José Ignacio Macías es el nuevo director de Proyecto Hombre La Rioja. Releva a David García que hace unos días fue nombrado director de Cáritas La Rioja y que continúa vinculado ala organización. De hecho, ha sido García quien ha presentado al nuevo director de Proyecto Hombre de quien ha destacado su perfil profesional y humano, su experiencia en el ámbito social y su “capacidad de escuchar” y de “ponerse al lado de otras personas con profesionalidad y con amor. Creo que su formación, experiencia y cualidades humanas hacen que Nacho sea esa persona que le conviene y le va a venir bien a Proyecto Hombre”, ha asegurado.

Por su parte, José Ignacio Macías –que hasta su nombramiento formaba parte del equipo de Proyecto Hombre La Rioja como terapeuta, realizando intervenciones individuales y grupales–, ha agradecido la confianza recibida y ha definido el nuevo cargo como un paso especialmente significativo en su trayectoria: “Para mí es un gran orgullo. Es un regalo a nivel personal y profesional”. En la presentación ha subrayado el “componente transformador de la entidad y lo que supone trabajar con personas que buscan un cambio: Creo que lo que va a definir lo que yo sea de aquí a 15 o 20 años va a ser el tiempo que pase aquí en Proyecto Hombre”, ha afirmado, destacando el aprendizaje que nace del contacto diario con quienes “vienen a nuestra casa con ganas de cambiar su vida”.

Entre sus prioridades, el nuevo director ha situado el cuidado del equipo como una condición imprescindible para acompañar bien a los demás: “Son tan profesionales y generosos que muchas veces se dejan jirones de piel… y sabemos que para trabajar bien con las personas primero tienes que estar tú bien”. José Ignacio Macías también ha apuntado como eje de esta nueva etapa reforzar la accesibilidad y el contacto temprano con la entidad, evitando que nadie retrase la petición de ayuda: “Quiero que una persona no piense: ‘yo no voy a Proyecto Hombre porque no estoy tan mal como para ir ahí’. Al contrario, cuanto antes vengas, antes vas a estar mejor”.

Perfil del nuevo director

José Ignacio Macías es un profesional con una sólida trayectoria en el ámbito social y educativo, con experiencia en intervención con menores y en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Es licenciado en Psicología y cuenta con formación especializada, entre la que destacan un Máster en Dirección de Centros Sociosanitarios, un postgrado en gestión de centros de servicios sociales y de la tercera edad y la acreditación profesional de Psicólogo Experto en Intervención Social.

A lo largo de su carrera, ha asumido responsabilidades de dirección y coordinación en recursos sociales, ha desarrollado labores de docencia y ha participado en programas vinculados a justicia restaurativa y justicia juvenil, incluyendo intervención en el entorno penitenciario.

Cristina Ibarrola será la candidata de UPN que tratará de devolver en 2027 a los regionalistas al Palacio de Navarra 12 años después. La exalcaldesa de Pamplona y presidenta del partido se ha impuesto a dos afiliados de base en un proceso de elección de candidatura en el que no se ha presentado el vicepresidente de UPN y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero.

“UPN va a liderar el cambio político que Navarra necesita”, ha señalado la presidenta de UPN tras ser designada como candidata a la presidencia. Las navarras y los navarros van a castigar la nefasta gestión y la falta de honestidad del Gobierno de Chivite. La gente está harta y nos va a tocar vivir, a todos, un cambio de ciclo político que vamos a liderar“, ha asegurado.

Ibarrola ha contado con un apoyo del 84,74% de los participantes en el Consejo Político. Competía con dos militantes de base del partido, Juan Ángel García Roig, afiliado en Estella, y Diego Calderón Fernández, afiliado de Alsasua. El primero ha obtenido un único voto (0,56%) y el segundo, tres votos (1,69%), frente a los 150 votos de Ibarrola. Además, ha habido 23 papeletas en blanco (12.99%).

El Consejo Político de UPN, máximo órgano de representación entre congresos y el competente para elegir a su cabeza de la lista en los próximos comicios, ha designado así a Ibarrola para encabezar su lista al Parlamento de Navarra, después de que en las últimas semanas comenzaran a registrarse los primeros movimientos en torno a la candidatura.

Cristina Ibarrola accedió a la Presidencia de UPN en el 13º Congreso que celebró la formación regionalista en abril de 2024. Previamente, al inicio de esta legislatura, Ibarrola fue investida alcaldesa de Pamplona por UPN, al ser la candidata de la lista más votada al Ayuntamiento de Pamplona en las elecciones municipales de 2023.

No obstante, apenas seis meses después de asumir la Alcaldía, EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin apoyaron una moción de censura que la desbancó del cargo y desde entonces es portavoz de UPN en el Ayuntamiento.

Con el nombramiento de Ibarrola, UPN renueva a su cabeza de lista al Parlamento de Navarra, después de que Javier Esparza haya sido el candidato de la formación en los años 2015, 2019 y 2023.

El Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno de Cantabria (PP) a los ayuntamientos para este año se 'congela' en los 18,5 millones de euros tras no haberse aprobado los presupuestos autonómicos de 2026, que preveían dotarlo de más de 19, y haberse tenido que prorrogar los de 2025. Su reparto se aprobará este mes y supondrá que, de los 102 ayuntamientos, habrá 57 que recibirán menos que en 2025, 39 más y los cinco más poblados y Valle de Villaverdde se quedarán igual.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que ha presidido la Comisión de Administración Local (CAL), formada por representantes del Ejecutivo regional y de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC).

Urrutia ha explicado que el hecho de que la cuantía no crezca respecto a 2025 es una de las “grandes consecuencias” de la no aprobación de los presupuestos después de que el Parlamento devolviera el proyecto de ley presentado por el Gobierno al prosperar una enmienda a la totalidad apoyada por PRC, PSOE y Vox.

“No es lo mismo repartir entre los municipios más de 19 millones de euros, que algo más de 18,5”, ha dicho Urrutia, que ha indicado que el incremento de la partida hasta más de 19 millones estaba “vinculado” a la aprobación de unas nuevas cuentas.

Ante la posible aprobación del presupuesto y ha indicado que, en el caso de que ello ocurriera, se haría un complemento por la cuantía a aportar“.

Un reparto desigual

En este fondo destinado a los 102 ayuntamientos, los cinco municipios con más de 20.000 habitantes (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Piélagos y Camargo) no sufren variación porque su cuantía es fija, junto a Valle de Villaverde, que tiene un trato especial.

Del resto de 96 municipios, a los que se les aplica la cuantía fija y variable de superficie y población, 57 verán reducidas sus cuantías, con Comillas, donde gobierna una coalición PRC-PSOE, como el ayuntamiento más perjudicado, porque percibirá un 1,83% menos que en 2025, lo que supone 2.183 euros menos.

Mientras, de los 39 municipios que verán aumentada su cuantía --“a costa, eso sí, de la merma de los otros 57, que bajan”, ha dicho la consejera--, el que más crece porcentualmente en aportación, un 2,33%, es Bárcena de Cicero, donde también gobiernan los regionalistas con Gumersindo Ranero como alcalde, mientras el que menos lo hace es Pesaguero (PP), un 0,06%, es decir 60,71 euros más.

La consejera ha asegurado que si se hubiera aprobado el presupuesto para 2026, tan solo el aumento previsto por el Gobierno del 2,8%, “que podría haber sido superior”, como sucedió en 2024 y en 2025, “ningún ayuntamiento hubiera perdido, todos habrían aumentado su cuantía, respecto al ejercicio anterior”.

La Deputación de Lugo celebrará este miércoles el pleno extraordinario para nombrar al sustituto —o, si todo va como está previsto, la sustituta— de José Tomé, que dimitió del cargo tras ser acusado de acoso sexual en un programa de televisión y a través del canal interno del PSOE. La alcaldesa de Burela, Carmela López, ratificada este lunes por Ferraz, ha sido la designada por el partido para ocupar el puesto. Para eso necesitará el voto del socio de gobierno, el BNG —que ya lo ha confirmado— y del propio Tomé, convertido en diputado no adscrito. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha retado a los socialistas pero, especialmente, al Bloque, a actuar con “coherencia” y no apoyarse en alguien a quien “denostaron” sólo por mantenerse en el gobierno del ente provincial.

La dimisión “inmediata” del anterior presidente había sido una exigencia de los nacionalistas para no romper un bipartito del que forman parte minoritaria. Las denuncias contra Tomé trascendieron en la noche del 9 de diciembre, en el programa Código 10 de Cuatro. Al día siguiente, Tomé, suspendido cautelarmente de militancia en el PSOE, anunció que, de todos sus cargos institucionales, sólo renunciaría al de dirigente del ente provincial. Continuaría como alcalde de Monforte —el segundo municipio de la provincia— y conservaría su acta de diputado.

El que era desde hace años el hombre fuerte del partido en Lugo no tuvo prisa en hacer efectiva su marcha. El viernes 12 todavía presidió una junta de gobierno en la Deputación, de la que se ausentó el alcalde socialista de Castroverde. Los socios del BNG se negaron a sentarse y anunciaron que tomarían “medidas” si se dilataba aquel “sinsentido”. Horas después, Tomé, en un escrito en el que seguía defendiendo su inocencia, registraba su renuncia, convocaba el pleno en que se haría efectiva —el pasado 30 de diciembre— y marcaba en el calendario la fecha para su sustitución: el miércoles 14 de enero, a las 12 del mediodía.

En una sesión que duró apenas unos minutos, Tomé cedió a su vicepresidente nacionalista, Efrén Castro, el cargo que ejercía desde 2019. A continuación se celebró otro pleno ordinario en la que el ya exvicepresidente se sentó en el lugar utilizado habitualmente por la portavoz socialista, Pilar García Porto, que ocupó la silla a su izquierda. En la tarde de este lunes, socialistas y nacionalistas mantuvieron un encuentro en la Deputación tras el que el BNG avanzó su voto a favor de Carmela López.

El PP habla de “pacto de la vergüenza”

Las denuncias contra Tomé provocaron una tormenta interna en el PSdeG, que incluyó la dimisión de la secretaria de Igualdade, Silvia Fraga, después de que el líder del partido, José Ramón Gómez Besteiro, admitiese haber conocido las denuncias “a través de una tercera persona” en octubre. Destacadas militantes socialistas—entre ellas, con especial protagonismo, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey— impulsaron un manifiesto en el que exigían a la dirección una actuación firme, transparente y coherente para “mantener la confianza de la ciudadanía”. La cúpula gallega dio por cerrada la crisis con la celebración, este fin de semana, de un Comité Nacional extraordinario en el que tomaron la palabra más de 40 personas. “La conclusión es clara: la dirección actuó correctamente porque allí nadie planteó otra forma diferente de actuar”, sentenció este lunes Besteiro.

Casi a la misma hora en la que el secretario xeral de los socialistas trataba de dar carpetazo a lo sucedido, el presidente de la Xunta desplazaba el foco hacia el BNG porque “por parte del PSOE ya sabemos que no va a haber coherencia”. Así, desafiaba a los nacionalistas a mantener “en el momento decisivo” —el de la elección de la nueva presidenta— la misma postura que “mantuvieron todo este tiempo”.

“Espero que no se dé el gigantesco ejercicio de hipocresía que sería pactar el gobierno con quien iban a apartar” ya que “parece ser que se podría dar un tripartito entre el PSOE o lo que queda de él en Lugo, el BNG, y la persona que provoca todo esto, el señor Tomé”. Si eso sucede, asegura, el Bloque perderá no sólo la “coherencia” sino también la “legitimidad”. El grupo provincial popular iba más allá y se refería a ese acuerdo como el “pacto de la vergüenza”. En el mismo comunicado en el que anunciaron su respaldo a López, los nacionalistas acusaron al PP de usar “una denuncia de acoso sexual como arma arrojadiza” para “tratar de llegar a un gobierno que no logró en las elecciones municipales”.

El envite de los populares no es precisamente desinteresado: suman doce de los 25 escaños de la Deputación. Si no hubiese acuerdo entre los actuales socios, se bastarían para gobernar en solitario el ente provincial que perdieron en 2007, 24 años de mandato de Francisco Cacharro Pardo, uno de los caciques de la boina. Otra crisis interna del PSOE permitió a la actual presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, encabezar el ente provincial durante tres cortos meses de 2015, hasta que las aguas socialistas volvieron a su cauce. Desde entonces, el pazo de San Marcos se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del PP gallego y la caída de Tomé ha vuelto a reavivar sus ansias por recuperarlo.

El juez Juan Carlos Peinado ha avisado a Moncloa de que si no le remite las agendas de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y de su asesora, Cristina Álvarez, puede cometer un delito de desobediencia.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid reclama “nuevamente a Presidencia del Gobierno” que le facilite varia documentación que le requirió, “o bien indiquen las causas por las que a día de hoy no se han remitido”. Fuentes próximas a la esposa de Sánchez explican que Moncloa está recopilando toda esa información y se la remitirá al magistrado en cuanto la haya reunido.

Peinado indica que entre ella se encuentran las agendas de las dos investigadas, que ha encargado analizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para “determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez”.

“Apercibiéndoles que en caso de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia”, advierte.

Ya se conoce la fecha del XVII Congreso del Partido Riojano. Será el 14 de diciembre en Logroño y desde mañana sábado 1 de noviembre, las personas afiliadas a la formación política pueden presentar sus candidaturas a la Presidencia de la formación riojanista.

La fecha la acordaron la mayoría de las personas que componen la Comisión Permanente de la formación riojanista tomaron la decisión en una reunión que tuvo lugar en la tarde noche de ayer jueves y que ha sido comunicada este viernes a la afiliación.

La convocatoria llega tras la renuncia, este verano, del anterior presidente electo, Rubén Antoñanzas, que prosigue su carrera política como concejal en Logroño al frente de la oposición y centrado en fiscalizar la labor del Gobierno municipal de Conrado Escobar. 

Posteriormente, la vicepresidenta primera, Rita Beltrán, que ejercía la dirección en funciones, también cedió el testigo a la vicepresidenta segunda, Montserrat Bañares, para continuar con su labor como concejala en Arnedo y estudiar su posible candidatura a la Presidencia del PR+, con la intención de garantizar que el proceso sea lo más transparente y limpio posible. 

A partir de este sábado, 1 de noviembre, y durante una semana, la afiliación al corriente de sus obligaciones con el Partido Riojano puede presentar su candidatura para liderar esta formación, que cuenta con 43 años de trayectoria en defensa de La Rioja sin la injerencia de los intereses políticos estatales ni de otros territorios.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha descartado que se investigue al Departamento de Seguridad Nacional, tal como pedía una acusación particular de la causa de la dana en un recurso contra un auto de la jueza instructora del pasado 16 de junio que ya impidió esa posibilidad. La resolución de la sección segunda, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Javier Ortolá, recuerda que en el procedimiento de la dana “se debate la causa de los fallecimientos ocurridos con ocasión de un desastre natural, no el ataque terrorista o de otro tipo de infraestructura”.

Se trata de una acusación particular que ha incidido en tesis 'conspiracionistas' y que pedía que se requiriera documentación al Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno central, sobre la presa de Forata. La letrada consideraba que los supuestos informes de Seguridad Nacional, un departamento situado en el Palacio de La Moncloa, podrían “aportar datos” sobre la “información disponible” y las “medidas de protección de infraestructuras y personas que debieron adoptarse”.

La Fiscalía pedía la desestimación del recurso de apelación, al considerar que la resolución de la magistrada instructora era “ajustada a derecho”. La diligencia, además, “no guarda relación” con el objeto del proceso al no haberse declarado la emergencia nacional el pasado 29 de octubre.

La Audiencia de Valencia recuerda que, tal como establece la jurisprudencia constitucional, “el derecho a la prueba no es absoluto ni incondicional”. Por el contrario, en el marco de una instrucción, “debe valorarse” la relación de la prueba propuesta con la relevancia “en orden a acreditar los hechos decisivos para el debido enjuiciamiento de la causa”.

“De modo que, aunque el hecho que se pretende acreditar forme parte del objeto de las diligencias previas, el medio de prueba propuesto debe superar un juicio de pertinencia que incluye valorar su relevancia y utilidad. Así, no será admisible cuando el resultado que cabe esperar de esa fuente de prueba carezca de potencialidad para variar el resultado de la investigación”, según abunda el auto.

Una mera “información aislada” de 'La Gaceta'

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia recuerda que la acusación particular se basa en una mera “información aislada” del diario La Gaceta: “Para el supuesto de que por el Departamento de Seguridad Nacional se elaborasen informes el día 29 de octubre de 2024 no se nos aportan datos que, nos lleven a considerar razonable que tenían el objeto al que alude la recurrente”. “Estamos por tanto ante una diligencia prospectiva sin un pronóstico favorable de utilidad”, concluye el auto.

La resolución también repasa las competencias del Departamento de Seguridad Nacional, centradas fundamentalmente en los ámbitos de “atentados terroristas u otras amenazas que afecten a infraestructuras críticas”. Lo cual, recuerda el auto, no fue lo ocurrido el pasado 29 de octubre. “Es más, ni siquiera consta que la presa de Forata sea una infraestructura crítica (...). Lo mismo cabe objetar de las carreteras”, agrega.

“En definitiva”, concluye, “no se nos ha explicado razonablemente por la recurrente, por qué entiende que se emitieron el 29 de octubre de 2024 informes por el Departamento de Seguridad Nacional que, tengan vinculación o interés para la presente causa”.

La llegada del verano supone un cambio temporal en la actividad institucional, y también abre la puerta a un periodo de desconexión para el presidente del Gobierno. Como jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez tiene a su disposición diversas residencias oficiales que puede utilizar en estos periodos, aunque sus escapadas estivales suelen coincidir con una pausa más amplia en su agenda pública.

Estas vacaciones no implican una desvinculación total de sus funciones, pero sí suponen una reconfiguración del foco político y mediático en torno a su figura. Esa relativa pausa de actividad ha convertido sus elecciones veraniegas en una constante observada desde hace años, tanto por su entorno más cercano como por la oposición. Dentro de esa tradición reciente, su presencia en Lanzarote ha ido consolidándose como un hábito, como ocurrió en su momento con Aznar y el complejo de Quintos de Mora o con Zapatero y la residencia de Las Marismillas, en Doñana.

De regalo diplomático a enclave reservado a figuras de primer nivel

El complejo de La Mareta, ubicado en la costa de Teguise, ha pasado de ser una residencia regalada por el rey Hussein de Jordania al rey Juan Carlos I a convertirse en uno de los enclaves más singulares dentro de las propiedades gestionadas por Patrimonio Nacional.

El arquitecto Fernando Higueras y el artista César Manrique firmaron el diseño, bajo la petición expresa de que la casa se integrase en el paisaje, sin alardes exteriores. Esa premisa se cumplió, aunque el interior incluía todas las comodidades propias de un palacete destinado a recibir a autoridades de alto rango.

El complejo cuenta con diez bungalós, dos piscinas, helipuerto, acceso directo al mar y una superficie construida de cerca de 2.000 metros cuadrados, además de zonas ajardinadas con lago. La elección del lugar no responde únicamente al aislamiento o al clima, sino también a su equipamiento logístico, que permite mantener niveles altos de seguridad sin necesidad de recurrir a estructuras externas adicionales.

La construcción original también guarda un simbolismo diplomático. Aunque el rey Hussein nunca llegó a ocuparla, su cesión a Juan Carlos I reforzó las relaciones entre ambas casas reales. Esa relación inicial quedó recogida en el diseño del complejo, que evita cualquier elemento ornamental excesivo en su exterior, pero combina materiales nobles en el interior. El nombre del recinto hace referencia a un antiguo depósito de agua excavado en la tierra, un guiño a las formas tradicionales de aprovechar los recursos hídricos en la isla.

Durante las últimas décadas, por sus dependencias han pasado mandatarios extranjeros y miembros destacados de la realeza europea. Mijaíl Gorbachov, Helmut Kohl y Václav Havel figuran entre los huéspedes que visitaron el complejo cuando este aún se destinaba a estancias de carácter institucional.

La familia real abandonó el complejo, pero Sánchez lo ha recuperado como habitual

En diciembre de 1999, la familia del rey Juan Carlos escogió el enclave para celebrar la Nochevieja, pero la visita quedó marcada por el fallecimiento de María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre del entonces monarca. Ese suceso selló un punto de inflexión para la familia, que no volvió a utilizar la residencia de forma conjunta.

A pesar de aquel episodio, La Mareta continuó dentro de la cartera de bienes estatales, y en 2015 el actual rey Felipe VI propuso que el complejo se pusiera al servicio de la promoción turística del país. Desde entonces, el Ministerio de Turismo gestiona su uso en colaboración con Patrimonio Nacional, aunque su ocupación sigue siendo puntual y vinculada a decisiones de alto nivel. Su mantenimiento supone un coste mensual cercano a los 10.000 euros, según los datos recopilados por el diario ABC, un coste que se mantendría con uso o sin él.

Pedro Sánchez ha sido uno de los dirigentes que más veces ha hecho uso de esta residencia desde su llegada a La Moncloa, aunque también han acudido a ella sus predecesores en el cargo. En los últimos veranos, su estancia en La Mareta se ha repetido, consolidando la percepción de que se trata de uno de sus destinos preferidos dentro de la red de residencias estatales. Además de sus visitas estivales, también se ha desplazado hasta allí en otras épocas del año, como en Navidad.

La última vez que los reyes Felipe y Letizia visitaron La Mareta fue en 2005, durante unas vacaciones de invierno con la princesa Leonor. Desde entonces, ningún miembro de la familia real ha vuelto a utilizar el palacio.

Pese a su uso cada vez más habitual, La Mareta mantiene una ocupación discreta, gestionada con criterios institucionales, pero también adaptada a las necesidades del presidente y su entorno familiar. Para algunos, es un rincón más del patrimonio estatal. Para Sánchez, parece haberse convertido en su residencia veraniega preferida.

El nou president de Vox Balears, Gabriel Le Senne, ha presentat aquest dijous als membres del Comitè Executiu Provincial, en el qual figuren Melina Merki, María José Verdú, David Gil, Ricardo Camuñas i María Vidal. Segons ha explicat Le Senne, el partit obre “una nova etapa” amb una renovació profunda, ja que de l'anterior comitè únicament repeteixen ell mateix i María Vidal. “És un període que encarem amb il·lusió perquè el partit està en ple creixement”, ha afirmat.

Merki serà la vicepresidenta i responsable de Relacions Institucionals; Verdú, l'encarregada de l'àrea de Gestió i Tresoreria; Camuñas assumirà l'àrea Jurídica i Electoral; Gil dirigirà la parcel·la Intermunicipal; i Vidal continuarà al capdavant d'Organització Territorial.

Le Senne ha defensat la importància de “obrir-se a la societat” i ha fet una crida a l'afiliació: “Tots comparteixen els principis de Vox, que són clars, únics i ningú més defensa. Continuarem en la nostra reivindicació amb fermesa i amabilitat”. Preguntat sobre l'aval de la direcció nacional, el president ha considerat el seu nomenament com “una prova evident d'això” i ha recalcat que les diferències internes “formen part del passat”.

Un missatge d'unitat

Sobre l'absència del portaveu de Vox a Palma, Fulgencio Coll, Le Senne ha explicat que respon a l'objectiu de “posar cares noves”. Ha assegurat que espera que amb aquesta renovació “s'hagin pogut curar les ferides” dels problemes interns, encara que ha definit a Coll com “un estendard de Vox” i ha elogiat els seus “resultats espectaculars” a Palma, destacant a més els seus missatges de suport en xarxes socials com a mostra de “cavallerositat”. El president ha aclarit que els nous nomenaments s'han fet pensant en “les persones més idònies”, deixant enrere el criteri anterior de representació territorial per a prioritzar la capacitat de gestió.

En relació a les eleccions autonòmiques de 2027, Le Senne ha afirmat que “ni demana ni refusa un càrrec”, però que prefereix anar “pas a pas”, recordant que és el comitè provincial qui proposa les llistes i la direcció estatal qui les ratifica. “El partit tracta de situar cada peça on més joc pot donar”, ha subratllat.

Respecte al seu processament judicial per un presumpte delicte d'odi, ha assegurat que “no el preocupa massa” perquè té la consciència “tranquil·la”: “No odio a ningú. Cada dia és més freqüent que Vox tingui querelles per donar la seva opinió. Això és un intent de coartar la nostra llibertat d'expressió, però el combatrem amb total tranquil·litat”. Finalment, ha descartat canvis en la relació amb el PP, destacant que ara està “feliçment canalitzada” després de superar l'equador de la legislatura.

El nuevo presidente de Vox Balears, Gabriel Le Senne, ha presentado este jueves a los miembros del Comité Ejecutivo Provincial, en el que figuran Melina Merki, María José Verdú, David Gil, Ricardo Camuñas y María Vidal. Según ha explicado Le Senne, el partido abre “una nueva etapa” con una renovación profunda, ya que del anterior comité únicamente repiten él mismo y María Vidal. “Es un periodo que encaramos con ilusión porque el partido está en pleno crecimiento”, ha afirmado.

Merki será la vicepresidenta y responsable de Relaciones Institucionales; Verdú, la encargada del área de Gestión y Tesorería; Camuñas asumirá el área Jurídica y Electoral; Gil dirigirá la parcela Intermunicipal; y Vidal continuará al frente de Organización Territorial.

Le Senne ha defendido la importancia de “abrirse a la sociedad” y ha hecho un llamamiento a la afiliación: “Todos comparten los principios de Vox, que son claros, únicos y nadie más defiende. Continuaremos en nuestra reivindicación con firmeza y amabilidad”. Preguntado sobre el aval de la dirección nacional, el presidente ha considerado su nombramiento como “una prueba evidente de ello” y ha recalcado que las diferencias internas “forman parte del pasado”.

Un mensaje de unidad

Sobre la ausencia del portavoz de Vox en Palma, Fulgencio Coll, Le Senne ha explicado que responde al objetivo de “poner caras nuevas”. Ha asegurado que espera que con esta renovación “se hayan podido curar las heridas” de los problemas internos, aunque ha definido a Coll como “un estandarte de Vox” y ha elogiado sus “resultados espectaculares” en Palma, destacando además sus mensajes de apoyo en redes sociales como muestra de “caballerosidad”. El presidente ha aclarado que los nuevos nombramientos se han hecho pensando en “las personas más idóneas”, dejando atrás el criterio anterior de representación territorial para priorizar la capacidad de gestión.

En relación a las elecciones autonómicas de 2027, Le Senne ha afirmado que “ni pide ni rehúsa un cargo”, pero que prefiere ir “paso a paso”, recordando que es el comité provincial quien propone las listas y la dirección estatal quien las ratifica. “El partido trata de situar cada pieza donde más juego puede dar”, ha subrayado.

Respecto a su procesamiento judicial por un presunto delito de odio, ha asegurado que “no le preocupa demasiado” porque tiene la conciencia “tranquila”: “No odio a nadie. Cada día es más frecuente que Vox tenga querellas por dar su opinión. Esto es un intento de coartar nuestra libertad de expresión, pero lo combatiremos con total tranquilidad”. Por último, ha descartado cambios en la relación con el PP, destacando que ahora está “felizmente encauzada” tras superar el ecuador de la legislatura.

La plaza para cubrir la vacante en la presidencia de la Audiencia Provincial de Asturias será muy disputada. Cinco magistrados aspiran a sustituir en el cargo al magistrado José Antonio Soto-Jove quien, el pasado mes de octubre, renunció al cargo para optar a la que quedó libre en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tras la jubilación de Ignacio Vidau.

Soto-Jove ostentaba la presidencia desde 2013 y tenía preferencia durante los dos años siguientes al cese “a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario y para la que no se reconozca especial preferencia o reserva a especialista”, según recogía el Boletín Oficial del Estado (BOE). Apenas tres meses después, en enero de este año, se hacía público su nombramiento tras obtener la plaza en el alto tribunal asturiano.

Currículo y proyecto

Francisco Tuero Aller ocupa de forma provisional la presidencia de la Audiencia al reunir el requisito de ser el magistrado de más antigüedad.

Un portavoz del TSJA ha confirmado este lunes a elDiario.es Asturias que los cinco magistrados deberán comparecer mañana ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial para exponer su currículo y su proyecto.

Los aspirantes al cargo son los magistrados Rafael Abril Manso, Elena Fernández González, Antonio Lorenzo Álvarez, José Manuel Raposo y María Carolina Serrano Gómez.

Candidatos y turnos

Rafael Abril Manso comparecerá a las diez de la mañana. Es el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón. Fue director general de Justicia en el Gobierno asturiano durante la etapa del socialista Javier Fernández y asesor de Mercantil en el Ministerio de Justicia.

A continuación expondrá su proyecto Elena Fernández González, magistrada de la sección octava de la Audiencia, con sede en Gijón. A su término, comparecerá Antonio Lorenzo Álvarez, magistrado adscrito a la Sección Sexta de la Audiencia, con sede en Oviedo.

José Manuel Raposo Fernández, magistrado de la Audiencia Provincial será el siguiente en comparecer ante la Comisión de Calificación y la magistrada María Carolina Serrano Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo, hasta hace poco tiempo presidenta de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura en Asturias, cerrará el turno de intervenciones. Está previsto que exponga sus méritos y su proyecto para la Audiencia en torno a las 11 de la mañana.

Además de los aspirantes a la plaza de la Audiencia de Asturias también comparecerán ante la Comisión de Calificación los candidatos a las presidencias de las Audiencias Provinciales de Alicante y Pontevedra, así como a las presidencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Retransmisión en 'straming'

Las comparecencias serán retransmitidas en streaming en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del- Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Retransmisiones-en-directo.

Mañana también comparecerán ante la Comisión de Calificación los aspirantes a las presidencias de las Audiencias Provinciales de Alicante y Pontevedra y a las presidencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La comisión

La Comisión de Calificación está integrada por cinco vocales, tres del turno judicial y dos del turno de juristas.

José Antonio Montero Fernández preside la comisión y está integrada por Ángel Ramón Arozamena Laso y María Pilar Esther Rojo Beltrán, como titulares por turno judicial y por Ricardo Bodas Martín e Inés María Herreros Hernández en calidad de titulares por el turno de juristas de reconocida competencia.

La elección del nuevo presidente de la Federación Riojana de Fútbol se complica. Y es que la candidatura de Gustavo Sáenz ha presentado un recurso ante el Tribunal del Deporte de La Rioja frente a la resolución de la Junta Electoral de la Federación Riojana de Fútbol que excluyó su candidatura a la presidencia.

La candidatura de Sáenz explica que el recurso presentado solicita la nulidad de dicha resolución “por no ser ajustada a derecho” e insiste en que “la candidatura a la presidencia de la Federación Riojana de Fútbol cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa electoral”. Además, en dicho recurso, se solicita la adopción de medidas cautelares para garantizar el correcto desarrollo del proceso.

Las órdenes ejecutivas que Donald Trump ha firmado en su primer día de vuelta a la Casa Blanca incluyen asuntos como anular las acciones ejecutivas de la presidencia de Joe Biden y sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Durante su campaña, Trump dijo que sería un dictador “solo el primer día” y que usaría los poderes presidenciales para ampliar las perforaciones petrolíferas, y cerrar la frontera con México en el sur. “Después de eso, dejo de ser un dictador”, declaró a Sean Hannity, presentador de la cadena Fox News.

El ritmo al que las órdenes ejecutivas se fueron sucediendo este lunes hacían pensar en una campaña militar fulminante. En su discurso de investidura, Trump había prometido que sus decretos significarían la “completa restauración de Estados Unidos”. 

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre las más relevantes órdenes ejecutivas (creadas para dirigir el funcionamiento de las agencias que dependen del Gobierno estadounidense) y las acciones ejecutivas (más parecidas a una guía pero que no suelen ser legalmente vinculantes) que Trump firmó este lunes.

Fin a la nacionalidad por nacimiento

La orden: una de las varias órdenes referidas a la inmigración que firmó Trump. El presidente quiere usarla para terminar con la concesión automática de la nacionalidad a los niños nacidos en EEUU cuyos padres no tengan los papeles de residencia en regla. Entrará en vigor en 30 días a partir de hoy.

En palabras de Trump: La orden restringirá la obtención de la nacionalidad por nacimiento de una persona [ius soli] cuando la “madre estuviera en Estados Unidos de manera irregular y el padre no fuera ciudadano estadounidense o no tuviera papeles de residencia permanente en el momento del nacimiento” o “cuando en el momento del nacimiento de dicha persona, la presencia de la madre en Estados Unidos fuera legal pero temporal”.

Qué implica: la orden pretende negar los documentos que reconocen la ciudadanía a las personas que cumplan esos criterios y hayan nacido en EEUU 30 días después de su firma. El derecho a la nacionalidad por nacimiento garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense y está protegido por la enmienda número 14 de la Constitución. Probablemente, cualquier intento por ponerle fin a este derecho será demandado ante la Justicia de manera inmediata.

Abandono de la Organización Mundial de la Salud

La orden: Trump firmó una orden para que EEUU deje de ser miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En palabras de Trump: “La [Organización] Mundial de la Salud nos estafó, todo el mundo estafa a Estados Unidos, no va a ocurrir nunca más”, dijo Trump durante la firma de la orden, acusando a la OMS de mala gestión durante la pandemia de la COVID-19 y durante otras crisis sanitarias globales.

Qué implica: EEUU abandonará la OMS dentro de 12 meses, suspendiendo así todas sus contribuciones financieras. El país es el principal financiador del programa sanitario de Naciones Unidas.

Cambiar el nombre al Golfo de México

La orden: Trump ordenó que se cambiara el nombre al Golfo de México y al monte Denali, en Alaska.

En palabras de Trump: “El presidente Trump está trayendo sentido común al gobierno y renovando los pilares de la civilización estadounidense”, decía una parte de la orden ejecutiva.

Qué implica: Trump ordenó que el Golfo de México pase a llamarse “Golfo de América”, algo que había prometido durante una rueda de prensa a principios de mes. Rebautizará como monte McKinley al monte Denali, en Alaska. McKinley había sido su nombre entre 1917 y 2015, cuando el ex presidente Barack Obama lo cambió a Denali por respeto a la tradición de los nativos de Alaska y a la preferencia de muchos de los residentes de este estado.

El cambio no influirá en los nombres usados internacionalmente.

Fin al objetivo de venta de vehículos eléctricos

La orden: Trump derogó una orden ejecutiva no vinculante de Joe Biden que fijaba el objetivo de llegar a 2030 con un 50% de coches eléctricos en el mercado de vehículos nuevos.

En palabras de Trump: “Estados Unidos no saboteará nuestras propias industrias mientras China contamina de manera impune”, dijo en la tarde del lunes.

Qué implica: forma parte del intento de Trump de derogar las protecciones medioambientales implementadas por Biden. El nuevo presidente también ha prometido dar marcha atrás con una serie de normas en torno a la contaminación de automóviles completada la primavera pasada por la Administración Biden.

Reclasificar a empleados federales para facilitar su despido

La orden: la orden ejecutiva de Trump reclasificó a miles de empleados federales como cargos de confianza, lo que en gran medida facilita su despido.

En palabras de Trump: los asistentes de Trump llevan mucho tiempo hablando de despidos a gran escala en la administración pública para atacar a lo que consideran el “Estado profundo” o el “Estado administrativo”.

Qué implica: Trump recupera así la “Lista F”, una orden ejecutiva que firmó durante el último año de su primer mandato para reclasificar a decenas de miles de empleados federales (Biden derogó esa orden).

Varios de los colaboradores clave de Trump habían pedido despidos a gran escala. Atacar al “Estado profundo” es una parte esencial en el segundo mandato de Trump previsto por el plan Proyecto 2025 [una colección de propuestas ultraconservadoras que la Fundación Heritage redactó en 2022 para remodelar el gobierno de EEUU si Trump ganaba las elecciones]. En ese manual de la derecha se pedía claramente el despido de los funcionarios poco fiables políticamente y su reemplazo por funcionarios conservadores.

Declarar la emergencia energética nacional

La orden: Trump declaró una 'emergencia energética nacional' como parte de un torrente de acciones destinadas a favorecer a los combustibles fósiles y a “quitarle trabas” a la ya floreciente producción energética de EEUU. Se incluye la eliminación de restricciones a la perforación en Alaska y el fin de un impasse en las exportaciones de gas.

En palabras de Trump: la orden implica “hacer lo que sea necesario para terminar con ese problema, y sí es cierto que tenemos este tipo de emergencia”, dijo en la Casa Blanca a última hora del lunes.

Qué implica: permitiría a la Administración Trump acelerar la concesión de permisos de nuevas infraestructuras de combustibles fósiles. Es probable que se presenten demandas legales contra la orden, que forma parte de un intento más general de dar marcha atrás con la políticas climáticas.

Reconocer solo dos géneros

La orden: Trump firmó una orden que elimina la “ideología de género como guía” en la comunicación, las políticas y los formularios del Gobierno federal. La orden convierte en política oficial que “solo hay dos géneros, masculino y femenino”.

En palabras de Trump: “Cuando apliquen leyes de protección contra la discriminación sexual, las agencias dejarán de pretender que los hombres pueden ser mujeres y que las mujeres pueden ser hombres”, dice la orden.

Qué implica: La orden revierte una acción ejecutiva de Biden que aceptaba la identidad de género.

La prohibición de TikTok, en suspenso

La orden: Trump firmó una orden ejecutiva que retrasa al menos 75 días la prohibición federal que pesa sobre TikTok.

En palabras de Trump: “Supongo que en mi corazón tengo un lugarcito para TikTok que antes no tenía”, dijo en la Casa Blanca, según el periódico The New York Times, mientras firmaba las órdenes ejecutivas.

Qué implica: Trump ordenó a su fiscal general que no aplique la ley que obliga a la venta de TikTok. Trump dice que en ese tiempo se pensará en una “evolución apropiada hacia adelante” que proteja a la seguridad nacional y no cierre de manera abrupta la popular aplicación. En su primer mandato, Trump era partidario de prohibir TikTok, pero su postura ha cambiado desde entonces por varias razones, entre ellas su propia popularidad en la aplicación.

Derogar 78 medidas ejecutivas de Biden

La orden: Trump ordenó derogar 78 acciones ejecutivas de la era Biden, entre ellas una docena de medidas para lograr la justicia racial y luchar contra la discriminación de las personas homosexuales y transexuales.

En palabras de Trump: “Derogaré casi 80 acciones ejecutivas destructivas y radicales de la Administración anterior”, dijo en Washington frente a una multitud, después de su discurso de investidura. Añadió que pondría fin a una política “que intenta introducir en todos los aspectos de la vida pública y privada una fabricación social de la raza y el género”, y que impulsaría una sociedad “que no vea el color y se base en el mérito”.

Qué implica: una marcha atrás con relación a las políticas de la era Biden, que a nivel federal priorizaban la implementación de medidas por la diversidad. Trump derogó órdenes firmadas por Biden que buscaban la justicia racial para comunidades desfavorecidas, así como la mencionada orden contra las discriminaciones por la identidad de género o por la orientación sexual.

Declarar una emergencia en la frontera sur

La orden: Trump firmó una orden en la Casa Blanca declarando una 'emergencia' en la frontera sur de EEUU, entre otras políticas relacionadas con la inmigración.

En palabras de Trump: “De manera inmediata se detendrá toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a los lugares de los que vinieron a millones y millones de extranjeros criminales”, dijo durante el discurso de investidura.

Qué implica: La acción ejecutiva allana el camino para el envío de soldados estadounidenses a la frontera sur y cumple con la mano dura prometida durante la campaña para las políticas de inmigración. Hay pocos detalles sobre la forma en que la Administración Trump piensa ejecutar su amplio conjunto de medidas anti inmigración que, con toda seguridad, se toparán con desafíos logísticos y demandas judiciales.

Las comunidades migrantes de todo el país se preparan para el “mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos”, una promesa electoral de Trump que comienza tan pronto como hoy.

Indultos para los acusados por la insurrección del 6 de enero

La orden: Trump concedió indultos y conmutó las penas a las personas relacionadas con el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. El presidente ordenará al Departamento de Justicia que desestime los casos que aún están siendo juzgados.

En palabras de Trump: “Voy a firmar sobre los rehenes del 6 de enero indultos para que salgan”, dijo durante su discurso. “Vamos a firmar indultos para mucha gente, mucha gente”. Trump dijo que había conmutado las penas de seis personas acusadas por el ataque del 6 de enero contra el Capitolio y que había indultado a unas 1.500.

Qué implica: la promesa de indultar a las personas con condenas por el ataque al Capitolio del 6 de enero fue central en la campaña de reelección de Trump. Durante la campaña, el candidato solía poner el himno nacional cantado por los presos de una cárcel de Washington DC. Más de 1.500 personas han sido acusadas por la justicia federal con cargos relacionados a ese asalto.

Se espera que el regreso de Trump a la Casa Blanca ponga fin a las investigaciones del Departamento de Justicia en torno a los delitos del 6 de enero.

Retirada del Acuerdo climático de París

La orden: Trump firmó una acción ejecutiva que retira a su país del Acuerdo de París de 2015, junto con una carta en la que informa de la decisión a Naciones Unidas.

En palabras de Trump: “Me retiro con carácter inmediato de la injusta y unilateral estafa del Acuerdo Climático de París”, se le escuchó decir en el Capital One Arena. En su discurso de investidura, Trump dijo que usaría una acción ejecutiva para “terminar con el Green New Deal”.

Qué implica: en 2017 Trump salió del Acuerdo de París. Al asumir su cargo en 2021, Biden volvió a ingresar. La orden del lunes cumple con la promesa electoral de Trump de retirarse del tratado global firmado en 2015 para evitar los peores impactos de la crisis climática.

La salida del Acuerdo de París forma parte del intento generalizado de Trump de dar marcha atrás con las protecciones medioambientales y las políticas a favor del clima. Según Trump, los intentos de Biden de hacer crecer al sector de las energías limpias en EEUU son “la nueva estafa verde”.

Levantar las sanciones a los colonos radicales en Palestina

La orden: Trump ha firmado una orden ejecutiva por la que se levantan las sanciones impuestas por Biden a los grupos de colonos israelíes y de extrema derecha en la Cisjordania ocupada.

En palabras de Trump: según la Casa Blanca, la orden revierte lo establecido por otra orden de febrero de 2024 que imponía sanciones a personas y organizaciones que “minan la paz, la seguridad y la estabilidad en Cisjordania”.

Qué implica: la orden de Biden contra los colonos y organizaciones judías fue la única medida que tomó su administración para presionar a Israel y tratar de limitar su política de ocupación en los territorios palestinos ocupados.

Texto traducido por Francisco de Zárate y actualizado por elDiario.es

La asambleísta Karla Anguiano Cendrero ha sido elegida como presidenta provisional electa de la Federación Riojana de Caza sustituyendo a Eduardo Cornejo que durante los dos últimos mandatos ha dirigido la entidad. La sala de Usos Múltiples del Palacio de los Deportes de La Rioja ha acogido la sesión de la Asamblea de la FRC, que como único punto del Orden del día tenía la elección de presidente o presidenta.

A la sesión de hoy acudían tres asambleístas como candidatos: José Luis Rubio, Karla Anguiano y Cristina Galilea. Ha sido Karla Anguiano quien ha logrado el mayor número de apoyos, doce (Cristina Galilea ha obtenido los restantes nueve). El próximo jueves 26 de diciembre se proclamará de manera definitiva a la presidenta electa de la Federación Riojana de Caza, que tomará posesión al día siguiente, el viernes 27 de diciembre.

Carla Anguiano cuenta con una dilatada trayectoria deportiva. En 2017 se convirtió en la primera mujer en participar en un Campeonato Autonómico de Caza Menor con Perro. Desde entonces no ha faltado a su cita con esta competición autonómica. Este año se alzó con el título autonómico de Caza Menor con Perro. Cabe recordar que en 2023, además del título regional en esta modalidad, logró proclamarse subcampeona de Caza Menor con Perro.

Las tornas parecen haber cambiado para Yoon Suk Yeol, el actual presidente surcoreano que en 2017 lideró como fiscal general el proceso legal que culminó con la destitución de Park Geun-hye, la entonces presidenta del país, condenada por abuso de poder.

Ahora, en los momentos más extraños y caóticos de la historia política reciente de Corea del Sur, el propio Yoon se enfrenta al mismo escenario. En cuestión de horas, su presidencia pasó este martes de precaria a insostenible. Dos años después de jurar el cargo, tras unas crispadas elecciones presidenciales, parece difícil que el acérrimo conservador sea capaz de sobrevivir a su desastroso intento de imponer la ley marcial este martes.

Los partidos de la oposición, que en la Asamblea Nacional votaron a favor de retirar la ley marcial seis horas después de que fuera decretada, están sumando apoyos para destituir al mandatario –entre los que figuran legisladores del Partido del Poder Popular, la formación del propio presidente–.

En medio de las turbulencias políticas generadas por Yoon, parece que solo su dimisión podrá detener los intentos de convertirlo en el segundo presidente surcoreano forzado a abandonar el cargo en las menos de cuatro décadas de historia democrática de este país, que tiene la cuarta economía más importante de Asia y un vecino hostil, Corea del Norte, en posesión de armamento nuclear.

Tras liderar la resistencia a la ley marcial en las primeras horas del miércoles, Lee Jae-myung tiene ahora la iniciativa, aunque en marzo de 2022 perdiera en los comicios presidenciales contra Yoon. Sin aportar ninguna evidencia, Yoon trató de justificar la imposición de la ley marcial aludiendo a la presencia de “desvergonzadas fuerzas pro-norcoreanas y anti-estatales” decididas a destruir la democracia en Corea del Sur. Pero es mucho más probable que su decisión se deba a razones menos fantasiosas.

Supersticioso y “antifeminista”

Yoon, un polémico personaje que supuestamente consultó a sanadores chamanistas cuando decidió que no se mudaría a la Casa Azul (la residencia oficial del jefe de Estado surcoreano), prometía mano dura contra Corea del Norte y poner fin a los intentos de Moon Jae-in (su predecesor, de signo progresista) de entablar relaciones con el régimen norcoreano celebrando cumbres con el líder Kim Jong-un.

En la victoria electoral de Yoon, y pese a las históricas deficiencias de Corea del Sur en temas de igualdad de género, fueron clave los hombres jóvenes que decían sentirse excluidos por las prisas del país en adoptar medidas de empoderamiento de las mujeres. Siendo un “antifeminista” declarado, prometió abolir el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, alegando que las mujeres surcoreanas no sufrían discriminación. Esa cartera sigue existiendo, pero el puesto de ministro lleva vacante desde febrero.

Nacido en 1960 en Seúl y con una carrera de 27 años como fiscal, Yoon es en cierta medida un recién llegado a la política. Tras licenciarse en Derecho, se convirtió en un talentoso fiscal que luchó contra la corrupción. Como fiscal general se ganó la reputación de tener una buena cabeza de jurista en 2019, cuando imputó en un caso de soborno y fraude a un importante asistente de Moon Jae-in, la presidenta saliente.

Pero sus índices de aprobación se han desplomado desde que en 2022 asumió la presidencia, por una serie de escándalos y polémicas que antes de los acontecimientos de la noche del martes ya habían generado llamamientos a una moción de censura. Las protestas contra su Gobierno venían aumentando en las últimas semanas debido a su gestión de la economía, a la subida de los precios y a su incapacidad para aprobar medidas en la Asamblea Nacional, donde la oposición ocupa la mayoría de los 300 escaños. En una encuesta de Gallup Corea publicada la semana pasada, su índice de aprobación había caído hasta el 19%.

Las acusaciones contra su esposa, Kim Keon Hee, con la que lleva doce años casado, no han hecho sino agravar sus problemas. Ella se ganó admiradores en su papel público como primera dama oponiéndose al comercio de carne de perro (ahora prohibido en el país) y promoviendo el arte, la cultura y la moda coreanas. Pero su afición a los bolsos de diseño la metió en un buen lío, y a su marido también.

Los problemas de la primera dama

A principios de año, Kim fue acusada de aceptar un bolso de la marca Dior valorado en 3 millones de wones (unos 2.000 euros) como regalo de un pastor. Las leyes surcoreanas contra la corrupción prohíben a los cónyuges de cargos públicos recibir regalos valorados en más de un millón de wones si están “relacionados con las funciones del cargo público”. Yoon y sus simpatizantes rechazaron las acusaciones y dijeron que formaban parte de una campaña de desprestigio.

Los partidos de la oposición suman un total de 192 legisladores, por debajo de los dos tercios necesarios para destituir a Yoon en una Asamblea Nacional en la que está en minoría. La moción de censura tambíen tendría que ser respaldada por 6 de los 9 jueces que integran el Tribunal Constitucional.

Pero la dramática decisión de invocar la ley marcial, al parecer sin el conocimiento previo de Estados Unidos, el principal aliado de Corea del Sur, ha logrado poner en contra de Yoon incluso a miembros de su propio partido. El presidente del Partido del Poder Popular calificó sus acciones de “ilegales”. En la votación celebrada antes del amanecer, diez diputados de la formación de Yoon se unieron a la oposición para rechazar la ley marcial, con 190 votos en contra y ninguno a favor.

Según Jamie Doucette y Jinsoo Lee, académicos de la Universidad de Manchester expertos en Corea del Sur, hace tiempo que se sabe que Yoon planeaba algo extraordinario. En un artículo publicado por la revista online Jacobin, Doucette y Lee citan la advertencia sobre el comportamiento de Yoon que lanzó el legislador demócrata Kim Min-seok en septiembre, cuando lanzó la voz de alarma tras el nombramiento de compañeros de instituto de Yoon y de otros allegados en puestos destacados de la Administración estatal y del Ejército.

“Para mucha gente este tipo de premonición sonaba exagerada”, escriben. “Pero a primera hora del miércoles, incluso el profundamente conservador [periódico coreano] Chosun Ilbo decía que Kim Min-seok tenía razón”. Yoon, el hombre que fue decisivo en la caída política de Park Geun-hye, ahora parece ser el arquitecto de su propia caída.

Este lunes, el lehendakari, Imanol Pradales, presentó las líneas maestras de los presupuestos de 2025 ante una representación de la sociedad vasca con el lema “Euskadi berria”, una “Euskadi nueva” que quiere poner en marcha en los próximos cuatro años. El lema brotó en cojines, paneles, vasos y hasta en galletas. Y no se quedará ahí. Según consta en los presupuestos, Pradales va a nombrar a un comisionado para diseñar esa “Euskadi berria”. Su oficina contará con un presupuesto inicial de 260.000 euros y está inspirada en el Instituto de Estudios Futuros de Dinamarca, una realidad que Pradales ha conocido en primera persona.

A falta de que la semana entrante el secretario general de la Presidencia vasca y estrecho colaborador de Pradales, Mikel Iriondo, ofrezca más detalles en el Parlamento Vasco, la documentación ya hecha pública habla de que la “persona” que asumirá esas altas responsabilidades, cuyo nombre no se concreta, “prestará asistencia al lehendakari en materia de estrategias futuras de Euskadi”. En concreto, se apunta a que “promoverá estudios de prospección” y “modelizará escenarios futuros de medio y largo plazo para el desarrollo” del país, huyendo de la mirada corta. También “identificará políticas públicas, experiencias y casos de éxito internacionales que puedan servir de ejemplo y aprendizaje para Euskadi” e “impulsará el debate público sobre los principales factores y elementos del bienestar futuro de Euskadi”.

El comisionado o comisionada de Euskadi Berria coordinará a los consejeros e instituciones en la “reflexión estratégica” sobre el “diseño de la Euskadi del bienestar del futuro”, resume Presidencia en los presupuestos. Los dos anteriores lehendakaris también tuvieron a su lado la figura de un comisionado. Iñigo Urkullu retuvo a Cristina Uriarte tras sustituirla al frente de Educación como comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Y Patxi López nombró a Jesús Loza como comisionado para la Convivencia después de que ETA decretara el final del terrorismo.

Las oficinas de Urkullu y Garaikoetxea

Por otro lado, el Gobierno ha previsto para 2025 84.300 euros en gastos de mantenimiento de las oficinas de los lehendakaris Carlos Garaikoetxea (de 86 años) y Urkullu (de 63). Juan José Ibarretxe y Patxi López tienen otras ocupaciones, académicas y políticas, respetivamente y no hacen uso de esa prerrogativa para quienes han presidido el Ejecutivo vasco. José Antonio Ardanza falleció en abril. A la posibilidad de contar con un despacho institucional se suma un salario vitalicio equivalente al 50% de lo que cobra el actual titular del cargo (58.335,90 euros en la actualidad), un secretario, seguridad y conductor, además de la posibilidad protocolaria de usar siempre el título de lehendakari.

La partida más relevante dentro de esos 84.300 euros es la de 55.000 euros para el alquiler de las dos oficinas. La de Garaikoetxea está fuera de la comunidad autónoma, en Pamplona. Urkullu acaba de estrenar un espacio en el centro de Bilbao donde trabaja con su secretaria de toda la vida, Miren Edurne Erezkano. Consta que en abril, a los pocos días de las elecciones, se encargó a una empresa de modo directo por unos 15.000 euros la tarea de amueblar el espacio. Además del gasto en arrendamientos, el resto del dinero va a material de oficina (1.500 euros), energía (9.000), agua (1.000), gas (7.500), locomoción (7.000) y limpieza (3.300).

Los presupuestos de Presidencia recogen también el coste del mantenimiento de Ajuria Enea, el palacio que ya no es residencia oficial de Pradales pero al que está dando un uso muy intensivo desde su llegada al cargo. Las partidas que figuran -y que incluyen lo relativo al edificio de oficinas moderno- son 230.000 para “luz”, 10.000 euros para agua, 187.300 euros para gas, 320.000 euros para limpieza y 192.000 euros para mantenimiento. Pradales ha reservado también 1,05 millones para sus “viajes institucionales” de toda la legislatura. Son 300.000 euros anuales en 2025, 2026 y 2027 y la mitad en 2028, año en el que previsiblemente se tendrían que celebrar las autonómicas.

La implantación de televisión y wifi gratis en los hospitales de Andalucía sigue pendiente dos años después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lo prometiera en el arranque de la campaña electoral de 2022. Moreno, quien decidió nadar a contracorriente de la decisión del Partido Popular andaluz, que rechazó esta medida en una comisión parlamentaria de 2019, se comprometió a llevarla a cabo si seguía al frente del Ejecutivo tras las votaciones autonómicas del 19 de junio. Moreno fue reelegido presidente el 21 de julio, cargo que asumió el día 23. Sin embargo, las promesas de disponer de wifi y televisión gratuitos en todos los hospitales andaluces siguen en la lista de espera.

En pleno verano de 2024, el proyecto de instalación de wifi aún sigue siendo una incógnita. Fuentes de la Consejería de la Presidencia, organismo al que compete esta materia, afirman que aún no se puede desvelar el contenido del mismo ni su alcance, “porque aún no se ha presentado”. Desde la Consejería aseguran que no saben los hospitales que quedan pendientes, pues es un dato “del que dispone el Servicio Andaluz de Salud (SAS)”. Desde el SAS, por su parte, afirman que la iniciativa del wifi no les compete y pasan la pelota a la Junta: “No es un proyecto propio del SAS, sino una iniciativa a nivel de la Junta de Andalucía, pero que generalmente va vinculado al contrato de televisión”. Es decir, aquellos hospitales que mantienen la televisión privada también mantienen el wifi de pago.

La televisión ha corrido mejor suerte: solo quedan seis hospitales que continúan con televisión de pago. Desde el SAS argumentan que se debe a que aún “continúan vigentes los contratos de concesión de servicios vinculados también al servicio de telefonía”. Así, fuentes del SAS anuncian que, una vez finalizados estos contratos antiguos, estos hospitales tendrán ya “televisión gratuita”. Se trata de los hospitales Virgen de Valme y Virgen del Rocío, de Sevilla; los hospitales de Motril y Virgen de las Nieves, de Granada; el Hospital Reina Sofía, de Córdoba; y el Hospital Virgen de la Victoria, de Málaga. Algunos como el Hospital Virgen de Valme van a mantener el contrato de televisión privada hasta el año 2031.

Cambio de sentido de Moreno

Con esta decisión, Moreno dio un giro al posicionamiento de su partido, que en una comisión sanitaria de 2019 en el Parlamento andaluz se opuso a la propuesta general de hacer la gratuidad de las televisiones a los hospitales Reina Sofía y Valle de Los Pedroches de Córdoba. Fue una iniciativa que planteó el PSOE-A para equiparar estos centros a los de Cabra o en el Materno-Infantil de esta misma provincia, que sí disponían de acceso gratuito a la televisión. El Partido Popular no fue el único se posicionó en contra, lo hizo en compañía de Vox y el partido ya extinto Ciudadanos.

No fue la única vez que el Partido Popular criticó una medida como la que propuso el presidente andaluz. En la Comunidad de Madrid, una diputada del PP calificó “marxismo sanitario” una proposición no de ley (PNL) de Más Madrid similar al anuncio de Moreno Bonilla. María del Mar Nicolás Robledano criticó primero esa PNL —cuyo texto pedía implementar la gratuidad del aparcamiento y televisión, y establecer conexión wifi en los hospitales públicos— bajo el argumento de que durante el confinamiento Ayuso “ya dio instrucciones para que estos dos servicios se ofrecieran de manera gratuita” pero, a continuación, procedió a cargar contra la propuesta en sí misma: “Señorías, no hay nada más demagógico ni más populista que pedir parking y televisión gratis en los hospitales”.

Ebrahim Raisí, el mandatario iraní que murió este domingo en un accidente de helicóptero, pertenecía a la línea dura y había desempeñado un papel decisivo en los últimos años para que Irán regresara a las creencias más intransigentes de los fundadores de la República Islámica en 1979. Era partidario de valores profundamente conservadores a nivel interno y, en política exterior, había ido adoptando una postura cada vez más agresiva: fue bajo su mandato que Teherán lanzó el primer ataque directo contra Israel, a mediados de abril, amenazando con un conflicto abierto entre los dos.

Fue elegido presidente en junio de 2021, habiéndose presentado como la mejor persona para luchar contra la corrupción y los problemas económicos de Irán. Anteriormente había ocupado otros cargos importantes, incluido, supuestamente, un cargo clave en el llamado 'Comité de la Muerte', responsable de la ejecución de miles de prisioneros en los años 80 –algo que el propio Raisí había negado–.

Rápido ascenso del joven Raisí

Nació en 1960 en una familia de cléricos en Mashad, Raisí fue hijo de la revolución que derrocó al sah de Persia después de haber viajado a la ciudad sagrada de Qom para asistir a un seminario chií a la edad de 15 años, siguiendo los pasos de su padre. Cuando todavía era un joven estudiante, se unió a las protestas masivas de 1979 contra el sah –el monarca respaldado por Occidente–, que conducirían a la Revolución Islámica encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, que regresó del exilio en Francia para convertirse en el primer líder supremo del país.

En los turbulentos primeros años de la Revolución Islámica, el joven Raisí continuó con sus estudios en la Universidad Shahid Motahari de Teherán, donde se doctoró en Jurisprudencia y Derecho islámicos. Con tan sólo 25 años, se incorporó a la Judicatura y, como muchos otros jóvenes de su generación, se vería catapultado a un cargo importante, en su caso el de fiscal adjunto de Teherán.

Según grupos de derechos humanos, mientras aún ocupaba ese cargo, se convirtió en uno de los cuatro jueces del infame Comité de la Muerte, un tribunal secreto creado en 1988 para volver a juzgar a miles de prisioneros, muchos de ellos miembros del grupo Mujahedeen-e-Khalq (los muyahidines del pueblo, que tras aliarse con los revolucionarios contra el Shah fue perseguido por las nuevas autoridades). Se cree que ese puesto le sirvió a Raisí de trampolín hacia otros más ambiciosos: fue fiscal jefe de Teherán y luego jefe de la Organización de Inspección Estatal. En 2006, fue elegido miembro de la Asamblea de Expertos, encargada de nombrar y supervisar al líder supremo, y cuyos miembros reciben el visto bueno del poderoso Consejo de Guardianes.

Después de que las controvertidas elecciones presidenciales de 2009 desencadenaran meses de protestas públicas, Raisí respaldó la brutal represión de los manifestantes y su encarcelamiento masivo. Se convirtió en fiscal general del país en 2014 y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019 por su papel en la represión interna.

Apuesta por la mano dura

El primer intento de Raisí de desplazar al presidente Hassán Rouhaní, en 2017, fracasó –su rival obtuvo el 57% de los votos–. Sin embargo, su perfil recibió un nuevo impulso cuando el ayatolá Ali Jameneí lo nombró subdirector de la Asamblea de Expertos en 2019. Raisí acabó ganando las elecciones presidenciales de 2021, aunque esa votación tuvo la participación más baja en la historia de la República Islámica.

Su victoria electoral ese año representó también una victoria de los ultraconservadores contra el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, gracias al cual fueron relajadas las sanciones internacionales que pesaban sobre Irán. Bajo el mandato de Raisí, Irán comenzó a enriquecer uranio a niveles casi aptos para armas y obstruyó las inspecciones internacionales de sus instalaciones nucleares.

A finales de 2022, estalló una ola de protestas en todo el país tras la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Amini, quien había sido arrestada por supuestamente violar el estricto código de vestimenta islámico que deben seguir las mujeres en Irán. Raisí también respondió con mano dura a las movilizaciones protagonizadas por jóvenes y por mujeres.

En marzo de 2023, Irán y Arabia Saudita, enemigos regionales desde la revolución islámica de 1979, anunciaron por sorpresa el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, la distensión con Arabia Saudita fue un caso excepcional en el marco de la política exterior iraní del presidente Raisí. Irán suministró armas a Rusia en su guerra contra Ucrania, lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Israel y continuó armando a grupos aliados chiíes en Oriente Medio, como los rebeldes hutíes de Yemen y el grupo Hizbulá en Líbano. Esos grupos y otros no estatales, así como el Gobierno de Siria, integraron el llamado 'eje de la resistencia' encabezado por Teherán.

¿Quién ocupa el lugar de Raisí?

Su vicepresidente, Mohammad Mojber, de 68 años, ha asumido las funciones de forma interina hasta que se celebren elecciones presidenciales en un plazo de 50 días desde la muerte del jefe de Estado. Como presidente interino, es uno de los tres miembros de un órgano integrado también por los presidentes del Parlamento y del Poder Judicial, que se encargará de convocar y organizar los comicios.

Al igual que Raisí, Mojber es un hombre cercano al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, quien tiene la última palabra en todas las cuestiones de Estado. Nacido en 1955, ocupa el cargo de vicepresidente desde que Raisí asumió la presidencia en 2021. Anteriormente, había sido el jefe del Setad, un fondo de inversiones vinculado con el líder supremo, según la agencia de noticias Reuters. En 2013, Washington añadió el Setad y otras 37 empresas iraníes a las entidades sancionadas, mientras que el propio Mojber estuvo en la lista de sanciones de la Unión Europea dos años entre 2010 y 2012.

Texto traducido y actualizado por Francesca Cicardi

“España no ha recorrido este largo camino desde la Transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad. Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba”. Así ha reaccionado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la declaración institucional en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su continuidad al frente del Ejecutivo para “trabajar sin descanso por la regeneración pendiente de la democracia”.

Feijóo ha comparecido alrededor de las 13.30 de este lunes, un par de horas después de que Sánchez. El presidente del Gobierno ha anunciado su continuidad en la Moncloa, una opción que el PP siempre mantuvo como prioritaria en su análisis de lo que iba a ocurrir después del “retiro” del jefe del Ejecutivo para “reflexionar” sobre su continuidad.

El líder del PP ha dedicado durísimas palabras a Sánchez en una rueda de prensa en la sede nacional del partido. Le ha espetado que ha hecho “el ridículo”, ha pedido “disculpas y paciencia” a los españoles. Ha calificado de “bochorno” lo ocurrido estos cinco días. Y ha hablado de “engaños electorales”, “cesiones a independentistas”, de “atropellos”, de “corrupción sin disculpas” y de “esperpento”.

Pero Feijóo ha ido más allá y ha querido dirigirse a la “España indignada”. “Le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de personas”, ha dicho. “El presidente ha dimitido durante cinco días por pura estrategia electoral, judicial o ambas” y, al final, “no ha acertado ni en el qué ni en el cómo”. “Ha preferido huir hacia adelante que dimitir”, ha dicho, para después que “no hay vuelta atrás ni huida hacia adelante” que pueda salvarle.

A esa “España indignada” apelará Feijóo para que vuelvan a salir a la calle, como ya hiciera contra la ley de amnistía. “Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro”, ha sostenido el líder del PP, para volver a insistir en la misma idea. “España no ha recorrido este largo camino desde la Transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad”, ha asegurado.

Feijóo ha considerado que el discurso de Sánchez es “el más peligroso de todos los que ha entonado”. “Quiere un país a su medida y a su servicio ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiero oposición. No quiere justicia, no quiere medios de comunicación. Solo se quiere a sí mismo”, ha dicho.

“Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba”, ha zanjado Feijóo, quien ha descartado que vaya a presentar una moción de censura que no puede ganar: “Ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles”.

Sánchez y el “cambio de régimen”

Feijóo ha concedido dos turnos de preguntas, pero en ninguno ha querido trazar la línea que Sánchez tendría que cruzar para que el PP considere que debe convocar a los españoles a las calles.

El líder del PP sí ha querido recordar que el propio Sánchez le prometió que no iba a modificar el actual sistema de mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una vieja idea de Podemos que el PSOE llegó a aceptar. Pero el presidente del Gobierno anunció que los socialistas desechaban la idea todavía con Pablo Casado al frente del PP. Después, ha vuelto a decirlo en diferentes ocasiones.

Más allá de esta apreciación sobre el CGPJ, Feijóo no ha querido dar pistas sobre cuáles serían los cambios que, para él, supondrían un “cambio de régimen”. “No voy a entrar en conjeturas porque creo que no procede. La situación tiene la suficiente trascendencia como para no abrir más cuestiones al respecto”, ha dicho.

No es la primera vez que en el PP acusan a Sánchez de intentar ese “cambio de régimen” que hoy ha esgrimido Feijóo. La primera en hacerlo fue la propia Isabel Díaz Ayuso en enero de 2020, nada más tomar posesión el primer Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. A la presidenta de Madrid le siguió en 2022 Feijóo.

Sánchez ofrecerá una entrevista esta misma noche en TVE donde podría desvelar algunos de los cambios legislativos que él mismo ha dibujado que podría acometer.

La que sí se ha pronunciado ya es la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien ha reclamado al presidente reformar, precisamente, el Poder Judicial y la ley mordaza.

Cuando se viven momentos de gran agitación en los territorios palestinos, se vuelve a hablar de Marwan Barghouti y de su ansiada liberación tras dos décadas en la cárcel acusado de terrorismo. El dirigente político de 64 años, que cumple cinco cadenas perpetuas en una prisión israelí por múltiples cargos de asesinato, encarna la esperanza de un cambio significativo para los palestinos.

En las ciudades palestinas, y los muros de hormigón construidos por Israel que las atraviesan, están cubiertas de grafiti con la icónica imagen de Barghouti, con las manos esposadas levantadas por encima de su cabeza.

Prácticamente todos los sondeos de opinión que se han hecho desde que entró en la cárcel hace 22 años muestran que sería el candidato presidencial favorito del pueblo palestino, si éste pudiera elegir libremente en las urnas. Una encuesta de diciembre le otorgaba 40 puntos de ventaja sobre el impopular presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abás, pero también sobre los candidatos de Hamás, incluido el jefe político del grupo islamista, Ismail Haniyeh.

En un contexto de profunda división entre las facciones palestinas, Barghouti se sitúa en un punto intermedio: es respetado por los nacionalistas laicos, pero también por los islamistas, con muchos de los cuales ha entablado estrechas relaciones en la cárcel. Incluso Hamás, que aborrece los círculos favorables a Occidente de los que Barghouti forma parte, ha pedido este mes su liberación, a cambio de rehenes israelíes, como parte de una propuesta de acuerdo de alto el fuego en Gaza.

De líder estudiantil a político respetado por todos

Barghouti, uno de los siete hijos de una familia humilde de agricultores de la pequeña aldea cisjordana de Kobar, lideró en su adolescencia movimientos estudiantiles a favor de Al Fatah, el partido político fundado por el histórico Yaser Arafat y que ahora preside Abás. Durante sus años en la universidad entró y salió de la cárcel en varias ocasiones, fue deportado por Israel a Jordania durante la primera intifada para impedir que participara en el levantamiento. Se le permitió regresar durante el optimismo de las conversaciones de paz en la década de los 90 del siglo pasado. Él mismo apoyaba el llamado proceso de Oslo, pero cuando las negociaciones de paz fracasaron, dando lugar a la segunda intifada (2000 - 2005), mucho más sangrienta, Barghouti desempeñó un destacado papel público como organizador de protestas.

El político ha apoyado la resistencia pacífica, pero no ha renunciado a la violencia como medio para acabar con la ocupación. Fue entonces cuando Barghouti atrajo la atención internacional. Los periodistas palestinos e internacionales le buscaban para que se posicionara. Paciente, autocrítico y con un discurso articulado, se definía a sí mismo como “un tipo normal de la calle palestina”. Sus formas sugerían que no era así en absoluto: muchos de los que se encontraron con él en aquellos días pensaron que representaba a un interlocutor palestino seguro de sí mismo, respetado por una generación más joven.

En Israel, a Barghouti se le considera fundador de las brigadas Al Aqsa, el brazo armado de Al Fatah que perpetró una serie de asesinatos y atentados suicidas contra autobuses, restaurantes y hoteles. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí publicó un artículo en el que acusaba al “terrorista” de “encabezar la sangrienta segunda intifada”, en su papel de cabecilla de grupos armados, antes de su detención en 2002.

Barghouti no se defendió en su juicio en 2004, cuando fue condenado por su implicación en cinco asesinatos, ya que rechazó reconocer la autoridad del tribunal israelí. Fuera de los tribunales, negó las acusaciones de haber ordenado las muertes.

Ha apoyado la resistencia pacífica, pero tampoco ha renunciado a la violencia como medio para acabar con la ocupación. Desde la cárcel, ha desempeñado un papel central en la política palestina y ha defendido la solución de los dos Estados.

Sus cartas desde la cárcel, algunas de las cuales han sido sacadas clandestinamente, sugieren que ha abandonado la idea de que negociar directamente con Israel pondrá fin a la crisis. En 2015, escribió en The Guardian: “El verdadero problema es que Israel ha elegido la ocupación en lugar de la paz y ha utilizado las negociaciones como una cortina de humo para avanzar en su proyecto colonial. Todos los gobiernos del mundo conocen esta realidad tan simple y, sin embargo, muchos de ellos pretenden que con las recetas fracasadas del pasado se podría lograr la libertad y la paz”.

El candidato que los palestinos querrían

Desde hace tiempo se le considera el sucesor de Abás, el líder de 88 años que lleva desde 2005 al frente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), reconocida internacionalmente, aunque el presidente carece de la legitimidad de las urnas porque no ha convocado elecciones presidenciales desde que expiró su primer mandato. Además, el mandatario es profundamente impopular debido a la corrupción existente en el seno de las instituciones palestinas y a la coordinación de estas con el Ejército israelí, lo que ha llevado a sus detractores a afirmar que la ANP es una organización interesada que opera como “subcontratista” de Israel.

Este lunes, el Gobierno de Abás, encabezado por el primer ministro Mohamed Shtayeh, ha presentado su dimisión en bloque por “los acontecimientos políticos, de seguridad y económicos relacionados con la agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, y la escalada sin precedentes en Cisjordania, incluida la ciudad de Jerusalén este”. Abás ha pedido al gabinete que permanezca en funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.

Pero de cara a la Presidencia palestina, Abás ha conseguido frenar las ambiciones de Barghouti y otros posibles candidatos. Tahani Mustafa, analista palestino del grupo de investigación International Crisis Group, afirma que el presidente palestino “ha destruido cualquier vía institucional para garantizar un sucesor legítimo”. “Abás reconoce que se encuentra en una posición increíblemente débil. Ha centralizado su poder de forma efectiva”, agrega.

Y lo que es más importante, Israel no ha mostrado ninguna voluntad de liberar al popular político. De hecho, se negó a incluirlo en 2011 en un intercambio de más de 1.000 prisioneros palestinos por un solo soldado israelí en poder de Hamás. En ese intercambio, quedó en libertad Yahya Sinwar, considerado el líder de Hamás dentro de Gaza y de los principales planificadores de los atentados transfronterizos del 7 de octubre contra las comunidades del sur de Israel.

La liberación de Barghouti, si alguna vez se materializara, sería percibida como una oportunidad para cambiar la política palestina. Khalil Shikaki, que ha encuestado a palestinos durante más de dos décadas como director del Centro Palestino de Política e Investigación, lo expresa de forma sencilla: “Barghouti es el líder palestino vivo más popular”.