En septiembre de 2010, durante la gala de presentación de la nueva programación de Giralda Televisión y en presencia de trabajadores y directivos de la cadena local de Sevilla, Gustavo Fuentes “extendió un cheque de 500 euros” a nombre de una joven periodista allí presente: “Ella es mía y vale mucho. Si no le pagáis la gala, se la pago yo”.

La denuncia que interpuso, 15 años después, aquella joven contra su jefe por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral arranca con aquel primer episodio “especialmente humillante”, que “sentó las bases de una dinámica de poder y control que se prolongaría en el tiempo hasta hacerse insoportable y llegar al extremo de socavar por completo su integridad física y psíquica”.

Gustavo Fuentes, ex director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), comparece este martes ante un juez de violencia de género de Sevilla imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

“La única tía que me ha hecho la cobra”

“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”, le dijo tras intentar besarla a la fuerza aquella primera vez, en 2013, según consta en la denuncia. Otros momentos descritos ocurrieron en presencia de testigos que aparecen, con nombres y apellidos, y pueden ser citados por el juez. En una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur, Fuentes “se jactaba ante otros directivos y compañeros” de que [la víctima] era “la única mujer que se me ha resistido”, “la única tía que me ha hecho la cobra”, comentarios que ella tilda de “vejación sexual, humillación constante y degradación”, por hacerlos además “con carácter público”.

La apertura de la investigación judicial fue revelada por elDiario.es Andalucía el pasado 9 de junio, pero la denuncia de la reportera se registró en enero, la apertura de diligencias es de febrero y la citación judicial como imputado es del 25 de marzo, el mismo día que tomó declaración a la víctima. Hasta que se hizo público, Gustavo Fuentes tenía una de las mejores huellas digitales del sector audiovisual andaluz y nacional: aparecía en docenas de entrevistas como un “visionario” del mundo audiovisual, preconizando el futuro de la televisión, el cine y las plataformas de streaming; reconocido por liderar alianzas de la industria andaluza con los gigantes del sector, como Netflix o Movistar.

“Gustavo Fuentes, el Messi sevillano tras las cámaras”, rezaba el titular de un perfil en el medio Extradigital, en noviembre de 2023, con una foto suya junto al director general de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado. En 2023, el Gobierno de Juanma Moreno facilitó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su confianza.

“Organizaba eventos y fiestas muy vistosas, traía a gente muy potente y proyectaba una Andalucía moderna, de cine. A él le gustaba rodearse de la gente que manda y hacer ostentación de su cercanía con el poder. Pero él mandaba mucho y a los políticos les encantaba verse en sus saraos”, dice hoy uno de sus estrechos colaboradores. Ese estatus de Gustavo Fuentes es el telón de fondo tras las agresiones y las situaciones de acoso sexual y laboral que describe la denuncia. “Es preciso tomar consciencia de su posición de poder, no sólo en el sector audiovisual andaluz, sino incluso en esferas políticas institucionales de la comunidad autónoma”, subraya el texto de forma insistente.

El hoy vicepresidente primero de la Junta es el gran protagonista del álbum de fotos de Gustavo Fuentes, donde aparece prácticamente todo el Consejo de Gobierno y el staff de la RTVA. “Está muy bien relacionado dentro del sector, pero sobre todo con la cúpula de la Junta, del PP andaluz y de la dirección de la RTVA”, explican fuentes del ente público.

La reportera que terminó denunciando a su jefe en los tribunales, junto a otras cinco trabajadoras de la misma productora, habían pedido amparo seis meses antes a CCOO, describiendo al detalle las agresiones y situaciones de acoso. La denuncia muestra cómo, de manera insistente, trata de justificar el no haber sido capaz de denunciar antes a Gustavo Fuentes por miedo, no sólo a perder su empleo, sino a que su jefe usara sus contactos para ahogar cualquier posibilidad de encontrar trabajo en el muy atomizado sector audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”.

“El director general de ADM no actúa únicamente como superior jerárquico interno, sino como máximo responsable de una de las escasas estructuras empresariales con verdadera capacidad de absorción de empleo, producción y continuidad profesional en el audiovisual andaluz, así como de los empresarios más influyentes de todo el sector”, advierte la denuncia.

En las quinielas para entrar en el Gobierno andaluz

El pasado 7 de junio, dos días antes de revelar la imputación del CEO de ADM por delitos sexuales, en el entorno del presidente Juanma Moreno situaban al “superproductor” en las quinielas para dirigir la RTVA, sustituyendo a Mellado, e incluso como consejero de la nueva cartera de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital.

18 horas después de publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aprobó la “suspensión temporal” de todas sus funciones. A la mañana siguiente, se informó internamente a los directivos de la productora de que Gustavo Fuentes “no iba a volver”, y que su cese era “definitivo e irrevocable”. El terremoto que provocaron los detalles más escabrosos de la denuncia de la reportera cimbrearon los cimientos del Gobierno de Moreno, copropietario de la productora ADM (con un 48% de participación), y de Canal Sur, su principal proveedor (con una facturación anual en torno a los cinco millones de euros).

“Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, había explicado el propio Fuentes a este periódico, el día antes de publicarse la noticia. Tras esa llamada, salió de su despacho e informó a otros directivos de la productora que “la noticia ya va a salir”. “Llevaba semanas esperándola. En la oficina ya se sabía, todo el mundo lo sabía. Él ya nos había contado que estaba citado a declarar como investigado [el 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas]”, cuenta un ejecutivo de ADM, corroborado por otros tres trabajadores.

“El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según estas fuentes. Nadie en el Gobierno andaluz ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de esta empresa semipública estaba denunciado, primero, e investigado, después, por delitos sexuales a una trabajadora.

Al día siguiente de la publicación, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, reconoció que no sabía “exactamente” cuándo, pero acto seguido recordó que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes”, a los que citó por sus nombres: “están el consejero Paradela [Jorge; consejero de Industria] y el consejero Sanz [Antonio; consejero de Presidencia], no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

A preguntas de los periodistas, Paradela aseguró que la fecha clave fue el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, aseguró. El problema es que la imputación de Gustavo Fuentes desencadena toda una serie de denuncias y testimonios -algunos firmados por escrito para este periódico- que dan cuenta de un “modus operandi” con sus trabajadores (sobre todo las mujeres) “déspota, cruel y violento”, que era “vox populi en el sector”.

Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación, que remite a otras denuncias y acuerdos prejudiciales por acoso laboral en la productora.

“Reserva para unos mimos; tengo ganas de ti”

El juez Francisco José de Córdoba, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla (de reciente creación), ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Este martes ha citado primero a dos testigos propuestas por la víctima: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Luego tendrá que declarar Fuentes, en presencia de su abogado, el de la acusación y de la Fiscalía, que aún no ha ejercido ninguna actuación relevante en este procedimiento.

El acusado se enfrenta también a sus propios mensajes de WhatsApp, los que envió a la reportera con insistentes propuestas de encuentros privados, y que ella han sido “validados” como prueba de la acusación por el juez: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Reserva para unos mimos”; “Tú me debes una noche loca”; “Lo nuestro parece imposible, ojalá volviéramos a hace 10 años”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”; “Bueno, si tú te vienes, a ver si te dejo irte otra vez jajaja”.

La víctima ya declaró ante el juez para explicar la situación de “sometimiento” que sufría y que “se retroalimentaba constantemente de la relación de jerarquía respecto del denunciado”. “La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional, la única opción posible es intentar evitarlo, siendo ello imposible por la propia naturaleza laboral jerárquica existente”, subraya la denuncia, que describe una “situación cronificada de acoso” que empujó a la víctima a un “cuadro depresivo” del que aún se está recuperando.

La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. De aquel primer comentario “humillante” (“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”) al acoso laboral descrito, cuando el CEO de la productora sabe que ha empezado una relación sentimental con un cámara de su propia empresa (“Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”), que consta en una de las declaraciones juradas.

Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Esos años en los que compartió un espacio de trabajo con su jefe sin denunciarlo parecen obligarla a justificarse una y otra vez en la denuncia, tratando desesperadamente de explicar que si respondía a aquellos mensajes con “cortesía forzada” a su superior jerárquico no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye la denuncia.

El actual miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) Álvaro Zancajo y la directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor Pérez-Angulo, serán los senadores de Vox en representación de la comunidad.

Zancajo, investigado por la Oficina Antifraude después de que se admitiera la denuncia presentada por Adelante Andalucía, compagina su puesto como director de comunicación del partido de ultraderecha con el percibimiento de un sueldo público de 60.000 euros correspondiente al Consejo de Administración de RTVA. Por tanto, los andalucistas le acusaban de “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” debido a sus funciones en el acompañamiento y asesoría a Santiago Abascal.

Vox ha registrado este lunes el escrito proponiendo a Zancajo como senador en representación de la comunidad y, en el documento que ha tenido acceso este medio, Zancajo declara que “cumple los requisitos exigidos” en la ley y, a su vez, admite que “no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad”.

De acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al PP-A le correspondían cinco senadores; al PSOE-A, tres, y a Vox, uno, como en la anterior legislatura. No obstante, el PP-A se quedará finalmente con cuatro porque cede uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones. El plazo para la presentación, en el registro del Parlamento andaluz, de propuestas a senadores en representación de la comunidad en la XIII legislatura ha finalizado este lunes.

Propuesta del PP

Por otro lado, Vox contará como senadora con María Pastor Pérez-Angulo, que ha sido candidata del partido en listas a autonómicas, municipales y generales y que actualmente ejerce como directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Este nombre no ha sido registrado formalmente por Vox, sino que lo ha hecho el PP-A en su propuesta de cinco senadores, de los que uno es cedido a dicha formación. En la anterior legislatura Vox contaba con Paloma Gómez como senadora por la comunidad.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha convocado una concentración el próximo martes 21 de julio frente a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla para respaldar a la reportera que denunció al exCEO de la principal productora de Canal Sur, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, como desveló elDiario.es.

La movilización, convocada en “apoyo a la compañera denunciante”, coincide con la declaración judicial de Fuentes ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla. La comparecencia del exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y de dos testigos había sido aplazada en dos ocasiones, la última el pasado 25 de junio.

Bajo el lema “por nuestra dignidad: fin a los abusos y a la precariedad en los medios de comunicación”, el SPA quiere mostrar su “apoyo absoluto” y “solidaridad” con la periodista “que ha denunciado valientemente haber sufrido abusos” en ADM, productora participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

A la convocatoria se han sumado las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión, el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza. “

Exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder“, señala la convocatoria, que también denuncia la ”grave situación de precariedad estructural que arrastra“ el sector audiovisual andaluz. Los convocantes apuntan directamente a ”la externalización sistemática de servicios de la RTVA en productoras privadas que, a menudo, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales“.

Un plan de igualdad presuntamente falseado

La convocatoria se produce mientras continúa la investigación judicial en torno a la denuncia presentada por la reportera contra Gustavo Fuentes. Como publicó elDiario.es, ADM carecía de un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que la periodista decidiera acudir a los tribunales.

Asimismo, este periódico reveló que la empresa habría falseado su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas un mes antes de que la trabajadora denunciara al entonces CEO por agresión y acoso sexual y de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer abriera diligencias contra él.

La imputación de Fuentes, también adelantada por este periódico, provocó su cese como CEO de la compañía y su salida de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, entidad impulsada con apoyo de la Junta dentro de la estrategia digital promovida por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia de la reportera describe tres presuntas agresiones sexuales ocurridas en distintos momentos entre 2013 y 2023. El escrito aporta fechas, lugares y testimonios de personas a las que la periodista relató los hechos cuando ocurrieron o poco después. También aporta pruebas y testimonios que acreditan el “continuo” acoso sexual que sufrió durante años en la compañía.

La respuesta de la Junta y de la empresa

Desde que trascendió la investigación judicial, el Gobierno de Juanma Moreno —accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública Sandetel— ha insistido en que la trabajadora no utilizó los canales internos de la empresa antes de acudir a los tribunales.

Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, el protocolo quedó bajo la responsabilidad de una directiva considerada la mano derecha del ejecutivo posteriormente denunciado.

La reportera ha explicado que no recurrió a los mecanismos internos por “miedo a represalias”. Por su parte, Gustavo Fuentes ha negado las acusaciones en declaraciones a este periódico, calificándolas de “denuncia falsa” y asegurando que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo interno que permite denunciar de forma anónima.

La periodista presentó la denuncia el 26 de enero. El juzgado abrió diligencias en febrero y tomó declaración a la víctima el 25 de marzo. Posteriormente citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, aunque la comparecencia fue suspendida después de que el acusado modificara la relación de testigos apenas tres días antes.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al exCEO de la productora coinciden en que Fuentes le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril.

Pese a ello, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la RTVA apartaron al directivo de la principal productora de Canal Sur hasta que elDiario.es hizo pública la investigación, el pasado 9 de junio.

Exigencia de responsabilidades

El Sindicato de Periodistas de Andalucía reclama ahora “responsabilidades políticas y empresariales”, así como “el cumplimiento estricto de los convenios colectivos” y la implantación de protocolos “eficaces y externos frente al acoso en todas las empresas del sector” audiovisual.

Por su parte, el Comité Intercentros de la RTVA añade la exigencia de que la radiotelevisión pública “asuma y garantice la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas prestadoras de servicios”, además de velar por el respeto a los convenios colectivos y a la legislación en materia de igualdad.

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) está investigando al jefe de prensa nacional de Vox, el periodista Álvaro Zancajo, por compaginar este trabajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

El órgano de fiscalización, adscrito al Parlamento andaluz, admitió a trámite la denuncia registrada por el grupo Adelante Andalucía, que acusó a Zancajo de cobrar un sueldo público de unos 60.000 euros al año mientras trabajaba para la formación ultraderechista y acompañaba a Santiago Abascal en su atención a medios por toda España.

La notificación de la admisión a trámite, a la que ha tenido acceso este periódico, es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

El reglamento también aclara que un consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. La incompatibilidad de su labor como consejero de la RTVA y jefe de prensa de Vox, denuncia Adelante Andalucía, “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito de la formación andalucista pedía “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Este miércoles, García ha hecho pública la apertura de investigación por parte de la Oficina Antifraude y ha afeado a Vox que empezase prometiendo que “iban a cerrar Canal Sur” y han acabado “llevándoselo calentito y pidiendo más paguitas” de Canal Sur. El grupo ultraderechista ha tenido a Zancajo como miembro del Consejo de Administración de la RTVA durante la pasada legislatura, aunque el periodista ha estado acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El portavoz nacional de Vox confirmó hace unos días que existe un acuerdo paralelo entre el PP de Juan Manuel Moreno y la ultraderecha, al margen del pacto suscrito y anunciado para formar Gobierno en Andalucía. En ese segundo acuerdo estarían pactando una mayor presencia de Vox en los órganos de extracción parlamentaria, singularmente en el Consejo de la RTVA. El portavoz andaluz de la extrema derecha y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, no ha querido confirmar las palabras del dirigente nacional y ha apelado a la “discreción” de las negociaciones con el PP de Moreno, sin descartar que exista ese “acuerdo oculto”, como lo ha llamado.

Álvaro Zancajo, periodista vinculado a los informativos de Antena 3, fue director del Canal 24 Horas de TVE hasta la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y el nombramiento de Rosa María Mateo al frente del ente público. Mateo destituyó a Zancajo y este denunció a RTVE en los tribunales. En primera instancia, la cadena pública fue condenada a indemnizarle con 25.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anularía el fallo más tarde, dando la razón a la dirección de RTVE.

En 2020, el primer Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox, nombró a Zancajo jefe de informativos de Canal Sur, aunque no pertenecía al ente público. Antes de un año, el 28 de diciembre de 2020, fue destituido por el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de Canal Sur, por irregularidades en la elaboración de su Plan de Igualdad, aprobado un mes antes de la denuncia contra su CEO, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual a una reportera, confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

La Inspección investiga “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia, como adelantó este periódico. Los inspectores notifican a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dan un plazo para corregirlo o presentar alegaciones.

Desde 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores [ADM tiene 258] están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad que preserve la equidad laboral y salarial entre hombres y mujeres de la plantilla, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en el trabajo. También están obligadas a registrar dicho Plan en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON).

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal para las empresas, conllevan sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, además de la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admitieron a este periódico fuentes próximas al Consejo de Administración de ADM.

La principal productora de Canal Sur, referente en el sector audiovisual andaluz, registró este documento el 18 de diciembre de 2025, pocos días antes de que su director general fuera denunciado (y posteriormente imputado) por un Tribunal de Violencia de Género acusado de delitos sexuales contra una trabajadora.

La imputación de Gustavo Fuentes, revelada por este periódico, derivó en su cese como CEO de la compañía y como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

Gustavo Fuentes es quien redactó el “compromiso expreso de impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad de ADM, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo investiga ahora la validez legal de ese documento, después de que este periódico revelara que el delegado sindical que firmó el Plan, en diciembre de 2025, no había negociado ni participado en la elaboración del mismo, porque llevaba más de cuatro años en excedencia y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA).

“Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, confesó el antiguo delegado sindical de ADM, Francisco de Asís Miguélez, a un excompañero de la empresa, en una conversación grabada, difundida por elDiario.es.

Entre la documentación que pueden requerir los inspectores del Ministerio a la productora estarían las actas de esa Comisión Negociadora para corroborar si el Plan de Igualdad se sometió a una “negociación colectiva previa”, como exige la ley.

Miguélez también aventuró que si la productora amagaba con despedir a alguien por acoso sexual, haciendo uso del II Plan de Igualdad (con el Plan Antiacoso) que le hicieron firmar, cualquier juez podría tumbar ese despido puesto que el documento carecía de “validez legal”, al no haber sido fruto de la negociación colectiva. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”, explicó.

Ese supuesto que planteó entonces el delegado sindical no tardaría en producirse. Un mes después de la firma y del registro del II Plan de Igualdad de ADM, quien fue denunciado por acoso sexual en los tribunales -y no a través de los mecanismos internos de la empresa- fue el propio director general de la compañía, que había impulsado la renovación del Plan de Igualdad, dejando en manos de su número dos, Óscar González-Barba, la “recepción de las denuncias” por acoso.

Gustavo Fuentes explicó a este periódico que fue él mismo quien activó el Protocolo Antiacoso para que abriera una investigación interna, después de recibir la citación judicial como imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. Esa investigación interna recayó en manos del Compliance [director legal] de la productora, una figura nueva que también introdujo el II Plan de Igualdad. Un puesto para el que fue nombrado José Antonio Jiménez de León.

Jiménez de León elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de la denuncia contra él, pero sólo tomó declaración al denunciado, ni a la víctima -“porque ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”- ni a ninguno de los compañeros de trabajo que fueron testigos de los hechos denunciados, según el relato del exCEO. Tras el despido de Fuentes, la dirección “provisional” de la compañía reunió a la plantilla y anunció la reapertura de dicha investigación, admitiendo que se había “cerrado en falso”.

“Claramente irregular”

El Plan de Igualdad de una empresa es un requisito obligatorio para poder contratar con las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo debe determinar ahora si el documento que les presentó la productora de Canal Sur fue fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, como establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “una persona sin relación laboral con una empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato le haya designado expresamente (que no es el caso). Miguélez se había presentado como delegado sindical por parte de UGT en las últimas elecciones internas de la productora, celebradas hace 11 años (2015). Tanto UGT como CCOO sostienen que su firma en el Plan de Igualdad de ADM, “estando en excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo, era claramente irregular”.

Tras la publicación de elDiario.es, la semana pasada, el antiguo delegado sindical remitió un escrito a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

El II Plan de Igualdad de ADM, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 al 1 de diciembre de 2029, cita a los dos responsables de la Comisión Negociadora mixta -empresa y plantilla- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que en ese momento ya llevaba más de cuatro años fuera de la compañía.

El directivo de la productora que contactó con Miguélez para que firmar el II Plan de Igualdad fue José Ramón García-Japón, subdirector general de ADM, según confirmó él mismo a este periódico. García-Japón admite que el antiguo delegado sindical estaba “en excedencia, con un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo, pero sigue cubriendo la representación de los trabajadores”. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, aseguró.

elDiario.es ha preguntado a la nueva dirección de la compañía, pilotada ahora por el número dos de Gustavo Fuentes, Óscar González-Barba, si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

La dirección de la productora mantiene que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”. El Ministerio que gestiona Yolanda Díaz alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

Diversos sindicatos se están poniendo en contacto estos días con los trabajadores de la productora para impulsar nuevas elecciones sindicales. ADM, con 258 empleados y dos centros de trabajo (uno en Sevilla y otro en Málaga), carece de comité de empresa ni de secciones sindicales. El único delegado de personal que queda, tras la renuncia de Miguélez, es David Pérez, que se presentó a unas elecciones internas en la sede de Málaga en 2017, pero también es directivo de la compañía. Sus compañeros le identifican como “un hombre de la dirección”.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, se ha quedado sin el único delegado sindical que tenía (al menos nominalmente) desde hace 11 años, y del que se sirvió hace apenas seis meses para avalar ante el Ministerio de Trabajo su Plan de Igualdad, requisito necesario para seguir accediendo a los contratos con Canal Sur, su principal cliente.

Francisco de Asís Miguelez, elegido representante de los trabajadores por parte de UGT en las últimas elecciones internas en esta empresa, en 2015, remitió un escrito la semana pasada a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro —para trabajar como técnico especialista en la Universidad de Cádiz (UCA)—, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

La renuncia precipitada de Miguelez es una consecuencia directa de la información que avanzó elDiario.es también la semana pasada: que la principal productora de Canal Sur, copropiedad del Gobierno andaluz al 48%, había usado su firma de manera irregular para avalar ante el Ministerio de Trabajo el citado Plan de Igualdad, un documento obligatorio desde 2022 para todas las empresas con más de 50 trabajadores

El II Plan de Igualdad de ADM, registrado en la plataforma digital del Ministerio en diciembre de 2025, mencionaba a los dos miembros de la Comisión Negociadora que supuestamente habían pactado y elaborado dicho documento, una en representación de la empresa (que sigue en activo y trabaja en Recursos Humanos) y otro en nombre de la plantilla, que ni había participado ni diseñado ni avalado el Plan, pero aceptó firmarlo el 18 de diciembre de 2025, tras recibir una llamada del subdirector general de la productora, Jose Ramón García-Japón (Joserra).

El mismo Miguelez reconoció, en conversación telefónica con un extrabajador de la compañía, que dudaba de que su firma tuviera algún valor legal “estando en excedencia”, y vaticinó que cualquier juez tumbaría cualquier despido de un empleado de ADM en el que la dirección de la empresa hubiese usado el Protocolo contra el acoso sexual y laboral, adjunto a un Plan de Igualdad presuntamente falsificado.

“El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le decía el antiguo delegado sindical a un extrabajador, que precisamente se encuentra en litigio contra la empresa tras ser despedido acusado de acoso laboral.

“Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”. Miguelez dejó la productora en 2021 para trabajar como técnico especialista en la Universidad de Cádiz (UCA) y recientemente se ha sacado la plaza definitiva, informan desde UGT.

La imputación de Gustavo Fuentes

Apenas un mes después de registrar el Plan con la firma del delegado sindical en excedencia, una reportera de la productora interpuso una denuncia contra el entonces CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, que fue imputado por agresión y acoso sexual por un juez de Violencia de Género de Sevilla, y cesado de todos sus cargos (también ostentaba la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, fruto del plan estratégico de su gran valedor en la Junta, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz).

Gustavo Fuentes firmó ese II Plan de Igualdad un mes antes y puso el canal antiacoso para denuncias internas en manos de su número dos, el director financiero Óscar González-Barba, nombrado CEO de la productora tras la destitución de su jefe salpicado por el escándalo de los delitos sexuales.

Este periódico llamó insistentemente a Miguelez la semana pasada, antes de publicar el II Plan de Igualdad de ADM con su firma, pero el antiguo delegado sindical colgó el teléfono y se negó a responder a todas las preguntas que elDiario.es le hizo llegar por escrito. Miguelez eligió contactar con su antiguo sindicato, UGT Andalucía, y pidió asesoramiento legal para desvincularse de su antigua empresa y exigirles, a la vez, que notificasen a la Seguridad Social la renuncia a su excedencia y a su puesto de trabajo.

La Junta: “Si nos la han colado, no podemos saberlo”

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Sin embargo, a preguntas de elDiario.es, fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

La denuncia y posterior imputación del CEO de la productora de Canal Sur es lo que destapa las supuestas irregularidades en el Plan de Igualdad, aprobado por el mismo acusado por denuncias sexuales sólo un mes después de firmarlo. El escándalo ha salpicado al Gobierno de Juan Manuel Moreno, que aún no ha aclarado desde cuándo sabía que Gustavo Fuentes estaba imputado y por qué no pidió su cese antes, siendo el accionista mayoritario del Consejo de Administración de ADM, a través de la empresa pública Sandetel. El consejero de Industria y responsable político de Sandetel, Jorge Paradela, destacó que la reportera “no había usado los canales internos para denunciar”.

Pero la situación también salpica a otras administraciones que tienen competencias compartidas en materia de inspección laboral en las empresas y políticas de igualdad: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad y la propia Junta. El departamento que dirige Yolanda Díaz admite que entre sus funciones está la de investigar, “pero para que esto ocurra, antes, el caso debe ser puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante denuncia para que se abra un expediente”.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz defiende lo mismo: “En caso de que se denuncie alguna incidencia relativa a la representación sindical, a la validez de la firma o a cualquier otro extremo que pudiera afectar a la regularidad formal de la documentación presentada, se procederá en consecuencia”.

Toda la situación que atraviesa hoy ADM es excepcional, porque la propia empresa en cuestión es muy excepcional: es una productora audiovisual, líder en facturación en Andalucía, que pertenece mayoritariamente al Gobierno andaluz y está asociada a la RTVA. Por tanto, se contrata a sí misma programas que llevan de manera fija y diaria en la parrilla de Canal Sur más de 25 años. Como resultado, también es la propia Junta la competente para sancionar a su empresa (con hasta 225.000 euros) y para retirarle los contratos públicos con Canal Sur, del que dependen unos cinco millones de euros en facturación anual, según fuentes del sector.

“La Consejería de Empleo”, abundan desde el departamento de Rocío Blanco, “no puede hacer control de legalidad, lo único que hacemos es a efectos de mero registro. El control de legalidad lo hace el juzgado de lo social. Es un criterio clave fijado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (consolidado en sentencias recientes de 2025). La Autoridad Laboral no tiene la facultad de hacer un control ”material“ de legalidad pleno (no funciona como un juez u homologador), sino un control formal y de requisitos esenciales”.

ADM, con 258 empleados en plantilla, no tiene comité de empresa ni secciones sindicales. Las últimas elecciones a delegado de personal en la sede central de Sevilla fueron hace 11 años y en la sede de Málaga se celebraron en 2017, con escasa participación, y salió elegido David Pérez, que se presentó como “independiente” y que es, a la vez, miembro de la dirección de la productora.

Ningún sindicato, por tanto, ha presentado una denuncia contra ADM por supuestas irregularidades en el II Plan de Igualdad. Tampoco lo ha hecho ninguna otra productora audiovisual andaluza, aunque en teoría compite con ésta por los mismos contratos que adjudica Canal Sur y otras televisiones autonómicas.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y principal cliente de Canal Sur, carecía de un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral “actualizado” un mes antes de que una de sus reporteras denunciase al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual ante un Juzgado de Violencia de Género de Sevilla.

Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON). El protocolo antiacoso es obligatorio para todas las compañías (independientemente de su volumen) desde la Ley de Igualdad de 2007, aunque en este caso registrarlo no es preceptivo.

La productora ADM registró su II Plan de Igualdad en diciembre de 2025, apenas unos días antes de la denuncia de una trabajadora contra el director general de la compañía por delitos sexuales, que derivó en la imputación judicial y el posterior cese de Gustavo Fuentes.

El Consejo de Administración de la compañía, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, nombró en su lugar (y de manera “provisional”) a su número dos, el director financiero y de Recursos Humanos, Óscar González-Barba, actual CEO de la compañía. González-Barba, según el protocolo antiacoso de ADM que aprobó el propio Fuentes, era (y es) el responsable de “la recepción de las denuncias” internas por acoso sexual. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece que las denuncias al canal antiacoso “no podrán ser anónimas”.

“No se han registrado casos de acoso sexual”

El 18 de diciembre de 2025, la productora principal de Canal Sur inscribió en el REGCON su II Plan de Igualdad, que reconoce que “la empresa no dispone actualmente de un Protocolo interno actualizado” para la “prevención del acoso sexual y por razón de sexo”. Aun así, el diagnóstico previo que aparece en ese documento señala que “no se han registrado casos de acoso sexual o por razón de sexo durante el periodo analizado”, que abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, según el documento.

En ese periodo, no sólo tuvieron lugar algunas de las situaciones de acoso laboral que describe la reportera en su denuncia, también otra supuesta agresión sexual de Fuentes -que una extrabajadora relató a CCOO en junio de 2025, aunque no llegó a interponer denuncia en los juzgados- y otros supuestos de acoso laboral denunciados por algunos exempleados.

En los anexos al II Plan de Igualdad de la principal productora de Canal Sur se incluye el nuevo “Protocolo de actuación para la prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual e identidad de género”. El documento incluye el nombre de las dos personas que formaron parte de la “Comisión Negociadora” -una en nombre de la empresa y otro en nombre de los trabajadores.

Sobre el papel, esas dos personas pactaron, elaboraron y firmaron el Plan, pero el delegado sindical que aparece en el documento, Francisco de Asis Miguélez, llevaba casi cinco años fuera de la empresa, en situación de excedencia, y trabaja desde entonces como técnico especialista para la Universidad de Cádiz (UCA). “Yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga alguna validez. Si me pregunta un juez si estaba ahí, yo le digo: No. Estoy en la UCA, aquí está mi contrato”, le confesó a un excompañero de ADM, un una conversación telefónica revelada por este periódico.

“Por escrito y no podrán ser anónimas”

Según el documento, firmado por el CEO de la compañía Gusavo Fuentes tres meses antes de ser imputado por agresión sexual y acoso, la empresa creó un “comité de asesoría confidencial”, encargado de “la recepción de las denuncias” de las víctimas, y nombró responsable a su número dos, Óscar González-Barba, junto a su mano derecha en Recursos Humanos, Elena Anguita. Elena Anguita es la persona designada por la empresa en la Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad, junto a Miguélez, aunque éste nunca participó de la elaboración del documento.

“Las denuncias y quejas se realizarán por escrito y no podrán ser anónimas”, reza el Protocolo Antiacoso de ADM, que debía gestionar personalmente el director de Recursos Humanos y actual CEO de la compañía. El nombre de González-Barba aparece citado por los testimonios de algunas extrabajadoras que han corroborado ante el juez la denuncia de la reportera. Una de ellas habla de una conversación entre el ya ex CEO y su director financiero, persona de su estrecha confianza, al que encargaba la organización de fiestas y eventos: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Otros trabajadores de la productora, en cambio, subrayan que González-Barba “jamás” trató a la plantilla como lo hacía Fuentes, y que él mismo fue una “víctima” del trato “vejatorio y humillante” al que sometía a la gente. “Incluso siendo uno de sus pretorianos, como él lo llamaba, cuando entraba en cólera le trataba a patadas delante del resto de los trabajadores”, coinciden varios testigos.

El pasado 9 de junio, tras revelar elDiario.es la imputación de Gustavo Fuentes por delitos sexuales, el Consejo de Administración de ADM se reunió “con carácter extraordinario” y, tras 18 horas, anunció la “suspensión temporal” del CEO de la compañía. En el mismo comunicado delegó en González-Barba algunas de las competencias que hasta entonces gestionaba su jefe, algo que, aun siendo “provisional”, provocó “indignación” en parte de la plantilla, que conoció la decisión a la mañana siguiente.

Una semana después, el Consejo de ADM confirmaba el cese “definitivo” del director general, reculaba en su decisión de dejar la empresa en manos de sus directivos afines y anunciaba un proceso de selección para buscar un nuevo CEO.

“Miedo a represalias”

Desde que estalló la noticia, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, accionista mayoritario de ADM a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, ha reaccionado al escándalo por la imputación de Fuentes subrayando que la víctima no había usado los canales internos para denunciar las agresiones y el acoso sexual del que acusó a su jefe ante un juez. Lo cierto es que unas semanas antes de acudir al juzgado, esos canales internos no estaban “actualizados” y, cuando finalmente se registraron ante la autoridad laboral, la empresa había dejado ese protocolo en manos de la mano derecha del jefe al que iba a denunciar por agresión sexual y acoso.

La reportera aduce “miedo a represalias” para explicar por qué no usó las herramientas internas de la empresa para denunciar a Gustavo Fuentes, y el denunciado, en conversación con este periódico, aseguró que se trata de una “denuncia falsa”, y que “nadie ha activado en cinco años” el protocolo antiacoso que permite a los trabajadores denunciar “anónimamente”.

La periodista denunció al CEO de la compañía el pasado 26 de enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, el 25 de marzo el juez tomó declaración a la víctima y acto seguido citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones andaluzas. Pero la declaración no tuvo lugar ese día, porque tres días antes, el 8 de mayo, el acusado cambió de testigo y su citación se aplazó.

Tras publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aseguró en un comunicado que conocía la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Fuentes próximas al ex CEO de la productora coinciden en que éste le trasladó su situación judicial al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en abril, “poco después de la Semana Santa”.

En cualquier caso, ni el Gobierno andaluz ni la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) hicieron nada por apartar al directivo de su principal productora audiovisual hasta que este periódico lo hizo público, el pasado 9 de junio.

“La denuncia se produjo el 7 de mayo, si no recuerdo mal. Fue una denuncia directa por parte de la denunciante al directivo, que no había estado anticipada por ningún tipo de procedimiento previo de ámbito interno, a través de esos canales de comunicación interna que tienen hoy día las empresas, y que ADM también tiene”, explicó la semana pasada el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de Sandetel, accionista mayoritario de la productora.

Paradela y Sanz son los responsables políticos de las empresas públicas vinculadas con ADM, el primero por la gestión de Sandetel, y el segundo por la RTVA. El responsable de Industria aseguró, a preguntas de los periodistas en Jaén, que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones, que han sido asumidas por el Consejo de Administración, y se ha puesto en marcha un proceso de selección para un nuevo director general”, dijo Paradela. En realidad el cese definitivo se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio.

Los “pretorianos”

Gustavo Fuentes solía llamar a los dos directivos de su estrecha confianza “pretorianos”, uno era González-Barba, y el otro José Ramón García Japón [Joserra], subdirector general de ADM. Tras el cese fulminante del CEO, ambos reunieron a los trabajadores que estaban en la sede de La Cartuja, unas 45 personas, incluidos los miembros de Andalucía Directo– para anunciar “una nueva etapa, con una dirección más amigable”.

También se dirigió a la plantilla José Antonio Jiménez de León, que ejerce la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento de la empresa] , para animar a todos a usar el canal antiacoso de la web de ADM para denunciar cualquier situación de acoso que haya sufrido por Fuentes, ahora que ya no está. Uno de los primeros mensajes que anunció la nueva directiva fue admitir que el protocolo antiacoso de la empresa no había funcionado, que la investigación interna e “independiente” que el propio Fuentes había encargado al Compliance sobre su denuncia por acoso sexual se había cerrado en falso, contando con la versión del CEO, pero no de la víctima ni de testigos que corroboran su versión. 

La figura del Compliance aparece también en el Protocolo antiacoso adjunto al II Plan de Igualdad de ADM, registrado un mes antes de que la reportera denunciase a Gustavo Fuentes. Forma parte de la Comisión Instructora y de Seguimiento, segunda pata del llamado Comité de Prevención del acoso en la empresa. Junto a Jiménez de León está también Elena Anguita, número dos de González-Barba. Su función es “estudiar y valorar cada caso, tener derecho de acceso a toda la información y documentación para la resolución de las denuncias”.

La compañía quiere ahora revisar aquel informe sobre la denuncia contra Fuentes, pero ya no podrá contactar con la denunciante porque ésta ha iniciado la vía penal y “la empresa no puede interferir ni perjudicar el procedimiento judicial en curso”. Con todo, en la primera reunión con la plantilla tras la destitución de su director general, se animó a todos los trabajadores a denunciar por unos canales internos y anónimos en la web de ADM.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una empresa semipública, copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y asociada a la RTVA, maniobró para sortear la Ley de Igualdad un mes antes de que su CEO, Gustavo Fuentes, fuera denunciado por agresión sexual y acoso a una reportera.

Fuentes está imputado por delitos sexuales por un juez de Violencia de Género desde el 25 de marzo y fue cesado de todos sus cargos cuando elDiario.es lo hizo público, el pasado 9 de junio. Pero la Junta de Andalucía no ha aclarado aún desde cuándo lo sabía y por qué, como accionista mayoritaria de la principal productora de Canal Sur, no pidió su destitución antes.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pasado de presentarse junto a Gustavo Fuentes en todos los eventos públicos de la productora -y de asistir a sus fiestas privadas- a eludir cualquier tipo de explicación. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de la empresa pública Sandetel (accionista mayoritario de ADM), ha puesto el acento en que la denuncia penal de la reportera “no estuvo anticipada por ningún procedimiento previo, a través de los canales de comunicación interna de ADM”.

Lo cierto es que la empresa no tenía actualizados ni aprobados esos procedimientos internos contra el acoso sexual un mes antes de que la reportera acudiese a denunciar a su jefe en los tribunales, según consta en el II Plan de Igualdad de la productora, al que ha tenido acceso este periódico.

En el último trimestre de 2025, a ADM le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a dotarse de un protocolo contra el acoso sexual y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo.

Para que ese documento tenga validez, debe estar pactado y participado por una “Comisión Negociadora” paritaria, formada por una persona que represente a la compañía y otra a los trabajadores. Pero la principal productora de Canal Sur Televisión, una empresa semipública propiedad al 47,8% del Gobierno andaluz y con 258 empleados en plantilla, no tenía ni comité de empresa ni secciones sindicales.

Tiene dos delegados de personal, uno adscrito a la sede central, en Sevilla, pero llevaba casi cinco años de excedencia y actualmente trabaja con un contrato de técnico especialista para la Universidad de Cádiz (Francisco de Asís Miguélez Martínez, que se presentó por UGT). Y otro en la sede de Málaga, que figura como “independiente”, pero también es director técnico de la empresa (David Pérez), y la plantilla le identifica como “un hombre de la dirección”.

El primero fue elegido en las últimas elecciones sindicales que se celebraron en las oficinas centrales de ADM hace 11 años, y el segundo en 2017, en un proceso interno del que la mitad de la plantilla “no se enteró ni acudió a votar”, explican trabajadores de la sede de Málaga.

La productora ADM, una de las grandes del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, necesitaba validar ante la autoridad laboral su Plan de Igualdad para conservar sus contratos públicos con Canal Sur, que le factura más de cinco millones de euros al año, según fuentes del sector.

El 28 de octubre de 2025, el CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, firmó “un compromiso expreso” de la productora para “impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad “junto a la Comisión Negociadora, que cuenta con la representación legal de los trabajadores”, según consta en una carta, a la que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, en ese momento ADM aún no tenía la firma del delegado sindical y es entonces cuando la dirección de la empresa decide llamar a Miguélez, que llevaba fuera casi cinco años, para que firme el II Plan de Igualdad de ADM como representante de los trabajadores, “a sabiendas de que su firma podía no tener validez”, explican a este periódico dos ejecutivos que piden anonimato.

El nombre de Miguélez aparece en el documento como miembro de la Comisión Negociadora del Plan y consta que participó en el diagnóstico previo de la compañía [que está fechado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; con el análisis de muestras entre octubre y noviembre de 2025] y en la elaboración de las propuestas de mejora, aunque en ese periodo trabajaba ya para la Universidad de Cádiz.

elDiario.es Andalucía ha tenido acceso a la grabación de una conversación telefónica, fechada el 15 de diciembre de 2025 [tres días antes de que ADM registrase su II Plan de Igualdad ante el Ministerio de Trabajo], entre el antiguo delegado sindical y un extrabajador de la empresa, al que le confiesa su estupor por lo que acaba de pedirle un directivo de la compañía.

De entrada, Miguélez no sabe si le están pidiendo que firme el Plan de Igualdad anterior, para darle carta de naturaleza a un procedimiento legal en el que él no había participado, y su interlocutor le advierte de que tenga cuidado de no firmar “un papel sin fecha”. “He estado hablando con mi abogado de que te ha llamado José Ramón [García-Japón] para que firmes los papeles esos del comité de Igualdad... me ha dicho que tengas cuidado a la hora de firmar, porque lo mismo te da un papel sin fecha”.

“Ten cuidado al firmar. Lo mismo te dan un papel sin fecha”

La conversación grabada con Miguélez la realiza un antiguo cámara de ADM, David Lobo, que actualmente está en litigio judicial con la empresa, tras ser despedido por la denuncia interna de cuatro compañeras por “acoso laboral”. La productora le despidió en 2024 echando mano precisamente del anterior Protocolo Antiacoso, usando el testimonio de esas cuatro trabajadoras -más un quinto informe de un superior- que acusaban a Lobo de incumplir sus obligaciones laborales y de trato y comentarios “vejatorios y humillantes” a sus compañeras.

El cámara denunció a la empresa por “vulnerar sus derechos de representación sindical”, convencido de que le habían echado a la calle por intentar montar un sindicato en 2023 junto a otros seis compañeros. Este conflicto es el que se cruza con las maniobras de la productora, a finales de 2025, para sortear sus obligaciones con la Ley de Igualdad.

Lobo le había pedido a Miguélez que testificase a su favor en el juicio por despido y éste había accedido. La citación judicial del antiguo delegado sindical (aunque terminaría aplazándose) estaba prevista para noviembre de 2025, justo cuando la dirección de la empresa volvió a contactar con él para que firmase el II Plan de Igualdad.

Lobo sospechó que ADM buscaba llegar a algún tipo de acuerdo con Miguelez para perjudicarle y, muy escamado, decidió llamarle y grabar la conversación.

“Yo esa copia no la voy a firmar, que me manden el original”

La llamada que recibe Miguélez de la dirección de ADM proviene de José Ramón García-Japón (Joserra), subdirector general de la empresa y número dos de Gustavo Fuentes, según explica en la conversación telefónica. En la grabación cuenta que una reportera de ADM de Málaga, Cristina Guil, es quien le había enviado una copia del II Plan de Igualdad dos días antes, el 13 de diciembre. Preguntada por esto, la reportera lo niega y asegura que “no conoce de nada” a Miguélez. “No le pongo ni cara”, dice.

García-Japón sí ha confirmado a este periódico que fue él quien contactó con el antiguo delegado sindical y que, en efecto, era consciente de que se trataba de “una persona en excedencia, que tiene un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo”, pero que “sigue cubriendo la representación de los trabajadores”, aclara. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, explica.

Con todo, García-Japón advierte de que él se limitó a contactar con Miguélez para que firmase el II Plan de Igualdad, pero subraya que él “no es legalista”, que es “al que le toca gestionar los marrones”, y emplaza a hablar con “algún representante jurídico de la empresa”. elDiario.es ha preguntado a ADM si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico coinciden en que “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Los sindicatos con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), asociada a la productora ADM y su principal comprador institucional, han exigido este jueves explicaciones al director general, Juan de Dios Mellado, tras la publicación de elDiario.es.

Desde la dirección de la productora sostienen que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte para los planes de igualdad, pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no. La Consejería de Empleo no ha respondido aún si esta situación es irregular ni si ha abierto una investigación al respeto ni cuándo fue la última inspección de trabajo en la productora.

“Dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor”

Cuando recibe la llamada del subdirector de ADM, Miguélez llevaba años desvinculado de la productora y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA), y expresa sus “dudas” de que su firma, “estando en excedencia, tenga algún valor”. “El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le cuenta a su excompañero.

El Ministerio de Trabajo tiene constancia del II Plan de Igualdad de ADM desde el 18 de diciembre de 2025, tres días después de la conversación telefónica entre Miguélez y Lobo. El documento incluye un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el documento registrado ante el Ministerio, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el el desarrollo posterior de las medidas propuestas para mejorar, aunque durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él estaba trabajando para la Universidad de Cádiz.

Tres días antes, al teléfono con Lobo, se había mostrado convencido de que la firma que le estaba pidiendo el subdirector general de ADM no se ajusta a la ley, y admite que el Plan de Igualdad anterior de la empresa tampoco recogía “ni mi firma ni el cargo ni yo estuve en ninguna reunión”.

Así, entiende que la empresa no puede esgrimir el Plan de Igualdad ni el Protocolo Antiacoso para despedir a alguien, como hizo en el caso de Lobo, porque el documento no fue negociado ni firmado por él como representante único de los trabajadores. La misma situación, dice, se repite ahora con ese II Plan de Igualdad que le están pidiendo firmar estando en excedencia. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”.

“El juez me va a preguntar: ¿Estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA”

Según el II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, los responsables de la Comisión Negociadora eran dos: por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (persona muy próxima a Gustavo Fuentes y CEO “provisional” de la empresa), y Miguélez como “representación legal de los trabajadores”.

Junto a ellos intervino en la elaboración del Plan una “consultora especializada en igualdad”, de la empresa BoxTalent, que ejerció de “asesoramiento externo”, Andrea Laura Martínez Díaz. Su nombre aparece en el documento, pero Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Antes de cortar la llamada, David Lobo quiere cerciorarse de que la persona que pidió a Miguélez firmar el II Plan de Igualdad fue García-Japón, y éste se reafirma. “Sí, sí. Me llamó José Ramón, muy breve, me explicó esto y me dijo: te va a llamar Óscar [González-Barba], el Óscar este no me ha llamado, y la que me ha mandado los papeles es Cristina Guil”.

“Me llamó José Ramón y me dijo: te va a llamar Óscar”

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El incumplimiento del Real Decreto expone a las empresas a sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía y principal cliente de Canal Sur, falseó presuntamente su Plan de Igualdad en diciembre de 2025, un mes antes de que una reportera denunciara al CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual, y de que un juez de Violencia de Género le imputase por estos delitos.

Desde 2022, las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas por ley a disponer de un Plan de Igualdad, cuyo objeto es promover la equidad salarial entre hombres y mujeres, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en la empresa. También están obligadas a registrar ese documento en la plataforma del Ministerio de Trabajo (REGCON).

La productora de Canal Sur renovó su Plan de Igualdad y se dotó de un nuevo protocolo antiacoso pocos días antes de que su director general fuera denunciado por una reportera por delitos sexuales, precipitando su imputación judicial, el cese fulminante de todos sus cargos y un sonoro escándalo que salpicó al Gobierno de Juanma Moreno, propietario del 47,8% de la empresa, y a la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), con la que está asociada.

El II Plan de Igualdad (2025-2029) de la productora ADM está inscrito en el REGCON el 18 de diciembre de 2025, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de ese año al 1 de diciembre de 2029. En ese momento, ADM contabilizaba “258 empleados en plantilla (42,8% mujeres; 56,2% hombres), un centro de trabajo en Sevilla y otro en Málaga”.

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, cita a los dos responsables de esa Comisión Negociadora: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que fue elegido delegado sindical hace 11 años (2015), en las últimas elecciones que celebró la productora.

El problema es que en el momento de negociar y elaborar el II Plan de Igualdad, de firmarlo y de registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo, Miguélez llevaba más de cuatro años fuera de la empresa, en situación de excedencia voluntaria pactada con la compañía, sin empleo ni sueldo.

Según todas las fuentes jurídicas consultadas, “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Miguélez había sido elegido representante de los trabajadores en nombre de UGT, pero en diciembre de 2025 llevaba varios años de excedencia (actualmente trabaja como personal técnico especialista de la Universidad de Cádiz; UCA). UGT Andalucía asegura que también se salió del sindicato. La excedencia es una suspensión temporal del contrato, está regulada en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, y “sin contrato no se puede representar legalmente a los empleados de esa empresa”, insisten.

Cuando la productora le contactó y le envió una copia del II Plan de Igualdad para que la rubricara, él mismo cuestionó la validez de su firma. “Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, le confesó a un excompañero de la empresa.

Este periódico ha contactado numerosas veces con Miguélez, que ha colgado el teléfono y ha eludido responder a las preguntas de elDiario.es. Desde la dirección de ADM replican que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

En riesgo los contratos con Canal Sur

El artículo 5 del Real Decreto 901/2020 obligaba a ADM -más aún siendo el Gobierno andaluz propietario del 47,8% de la productora- a negociar el diseño del Plan de Igualdad con el representante legal de sus trabajadores, participando de un diagnóstico previo que analizase el ambiente de trabajo y las posibles situaciones de acoso sexual y laboral, como las que afloraron tras revelar elDiario.es la imputación del CEO.

ADM es una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, es una empresa público privada ligada a la RTVA, y responsable de programas emblemáticos de Canal Sur, como Andalucía Directo (26 años en antena), y de otras televisiones autonómicas, como Callejeando, de Telemadrid. Fuentes del sector calculan que factura más de cinco millones de euros al año a Canal Sur, aunque el ente público no ofrece datos desglosados de sus gastos en producción externa.

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal, exponen a las empresas a ser sancionadas con hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

Según el registro de REGCON, el primer Plan de Igualdad de ADM tuvo un periodo de vigencia desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el 14 de enero de 2022. Entre 2022 y 2025, “no hay nada depositado” en el registro.

Aquel primer documento, ya con Gustavo Fuentes como CEO de la compañía, revela el “desconocimiento” de la plantilla sobre los mecanismos legales para prevenir situaciones de abuso sexual y laboral. “El diagnóstico no lanza mucha información acerca de la salud laboral”, dice el documento, “la empresa ya disponía de un protocolo de acoso cuando se comenzó el diagnóstico, pero se ha detectado un desconocimiento generalizado de estos procesos por parte de la plantilla”.

Dos de las tres agresiones sexuales que la reportera describe en su denuncia contra Fuentes se sitúan en esa época, una en 2021 y otra en 2023. El juez también ha validado como prueba las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del CEO a la víctima entre 2018 y la actualidad, además de las declaraciones juradas de siete extrabajadores (algunos con cargos directivos) con testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

En diciembre de 2025, a la productora de Canal Sur le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley. El documento parte de un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el Plan, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el desarrollo posterior de las propuestas para mejorar, pero durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él ya estaba trabajando para la Universidad de Cádiz. “Cualquiera que tenga un caso y [ADM] le quiera meter algo de Igualdad para despedirlo, con que diga que no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA [Universidad de Cádiz], aquí está mi contrato”, le explicó él mismo a un excompañero, al que la productora había despedido años antes apoyándose precisamente en el protocolo antiacoso.

Entre las personas que intervinieron en la elaboración del II Plan de Igualdad de ADM también consta el “asesoramiento externo” de Andrea Laura Martínez Díaz, de la “consultora especializada en igualdad BoxTalent”. Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Esta consultora externa cuenta que su trabajo, “con voz pero sin voto”, consistió en “supervisar” informes y documentación “a distancia” -“nunca estuve físicamente en la sede de ADM”-, y que habló con “otros responsables de la empresa, porque tenía que acceder a muchos datos para hacer mi evaluación”.

El “compromiso expreso” por la igualdad de Gustavo Fuentes

En el II Plan de Igualdad del Grupo ADM aparece una suerte de memorándum, un “compromiso expreso” del CEO, Gustavo Fuentes, de “impulsar la redacción e implementación” del documento, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”: “En todos los ámbitos de actividad de esta empresa (...) asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, dice la carta, firmada por él mismo el 28 de octubre de 2025.

La Comisión Negociadora nombró a las personas integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad de la compañía, y firmó el reglamento de funcionamiento del Plan de Igualdad. Esa comisión era el órgano de “seguimiento, evaluación y cumplimiento” de las medidas recogidas en el Plan, que recayó en otras dos personas próximas a la dirección: de nuevo, Elena Anguita, que ya estaba de la Comisión Negociadora en representación de la empresa, y David Pérez, que tiene el rol más atípico de esta compañía, porque es “directivo técnico” y, a la vez, representante de los trabajadores en el centro de trabajo de Málaga.

Ninguno de los más de 20 profesionales de la productora con los que ha hablado este periódico le ha consultado jamás un problema laboral y todos le consideran “un miembro más de la dirección”. Pérez no pertenece a ningún sindicato. Cuando se convocaron elecciones internas en 2017, con un candidato de UGT, él decidió postularse como independiente, en nombre de una “agrupación de trabajadores”, y terminó ganando.

A preguntas de elDiario.es, David Pérez admite que su “mandato caducó hace tiempo”, que “no ha dimitido por elegancia”, pero que “hace cuatro meses le dio un ultimátum al resto de trabajadores y que si nadie convoca elecciones, en verano dimito”. “No es normal que lleve como representante legal de los trabajadores diez años, yo no tendría que estar aquí”, dice.

Pérez también se desmarca del II Plan de Igualdad de ADM, aunque no hace ni seis meses que lo firmó y figura como miembro de la Comisión Permanente que debe garantizar su cumplimiento. “Estoy en el Plan de Igualdad, pero no quiero estar. Esto lo voy a dejar también, ya había manifestado hacía tiempo que yo no quería estar ahí”.

Varios trabajadores de ADM, en Sevilla y en Málaga, identifican a Pérez como “el hombre que la dirección de la empresa ha puesto para que figure como representante legal de la plantilla”. El exCEO de la compañía, de hecho, ha presentado al juez que le investiga por delitos sexuales un certificado firmado por él, en calidad de director técnico, que le sirve para defenderse de sus acusaciones.

El II Plan de Igualdad de ADM recoge un conjunto de medidas a implementar -algunas del plan anterior- con un cronograma preciso: “primer trimestre de 2026”. Ni parecen haberse cumplido entonces ni ahora, a tenor de la primera charla que dieron los directivos que sustituyeron a Gustavo Fuentes tras su cese: Óscar González-Barba y José Ramón García-Japón. En esa reunión, el representante legal de la empresa (Compliance) admitió que la investigación interna contra el exCEO por abusos se cerró en falso, y animó a la plantilla a usar el protocolo antiacoso.

El documento dice que era obligatoria la difusión del II Plan de Igualdad para que la plantilla conociera las medidas para mejorar, los procedimientos y los protocolos de prevención contra el acoso sexual, que el objetivo es “garantizar un entorno laboral seguro, prevenir conductas inadecuadas y proporcionar procedimientos de actuación claros”; realizar acciones formativas, “al menos una vez al año, para asegurar que todos conocen los canales de denuncia y las garantías de confidencialidad y protección”.

Ese Plan lleva en vigor seis meses dentro de ADM, cuando se ha destapado el proceso judicial contra su CEO por delitos sexuales, del que el Consejo de Administración asegura haber sido informado el 8 de mayo, aunque Gustavo Fuentes informó de su imputación a la plantilla y al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, el pasado abril, tras la Semana Santa. Su citación judicial en calidad de investigado es del 25 de marzo.

“Un silencio atronador”, por lo que es necesario que diga cuanto antes “qué sabía” de este caso. Éste es el reproche que este domingo ha lanzado el PSOE andaluz contra el presidente en funciones de la Junta, Juan Manuel Moreno, en relación con el presunto acoso sexual denunciado por una trabajadora de la productora semipública Andalucía Digital Multimedia (ADM), principal proveedora de contenidos de Canal Sur. Por este caso está imputado Gustavo Fuentes, que ha sido cesado como CEO de ADM.

Así lo ha denunciado la secretaria de Igualdad del PSOE andaluz, Olga Manzano, que ha recordado que la afectada es una reportera que, según la denuncia presentada ante la Justicia, estuvo “durante años soportando insinuaciones, presiones, mensajes y comportamientos de carácter sexual por parte de quien ejercía la máxima responsabilidad en dicha empresa”.

La responsable socialista ha lamentado la “desprotección” que sufrió la afectada por parte de la productora, lo que la obligó a dar el paso de acudir a los tribunales enfrentándose a la “exposición pública y a las posibles consecuencias personales y profesionales que conllevan estas situaciones”.

“Estrecha relación” con Sanz y Repullo

“¿Dónde ha estado y dónde está el presidente de la Junta de Andalucía?”, se ha preguntado, apuntando que si Moreno “tiene un compromiso real con la igualdad y contra la violencia machista, y no va a sucumbir ante las presiones de Vox para eliminar lo poco que queda de estas políticas, tiene la obligación de aclarar qué sabía su gobierno, desde cuándo lo sabía y qué hizo al respecto, además de ”ponerse del lado de la víctima y creer en ella“.

Manzano ha calificado de “grave el silencio” de Moreno a debido a que todas las informaciones apuntan a una “estrecha relación” entre el denunciado y miembros destacados del Gobierno andaluz y del PP, “señalando directamente a Antonio Sanz y a Antonio Repullo”.

Por ello, ha exigido a Moreno que abandone esta “actitud de perfil no solo en el caso de la productora ADM, sino también ante otros casos como los que afectan a los alcaldes populares de Algeciras y Estepona”. “Son casos todos ellos muy graves que requieren de actuaciones contundentes por parte de la Junta y nunca ponerse de perfil”, ha señalado Manzano.

Apenas una semana después de destituir a Gustavo Fuentes, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), imputado por agresión sexual y acoso sexual a una reportera, el Consejo de Administración de la compañía ha acordado iniciar un proceso de selección para nombrar a un nuevo director general que lidere la “nueva etapa” de una empresa público privada, participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz.

El anuncio que se ha trasladado este miércoles a los trabajadores desbarata, en parte, la decisión “provisional” que adoptó el Consejo hace siete días, cuando aprobó la “suspensión temporal de funciones” de Gustavo Fuentes y puso en su lugar a su número dos, el también director financiero de Recursos Humanos, Óscar González-Barba.

La denuncia de una reportera de ADM contra Gustavo Fuentes por delitos sexuales salpica a otros miembros de su directiva, entre ellos, González-Barba, que aparece citado varias veces por otras extrabajadoras que han querido testificar ante el juez en favor de la víctima. Una de ellas relata una conversación que presenció en el despacho del exCEO entre éste y su director financiero, una persona de su estrecha confianza, hablando sobre la denunciante: “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Fuentes de la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), asociada con la productora y su principal cliente institucional, explican a este periódico que el nombramiento de González-Barba siempre fue “provisional”, y que el Consejo de Administración de ADM pasó de la “suspensión temporal” de Fuentes al cese “definitivo e irrevocable” en cuestión de horas.

Con todo, hasta que se produzca el nombramiento de un nuevo CEO, “el Consejo de Administración coordinará y supervisará la gestión de la compañía, apoyándose en los equipos profesionales actualmente operativos, cuya experiencia, compromiso y capacidad garantizan la continuidad de la actividad y el cumplimiento de los objetivos establecidos”, reza el comunicado.

González-Barba ha reunido esta mañana a miembros de la directiva para confirmarles que el cese de Gustavo Fuentes es definitivo, como adelantó este periódico el pasado viernes. Hasta el comunicado de hoy, en el que se anuncia la apertura de un proceso de selección para encontrar nuevo CEO, el Consejo de la productora no había confirmado negro sobre blanco la destitución de su director general, imputado por delitos sexuales. Fuentes, de hecho, se comunicó por WhatsApp con otros miembros de su directiva para asegurarles que lo suyo se resolvería “pronto”, y que estaba citado a declarar ante el juez en calidad de investigado.

EL Consejo de Administración de ADM está presidido por Sergio Gómez Rojas, director gerente de la empresa pública Sandetel, dependiente de la Consejería de Industria). En el Consejo también se sienta el responsable de Telefónica en el sur de España, Joaquín Segovia, el director económico financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y uno más de Axion Infraestructuras de Telecomunicaciones. Este periódico ha consultado por las últimas decisiones del Consejo de ADM a la Consejería de Industria, que ha eludido aclarar o aportar información.

En el comunicado de la productora se subraya la política de “tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, discriminación o conducta que vulnere la dignidad de las personas, promoviendo entornos de trabajo seguros, inclusivos y respetuosos”.

Gustavo Fuentes está siendo investigado desde hace dos meses por el Juzgado de Violencia de Género número 5 de Sevilla por delitos sexuales a raíz de la denuncia de una periodista de la empresa. La reportera interpuso la denuncia el pasado enero, acompañándola de 175 páginas con mensajes de WhatsApp que le enviaba el acusado, y que han sido ya validados como prueba por el juez. También adjunta siete declaraciones testificales de extrabajadores de ADM (algunos con cargos directivos) corroborando algunas de las situaciones de acoso y agresión denunciadas por la víctima.

Fuentes debía declarar como investigado ante el juez el próximo 25 de junio, pero el magistrado ha vuelto a aplazar su declaración -y la de dos testigos clave- hasta finales de julio.

El pasado martes, 18 horas depués de que elDiario.es revelase la imputación del CEO de la productora, El Consejo de Administración de ADM aseguró en el comunicado de la medianoche del miércoles que conocía su situación procesal desde el 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Sin embargo, varias fuentes de la dirección de la productora prueban que “había miembros del Consejo que ya lo sabían desde abril”.

El Consejo de Administración de la productora ADM, empresa participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía y principal proveedora de contenidos de Canal Sur Televisión, ha aprobado el “cese definitivo e irrevocable” de su CEO, Gustavo Fuentes, imputado por agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera, confirman a este periódico fuentes de la compañía y de la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), que está asociada a esta empresa.

En realidad, la decisión se adoptó el mismo miércoles, poco después de que el Consejo de Administración de la productora emitiese un comunicado a medianoche, tras cuatro horas reunidos en secreto y con carácter “extraordinario”, aprobase la “suspensión temporal de funciones” de su director general. Las fuentes consultadas aseguran que la dirección de ADM tuvo que “rectificar”, previa consulta a los abogados de la corporación, para fulminar a Gustavo Fuentes “con efecto inmediato”. La decisión, plasmada en el acta de la reunión del Consejo de ese miércoles, ya se le ha comunicado oficialmente a su abogado.

El Gobierno de Juanma Moreno es el accionista mayoritario de la productora ADM, con un 47% de participación de esta empresa público privada, con un peso significativo en el sector audiovisual andaluz. Es responsable, por ejemplo, de programas tan emblemáticos de Canal Sur como Andalucía Directo, o de Telemadrid, como Callejeando.

En el Consejo de Administración, que preside Sergio Gómez Rojas, director gerente de Sandetel (Consejería de Industria), también se sienta el responsable de Telefónica en el sur de España, Joaquín Segovia, el director económico financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y uno más de Axion Infraestructuras de Telecomunicaciones. Este periódico ha consultado por las últimas decisiones del Consejo de ADM a la Consejería de Industria, responsable de Sandetel, que ha eludido aclarar o aportar información.

El jueves estuvo reunida durante horas la Comisión de Igualdad de la RTVA, donde están representados los trabajadores y la dirección del ente público, para analizar y tomar decisiones respecto a la imputación del CEO de ADM, “una vez producido su cese definitivo en sus funciones”, aunque en ese momento se le había comunicado oficialmente a la plantilla.

La Comisión de Igualdad aprobó por mayoría -CCOO se abstuvo- crear un canal en la web de la RTVA para que los trabajadores de sus productoras asociadas pudieran recurrir a esta vía para denunciar situaciones de acoso sexual o laboral. Además, el Comité de Seguridad y Salud del Ente público “instará” al servicio de prevención de riesgos laborales de ADM a realizar “un estudio de clima laboral y una evaluación de riesgos psicosociales a las personas de su empresa que trabajan en programas de Canal Sur”. Esto, según los presentes, consistirá en pasar a la plantilla cuestionarios sobre el clima laboral de la productora y, si es preciso, hacer entrevistas personales.

CCOO se abstuvo porque, además de lo aprobado, reclamó que la RTVA se persone como parte perjudicada en el proceso judicial de la reportera que ha denunciado por agresión sexual y acoso al ex CEO de la productora, algo que fue rechazado por la mayoría.

“Lo mío se resolverá pronto”

El Consejo de Administración de ADM tardó 18 horas en emitir un comunicado tras revelar elDiario.es que su director general llevaba dos meses siendo investigado por un juez de Violencia de Género por agresión sexual y acuso a una trabajadora. La “suspensión temporal” de Gustavo Fuentes, así como el nombramiento de su número dos para sustituirlo al frente de la compañía, el hasta entonces director financiero Óscar González-Barba, provocó “indignación” entre los trabajadores y otros directivos de la productora.

“¿Por qué tardaron 18 horas en darnos alguna explicación a los trabajadores tras publicarse la noticia? ¿Por qué lanzaron un comunicado casi a las doce de la noche? Y, sobre todo, ¿por qué no han fulminado definitivamente a Gustavo?”, “¿Qué significa suspensión temporal, es que va a volver?”, fueron algunas de las preguntas que plantearon los trabajadores en la primera reunión con la nueva directiva, en la que González Barba prometió “una nueva etapa, con una dirección más amigable”, según los presentes.

En una reunión posterior con algunos directivos, en la quinta planta de la sede de ADM, la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento de la empresa], que ocupa José Antonio Jiménez de León, aseguró a los presentes: “Gustavo ya no va a volver”. El Consejo ha usado un “tecnicismo legal” para describir lo que en la práctica es “un cese”, pero que, al tratarse de una sociedad mercantil, debe actuar con cautela respetando la presunción de inocencia de Fuentes, explican los directivos consultados.

En paralelo, Gustavo Fuentes había mandado mensajes de WhatsApp a distintos directivos y trabajadores de la empresa, dando gracias por el apoyo y asegurando que su situación procesal se resolvería pronto y podría volver a la empresa. “Lo mío se resolverá pronto”; “Estamos en diligencias previas y figuro como investigado”.

Durante las 18 horas que pasaron desde la publicación de la noticia hasta el primer (y hasta ahora único) comunicado del Consejo de Administración de ADM sobre el escándalo de Gustavo Fuentes, los consejeros estuvieron “analizando” las “informaciones publicadas”. Luego decidieron no forzar el cese del que ha sido su CEO desde 2020 “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”, rezaba el comunicado remitido a las 23.52 horas a los directivos de la compañía a través de su correo corporativo.

Poco después de ese comunicado, elDiario.es hizo pública la segunda entrega de la investigación a Fuentes, con el testimonio de siete extrabajadores de la productora que han declarado ante el juez corroborando la versión de la víctima y relatando detalles específicos de los casos de agresión y acoso sexual: “Con suerte me la follo de una vez”, reza uno de los comentarios que uno de los testigos atribuye al ex CEO refiriéndose a la denunciante.

Fuentes está siendo investigado desde hace dos meses por un Juzgado de Violencia de Género por delitos sexuales a raíz de la denuncia de una periodista de la empresa y deberá declarar ante el juez el próximo 25 de junio. El Consejo de ADM aseguró en el comunicado de la medianoche del miércoles que conocía su situación procesal desde el 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”. Sin embargo, varias fuentes de la dirección de la productora prueban que “había miembros del Consejo que lo sabían desde abril”.

La gala de la segunda edición de Land Insitu, organizada por la Escuela de Reporteros de Andalucía y celebrada el jueves por la tarde en Sevilla, estuvo marcada por la denuncia contra Gustavo Fuentes, el exCEO de ADM, la gran productora audiovisual de Canal Sur, por presuntos delitos de agresión y acoso sexual, y acoso laboral.

José Yélamo, presentador de LaSexta Xplica, dedicó su premio en reconocimiento a la trayectoria profesional a la “compañera que ha dado el paso y denunciado al agresor, y a todas las compañeras periodistas que no lo pueden hacer porque tienen miedo de perder su trabajo”. También Pilar Crespo dedicó el premio por la labor social de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), que preside, a “todas las compañeras que han sido víctimas de un sistema que las ha protegido mal o no las ha protegido en absoluto”.

Los dos galardonados, Yélamo y Crespo (en representación de AAMMA), coincidieron en homenajear a la denunciante de Fuentes, hasta esta semana un hombre clave en el sector audiovisual andaluz, y a las mujeres que sufren comportamientos machistas en entornos laborales, los denuncien o no.

Lo hicieron en una gala de LAND, el clúster audiovisual andaluz que presidía Fuentes hasta que hasta que elDiario.es publicó, el pasado martes, que está siendo investigado por un juez de violencia sobre la mujer tras la denuncia de una extrabajadora de ADM, la productora que dirigía. La mujer recoge en su denuncia tres episodios de presuntas agresiones sexuales cometidas en 2013, 2021 y 2023, y actitudes reveladoras de presunto acoso sexual y laboral.

La denuncia se acompaña de siete declaraciones juradas de testigos de estos hechos, y de 175 páginas de mensajes de WhatsApp que apuntalan los indicios del comportamiento de Fuentes. Los mensajes recogen propuestas de encuentros privados (“A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”); y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”, a los que ella respondía con evasivas y réplicas secas, según la denuncia.

Yélamo ha incidido en estos mensajes en su discurso. “Lo primero que quiero decir es que me he dado cuenta de que en estos veinte años he tenido mucha suerte. Por ejemplo, de no haber tenido que soportar a un jefe baboso que me hiciera comentarios desafortunados; de no haber tenido que recibir mensajes fuera de tono; de no haberme sentido observado, vejado, agredido en mis años de trabajo”, ha dicho: “En definitiva, he tenido suerte de ser un hombre”.

Igual que Yélamo, Pilar Crespo se ha acordado de las mujeres que por miedo no denuncian este tipo de situaciones, erigiéndose en “altavoz de todas las mujeres que han sido silenciadas”. Crespo ha expresado su apoyo “a todas las que rompen el silencio,” cuya “valentía nos interpela a todas”, y ha dedicado el premio “a todas las compañeras que han sido víctimas de un sistema que las ha protegido mal o no las ha protegido en absoluto”.

Otras cinco extrabajadoras de la productora pidieron amparo a CCOO por acoso sexual y laboral siete meses antes de la denuncia penal al CEO. El sindicato estudió el caso pero no pudo intervenir porque ya no estaban en la empresa y la única que seguía no estaba convencida de denunciar. “Intentamos convencerlas de que había que tirar para adelante, pero estaban paralizadas por el miedo”, aseguró a este medio el delegado sindical, Pedro Corrientes. “Existía un miedo generalizado a hablar por la repercusión que podía tener en tu carrera profesional. Una mala llamada de Gustavo hacía que no te llamen en otro sitio. Puedes denunciar pero puedes perder tu trabajo”, relató una de esas trabajadoras a elDiario.es.

“Cese temporal” en LAND

El acto, celebrado en presencia de la consejera de Empleo Pilar Blanco, ha tenido lugar en el marco del segundo encuentro de LAND Insitu, un encuentro que trata de poner en contacto laboral a jóvenes con empresas, productoras, medios de comunicación y entidades vinculadas al sector audiovisual y digital.

El encuentro está organizado por la Escuela de Reporteros de Andalucía con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y la participación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, y toma nombre de LAND, el Clúster Audiovisual de Andalucía, referente del sector y motor de colaboración entre empresas, instituciones y profesionales.

Hasta este martes, LAND estaba presidida por Gustavo Fuentes, que era también director general de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), participada al 47% por una empresa pública de la Junta de Andalucía y responsable de Andalucía Directo, entre otros formatos.

Fuentes, que ya había anunciado su intención de abandonar la dirección de LAND hace un mes, coincidiendo con su imputación, informó el martes al Comité Ejecutivo de su decisión de “abstenerse temporalmente del ejercicio efectivo de las funciones de la Presidencia”, con el objetivo de “preservar el normal funcionamiento de la entidad”.

Si tienes información de este u otros casos similares, ponte en contacto con nosotros a través del correo confidencial pistas@eldiario.es.

Gustavo Fuentes ha dejado de formar parte del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), después de que elDiario.es revelara que está siendo investigado por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), de la que era director general hasta este miércoles.

Según han confirmado fuentes de la UPO, apenas unas horas después de conocer la noticia de la imputación de Fuentes publicada el martes, el presidente del Consejo Social se puso en contacto con él para abordar el caso. Fue durante esa misma conversación cuando el ya exconsejero presentó su renuncia con el objetivo de no perjudicar la imagen de la institución académica ni la del propio órgano de representación universitaria, apuntan las mismas fuentes.

Desde ese momento, Fuentes dejó de pertenecer al Consejo Social de la UPO, donde ocupaba una vocalía por designación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, según explica a este periódico el rector de la UPO, Francisco Oliva. El ya exdirector de ADM era una de las últimas incorporaciones al órgano de gobierno universitario, anunciada el pasado mes de febrero como una “figura destacada en el impulso de la industria creativa y digital”, por su peso en el sector audiovisual andaluz como CEO de la principal productora de Canal Sur, cuyo accionista mayoritario es la propia Junta.

Oliva asegura que la Universidad tuvo conocimiento de los hechos a través de la información publicada por este periódico y que actuó con “diligencia” y “toda celeridad” para “preservar la honorabilidad del Consejo Social”. A raíz de esa llamada, Fuentes presentó su dimisión y dejó de estar vinculado a la institución universitaria, que ya ha eliminado su nombre de la página web.

El Consejo Social es un órgano de gobierno y representación universitaria que canaliza la participación de la sociedad en la gestión de la universidad. Entre sus funciones, figura fortalecer la relación de la institución académica con su entorno económico, profesional y social. Sus miembros son designados por distintas instituciones, entre ellas el Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y las entidades sociales y empresariales.

En el caso de Fuentes, su nombramiento como vocal fue designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz (a través de la empresa pública Sandetel) es el accionista mayoritario de ADM, cuyo principal contratista es su asociado, la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA). Es, de hecho, responsable del programa buque insignia de Canal Sur: Andalucía Directo.

La salida de la UPO se produjo el mismo día en que Fuentes también dejó de ejercer las funciones de presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Coincide, además, con su relevo al frente de ADM, consumado este miércoles.

Apartado de los principales cargos que ostentaba

La compañía nombró este miércoles nuevo director general al hasta ahora director financiero, Óscar González-Barba, persona de la estrecha confianza de Fuentes. El relevo se produjo tras una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de ADM celebrada la noche anterior, en la que se acordó la “suspensión temporal de funciones” del directivo, aunque sin ejecutar su cese definitivo.

A la mañana siguiente se celebró la primera reunión de la nueva directiva con los trabajadores, haciendo aflorar el enfado y la “indignación” de la plantilla y de algunos directivos, que cuestionaron la gestión de la crisis por parte del Consejo de Administración, donde la Junta de Andalucía tiene una posición determinante a través de la empresa pública de Telecomunicaciones Sandetel.

Según fuentes internas, algunos directivos ya conocían desde abril, por el propio Fuentes, que un juez le había citado a declarar como imputado el 11 de mayo (aunque la declaración finalmente se aplazó al próximo 25 de junio). En su comunicado nocturno, el Consejo de Administración de ADM sostiene que sabían de la situación procesal de su principal directivo “desde el pasado 7 de mayo”, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”.

La denuncia de la reportera contra el CEO de la compañía es de enero, el Juzgado de Violencia de Género número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, tomó declaración a la víctima el 25 de marzo y, al instante, imputó a Fuentes por delitos de agresión y acoso sexual. El juez le notificó su imputación el 31 de marzo.

El hasta ahora vocal del Consejo Social de la UPO y director general de ADM niega las acusaciones. “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, declaró a este periódico antes de ser apartado de todos los órganos en los que ostentaba algún cargo.

Con su salida del Consejo Social de la UPO, su relevo de la presidencia de LAND y de la dirección de ADM, Fuentes ha dejado de ocupar los principales cargos institucionales y de representación que ejercía hasta ahora en el sector audiovisual andaluz, mientras permanece abierta la investigación judicial en su contra.

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El 26 de junio de 2025, seis mujeres acudieron a la sede de CCOO Andalucía, en la Avenida Cardenal Bueno Monreal, de Sevilla, para reunirse con una abogada y un delegado sindical y denunciar que habían sido víctimas de agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral por parte de su jefe, Gustavo Fuentes, el ya ex CEO de la principal productora de Canal Sur, Andalucía Digital Multimedia (ADM).

Este encuentro, que empezó a las cinco de la tarde y duró tres horas, ocurrió siete meses antes de que una de estas mujeres interpusiera una denuncia por delitos sexuales contra Fuentes ante un juzgado de Violencia de Género (el 29 de enero). Menos de un mes después, el juez abrió diligencias, en marzo tomó declaración a la víctima y, acto seguido, imputó al director general de la productora por agresión sexual y acoso sexual continuado, citándole a declarar el próximo 25 de junio.

Una de ellas era la reportera de ADM que más tarde, “viendo que no hacían nada”, decidió acudir a los tribunales. Otra de las mujeres también relató ante los responsables de CCOO una agresión sexual y acoso de Fuentes, que le habría “metido mano” sin su consentimiento en un bar, después de una cena de empresa de Navidad en diciembre de 2024. Varios trabajadores de la productora han corroborado estos hechos en conversación con elDiario.es.

Las otras cuatro mujeres narraron situaciones de acoso laboral en la empresa, comentarios vejatorios, gritos, insultos, descalificaciones y un comportamiento degradante por parte del superior jerárquico. De las seis mujeres que acudieron a pedir amparo a CCOO en junio de 2025, sólo una -la que terminaría denunciando- seguía contratada en la productora. Otras dos fueron despedidas, una pactó su salida para poder cobrar el paro y la última tenía un contrato temporal que ya había expirado.

En la reunión estuvo presente el delegado sindical Pedro Corrientes y, por videoconferencia, una abogada de CCOO, coordinadora de los servicios jurídicos de atención a la Mujer. Este periódico ha contactado con ambos para confirmar la versión de las seis mujeres. “Esa reunión me ha hecho mucho daño, me ha pesado muchísimo, porque era una cosa muy grave, me dolió mucho, porque no podíamos hacer nada”, explicó Corrientes a elDiario.es, visiblemente afectado, nada más ser preguntado por aquel encuentro.

Las seis mujeres “lloraron” al describir con detalle las situaciones de agresión sexual y acoso laboral que sufrieron por parte del director de la compañía. Entendían que un sindicato como CCOO, con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), podía “hacer algo”, dado que ADM es una empresa público-privada asociada a Canal Sur, su principal cliente, y participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz.

“Todas, muy afectadas, intentaban demostrarme que esas situaciones horribles de agresión y acoso sexual y laboral que describían se habían dado de verdad, que tenían testigos, que tenían pruebas y mensajes y pantallazos... y yo les decía que no tenían que convencerme, que yo las creía, no me tenían que demostrar nada”, recuerda Corrientes. “Aquello era insoportable de escuchar”, resume.

Según su versión, el sindicato estudió las posibilidades de pilotar una denuncia por acoso laboral contra Gustavo Fuentes, pero se vio “maniatado legalmente”, porque en ese momento “sólo dos de ellas mantenían vinculación laboral con la empresa, las otras ya se habían ido, y más adelante sólo quedó una en la empresa, y no se veía preparada para denunciar”. CCOO ha recibido y tramitado otras denuncias contra la productora de Canal Sur por acoso laboral, que se han tramitado por la Inspección de Trabajo.

El 12 de marzo y el 19 de marzo, el Consejo de Administración de la RTVA, presidido por Rafael Porras y al que suele acudir el director general, Juan de Dios Mellado, abordó el caso concreto de una denuncia por acoso laboral de un trabajador de ADM, ya con un acta de la Inspección de Trabajo. Los casos de agresiones sexuales no se han abordado en el Consejo de la RTVA, según fuentes de la dirección del ente público, aunque la cadena aún no ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de su productora asociada estaba siendo investigado judicialmente por delitos sexuales desde el pasado febrero.

CCOO ha explicado a este periódico que en el caso de las seis trabajadoras de la productora estaba más limitada para actuar por lo Penal que por lo Social. “No tenemos un gabinete jurídico penal, lo tenemos contratado externamente”, advierte. Corrientes explica que las seis mujeres “estaban aterradas, tenían pánico a denunciar, no querían que trascendieran sus nombres, ni podíamos dar sus cargos, por miedo a no poder encontrar trabajo en el sector audiovisual andaluz, que es muy dependiente de la teta de Canal Sur. Y así, nuestro margen de maniobra para actuar estaba muy reducido.

“Demostrar acoso en el trabajo por motivos sexuales es difícil”

No es la primera vez que este delegado sindical se encuentra con situaciones de este tipo. “El miedo empuja a la gente a dinámicas en las que se convierten, sin querer, en enemigas de sí mismas”. “El ambiente laboral que describían todas en ADM, señalando siempre al director general, era un ambiente sexualizado, humillante, de machismo puro y dudo. Él las trataba como ganado y hacía lo que quería con ellas porque consideraba que eran suyas”, explica.

En la reunión no estuvo presente Yolanda Carrasco, secretaria de la Mujer de CCOO, “pero conocía todo de lo que hablamos”. “Intentamos convencerlas de que había que tirar para adelante, pero estaban paralizadas por el miedo”, explica el delegado sindical. También se les preguntó por el protocolo y el canal antiacoso de la productora, si alguna lo había denunciado internamente, desde el anonimato, pero todas coincidieron en que “no se fiaban”, que aquel canal “estaba controlado por una persona próxima a Gustavo”. Una de ellas sí contó que “solicitó la activación del canal, pero no se activó”.

Corrientes no ha contado nada de aquella reunión hasta hoy, porque ellas le pidieron que no se hiciera público. “Llevo sufriendo este asunto por dentro casi un año”, dice.

Una de las seis extrabajadoras envió un WhatsApp al delegado sindical en septiembre de 2025, tres meses después de la reunión: “Te escribo por lo que teníamos pendiente. Después de esa reunión colectiva, en la que nos dedicasteis tanto tiempo, no hemos vuelto a saber nada. Dime finalmente cuáles son los siguientes pasos, qué más podemos hacer nosotras, si hay forma de hacer algo... u honestamente, consideras que esto debe quedar así”.

La respuesta: “Pues, la verdad es que desde finales de mes de julio no sé gran cosa y era que estaba la técnico en contacto directo con [la reportera que luego denunció a Fuentes]. Preguntaré a ellas, porque recuerdo que se estaba estudiando la denuncia laboral de ella para agrupar las demás situaciones”.

Un mes después, en octubre de 2025, Corrientes volvió a escribir a esta extrabajadora de ADM: “Te cuento lo que he averiguado: Por desgracia contábamos con solo una posible denuncia sobre la que se basaba todo lo demás (era el hilo conductor para sacar las demás situaciones). Como la compañera no se encuentra bien y, al parecer, no puede seguir anímmicamente para adelante, parece que nos hemos quedado sin capacidad para aflorar todos los demás casos”, dice.

Y concluye: “La pretensión era usar un proceso/procedimiento ”laboral“ y desde ese movimiento engarzar el resto de situaciones”. La reportera que finalmente terminaría llevando a Gustavo Fuentes a los tribunales, acusado de tres agresiones sexuales y múltiples situaciones de acoso sexual y laboral continuado, adjuntó a su denuncia dos informes médicos que acreditan su débil estado anímico, físico y mental, con síntomas de depresión y ansiedad de los que aún se está tratando.

El juez también ha pedido un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La secretaria de la Mujer de CCOO Andalucía explica, sobre la reunión con las seis extrabajadoras de la productora, que “se les asesoró y quedamos a su disposición para plantear una denuncia”. “No tenemos ningún expediente abierto de aquello, no se pudo avanzar”, dice, y reitera que cinco de ellas ya no estaban en ADM, y a la que sí continuaba se le ofreció el acompañamiento necesario para denunciar.

Carrasco admite que la “invisibilidad del acoso en el trabajo” complica a la hora de denunciar, “no es fácil, y nosotros no las vamos a engañar: demostrar acoso por razones de sexo es muy difícil”, advierte, “y si aceptan irse voluntariamente, entre comillas, o aceptan un finiquito, entonces es más complicado aún”, remata.

Una de las seis extrabajadoras, en conversación con elDiario.es, subraya que lo que estaba pasando en la productora de Canal Sur “era un secreto a voces”. “Existía un miedo generalizado a hablar por la repercusión que podía tener en tu carrera profesional. Una mala llamada de Gustavo hacía que no te llamen en otro sitio. Puedes denunciar pero puedes perder tu trabajo”, dice.

Las seis acusan al ya ex CEO de la compañía de tratarlas “como tontas por ser mujeres”. “Soltaba comentarios machistas como: qué pasa que vienes con esa cara al trabajo, ¿no has dormido? ¿no tienes tiempo para maquillarte? ¿No te pagamos lo suficiente como para comprarte otro bolso, siempre traes el mismo?”.

Otra extrabajadora asegura que “Gustavo mandaba a compañeras como premio de acompañantes a cenas privadas con Óscar González-Barba”, el nuevo CEO de la compañía, elegido por el Consejo de Administración de ADM, que aprobó la “suspensión temporal” de Fuentes 18 horas después de que este periódico revelase que llevaba un mes y medio imputado por delitos sexuales.

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“Se han adoptado las medidas correspondientes”. Sin entrar en mucha profundidad, la portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, considera que se ha actuado correctamente ante la imputación de Gustavo Fuentes, CEO de ADM, la principal productora de Canal Sur, por agresión y acoso sexual a una reportera, pero no ha aclarado ni cuándo ni cómo se tuvo constancia de los hechos. Eso sí, ha apuntado que la cuestión afecta a las competencias de dos consejeros, a los que ha señalado explícitamente: Antonio Sanz, titular de Presidencia, y Jorge Paradela, máximo responsable de Industria.

Ante la pregunta de cómo se enteró la Junta de Andalucía de esta situación y si considera que la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha actuado con la suficiente determinación, España ha señalado que no sabe “exactamente” cómo ha sido el proceso. Pero a renglón seguido ha recordado que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes, están el consejero Paradela y el consejero Sanz, no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

Tras publicar, el martes por la mañana, que un juez de Violencia de Género investiga desde hace dos meses al CEO de la principal productora de Canal Sur por delitos sexuales contra una reportera, este periódico pidió explicaciones tanto a Presidencia como a Industria, que eludieron valorar la denuncia y la imputación de Fuentes.

ADM (Andalucía Digital Multimedia SA) es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, ya que controla un 47,81% del accionariado a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas que dirige Jorge Paradela, máximo responsable también de ADA. ADM es la principal productora de Canal Sur –es por ejemplo responsable de uno de sus programas más destacados, Andalucía Directo–, de ahí que la imputación de Fuentes salpique también a la RTVA, que depende de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

No pertenecen a la Junta

Carolina España ha subrayado que ADM “no es una entidad de la Junta de Andalucía”, aunque considera que “se han adoptado las medidas correspondientes” en su consejo de administración, que ha acordado la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes, asimismo presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Este puesto también ha dejado de ejercerlo de manera “temporal”, mientras que la dirección de Canal Sur ha descartado tomar cartas en el asunto con el argumento de que ya está abierta una vía judicial.

LAND es un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta que nació en el marco de la estrategia digital impulsada en su momento por Antonio Sanz, aunque estas competencias corresponden ahora a Paradela, a cuya consejería está adscrita la Agencia Digital de Andalucía.

Este periódico requirió el martes explicaciones a estas dos consejerías así como a la RTVA, que se pasaron la pelota el uno al otro, aunque desde Canal Sur se incidió en que es Sandetel la máxima responsable de ADM. La dirección de RTVA tardó casi 15 horas en lanzar un comunicado, para anunciar que no podía “actuar” contra Fuentes, porque ya existía un procedimiento judicial abierto. El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel, se reunió en secreto y tardó 18 horas en comunicar, próximo a la medianoche, que “suspendía temporalmente” al CEO de la productora.

La respuesta de la portavoz de la Junta en funciones, señalando directamente por sus nombres a Sanz y a Paradela, ha sorprendido dentro del propio Ejecutivo andaluz, donde es “un secreto a voces” la mala relación de la malagueña con el titular de Presidencia. Ambos son las personas más próximas al presidente Juanma Moreno que, en los próximos días, debe renovar su confianza (o no) en ellos para formar nuevo Gobierno, previo acuerdo político con Vox.

Tras las decisiones adoptadas por ADM y el Clúster, España ha zanjado este asunto con esta frase: “esperemos que la Justicia haga su trabajo también y que llegue hasta el final”. “Respeto absoluto a la Justicia y que se llegue al final”, además de trasladar el “total rechazo” del Gobierno andaluz “a cualquier abuso o cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas”. Y ha insistido en más de una ocasión en que ADM “es de mayoría privada” y que, como el Clúster, son entidades “independientes” que cuelgan del organigrama de la Junta.

Una situación conocida

Por su parte, Gustavo Fuentes ha insistido este miércoles a Europa Press en su inocencia, con el argumento de que en sus más de 30 años de carrera profesional “nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología de la denunciada”. Asimismo, ha afirmado tener “plena confianza en la justicia, con la tranquilidad de quien no ha hecho nada, confiando en el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad”.

También este miércoles han continuado las reacciones políticas. En este sentido, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado que por parte de ADM y de Canal Sur “no se haya querido actuar anticipadamente” ante esta denuncia por acoso sexual a una reportera.

“Parece que esta situación se conocía por parte de la empresa de la productora y de Canal Sur, no sé si también por parte del Gobierno de Andalucía, desde hace tiempo y no se había hecho absolutamente nada”, ha señalado Montero, que ha calificado de insuficiente la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes acordada por ADM. “Aquí parece que habido un tapar, una dejación de funciones y ponerse de perfil”, ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que llevará a la primera comisión de la RTVA en el Parlamento una petición de explicaciones acerca del conocimiento que pudiese haber tenido la entidad acerca de este caso. “Queremos que se llegue hasta el final y queremos que se repare a esta mujer, a esta compañera”, además de lamentar que el se haya producido en una empresa que “tiene de mayoría en el accionariado la Junta de Andalucía”. “Es vergüenza”, ha subrayado García quien ha mostrado su apoyo tanto a la víctima como a la plantilla de la empresa.

Las trabajadoras y los trabajadores de Grupo Audiovisual Digital Multimedia (ADM) han emitido este miércoles un comunicado tras la imputación de su CEO, Gustavo Fuentes, por presuntos delito de acoso sexual y contra la libertad sexual, en el que afirman sentir “una enorme indignación ante la posibilidad de que unos hechos de esta gravedad hayan podido producirse en nuestro entorno de trabajo”.

La plantilla explica que, una vez recibida la información oficial por parte del Consejo de Administración de ADM la pasada noche, quieren expresarse “desde el máximo respeto al derecho a la presunción de inocencia y a los procedimientos legales que deberán esclarecer lo sucedido”.

“Expresamos todo nuestro apoyo, solidaridad y cercanía a las compañeras que hayan podido verse afectadas por estos graves y repugnantes hechos denunciados. Estamos profundamente consternados y sentimos una enorme indignación ante la posibilidad de que unos hechos de esta gravedad hayan podido producirse en nuestro entorno de trabajo”, apuntan.

Los trabajadores de ADM “llevamos años construyendo, con esfuerzo, dedicación y rigor, una empresa que es referente del sector audiovisual andaluz y responsable de algunos de los programas más queridos por la audiencia de nuestra comunidad”.

Ante los hechos desvelados por elDiario.es Andalucía, la plantilla manifiesta “con absoluta claridad” que “no permaneceremos indiferentes ante ninguna conducta de esta naturaleza y del mismo modo, exigimos que los hechos se esclarezcan hasta sus últimas consecuencias”.

El Consejo de Administración de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), empresa participada mayoritariamente por el Gobierno andaluz y socia preferente de Canal Sur, ha aprobado este martes en sesión extraordinaria, al borde de la madrugada, la “suspensión temporal de funciones” de su director general, Gustavo Fuentes Aguilar, tras revelar elDiario.es que desde hace dos meses está siendo investigado por un juzgado de Violencia de Género por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de la empresa.

Tras más de cuatro horas de reunión para analizar la situación generada “tras las informaciones publicadas”, el Consejo de ADM ha decidido no forzar el cese de Fuentes, que tendrá que declarar como imputado el próximo 25 de junio, “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”, reza el comunicado remitido a las 23.52 horas a los directivos de la compañía a través de su correo corporativo, según confirman a este periódico varios empleados.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ostenta la participación mayoritaria del capital de esta productora (un 47,81%) a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, cuyo director gerente, Sergio Gómez Rojas, preside la compañía. Este periódico contactó insistentemente con Gómez Rojas, y pidió información sobre la reunión extraordinaria que estaban manteniendo tanto al consejero de la Presidencia en funciones, Antonio Sanz, como al titular de Industria, Jorge Paradela, de quien ahora depende Sandetel. Pero desde la Junta de Andalucía evitaron confirmar siquiera la reunión que estaba teniendo lugar ni explicar el contenido de la misma.

En el Consejo de Administración de ADM también se sienta el responsable de Telefónica en el sur de España, Joaquín Segovia, el director económico financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y uno más de Axion Infraestructuras de Telcomunicaciones. La productora Medina Media también es socia de ADM, pero desde hace medio año no forma parte del Consejo.

El mensaje del Consejo de ADM llegó dos horas después de que la dirección de la RTVA, en otro comunicado lanzado a las 21.30 horas, descartara pedir la dimisión de Fuentes, advirtiendo además que no puede activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

La periodista denunció al CEO de la compañía el pasado enero. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla abrió diligencias en febrero, el 25 de marzo el juez tomó declaración a la víctima y acto seguido citó a declarar como imputado a Fuentes el 11 de mayo, una semana antes de las elecciones andaluzas. Pero la declaración no tuvo lugar ese día, porque tres días antes, el 8 de mayo, el acusado cambió de testigo y su citación se aplazó al 25 de junio.

El comunicado del Consejo de Administración de ADM hace un relato de los hechos explicando que conoce la situación procesal de su principal directivo desde el pasado 7 de mayo, cuando él mismo comunicó “la existencia de una denuncia por acoso sexual presentada a título personal por una empleada en excedencia, sin que constara denuncia previa en los canales habilitados por la empresa”.

“Desde ese mismo momento en el que el Consejo tuvo conocimiento, se activaron los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones y se encargó al departamento de Compliance [director legal y de cumplimiento] la evaluación de los hechos y la propuesta de las medidas que resultaran procedentes”, dice el comunicado. En conversación con este periódico, el propio Fuentes adelantó esta versión que ahora reproduce la dirección de su empresa: “Yo mismo pedí activar el protocolo antiacoso. Lo hice para defender a mi Consejo de Administración, que se reunirá en breve y veremos las medidas que tomaremos ante esta situación”.

En realidad, Fuentes tenía conocimiento de la denuncia judicial desde febrero, cuando el juez incoa diligencias, y su imputación le fue comunicada el 31 de marzo, más de un mes antes de informar al Consejo de ADM. Al tener conocimiento de la situación, el Consejo también acordó “otorgar poderes solidarios al Director Financiero para la firma de contratos en representación de la compañía”.

El CEO de la productora de Canal Sur explicó a elDiario.es que el Compliance de la compañía elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de los hechos denunciados. Pero añadió que, para elaborar dicho informe, ese director legal le tomó declaración a él, pero no a la denunciante “porque ella ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”.

“Tras analizar el informe elaborado por Compliance, el Consejo de Administración, reunido el 3 de junio, acordó la adopción de diversas medidas cautelares, entre ellas la separación funcional parcial del Director General en materias relacionadas con la gestión de personal y en aquellas decisiones económicas que pudieran guardar relación con el procedimiento judicial. Estas competencias pasaron a ser asumidas por el Consejo de Administración y, en determinados ámbitos operativos, por la Dirección Financiera bajo su supervisión”, advierte el comunicado.

Después de muchas horas reunidos, la dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) ha emitido un comunicado este martes, a las 21.30 horas, para posicionarse por primera vez sobre la noticia adelantada por elDiario.es, que esta mañana reveló que un juzgado de Violencia de Género de Sevilla lleva dos meses investigando a Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, a raíz de la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral”.

La dirección de la RTVA descarta pedir la dimisión de Fuentes y advierte en el comunicado de que tampoco puede activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

La RTVA, como cualquier empresa con más de 50 trabajadores, está obligada por ley a tener un Plan de Igualdad y un protocolo antiacoso para actuar en casos de violencia sexual en la empresa, y “también a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas o proveedoras que presten servicio a Canal Sur Radio y Televisión”, como es el caso de ADM.

“En el presente caso”, dice el comunicado del ente público, “no consta en la RTVA la presentación de denuncia interna alguna en relación con los hechos objeto de las informaciones publicadas” y “dado que existen actuaciones judiciales abiertas, cualquier eventual actuación interna deberá ajustarse a lo previsto en el Protocolo, que contempla la suspensión de la tramitación respecto de los mismos hechos cuando exista un procedimiento judicial en curso, sin perjuicio de las medidas preventivas temporales que, en su caso, pudieran corresponder”.

La dirección de la RTVA, pilotada por el director general Juan de Dios Mellado, no cita ninguna “medida preventiva temporal” con respecto al CEO de ADM, que de momento seguirá en su puesto al frente de la productora, aunque este martes ha sido apartado de de la presidencia del Clúster Audiovisual de Andalucía, y próximo a la medianoche, el Consejo de Administración de la productora aprobó la “suspensión temporal de sus funciones” (...) “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”

Lo que sí ha hecho la directiva, a petición de los sindicatos, es convocar con carácter urgente para el próximo jueves una reunión de la Comisión de Igualdad, órgano en el que se encuentran representadas tanto la empresa como la plantilla, “a fin de valorar las actuaciones que pudieran corresponder conforme a la normativa interna aplicable”. Fuentes que participan en dicha comisión advierten, de antemano, que el objeto de esta reunión es analizar la situación del CEO de ADM, su repercusión para Canal Sur, y pedir explicaciones a la dirección, “pero no se espera que puedan adoptar ninguna actuación, más allá de informar”.

ADM, una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz, es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía, y que está asociada a la RTVA, su principal comprador institucional de contenidos. La imputación del director general por delitos sexuales a una trabajadora ha zamarreado tanto la dirección del ente público, como del Gobierno de Juanma Moreno, cuyo gran valedor hasta hace pocas horas era el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Este periódico ha preguntado al departamento de Sanz, a la Consejería de Igualdad, que dirige Loles López, y al departamento de Industria, de Jorge Paradela, que actualmente tiene las competencias sobre la empresa de telecomunicaciones Sandetel, accionista mayoritario de la productora ADM, pero ninguno de los tres ha querido valorar la imputación del director general por acoso y agresión sexual a una trabajadora.

Varias fuentes dentro de ADM apuntan a que el presidente del Consejo de Administración de la compañía, Sergio Gómez Rojas, había convocado a los miembros a una reunión urgente, en la sede de Sandetel, para abordar la continuidad de Gustavo Fuentes al frente de la productora. Preguntado sobre este asunto, ninguna de las dos consejerías ha querido confirmar o desmentirlo. Este periódico también se ha puesto en contacto con Gómez Rojas, presidente de ADM, que ha eludido responder desde cuándo conocía que el CEO de la compañía estaba imputado por delitos sexuales.

La productora ADM es responsable de algunos de los programas de referencia de Canal Sur, entre ellos su buque insignia, Andalucía Directo, que lleva 25 años en antena. Algunos reporteros de Andalucía Directo y de la propia ADM han publicado este martes mensajes en sus redes sociales cargando contra el CEO de la compañía, y denunciando otras situaciones de acoso laboral.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han exigido este martes explicaciones a la Junta y a la RTVA por sus vínculos con la empresa de Fuentes, tras su imputación por delitos sexuales. La socialista María Jesús Montero ha exigido la comparecencia urgente de Sanz y de Mellado en el Parlamento para aclarar desde cuándo conocían la situación procesal del CEO de ADM.

El juez Francisco José de Córdoba -nuevo titular del quinto tribunal de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, de reciente creación- abrió diligencias en febrero, a raíz de la denuncia de la reportera, la citó a declarar el 25 de marzo y, ese mismo día, dictó un auto citando a declarar en calidad de imputado a Gustavo Fuentes por acoso sexual y contra la libertad sexual de la trabajadora.

El directivo tendrá que acudir a los juzgados el próximo 25 de junio, junto a dos testigos “fundamentales”, según al denuncia, una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

La denuncia de la periodista va acompañada de las declaraciones juradas de siete extrabajadores de ADM (algunos con cargos directivos) que corroboran las situaciones de acoso sexual y laboral, así como las tres agresiones sexuales descritas (una en 2013, otra en 2022 y la tercera en 2023).

También se adjuntan 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

En la puerta principal de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM), principal proveedora de contenidos de Canal Sur Televisión, no está pegada la fotografía del todopoderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, condenado por violación, agresiones sexuales y acoso a varias mujeres.

Sin embargo, esa idea llegó a verbalizarla el propio CEO de la productora, Gustavo Fuentes Aguilar, que hoy está siendo investigado por un Juzgado de Violencia contra la Mujer en Sevilla tras ser denunciado por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” a una reportera de la empresa. “Para que las que entren aquí, sepan ya de qué va esto”, le dijo a uno de sus directivos, según él mismo relata a este periódico.

[ACTUALIZACIÓN: La productora de Canal Sur aprueba la “suspensión temporal de funciones” de su CEO imputado por delitos sexuales]

El juez Francisco José de Córdoba, titular de este nuevo juzgado de violencia de género, atribuye al director general de la compañía “un presunto delito de acoso sexual del artículo 184 del Código Penal y un delito contra la libertad sexual del artículo 178.1”, confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a este periódico, tras avanzar la noticia este martes. El magistrado ha dejado fuera la denuncia por “mobbing”, porque considera que excede de sus competencias, aunque la denunciante lo considera una consecuencia ligada a la situación de acoso.

La denuncia por delitos sexuales contra el CEO de ADM se apoya en una docena de testigos, trabajadores y extrabajadores de la compañía, que aparecen citados con nombres y apellidos. Siete de ellos han presentado declaraciones juradas corroborando algunas de las situaciones de “acoso sexual”, “acoso laboral” y “lenguaje sexualizado y vejatorio” que expone la reportera, y que también denuncian otras empleadas, aunque no hayan acudido a la vía judicial. Este periódico ha hablado con algunos de esos empleados, tanto los que han remitido su testimonio al juez, como los que no lo han hecho.

Este diario también se ha puesto en contacto con Gustavo Fuentes, que admite su imputación pero niega las acusaciones: “Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia, estoy muy tranquilo”, asegura.

Sensación de “impunidad” al margen del #MeToo

“Gustavo me dijo que si por él fuera, pondría una foto del productor americano Harvey Weinstein para que la que entre por la puerta sepa de qué va esto”, explica un exdirectivo de ADM, que quiso reforzar con su testimonio la denuncia por “agresión y acoso sexual” de la periodista contra su superior jerárquico, citado a declarar en calidad de imputado el próximo 25 de junio, junto a dos testigos, la que fuera su número dos en la compañía, y una amiga de la denunciante.

La denuncia describe múltiples situaciones de acoso sexual (algunas documentadas por mensajes de Whatsapp de él) y tres agresiones sexuales fechadas a lo largo de una década: 2013, 2022 y 2023. En esa década tuvo lugar el movimiento feminista #MeToo contra el carácter sistémico de la violencia machista, que provocó cambios sociales y legales, en la jurisprudencia, en la política, en la cultura, en el deporte. Precisamente, las publicaciones de las denuncias contra Harvey Weinstein por agresión sexual –en The New York Times (octubre de 2017)– prendieron la mecha del #MeToo y provocaron esa onda expansiva (el magnate está en prisión, cumple varias condenas y aún tiene juicios pendientes).

Según el testimonio de este exdirectivo de ADM, el propio Fuentes –director general de una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz y presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía– se comparaba a sí mismo con Weinstein, evidenciando que aquella onda expansiva del #MeToo no había calado en la empresa que él dirige, una de las productoras de más peso en el sector audiovisual andaluz, cuyo accionista mayoritario es la Junta de Andalucía (a través de Sandetel) y cuyo principal contratista es su asociado, la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

Los testigos de la denunciante coinciden en que el jefe, parapetado tras una sensación de “impunidad” dada su relación personal con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, de su posición dentro de la compañía y de su protagonismo dentro sector audiovisual andaluz, vertía con frecuencia comentarios “sexistas” y “vejatorios” hacia las mujeres.

Testigos de los “propósitos sexuales” del jefe

Los testimonios que avalan la denuncia describen un comportamiento “machista y vejatorio” de Fuentes y confirman que el acusado no ocultaba los “propósitos sexuales” que tenía hacia esta periodista, a la que “sometía a continuas insinuaciones, miradas lascivas y mensajes con carácter sexual o intimidatorio”.

Un exrealizador de programas, estando en ADM, empezó una relación sentimental con la denunciante, y denuncia que “fue objeto de presiones y maltrato laboral hasta en dos ocasiones”, lo que “culminó” con su “despido de la empresa en septiembre de 2025”. Él destaca algunos de los mensajes que el jefe dirigió a esta periodista antes de que él supiera que era su pareja: “Búscame una reportera que esté buena como tú, así con las tetas gordas, como a mí me gustan”; “Me vas a tener que reservar una tarde de estas ya para los dos”; “¿Cuándo vamos a quedar que me debes una?”; “Te recuerdo que te he traído a la empresa para que seas mi acompañante en los viajes”.

A esos mensajes, se suman comentarios sobre su aspecto físico proferidos en presencia de otros trabajadores de la empresa: “En esas piernas me pierdo yo”; “Eso es un culo”; “Es que está tremenda”; “¡Qué bien me lo voy a pasar trabajando!”; “Gracias compañeros por este regalito que me habéis hecho, así a ver cómo me concentro en trabajar yo”; o “Me vas a obligar a decir en casa que tengo que ir a más grabaciones a supervisar como buen profesional”.

Otra extrabajadora de la productora recuerda que, durante el visionado de los programas previo a su emisión en los que aparecía la víctima en pantalla, Fuentes lanzaba comentarios como: “¿Producción puede comprarle un biquini más pequeño?”; “¿Podéis hacer zoom para verla más de cerca?”. Estos comentarios provocaron estupor y rechazo en la testigo, que atribuye a su superior inmediato comentarios justificando el comportamiento del CEO: “Esta está aquí por capricho de Gustavo, tú ni caso, ignóralo y no comentes nada”; “A esta lo que te pida hasta que Gustavo se la tire y se canse”; “Es una inútil, pero Gustavo se la quiere follar”.

Esta extrabajadora relata un suceso concreto en el que el propio CEO de la compañía hablaría en esos términos. En febrero de 2023, durante el acto de inauguración del nuevo edificio de ADM en la Isla de la Cartuja, en Sevilla, y en presencia de autoridades del Gobierno andaluz, entre ellas el consejero de Presidencia, el director general se mostró “hostil y enfadado” porque la reportera no había acudido a la fiesta: “Yo he pagado la barra libre para que [la denunciante] esté aquí borracha a mis pies y no está”, le atribuye la testigo.

Unos meses después, en octubre, la empresa debía organizar otro evento con motivo de la presentación del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), una iniciativa impulsada por la Consejería de Presidencia dentro de su estrategia digital, y del que Fuentes era presidente. En el despacho del CEO, esta extrabajadora presenció una conversación de él con su director financiero, Óscar González-Barba, una persona de la estrecha confianza de Fuentes. “Con suerte me la follo de una vez, que haya mucho alcohol Osquita, que eso es cosa tuya”, señala su testimonio.

Conocedores de las agresiones sexuales denunciadas

Las tres agresiones sexuales que aparecen detalladas en la denuncia habrían tenido lugar en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz), y en 2023, también dentro de un coche en Zahara de los Atunes (Cádiz).

Dos testimonios distintos respaldan el relato de la denunciante sobre estos delitos concretos. Una de las extrabajadoras amiga de la denunciante afirma que, tras el episodio sufrido en Barbate, la reportera le confesó haber sufrido una agresión sexual por parte del jefe: “Me contó que fue muy desagradable, que en cuanto se metieron en el coche empezó a acosarla a lo bestia, metiéndole mano y besándola como y donde podía ante la negativa y la resistencia” de su compañera. “En la calle también hubo tocamientos, besos y un forcejeo bastante desagradable y posteriormente traumático”, añade su testimonio.

Otra de las empleadas que acudió a esa grabación en 2022 recuerda haber reparado en que la reportera estaba “nerviosa, cansada a nivel mental y físico”, y mostraba “conductas ansiosas al recibir WhatsApps de Gustavo preguntando por la grabación”. A partir de ese momento, según declara la propia extrabajadora, dejó de percibir a la reportera como la “presunta amante de Gustavo” para ver en ella “gestos y comportamientos” propios de “una víctima de acoso”.

Este testimonio es coincidente con el de otros trabajadores de ADM consultados por elDiario.es, que admiten haber visto a la reportera como una persona “que le gustaba jugar al buenrollismo con el jefe”, para terminar dándose cuenta de que “ella trababa de sobrevivir al acoso permanente” del jefe, y que esta situación se terminó visibilizando en un “deterioro físico” y un “estado de ansiedad brutal” de la periodista.

La compañera y amiga a la que reveló la agresión en Barbate también presenció el estado de nerviosismo en el que se encontraba la afectada durante el rodaje en Zahara de los Atunes un año después. “La vi con cara desencajada y pidiéndome por favor que no me fuese en ningun momento ni la dejase sola”. Cuando se apartaron del equipo: “Comenzó a llorar, muy nerviosa, temblando, me dijo que no aguantaba más, pero que se estaba separando, con una niña pequeña y no podía perder el trabajo”, dice.

La testigo deja constancia de que el jefe acudía a las grabaciones y maniobraba para quedarse a solas con la víctima bajo el pretexto de compartir el mismo coche. Aquella vez lo consiguió. Minutos después, le contó que “la había vuelto a acosar, babear y meterle mano”.

“Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”

Esa testigo concluye que “después de todos los mensajes obscenos, invitaciones fallidas de viajes, cenas y hoteles, consciente de que no iba a conseguir nada de ella, empezó un acoso y derribo de descalificaciones, ponerla en evidencia cada vez que podía delante de los compañeros de trabajo, como a quitarle puestos de responsabilidad”. “Le decía que se fuera, que allí no hacía nada”, abunda en su testimonio.

Este comentario evidencia el cambio “radical” que experimentó la actitud del CEO respecto a la reportera, después de descubrir que la denunciante mantenía una relación sentimental con otro trabajador de la empresa, según argumenta la denuncia. Esa “transformación” también fue percibida por el resto de testigos, que acreditan que desde el instante en que tuvo conocimiento de esa relación, “comenzó a apartarla de proyectos relevantes, degradarla públicamente y aislarla del resto de la plantilla”, llegando incluso a invitarla, en presencia de otros compañeros, a “abandonar la empresa”.

Otra testigo recuerda haber presenciado expresiones como: “Quiérete un poco más y vete”, después de haberla sometido a una “evidente reducción de sus responsabilidades”, pasando de ser directora de un programa a desempeñar funciones de redactora común. Según otro testimonio, el jefe no escondía sus intenciones, pues en la cena de navidad de 2024 comentó: “De este año no pasa que echemos a esos dos”, en alusión a la pareja. La reportera también le ha denunciado por el “acoso laboral” sufrido en esta última etapa, pero el juez ha desestimado esta parte al considerar que excede de las competencias de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Uno de los testimonios consultados también menciona al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como testigo de este tipo de comportamientos. “¿Has visto lo que tengo que aguantar? Así me agradece que sea el único que le haya dado una oportunidad, yéndose con otro, qué cuidado tenemos que tener con tías como ellas”, le habría dicho Fuentes a Mellado durante una fiesta de empresa, siempre según su versión. La reportera denunciante estuvo de baja por una incapacidad temporal y actualmente se encuentra en situación de excedencia voluntaria.

Este cambio de trato del CEO respecto a la denunciada, tras confirmar que había iniciado una relación sentimental con otro empleado de ADM, también aparece corroborado por otros testimonios, que han hecho llegar su versión al juez que instruye el caso. “Los tratos de favor se acaban”, le informan a una extrabajadora. En su testimonio, sostiene que Fuentes no se esconde al decir e incluso “gritar” abiertamente: “Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”. A partir de ahí, observa cómo “cada vez la quitan de más programas, de más responsabilidades, y se la juzga profesionalmente”, con comentarios como: “Es una inútil, solo sirve para lo que sirve”.

Ambiente laboral “tóxico y hostil”

Los siete extrabajadores que han aceptado declarar voluntariamente ante el juez coinciden en dibujar “un patrón de abuso, manipulación y trato discriminatorio, generando un ambiente laboral tóxico, hostil y desestabilizador” por parte del jefe. La productora ADM tiene, de hecho, denuncias por acoso laboral y expedientes abiertos por parte de la Inspección de Trabajo. También hay trabajadores que salieron de la empresa tras firmar un acuerdo prejudicial para evitar llegar a un juicio por mobbing, según ha podido confirmar este periódico.

Tras tres años trabajando en la empresa, uno de los exdirectivos atestigua que los comentarios “sexistas” eran habituales, así como las “humillaciones públicas” hacia los trabajadores. “Hacía llorar a compañeros, ridiculizaba con frecuencia a un compañero con acondroplasia o se mostraba irascible y violento a veces como supuesta broma para que la gente esté tensa”, manifiesta.

Otra extrabajadora, además de constatar el trato vejatorio que sufría la denunciante, narra “comentarios y actitudes fuera de lugar” de los que ella fue “víctima”. Esos comportamientos que presenció en primera persona “traspasaban los límites de lo profesional”, afectando a su propia “tranquilidad y bienestar en el entorno laboral”.

Entre los episodios que relata, se recogen alusiones a su aspecto físico (“¿Ya estás repitiendo vestido? Me conozco tus conjuntos”), expresiones de carácter posesivo (“Te quiero para mí”; “Tú eres mías”; “Yo contigo no me voy de viaje porque luego vas a tener que contárselo a mi mujer”) o insinuaciones sexuales (“Ay, si te hubiera conocido hace 20 años...”, “Me dijiste que no te gustaban los mayores, ¿no?”).

También coincide con otra compañera en que Gustavo Fuentes trató de utilizarlas “como moneda de cambio profesional”, al querer involucrarlas en situaciones “comprometedoras” como sugerirles que debían cenar con un cargo político “para mejorar su imagen porque habíamos fallado” ante otra autoridad. “Me dijo que le habíamos fallado al consejero de Presidencia, y que tenía que quedar a cenar ostras con él”, describe una extrabajadora.

Las declaraciones también mencionan constantes comentarios vejatorios y humillantes hacia los trabajadores de la empresa (“Ves... ni para eso me vales”, “Te voy a hacer una foto ahora que estás mala para enviarla y decir que no eres tan guapa”), entre otras expresiones machistas y amenazantes (“Soy el puto crack, soy el puto amo, a ver si llegas en 18 años a conseguir lo que yo”; “Lo mismo no tendría que haberte contratado teniendo un niño pequeño”; “Esto es ordeno y mando y aquí solo se hace lo que yo diga”).

Durante los dos meses y medio que formó parte de la empresa, presenció “situaciones tan violentas, tensas y reprobables” que se vio “al borde del colapso” y decidió marcharse voluntariamente, “al ser insostenible continuar bajo su dirección”. Respecto a la experiencia sufrida por la denunciante, una de sus compañeras concluye que el director general de ADM “la ha destrozado”.

175 páginas de mensajes de WhatsApp

La denunciante adjunta en su escrito al juez 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

La publicación de esta noticia por parte de elDiario.es ha sacudido el sector audiovisual andaluz y a los partidos políticos, a pocos días para la constitución del Parlamento. La oposición de izquierdas ha exigido al consejero de Presidencia y al director general de la RTVA que acudan a la Cámara a dar explicaciones, y el cese de Gustavo Fuentes al frente de la empresa público privada ADM, cuyo accionista mayoritario es la Junta.

El hasta hoy presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía ha comunicado este martes al Comité Ejecutivo que se aparta “del ejercicio efectivo de sus funciones”, tras publicarse la noticia, aunque ya anunció que no se presentaría a la reelección el pasado mayo, la misma semana que fue citado a declarar en calidad de imputado por el juez. Ni la Consejería de Presidencia ni la Consejería de Igualdad han querido valorar, a preguntas de este periódico, la imputación por agresión sexual y acoso sexual continuado del director general de la principal productora de Canal Sur.

“Suspensión temporal de funciones”

En conversación con elDiario.es, Gustavo Fuentes afirma que se trata de “una denuncia falsa”. “No tienen pruebas, niego todos los hechos”, dice, tras asegurar que fue él quien “pidió activar” el protocolo antiacoso de la empresa tras conocer la denuncia contra él: “Lo hice para defender a mi Consejo de Administración, que se reunirá en breve y veremos las medidas que tomaremos ante esta situación”.

Tras más de cuatro horas de reunión para analizar la situación generada “tras las informaciones publicadas”, el Consejo de ADM acordó la “suspensión temporal de funciones” de su director general, Gustavo Fuentes. Al filo de la madrugada, decidieron no forzar el cese de Fuentes, que tendrá que declarar como imputado el próximo 25 de junio, “hasta que se aclare su situación procesal y sin prejuzgar su presunción de inocencia”, reza el comunicado remitido a las 23:52 horas a los directivos de la compañía a través de su correo corporativo, según confirman a este periódico varios empleados. 

El mensaje del Consejo de ADM llegó dos horas después de que la dirección de la RTVA, en otro comunicado lanzado a las 21:30 horas, descartara pedir la dimisión de Fuentes. Tanto la dirección de la RTVA como la de ADM guardaron silencio durante más de 15 desde que elDiario.es revelara que desde hace dos meses su director general está siendo investigado por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de la empresa. La oposición ya había pedido explicaciones a la Junta y a Canal Sur.

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