La Agencia Tributaria ha llevado a cabo la mayor aprehensión de cocaína de la historia de Extremadura tras incautar un total de 827,5 kilos de esta sustancia ocultos en el doble fondo de una furgoneta en la provincia de Badajoz. Según las estimaciones de los investigadores, el valor de la droga interceptada habría superado los 50 millones de euros en el mercado ilícito.

El operativo fue ejecutado el pasado 5 de octubre por efectivos de la unidad operativa de Vigilancia Aduanera de Badajoz. Los agentes interceptaron el vehículo sospechoso cuando circulaba por la carretera EX-300, dentro del término municipal de Solana de los Barros. Al realizar una inspección exhaustiva de la furgoneta, los funcionarios descubrieron una estructura oculta en la que se hallaba empaquetado un cuantioso cargamento de tabletas de cocaína.

Tras la pesada y el análisis químico de la sustancia aprehendida, las diligencias confirmaron el peso exacto de 827,5 kilogramos.

El conductor del vehículo fue detenido en el acto como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras ser puesto a disposición de la Sección de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Almendralejo, la autoridad judicial ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.

Pedro Trapote, fundador de las discotecas Pachá y Joy Eslava y dueño de la chocolatería San Ginés, volverá al banquillo acusado de fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia que absolvió al empresario de defraudar más de 500.000 euros en el Impuesto de Sociedades de una de sus empresas y ha ordenado repetir el juicio contra él y la sociedad con la que gestiona la chocolatería. Un proceso judicial y tributario que arrancó hace más de una década en el que Trapote acumula, además de este juicio pendiente de repetición, una condena por fraude fiscal y una absolución en un pleito millonario que ya está en manos del Tribunal Supremo.

Trapote (Valladolid, 1939), cuñado de Felipe González y amigo de Juan Carlos I, se coronó como rey de la noche madrileña en los años ochenta, cuando abrió la discoteca Joy Eslava en la calle Arenal dos días después del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero. También cuando, a mediados de la década de los noventa, se hizo con el Teatro Barceló que alojó durante años la discoteca Pachá. Es el responsable, desde hace décadas, de la centenaria chocolatería San Ginés. Y su trayectoria empresarial se tambaleó cuando, a mediados de 2016, un juzgado de Madrid autorizó que los inspectores de Hacienda registraran ambas discotecas en busca de pruebas de fraude fiscal.

Esos registros derivaron en varias denuncias de la Fiscalía y diversas investigaciones penales contra Trapote, sus empresas y varios de sus socios bajo acusaciones de defraudar varios millones de euros entre el IVA y el Impuesto de Sociedades de 2013 a 2017. El empresario, enfrentado al fiscal Julián Salto, aceptó una primera condena de prisión en 2022 en su primer juicio por el IVA de tres años —donde se le aplicó la atenuante de reparación del año por devolver el dinero— pero su abogado, el exmagistrado Eduardo de Urbano, decidió cargar contra el origen de todas la causas judiciales: los registros de la Agencia Tributaria en 2016.

Después de esa primera condena firme aceptada en conformidad y ya por tanto irrevocable, Trapote se enfrentó en 2024 a su segundo y mayor juicio por defraudar a Hacienda, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le acusaban de haber dejado de pagar 2,3 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa Europea de Explotaciones entre 2015 y 2017. La Audiencia Provincial de Madrid, en ese juicio, anunció que la mayor parte de la documentación intervenida en ese registro había sido obtenida de manera ilegal y no podía servir para condenarlo. La Agencia Tributaria, dijeron entonces los jueces, “no había solicitado ni obtenido autorización judicial” para conseguir todos esos datos, solo una pequeña parte.

Esa absolución, todavía pendiente de ratificación por el Tribunal Supremo, tuvo eco en el tercer juicio al que se enfrentó Trapote por fraude fiscal. Los inspectores de Hacienda no solo encontraron documentación sobre la dudosa contabilidad de su empresa Europea de Explotaciones, sino también sobre otra de sus sociedades, Pasadizo SA, con la que gestiona la chocolatería del pasadizo de San Ginés de Madrid. Y Trapote volvió al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid a finales del año pasado acusado de defraudar algo más de medio millón de euros en el Impuesto de Sociedades de esa empresa. El resultado en esta derivada fue el mismo: absuelto por las irregularidades en los registros de la Agencia Tributaria de 2016.

Ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha anulado esta absolución y ha ordenado que otro juzgado de lo penal de la capital repita el juicio contra él, aunque sin entrar a valorar las pruebas que obtuvo Hacienda en sus discotecas hace una década. Los jueces explican que, tal y como argumentaba la Abogacía del Estado en su recurso apoyado por la Fiscalía, el juzgado no llamó a declarar a uno de los inspectores que firmó los informes clave del caso y eso produjo indefensión a la representación de Hacienda en el pleito. La defensa de Trapote pudo presentar un documento de más de 300 páginas argumentando la nulidad de las pruebas pero Hacienda, explican los jueces, solo tuvo a uno de los peritos del informe y no a los dos.

El resultado es que los juzgados de lo penal de Madrid tendrán que celebrar un nuevo juicio por dos delitos fiscales contra el dueño de la chocolatería San Ginés, pero con la presencia de este inspector jubilado de Hacienda. La nueva sentencia, aunque tenga en cuenta el testimonio de este segundo perito que no fue citado para el juicio, seguirá condicionada por la alegación de que los datos de la empresa Pasadizo se obtuvieron de forma irregular durante los registros en las discotecas de Trapote en 2016 mientras el pleito más voluminoso está ya en manos del Tribunal Supremo.

Hacienda lleva a Trapote al Supremo

Con su condena de 2022 ya declarada firme y su última absolución pendiente de repetición, la causa penal más abultada de este empresario está en manos del Tribunal Supremo y su sala segunda. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia que en 2024 marcó el fracaso de las causas contra Trapote al declarar las irregularidades de los registros de la Agencia Tributaria de 2016. Un juicio en el que Hacienda llegó a pedir que el empresario fuera condenado a seis años y medio de prisión y pagara multas que, junto con su empresa Europea de Explotaciones, sumaban varias decenas de millones de euros.

La decisión del Supremo pondrá a prueba las alegaciones de la defensa de Trapote de que las pruebas de fraude fiscal contra él se ven afectadas sin remedio por la doctrina del árbol envenenado: los inspectores entraron en la Joy Eslava y el Teatro Barceló y clonaron toda la información disponible en los TPV de las barras de las dos discotecas, donde había información sobre los delitos fiscales que investigaba el juzgado pero también sobre muchos otros e, incluso, sobre otras de sus empresas.

“La prueba que sirve de base a la acusación se obtuvo de forma conscientemente ilícita”, reprochó el tribunal en 2024. La Agencia Tributaria recogió un “exceso” de información para la que no tenía autorización judicial, y además ocultó esa información a los tribunales: “Lo guarda para su utilización posterior”. Esa sentencia recoge cómo Trapote, que durante la fase de instrucción llegó a reconocer parcialmente los hechos, vendió en 2022 el Teatro Barceló para hacer frente a estas deudas.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

La Agencia Tributaria ha embargado las dietas municipales del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Segovia, Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, para hacer frente a una deuda de 53.639,32 euros. El Ayuntamiento de Segovia ha ejecutado así la orden de Hacienda reteniendo los 1.122 euros correspondientes al cobro de las dietas por asistencia a plenos y otros órganos del consistorio del mes de julio.

En un decreto de Alcaldía, con fecha de 17 de agosto, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla y León se recoge que el Ayuntamiento da cumplimiento a una diligencia de embargo de créditos remitida por la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Castilla y León, con fecha 19 de junio de 2026. El documento identifica a De Ceballos-Escalera como el deudor y establece que deben retenerse las cantidades que le correspondan del Ayuntamiento hasta cubrir el importe reclamado. En el escrito no se recoge otro tipo de acciones adicionales ni el origen de la deuda.

El documento contable incorporado al expediente fija su importe en 1.122 euros líquidos de las dietas del edil, cantidad que el Ayuntamiento tiene que retener y poner a disposición de la Agencia Tributaria mediante el correspondiente documento de pago. El decreto señala además que la deuda asciende a 53.639,32 euros, por lo que la cuantía de julio es solo una parte del importe reclamado por Hacienda.

El Ayuntamiento señala en el propio decreto que contra la resolución cabe recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación. La interposición del recurso, según recoge el documento, no suspende por sí misma la ejecución del acto salvo que se solicite la suspensión en los términos previstos legalmente.

Este medio ha solicitado una valoración al Grupo Municipal de Vox en Segovia sobre el embargo de su concejal y sobre la situación que recoge el decreto de Alcaldía. La formación ha respondido que “no tenemos nada que decir sobre este tema”.

Unas dietas que salen del Ayuntamiento

El embargo de Hacienda se hace sobre el dinero que el concejal recibe del Ayuntamiento de Segovia por su participación en los órganos municipales. Es decir, el dinero retenido procede de las dietas que la Administración local abona a sus concejales por estas asistencias.

La declaración de bienes presentada por De Ceballos-Escalera y Gila al tomar posesión como concejal en 2023 permite poner esa situación en contexto. En ella aparecen, entre otros bienes, una vivienda en Madrid, con valor catastral de 282.865 euros; otra vivienda en Torrecaballeros, con valor catrastal 932.238; de una participación indivisa del 6,5% en una finca rústica de Ortigosa del Monte y una participación del 2% en tierras alrededor de Segovia.

La misma declaración recoge también un saldo de 200.000 euros en un depósito indisponible y 300 euros en una cuenta corriente, además de varios vehículos. La declaración de bienes también consignaba entonces un crédito hipotecario de unos 40.000 euros con Banco Santander y un crédito personal de aproximadamente 13.000 euros con La Caixa.

Cabe reseñar que no se puede saber, por sí solo, qué bienes han podido ser objeto de las actuaciones de la Agencia Tributaria, ni por qué Hacienda ha dirigido en este caso el embargo contra las cantidades que el concejal tenía pendientes de cobrar del Consistorio. El decreto municipal únicamente acredita la retención de las dietas.

Dos sociedades como administrador único

Los datos mercantiles señalan que De Ceballos-Escalera y Gila es administrador único de dos sociedades. Una de ellas es Casona de la Oveja Negra, S.L., constituida en 2020 y con domicilio social en Torrecaballeros. La sociedad tiene entre sus actividades el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, la organización de eventos y la gestión y administración de propiedad inmobiliaria. La otra es La Cabanillense, S.L., constituida en junio de 2026 y con un objeto social que incluye la compraventa, promoción, gestión, compra, venta y alquiler de inmuebles.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la condición de administrador no implica que pueda atribuirse automáticamente al concejal la condición de socio o un determinado porcentaje de participación en esas sociedades.

Del “ciruelo” al embargo de sus dietas

El embargo llega después de que De Ceballos-Escalera y Gila saltara a las noticias por una polémica intervención durante un pleno celebrado en febrero de 2025.

En aquella sesión, el concejal de Vox, marqués de la Floresta y vizconde de Ayala llegó a ofrecerse a enseñar su “ciruelo” para demostrar que no sentía envidia de la escultura del diablillo situada en la calle San Juan, una polémica que Vox había mantenido abierta durante meses. El edil terminó retirando sus palabras después de que el alcalde, José Mazarías, le pidiera que fuera “correcto” y calificara su intervención de “fuera de lugar”.

La intervención se produjo después de que el concejal de IU Ángel Galindo ironizara sobre las críticas de Vox a la escultura, que representa a un diablillo haciéndose un 'selfie' frente al Acueducto de Segovia. Galindo había aludido al “imponente ciruelo” del personaje y a la envidia como uno de los pecados capitales.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha unificado criterio y ha establecido que un contribuyente que venda una vivienda habitual de su propiedad y reinvierta el importe obtenido en otra vivienda habitual, solo podrá aplicar la exención en IRPF por la parte del precio correspondiente a su porcentaje de participación en el nuevo inmueble si lo compra con otra persona.

De acuerdo con la resolución del TEAC consultada por Europa Press, se fija que el obligado tributario podrá aplicar la exención por reinversión en función del importe que, del total obtenido en la transmisión de la vivienda, destine a satisfacer el precio de la nueva vivienda que se corresponda con el porcentaje de participación que el mismo ha adquirido en dicha nueva vivienda; porcentaje que, en el caso de bienes adquiridos con carácter ganancial sin atribución expresa de cuotas será del 50% para cada uno de los cónyuges.

La resolución precisa que la exención por reinversión no depende de que el contribuyente mantenga en la nueva vivienda el mismo porcentaje de titularidad que tenía en la transmitida, sino del importe efectivamente reinvertido en la adquisición de su derecho de propiedad.

El TEAC analiza el supuesto de un contribuyente que transmite una vivienda habitual de titularidad privativa y, posteriormente, adquiere junto a su cónyuge una nueva residencia habitual bajo el régimen de sociedad de gananciales.

En concreto, se trata de un ciudadano que adquiere el 50% de la nueva vivienda construida en Suances (y no el 100% de la misma), cuyo coste de adquisición, a la fecha en que debió materializar la reinversión, es de 170.091,21 euros, y transmitió su anterior vivienda habitual en 217.739,72 euros, con un saldo pendiente de hipoteca de 44,56 euros, por lo que ya se advierte, en primer lugar, que difícilmente puede reinvertir la totalidad del importe obtenido en la venta.

La cuestión es que el interesado no ha adquirido el 100% de la vivienda nueva, sino el 50%, por lo que la reinversión unicamente puede examinarse considerando lo adquirido por él, esto es, el 50% de la vivienda.

En este contexto, el órgano económico-administrativo concluye que la cantidad susceptible de acogerse a la exención debe corresponderse con el precio de adquisición de la cuota de propiedad que el contribuyente incorpora a su patrimonio en la nueva vivienda.

El tribunal descarta así que un cónyuge pueda aplicar la exención por la totalidad de los fondos procedentes de la venta de su vivienda anterior si una parte de ese desembolso sirve para financiar la participación del otro cónyuge en el nuevo inmueble.

Por tanto, la resolución del Tribunal, adelantada por 'El País', entiende que el beneficio fiscal consistente en la aplicación de la exención de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con la transmisión de una vivienda habitual, cuando dicho importe sea reinvertido en la adquisición de otra vivienda habitual, solo puede aplicarse a aquella parte que redunde en adquisición de titularidad de la nueva vivienda a favor del propio contribuyente.

“Es decir, la exención debe tener como límite la parte del precio de la nueva vivienda habitual correspondiente al porcentaje de titularidad en la misma”, se detalla en la resolución.

Por todo ello, en aquellos supuestos en los que el contribuyente transmite una vivienda de la que venía siendo titular al 100%, reinvirtiendo todo el importe en la adquisición del 50% de una nueva vivienda, la exención aplicable no puede superar el importe del 50% del precio de la nueva vivienda objeto de reinversión. “Lo contrario implicaría el reconocimiento indebido de una exención”, concluye la resolución.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido un nuevo auto en la causa que instruye contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la que rechaza la pretensión de paralizar la investigación fiscal impulsada por la Agencia Tributaria contra la familia Zapatero. Entiende que esa inspección administrativa, que se abrió después de que se conociera la imputación del expresidente, puede discurrir en paralelo a la causa penal.

Fue el pasado 3 de julio cuando la Agencia Tributaria comunicó al juez que había abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunicaba que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destacaba que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En la resolución, el juez señala que, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, debe oponerse a esas solicitudes de suspensión de las actuaciones presentadas por las delegaciones de Hacienda en Madrid y Valencia. Anticorrupción entiende que se da una “ausencia absoluta de correspondencia” entre ambas investigaciones, y que tampoco concurre identidad de sujetos ni hecho imponible entre la investigación penal circunscrita al hallazgo de joyas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero y a la determinación de su origen, y las múltiples actuaciones administrativas abiertas por la Agencia Tributaria. Y recuerda que la suspensión de actuaciones administrativas constituye “una medida excepcional, de aplicación restrictiva”.

Frente a esto, las defensas tanto de el expresidente como de sus hijas y de la empresa Whathefav consideraban que sí se debía suspender la inspección de Hacienda al entender que la investigación penal “tiene por objeto unos hechos al menos parcialmente coincidentes, con los que sirven de fundamento a las actuaciones”. Consideran que la continuación de la tramitación administrativa “haría decaer sus derechos fundamentales, vulnerando la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la prevalencia de la jurisdicción penal y el respeto al principio non bis in idem” -no ser investigado dos veces por los mismo hechos-.

Ahora, Calama recuerda que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal, y explica que en la etapa 1977-1986 el ordenamiento español configuró una preferencia administrativa plena, en la que la jurisdicción penal quedaba condicionada a la previa firmeza de la liquidación tributaria. “A partir de 1986, cuando se abandona la prejudicialidad administrativa necesaria y se instaura una preferencia penal relativa, en la que la mera presentación de la denuncia suspende el procedimiento inspector y el sancionador”, añade.

Tras esto, aclara que las reformas de 2010, 2012 y 2015 introducen un modelo de concurrencia, “que pretende corregir los excesos de los modelos anteriores y permitir una coexistencia ordenada entre la actuación administrativa y la investigación penal”. De esta manera, indica que la Administración recupera protagonismo y puede continuar determinadas actuaciones, aunque sujetas a límites derivados de la necesidad de evitar interferencias con el proceso penal.

Así, recalca que el sistema actual prioriza la continuidad de la actuación administrativa, reserva la paralización para supuestos excepcionales y articula mecanismos para evitar duplicidades sancionadoras, permitiendo que la determinación penal de la cuota ajuste finalmente la liquidación provisional practicada por la Administración.

Calama explica que en este momento el caso Zapatero no tiene por objeto “la investigación de hechos susceptibles de constituir delitos contra la Hacienda Pública”. Esto con la salvedad de la pieza separada abierta por el hallazgo de las joyas, en la que se examinan hechos que sí podrían tener relevancia fiscal. “Ahora bien, dicha relevancia se limita exclusivamente a la determinación del valor de las piezas de joyería intervenidas en su oficina, cuyo alcance fiscal y penal está aún pendiente de concreción y abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones inspectoras referidas a los ejercicios 2022 a 2024”.

Por último, añade que la aportación por los investigados a la Agencia Tributaria de documentación preexistente no implica autoincriminación alguna, al no suponer la generación de información nueva ni la realización de actos de colaboración activa con la investigación penal.

La Agencia Tributaria ha efectuado un cambio en el sistema de corrección de errores fiscales que afecta directamente a autónomos y pequeñas empresas. Con la entrada en vigor de la nueva autoliquidación rectificativa, Hacienda busca simplificar un trámite que históricamente resultaba lento y farragoso para los contribuyentes. Este cambio normativo se introdujo inicialmente mediante la Ley 13/2023 y ha culminado con la aprobación de los nuevos modelos de declaración. A partir de ahora, cualquier fallo detectado en la presentación del Impuesto sobre Sociedades deberá gestionarse bajo este mecanismo único y estandarizado.

Se trata de una medida que pretende reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todo el tejido empresarial. De esta forma, se inicia una etapa de modernización administrativa que obliga a los negocios a modificar sus rutinas de gestión. Los obligados tributarios deben estar atentos a estas novedades para evitar errores en las próximas liquidaciones fiscales. Durante décadas, el procedimiento para subsanar un error dependía de si el fallo perjudicaba a la empresa o a las arcas públicas. Si el negocio dejaba de ingresar dinero, debía presentar una complementaria, mientras que si pagaba de más, solicitaba una rectificación.

Esta dualidad administrativa obligaba a realizar una evaluación previa antes de poder comunicar cualquier tipo de modificación. Sin embargo, la nueva autoliquidación rectificativa unifica ambos trámites en un solo paso, eliminando la estrategia previa condicionada por el resultado. Hacienda ha decidido que todos los escenarios se solucionen exactamente igual, independientemente de quién resulte finalmente perjudicado por el error. Ya sea por olvidar un gasto deducible o por omitir un ingreso, la vía de actuación será ahora siempre la misma. Este cambio elimina una distinción con la que el tejido empresarial llevaba conviviendo prácticamente toda su vida laboral.

El despliegue de esta figura tributaria no se limita únicamente al Impuesto sobre Sociedades, sino que se ha extendido gradualmente a otras figuras impositivas. El proceso comenzó con el IVA a finales de 2024 y continuó con su implementación en la reciente campaña del IRPF de 2024. En el ámbito societario, la Orden HAC/657/2025 aprobó los modelos 200 y 220, adaptando el primero específicamente para este fin. Es fundamental destacar que esta herramienta se aplica a los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio fiscal del año 2024. Las entidades que tributan en el régimen de consolidación fiscal también deben tener en cuenta estas importantes modificaciones normativas.

Aunque el modelo 220 mantiene ciertas casillas tradicionales, las entidades dependientes deben usar el modelo 200 para sus rectificaciones. La normativa propia de cada tributo es la que marca el momento exacto en el que esta vía resulta obligatoria. El Real Decreto 117/2024 fue el encargado de desarrollar reglamentariamente la aplicación de este sistema en cinco impuestos diferentes.

Para utilizar de manera efectiva este nuevo sistema, el contribuyente debe realizar una anotación expresa en el modelo de declaración. Concretamente, en la primera página del modelo 200 se han habilitado casillas específicas para dejar constancia de la rectificación. Resulta imprescindible consignar el número de justificante de la autoliquidación anterior que se pretende corregir o completar en ese momento. Además, el declarante tiene la obligación de indicar de forma clara cuál es el motivo que justifica la presentación de la nueva. Se distinguen principalmente dos causas: las rectificaciones generales y las derivadas de una discrepancia de criterio administrativo.

En el caso de discrepancia, se ha habilitado una casilla especial para detallar el importe de la corrección correspondiente. Es importante notar que el formulario actual no permite adjuntar documentación adicional o alegaciones extensas de forma directa. La autoliquidación rectificativa debe contener tanto los datos que se mantienen como los que son objeto de nueva inclusión.

La principal ventaja que defiende la Agencia Tributaria con este cambio es la agilidad en la tramitación de las posibles devoluciones. Antes, la solicitud de rectificación se gestionaba como un recurso, lo que implicaba plazos de resolución mucho más dilatados. Ahora, al ser el propio contribuyente quien realiza la corrección, el proceso se vuelve mucho más directo para ambas partes. Esta inmediatez beneficia especialmente a las pymes que necesitan recuperar saldos a su favor de forma rápida y sencilla. Hacienda argumenta que este mecanismo evita procedimientos farragosos y reduce la burocracia innecesaria en la gestión de los impuestos. La simplificación técnica permite que un descuido contable no se convierta en un problema administrativo de larga duración. Al unificar los criterios, se dota de una mayor seguridad jurídica al obligado tributario en su relación con la administración.

En definitiva, el objetivo es que la corrección de errores sea un trámite ordinario y no un proceso excepcional. A pesar de la generalidad del nuevo sistema, la normativa contempla una excepción muy específica para ciertos supuestos de rectificación. Las empresas podrán seguir utilizando el método tradicional de solicitud de rectificación en casos de discrepancia jurídica de rango superior. Esto ocurre cuando se alega una vulneración de la Constitución, del Derecho de la Unión Europea o de tratados internacionales. En estos escenarios de batalla legal, la pyme tiene la libertad de elegir entre el sistema nuevo o el antiguo.

Menos tiempos de espera

No obstante, esta flexibilidad desaparece si el motivo de la rectificación se mezcla con un error contable o material. Si existen fallos comunes junto a la discrepancia jurídica, Hacienda obliga a tramitar todo mediante la autoliquidación rectificativa. Por tanto, sigue siendo vital identificar correctamente el origen del error antes de iniciar cualquier tipo de trámite. Esta salvedad protege el derecho del contribuyente a discutir la interpretación de la norma en instancias superiores de justicia.

El éxito de esta transición dependerá en gran medida de la capacidad de los negocios para adoptar las nuevas rutinas. Hacienda confía en que la reducción de los tiempos de espera mejore la satisfacción general de los obligados tributarios. Aunque el cambio puede generar dudas iniciales, la simplificación del procedimiento es una noticia positiva para la mayoría de autónomos. El sistema tributario avanza hacia una mayor transparencia y agilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico. En conclusión, la rectificativa llega para quedarse como la vía preferente de comunicación de fallos ante la Agencia Tributaria.

“A Soledad la agotaron”, resume el responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto. Una visión sobre la ya exdirectora general del fisco, Soledad Fernández —sustituida esta semana—, que coincide con la de José María Mollinedo, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha: “Ella estaba ya cansada porque veía que no podía lograr más avances en el Plan Estratégico”.

La Agencia Tributaria no está acostumbrada a situarse en el centro de la polémica, más allá del protagonismo obligado durante los tres meses de la Campaña de la Renta en los que los contribuyentes cumplen sus obligaciones con el fisco. Pero, de un tiempo a esta parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no ha dejado de copar titulares, bien por las huelgas de su plantilla, por los reveses de la justicia, por investigaciones prominentes o, en el último caso, por un recambio en su cúpula para tratar de calmar las tensiones internas en un organismo con casi 26.000 empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda aprobó esta semana el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general del organismo recaudatorio del Estado, después de que su predecesora, Soledad Fernández, solicitara su relevo al Gobierno. Fuentes gubernamentales confirmaron que esta petición se había cursado hacía meses, pero se llegó al acuerdo de dejar pasar el periodo de mayor tensión del año —la declaración del IRPF— antes de su cese.

Antonio Ansón, inspector de Hacienda y exjefe de gabinete del ‘número dos’ del Ministerio, Jesús Gascón, vuelve a una casa que conoce bien —fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos hace solo unos años— tras una amplia carrera en el ámbito tributario que lo llevó a permanecer ocho años en un puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Pero ni el revés judicial por el caso Shakira, ni el foco por la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni las negociaciones para una financiación singular para Catalunya están detrás de la salida de Soledad Fernández. Los sindicatos apuntan a que la ya exjefa del fisco estaba “cansada” y “agotada”, tras cuatro años de mandato en los que no consiguió su objetivo principal: reforzar el organismo y recuperar el desarrollo de la carrera profesional de su plantilla.

Hizo frente a la primera huelga en campaña de la renta

En el comunicado en el que el Ministerio de Hacienda confirmaba la salida de Fernández, fuentes del Ministerio señalaban que se producía cuando “se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027” que ella misma puso en marcha al frente del organismo. Un programa para reforzar controles contra el fraude y también el número de efectivos, en resumen.

Pero uno de sus compromisos, el de recuperar el desarrollo profesional, no se ha llevado a cabo. Esta fue la razón de la huelga convocada en el organismo hace un mes, en plena visita del papa León XIV, por el sindicato CSIF. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“Cuando Soledad empezó, le hicimos un encierro por una serie de incumplimientos y ella dijo que lo intentaría arreglar, pero después de cuatro años no ha arreglado nada”, critica García Soto en conversación por teléfono.

“La parte del león del plan estratégico, la de los medios personales, estaba bloqueada y no ha sido capaz de tomar una decisión y seguir hacia delante”, señala Mollinedo, de Gestha.

La propia Fernández reconoció su frustración durante la última presentación de la campaña de la renta cuando, a preguntas de los periodistas, reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”. Y después enfadó a todos los sindicatos con unas declaraciones sobre la imposibilidad de ir a la huelga durante las presentaciones del IRPF. Algo que terminó sucediendo.

Desde UGT señalan que la caída de Fernández se aceleró cuando intentó un concurso de carrera vertical que beneficiaba únicamente a los salarios más elevados de la plantilla, algo que se habría frenado por parte del ministro de Hacienda, Arcadi España, que habría reclamado “paz social” en el organismo.

La mano derecha del 'número dos' de Hacienda

La respuesta del Gobierno ha sido colocar al jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que antes fue director general de la Agencia Tributaria, al frente del organismo. El currículum de Ansón no está en duda y Gestha —que pone en valor que antes de inspector, fue técnico de Hacienda— cree que su conocimiento de la organización permitirá poner orden.

Pero en UGT critican el “perfil bajo” del nuevo nombramiento, sin apenas significación política. “Es un movimiento tremendamente corporativo”, deplora el sindicalista de UGT.

La experiencia de Ansón como jefe de gabinete de Gascón también le da un conocimiento específico de todos los movimientos que el Gobierno está llevando en financiación autonómica o de las negociaciones para el trabajo en red con agencias tributarias regionales.

Un aspecto que, precisamente, preocupó a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, al que le reclamaron, en un comunicado tras conocerse su nombramiento, que evite “injerencias externas” e impida “cualquier fragmentación de la AEAT, de la caja común, del sistema de información tributaria y defienda a sus funcionarios evitando que se produzcan traslados forzosos o situaciones que impidan su movilidad”.

Además de Fernández, también se conoció la salida de los responsables de Recaudación, Virginia Muñoz, y de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo. Desde Hacienda descartaban una crisis en la cúpula y apuntan a que ambos altos cargos se han presentado a altos cargos en embajadas en el extranjero, de los que tomarán posesión en los próximos meses.

Ansón se reunió, el martes, con su antecesora y con España en una de las salas más nobles del Ministerio de Hacienda. El reto que tiene por delante es mayúsculo y la polémica no tiene visos de amainar. De momento, Vox ha reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso para explicar los cambios en el organismo. Y CSIF, el sindicato que convocó la huelga en junio, ya ha advertido que seguirán las movilizaciones en septiembre para mejorar sus condiciones laborales.

El Gobierno sigue dando pasos en la aprobación de los presupuestos para 2027, un camino que se antoja cada vez más cuesta arriba al Ministerio de Hacienda, porque las intenciones de La Moncloa de presentar las primeras cuentas de la legislatura chocan con unos socios –singularmente, Junts y Podemos– que no parecen estar muy por la labor de apoyarlos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la pata que le faltaba al Gobierno para el diseño de los presupuestos: el techo de gasto, que es la cifra clave con la que el Ejecutivo procede a financiar cada uno de los capítulos de las cuentas públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que el de 2027 será de 226.032 millones, un 6,6% más –excluidos los fondos europeos– que el de la ley de 2026, que La Moncloa renunció a presentar.

“Es la cifra más alta jamás aprobada”, se felicitó España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete, un número que “no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia”, incidió.

Por ponerlo en perspectiva, el último presupuesto de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, de junio de 2018, contó con un techo de gasto de 119.834 millones. Es decir, en solo ocho años los recursos de las cuentas públicas han sumado 106.198 millones, prácticamente el doble (88,6%). Y el efecto no es únicamente por la subida de los precios: desde junio de 2018 la inflación acumulada es del 25%.

Sumar saca pecho, Podemos y Junts critican

El Gobierno ha tirado de chequera para elaborar las cuentas públicas con “los mayores recursos de la historia” para “blindar el Estado del bienestar”, dijo el ministro de Hacienda. Pero estas cifras abultadas parecen más un canto de sirena con el que tratar de contentar a unos socios que, a puertas de un año electoral, no parecen dispuestos a darle ese balón de oxígeno al Gobierno.

Incluso dentro de la propia coalición. Fuentes de Sumar se apresuraron a anunciar que habían alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar el techo de gasto en 1.500 millones de euros, una cifra con la que se encuentran “satisfechos”, ya que dará más margen en ese eventual presupuesto para financiar más políticas sociales.

El techo de gasto no se vota en el Congreso, como sí sucede con los objetivos de estabilidad presupuestaria, el corsé para las administraciones públicas. El gobierno ha fijado un déficit del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. Y la corrección de este desequilibrio irá a cuenta de la Administración Central, ya que las comunidades autónomas contarán con un margen del 0,1% del PIB durante el trienio. 5.849 millones de euros de holgura, en total.

Y estas cifras no han gustado a dos socios cuyos votos son clave para pasar el filtro de las Cortes Generales. Ni Podemos ni Junts están entusiasmados, lo que aboca a la senda de déficit a una derrota el próximo 14 de julio y, previsiblemente, en una segunda votación en un Pleno extraordinario el 23 de este mes.

“Por lo que sabemos, estamos hablando básicamente de la misma propuesta que se produjo hace un año y, obviamente, quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, dijo este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ya el año pasado se abstuvo en las dos votaciones que el Gobierno llevó al Congreso. Ese techo de gasto “amplio”, a su juicio, no se está empleando en la mejora de los servicios públicos, como defiende el Gobierno, sino en “reforzar los compromisos militares de España” y “contribuir a la escalada militar”.

Un argumento calcado al de Junts, el hueso más duro de roer para La Moncloa. “Si el gobierno español hace las mismas propuestas que los años anteriores, obtendrá el mismo resultado y no podrán contar con nuestro voto”, indican fuentes de los posconvergentes, que ya el año pasado tumbó los dos intentos del Ejecutivo por aprobar la senda de estabilidad. “El PSOE persiste en el error. La misma fórmula de siempre —no pagar a Catalunya— que pretenden que compremos a cambio de nada”, apuntan.

En el pasado, el partido de Carles Puigdemont argumentó su rechazo en que el Gobierno se reservaba el grueso del déficit, que debería repartir en tercios para cada nivel de la Administración (Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos). Eso supondría darle este año a las regiones un margen del 0,6% del PIB.

Pero en Hacienda argumentan que, en realidad, una vez descontadas las transferencias a la Seguridad Social y la recaudación del impuesto a la banca (que capta el Ejecutivo, pero remite a las comunidades), el objetivo de la Administración central y las regionales es el mismo: un déficit 0,2%. Tesis que no convence a Junts.

“Invito y pido al PP que reflexione, que no es el momento de partidismos y no es el momento de estar pensando en jugadas electorales”, dijo España desde la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha tratado de tentar a las comunidades peor financiadas, que son del PP, para tratar de forzar las costuras del partido. “Cada territorio y sus diputados deberían votar en función de sus intereses y del conjunto del país, y no de la calle Génova”, abundó el titular de Hacienda.

Si decae en dos ocasiones la senda de estabilidad, el Gobierno tendrá libertad para redactar sus Presupuestos con toda la flexibilidad presupuestaria, mientras que las comunidades tendrán que elaborar sus cuentas en equilibrio. Pero esas dos votaciones son batallas menores. La idea en La Moncloa es presentar el proyecto en septiembre, a la vuelta del verano. Y ahí se decidirá el futuro de la legislatura.

El Gobierno ha escogido a Antonio Ansón, jefe de gabinete del actual secretario de Estado de Hacienda, como nuevo director general de la Agencia Tributaria (AEAT), que tomará las riendas del organismo tras la salida anunciada de su actual dirigente, Soledad Fernández.

El Consejo de Ministros de este martes ha designado a Ansón (Zaragoza, 1962), que es licenciado en Derecho e inspector de Hacienda del Estado desde 1999, dada su “amplia y reconocida trayectoria profesional en la Administración tributaria, donde ha desempeñado numerosos puestos de responsabilidad”.

Fuentes de Hacienda han destacado su “profundo conocimiento” de la Administración tributaria y del sistema fiscal español, que unido a “experiencia pública y a su sólida trayectoria internacional, avalan un perfil especialmente cualificado para asumir la dirección de la Agencia Tributaria en esta nueva etapa”.

La semana pasada el Ejecutivo anunció que la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, había pedido su relevo al frente del organismo recaudador. Una salida solicitada hacía meses y que habían acordado que se produciría al final de la campaña de la renta, que terminó el 30 de junio.

Según destacaron entonces desde el Ejecutivo, no se trataba de una “dimisión” ni de una crisis en la cúpula (otros dos responsables han pedido salir), sino que “tras realizar un gran trabajo durante cuatro años al frente de la AEAT” y encarrilar el citado plan estratégico, la propia Fernández había pedido su cese.

El nuevo director general de la Agencia Tributaria es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, máster en Dirección Pública (2010) y ha completado el Programa de Liderazgo Digital para Administraciones Públicas (2023), ambos impartidos conjuntamente por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Ansón ha sido responsable del Centro de Atención Telefónica al Contribuyente entre 1999 y 2006, jefe de Coordinación de Administraciones de Hacienda en Madrid entre 2006 y 2007 y subdirector general de Planificación y Programación entre 2007 y 2010. Posteriormente, ocupó el puesto de adjunto al jefe regional de Recaudación de la Delegación Especial de Madrid entre 2010 y 2011.

Asimismo, desarrolló una parte significativa de su trayectoria en el ámbito de los recursos humanos de la Agencia Tributaria, primero como subdirector de Gestión Administrativa de Personal y posteriormente como director adjunto del Departamento de Recursos Humanos. Entre 2013 y 2014 ejerció además como jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en la Delegación Especial de Madrid.

Su experiencia y conocimiento de la administración tributaria le llevaron a incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, donde desarrolló su actividad profesional durante ocho años, entre 2014 y 2022, en el Departamento de Finanzas Públicas (Fiscal Affairs Department, FAD). En esta institución desempeñó funciones de especialista en administración tributaria y aduanera como consejero técnico y, desde 2016, como economista sénior.

Volvió a España a finales de 2022 y, primero, ocupó el cargo de jefe de Estudios para la Dirección Pública en el Instituto de Estudios Fiscales (2022-2023), fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT (2023-2024) e investigador en Administración Tributaria del IEF (2024-2025). Desde abril de 2025 desempeñaba el puesto de director del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. El propio Gascón, que por su cargo preside la AEAT, fue antes su director general.

La acusación popular en el caso de la pareja de Ayuso, que ejercen PSOE y Más Madrid, ha presentado un escrito en el que pide al juez Antonio Viejo que agilice de una vez la pieza separada contra Alberto González Amador. En este caso, las formaciones parten de los recientes informes de la UCO y la Agencia Tributaria para solicitar una batería de medidas entre las que figura la imputación de Quirón Prevención, como persona jurídica, por haber participado presuntamente de los delitos fiscales que se exponen.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular vuelve a pedir la imputación de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y que todavía no ha sido llamado a declarar pese a estar en el centro de la comisión de las mascarillas con la que González Amador ganó cerca de 2 millones de euros. Luego, González Amador habría comprado una empresa sin apenas valor a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, para pagar a este una comisión de medio millón de euros por haber impulsado la compraventa que generó la comisión a partir de su silla en el consejo de administración de una empresa llamada Mape.

PSOE y Más Madrid quieren que, además de a Camino, se impute por delito fiscal y falsificación de documentos a Gloria Carrasco y a Quirón Prevención. En el caso de esta última, el escrito alude a que, como exponía la Agencia Tributaria*, González Amador estuvo ingresando de la empresa sanitaria por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios.

La pareja de Ayuso ya está imputada por dos delitos fiscales en concurso con falsificación de documentos en la pieza principal, que aguarda se fije la fecha del juicio. “Todo está unido y conectado de manera indiscutible y por ello en el marco de esta pieza [separada] debe investigarse también los delitos fiscales en concurso con otros en que se hubiera podido incurrir”, reza el escrito de la acusación popular en alusión a Gloria Carrasco, Fernando Camino y Quirón Prevención.

Para todo ello, la acusación popular pide al juez que encargue un informe a la Agencia Tributaria que determine la posible existencia de los delitos fiscales. Hacienda comunicó al juez que realiza inspecciones a Quirón, Camino y Gloria Carrasco y que las detenía toda vez que el juzgado realizaba una investigación por los mismos hechos. PSOE y Más Madrid creen que eso no es obstáculo para que ahora Antonio Viejo ordene a la Agencia Tributaria trabajar a sus órdenes y que profundice en su afirmación de que las relaciones económicas entre las empresas de González Amador y Qurión Prevención son “indiciariamente ficticias”.

PSOE y Más Madrid llevan desde 2025 solicitando una serie de diligencias que nunca se han llegado a acordar. Lo hicieron a partir del único avance que ha tenido esta pieza separada, la declaración como investigados de Gloria Carrasco y Alberto González Amador, las cuales presentaron importantes contradicciones entre ellas sobre la compraventa de Círculo de Belleza, origen del presunto pago de la comisión.

A partir de ahí, la acusación popular vuelve a solicitar que declare Camino como investigado y se cite al director de grandes cuentas de Quirón como testigo. En el mismo sentido insisten en su petición al juez de que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía emita un informe de las relaciones societarias y económicas de González Amador y la pareja Camino-Carrasco.

Entre la documentación a la que aspiran PSOE y Más Madrid figura la política y composición del Comité de Riesgos de Quirón, las relaciones con los proveedores, la investigación interna a González Amador a raíz de las revelaciones de elDiario.es y la querella de la Fiscalía y el Código de Conducta de la empresa. Tal y como publicó elDiario.es, el informe de la UCO apunta a un posible incumplimiento de este Código de Conducta por parte de Quirón, algo sobre lo que la empresa no se ha pronunciado desde que estallara el caso en marzo de 2024.

Investigar a Alberto 'Burnet' González

La acusación popular pide que se aporten las comunicaciones entre el matrimonio y González Amador previas a los hechos investigados, tanto correos electrónicos como los metadatos de las llamadas o el contenido de los chats de mensajería instantánea. Igualmente solicitan que se de traslado a la UCO de la información publicada por elDiario.es en diciembre de 2025 según la cual Alberto González Amador seguía operando en Quirón con una identidad falsa que figura en la intranet del gigante sanitario y también en su correo corporativo, Alberto Burnet González.

La acusación popular aprovecha su escrito para recordar que ha presentado cinco escritos desde el 5 de mayo de 2018 solicitando diligencias que no han sido siquiera contestados. “El proceso está estancado”, llega a decir el último presentado.

“Esta falta de actividad procesal y de diligencias solicitadas es perjudicial también para la elaboración del informe de la UCO (...) ya que dicha unidad podría contar con más declaraciones y documental para la elaboración de estos y no lo va a poder hacer si no se remedia debido a la paralización de la instrucción”, alegan PSOE y Más Madrid.

Entre esa documentación que debe tener la UCO es la que resulte de un requerimiento judicial para conocer el patrimonio de González Amador, dice el escrito, que se queja de que recientemente el juez haya negado a la propia Guardia Civil su intención de acceder a la información societaria y tributaria de Gloria Carrasco y González Amador, como le había solicitado, y permitir únicamente un análisis de sus cuentas bancarias desde 2014.

*FE DE ERRORES: En el texto inicial se decía que era la UCO quien sostenía que González Amador estuvo ingresando de Quirón por unos servicios que no podía prestar la empresa con los que los facturaba por carecer de medios, cuando quien lo sostenía era la Agencia Tributaria, según detallaba el propio informe de la UCO.

Vivir desahogado con deudas es también una cuestión de clase. La burguesía sabe que nosotros estamos ahí para servirles, ya sea como en la época feudal, o parasitando las arcas públicas sin complejos. Cada año nos enteramos de que mantenemos a una recua de sanguijuelas que, ellas o sus empresas, deben más de un millón de euros a Hacienda, como mínimo, y acaban cocinando en Masterchef, con programas en televisiones públicas o creando nuevas empresas con las que seguir cobrando dinero de todos mientras las antiguas se cierran con deudas millonarias y sin que genere ningún coste a la persona que gestionó la empresa ruinosa. La clase trabajadora es distinta, manejar deudas le genera vergüenza social, las clases populares antes se quedan sin comer que deber un euro, no pueden vivir en paz sabiendo que deben algo por nimio que sea. Sin embargo, los morosos de la burguesía viven con ese modus operandi en el que un préstamo tapa una deuda para seguir encadenando pufos. Deber es un patrimonio existencial de las clases burguesas parasitarias y los emprendedores sin vergüenza.

Benito Pérez Galdós en Misericordia explicó de manera detallada cómo funciona la moral de los morosos de Hacienda. Doña Paca, la protagonista, no era diferente a los que salen en la lista: una deudora estable, sistemática y crónica de la burguesía que no ve los préstamos y las deudas como un debe, sino como un modo de vivir. Para ella pedir dinero es una manera de tirar hacia adelante porque no tiene intención alguna de pagarlo sino de tapar el antiguo con el nuevo. La culpa no existe porque considera que alguien de su clase no debe, vive así porque lo merece. La mentalidad de Doña Paca es la de los morosos fiscales que aparecen en la lista de Hacienda. Consideran que es una afrenta a su reputación porque tienen la firma convicción de que no deben, que es suyo, que el dinero de todos está para servirles y mantener su nivel de vida. El nuevo títere de la reacción, que antes defendía los impuestos como el tenue socialdemócrata que era, y que responde al nombre de Soto Ivars lo decía estos días: “La lista de morosos es el panteón de los héroes”. Lo dice porque ahora la clase a la que sirve le obliga, pero ver a las mascotas expresarse es una manera de saber lo que piensan los que les pagan y que no suelen abrir la boca.

Como consejo fiscal, si quieres deber a Hacienda es mucho mejor que pases del millón de euros y no te quedes en la sanción por no haber domiciliado la cuota de autónomos o por no haber pagado una multa que no te ha sido notificada. Es muy posible que acabes antes embargado, sin poder contratar con la Administración, siendo un pobre hombre sin suerte que un moroso millonario. Porque todos estos que salen en la lista y deben más de un millón de euros siguen creando empresas, otras nuevas, limpias de polvo y paja, cerrando la otra para que tenga como único patrimonio la deuda y seguir funcionando viviendo con todos los lujos que alguien que paga cada céntimo jamás soñaría. Es frustrante asistir a los ejercicios de desvergüenza que debiendo por encima del millón de euros viven en casas que saldarían la deuda si fueran embargadas.

Se ha puesto de moda entre morosos y participantes de empresas con deudas millonarias con Hacienda compartir por redes sociales un justificante de estar al corriente de la Agencia Tributaria como si eso les exonerara de estar incluidos en la lista. Se puede deber esa pasta y conseguir uno de esos papelitos, o bien por querer confundir la persona física con la persona jurídica o bien por el hecho de que cuando llegas a un acuerdo con Hacienda para un plan de pagos fragmentando el pago de la deuda de manera inmediata se puede conseguir ese certificado sin que eso suponga que la deuda está pagada. Son diferentes maneras de engañar a los incautos que les siguen, pero no engañan a gente formada y con un mínimo intelecto y sobre todo que tiene una moral mucho más aseada.

Sonsoles Ónega llamó a la lista de morosos de hacienda en su programa: “La lista de la vergüenza”, con mucha ira y rabia, con demasiada inquina personal, entiendo y asumo que porque conoce a alguien cercano que está en esa lista y que considera que lo está de manera injusta, porque nadie que debe más de un millón de euros merece vergüenza. Son patriotas. Un autónomo que no puede afrontar el pago de una multa por pago con retraso sí, ese es un ladrón, pero quien debe un millón de euros es un pobre emprendedor tratado de manera injusta por el Estado insaciable. No soy capaz de entender qué tienes que hacer para acumular una deuda por encima de un millón de euros porque alguien con mi concepción de clase, en el momento en el que viera que una actividad de la que participo genera deuda acabaría finiquitada en los estadios iniciales antes de llegar a acumular un salario mínimo de deuda. No hay nadie que tenga su trabajo como patrimonio que pueda acumular esa cantidad de deuda sin ser un canalla, un delincuente, un desahogado o un burgués que cree que la deuda está para servir a sus caprichos.

El caso Andic suma una derivada política (y, tal vez, fiscal) a la investigación judicial y al juicio mediático paralelo. El grupo parlamentario de los Comuns ha registrado ante el Parlament tres preguntas para que la Hacienda catalana responda sobre uno de los elementos más controvertidos de la causa sobre la muerte del fundador de Mango: la herencia en vida que Isak Andic habría legado a su hijo Jonathan.

“Es un caso de relevancia pública y es necesario que las grandes transmisiones patrimoniales tributen de acuerdo con la normativa vigente”, argumenta el portavoz parlamentario de los Comuns, David Cid.

En concreto, los Comuns quieren saber si la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) tiene constancia de alguna donación o transmisión patrimonial efectuada en vida por Isak Andic en favor de su hijo Jonathan. De ser así, el grupo parlamentario también solicita si se presentó la autoliquidación correspondiente al impuesto de sucesiones y cuál fue el importe declarado y liquidado por el tributo.

La jueza de Martorell (Barcelona) que investiga por homicidio a Jonathan Andic ha puesto la cuestión del dinero en el centro de las pesquisas, al atribuir al primogénito un móvil económico para acabar con la vida de su padre.

La magistrada ha solicitado las conversaciones de WhatsApp de la víctima entre el 1 de mayo de 2024 y el día de su muerte para comprobar los “aspectos económicos de la herencia” del fundador de Mango.

La investigación ha desvelado que las cuestiones económicas fueron motivo de controversia entre padre e hijo, hasta el punto de formar parte de las sesiones que ambos mantuvieron con una autodenominada terapeuta. La defensa mantiene que los Andic superaron sus diferencias.

Según la jueza, a iniciativa de la autodenominada terapeuta, el fundador de Mango cedió a su hijo una herencia en vida que, sin embargo, la defensa mantiene que el investigado nunca llegó a cobrar.

En su recurso contra el millón de euros que la jueza le impuso como fianza, la defensa de Jonathan Andic manifestó que el “adelanto de herencia” no era fruto de la “obsesión por el dinero” que la magistrada atribuye al investigado, sino “una herramienta de inicial independencia que pronto fue renunciada por el propio Jonathan Andic”.

Además, la defensa negó que la fundación benéfica a la que el fundador de Mango planeaba dejar parte de su fortuna fuera motivo de discordia con sus hijos, tal y como corroboraron las declaraciones judiciales tanto de Jonathan como de sus hermanas Sarah y Judith. A los tres Isak Andic planteó un testamento equilibrado, indicó la defensa.

A la espera de confirmar si ese “adelanto” tributó, a los 40 millones que Isak Andic habría legado en vida a su hijo les correspondería una tributación por impuesto de donaciones de entre 3,6 y 3,9 millones, apuntan fuentes conocedoras del caso.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de España, el Código Civil de Catalunya regula lo que popularmente se conoce como herencia en vida a través de la figura del pacto sucesorio.

Causante y herederos se ponen de acuerdo en el reparto de bienes antes del fallecimiento, y para modificarlo es necesario otro acuerdo de todas las partes. Luego se declara a la ATC y tributa por el impuesto de sucesiones, que ofrece mayores reducciones y beneficios fiscales que el de donaciones.

La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunica que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.

La Agencia Tributaria explica a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.

Como es habitual, Hacienda considera que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recuerda que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.

A pesar de que el magistrado en la providencia por la que da traslado de las comunicaciones a Fiscalía habla de los ejercicios 2021 a 2025, en realidad las comunicaciones de Hacienda se refieren a un periodo mayor en el caso del impuesto de las grandes fortunas (2002-2024).

La Agencia Tributaria (AEAT) ha cerrado la Campaña de la Renta 2025 con 25.613.000 declaraciones presentadas, un 4,6% más que en la del año pasado, de las que 16 millones han resultado a devolver.

El Ministerio de Hacienda ha informado este viernes de los principales resultados de la declaración anual del IRPF, el periodo de mayor actividad del año, tras el final de la campaña el pasado martes. Según los datos de la Agencia Tributaria, hasta ayer ya se han devuelto 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes.

Esto supone que las devoluciones abonadas han aumentado un 3% en cuanto al número y un 2,9% en cuanto al importe, en comparación con la misma fecha del año pasado. De las 16.376.000 declaraciones a devolver, ya se han abonado el 79,1%. En total, Hacienda prevé ingresar 14 millones de euros que los españoles abonaron de más.

Al otro lado, 7.475.000 han salido a pagar, un 7,8% más que hace un año, que tendrán que ingresar más de 24,7 millones al fisco. Esto supone casi un 20% más que hace un año.

Los datos de cierre superan las previsiones presentadas al inicio de la campaña de la renta, cuando se estimaba que llegarían 25.251.054 declaraciones, gracias a la creación de empleo del último año, de las que 15,7 millones iban a ser a devolver (13.271 millones) y 7,7 millones a pagar (24.628 millones de euros).

Más de 53.700 complementarias

A lo largo de la campaña se han recibido 53.700 declaraciones complementarias, después de que se remitieran casi 160.000 cartas preventivas a contribuyentes para que revisaran los números presentados al fisco. Con estas rectificaciones, apunta Hacienda, se ha evitado “una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones”.

Además de la presentación del IRPF, la Agencia Tributaria también ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que deben ingresar todos aquellos contribuyentes con bienes y derechos por un valor superior a los dos millones de euros.

La campaña se ha saldado con más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.

La campaña de la Renta 2025 ha terminado oficialmente este pasado 30 de junio, dejando a miles de contribuyentes en una situación de irregularidad fiscal. A partir de ahora, cualquier presentación se considera fuera de plazo y activa automáticamente el régimen sancionador de la Agencia Tributaria. Hacienda dispone de diversos mecanismos para penalizar este retraso, que van desde recargos porcentuales hasta multas fijas, dependiendo de cada caso. El impacto económico varía sustancialmente según si el resultado de la autoliquidación es a ingresar o a devolver. Es fundamental entender que el tiempo es ahora el peor enemigo del ciudadano rezagado.

La Administración distingue entre quienes actúan por voluntad propia y quienes esperan un requerimiento oficial. Por ello, conocer las consecuencias financieras es el primer paso para minimizar el daño al bolsillo. No cumplir con esta obligación tributaria puede acarrear costes imprevistos que superan con creces la deuda original. La normativa española establece una diferencia clave entre la regularización voluntaria y la que se produce tras un requerimiento administrativo. Si decides presentar la declaración ahora sin haber recibido una notificación previa, las consecuencias serán notablemente más leves. En este escenario de buena fe, se aplican recargos por extemporaneidad que sustituyen a las sanciones más graves. 

Sin embargo, si es Hacienda quien detecta la omisión y envía una carta al respecto, se abre un proceso sancionador. En tales circunstancias, las multas dejan de ser pequeños porcentajes para convertirse en castigos financieros de gran calado. La rapidez en la respuesta del contribuyente es determinante para evitar que el expediente escale a mayores. Un simple descuido puede transformarse en una pesadilla fiscal si se decide esperar a que el fisco actúe. Por lo tanto, la mejor estrategia actual es realizar el trámite de forma inmediata tras el vencimiento.

Para las declaraciones con resultado a ingresar, se aplica un sistema de recargos mensuales que incentiva la presentación voluntaria de los ciudadanos. El recargo inicial es de tan solo un 1% si el trámite se completa durante el presente mes de julio. A esta cifra se le añade un 1% adicional por cada mes completo de retraso acumulado. De este modo, si la presentación se demora hasta agosto, la penalización sube al 2%, y en septiembre será del 3%. Este mecanismo busca que el contribuyente no dilate su deuda con el erario de manera indefinida. Aunque es una carga extra, resulta menos costosa que las sanciones derivadas de una infracción tributaria formal. El cálculo se efectúa sobre la base de la cantidad que el ciudadano debía haber ingresado inicialmente. Debes tener en cuenta que estos importes pagados por demora no son deducibles en futuros ejercicios fiscales.

Si el retraso supera los doce meses, la presión financiera sobre el contribuyente aumenta significativamente de forma inmediata y automática. En este punto, el recargo fijo se eleva hasta el 15% del total de la deuda que estaba pendiente de pago. Además, una vez sobrepasado el año de demora, comienzan a aplicarse los intereses de demora correspondientes por ley. Actualmente, este interés legal se sitúa en el 4,0625% anual, encareciendo el pago de forma progresiva. La Agencia Tributaria cuenta con un plazo de prescripción de cuatro años para reclamar estos cobros. Esto implica que el riesgo de ser detectado y sancionado persiste durante un periodo de tiempo muy prolongado. 

El escenario más peligroso ocurre cuando Hacienda envía el requerimiento oficial o la denominada “carta del miedo” al domicilio. Si la Administración detecta el incumplimiento antes que el ciudadano, las sanciones pueden oscilar entre el 50% y el 150%. La cuantía final dependerá de la gravedad de la falta y de si existe ocultación de datos relevantes. Si la deuda no supera los 3.000 euros y no hay dolo, la infracción se suele calificar como leve. Sin embargo, el uso de métodos fraudulentos dispara la sanción al rango de muy grave con costes máximos. Es posible reducir la multa un 30% si se acepta la sanción sin presentar alegaciones posteriores. También se puede obtener un descuento adicional del 40% por el pronto pago de la deuda notificada. Sin una reacción rápida, la factura final con el fisco puede llegar a triplicar la cantidad inicial.

Existe la creencia errónea de que, si la declaración sale a devolver, no existen multas por el retraso. No obstante, la obligación de declarar existe independientemente del resultado final de la autoliquidación presentada. Si el contribuyente presenta voluntariamente el trámite fuera de plazo, la multa fija es de 100 euros. Si media un requerimiento oficial por parte de Hacienda, esta sanción obligatoria asciende hasta los 200 euros. Este castigo se impone por el mero incumplimiento del deber administrativo de informar en el periodo establecido. En caso de que Hacienda deba devolver dinero, restará automáticamente la multa de dicho importe total. Así, incluso los ciudadanos con derecho a devolución pueden ver mermados sus ingresos por no ser puntuales. 

Diferentes penalizaciones

Muchos optan por el fraccionamiento de pago en dos plazos para aliviar la carga económica del impuesto. El primer pago del 60% se cobra el 1 de julio, mientras que el 40% restante se pospone hasta noviembre. Si no se dispone de fondos en la cuenta para el segundo pago, se activan recargos ejecutivos. Si el ingreso se hace voluntariamente antes del requerimiento, el recargo es del 5% sobre lo pendiente. Si Hacienda debe enviar una notificación para reclamar el pago, la penalización sube al 10% del total. En situaciones de impago persistente tras el requerimiento, el recargo de apremio puede alcanzar el 20%. A estas cifras se sumarán nuevamente los intereses de demora del 4,0625% sobre la cantidad no satisfecha. Mantener la vigilancia sobre los saldos bancarios en las fechas de cobro es crucial para evitar estos recargos. El sistema automatizado de cobros no admite demoras sin aplicar las penalizaciones legales.

Consultoras expertas en fiscalidad como Esofitec consideran que “antes de asumir que un error en la renta es irreversible, conviene revisar si aún se está a tiempo de una rectificativa”, asegura Óscar Mateo, T&A Business Unit Manager de Esofitec, quien considera que, “en muchos casos, lo que el contribuyente cree perdido en realidad se puede recuperar con la Agencia Tributaria”.

En definitiva, el fin de la campaña de la Renta 2025 marca el inicio de un período de riesgos financieros. Actuar con celeridad es la única herramienta eficaz para evitar que las penalizaciones escalen sin control. El apoyo de expertos o plataformas especializadas puede simplificar enormemente este trámite fuera de plazo. La Agencia Tributaria dispone de sistemas para localizar a los no declarantes en los próximos cuatro años. No presentar el documento a tiempo resulta siempre más caro que afrontar la cuota en el periodo voluntario. Los contribuyentes deben recordar que el coste de la demora crece cada mes que pasa sin regularizar.

Hola.

¿A punto para las vacaciones o las haces en agosto? Imagino que a estas horas ya tendrás destino.

El Ayuntamiento de Venecia, bajo la iniciativa de su nuevo alcalde conservador Simone Venturini, está estudiando una propuesta para endurecer drásticamente la tasa de acceso a la ciudad, elevándola hasta los 50 euros para los visitantes de un solo día en las jornadas de máxima afluencia. Esta medida busca reforzar el efecto disuasorio frente al turismo de masas de corta duración, el cual se proyecta que continuará creciendo en las próximas décadas. 

No sé si has visitado alguna vez Venecia. Yo estuve una Navidad hace ya más de diez años y sí, me pareció que éramos muchos. No es muy distinto a un paseo por los lugares más emblemáticos de Barcelona (Sagrada Família, Las Ramblas), el centro de Madrid, la Alhambra de Granada, Mallorca… la lista es larga.

En Barcelona se acordó duplicar progresivamente el importe actual para que en 2029 se sitúe entre los 10 y 15 euros por persona y noche. En Baleares, que aplica su denominada ecotasa desde 2016, la tarifa oscila entre 1 y 4 euros por persona y noche en temporada alta. Toledo recauda entre 1 y 1,5 euros por turista a través de los autobuses que llegan y en Euskadi entrará en vigor el 1 de enero de 2027 con una horquilla de entre 0,50 y 7 euros en función del tipo de alojamiento. Incluso el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha abogado abiertamente por “monetizar” Las Fallas valencianas, señalando que es necesario obtener un mayor rédito económico de los miles de turistas que visitan la ciudad durante la semana.

Venecia cobra hoy entre 5 y 10 euros con numerosas exenciones. La propuesta de subir la tasa hasta 50 euros ha desatado un intenso debate político y social entre quienes defienden la tasa y quienes la consideran ineficaz. Un poco como aquí, y la verdad es que no entiendo a los detractores.

El modelo turístico actual, enfocado exclusivamente en hacer caja y crecer en volumen, está destruyendo la calidad de vida en destinos abarrotados como Baleares, Barcelona o Venecia, advierten varios expertos. No solo es un sector subvencionado —con un IVA reducido del 10% y uso de recursos públicos que no costea—, sino que además su crecimiento desorbitado se traduce en graves problemas de acceso a la vivienda (con residentes viviendo en caravanas), saturación en los servicios sanitarios, colapso en las infraestructuras de transporte y degradación del entorno. 

Guillem López-Casanovas lo resumía hace unos días, en un debate sobre el impacto del turismo de masas y el origen de la turismofobia, de esta manera tan gráfica: “El turismo de marcharse el fin de semana a comer una pizza a Florencia es un disparate”. Un reciente informe de Funcas examina cómo los impuestos turísticos pueden actuar como una herramienta estratégica para gestionar la saturación turística. El autor, Aleix Calveras, argumenta que, lejos de perjudicar la competitividad, una tasa bien diseñada mejora la calidad del destino al atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y reducir los impactos negativos sobre los residentes. Mediante el análisis del caso de las Islas Baleares, sugiere que los gravámenes actuales son insuficientes y concluye que sería necesario un incremento sustancial en el importe del impuesto –de entre 15 y 20 euros– para lograr una reducción real de la presión turística. 

El único “pero” que veo a todo esto es si no estamos favoreciendo que sólo puedan darse determinados caprichos los más pudientes. Algunos economistas reconocen que, ante la imposibilidad de ahorrar para comprar una vivienda, los jóvenes consumen estos viajes baratos como su único bien de lujo accesible.

El dato

12.000

Son los empleos directos que se prevé que se crearán cuando estén en marcha las cuatro grandes fábricas de baterías que se están construyendo de forma simultánea en Aragón, la Comunitat Valenciana, Extremadura y Euskadi. Además de miles de puestos adicionales en proveedores, logística, construcción y servicios auxiliares. Estos proyectos han situado a España entre los principales polos europeos de producción de celdas de almacenamiento de electricidad. Las inversiones que empujan esta transformación superan los 13.000 millones de euros.

El gráfico

El sector tecnológico global está experimentando un notable trasvase de capital y protagonismo en los mercados financieros, impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial. Mientras que las grandes big tech, que ahora se agrupan bajo el acrónimo de MANGOS, empiezan a sufrir la impaciencia de los inversores —quienes exigen ver rentabilidad real tras las milmillonarias inversiones en infraestructuras de IA—, los fabricantes de hardware, semiconductores y chips han tomado el testigo como los grandes beneficiarios del ecosistema. Se han convertido en el motor indispensable de esta transición, absorbiendo gran parte del flujo de inversión ante la insaciable necesidad global de potencia de cálculo de la IA, como muestra este gráfico de The Wall Street Journal, sobre la evolución en lo que va de año de la cotización de las empresas del “club de los billones de dólares”.

Sin embargo, este cambio reaviva el debate sobre la sostenibilidad del sector y el fantasma de una burbuja financiera. Aunque los fabricantes de chips registran ingresos récord gracias a la venta anticipada de sus componentes, analistas y expertos advierten de que esta bonanza depende directamente de que los gigantes tecnológicos mantengan sus ritmos de gasto. Otra gran amenaza para la bonanza de los fabricantes de memoria radica paradójicamente en la propia innovación tecnológica de sus clientes. Gigantes como Apple, Alphabet, Nvidia y Qualcomm están empezando a desarrollar alternativas estratégicas y algoritmos de compresión para optimizar el uso del hardware y mitigar la dependencia de estos componentes de memoria tan costosos y limitados. 

Tipos (y tipas) de interés

Bajan Ramón y Agustín Olivares Garrigos, empresarios. Son el mejor ejemplo de cómo algunos vencedores del boom inmobiliario acabaron convertidos en el mayor símbolo de sus excesos. Construyeron uno de esos imperios empresariales tan característicos de la España del ladrillo: una red de sociedades que combinaba la promoción de viviendas con bodegas, fincas rústicas y cotos de caza. Naturales de Campo de Criptana (Ciudad Real), llegaron a controlar más de una decena de empresas, con Grupo Oligarry Construcción como buque insignia, levantando promociones residenciales y rehabilitando edificios históricos como el Palacio del Infante Don Juan Manuel, en Belmonte. En plena expansión defendían una filosofía empresarial basada en la “construcción con compromiso” y sostenían que la calidad y el cumplimiento de la palabra eran la auténtica “receta del éxito”. Tres décadas después, ambos encabezan la lista de mayores morosos de la Agencia Tributaria, con una deuda conjunta de 73,6 millones de euros (36,8 millones cada uno), según la lista publicada esta semana por Hacienda.

El estallido de la burbuja inmobiliaria dinamitó ese modelo de negocio. Oligarry pasó de los beneficios a las pérdidas, buena parte de sus sociedades quedaron inactivas y un posterior intento de expansión en Panamá también terminó fracasando. La deuda tributaria derivada del colapso acabó trasladándose a su patrimonio personal, un mecanismo previsto por la legislación cuando Hacienda aprecia responsabilidad de los administradores en el impago. Dos décadas después del auge del ladrillo, los hermanos Olivares Garrigos siguen encabezando el listado de grandes deudores y representan uno de los legados más persistentes de aquella burbuja: fortunas construidas al calor de la expansión inmobiliaria que terminaron convertidas en millonarias deudas con el fisco.

Si quieres más información sobre quién (tanto particulares como empresas) debe al fisco, pincha en esta información y si quieres consultar todos los nombres, puedes usar nuestro buscador.

No todo nos parece mal

El Gobierno ha aprobado una inversión de más de 1.000 millones de euros para apoyar la ubicación de una “gigafactoría de IA” en España. Unos 719 de ellos se usarán para constituir la sociedad público-privada que gestionaría la gigafactoría y otros 300 son una “aportación voluntaria” al organismo europeo EuroHPC, que gestiona la inversión europea en IA. Se trata de una infraestructura de inteligencia artificial que funcionará con normas y valores europeos, para que Europa no dependa de otros a la hora de entrenarla y gobernarla. Como mucho, habrá cinco de ellas en toda la Unión Europea y España está apostando fuerte para llevarse una. 

La candidatura española se basa en dos polos. Uno estará en Móra la Nova, en Tarragona. El otro, en San Fernando de Henares, en Madrid. El Gobierno tendrá el 48% del capital de la sociedad público-privada que se constituirá para gestionar la gigafactoría. Según ha avanzado la Generalitat de Catalunya (que aportará un 1%), Telefónica, ACS y Banco Santander serán los principales socios privados, con un 15,67% cada uno. El 4% restante corresponderá a Multiverse Computing, una startup con sede en San Sebastián que desarrolla software para hacer más eficientes los modelos de IA, reduciendo costes y consumo energético sin perder rendimiento. 

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Aquí termino por hoy. Tendrás más noticias económicas el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras, ya sabes que puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es con ideas, propuestas o sugerencias. 

¡Un abrazo!

Un total de 18.829 contribuyentes declararon rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en el año 2024, lo que supone una subida del 27,8% respecto al ejercicio anterior y su cifra más elevada desde que hay registros, según la última estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) publicada por la Agencia Tributaria.

A pesar de suponer una cifra muy baja respecto al total de declarantes de este impuesto (el 0,08% del total), entre el año 2007, en el inicio de la crisis económica, y el pasado 2024 los contribuyentes con rentas superiores a los 600.000 euros han crecido casi un 78%, desde los 10.580 declarantes hace casi dos décadas, informa Europa Press.

En cambio, la mayor parte de los contribuyentes (5,8 millones, el 23,54% del total) declaró unos rendimientos de entre 30.000 y 60.000 euros; otros 4,6 millones, entre 21.000 y 30.000 euros (el 28,54% del total; y 4 millones, entre 12.000 y 21.000 euros (el 16,4% del total).

Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha. Destaca por sus famosos molinos de viento, alzados sobre una colina que puede vislumbrarse desde varios kilómetros de distancia. También por sus casas encaladas en blanco con franjas azules en los bajos, los colores típicos manchegos de la comarca.

Pero, además de su atractivo turístico por su patrimonio y su gastronomía,  este municipio de casi 13.000 habitantes es también una localidad en expansión. En los últimos 20 años ha experimentado un desarrollo urbanístico enfocado en la creación de vivienda, en el turismo sostenible y en la industria, con dos polígonos empresariales.

Ese es el contexto en que los hermanos Ramón y Agustín Olivares Garrigos comenzaron con su actividad empresarial hace más de tres décadas. Y ahora se han convertido en los dos empresarios más morosos de España, según la decimotercera lista de Hacienda, que incluye un total de 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

En el pueblo son “muy conocidos”, comentan desde una de las inmobiliarias de la localidad, que pide no mencionar su nombre. “Desde que abrieron sus empresas, las de construcción, hemos sabido de ellos, de sus actividades, pero no sabíamos que tenían una deuda tan enorme. No es algo que se vaya pregonando”, destacan.

Lo confirma otro de estos establecimientos de Campo de Criptana. “Son dos hermanos que han hecho dinero con la construcción. Compraban y vendían, pero se dedicaron mucho tiempo a cosas también en otros pueblos de la zona, en otras partes de España y fuera de España”.

El rastro de los hermanos así lo refleja. La deuda que acumulan con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Grupo Oligarry, la empresa que se estrelló

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca). Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y diez años después, en 2018, entró en concurso de acreedores.

Pero, ¿cuál es exactamente el rastro de estos empresarios? Un dato curioso es que Ramón Olivares aparece como administrador único del mencionado Grupo Oligarry desde el 21 de julio de 2009 hasta el cuatro de enero de 2018, incluso después del concurso de acreedores. Esta empresa figura en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) como constructora de edificios residenciales.

Según el Boletín Oficial del Registo Mercantil (BORM), la Agencia Estatal de la Administración Tributaria registró su baja en el índice de entidades porque los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública se declararon “fallidos” o no se presentó la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos.

El rastro de Ramón se extiende por otras empresas. Destaca por ejemplo Oleiquip S.A., donde figura como administrador solidario hasta julio de 2009, momento en el que pasa a ser administrador único. En este último cargo no hay fecha de finalización. La empresa se dedica a la instalación de carpintería.

Con domicilio en Campo de Criptana, su facturación anual, según el BORM, está entre un millón y millón y medio de euros anuales. Se extinguió en diciembre de 2017.

Ramificaciones hasta Panamá

Sí aparece su marcha del cargo como administrador único en Vivienda y Bienestar S.A., en enero de 2009. Esta empresa se dedicaba a programar, arrendar, subarrendar, comprar o vender, fincas rústicas o urbanas dentro y fuera de España. Tuvo negocios en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, pero también fuera de Castilla-La Mancha (Gijón o Getafe) o incluso en Panamá.

Un mes después de que Ramón Olivares dejara su puesto en esta última entidad, en febrero, abandonaba también ese mismo cargo en otra compañía denominada Olimodel S.L., dedicada igualmente a programar, arrendar, subarrendar, comprar y vender fiscas rústicas y urbanas, dentro y fuera de España.

Finalmente, también ese mismo año, en octubre, deja su cargo como apoderado en Grupo Casoli S.L., con sede en Madrid, entidad dedicada en este caso a la compraventa, distribución y comercialización de uvas, vinos, mostos y todos sus derivados.

El rastro de su hermano Agustín Olivares es similar, pero algo más amplio. En el mencionado Grupo Casoli aparece como administrador único, hasta septiembre de 2009, en que finaliza su actividad, un mes antes de que su hermano dejara su puesto como apoderado en la misma empresa, después extinta.

En el Grupo Oligarry, un “emporio todopoderoso a nivel local”, según fuentes de las inmobiliarias consultadas, Agustín fue apoderado hasta enero de 2018, el mismo día en que consta la baja de su hermano como administrador único en esa misma empresa, con motivo del concurso de acreedores.

Además, figura en dos empresas donde su hermano no aparece, al menos en los registros oficiales. La primera de ellas es Proligarry S.A., heredera de la extinta Oligarry, dedicada a la promoción inmobiliaria, y actualmente en fase de liquidación.

Según el portal Empresia, su nombre figura como administrador único desde junio de 2007, pero no hay ninguna fecha de baja, al igual que sucede en el caso de Ramón con Oleiquip, la empresa de carpintería. De hecho, en esta última empresa, Agustín fue también apoderado desde julio de 2009 (igualmente sin fecha de cese) y anteriormente aparece como administrador solidario.

Su actividad más reciente es como administrador desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2020 en Gamo Garrigos S.A. Ese es el último apunte oficial registrado. Esta empresa figura en el CNAE dentro del sector de la promoción inmobiliaria, dedicada a la administración de mancomunidades.

Sus últimas cuentas depositadas fueron en 2018, con un capital social de 76.000 euros, y figura como extinguida en octubre de 2020, poco después de que Agustín registrara su cese.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto telefónico con Proligarry, en el polígono industrial de Pozo Hondo de Campo de Criptana. Es la empresa donde figura el nombre de los hermanos Olivares Garrigos que no aparece como extinguida en el Registro Mercantil, aunque está en fase de liquidación. Ninguno de los dos teléfonos asociados a la empresa está activo. En la finca La Hidalga tampoco han querido comentar nada al respecto.

Las inmobiliarias consultadas han sido muy reticentes a la hora de valorar el trabajo de estos dos hermanos y además han coincidido en lamentar que el municipio sea conocido en los medios de comunicación por esta “mancha”. “Aquí somos mucho más que dos morosos”, indicaba a este periódico, muy enfadada, una trabajadora.

Tampoco el Ayuntamiento de Campo de Criptana, gobernado por el PSOE, ha querido hacer ninguna valoración al respecto.