasiones la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá libertad para redactar sus Presupuestos con toda la flexibilidad presupuestaria, mientras que las comunidades tendrán que elaborar sus cuentas en equilibrio. Pero esas dos votaciones son batallas menores. La idea en La Moncloa es presentar el proyecto en septiembre, a la vuelta del verano. Y ahí se decidirá el futuro de la legislatura.

El Gobierno ha escogido a Antonio Ansón, jefe de gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda, como nuevo director general de la Agencia Tributaria (AEAT), que tomará las riendas del organismo tras la salida anunciada de su actual dirigente, Soledad Fernández.

El Consejo de Ministros de este martes ha designado a Ansón (Zaragoza, 1962), que es licenciado en Derecho e inspector de Hacienda del Estado desde 1999, dada su “amplia y reconocida trayectoria profesional en la Administración tributaria, donde ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad”.

Fuentes de Hacienda han destacado su “profundo conocimiento” de la Administración tributaria y del sistema fiscal español, que unido a “experiencia pública y a su sólida trayectoria internacional, avalan un perfil especialmente cualificado para asumir la dirección de la Agencia Tributaria en esta nueva etapa”.

La semana pasada el Ejecutivo anunció que la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, había pedido su relevo al frente del organismo recaudador. Una salida solicitada hacía meses y que habían acordado que se produciría al final de la campaña de la renta, que terminó el 30 de junio.

Según destacaron entonces desde el Ejecutivo, no se trataba de una “dimisión” ni de una crisis en la cúpula (otros dos responsables han pedido salir), sino que “tras realizar un gran trabajo durante cuatro años al frente de la AEAT” y encarrilar el citado plan estratégico, la propia Fernández había pedido su cese.

El nuevo director general de la Agencia Tributaria es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, máster en Dirección Pública (2010) y ha completado el Programa de Liderazgo Digital para Administraciones Públicas (2023), ambos impartidos conjuntamente por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Ansón ha sido responsable del Centro de Atención Telefónica al Contribuyente entre 1999 y 2006, jefe de Coordinación de Administraciones de Hacienda en Madrid entre 2006 y 2007 y subdirector general de Planificación y Programación entre 2007 y 2010. Posteriormente, ocupó el puesto de adjunto al jefe regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid entre 2010 y 2011.

Asimismo, desarrolló una parte significativa de su trayectoria en el ámbito de los recursos humanos de la Agencia Tributaria, primero como subdirector de Gestión Administrativa de Personal y posteriormente como director adjunto del Departamento de Recursos Humanos. Entre 2013 y 2014 ejerció además como jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en la Delegación Especial de Madrid.

Su experiencia y conocimiento de la administración tributaria le llevaron a incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde desarrolló su actividad profesional durante ocho años, entre 2014 y 2022, en el Departamento de Finanzas Públicas (Fiscal Affairs Department, FAD). En esta institución desempeñó funciones de especialista en administración tributaria y aduanera como consejero técnico y, desde 2016, como economista sénior.

Volvió a España a finales de 2022 y, primero, ocupó el cargo de jefe de Estudios para la Dirección Pública en el Instituto de Estudios Fiscales (2022-2023), fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT (2023-2024) e investigador en Administración Tributaria del IEF (2024-2025). Desde abril de 2025 desempeñaba el puesto de director del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. El propio Gascón, que por su cargo preside la AEAT, fue antes su director general.

La acusación popular en el caso de la pareja de Ayuso, que ejercen PSOE y Más Madrid, ha presentado un escrito en el que pide al juez Antonio Viejo que agilice de una vez la pieza separada contra Alberto González Amador. En este caso, las formaciones parten de los recientes informes de la UCO y la Agencia Tributaria para solicitar una batería de medidas entre las que figura la imputación de Quirón Prevención, como persona jurídica, por haber participado presuntamente de los delitos fiscales que se exponen.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular vuelve a pedir la imputación de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y que todavía no ha sido llamado a declarar pese a estar en el centro de la comisión de las mascarillas con la que González Amador ganó cerca de 2 millones de euros. Luego, González Amador habría comprado una empresa sin apenas valor a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, para pagar a este una comisión de medio millón de euros por haber impulsado la compraventa que generó la comisión a partir de su silla en el consejo de administración de una empresa llamada Mape.

PSOE y Más Madrid quieren que, además de a Camino, se impute por delito fiscal y falsificación de documentos a Gloria Carrasco y a Quirón Prevención. En el caso de esta última, el escrito alude a que, como exponía la Agencia Tributaria*, González Amador estuvo ingresando de la empresa sanitaria por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios.

La pareja de Ayuso ya está imputada por dos delitos fiscales en concurso con falsificación de documentos en la pieza principal, que aguarda se fije la fecha del juicio. “Todo está unido y conectado de manera indiscutible y por ello en el marco de esta pieza [separada] debe investigarse también los delitos fiscales en concurso con otros en que se hubiera podido incurrir”, reza el escrito de la acusación popular en alusión a Gloria Carrasco, Fernando Camino y Quirón Prevención.

Para todo ello, la acusación popular pide al juez que encargue un informe a la Agencia Tributaria que determine la posible existencia de los delitos fiscales. Hacienda comunicó al juez que realiza inspecciones a Quirón, Camino y Gloria Carrasco y que las detenía toda vez que el juzgado realizaba una investigación por los mismos hechos. PSOE y Más Madrid creen que eso no es obstáculo para que ahora Antonio Viejo ordene a la Agencia Tributaria trabajar a sus órdenes y que profundice en su afirmación de que las relaciones económicas entre las empresas de González Amador y Qurión Prevención son “indiciariamente ficticias”.

PSOE y Más Madrid llevan desde 2025 solicitando una serie de diligencias que nunca se han llegado a acordar. Lo hicieron a partir del único avance que ha tenido esta pieza separada, la declaración como investigados de Gloria Carrasco y Alberto González Amador, las cuales presentaron importantes contradicciones entre ellas sobre la compraventa de Círculo de Belleza, origen del presunto pago de la comisión.

A partir de ahí, la acusación popular vuelve a solicitar que declare Camino como investigado y se cite al director de grandes cuentas de Quirón como testigo. En el mismo sentido insisten en su petición al juez de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía emita un informe de las relaciones societarias y económicas de González Amador y la pareja Camino-Carrasco.

Entre la documentación a la que aspiran PSOE y Más Madrid figura la política y composición del Comité de Riesgos de Quirón, las relaciones con los proveedores, la investigación interna a González Amador a raíz de las revelaciones de elDiario.es y la querella de la Fiscalía y el Código de Conducta de la empresa. Tal y como publicó elDiario.es, el informe de la UCO apunta a un posible incumplimiento de este Código de Conducta por parte de Quirón, algo sobre lo que la empresa no se ha pronunciado desde que estallara el caso en marzo de 2024.

Investigar a Alberto 'Burnet' González

La acusación popular pide que se aporten las comunicaciones entre el matrimonio y González Amador previas a los hechos investigados, tanto correos electrónicos como los metadatos de las llamadas o el contenido de los chats de mensajería instantánea. Igualmente solicitan que se de traslado a la UCO de la información publicada por elDiario.es en diciembre de 2025 según la cual Alberto González Amador seguía operando en Quirón con una identidad falsa que figura en la intranet del gigante sanitario y también en su correo corporativo, Alberto Burnet González.

La acusación popular aprovecha su escrito para recordar que ha presentado cinco escritos desde el 5 de mayo de 2018 solicitando diligencias que no han sido siquiera contestados. “El proceso está estancado”, llega a decir el último presentado.

“Esta falta de actividad procesal y de diligencias solicitadas es perjudicial también para la elaboración del informe de la UCO (...) ya que dicha unidad podría contar con más declaraciones y documental para la elaboración de estos y no lo va a poder hacer si no se remedia debido a la paralización de la instrucción”, alegan PSOE y Más Madrid.

Entre esa documentación que debe tener la UCO es la que resulte de un requerimiento judicial para conocer el patrimonio de González Amador, dice el escrito, que se queja de que recientemente el juez haya negado a la propia Guardia Civil su intención de acceder a la información societaria y tributaria de Gloria Carrasco y González Amador, como le había solicitado, y permitir únicamente un análisis de sus cuentas bancarias desde 2014.

*FE DE ERRORES: En el texto inicial se decía que era la UCO quien sostenía que González Amador estuvo ingresando de Quirón por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios, cuando quien lo sostenía era la Agencia Tributaria, según detallaba el propio informe de la UCO.

Vivir desahogado con deudas es también una cuestión de clase. La burguesía sabe que nosotros estamos ahí para servirles, ya sea como en la época feudal, o parasitando las arcas públicas sin complejos. Cada año nos enteramos de que mantenemos a una recua de sanguijuelas que, ellas o sus empresas, deben más de un millón de euros a Hacienda, como mínimo, y acaban cocinando en Masterchef, con programas en televisiones públicas o creando nuevas empresas con las que seguir cobrando dinero de todos mientras las antiguas se cierran con deudas millonarias y sin que genere ningún coste a la persona que gestionó la empresa ruinosa. La clase trabajadora es distinta, manejar deudas le genera vergüenza social, las clases populares antes se quedan sin comer que deber un euro, no pueden vivir en paz sabiendo que deben algo por nimio que sea. Sin embargo, los morosos de la burguesía viven con ese modus operandi en el que un préstamo tapa una deuda para seguir encadenando pufos. Deber es un patrimonio existencial de las clases burguesas parasitarias y los emprendedores sin vergüenza.

Benito Pérez Galdós en Misericordia explicó de manera detallada cómo funciona la moral de los morosos de Hacienda. Doña Paca, la protagonista, no era diferente a los que salen en la lista: una deudora estable, sistemática y crónica de la burguesía que no ve los préstamos y las deudas como un debe, sino como un modo de vivir. Para ella pedir dinero es una manera de tirar hacia adelante porque no tiene intención alguna de pagarlo sino de tapar el antiguo con el nuevo. La culpa no existe porque considera que alguien de su clase no debe, vive así porque lo merece. La mentalidad de Doña Paca es la de los morosos fiscales que aparecen en la lista de Hacienda. Consideran que es una afrenta a su reputación porque tienen la firma convicción de que no deben, que es suyo, que el dinero de todos está para servirles y mantener su nivel de vida. El nuevo títere de la reacción, que antes defendía los impuestos como el tenue socialdemócrata que era, y que responde al nombre de Soto Ivars lo decía estos días: “La lista de morosos es el panteón de los héroes”. Lo dice porque ahora la clase a la que sirve le obliga, pero ver a las mascotas expresarse es una manera de saber lo que piensan los que les pagan y que no suelen abrir la boca.

Como consejo fiscal, si quieres deber a Hacienda es mucho mejor que pases del millón de euros y no te quedes en la sanción por no haber domiciliado la cuota de autónomos o por no haber pagado una multa que no te ha sido notificada. Es muy posible que acabes antes embargado, sin poder contratar con la Administración, siendo un pobre hombre sin suerte que un moroso millonario. Porque todos estos que salen en la lista y deben más de un millón de euros siguen creando empresas, otras nuevas, limpias de polvo y paja, cerrando la otra para que tenga como único patrimonio la deuda y seguir funcionando viviendo con todos los lujos que alguien que paga cada céntimo jamás soñaría. Es frustrante asistir a los ejercicios de desvergüenza que debiendo por encima del millón de euros viven en casas que saldarían la deuda si fueran embargadas.

Se ha puesto de moda entre morosos y participantes de empresas con deudas millonarias con Hacienda compartir por redes sociales un justificante de estar al corriente de la Agencia Tributaria como si eso les exonerara de estar incluidos en la lista. Se puede deber esa pasta y conseguir uno de esos papelitos, o bien por querer confundir la persona física con la persona jurídica o bien por el hecho de que cuando llegas a un acuerdo con Hacienda para un plan de pagos fragmentando el pago de la deuda de manera inmediata se puede conseguir ese certificado sin que eso suponga que la deuda está pagada. Son diferentes maneras de engañar a los incautos que les siguen, pero no engañan a gente formada y con un mínimo intelecto y sobre todo que tiene una moral mucho más aseada.

Sonsoles Ónega llamó a la lista de morosos de hacienda en su programa: “La lista de la vergüenza”, con mucha ira y rabia, con demasiada inquina personal, entiendo y asumo que porque conoce a alguien cercano que está en esa lista y que considera que lo está de manera injusta, porque nadie que debe más de un millón de euros merece vergüenza. Son patriotas. Un autónomo que no puede afrontar el pago de una multa por pago con retraso sí, ese es un ladrón, pero quien debe un millón de euros es un pobre emprendedor tratado de manera injusta por el Estado insaciable. No soy capaz de entender qué tienes que hacer para acumular una deuda por encima de un millón de euros porque alguien con mi concepción de clase, en el momento en el que viera que una actividad de la que participo genera deuda acabaría finiquitada en los estadios iniciales antes de llegar a acumular un salario mínimo de deuda. No hay nadie que tenga su trabajo como patrimonio que pueda acumular esa cantidad de deuda sin ser un canalla, un delincuente, un desahogado o un burgués que cree que la deuda está para servir a sus caprichos.

El caso Andic suma una derivada política (y, tal vez, fiscal) a la investigación judicial y al juicio mediático paralelo. El grupo parlamentario de los Comuns ha registrado ante el Parlament tres preguntas para que la Hacienda catalana responda sobre uno de los elementos más controvertidos de la causa sobre la muerte del fundador de Mango: la herencia en vida que Isak Andic habría legado a su hijo Jonathan.

“Es un caso de relevancia pública y es necesario que las grandes transmisiones patrimoniales tributen de acuerdo con la normativa vigente”, argumenta el portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid.

En concreto, los Comuns quieren saber si la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) tiene constancia de alguna donación o transmisión patrimonial efectuada en vida por Isak Andic en favor de su hijo Jonathan. De ser así, el grupo parlamentario también solicita si se presentó la autoliquidación correspondiente al impuesto de sucesiones y cuál fue el importe declarado y liquidado por el tributo.

La jueza de Martorell (Barcelona) que investiga por homicidio a Jonathan Andic ha puesto la cuestión del dinero en el centro de las pesquisas, al atribuir al primogénito un móvil económico para acabar con la vida de su padre.

La magistrada ha solicitado las conversaciones de WhatsApp de la víctima entre el 1 de mayo de 2024 y el día de su muerte para comprobar los “aspectos económicos de la herencia” del fundador de Mango.

La investigación ha desvelado que las cuestiones económicas fueron motivo de controversia entre padre e hijo, hasta el punto de formar parte de las sesiones que ambos mantuvieron con una autodenominada terapeuta. La defensa mantiene que los Andic superaron sus diferencias.

Según la jueza, a iniciativa de la autodenominada terapeuta, el fundador de Mango cedió a su hijo una herencia en vida que, sin embargo, la defensa mantiene que el investigado nunca llegó a cobrar.

En su recurso contra el millón de euros que la jueza le impuso como fianza, la defensa de Jonathan Andic manifestó que el “adelanto de herencia” no era fruto de la “obsesión por el dinero” que la magistrada atribuye al investigado, sino “una herramienta de inicial independencia que pronto fue renunciada por el propio Jonathan Andic”.

Además, la defensa negó que la fundación benéfica a la que el fundador de Mango planeaba dejar parte de su fortuna fuera motivo de discordia con sus hijos, tal y como corroboraron las declaraciones judiciales tanto de Jonathan como de sus hermanas Sarah y Judith. A los tres Isak Andic planteó un testamento equilibrado, indicó la defensa.

A la espera de confirmar si ese “adelanto” tributó, a los 40 millones que Isak Andic habría legado en vida a su hijo les correspondería una tributación por impuesto de donaciones de entre 3,6 y 3,9 millones, apuntan fuentes conocedoras del caso.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, el Código Civil de Catalunya regula lo que popularmente se conoce como herencia en vida a través de la figura del pacto sucesorio.

Causante y herederos se ponen de acuerdo en el reparto de bienes antes del fallecimiento, y para modificarlo es necesario otro acuerdo de todas las partes. Luego se declara a la ATC y tributa por el impuesto de sucesiones, que ofrece mayores reducciones y beneficios fiscales que el de donaciones.

La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunica que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.

La Agencia Tributaria explica a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.

Como es habitual, Hacienda considera que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recuerda que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.

A pesar de que el magistrado en la providencia por la que da traslado de las comunicaciones a Fiscalía habla de los ejercicios 2021 a 2025, en realidad las comunicaciones de Hacienda se refieren a un periodo mayor en el caso del impuesto de las grandes fortunas (2002-2024).

La Agencia Tributaria (AEAT) ha cerrado la Campaña de la Renta 2025 con 25.613.000 declaraciones presentadas, un 4,6% más que en la del año pasado, de las que 16 millones han resultado a devolver.

El Ministerio de Hacienda ha informado este viernes de los principales resultados de la declaración anual del IRPF, el periodo de mayor actividad del año, tras el final de la campaña el pasado martes. Según los datos de la Agencia Tributaria, hasta ayer ya se han devuelto 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes.

Esto supone que las devoluciones abonadas han aumentado un 3% en cuanto al número y un 2,9% en cuanto al importe, en comparación con la misma fecha del año pasado. De las 16.376.000 declaraciones a devolver, ya se han abonado el 79,1%. En total, Hacienda prevé ingresar 14 millones de euros que los españoles abonaron de más.

Al otro lado, 7.475.000 han salido a pagar, un 7,8% más que hace un año, que tendrán que ingresar más de 24,7 millones al fisco. Esto supone casi un 20% más que hace un año.

Los datos de cierre superan las previsiones presentadas al inicio de la campaña de la renta, cuando se estimaba que llegarían 25.251.054 declaraciones, gracias a la creación de empleo del último año, de las que 15,7 millones iban a ser a devolver (13.271 millones) y 7,7 millones a pagar (24.628 millones de euros).

Más de 53.700 complementarias

A lo largo de la campaña se han recibido 53.700 declaraciones complementarias, después de que se remitieran casi 160.000 cartas preventivas a contribuyentes para que revisaran los números presentados al fisco. Con estas rectificaciones, apunta Hacienda, se ha evitado “una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones”.

Además de la presentación del IRPF, la Agencia Tributaria también ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que deben ingresar todos aquellos contribuyentes con bienes y derechos por un valor superior a los dos millones de euros.

La campaña se ha saldado con más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.

La campaña de la Renta 2025 ha terminado oficialmente este pasado 30 de junio, dejando a miles de contribuyentes en una situación de irregularidad fiscal. A partir de ahora, cualquier presentación se considera fuera de plazo y activa automáticamente el régimen sancionador de la Agencia Tributaria. Hacienda dispone de diversos mecanismos para penalizar este retraso, que van desde recargos porcentuales hasta multas fijas, dependiendo de cada caso. El impacto económico varía sustancialmente según si el resultado de la autoliquidación es a ingresar o a devolver. Es fundamental entender que el tiempo es ahora el peor enemigo del ciudadano rezagado.

La Administración distingue entre quienes actúan por voluntad propia y quienes esperan un requerimiento oficial. Por ello, conocer las consecuencias financieras es el primer paso para minimizar el daño al bolsillo. No cumplir con esta obligación tributaria puede acarrear costes imprevistos que superan con creces la deuda original. La normativa española establece una diferencia clave entre la regularización voluntaria y la que se produce tras un requerimiento administrativo. Si decides presentar la declaración ahora sin haber recibido una notificación previa, las consecuencias serán notablemente más leves. En este escenario de buena fe, se aplican recargos por extemporaneidad que sustituyen a las sanciones más graves. 

Sin embargo, si es Hacienda quien detecta la omisión y envía una carta al respecto, se abre un proceso sancionador. En tales circunstancias, las multas dejan de ser pequeños porcentajes para convertirse en castigos financieros de gran calado. La rapidez en la respuesta del contribuyente es determinante para evitar que el expediente escale a mayores. Un simple descuido puede transformarse en una pesadilla fiscal si se decide esperar a que el fisco actúe. Por lo tanto, la mejor estrategia actual es realizar el trámite de forma inmediata tras el vencimiento.

Para las declaraciones con resultado a ingresar, se aplica un sistema de recargos mensuales que incentiva la presentación voluntaria de los ciudadanos. El recargo inicial es de tan solo un 1% si el trámite se completa durante el presente mes de julio. A esta cifra se le añade un 1% adicional por cada mes completo de retraso acumulado. De este modo, si la presentación se demora hasta agosto, la penalización sube al 2%, y en septiembre será del 3%. Este mecanismo busca que el contribuyente no dilate su deuda con el erario de manera indefinida. Aunque es una carga extra, resulta menos costosa que las sanciones derivadas de una infracción tributaria formal. El cálculo se efectúa sobre la base de la cantidad que el ciudadano debía haber ingresado inicialmente. Debes tener en cuenta que estos importes pagados por demora no son deducibles en futuros ejercicios fiscales.

Si el retraso supera los doce meses, la presión financiera sobre el contribuyente aumenta significativamente de forma inmediata y automática. En este punto, el recargo fijo se eleva hasta el 15% del total de la deuda que estaba pendiente de pago. Además, una vez sobrepasado el año de demora, comienzan a aplicarse los intereses de demora correspondientes por ley. Actualmente, este interés legal se sitúa en el 4,0625% anual, encareciendo el pago de forma progresiva. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de prescripción de cuatro años para reclamar estos cobros. Esto implica que el riesgo de ser detectado y sancionado persiste durante un periodo de tiempo muy prolongado. 

El escenario más peligroso ocurre cuando Hacienda envía el requerimiento oficial o la denominada “carta del miedo” al domicilio. Si la Administración detecta el incumplimiento antes que el ciudadano, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150%. La cuantía final dependerá de la gravedad de la falta y de si existe ocultación de datos relevantes. Si la deuda no supera los 3.000 euros y no hay dolo, la infracción se suele calificar como leve. Sin embargo, el uso de métodos fraudulentos dispara la sanción al rango de muy grave con costes máximos. Es posible reducir la multa un 30% si se acepta la sanción sin presentar alegaciones posteriores. También se puede obtener un descuento adicional del 40% por el pronto pago de la deuda notificada. Sin una reacción rápida, la factura final con el fisco puede llegar a triplicar la cantidad inicial.

Existe la creencia errónea de que, si la declaración sale a devolver, no existen multas por el retraso. No obstante, la obligación de declarar existe independientemente del resultado final de la autoliquidación presentada. Si el contribuyente presenta voluntariamente el trámite fuera de plazo, la multa fija es de 100 euros. Si media un requerimiento oficial por parte de Hacienda, esta sanción obligatoria asciende hasta los 200 euros. Este castigo se impone por el mero incumplimiento del deber administrativo de informar en el periodo establecido. En caso de que Hacienda deba devolver dinero, restará automáticamente la multa de dicho importe total. Así, incluso los ciudadanos con derecho a devolución pueden ver mermados sus ingresos por no ser puntuales. 

Diferentes penalizaciones

Muchos optan por el fraccionamiento de pago en dos plazos para aliviar la carga económica del impuesto. El primer pago del 60% se cobra el 1 de julio, mientras que el 40% restante se pospone hasta noviembre. Si no se dispone de fondos en la cuenta para el segundo pago, se activan recargos ejecutivos. Si el ingreso se hace voluntariamente antes del requerimiento, el recargo es del 5% sobre lo pendiente. Si Hacienda debe enviar una notificación para reclamar el pago, la penalización sube al 10% del total. En situaciones de impago persistente tras el requerimiento, el recargo de apremio puede alcanzar el 20%. A estas cifras se sumarán nuevamente los intereses de demora del 4,0625% sobre la cantidad no satisfecha. Mantener la vigilancia sobre los saldos bancarios en las fechas de cobro es crucial para evitar estos recargos. El sistema automatizado de cobros no admite demoras sin aplicar las penalizaciones legales.

Consultoras expertas en fiscalidad como Esofitec consideran que “antes de asumir que un error en la renta es irreversible, conviene revisar si aún se está a tiempo de una rectificativa”, asegura Óscar Mateo, T&A Business Unit Manager de Esofitec, quien considera que, “en muchos casos, lo que el contribuyente cree perdido en realidad se puede recuperar con la Agencia Tributaria”.

En definitiva, el fin de la campaña de la Renta 2025 marca el inicio de un período de riesgos financieros. Actuar con celeridad es la única herramienta eficaz para evitar que las penalizaciones escalen sin control. El apoyo de expertos o plataformas especializadas puede simplificar enormemente este trámite fuera de plazo. La Agencia Tributaria dispone de sistemas para localizar a los no declarantes en los próximos cuatro años. No presentar el documento a tiempo resulta siempre más caro que afrontar la cuota en el periodo voluntario. Los contribuyentes deben recordar que el coste de la demora crece cada mes que pasa sin regularizar.

Hola.

¿A punto para las vacaciones o las haces en agosto? Imagino que a estas horas ya tendrás destino.

El Ayuntamiento de Venecia, bajo la iniciativa de su nuevo alcalde conservador Simone Venturini, está estudiando una propuesta para endurecer drásticamente la tasa de acceso a la ciudad, elevándola hasta los 50 euros para los visitantes de un solo día en las jornadas de máxima afluencia. Esta medida busca reforzar el efecto disuasorio frente al turismo de masas de corta duración, el cual se proyecta que continuará creciendo en las próximas décadas. 

No sé si has visitado alguna vez Venecia. Yo estuve una Navidad hace ya más de diez años y sí, me pareció que éramos muchos. No es muy distinto a un paseo por los lugares más emblemáticos de Barcelona (Sagrada Família, Las Ramblas), el centro de Madrid, la Alhambra de Granada, Mallorca… la lista es larga.

En Barcelona se acordó duplicar progresivamente el importe actual para que en 2029 se sitúe entre los 10 y 15 euros por persona y noche. En Baleares, que aplica su denominada ecotasa desde 2016, la tarifa oscila entre 1 y 4 euros por persona y noche en temporada alta. Toledo recauda entre 1 y 1,5 euros por turista a través de los autobuses que llegan y en Euskadi entrará en vigor el 1 de enero de 2027 con una horquilla de entre 0,50 y 7 euros en función del tipo de alojamiento. Incluso el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha abogado abiertamente por “monetizar” Las Fallas valencianas, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante la semana.

Venecia cobra hoy entre 5 y 10 euros con numerosas exenciones. La propuesta de subir la tasa hasta 50 euros ha desatado un intenso debate político y social entre quienes defienden la tasa y quienes la consideran ineficaz. Un poco como aquí, y la verdad es que no entiendo a los detractores.

El modelo turístico actual, enfocado exclusivamente en hacer caja y crecer en volumen, está destruyendo la calidad de vida en destinos abarrotados como Baleares, Barcelona o Venecia, advierten varios expertos. No solo es un sector subvencionado —con un IVA reducido del 10% y uso de recursos públicos que no costea—, sino que además su crecimiento desorbitado se traduce en graves problemas de acceso a la vivienda (con residentes viviendo en caravanas), saturación en los servicios sanitarios, colapso en las infraestructuras de transporte y degradación del entorno. 

Guillem López-Casanovas lo resumía hace unos días, en un debate sobre el impacto del turismo de masas y el origen de la turismofobia, de esta manera tan gráfica: “El turismo de marcharse el fin de semana a comer una pizza a Florencia es un disparate”. Un reciente informe de Funcas examina cómo los impuestos turísticos pueden actuar como una herramienta estratégica para gestionar la saturación turística. El autor, Aleix Calveras, argumenta que, lejos de perjudicar la competitividad, una tasa bien diseñada mejora la calidad del destino al atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y reducir los impactos negativos sobre los residentes. Mediante el análisis del caso de las Islas Baleares, sugiere que los gravámenes actuales son insuficientes y concluye que sería necesario un incremento sustancial en el importe del impuesto –de entre 15 y 20 euros– para lograr una reducción real de la presión turística. 

El único “pero” que veo a todo esto es si no estamos favoreciendo que sólo puedan darse determinados caprichos los más pudientes. Algunos economistas reconocen que, ante la imposibilidad de ahorrar para comprar una vivienda, los jóvenes consumen estos viajes baratos como su único bien de lujo accesible.

El dato

12.000

Son los empleos directos que se prevé que se crearán cuando estén en marcha las cuatro grandes fábricas de baterías que se están construyendo de forma simultánea en Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Euskadi. Además de miles de puestos adicionales en proveedores, logística, construcción y servicios auxiliares. Estos proyectos han situado a España entre los principales polos europeos de producción de celdas de almacenamiento de electricidad. Las inversiones que empujan esta transformación superan los 13.000 millones de euros.

El gráfico

El sector tecnológico global está experimentando un notable trasvase de capital y protagonismo en los mercados financieros, impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial. Mientras que las grandes big tech, que ahora se agrupan bajo el acrónimo de MANGOS, empiezan a sufrir la impaciencia de los inversores —quienes exigen ver rentabilidad real tras las milmillonarias inversiones en infraestructuras de IA—, los fabricantes de hardware, semiconductores y chips han tomado el testigo como los grandes beneficiarios del ecosistema. Se han convertido en el motor indispensable de esta transición, absorbiendo gran parte del flujo de inversión ante la insaciable necesidad global de potencia de cálculo de la IA, como muestra este gráfico de The Wall Street Journal, sobre la evolución en lo que va de año de la cotización de las empresas del “club de los billones de dólares”.

Sin embargo, este cambio reaviva el debate sobre la sostenibilidad del sector y el fantasma de una burbuja financiera. Aunque los fabricantes de chips registran ingresos récord gracias a la venta anticipada de sus componentes, analistas y expertos advierten de que esta bonanza depende directamente de que los gigantes tecnológicos mantengan sus ritmos de gasto. Otra gran amenaza para la bonanza de los fabricantes de memoria radica paradójicamente en la propia innovación tecnológica de sus clientes. Gigantes como Apple, Alphabet, Nvidia y Qualcomm están empezando a desarrollar alternativas estratégicas y algoritmos de compresión para optimizar el uso del hardware y mitigar la dependencia de estos componentes de memoria tan costosos y limitados. 

Tipos (y tipas) de interés

Bajan Ramón y Agustín Olivares Garrigos, empresarios. Son el mejor ejemplo de cómo algunos vencedores del boom inmobiliario acabaron convertidos en el mayor símbolo de sus excesos. Construyeron uno de esos imperios empresariales tan característicos de la España del ladrillo: una red de sociedades que combinaba la promoción de viviendas con bodegas, fincas rústicas y cotos de caza. Naturales de Campo de Criptana (Ciudad Real), llegaron a controlar más de una decena de empresas, con Grupo Oligarry Construcción como buque insignia, levantando promociones residenciales y rehabilitando edificios históricos como el Palacio del Infante Don Juan Manuel, en Belmonte. En plena expansión defendían una filosofía empresarial basada en la “construcción con compromiso” y sostenían que la calidad y el cumplimiento de la palabra eran la auténtica “receta del éxito”. Tres décadas después, ambos encabezan la lista de mayores morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda conjunta de 73,6 millones de euros (36,8 millones cada uno), según la lista publicada esta semana por Hacienda.

El estallido de la burbuja inmobiliaria dinamitó ese modelo de negocio. Oligarry pasó de los beneficios a las pérdidas, buena parte de sus sociedades quedaron inactivas y un posterior intento de expansión en Panamá también terminó fracasando. La deuda tributaria derivada del colapso acabó trasladándose a su patrimonio personal, un mecanismo previsto por la legislación cuando Hacienda aprecia responsabilidad de los administradores en el impago. Dos décadas después del auge del ladrillo, los hermanos Olivares Garrigos siguen encabezando el listado de grandes deudores y representan uno de los legados más persistentes de aquella burbuja: fortunas construidas al calor de la expansión inmobiliaria que terminaron convertidas en millonarias deudas con el fisco.

Si quieres más información sobre quién (tanto particulares como empresas) debe al fisco, pincha en esta información y si quieres consultar todos los nombres, puedes usar nuestro buscador.

No todo nos parece mal

El Gobierno ha aprobado una inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la ubicación de una “gigafactoría de IA” en España. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría y otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA. Se trata de una infraestructura de inteligencia artificial que funcionará con normas y valores europeos, para que Europa no dependa de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una. 

La candidatura española se basa en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según ha avanzado la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno. El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. 

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Aquí termino por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas o sugerencias. 

¡Un abrazo!

Un total de 18.829 contribuyentes declararon rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en el año 2024, lo que supone una subida del 27,8% respecto al ejercicio anterior y su cifra más elevada desde que hay registros, según la última estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) publicada por la Agencia Tributaria.

A pesar de suponer una cifra muy baja respecto al total de declarantes de este impuesto (el 0,08% del total), entre el año 2007, en el inicio de la crisis económica, y el pasado 2024 los contribuyentes con rentas superiores a los 600.000 euros han crecido casi un 78%, desde los 10.580 declarantes hace casi dos décadas, informa Europa Press.

En cambio, la mayor parte de los contribuyentes (5,8 millones, el 23,54% del total) declaró unos rendimientos de entre 30.000 y 60.000 euros; otros 4,6 millones, entre 21.000 y 30.000 euros (el 28,54% del total; y 4 millones, entre 12.000 y 21.000 euros (el 16,4% del total).

Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha. Destaca por sus famosos molinos de viento, alzados sobre una colina que puede vislumbrarse desde varios kilómetros de distancia. También por sus casas encaladas en blanco con franjas azules en los bajos, los colores típicos manchegos de la comarca.

Pero, además de su atractivo turístico por su patrimonio y su gastronomía,  este municipio de casi 13.000 habitantes es también una localidad en expansión. En los últimos 20 años ha experimentado un desarrollo urbanístico enfocado en la creación de vivienda, en el turismo sostenible y en la industria, con dos polígonos empresariales.

Ese es el contexto en que los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos comenzaron con su actividad empresarial hace más de tres décadas. Y ahora se han convertido en los dos empresarios más morosos de España, según la decimotercera lista de Hacienda, que incluye un total de 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

En el pueblo son “muy conocidos”, comentan desde una de las inmobiliarias de la localidad, que pide no mencionar su nombre. “Desde que abrieron sus empresas, las de construcción, hemos sabido de ellos, de sus actividades, pero no sabíamos que tenían una deuda tan enorme. No es algo que se vaya pregonando”, destacan.

Lo confirma otro de estos establecimientos de Campo de Criptana. “Son dos hermanos que han hecho dinero con la construcción. Compraban y vendían, pero se dedicaron mucho tiempo a cosas también en otros pueblos de la zona, en otras partes de España y fuera de España”.

El rastro de los hermanos así lo refleja. La deuda que acumulan con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Grupo Oligarry, la empresa que se estrelló

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca). Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y diez años después, en 2018, entró en concurso de acreedores.

Pero, ¿cuál es exactamente el rastro de estos empresarios? Un dato curioso es que Ramón Olivares aparece como administrador único del mencionado Grupo Oligarry desde el 21 de julio de 2009 hasta el cuatro de enero de 2018, incluso después del concurso de acreedores. Esta empresa figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como constructora de edificios residenciales.

Según el Boletín Oficial del Registo Mercantil (BORM), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria registró su baja en el índice de entidades porque los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública se declararon “fallidos” o no se presentó la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.

El rastro de Ramón se extiende por otras empresas. Destaca por ejemplo Oleiquip S.A., donde figura como administrador solidario hasta julio de 2009, momento en el que pasa a ser administrador único. En este último cargo no hay fecha de finalización. La empresa se dedica a la instalación de carpintería.

Con domicilio en Campo de Criptana, su facturación anual, según el BORM, está entre un millón y millón y medio de euros anuales. Se extinguió en diciembre de 2017.

Ramificaciones hasta Panamá

Sí aparece su marcha del cargo como administrador único en Vivienda y Bienestar S.A., en enero de 2009. Esta empresa se dedicaba a programar, arrendar, subarrendar, comprar o vender, fincas rústicas o urbanas dentro y fuera de España. Tuvo negocios en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, pero también fuera de Castilla-La Mancha (Gijón o Getafe) o incluso en Panamá.

Un mes después de que Ramón Olivares dejara su puesto en esta última entidad, en febrero, abandonaba también ese mismo cargo en otra compañía denominada Olimodel S.L., dedicada igualmente a programar, arrendar, subarrendar, comprar y vender fiscas rústicas y urbanas, dentro y fuera de España.

Finalmente, también ese mismo año, en octubre, deja su cargo como apoderado en Grupo Casoli S.L., con sede en Madrid, entidad dedicada en este caso a la compraventa, distribución y comercialización de uvas, vinos, mostos y todos sus derivados.

Ramón es también propietario de la finca La Hildalga, en Campo de Criptana, una extensa propiedad rústica, situada cerca de la Reserva Natural de la Laguna de Salicor. Con extensiones que pueden superar las 100 hectáreas, la finca combina usos agrícolas (olivares y almendros) y un gran potencial como coto de caza o entorno de turismo rural.

En este vídeo sobre caza de conejos, el empresario habla de la finca a partir del minuto cinco:

El rastro de su hermano Agustín Olivares es similar, pero algo más amplio. En el mencionado Grupo Casoli aparece como administrador único, hasta septiembre de 2009, en que finaliza su actividad, un mes antes de que su hermano dejara su puesto como apoderado en la misma empresa, después extinta.

En el Grupo Oligarry, un “emporio todopoderoso a nivel local”, según fuentes de las inmobiliarias consultadas, Agustín fue apoderado hasta enero de 2018, el mismo día en que consta la baja de su hermano como administrador único en esa misma empresa, con motivo del concurso de acreedores.

Además, figura en dos empresas donde su hermano no aparece, al menos en los registros oficiales. La primera de ellas es Proligarry S.A., heredera de la extinta Oligarry, dedicada a la promoción inmobiliaria, y actualmente en fase de liquidación.

Según el portal Empresia, su nombre figura como administrador único desde junio de 2007, pero no hay ninguna fecha de baja, al igual que sucede en el caso de Ramón con Oleiquip, la empresa de carpintería. De hecho, en esta última empresa, Agustín fue también apoderado desde julio de 2009 (igualmente sin fecha de cese) y anteriormente aparece como administrador solidario.

Su actividad más reciente es como administrador desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2020 en Gamo Garrigos S.A. Ese es el último apunte oficial registrado. Esta empresa figura en el CNAE dentro del sector de la promoción inmobiliaria, dedicada a la administración de mancomunidades.

Sus últimas cuentas depositadas fueron en 2018, con un capital social de 76.000 euros, y figura como extinguida en octubre de 2020, poco después de que Agustín registrara su cese.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto telefónico con Proligarry, en el polígono industrial de Pozo Hondo de Campo de Criptana. Es la empresa donde figura el nombre de los hermanos Olivares Garrigos que no aparece como extinguida en el Registro Mercantil, aunque está en fase de liquidación. Ninguno de los dos teléfonos asociados a la empresa está activo. En la finca La Hidalga tampoco han querido comentar nada al respecto.

Las inmobiliarias consultadas han sido muy reticentes a la hora de valorar el trabajo de estos dos hermanos y además han coincidido en lamentar que el municipio sea conocido en los medios de comunicación por esta “mancha”. “Aquí somos mucho más que dos morosos”, indicaba a este periódico, muy enfadada, una trabajadora.

Tampoco el Ayuntamiento de Campo de Criptana, gobernado por el PSOE, ha querido hacer ninguna valoración al respecto.

No hay grandes novedades en la lista de grandes morosos de Hacienda en la que aparecen las deudas de particulares y empresas que superan los 600.000 euros. Llama la atención el regreso de la vallisoletana Patricia Conde, con desencuentros con el fisco desde el año 2017. La artista llegó a acumular una deuda de 1,9 millones, aunque llevaba dos años con las cuentas saldadas y ahora retorna con un saldo negativo de 714.615 euros.

Junto a conde aparecen un puñado de constructoras, la mayoría habituales de la lista desde hace más de una década. El Grupo Pantersa SL, dedicado a la construcción y afincado en Burgos, mantiene una deuda de 40,53 millones desde hace 12 años. Muy de cerca la siguen dos empresas de la familia Arranz Acinas, también de Burgos. Construcciones Arranz Acinas debe 33,05 millones mientras que la inmobiliaria de mismo nombre adeuda 30,46 millones.

Otra constructora burgalesa, Edificaciones Sociales de Burgos SA, debe 30,18 millones, mientras que Promociones Pal adeuda 30,43; Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, 26,57; Urbana de Campoburgos SL, 4,09 M€; Campoburgos UTE 1,39; Areniscas de los Pinares Burgos Soria SL, 2,16; Urbanizadora de Valladolid SL, 10,03 y Construcciones Inmobiliarias Segovianas 1,88 millones.

La Unión Deportiva Salamanca SAD -ya extinguida-, debe 13,4 millones de euros mientras que la Compañía Minera Astur Leonesa SA, adeuda 10,5.

Como en años anteriores, sigue en el listado la empresa del empresario y exalto cargo de la Junta de Castilla y León, Alberto Esgueva, relacionado con la Trama Eólica. Intercatia Corporación SL lleva 12 años en la lista y debe actualmente 6,34 millones. La deuda fue mayor, de hasta 18 millones de euros, pero una serie de recursos dieron la razón a Esgueva. La inspección que reventó el caso de las comisiones para conseguir parques de molinos se hizo desde Valladolid cuando la mercantil estaba arraigada en Madrid.

En la lista aparece también Urban Proyecta PM3, empresa de Valladolid que aparece en el caso Perla Negra y que era de un socio de Esgueva. La deuda es de 15,39 millones.

La Constructora Martínez Núñez mantiene desde hace años una deuda de 1,34 millones, mientras que la descendiente del fundador, Isabel Martínez Parra debe 5,73 millones.

Ramón y Agustín Olivares Garrigos, dos hermanos y empresarios naturales de Campo de Criptana (Ciudad Real), son las personas físicas que más dinero deben a la Agencia Tributaria. En total, adeudan 36,8 millones de euros.

La decimotercera lista de morosos de Hacienda publicada este martes incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

La deuda que acumulan los hermanos Olivares Garrigo con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas, según informa Newtral. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca).

Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y entró en concurso de acreedores.

La lista anual de morosos con deudas superiores a los 600.000 euros ya está disponible. La ha publicado este viernes la Agencia Tributaria (AEAT) con los datos actualizados hasta el 31 de diciembre de 2025 que indican que hay 5.853 contribuyentes morosos con una deuda que asciende a 15.432 millones de euros.

En la lista se mantienen algunos nombres recurrentes de años anteriores, como el de Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán (exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona).

En el siguiente buscador puedes consultar todos los nombres de la lista de morosos a la Agencia Tributaria en 2025. Si pinchas en los distintos nombres podrás ver además la evolución de su deuda y la cantidad de años que lleva apareciendo en la lista.

¿Y quiénes han sido los mayores morosos de este año? Entre las empresas el top 3 lo ocupan Reyal Urbis (que fue el segundo mayor grupo inmobiliario de España), Bio-Zenite Energy y Metaway Combustibles. Si miramos a personas concretas, los mayores deudas del año son los hermanos y empresarios inmobiliarios Olivares Garrido.

Además de los habituales, este año se incorporan 735 nuevos deudores a la lista de morosos, puedes consultar sus nombres y junto al importe total de su deuda con Hacienda en el siguiente gráfico. Destaca, por ejemplo, Diana Grapin, vinculada a dos inmobiliarias catalanas y con una deuda de 30,5 millones. O Kampaoh, la firma andaluza de campings de lujo, que debe 1,3 millones de euros.

Inversiones las Teresitas (la sociedad central del mayor caso de corrupción juzgado en Canarias) tiene la deuda más alta entre los nuevos morososos, pero también ha habido quienes han saldado su deuda este año. Además de nombres clásicos que desaparecen como Spanair, Viajes Iberia u Orizonia, la empresa que más ha pagado para abandona la lista ha sido Palemad Reciclaje, 128 millones de euros.

La campaña de la Renta 2025 llega a su fin este martes 30 de junio. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración tienen hasta el cierre del día para completar el trámite dentro del plazo ordinario y evitar posibles consecuencias económicas por presentarla fuera de tiempo. A partir del día siguiente, seguirá siendo posible entregarla, pero ya se considerará fuera de plazo y la Agencia Tributaria podrá aplicar recargos, intereses o sanciones en función de cada situación concreta.

El importe que Hacienda puede reclamar no es igual en todos los casos. Depende, sobre todo, de si el resultado de la declaración es a pagar o a devolver, y de si el contribuyente regulariza su situación por iniciativa propia o lo hace tras recibir una notificación oficial. No presentar el IRPF dentro del calendario fijado puede implicar desde una multa fija hasta un porcentaje sobre la cantidad que se dejó de ingresar.

La clave está en el momento en el que se corrige el incumplimiento. Si la declaración se presenta fuera de plazo, pero antes de que Hacienda haga cualquier requerimiento, el impacto suele ser menor. En cambio, si es la Agencia Tributaria la que detecta la falta de presentación y envía una notificación, las sanciones pueden incrementarse de forma notable, especialmente cuando el resultado es a ingresar.

Las posibles sanciones por presentar la Renta fuera de plazo

Cuando la declaración sale a pagar y se entrega tarde de forma voluntaria, sin requerimiento previo, se aplica un recargo sobre la cantidad pendiente. Este recargo aumenta con el paso del tiempo. Durante los primeros meses, se calcula con un 1% por cada mes completo de retraso desde el fin de la campaña. Así, si se presenta en julio, el recargo será del 1% sobre la deuda; si se retrasa hasta septiembre, alcanzará el 3%.

Este sistema hace que aplazar el trámite encarezca progresivamente el importe final. Aunque finalmente se presente la declaración, la deuda puede aumentar si pasan los meses. Por eso, en cuanto se detecta el incumplimiento, regularizar la situación cuanto antes permite reducir el impacto económico y evitar que la cantidad siga creciendo.

El escenario cambia si ha pasado más de un año desde el final de la campaña. A partir de ese momento, el recargo sube al 15% y se añaden intereses de demora, que actualmente se sitúan en el 4,0625%. En estos casos, el importe final puede ser bastante más elevado que la deuda inicial, ya que no solo se aplica un recargo fijo, sino también intereses por el tiempo transcurrido.

La situación se complica si es Hacienda quien reclama la presentación mediante una comunicación oficial. Si el contribuyente estaba obligado a declarar, no lo hizo y el resultado es a pagar, la Agencia Tributaria puede exigir la deuda pendiente e iniciar un procedimiento sancionador. En estos supuestos, la multa puede partir del 50% de la cantidad no ingresada y llegar hasta el 150%, según las circunstancias.

Cuando la declaración sale a devolver o el resultado es cero, también puede haber penalización por incumplir el plazo. En estos casos no existe deuda con Hacienda, pero sí se ha incumplido la obligación formal de presentar la declaración en tiempo. Si se entrega de forma voluntaria antes de cualquier requerimiento, la sanción habitual es de 100 euros. Si es Hacienda quien exige la presentación, la multa puede ascender a 200 euros, aunque pueden aplicarse reducciones en determinados casos.

Qué son las cartas de requerimiento de Hacienda

Las cartas de requerimiento son las comunicaciones formales que la Agencia Tributaria envía a un contribuyente cuando necesita que presente una declaración, corrija una situación, aporte documentación o justifique determinados datos. Suelen estar vinculadas a posibles incidencias detectadas por la Administración al cruzar información o ante la ausencia de una declaración obligatoria.

No todas las comunicaciones tienen el mismo alcance. Hacienda también puede enviar avisos preventivos a contribuyentes que ya han presentado su declaración, pero han modificado datos respecto a la información fiscal disponible. En estos casos, el objetivo es que se revise si la declaración es correcta o si conviene presentar una complementaria.

Este tipo de avisos busca facilitar la corrección voluntaria de errores u omisiones antes de que sea necesaria una regularización posterior. Si se considera que la declaración es correcta y se pueden justificar los datos, no es necesario modificarla. En cambio, si se detecta un error, existe la posibilidad de corregirlo antes de que el problema avance.

Un requerimiento formal tiene más consecuencias. Cuando Hacienda solicita documentación o exige una actuación concreta, es necesario responder en el plazo indicado. Ignorar la notificación puede complicar el proceso y aumentar el riesgo de sanciones. Además, una vez recibido el requerimiento, la regularización ya no se considera espontánea. Por ello, presentar la declaración dentro de plazo permite evitar recargos, reduce el riesgo de sanciones y cierra el trámite dentro del calendario previsto.

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado. Según los datos facilitados este martes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades --ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios--, el importe sería de 15.364 millones de euros, en este caso un 12,2% superior.

Isabel Pantoja, una de las novedades del listado de Hacienda del año pasado, repite este año y aumenta su deuda, del millón de euros a casi 1,3 millones de euros. La tonadillera volvió a los escenarios en los últimos años después de un importante parón debido a sus problemas con la justicia, que la llevaron a la cárcel en 2014 condenada por blanqueo de capitales en relación con la trama corrupta del 'caso Malaya', en el que estaba involucrado su entonces pareja, el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. 

Se mantiene en la lista uno de los nombres fijos, Paz Vega, cuyo verdadero nombre es María de la Paz Campos Vega, con un deuda que supera los 1,8 millones de euros. Hace un año, la actriz figuraba con un pasivo de 1,7 millones de euros. 

También vuelve a figurar el presentador y cantante Bertín Osborne, novedad del año pasado, que baja ligeramente la cantidad adeudada, a los 835.000 euros. Osborne es uno de los rostros televisivos con más antigüedad, con gran tirón entre la derecha, ahora con un nuevo concurso en Antena 3 y que acaba de lanzar una nueva compañía de telecomunicaciones, Española de Telefonía, con el eslogan “las cosas bien hechas, las cosas a derechas”.

Otro de los habituales, uno de los fundadores de esRadio, César Vidal, permanece en el listado de 2025 y apenas disminuye lo que tiene pendiente con las arcas públicas, unos 2,1 millones de euros. Tampoco ha reducido su deuda con Hacienda Prensa Universal, que debe casi 1,1 millones de euros. Se trata de la editora del desaparecido Diario de Alcalá, que dirigió el ahora tertuliano y presentador estrella de Telemadrid, Antonio R. Naranjo. Y repite también una de las sociedades del productor de televisión y espectáculos José Luis Moreno, Kulteperalia SL, que reduce su deuda de 887.000 euros a 781.000 euros. 

Los hermanos Olivares Garrigos, los mayores deudores

Quedan lejos, eso sí, del mayor deudor —contando únicamente personas físicas— y que en 2024 volvió a la lista. Se trata de los hermanos y empresarios inmobiliarios Ramón Olivares Garrigos y Agustín Olivares Garrigos, con 36,8 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado. 

Tras los hermanos, entre las personas físicas, destaca una nueva entrante, Diana Grapin, vinculada a dos inmobiliarias catalanas y que figura con una deuda de 30,5 millones.

Otro que repite en la lista es el exbanquero Mario Conde, que en los últimos años ha reducido notablemente su deuda con el fisco. En 2023 alcanzaba los 6,4 millones, el listado del año pasado recogía 3,4 millones y en este último documento la cantidad desciende a 1,9 millones de euros.

Permanece otro de los nuevos rostros del listado de 2024, el exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona Arda Turán, con 1,27 millones. 

Matthias Kuhn, el magnate alemán ligado al sector inmobiliario de lujo de Mallorca, acusado de ocultar 21 millones de euros a Hacienda, sigue en la lista de los deudores con el Fisco. Aparece ado a través de la sociedad unipersonal Matthias Kuhn Inversiones, con una deuda que aumenta de los 1,1 a los 1,3 millones de euros.

Entre las entradas más destacadas se encuentra el regreso a la lista de la presentadora y actriz Patricia Conde, presente en varios listados de morosos de la última década pero ausente en el publicado en 2025. Este 2026, no obstante, Conde vuelve al listado de deudores con el Fisco, que le reclama 714.615 euros. 

Entre los personajes populares, vuelve al listado el tertuliano de programas televisivos del corazón, Kiko Matamoros, que entra por la mínima: 600.740 euros. Ya había estado en este ranking en el pasado, en 2022, 2018 y 2017. También repite la cantante Merche (Mercedes Trujillo Callealta), presente desde 2022, que reduce ligeramente el monto adeudado (819.500 euros), y la empresa Desguaces la Torre, de Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como 'el chatarrero', que en su caso aumenta la deuda de 3,7 millones en la anterior edición a los 4,35 millones de euros.

Tampoco ha liquidado su deuda Joan Gaspart, expresidente del Fútbol Club Barcelona y ex director general de la hotelera Hotusa, a la que llevó a la quiebra. Debe 993.000 euros. 

Otro de los que se mantienen es José Manuel Enriquez Negreira, el ex árbitro y supuesto protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción deportiva del fútbol español junto al FC Barcelona. Negreira, presente en el listado desde que Hacienda revisó las facturas del club culé y encontró las facturas que han llevado el caso a los tribunales, debe un millón de euros al Fisco.  

Fraude de hidrocarburos

En cuanto a empresas, sigue en cabeza la inmobiliaria Reyal Urbis, con una deuda de 264,9 millones de euros. Como ya ocurrió en la edición de 2024, la lista está copada por empresas vinculadas a tramas de fraude en hidrocarburos, como Bio-Zenite Energy SA (232,89 millones de deuda), Metaway Combustibles (195 millones), Vertix Petroleum (194,75 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones), todas ellas investigadas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en una de las mayores pesquisas sobre fraude en el IVA en el sector, una trama en la que también está involucrado el comisionista Víctor de Aldama. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que todas estas empresas ya han sido dadas de baja como operadores.

Otro de los nombres que se mantienen es el de la ingeniería Eurofinsa, con una deuda de 91.959.126,26 euros, igual a la de 2024. Entre los nuevos entrantes está Liwe Española, la empresa murciana propietaria de la cadena de ropa Inside, que se encuentra en concurso de acreedores y figura con una deuda 3.496.103,19 euros.

El caso Las Teresitas ha entrado con fuerza en la nueva lista. Inversiones Las Teresitas (la sociedad central del mayor caso de corrupción juzgado en Canarias) aparece con una deuda de 64,4 millones.

Entre las nuevas incorporaciones destaca, con 2,65 millones de deuda, Baraka Holding 2020 SL, vinculada al controvertido empresario y promotor inmobiliario español Trinitario Casanova, que en los últimos años ha protagonizado algunas de las mayores y más polémicas operaciones urbanísticas de España.

Entra también al listado de grandes morosos Kampaoh, la firma andaluza de 'glampings' –camping de lujo– que tiene como primer accionista a JME Ventures, brazo inversor participado mayoritariamente por la familia Entrecanales (dueños de Acciona), con un montante de casi 1,3 millones de euros. Los fondos Alter y Axon acaban de tomar el control de la compañía, con una ampliación de capital de cuatro millones.

Nombres clásicos de la lista de morosos que han desaparecido en esta edición son los de Spanair, Viajes Iberia, Orizonia, Scytl, el Aeropuerto de Ciudad Real, una UTE de Isolux o Rivoire y Carret Española S.L., que ha aparecido sistemáticamente en los listados de grandes deudores con deudas de entre 31,6 y 31,9 millones.

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de enero y febrero de 2023 establece la obligación de que las deudas y sanciones tributarias hayan de ser firmes (y, en el caso de las liquidaciones vinculadas a delito, que exista sentencia condenatoria firme) para su inclusión en el listado que se publica.

Por otra parte, se incluyen expresamente en el listado no solo a los deudores principales, sino también a los responsables solidarios.

Suben las personas físicas y bajan las jurídicas

Del total de 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones de euros (en la lista anterior eran 1.077 por importe de 1.579 millones de euros) y 4.742 son personas jurídicas por importe de 13.752 millones (frente a los 4.920 del año anterior y 14.558 millones).

Por su parte, del importe total, 4.288 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.166 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior: algo más de 4.507 millones de euros (el 28%); 1.224 deudores, el 20% del total.

Del total de deudores de la lista a publicar en junio de 2026, en relación con 2.099 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de más de 2.927 millones (equivalente al 19% del importe total de deuda incluida en el listado).

Según explica la Agencia Tributaria, estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas. Estas cifras de derivaciones no coinciden con los importes derivados que figuran en el listado, dado que en este apartado también se incluyen las derivaciones a responsables subsidiarios (por tanto, no incluidos en el listado), así como derivaciones que por importe no entran en el umbral del listado.

Un total de 879 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en junio de 2026 tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2025, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.729 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/25), o por falta de firmeza de la deuda.

Deudores que pagan todo o parte para evitar aparecer en la lista

Por otra parte, se han realizado ingresos por importe de 79,5 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en este listado de 2026. Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado (31 de diciembre de 2025) ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado (42,27 millones).

También pueden ser deudores, efectivamente seleccionados, que se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían (37,23 millones).

Por su parte, si se analizan los ingresos realizados por deudores efectivamente seleccionados en diciembre para el nuevo listado, entre el 1 de enero de 2026 y hasta este 12 de junio pasado estos deudores han ingresado 189,97 millones.

Información realizada por Antonio M. Vélez, Laura Olías, Carlos del Castillo, Álvaro Celorio, Germán Aranda y Cristina G. Bolinches. Gráficos de Raúl Sánchez y Ainhoa Díez.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado una operación, denominada 'Insulae', en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario de empresas que prestan servicios de intermediación en la compraventa y alquiler de propiedades inmobiliarias.

La AEAT ha informado este lunes en un comunicado de que denuncias previas recibidas advertían sobre posibles cobros en efectivo no declarados y otras presuntas irregularidades en las inmobiliarias objeto de esta actuación.

La operación conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de funcionarios de la AEAT en 41 locales.

El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (7), Baleares (1), Canarias (4), Cataluña (5), Madrid (5) y la Comunidad Valenciana (19).

El fraude consistiría en la utilización de dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas o declaradas parcialmente y el cobro también de cantidades irregulares (como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda) que igualmente no se estarían declarando.

Asimismo, habría cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a viviendas.

La operación 'Insulae' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 170 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

El Ministerio de Hacienda enmarca la operación en un momento de “crecimiento sostenido” en el que las agencias inmobiliarias ya participan en la intermediación del 70% de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España, detectándose denuncias que apuntan a una “posible existencia de una bolsa de fraude” en las sociedades objeto de la presente actuación operativa.

Un presunto fraude derivado de la utilización de “dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas” o de “cantidades irregulares como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda”, además de cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a la vivienda.

Asimismo, la Agencia Tributaria ha realizado un estudio de los socios que puedan presentar “signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas”, ante la sospecha de que las ventas ocultas se estén materializando en incrementos patrimoniales en los mismos.

De esta manera, mediante las acciones desarrolladas de forma simultánea en los locales seleccionados, Hacienda ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel y en los sistemas informáticos de procesamiento de la información).

Así, las inspecciones se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas iniciales, con el fin de “regularizar todos los incumplimientos detectados”, apoyándose en las directrices del Plan de Control de la AEAT para 2026, que inciden en aquellos contribuyentes que realicen un uso intensivo de efectivo, o que ostenten signos de riqueza, patrimonio o rentabilidad, “incoherentes con sus rentas declaradas”.

Con esta intervención sectorial, la Agencia Tributaria suma 27 macrooperaciones sectoriales coordinadas en algo más de una década, con el objetivo añadido de “transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas”.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, hizo el negocio de su vida en lo peor de la pandemia –segundo y tercer trimestre de 2020– aprovechando sus relaciones profesionales con el primer directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino. El novio de la presidenta ganó dos millones de euros –el 4,5% de la operación– por intermediar en la compraventa de mascarillas entre una empresa gallega –Mape, que tenía a Camino como consejero– y otra catalana, FSC, la principal suministradora de material chino en España durante los primeros meses de la crisis del coronavirus.

Fue el mayor éxito empresarial de toda su vida, y su estreno en el mercado de los comisionistas. Aquel pelotazo de los dos millones ganados en apenas unas semanas supuso más del doble del dinero que González Amador había facturado en sus cinco años anteriores de ejercicio profesional. Aprovechó, como otros, la oportunidad servida por una emergencia sanitaria mundial. Era un negocio fácil, rápido y sin apenas riesgo. Las administraciones estuvieron dispuestas a pagar cualquier precio, y sin preguntar, por unas mascarillas que supuestamente protegían contra la muerte.

Cuando González Amador ingresó los dos millones en su cuenta corriente (agosto de 2020) puso en marcha algunas operaciones sospechosas con el objetivo de no repartir sus beneficios con Hacienda como establece la ley. El juez y la UCO de la Guardia Civil investigan ahora al comisionista por supuesta corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La primera operación de González Amador tras el pelotazo consistió en adquirir por 499.836 euros una empresa, Círculo de Belleza, sin valor ni negocio ni futuro. Esa sociedad era propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Tres meses antes del cambio de propiedad (septiembre de 2020) Camino vendió a su propia esposa el 20% de participaciones que poseía en Círculo de Belleza por apenas 4.000 euros. De esta manera, nunca apareció su nombre en las escrituras de compraventa de la empresa (diciembre de 2020). El Código Ético de Quirón prohíbe las relaciones comerciales entre directivos como Fernando Camino y proveedores como González Amador.

La compra de esa empresa por el comisionista fue la primera de sus iniciativas para, supuestamente, evitar el pago de impuestos a la Agencia Tributaria tras su espectacular año de beneficios, según la hipótesis con la que trabajan los investigadores. La segunda actuación sospechosa llegó en mayo de 2021 –cuando Isabel Díaz Ayuso ya era su pareja– al hacer la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020. González Amador intentó ahorrarse el pago de 155.000 euros mediante el arte del engaño a la Agencia Tributaria: presentó unos supuestos gastos desgravables y superiores a los 600.000 euros a favor de una empresa mexicana. Pero nunca hizo esos pagos, según reconoció muchos meses después el novio de Ayuso a los inspectores de Hacienda.

El año siguiente, González Amador insistió en sus intentos de fraude fiscal subiendo las cifras del engaño: 927.000 euros por unos gastos en Costa de Marfil que nunca efectuó. De aquella manera tan poco original se ahorraba 195.000 euros en la factura del Impuesto de Sociedades de aquel año. La pareja de la presidenta madrileña fue consciente de todo aquel intento de fraude e intentó, por recomendación de su abogado, un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel mediante el pago de una multa y el reconocimiento de los dos delitos fiscales.

El conocimiento de sus andanzas supuestamente delictivas tras la querella presentada por la Fiscalía hizo que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, saliera en su defensa. Descalificó a la fiscal jefe del departamento que había denunciado a su pareja; puso en marcha la máquina de la desinformación y el bulo con sus medios habituales y aireó la existencia de una supuesta campaña ilegal contra González Amador. La presidenta negó públicamente en rueda de prensa que su novio debiera nada a Hacienda y llegó a proclamar que era justamente al contrario, en una explicación delirante e incomprensible.

Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, manipuló después a varios medios afines al PP facilitándoles un correo electrónico del fiscal del caso al abogado de González Amador para dar a entender que todo era una sucia operación de inspectores de Hacienda y fiscales contra el novio de la presidenta. Para contrarrestar aquella campaña en defensa de un supuesto defraudador, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, difundió una nota informativa contando la verdad: González Amador propuso un acuerdo de conformidad en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.

De todo aquel enredo quedó una sentencia del Tribunal Supremo –firmada por cinco de los siete magistrados que formaron ese tribunal– donde se condenaba sin pruebas al fiscal general por filtrar supuestamente un correo –del abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso– informando que González Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel.

El comisionista, que ahora vive con Ayuso en un doble piso situado en una de las zonas más caras de Madrid, empezó su carrera empresarial de la mano de Quirón, firma a la que prestaba unos servicios de consultoría por los que, en el mejor de los años (2019), cobró 357.000 euros. Su noviazgo con Ayuso –a partir de 2021– coincidió con una mejora sustancial de su facturación con Quirón, una empresa de servicios sanitarios cuyo principal ingreso procede de la Comunidad de Madrid. González Amador cuadruplicó sus ingresos de un año para otro. De 275.000 euros en 2020 a 1.375.716 en 2021. Y mantuvo con altibajos ese nivel de negocio en los años siguientes: 1.054.335 (2022); 1.886.391 (2023) y 944.836 (2024).

El defensor principal de González Amador -procesado por delitos fiscales e imputado por corrupción en los negocios y administración desleal- ha sido en todo este tiempo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con la “experiencia del que peina canas”, Rodríguez registró al comisionista González Amador en su agenda telefónica como “Alberto Quirón”. Ayer, el jefe de gabinete recuperó su vieja costumbre de proteger al novio de su jefa, procesado por fraude fiscal, con más bulos: “Quede claro: el último contrato con Quirón fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”.