La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, ha dado importancia a que el nuevo modelo de financiación autonómica se aborde “ya” en el mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de que primero se convoque una Conferencia de Presidentes.

Así ha respondido Tolón tras un acto en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, señalando que el nuevo modelo de financiación “no puede esperar a octubre”.

“Es importante que se reúna ya ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes de que termine el mes de julio”, ha incidido. Así, ha explicado que la Conferencia de Presidentes va a ser en otoño “porque antes no ha podido ser”, debido a las elecciones autonómicas celebradas recientemente.

Tolón ha señalado que “lo importante” es que el Gobierno de España va a presentar presupuestos, poniendo el foco en que con el Ejecutivo de Pedro Sánchez las comunidades han recibido 300.000 euros más que con el PP, de los cuales Castilla-La Mancha ha recibido 12.500 millones más y se prevé para el próximo año sean 1.200 millones más.

Bajada sobre bajada, el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El departamento que dirige Milagros Tolón también propone reducir el estudiantado en las clases de Bachillerato, en una maniobra que, junto a la ley que se tramita para hacer lo mismo en Primaria y Secundaria, completaría una bajada de ratios histórica en toda la etapa educativa preuniversitaria, según ha adelantado El País.

En esta negociación que mantiene abierta con las organizaciones sindicales, Educación trata así de abordar el descontento docente, que se ha manifestado en los últimos meses, especialmente en la Comunitat Valenciana, en Catalunya y entre las trabajadoras de Infantil, que ya han protagonizado dos paros estatales. En Madrid están en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

Así, para Infantil, Educación propone que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora). En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cifra máxima sería 20, según la propuesta del ministerio (desde 25) y en Bachillerato 30 (35 en este momento).

CCOO ha valorado la propuesta positivamente. “El único pero es que plantean que [implantar las nuevas ratios] sea progresivo, iniciándose en el curso 27/28 y finalizando en el 29/30”, ha expresado el sindicato a través de un comunicado.

El descenso de las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado en las protestas que ha protagonizado esta primavera y que amenazan con volver en septiembre si nada cambia. Estas reivindicaciones, en forma de huelgas, se dirigen contra los Gobiernos regionales, que tienen las competencias directas en educación, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco mínimo al que las comunidades deban atenerse.

Hasta ahora las diferentes ministras habían optado por no tocar las ratios —pese a que se le viene exigiendo al Gobierno desde que tramitó la Lomloe, en 2020—, pero finalmente Educación, que al menos a nivel de declaraciones se había mostrado comprensivo con las protestas de las educadoras de Infantil, ha entrado de lleno en la materia y bajará todas las ratios.

La situación era especialmente precaria en Infantil, donde además de las condiciones laborales —hay maestras y educadoras cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional— las educadoras podían estar a cargo de hasta 20 niños por aula en algunos modelos.

“El 100% de las escuelas infantiles cerrarán”

La patronal de centros privados Acade ha emitido un comunicado un par de horas después de conocerse la oferta de Educación en el que expresa su “profunda preocupación” por la medida y advierte de que “podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de educación infantil existentes en España”. La organización lamenta que el anuncio del Ministerio se produce sin diálogo y señala que “más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza” porque “Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública”.

Según Acade, si se rebajan las ratios a la mitad se perderían “más de 60.000 puestos de trabajo” y “se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes”.

El sector privado de la educación infantil, en la que conviven modelos de gestión pública, privada y mixtos (públicos de gestión privada) es el que peores condiciones laborales ofrece a sus empleadas, con salarios apenas por encima del SMI.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que las comunidades autónomas “tienen dinero” del Gobierno de España para la climatización de los centros educativos.

“Somos sensibles a este problema y lo más importante es que ponemos solución”, ha zanjado este martes Tolón en su intervención a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha incidido en que son “muy sensibles” a las reivindicaciones y protestas “no solamente de los padres, sino de los niños, adolescentes”. “Yo comparto totalmente esas reivindicaciones”, ha puntualizado.

En este sentido, ha destacado que el cambio climático “lo que está haciendo es que los veranos cada vez sean más largos”. “Los niños que todavía no han terminado el curso pasan durante mucho tiempo calor, sobre todo los meses ya de abril y mayo”, ha advertido.

El 15% de los centros se han acogido a la medida

Aunque ha recordado que la competencia “no es del Ministerio”, Tolón ha explicado que el Gobierno, por medio de dos ministerios, “ha dado ayudas”.

En primer lugar, ha detallado durante los últimos meses se han puesto a disposición de las comunidades autónomas 1.080 millones de euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana “para climatizar no solamente los colegios, sino los servicios públicos que requieran, de alguna forma, asistencia para que puedan vivir mejor”.

“Esto me dicen que ha habido el 15% de los centros educativos se han acogido a esta medida, con lo cual las comunidades autónomas tienen dinero del Ministerio para poderlo llevar a cabo”, ha manifestado la responsable de Educación, destacando que el Ministerio Ecológica y Reto Demográfico aprobará próximamente 200 millones de euros “exclusivamente para los centros educativos para que se puedan acoger a esta medida”.

La educación “es un pilar fundamental”

Sobre una posible una huelga de docentes a nivel nacional, Tolón ha defendido que para el Gobierno “la educación es un pilar fundamental, que fortalece la democracia y la igualdad”.

En este contexto, ha hecho hincapié en que “la gestión de la educación la llevan las comunidades autónomas” y ha reconocido que al Ministerio le “preocupa muchísimo” que se cumplan los objetivos.

También ha recalcado que la ley de bajada de ratios y reducción de horas lectivas se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de “mejorar la calidad de la educación”.

“La educación es vital para este Gobierno, la educación es importantísima para un país como es el nuestro y es, por tanto, importante que también las comunidades autónomas cumplan y se esfuercen en dialogar, en llegar a acuerdos y en saber gestionar bien el dinero público que, en este caso, reciben del Estado, que es el doble de lo que recibían cuando gobernaba el Partido Popular”, ha aseverado.

Una fotografía de febrero de 2023 ha sido la excusa para que el Partido Popular trate de sembrar la sospecha sobre los dirigentes del PSOE castellanomanchego y vincularlos con la exmilitante socialista Leire Díez.

La instantánea mostraba a Díez, que actualmente está siendo investigada por presunta corrupción, en una visita a la ciudad de Toledo hace tres años, en compañía de Milagros Tolón, entonces alcaldesa de la ciudad y ahora ministra de Educación.

Fue un recorrido por las obras de una céntrica oficina de Correos, destinada a convertirse en Museo Postal, ya que en ese momento Leire Díez ejercía como directora de Relaciones Institucionales de la entidad.

Este hecho ha llevado a Paco Núñez, presidente del PP regional, a pedir explicaciones por esta visita y a intentar vincular a Tolón con los episodios de presunta corrupción asociados a Díez. “Queremos saber qué ramificaciones tiene el 'caso Leire' en Castilla-La Mancha y hasta dónde afecta a dirigentes de la dirección del PSOE”, manifestaba este fin de semana.

A esta argumentación se ha sumado este lunes el coordinador provincial del Partido Popular de Toledo y diputado nacional, José Manuel Velasco, que ha reclamado hoy a Milagros Tolón y a los concejales socialistas que expliquen “si la obra del Museo Postal forma parte de la corrupción y las cloacas del PSOE”.

Una “regla de tres torticera” para el PSOE

Estas declaraciones han sido respondidas por Noelia de la Cruz, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Toledo, que ha pedido a José Manuel Velasco explicaciones sobre “las numerosas fotografías” en las que aparecen alcaldes y concejales del PP junto a Leire Díez, “mientras el PP de Toledo insiste en tratar de construir una falsa relación entre esta persona y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón”.

De la Cruz considera que el PP está utilizando una “regla de tres torticera” para intentar embarrar el debate político y manipular a la ciudadanía“.

“Si el PP pretende relacionar a Milagros Tolón con Leire Díez por una visita en la que acompañaba al entonces director del Museo Postal y Telegráfico, Modesto Fraguas, y al director de Activos, Edelmiro Castro, tendrá que explicar entonces qué hacían alcaldes y concejales del Partido Popular fotografiándose y recibiendo a Leire Díez en distintos municipios de España”, ha afirmado.

Noelia de la Cruz ha explicado que existen imágenes públicas de responsables del PP, algunos todavía al frente o con responsabilidades en administraciones públicas, en ciudades como Nájera, Burgos, Algeciras o Valencia, donde Leire Díez fue recibida en visitas institucionales como la máxima autoridad.

“Siguiendo exactamente el mismo razonamiento absurdo que está utilizando el PP de Toledo, esos alcaldes tendrán que explicar qué asuntos turbios pactaron con ella”, ha añadido.

El delegado del Gobierno: intento de “emponzoñar la vida política”

También el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha se ha mostrado “indignado” este lunes por las acusaciones del PP, las cuales ha calificado como intentos de “emponzoñar la vida política”.

“Hay gente que solo disfruta inventando difamaciones con ánimo de hacer daño, de alterar la vida política y de alterar lo que les importa a los ciudadanos”, ha señalado el que fuera vicealcalde de Toledo durante el mandato de Tolón.

Sabrido ha asegurado que Leire Díez “se habrá reunido con políticos de toda clase”, por lo que considera “absolutamente repugnante” tachar de corrupto “a todo político que haya sido fotografiado” con ella. “Es absolutamente inconcebible”.

El delegado ha defendido la integridad de Milagros Tolón, a la que ha calificado de “absolutamente honrada” y ha ironizado sobre la posibilidad de que, en una visita al papa acompañando a un ministro, hubiera publicaciones que situaran la figura del delegado del Gobierno en el centro. “Por decir un disparate, si yo acompaño a un ministro a visitar al papa, no se dice el papa ha recibido a José Pablo Sabrido. Ha recibido al ministro, yo soy un acompañante”.

Además, Sabrido ha destacado que este encuentro se realizó en un lugar público, durante la visita a unas obras, con prensa y siendo Leire Díez una acompañante, “no la titular”, a la vez que destacaba que “se ha reunido con políticos de toda clase. Estoy convencido”.

“¿Qué diríamos de si esa reunión hubiera sido en un barco privado, donde solo estuvieran los dos? ¿Qué diríamos si esa reunión hubiera sido en un café a medianoche, no? Fue con luces y taquígrafos. No sé qué es lo que se pretende buscar con esto”, ha abundado.

Ha aprovechado este tema para confirmar que las obras del Museo Postal “están prácticamente finalizadas y ahora está pendiente de que se finalice el proyecto de musealización”, aunque sin poner fecha a la inauguración.

El proyecto de ley que tramita el Gobierno para reducir las ratios de estudiantes por aula y bajar las horas lectivas del profesorado le va a costar al Estado unos 2.818 millones de euros netos al año, según ha calculado EsadeEcPol en su informe La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico, durante una década.

Esta cifra media supone el 4% del gasto educativo total que realizó el Estado el año 2024, último con datos oficiales, pero alcanzará picos de hasta el 7,2% (5.169 millones de euros) el curso de máximo impacto debido al calendario de implantación progresiva. En total, según EsadeEcPol, Gobierno y, sobre todo, comunidades autónomas, invertirán 28.180 millones de euros en este programa en la próxima década.

Para los cálculos se parte del coste de crear nuevas aulas en las escuelas y contratar más profesorado para ajustarse a las ratios máximas de 22 estudiantes en Primaria y 25 en la ESO que fijará la nueva ley, siempre que sea aprobada por el Congreso (4.293 millones de euros anuales). A esa cantidad hay que restarle el ahorro que va a suponer la caída de la natalidad que va a llegar a la escuela en los próximos cursos porque liberará a docentes que se podrán utilizar para esta rebaja (1.475 millones de euros). Se ha obviado el efecto de reducir la semana lectiva del profesorado porque es una medida que tendrá menos impacto, ya que la mayoría de las comunidades autónomas ya la aplica.

Tres comunidades acaparan el gasto

El programa implicará, sostiene Esade, una inversión desigual. Dos de cada tres euros se destinarán a Andalucía, Catalunya y Madrid. Son las tres regiones con más alumnado, pero no acumulan tanto como el 63% del gasto que acapararán: suman aproximadamente el 50% de todos los estudiantes de Primaria y Secundaria.

Este desfase tiene que ver con el reparto del alumnado por los centros y la necesidad de ajustarse a las nuevas ratios o no de los diferentes colegios e institutos. Los tres factores que más inciden en el coste son “un volumen de alumnado elevado, ratios medias por encima del umbral de la reforma y una prevalencia relativamente alta del alumnado con necesidades educativas especiales” (cuentan doble a la hora de establecer las ratios), sostiene el informe, características que se dan en estas tres autonomías con más frecuencia que en el resto.

“Es mucho dinero”, reflexiona Lucas Gortázar, coautor del informe. “No estamos en contra de invertir ese dinero, todo lo contrario, pero pensamos que hay mejores maneras de hacerlo que bajando las ratios de todo el mundo por igual”, sostiene apoyado en un estudio previo, también de EsadeEcPol, que argumentaba que quitar dos estudiantes en una clase de 25 personas no tiene excesivo efecto (académico, principalmente).

Gortázar admite que puede resultar impopular esa afirmación en un contexto de fuertes huelgas docentes por medio país, pero cree que ese presupuesto tendría más sentido en acciones más dirigidas, como mejorar las condiciones salariales específicamente del profesorado que trabaje en centros de alta complejidad (una medida que en países como EEUU ha aprobado con éxito), por ejemplo, reforzar el exitoso programa de refuerzo extraescolar PROA+ o tutorías intensivas a gran escala, además de, también, bajar las ratios a los centros que más lo necesiten.

31% vs 22%

Porque, si no, se va a destinar más dinero (un 31% del total de la inversión) a centros con alumnado del primer cuartil socioeconómico (el 25% de los más acomodados) mientras que colegios e institutos que atienden a hogares del último cuartil recibirán un 22% de los fondos. Esto se debe básicamente, sostiene Esade, a que los estudiantes más ricos tienen ratios más altas y, por tanto, más aulas que desdoblar. La pregunta es si lo necesitan tanto.

EsadeEcPol sostiene que no, y cita el propio anteproyecto de ley, que en su exposición de motivos (la parte de una norma que la justifica) reconoce que “los mayores beneficios educativos de las reducciones de ratios se observan cuando estas intervenciones se realizan en determinados centros docentes. Centros en los que existe una elevada diversidad académica o un elevado número de estudiantes con necesidades complejas, como dificultades lingüísticas o necesidades especiales de apoyo educativo o ubicados en zonas de especial complejidad social”.

Una acción selectiva que el proyecto del Gobierno no hace y que va en línea con el anterior estudio de Esade, que sostenía que el efecto de bajar las ratios (cuando ya son relativamente bajas, en torno a 25 estudiantes por aula) es pequeño. “No se identifican efectos significativos sobre el rendimiento, el bienestar subjetivo del alumnado ni en la repetición”, sostiene aquel informe. Tampoco “se generan subgrupos con beneficios sustanciales (...) ni por nivel socioeconómico ni por curso o materia ni por características de centros docentes ni por la frecuencia de prácticas individualizadas”. Esto es, no hay beneficio significativo ni para el conjunto del estudiantado ni para algún pequeño grupo de alumnos, normalmente los más desfavorecidos, en básicamente ningún tipo de centro.

Este estudio levantó una cierta polémica entre la comunidad educativa, con voces a favor y en contra. Entre quienes lo rechazan se argumenta que “la educación no puede ser un cálculo financiero” y que “reducir la ratio del aula no es una varita mágica, pero tampoco es una variable neutra. Actúa como amplificador o amortiguador de otras dinámicas: la diversidad del grupo, la presencia de alumnado con necesidades educativas especiales, el nivel de disrupción, el clima emocional, la calidad de la interacción docente-estudiante. En un grupo de quince alumnos/as, esos factores operan de una manera; en uno de treinta, de otra muy distinta”, según escribía Teresa Esperabé, secretaria de Enseñanza de CCOO, en este artículo.

Gortázar admite que “es un momento complejo para la profesión, hay huelgas y las ratios son unas de las banderas de las movilizaciones”, en alusión a las protestas docentes que tienen paralizada la educación valenciana, catalana y la infantil en medio país, pero añade que “no necesariamente es una medida que vaya a ayudar al profesorado y al alumnado que más lo necesita”.

De fondo sobrevuela otra cuestión. Las dos ministras de Educación que ha habido desde las últimas elecciones, Pilar Alegría y Milagros Tolón, han calificado esta como “la legislatura del profesorado”, una vez aprobadas la ya no tan nueva ley educativa (Lomloe) y la de Formación Profesional (FP). Pero la “legislatura del profesorado” avanza sin avances, el Estatuto Docente del que habla la Lomloe no está ni se le espera en el corto plazo y la medida que debe mejorar la situación del profesorado depende ahora de que el Congreso apruebe una propuesta que carga la mayor parte del gasto en las comunidades autónomas, lo que puede poner en cuestión el apoyo necesario del PNV (descontado siempre el PP).

“Y de una supuesta reforma de la profesión docente acabamos en una medida que puede tener mucha demanda, pero creemos que ni siquiera ayuda a la profesión docente. Vas a hacer menos informes, sí, pero eso no es un cambio estructural”, cierra Gortázar.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha señalado este jueves, a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo que ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, que su postura siempre ha sido clara y es que el trasvase le parece “algo ya anacrónico”.

A preguntas de los medios, tras asistir al I Encuentro de Oratoria 'Conecta en Red' en Toledo, Tolón ha indicado que las políticas del Gobierno de España “lo que hacen es favorecer la solidaridad entre regiones pero también tener en cuenta algo tan importante” como el agua para Castilla-La Mancha, que también “es necesaria en nuestro territorio”.

“La política hidrológica del Gobierno de España ha cambiado con el Gobierno del presidente Sánchez y esto avala sobre todo los objetivos nuestros que son más solidaridad, más agua para todos y para todas”, ha indicado Tolón, que ha dicho desconocer cuándo se verá ese cambio tras la sentencia del Supremo. Tampoco se ha referido al cambio previsto en las normas de explotación de la infraestructura.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para reducir las ratios de alumnado por clase y las horas lectivas semanales que imparte el profesorado. Con esta nueva ley, si la aprueba el Parlamento, el Gobierno fija los mínimos que las comunidades autónomas deben cumplir en ambos aspectos, aunque también pueden mejorarlos. De hecho, la norma no tendrá efecto en muchas autonomías, que ya habían alcanzado motu proprio las cifras que establece ahora el Ministerio de Educación. Otras, como Madrid o Galicia, sí tendrán que adaptar sus sistemas. La previsión es que la norma, que se aplicará de manera progresiva, esté plenamente operativa en el curso 2030-31.

El texto, negociado con los sindicatos más representativos, propone reducir el número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y a 25 en la ESO (ahora son 30). En primera instancia quedan fuera las etapas no obligatorias (Educación Infantil o Bachillerato), pero el Ministerio ha anunciado este mismo martes que empezará los trabajos para reducir las ratios de la etapa 0-3 después de que la ministra, Milagros Tolón, se haya reunido estos días con las representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, cabeza visible de la huelga indefinida en el 0-3 que se está llevando a cabo en la Comunidad de Madrid desde hace dos semanas.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) contará doble a la hora de establecer estas ratios, de manera que las clases que cuentan con estos estudiantes tendrán menos alumnos, una disposición por la que pelearon especialmente los sindicatos. Esta medida afectará a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean privados con concierto o públicos.

Respecto a las horas lectivas máximas, pasarán de 25 a 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 20 a 18 horas en el resto de enseñanzas (Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional), aunque la ley deja abierta la puerta a que “de manera excepcional (...) podrá alcanzarse un máximo de 20 horas”. Esta segunda pata del ya proyecto de ley solo incluye al profesorado de la pública, un jarro de agua fría para los docentes de la concertada, que justo negocian su convenio estos días y aspiraban a igualarse con sus compañeros de los centros estatales.

“Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes. [Esta ley] es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha valorado la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Venimos a revertir los recortes de 2012”, ha sostenido la ministra.

¿Un estatuto docente al final del túnel?

Con esta ley, el Ministerio de Educación aprueba la primera pata de lo que pretende sea el futuro estatuto docente, una norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso, desarrollo y jubilación docentes. La ley educativa (Lomloe) obligaba al Gobierno a abrir esta negociación con los sindicatos, y el ministerio siempre apostó por ir aprobando cada hito según se fuera pactando en vez de esperar a tenerlo todo para aprobarlo como un bloque. En ese sentido, la aprobación de este martes puede considerarse un hito: es el primer paso que se da para conseguir algo parecido a una norma que regule la carrera del profesorado.

La bajada de ratios es una de las medidas más populares entre el profesorado, pese a que algunos estudios cuestionan la eficacia de esta medida una vez que se han alcanzado ciertas cotas. EsadeEcPol publicó recientemente uno que concluye que reducir en cinco alumnos el tamaño de una clase baja cuatro puntos porcentuales la probabilidad de que la disrupción, uno de los principales problemas en clase que señala el profesorado, sea un problema moderado o grave, pero apenas impacta en la práctica docente y además implica que las familias “relajan ligeramente su esfuerzo cuando las clases son más pequeñas”.

El profesorado cuestiona este tipo de conclusiones porque, se argumenta, la educación es más que una nota en Lengua o Matemáticas o un cálculo financiero sobre cuánto cuesta algo. “La investigación internacional sobre tamaño de grupo y resultados educativos no ofrece una respuesta única, pero tampoco avala la idea de que la ratio sea irrelevante. Las revisiones sistemáticas más amplias, que agregan estudios de decenas de países, encuentran efectos estadísticamente significativos, especialmente en comprensión lectora y en los primeros años de escolarización. Además, hay un consenso bastante sólido en dos puntos: los beneficios son mayores en las etapas iniciales y entre alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, donde más importa la equidad y la inclusión”, escribía en este diario Teresa Esperabé, responsable de Educación de CCOO.

El Gobierno ha calificado estos cuatro años como “la legislatura del profesorado” y la aprobación de este anteproyecto de ley es el primer paso concreto en ese sentido. “Estamos cumpliendo”, ha afirmado la ministra este martes.

La norma llega tras meses de protestas del profesorado en la calle. Los docentes de más de media España, de Andalucía a Catalunya pasando por Madrid, se sienten agraviados y poco valorados en su labor: sea por las ratios, por las horas lectivas, por las diferencias salariales, por la burocracia o por todas ellas, al menos diez comunidades autónomas han visto manifestaciones y/o huelgas docentes en los últimos meses. El Ministerio de Educación no tiene las competencias reales de muchos de estos aspectos, pero en otros –como las ratios o las horas lectivas– sí puede fijar el marco básico para las comunidades, como ha hecho este martes. Acceso (cómo son las oposiciones), retribuciones, nivel de los funcionarios, la jubilación y la carrera profesional esperan turno.

La huelga indefinida de la educación infantil en Madrid escala a todo el Estado. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado, con el respaldo jurídico de CGT, un paro nacional el próximo 7 de mayo, seguido de una gran marcha de todos el día 23 en Madrid, para denunciar en todo el país las condiciones en que se da (y recibe) clase en el primer ciclo de Educación Infantil, para bebés de entre 0 y 3 años. CCOO se ha sumado a la convocatoria este martes.

Las trabajadoras de infantil son las profesionales con peores condiciones de toda la educación. El 0-3 es un sector atomizado, con diferentes modelos (hay públicos, privados y públicos de gestión privada) y responsables: hay escuelas municipales y las hay autonómicas e incluso hay diferentes figuras profesionales (educadoras y maestras) atendiendo a los bebés.

Pero hay un elemento transversal a todo el sector: la precariedad. Aunque en los centros públicos las condiciones son mejores que en los privados, hay mujeres (el 95% de las profesionales lo son en esta etapa) cobrando poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de ocuparse de varios bebés.

Con esta situación, y ante la evidencia de que la única mejora que han visto en los últimos años ha sido la derivada de la subida del SMI, el sector ha dicho basta. PLEI prendió una mecha con la convocatoria de un paro indefinido hace dos semanas que ahora se traslada a todo el estado.

PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

También exige la plataforma la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

La plataforma se reunió hace unos días con la ministra de Educación, Milagros Tolón, y le ha arrancado a la responsable un compromiso para “empezar” los trabajos destinados a revisar las ratios en la etapa “antes del verano”. España tiene uno de los números de alumnado por aula más altos de Europa en la etapa del 0-3. Salvo alguna excepción, lo normal son ocho niños por clase entre 0 y 1 año, 12 entre uno y dos y 18 entre dos y tres. Y la normativa ni siquiera obliga a que haya una maestra por aula, solo una por cada tres, según los sindicatos, por lo que es posible (y pasa) que una educadora esté sola con hasta 18 bebés.

En los últimos años, el Gobierno ha invertido cientos de millones de euros (la mayoría, de fondos europeos) en financiar la creación de plazas de infantil en las comunidades autónomas (que tienen las competencias), pero apenas ha mejorado las condiciones laborales de sus trabajadoras.

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*Este artículo ha sido modificado para señalar que la huelga la convoca CGT junto a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). CCOO se ha sumado a la convocatoria.

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid... En los últimos meses ha habido huelgas, paros y/o manifestaciones docentes en media España porque el profesorado, desde Infantil hasta el Bachillerato, está harto de las condiciones en las que ejerce la profesión y lo que recibe a cambio. Cuentan los educadores que perciben que la sociedad no valora su labor, un intangible que puede que no saque a nadie a la calle, pero mina el ánimo, y no poco. “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias”, pide Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid, “a fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

Profesores y maestros salen a la calle o se encierran en centros para protestar por las condiciones materiales e inmateriales en que trabajan por todo el país. Hay problemas generales y problemas particulares en algunos territorios o etapas, pero todos llevan a la misma conclusión: la docencia se ejerce en condiciones cada vez peores y, en los últimos años, Lomloe mediante, la situación se ha vuelto más complicada porque la ley exige una atención individual al alumnado difícil de cumplir.

El exceso de estudiantes por aula, las horas lectivas semanales, los salarios, la temporalidad de buena parte de las plantillas, que además tiene peores condiciones, o la interminable burocracia aparecen en todas las encuestas como los principales problemas del día a día del colectivo; las familias contestatarias o incluso que acuden a las reuniones con tutores con abogados, la gestión emocional del alumnado, controlar las crecientes conductas autolíticas en los centros, el acoso, los móviles y las redes sociales, junto a una sensación de abandono de la educación pública en algunas comunidades autónomas completan un frente de batalla demasiado grande para gestionar.

Y los docentes, cansados, salen a protestar. El descontento es tan generalizado que ha conseguido que sindicatos de ideologías contrarias se pongan de acuerdo para cerrar acciones reivindicativas. Desde las mareas verdes, que inundaron las calles contras los recortes la década pasada, no se manifestaba tanto hartazgo. En un sector que ya tiene problemas para atraer a profesionales, sobre todo en determinados perfiles técnicos, uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejarlo, según una macroencuesta a docentes. Uno de cada seis sufre altos niveles de estrés.

De Catalunya a Galicia

En Catalunya hubo hace un mes una manifestación histórica bajo el lema ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia; miles de personas salieron a la calle en Zaragoza en defensa de la educación pública a principios de año tras tres días de huelga; hace un año el profesorado vasco le echó un pulso de cinco días al Gobierno autonómico y lo ganó; Galicia va a por el sexto día de huelga en lo que va de curso para reivindicar mejoras de las ratios, atención a la diversidad o la recuperación de derechos perdidos la década pasada; los docentes cántabros también sacaron rédito de una huelga en octubre seguida de paros este 2026; sus colegas asturianos exigieron mejoras con una huelga el pasado verano. En Extremadura el profesorado salió a la calle para pedir una equiparación salarial con otras comunidades en un aspecto que provoca gran fricción según dónde: las diferencias en las nóminas entre regiones pueden llegar hasta los 700 euros al mes.

Este mismo viernes los principales sindicatos valencianos amenazan con darle continuidad a la huelga del pasado 31 de marzo con más paros. En Madrid la comunidad educativa lleva como mínimo un par de años protestando por cuestiones varias y estos días las educadoras de infantil, las trabajadoras más precarias de todo el sector educativo, están llevando a cabo una huelga indefinida porque no pueden más. Y eso sin contar al sector universitario, en guerra abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos, de infantil a la universidad, salen a la calle este domingo en la capital a decirle a la mandataria lo que piensan de su política educativa. En Castilla-La Mancha también ha habido protestas recientes.

El Ministerio de Educación tiene un margen de actuación limitado porque las competencias son autonómicas, pero sí está en su mano sacar adelante el estatuto docente, una norma que regule la carrera (ahora mismo no existe nada), la formación inicial, continua, el acceso y otras condiciones como las horas lectivas o las ratios (luego los Ejecutivos autonómicos pueden mejorar esos mínimos).

El anterior equipo ministerial, liderado por Pilar Alegría, abrió ese melón (tampoco era voluntario, estaba establecido en la ley) que continúa la actual responsable, Milagros Tolón, y está tramitando en el parlamento una bajada de las ratios y las horas lectivas, aunque aprobó el primer borrador en noviembre y no se ha vuelto a saber. Todo va muy despacio. Las negociaciones empezaron en enero de 2025 y los docentes aún no tienen nada que echarse a la boca, recuerda García. “La legislatura del profesorado”, como la definió el Gobierno, amenaza con concluir a medias.

¿Qué está pasando?

¿Se ha deteriorado tanto la situación o simplemente el goteo de agravios sentidos ha acabado por desbordar el vaso? En los últimos meses se suceden los estudios y encuestas que tratan de dar respuesta a la cuestión. CCOO habla de aulas más complejas y menos recursos; STES de burocracia, aulas masificadas y faltas de respeto, el think tank EsadeEcPol añade un peor clima de aprendizaje, salarios estancados o falta de políticas públicas específicas. Además, según avanza el curso más se nota el agotamiento.

“Está pasando que la complejidad en las aulas ha aumentado”, resume Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO. “En los últimos seis años el alumnado con necesidades educativas especiales ha subido un 75%, pero los recursos un 25%. Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, opina.

Su homóloga Beatriz García, de UGT, habla de “maltrato” a los docentes y recuerda que son el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes que empezaron en 2010 a raíz de la crisis de hipotecas. “Pasa el tiempo y no se avanza en nada. Hay mucha voluntad de poner en marcha nuevas normas y decretos que avancen en nuevas y mejores condiciones para el profesorado, la gratuidad del 0-3, etc., pero los pasos que se dan son muy pequeños. Dos para delante y tres para atrás”, sostiene.

La directora Rocha hace especial hincapié en la burocracia, y señala directamente a la Lomloe. La ley educativa, aprobada en 2021 como respuesta a la segregadora Lomce del PP, propone una atención individualizada que, según Rocha, “ha cambiado la realidad del profesorado”. “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... que hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Faltan recursos para atender todo lo que la ley pide, coincide Esperabé. “Falta personal de apoyo educativo, orientador, de enfermería”, sostiene. En Madrid, por ejemplo, no hay un solo centro que tenga la plantilla completa, según denunciaron los directores hace unos meses.

Esta falta de personal no es óbice para que las tareas de los docentes se multipliquen, recuerda Rocha, y los docentes sienten que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”.

Y sienten que a cambio no reciben lo que merecen, desde un cierto reconocimiento social hasta un salario acorde. “No es medible”, concede Esperabé, “pero ese papel y reconocimiento docente que antes estaba ahí ahora ya no”, asegura. Rocha coincide en que las familias –no todas, sí muchas– han perdido el respeto al profesorado y lo que antes era un apoyo incondicional ahora es defender al hijo sí o sí, cuando no se presentan con un abogado, casos no muy habituales, pero que se empiezan a dar, asegura. “Cuestionan nuestro trabajo, cuestionan las sanciones, se pone en duda la palabra del profesor... Esas actitudes socavan mucho el ánimo y el bienestar emocional del profesorado. Y hablamos mucho del bienestar del alumnado, pero ¿y los profesores? De eso no se habla, pero cada vez hay más bajas por esta cuestión”, sostiene. Raro es el docente que no conoce a algún compañero que haya estado de baja por estas razones. “Tienen que cuidarnos un poco más, hacemos muy buen trabajo para la sociedad”, cierra Rocha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el próximo martes, día 31 de marzo, en Consejo de Gobierno, el recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transicion Ecológica y el Reto Demográfico la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha calificado de “doloroso” denunciar al Gobierno de España, “por el incumplimiento de sentencias en relación con el agua”, en referencia a las cinco sentencias ganadas en el Tribunal Supremo “a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha”, que “no se ganan así como así”.

“Son años peleando”, ha lamentado el presidente regional, apuntando que después de esta pelea ya han pasado “otros cuatro años sin cumplir con las sentencias”.

La ministra apela al consenso dialogado

A esta cuestión ha respondido desde Toledo, la exalcaldesa de la ciudad y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Ha defendido que el tema del agua “se soluciona hablando y, sobre todo, con diálogo y con consenso” antes que acudir a los tribunales.

A su juicio, se trata de una cuestión que “se puede evitar hablando” con el Ministerio de Transición Ecológica. Y tras reseñar que siempre defenderá “el no al trasvase” porque sabe lo que significa, ha querido subrayar “algo que es muy importante, y es el cambio de talante de este Gobierno con respecto a otros gobiernos en el tema del agua” y del Tajo, donde se han “sacado adelante cuestiones que parecían de alguna forma que no se iban a poder sacar con respecto al tema del Tajo”.

Toledo entre eslóganes, promesas y una realidad cada vez más difícil de explicar transcurrió la pasada campaña electoral del año 2023.

Hoy estamos a menos de un año de las próximas elecciones municipales y los ciudadanos debemos ser conscientes de las gestiones que se han realizado durante esta legislatura.

Hace no tanto, en plena campaña electoral, el Partido Popular de Toledo decidió presentarse ante la ciudad con un lema aparentemente ingenioso: “Hechos, no milagros”. Un juego de palabras que apuntaba con cierta ironía a la anterior alcaldesa, Milagros Tolón. Una frase breve, fácil de recordar y perfecta para resumir la promesa de una nueva etapa basada en la gestión.

La política municipal, sin embargo, tiene una particularidad: el tiempo pasa rápido, pero la memoria de las ciudades es más larga de lo que algunos creen.

Hace apenas unas semanas hablaba de cómo una ciudad puede terminar olvidándose de su propio deporte. No era una exageración literaria ni una licencia retórica. Era el reflejo de una realidad que conocen bien clubes, deportistas y usuarios de instalaciones públicas.

Porque sí, Toledo logró algo que sobre el papel sonaba magnífico así como a la vez vaciaba el pírrico presupuesto para la actividad física en la ciudad: la llamada Ciudad del Deporte. El problema es que ese logro ha terminado traduciéndose en accesos complicados, instalaciones que distan mucho de lo prometido y clubes que, como tantas veces ocurre, han tenido que adaptarse a decisiones tomadas lejos del día a día del deporte base.

En paralelo, Toledo también se embarcó en otro gran proyecto: la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura. Una iniciativa que movilizó ilusión, influencia institucional y una considerable cantidad de recursos públicos.

El desenlace es conocido: Toledo no lo consiguió.

Y cuando una ciudad invierte ilusión, tiempo y dinero en un objetivo que finalmente no llega, lo mínimo que cabe esperar es una reflexión honesta sobre lo ocurrido. Porque la ilusión colectiva no es un recurso infinito, y gastar la energía de una ciudad entera debería servir al menos para algo más que para llenar unas cuantas presentaciones institucionales.

Pero quizá lo más llamativo esté llegando ahora.

El último debate municipal gira en torno al transporte urbano. Y la solución que parece haberse encontrado consiste en aplicar descuentos vinculados al empadronamiento. Es decir, convertir el acceso al transporte público en una especie de sistema selectivo donde unos pagan menos y otros pagan más dependiendo de si su nombre figura o no en el padrón municipal.

Puede que desde un despacho la idea parezca razonable. Pero desde la calle resulta difícil no verlo como algo bastante más sencillo de explicar: una forma de convertir el transporte público en un privilegio administrativo en lugar de una herramienta de movilidad para todos.

Lo curioso es que esta medida convive con un discurso oficial que insiste en presentar Toledo como una ciudad abierta, acogedora y hospitalaria.

Una ciudad abierta, sin embargo, no suele empezar poniendo condiciones para subirse a un autobús.

Y una ciudad que aspira a ser sostenible suele intentar exactamente lo contrario: facilitar que más gente utilice el transporte público, no restringirlo mediante pequeños filtros burocráticos.

Quizá el problema de Toledo no sea la falta de ideas.

Quizá el problema sea que demasiadas decisiones parecen pensadas para el titular del día siguiente y no para la ciudad de dentro de diez años.

Así que, cuando uno vuelve a recordar aquel lema de campaña —“Hechos, no milagros”— es inevitable preguntarse si el problema nunca estuvo en elegir entre milagros o hechos.

Porque Toledo, a estas alturas de legislatura, empieza a tener la sensación de haberse quedado justo en medio.

Ni milagros que transformen la ciudad.

Ni hechos que realmente la impulsen.

Y cuando eso ocurre, lo que queda ya no es política.

Quizá el problema nunca fue elegir entre milagros o hechos.

El problema es que Toledo empieza a acostumbrarse peligrosamente a otra cosa: a la política de los anuncios, de las promesas bien envueltas y de las decisiones que siempre parecen tener explicación, pero rara vez resultados.

Porque cuando una ciudad pierde oportunidades, desgasta la ilusión de su gente y empieza a convertir lo público en algo cada vez menos accesible, lo que falla no es el eslogan.

Lo que falla es la gestión.

Y a un año de elecciones, la pregunta que muchos toledanos empiezan a hacerse es bastante sencilla: si esto eran los hechos… ¿Cómo habrían sido los milagros?

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que la bajada de ratios en las aulas tiene “beneficios” para el alumno y ha confirmado que el anteproyecto de ley que incluye esta medida incluirá memoria económica.

Así lo ha manifestado este viernes Tolón en declaraciones a los medios, antes de presidir la Conferencia Sectorial de Educación con representantes de las comunidades autónomas en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En la reunión, la ministra va a informar a las comunidades autónomas sobre el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Esta norma, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros a finales de 2025 y con Pilar Alegría todavía al frente de la cartera de Educación, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

El anteproyecto de ley que presenta este viernes Tolón a los representantes autonómicos fija rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

También contempla establecer un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

Una reforma “que pide” la comunidad educativa

Tras la Conferencia Sectorial, el Ministerio, según ha avanzado Tolón, convocará una mesa sindical y, posteriormente, el anteproyecto llegará al Consejo de Ministros para empezar el trámite parlamentario.

“Lo más importante es seguir avanzando. Si nos dicen (las CC.AA.) que paralicemos el anteproyecto, el Gobierno lo tiene claro: Es necesario esta reforma porque lo pide la comunidad educativa”, ha zanjado Tolón, al tiempo que ha destacado que la norma ya cuenta con el visto bueno del Consejo Escolar del Estado y ha asegurado que van a ser “flexibles” antes de aprobarla en segunda vuelta en el Consejo de Ministros: “Cuantas más aportaciones mucho mejor”.

En su intervención, Tolón ha hecho hincapié en la voluntad de diálogo y ha recordado que lleva 74 días como ministra y ya ha celebrado una Conferencia Sectorial online y una presencial, la de este viernes.

“Estamos dispuestos totalmente a la participación y a tener en cuenta cualquier cuestión que nos puedan plantear, es importante escuchar a las comunidades autónomas. Vamos a ofrecer cualquier ayuda para que las comunidades puedan sentirse atendidas”, ha puntualizado la ministra.

Entre los puntos del orden del día de la reunión de este viernes destaca el reparto de 58,5 millones de euros destinados a ayudas para libros de texto y material educativo para 2026, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

Castilla-La Mancha pide cautela en su aplicación y financiación

Mientras, el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, que hoy ha coincidido con la ministra en un acto en Toledo, ha aplaudido la propuesta de anteproyecto de ley de bajada de ratios ofrecido por el Ministerio, si bien ha puesto el acento en que la comunidad autónoma ya ha dado en el pasado pasos en ese sentido, al tiempo que ha reclamado no solo “cautela”, sino, además, financiación adecuada para que los territorios puedan implementar la propuesta.

“Quizá los propósitos de este anteproyecto de ley son muy buenos y son compartidos por todas las comunidades autónomas”, pero “hay que ser muy cautelosos en el calendario que se propone”.

“Si ese calendario viene a acelerar el ritmo que llevamos las diferentes comunidades, es de justicia que reclamemos la financiación al Estado que tiene que acompañar a esas medidas que tenemos que implementar”, ha dicho, incidiendo en que “no solamente por una voluntad política” puede llevarse a cabo esta reducción.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, espera que “pidan perdón” y también las “disculpas” del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, y de aquella “gente de la izquierda” que ha vinculado el resultado de las elecciones de Aragón del domingo con la labor del expresidente socialista, ya fallecido, Javier Lambán.

En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), López defendió la estrategia de situar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas –como es el caso de la aspirante aragonesa, Pilar Alegría– y, ante los malos resultados en los comicios del domingo, dijo que el PSOE de Aragón encabezado por Javier Lambán no se dedicó a hacer “oposición” al presidente popular de Aragón, Jorge Azcón, tras llegar Alegría al territorio.

“En lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha”, abundaba, recibiendo las críticas de los socialistas aragoneses. 

Hoy, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha dicho en una entrevista en Onda Cero que cuando escuchó a Óscar López y pese a que está “muy acostumbrado a escuchar barbaridades”, le suscitó “incluso un bloqueo”. “Me supuso dolor, pero llevado un poco más de fondo me supuso mucha tristeza”.

“Es especialmente duro aparte de totalmente injusto”

“Yo supongo que hoy”, ha indicado el socialista, “pedirán disculpas, pedirán perdón”, convencido de que “lo malo” no es solo decirlo “es incluso pensarlo”, sobre todo “porque no es cierto”, y ha admitido que lo de ayer le pareció “especialmente duro aparte de totalmente injusto”.

Preguntado por el hecho de que hable en plural a la hora de reclamar disculpas, cuando las declaraciones sobre Lambán las realizó Óscar López, el socialista castellanomanchego ha apuntado que “la excusa más grande que se está fabricando en la actualidad es Vox” y que hay “un deseo inmenso de mucha gente de la izquierda que quiere que crezca Vox, incluso hace lo posible porque crezca Vox, para tener con eso una excusa y un relato”, ha justificado.

“La verdad es que es muy triste, pero ya se pueden hacer una idea de lo enormemente duro que es discrepar, y la discrepancia era consustancial a la izquierda, que yo recuerde”, ha lamentado, criticando que se hayan hecho esas declaraciones sobre todo después de fallecido Lambán, quien además “aguantó en responsabilidades políticas en una lucha inmensa contra un cáncer atroz que se le fue multiplicando”.

“Y en medio de todos los tratamientos, en medio de todo el dolor, estuvo, y tengo que decir que estuvo como no van a estar muchos manteniendo su palabra y sus ideas y sus convicciones, siendo coherente”, ha destacado Emiliano García-Page.

Dicho esto, ha asumido que “el precio de la coherencia se paga caro en estos momentos” y ha insistido en que “de todo corazón que pidan disculpas, aunque solo sea por establecer algo de alma en la situación” pues “no se puede traficar con el alma del socialismo pactando con quien sea, incluso con la extrema derecha independentista y esperar que haya consideraciones con alma. La realidad es que no se puede llegar a ser mejor político a costa de ser peor persona”.

Las elecciones en Extremadura

Como ya hizo ayer, se ha pronunciado sobre las elecciones en Extremadura y el hecho de que el PSOE no se vaya a abstener para facilitar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura, ha señalado que no se puede tener esa idea “un poco impostada” y, sobre todo, “muy oportunista, solo cuando ellos lo necesitan”.

A su juicio, un planteamiento de ese tipo “tendría que asumirse con carácter general en España, que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo en que no se pactaría con los extremos”, pero “así dicho, tendría que escenificarse y tendría que someterse a la urna” y “avisar a los electores” ya que, de lo contrario, “muchos se considerarían traicionados”.

Aunque la opción “podría caber”, ha concluido aseverando que “en este momento es absolutamente inviable este debate y cualquier otro, sinceramente porque la situación es simplemente aplicar el manual de bunkerización”.

Tolón sobre las palabras de López: “Una polémica que alimenta la derecha”

También la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, de visita en Illescas (Toledo) se ha referido a “lo que pasó ayer con Óscar López”, y cree que “es una polémica que está alimentando el Partido Popular y la ultraderecha”.

“A nosotros no nos van a dar lecciones de sensibilidad”, ha enfatizado.

El ministro Óscar López ha rechazado hoy retractarse de sus palabras, alegando su derecho de “discrepancia política” desde el “respeto”.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado este viernes que no comparte las declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González en las que aseguró que votará en blanco en las próximas elecciones generales si el PSOE cuenta con su actual secretario general, Pedro Sánchez, como candidato.

Así ha reaccionado Tolón al ser preguntada por la decisión de González durante la visita que ha realizado al Centro Integrado de Formación Profesional Condestable Álvaro de Luna en Illescas (Toledo).

“Es una opinión de una persona que respeto muchísimo porque ha sido presidente del Gobierno en España y que ha hecho una transformación total”, ha señalado la ministra, quien ha dejado claro que la afirmación del expresidente es algo que ella no comparte.

Ayer mismo, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page quitó hierro a las declaraciones de González. “Ya verán. Aflorará el cariño de Felipe González por el valor histórico del PSOE, comulgue o no con la dirección actual”. aseguró.

“Vamos a poner límites a la apertura de centros privados [de Formación Profesional] que no ofrezcan garantías”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que, como hizo el pasado mes de octubre con la universidad, el Gobierno quiere atacar ahora la creciente privatización de la FP en España, más concretamente en algunas comunidades autónomas, y más concretamente, aunque no solo, en la de Madrid, pionera en las últimas décadas en abrir las puertas a la iniciativa privada para cubrir lo que su sistema público no ofrece.

Ni el presidente ni el Ministerio de Educación han adelantado qué medidas pretenden introducir en el real decreto que presentará en unos dos meses el departamento que ahora dirige Milagros Tolón. Si la referencia previa de la universidad sirve de algo, la línea elegida en los campus fue imponer un informe vinculante por parte de una entidad independiente y obligar a los centros a ofrecer un abanico amplio y variado de títulos para evitar especializaciones en áreas determinadas de mucha demanda (algo que se da mucho en la FP y que al sector no le parece mal), entre otras medidas más propias de la universidad no trasladables a la FP.

Porque, actualmente, para abrir un centro privado a nivel estatal apenas hay requisitos. Con presentar un proyecto que cumpla la normativa mínima en cuanto a espacio e instalaciones, equipamiento y el profesorado previsto es suficiente, según informa el Ministerio de Educación. El resto depende de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias y deciden, por acción u omisión, qué sector de FP tienen, si abren centros públicos o lo dejan a la iniciativa social. Solo en cinco de las 17 comunidades autónomas (Euskadi, La Rioja, Galicia, Navarra y Cantabria) ha crecido más el sector público que el privado en la última década.

En Madrid y Catalunya los gobiernos han optado, menos la segunda, por abrir la puerta a la privatización e incluso por cobrar en los centros públicos. Son las únicas dos autonomías que lo hacen.

Un sector en expansión

Como sucede en la educación superior universitaria, el sector privado se ha expandido en los últimos años en la FP media (equivalente al Bachillerato) y, sobre todo, la superior (mismo nivel que la universidad), ante la creciente demanda y la falta de respuesta del sector público. En los 12 años que van del curso 2012-13 al 23-24, el estudiantado de esta etapa ha pasado de un total de 639.887 a 1.188.901, una subida del 85%. Pero el crecimiento de las dos redes ha sido desigual: en 2012 los centros privados acogían a un 22% del alumnado; este curso superan el 33%. Dicho de otro modo, en términos absolutos lo privado se ha más que duplicado hasta alcanzar los 400.000 estudiantes mientras lo público ha crecido un 26%.

Además, como sucede en la universidad, una de las principales preocupaciones del Gobierno es la enseñanza online, también disparada. En el curso 2012-13, primero en el que hay estadísticas desglosadas, 45.000 estudiantes cursaban un ciclo formativo a distancia, medio o superior, con una presencia anecdótica de lo privado (3.000 estudiantes). Hoy aquellos 45.000 se han convertido en 213.921, y los 3.000 de lo privado han pasado a ser 118.755 (más de la mitad) en poco más de una década. Pocos sectores crecen a ese ritmo y el negocio marcha: desde 2020, la FP privada crece a un 10% anual hasta alcanzar unos ingresos de 1.535 millones de euros en 2023, según datos del Observatorio sectorial DBK. La FP está cerca de morir de éxito.

Con estos datos en la mano y como sucede en la universidad –son mundos paralelos en los últimos años– el sector ha visto un desembarco reciente de empresas múltiples y fondos de inversión, conscientes de que tienen una clientela cautiva, sin alternativas.

A la cabeza de todos ellos destaca el estadounidense KKR, que compra a compra se ha forjado un imperio educativo en el país con el que facturó 174,5 millones de euros en 2022. El fondo aterrizó en el sector con la compra de Master D, un gigante de la formación de todo tipo (oposiciones, cursos, FP, etc.) que ha más que duplicado su facturación entre 2018 y 2023 hasta los 105 millones el pasado año, con 25 de beneficio. En los seis ejercicios que van de 2018 a 2023, ambos incluidos, esta empresa ha ingresado 452 millones de euros y ganado 87,90.

También están el fondo suizo Crescendo, que adquirió CCC, o el gigante E-magister, que pertenece a Educaedu Group, que, varias empresas mediante, pertenece a Miura Fund III. Otros ejemplos son Investindustrial, que anunció la compra de CEAC, o Linkia Talentia, una empresa de formación online propiedad de Q Impact. El mercado es amplio y diverso.

Trabajar para entrar en un ciclo sanitario

Además, esta iniciativa privada está dirigida a los ciclos de éxito, como señalaba un informe reciente de CCOO sobre la Formación Profesional. Sanidad e Informática, las dos familias con más demanda por parte del estudiantado, están copadas por lo privado, relataba el sindicato. En los estudios sanitarios de la Formación Profesional de Grado Superior, seis de cada diez nuevos alumnos se matriculan en un centro privado, según la estadística de Educación. Si se baja un poco más, en el ciclo de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, uno de los más populares, ocho de cada diez de los 8.036 estudiantes de 1º tuvieron que buscar en lo privado lo que lo público no ofrece.

Esta estadística se concreta en carne y hueso en casos como el de Natalia, de 20 años, que quería hacer este ciclo superior en Diagnóstico de Imagen y Medicina Nuclear. Pero en la Comunidad de Madrid, donde reside, este ciclo se ofrece en tres centros públicos y cuatro concertados frente a 31 privados puros. En la ciudad de Madrid solo hay dos no privados. Natalia se quedó fuera y tuvo que acudir al mercado, donde encontró un centro que le va a costar 6.500 euros que no tiene por dos años. Le ha tocado ponerse a trabajar de camarera para sufragarse los estudios.

“Nos preocupa que haya plazas para todos”

Justo lo que desde Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresas creen que no debería pasar. “Si hay un hilo conductor en la información que ha difundido La Moncloa [en relación a los límites a los centros privados] es que tiene que haber un refuerzo de lo público”, pondera Luis García, director del centro público de Madrid Puerta Bonita y presidente de la asociación. “Y en ese aspecto lo que nos preocupa es que haya suficientes plazas de centros sostenidos con fondos públicos para todos los que lo piden. Que no se tengan que ir a una formación pagada porque no haya plazas públicas. También venimos pidiendo desde hace muchos años que este tipo de enseñanzas sean completamente gratuitas”, explica.

García no valora las intenciones del Gobierno porque realmente no hay mucho que valorar más allá de un anuncio, pero pone el foco en que, se apruebe lo que se apruebe, tenga detrás una inspección educativa que se encargue de velar por que se cumpla lo aprobado. “No nos parece mal que los controles de entrada de nuevos centros de FP sean rigurosos, antes, después y durante. Si se ha detectado que hay centros que dejan que desear, que se hagan los controles. Pero nos preocupa más que haya después músculo suficiente para llevar a cabo las inspecciones correspondientes para todos, públicos, privados y concertados. Nos da la sensación de que las inspecciones de las comunidades autónomas y la alta inspección del Estado no tienen efectivos para llevar a cabo una vigilancia efectiva de que las cosas se están haciendo”, sostiene García, que apunta que los cuerpos de inspección se mantienen básicamente igual desde hace años pese al aumento de centros y alumnado de FP en la última década.

Otro problema que se ha generado en los últimos años con la eclosión de la FP es la escasez de plazas para hacer prácticas. La Formación Profesional exige ahora más horas de prácticas en empresas todos los ciclos para obtener el título y, en algunas familias como la sanitaria, estas son limitadas. En los últimos cursos se ha dado el caso, según han denunciado sindicatos y estudiantes, de que no había para todos. Sindicatos, alumnos y la asociación de directivos de centros de secundaria públicos denunciaban que los centros privados estaban reservando las plazas en centros públicos gestionados por empresas a base de pagarlas a 500 euros por estudiante (que se compensa vía matrículas), una medida que los públicos, sin recursos, no pueden igualar.

“Tendrá que explicar muy bien a la ciudadanía por qué su Gobierno autonómico rechaza recibir 1.250 millones de euros más”.

Con esas palabras se ha referido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a las críticas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vertido sobre la nueva propuesta de financiación autonómica, la cual, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, aumentaría en 1.250 millones de euros la dotación anual del Estado para esta comunidad autónoma.

Lo ha hecho en la rueda de prensa previa al acto de toma de posesión de José Pablo Sabrido como nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, en la que también ha participado Milagros Tolón, delegada del Gobierno saliente y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte.

No entienden las críticas de Page

A preguntas de los medios, ambos ministros han defendido el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España y tras ser calificado por el presidente castellanomanchego como “trampa” que “encubre privilegios”.

Tolón ha asegurado que Castilla-La Mancha es una de las regiones “más beneficiadas” con este nuevo sistema de financiación, ya que, según ha afirmado, esta región “tendrá 1.250 millones más al año”, algo que supone “un 14% más de lo que hay actualmente”. Un incremento que la ministra estima en 583 euros más por castellanomanchego.

“Esto supone algo muy importante, que es la importancia que da este modelo de financiación a blindar algo tan importante como es el estado del bienestar y reforzar los servicios públicos de esta región”, ha insistido, asegurando de este modo que se trata de “una buena noticia”.

Por su parte, Torres ha asegurado que ni comparte ni entiende las críticas de Emiliano García-Page sobre la financiación, sobre todo porque el nuevo modelo “tiene como base la misma del modelo de 2009, que fue apoyado por el presidente de esta Comunidad”.

En segundo lugar, insiste en que es una propuesta de un presidente socialista, Pedro Sánchez, por lo que ha pedido a García-Page que centre sus críticas en el PP, que fue el partido que no consiguió sacar adelante una sola propuesta al respecto.

Ha invitado en este punto a García-Page a centrar sus críticas contra el Partido Popular. “Afirmar que es malo para una comunidad recibir 1.250 millones de euros más, o de otra manera decir que se queden las cosas como están, no nos parece, no me parece que es defender el interés general de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Estamos abiertos a las propuestas constructivas que se hagan”, ha abundado.

Sabrido toma posesión como delegado del Gobierno

Las declaraciones de ambos ministros se han producido en una rueda de prensa previa a la toma de posesión de José Pablo Sabrido ha tomado como nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Tras prometer su cargo sobre la Constitución y recibir el bastón de mando de la Delegación del Gobierno de manos de su predecesora, Milagros Tolón, actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Sabrido ha asegurado que es un “honor y privilegio” prestar sus servicios a la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Es por ello por lo que ha dicho que asume este “alto honor” que se le ha encomendado con lealtad a la Constitución, a los ciudadanos y al Gobierno de España “en su esfuerzo permanente por mejorar las libertades y derechos políticos, sociales y económicos de los hombres y mujeres de esta tierra, a sabiendas de que estos momentos no se presentan fáciles”.

Bajo su punto de vista, el diálogo “es imprescindible” y a ese diálogo se ha ofrecido “con absoluta convicción”. Una voluntad de colaboración que ha trasladado también al conjunto de la sociedad civil en la región. “Frente al ruido y la crispación, los servidores públicos deben reivindicar la política útil, el respeto institucional y la responsabilidad”, ha añadido.

“Debemos huir de la confrontación estéril y de la polémica permanente y centrar todos nuestros esfuerzos en lo verdaderamente importante: Trabajar con rigor, con diálogo y con lealtad por el bienestar de todos los hombres y mujeres”, ha abundado.

“Esta Delegación de Gobierno seguirá siendo una institución de puertas abiertas cercana a la ciudadanía basada en la información veraz, la transparencia y el respeto institucional”, ha afirmado, para concluir con un reconocimiento personal “imprescindible” su familia y su “apoyo constante”.

“Castilla-La Mancha es una de las comunidades que más aumenta sus recursos con el nuevo modelo de financiación autonómica”. Así se ha pronunciado este viernes la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, tras conocerse la propuesta del Ministerio de Hacienda para financiar a las comunidades autónomas a partir de 2027.

En una publicación realizada en la red social X, Tolón ha asegurado que este territorio recibirá casi un 14% más respecto a los recursos que recibiría en 2027 con el modelo vigente: 1.248 millones de euros más al año. “El Gobierno de España amplía la solidaridad interterritorial”, remataba la ministra.

De esta manera, Tolón salía al paso de las críticas que el Ejecutivo castellanomanchego ha realizado a lo largo del día sobre esta propuesta, con su presidente, Emiliano García-Page a la cabeza, que la ha llegado a calificar como “el mayor ataque a la igualdad que se ha producido en toda democracia”.

Por ello, Page ha pedido que se convoquen elecciones generales: “Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, –de esa España que ellos quieren romper–, antes que eso, prefiero que hablen los españoles”.

La Delegación del Gobierno habla de “mejora de recursos”

Con esas palabras, Milagros Tolón se sumaba así a la opinión de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha -al frente de la cual estuvo la propia Tolón hasta su reciente nombramiento como ministra-, la cual manifestaba a través de un comunicado que el nuevo modelo de financiación que asigna 1.248 millones de euros más al año para Castilla-La Mancha.

“Se trata de una mejora de recursos que refleja el compromiso del Gobierno de España con el sistema autonómico y el Estado del Bienestar”, afirmaban en una publicación en la red social X.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha afirmado este martes que el candidato o candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo de cara a las elecciones municipales de 2027 “aún no está decidido”. “Cuando haya que cruzar ese puente le cruzaremos”, ha dicho.

Ayer Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo y la última candidata socialista en las elecciones municipales de 2023 fue nombrada ministra de Educación, FP y Deportes y eso ha disparado las especulaciones. No solo sobre si repetiría como aspirante a gobernar de nuevo en Toledo, sino sobre la posibilidad de que eso la posicione en la línea de sucesion de Emiliano García-Page a la presidencia de Castilla-La Mancha o a dirigir el PSOE regional.

De eso hablaba la portavoz del Gobierno regional Esther Padilla reivindicado el “liderazgo” de García-Page en la comunidad autónoma, frente a los comentarios de ayer en fuentes nacionales del PP que decían que Pedro Sánchez ya trabaja para que Tolón sustituya a Page en Castilla-La Mancha.

Milagros Tolón dejó su acta de concejala en el Ayuntamiento de Toledo tras ser nombrada delegada del Gobierno de España en diciembre de 2023. Lo hizo después de ganar las elecciones municipales sin mayoría y después de que PP y Vox, con un pacto, le arrebatasen el Gobierno local.

Hoy, la portavoz socialista en el ayuntamiento toledano, Noelia de la Cruz, no ha confirmado que vaya a ser ella la candidata en 202. Se ha limitado a decir que está centrada en la Portavocía del Grupo Municipal y que está ejerciendo esa labor “con mucha dedicación”.

“Ahora estamos en seguir trabajando en esa labor de oposición que estamos llevando a cabo desde el año 2023, de la cual me siento muy satisfecha”, ha agregado. “A día de hoy estamos centrados en lo que tenemos que estar, en nuestros vecinos, en nuestras vecinas, en plantear iniciativas en positivo siempre en el pleno del Ayuntamiento y en diferentes comparecencias públicas, ruedas de prensa para favorecer el día a día de nuestros vecinos. Ahí estamos, ahí hemos estado y ahí vamos a estar hasta el 2027”, ha argumentado.

De lo que no ha tenido duda De la Cruz es de que el PSOE va a ser capaz de elegir el candidato o la candidata “que más se parezca a la ciudad de Toledo”. “Seré yo o sea cualquier otro compañero que esté conmigo en el grupo o incluso un militante, que sea capaz de presentarse a unas primarias dando un paso adelante”.

Para ella “lo importante son las siglas lo importante es el partido y no las personas que yo creo que debemos ser generosos entre todos y buscar un candidato de consenso”.

Lo importante son las siglas lo importante es el partido y no las personas que yo creo que debemos ser generosos entre todos y buscar un candidato de consenso

“Si Page quiere, será candidato”

Sobre el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes cree que la ciudad de Toledo está de “enhorabuena” al ser la primera mujer toledana que es ministra del Gobierno de España. “La ministra lleva Toledo en su corazón y allá donde esté va a tratar de ayudar a la ciudad en todas las cuestiones que están pendientes”.

Tampoco ha despejado dudas sobre las especulaciones que apuntan a que el nombramiento busque como fin último diputar a Emiliano García-Page el liderato del PSOE en Castilla-La Mancha. De la Cruz ha dicho que el presidente castellanomanchego “está haciendo una excelente labor en la Comunidad Autónoma” y que “si él quiere será el candidato”.

“Tenemos un buen presidente del Gobierno, que es Pedro Sánchez, tenemos un excelente presidente de Castilla-La Mancha, que es Emiliano García-Page, y ahora estamos de enhorabuena porque tenemos una excelente ministra de Educación y con su nombramiento esta tierra se ve reforzada”, ha argumentado.

De momento se desconoce quién será, por otro lado, el nuevo delegado o delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha para sustituir a Milagros Tolón. A Noelia de la Cruz le han preguntado si cree que establecerá mejores relaciones con el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez. En su opinión las “buenas” relaciones del regidor toledano “están muy contadas” porque “asume las críticas con dificultad”.

Un alcalde que, por cierto, ha felicitado a Tolón por su nombramiento a través de una carta difundida entre algunos medios de comunicación, y que recoge Europa Press. En ella aprovecha ya para para pedirle dinero que financie un pabellón multiusos para la ciudad, tras perder “por insuficiente puntuación” los fondos europeos EDIL, tras el fallido proyecto presentado por el Gobierno local.

En este punto, ha apelado al sentido común, a la profesionalidad de los cargos públicos y al ejemplo que deben dar “en unos tiempos convulsos en los que estamos retrocediendo a pasos agigantados en cuestiones tan importantes como derechos, libertades, apoyo al colectivo LGTBI, a las mujeres o a la igualdad de oportunidades”.

De la Cruz ha aprovechado para hacer balance del año, como viene siendo habitual durante la época navideña, según informa Toledodiario.es

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha reivindicado el liderazgo del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, un día después de que Milagros Tolón haya sido nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

“Si yo fuera la ministra, no me gustaría que de lo único de lo que se hablara es que es un contrapeso para Emiliano García-Page, porque parece que el único mérito que están destacando todos los medios de comunicación” --en referencia a Tolón-- “es que discrepa internamente con el presidente”, ha abundado la portavoz gubernamental.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha restado importancia a las informaciones periodísticas en las que se ve a la nueva ministra como una posible sustituta del propio Emiliano García-Page al frente de los socialistas castellanomanchegos.

Se ha centrado en destacar el liderazgo del presidente regional, que, según ha subrayado, “está más que contrastado dentro y fuera del Partido Socialista”.

Un “apoyo social” para Page que es “mayoritario”

Dicho esto, ha hecho hincapié en el “apoyo social” que tiene Emiliano García-Page, que ha tildado de “mayoritario”. De hecho, ha recordado, “es el único presidente autonómico con mayoría absoluta” por lo que, según ha comentado, en el Gobierno de Castilla-La Mancha están “muy tranquilos, confiados y además muy orgullosos” de contar con el liderazgo del presidente en Castilla-La Mancha, que además “tiene una voz propia y la valentía suficiente para defender la región, pero también los ideales del Partido Socialista”.

Además, ha aprovechado para felicitar a Tolón por su nombramiento, que al igual que pasó con Isabel Rodríguez en su día, es “un plus para la región”, porque “entendemos que se preocuparán de manera especial por los asuntos que tienen que ver con Castilla-La Mancha”.

“Le deseamos lo mejor de los aciertos”, ha apostillado.

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI y junto a Elma Saiz, la nueva portavoz del Gobierno de España.

Tras conocerse las noticias, las reacciones no han dejado de producirse. Primero con felicitaciones desde su propio partido, el PSOE y dl presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha señalado a través de su perfil en la red social X que “dos grandes mujeres que asumen nuevas responsabilidades en esta legislatura” en relación a Milagros Tolón y Elma Saiz, ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo nacional, respectivamente.

El exministra de Educación, Pilar Alegría, ha dado su enhorabuena a Tolón como sucesora en el cargo, destacando que va a afrontar “un reto apasionante en una cartera fundamental para el desarrollo de nuestro país”. Por otro lado le ha deseado “muchos éxitos y todo el acierto en esta nueva etapa. Y ya sabes que aquí estoy para lo que necesites”, le escribía a través de las redes sociales.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha felicitado a Milagros Tolón como “paisana” y “sucesora en la Alcaldía de Toledo”, en un mensaje no sin cierta retranca.

Por otro lado, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Amengol ha señalado que tanto Tolón como Saiz son “dos mujeres que dan un paso adelante y asumen nuevos retos” las que desea “mucho acierto en esta nueva etapa”.

El PP ve en el nombramiento la “sucesión” para Page

Mientras, el Partido Popular a nivel nacional ha deslizado la idea de que Pedro Sánchez está ya trabajando en la “sucesión” de Emiliano García-Page al frente del PSOE de Castilla-La Mancha, al nombrar a Milagros Tolón como ministra de Educación, según declaraciones en fuentes recogidas por Europa Press. Claro que eso también se dijo de Isabel Rodríguez, la actual ministra de Vivienda.

Y desde el PP de Castilla-La Mancha, su secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha deseado “aciertos” a Tolón al frente de la cartera que le ha asignado Pedro Sánchez, pero para decir después que “España no necesita nuevas ministras, sino un adelanto electoral para que los ciudadanos puedan mostrar lo que opinan del ejecutivo socialista de Sánchez”.

Carolina Agudo cree que Tolón que se incorpora a un Consejo de Ministros “nefasto” con un presidente del Gobierno “cercado por la corrupción”, y que “sigue en Moncloa gracias al apoyo de Emiliano García-Page, que con sus ocho votos en el Congreso, facilita que Pedro Sánchez sea presidente de todos los españoles”.

Otras valoraciones

Desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha (CCOO) han valorado positivamente que Tolón no tenga que compaginar con ninguna otra responsabilidad en el Gobierno el cargo de un “ministerio tan fundamental”. Ana Delgado, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en la región, ha considerado que puede ser “una señal inequívoca de una dedicación plena para unos avances que son imprescindibles y urgentes”. Sin embargo, ha explicado que la ministra “tiene por delante mucho trabajo pendiente empezando por la necesidad de abordar la negociación del tan esperado estatuto docente”.

Ha finalizado señalando que necesitan que “la nueva ministra se tome muy en serio la profesión docente, que es un reto mayúsculo el que debe asumir Milagros Tolón”, para apostillar que CCOO “estará como siempre colaborando en todo lo que suponga una mejora del sistema educativo y organizando las calles en todo lo que sea parálisis o retroceso”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha felicitado a Milagros Tolón por su nombramiento y le ha deseado “el mayor de los éxitos para hacer frente a los múltiples desafíos que requiere la cartera ministerial”. Señalan además que se ponen a “total disposición de la nueva ministra para colaborar en aquellos avances que supongan una mejora real de las condiciones laborales del profesorado y, en consecuencia, de la calidad del sistema educativo español”.

CSIF ha aprovechado para reclamar que “se retome de manera inmediata la negociación de la Ley del Profesorado y el Estatuto Docente”, apuntando que este último es “más necesario que nunca”. Han “exigido” que la nueva ministra inicie su mandato con la tramitación “urgente” del anteproyecto negociado en la Mesa Sectorial para la reducción del horario lectivo y de las ratios, así como con la convocatoria “inmediata” de la Mesa de negociación para abordar los asuntos pendientes y comprometidos.

En definitiva, CSIF reclama un Estatuto Docente “que regule la profesión desde el acceso hasta la jubilación y que mejore las condiciones laborales y retributivas, como requisito imprescindible para dignificar la labor docente y mejorar la educación pública”.

La Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha también ha querido felicitar a Tolón por su nueva responsabilidad. A través de su perfil en la red social X destacaban que la nueva ministra “fue estudiante de tercer ciclo de la facultad en la segunda mitad de los años noventa” y le han deseado “mucha suerte y acierto”.