La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou procediment per a analitzar amb més precisió la realitat de les aules valencianes. A través d'una resolució publicada dimarts passat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departament que dirigeix Carmen Ortí ha regulat l'avaluació del context social, econòmic i cultural de l'alumnat per a aquest curs escolar 2026-2027. Els resultats obtinguts pels alumnes valencians en l'últim informe PISA eren preocupants i van fer saltar les alarmes.

La mesura respon a la necessitat de complementar els processos ordinaris d'avaluació del sistema educatiu. Tal com recorda el text, la sociologia de l'educació i la investigació internacional demostren des de fa dècades que les condicions de l'entorn familiar, el nivell formatiu de les llars i la disponibilitat de recursos materials influeixen directament en el progrés acadèmic, les oportunitats d'aprenentatge i el benestar de l'alumnat. Una circumstància sobre la qual també va alertar recentment CCOO-PV després d'una primera anàlisi dels resultats de PISA.

L'avaluació del context tindrà caràcter censal i s'aplicarà obligatòriament en tots els centres educatius públics, privats concertats i privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen els cursos seleccionats. En concret, el procés afectarà l'alumnat matriculat en tercer i sisé de Primària; segon i quart d'Educació Secundària Obligatòria (ESO); segon de Batxillerat, i segon de Formació Professional bàsica. Uns 210.000 alumnes en total.

La recollida d'informació es farà mitjançant un qüestionari estructurat amb preguntes de resposta tancada i breu, dissenyat per a analitzar les variables socioeconòmiques i culturals de l'entorn de l'estudiant. La Conselleria remetrà les claus d'accés telemàtiques als centres educatius perquè l'alumnat emplene els formularis en horari lectiu sota la supervisió directa del professorat i dels equips directius.

Qüestionaris completament anònims

Per a garantir la fiabilitat i la transparència de les dades, la normativa estableix que els qüestionaris seran completament anònims, ja que no incorporaran cap codi ni element identificatiu que permeta vincular les respostes amb un alumne concret, de manera que queden exclosos de l'aplicació estricta de la normativa sobre protecció de dades personals.

El període oficial per a emplenar els qüestionaris telemàticament serà del 26 d'octubre al 18 de desembre de 2026, tots dos inclosos. Una vegada vençut aquest termini, l'Administració autonòmica elaborarà un informe individualitzat per a cada centre participant, amb l'objectiu de proporcionar a les comunitats educatives una ferramenta útil de reflexió i planificació estratègica.

Aquesta iniciativa s'emmarca en un context de preocupació institucional creixent per la qualitat i l'equitat del sistema educatiu valencià, especialment després dels senyals d'alarma recents que han posat de manifest informes d'avaluació comparada com PISA, que exigeixen diagnòstics precisos per a orientar els recursos públics i combatre les desigualtats de rendiment a les aules.

La Conselleria de Educación ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para analizar con mayor precisión la realidad de las aulas valencianas. A través de una resolución publicada el pasado martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departamento que dirige Carmen Ortí ha regulado la evaluación del contexto social, económico y cultural del alumnado para el presente curso escolar 2026/2027. Los resultados obtenidos por los alumnos valencianos en el pasado informe PISA eran preocupantes e hicieron saltar las alarmas.

La medida responde a la necesidad de complementar los procesos ordinarios de evaluación del sistema educativo. Tal y como recuerda el texto, la sociología de la educación y la investigación internacional demuestran desde hace décadas que las condiciones del entorno familiar, el nivel formativo de los hogares y la disponibilidad de recursos materiales influyen de manera directa en el progreso académico, las oportunidades de aprendizaje y el bienestar del alumnado. Una circunstancia sobre la que también alertó recientemente CCOO-PV tras un primer análisis de los resultados de PISA.

La evaluación de contexto tendrá carácter censal y se aplicará de forma obligatoria en todos los centros educativos públicos, privados concertados y privados de la Comunitat Valenciana que impartan los cursos seleccionados. En concreto, el proceso afectará al alumnado matriculado en tercer y sexto curso de Educación Primaria; segundo y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); segundo curso de Bachillerato; y segundo curso de Formación Profesional básica. Unos 210.000 alumnos en total.

La recogida de información se efectuará mediante un cuestionario estructurado con preguntas de respuesta cerrada y breve, diseñado para desentrañar las variables socioeconómicas y culturales que rodean al estudiante. La conselleria remitirá las claves telemáticas a los centros educativos para que el alumnado cumplimente los formularios en horario lectivo bajo la supervisión directa del profesorado y de los equipos directivos.

Cuestionarios completamente anónimos

Para asegurar la fiabilidad y la transparencia de los datos, la normativa estipula que los cuestionarios serán completamente anónimos, al no incorporar ningún código ni elemento identificativo que permita vincular las respuestas con un alumno concreto, de forma que se exime así de la aplicación estricta de la normativa sobre protección de datos personales.

El periodo oficial de cumplimentación telemática transcurrirá entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2026, ambos inclusive. Con posterioridad a este plazo, la administración autonómica elaborará un informe individualizado para cada centro participante, con el objetivo de proporcionar a las comunidades educativas una herramienta útil de reflexión y planificación estratégica.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación institucional por la calidad y la equidad del sistema educativo valenciano, especialmente tras las recientes señales de alarma arrojadas por informes de evaluación comparada como PISA, que exigen diagnósticos precisos para orientar los recursos públicos y combatir las desigualdades de rendimiento en las aulas.

Los difusores del bulo del 'caso Bar España' recogen cable. Las defensas de los seis acusados, que se enfrentan a peticiones de pena por parte de la Fiscalía de hasta siete años y medio de prisión, han expuesto en la sesión de cuestiones previas del juicio, celebrado este viernes ante la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló, el arrepentimiento de sus clientes, pertenecientes a la esfera del submundo conspiracionista de internet y de las redes sociales. “Todos se retractan y todos están sinceramente arrepentidos”, ha afirmado el abogado de Juan Lankamp Riaza y de Gabriel Hernández.

El bulo ideado originalmente —por venganza contra su exmujer y la pareja de esta última— por el peluquero Reinaldo Colás, fallecido en 2017, aseguraba que existía una supuesta trama de pederastia y de asesinatos de menores de la que habían sido víctimas sus propias hijas. La fábula llegó a implicar a la magistrada que archivó la denuncia inicial de Colás por falta de pruebas; a enemistades personales del peluquero, y a personajes públicos diametralmente opuestos en términos ideológicos, tales como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, o la ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra.

En la primera sesión del juicio, el letrado que ejerce la defensa de Ramón Valero Consuegra, alias Un técnico preocupado, ha cuestionado la cadena de custodia y ha aludido a un informe, aportado a la causa a modo de prueba documental, que “acredita” la retirada desde 2016, tras la entrada y registro en su domicilio, de los contenidos referidos al bulo alojados en su página web.

El fiscal, por su parte, ha cuestionado que Valero Consuegra haya pedido comparecer telemáticamente y ha ironizado con el arrepentimiento expresado por Un técnico preocupado, “compungido de dolor”. “Veremos si eso es verdad o es estrategia de su defensa, me parece una desfachatez y creo que no es de recibo en modo alguno”, ha apostillado el representante del Ministerio Público.

El abogado de Juan Lankamp Riaza ha señalado que su cliente ya fue condenado por estos hechos en la vía civil (por intromisión al derecho al honor, junto con la también acusada Pilar Baselga) y ha recordado que una de sus clientas, Nuria Carque Vera, falleció antes del juicio al haber “minado este tema su salud”. El letrado ha agregado que los acusados “no querían llegar a esto”, en referencia a la vista oral.

El fiscal, escéptico ante la retractación

El fiscal, que no ha ocultado su escepticismo, ha insistido en que la retractación de Ramón Valero “tiene que ser personal”. “Si quiere retractarse que venga, estaremos gustosos de oírle aquí en la sala de vistas”, ha remachado.

“A fecha de hoy”, según ha dicho el fiscal, “aunque haya descolgado algunas comunicaciones, siguen vigentes las acusaciones en internet y siguen desplegando su efectividad”.

Las defensas han alegado en la fase de cuestiones previas la, a su juicio, prescripción de los hechos y han tratado de desvincular a sus respectivos clientes de cualquier tipo de coordinación en la propagación del bulo.

Carlos Fabra aduce enfermedad

Por otro lado, el tribunal ha denegado la posibilidad, solicitada por las defensas, de que el expresident Francisco Camps, uno de los señalados por el bulo del 'caso Bar España', declarara por videoconferencia. El magistrado ha avalado el modo telemático al habérseles concedido la misma opción a otros perjudicados y testigos, e incluso a algunos de los acusados.

Carlos Fabra, al igual que un capitán de la Guardia Civil perseguido por el bulo, han solicitado no comparecer en la vista oral, aduciendo enfermedad. Sin embargo, ante las alegaciones del Ministerio Público, el juez ha acordado la comparecencia telemática de ambos testigos, sin perjuicio de que puedan aportar un informe médico.

Un acusado que se defiende a sí mismo

Uno de los acusados, Javier Fernández Torres, que ha comparecido telemáticamente, ejerce su propia defensa. El juez, hacia el mediodía, ha tenido que advertirle de que no desconectara la cámara. El aludido ha argüido que estaba desayunando.

Fernández Torres, según la acusación pública, fue contratado por Reinaldo Colás y creó una entidad llamada 'Abogados contra la Corrupción' con “la única finalidad de dar apariencia de seriedad a sus actuaciones” en el marco de la difusión del bulo.

El acusado ha precisado que 'Abogados contra la Corrupción' era una “firma privada” y no “una asociación” y ha esgrimido la supuesta vulneración de derechos fundamentales que ha sufrido. “Entiendo, como profesional del derecho, que esto es un fraude procesal de libro”, ha manifestado.

También ha atacado a la causa en la que figura como acusado: “Con este procedimiento se ha evitado que las denuncias de Reinaldo Colás se investiguen”, ha abundado el abogado, en una exposición que poco tenía que ver con la fase de cuestiones previas, tal como le ha reprochado el magistrado varias veces, con llamativa paciencia.

El fiscal ha explicado que “decir que lo denunciado por Reinaldo Colás no fue investigado es una falsedad absoluta” y ha recordado que el hombre fue condenado en varias ocasiones por denuncia falsa.

Las entidades y asambleas de la comunidad educativa valenciana han impulsado una propuesta conjunta de hoja de ruta para mantener la presión sobre la Conselleria de Educación y exigir la reapertura efectiva de las negociaciones. El calendario planteado, que será sometido a votación del profesorado y del personal de atención educativa y de administración entre el 19 y el 23 de octubre, combina jornadas de huelga general, movilizaciones descentralizadas y una campaña continuada de protesta bautizada como el “Novembre Verd”.

La iniciativa nace de las aportaciones del conjunto de colectivos tras las movilizaciones de final del pasado curso y busca dotar al sector de una respuesta coordinada ante la falta de acuerdos concretos con la administración autonómica. El objetivo principal de estas movilizaciones radica en “mantener la presión sobre la Conselleria de Educació, exigir la reanudación efectiva de les negociaciones y avanzar en las reivindicaciones de la comunitat educativa”.

El calendario de grandes movilizaciones contempla como primera cita clave la jornada de huelga general del próximo 11 de noviembre, que contará con un bloque específico enfocado en la enseñanza pública. Asimismo, la estrategia prevé la celebración de manifestaciones en las capitales de provincia el sábado 12 de diciembre.

De cara al inicio del segundo trimestre, el proceso de consulta ofrece dos opciones alternativas para secundar huelgas sectoriales por provincias: una primera horquilla fijada para los días 19 de enero en Alicante, 20 de enero en Valencia y 21 de enero en Castellón; y una segunda alternativa los días 2, 3 y 4 de febrero. Con ello se busca consolidar una escalada progresiva del conflicto en función de la respuesta del departamento que dirige Carmen Ortí.

El “Novembre Verd” y la presión en los centros

Como eje vertebrador de la protesta a corto plazo, el plan establece el inicio del 'Novembre Verd', una ronda continuada de concentraciones que tendrán lugar tanto en horario matinal como vespertino frente a la sede de la Conselleria en València, las direcciones territoriales de Alicante y Castelló, y otros puntos. Estas movilizaciones pretenden facilitar la participación de familias, alumnado y profesorado por medio de turnos rotatorios de hora y media de duración.

En el ámbito de los centros educativos, la hoja de ruta fomenta los denominados “dijous combatius”, el uso diario de prendas reivindicativas, la remisión masiva de escritos de queja y el cumplimiento estricto del horario laboral con la suspensión de actividades voluntarias. Además, se promoverán acciones comarcales y locales —como bicicletades, marchas y actos culturales— en colaboración con otros servicios públicos y movimientos sociales.

Para validar la estrategia, los convocantes han habilitado un sistema de votación telemática idéntico al empleado en los procesos anteriores del pasado mes de junio. El formulario permitirá al personal docente posicionarse sobre el documento global, elegir las fechas de los paros previstos para el segundo trimestre y determinar el grado de participación semanal en las concentraciones del 'Novembre Verd', garantizando que cualquier modificación sustancial responda a una decisión colectiva y verificable.

Un juzgado de Sagunt ha abierto diligencias tras la denuncia del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, contra el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, por presuntas irregularidades en su promoción interna del subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial, en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer (Valencia).

Anticorrupción presentó el pasado 5 de octubre una denuncia contra el alcalde de la localidad, el socialista Pere Antoni Chordà, y contra el secretario municipal y contra José Rodríguez Jurado, a los que atribuye los presuntos delitos de prevaricación y de nombramiento ilegal.

El representante del Ministerio Público destaca en su denuncia que el alcalde y el subdelegado del Gobierno forman parte del mismo partido y que la promoción interna sirvió a Rodríguez Jurado posteriormente para cumplir los requisitos para acceder a su actual cargo como número dos de Pilar Bernabé.

Por otro lado, un juzgado de lo Contencioso de València avaló el procedimiento, al igual que el Tribunal de Cuentas, que no apreció irregularidades en el ascenso.

Sin embargo, fue la Agencia Valenciana Antifraude, dirigida por Eduardo Beut, el organismo que vio causa de nulidad en el expediente administrativo.

Por su parte, el fiscal, tras analizar la denuncia de un particular, ve indicios de un presunto delito en la actuación de José Rodríguez Jurado.

Fuentes del Ayuntamiento de Canet de Berenguer consultadas por este diario defienden la legalidad del ascenso.

Un jutjat de Sagunt ha obert diligències després de la denúncia del fiscal anticorrupció, Fernando Maldonado, contra el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, per presumptes irregularitats en la seua promoció interna del subgrup C1, com a administratiu, a l'A1, màxima categoria funcionarial, a l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer (València).

Anticorrupció va presentar el passat 5 d'octubre una denúncia contra l'alcalde de la localitat, el socialista Pere Antoni Chordà, contra el secretari municipal i contra José Rodríguez Jurado, als quals atribueix els presumptes delictes de prevaricació i de nomenament il·legal.

El representant del Ministeri Fiscal destaca en la seua denúncia que l'alcalde i el subdelegat del Govern formen part del mateix partit i que la promoció interna va servir posteriorment a Rodríguez Jurado per a complir els requisits per a accedir al seu càrrec actual com a número dos de Pilar Bernabé.

D'altra banda, un jutjat contenciós administratiu de València va avalar el procediment, igual que el Tribunal de Comptes, que no va apreciar irregularitats en l'ascens.

No obstant això, va ser l'Agència Valenciana Antifrau, dirigida per Eduardo Beut, l'organisme que va apreciar una causa de nul·litat en l'expedient administratiu.

Per la seua banda, el fiscal, després d'analitzar la denúncia d'un particular, veu indicis d'un presumpte delicte en l'actuació de José Rodríguez Jurado.

Fonts de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer consultades per aquest diari defensen la legalitat de l'ascens.

El jutge instructor de la causa contra el narcotràfic a gran escala al Port de València ha descartat excloure del sumari converses de WhatsApp entre un conegut penalista de la ciutat i el seu client investigat en el procediment de l'operació Spider, recollides en un informe recent de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional. El magistrat, en una interlocutòria del passat 22 de setembre a la qual ha tingut accés elDiario.es, coincideix “íntegrament” amb la postura del fiscal antidroga, que considera que els diàlegs inclosos en l'informe policial no estan emparats pel caràcter confidencial de les comunicacions entre advocats i clients. No obstant això, el representant del Ministeri Fiscal també descarta de pla “qualsevol actuació irregular del despatx professional” assenyalat per la Policia Nacional. La resolució de l'instructor, que no és ferma, denega la petició d'eliminació dels diàlegs del sumari, a la qual s'havien adherit diverses de les defenses dels presumptes narcotraficants.

L'informe de la UDYCO analitzava el telèfon intervingut a Víctor Manuel M. J. (vinculat indiciàriament al carregament d'1,1 tones de cocaïna intervingut el 18 de juliol de 2025) i apuntava a l'“íntima relació directa” del presumpte narcotraficant i d'un altre interlocutor, també processat, amb un conegut bufet de València especialitzat, entre altres assumptes, en la defensa d'acusats de tràfic de drogues. La UDYCO considera Víctor Manuel M. J. un “inversor en operacions de narcotràfic” i el situa en la cúpula de la presumpta trama del Port de València.

El penalista al·ludit va protestar per la inclusió dels missatges de WhatsApp en l'informe, “per l'afectació del dret de defensa i del secret professional”, i va sol·licitar l'eliminació de les “comunicacions confidencials entre advocat i client”, la “retirada de les transcripcions i valoracions que les revelen” i l'“adopció de mesures per a impedir que es repetisca”. Sense èxit, segons es desprén de la postura del fiscal i del jutge instructor.

Tant la Llei d'enjudiciament criminal com la Llei orgànica del dret de defensa reconeixen que totes les comunicacions entre una persona investigada o encausada i el seu advocat tenen caràcter confidencial. No obstant això, el fiscal argumenta en el seu escrit que la protecció “no depén exclusivament de la condició professional d'un dels interlocutors ni s'estén, de manera automàtica i indiferenciada, a qualsevol contacte mantingut entre una persona i qui siga o haja sigut el seu advocat”.

El representant del Ministeri Fiscal recorda que, per a excloure del procediment una comunicació d'aquestes característiques, ha d'estar “materialment vinculada a l'exercici del dret de defensa”, ja siga “una consulta jurídica, un assessorament, una instrucció professional, una estratègia processal o informació confidencial comunicada en el marc de la relació advocat-client”.

“La mera intervenció d'un advocat en una conversa, la seua menció per terceres persones o l'existència d'una relació professional prèvia no determina per si sola que tot el contingut quede sostret de les actuacions”, puntualitza.

En una de les converses de WhatsApp, Víctor Manuel M. J. preguntava al lletrat per la situació de diversos detinguts en una causa per narcotràfic. “Encara que es tracta d'una conversa directa entre un investigat i un advocat amb el qual hauria existit una relació professional, el seu contingut no tracta sobre la situació jurídica del mateix investigat ni conté assessorament, instruccions o estratègia relacionada amb la seua defensa”, afirma el fiscal.

A més, l'escrit del Ministeri Fiscal emmarca les respostes de l'advocat en aquell diàleg en un “contingut essencialment informatiu i organitzatiu, referit a les persones que serien assistides pel despatx, al moment previst per a posar-les a disposició judicial i al resultat de la compareixença”.

Una simple “hipòtesi policial”

L'informe de la UDYCO també inclou una telefonada perduda de WhatsApp del 19 de juliol de 2025 (l'endemà d'un dels carregaments de droga investigats en el marc de la causa) de l'advocat a Víctor Manuel M. J., que aquest últim no va contestar. Per als investigadors és un fet d'“importància vital” per a les investigacions: la telefonada es va fer mitjançant la popular aplicació de missatgeria instantània (es tracta de comunicacions que “escapen al control policial en cas que el terminal mòbil estiguera intervingut judicialment”). També destaquen la data, “per a ressaltar” la presumpta participació de Víctor Manuel M. J. en el carregament de cocaïna intervingut la vespra.

L'escrit del fiscal descarta que es tracte d'una comunicació confidencial entre advocat i client i emmarca les afirmacions de la UDYCO en una simple “hipòtesi policial”. “Aquesta afirmació constitueix una inferència que no es pot considerar acreditada pel simple fet d'haver utilitzat aquesta aplicació, ja que es tracta d'un mitjà de comunicació ordinari i àmpliament estés”, argumenta.

També rebutja excloure del sumari una conversa entre Víctor Manuel M. J. i la seua esposa, també del 19 de juliol de 2025, després de la intervenció d'1,1 tones de cocaïna al Port. El penalista no aconseguia localitzar el presumpte narcotraficant i havia contactat amb la seua dona, que estava lògicament preocupada. No obstant això, Víctor Manuel M. J. no havia atés la telefonada del seu advocat perquè estava a Eivissa amb altres presumptes estibadors vinculats al narcotràfic investigats en la causa (Iván T. R. i Borja M. R., Jonatan G. C. i Óscar M. G.).

“No es tracta d'una conversa entre advocat i client, sinó d'una comunicació entre l'investigat i una tercera persona”, afirma el fiscal. “No obstant això”, matisa, “la conversa no afirma expressament que el lletrat coneguera l'existència d'una operació policial concreta, que estiguera informat d'una confiscació de droga o que temera la detenció dels investigats”.

El fiscal avala l'actuació del bufet

A més, la UDYCO també va incorporar a l'informe un àudio en què Sergio Manuel M. M., un individu “implicat en el tràfic de drogues a gran escala a València”, al·ludia a una conversa que havia mantingut amb una advocada del mateix bufet.

El fiscal considera que el missatge suposa una “mera referència al fet que una qüestió ha sigut consultada o comunicada prèviament a una lletrada”, cosa que “no converteix tot el diàleg posterior en una comunicació professional protegida”.

En definitiva, si bé l'informe de la UDYCO afirmava sense reserves que el despatx d'advocats “manté informada la trama criminal d'actuacions policials i de la justícia”, el fiscal rebaixa considerablement l'acusació suggerida i sosté que aquestes “inferències” no acrediten, en cap cas, “el coneixement de determinades operacions policials per part dels professionals intervinents o qualsevol actuació irregular del despatx professional”, com suggerien obertament els investigadors.

El juez instructor de la causa contra el narcotráfico a gran escala en el Puerto de València ha descartado excluir del sumario conversaciones de WhatsApp entre un conocido penalista de la ciudad y su cliente investigado en el procedimiento de la 'Operación Spider', reseñadas en un reciente informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. El magistrado, en un auto del pasado 22 de septiembre al que ha tenido acceso elDiario.es, coincide “íntegramente” con la postura del fiscal antidroga, quien considera que los diálogos incluidos en el informe policial no encajan en el carácter confidencial de las comunicaciones entre abogados y clientes. Sin embargo, el representante del Ministerio Público también descarta de plano “cualquier actuación irregular del despacho profesional” señalado por la Policía Nacional. La resolución del instructor, que no es firme, deniega la petición de expurgo de los diálogos, a la que se habían adherido varias de las defensas de los presuntos narcos.

El informe de la UDYCO analizaba el teléfono intervenido a Víctor Manuel M. J. (vinculado indiciariamente al alijo de 1,1 toneladas de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025) y deslizaba la “íntima relación directa” del presunto narco y de otro interlocutor, también procesado, con un conocido bufete de València especializado, entre otros asuntos, en la defensa de acusados de tráfico de drogas. La UDYCO considera a Víctor Manuel M. J. como un “inversor en operaciones de narcotráfico” y lo sitúa en la cúpula de la presunta trama del Puerto de València.

El penalista aludido protestó, ante la inclusión de los whatsapps en el informe, “por la afectación del derecho de defensa y del secreto profesional” y solicitó el expurgo de las “comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente”, la “retirada de las transcripciones y valoraciones que revelan” y la “adopción de medidas para impedir su reiteración”. Sin éxito, a tenor de la postura del fiscal y del juez instructor.

Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley Orgánica del Derecho de Defensa reconocen que todas las comunicaciones entre un investigado o encausado y su abogado tienen carácter confidencial. Sin embargo, el fiscal esgrime en su escrito que la protección “no depende exclusivamente de la condición profesional de uno de los interlocutores ni alcanza, de manera automática e indiferenciada, a cualquier contacto mantenido entre una persona y quien sea o haya sido su abogado”.

El representante del Ministerio Público recuerda que, para excluir del procedimiento una comunicación de ese calado, debe estar “materialmente vinculada al ejercicio del derecho de defensa”, ya sea “una consulta jurídica, un asesoramiento, una instrucción profesional, una estrategia procesal o información confidencial comunicada en el marco de la relación abogado-cliente”.

“La mera intervención de un abogado en una conversación, su mención por terceras personas o la existencia de una relación profesional previa no determina por sí sola que todo el contenido quede sustraído de las actuaciones”, apostilla.

En una de las conversaciones de WhatsApp, Víctor Manuel M. J. preguntaba al letrado por la situación de varios detenidos en una causa por narcotráfico. “Aunque se trata de una conversación directa entre un investigado y un abogado con el que habría existido una relación profesional, su contenido no versa sobre la situación jurídica del propio investigado ni contiene asesoramiento, instrucciones o estrategia relacionada con su defensa”, afirma el fiscal.

Además, el escrito del Ministerio Público enmarca las respuestas del abogado en aquel diálogo en un “contenido esencialmente informativo y organizativo, referido a las personas que serían asistidas por el despacho, al momento previsto para su puesta a disposición judicial y al resultado de la comparecencia”.

Una simple “hipótesis policial”

El informe de la UDYCO también incluye una llamada perdida de WhatsApp del 19 de julio de 2025 (el día siguiente de uno de los alijos investigados en el marco de la causa) del abogado a Víctor Manuel M. J., que este último no contestó. Para los investigadores resulta un hecho de “vital importancia” para las pesquisas: la llamada fue mediante la popular aplicación de mensajería rápida (se trata de comunicaciones que “escapan al control policial en el caso de que el terminal móvil estuviera intervenido judicialmente”). Y también destacan la fecha, “para resaltar” la presunta participación de Víctor Manuel M. J. en el cargamento de coca intervenido la víspera.

El escrito del fiscal excluye que se trate de una comunicación confidencial entre abogado y cliente y enmarca las afirmaciones de la UDYCO en una simple “hipótesis policial”. “Tal afirmación constituye una inferencia que no puede considerarse acreditada por el solo hecho de haberse utilizado dicha aplicación, pues se trata de un medio de comunicación ordinario y ampliamente extendido”, argumenta.

También rechaza excluir del sumario una conversación entre Víctor Manuel M. J. y su esposa, también del 19 de julio de 2025, tras el alijo de 1,1 toneladas de coca en el Puerto. El penalista no conseguía localizar al presunto narco y había contactado con su mujer, que estaba lógicamente preocupada. Sin embargo, Víctor Manuel M. J. no había atendido la llamada de su abogado al estar en Ibiza con otros presuntos narcoestibadores investigados en la causa (Iván T. R., Borja M. R., Jonatan G. C. y Óscar M. G.).

“No se trata de una conversación entre abogado y cliente, sino de una comunicación entre el investigado y una tercera persona”, afirma el fiscal. “Sin embargo”, matiza, “la conversación no afirma expresamente que el letrado conociera la existencia de una concreta operación policial, que estuviera informado de una aprehensión de droga o que temiera la detención de los investigados”.

El fiscal avala la actuación del bufete

Además, la UDYCO también incorporó al informe un audio en que Sergio Manuel M. M., un sujeto “implicado en el tráfico de drogas a gran escala en Valencia”, aludía a una conversación que había mantenido con una abogada del mismo bufete.

El fiscal considera que el mensaje supone una “mera referencia a que una cuestión ha sido previamente consultada o comunicada a una letrada”, lo cual “no convierte todo el diálogo posterior en una comunicación profesional protegida”.

En definitiva, si bien el informe de la UDYCO afirmaba sin reservas que el despacho de abogados “mantiene informado al entramado criminal de acciones policiales y de la justicia”, el fiscal rebaja en gran medida la acusación deslizada y sostiene que esas “inferencias” no acreditan, en ningún caso, “el conocimiento de determinadas operaciones policiales por parte de los profesionales intervinientes o cualquier actuación irregular del despacho profesional”, como sugerían abiertamente los investigadores.

Investigadores de la UPV desarrollan un sistema de IA que ayuda a detectar sexismo en videos y memes de TikTok

El modelo combina el análisis de los vídeos y memes con datos sobre la actividad cerebral, el movimiento de los ojos y el ritmo cardíaco de las personas al ver estos contenidos

Ayuda a identificar mensajes sexistas, especialmente cuando aparecen disfrazados de humor o dependen del contexto

Un equipo de investigadores del grupo PRHLT de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado un nuevo sistema de inteligencia artificial que ayuda a detectar contenidos y mensajes sexistas en memes y videos de TikTok. El sistema combina el análisis del contenido de los vídeos con datos sobre la actividad cerebral, el movimiento de los ojos y el ritmo cardíaco de los espectadores.

“Muchas veces, tanto en los memes como en los videos de TikTok, existen contenidos en los que el sexismo aparece camuflado mediante el humor, la ironía, los estereotipos o comentarios aparentemente inofensivos. Además, para interpretar correctamente un vídeo es necesario tener en cuenta simultáneamente el lenguaje, los textos que aparecen en pantalla, las imágenes, los gestos y el contexto. Nuestro sistema ayuda a detectar y denunciar esos contenidos sexistas de forma más eficaz que los sistemas utilizados actualmente”, apunta Iván Arcos, investigador del PRHLT.

¿Qué ocurre cuando vemos contenido sexista?

Para desarrollar el sistema, los investigadores analizaron unos cuatro mil memes y unos dos mil quinientos vídeos de TikTok en español e inglés, procedentes de los conjuntos de datos de EXIST, una competición internacional sobre detección de sexismo en redes sociales. “Trabajamos con diez personas en el estudio con vídeos y con dieciséis en el de memes, que visualizaron estos contenidos mientras se registraban sus respuestas mediante seguimiento ocular, electroencefalografía (EEG) y medición del ritmo cardíaco”, explica Paolo Rosso, catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación y miembro de ValgrAI (Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence).

Y, según recoge el estudio, las reacciones ante contenidos sexistas y no sexistas fueron muy diferentes. Los vídeos sexistas generaron, entre otros efectos, mayores tiempos de reacción y un incremento de las fijaciones de la mirada, además de diferencias en determinados patrones de actividad cerebral. En concreto, el número medio de fijaciones de la mirada aumentó en los vídeos en los que muestran o juzgan situaciones sexistas.

Los movimientos rápidos de los ojos de un punto a otro (sacadas) y los parpadeos siguieron la misma tendencia, y el ritmo cardíaco mostró mayores fluctuaciones ante los vídeos sexistas. En el caso de los memes se observó un patrón similar. “La respuesta también variaba según el tipo de sexismo. El estudio distingue, por ejemplo, entre sexismo directo y contenidos que muestran o juzgan situaciones sexistas, cuya correcta interpretación exige comprender mejor la intención y el contexto del mensaje”, explica Iván Arcos.

Según los investigadores, estas diferencias en la mirada reflejan una mayor carga cognitiva: cuanto más difícil es interpretar un contenido, más se detiene y se desplaza la mirada, porque el espectador explora la pantalla en busca de pistas (el texto, los gestos, el contexto) antes de decidir qué significa. Por eso el efecto es máximo en los vídeos que muestran o juzgan situaciones sexistas, en los que no basta con reconocer lo que aparece en pantalla, sino que además hay que deducir cuál es la postura de quien lo publica.

“El EEG registra la actividad eléctrica del cerebro a través de 16 electrodos, o canales, colocados sobre la cabeza, y permite distinguir entre ondas cerebrales lentas y rápidas. Cuando los sujetos veían un vídeo sexista, las ondas lentas (delta, theta y alfa) perdían intensidad en los canales de la zona central y parietal, es decir, en la parte alta y trasera de la cabeza. Puede parecer contradictorio, pero es una señal de que el cerebro está prestando más atención: estas ondas, sobre todo las alfa, son más intensas cuando el cerebro está relajado y se reducen cuando se concentra”, explica Iván Arcos.

En cambio, en los vídeos que muestran o juzgan situaciones sexistas, frente a los de sexismo directo, aumentaron las ondas rápidas (beta y gamma) en los canales de la parte frontal y del lado derecho de la cabeza. “Estas ondas se asocian a un razonamiento más elaborado. El sexismo directo basta con reconocerlo, pero en estos vídeos el cerebro tiene que analizar el contexto para entender qué quiere decir quien los publica”, añade Arcos.

Por su parte, los vídeos de violencia sexual redujeron la intensidad de las ondas cerebrales en todos los canales en los que se detectaron diferencias, sobre todo en el lado derecho de la cabeza. Como ocurría con los vídeos sexistas en general, esta reducción indica una mayor implicación del cerebro, en este caso ante un contenido emocionalmente muy desagradable. Además, que se concentre en el lado derecho coincide con estudios previos que muestran que los dos hemisferios no procesan las emociones de la misma forma.

Identificar contenidos sexistas y actuar sobre ellos

A partir de estas diferencias, el equipo de la UPV desarrolló el modelo de inteligencia artificial, combinando las señales fisiológicas con la información textual y visual extraída de los vídeos. El trabajo se acaba de presentar en el XLII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural. “Frente al sistema basado únicamente en texto e imágenes, la incorporación de las respuestas fisiológicas mejoró de aproximadamente un 4% la detección de si un vídeo era sexista o no; y de más de un 6% la diferenciación entre sexismo directo y valorativo, así como la clasificación de las diferentes categorías de sexismo. Las mayores mejoras se dan precisamente en los casos más difíciles, cuando hay que interpretar la intención del mensaje o distinguir las categorías más ambiguas, como la cosificación o la desigualdad ideológica. En el caso de los memes, la mejora alcanzó el 26,3 % en la categoría más difícil de identificar, la misoginia y violencia no sexual. Así, al detectar mejor el sexismo, incluido el más implícito o camuflado, nuestra herramienta podría ayudar a las plataformas a identificar estos contenidos y actuar sobre ellos”, concluye Paolo Rosso.

La jueza que instruye la causa del escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública del residencial Les Naus de Alicante ha descartado archivar la causa, tal como solicitaban las defensas de varios investigados, a la espera de un informe de “especial trascendencia” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. La magistrada, en dos autos dictados el pasado 14 de octubre, recuerda que “permanecen pendientes diligencias de investigación de indudable relevancia para la correcta formación del juicio instructor, sin que resulte procedente adoptar una decisión definitiva sobre el devenir del procedimiento sin haber agotado previamente dichas líneas de investigación”.

La instructora aprecia que la investigación “no se encuentra concluida” y aduce que quedan diligencias “pendientes” cuya práctica “resulta objetivamente necesaria para una adecuada valoración de los hechos”.

“En particular”, esgrime la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, falta la incorporación al procedimiento del informe de la UDEF “para la comprobación de extremos fácticos que pueden resultar determinantes a efectos de valorar la concurrencia o no de indicios de infracción penal”. 

“La ausencia de dicho informe impide, en el momento actual, disponer de un cuadro indiciario completo que permita efectuar un juicio definitivo sobre la tipicidad de los hechos y sobre la eventual participación de las personas investigadas”, apostilla uno de los autos. 

Una petición “prematura”

Así, la magistrada considera “prematura” la petición de sobreseimiento por parte de las defensas, “pues supondría cerrar anticipadamente la investigación sin haber agotado diligencias de comprobación que aparecen razonablemente útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos”.

La fase actual de la instrucción, con el informe policial pendiente, “aconseja mantener abierta la investigación hasta que pueda contarse con todos los elementos necesarios para adoptar una decisión fundada, evitando resoluciones prematuras que pudieran comprometer el adecuado esclarecimiento de los hechos”, remacha la jueza María Amparo Rubio, en dos resoluciones que no son firme.    

La Generalitat ha puesto en marcha el procedimiento para aprobar la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). Esta primera fase se centra en el área geográfica más castigada por la dana de octubre de 2024, cuyas conclusiones técnicas revelan un incremento superior al 60% de la superficie catalogada como zona inundable en comparación con la cartografía anterior.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado los resultados de este análisis ante medio centenar de alcaldes y representantes municipales. En el acto también han participado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; la secretaria autonómica de Medioambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra; y Félix Francés, responsable del Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Martínez Mus ha admitido que la catástrofe de 2024 “evidenció que la realidad de la inundación superó los escenarios que reflejaban nuestras cartografías de riesgo”. Los estudios confirman que fenómenos de tal magnitud se producen en una franja estimada de entre 1.000 y 2.000 años de periodo de retorno. “Pero lo improbable no significa imposible y la planificación territorial debe estar preparada también para esos escenarios”, ha incidido el vicepresidente, que ha subrayado la necesidad de actualizar las herramientas de análisis.

Para modelizar estos episodios extremos, los equipos técnicos han analizado más de 11.700 datos procedentes de 1.090 pluviómetros. Los trabajos de detalle abarcan 51 localidades y se focalizan en cuatro ámbitos clave: el Alto Magro, el Bajo Magro, los barrancos de l’Horta Sud y el Bajo Turia, aguas abajo del embalse de Loriguilla.

Nuevas restricciones y prohibición de subterráneos

La cartografía actualizada establece siete niveles de peligrosidad asociados a periodos de retorno de 25, 100, 500 y 2.000 años. Partiendo de estos datos, los expertos reclaman aplicar el principio de cautela y modificar profundamente el planeamiento urbanístico, ya que el estudio demuestra que la integración del riesgo de inundación por parte de los ayuntamientos ha sido hasta ahora “parcial y desigual”.

Ante este diagnóstico, el plan contempla medidas severas como la prohibición directa de construir aparcamientos subterráneos en áreas de peligrosidad media, vetos absolutos en los enclaves más expuestos, la obligación de adaptar las edificaciones a las cotas de inundación y el diseño de infraestructuras verdes y zonas de laminación.

El anuncio formal de la revisión del plan se publicará este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), momento en el que se abrirá el correspondiente periodo de información pública y de notificación a los ayuntamientos afectados y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El objetivo final del Consell es extender progresivamente esta metodología científica al conjunto del territorio autonómico para “conocer mejor para decidir mejor; decidir mejor para proteger mejor”.

La tensión en el ámbito educativo valenciano regresa a primer plano. Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria STEPV, CCOO y UGT han anunciado este martes que retomarán las movilizaciones y barajan la reactivación de la huelga indefinida del profesorado. La decisión responde a lo que califican como una ruptura de la confianza y de la buena fe negociadora por parte de la Conselleria de Educación, tras considerar insuficientes las propuestas planteadas para resolver las reivindicaciones del sector.

“La conselleria ha roto la confianza, la buena fe negociadora, otra vez y dinamita toda la voluntad de acuerdo que estamos mostrando desde la suspensión de la huelga”, ha manifestado el delegado sindical de UGT Ensenyament en el País Valencià, Kilian Cuerda. Las declaraciones se han producido en una rueda de prensa convocada a las puertas de la Conselleria de Educación, después de que los representantes sindicales denunciaran la denegación de autorización para celebrarla en el interior del edificio oficial.

Desde las organizaciones sindicales critican que la propuesta del departamento que dirige Carmen Ortí se limite a un calendario de 47 mesas ordinarias para el curso 2026/2027 que, a su juicio, elude los temas troncales planteados tras los paros de mayo y junio. Entre las cuestiones pendientes, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV, ha recordado la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, la mejora de la red de infraestructuras y el impulso efectivo de la educación en valenciano.

Primeras acciones y llamada a la huelga general

Como respuesta inmediata al bloqueo, los sindicatos han convocado una gran asamblea abierta a todo el profesorado para el próximo martes, 20 de octubre, con el objetivo de definir una postura firme de presión. Asimismo, han realizado un llamamiento formal a la comunidad docente para secundar la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, y buscan articular un bloque potente contra la masificación de las aulas, la falta de cobertura en las sustituciones y los recortes presupuestarios en las plantillas.

El malestar sindical también se extiende a medidas recientes de la administración, como la modificación del decreto de comisiones de servicio —rechazada también por CSIF y ANPE—, y a lo que Cuerda ha calificado de “provocación” en alusión a las políticas de control sobre el profesorado. En este escenario, los representantes sindicales confían en que el encuentro previsto para el próximo 21 de octubre con la consellera Carmen Ortí suponga un “gesto” y un cambio radical de postura, aunque advierten de que mantendrán las protestas si no se presentan soluciones tangibles.

Las negociaciones “nunca se han roto”

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha rechazado tajantemente las acusaciones de inacción, y ha defendido la continuidad del diálogo institucional. “No podemos retomar unas negociaciones que nunca se han roto. Nosotros hemos estado negociando desde hace meses, en julio estuvimos negociando, continuamos negociando y hemos planteado un calendario de 47 mesas de negociación. La negociación en ningún momento se ha roto”, ha afirmado, y ha reiterado la invitación a los tres sindicatos para que se sumen a los espacios de diálogo establecidos.

En paralelo, la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valenciano (CADPV) ha remitido una petición formal a la conselleria para exigir la apertura inmediata de un proceso negociador con plazos definidos y compromisos verificables. Desde la coordinadora advierten de que la situación de la enseñanza pública requiere de “responsabilidad institucional” y de medidas estructurales urgentes que vayan más allá de las meras declaraciones de intenciones, así como que se consolide un canal de comunicación permanente que evite la cronificación del conflicto en las aulas valencianas.

Seis difusores del bulo del 'caso Bar España' se sientan este viernes en el banquillo de los acusados ante la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castelló. Entre los acusados figuran personajes relevantes del submundo conspiranoico como Pilar Baselga, absuelta en primera instancia por vincular a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, con el narcotráfico y llamarla “Begoño”, insinuando que es un hombre; Juan Lankamp Riaza, ya condenado por intromisión ilegítima en el derecho al honor; Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, o Javier Fernández Torres, que usaba “como pantalla” a la entidad “Abogados contra la corrupción” para dar una pátina de seriedad al bulo, según indica el fiscal en su escrito de acusación.

El representante del Ministerio Público solicita inicialmente para los acusados una pena de siete años y medio de prisión por los presuntos delitos contra la integridad moral y continuado de calumnias con publicidad contra autoridad y funcionario y contra particular.

Tras la fase inicial de cuestiones previas, prevista para este viernes, el tribunal ha reservado las sesiones de los próximos 20 y 21 de octubre para las declaraciones de los 34 testigos propuestos por la acusación pública y por las defensas, entre ellos la magistrada víctima del bulo; el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; el expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, o la ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, todos ellos vinculados por los acusados con una inexistente trama de pederastia.

La sesión del 22 de octubre se ha reservado para la declaración como peritos de un forense y del jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Castelló. Tras ellos, será el turno de los acusados.

Entre los testigos del juicio figuran las dos hijas del peluquero Reinaldo Colás, fallecido el 17 de diciembre de 2017 y creador original del bulo, según el Ministerio Fiscal. Colás denunció a la pareja de su exmujer por unos supuestos abusos, aunque una jueza archivó la causa al no haberse acreditado los hechos “y tratarse más bien de una venganza” contra su exmujer, según el fiscal.

Así, Colás “inició una campaña de difamación contra la referida jueza y contra todas aquellas personas que habían intervenido en el proceso”, mantiene el representante del Ministerio Público. El peluquero creó una falsa trama de orgías con menores de edad (incluso aludía a asesinatos) en el Bar España, un establecimiento situado en la carretera de Benicarló, en las que participaba una supuesta “mafia empresarial y judicial” que tan solo existía en su cabeza.

Políticos y “enemistades personales” de Colás

También incluyó “paulatinamente” tanto a personas con relevancia pública, especialmente Carlos Fabra, como a “enemistades personales” suyas. Todo ello “usando a menores y personas adictas a drogas”.

Todas sus denuncias fueron archivadas —“al demostrarse ser absolutamente falsas”— e incluso fue condenado en 2013 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Vinarós como autor de un delito de acusación y denuncias falsas.

Entre los acusados también figura Virginia Mota San Máximo, “redactora” de un “periódico digital” denominado “Aquí Actualidad” que amplificó el bulo, según el cual “casi un centenar de niños fueron violados de forma continuada en Castellón por una red de pedofilia que implica a políticos muy conocidos”. Santiago Cordido García, editor de “Actualidad Aquí”, figura como responsable civil.

La propagación del bulo, que fue calando en algunos estratos de la sociedad, supuso un auténtico infierno para la jueza que tuvo la desgracia de cruzarse en un inicio con Reinaldo Colás. Pilar Baselga, ya condenada junto con el acusado Juan Lankamp Riaza por intromisión ilegítima al derecho al honor de la magistrada, se permitió afirmar que la jueza señalada “mata niños”, según indica el escrito del fiscal. Otro de los acusados, Ramón Valero Martín Consuegra, tuvo un “impacto” de “gran relevancia” con sus publicaciones en la red.

Algunos de los menores que usó Reinaldo Colás para engordar el bulo, generalmente en situación de exclusión social, reconocieron en un reportaje del programa Equipo de Investigación de La Sexta que todo había sido una pura invención.  

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, gobernado por el socialista Robert Raga, alertó a la población la víspera de la dana del peligro que podían suponer los barrancos del Poyo y de Pozalet. Raga explicó el pasado 24 de septiembre ante la jueza de la dana que la “preocupación máxima” de los responsables municipales era precisamente el área industrial de la localidad, con un millar de naves esparcidas en seis millones de metros cuadrados y afectada por los barrancos del Poyo y de Pozalet, que “van en paralelo”. Se trata de un área logística con unos 20.000 trabajadores conectada con el Puerto de València. “Por la experiencia, nosotros sabemos que cuando en la zona oeste de nuestro término (o sea, Cheste, Chiva, hacia Liria) hay tormentas, pues siempre estamos mirando a ver qué puede pasar”, afirmó el alcalde, según consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Robert Raga destacó dos avisos de la Policía Local de Riba-roja de Túria al Centro de Emergencias de la Generalitat: a las 12.50 (por el inicio del desbordamiento del barranco de Pozalet) y, sobre las 18.20, en relación con el desbordamiento del barranco del Poyo.

El consistorio convocó el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) el 28 de octubre de 2024, víspera de la dana. De hecho, Raga adelantó el regreso de un viaje personal a consecuencia de las previsiones de lluvia.

El Cecopal, la versión municipal del Cecopi, avisó por redes sociales del peligro potencial en los barrancos de la localidad e instó a la población a actuar con “prudencia” y a “tomar precauciones” en los “puntos críticos”. La localidad, según abundó el testigo ante la jueza, cuenta con siete barrancos en la parte del río Túria y dos en el sur (el del Poyo y el de Pozalet).

El día de autos también avisaron por correo electrónico a las empresas del polígono industrial, al observar que “efectivamente podía haber un problema de crecida muy deprisa y de cierto desborde”. A partir de las 14.00, “avisamos, porque no podemos prohibir, que redujeran la actividad industrial, dado que el tema de movilidad creíamos que iba a ser un problema importante”, manifestó Raga.

A partir de las “15 y pico”, tras observar que el barranco del Poyo “subía mucho”, aconsejaron a las empresas de los polígonos que “desalojaran”. “Aquello empezaba a pintar muy mal”, apostilló el alcalde de Riba-roja de Túria.

“Creo que se salvó mucha gente, sinceramente”, dijo el testigo en referencia a las medidas de la Corporación municipal (en la localidad fallecieron una decena de personas). Aunque “ojalá hubiera tenido potestad para obligar las cosas legalmente”, agregó.

“Tráilers que iban como si fueran barcos”

A partir de las 18.30, se vivió un “desborde absoluto” a consecuencia del desbordamiento de los barrancos, con “picos” de “cinco metros de agua”. “En nuestra área industrial, con esos seis millones de metros, casi mil naves y cinco metros [de agua], no pasó la barbaridad de Paiporta ni de la zona más baja, pero aquello eran tráilers que iban como si fueran barcos cargados con sus mercancías”, relató Robert Raga.

Por otro lado, el alcalde también dijo que, cuando fue enviado el Es-Alert de las 20.11 por parte del Centro de Emergencias, el municipio “estaba inundado”. Una media hora antes del mensaje automático a los móviles, según calculaba, “aquello estaba con dos metros de agua”.

A pesar de los avisos del ayuntamiento a las empresas, unos 7.000 trabajadores “todavía estaban allí”, según declaró Raga. El consistorio contrató autobuses para tratar de evacuar a partir de aquella noche y del día siguiente a numerosos trabajadores atrapados (algunos conductores provenían del extranjero). “La situación el día 30 era de una brutalidad tremenda”, dijo Raga.

El testigo indicó que aquella jornada hizo 120 llamadas telefónicas.

Hasta tres informes llegaron a recomendar que el Museo de Villena (MUVI) tuviera vigilantes las 24 horas del día los siete días de la semana antes de que se produjera el robo del Tesoro el pasado mes de agosto.

Esta es una de las principales conclusiones de la segunda sesión de la comisión municipal que investiga este suceso en el Ayuntamiento de la localidad y que se ha celebrado este miércoles.

Así lo ha trasladado el portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Salguero, quien ha sostenido que el primer informe es el del exjefe de seguridad del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Tomás Jiménez, uno de los comparecientes hoy y que en su momento actuó como asesor de seguridad del MUVI.

Este expediente fue solicitado por el alcalde de Villena en 2019, Francisco Javier Esquembre.

El segundo informe, según el portavoz popular, fue de una auditoría también a petición del Ayuntamiento, mientras que el tercero es el de la Policía Autonómica.

“Esto deja una reflexión”, ha sostenido Salguero, quien ha añadido que “una cosa es lo que obliga a una institución” y otra es “hacer todo lo que esté en su mano para cumplir con los requisitos necesarios”.

El concejal del PP también ha explicado que el director de Museos de la Generalitat, Nicolás Sergio Bugeda, que había sido citado hoy, ha pedido venir la semana que viene, algo que no se le ha permitido porque, según Salguero, el secretario de la comisión ha afirmado que “esta no es una comisión a la carta”.

Desde Vox, Ana María Cerdán ha explicado que todavía les falta documentación que habían pedido al equipo de gobierno, como informes de la directora del MUVI, Laura Hernández, a Conselleria, además de la documentación que acredite que la cámara era acorazada y la vitrina blindada.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Martínez, del PSPV-PSOE, ha confirmado que esas recomendaciones de incorporar una persona de seguridad las 24 horas se hicieron, pero que en el caso del exjefe de seguridad del MARQ ese mismo informe aseguraba que ya se cumplían las medidas de seguridad exigidas.

Sobre si la presencia de un vigilante durante el robo hubiera cambiado algo, Martínez ha sostenido que “si coincide que cuando hacen la intrusión está delante de los monitores, pues sí que podía haber hecho la llamada en el mismo tiempo de respuesta, pero si está haciendo una ronda, pues el protocolo hubiera sido el mismo”, ya que al saltar la alarma en centralita el vigilante tendría que haber ido a encerrarse a su cuarto y dar información al resto de cuerpos de seguridad.

A la sesión de este miércoles han acudido el intendente jefe de la Policía Local de Villena, Bertino Óscar Ponce, el técnico de mantenimiento del MUVI, Francisco Javier Martínez, el técnico municipal responsable de Patrimonio, Jsoé Pérez Amorós, el responsable de la empresa de seguridad del museo y la directora del MUVI, Laura Hernández, mientras que los cargos dependientes de la Generalitat, como Bugeda y el inspector jefe operativo de la Policía Autonómica, José Antonio Fernández, se han ausentado.

“No deja de ser irónico que sean los cargos del Partido Popular quienes se desentiendan y no quieran venir a una comisión que ha pedido el propio Partido Popular”, ha sentenciado el portavoz municipal. 

La jueza de la dana ha citado para el próximo 25 de noviembre a la comisaria Marisol Conde, jefa de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat Valenciana y responsable máxima del operativo de seguridad del entonces president Carlos Mazón durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 233 fallecidos.

La testifical de Conde, que también se conectó a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), será el próximo 25 de noviembre.

La magistrada ha citado el mismo día al exjefe de prensa de Salomé Pradas, el periodista Héctor González.

Por otro lado, una diligencia de ordenación del juzgado de Catarroja, dictada este miércoles, ha puesto fecha a la declaración testifical de varios alcaldes. Se trata de Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja (5 de noviembre); Eva Sanz, alcaldesa de Benetússer, y Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar (ambos el 2 de diciembre), y Francisco Comes, alcalde de Massanassa, y José Miguel Ferris, alcalde de Albal (ambos el 4 de diciembre).

La jueza instructora también ha citado el próximo 30 de noviembre a dos bomberos forestales de Buñol.

“No entendí la llamada”. Así interpreta el aclalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor, la breve comunicación que recibió la tarde de la dana por parte del entonces president, Carlos Mazón, mientras permanecía con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro. La abogada de una de las acusaciones populares le ha preguntado al testigo si percibió que Mazón estaba al frente de la emergencia. “Al principio de la llamada, sí; cuando finaliza la llamada, no”, ha contestado Jordi Mayor. “La sensación cuando termina la llamada es no entender para qué me había llamado ni desde dónde me había llamado”, ha apostillado Mayor, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de su testifical.

El testigo ha relatado que Mazón le telefoneó mediante la aplicación de WhatsApp. El primer edil de Cullera pensaba que la llamada estaba vinculada con sus comunicaciones anteriores de aquella tarde con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Mayor proporcionó a Mazón la información que ya le había comunicado a Argüeso previamente, pensando que el president y el secretario autonómico de Emergencias estaban codo con codo siguiendo la emergencia de la dana en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). “Pensaba que estaban el uno al lado del otro”, ha asegurado el testigo. Sin embargo, Carlos Mazón alargaba la sobremesa con Maribel Vilaplana en El Ventorro.

El alcalde de Cullera ha rememorado la llamada:

—Me llama: ¿qué pasa, qué tal? Le cuento lo mismo [que a Argüeso] y me quedo un poco como diciendo, bueno, a ver qué me dice después. Vale, vale pues todo bien, este es mi teléfono personal, grábatelo, cualquier cosa que necesites, me llamas [responde Mazón]. Me quedé así diciendo: ¿Y para qué me ha llamado? Porque la información que le podía dar ya la tenía el señor Argüeso. No entendía la llamada en ese momento, no la entendía.

La llamada apenas duró un minuto: “Quien habló de la dana en esa llamada fui yo. Quien trasladó información de la dana fui yo, a mí no se me trasladó ninguna información”, ha explicado Mayor. “Entendía que estaba al lado del señor Argüeso. Mi sorpresa es que no me dice nada y después resulta que este hombre no estaba allí, entonces para qué me llamó”, se ha preguntado el testigo.

“Ni ético ni correcto”

El alcalde ha explicado que, en un principio, no hizo pública la llamada por “lealtad institucional”. Sin embargo, cuando Carlos Mazón aireó la llamada, Mayor sintió que se le estaba usando en modo “oportunista” por parte del entonces jefe del Consell, que actualmente figura en la causa como una suerte de 'preinvestigado'. “Lo que no me pareció ni ético ni correcto fue que el president dijera públicamente que me había llamado a mí para hacer entender a todo el mundo que había estado preocupado y llamando a alcaldes”, ha afirmado Jordi Mayor.

Por otro lado, también ha relatado que nadie se conectó a la reunión telemática con alcaldes que había convocado el Centro de Emergencias de la Generalitat a consecuencia de la situación de la presa de Forata. Ya en el pleno municipal de Cullera, los ediles recibieron el Es-Alert de las 20.11, que ha tildado de “desconcertante”.

Mayor telefoneó entonces a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y éste se sorprendió de que Emergencias no hubiera avisado a los alcaldes. “Automáticamente”, ha dicho Jordi Mayor, convocó el Cecopal (la versión municipal del Cecopi) y ordenó evacuar la “zona del Júcar que históricamente se desborda”. Un centenar de personas, así como numerosos animales, fueron desalojados.

El SAIH: “Tenemos cuatro horas para reaccionar”

Por otro lado, también ha explicado que aquella jornada estuvo pendiente de los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ. “Lo tengo aquí en favoritos”, ha dicho el testigo en referencia a su teléfono móvil. Mayor ha explicado que los alcaldes de la comarca de la Ribera Alta suelen controlar mediante la aplicación el medidor del Huerto de Mulet. “Tenemos cuatro horas para reaccionar”, ha detallado.

Jordi Mayor ha aportado voluntariamente los mensajes de WhatsApp que se intercambió aquel 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 233 fallecidos. Incluyendo los mensajes en un grupo de la aplicación de alcaldes de la comarca.

El alcalde ha explicado ante la jueza que la víspera de la dana ordenó la suspensión de la actividad lectiva y el cierre de las instalaciones deportivas, al haber consultado las previsiones al técnico de Inforatge, un servicio contratado por varios municipios. Así, el testigo sabía que se enfrentaban a “un día muy complicado” y así lo transmitió a la población, instando a evitar los desplazamientos.

En el extremo septentrional de Alicante, envuelto por el valioso paisaje natural de la Sierra de Mariola, el municipio de Banyeres de Mariola alberga un patrimonio hidráulico de singular importancia regional. Siguiendo el curso alto del río Vinalopó, a escasa distancia de su nacimiento, se despliega un itinerario histórico que rescata la memoria de una floreciente industria. A lo largo de este cauce fluvial surgieron instalaciones fabriles que transformaron por completo la dinámica socioeconómica del territorio montañoso. El agua impulsó así un valioso entramado fabril histórico.

A partir del siglo XVIII, la fuerza del río comenzó a aprovecharse de manera sistemática para la instalación de molinos papeleros, harineros y batanes. En su etapa de esplendor, la zona llegó a albergar hasta una docena de molinos, con nueve plantas papeleras funcionando simultáneamente. Durante varios siglos, estas construcciones fueron el motor económico del municipio, empleando a la mayor parte de sus vecinos. La corriente movía ruedas e ingenios mecánicos que canalizaban el agua hacia las áreas de trabajo, iniciando una próspera tradición.

Entre los vestigios patrimoniales más destacados figura el Molí l'Ombria, reconocido como la primera instalación papelera erigida en el curso del Alto Vinalopó. Fundado en 1770 por el escribano Laureano Ballester y Garrigós, el recinto destacó por la elaboración de papel de timbre y de fumar de gran calidad. Posteriormente, la propiedad pasó a José Laporta Valor, quien adaptó el recinto para suministrar energía eléctrica al Molí Sol y al Molí Pont. Aunque se encuentra en ruinas, conserva su planta baja abovedada y las plantas destinadas al secado de las hojas.

Aguas abajo emerge la imponente estructura del Molí Sol, conocido también en la comarca como el molino Blanco y Negro por la famosa marca de papel de fumar que allí se fabricaba. Construido en 1856 junto al antiguo molino harinero Torró, este complejo destaca por su alzado de cuatro plantas sobre un semisótano abovedado. En el nivel inferior se moldeaba la pasta de papel sobre pilares de mortero, mientras que las plantas superiores se destinaban al secado al aire mediante amplios ventanales. La fama de sus libritos alcanzó notable éxito en mercados de América.

Un hito fundamental en la ruta es el Molí Pont, cuyo origen se remonta a 1758 cuando el rector Mauro Aparisi promovió un molino harinero para financiar la iglesia parroquial. En 1877, José Mora Navarro adquirió la finca y construyó al lado el mayor molino papelero de Banyeres de Mariola. Reorganizado más tarde como La Innovadora por José Laporta, el complejo se integró en 1935 en Papeleras Reunidas S.A. hasta su cierre en 1964. En la actualidad, el histórico edificio se proyecta para albergar la futura sede del Museu Valencià del Paper, salvaguardando su memoria.

El trayecto fluvial comprende además otros molinos de gran interés como el Molí l'Aspenta o Molino San Jorge, ubicado en la partida del Bovar y parcialmente destruido por las riadas del río Vinalopó. Destaca asimismo el Molí del Partidor, una estratégica instalación de distribución hídrica con dos tinas que conserva sus arcos tradicionales y su cubierta a dos aguas. A estas edificaciones se suman el Molí Roig o de Català, surgido sobre un antiguo batán del siglo XVIII, y el Molí Sans en la confluencia con la Marjal. Todos atestiguan la hábil ingeniería hidráulica de la zona.

Diversa vegetación

Hoy en día, los amantes del senderismo pueden recorrer este relevante legado mediante una sencilla ruta de unos cinco kilómetros de longitud y escaso desnivel, idónea para realizar en familia. La senda discurre junto al río rodeada por un denso bosque de ribera formado por chopos, olmos y tupida vegetación autóctona. A lo largo del camino, diversos paneles interpretativos detallan la historia de la maquinaria hidráulica y la botánica local, destacando plantas como el saúco, empleado antaño para confeccionar tintes. 

Declarada Bien de Interés Cultural, la ruta de los Molinos de Banyeres de Mariola constituye un ejemplo excepcional de recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial valenciano. Caminar entre las ruinas de estas antiguas fábricas permite comprender el esfuerzo de generaciones que convirtieron el agua en desarrollo económico. Aunque el paso del tiempo haya deteriorado parte de los edificios, la tranquilidad del paisaje y la presencia del río invitan a una pausa transformadora. Esta excursión es, en definitiva, una cita imprescindible para disfrutar de la naturaleza y la historia.

La Conselleria d'Educació ha descartat investigar la concessió de fons públics a set col·legis concertats de la Comunitat Valenciana que separen l'alumnat per sexe. El departament dirigit per Carmen Ortí ha inadmés el requeriment presentat el passat mes de maig pel grup parlamentari Compromís, amb l'argument que els diputats impulsors de la denúncia no van aportar prou proves per a justificar l'obertura d'un expedient d'extinció dels concerts.

Educació ha respost així a la petició registrada per Compromís a través del seu síndic, Joan Baldoví, i del diputat Gerard Fullana, que reclamaven la retirada del finançament públic als centres privats Altozano i Aitana (Alacant); Vilavella, El Vedat i Guadalaviar (València), i Torrenova i Miralvent (Castelló). Segons la formació valencianista, mantindre el concert durant un període de sis exercicis a aquests centres —que van escolaritzar quasi 4.000 alumnes en règim de segregació durant el curs 2025-2026— suposa una despesa de 72,6 milions d'euros dels pressupostos autonòmics que, segons asseguren, incompleix directament la Llei orgànica d'educació (LOE) i la normativa autonòmica de coeducació.

Davant d'aquest requeriment, presentat el 4 de maig, el director general de Centres Docents, Jorge Cabo, va exigir als representants de Compromís l'aportació de documentació probatòria addicional. Després d'expirar els terminis legals establits sense que els diputats accediren a la notificació electrònica ni aportaren nous elements de prova, la consellera Carmen Ortí va firmar el passat 15 de juliol de 2026 la resolució definitiva d'inadmissió del procediment.

La Conselleria argumenta que no consta en els registres de la Generalitat Valenciana cap denúncia formal prèvia per discriminació formulada per l'alumnat o les famílies i defensa que la falta d'aportació documental impedeix iniciar d'ofici la tramitació sancionadora o de rescissió contractual.

Enfrontament a les Corts

Aquesta qüestió ha protagonitzat aquest dimarts part del debat en el ple de les Corts Valencianes, on Gerard Fullana ha retret a la titular d'Educació la seua negativa a investigar la legalitat dels pagaments. “És vosté, que paga aquests centres, qui ha d'investigar, no els diputats de l'oposició”, ha criticat el parlamentari valencianista, que ha qüestionat la coherència del Consell en renovar milions d'euros a escoles que, a parer seu, vulneren frontalment el marc normatiu vigent.

Per la seua banda, la consellera Carmen Ortí ha respost responsabilitzant els anteriors governants del Botànic d'haver mantingut aquest model de finançament en etapes anteriors. La responsable d'Educació ha defensat que les famílies han de disposar de llibertat per a triar la formació moral dels seus fills, emparant-se en l'article 27 de la Constitució espanyola, alhora que ha criticat la “doble vara de mesurar” de Fullana, en recordar-li que el Botànic va renovar aquests concerts durant els huit anys que va governar la Generalitat i que va destinar 152 milions d'euros al finançament d'aquests centres.

La regulació del principi de “prioritat nacional” aprovada pel PP i Vox a la Comunitat Valenciana se situa al marge de la normativa i la jurisprudència de la Unió Europea. La doctrina fixada per la mateixa Comissió Europea —tal com explica l'executiu comunitari en resposta a una iniciativa parlamentària sobre l'accés a l'habitatge i les ajudes públiques— conclou que els estats membres no tenen cobertura legal per a imposar requisits de residència superiors als cinc anys als estrangers establits legalment, tal com estableix la legislació europea.

Aquest mateix dimecres, les Corts Valencianes han aprovat, amb els vots del PP i Vox, la inclusió formal del principi de “prioritat nacional” en l'accés a l'habitatge públic, després que els populars acceptaren una esmena presentada pel partit d'extrema dreta a la seua proposta parlamentària sobre aquesta matèria. L'acord estableix l'obligació de procurar l'assignació prioritària dels recursos públics a les persones que acrediten un “arrelament real, durador i verificable” a la Comunitat Valenciana, i vincula la concessió d'habitatge protegit a la permanència històrica en el territori valencià.

Durant una sessió dedicada monogràficament a la crisi de l'habitatge i la immigració, el debat ha evidenciat la profunda divisió a la cambra. Mentre que el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defensat les mesures per a afrontar els problemes del sector davant dels qui considera que “mai no han fet ni un brot en matèria d'habitatge” —en referència al PSPV i a Compromís—, el portaveu de Vox, José María Llanos, ha justificat la restricció de l'accés amb l'argument de la limitació de recursos davant de l'augment de la població immigrant.

Per la seua banda, els grups de l'oposició han rebutjat rotundament aquesta iniciativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha censurat un model que contraposa la protecció de les persones vulnerables amb el suport als “fons voltor i l'especulació pura”, mentre que el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha acusat Vox d'eludir les solucions reals en matèria d'habitatge per a “inocular odi” en el debat polític valencià.

La “prioritat nacional”, rebutjada per Brussel·les

Tota aquesta controvèrsia té l'origen en la Llei 5/2026, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, més coneguda com la Llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat Valenciana. En l'article 45, la norma valenciana habilita el desplegament reglamentari de la “prioritat nacional” en matèria d'habitatge de protecció pública en règim de compra i exigeix per a la inscripció com a demandant “un mínim de deu anys d'empadronament històric en algun municipi de la Comunitat Valenciana i d'Espanya de manera continuada o interrompuda”.

Aquesta exigència d'una dècada d'arrelament duplica el límit fixat pel dret comunitari. Així ho estableix el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, en la seua resposta a una consulta de l'eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, en la qual la Comissió aclareix que l'article 11 de la Directiva 2003/109/CE garanteix als residents de llarga duració la plena igualtat de tracte amb els nacionals en l'accés a les prestacions socials i als procediments d'habitatge.

Brunner recorda que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) impedeix l'enduriment unilateral d'aquests criteris per part de les administracions regionals o nacionals. “Els estats membres no poden imposar unilateralment un requisit de residència més llarg que el període de cinc anys establit”, assevera en la seua resposta. Així mateix, la Comissió adverteix que qualsevol requisit de residència que perjudique de manera desproporcionada els residents d'altres estats o els nacionals de tercers països incorre en una “discriminació indirecta” prohibida per l'ordenament europeu.

Amb la posició de la Comissió Europea per escrit, Marzà ha registrat una nova pregunta davant del Parlament Europeu dirigida específicament a la Llei d'acompanyament aprovada a les Corts Valencianes. En el seu text, l'eurodiputat pregunta directament a l'executiu comunitari si considera que l'article 45 de la norma valenciana incompleix el marc legal europeu i quines mesures preveu adoptar davant d'una disposició que ja està en vigor.

Marzà, en declaracions a elDiario.es, admet que la primera consulta, motivada pels acords de govern impulsats per la dreta i l'extrema dreta en comunitats com Aragó, perseguia posar contra les cordes les polítiques d'exclusió social: “La Comissió ha confirmat que és il·legal i PP i Vox han aprovat una qüestió que, segons el que afirma el comissari Brunner, és il·legal”, argumenta el parlamentari per a fonamentar la invalidesa de la norma valenciana.

A parer de Marzà, la posició expressada pel comissari austríac, integrat en el Partit Popular Europeu, evidencia que les mesures de la dreta valenciana s'allunyen del mateix consens comunitari. “Es demostra clarament que no tenen cap solució viable per a res i que l'única cosa que volen és generar odi i enfrontar la gent. Tot el que diuen que aplicaran és fals que puguen aplicar-ho”, sosté l'eurodiputat valencianista mentre espera la resposta a la seua última pregunta.

El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha explicat, després de conéixer la resposta de Brunner, que la formació valencianista ja havia denunciat aquest criteri i ha recordat la presentació d'una petició davant del Defensor del Poble per la “presumpta inconstitucionalitat” d'aquest concepte. “La Comissió Europea ha dit clarament que la Llei d'acompanyament incompleix la normativa europea pel que fa al concepte de Vox de 'prioritat nacional'; veurem què fa el Partit Popular”, ha assenyalat Baldoví. El portaveu ha afegit que també incorporaran la resposta de la Comissió Europea a la denúncia davant del Defensor del Poble per a reforçar la seua acció legal.

Pérez Llorca no hi veu “cap problema”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la mateixa línia expressada pel president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha defensat la “prioritat nacional” pactada amb Vox en matèria d'habitatge i ha llevat importància als advertiments jurídics després de la resposta de Brunner a Marzà. El cap del Consell ha assegurat que no hi ha “cap problema” amb aquestes mesures i ha argumentat que la seua aplicació és habitual en les ordenances de la majoria dels ajuntaments, independentment del seu color polític.

Així mateix, Pérez Llorca ha qualificat d'“estèril” el debat generat al voltant d'aquesta qüestió i s'ha reafirmat plenament en els acords de govern amb els seus socis. El mandatari autonòmic ha afirmat que no es penedeix “de res del pacte” i ha destacat que aquest acord aporta estabilitat a la Comunitat Valenciana, rebaixa la pressió fiscal i promou la construcció d'habitatge protegit en el territori.