El Ministerio de Educación quiere que todos los títulos de Formación Profesional (FP) tengan al menos un 15% de presencialidad, independientemente de la modalidad en que se impartan. Además, cada centro deberá contar con una oferta formativa mínima de grados (en horizontal o en vertical), asegurar las plazas para que el alumnado realice sus prácticas y el profesorado tendrá un máximo de 50 estudiantes por clase en la enseñanza a distancia, según ha adelantado este lunes la ministra, Milagros Tolón. El incumplimiento de estas obligaciones conllevará la retirada de la autorización para ejercer, según Tolón.

Todo ello quedará recogido en el proyecto de Real Decreto de Calidad y Centros del Sistema de FP, que sale a consulta pública y con el que el Gobierno pretende acabar con los “chiringuitos” privados en el sector, tal y como los definió el presidente, Pedro Sánchez, cuando anunció esta norma, ante el auge de la formación privada en la FP, especialmente en los grados superiores a distancia.

Tolón ha explicado que el objetivo no es ir contra los centros privados sino “garantizar la calidad del sistema” y que “la masificación” perjudica al entramado de la FP. Según el Gobierno, que ha movido el borrador de texto entre comunidades autónomas y agentes interesados, el sector ha acogido positivamente el RD porque permitirá a las comunidades autónomas regular un sector que hasta este momento no tenía un marco normativo que lo ordene.

Con esta normativa, el Gobierno continúa el camino que ya comenzó a andar cuando endureció los requisitos mínimos para las universidades privadas. Como sucede con aquella norma, si un centro no cumple los requisitos planteados se le revocará la autorización para funcionar, pero siempre velando por el alumnado, según Tolón. Esta medida, si sucede, “no podrá producir perjuicio al alumnado”, que deberá ser reubicado en otros centros.

Presencialidad

Todos los títulos a distancia deberán tener entre un 15% y un 39% de enseñanza presencial. Para la formación semipresencial también se establece un arco, que en este caso oscilará entre el 40% y el 60% del tiempo. En ambos casos el porcentaje variará, entre otras cosas, por el tipo de formación. Por ejemplo, ha explicado la ministra, los conocidos como títulos habilitantes (los que permiten ejercer una profesión) alcanzarán el máximo previsto. En este momento no hay mínimos establecidos en ninguna norma, de manera que se puede plantear un curso 100% a distancia.

La oferta formativa

Otro de los requisitos que deberán cumplir los centros privados es disponer de una cierta oferta de grados. Podrán hacerlo por dos vías, ha informado la ministra, la vertical o la horizontal. En la primera versión, deberán ofrecer un itinerario vertical completo dentro de una familia profesional, impartiendo los distintos grados que hay en ella: Formación Profesional Básica (FPB), Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior.

Por ejemplo, en la familia de Administración y Gestión un centro podría tener un FPB de informática, el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Asistencia a la Dirección.

En el caso de que el centro opte por la oferta horizontal, deberá contar con “ciclos de distintas familias profesionales, relacionados para que permita al alumnado una formación más amplia y polivalente, combinando familias”, ha explicado Tolón. Por ejemplo, se pueden combinar Administración y Gestión con Informática y Comunicaciones. El objetivo, según la ministra, es “que los centros tengan suficiente capacidad, recursos y solvencia para ofrecer una verdadera FP”.

Prácticas aseguradas

Los centros deberán garantizar desde el principio de su actividad de que disponen de empresas donde su alumnado pueda realizar las prácticas. La falta de empresas para esta parte obligatoria de la formación es uno de los principales problemas de la FP, por lo que la ministra ha valorado que “este es uno de los aspectos más importantes de este Real Decreto”.

Además, deberán confirmar esta disponibilidad cada cuatro años.

Ratios

Otra de las novedades formativas. Se establecerán ratios de alumnado por clase para la formación a distancia, que hasta ahora no existían. El RD impone un máximo de 50 estudiantes por aula y de 25 en presencial... para el año 2031. Hasta entonces habrá rebajas graduales mientras se llega a cifras, que empezarán el curso 2028-29 con 80 estudiantes por clase. Los grupos de 50 personas en la modalidad virtual tendrán que bajar a 25 en las horas presenciales que les toquen.

Las ratios de la enseñanza 100% presencial están en fase de revisión también, a través de la reforma de otro real decreto que el Gobierno prepara estas semanas.

Nuevas figuras

Por último, el RD crea dos nuevas figuras: los centros asociados para la recualificación de personas trabajadoras serán centros que colaboren con un centro principal para impartir enseñanza de FP; los centros de 2ª oportunidad estarán destinados a jóvenes de entre 16 y 29 años con especiales dificultades o alumnos más vulnerable, a imagen de los que ya existen para Secundaria.

Además, ha informado Tolón, se estabilizará la red estatal de centros de excelencia y referencia nacional, “fundamentalmente para extender la innovación, la investigación aplicada, la digitalización y la transferencia de conocimiento al conjunto del sistema”, según la ministra.

Nos escribió la semana pasada un suscriptor para reprocharnos, amablemente, que en nuestro análisis de Pisa no habíamos abordado lo que él considera uno de los mayores problema de la educación, la selección del profesorado. Estábamos en ello, Joaquín, te adelantaste en tu email, pero aquí está lo que pedías.

El asunto, complejo, no sale de la nada. Teníamos pendiente hablar de esto desde que en verano el Gobierno anunció que constituía una mesa para negociar el cambio con los sindicatos. Ya os comentamos hace una semana que es una de las reformas educativas que se ha autoimpuesto de alguna manera el Ministerio de Educación para este último curso de la legislatura.

El grueso del sistema de oposiciones docentes no se ha tocado en 30 años y hay bastante unanimidad en el sector con que es necesario un cambio. Son muchos los problemas que plantea el actual método (ya sabéis, primero una fase eliminatoria teórica, luego una práctica, finalmente el concurso de méritos para quien supere las primeras pruebas y por últimos las prácticas de centro, que son un trámite y nunca nadie ha suspendido).

Sin orden de importancia, la falta de equidad en el acceso, qué se le pide a los aspirantes y cómo relaciona eso con lo que se van a encontrar en el aula e incluso los temarios, obsoletos al punto de que para Informática se estudian los disquetes, aparecen entre las principales necesidades.

La falta de equidad se presenta por partida doble. Primero, según nos comenta un experto, porque para presentarse a la oposición de Secundaria hay que tener el máster del profesorado, y como no hay plazas públicas para todos, ni de lejos, a un porcentaje importante de los futuros aspirantes no les queda otra que gastarse unos buenos miles de euros en un centro privado. La otra pata de la inequidad es que cada comunidad autónoma aborda los procesos, ofrece plazas y corrige las pruebas con sus propios criterios, lo que puede generar gran sensación de “arbitrariedad” entre candidatos.

Otro de los problemas que ha detectado la investigación de este asunto es qué valoran las oposiciones y qué le pedimos después a un profesor en el aula. Y en este momento son dos elementos muy alejados. Varios estudios recientes han alertado de este desequilibrio entre las competencias formalmente exigidas en las convocatorias —fundamentalmente pedagógicas, didácticas y de conocimiento disciplinar— y las que se consideran hoy esenciales para el desempeño docente, como las competencias socioemocionales, la capacidad de liderazgo en el aula o la gestión inclusiva de la diversidad.

Decía que nadie duda de la necesidad, urgente casi, de que se reforme el sistema. Pero muchos en el sector sí creen que es una bomba de humo del Gobierno y que no lo van a hacer. Sus motivos tienen: no es ni la primera ni la segunda vez que se anuncia un cambio en las oposiciones que luego queda en nada. Saldremos de dudas en poco tiempo.

 No me extiendo más, si te interesa el tema desarrollamos todo esto, y alguna cosa más, en la pieza que publicamos el fin de semana y que encuentras aquí.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, sigue moviendo piezas en el tablero electoral de cara a los comicios municipales de 2027. Ahora ha descartado a la exalcaldesa de Toledo y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, como próxima candidata a recuperar el bastón de mando en la capital toledana que perdió en 2023.

El que fuera número dos de Tolón como vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo cuando el PSOE gobernaba en la ciudad, ya se descartó a sí mismo, hace tan solo unos días, para encabezar esa lista electoral.

Ahora, preguntado por esta cuestión, ha asegurado que Milagros Tolón ha sido una “magnífica alcaldesa, la mejor”, pero ha añadido que está “volcada en hacer un magnífico trabajo en el Ministerio de Educación, con un solo objetivo, que el Partido Socialista vuelva a ser el que gobierne España entre 2027 y 2031”.

No significa que el PSOE no vaya a tener un magnífico candidato y un magnífico alcalde de Toledo en los próximos años

“Yo creo que ese es el objetivo de Milagros Tolón, con lo cual yo creo que está descartada para ser también la candidata a la Alcaldía de Toledo”, ha abundado.

En cualquier caso, eso “no significa que el PSOE no vaya a tener un magnífico candidato y un magnífico alcalde de Toledo en los próximos años”, ha dicho, aunque no ha mencionado ningun nombre, por lo que el nombre de quien encabece esa candidatura, con el objetivo de arrebatar al PP y Vox el Gobierno municipal de la ciudad, sigue estando en el aire.

Milagros Tolón es “la mejor candidata” para la Alcaldía de Toledo de cara a las elecciones municipales de 2027. Así ha opinado la presidenta del Comité Ejecutivo Provincial del PSOE en Toledo, Tita García Élez, sobre la actual ministra de Educación, Cultura y Deportes y antigua regidora de la capital castellanomanchega durante dos legislaturas.

Estas declaraciones de García Élez a preguntas de los medios llegan después de que el actual delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se descartase como posible candidato del PSOE a la Alcaldía pese a estar incluido en una encuesta electoral junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, y el concejal Pablo García.

Una figura “muy bien valorada”

García Élez, quien previsiblemente se postulará para ser candidata a la Alcaldía de Talavera de la Reina, ha destacado que la actual ministra de Educación y exalcaldesa de Toledo es una opción muy bien valorada en la formación y ha recordado que ganó las pasadas elecciones- sin mayoría suficiente- y añade que, si bien la decisión final le corresponde a ella a nivel nacional, la dirección provincial apuesta firmemente por su figura.

Es uno de los temas que salieron a la palestra antes de celebrarse la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, presidida por el secretario general provincial, Álvaro Gutiérrez.

En relación con el calendario electoral orgánico, el PSOE de Toledo ha fijado la celebración del proceso de primarias en el mes de noviembre para las ciudades de Toledo, Talavera de la Reina o Seseña. En concreto, las votaciones para los candidatos y candidatas que presenten a encabezar candidaturas se producirá el sábado 14 de noviembre.

Esta decisión se acoge a la última ventana temporal establecida por la dirección federal del partido, otorgando autonomía a cada agrupación local para desarrollar el procedimiento interno en sus respectivos ámbitos.

De forma previa a este proceso, la Ejecutiva del PSOE en Toledo propondrá celebrar el Comité Provincial durante las últimas semanas de septiembre o primeros de octubre, hito que servirá de pistoletazo de salida para confeccionar las candidaturas y los programas electorales integrales municipio a municipio.

Revalidar alcaldías y recuperar gobiernos en Toledo

El objetivo primordial fijado por el partido es revalidar las alcaldías socialistas y recuperar gobierno en los municipios donde la ciudadanía demanda sus políticas. Una hoja de ruta “marcada y clara para las próximas elecciones de 2027” que afrontan con “convicción, determinación y convivencia, alejados del ruido y la confrontación”.

Respecto a las encuestas electorales que apuntan a una subida del voto a Vox, la dirección provincial ha rechazado guiarse por los sondeos mediáticos y ha situado la valoración real en la receptividad de los ciudadanos en la calle.

“La ciudadanía sabe determinar lo que necesita cada uno de sus municipios. Esa es la verdadera encuesta, la de la gente que n la calle. Y ahí es desde donde trabajamos en esta ejecutiva”, ha manifestado García Élez.

“Llevamos meses ya trabajando en confeccionar las mejores listas, tener a los mejores candidatos para revalidar las alcaldías que gobernamos y conseguir las que a día de hoy no tenemos. Vamos a seguir trabajando en los próximos meses con los compañeros y compañeras pegados al terreno, a los municipios, viendo cuáles son las necesidades de la gente, mirándolos a la cara y viendo qué es lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas”, ha añadido.

Calendario clave de las primarias de noviembre

El calendario oficial aprobado para las primarias arrancará con la presentación de precandidaturas entre el 23 y el 26 de octubre, procediéndose a su proclamación formal ese mismo día 26. Posteriormente, el proceso continuará con la recogida y presentación de avales del 28 de octubre al 4 de noviembre, jornada en la que se efectuará la proclamación provisional de las candidaturas.

A continuación, la militancia participará en la campaña de información interna entre el 5 y el 13 de noviembre. La primera vuelta de las votaciones se celebrará el sábado 14 de noviembre -con la proclamación de resultados en las 24 horas siguientes-, mientras que la segunda vuelta, en caso de ser requerida, tendrá lugar el sábado 21 de noviembre.

Empieza el curso el Ministerio de Educación con muchos deberes autoimpuestos y poco tiempo para hacerlos. Ratios de alumnado por clase, horas lectivas semanales, límites a los “chiringuitos” —en palabras del presidente, Pedro Sánchez— de Formación Profesional (FP), establecer por ley la adecuada climatización de los centros o incluso el sistema de acceso (las oposiciones) esperan turno en el Congreso o en la mesa de negociación. Pero pasan las semanas, los meses y las reformas no se acaban de concretar. Y todo lo que no esté hecho antes de las elecciones, como muy tarde en julio, quedará en un cajón.

Las organizaciones sindicales creen que puede ser tarde ya, al menos para sacarlas todas, y le reprochan al Gobierno que haya esperado tanto para abordarlas —Pedro Sánchez lleva en Moncloa desde 2018— pese a haber denominado estos últimos cuatro años como “la legislatura del profesorado”. Algunas de esas reformas solo dependen del Ejecutivo y en su mano está aprobarlas vía Real Decreto. Para otras, en forma de ley, necesita el apoyo de un Congreso hostil en este momento con la coalición.

“Esperamos que se aprueben como mínimo cuatro de estas reformas”, expresó este jueves Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO. La responsable sindical explicó que se daría por satisfecha si para cuando los españoles acudan a votar se han reformado las ratios de alumnado por clase, las horas lectivas, el Real Decreto de requisitos mínimos de los centros y la normativa que limite los centros privados de FP.

El sector necesita las reformas, sostienen los sindicatos. “La insatisfacción en la comunidad docente es evidente”, recoge un informe recién publicado de la Fundación 1º de Mayo sobre la mercantilización de la educación en España. “El empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, la falta de adaptación de los centros a las emergencias provocadas por el cambio climático, la falta de apoyo de las administraciones educativas a la enseñanza pública, la no recuperación de las condiciones laborales anteriores a la crisis de 2008, la falta de medios para poder tratar la diversidad en las aulas, el incremento de la burocracia y la pérdida de la democracia en los centros, han transformado a los claustros en órganos de escasa utilidad y a los y las docentes en meros tecnócratas, alejados de su función educativa”, describe.

El curso escolar ha empezado exactamente en el mismo punto en el que acabó el anterior, entre movilizaciones, protestas y huelgas: Catalunya celebró un paro el pasado martes, y Andalucía y Madrid tienen convocados los suyos. Otras seis comunidades también arrancan el curso con conflictos.

Cuatro años de espera

A unos primeros años de Gobierno socialista de intensa actividad legislativa, en los que se reformó el sistema educativo de arriba abajo —ley de Educación, ley de Formación Profesional y ley de Enseñanzas Artísticas— y se puso el énfasis en mejorar el sistema de becas y la provisión de plazas públicas en Infantil y FP, siguió una etapa de relativa calma, al menos de cara al público.

El 27 de enero de 2022, Educación presentó un documento con 24 medidas relativas al acceso a los grados de Infantil y Primaria, al máster de formación del profesorado, las prácticas del futuro profesorado y evaluación de los docentes. Han pasado cuatro años y medio desde que el departamento que entonces dirigía Pilar Alegría realizara este primer anuncio de una futura negociación para mejorar las condiciones laborales del profesorado.

Aquel texto abría, en teoría, la negociación de lo que tendría que ser el estatuto docente, la norma que regule todos los aspectos de la profesión y que los sindicatos exigen desde hace décadas. Pero el movimiento de Educación tenía trampa, como sospechaban las organizaciones sindicales y se confirmó con el discurrir de los meses: el Ministerio publicó ese texto para cumplir el mandato que imponía la Lomloe, que daba dos años desde su aprobación para abordar el estatuto. Satisfecha la exigencia legal, el estatuto quedó en el olvido.

Hasta que, en enero de 2025, Educación retomó la tarea en pleno estadillo de las protestas docentes por las condiciones en que ejercen su labor y la degradación de la escuela pública. Desde entonces, se ha avanzado a base de pequeños pasos. La sucesora de Alegría, Milagros Tolón, llevó al Consejo de Ministros una ley para mejorar las ratios de alumnado por clase en Primaria y Secundaria y bajar las horas lectivas de docencia semanal que imparte el profesorado en ambas etapas. Ese texto está ya en el Congreso y el próximo 17 se cierra el plazo para presentar enmiendas. A partir de ahí, se empezará a ver los apoyos que tiene la reforma.

Ese texto reduce el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). Además, el documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas (en este momento la normativa de mínimos está en 25 y 20, respectivamente, aunque la mayoría de las comunidades autónomas ya las han bajado por su cuenta).

Más ratios y climatización de centros

La otra negociación que más avanzada va es la modificación del Real Decreto 132/2010 de requisitos mínimos de los centros educativos. Esta reforma es en algunos aspectos complementaria a la ley que se tramita en el Congreso y contempla la reducción de las ratios de Infantil y Bachillerato. La propuesta del Gobierno baja las ratios a la mitad de las actuales: cuatro bebés de cero años por educadora, seis de uno y ocho de dos, recogiendo las demandas de las trabajadoras del sector, que el curso pasado realizó la primera huelga general y que en Madrid llevan de huelga indefinida desde abril. En el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) establece un máximo de 20 niños y niñas por aula y para el Bachillerato lo deja en 30 (son 35 actualmente).

Este real decreto incluirá también que todos los centros educativos deberán atender “al bienestar del alumnado y el personal del centro mediante la adecuación de la climatización”. Aunque la formulación pueda resultar algo ambigua, será la primera vez que quede fijado en una normativa estatal la obligación de atender al confort térmico de alumnado y profesorado en colegios e institutos, uno de los grandes caballos de batalla de la comunidad educativa en los últimos años.

En este caso, el Gobierno cuenta con la ventaja de que al ser un real decreto no necesita del Congreso para sacarlo adelante. El texto, que ya ha pasado por los grupos de trabajo con los sindicatos y ahora tiene que ir a la mesa sectorial, pasará por el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado, que emitirán sendos informes preceptivos, pero no vinculantes. A partir de ahí, el Ejecutivo solo tiene que aprobarlo en el Consejo de Ministros y entrará en vigor en cuanto lo publique el BOE.

Más retrasado va el real decreto que el presidente Sánchez anunció el pasado mes de febrero para “poner límites a la apertura de centros privados [de Formación Profesional] que no ofrezcan garantías” ante la eclosión de los últimos años. El Ejecutivo sacó a consulta previa la norma (un trámite para que las partes interesadas aporten propuestas) en abril, pero los sindicatos no han vuelto a saber del texto. De nuevo, al tener forma de real decreto el Gobierno cuenta con la ventaja de que, dictámenes del Consejo Escolar y del Consejo de Estado aparte, solo depende de sus propios ritmos.

Por último están las oposiciones. El pasado 30 de julio, Educación anunció que constituía un grupo de trabajo para abordar la reforma del sistema de ingreso a la función docente. Por el momento hay poca información sobre este movimiento. Los sindicatos esperan ser convocados para tratar el tema este mismo mes.

Cuatro reformas para mejorar las condiciones en que se ejerce la docencia —y, por tanto, el sistema en general– y una quinta dirigida a poner coto a la privatización del sector, que aumenta año tras año, y menos de un curso para sacarlas adelante. Como hacen muchos estudiantes, Educación ha dejado los deberes para última hora. El tiempo dirá si no es demasiado tarde.

Siempre se declara “moderado” y católico, y a pesar de considerarse “tan español como cualquiera”, rechaza un modelo de “español único”. José Pablo Sabrido, de 72 años, además de teólogo, es un político de raza, aunque ha adquirido mayor notoriedad y visibilidad en su cargo como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que llegó incluso después de jubilarse.

Pero antes, fue la mano derecha de Milagros Tolón cuando era alcaldesa de Toledo. Como vicealcalde socialista de la ciudad, su trayectoria en la Administración pública y sus responsabilidades como la portavocía y las áreas de Hacienda, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, le abrieron el camino para sustituir a Tolón en la Delegación del Gobierno cuando esta última fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Natural de El Casar de Escalona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía entre 1978 y 1984. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de sus cargos municipales, también fue director del gabinete de Francisco Pardo, actual director general de la Policía, cuando fue secretario de Estado de Defensa y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué opina sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ceutí y mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho esto, se trata una cuestión compleja y dar una respuesta simple a situaciones complejas es propio de los populismos. Es evidente que cualquier solución que se dé a corto plazo siempre resulta insuficiente. Cuando hay una situación de angustia, el tiempo se hace eterno. La percepción que tenemos cuando padecemos estas situaciones es muy difícil abordarla con seriedad. Es decir, en el sentido de que el ciudadano tiene esa sensación, tiene derecho a tenerla y tiene derecho a exigir que se resuelvan pronto los problemas.

¿Hubiera sido mejorable en el caso de Ceuta?

Yo no soy un fanático para decir que es lo mejor que se ha podido hacer. Todas las cuestiones son mejorables. No sé si alguien lo haría mejor o no. Todo es mejorable. Pero creo que el proceso se ha llevado con orden, con coordinación y lo que espero es que las soluciones sean las que esperan los ciudadanos de Ceuta. Desde luego, la prudencia en una cuestión compleja y este gobierno también es prudente.

A raíz de ello ha surgido un debate en torno a la “españolidad” de Ceuta y de si apoyar a unos u otros es ser más o menos español…

Yo me siento orgulloso de ser español. Creo que Ceuta es España y no tolero que nadie se sienta más español que yo. Y también reconozco que no soy más español que nadie. Los españoles somos todos iguales. Evidentemente, cada uno podemos pensar de distinta manera. Lo que yo rechazo absolutamente es un modelo de español único. Rechazo que alguien quiera imponer que España o ser español es lo que él quiere que sea. En Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Toledo y en cualquier sitio de España.

Principalmente, las críticas a Pedro Sánchez se han derivado de que haya estado de vacaciones. Es su derecho, pero ¿qué opina al respecto?

Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno, el primer día de la crisis, ya estuvo en Ceuta. Además, estar en un sitio o en otro no supone que no estés siguiendo y actuando de la manera que es conveniente. Pero yo, como decía, creo que durante todo el periodo que está durando la crisis de Ceuta —y digo que está durando porque sigue sin resolverse— el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza ha estado pendiente de dar las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son distintas en cada momento. En el primer momento, fue resolver el inicio de la crisis migratoria y la salida. Y eso se hizo en dos o tres días. Después se ha tenido que ir dando respuesta a la situación de los migrantes que permanecieron y permanecen aún en la ciudad de Ceuta. Y eso no se resuelve de un día para otro.

Porque, más allá, como digo, de discursos populistas, la realidad es como es. Y, aparte de respetar la dignidad de las personas, hay que cumplir con la ley. Y este Gobierno está comprometido con la dignidad y la igualdad de las personas y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley española y europea.

¿Qué le parece el hecho de que Emiliano García-Page haya mostrado su solidaridad con Ceuta, pero el Gobierno castellanomanchego se haya negado a acoger a menores migrantes?

Yo creo que cuando el presidente Page muestra su solidaridad con Ceuta no es más que un español más de los 45 millones de españoles que somos solidarios con Ceuta. Él no es más solidario con Ceuta que el resto. Lo expresa y yo se lo agradezco. Yo también soy solidario con Ceuta. Y en cuanto a la recepción de menores, estoy seguro de dos cosas: la primera, que Castilla-La Mancha cumplirá con la obligación legal que tiene y, la segunda, que será solidaria.

La Consejería de Bienestar Social dijo que no había plazas y que el sistema castellanomanchego “no lo soportaría”.

A pesar de lo que dijera, estoy convencido de que respetará la legalidad, como no puede ser de otra manera, y que Castilla-La Mancha será solidaria.

¿Cree entonces que habrá acogida entonces en esta comunidad autónoma?

No me cabe la menor duda.

Es indudable que el inicio del curso político ha llegado con fuerza y con mucha polémica. ¿Es la hora de convocar elecciones generales?

Las elecciones serán cuando, según la Constitución, lo decida el presidente del Gobierno. Tiene que tener dos objetivos: cumplir su programa y seguir gobernando en beneficio de todos los españoles. En eso le aplaudo. Desde luego, no participo de la opinión de los que creen que se deben adelantar las elecciones solo con el objetivo de que haya un cambio de Gobierno. Eso no lo acabo de entender porque, desde mi punto de vista, será un Gobierno regresivo en los derechos sociales y económicos de España. Con lo cual, si los que abogan por un cambio de Gobierno es para que haya otro de derecha y extrema derecha, yo lo rechazo. Yo lucharé democráticamente y con respeto absolutamente a todo el mundo para que siga habiendo un Gobierno progresista en España

Ya se habló de un adelanto “técnico” de las elecciones generales. ¿Podríamos hablar del arranque de 2027 como una posibilidad?

La gente habla ya de muchas fechas, que si marzo, que si julio… En cualquier caso, me gusta ser prudente y me guío solo por un referente: serán cuando diga el presidente del Gobierno.

Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario

¿Qué opina de la polémica y tensa relación que han mantenido durante todos estos años entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez?

Es verdad que, para nosotros, para los socialistas en general y para los socialistas de Castilla-La Mancha en particular, es una situación compleja. Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario.

Yo soy de los que creen que el bienestar de los españoles, con carácter general, depende de las políticas del Gobierno de España. Es decir, de la legislación laboral, las pensiones, los salarios mínimos, la política económica, las relaciones internacionales. Todo eso lo determina el Gobierno. A eso es a lo que debemos aspirar los socialistas, y a llevar todo ello a las comunidades autónomas. Lo que me resulta complicado entender es que podemos llevar a cabo políticas socialistas en las autonomías si hubiera un Gobierno, que ojalá no lo haya, de derecha y extrema derecha gobernando España. En ese caso, yo no auguro políticas sociales.

Nos hemos ido un poco de la pregunta anterior. ¿Qué opina en concreto, entonces, de esa tensa relación entre ambos?

Sí, me estoy refiriendo al fondo de la política. Es evidente que en el año 2016 y 2017 el presidente Page no compartía el liderazgo de Pedro Sánchez. Y algunos no esperaban que Pedro Sánchez gobernara en 2018 y mucho menos que ganara dos veces más las elecciones. Pero es que además creo que la alternativa a Pedro Sánchez está lejos dentro del Partido Socialista, por lo menos hasta 2030, y ahí no está Emiliano García-Page. Creo además que él tampoco quiere estar esa hipotética alternativa.

Una de esas tensiones entre el Gobierno de Page y el de Pedro Sánchez está en la nueva financiación autonómica. El primero la rechaza al considerar que la propuesta estatal está pactada con ERC y que solo beneficia a Catalunya. ¿Usted considera que es la propuesta adecuada para las particularidades de Castilla-La Mancha?

Esto merece varios análisis. Es evidente que cualquier documento o propuesta requiere un trabajo previo, una discusión. Ese trabajo se llevó a cabo con ERC, que es un aliado del Gobierno desde 2023. Hay gente que hubiera preferido que no se hubiera pactado con este partido y que hubiera habido un gobierno de extrema derecha. Pero eso no sucedió y el hecho de que se haya negociado así no elimina la negociación con el resto de comunidades. Es decir, el mal no puede estar en el origen. El mal habrá que verlo en si en el acuerdo es mejorable o no. Cuando uno tiene socios, pacta y cuando lo hace, el pacto en sí no es malo.

Aquí vuelvo a lo de antes: nadie es más español que nadie. Yo estoy convencido de que nadie quiere más a España que el presidente Sánchez. Puede haber gente a la que le guste presumir de ser más español por no pactar con ERC, que dicho sea de paso, son españoles. Los independentistas, los republicanos, los monárquicos, todo el mundo cabe en la Constitución. Yo soy católico y español. Pero si pacto algo con los musulmanes, es que necesito pactar con los musulmanes, que también pueden ser españoles.

Entonces, ¿cuál considera que es el origen del problema?

Desde luego no es porque no se pactara con la izquierda. Decir eso me parece pobre. La financiación autonómica tiene muchas ramificaciones. Por una parte, aborda la acumulación de deudas de las comunidades autónomas, que para Castilla-La Mancha supone 4.900 millones de euros. Luego, tal y como está entendida, en estos años de Gobierno socialista, las comunidades autónomas han recibido en financiación autonómica 300.000 millones más, de los cuales más de 12.500 millones han sido para Castilla-La Mancha, para sanidad, bienestar social y educación. En total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1.248 millones de euros más que con el sistema de Mariano Rajoy. ¿Se puede o debe negociar querer más? Lo entiendo. Lo que no entiendo es que se diga que no a la propuesta solo porque se ha pactado con ERC.

Recientemente, hubo polémica por unas declaraciones suyas sobre el trasvase Tajo-Segura, un caballo de batalla ya histórico en Castilla-La Mancha. Ahora lo esencial es el cambio de las reglas de explotación de ese acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y respetar los caudales ecológicos del Tajo. ¿Estarán listas esas nuevas normas antes de que termine la legislatura?

Las nuevas reglas de explotación son para aclarar puntos del Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2022-2027. Y ese proyecto, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, fue aplaudido por Castilla-La Mancha, aunque ahora no se dice tanto. Esto quiere decir, primero, que el Gobierno de España ha aprobado un plan hidrológico que es bueno para esta comunidad autónoma, que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprueba y que parte de ese plan hidrológico se está cumpliendo. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, a mí también me molesta muchísimo, entre otras cosas, porque yo soy de un equipo que luchó por esos caudales y que recurrió el Plan Hidrológico del Partido Popular del periodo 2016-2021 y que ganamos en los tribunales.

El trasvase Tajo-Segura tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha

Pero el trasvase sigue y sigue…

El trasvase tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. En este punto, me interesa mucho transcribir casi literalmente las palabras de Emiliano García-Page cuando dijo: “Estoy de acuerdo en el fondo y en la forma con lo que está disponiendo el Gobierno de España, y solo es una cuestión de plazos”. Esperamos que esos plazos sean los más breves posibles, pero no generemos más polémicas porque estamos esencialmente de acuerdo.

Al ver cómo transcurre el río Tajo a su paso por Toledo, no parece que esos caudales ecológicos se estén cumpliendo. Por eso insisto: ¿esas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no tendrían que estar ya aprobadas?

Cuando han bajado esos caudales, yo, personalmente, he llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesándome por ello. Y aunque esto a lo mejor no es muy prudente decirlo, me decían que muchas veces el paso del agua por las centrales hidroeléctricas y por los propios regantes hace complejo regular exactamente el caudal. Yo opino que si es complejo el reglamento del caudal, mejor que sea por exceso, no por defecto.

En materia de vivienda, ¿cómo valora el Plan de Acción por la Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿No cree que Castilla-La Mancha debería dotarse ya de una Ley de Vivienda propia como la que prometió Page en 2015 y que incluso llegó a redactarse?

La vivienda es un tema muy serio. A todos los españoles nos preocupa muchísimo y, especialmente, a los jóvenes. También es complejo y las soluciones no son sencillas. Pero cuando miro cuál es la situación de la vivienda de hace 30 años y la comparo con la de hoy, la cuestión es alarmante. Alguien está robando a los jóvenes años de su vida. Hace 30 años te comprabas una casa con tu salario de cuatro años. Hoy, esa misma vivienda y con un puesto de trabajo similar, cuesta mucho más.

Dicho esto, conviene recordar que la vivienda es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas según todos los estatutos. El Estatuto de Castilla-La Mancha así lo refleja literalmente. Luego las comunidades autónomas tienen que justificar qué es lo que han hecho en esta materia. Me da la impresión de que a todos nos gusta vender lo bueno y, cuando hay algo que no sabemos cómo vender porque no lo hemos hecho, miramos al Estado.

Pero el Estado también puede y debe hacer.

Claro, y ante un problema real, ha buscado soluciones con el Plan Estatal de Vivienda, y 7.000 millones de euros, promoviendo construcción de viviendas para alquiler asequible, y aprobando una ley que no sé por qué las comunidades autónomas no quieren aplicar, cuando tienen esas competencias exclusivas. Solo puede ser para echar la culpa del problema al Gobierno, cuando es el que pone el dinero y los medios.

¿Incluye en ese lote de comunidades a Castilla-La Mancha?

Creo que Castilla-La Mancha tiene la voluntad de sumarse y de dar solución a este problema. No puede ser de otra manera. Hay que facilitar a los ciudadanos que puedan acceder a la vivienda. Yo espero que la política de vivienda dé resultados y que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en un plazo lo más breve posible. Desde luego, es un empeño del Gobierno de España al que espero que se sumen todas las comunidades autónomas.

A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno

Volviendo al calendario electoral, Page todavía no ha dicho oficialmente que sea candidato en las autonómicas de 2027, aunque muchos ya lo dan por sentado. ¿Cree que hay una estrategia o que debería clarificarlo ya?

Bueno, yo no voy a marcar ni a cuestionar sus tiempos y creo que él es buen estratega. Lo que él decida yo lo respeto. Lo que sí que le puedo asegurar es mi absoluta lealtad con el candidato socialista de las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Que no quepa la menor duda de eso y creo que en ello deberían estar todos socialistas. A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno.

En cuanto a las elecciones municipales de Toledo, usted viene del ámbito municipal, ¿quién será el candidato o candidata del PSOE?

No sé todavía quién será, pero sea quien sea, con absoluta seguridad será el alcalde o alcaldesa de Toledo después de mayo de 2027. Lo digo porque creo sinceramente que hay mujeres y hombres del PSOE toledano que están plenamente capacitados para ello. Defiendo la gestión que realicé bajo el mando de Milagros Tolón, porque es la que ha permitido al actual equipo de Gobierno (de PP y Vox) mantenerse con políticas anteriores.

Ya que la menciona, ¿Milagros Tolón puede volver a ser candidata?

Es una política de raza y que tiene un gran perfil para lo que ella quiera, pero yo creo que en este momento ella está en ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Ceuta, está realizando una gran labor.

Finalmente, ¿cómo vislumbra su propio futuro político?

Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido a muchas personas con las que he tenido el honor de poder trabajar y que me han dejado mucha libertad. He trabajado en muchos ámbitos y siempre lo he hecho de la mejor manera que he podido. Sobre todo, como vicealcalde de Toledo a las órdenes de Milagros Tolón. Ha sido un honor, pero mi futuro yo creo que ya me lo marca la edad (risas).

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, ha dado importancia a que el nuevo modelo de financiación autonómica se aborde “ya” en el mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de que primero se convoque una Conferencia de Presidentes.

Así ha respondido Tolón tras un acto en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, señalando que el nuevo modelo de financiación “no puede esperar a octubre”.

“Es importante que se reúna ya ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes de que termine el mes de julio”, ha incidido. Así, ha explicado que la Conferencia de Presidentes va a ser en otoño “porque antes no ha podido ser”, debido a las elecciones autonómicas celebradas recientemente.

Tolón ha señalado que “lo importante” es que el Gobierno de España va a presentar presupuestos, poniendo el foco en que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez las comunidades han recibido 300.000 euros más que con el PP, de los cuales Castilla-La Mancha ha recibido 12.500 millones más y se prevé para el próximo año sean 1.200 millones más.

Bajada sobre bajada, el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El departamento que dirige Milagros Tolón también propone reducir el estudiantado en las clases de Bachillerato, en una maniobra que, junto a la ley que se tramita para hacer lo mismo en Primaria y Secundaria, completaría una bajada de ratios histórica en toda la etapa educativa preuniversitaria, según ha adelantado El País.

En esta negociación que mantiene abierta con las organizaciones sindicales, Educación trata así de abordar el descontento docente, que se ha manifestado en los últimos meses, especialmente en la Comunitat Valenciana, en Catalunya y entre las trabajadoras de Infantil, que ya han protagonizado dos paros estatales. En Madrid están en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

Así, para Infantil, Educación propone que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora). En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cifra máxima sería 20, según la propuesta del ministerio (desde 25) y en Bachillerato 30 (35 en este momento).

CCOO ha valorado la propuesta positivamente. “El único pero es que plantean que [implantar las nuevas ratios] sea progresivo, iniciándose en el curso 27/28 y finalizando en el 29/30”, ha expresado el sindicato a través de un comunicado.

El descenso de las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado en las protestas que ha protagonizado esta primavera y que amenazan con volver en septiembre si nada cambia. Estas reivindicaciones, en forma de huelgas, se dirigen contra los Gobiernos regionales, que tienen las competencias directas en educación, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco mínimo al que las comunidades deban atenerse.

Hasta ahora las diferentes ministras habían optado por no tocar las ratios —pese a que se le viene exigiendo al Gobierno desde que tramitó la Lomloe, en 2020—, pero finalmente Educación, que al menos a nivel de declaraciones se había mostrado comprensivo con las protestas de las educadoras de Infantil, ha entrado de lleno en la materia y bajará todas las ratios.

La situación era especialmente precaria en Infantil, donde además de las condiciones laborales —hay maestras y educadoras cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional— las educadoras podían estar a cargo de hasta 20 niños por aula en algunos modelos.

“El 100% de las escuelas infantiles cerrarán”

La patronal de centros privados Acade ha emitido un comunicado un par de horas después de conocerse la oferta de Educación en el que expresa su “profunda preocupación” por la medida y advierte de que “podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de educación infantil existentes en España”. La organización lamenta que el anuncio del Ministerio se produce sin diálogo y señala que “más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza” porque “Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública”.

Según Acade, si se rebajan las ratios a la mitad se perderían “más de 60.000 puestos de trabajo” y “se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes”.

El sector privado de la educación infantil, en la que conviven modelos de gestión pública, privada y mixtos (públicos de gestión privada) es el que peores condiciones laborales ofrece a sus empleadas, con salarios apenas por encima del SMI.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que las comunidades autónomas “tienen dinero” del Gobierno de España para la climatización de los centros educativos.

“Somos sensibles a este problema y lo más importante es que ponemos solución”, ha zanjado este martes Tolón en su intervención a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha incidido en que son “muy sensibles” a las reivindicaciones y protestas “no solamente de los padres, sino de los niños, adolescentes”. “Yo comparto totalmente esas reivindicaciones”, ha puntualizado.

En este sentido, ha destacado que el cambio climático “lo que está haciendo es que los veranos cada vez sean más largos”. “Los niños que todavía no han terminado el curso pasan durante mucho tiempo calor, sobre todo los meses ya de abril y mayo”, ha advertido.

El 15% de los centros se han acogido a la medida

Aunque ha recordado que la competencia “no es del Ministerio”, Tolón ha explicado que el Gobierno, por medio de dos ministerios, “ha dado ayudas”.

En primer lugar, ha detallado durante los últimos meses se han puesto a disposición de las comunidades autónomas 1.080 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana “para climatizar no solamente los colegios, sino los servicios públicos que requieran, de alguna forma, asistencia para que puedan vivir mejor”.

“Esto me dicen que ha habido el 15% de los centros educativos se han acogido a esta medida, con lo cual las comunidades autónomas tienen dinero del Ministerio para poderlo llevar a cabo”, ha manifestado la responsable de Educación, destacando que el Ministerio Ecológica y Reto Demográfico aprobará próximamente 200 millones de euros “exclusivamente para los centros educativos para que se puedan acoger a esta medida”.

La educación “es un pilar fundamental”

Sobre una posible una huelga de docentes a nivel nacional, Tolón ha defendido que para el Gobierno “la educación es un pilar fundamental, que fortalece la democracia y la igualdad”.

En este contexto, ha hecho hincapié en que “la gestión de la educación la llevan las comunidades autónomas” y ha reconocido que al Ministerio le “preocupa muchísimo” que se cumplan los objetivos.

También ha recalcado que la ley de bajada de ratios y reducción de horas lectivas se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de “mejorar la calidad de la educación”.

“La educación es vital para este Gobierno, la educación es importantísima para un país como es el nuestro y es, por tanto, importante que también las comunidades autónomas cumplan y se esfuercen en dialogar, en llegar a acuerdos y en saber gestionar bien el dinero público que, en este caso, reciben del Estado, que es el doble de lo que recibían cuando gobernaba el Partido Popular”, ha aseverado.

Una fotografía de febrero de 2023 ha sido la excusa para que el Partido Popular trate de sembrar la sospecha sobre los dirigentes del PSOE castellanomanchego y vincularlos con la exmilitante socialista Leire Díez.

La instantánea mostraba a Díez, que actualmente está siendo investigada por presunta corrupción, en una visita a la ciudad de Toledo hace tres años, en compañía de Milagros Tolón, entonces alcaldesa de la ciudad y ahora ministra de Educación.

Fue un recorrido por las obras de una céntrica oficina de Correos, destinada a convertirse en Museo Postal, ya que en ese momento Leire Díez ejercía como directora de Relaciones Institucionales de la entidad.

Este hecho ha llevado a Paco Núñez, presidente del PP regional, a pedir explicaciones por esta visita y a intentar vincular a Tolón con los episodios de presunta corrupción asociados a Díez. “Queremos saber qué ramificaciones tiene el 'caso Leire' en Castilla-La Mancha y hasta dónde afecta a dirigentes de la dirección del PSOE”, manifestaba este fin de semana.

A esta argumentación se ha sumado este lunes el coordinador provincial del Partido Popular de Toledo y diputado nacional, José Manuel Velasco, que ha reclamado hoy a Milagros Tolón y a los concejales socialistas que expliquen “si la obra del Museo Postal forma parte de la corrupción y las cloacas del PSOE”.

Una “regla de tres torticera” para el PSOE

Estas declaraciones han sido respondidas por Noelia de la Cruz, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo, que ha pedido a José Manuel Velasco explicaciones sobre “las numerosas fotografías” en las que aparecen alcaldes y concejales del PP junto a Leire Díez, “mientras el PP de Toledo insiste en tratar de construir una falsa relación entre esta persona y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón”.

De la Cruz considera que el PP está utilizando una “regla de tres torticera” para intentar embarrar el debate político y manipular a la ciudadanía“.

“Si el PP pretende relacionar a Milagros Tolón con Leire Díez por una visita en la que acompañaba al entonces director del Museo Postal y Telegráfico, Modesto Fraguas, y al director de Activos, Edelmiro Castro, tendrá que explicar entonces qué hacían alcaldes y concejales del Partido Popular fotografiándose y recibiendo a Leire Díez en distintos municipios de España”, ha afirmado.

Noelia de la Cruz ha explicado que existen imágenes públicas de responsables del PP, algunos todavía al frente o con responsabilidades en administraciones públicas, en ciudades como Nájera, Burgos, Algeciras o Valencia, donde Leire Díez fue recibida en visitas institucionales como la máxima autoridad.

“Siguiendo exactamente el mismo razonamiento absurdo que está utilizando el PP de Toledo, esos alcaldes tendrán que explicar qué asuntos turbios pactaron con ella”, ha añadido.

El delegado del Gobierno: intento de “emponzoñar la vida política”

También el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha se ha mostrado “indignado” este lunes por las acusaciones del PP, las cuales ha calificado como intentos de “emponzoñar la vida política”.

“Hay gente que solo disfruta inventando difamaciones con ánimo de hacer daño, de alterar la vida política y de alterar lo que les importa a los ciudadanos”, ha señalado el que fuera vicealcalde de Toledo durante el mandato de Tolón.

Sabrido ha asegurado que Leire Díez “se habrá reunido con políticos de toda clase”, por lo que considera “absolutamente repugnante” tachar de corrupto “a todo político que haya sido fotografiado” con ella. “Es absolutamente inconcebible”.

El delegado ha defendido la integridad de Milagros Tolón, a la que ha calificado de “absolutamente honrada” y ha ironizado sobre la posibilidad de que, en una visita al papa acompañando a un ministro, hubiera publicaciones que situaran la figura del delegado del Gobierno en el centro. “Por decir un disparate, si yo acompaño a un ministro a visitar al papa, no se dice el papa ha recibido a José Pablo Sabrido. Ha recibido al ministro, yo soy un acompañante”.

Además, Sabrido ha destacado que este encuentro se realizó en un lugar público, durante la visita a unas obras, con prensa y siendo Leire Díez una acompañante, “no la titular”, a la vez que destacaba que “se ha reunido con políticos de toda clase. Estoy convencido”.

“¿Qué diríamos de si esa reunión hubiera sido en un barco privado, donde solo estuvieran los dos? ¿Qué diríamos si esa reunión hubiera sido en un café a medianoche, no? Fue con luces y taquígrafos. No sé qué es lo que se pretende buscar con esto”, ha abundado.

Ha aprovechado este tema para confirmar que las obras del Museo Postal “están prácticamente finalizadas y ahora está pendiente de que se finalice el proyecto de musealización”, aunque sin poner fecha a la inauguración.

El proyecto de ley que tramita el Gobierno para reducir las ratios de estudiantes por aula y bajar las horas lectivas del profesorado le va a costar al Estado unos 2.818 millones de euros netos al año, según ha calculado EsadeEcPol en su informe La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico, durante una década.

Esta cifra media supone el 4% del gasto educativo total que realizó el Estado el año 2024, último con datos oficiales, pero alcanzará picos de hasta el 7,2% (5.169 millones de euros) el curso de máximo impacto debido al calendario de implantación progresiva. En total, según EsadeEcPol, Gobierno y, sobre todo, comunidades autónomas, invertirán 28.180 millones de euros en este programa en la próxima década.

Para los cálculos se parte del coste de crear nuevas aulas en las escuelas y contratar más profesorado para ajustarse a las ratios máximas de 22 estudiantes en Primaria y 25 en la ESO que fijará la nueva ley, siempre que sea aprobada por el Congreso (4.293 millones de euros anuales). A esa cantidad hay que restarle el ahorro que va a suponer la caída de la natalidad que va a llegar a la escuela en los próximos cursos porque liberará a docentes que se podrán utilizar para esta rebaja (1.475 millones de euros). Se ha obviado el efecto de reducir la semana lectiva del profesorado porque es una medida que tendrá menos impacto, ya que la mayoría de las comunidades autónomas ya la aplica.

Tres comunidades acaparan el gasto

El programa implicará, sostiene Esade, una inversión desigual. Dos de cada tres euros se destinarán a Andalucía, Catalunya y Madrid. Son las tres regiones con más alumnado, pero no acumulan tanto como el 63% del gasto que acapararán: suman aproximadamente el 50% de todos los estudiantes de Primaria y Secundaria.

Este desfase tiene que ver con el reparto del alumnado por los centros y la necesidad de ajustarse a las nuevas ratios o no de los diferentes colegios e institutos. Los tres factores que más inciden en el coste son “un volumen de alumnado elevado, ratios medias por encima del umbral de la reforma y una prevalencia relativamente alta del alumnado con necesidades educativas especiales” (cuentan doble a la hora de establecer las ratios), sostiene el informe, características que se dan en estas tres autonomías con más frecuencia que en el resto.

“Es mucho dinero”, reflexiona Lucas Gortázar, coautor del informe. “No estamos en contra de invertir ese dinero, todo lo contrario, pero pensamos que hay mejores maneras de hacerlo que bajando las ratios de todo el mundo por igual”, sostiene apoyado en un estudio previo, también de EsadeEcPol, que argumentaba que quitar dos estudiantes en una clase de 25 personas no tiene excesivo efecto (académico, principalmente).

Gortázar admite que puede resultar impopular esa afirmación en un contexto de fuertes huelgas docentes por medio país, pero cree que ese presupuesto tendría más sentido en acciones más dirigidas, como mejorar las condiciones salariales específicamente del profesorado que trabaje en centros de alta complejidad (una medida que en países como EEUU ha aprobado con éxito), por ejemplo, reforzar el exitoso programa de refuerzo extraescolar PROA+ o tutorías intensivas a gran escala, además de, también, bajar las ratios a los centros que más lo necesiten.

31% vs 22%

Porque, si no, se va a destinar más dinero (un 31% del total de la inversión) a centros con alumnado del primer cuartil socioeconómico (el 25% de los más acomodados) mientras que colegios e institutos que atienden a hogares del último cuartil recibirán un 22% de los fondos. Esto se debe básicamente, sostiene Esade, a que los estudiantes más ricos tienen ratios más altas y, por tanto, más aulas que desdoblar. La pregunta es si lo necesitan tanto.

EsadeEcPol sostiene que no, y cita el propio anteproyecto de ley, que en su exposición de motivos (la parte de una norma que la justifica) reconoce que “los mayores beneficios educativos de las reducciones de ratios se observan cuando estas intervenciones se realizan en determinados centros docentes. Centros en los que existe una elevada diversidad académica o un elevado número de estudiantes con necesidades complejas, como dificultades lingüísticas o necesidades especiales de apoyo educativo o ubicados en zonas de especial complejidad social”.

Una acción selectiva que el proyecto del Gobierno no hace y que va en línea con el anterior estudio de Esade, que sostenía que el efecto de bajar las ratios (cuando ya son relativamente bajas, en torno a 25 estudiantes por aula) es pequeño. “No se identifican efectos significativos sobre el rendimiento, el bienestar subjetivo del alumnado ni en la repetición”, sostiene aquel informe. Tampoco “se generan subgrupos con beneficios sustanciales (...) ni por nivel socioeconómico ni por curso o materia ni por características de centros docentes ni por la frecuencia de prácticas individualizadas”. Esto es, no hay beneficio significativo ni para el conjunto del estudiantado ni para algún pequeño grupo de alumnos, normalmente los más desfavorecidos, en básicamente ningún tipo de centro.

Este estudio levantó una cierta polémica entre la comunidad educativa, con voces a favor y en contra. Entre quienes lo rechazan se argumenta que “la educación no puede ser un cálculo financiero” y que “reducir la ratio del aula no es una varita mágica, pero tampoco es una variable neutra. Actúa como amplificador o amortiguador de otras dinámicas: la diversidad del grupo, la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, el nivel de disrupción, el clima emocional, la calidad de la interacción docente-estudiante. En un grupo de quince alumnos/as, esos factores operan de una manera; en uno de treinta, de otra muy distinta”, según escribía Teresa Esperabé, secretaria de Enseñanza de CCOO, en este artículo.

Gortázar admite que “es un momento complejo para la profesión, hay huelgas y las ratios son unas de las banderas de las movilizaciones”, en alusión a las protestas docentes que tienen paralizada la educación valenciana, catalana y la infantil en medio país, pero añade que “no necesariamente es una medida que vaya a ayudar al profesorado y al alumnado que más lo necesita”.

De fondo sobrevuela otra cuestión. Las dos ministras de Educación que ha habido desde las últimas elecciones, Pilar Alegría y Milagros Tolón, han calificado esta como “la legislatura del profesorado”, una vez aprobadas la ya no tan nueva ley educativa (Lomloe) y la de Formación Profesional (FP). Pero la “legislatura del profesorado” avanza sin avances, el Estatuto Docente del que habla la Lomloe no está ni se le espera en el corto plazo y la medida que debe mejorar la situación del profesorado depende ahora de que el Congreso apruebe una propuesta que carga la mayor parte del gasto en las comunidades autónomas, lo que puede poner en cuestión el apoyo necesario del PNV (descontado siempre el PP).

“Y de una supuesta reforma de la profesión docente acabamos en una medida que puede tener mucha demanda, pero creemos que ni siquiera ayuda a la profesión docente. Vas a hacer menos informes, sí, pero eso no es un cambio estructural”, cierra Gortázar.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha señalado este jueves, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que su postura siempre ha sido clara y es que el trasvase le parece “algo ya anacrónico”.

A preguntas de los medios, tras asistir al I Encuentro de Oratoria 'Conecta en Red' en Toledo, Tolón ha indicado que las políticas del Gobierno de España “lo que hacen es favorecer la solidaridad entre regiones pero también tener en cuenta algo tan importante” como el agua para Castilla-La Mancha, que también “es necesaria en nuestro territorio”.

“La política hidrológica del Gobierno de España ha cambiado con el Gobierno del presidente Sánchez y esto avala sobre todo los objetivos nuestros que son más solidaridad, más agua para todos y para todas”, ha indicado Tolón, que ha dicho desconocer cuándo se verá ese cambio tras la sentencia del Supremo. Tampoco se ha referido al cambio previsto en las normas de explotación de la infraestructura.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que imparte el profesorado. Con esta nueva ley, si la aprueba el Parlamento, el Gobierno fija los mínimos que las comunidades autónomas deben cumplir en ambos aspectos, aunque también pueden mejorarlos. De hecho, la norma no tendrá efecto en muchas autonomías, que ya habían alcanzado motu proprio las cifras que establece ahora el Ministerio de Educación. Otras, como Madrid o Galicia, sí tendrán que adaptar sus sistemas. La previsión es que la norma, que se aplicará de manera progresiva, esté plenamente operativa en el curso 2030-31.

El texto, negociado con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el Ministerio ha anunciado este mismo martes que empezará los trabajos para reducir las ratios de la etapa 0-3 después de que la ministra, Milagros Tolón, se haya reunido estos días con las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, cabeza visible de la huelga indefinida en el 0-3 que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos, una disposición por la que pelearon especialmente los sindicatos. Esta medida afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean privados con concierto o públicos.

Respecto a las horas lectivas máximas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), aunque la ley deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta segunda pata del ya proyecto de ley solo incluye al profesorado de la pública, un jarro de agua fría para los docentes de la concertada, que justo negocian su convenio estos días y aspiraban a igualarse con sus compañeros de los centros estatales.

“Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. [Esta ley] es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha valorado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Venimos a revertir los recortes de 2012”, ha sostenido la ministra.

¿Un estatuto docente al final del túnel?

Con esta ley, el Ministerio de Educación aprueba la primera pata de lo que pretende sea el futuro estatuto docente, una norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso, desarrollo y jubilación docentes. La ley educativa (Lomloe) obligaba al Gobierno a abrir esta negociación con los sindicatos, y el ministerio siempre apostó por ir aprobando cada hito según se fuera pactando en vez de esperar a tenerlo todo para aprobarlo como un bloque. En ese sentido, la aprobación de este martes puede considerarse un hito: es el primer paso que se da para conseguir algo parecido a una norma que regule la carrera del profesorado.

La bajada de ratios es una de las medidas más populares entre el profesorado, pese a que algunos estudios cuestionan la eficacia de esta medida una vez que se han alcanzado ciertas cotas. EsadeEcPol publicó recientemente uno que concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

El profesorado cuestiona este tipo de conclusiones porque, se argumenta, la educación es más que una nota en Lengua o Matemáticas o un cálculo financiero sobre cuánto cuesta algo. “La investigación internacional sobre tamaño de grupo y resultados educativos no ofrece una respuesta única, pero tampoco avala la idea de que la ratio sea irrelevante. Las revisiones sistemáticas más amplias, que agregan estudios de decenas de países, encuentran efectos estadísticamente significativos, especialmente en comprensión lectora y en los primeros años de escolarización. Además, hay un consenso bastante sólido en dos puntos: los beneficios son mayores en las etapas iniciales y entre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, donde más importa la equidad y la inclusión”, escribía en este diario Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.

El Gobierno ha calificado estos cuatro años como “la legislatura del profesorado” y la aprobación de este anteproyecto de ley es el primer paso concreto en ese sentido. “Estamos cumpliendo”, ha afirmado la ministra este martes.

La norma llega tras meses de protestas del profesorado en la calle. Los docentes de más de media España, de Andalucía a Catalunya pasando por Madrid, se sienten agraviados y poco valorados en su labor: sea por las ratios, por las horas lectivas, por las diferencias salariales, por la burocracia o por todas ellas, al menos diez comunidades autónomas han visto manifestaciones y/o huelgas docentes en los últimos meses. El Ministerio de Educación no tiene las competencias reales de muchos de estos aspectos, pero en otros –como las ratios o las horas lectivas– sí puede fijar el marco básico para las comunidades, como ha hecho este martes. Acceso (cómo son las oposiciones), retribuciones, nivel de los funcionarios, la jubilación y la carrera profesional esperan turno.

La huelga indefinida de la educación infantil en Madrid escala a todo el Estado. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado, con el respaldo jurídico de CGT, un paro nacional el próximo 7 de mayo, seguido de una gran marcha de todos el día 23 en Madrid, para denunciar en todo el país las condiciones en que se da (y recibe) clase en el primer ciclo de Educación Infantil, para bebés de entre 0 y 3 años. CCOO se ha sumado a la convocatoria este martes.

Las trabajadoras de infantil son las profesionales con peores condiciones de toda la educación. El 0-3 es un sector atomizado, con diferentes modelos (hay públicos, privados y públicos de gestión privada) y responsables: hay escuelas municipales y las hay autonómicas e incluso hay diferentes figuras profesionales (educadoras y maestras) atendiendo a los bebés.

Pero hay un elemento transversal a todo el sector: la precariedad. Aunque en los centros públicos las condiciones son mejores que en los privados, hay mujeres (el 95% de las profesionales lo son en esta etapa) cobrando poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de ocuparse de varios bebés.

Con esta situación, y ante la evidencia de que la única mejora que han visto en los últimos años ha sido la derivada de la subida del SMI, el sector ha dicho basta. PLEI prendió una mecha con la convocatoria de un paro indefinido hace dos semanas que ahora se traslada a todo el estado.

PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

También exige la plataforma la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

La plataforma se reunió hace unos días con la ministra de Educación, Milagros Tolón, y le ha arrancado a la responsable un compromiso para “empezar” los trabajos destinados a revisar las ratios en la etapa “antes del verano”. España tiene uno de los números de alumnado por aula más altos de Europa en la etapa del 0-3. Salvo alguna excepción, lo normal son ocho niños por clase entre 0 y 1 año, 12 entre uno y dos y 18 entre dos y tres. Y la normativa ni siquiera obliga a que haya una maestra por aula, solo una por cada tres, según los sindicatos, por lo que es posible (y pasa) que una educadora esté sola con hasta 18 bebés.

En los últimos años, el Gobierno ha invertido cientos de millones de euros (la mayoría, de fondos europeos) en financiar la creación de plazas de infantil en las comunidades autónomas (que tienen las competencias), pero apenas ha mejorado las condiciones laborales de sus trabajadoras.

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*Este artículo ha sido modificado para señalar que la huelga la convoca CGT junto a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). CCOO se ha sumado a la convocatoria.

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid... En los últimos meses ha habido huelgas, paros y/o manifestaciones docentes en media España porque el profesorado, desde Infantil hasta el Bachillerato, está harto de las condiciones en las que ejerce la profesión y lo que recibe a cambio. Cuentan los educadores que perciben que la sociedad no valora su labor, un intangible que puede que no saque a nadie a la calle, pero mina el ánimo, y no poco. “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias”, pide Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid, “a fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

Profesores y maestros salen a la calle o se encierran en centros para protestar por las condiciones materiales e inmateriales en que trabajan por todo el país. Hay problemas generales y problemas particulares en algunos territorios o etapas, pero todos llevan a la misma conclusión: la docencia se ejerce en condiciones cada vez peores y, en los últimos años, Lomloe mediante, la situación se ha vuelto más complicada porque la ley exige una atención individual al alumnado difícil de cumplir.

El exceso de estudiantes por aula, las horas lectivas semanales, los salarios, la temporalidad de buena parte de las plantillas, que además tiene peores condiciones, o la interminable burocracia aparecen en todas las encuestas como los principales problemas del día a día del colectivo; las familias contestatarias o incluso que acuden a las reuniones con tutores con abogados, la gestión emocional del alumnado, controlar las crecientes conductas autolíticas en los centros, el acoso, los móviles y las redes sociales, junto a una sensación de abandono de la educación pública en algunas comunidades autónomas completan un frente de batalla demasiado grande para gestionar.

Y los docentes, cansados, salen a protestar. El descontento es tan generalizado que ha conseguido que sindicatos de ideologías contrarias se pongan de acuerdo para cerrar acciones reivindicativas. Desde las mareas verdes, que inundaron las calles contras los recortes la década pasada, no se manifestaba tanto hartazgo. En un sector que ya tiene problemas para atraer a profesionales, sobre todo en determinados perfiles técnicos, uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejarlo, según una macroencuesta a docentes. Uno de cada seis sufre altos niveles de estrés.

De Catalunya a Galicia

En Catalunya hubo hace un mes una manifestación histórica bajo el lema ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia; miles de personas salieron a la calle en Zaragoza en defensa de la educación pública a principios de año tras tres días de huelga; hace un año el profesorado vasco le echó un pulso de cinco días al Gobierno autonómico y lo ganó; Galicia va a por el sexto día de huelga en lo que va de curso para reivindicar mejoras de las ratios, atención a la diversidad o la recuperación de derechos perdidos la década pasada; los docentes cántabros también sacaron rédito de una huelga en octubre seguida de paros este 2026; sus colegas asturianos exigieron mejoras con una huelga el pasado verano. En Extremadura el profesorado salió a la calle para pedir una equiparación salarial con otras comunidades en un aspecto que provoca gran fricción según dónde: las diferencias en las nóminas entre regiones pueden llegar hasta los 700 euros al mes.

Este mismo viernes los principales sindicatos valencianos amenazan con darle continuidad a la huelga del pasado 31 de marzo con más paros. En Madrid la comunidad educativa lleva como mínimo un par de años protestando por cuestiones varias y estos días las educadoras de infantil, las trabajadoras más precarias de todo el sector educativo, están llevando a cabo una huelga indefinida porque no pueden más. Y eso sin contar al sector universitario, en guerra abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos, de infantil a la universidad, salen a la calle este domingo en la capital a decirle a la mandataria lo que piensan de su política educativa. En Castilla-La Mancha también ha habido protestas recientes.

El Ministerio de Educación tiene un margen de actuación limitado porque las competencias son autonómicas, pero sí está en su mano sacar adelante el estatuto docente, una norma que regule la carrera (ahora mismo no existe nada), la formación inicial, continua, el acceso y otras condiciones como las horas lectivas o las ratios (luego los Ejecutivos autonómicos pueden mejorar esos mínimos).

El anterior equipo ministerial, liderado por Pilar Alegría, abrió ese melón (tampoco era voluntario, estaba establecido en la ley) que continúa la actual responsable, Milagros Tolón, y está tramitando en el parlamento una bajada de las ratios y las horas lectivas, aunque aprobó el primer borrador en noviembre y no se ha vuelto a saber. Todo va muy despacio. Las negociaciones empezaron en enero de 2025 y los docentes aún no tienen nada que echarse a la boca, recuerda García. “La legislatura del profesorado”, como la definió el Gobierno, amenaza con concluir a medias.

¿Qué está pasando?

¿Se ha deteriorado tanto la situación o simplemente el goteo de agravios sentidos ha acabado por desbordar el vaso? En los últimos meses se suceden los estudios y encuestas que tratan de dar respuesta a la cuestión. CCOO habla de aulas más complejas y menos recursos; STES de burocracia, aulas masificadas y faltas de respeto, el think tank EsadeEcPol añade un peor clima de aprendizaje, salarios estancados o falta de políticas públicas específicas. Además, según avanza el curso más se nota el agotamiento.

“Está pasando que la complejidad en las aulas ha aumentado”, resume Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO. “En los últimos seis años el alumnado con necesidades educativas especiales ha subido un 75%, pero los recursos un 25%. Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, opina.

Su homóloga Beatriz García, de UGT, habla de “maltrato” a los docentes y recuerda que son el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes que empezaron en 2010 a raíz de la crisis de hipotecas. “Pasa el tiempo y no se avanza en nada. Hay mucha voluntad de poner en marcha nuevas normas y decretos que avancen en nuevas y mejores condiciones para el profesorado, la gratuidad del 0-3, etc., pero los pasos que se dan son muy pequeños. Dos para delante y tres para atrás”, sostiene.

La directora Rocha hace especial hincapié en la burocracia, y señala directamente a la Lomloe. La ley educativa, aprobada en 2021 como respuesta a la segregadora Lomce del PP, propone una atención individualizada que, según Rocha, “ha cambiado la realidad del profesorado”. “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... que hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Faltan recursos para atender todo lo que la ley pide, coincide Esperabé. “Falta personal de apoyo educativo, orientador, de enfermería”, sostiene. En Madrid, por ejemplo, no hay un solo centro que tenga la plantilla completa, según denunciaron los directores hace unos meses.

Esta falta de personal no es óbice para que las tareas de los docentes se multipliquen, recuerda Rocha, y los docentes sienten que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”.

Y sienten que a cambio no reciben lo que merecen, desde un cierto reconocimiento social hasta un salario acorde. “No es medible”, concede Esperabé, “pero ese papel y reconocimiento docente que antes estaba ahí ahora ya no”, asegura. Rocha coincide en que las familias –no todas, sí muchas– han perdido el respeto al profesorado y lo que antes era un apoyo incondicional ahora es defender al hijo sí o sí, cuando no se presentan con un abogado, casos no muy habituales, pero que se empiezan a dar, asegura. “Cuestionan nuestro trabajo, cuestionan las sanciones, se pone en duda la palabra del profesor... Esas actitudes socavan mucho el ánimo y el bienestar emocional del profesorado. Y hablamos mucho del bienestar del alumnado, pero ¿y los profesores? De eso no se habla, pero cada vez hay más bajas por esta cuestión”, sostiene. Raro es el docente que no conoce a algún compañero que haya estado de baja por estas razones. “Tienen que cuidarnos un poco más, hacemos muy buen trabajo para la sociedad”, cierra Rocha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el próximo martes, día 31 de marzo, en Consejo de Gobierno, el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha calificado de “doloroso” denunciar al Gobierno de España, “por el incumplimiento de sentencias en relación con el agua”, en referencia a las cinco sentencias ganadas en el Tribunal Supremo “a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha”, que “no se ganan así como así”.

“Son años peleando”, ha lamentado el presidente regional, apuntando que después de esta pelea ya han pasado “otros cuatro años sin cumplir con las sentencias”.

La ministra apela al consenso dialogado

A esta cuestión ha respondido desde Toledo, la exalcaldesa de la ciudad y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Ha defendido que el tema del agua “se soluciona hablando y, sobre todo, con diálogo y con consenso” antes que acudir a los tribunales.

A su juicio, se trata de una cuestión que “se puede evitar hablando” con el Ministerio de Transición Ecológica. Y tras reseñar que siempre defenderá “el no al trasvase” porque sabe lo que significa, ha querido subrayar “algo que es muy importante, y es el cambio de talante de este Gobierno con respecto a otros gobiernos en el tema del agua” y del Tajo, donde se han “sacado adelante cuestiones que parecían de alguna forma que no se iban a poder sacar con respecto al tema del Tajo”.

Toledo entre eslóganes, promesas y una realidad cada vez más difícil de explicar transcurrió la pasada campaña electoral del año 2023.

Hoy estamos a menos de un año de las próximas elecciones municipales y los ciudadanos debemos ser conscientes de las gestiones que se han realizado durante esta legislatura.

Hace no tanto, en plena campaña electoral, el Partido Popular de Toledo decidió presentarse ante la ciudad con un lema aparentemente ingenioso: “Hechos, no milagros”. Un juego de palabras que apuntaba con cierta ironía a la anterior alcaldesa, Milagros Tolón. Una frase breve, fácil de recordar y perfecta para resumir la promesa de una nueva etapa basada en la gestión.

La política municipal, sin embargo, tiene una particularidad: el tiempo pasa rápido, pero la memoria de las ciudades es más larga de lo que algunos creen.

Hace apenas unas semanas hablaba de cómo una ciudad puede terminar olvidándose de su propio deporte. No era una exageración literaria ni una licencia retórica. Era el reflejo de una realidad que conocen bien clubes, deportistas y usuarios de instalaciones públicas.

Porque sí, Toledo logró algo que sobre el papel sonaba magnífico así como a la vez vaciaba el pírrico presupuesto para la actividad física en la ciudad: la llamada Ciudad del Deporte. El problema es que ese logro ha terminado traduciéndose en accesos complicados, instalaciones que distan mucho de lo prometido y clubes que, como tantas veces ocurre, han tenido que adaptarse a decisiones tomadas lejos del día a día del deporte base.

En paralelo, Toledo también se embarcó en otro gran proyecto: la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura. Una iniciativa que movilizó ilusión, influencia institucional y una considerable cantidad de recursos públicos.

El desenlace es conocido: Toledo no lo consiguió.

Y cuando una ciudad invierte ilusión, tiempo y dinero en un objetivo que finalmente no llega, lo mínimo que cabe esperar es una reflexión honesta sobre lo ocurrido. Porque la ilusión colectiva no es un recurso infinito, y gastar la energía de una ciudad entera debería servir al menos para algo más que para llenar unas cuantas presentaciones institucionales.

Pero quizá lo más llamativo esté llegando ahora.

El último debate municipal gira en torno al transporte urbano. Y la solución que parece haberse encontrado consiste en aplicar descuentos vinculados al empadronamiento. Es decir, convertir el acceso al transporte público en una especie de sistema selectivo donde unos pagan menos y otros pagan más dependiendo de si su nombre figura o no en el padrón municipal.

Puede que desde un despacho la idea parezca razonable. Pero desde la calle resulta difícil no verlo como algo bastante más sencillo de explicar: una forma de convertir el transporte público en un privilegio administrativo en lugar de una herramienta de movilidad para todos.

Lo curioso es que esta medida convive con un discurso oficial que insiste en presentar Toledo como una ciudad abierta, acogedora y hospitalaria.

Una ciudad abierta, sin embargo, no suele empezar poniendo condiciones para subirse a un autobús.

Y una ciudad que aspira a ser sostenible suele intentar exactamente lo contrario: facilitar que más gente utilice el transporte público, no restringirlo mediante pequeños filtros burocráticos.

Quizá el problema de Toledo no sea la falta de ideas.

Quizá el problema sea que demasiadas decisiones parecen pensadas para el titular del día siguiente y no para la ciudad de dentro de diez años.

Así que, cuando uno vuelve a recordar aquel lema de campaña —“Hechos, no milagros”— es inevitable preguntarse si el problema nunca estuvo en elegir entre milagros o hechos.

Porque Toledo, a estas alturas de legislatura, empieza a tener la sensación de haberse quedado justo en medio.

Ni milagros que transformen la ciudad.

Ni hechos que realmente la impulsen.

Y cuando eso ocurre, lo que queda ya no es política.

Quizá el problema nunca fue elegir entre milagros o hechos.

El problema es que Toledo empieza a acostumbrarse peligrosamente a otra cosa: a la política de los anuncios, de las promesas bien envueltas y de las decisiones que siempre parecen tener explicación, pero rara vez resultados.

Porque cuando una ciudad pierde oportunidades, desgasta la ilusión de su gente y empieza a convertir lo público en algo cada vez menos accesible, lo que falla no es el eslogan.

Lo que falla es la gestión.

Y a un año de elecciones, la pregunta que muchos toledanos empiezan a hacerse es bastante sencilla: si esto eran los hechos… ¿Cómo habrían sido los milagros?

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que la bajada de ratios en las aulas tiene “beneficios” para el alumno y ha confirmado que el anteproyecto de ley que incluye esta medida incluirá memoria económica.

Así lo ha manifestado este viernes Tolón en declaraciones a los medios, antes de presidir la Conferencia Sectorial de Educación con representantes de las comunidades autónomas en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En la reunión, la ministra va a informar a las comunidades autónomas sobre el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Esta norma, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros a finales de 2025 y con Pilar Alegría todavía al frente de la cartera de Educación, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

El anteproyecto de ley que presenta este viernes Tolón a los representantes autonómicos fija rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

También contempla establecer un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

Una reforma “que pide” la comunidad educativa

Tras la Conferencia Sectorial, el Ministerio, según ha avanzado Tolón, convocará una mesa sindical y, posteriormente, el anteproyecto llegará al Consejo de Ministros para empezar el trámite parlamentario.

“Lo más importante es seguir avanzando. Si nos dicen (las CC.AA.) que paralicemos el anteproyecto, el Gobierno lo tiene claro: Es necesario esta reforma porque lo pide la comunidad educativa”, ha zanjado Tolón, al tiempo que ha destacado que la norma ya cuenta con el visto bueno del Consejo Escolar del Estado y ha asegurado que van a ser “flexibles” antes de aprobarla en segunda vuelta en el Consejo de Ministros: “Cuantas más aportaciones mucho mejor”.

En su intervención, Tolón ha hecho hincapié en la voluntad de diálogo y ha recordado que lleva 74 días como ministra y ya ha celebrado una Conferencia Sectorial online y una presencial, la de este viernes.

“Estamos dispuestos totalmente a la participación y a tener en cuenta cualquier cuestión que nos puedan plantear, es importante escuchar a las comunidades autónomas. Vamos a ofrecer cualquier ayuda para que las comunidades puedan sentirse atendidas”, ha puntualizado la ministra.

Entre los puntos del orden del día de la reunión de este viernes destaca el reparto de 58,5 millones de euros destinados a ayudas para libros de texto y material educativo para 2026, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Castilla-La Mancha pide cautela en su aplicación y financiación

Mientras, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, que hoy ha coincidido con la ministra en un acto en Toledo, ha aplaudido la propuesta de anteproyecto de ley de bajada de ratios ofrecido por el Ministerio, si bien ha puesto el acento en que la comunidad autónoma ya ha dado en el pasado pasos en ese sentido, al tiempo que ha reclamado no solo “cautela”, sino, además, financiación adecuada para que los territorios puedan implementar la propuesta.

“Quizá los propósitos de este anteproyecto de ley son muy buenos y son compartidos por todas las comunidades autónomas”, pero “hay que ser muy cautelosos en el calendario que se propone”.

“Si ese calendario viene a acelerar el ritmo que llevamos las diferentes comunidades, es de justicia que reclamemos la financiación al Estado que tiene que acompañar a esas medidas que tenemos que implementar”, ha dicho, incidiendo en que “no solamente por una voluntad política” puede llevarse a cabo esta reducción.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, espera que “pidan perdón” y también las “disculpas” del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, y de aquella “gente de la izquierda” que ha vinculado el resultado de las elecciones de Aragón del domingo con la labor del expresidente socialista, ya fallecido, Javier Lambán.

En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), López defendió la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas –como es el caso de la aspirante aragonesa, Pilar Alegría– y, ante los malos resultados en los comicios del domingo, dijo que el PSOE de Aragón encabezado por Javier Lambán no se dedicó a hacer “oposición” al presidente popular de Aragón, Jorge Azcón, tras llegar Alegría al territorio.

“En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha”, abundaba, recibiendo las críticas de los socialistas aragoneses. 

Hoy, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha dicho en una entrevista en Onda Cero que cuando escuchó a Óscar López y pese a que está “muy acostumbrado a escuchar barbaridades”, le suscitó “incluso un bloqueo”. “Me supuso dolor, pero llevado un poco más de fondo me supuso mucha tristeza”.

“Es especialmente duro aparte de totalmente injusto”

“Yo supongo que hoy”, ha indicado el socialista, “pedirán disculpas, pedirán perdón”, convencido de que “lo malo” no es solo decirlo “es incluso pensarlo”, sobre todo “porque no es cierto”, y ha admitido que lo de ayer le pareció “especialmente duro aparte de totalmente injusto”.

Preguntado por el hecho de que hable en plural a la hora de reclamar disculpas, cuando las declaraciones sobre Lambán las realizó Óscar López, el socialista castellanomanchego ha apuntado que “la excusa más grande que se está fabricando en la actualidad es Vox” y que hay “un deseo inmenso de mucha gente de la izquierda que quiere que crezca Vox, incluso hace lo posible porque crezca Vox, para tener con eso una excusa y un relato”, ha justificado.

“La verdad es que es muy triste, pero ya se pueden hacer una idea de lo enormemente duro que es discrepar, y la discrepancia era consustancial a la izquierda, que yo recuerde”, ha lamentado, criticando que se hayan hecho esas declaraciones sobre todo después de fallecido Lambán, quien además “aguantó en responsabilidades políticas en una lucha inmensa contra un cáncer atroz que se le fue multiplicando”.

“Y en medio de todos los tratamientos, en medio de todo el dolor, estuvo, y tengo que decir que estuvo como no van a estar muchos manteniendo su palabra y sus ideas y sus convicciones, siendo coherente”, ha destacado Emiliano García-Page.

Dicho esto, ha asumido que “el precio de la coherencia se paga caro en estos momentos” y ha insistido en que “de todo corazón que pidan disculpas, aunque solo sea por establecer algo de alma en la situación” pues “no se puede traficar con el alma del socialismo pactando con quien sea, incluso con la extrema derecha independentista y esperar que haya consideraciones con alma. La realidad es que no se puede llegar a ser mejor político a costa de ser peor persona”.

Las elecciones en Extremadura

Como ya hizo ayer, se ha pronunciado sobre las elecciones en Extremadura y el hecho de que el PSOE no se vaya a abstener para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura, ha señalado que no se puede tener esa idea “un poco impostada” y, sobre todo, “muy oportunista, solo cuando ellos lo necesitan”.

A su juicio, un planteamiento de ese tipo “tendría que asumirse con carácter general en España, que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo en que no se pactaría con los extremos”, pero “así dicho, tendría que escenificarse y tendría que someterse a la urna” y “avisar a los electores” ya que, de lo contrario, “muchos se considerarían traicionados”.

Aunque la opción “podría caber”, ha concluido aseverando que “en este momento es absolutamente inviable este debate y cualquier otro, sinceramente porque la situación es simplemente aplicar el manual de bunkerización”.

Tolón sobre las palabras de López: “Una polémica que alimenta la derecha”

También la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, de visita en Illescas (Toledo) se ha referido a “lo que pasó ayer con Óscar López”, y cree que “es una polémica que está alimentando el Partido Popular y la ultraderecha”.

“A nosotros no nos van a dar lecciones de sensibilidad”, ha enfatizado.

El ministro Óscar López ha rechazado hoy retractarse de sus palabras, alegando su derecho de “discrepancia política” desde el “respeto”.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado este viernes que no comparte las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González en las que aseguró que votará en blanco en las próximas elecciones generales si el PSOE cuenta con su actual secretario general, Pedro Sánchez, como candidato.

Así ha reaccionado Tolón al ser preguntada por la decisión de González durante la visita que ha realizado al Centro Integrado de Formación Profesional Condestable Álvaro de Luna en Illescas (Toledo).

“Es una opinión de una persona que respeto muchísimo porque ha sido presidente del Gobierno en España y que ha hecho una transformación total”, ha señalado la ministra, quien ha dejado claro que la afirmación del expresidente es algo que ella no comparte.

Ayer mismo, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page quitó hierro a las declaraciones de González. “Ya verán. Aflorará el cariño de Felipe González por el valor histórico del PSOE, comulgue o no con la dirección actual”. aseguró.