La alcaldesa del PP de Chiva que avisó de la catástrofe en la cabecera del barranco del Poyo a uno de los participantes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) vio en vivo y en directo desde su domicilio cómo “se desbordó todo completamente”, según reza el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. La testigo Amparo Fort describió ante la jueza instructora de la causa de la dana la situación que presenció: “Le puedo decir que, desde las primeras plantas, la gente sacaba la mano y tocaba ya el agua”.

Fort desveló en su testifical del pasado 22 de mayo que avisó por teléfono del desbordamiento del barranco en Chiva, cabecera de la rambla del Poyo, a Avelino Mascarell, el diputado provincial de Bomberos que participaba en la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

También dijo que la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, la llamó sobre las 15.00 del día de autos para preguntarle por la situación del barranco de la localidad. Tras la testifical, la magistrada instructora citó a declarar tanto a Avelino Mascarell (en su caso, por segunda vez) como a Reme Mazzolari.

“Sobre las 17.00”, Mascarell le telefoneó para preguntarle por el barranco, que en ese momento aún no se había desbordado. Aunque ella no lo sabía, la avenida principal de Chiva, que discurre en paralelo al barranco, ya arrastraba coches a consecuencia de las inundaciones. A diferencia de experiencias anteriores, en Chiva “las calles se inundaron antes y ese agua iba a parar al barranco”, explicó la testigo.

“Luego (...) fui yo quien lo llamé a él cuando vino ese golpe de agua para decirle ahora ya sí que Chiva está inundado”, según relató Fort. La llamada, según la lista cotejada del móvil de Avelino Mascarell, se produjo a las 18.55, mientras el diputado provincial de Bomberos permanecía en la reunión del Cecopi celebrada en el Centro de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana.

Sin instrucciones de Emergencias

La jueza le preguntó a la testigo si Mascarell le dijo “algo” sobre la “situación del Cecopi”. “No, esas palabras no las había oído en mi vida”, respondió Amparo Fort. “No tenía yo ni idea de dónde había nadie, ni de dónde llamaban, ni nada. (...)”, agregó. El diputado provincial de Bomberos, eso sí, le informó de que había “problemas” en la carretera A3 y le advirtió de que una fortísima tormenta llevaba más de una hora “focalizada” en la sierra de Chiva.

—¿Recibieron alguna instrucción desde el Centro de Coordinación de Emergencias?

—Ese día nada.

La testigo también confirmó que no recibió la convocatoria a una reunión telemática con alcaldes que Emergencias pretendió celebrar en paralelo al Cecopi.

Cuando se remitió el Es-Alert a las 20.11 (que a la primera edil, según afirmó, no le llegó al móvil), “Chiva estaba ya incomunicada”, tal como manifestó ante la jueza.

No ve À Punt por el valenciano

Amparo Fort lamentó no haber recibido más indicaciones o instrucciones por parte de Emergencias. Tampoco vio en la televisión autonómica las imágenes en directo del desbordamiento del barranco de la localidad: “No soy de ver las noticias, ni de À Punt ni de ningún sitio porque encima À Punt como lo transmite todo en valenciano y en Chiva hablamos en castellano, pues la verdad, poquito”. “En conversaciones formales y demás no me gusta que me hablen en valenciano porque me pierdo muchos detalles”, apostilló la primera edil.

La testigo ni siquiera sabía que aquella mañana su localidad estaba en alerta roja. El abogado de una de las acusaciones le planteó si consideraba que contó con suficiente información:

—¿Como alcaldesa, se sintió sola?

—Mucho.

—¿Como alcaldesa, cree que tendría que haber recibido mucha más y mejor información?

—Lo hubiese agradecido.

El testimonio de Amparo Fort se suma al de la alcaldesa de Torrent, la también popular Amparo Folgado, quien llamó por teléfono para avisar de que se había desbordado el barranco de Horteta, tributario del Poyo, tanto a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de València, como a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias y actual investigado en la causa. Ambos participaban también en la reunión del Cecopi.

El Defensor del Pueblo acaba de abrir una actuación ante la Dirección General de la Policia solicitando información detallada acerca de la actuación policial del pasado domingo, 31 de mayo, en la ciudad de Valencia, en la que una persona, en el transcurso de una manifestación de docentes junto a la Conselleria de Educación, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional.

A través de videos difundidos por los medios de comunicación, esta institución ha tenido conocimiento de los incidentes acaecidos el pasado domingo en Valencia, cuando un grupo de docentes -en huelga desde hace semanas- se manifestaban en defensa de la educación pública y una asistente a la concentración -al parecer maestra jubilada- fue empujada fuertemente por la espalda sufriendo lesiones tras golpearse con el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad. Pareciera que, tras observación del video, se utilizó la fuerza de manera desproporcionada.

El Defensor del Pueblo recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido doctrina respecto al uso de la fuerza por los funcionarios policiales, que se exige el cumplimiento de determinados requisitos y que, además de tener que ser proporcionado, para hacer uso de la fuerza ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo.

El Defensor del Pueblo reclama a la Dirección General de la Policia un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación, y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima.

El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos “del asesinato por presunta violencia de género” de esta víctima de Alicante.

Tres días de luto oficial

El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen cometido este martes y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima para esta misma tarde a las 19:30 horas.

A través de la red social Facebook, el consistorio ha informado de que los tres días de duelo se extienden entre hoy y el próximo jueves “como muestra del dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía ante este trágico suceso”. Además, ha añadido que durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Al mismo tiempo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este mismo martes a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento para que los vecinos expresen el “respeto, duelo y repulsa”.

“Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”, ha continuado el mensaje del ayuntamiento, que ha trasladado el “más sentido pésame a la familia y allegados” y la “profunda consternación y la más firme condena ante el asesinato de nuestra vecina”.

“La violencia de género constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, según el ayuntamiento, que ha incidido en el ánimo de “trasladar el apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Miles de docentes -más de 5.000, según la Delegación del Gobierno- han vuelto a recorrer las calles de València este martes, en un recorrido que finalizaba en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar- en la decimoséptima jornada de huelga indefinida, para exigir al Gobierno valenciano que atienda sus reivindicaciones y ponga fin al conflicto educativo. En medio de un ambiente festivo y reivindicativo —como ha venido siendo habitual en las últimas semanas, a excepción de los incidentes del pasado domingo— los representantes de los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública valenciana (STEPV, CCOO y UGT) han comparecido de manera conjunta para fijar sus líneas rojas y valorar el estado del conflicto laboral, que cumple ya su cuarta semana de paros.

Pese al cansancio acumulado tras semanas de un “esfuerzo titánico”, los portavoces sindicales han asegurado que la comunidad educativa no va a bajar los brazos y han situado la resolución del conflicto en el tejado de la Conselleria de Educación. De este modo, exigen la reapertura inmediata de las cuestiones retributiva y lingüística para poder alcanzar un principio de acuerdo definitivo.

Marc Candela, portavoz de STEPV, ha detallado los mínimos exigidos para poner fin a los paros. Aunque ha reconocido que se han logrado avances en materias como las ratios, ha dejado claro que la negociación está completamente encallada en dos puntos clave: las retribuciones y el valenciano. “Lo que nos han ofrecido no es aceptable ni para nosotros ni para el profesorado que participó en la consulta”, ha afirmado Candela, quien estima que la Conselleria remitirá un documento definitivo entre la tarde del miércoles y el jueves. Según el representante sindical, si el Consell cede en estos dos apartados, las bases valorarán positivamente el texto y se podrá proceder a la firma.

Candela también ha criticado con dureza la estrategia de la Administración autonómica, acusándola de aplicar tácticas dilatorias: “Llevamos nueve mesas de negociación y en cada una avanzamos un puntito; la estrategia de la Conselleria es dilatar la salida del conflicto”. Respecto al cambio en la tipología de las movilizaciones, ha explicado que el profesorado ha optado por concentrar las acciones para evitar el desgaste diario, dando paso a medidas de gran impacto en el espacio público como la acampada en la plaza de la Virgen de València, que conviven con las grandes manifestaciones coordinadas por las tres centrales sindicales.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha admitido que el profesorado “está acusando el cansancio” tras tantas jornadas de huelga, pero ha matizado que “la energía sigue ahí”. Valls ha definido la negociación con el Gobierno valenciano como una “partida de frontón” y ha insistido en la necesidad de pactar un acuerdo base global. Asimismo, la portavoz ha desmontado el argumento presupuestario de la Generalitat al recordar que, aunque las cuentas autonómicas ya estén presentadas, el mecanismo parlamentario permite modificarlas: “Se pueden presentar enmiendas, el PP se puede incluso autoenmendar y se pueden abrir líneas presupuestarias para mejorar la cuestión salarial”.

Por último, Kilian Cuerda, portavoz de UGT, ha destacado el hito histórico que supone esta movilización, señalando que “se ha roto el tabú de que el profesorado no se movilizaba”, y ha recordado que, en la última consulta sectorial, apenas 89 docentes de entre más de 30.000 participantes votaron a favor de deponer las protestas. Cuerda ha acusado directamente al Consell de buscar “aumentar deliberadamente el sufrimiento de las familias, del alumnado y de los docentes” para enmascarar su falta de voluntad política.

El representante de UGT ha tildado de “nueva provocación” la postura del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y ha concretado que la brecha salarial del colectivo se sitúa en torno a los 300 euros debido a que el complemento autonómico permanece congelado desde el año 2007. Cuerda ha exigido un “interlocutor honesto” y ha reiterado que el sindicato está abierto a una aplicación progresiva de esta subida y a una negociación constructiva en torno al valenciano si la Conselleria decide incorporar sus propuestas.

Un informe elaborado por la jefa de servicio de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia, María Escamilla, ha inclinado la balanza hacia Miquel Nadal, exdirector general de Cultura tanto de Carlos Mazón como de Juan Francisco Pérez Llorca, para hacerse con la dirección del Institut Alfons el Magnànim, principal organismo cultural de la institución provincial. El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, valora la vertiente jurídica de Nadal y destaca su “mayor experiencia” en la dirección y coordinación en puesto de alta responsabilidad vinculados a planificación estratégica, asistencia técnica a municipios o programas de subvenciones y actividades culturales.

Escamilla, cargo de la máxima confianza del presidente Vicente Mompó, descarta la candidatura de Vicent Flor, exdirector del Magnànim durante la etapa de la izquierda en la institución provincial.

Si bien valora su “vertiente más puramente de gestión cultural”, el informe no aprecia, “sin embargo, que se acredite el mismo nivel de experiencia en la gestión más puramente administrativa, de dirección pública profesional, que requiere no solo una visión muy especializada en la gestión propiamente cultural, sino también cierta visión de conjunto de las necesidades de los municipios, así como experiencia en la gestión de subvenciones, contratos y emisión o supervisión de informes jurídicos al respecto”.

El informe esgrime, para la valoración del “perfil más idóneo” al frente del Magnànim, una trayectoria que cuadre con la “línea estratégica marcada por el equipo de Gobierno de la Diputación de Valencia”. El nuevo camino marcado por el PP y Ens Uneix en el área de Cultura se centra en “impulsar el municipalismo” y asistir técnicamente a los municipios.

María Escamilla detalla el currículum de Flor y destaca que ejerció durante más de ocho años funciones de dirección en el Magnànim y que su actividad profesional se ha centrado “de manera prioritaria” en la gestión y promoción cultural. También alude a su “sólida y continuada trayectoria” como docente universitario de Sociología y de Ciencias Políticas y a sus “numerosísimas” publicaciones, tanto en el ámbito científico como en el narrativo. También cuenta con un título C2 de valenciano (Nadal cuenta con un C1).

El informe también enumera el currículum de Miquel Nadal, funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana, con más de 35 años de experiencia en la Administración autonómica, en puesto como el de letrado del Consell Jurídic Consultiu o de director general de Cultura con Mazón, de quien fue una suerte de asesor áulico en materia de valencianismo, y con Pérez Llorca tras la dimisión del primero. También ha sido profesor asociado en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València.

El tercer candidato, Roberto López Pau, funcionario de carrera desde hace casi tres décadas, cuenta con una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y un nivel B1 de valenciano. El informe aprecia una “experiencia no tan amplia en el ámbito específico del área de Cultura” frente a las candidaturas de Nadal y de Flor.

La ofensiva del PP en Cultura

Con la elección de Miquel Nadal, el PP resuelve el vacío en la dirección del Magnànim tras la dimisión hace casi un año del filólogo Josep Enric Estrela, sucesor de Flor (a quien los populares se negaron a renovar el contrato de alta dirección una vez que Francisco Teruel se hizo cargo del área de Cultura de la institución provincial en 2023).

Las maniobras del PP en el área de Cultura también conllevaron la expulsión de Vicent Flor, colaborador de elDiario.es, como conservador del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM) a pesar de mantener una antigüedad de más de 13 años. Flor, castigado por su conocida postura de izquierdas y valencianista, además de su militancia en Compromís, fue relegado a una plaza de logística.

Un informe elaborat per la cap de servei de Recursos Humans de la Diputació de València, María Escamilla, ha inclinat la balança cap a Miquel Nadal, exdirector general de Cultura tant de Carlos Mazón com de Juan Francisco Pérez Llorca, per a fer-se amb la direcció de l'Institut Alfons el Magnànim, principal organisme cultural de la institució provincial. L'informe, al qual ha tingut accés elDiario.es, valora la vessant jurídica de Nadal i destaca la seua “major experiència” en la direcció i coordinació de llocs d'alta responsabilitat vinculats a la planificació estratègica, l'assistència tècnica als municipis o els programes de subvencions i activitats culturals..

Escamilla, càrrec de màxima confiança del president Vicente Mompó, descarta la candidatura de Vicent Flor, exdirector del Magnànim durant l'etapa de l'esquerra en la institució provincial.

Amb l'elecció de Miquel Nadal, el PP resol el buit en la direcció del Magnànim després de la dimissió, fa aproximadament un any, del filòleg Josep Enric Estrela, successor de Flor, a qui els populars es van negar a renovar el contracte d'alta direcció. El tercer candidat, Roberto López Pau, funcionari de carrera des de fa quasi tres dècades, compta amb una llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials i un nivell B1 de valencià. L'informe aprecia una “experiència no tan àmplia en l'àmbit específic de l'àrea de Cultura” en comparació amb les candidatures de Nadal i de Flor.

L'ofensiva del PP en Cultura

Amb l'elecció de Miquel Nadal, el PP resol el buit en la direcció del Magnànim després de la dimissió, fa quasi un any, del filòleg Josep Enric Estrela, successor de Flor (a qui els populars es van negar a renovar el contracte d'alta direcció una vegada que Francisco Teruel es va fer càrrec de l'àrea de Cultura de la institució provincial el 2023).

Les maniobres del PP en l'àrea de Cultura també van comportar l'expulsió de Vicent Flor, col·laborador d'elDiario.es, com a conservador del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), tot i mantindre una antiguitat de més de 13 anys. Flor, castigat per la seua coneguda postura d'esquerres i valencianista, a més de la seua militància a Compromís, va ser relegat a una plaça de logística.

A l'exsecretari autonòmic d'Emergències investigat en la causa de la dana, Emilio Argüeso, se li ha obert una bretxa inesperada en la seua estratègia de defensa. La jutgessa instructora del procediment veu “extensa i clara” la declaració de l'alcaldessa de Torrent, molt comprometedora per a l'investigat. La primera edil del PP, Amparo Folgado, va desvetlar el 25 de maig que, en plena catàstrofe de la dana, va alertar en directe Argüeso de la brutal crescuda al barranc de l'Horteta, tributari del Xúquer, mentre l'alt càrrec estava reunit al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), juntament amb la consellera Salomé Pradas, també investigada en la causa, i els principals comandaments operatius de l'emergència. La documentació del telèfon mòbil de l'alcaldessa, que consta en la causa, també acredita que prèviament havia telefonat per a alertar del desbordament el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, també participant en el Cecopi del 29 d'octubre de 2024, una tràgica jornada que va acabar amb 230 morts.

Una altra alcaldessa popular, la primera edil de Xiva, també va avisar del desbordament de la capçalera del Poio, en directe i en primera persona, al diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell, que participava en el Cecopi. La jutgessa instructora, després de la primera tanda de declaracions testificals dels alcaldes, sosté que la reunió del Cecopi, comandada per Pradas i amb un Argüeso en actitud passiva, comptava amb un “extens cabal d'informació” sobre la situació a la rambla del Poio com per haver avisat la població amb major antelació. La instructora ha citat a declarar de nou tant Mompó com Mascarell després de les revelacions de les alcaldesses populars.

La jutgessa considera rellevant que s'aclarisquen els eventuals “dubtes” sobre la recepció dels missatges. D'altra banda, la interlocutòria dictada aquest dilluns assenyala a Argüeso que les seues funcions “no es limitaven a la remissió de comunicacions, sinó a l'organització dels mitjans de què disposaven i al control de les fonts de risc, especialment els barrancs”.

La resolució també destaca que no tots els barrancs compten amb sensors del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). “[Els sensors] serveixen per a saber quan comença l'escorrentia, però no hi ha temps de reacció”, postil·la.

“Abundància de mitjans” per a avisar la població

En una segona interlocutòria dictada aquest dilluns, la magistrada assenyala que l'alcaldessa de Torrent va ser “testimoni” sobre el terreny de la “situació que va patir Torrent”, amb la crescuda del barranc de l'Horteta, la confluència del qual amb el Poio se situa aigües avall del mesurador amb què compta el SAIH a l'A-3, a l'altura de Riba-roja de Túria.

En una primera telefonada, Folgado va avisar a les 18.38 Vicente Mompó que el barranc de l'Horteta baixava “amb onades”. Mitja hora després, a les 19.10, l'alcaldessa de Torrent va telefonar a Emilio Argüeso.

La primera edil del PP va suplir la falta de sensors en aquella zona amb el seu avís telefònic a dos alts càrrecs rellevants que participaven en el Cecopi. “Per això”, recorda la magistrada, “era tan important el control de les precipitacions i el control visual”, tal com han declarat diversos pèrits en el marc de la instrucció de la causa.

“Malgrat una abundància de mitjans per controlar i avisar la població, dels quals no es disposava dècades enrere, el resultat va ser nefast”, conclou la jutgessa.

Al exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa de la dana, Emilio Argüeso, se le ha abierto un boquete inesperado para su estrategia de defensa. La jueza instructora del procedimiento ve “extensa y clara” la declaración de la alcaldesa de Torrent, muy comprometedora para el investigado. La primera edil del PP, Amparo Folgado, desveló el pasado 25 de mayo que en plena catástrofe de la dana alertó en directo a Argüeso de la brutal crecida en el barranco de Horteta, tributario del Poyo, mientras el alto cargo permanecía reunido en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) junto con la consellera Salomé Pradas, también investigada en la causa, y los principales mandos operativos de la emergencia. La documentación del teléfono móvil de la alcaldesa, que consta en la causa, también acredita que previamente había llamado para alertar del desbordamiento al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, también participante en el Cecopi del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

Otra alcaldesa popular, la primera edil de Chiva, también avisó del desbordamiento de la cabecera del Poyo, en directo y en primera persona, al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que participaba en el Cecopi. La jueza instructora, tras la primera tanda de testificales de los alcaldes, sostiene que la reunión del Cecopi, comandada por Pradas y con un Argüeso en actitud pasiva, contaba con un “extenso caudal de información” sobre la situación en la rambla del Poyo como para haber avisado a la población con mayor antelación. La instructora ha citado a declarar de nuevo tanto a Mompó como a Mascarell tras las revelaciones de las alcaldesas populares.

La defensa de Argüeso, ante las revelaciones de los alcaldes, solicitó que se acreditara la recepción el día de autos de los avisos del Centro de Emergencias por parte de los alcaldes que habían cuestionado, mínimamente, la actuación del alto cargo. La jueza, sin embargo, ha acordado que la defensa del investigado detalle qué avisos en concreto pretende que se certifiquen (en la causa constan todos los correos, llamadas y faxes remitidos por Emergencias a decenas de ayuntamientos afectados).

La jueza considera relevante que se despejen las eventuales “dudas” sobre la recepción de los mensajes. Por otro lado, el auto dictado este lunes recuerda a Argüeso que sus funciones “no se limitaban a la remisión de comunicaciones, sino a la organización de los medios de los que disponían y al control de las fuentes de riesgo, especialmente los barrancos”.

La resolución recuerda que no todos los barrancos cuentan con sensores del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). “[Los sensores] sirven para saber cuándo empieza la escorrentía, pero no hay tiempo de reacción”, apostilla.

“Abundancia de medios” para avisar a la población

En un segundo auto dictado este lunes, la magistrada señala que la alcaldesa de Torrent fue “testigo” sobre el terreno de la “situación que padeció Torrent”, con la crecida del barranco de Horteta, cuya confluencia con el Poyo se sitúa aguas abajo del medidor con el que cuenta el SAIH en la A3 a la altura de Riba-roja de Túria.

En una primera llamada, Folgado avisó a las 18.38 a Vicente Mompó de que el barranco de Horteta bajaba “con olas”. Media hora después, a las 19.10, la alcaldesa de Torrent telefoneó a Emilio Argüeso.

La primera edil del PP suplió la falta de sensores en aquella zona con su aviso telefónico a dos relevantes cargos que participaban en el Cecopi. “Por ello”, recuerda la magistrada, “era tan importante el control de las precipitaciones y el control visual”, tal como han declarado varios peritos en el marco de la instrucción de la causa.

“Pese una abundancia de medios para controlar y avisar a la población, de la que no se disponía décadas atrás, el resultado fue nefasto”, concluye la jueza.

El fiscal, Cristóbal Melgarejo insiste en que se cite a declarar como testigos a José Antonio Rovira (conseller de Educación durante la etapa de Carlos Mazón) y a Miguel Barrachina, actual portavoz y titular de Agricultura, Aguas, Ganadería y Pesca en el Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca. El representante del Ministerio Público pide así la estimación del recurso de apelación de Compromís, que ejerce una de las acusaciones populares de la causa, contra el auto del pasado 22 de abril de la jueza instructora que denegó esa posibilidad argumentando que ni Rovira ni Barrachina participaron en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

La magistrada también se escudó en que el carácter reservado de las deliberaciones de los plenos del Consell, como el que participaron José Antonio Rovira y Miguel Barrachina la mañana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

El fiscal mantiene la misma postura expresada con ocasión del recurso de reforma planteado por la acusación popular de Compromís, aunque añade un argumento adicional. Ninguno de los puntos de la reunión del Pleno del Consell del día de autos versaba sobre la emergencia de la dana, por lo que el carácter reservado de la reunión del Ejecutivo autonómico “no puede extrapolarse a las conversaciones” que, enventualmente mantuvieran la investigada Salomé Pradas, entonces consellera, con Rovira y Barrachina sobre cuestiones relacionadas con la emergencia.

El representante del Ministerio Público sostenia en su informe inicial relativo al recurso de reforma que las testificales de ambos consellers “serían pertinentes y útiles” para “averiguar” la información que los investigados —Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso— conocían de la evolución de la dana hasta el momento en el que se separaron los asistentes a la reunión del Consell.

El sector de Enseñanza de UGT Serveis Públics del País Valencià ha lanzado una propuesta de modelo de cajas de resistencia descentralizadas, con una estructura solvente y organizada, que permite su funcionamiento con garantías. Esta iniciativa responde a la necesidad de organizar herramientas para ayudar al personal docente a resistir en la lucha de la huelga indefinida y paliar los efectos de esta o futuras movilizaciones.

El origen de la propuesta se encuentra en la necesidad de apoyar al colectivo docente para hacer frente al sacrificio que supone la huelga, y más aún cuando es indefinida. Ante las consultas y peticiones de ayuda que están llegando al sindicato por parte de centros educativos, ya autoorganizados, que querían explorar esta posibilidad, UGT ha diseñado una propuesta viable y estructurada legalmente de cajas de resistencia educativas. Cabe recordar que, al calor de la huelga, Escola Valenciana y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) decidieron dar un paso adelante en la misma dirección e iniciar una campaña en este sentido. El modelo que proponemos desde el sindicato será totalmente compatible con esta iniciativa ya en marcha, y construirá una estructura real que dé fundamento al apoyo al profesorado en huelga.

UGT ofrece asesoramiento y asistencia al profesorado en lucha que quiera constituir sus cajas de resistencia. El modelo, a diferencia de los modelos clásicos de caja de resistencia que dan servicio a la afiliación de un sindicato, se plantea de forma mucho más abierta, como herramienta colectiva en manos del profesorado en huelga y de las asambleas de centro, no bajo el control de un sindicato concreto.

Por ello, el objetivo es que puedan participar docentes con cualquier afiliación sindical y sin ella. Desde UGT, como uno de los grandes sindicatos de la clase trabajadora de este país, considera que para una lucha tan grande como esta hay que pensar en grande, y dar soluciones reales para la mayoría del colectivo, reforzando la poderosa unidad que el profesorado ha construido en la lucha de la huelga por la escuela pública.

La propuesta de cajas de resistencia educativas está pensada desde la seguridad, la legalidad, el realismo y el pragmatismo. Utiliza la fórmula de la constitución de una asociación sin ánimo de lucro, bajo el nombre de Asociación de Apoyo Mutuo Educativo, del ámbito determinado de centro educativo, de barrio, distrito, local o comarcal, de la que se harían socios y socias los y las huelguistas. Esta asociación sería la encargada de recaudar recursos a través de campañas de solidaridad y donaciones para obtener fondos. Con esos fondos, se realizarían transferencias en concepto de ayuda y asistencia a las personas afectadas por la huelga de forma legal y fiscalmente responsable, una vez lleguen los descuentos en nómina. Así, la persona huelguista asociada tendría que presentar la documentación. Los recursos serían repartidos según criterios solidarios de reparto. La cuantía más realista de ayuda es la del 50% del descuento en nómina por la huelga, que sería el objetivo a alcanzar.

El modelo busca construir herramientas seguras y crear un sistema en red en el territorio, compartimentado como garantía de seguridad frente a cualquier posible error de gestión, y como garantía de gestionar magnitudes de personal y de recursos de forma realista, pragmática y sostenible.

Este modelo permite involucrar a la sociedad civil local en la lucha por la escuela pública, y construir redes de solidaridad locales y territoriales con AMPAs, movimiento vecinal, familias, movimientos sociales y cualquier elemento de la sociedad valenciana que quiera ayudar al profesorado en huelga a resistir. Esto permite construir redes de flujo de recursos hacia la caja de resistencia sensatas y estables, que permiten una sostenibilidad en el tiempo y confianza en los equipos y la gente involucrada.

El profesorado en huelga ha construido, de la mano de los sindicatos de clase y con las herramientas de autoorganización democrática en los centros como las asambleas, un escenario de unidad del sector necesario para una lucha prolongada y dura en defensa de la escuela pública. “Construir el sistema de cajas de resistencia con instrumentos funcionales y solventes es fundamental para resistir esta huelga, y para tener un colchón de seguridad con el que afrontar las próximas con más garantías y posibilidades de éxito. Es un mensaje claro a la Conselleria de que estamos, desde el sindicato y desde el conjunto del profesorado, dispuestos y dispuestas a defender la escuela pública con firmeza y capacidad de resistencia”, explica Kilian Cuerda, delegado de UGT Ensenyament y promotor de la iniciativa.

La jueza de la dana ha acordado suspender la declaración testifical de un trabajador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por la falta de medidas de seguridad en el Palacio de Justicia de Catarroja, en cuya entrada se concentraron el pasado viernes una decena de agitadores conspiranoicos mientras declaraba una alta responsable del organismo estatal, la comisaria de aguas Cristina Sola.

Una concentración “con constantes referencias al objeto de la causa de la dana y con colocación de carteles alusivos al modo en que se debería llevar la instrucción y a mi persona”, señala la magistrada. Se trata de una entidad minoritaria, que agrupa a alguna de las acusaciones particulares y que sostienen tesis conspiranoicas de diversa índole.

La instructora, en una providencia dictada este lunes, también recuerda que los concentrados a escasos metros de la entrada del Palacio de Justicia de Catarroja vertieron “descalificaciones” hacia la magistrada, “tanto de palabra como a través de los carteles”.

El personal de seguridad recomendó a la jueza “no salir al exterior”. Por todo ello, la magistrada ha acordado este lunes suspender la testifical “al no constar la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional en la causa de la dana en la sede del Tribunal de Instancia de Catarroja”, según indica la providencia.

Les hostilitats les va iniciar l’exalcaldessa de Xiva, Amparo Fort, el 22 de maig passat, quan va revelar davant la jutgessa de la dana que el 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, va telefonar al diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell (també del PP) per avisar-lo que s’havia desbordat la capçalera del barranc de Poio. En la testifical següent, tres dies després, l’actual primera edil de Torrent, Amparo Folgado, va disparar encara més alt i va dir que va avisar del desbordament del barranc de l’Horteta, tributari del Poio, específicament Vicente Mompó, president de la Diputació de València (de la qual l’alcaldessa és diputada provincial) i Emilio Argüeso, el secretari autonòmic d’Emergències llavors que figura actualment com investigat en la causa.

Un torpede en la línia de flotació de les tesis del PP sobre la dana que anava precedit per altres envestides internes immediatament anteriors. L’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, va deixar en evidència la Generalitat quan va exposar davant la jutgessa instructora el 7 de maig passat les seues mesures reeixides el matí de la dana, preses per iniciativa pròpia. En la mateixa línia, la seua homòloga de Requena, Rocío Cortés, va anar un pas més enllà i va etzibar que, si no va haver-hi morts en la localitat, va ser perquè es va avisar la població per part de les autoritats municipals. La raó és que a ningú se li escapa que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra retrau (almenys indiciàriament) als dos investigats, tots dos del PP, el retard en l’enviament de l’alerta per a avisar la població, tal com ha repetit fins a l’avorriment. Tots dos alcaldes van aportar documentació acreditativa de les mesures que van prendre, que aquest diari va reproduir íntegrament.

El contraatac d’Emilio Argüeso va vindre en un escrit de tot just tres pàgines, signat per Yulia Ivanistova, l’advocada que exerceix la defensa de l’ex-alt càrrec del Consell de Carlos Mazón juntament amb el lletrat José María Bueno Manzanares.

L’investigat demana que es practiquen una sèrie de diligències, després de les declaracions dels alcaldes d’Utiel, Requena i Xiva (no al·ludeix la de Torrent) que “havien manifestat que no van rebre durant els dies 28 i 29 d’octubre cap comunicació o avís procedent del Centre de Coordinació d’Emergències relatiu a aquests episodis de risc, ni sobre la declaració de les situacions operatives”.

L’escrit, a què ha tingut accés aquest diari, demana als tres consistoris que “certifiquen expressament” si van rebre aquestes comunicacions d’Emergències (alertes, butlletins, correus electrònics o faxos que ja consten en el procediment) i que indiquen la data i l’hora i la “persona, càrrec, departament, unitat o servei municipal que va rebre l’avís”, a més de si es van registrar “oficialment”.

També demana que se certifique si els alcaldes en qüestió van tindre “coneixement d’aquesta comunicació i en quin moment”. En definitiva, Argüeso apunta al paper dels alcaldes del PP.

La referència a la primera edil de Xiva resulta molt rellevant. Es tracta de la localitat que acull la capçalera del barranc de Poio i Amparo Fort, l’alcaldessa que presenciava en directe el desbordament, va telefonar a Avelino Mascarell, diputat provincial de Bombers, a les 18.55, més d’una hora abans que s’enviara l’Es-Alert, segons confirma l’acta d’acarament de la telefonada registrada en el mòbil del participant en la reunió del Cecopi.

A Mompó i Mascarell els toca tornar a asseure’s davant la jutgessa

Mascarell, no obstant això, va declarar el 2 de març passat davant la jutgessa i va dir, davant la insistència de la instructora sobre aquesta telefonada d’Amparo Fort que no se’n recordava. “No ho recorde”, va contestar a la magistrada, segons indica l’acta de la seua declaració testifical.

La jutgessa, després de la revelació de l’alcaldessa de Xiva, va tornar a citar com a testimoni Mascarell. També ha tornat a citar el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, el pròxim 30 de juny. La seua vicepresidenta, Reme Mazzolari, compareixerà la vespra.

Mompó tampoc recordava que al Cecopi arribara informació sobre la rambla de Poio ni la comarca de l’Horta Sud, a pesar que l’alcaldessa de Torrent li va contar en directe que estava desbordant-se un dels principals barrancs tributaris, el de l’Horteta. Amparo Folgado va aportar a la jutgessa la documentació que acredita la telefonada, deixant en evidència les serioses llacunes de Vicente Mompó i qüestionant de pla la seua versió dels fets.

En el calendari de declaracions establit per la magistrada per als pròxims mesos de juny i juliol, figuren diversos alcaldes, també del PP: la de València, María José Catalá, la de Godelleta, María Amparo Pardo, i la de Carlet, Laura Sáez.

La novena reunió de la mesa de negociació entre els sindicats educatius, la consellera Carmen Ortí i el seu equip ha finalitzat de forma abrupta amb un tancament improvisat. Malgrat que la titular d'Educació va aixecar la sessió tot just una hora i un quart després del seu inici, els representants d'STEPV, CCOO i UGT es van plantar i es van mantindre a l'interior de l'edifici de l'avinguda de Campanar, a València, a l'espera d'una resposta a la seua exigència de reobrir les negociacions sobre la qüestió retributiva, donada per tancada per l'Administració autonòmica amb els sindicats minoritaris CSIF i ANPE.

Passades les 22:30 hores, la consellera va citar els representants de les tres organitzacions al seu despatx. En aquesta trobada, Ortí els va confirmar que no es reobriria la negociació salarial i va instar els portaveus a abandonar el recinte públic. No obstant això, els líders sindicals van decidir desatendre el requeriment i romandre de manera indefinida a l'interior de l'immoble. Al recinte també romanien els membres de la Conselleria i els representants dels altres dos sindicats -CSIF ha publicat un vídeo en què el seu portaveu, José Seco, sol·licitava que se'ls deixara abandonar l'edifici-.

Tanmateix, els representants sindicals convocants de la vaga van abandonar el recinte al voltant de la mitjanit, després de rebre un requeriment en el qual se'ls comminava a fer-ho advertint-los que, de no deixar el complex, podrien ser sancionats per una falta molt greu, que podria comportar la inhabilitació i la separació del servei, “és a dir, perdre el nostre treball”. A l'eixida, s'han sumat als docents concentrats en l'exterior de la Conselleria.

Sobre les 00.15, la policia ha realitzat un intent de desallotjament davant la resistència pacífica d'unes desenes de docents. No va haver danys i els manifestants van seguir concentrats en un altres accés. La consellera d'Educació va haver d'eixir per una altra porta passada la una de la matinada.

El mateix portaveu d'STEPV, Marc Candela, va confirmar les circumstàncies des de l'interior de la Conselleria d'Educació: “La consellera ens ha rebut al seu despatx i ens ha dit que no reobrirà la negociació salarial”. Així mateix, Candela va denunciar públicament les fortes pressions rebudes per part de l'Administració per forçar-los a desallotjar el complex de Campanar, assegurant de manera taxant: “Pràcticament ens han amenaçat i obligat a eixir, però no ho farem”.

Hores abans, els representants dels docents li havien proposat a la consellera elevar una consulta directa sobre el tema retributiu —el que més rebuig va obtindre en la consulta realitzada entre el professorat— al conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, per estudiar la viabilitat d'una contraoferta. Aquesta petició va ser la que va provocar que Ortí decidira donar per acabada la reunió general de manera unilateral abans de rebre'ls al seu despatx per ratificar la seua postura.

La consellera va comparèixer davant dels mitjans de comunicació prèviament a eixa reunió amb els portaveus sindicals per advertir que el seu departament no prendrà decisions “sota pressió ni ocupació de l'espai”. Ortí va defensar que l'increment salarial ofert és “un boníssim acord” i va reiterar que aquest bloc no es reobrirà sota cap circumstància, ja que ja va ser firmat per CSIF i ANPE, emplaçant la resta d'organitzacions a avançar exclusivament en les meses sectorials temàtiques convocades a partir d'aquest dilluns.

Per contra, els sindicats majoritaris, protagonistes del tancament, insistixen que és “imprescindible” comptar amb un document base decent que aglutine de manera global totes les matèries del conflicte per a poder desactivar les aturades. Els representants dels treballadors recorden que un 91% del professorat valencià ha rebutjat l'actual esborrany i que un 94% s'oposa al pacte retributiu que la conselleria pretén blindar com a tancat, per la qual cosa consideren inviable continuar la negociació obviant el clamor de les bases.

Mentre es desenvolupava la mesa de negociació, la tensió es va traslladar a l'exterior del recinte. Centenars de docents van secundar la mobilització abrigant el tancament mitjançant diferents accions, com una asseguda i una cadena humana que va envoltar les instal·lacions de la Conselleria en protesta pel bloqueig institucional, unes protestes que es van prolongar durant la nit.

Aquesta mobilització a la via pública, que s'havia desenvolupat de manera pacífica durant les últimes tres setmanes, va viure aquest diumenge les primeres actuacions policials desproporcionades per part dels agents antiavalots. La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana ja ha anunciat l'obertura d'una investigació exhaustiva per a depurar responsabilitats davant l'agresió d'un agent de la Policia Nacional que va empènyer violentament una docent contra l'asfalt, un fet qualificat per les autoritats d'“inacceptable”.

La novena reunión de la mesa de negociación entre los sindicatos educativos, la consellera Carmen Ortí y su equipo ha finalizado de forma abrupta con un encierro improvisado y una actuación policial contra los manifestantes que se concentraban en uno de los accesos de la Conselleria de Educación. Pasadas las 00.15 de este lunes, agentes antidisturbios intentaron el desalojo a la fuerza a decenas de huelguistas que resistían pasivamente en uno de los accesos para intentar que nadie pudiera salir del edificio. Tras una primera actuación de los agentes, los manifestantes volvieron a sentarse en el acceso principal.

A pesar de que la titular de Educación levantó la sesión apenas una hora y cuarto después de su inicio, sobre las 19.15, los representantes de STEPV, CCOO y UGT se plantaron y se mantuvieron en el interior del edificio de la avenida de Campanar, en València, a la espera de una respuesta a su exigencia de reabrir las negociaciones sobre la cuestión retributiva, dada por cerrada por la Administración autonómica con los sindicatos minoritarios CSIF y ANPE.

Pasadas las 22:30 horas, la consellera citó a los representantes de las tres organizaciones a su despacho. En este encuentro, Ortí les confirmó que no se iba a reabrir la negociación salarial e instó a los portavoces a abandonar el recinto público. No obstante, los líderes sindicales decidieron desatender el requerimiento y permanecer de manera indefinida en el interior del inmueble. En el recinto también permanecían los miembros de la conselleria y los representantes de los otros dos sindicatos -CSIF ha publicado un vídeo en el que su portavoz, José Seco, solicitaba que se les dejara abandonar el edificio-.

No obstante, los representantes sindicales de las tres plataformas convocantes de la huelga abandonaron el recinto alrededor de la media noche, después de recibir un requerimiento en el que se les conminaba a hacerlo advirtiéndoles que, de no dejar el complejo, podrían ser sancionados por una falta muy grave, que podría comportar la inhabilitación y la separación del servicio, “es decir, perder nuestro trabajo”. A la salida, se han sumado a los docentes concentrados en el exterior de la conselleria.

Ha sido después cuando la policía nacional ha realizado la actuación a la fuerza para salir del recinto. Tras un primer intento, los manifestantes han despejado la puerta y se han sentado en otro acceso. La consellera de Educación ha salido por otro de los accesos pasada la una de la madrugada.

El portavoz de STEPV, Marc Candela, confirmó las circunstancias desde el interior de la Conselleria de Educación: “La consellera nos ha recibido en su despacho y nos ha dicho que no va a reabrir la negociación salarial”. Asimismo, Candela denunció públicamente las fuertes presiones recibidas por parte de la Administración para forzarlos a desalojar el complejo de Campanar, asegurando de forma tajante: “Prácticamente nos han amenazado y obligado a salir, pero no lo vamos a hacer”.

Horas antes, los representantes de los docentes le habían propuesto a la consellera elevar una consulta directa sobre el tema retributivo —el que más rechazo cosechó en la consulta realizada entre el profesorado— al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, para estudiar la viabilidad de una contraoferta. Esta petición fue la que provocó que Ortí decidiera dar por terminada la reunión general de manera unilateral antes de recibirlos en su despacho para ratificar su postura.

La consellera compareció ante los medios de comunicación previamente a esa reunión con los portavoces sindicales para advertir que su departamento no tomará decisiones “bajo presión ni ocupación del espacio”. Ortí defendió que el incremento salarial ofrecido es “un buenísimo acuerdo” y reiteró que este bloque no se reabrirá bajo ninguna circunstancia, puesto que ya fue firmado por CSIF y ANPE, emplazando al resto de organizaciones a avanzar exclusivamente en las mesas sectoriales temáticas convocadas a partir de este lunes.

Por el contrario, los sindicatos mayoritarios, protagonistas del encierro, insisten en que es “imprescindible” contar con un documento base decente que aglutine de manera global todas las materias del conflicto para poder desactivar los paros. Los representantes de los trabajadores recuerdan que un 91% del profesorado valenciano ha rechazado el actual borrador y que un 94% se opone al pacto retributivo que la conselleria pretende blindar como cerrado, por lo que consideran inviable continuar la negociación obviando el clamor de las bases.

Mientras se desarrollaba la mesa de negociación, la tensión se trasladó al exterior del recinto. Centenares de docentes secundaron la movilización arropando el encierro mediante diferentes acciones, como una sentada y una cadena humana que rodeó las instalaciones de la conselleria en protesta por el bloqueo institucional, unas protestas que se prolongaron durante la noche.

Esta movilización en la vía pública, que se había desarrollado de manera pacífica durante las últimas tres semanas, vivió este domingo las primeras actuaciones policiales desproporcionadas por parte de los agentes antidisturbios. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades ante la agresión de un agente de la Policía Nacional que empujó violentamente a una docente contra el asfalto, un hecho calificado por las autoridades de “inaceptable”.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha advertido a los sindicatos que las decisiones de su departamento no se toman “bajo presión ni ocupación del espacio” y ha defendido que la oferta de incremento retributivo es “un buenísimo acuerdo”.

Ortí ha comparecido ante los periodistas, junto al secretario general de Educación y cuatro directores generales, tras la novena reunión con los sindicatos y después de darla por cerrada mientras los representantes del STEPV, CCOO PV y UGT-PV se han mantenido en el interior de la sala de reuniones hasta que la consellera diera respuesta a su petición de que hablara con el conseller de Hacienda para garantizar una mejora salarial.

La consellera ha lamentado la situación “inusual” que se ha producido, ha reiterado que están abiertos a negociar y han propuesto “la mejor oferta educativa posible”, y ha señalado que ahora “parece que el problema es el sueldo”, ante lo que ha recordado que ese punto de negociación se ha cerrado con dos sindicatos y no se reabrirá mientras no se avance en el resto de reivindicaciones.

Según ha señalado, el camino es seguir con las mesas de negociaciones monográficas sobre aspectos concretos, cuestión que se ha planteado en la reunión.

Sobre la propuesta retributiva, ha defendido que hasta 2028 los docentes catalanes y valencianos cobrarán lo mismo, con una diferencia de 30 ó 40 euros mensuales, pero en Cataluña el incremento alcanzado incluye la subida estatal que ya les correspondía.

En la Comunitat, ha agregado, se ofrece una subida adicional específica que llegará en septiembre y, sumando el incremento a nivel nacional, el sueldo superaría los 500 euros de incremento, “un año antes” que en Cataluña, y con posibilidad de volver a negociar en 2028.

La otra línea roja para la Conselleria es la derogación de la Ley de libertad educativa que reclaman los tres sindicatos, una medida que “corresponde”, ha dicho, a Les Corts Valencianes. “Si piden derogación, esta negociación se rompe”, porque la ley se aprobó “por la mayoría”, ha defendido.

La consellera sospecha que la huelga indefinida del profesorado tiene “un componente político” y de fondo las elecciones sindicales de diciembre.

La Conselleria está abierta a negociar pero “con respeto a los procedimientos administrativos” en el paraguas de la democracia que son la mesas de diálogo, “sin imposición y con intención de llegar a acuerdos”, ha afirmado, para denunciar que los tres sindicatos “han decidido cambiar las reglas del juego”.

“Bloqueo del diálogo”

Preguntada por los representantes sindicales que esperan en la sala una respuesta de la Conselleria, ha indicado que son adultos y por encima de todo está su voluntad: “La nuestra es llegar a que la negociación puede continuar y podamos llegar a acuerdos, no es necesario imponer la voluntad por una de las partes que bloquea el diálogo”.

Ortí ha manifestado que dialogarán con ellos para que “reflexionen” y poder solucionar la situación “con la mínima tensión posible”.

Una vez concluida la novena reunión, la consellera y los altos cargos de Educación han salido de la sala mientras los representantes de los sindicatos de docentes STEPV, CCOO y UGT han decidido permanecer en el interior después de que Ortí diera por cerrada la sesión -a la hora y cuarto de su inicio- y les emplazara a retomar las negociaciones este lunes, a la espera de que les presenten “un documento base decente”.

Los representantes de ANPE y CSIF han informado en sus redes sociales de que se encuentran también en el interior del edificio de la Conselleria porque “no se garantiza su seguridad”, ya que las personas que están protestando en el exterior “bloquean las salidas”.

Calendario de negociaciones

La Conselleria ha presentado a los sindicatos un calendario de negociaciones entre el lunes y el miércoles para abordar, en mesas temáticas con las direcciones generales correspondientes, las reivindicaciones de los sindicatos en materia de inclusión, plantillas, ratios, valenciano, infraestructuras y Formación Profesional, y da por cerrada la subida salarial pactada con CSIF y ANPE.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha manifestado durante la reunión que, dado que el punto de la burocracia estaba cerrado, se proponía tratar con cada dirección general los distintos puntos en las mesas que ha propuesto celebrar la semana próxima.

Así, ha propuesto un calendario de reuniones para la semana que viene de manera que mañana lunes habrá dos mesas sobre inclusión y plantillas, el martes se tratará sobre ratios y valenciano y el miércoles infraestructuras y formación profesional, todas ellas a las 9 y a las 13 horas.

Desde algunos sindicatos se ha pedido reabrir la cuestión de las retribuciones, pero la Conselleria ha afirmado que ya ha sido firmado por dos sindicatos (CSIF y ANPE) y lo dan por cerrado.

Cuando se ha conocido que la reunión había terminado sin acuerdo, en el exterior de la Conselleria los docentes han continuado concentrados de forma pacífica y han comenzado a gritar “vergonya” cuando en las inmediaciones de Campanar con Pío XII un policía ha dado un empujón que ha tirado al suelo a una de las manifestantes que caminaba por la calzada.

En enero de 2024, el expresidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón anunció una auditoría general del sector público con el objetivo de poner fin al “malgasto” en el que, según denunciaba de forma insistente una y otra vez, había incurrido el Botànic liderado por el socialista Ximo Puig en sus ocho años de mandato. El objetivo de esta medida era “detectar duplicidades e ineficiencias en el sector público”, o como también repitieron hasta la saciedad tanto él como los diferentes responsables de su Consell y del PP, eliminar “grasa política”.

Así, para tratar de dejar en evidencia al anterior ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig y por Mónica Oltra, a quienes acusó en los meses previos a las elecciones de tener “el Consell más caro de la historia”, Mazón inició el mandato en agosto de 2023 con 121 altos cargos, incluidos el presidente y sus consejeros y consejeras.

Casi tres años después, la “grasa” que desde el PP pregonaban que iban a limpiar en forma de gasto público se ha multiplicado. Con la diferencia de que el segundo Gobierno del Botánico estaba formado por tres partidos (PSPV, Compromís y Unides-Podem) y actualmente el PP gobierna en solitario.

Pese a esta circunstancia, según los últimos datos publicados en el portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana, el actual Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca cuenta con 160 altos cargos, lo que representa un coste salarial de 12,1 millones de euros. Son 39 altos cargos más que cuando Mazón inició la legislatura. En mayo de 2023, último mes del Botánico, el Gobierno valenciano de Ximo Puig contaba con 150 altos cargos con un impacto de 10,2 millones de euros para lar arcas públicas.

Aunque a esta cifra se sumara el coste salarial de los asesores, más numerosos en la época de Puig, la cifra total de gasto de la actual estructura seguiría siendo igualmente superior. Así, en la última etapa del Botánico había 116 asesores que suponen un coste de 6,1 millones. Por lo tanto, el gasto total en esa estructura, con los altos cargos, se elevaría a 16,3 millones. En el caso de Pérez Llorca, cuenta todo su Consell con 93 asesores con un coste de 5,2 millones, mientras que Mazón se autoimpuso un límite de 72. Sumado a los altos cargos, da un total de 17,3 millones de euros.

Como informó elDiario.es, el Gobierno valenciano que presidía Carlos Mazón aprobó en diciembre de 2023 un complemento salarial que para este ejercicio 2026 supone incrementos de hasta 25.000 euros brutos anuales para algunos de sus consellers y altos cargos. De esta forma, se aprobó el llamado complemento personal, un incentivo para mejorar el salario a cargos de otras administraciones que tienen mejor remuneración y que acceden a trabajar en el Gobierno valenciano, pese a tener un sueldo más bajo. En virtud de este complemento, la merma económica por trabajar en la Generalitat Valenciana se reduce.

El PSPV calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”

Al respecto, el portavoz del PSPV en las Corts, José Muñoz, ha calificado al Consell de Pérez Llorca de “profundamente indecente”, puesto que “es capaz de regatear a los docentes valencianos ofreciéndoles 75 euros más en 2026, mientras ahora hemos visto cómo se subieron los sueldos nada más llegar a la Generalitat en 2023, con aumentos salariales a los altos cargos de hasta el 36%, es decir, de hasta 25.000 euros más de una tacada, mientras la nómina de cargos se ha incrementado en una decena”.

Muñoz ha añadido: “Tenemos el Gobierno valenciano más caro de la historia, que supone un desembolso de más de 12 millones al año, casi 50 millones por legislatura, solo en altos cargos. Eso son cerca de 2 millones más que el último Consell del Botànic. Es una vergüenza y una indecencia. Porque se desmonta una vez más de las mentiras del PP en la Generalitat, que vino con un discurso miserable y de antipolítica, contra lo que llaman la grasa política, y ahora resulta que al Consell del PP y Vox le sube el colesterol, y el malo”.

El portavoz socialista ha comentado que “ya no es una cuestión de si los altos cargos del PP y Vox son los más caros de la historia” sino que “lo dramático es que el Consell del Ventorro, el Consell más incompetente, negligente y frívolo que hemos tenido los valencianos, es también el más caro” y se ha preguntado “a qué se dedica” el ejecutivo de Pérez Llorca porque “están vaciando la sanidad pública, desviando masivamente recursos a la privada; están raquitizando la educación pública, mientras engordan la privada y a los centros que segregan; y están recortando derechos y prestaciones sociales”.

Para Muñoz, “el Consell de Mazón y su suplente Pérez Llorca, apoyado por Vox, es una gran mentira, un gran fraude en el que todas y cada una de las promesas que les llevaron a la Generalitat en 2023 se han demostrado como una gran mentira y un timo político”.

Las hostilidades las inició la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, el pasado 22 de mayo, cuando desveló ante la jueza de la dana que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, llamó por teléfono al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell (también del PP) para avisarle de que se había desbordado la cabecera del barranco del Poyo. En la siguiente testifical, tres días después, la actual primera edil de Torrent, Amparo Folgado, disparó aún más alto y dijo que avisó del desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo, específicamente a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia (de la que la alcaldesa es diputada provincial) y a Emilio Argüeso, el entonces secretario autonómico de Emergencias que figura actualmente como investigado en la causa.

La jueza instructora ve “especialmente significativa” la información sobre el desbordamiento de Horteta que recibió Mompó en plena reunión del Cecopi por parte de una alcaldesa que estaba sobre el terreno presenciando en primera persona la catástrofe, según afirmó en un auto dictado este pasado viernes. El presidente de la institución provincial, además, mantenía una “comunicación fluida y constante” con la consellera Salomé Pradas en el seno de la reunión, recuerda la magistrada, a quien le resulta “difícilmente sostenible” la tesis de las defensas y del PP de que el Cecopi desconocía el “estado del barranco del Poyo”.

El torpedo en la línea de flotación de las tesis del PP sobre la dana lanzado por las alcaldesas populares apuntala el enfoque de la instructora. Sin embargo, venía precedido por otras embestidas internas inmediatamente anteriores. El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, dejó en evidencia a la Generalitat cuando expuso ante la jueza el pasado 7 de mayo sus exitosas medidas la mañana de la dana, tomadas por iniciativa propia.

En la misma línea, su homóloga de Requena, Rocío Cortés, fue un paso más allá y espetó que si no hubo fallecidos en la localidad fue porque se avisó a la población por parte de las autoridades municipales. Y es que a nadie se le escapa que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra reprocha (al menos indiciariamente) a los dos investigados, ambos del PP, el retraso en el envío de la alerta para avisar a la población, tal como ha repetido hasta la saciedad. Ambos alcaldes aportaron documentación acreditativa de las medidas que tomaron, que este diario reprodujo en su integridad.

El contraataque de Emilio Argüeso vino en un escrito de apenas tres páginas, firmado por Yulia Ivanistova, la abogada que ejerce la defensa del exalto cargo del Consell de Carlos Mazón junto con el letrado José María Bueno Manzanares.

El investigado pide que se practiquen una serie de diligencias, tras las declaraciones de los alcaldes Utiel, Requena y Chiva (no alude a la de Torrent) que “habían manifestado que no recibieron durante los días 28 y 29 de octubre comunicación o aviso alguno procedente del Centro de Coordinación de Emergencias relativo a dichos episodios de riesgo, ni sobre la declaración de las situaciones operativas”.

El escrito, al que ha tenido acceso este diario, pide a los tres consistorios que “certifiquen expresamente” si recibieron esas comunicaciones de Emergencias (alertas, boletines, correos electrónicos o faxes que constan en el procedimiento) y que indiquen la fecha y hora y la “persona, cargo, departamento, unidad o servicio municipal que recibió el aviso”, además de si fueron registradas “oficialmente”.

También pide que se certifique si los alcaldes en cuestión tuvieron “conocimiento de dicha comunicación y en qué momento”. En definitiva, Argüeso apunta al papel de los munícipes del PP.

La referencia a la primera edil de Chiva resulta muy relevante. Se trata de la localidad que alberga la cabecera del barranco del Poyo y Amparo Fort, la alcaldesa que presenciaba en directo el desbordamiento, telefoneó a Avelino Mascarell, diputado provincial de Bomberos, a las 18.55, más de una hora antes de que se enviara el Es-Alert, según confirma el acta de cotejo de la llamada registrada en el móvil del participante en la reunión del Cecopi.

A Mompó y Mascarell les toca volver a sentarse ante la jueza

Mascarell, sin embargo, declaró el pasado 2 de marzo ante la jueza y dijo, ante la insistencia de la instructora sobre esa llamada de Amparo Fort que no se acordaba. “No lo recuerdo”, contestó a la magistrada, según indica el acta de su declaración testifical.

La jueza, tras la revelación de la alcaldesa de Chiva, volvió a citar como testigo a Mascarell. También ha vuelto a citar al presidente de la diputación de Valencia, Vicente Mompó, el próximo 30 de junio. Su vicepresidenta, Reme Mazzolari, comparecerá la víspera.

Mompó tampoco se acordaba de que al Cecopi llegara información sobre la rambla del Poyo ni la comarca de l'Horta Sud, a pesar de que la alcaldesa de Torrent le contó en directo que se estaba desbordando uno de los principales barrancos tributarios, el de Horteta. Amparo Folgado aportó a la jueza la documentación que acredita la llamada, dejando en evidencia las serias lagunas de Vicente Mompó y cuestionando de plano su versión de los hechos.

En el calendario de declaraciones establecido por la magistrada para los próximos meses de junio y julio, figuran varios alcaldes, también del PP: la de València, María José Catalá; la de Godelleta, María Amparo Pardo, y la de Carlet, Laura Sáez.

Després de tres setmanes de vaga indefinida, amb nombroses concentracions, protestes, mobilitzacions i manifestacions multitudinàries, fins a la data no s'havien produït incidents ressenyables, tot i que les accions de protesta sempre havien estat marcades per una forta presència policial. No obstant això, aquest diumenge s'ha viscut un lamentable episodi de violència en les rodalies de la seu de la Conselleria d'Educació, a l'avinguda de Campanar de València, quan un agent de la Policia Nacional ha espentat violentament una docent que es trobava parada a la via pública, fet que li ha provocat una caiguda i un fort colp contra l'asfalt

Els professors i mestres valencians, que s'han concentrat coincidint amb la mesa de negociació en els encontorns de la seu de l'administració educativa valenciana, han protagonitzat alguns actes de protesta en la via pública, com una cadena humana que ha envoltat el recinte de la Conselleria d'Educació, una aturada a la calçada, que ha estat dissolta pels agents antiavalots de la Policía Nacional.

Els sindicats convocants de la vaga, STEPV, CCOO i UGT, han anunciat que denunciaran les agressions patides pel personal docent concentrat aquest diumenge, que ha respost amb càntics com: “Som gent de pau, i no ens faran callar”.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciat a través de les xarxes socials que obriran una investigació del que ha ocorregut: “La imatge que acabem de veure és inacceptable. Investigarem el que ha ocorregut de forma exhaustiva per depurar responsabilitats”.

Bernabé ha sentenciat que protegir el dret a manifestar-se amb seguretat “està per damunt de qualsevol circumstància”, per concloure dient: “Aquest és un fet totalment incomprensible que entela el treball de la Policia en aquestes tres setmanes de manifestacions, en coordinació amb els sindicats convocants”.

Después de tres semanas de huelga indefinida, con numerosas concentraciones, protestas, movilizaciones y manifestaciones multitudinarias, hasta la fecha no se habían producido incidentes reseñables, a pesar de que las acciones de protesta siempre habían estado marcadas por una fuerte presencia policial. Sin embargo, este domingo se ha vivido un lamentable episodio de violencia en las inmediaciones de la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, cuando un agente de la Policía Nacional ha empujado violentamente a una docente que permanecia parada en la vía provocando que se diera un duro golpe contra el asfalto.

Los profesores y maestros valencianos, que se han concentrado coincidiendo con la novena mesa de negociación en las inmediaciones de la sede de la administración educativa valenciana, han protagonizado algunos actos de protesta en la vía pública, como una cadena humana que ha rodeado el recinto de la Conselleria de Educación, una sentada en la calzada, que ha sido disuelta por los agentes antidisturbios de la Policía Nacional.

Los sindicatos convocantes de la huelga, STEPV, CCOO y UGT, han anunciado que denunciarán las agresiones sufridas por el personal docente concentrado este domingo, que ha respondico con cánticos como: “Som gent de pau, i no ens faran callar” (Somos gente de paz, y no nos callarán).

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernebé, ha anunciado a través de las redes sociales que van a abrir una investigación de lo ocurrido: “La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades”.

Bernabé ha sentenciado que proteger el derecho a manifestarse con seguridad “está por encima de cualquier circunstancia”, para concluir diciendo: “Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes”.

Alrededor de las 18:00 horas llegaban a la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, los representantes de los sindicatos presentes en la mesa de negociación —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— para mantener el noveno encuentro desde que comenzó la huelga indefinida, el pasado 11 de mayo, con el objetivo de acabar con el conflicto laboral que ya ha vivido quince jornadas de paros. Centenares de docentes se han vuelto a concentrar a las puertas de la Conselleria -incluso han rodeado el recinto con una cadena humana- para protestar contra el Gobierno valenciano y exigir el cierre de un acuerdo que contemple sus reivindicaciones.

Así, el encuentro ha encallado de nuevo en el bloque de las retribuciones. A pesar de las aportaciones presentadas por STEPV, CCOO y UGT para intentar acercar posturas, la consellera de Educación, Carmen Ortí, se ha mantenido firme en su postura de no mover ficha, argumentando que este punto ya está cerrado tras el acuerdo firmado previamente con CSIF y ANPE. Ante este bloqueo, los tres sindicatos mayoritarios le han propuesto consultar directamente al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, para estudiar la viabilidad de sus demandas económicas, una petición que ha provocado que la consellera decidiera dar por terminada la sesión de forma abrupta y abandonar la reunión.

Las organizaciones sindicales insisten en que reabrir este bloque es una condición indispensable para poder firmar un acuerdo de bases que comience a encauzar el conflicto laboral. Pese al desplante de la Administración y a la marcha de la consellera, los representantes de STEPV, CCOO y UGT han tomado la decisión de permanecer encerrados en la sede de la Conselleria a la espera de una respuesta oficial que permita retomar el diálogo.

Marc Candela (STEPV) destacaba que han planteado “diversos flecos que quedaban en algunos puntos y hemos pedido reabrir el tema retributivo, que no damos por cerrado, porque es el que tuvo más rechazo en la consulta”. De este modo, le han solicitado a Ortí reabrir esta cuestión, “pero ha dicho que no y ha levantado la sesión”. “Seguiremos en la Conselleria esperando una respuesta”, ha dicho Candela, quien ha añadido: “No se si la consellera llamará al conseller Rovira, pero aquí estamos esperando”.

Xelo Valls (CCOO) sentenciaba que “es imprescindible tener un documento base que incluya todos los puntos, incluidas las retribuciones, que evidentemente someteremos a consulta, y eso es lo que le hemos manifestado a la Conselleria”. “En las Corts Valencianes están los presupuestos, y hay enmiendas de los grupos parlamentarios, y es importante reabrir la negociación para que se puedan incluir algunas de las cuestiones que hemos comentado”, ha insistido Valls.

Maite Tarazona (UGT) ha insistido en que han recogido “todas las cuestiones de mejora que nos han llegado y hemos ampliado las mejoras, si ellos consideran que se deben incorporar o no”. Sobre las mesas, Tarazona ha insistido en que sería necesario alcanzar un acuerdo global para después ir desarrollándolo en reuniones sectoriales para profundizar en cada uno de los apartados y que la mejora retributiva “todavía se queda muy corta”.

Paloma Martínez (ANPE) aseguraba que lo que ellos quieren es que la situación de conflicto se desbloquee, y para ello insistía en negociaciones por bloques que después se recojan “en un gran acuerdo”. “No queremos dilatar más esto, queremos resolver”, ha indicado, y para ello es necesario “trabajar cada cuestión de forma independiente, porque si no, entramos en bucle y esto no se va a acabar nunca”.

Por su parte, el secretario autonómico ha convocado para el lunes mesas sectoriales en inclusión (9:00 horas) y plantillas (13:00 horas); para el martes, sobre ratios (9:00 horas) y valenciano (13:00 horas); y para el miércoles, de infraestructuras (9:00 horas) y Formación Profesional (13:00 horas).

La última propuesta del Gobierno valenciano

El departamento que dirige Carmen Ortí propone una reducción progresiva de las ratios de alumnos por aula, que comenzará en el próximo curso escolar, con el objetivo de alcanzar los 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en la ESO y 30 en Bachillerato para el curso 2031/32. Además, se establece un plan de simplificación burocrática que incluye la creación de un expediente digital docente (EDEN), el uso de inteligencia artificial para tareas administrativas y la integración de plataformas informáticas para reducir las cargas de gestión del profesorado.

El documento también garantiza una mejora de las plantillas y las infraestructuras, comprometiendo inversiones de más de 370 millones de euros (destacando el Plan Edificant y el nuevo Plan Recole) y una reducción de dos días en el tiempo para cubrir sustituciones. Asimismo, se refuerza la inclusión educativa con el aumento de plazas de especialistas (Audición y Lenguaje y Educación Social) y se asegura el mantenimiento de la oferta actual de Formación Profesional, junto con un plan específico de formación en valenciano para el profesorado.

Rechazo mayoritario a la propuesta de la Conselleria

La consulta impulsada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT, junto a la Coordinadora d'Assemblees Docents, en la que participaron más de 30.000 profesores y maestros valencianos, se saldó con un rechazo masivo (91% de los participantes) a la propuesta global de la Conselleria de Educación. El profesorado tumbó la práctica totalidad de los bloques sectoriales: destaca el veto a los acuerdos sobre ratios (94%), plantillas (89%) y el pacto retributivo firmado previamente con CSIF y ANPE (94%). La única excepción ha sido el apartado de las medidas contra la burocracia, que sí recibió el respaldo del 69% de los docentes.

Respecto al rumbo de las movilizaciones, la comunidad educativa abogó mayoritariamente por mantener la presión, aunque flexibilizando la estrategia: el 54% de los participantes prefiere continuar con la huelga indefinida mediante movilizaciones puntuales, frente al 26% que opta por el formato estricto actual y un 20% que propone desconvocar el paro pero mantener otro tipo de protestas.