La programación de Canal Sur se ha interrumpido esta tarde como parte de las acciones de huelga en la radiotelevisión pública andaluza, mientras se emitía en directo La Tarde, aquí y ahora, el magacín de sobremesa que presenta el popular Juan Y Medio. El corte se ha producido alrededor

La marcha “a negro”, como se conoce en el argot, se ha producido alrededor de las seis de la tarde, minutos después de que Juan Y Medio anunciara la programación especial de Canal Sur por el debate con motivo de las elecciones del próximo 17 de mayo que se celebra esta noche, a partir de las 21.45, en la sede de RTVE. La emisión ha quedado interrumpida en el momento de dar paso al siguiente programa de la parrilla, Andalucía Directo, a cuyo presentador ya no se escuchaba.

La interrupción de la emisión forma parte de las acciones de protesta de las tres jornadas de paro (11, 12 y 14 de mayo) convocadas por el Comité de Huelga de Canal Sur. La huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral, lo que podría alterar el plan de cobertura dispuesto para la campaña electoral. Esta misma noche, Canal Sur organiza y emite el segundo debate electoral.

Los paros se producen tras la falta de acuerdo después de tres reuniones entre la dirección y el comité de huelga para estudiar sus propuestas. El comité de huelga solicita la puesta en marcha de un plan de empleo que garantice la prestación del servicio público, la cobertura del 120% de las vacantes generadas desde 2020 y el refuerzo de los centros territoriales. También reclama la negociación del acceso a la jubilación parcial, una planificación de los recursos humanos, la creación de una mesa paritaria para la producción propia, la internalización de determinados servicios, la recuperación de derechos laborales y sociales, así como el impulso de la negociación colectiva.

La dirección dice haber presentado por escrito distintas alternativas, que han sido rechazadas por el comité de huelga. El principal punto de fricción es la petición del comité de huelga de que RTVA reserve 57 plazas como “mínimo” del futuro concurso oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna). La dirección considera que esta propuesta podría ser ilegal al atentar contra los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

El Comité, por su parte, ha anunciado que ha emprendido acciones legales contra los servicios mínimos establecidos por la dirección de RTVA, a la que acusa de “mala fe” en la negociación y de establecer unos servicios mínimos “totalmente abusivos”. Según el Comité, la Consejería de Empleo establece unos servicios mínimos para garantizar el plan de cobertura electoral, así como información y comunicaciones relevantes para la ciudadanía, “en formato reducido”. “La dirección de la empresa no ha concretado a las/os trabajadoras/es los servicios mínimos que deben prestar”.

En un comunicado, el Comité subraya que la empresa debe entregar personalmente y por escrito una carta a cada trabajador afectado por los servicios mínimos durante su último turno de trabajo antes del inicio de los paros, con su identificación, la referencia al decreto o resolución de servicios a realizar, horario y tareas. No son legales las comunicaciones por WhatsApp, correo electrónico no oficial o mensajería.

La empresa debe notificar a los trabajadores designados con la mayor antelación posible, nunca inferior a 24 horas, según recuerda el Comité de Huelga, y el trabajador puede firmar “no conforme”, sin que puedan modificarse, alargarse o cambiar turnos publicados o realizar horas extras.

Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, RTVE es “Tele Pedro”. El ente público que desde hace meses registra las mejores audiencias de los últimos lustros es, a juicio de los populares, “propaganda 'sanchista' pagada por todos los españoles”, hasta el punto de que el partido ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para crear una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, la séptima comisión de este tipo creada en lo que va de legislatura en la Cámara Alta. Pero mientras el equipo de Feijóo pone el grito en el cielo por los programas y contenidos de la televisión estatal, el PP controla con mano de hierro las televisiones autonómicas de las comunidades en las que gobierna, donde acumula quejas y denuncias, no solo por el trato a sus respectivos trabajadores, sino también por la politización y la manipulación de sus contenidos, siempre para favorecer los intereses de la derecha.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Telemadrid, la televisión pública madrileña que ha llegado a difundir noticias falsas de pseudomedios contra el Gobierno y minimiza los escándalos de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. A todo ello se suman las recientes purgas de periodistas que se resisten a repetir las consignas de la Puerta del Sol, mientras Telemadrid se encuentra hundida en audiencias, especialmente desde que la controla el Ejecutivo autonómico.

El asalto de Ayuso a Telemadrid culminó hace unos años, en 2022, cuando el PP impulsó una segunda reforma de la ley de Radio Televisión Pública solo nueve meses después de la anterior gracias al apoyo de Vox. De esta forma, sorteaba el último escollo que le quedaba para nombrar a un director general definitivo en Telemadrid sin la necesidad de consensuarlo con el resto de partidos, como ocurría hasta entonces.

El elegido fue José Antonio Sánchez, un reconocido militante del PP —así lo admitió en el Congreso cuando con el Gobierno de Rajoy presidió RTVE— que en su mandato acumula varios titulares. Entre sus hazañas están el corte de la programación para retransmitir en directo la boda del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el envío de un reportero para hacer preguntas a Ayuso en el desfile del pasado 12 de octubre orientadas a atacar a Pedro Sánchez o la cobertura mediática de los viajes de la presidenta a ciudades como Nueva York.

El Tribunal Constitucional estimó hace un mes el recurso de amparo que presentó el PSOE contra la reforma de 2022 que permitió al PP controlar Telemadrid sin el resto de las fuerzas políticas de la comunidad. La sentencia anuló los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid y reconoció que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes, aunque no entró a valorar el contenido de la reforma, solo su procedimiento. Pero este no es el único toque de atención de los tribunales al control de Ayuso de la televisión pública. En 2023, el Supremo declaró ilegal la purga de la presidenta autonómica y obligó a indemnizar al exdirector de informativos, Jon Ariztimuño, por un despido que la Justicia ahora considera improcedente.

Otras salidas forzosas de distintos cargos también fueron ejecutadas de forma regular. José Antonio Sánchez fue el responsable de un ERE por el que despidió al 74% de la plantilla, 860 trabajadores, todo ello con el fin de sacar de los despachos a la dirección y cargos intermedios que habían llegado en 2015 tras el acuerdo del PP de Cristina Cifuentes con Ciudadanos.

Audiencias hundidas en la TVG

Como con Telemadrid, en el caso de la Televisión de Galicia (TVG) la audiencia se ha convertido en la peor pesadilla de sus responsables y del gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda. 2024 (8,6% de share) y 2025 (8,4%) fueron los dos años con menos espectadores en sus cuatro décadas de vida, pero la caída no se frena: en marzo se quedó en el 7,5% —segundo mes más bajo de toda su historia— y en abril aún más bajo, el 7,4%. Acostumbrada a ser segunda en la FORTA (la organización que agrupa a todas las televisiones autonómicas), solo por detrás de la todopoderosa TV3 de Catalunya, es a día de hoy sexta entre las autonómicas y la cuarta opción para los espectadores gallegos.

La dirección de la CSAG —antigua CRTVG— ha declarado una guerra abierta a los audímetros. En un comportamiento inédito en las televisiones, ha decidido abrazarse a un EGM que sí la coloca de primera mientras rechaza las mediciones de Fifty5Blue, a quien acusan de “desviaciones” que han sancionado. Los cambios constantes en la programación —el último previsto, la sustitución del vespertino Quen anda aí? por una versión galaica de La tarde de Juan Y Medio en Canal Sur—, de momento, no han conseguido invertir una tendencia que provocó incluso un toque de atención público del presidente de la Xunta. La única excepción a esa tendencia parece ser el paso del late night Land Rober a un formato diario, de lunes a jueves, en competencia con La Revuelta y El Hormiguero.

Mientras, la línea informativa marcada por las acusaciones de manipulación —los venres negros de Defende a Galega superan ya los 400— arrastra en esa caída a los telexornais. La última polémica ha sido el tratamiento de la moción de censura de Lugo. Presentadores y periodistas tiran una y otra vez de eufemismos para evitar llamar tránsfuga a la exconcejala socialista que entregará la alcaldía al PP, evitan ofrecer cualquier contexto de las circunstancias del Ayuntamiento —donde han muerto tres concejales socialistas, incluida la alcaldesa, en poco más de un año— y dan voz a plataformas vecinales próximas a los populares creadas de forma exprés para respaldar una iniciativa que ha provocado un enorme rechazo ciudadano.

La consagración de este modelo —con el nombramiento como directora xeral de la que ha sido responsable de las noticias durante los últimos ocho años, Concepción Pombo— viene acompañada de reveses judiciales, como la condena en el TSXG a la corporación por represaliar con un traslado forzoso a una periodista crítica. Una situación que vivieron varias compañeras, por lo que el fallo podría no ser el último.

Todo esto sucede cuando la ley que impulsó el PP para efectuar en solitario el relevo en la dirección xeral —sin necesitar una mayoría cualificada en el Parlamento— aún no ha cumplido su primer año de vida. El texto borraba de un plumazo órganos de control previstos en la anterior norma —como el consejo de informativos o el comité de redacción— y que nunca habían llegado a funcionar. El Consello de Administración, por su parte, que debe renovarse en julio, lleva siete meses “bloqueando” la cobertura de la vacante en representación del PSdeG.

“Dictado de noticias” en À Punt

En la Comunitat Valenciana, el 25 de abril de 2018, apenas cuatro años y medio después de que la señal de Canal 9 se fuera a negro por orden del Gobierno del popular Alberto Fabra, el Consell del Botànic (formado por PSPV y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos) echaba a andar de nuevo la nueva radiotelevisión valenciana: À Punt. Pero con la llegada de nuevo a la Generalitat del PP, con Vox como compañero de viaje, la derecha y la extrema derecha maniobraron para hacerse con el control del ente público autonómico.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno del PP y Vox fue la aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, lo que fue criticado tanto por la oposición como por la Unió de Periodistes, que lo considera “una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido”.

Además, los periodistas de la cadena han denunciado reiteradamente la manipulación, las presiones y el “dictado de noticias” por parte de la dirección de informativos, cuya gestión han llegado a reprobar. La toma de decisiones controvertidas, como entregar un programa en horario de máxima audiencia al actor y expolítico Toni Cantó —espacio que fue cancelado por sus audiencias irrelevantes— o programar una corrida de toros histórica coincidiendo con la masiva manifestación que pedía la dimisión del expresident Carlos Mazón con motivo del primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, han provocado una pérdida del prestigio y las audiencias de À Punt (a excepción de momentos puntuales, como las Fallas), cuyos informativos han perdido el pulso frente a la programación territorial de RTVE.

Protestas y dimisiones en Canal Sur

La contratación de cinco redactores para Canal Sur al margen de las bolsas de trabajo o de otros mecanismos reglados de selección fue en febrero el penúltimo polvorín en la Radio Televisión Andaluza. El Comité Intercentros (órgano sindical que representa colectivamente a toda la plantilla) denunció la contratación “a dedo” y acusó a la dirección de atentar contra las expectativas de estabilidad de los trabajadores de Canal Sur. Pero la denuncia de los sindicatos fue más allá del ámbito laboral, ya que vienen acusando a la dirección de crear una “redacción paralela para imponer su sesgo informativo”.

Los sindicatos amagaron con una huelga en Canal Sur hace poco más de un año para reivindicar mejores condiciones laborales de los cámaras y que se cubran las bajas de personal, pero la desconvocaron a pocas horas del 28 de febrero, cuando estaba prevista.

El Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado en los últimos años la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas relevantes para Andalucía pero espinosos para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, dando prioridad a asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional que encajan mejor en los intereses del PP. El Consejo Profesional dimitió en bloque el pasado octubre denunciando una “estrategia” para devaluar sus funciones.

De cara a la cobertura de las elecciones, RTVA ha propuesto celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7. El pasado miércoles ha trascendido que se han convocado paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo, posponiendo el inicio de nuevas protestas para favorecer la negociación previa. Han sido más de dos meses de protestas diarias, cuyo mayor exponente han sido las concentraciones de los #MartesNegros.

Un exdiputado del PP como presentador en Aragón

En Aragón, las denuncias por la politización en la cadena autonómica han sido numerosas desde la llegada del PP al poder en 2023. Bajo el mando de los populares, la nueva dirección eligió para conducir uno de los programas de mayor contenido político, el Buenos Días Aragón, a un exdiputado valenciano del PP durante tras legislaturas, Manuel Gómez. Además, en septiembre de 2024 fue elegida como directora de informativos la periodista Elena García, de sesgo conservador y sin vínculos previos con la comunidad autónoma. García dimitió el pasado mes de diciembre por desavenencias con su equipo. Ha sido sustituida por el periodista aragonés Javier de Sola.

Tampoco el diseño de contenidos se ha librado de controversias. Hace tres meses, por ejemplo, se supo que Aragón TV premiaba con un programa a un veterano humorista habitual presentador de actos del PP y que en uno de ellos desveló una anécdota personal que vivió con Pilar Alegría, que le confundió con el futbolista Nayim. Además, la cadena se gastó más de 200.000 euros en retransmitir los toros de la Feria de San Isidro de Madrid del año pasado, algo criticado por IU al ser “ajeno a la cultura y territorio aragonés”. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) volvió recientemente a adjudicar al grupo Henneo —el grupo empresarial que aúna al Heraldo de Aragón y otros medios como 20 minutos— la gran mayoría de los contenidos de la cadena.

Un exmilitante 'popular' dirige la televisión balear

También en Illes Balears, la radiotelevisión pública, IB3, atraviesa una etapa marcada por acusaciones de control político: el nombramiento de Josep Codony (exmilitante del PP) como director general del ente en 2025 vino acompañado de críticas de la oposición por falta de consenso. En los últimos meses, la oposición ha denunciado un deterioro del clima laboral y el bloqueo del proceso de integración del personal de informativos, acusando al Govern de Marga Prohens —que cuenta con el apoyo externo de Vox— de querer convertir la televisión en un medio alineado con su agenda política.

Una de las últimas polémicas tuvo lugar el 23 de abril, cuando Codony fue cuestionado en el Parlament balear por el uso del término “ilegales” en los informativos de IB3 al hablar de materia migratoria. Frente a ello, el director general defendió el “criterio profesional” de la cadena. La tensión fue tal que la comisión tuvo que interrumpirse momentáneamente por las quejas de los diputados, que acusaron a IB3 de no mantener una perspectiva neutral y de amplificar el relato del Govern en materia migratoria. Codony insistió en negar un uso del lenguaje con intenciones ideológicas.

En el ámbito laboral, IB3 ha abierto un nuevo frente con la constitución en abril de 2026 de la mesa negociadora de su convenio colectivo, un proceso que afecta a más de 400 trabajadores. Los empleados, por su parte, continúan exigiendo unas mejoras que se reclaman desde hace más de veinte años, cuando IB3 comenzó sus emisiones. El pasado mes de septiembre, el PSOE de las islas denunció presuntas “amenazas y coacciones” de Codony a los trabajadores que se concentraron durante un acto para reclamar su integración. El director general negó que se dirigiera con tal actitud hacia ellos.

En términos de audiencia, IB3 mantiene una posición modesta pero estable en 2026, con cuotas mensuales en torno al 5%–5,3%, sin que ello haya supuesto cambios estructurales en su peso dentro del sistema audiovisual. Su relevancia como medio de proximidad contrasta con un creciente debate sobre su independencia editorial, en un escenario donde la estabilidad de audiencia convive con una elevada conflictividad política y laboral en el seno del ente.

Una 'tele Mañueco' sin audiencias

El de Castilla y León es un caso peculiar. La comunidad cuenta con una televisión autonómica privada, pero financiada con dinero público. Radio Televisión Castilla y León es una corporación formada por dos grupos mediáticos, Promecal, del empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, y Edigrup, del leonés José Luis Ulibarri. La Junta de Castilla y León otorga cada año una subvención directa que oscila entre los 20 y los 25 millones de euros, no hay una cantidad fija. De esta manera, sin saber qué presupuesto tienen cada año o incluso si se va a tener, la televisión pende siempre de un hilo.

En cuanto a su manejo político, la televisión es conocida por la salida del director de informativos en 2021 por orden del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la ocultación de las condenas y juicios que arrastra uno de sus propietarios, José Luis Ulibarri, por el caso Gürtel. En los últimos años, un buen número de periodistas ha dejado la televisión al tiempo que los sindicatos denunciaban injerencias políticas en los informativos de la cadena.

La conocida como 'tele Mañueco' tiene una baja audiencia en una comunidad con 2,4 millones de habitantes. Con dos canales distintos, uno local (para cada una de las nueve provincias) y otro autonómico, la discreta audiencia podría dividirse si finalmente se adjudica una nueva licencia para otra televisión privada tras el concurso que convocó la Junta y que aún no se ha resuelto a pesar de que hay un solo licitador. El gobierno autonómico ha asegurado que subvencionaría a la nueva tele con la misma partida que a la actual si las condiciones son las mismas.

Control ininterrumpido del PP en Murcia

También en Murcia la gestión de La 7 está externalizada desde 2015, cuando el Gobierno regional del PP adjudicó el contrato al Grupo Secuoya en una licitación que desde el primer momento generó polémica: la empresa ganadora presentó la segunda oferta más cara y varias competidoras recurrieron el proceso judicialmente alegando “evidentes arbitrariedades e irregularidades” en la adjudicación, recursos que fueron desestimados por los tribunales. Desde entonces, el canal ha permanecido en manos de Secuoya: al vencer el primer contrato en 2020, la pandemia y los recursos judiciales de empresas competidoras obligaron a firmar acuerdos de emergencia antes de adjudicarle un segundo contrato en 2022. Ya está en tramitación un nuevo contrato para el periodo 2027-2032 que rondará los 100 millones de euros de dinero público.

En términos de audiencia, la cadena ha pasado de un 4,4% de cuota en 2022 a un 3,1% en 2024, situándose en la parte baja del ranking de televisiones autonómicas españolas. Las denuncias de injerencia política van más allá de la influencia informal sobre los contenidos. El director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con Mar Moreno, secretaria general de la Presidencia del Gobierno regional de Fernando López Miras con rango de consejera. A ello se añade que en marzo de 2024 fue elegido director del ente público Radiotelevisión de la Región de Murcia Juan Antonio de Heras, exconsejero del PP en Murcia.

El Partido Popular lleva en el poder en Murcia desde 1995, lo que convierte este caso en uno de los ejemplos más longevos de control político ininterrumpido sobre una televisión pública autonómica. La externalización del servicio, lejos de blindar a la redacción de presiones, las facilita: al no ser empleados públicos con estatuto propio, los periodistas de La 7 carecen del marco de protección que tienen sus homólogos en cadenas autonómicas con plantilla directa. La ley reguladora de los medios públicos en Murcia es, además, una de las que menos exige en términos de mayorías cualificadas para elegir a los responsables del ente, lo que permite al partido gobernante colocar a sus afines sin necesidad de consenso con la oposición.

Los problemas de externalización en la Televisión Canaria

Desde sus inicios, la Televisión Canaria —incluida en el ente público Radio Televisión Canaria y creada en 1998— ha estado rodeada de polémica por diferentes motivos y de distinta intensidad. La acusación más generalizada es que es utilizada por el Gobierno de turno para la propaganda política y el tapado de sus vergüenzas, y como ha sido Coalición Canaria la que ha ocupado el poder durante más tiempo (más de 30 años), es el partido que más ha cargado con esa crítica, aunque ahora el Ejecutivo autonómico lo comparte también con el PP.

La polémica actual está centrada en dos frentes. El primero, la campaña del comité intercentros de Televisión Canaria contra lo que llama externalización de los programas informativos a manos de productoras ajenas a la casa, generalmente grandes medios de comunicación locales. Se refieren a Editorial Prensa Ibérica (La Provincia y El Día), a través de su productora Videre, y de Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport Canarias. Ambas se llevan la mayor parte del presupuesto de producciones externas por las tiras diarias de magazines que hacen por la mañana y por la tarde. La plantilla sostiene que la actual ley audiovisual que se tramita en el Parlamento canario incide en esa tendencia a la externalización.

El otro frente que tiene abierto el Gobierno canario con la tele pública está en su dirección. Ya no existe la figura del director o directora general, que se sustituyó en el anterior mandato por la de administrador único y ahora ha pasado a administrador general con la llegada de César Toledo, que se presenta como periodista especializado en comunicación no verbal. Inicialmente el Gobierno de Clavijo se lo impuso a la anterior administradora única con la excusa de que necesitaba un director de Medios y Contenidos, lo que en realidad escondía a un comisario político que hizo que María Méndez, la administradora única, se marchara de inmediato. Ahora Toledo es el administrador general y está procediendo a una auténtica escabechina sobre cualquiera que él no considere que está a la altura de la nueva dirección.

Sin tertulias durante la negociación PP-Vox en Extremadura

El control de la televisión pública también ha formado parte de las negociaciones de gobierno en Extremadura entre PP y Vox. La extrema derecha exigía garantías para pilotar el canal regional y el PSOE ya advirtió del riesgo de que la televisión fuera “moneda de cambio” en las conversaciones de las derechas que fructificaron en la investidura de María Guardiola. Finalmente el canal público no formó parte del acuerdo así que está por ver cómo lo gestiona el equipo de Guardiola en esta nueva legislatura.

Recientemente, PSOE y Unidas por Extremadura denunciaron que Canal Extremadura eliminara las tertulias políticas en las que participan portavoces de todos los grupos parlamentarios durante los cuatro meses de negociación del PP y Vox. Además, la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado “la parrilla más rancia que se recuerda” en la región.

*Con información de África Gelardo, Luís Pardo, Miguel Giménez, Javier Ramajo, Luis Faci, Esther Ballesteros, Antonio Vega, Erena Calvo, Carlos Sosa y Santiago Manchado.

La contratación de cinco redactores para Canal Sur al margen de las bolsas de trabajo o de otros mecanismos reglados de selección ha generado un nuevo polvorín en la Radio Televisión Andaluza. El Comité Intercentros (el órgano sindical que representa colectivamente a toda la plantilla) ha emitido un comunicado denunciando la contratación “a dedo” y acusando a la dirección de atentar contra las expectativas de estabilidad de los trabajadores de Canal Sur. Pero la denuncia de los sindicatos va más allá del ámbito laboral: en su nota, acusan a la dirección de crear una “redacción paralela para imponer su sesgo informativo”.

La contratación, comunicada un viernes y ejecutada ya el lunes, ha causado perplejidad en los sindicatos, que se sienten ninguneados. Como respuesta, el Comité ha acordado suspender con la dirección de la RTVA “cualquier reunión o negociación” hasta recibir toda la información. Además, denunciará la actuación de la dirección ante la Inspección de Trabajo, y convocará una Asamblea de trabajadoras y trabajadores en San Juan de Aznalfarache para este mismo miércoles, en la que se plantearán otras acciones.

La dirección se acoge al cupo de libre designación correspondiente al 10% de la “contratación media anual”, que le permite ofrecer esas vacantes al margen de la bolsa de redactores/as. El porcentaje de libre designación está previsto para aplicarse en la contratación perfiles muy específicos no recogidos por la relación de puestos de trabajo del convenio: por ejemplo, especialistas en una materia que van a elaborar un reportaje o un especial. El convenio colectivo de la RTVA recoge que esta contratación directa, “en la medida de lo posible, se ajustará a los casos en los que la especificidad de las características del puesto a contratar así lo requiera”.

Sin embargo, en esta ocasión la dirección lo ha usado para la contratación de cinco redactores rasos. Los cinco trabajadores tienen experiencia profesional genérica en radio, televisión o comunicación corporativa. Uno de ellos trabajaba hasta ahora en el Gabinete del presidente de Juan Manuel Moreno.

La denuncia del Comité rechaza la contratación “fuera del procedimiento ordinario” por “vulnerar el derecho al empleo” de quienes ya están en una bolsa de trabajo o han solicitado un traslado. Esta forma de actuar, dicen, “atenta contra las expectativas de estabilidad en el empleo, de conciliación de trabajadoras y trabajadores o de promoción de la plantilla”, vulneraría los principios de transparencia y de buena fe en la Negociación Colectiva y les hace “desconfiar sobre las verdaderas intenciones” de la dirección de Canal Sur.

Los sindicatos temen que esta contratación se prolongue en el tiempo. “La lógica nos dice que si han recurrido a este mecanismo no reglado es para darle una duración”, explica una fuente sindical.

Según aseguran, Recursos Humanos no les ha aclarado las circunstancias de estas contrataciones. Este medio tampoco ha recibido aún respuesta a las preguntas remitidas al ente público.

“Uso partidista de lo público”

Comisiones Obreras ya apuntó este lunes por la noche al supuesto intento de “consolidar la contratación de afines al partido”, en referencia al PP, que gobierna con mayoría absoluta la Junta de Andalucía. “La actual dirección de la RTVA, que se quitó la careta hace tiempo con la manipulación y el uso partidista de lo público, sigue el camino de otras radiotelevisiones dirigidas por el PP (con el apoyo de la extrema derecha)”, se lee en el comunicado de CCOO.

Los sindicatos denuncian que la contratación ha sido sorpresiva y se produce en medio de unas negociaciones precisamente para mejorar la estabilidad y la conciliación de los trabajadores, sin que la dirección informase de nada antes de ejecutarla. “Los compañeros y compañeras temporales, que se esfuerzan diariamente y lo dan todo en esta empresa pública, son los primeros que se han quedado perplejos al ver cómo les adelantan y hacen carrera por la derecha hasta niveles insospechados sin estar en la bolsa, ni por SAE, ni nada”, señala el Sindicato de Periodistas.

La contratación se comunicó por correo electrónico a las 15:10 de la tarde. Según CCOO, “con opacidad y alevosía”. Se hizo efectiva ya este lunes. “¡Nunca jamás, la dirección ha sido tan eficiente y veloz para contratar!”, señalan. CCOO sospecha que, en realidad, la decisión estaba tomada desde hace tiempo y se había ocultado. La decisión se produce, “casualmente, a escasos meses de las elecciones autonómicas”, observa el sindicato.

Los sindicatos amagaron con una huelga en Canal Sur hace ahora un año para reivindicar mejores condiciones laborales de los cámaras y que se cubran las bajas de personal, pero la desconvocaron a pocas horas del 28 de febrero, cuando estaba prevista.

Por su parte, el Consejo Profesional de Canal Sur ha denunciado en los últimos años la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas relevantes para Andalucía pero espinosos para el Gobierno de Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, dando prioridad a asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional que encajan mejor en los intereses del PP. El Consejo Profesional dimitió en bloque el pasado octubre denunciando una “estrategia” para devaluar sus funciones.

El acto más relevante de la Navidad en la estación de esquí de Sierra Nevada, en término municipal de Monachil, en el área metropolitana de Granada, llega este miércoles a última hora con la retransmisión por Canal Sur Televisión, por primera vez en la historia del recinto invernal andaluz, de las campanadas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía de Pradollano.

Sierra Nevada abría a principios de la semana pasada todas sus zonas de cara a la Navidad, incorporando pistas en Loma Dílar, Cauchiles y Laguna gracias a los más de 30 centímetros de nieve nueva que acumulaba en todas las áreas. Ofrecía así más de 50 kilómetros esquiables, la mejor oferta en el arranque navideño de los cuatro últimos años, con una programación que suma este año las campanadas de Canal Sur. Este pasado martes superaba ya los 90 kilómetros de pistas, con una previsión de ocupación hotelera de en torno al 90 por ciento.

Las campanadas de Canal Sur llegarán de la mano de Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa desde Sierra Nevada. Los tres han compartido mensajes en sus redes sociales que expresan la ilusión de una ocasión como esta. La capital granadina también será protagonista, según adelantó esta semana a los medios la alcaldesa de la ciudad de la Alhambra, Marifrán Carazo.

Gala musical

De hecho, la retransmisión conectará con el reloj del Ayuntamiento de Granada para dar las uvas, han detallado este martes desde la RTVA. Igualmente, para este Fin de Año se ha preparado una gala musical en la que se combinan actuaciones musicales de gran nivel con humor, diversión y cercanía.

Manu Sánchez, Pastora Soler y Teresa Martín conducirán esta gala que contará con actuaciones musicales de los principales artistas del panorama nacional y autonómico, como India Martínez, Andy, Antoñito Molina, El Arrebato, Carlos Baute, Chambao y Raule, Pitingo, o Antonio José, entre otros.

Antes del momento álgido de la noche, la televisión autonómica ofrecerá un programa especial que dará comienzo a las 23:20 horas, en el que se conectará con cinco puntos geográficos de Andalucía desde donde se contará cómo se viven los momentos previos a la entrada del año nuevo 2026.

En la concentración masiva que tuvo lugar el domingo ante las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla -sede de la Junta de Andalucía- miles de manifestantes exigían a gritos la dimisión del presidente Juan Manuel Moreno por la crisis de los cribados de cáncer de mama, que tiene en jaque al Gobierno andaluz desde hace un mes. Uno de los gritos de protesta que lanzaba la multitud iba dirigido a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA): “¿Dónde está Canal Sur? ¿Dónde está Canal Sur?”

Días antes de la protesta, un grupo de trabajadores de la RTVA había tratado de responder a esa pregunta promoviendo un manifiesto donde vuelcan su “malestar” por el tratamiento informativo que ha dado la cadena pública a la mayor crisis sanitaria y política que ha vivido Andalucía desde la pandemia de Covid-19.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es una carta firmada por periodistas de Canal Sur con nombre, apellidos y DNI, que han enviado este lunes a la presidenta de la asociación que destapó el escándalo (Amama), Ángela Claverol: “Consideramos que nuestra empresa no ha estado a la altura como medio público andaluz impidiendo a los profesionales realizar su trabajo para garantizar una información libre, plural e independiente a las andaluzas y los andaluces. Le aseguramos que muchos profesionales de la radio y la televisión pública nos sentimos abochornados”.

Un grupo de profesionales de Canal Sur empezó a mover el manifiesto en la redacción central la semana pasada, al principio, al margen del Comité Intercentros de la RTVA, donde están representadas las cinco secciones sindicales mayoritarias: Agrupación de Trabajadores de Canal Sur, CCOO, UGT, Sindicato de Periodistas de Andalucía y CGT.

La iniciativa, según fuentes del Comité Intercentros, nació del “boca a boca” en una redacción “muy dolida” con la cobertura de la crisis de los cribados, entre otras cosas, porque “hay redactoras y trabajadoras de esta casa que están entre las afectadas por los diagnósticos tardíos de cáncer”.

El sábado, un día antes de la concentración ante San Telmo, se habían recogido casi 200 firmas de periodistas “en el documento original en papel”, y entonces deciden mover el manifiesto a través de WhatsApp entre los compañeros, habilitar un correo electrónico para recepcionar todas las firmas (radiotelevisiondeandalucia@gmail.com) y convertirlo en una “carta” para enviárselo a la presidenta de Amama.

La iniciativa se ha filtrado este lunes a algunos medios, de modo que los promotores decidieron enviarle ya el documento a Claverol con las firmas que por ahora han suscrito la protesta contra la dirección de Informativos: unos 200 trabajadores, según datos facilitados por los responsables. A 1 de enero de 2025, la plantilla de la RTVA ascendía a 1.345 trabajadores, de los cuales 343 son redactores, según las cifras aportadas por Recursos Humanos para las últimas elecciones sindicales.

La dirección general de la RTVA, “sorprendida”

Preguntada sobre la carta que los periodistas de Canal Sur han dirigido a Amama, la dirección general de la RTVA ha evitado pronunciarse porque “desconoce” el documento y porque “no nos ha llegado carta alguna”. “Esta dirección se ha visto sorprendida al saber que, al parecer, hay una carta que no han remitido a la empresa. Desconocemos su contenido y el número de profesionales de la casa que la firman. Sin tener estos datos que nos permitan analizar el grado de malestar, el número de profesionales que sustentan esta carta y los motivos concretos de esta iniciativa, ni podemos ni debemos pronunciarnos, puesto que sería una grave imprudencia entrar en una polémica con un grupo de trabajadores sin datos y por una vía externa impropia de los sistemas internos y formales que tiene la empresa para gestionar estos asuntos”.

El Comité Intercentros de la RTVA no ha hecho un “mailing” para hacer llegar la carta a todos los trabajadores de la plantilla y tampoco ha informado de la iniciativa a la dirección de la empresa porque, dicen, “partió de un grupo de periodistas y enseguida creció mucho y se decidió enviárselo como carta a Amama”.

En origen se trataba de una propuesta que sí se aprobó en noviembre de 2023 en el Comité Intercentros, que consistía en ponerse en contacto vía mail con organizaciones y movimientos asociativos cuyas actividades o denuncias “estaban siendo silenciadas” por los informativos de Canal Sur, “para hacerles llegar el desacuerdo de los periodistas con la dirección”. “El ninguneo de Amama en medio de esta crisis de cribado fue tan gordo, que se decidió dar un paso más y enviar una carta firmada con nombres y apellidos por nuestros redactores, y que no fuera sólo un comunicado institucional de los sindicatos”, advierten estas fuentes.

Entre 30.000 y 8.500 manifestantes ante San Telmo

La manifestación del domingo ante la sede del Ejecutivo andaluz convocó a miles de mujeres y hombres: unas 30.000 según los organizadores; en torno a 8.500 según la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, que desplegó a la Policía Nacional para controlar la protesta.

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, decidió dar su propia cifra de participación, de manera inusual, usando como fuente la Policía Local, aunque entre sus competencias no está el seguimiento de una acción de protesta. El Consistorio que dirige José Luis Sanz hizo el cálculo más bajo, en torno a 4.500 manifestantes, que fue la cifra a la que se aferró el PP andaluz para tildar de “rotundo fracaso” la protesta.

La presidenta de Amama ya había denunciado públicamente que Canal Sur tardó “tres días” en ponerse en contacto con la asociación desde que estalló la crisis de los cribados, cuando ya era noticia de ámbito nacional y había salido en todos los medios. La carta que le envían los profesionales del ente público incide en esta misma denuncia: “No compartimos los criterios impuestos desde la dirección de informativos. Entendemos que el tardar 72 horas y 19 minutos en dar la primera información sobre el tema, no obedece al criterio de actualidad”, dice el escrito.

La iniciativa de denunciar el tratamiento informativo ante la asociación que representa a las víctimas de la crisis de los cribados parte de la propia plantilla, en un momento en el que su representación está descabezada tras la dimisión del Consejo Profesional de la RTVA, cuyo mandato ya había caducado, pero no se había iniciado el proceso interno para su renovación.

En el escrito, los trabajadores de Canal Sur se quejan también de que su empresa “no haya contado todavía” con Claverol ni nadie de Amama “en directo”, “cuando ha sido entrevistada en todas las televisiones del país”. “Esto no obedece al criterio de interés. Dedicar cinco veces más tiempo en un día a la presentación del Plan de Choque de la Junta que a las protestas de las mujeres andaluzas por los errores en los cribados de cáncer de mama en una semana, no obedece al criterio de relevancia”, dice el texto, que añade: “La ocultación deliberada, siguiendo un plan, para contrarrestar la indignación social creada, no obedece al criterio de imparcialidad. Sin respeto a los criterios de actualidad, interés, relevancia e imparcialidad, sabemos que no existe la buena práctica del periodismo”.

En primera página desde el 1 de octubre

Las denuncias de Amama por los diagnósticos tardíos de cáncer de mama saltaron al debate público con una primera información de la Cadena Ser, el pasado 1 de octubre. La entonces consejera de Salud, Rocío Hernández, respondió que se trataba de “cuatro casos aislados”, pero 48 horas después elevaría la cifra a 2.000 afectadas. Mujeres que se habían hecho una mamografía meses o años atrás y no les habían informado de la detección de un hallazgo “sospechoso” o “no concluyente” que, en algunos casos, degeneró en un tumor maligno por falta de tratamiento.

Hernández dimitió el 8 de octubre, una semana después, cuando el presidente de la Junta ya había pedido disculpas públicas y admitido el “error” en el protocolo de cribados de cáncer de mama. Ese mismo día, miles de mujeres ya salieron por primera vez a la calle a manifestarse, a las puertas del SAS, exigiendo la dimisión de Moreno. Desde entonces, el escándalo de los cribados ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación -incluido Canal Sur- y se ha convertido en centro del debate político, dentro y fuera de Andalucía.

El Ejecutivo de Moreno y el PP andaluz acusan a las izquierdas de “manipular” a las mujeres con cáncer y han afeado al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevara el asunto a la última sesión de control en el Congreso.

Con los días, la Junta también ha tensado la cuerda con la propia asociación que destapó el asunto, acusándola de lanzar “infundios” cuando decidió denunciar ante la Fiscalía la supuesta manipulación y desaparición de historiales clínicos en las plataformas digitales del SAS, algo que ha motivado la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

Sobre esto último, los trabajadores de Canal Sur también acusan a la dirección de Informativos de “esconder el error informático por el que desaparecieron las pruebas del portal del SAS y dar voz al consejero que les acusaba de lanzar infundios”. La televisión pública tildó la denuncia de Amama ante la Fiscalía de “escrito” -en los rótulos que acompañaban a la noticia-, algo que rompe “el principio de imparcialidad y de veracidad”, dice el escrito, que también reprocha que se hayan “ocultado” los movimientos judiciales del caso o las dimisiones de responsables.

“Sin independencia, objetividad, veracidad, rigor o pluralismo se quiebra nuestra obligación de servicio público a la hora de garantizar el derecho a la información de los andaluces”, concluye la carta de los trabajadores de Canal Sur a Amama.

Canal Sur Televisión mantiene suspendida su emisión desde las 10 horas de este miércoles 15 de octubre por el apoyo de su plantilla a la huelga general convocada por organizaciones sindicales en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el “genocidio en Gaza”.

La emisión de Canal Sur Televisión ha quedado en modo carta de ajuste tras finalizar el espacio de tertulia y actualidad Despierta Andalucía que se emite cada mañana antes de dar paso al magacín de actualidad y entretenimiento Hoy en Día, que presenta Toñi Moreno y que este miércoles no se está emitiendo.

La RTVA acompaña la carta de ajuste de un mensaje en el que comunica que la programación queda suspendida por el seguimiento de la plantilla a la huelga convocada por los sindicatos a nivel nacional en apoyo a Palestina, pide disculpas a los espectadores “por las molestias que pueda estar ocasionando” y traslada su deseo de recuperar la emisión con normalidad “tan pronto como sea posible”.

El Consejo Profesional de RTVA, la radiotelevisión pública de Andalucía, ha presentado este martes su dimisión. Así lo ha comunicado en una carta hecha pública a través de sus redes sociales, en la que recuerda que el 14 de octubre se cumplían seis meses desde el final de su actual mandato. El Estatuto Profesional exige que se convoque nuevo proceso electoral en el plazo de un mes desde la finalización del mandato. “Medio año es un plazo más que generoso para que se hubiera puesto en marcha el proceso”, observa el comunicado.

El anterior Consejo ya estuvo dos años en funciones, lo que conllevó la parálisis de un órgano clave para expresar la visión de los trabajadores Canal Sur Radio y Televisión. “Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones durante los cuatro años de mandato a pesar de los obstáculos puestos por quienes deberían garantizar el buen funcionamiento de este órgano. Pero, tras seis meses esperando, hemos decidido que no vamos a ser cómplices de la nueva estrategia de nuestra empresa para devaluar un instrumento imprescindible como es el Consejo profesional de la RTVA”.

El Consejo Profesional recién dimitido tomó posesión el 14 de abril de 2021, y ha sido crítico con la línea informativa adoptada por la dirección del ente público, a la que ha acusado de relegar temas de gran relevancia informativa espinosos para el Gobierno de Moreno, como la gestión de los incendios, las listas de espera sanitaria o, en las últimas semanas, los errores en la aplicación del programa de cribado de cáncer de mama, mientras priorizaba asuntos de menor relevancia u otros de alcance nacional como la Ley de Amnistía.

“PRIORIDADES. La Dirección de Informativos de #CanalSur ha dedicado sólo hoy más del triple de tiempo a la retirada de Morante, 6m 38s, que toda la semana pasada a las protestas de mujeres por los errores en los cribados de cáncer de mama en las 8 provincias de Andalucía, 1m 50s”, señala uno de sus últimos tuits.

El texto subraya la labor del Consejo en estos años, en los que ha emitido informes y comunicados puntuales que han denunciado las prácticas periodísticas impuestas, según el Consejo, por la dirección de informativos. “Hemos estado pendientes de los contenidos informativos que emitimos con el fin de garantizar la ”defensa de una información veraz, rigurosa, bien fundamentada y obtenida con imparcialidad con medios honestos“, que se recoge en los principios deontológicos de dicho Estatuto”.

Centenares de quejas de profesionales

Según se detalla en la nota, el Consejo ha recibido en este tiempo “centenares de quejas de profesionales sobre noticias emitidas, enfoques informativos o rutinas profesionales que no consideraban adecuadas”, todas las cuales han sido comunicadas a la Dirección de Informativos. “Hemos defendido que hubiera más democracia interna y más participación de los profesionales en nuestros contenidos informativos”.

El Consejo dimisionario destaca que desde marzo de 2024 la Dirección de Informativos de Televisión se ha negado a celebrar ninguna reunión, “a pesar de que, según el Estatuto del que nos dotó la empresa, dichas reuniones están pautadas cada tres meses”. “Decenas de quejas y consultas de compañeros siguen sin respuesta por esta negativa a recibirnos. La última excusa para no hacerlo, a principios de este año 2025, es que con un Consejo a punto de caducar no merecía la pena reunirse”.

“Este Consejo Profesional lleva tres años esperando que el Director General encuentre un hueco en su agenda para mantener un encuentro. Lleva también cuatro años sin recibir ninguna reacción ni respuesta motivada a nuestros informes, algo a lo que obliga el Estatuto Profesional en su artículo 15.2.2, que recoge también que el Consejo de Administración velará por que la empresa dé esta respuesta motivada”, señala el comunicado, que se cierra con “orgullo por la labor realizada, pero con tristeza porque queríamos haber sido más útiles a los compañeros”.

“La defensa del Estatuto Profesional ha sido siempre la principal motivación de todas nuestras actuaciones y su incumplimiento ha sido desde el primer momento denunciado en todos nuestros comunicados. Un incumplimiento que ha sido la norma de actuación de la actual Dirección de la empresa, desde asuntos esenciales como el derecho de los andaluces a una información plural, independiente, imparcial, rigurosa y veraz, a asuntos de funcionamiento interno”, señala el comunicado, que se cierra abogando por una información que “debe ser veraz, plural, independiente y rigurosa y que se debe, por encima de todo, a la ciudadanía andaluza”.

La decisión de Canal Sur de mantener la emisión de una corrida de toros desde Marbella mientas ardía la Mezquita de Córdoba está generando un nuevo incendio en el ente público. Comisiones Obreras ha emitido un comunicado este domingo, en el que apunta a la responsabilidad de la Dirección de Informativos y subraya que los trabajadores de la plantilla estuvieron dispuestos para cubrir el suceso en directo poco después de que saltaran las llamas, aun estando fuera de turno. Canal Sur informó del incendio cuando ya estaba apagado, y bastantes minutos después que otros medios. Las críticas de CCOO se suman a otras vertidas desde otros sindicatos, como CGT y UGT, profesionales de la televisión o en redes sociales, donde el asunto se convirtió en tendencia durante este sábado.

El incendio se declaró a las 21:15 del pasado viernes y, aunque fue rápidamente sofocado, ha acabado provocando el colapso del techo de una de las capillas. Mientras ardía la Mezquita de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, Canal Sur retransmitía la corrida de toros Los Candiles, con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, en directo desde la plaza de Marbella. Canal Sur informó por primera vez del incendio a las 22:38 de la noche, contando que ya estaba apagado y que no existían daños relevantes en el monumento mediante un mensaje leído de un teléfono a la vuelta de un corte de publicidad en los toros, sin imágenes y sin datos concretos de lo ocurrido. La segunda información se emite a las 23:41 y dura 50 segundos.

Canal Sur recibió durante todo el sábado una avalancha de críticas en redes sociales, que Isabel Cabrera, su directora de informativos, trató de detener en X (antes Twitter). En sus respuestas y citas a mensajes críticos, Cabrera defiende que “se cortó la emisión” de los toros (sin aclarar que eso ocurrió con el incendio ya sofocado) y subraya que se informó con un scrawl (el breve inserto en la banda inferior de la pantalla) de que el incendio estaba controlado en cuanto el Cabildo lo confirmó. Cabrera explicó que el fuego se dio por extinguido tan rápido que ya lo estaba cuando los profesionales llegaron al incendio. “Hay que llegar a Córdoba, preparar y levantar un directo. En cuanto se llegó, se hizo”.

Sobre la función de los medios públicos, ha sentenciado: “El principal papel de un medio de comunicación público es informar en la medida de una noticia sin alarmar al ciudadano. Las redes a veces alarman y los medios informan con fuentes oficiales. Y si hay que tranquilizar y no alarmar porque algo está controlado se hace así porque ese es nuestro trabajo”.

Cabrera también ha retuiteado varios mensajes que celebran el dato de audiencia de la emisión taurina.

Críticas sindicales a la “negligente cobertura”

UGT ha denunciado en X la “negligente cobertura” del incendio. “Mientras ardía nuestro patrimonio, Canal Sur emitía toros. Sin conexión, sin urgencia, sin servicio público. Exigimos responsabilidades y protocolos claros”. Por su parte, CCOO denuncia en su nota la “incapacidad de la dirección”, de la que dice que está “impuesta en su mayoría por afinidad política, no por mérito, experiencia o conocimiento en el medio radio televisivo”.

Tanto este sindicato como CGT aseguran que los trabajadores y trabajadoras se activaron de inmediato, a pesar de que habían terminado su turno a las 20:30 y de que en verano hay turnos y franjas por cubrir por la falta de contrataciones. “El equipo de guardia de informativos de televisión terminaba su turno a las 20:30”, ha detallado CGT: “Todos ellos, redactor, operador de cámara y operador de vídeo, supieron de la noticia al momento de producirse, camino de sus casas. Informaron al Delegado Territorial, contactaron con el compañero encargado de la seguridad del Centro de Trabajo y volvieron a sus puestos con total inmediatez. De este modo, y con los medios técnicos disponibles, hubiera sido posible ofrecer información en directo y con mayor prontitud en la televisión pública de Andalucía”.

El Coordinador y redactor de Canal Sur Radio en Córdoba habría interrumpido sus vacaciones para acudir al Centro de Trabajo, recoger el equipo necesario y cubrir la información en directo para todos los oyentes, y el Delegado Territorial acudió al lugar del siniestro en apoyo a los equipos allí desplazados, según CGT.

Tampoco sería un problema la distancia: “En televisión está casi todo inventado, existen medios técnicos para informar en directo de una forma eficaz y ágil. Canal Sur cuenta con un centro territorial a pocos minutos de La Mezquita”, explica CCOO: “La falta de cobertura solo obedece a la falta de planificación y de interés de la actual dirección por los centros territoriales que deberían ser herramientas para garantizar la vertebración territorial de Andalucía.

De forma paralela a que la editorial Anagrama decidiera el pasado jueves suspender sine die la distribución de El odio, la novela de Luisgé Martín sobre el crimen de José Bretón, la Fiscalía planteó dirigir un oficio a una productora de televisión para que le facilitara el contenido completo de una emisión en Canal Sur, donde aparecerían imágenes de los menores de edad, para estudiar si su difusión ha podido vulnerar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores, asesinados en 2011 por su padre. “Tras visionar el contenido” en su integridad, fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado ha reconocido que finalmente la Fiscalía no envió oficio alguno ni a la productora ni a Canal Sur y que ha trasladado sus disculpas tanto a la dirección general de la RTVA como a los medios que se han hecho eco de ello por haber informado a este periódico de forma errónea a través de fuentes oficiales.

“La Fiscalía de Menores pudo ver el citado documental a través de una plataforma y no va a adoptar ninguna medida al respecto”, dicen ahora las fuentes, que lamentan el error “imperdonable” al dar a este periódico “una información incorrecta”.

Las mismas fuentes oficiales que han rectificado la información aseguraban el día anterior que la petición para acceder al programa obedece, con similar intención que se hizo con el libro, a poder acceder al contenido exacto de la emisión, con la diferencia de que el programa ya se había sido emitido en la televisión pública andaluza. El libro finalmente no ha visto la luz, salvo en los conocidos avances por parte de los medios de comunicación, pero no en su integridad.

Este periódico contrastó la información con fuentes oficiales de la cadena, que dijeron “no tener constancia de que la Fiscalía haya adoptado ninguna medida que afecte a Canal Sur”, una versión coincidente con lo que decía la Fiscalía de haberse dirigido a la productora, no a la cadena.

“Nadie se ha puesto en contacto con la tele ni con la productora. Las fotos de los niños son las que se han publicado siempre y, de momento, no hay comunicación de la Fiscalía”, añadieron otras fuentes de Canal Sur, como ahora han reconocido desde la Fiscalía.

La jefa de la fiscalía de menores en España, Teresa Gisbert, se refirió la semana pasada a este asunto cuando en la Cadena SER comentó que se habían “diligencias preprocesales” por una emisión en Canal Sur, aludiendo a la aparición de “fotos” de los niños en un espacio televisivo “anunciando el contenido del libro”. La actuación de la Fiscalía coincide con la reciente emisión en la RTVA de la miniserie 'Bretón, la mirada del diablo' (entre los días 17 y 19 de marzo), si bien este medio no ha podido confirmar de qué programa se trata.

Es de recordar que la Fiscalía de Menores de Barcelona pidió la semana pasada la suspensión de la publicación, advirtiendo a la editorial que estaban valorando el ejercicio de acciones legales “ante la posible vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores”. Previamente, Ruth Ortiz, expareja de Bretón y madre de los niños asesinados, había denunciado la distribución de El odio ante la Audiencia Provincial de Córdoba y la Fiscalía. El Ministerio Público pidió igualmente la paralización de la venta. El juez rechazó la demanda porque consideró que la medida restringía la libertad de expresión y no disponía del original de la obra. Aun así, la Fiscalía insistió en que El odio no debía llegar a las librerías y recurrió la decisión.

CORRECCIÓN: En una primera versión de esta noticia se aseguraba que la Fiscalía había dirigido un oficio a una productora de Canal Sur para visionar en su integridad emitido unos días antes un programa en la que aparecían “fotos” de los niños. Sin embargo, la misma fuente, del gabinete de comunicación de la Fiscalía General del Estado, ha reconocido que dio a este periodico “una información incorrecta” en un “error imperdonable”, habiendo pedido “disculpas a Canal Sur” y aclarando a la cadena que elDiario.es Andalucía publicó la información “tras contrastarla” con la Fiscalía por lo que “en ningún caso” se puede achacar al medio el error sino a la fuente informante.

La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A (Canal Sur) tienen a la vista otro juicio por otra posible vulneración del derecho fundamental de huelga durante el Día Internacional de la Mujer. La vista oral se iba a celebrar este pasado miércoles en la Sala de lo Social de Sevilla del TSJA, precisamente a las puertas del 8M, pero finalmente se ha aplazado.

El ente público ya ha sido condenada por hechos análogos relacionados a las convocatorias de huelga de CGT con motivo del 8 de marzo, concretamente en los años 2021 y 2022, de las que ha venido informando este periódico. Ambas se referían al mismo centro territorial de Córdoba, y el nuevo caso no es una excepción. El pasado 10 de enero, Canal Sur admitió en directo que vulneró el derecho fundamental de huelga de una empleada el Día Internacional de la Mujer.

Los nuevos hechos denunciados se refieren al año pasado, 2024. CGT había llamado a una huelga “con un contenido reivindicativo marcadamente feminista” en una convocatoria que se viene repitiendo en la misma fecha en años anteriores. Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico no han querido pronunciarse respecto a este nuevo procedimiento judicial en curso.

Una huelga para “evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras”

Explica la demanda que en el centro de trabajo territorial de Córdoba se realiza una previsión de turnos con carácter mensual que atiende a las diferentes categorías y operarios que deberán laborar a fin de atender los servicios. Así las cosas, en el turno de tarde del 8 de marzo de 2024 estaba prevista únicamente la asistencia de un redactor, de conformidad con los servicios mínimos. Ese día, el informativo de la tarde (El mirador de Andalucía, las Noticias de Córdoba) fue realizado por otra redactora, que trabajó “en virtud de horas extraordinarias, por cuanto que su turno ordinario asignado para esa jornada fue de 8.00 a 15.00 horas”.

La realización de esas horas extraordinarias durante la jornada de huelga “fue una decisión adoptada por la dirección de la empresa”, argumenta CGT, que considera que con esa “medida patronal” y “con el ejercicio de poder organizativo encaminado a suplir a los trabajadores huelguistas e incumplir con los servicios mínimos se merma el derecho de huelga de una convocatoria que pretende precisamente evidenciar la importancia sociolaboral de las trabajadoras y la transcendencia de su ausencia en la realización de sus actividades profesionales habituales”.

Se trata, según CGT, de un supuesto de lo que se ha dado en denominar esquirolaje interno, en este caso “haciendo uso de horas extraordinarias sin causa ni motivo que habilite a ello”. El esquirolaje interno se produce cuando, en el periodo de huelga en una empresa, el empresario utiliza a trabajadores no huelguistas de la propia empresa, modificando sus condiciones de lugar, tiempo y modo de trabajo para que realicen los trabajos que se han quedado paralizados durante la huelga, con el fin de reducir los efectos de la huelga. Hay casos que ya ha visto el Tribunal Supremo, cuyos jueces declararon que los trabajadores de una empresa asentada en Navarra vieron vulnerado su derecho a huelga en una protesta de 2017 porque varios jefes de departamento se pusieron a trabajar sustituyendo a los huelguistas.

Un derecho fundamental “lesionado”

Añade la demanda que “el esquirolaje interno está declarado ilegal a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1992, de 28 de septiembre, máxime cuando –como ocurre en el presente caso- la intención empresarial que tienen esos cambios es eliminar las consecuencias de la huelga”.

Por todo ello CGT solicita mediante “que se declare lesionado el derecho fundamental a la huelga”, reclamando una indemnización de 60.000 euros en concepto de reparación de los daños morales y materiales, pérdida de imagen, afiliación y perspectivas de afiliación del sindicato así como los costes del procedimiento judicial.

También pide CGT que se le indemnice en 18.000 euros, que se declare la nulidad de las decisiones y actuaciones, “ordenándose el cese inmediato de la conducta lesiva de los derechos fundamentales”, y “que se reparen los daños y perjuicios causados, procediendo a realizar una emisión televisiva en idéntica franja horaria preferente centrada exclusivamente en la sentencia que se dicte”, de forma similar a la que se vio obligada a emitir de acuerdo a una de las referidas sentencias ya emitidas y ratificadas por el Tribunal Supremo.

La Dirección de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y su sociedad filial, Canal Sur Radio y Televisión S.A., ha cerrado un acuerdo con el comité para la desconvocatoria de la jornada de huelga general convocada para el próximo viernes 28 de Febrero, Día de Andalucía.

Según informa la propia RTVA en un comunicado, el acuerdo suscrito por la dirección con el comité de huelga recoge el compromiso de “seguir trabajando en mejorar la dotación y condiciones de trabajo del colectivo de los cámaras, al igual que en su estabilidad”.

Las principales medidas acordadas son sumar diez nuevos puestos de operador de cámara a los ya cubiertos según un calendario pactado entre ambas partes; recuperar la escuela de espalda para prevenir lesiones musculoesqueléticas y seguir reforzando tecnológicamente al departamento “contando con la opinión del colectivo de trabajadores a la hora de hacer las inversiones”.

La dirección de la RTVA “felicita a todas las partes implicadas y agradece el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad para llevar a buen puerto las negociaciones” que permite desconvocar la huelga y “realizar en el día de todos los andaluces su labor de servicio público como viene haciendo durante más de tres décadas”.

El director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, ya expresó su confianza en la mañana de este martes en alcanzar un acuerdo para la desconvocatoria de la huelga prevista este 28F para poder “cumplir con su obligación de servicio público” en un día como el 28F, e incluso poder seguir con “cierta normalidad una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra tierra, como es el Carnaval de Cádiz”.

Los casi 1.500 trabajadores de Canal Sur Radio y Televisión harán huelga el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía. Los representantes de la plantilla han registrado este martes el escrito de convocatoria en todos los centros de trabajo de la RTVA y de su Sociedad Filial, Canal Sur Radio y Televisión S.A. en todo el territorio andaluz, confirman fuentes del ente público.

La huelga parte de las reivindicaciones laborales de los cámaras de Canal Sur Televisión, que denuncian la reducción progresiva de personal tras contínuas bajas -por jubilación, enfermedad o fallecimiento- que no se han cubierto, provocando una sobrecarga de trabajo. Sin embargo, la fórmula elegida por el comité intercentros sindical para negociar ahora con la empresa ha sido una convocatoria de huelga general para toda la plantilla.

El parón coincie con el Día de Andalucía, una jornada con programación especial en Canal Sur, que cubre las efemérides oficiales del Parlamento y el Gobierno autonómico, la gala de entregas de Medallas de Andalucía y el final del concurso de chirigotas del Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla. La huelga tendrá efecto desde las 00.00 a las 24.00 horas del 28 de febrero, durante el cual, los trabajadores podrán ejercer su derecho durante su turno completo.

Los representantes sindicales de la plantilla han remitido el acuerdo de huelga a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, argumentando las razones de este paro, a saber: “dotar al Departamento de Operadores de Cámaras de Sevilla de las plazas estructurales (52) recogidas en el vigente Convenio Colectivo”. Fuentes sindicales aseguran que en este momento son sólo una treintena los cámaras en ejercicio.

Se plantea también una serie de medidas para prevenir lesiones en los profesionales que portan las cámaras: “recuperar la escuela de espalda para prevenir lesiones musculoesqueléticas y poner a disposición del colectivo de terapias rehabilitadoras para dichas lesiones; recuperar los pactos de trabajo, el plus de pernocta, dietas de manutención y desplazamiento dignas, antigüedad conforme a Convenio Colectivo, etc”.

También reclaman “renovar tecnológicamente al departamento contando en todo momento con la opinión del colectivo de trabajadoras/es, a la hora de comprar robóticas, grúas, cámaras ENG, ópticas, y dotar al departamento con cámaras gopro, gimbal, drones etc”.

Una de las reivindicaciones más llamativas es la de “recuperar equipos fijos en programas No Diarios (Los Reporteros, Tierra y Mar, Solidarios, etc)” y “programar descansos regulares durante las grabaciones, retransmisiones y programas en directo”, además de “tener descansos de 10 minutos cada hora de trabajo”.

La plantilla se queja de que en las salidas de cámaras de ENG no vayan dos operadores para transportar equipos, para el manejo de equipos adicionales y para rotar en el turno. La huelga también está motivada por la “desregularización de las condiciones de trabajo y contra la flexibilidad absoluta de horarios que se están imponiendo en el departamento, sin velar por el cumplimiento del Convenio Colectivo y la normativa laboral en materia de turnos, descansos, horas extras, etc”, y culmina con esta sentencia: “La convocatoria de huelga se hace para defender la viabilidad del servicio público encomendado por el Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

Canal Sur Televisión ha admitido en directo que vulneró el derecho fundamental de una de sus trabajadoras a hacer huelga el 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer. Lo hizo en el informativo de la tarde noche de este viernes “para toda Andalucía”, en cumplimiento de una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fue en los últimos minutos del noticiario cuando la presentadora dio obligada del fallo en un folio: “Estimamos parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales, formulada por la Confederación General de Trabajo (CGT), contra la empresa pública de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y la sociedad filial, Canal Sur Radio y Televisión Sociedad Anónima. Con intervención del Ministerio Fiscal, declaramos vulnerado el derecho de huelga de la parte actora, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el día 8 de marzo de 2022, en el que doña Isabel García, delegada de CGT, ejerció su derecho de huelga y condenamos a las demandadas a abonar al sindicato actor una indemnización por daño moral de 7.500 euros, y a proceder a la lectura del fallo de esta sentencia en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión”.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha obligado a la RTVA a cumplir íntegramente el fallo condenatorio dictado por Tribunal Supremo el pasado octubre, “procediendo a la lectura” de la sentencia condenatoria “en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión que se emite para toda Andalucía”. El ente público ya lo había emitido, pero sólo en la desconexión provincial para Córdoba -donde trabaja la demandante-, pero la Justicia volvió a ordenarle que lo hiciera público en un informativo regional “para toda Andalucía”, uno de los más vistos en la cadena.

La cadena pública andaluza, según los tribunales, había vulnerado el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer de 2022, en el que CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico. La organización de trabajadores había advertido en diciembre al TSJA que no se había cumplido el fallo puesto que Canal Sur había dado lectura al fallo en un informativo de Canal Sur TV Córdoba, como así fue el pasado 19 de diciembre (a partir del minuto 6.00).

Según el ente público, era “el informativo afectado por la Huelga del día 8 de marzo de 2022 y en cuyo turno se encontraba asignada” la delegada de CGT que ejerció su derecho de huelga y cuya sustitución motivó la demanda“. Pero el sindicato CGT alegó que el ámbito de la huelga convocada el 8M de 2022 correspondía a la comunidad autónoma andaluza y, además, es coincidente con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, la trabajadora afectada es representante de CGT en la empresa y forma parte del Comité Intercentros de la RTVA, por lo que ”su ámbito de representación alcanza a todos los centros de trabajo“.

“La emisión exclusiva en la desconexión provincial de Córdoba supone una limitación que establece de manera interesada y unilateral la parte condenada” tras haber sido, además, desestimado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, advierten desde el sindicato. “No se establece en la sentencia ninguna limitación ni invitación alguna a limitar el efecto del fallo”, continúa CGT, que añade que debía tenerse en consideración que “estamos ante un supuesto de reincidencia por cuanto que la empresa también ha resultado condenada por un asunto análogo relativo a la convocatoria de huelga de 8 de marzo de 2021”, como también informó elDiario.es Andalucía.

La demandante, como acoge ahora el TSJA, interesaba “que se prosiga con la ejecución interesada en sus justos términos y se requiera a la parte condenada a que realice la emisión en el informativo de la tarde autonómico”. La providencia del alto tribunal andaluz, fechada este 9 de enero y contra la que cabe recurso de reposición, obliga a que se lea la sentencia por vulneración del derecho a huelga en un informativo de tarde a nivel autonómico.

La sentencia del Supremo

La sentencia del Supremo, de 30 de octubre, desestimó el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Relataba el Supremo que Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha requerido a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur), para que dé cumplimiento al fallo de la sentencia del pasado mes de julio, ratificada en octubre por el Tribunal Supremo, “procediendo a la lectura” de la sentencia “en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión que se emite para toda Andalucía” y en la que se condenaba a la cadena pública por la vulneración de un derecho fundamental como el del derecho a huelga.

“Canal Sur ha recibido esta mañana de 10 de enero la providencia a la que se refiere y, en el CSN2 de esta noche, en cadena, se dará lectura al fallo”, aseguran a elDiario.es Andalucía fuentes del ente público.

La emisora, según los tribunales, había vulnerado el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer de 2022, en el que CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico. La organización de trabajadores había advertido en diciembre al TSJA que no se había cumplido el fallo puesto que Canal Sur había dado lectura al fallo en un informativo de Canal Sur TV Córdoba, como así fue el pasado 19 de diciembre (a partir del minuto 6.00).

Era, según la cadena pública, “el informativo afectado por la Huelga del día 8 de marzo de 2022 y en cuyo turno se encontraba asignada” la delegada de CGT que ejerció su derecho de huelga y cuya sustitución motivó la demanda“, argumentó la RTVA. Pero, según las alegaciones de CGT, el ámbito de la huelga convocada el 8 de marzo de 2022 correspondía a la comunidad autónoma andaluza y, además, es coincidente con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Asimismo, la trabajadora afectada es representante de CGT en la empresa forma parte del Comité Intercentros, por lo que ”su ámbito de representación alcanza a todos los centros de trabajo“.

Recordaba CGT que “la emisión exclusiva en la desconexión provincial de Córdoba supone una limitación que establece de manera interesada y unilateral la parte condenada” tras haber sido, además, desestimado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “No se establece en la sentencia ninguna limitación ni invitación alguna a limitar el efecto de la sentencia”, argumento CGT, que añadía que debía tenerse en consideración que “estamos ante un supuesto de reincidencia por cuanto que la empresa también ha resultado condenada por un asunto análogo relativo a la convocatoria de huelga de 8 de marzo de 2021”, como también informó elDiario.es Andalucía.

La demandante, como acoge ahora el TSJA, interesaba “que se prosiga con la ejecución interesada en sus justos términos y se requiera a la parte condenada a que realice la emisión en el informativo de la tarde autonómico”. La providencia del alto tribunal andaluz, fechada este 9 de enero y contra la que cabe recurso de reposición, obliga a que se lea la sentencia por vulneración del derecho a huelga en un informativo de tarde a nivel autonómico.

La sentencia del Supremo

La sentencia del Supremo, de 30 de octubre, desestimó el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Relataba el Supremo que Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

“El militar que gobernó España durante casi 40 años”. Así ha definido al dictador Francisco Franco un presentador de informativos de Canal Sur Televisión, algo que el Consejo Profesional de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha considerado “muy grave” por “el blanqueamiento de la figura de Franco” por parte de la Dirección de Informativos.

El presentador daba paso a una pieza en la que se informaba de la obra del dibujante malagueño José Pablo García, que ha llevado al cómic la biografía de Francisco Franco apoyándose en textos de Paul Preston. El redactor y locutor de la noticia se refiere a Franco como “el dictador” y alude a él, recogiendo la valoración del autor del libro, como un hombre con una “personalidad compleja que siempre se preocupó por su propia imagen”.

“Los profesionales defendemos el compromiso de nuestra televisión con la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos”, apunta un mensaje en X el Consejo Profesional de la RTVA, que denuncia el “blanqueamiento” del dictador “en el paso y rótulo” del vídeo, en el que se la cita como “el general Franco”.

Este periódico, al ver el mencionado mensaje en X, ha contactado con la cadena por si quería hacer algún comentario al respecto. En ese sentido, fuentes de la RTVA niegan “rotundamente” que se diera “indicación ni instrucción” en ese sentido “como afirma el Consejo Profesional” y que tanto el texto como el rótulo fueron respetados “tal cual fueron enviados” por parte del periodista que cubrió la información.

El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla ha declarado la nulidad del despido de un trabajador de Canal Sur y ha condenado a la empresa a readmitirlo y a pagarle 25.000 euros de indemnización por daños morales. Se trata de Ricardo Santos, miembro de Podemos en Sevilla y con una “actividad sindicalista intensa” en el seno de la empresa, de acuerdo a la sentencia, que considera que aquel despido en noviembre de 2020, ejecutado durante su período de prueba, era “manifiestamente inconstitucional”.

La sentencia, que estima la demanda del trabajador, afiliado a CCOO en Andalucía y cuyos servicios jurídicos le han asistido durante el proceso judicial, señala que de la prueba practicada se deduce que la decisión de la extinción contractual provino de quien por entonces asumía la dirección de informativos, Álvaro Zancajo, que saldría de la cadena antes de acabar 2020 tras casi un año ocupando un puesto en el que recibió muchas denuncias por manipulación interpuestas por trabajadores, sindicatos, organismos y asociaciones. En mayo de 2022, Zancajo fichó por Vox como dircom de Macarena Olona de cara a las elecciones andaluzas de 19 de junio, y antes había sido director de informativos de Antena 3 (hasta julio de 2016) y director de Canal 24 Horas de TVE (desde diciembre de 2016 a septiembre de 2018).

El trabajador, por su parte, dentro de Podemos Sevilla participó en varios órganos como el Círculo de Triana en 2015 y fue responsable ante la Junta Electoral Central en las Europeas. También fue contratado en la comisión de comunicación andaluza para realizar tareas audiovisuales en las campañas electorales de Podemos en las autonómicas de 2015 y en las generales del 26 junio de 2016. A nivel local, fue fundador de la candidatura ciudadana municipal Participa Sevilla para las municipales de 2015, y fue responsable del Área de Análisis Político del Consejo Ciudadano de Sevilla entre 2018 y 2020, que compaginó con tareas de comunicación para la coalición electoral Adelante Sevilla de cara alas municipales de 2019.

La empresa negó discriminación

Aunque la demanda no se dirigió contra Zancajo, que actualmente forma parte del Consejo de Administración de RTVA a propuesta de Vox, eso “no exime a RTVA de sus responsabilidades pues, aun cuando se pudiera alegar que la decisión fue sugerida, instada o incluso impuesta por el Sr. Zancajo, fueron sus órganos directivos quienes la adoptaron”. “Dos directivos de RTVA reconocen que el Sr. Zancajo estaba detrás de la decisión adoptada”, dice la sentencia en uno de sus pasajes al exponer los fundamentos jurídicos.

La empresa negó en el juicio, celebrado el pasado 6 de septiembre, la existencia de cualquier tipo de discriminación, indicando que el demandante disfrutó de permiso para participar en una campaña electoral y que, con posterioridad a la extinción impugnada, fue contratado de nuevo, de hecho hasta en cuatro ocasiones entre 2022 y 2024. Actualmente, trabaja como operador de cámara en Málaga a media jornada en virtud de un relevo del 1 de agosto de 2024 al 11 de octubre de 2026. Martín Santos, efectivamente, pidió a Canal Sur en mayo de 2009 un permiso de 15 días para participar en la campaña electoral de las Elecciones Europeas al ser candidato en la lista de Izquierda Anticapitalista-Revolta Global, y al que la empresa accedió.

Fuentes de la RTVA consultadas por este periódico acerca de la sentencia señalan que no van a pronunciarse sobre la misma ni si van a presentar recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJA.

“La empresa no ha logrado probar ninguno de los hechos alegados en la carta de extinción ni en la contestación a la demanda”, dice la sentencia que, aunque reconoce que la facultad de despedir durante el período de prueba es una facultad unilateral de la empresa que no tiene que responder a causa justificada específica, “en casos como el presente, en que existen indicios de que la toma de decisión pudiera estar viciada por una vulneración de derechos fundamentales, debe acreditarse la razonabilidad y proporcionalidad de la medida”. Además, “RTVA es una agencia pública de forma que el respeto por los derechos fundamentales en el seno de su organización debe ser observado con la mayor de las diligencias”.

El empleado readmitido, que argumentó en la vista oral que el motivo de haber sido contratado de nuevo obedecía a pertenecer a la bolsa de empleo, había encadenado desde 2004 una veintena de contratos (en su mayoría de interinidad por sustitución) hasta que, en octubre de 2020, fue llamado para un contrato de tres meses de duración, prorrogable a otros tres. Se trataba de puesto de Ayudante Técnico Mezclador, a tiempo completo en las instalaciones en la RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), estableciéndose un periodo de prueba de dos meses conforme establece el convenio colectivo de empresa.

En declaraciones a este periódico, Ricardo Martín Santos considera que la sentencia para él “es muy grata en el sentido de que es una restitución moral en toda regla,” porque “la empresa me discriminó ideológicamente”. “No es la primera vez que Zancajo ha tenido una polémica con los trabajadores les intentaba amordazar o les intentaba presionar para que hicieran manipulación informativa en Antena 3 o en el Canal 24 horas, igualmente que le pasó en Canal Sur, porque su paso ese año fue un tornado porque levantó muchas ampollas que terminaron en una huelga de dos días a negro, algo que no se había visto nunca en Canal Sur”, recuerda.

“Opuestos” ideológicamente

Ricardo Martín y Álvaro Zancajo, reflexiona la sentencia, “pertenecen o tienen estrecha vinculación con partidos políticos opuestos”. “La distancia ideológica entre Podemos (o en su caso Izquierda Anticapitalista-Revolta Global) y Vox es notoria. Es evidente que la simple pertenencia o relación con partidos ideológicamente distintos no constituye, per se, indicio de ningún tipo de discriminación, pero puede permitir contextualizar la toma de decisiones si se acompaña de otros hechos objetivos”.

Además de que “no consta” que ambos se conocieran personalmente, “por lo que cabe descartar cualquier enemistad o enfrentamiento por otro motivo que pudiera haber afectado a la decisión extintiva”, el ámbito laboral en que se desarrolla el asunto es “el departamento de informativos de una cadena de televisión pública, donde la presencia de la política es intensa y permanente”. “No sólo el objeto de la noticia está marcado por la política sino que el consejo de administración de RTVA está compuesto por personas propuestas por los partidos políticos” (de hecho Zancajo forma actualmente parte del mismo a propuesta de Vox)

En ese sentido los jueces consideran “evidente” que “el matiz ideológico tiene una relevancia mayor que en otros ámbitos” y que “debe tenerse en cuenta no sólo la pertenencia o relación con partidos políticos sino que, además, ésta es pública, activa y ha condicionado la carrera de ambos”. La sentencia, fechada el 31 de octubre, contextualiza su reflexión y dice que son coetáneas a la misma “las noticias sobre RTVE que corroboran la especial trascendencia política del ámbito enjuiciado”.

En programas de máxima audiencia

Así, Ricardo Martín fue adscrito durante aquel contrato de otoño de 2020 a programas de máxima audiencia en directo como el noticiario de la noche o Andalucía Directo, participando paralelamente en un curso de operación y gestión de mesas de mezclas en el ámbito productivo de la cadena. Un mes después de suscribir ese contrato, concretamente el 23 de noviembre de 2020 la empresa le envió un burofax comunicándole que no había superado “en absoluto” el periodo de prueba, abonándole 868,65 euros en concepto de liquidación de contrato por partes proporcional de pagas extras y vacaciones no disfrutadas.

La presidenta del Comité Intercentros, también de CCOO, acudió en ese tiempo al despacho del director de producción y diseño para informarse de los motivos de la extinción de esa relación laboral. Aunque inicialmente manifestó que había recibido quejas, cuando se le volvió a preguntar manifestó que el trabajador no gustaba al director de informativos, Álvaro Zancajo.

Respecto a esas “quejas” sobre el trabajador dice la sentencia que “no se ha declarado como hecho probado que existieran quejas por parte de coordinadores de mezclas y de realización de informativos al no existir ninguna prueba sobre el particular, ni en relación con la actitud ni con la aptitud” del trabajador. “Las pruebas presentadas al efecto fueron un documento carente de autor, firma y fecha que no fue admitido al carecer de los elementos necesarias para considerar prueba documental y la testifical” del director de producción a la que antes se aludió y que “careció de concreción”.

Una testifical “reveladora”

Precisamente por ese motivo los jueces califican de “reveladora” esa testifical del director de producción “en relación con la existencia de indicios de discriminación” ya que “no fue capaz de concretar ninguna queja en concreto ni quién la había efectuado sino que se limitó a afirmar generalidades sobre la supuesta ineptitud del trabajador”, recuerda la sentencia. “Se insistió en el interrogatorio sobre la identidad de las personas que habían formulado quejas y se limitó a contestar que 'algún compañero y gente de coordinación y realización'”.

Ese directivo sí que hizo referencia a la recepción del documento anónimo al que antes se ha hecho referencia señalando que le fue entregado por los coordinadores de realización, los cuales “no han sido identificados ni llamados a declarar a pesar de tratarse, supuestamente, de prueba primordial para acreditar la supuesta ineptitud del trabajador y la realidad de la no superación del período de prueba”.

“El testigo indicó que 'no daba el nivel' pero no especificó qué funciones no realizó o qué incidencias provocó su quehacer en la cadena. Es más, resultó incoherente lo manifestado al final de su declaración según la cual resultaba imposible que en el plazo de un mes una persona pueda tener la aptitud para ese puesto cuando fue la propia cadena quien lo llamó, sabedora de su cualificación y experiencia para desempeñarlo. De hecho, según lo manifestado, estaría en fase de formación, resultando quimérico el período de prueba. Igualmente, manifestó tener el convencimiento de que volvería a ser contratado al 'tratarse de una persona válida y muy arriba en la bolsa'”.

Dijo recordar que una representante de los trabajadores fue a preguntarle por los motivos del cese de Martín Santos y “si la decisión vino del Sr. Zancajo, y no fue hasta ese momento cuando declaró que era el motivo”, dice la sentencia. La presidenta del Comité Intercentros, también testigo, relató ese episodio en el despacho del director de producción, quien manifestó 'que no le gustaba al director de informativos' porque 'tú ya sabes como es' según se relata en la resolución judicial.

Otros testigos también indicaron que no se había producido ninguna incidencia por parte del trabajador y que podía comprobarse técnicamente, algo que “pudo ser acreditado por la empresa”. En la sentencia se reconoce que esos testigos son miembros del comité de empresa, de CCOO, “pero, además de que su declaración resultó bastante espontánea, los datos ofrecidos resultan coherentes con los datos objetivos obrantes en el procedimiento”, así como con la declaración del director de producción que “fue mucho más vaga”.

Para Ricardo Martín, según relata él mismo a este medio, “le vendieron a muchos compañeros que yo era un inepto, que no daba la talla, que no sabía manejarme en el puesto, y ahora el hecho de que en una sentencia se cambie esa versión y se demuestre que no era cierta me da felicidad, porque fue un sufrimiento para mí que muchos compañeros y compañeras de Canal Sur creyeran en esa versión”.

A su juicio, no se trató de algo “simple” como que hubo un despido porque “Zancajo era de derechas y yo de izquierdas”. “La cuestión era más profunda. Él sabía que venía una huelga en diciembre, que yo era parte de la acción sindical, y que había una lucha contra los trabajadores que estaban por mantener la cadena, mientras que él tenía el propósito de intentar cargarse la cadena como un ente público. Y ahí fue donde se encuadra mi despido. No fue gratuito, porque creo que quiso decirle a la gente que estaba dispuesto a echar a trabajadores si hacía falta”, concluye el empleado readmitido.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado la segunda sentencia en menos de dos semanas contra la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a su sociedad filial Canal Sur Radio y Televisión S.A. (Canal Sur) por vulnerar el derecho a huelga de una de sus trabajadoras del centro territorial de Córdoba durante el Día Internacional de la Mujer, en este caso de 2022, en el que la organización CGT había convocado formalmente un paro general a nivel autonómico.

La sentencia, de 30 de octubre, desestima el recurso de casación de RTVA y Canal Sur, como pedía el Ministerio Fiscal, y declara la firmeza de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA (de julio de 2022) que ya declaró vulnerado el derecho de huelga de una operadora/montadora de vídeo, delegada de CGT, como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para el 8 de marzo de 2022.

Es la segunda sentencia, en menos de dos semanas, en la que el Alto Tribunal falla contra la RTVA en los mismos términos después de la que avanzó este periódico, en la que la sustitución de la habitual conductora de un programa de la radio pública en Córdoba obedeció a “una decisión empresarial claramente dirigida a menoscabar el legítimo ejercicio del derecho de huelga para visualizar ante terceros y el público en general la menor incidencia de la protesta laboral manteniendo en antena la emisión del programa”. Precisamente este pasado lunes la emisora tuvo que dar lectura el fallo en directo, como así le obligaba la sentencia:

La sentencia ratificada por el Supremo en este segundo caso ya condenó a las demandadas a abonar a CGT, asesorada jurídicamente por la cooperativa andaluza Autonomía Sur, una indemnización por daño moral de 7.500 euros a la propia CGT y también a proceder a la lectura del fallo en el informativo de la tarde de Canal Sur Televisión, algo que se producirá previsiblemente en próximas fechas. Ahora, se condena además a RTVA y Canal Sur al pago de las costas de su recurso por la cantidad de 1.500 euros.

Su huelga “no tuvo incidencia alguna en el montaje”

Canal Sur entrega a los trabajadores, aproximadamente el día 25 de cada mes, los cuadrantes de turnos de trabajo del mes siguiente. Los hechos acreditados, que ya fueron probados en primera instancia, señalan que en el cuadrante del mes de marzo de 2022, el 8 de marzo la trabajadora figuraba en el turno de tarde, estando además, previstos dos turnos especiales (de 12.30 a 21.30 horas) adjudicados a otra operadora/montadora de vídeo y a un técnico electrónico que suele realizar también funciones de montaje.

La empleada que protagoniza este caso y una redactora secundaron la huelga del 8 de marzo en el centro territorial de Canal Sur en Córdoba. En 2021, la operadora no secundó la huelga, sin que consten las circunstancias concurrentes, pero su huelga en 2022 “no tuvo incidencia alguna en el montaje de los informativos”, ya que “la duración del turno especial, que cubre parte de la mañana y parte de la tarde, permitía el montaje de ambos informativos por las personas que realizaron tales turnos”.

En la empresa demandada hay previstos varios turnos especiales a los que se acude con “habitualidad y normalidad”, y que suelen hacer frente tanto a ausencias de personal por razones variadas, como a cualquier acontecimiento o hecho especial que se pueda producir, y tanto el TSJA como ahora el Supremo han considerado que se vulneró el derecho de huelga de la operadora/montadora de vídeo como consecuencia del establecimiento de turnos de trabajo para aquel 8 de marzo de 2022.

Ahora me ha dado por entrenar a niños a jugar al fútbol. Nunca he sido futbolista. De hecho, mi bagaje deportivo pivota descoordinadamente entre las muchas cosas que hay entre el baloncesto y las magics. En cualquier caso, siento la necesidad, en mi precariedad familiar heredada de estos eventos canónicos que disfrutamos nuestra generación, de que alguien me escuche y poder transmitirles a los chavales valores que para mí son importantes. Quizás soy ajeno al fútbol, pero no al deporte, a la deportividad o al reponerse, con un mínimo de dignidad y no sin hacer “el gamba”, a los goles de la vida.

Para una charla que tengo que darles hoy reflexionaba sobre qué hubiera querido, gustado o necesitado yo que me dieran, como niño de 12/13 años que acaba de perder un partido injustamente. Lo encontré. Y luego me llevé el mismo ejercicio a lo andaluz y ahí me choqué de cara ridículamente contra la puerta automática que es Canal sur.

En Andalucía, el papel de contarle las cosas a los andaluces es -al menos me parece argumentable- de Canal Sur, quien bajo el gobierno regional actual del Partido Popular plantea una encrucijada fascinante entre los deberes de un medio público, la influencia política que sufre cualquier medio, y su rol social y representativo de lo propio, que deben tener los medios con cierto peso periodístico o informativo.

Para los que nos dedicamos a la comunicación, no es difícil percibir un tufillo potentón, como de boquerones en adobo, pero mal, de cómo la emisora pública se ha convertido en la furgoneta del tapicero del PP en su lucha por promover sus marcos de pensamiento en un espejo plural de la diversidad andaluza. Canal Sur, originalmente concebido como un pilar de la comunicación y el pluralismo para promover la cultura, la lengua y la identidad de Andalucía. En definitiva, dar esa voz a un territorio especialmente afectado por la colonización de la conquista y el fascismo. Sin embargo, parece haberse desviado al borde del terraplanismo.

Tertulianismo descarado. Contenido de infumables horas de cocina non-stop. La banalidad de que den las migajas de la transformación digital por tener sueldo del sur de Europa. Y de los informativos qué decir… La parcialidad informativa de esta época dejan en autentic-mega-pelota-picada a los del PSOE, que también se las traían con lunares. Una idea, unos valores y unos mensajes dirigidos a una Andalucía a la que nos sentimos ajenos desde los 60. Dócil y acomplejada, con su guitarrita en ristre cantándole a Madrid, que también da la razón a los ignorantes que me he encontrado por el camino, que siguen teniendo la imagen de posguerra que vi en las metrópolis y que también llevaron los migrantes de los 50 y los 60 a L’Hospitalet de Llobregat.

Del andalucismo moderno, digno y contestatario que pueda dar pie a una juventud empoderada... ni rastro. Seguimos ahogados en alcohol y fiesta baratita, para evitar que los jóvenes se miren unos a otros en universidades públicas, y no en chiringuitos privados a las afueras. La juventud que lucha por sus derechos en acampadas o que simplemente pueda oponer resistencia al nuevo colonialismo que representa el turismo y que la ahoga en miseria. De que los jubiletas se levanten, como en el País Vasco, pa qué os voy a contar ná.

Que bueno, también te digo, si lo hiciera Atresmedia sería igual de escandaloso, con la salvedad del poso ideológico que te da estar fundado por el ilustre pedroseño, José Manuel Lara Hernández, legionario y franquista. Alguien dotado con “la listeza del que había pasado hambre, pero con la cólera de un legionario” que aún marca los designios de España patrocinados por Prosegur, el Real Madrid del tito Floren, con personajes como Ferreras, Inda o el de Desokupa, pues venga vale. Me aguanto. Aceptamos barco. Pero un ente público, hijo del pluralismo y la democracia, fundado a las luces de la Constitución debería ser otra cosa.

Son serios los audios de Bárbara Rey. Es serio lo que el PP piensa de lo que es un medio de comunicación. Es serio también que sigamos viviendo con leyes de prensa vaciadas de los años 60. Es serio que no quieran una regulación moderna de los medios. Algo temerán.

Intentar convencernos de que el Andalucismo es una cosa hueca, que se le ha ocurrido a Moreno Bonilla, para difundir ese relato centralista que lucha contra la ruptura de España y que, por lo visto, representa la pluralidad de España

En su deriva mafiosa de, “Pedro Sánchez cuando dimitas dejaremos de acosar a tu familia”, se llevarán por delante lo que sea, porque se creen que to esto es suyo. Incluidos los medios de comunicación de todos. La voz de la conciencia, a veces ebria, de Andalucía. Esta apropiación cultural, porque la televisión no deja de ser cultura y más si la pagamos todos, no solo plantea un dilema ético, sino que pone en jaque la función fundamental de Canal Sur: ser un foro plural, crítico y representativo de la realidad andaluza.

Lo que antes era un símbolo, por supuesto hiper-mega-super criticable, de la riqueza cultural de Andalucía, al menos en esencia, ahora se desfigura entre recortes y reformas. Para apropiarse de cuatro chascarrillos para intentar convencernos de que el Andalucismo es una cosa hueca, que se le ha ocurrido a Moreno Bonilla, para difundir ese relato centralista que lucha contra la ruptura de España y que, por lo visto, representa la pluralidad de España. Pienso en los profesionales del ente, en la censura que tienen que estar viviendo los que sobreviven a la limpia, en lo que tiene que ser trabajar para el gabinete de comunicación de Moreno Bonilla. En este movimiento, no tan poco a poco, se ataca al pluralismo, la pluralidad y la diversidad, pilares fundamentales de la democracia. Se apaga la voz y la mirada de Andalucía, aunque mediáticamente fuera bizca y tuviera voz de pito. Estamos en la irrelevancia previa a la desaparición de las cosas.

Y al final, ¿qué creo que le estamos diciendo a los andaluces? Pues que vale cualquier cosa, que el pluralismo es malo, que la democracia además de ser mala es mucho para nosotros. Que el turismo de masas es regular, el turismo sin masas a tope de gama, pero que el malo malísimo es el presidente del Gobierno y las estructuras del Estado que, de nuevo muy criticablementes, son la última barrera contra la barbarie que representa la desregulación del mercado de la mano no tan invisible. Que la mano que tienen que ver es la de un señor cocinando, que no valen pa otra cosa. El PP andaluz canta y se apropia por Rosalía en sus tiempos, “trahtrah”, con las dos manitas padentro. ¿Le dirá la Rosalia a Jeremy Allen White “Kiyo” como se lo dice el PP a Vox?

Mientras, se cumple la profecía de Carlos Almansa: “Estén ustedes seguros que más tarde o más temprano nos acabaremos extinguiendo”. No lo dejen, estén atentos, duerman bien, aprendan Excel, no rueguen, tengan amor propio y beban mucha agua. Tampoco le quiten un ojo a los medios de comunicación. Lo que está en riesgo no es solo su papel como difusor de contenido cultural, sino su integridad como medio público libre e independiente, su rol como proveedor del derecho a la información para ejercer en democracia decisiones informadas y en ella nuestra supervivencia como cultura autónoma, abierta, acogedora y rebelde.

Canal Sur canceló la emisión de un reportaje del programa Los Reporteros -una especie de informe semanal con temas de actualidad- previsto para el sábado 15 de junio sobre el relevo en la Corona de España.

La cancelación de la pieza, que abordaba la abdicación de Juan Carlos I y la posterior proclamación de Felipe VI aprovechando el décimo aniversario, ha enervado a todos los trabajadores del programa de reportajes de la cadena pública andaluza que, por primera vez, emitieron un comunicado repudiando la decisión de la dirección de Informativos y defendiendo su trabajo. Buena parte de sus compañeros de Canal Sur Televisión se han unido este miércoles a una concentración de apoyo para denunciar la “censura” en la cadena pública. Veteranos del programa informativo, el más respetado y reconocible de la cadena, aseguran que es la primera vez que ocurre en sus 35 temporadas de emisión.

La dirección general del ente niega “veto o manipulación”. Asegura que levantó la pieza porque no cumplía el principio de actualidad periodística y pasaba de soslayo por hechos relevantes protagonizados por el monarca en estos años, todos ellos beneficiosos para su imagen y la de la Monarquía. “No abordaba los asuntos principales que han marcado el reinado de Felipe VI y se centra casi en exclusividad en los motivos de la abdicación de Juan Carlos I que no eran el motivo del encargo ni la efeméride”, abunda el comunicado difundido por la cadena pública, que ha caldeado aún más los ánimos. Para Los Reporteros, ambos hechos están relacionados y la pieza cumple por tanto con cualquier requisito periodístico.

Preguntado sobre el asunto, Juan de Dios Mellado (director general de RTVA) se remite al comunicado. Y añade: “Hay distintos puntos de vista sobre un reportaje, como pasa en cualquier medio de comunicación. Llevo 30 años trabajando en medios de comunicación [fue director de La Opinión de Málaga de 2010 a 2018], me han tirado reportajes a la basura, me he cabreado y no pasa nada”.

“Es un reportaje que no hablaba de los diez años de reinado. Su percha era esa efeméride, y no se abordaba”, explica a elDiario.es Andalucía Carmen Torres, directora de informativos de Canal Sur, quien también se remite a las explicaciones de la dirección general. Torres asumió la dirección de los informativos tras el cese, en enero de 2021, de Álvaro Zancajo, quien protagonizó una convulsa etapa previa con varios fundidos a negro, y que la había fichado para la delegación de Madrid.

Nada más asumir el cargo, fue señalada por el Consejo Profesional, que aseguró que había recibido quejas de trabajadores denunciando “presiones de la delegada” que provocaron que fueran “coartados en su deber de informar con objetividad, veracidad e imparcialidad”.

La dirección de Canal Sur se ampara en el artículo 10.1 del Estatuto Profesional, según el cual corresponde a la Dirección de Informativos dirigir, organizar y coordinar el contenido de los programas informativos. El artículo 10.2 recoge que la facultad para decidir sobre la emisión de informaciones o “materiales informativos” la tienen los y las responsables de informativos, que deben dar explicaciones a los autores y jefes de sección.

“Entendemos que la no emisión de este reportaje supone un daño irreparable a un programa histórico y con prestigio, como es Los Reporteros, y también a Canal Sur, nuestra televisión pública”, señala por su parte el comunicado conjunto emitido por el Comité Intercentros (representación sindical de los trabajadores) y el Consejo Profesional (encargado de velar por el cumplimiento del Estatuto profesional y los principios de Canal Sur), que calificaron la cancelación de “arbitraria”.

Una parte de la plantilla se ha concentrado el miércoles por la mañana en la sede principal de Canal Sur, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) bajo el lema #NoCensuraEnCanalSur. Habían sido convocados por el Comité Intercentros y el Consejo Profesional de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA), que llevan años denunciando la progresiva pérdida de pluralidad en los espacios informativos del ente y una selección de temas y enfoques alineada sistemáticamente con las posiciones del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP).

La justificación de Canal Sur

En las explicaciones de la dirección se relacionan algunos “hechos relevantes” que el reportaje omitía o por los que pasaba “de puntillas”, y que a su juicio deberían haberse destacado: “La asistencia a una manifestación antiterrorista por primera vez de un jefe del Estado (agosto de 2017)”, “el discurso televisivo tras el referéndum ilegal del 1-O (octubre de 2017)”, el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución (diciembre de 2018), el “histórico viaje a Cuba en noviembre de 2019”, las “medidas en favor de la regeneración y transparencia”, su papel en la pandemia, la recogida en Sevilla de la medalla de honor de Andalucía por su “ejemplar defensa de la unidad de España” (junio de 2021), el apoyo de la monarquía a los vecinos de La Palma, la jura de la Constitución y la formación militar de la Princesa Leonor o el “papel desempeñado por Letizia en la estrategia de fortalecimiento de la monarquía tras la herencia recibida de Juan Carlos I”.

La dirección de Canal Sur afea a Los Reporteros que aluda a la retirada de la asignación económica anual al Juan Carlos I y a la realización de una auditoría externa a las cuentas y la publicación de un código ético para todo el personal de la Casa, pero no detalle otras medidas como que “el actual monarca renunciara a la herencia que le corresponda de su padre en su día o la publicación de su patrimonio personal”.

La visión de Los Reporteros es diametralmente opuesta, pues defiende que el reportaje contextualiza con rigor las circunstancias de la proclamación de Felipe VI tras la abdicación de su padre. El guion está centrado en conectar esos hechos, que habrían condicionado las grandes decisiones del nuevo rey, una de cuyas tareas fundamentales ha sido “recuperar la confianza” de los ciudadanos, ofreciendo más transparencia y distanciándose de su padre y su cuñado.

Los Reporteros defiende la pieza

Entre los profesionales del ente y la dirección hay también divergencias en la cronología de los hechos y, por supuesto, en su interpretación. Según Los Reporteros, el programa trabajaba desde marzo en un reportaje que aprovechaba “dos aniversarios relacionados entre sí”: la abdicación y la proclamación de Felipe VI. El 21 de mayo, la directora del programa recibió una propuesta por parte de la dirección de Informativos que encabeza Carmen Torres: un reportaje “sobre los diez años de reinado de Felipe VI”. A lo que se respondió que ya se trabajaba en un reportaje, “Un país entre dos reyes”, y la dirección de informativos no pidió más explicaciones.

El 3 de junio, el equipo envío un correo con las previsiones de la escaleta del programa del 15 de junio. Allí aparecía la pieza: “Diez años de la abdicación de Juan Carlos, diez años de reinado de Felipe: analizamos las claves de la abdicación y la figura de Felipe VI”. Los responsables del programa incidieron posteriormente en el contenido y enfoque del reportaje, hasta el punto de que en el programa previo la presentadora lo anunció así: “El sábado próximo dedicaremos nuestro programa a un momento histórico excepcional: la abdicación del Rey Juan Carlos I y la subida al trono de Felipe VI hace ahora diez años. ¿Qué motivos llevaron a este relevo? ¿A qué retos se enfrenta la monarquía en nuestro país?”.

Nada ocurrió hasta que faltaban apenas un par de fechas para el día de emisión. El jueves 13 de junio la directora de informativos llama a la directora del programa, y le dice, según Los Reporteros, y le expresa su disgusto porque en el guion se habla de los motivos de la abdicación y no de Felipe VI. La directora del programa defiende el reportaje y ofrece completarlo. Para entonces, la nota de prensa, los pasos y la promo ya estaban hechos.

El 14 de junio, a las dos de la tarde, la editora recibe un correo de la directora de informativos. “A la vista de que el reportaje elaborado con motivo del décimo aniversario del reinado de Felipe VI apenas aborda esta efeméride ni este periodo histórico vamos a posponer su emisión”, le dice. Paralelamente, la redactora jefa le dice que el reportaje no se emite porque coincide con el partido de vuelta de los playoff de ascenso a Segunda División entre Nástic de Tarragona y Málaga CF.

La dirección de Canal Sur ha dado a entender que este relato no es exacto, sin aclarar en qué. “Cuando para defenderte tienes que armar un relato cuidado y muy elaborado frente a la sencillez de una explicación lógica es que en el fondo sabes que ha habido un error en el equipo. Pero nadie asume nunca nada que no sea culpar hacia arriba. Hoy todo consta. Horas y mails”, ha escrito Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur, en X (antes Twitter). Por teléfono, Cabrera se ha remitido a las explicaciones de la dirección.

“La honestidad, la veracidad y la profesionalidad son seña de Los Reporteros. Fieles a nuestro compromiso con los andaluces y a la dignidad que merecemos y merecen quienes nos precedieron en un programa que es historia de Andalucía y de Canal Sur”, ha escrito Mabel Mata, presentadora del programa. Sobre la mesa sigue la propuesta de Los Reporteros: “Completar aún más la figura de Felipe VI” y emitir el reportaje resultante. Torres no aclara si ya ha dado una respuesta.

Canal Sur Televisión cuenta como tertuliano habitual de sus tertulias políticas con un periodista que trabaja para la Junta de Andalucía desde hace más de un mes, como ha confirmado él mismo a este periódico.

Antonio Agredano, que colabora semanalmente en el programa matinal 'Despierta Andalucía' como periodista del digital The Objective, obtuvo el pasado 8 de marzo un puesto en el gabinete de prensa de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de la Consejería de Fomento, para desempeñar labores de “apoyo en las tareas de comunicación”, según consta en la adjudicación que aparece en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía.

Fuentes del Gobierno andaluz añaden a este periódico que este periodista va a desempeñar funciones de asesor parlamentario para la Consejería de Fomento y Vivienda tras la jubilación de la anterior responsable de prensa de AVRA. Según añaden fuentes de la Consejería de Fomento, en la plantilla de AVRA hay periodistas trabajando como administrativos que, sin embargo, no han optado al puesto de periodista que se ha sacado a concurso público

La televisión pública andaluza ha mantenido la colaboración de Agredano en su programa estrella de la mañana –hasta seis apariciones desde el 8 de marzo, fecha de adjudicación de su contrato en la Junta–, permitiéndole compaginar ambos trabajos. A preguntas de este periódico, fuentes de Canal Sur indican que la cadena pública no ve ningún conflicto de interés en que Agredano siga colaborando con Canal Sur aunque ahora trabaje para la administración andaluza.

Fuentes del Gobierno autonómico defienden “la solvencia periodística de este tertuliano”, así como la “independencia” de Canal Sur, subrayando que las tertulias de la cadena pública representan hoy una “pluralidad mayor de medios” que durante los años de mandato socialista. Asimismo, se apunta a que hay otros periodistas que participan en tertulias y “hacen trabajos externos para distintas administraciones desde su condición de autónomos”.

Ley de Incompatibilidades

El puesto en AVRA salió a licitación pública antes del mes de marzo y él fue el único que se presentó y el que finalmente obtuvo el puesto de trabajo, como figura en la documentación consultada por este periódico. Contactado por elDiario.es Andalucía, el periodista ha confirmado que trabaja en AVRA, pero hasta el momento ha eludido valorar si su posición en la mesa de tertulia política en Canal Sur se ve comprometida por servir de “apoyo en las tareas de comunicación” para el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Agredano sostiene que “AVRA es una agencia pública, de la administración de la Junta, no es el Gobierno”.

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta adjudicó el pasado 8 de marzo un contrato de 12 meses a favor del periodista cordobés, quien ya venía participando de forma recurrente en las tertulias de Canal Sur mucho antes de su fichaje para AVRA. Desde el Gobierno de Moreno se resta relevancia a la vinculación que tiene Agredano con la administración andaluza, al señalar que es un contrato menor por un año.

Según la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, “la participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social” se puede realizar “sin necesidad de autorización o reconocimiento de compatibilidad”.

Desde Canal Sur se apela a que hay “cientos de tertulianos que trabajan en organismos oficiales” y que también colaboran en tertulias políticas de la cadena pública andaluza. Este diario ha solicitado otros ejemplos, pero la cadena no ha concretado si hay más trabajadores del Gobierno de Moreno que participen en las tertulias políticas de Canal Sur, aunque insisten en que no ven incompatible la situación de periodistas como Agredano.