En febrero de 2024, el artista plástico malagueño Juan Manuel Reyes se llevó un palo tremendo. Cada mañana, cuando se levantaba, veía cómo unos operarios trasteaban la escultura ubicada en mitad de la rotonda que divisa desde su casa de Mijas. Primero le dieron una buena mano de pintura, y después le colocaron unos vinilos adhesivos. Decían darle lustre pero él sentía que le estaban cambiando la esencia. Aquella escultura la creó él y le puso nombre como a una hija, La Veleta, y le dolía en el alma que aquellos hombres la toquetearan.

Al principio lo dejó estar, pero las pegatinas que simulaban unos antiguos relojes de cuerda eran demasiado. Llamó al Ayuntamiento, pidió explicaciones y, como no le hacían caso, registró un escrito pidiendo la retirada los adhesivos. Insistió, y también consiguió que devolvieran la obra a su color original.

Pero no se quedó ahí. Buscó asesoramiento de VEGAP, una entidad que ayuda a gestionar los derechos de autor de artistas plásticos, y se convenció de que debía hacer algo más. “Sentía que me habían puesto un pie en el pecho. No podía mirar a otro lado”, comenta. Así que puso una demanda en la que explicaba que se había vulnerado su derecho de propiedad intelectual sobre la obra, en sus narices y dándole publicidad, y que eso le había producido un daño moral que debía compensarse.

Hace unos días, la titular del juzgado 3 de lo Mercantil de Málaga le dio la razón. El Ayuntamiento de Mijas (95.104 habitantes) vulneró sus derechos, le produjo un daño moral y deberá indemnizarle con 25.000 euros. El equipo de gobierno que conforman PP, Vox y Por mi Pueblo no ha recurrido la sentencia. Tampoco ha contestado a las preguntas de este medio.

Una metáfora de la construcción del pensamiento

La Veleta es una estructura vertical de ocho metros de altura conformada por media docena de cuerpos geométricos (prismas y cilindros) uno encima de otro, y otro cuerpo irregular exterior. Se ubica en la rotonda de la Avenida El Limonar de la Cala de Mijas, junto al colegio de Infantil y Primaria El Chaparral.

Fue costeada por empresarios locales e inaugurada el 15 de octubre de 2011, y cuenta el autor que el hecho de tener que poner de acuerdo a mucha gente ya le supuso ciertas limitaciones creativas y económicas. Pero eso no la hacía menos propia: “Te puede gustar más o menos, pero siempre intenté que tuviera dignidad”.

La Veleta se describe como una metáfora sobre la construcción del pensamiento en un vídeo de hace 15 años, donde se muestra el proceso creativo, el montaje, el traslado y su inauguración con la comunidad educativa. Allí ya se observa el modelo en miniatura con los mismos colores que luego el artista le dio.

Hasta febrero de 2024 nadie la había tocado, pero el tiempo hace estragos. Así que poco después de llegar al poder mediante una moción de censura, el nuevo equipo de gobierno pensó que había llegado la hora de lustrarla con una capa de pintura, y envió a unos operarios. De paso, le cambiaron los colores a cinco de las siete piezas. Después, quisieron ponerle pegatinas serigrafiadas.

Demasiado para Reyes, que se enteró de que mancillaban su escultura porque vive enfrente. No podía evitar ver cada mañana cómo le habían cambiado a su creación. El hecho de que estuviese en una rotonda parecía conferir a la pieza las mismas cualidades materiales y jurídicas que una farola. Un daño moral reiterado y añadido a la repercusión mediática del caso y al sentimiento de que el Ayuntamiento ignoraba sus derechos como autor.

La sentencia: “Los colores eran esenciales”

Además de pedir que pararan y repusieran la obra a su estado original, Reyes llevó a juicio al Consistorio, pidiendo que se reconociera que él era el autor, que se habían vulnerado sus derechos morales reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, que cesara el atropello y nunca se volviera a cometer, y que le abonaran una indemnización.

El Ayuntamiento, que nunca negó la autoría, se negó a pagar, razonando que había repuesto la escultura en cuanto el autor se lo pidió, y que solo quería restaurarla del deterioro. Además, alegó que en el poco tiempo en que la obra lució alterada no pudo producirse un daño moral al autor.

La jueza ha dado la razón a Reyes: “pese a las dificultades” para acreditarlo, dice la sentencia, hay un daño moral en la alteración sin permiso de una obra sujeta a la propiedad intelectual. “Resulta evidente que los colores que se habían utilizado por su autor eran esenciales en la constitución de la escultura”, resalta.

El daño se agravó por el hecho de que la obra esté en una zona de tránsito de vehículos “a la vista de multitud de personas” que cada día dan la vuelta a la rotonda. La cercanía de su vivienda permite suponer que el autor observó cada día cómo iban cambiándola, con el consiguiente daño “interno y personal” acrecentado por la repercusión mediática.

La jueza reconoce que no es fácil valorar económicamente el daño, pero aquí el Consistorio se lo puso fácil. Frente a la reclamación del autor el Ayuntamiento guardó silencio. Negó el daño, pero no presentó una estimación para el caso de que la jueza sí lo apreciase, como ocurrió. Así que la cuantía ha sido la reclamada: 25.000 euros más intereses. Además, el Ayuntamiento deberá difundir la sentencia en un periódico nacional y en otro regional elegidos por el autor.

Una obra de arte no es un coche

La sentencia entronca con otros casos mediáticos como la condena en 2009 al Ayuntamiento de Bilbao a inedmnizar al arquitecto Santiago Calatrava por añadir una pasarela al puente Zubi Zuri para conectarlo con un complejo comercial.

“Creo que hay un desconocimiento en algunos ayuntamientos”, comenta Roberto Calles, abogado de Herrero & Asociados, la agencia que ha representado a Reyes: “Creen que al haber comprado una obra de arte son dueños en todos los sentidos, y no le dan un trato distinto al que le dan a un coche, que puedes hacer lo que quieras con él. Si compras una escultura o un edificio singular, tienen unos derechos de autor que van más allá”.

El Ayuntamiento recibió sus primeras quejas como una pataleta de un artista soberbio, y no como la reclamación de un derecho. “Ése es el problema: cómo lo ven ellos”, comenta el artista, de 50 años. Tras una etapa en Barcelona, ha vuelto a su tierra y el panorama que ha encontrado es desolador: “La Cultura en la Costa del Sol está en manos de políticos que desconocen sus funciones. Esa responsabilidad le cae al último concejal: ineptos y personas sin capacidad, personas que se manejan con prepotencia”. Nadie del Ayuntamiento le ha pedido disculpas.

Una investigación interna por acoso laboral sacudió en abril de 2025 el pequeño centro de estudios Instituto Autor, fundado por la SGAE en 2005 para promover la investigación de los derechos de propiedad intelectual. Tras algo más de dos décadas de andadura como asociación sin ánimo de lucro, la gestora disuelve el Instituto Autor e integra sus funciones dentro de la Sociedad.

Además de activarse este protocolo interno, la empleada afectada interpuso una demanda laboral sobre tutela de derechos fundamentales y reclamación de daños y perjuicios ante los Juzgados de lo Social de Madrid. En octubre, fue desestimada ya que el tribunal no encontró, en la documentación aportada, “especial ánimo de hostigamiento o desprecio hacia la trabajadora”. Apreció que había “control y puntillosidad, pero no el cerco hostil, humillante y finalista que tipifica el mobbing”.

La exempleada recurrió esta sentencia y a principios de este mes el TSJM revocó la sentencia anterior, acordando estimar en parte la demanda y condenando tanto al Instituto Autor como a su expresidenta M. C. a “cesar en las conductas constitutivas de tal vulneración del derecho fundamental a la dignidad personal y a su integridad” y también a indemnizar, de manera solidaria, a la demandante con 10.000 euros “por los daños morales derivados de tal vulneración”.

También habían sido demandados la propia SGAE, así como la Fundación SGAE, dos entidades que han quedado absueltas.

“SGAE respeta las decisiones judiciales”, explican fuentes de esta sociedad de gestión colectiva de derechos. “La entidad no ha sido condenada, por lo que no tiene previsto recurrir la sentencia”. Tampoco lo hará el Instituto Autor al estar en “proceso de disolución” ni la SGAE como entidad que asume sus funciones.

M.C., expresidenta del Instituto Autor, explica a elDiario.es que ella sí recurrirá el fallo. M.C., abogada de profesión, señala que encuentra la resolución “completa y absolutamente inesperada” porque “se separa diametralmente de la jurisprudencia sobre acoso laboral, ampliando enorme e injustificadamente la definición de lo que se deba entender por acoso laboral e invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del demandado”.

Para M.C., esta sentencia contradice otras tanto del Tribunal Supremo como de otros Tribunales Superiores de Justicia al respecto de entender cuándo hay una conducta abusiva que pueda denominarse “acoso moral laboral”. Por ello, esta sentencia le parece “arbitraria por inmotivada”.

Nueva etapa del Instituto Autor

La última actividad pública relevante del Instituto Autor hasta la fecha ha sido la concesión, el pasado 6 de mayo, de su premio anual, el Antonio Delgado a la labor de divulgación y fortalecimiento de la propiedad intelectual, al catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid Rodrigo Bercovitz.

Este galardón se otorga desde el año 2012 y honra en su nombre la memoria de su fundador, Antonio Delgado Porras, uno de los principales redactores del anteproyecto de la Ley española de Propiedad Intelectual.

Aunque se extinga legalmente la asociación que da forma jurídica al Instituto Autor, este formará “parte orgánica” de SGAE, de manera que se salvaguardará su supervivencia, según fuentes cercanas.

Los vecinos de Barajas u Hortaleza y los ecologistas ya no son los únicos opositores al aterrizaje de la Fórmula 1 en Ifema. Este, además, es mucho más poderoso. Dromo, la empresa que inició el diseño del circuito ahora bautizado Madring, ha solicitado una investigación en Colonia (Alemania) sobre el uso de su labor por parte de la compañía Tilke, que le remplazó en pleno desarrollo del trazado.

Las acciones legales llegan después de que la Justicia madrileña negara a Dromo medidas cautelares por violación de derechos de autor, según adelanta El País, que habla también de una petición de indemnización millonaria. Un inesperado giro en una historia que empezó con un gran hermanamiento. No en vano el fundador y CEO de Dromo, Jarno Zaffelli, acudió e intervino en el gran acto de presentación del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid celebrado en enero de 2024.

A poco más de tres meses de una cita automovilística que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre, Ifema se muestra “tranquila” en declaraciones recogidas por El País. El consorcio público-privado (con un 62% de su financiación proveniente del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid) afirma que resolvió el contrato con Dromo en aplicación de la ley de contratación pública.

“Dromo no está pidiendo un privilegio, está pidiendo que se respete un contrato. Ifema recibió nuestro diseño, nuestros planos, nuestros modelos y nuestra metodología bajo condiciones muy precisas. Si ahora esos materiales se usan para construir, modificar, promocionar o explotar comercialmente el Gran Premio de Madrid sin respetar esas condiciones, el problema no es deportivo: es jurídico”. expone Zaffelli en declaraciones al periódico de Prisa.

“La reclamación económica completa está en preparación. Nuestra estimación es que solo la terminación contractual genera importes superiores a seis millones de euros. Si además se explotan la imagen del circuito, el layout, los mapas, los contenidos audiovisuales o cualquier otro activo derivado de nuestro diseño, esos usos deberán ser cuantificados separadamente. No buscamos bloquear Madrid; buscamos que quien utilice el trabajo de Dromo lo haga con título válido y pagando lo que corresponda”, añade.

Intervenciones periciales y reproches cruzados de Ifema

Avanza incluso El País que un perito mandatado por un juzgado alemán certificó que en los archivos de la empresa alemana había materiales de la italiana, almacenados, total o parcialmente, y en parte procesados. Como consecuencia, se han adoptado medidas cautelares de manera parcial contra la empresa alemana, según la representación legal de Dromo, consistentes en que no pueda reproducir ciertos materiales documentales en Alemania. Para Zaffelli, eso es un indicio de que Ifema y Tilke ya trabajaban juntos desde meses antes de que se oficializara la ruptura con Dromo.

Un portavoz de Ifema atribuye a Dromo “incumplimientos graves, perfectamente documentados en el expediente de contratación y notificados a Dromo”. “Frente a esta resolución del contrato, Dromo no ha ejercido impugnación alguna. Respecto a otras pretensiones de Dromo, sus reclamaciones contra Ifema han sido en dos ocasiones rechazadas por el órgano judicial. A día de hoy Ifema no ha sido notificada de ninguna demanda presentada en el ámbito judicial. Ifema está tranquila y segura en relación a su posición jurídica con éste y todos los contratistas de la institución”, zanja esta fuente. Apostilla igualmente que las reclamaciones de Dromo a terceros como Tilke “no deben ser objeto de nuestra opinión”.

El conflicto llega en los últimos meses de construcción del circuito. De hecho los trabajos principales concluyeron el pasado 31 de mayo, al menos según prometió el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos. El directivo habla también de un “sold out técnico” en la venta de entradas, al tiempo que en declaraciones a los medios el pasado abril admitió por primera vez que las obras habían causado “molestias” en el recinto ferial en un año en el que la facturación de la entidad disminuyó sensiblemente.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que le ha puesto una multa de 200 millones de euros a Temu. Bruselas asegura que plataforma china de comercio electrónico “no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su página con el consiguiente perjuicio para los consumidores de la Unión Europea”, con lo que estaría incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta es la multa más alta que se ha impuesto por la Comisión por incumplimiento de la DSA, con anterioridad se había sancionado a la red social X con 120 millones.

La Comisión abrió el procedimiento formal contra Temu en octubre de 2024. Se adoptaron conclusiones preliminares en julio de 2025 y se cierra ahora con una decisión formal de incumplimiento y la correspondiente sanción.

Bruselas asegura que dispone de pruebas que indican que es los consumidores de la UE se van a encontrar artículos ilegales en Temu, especialmente en las categorías de cargadores, joyería y juguetes para niños y bebes. A principios de este año, la Asociación Retail Textil España (Arte), junto a las principales asociaciones del comercio y del sector textil en España, acusaron las grandes plataformas de comercio electrónico del impacto sobre el mercado europeo y denunciaron que más del 65% de los productos que comercializa Temu en la Unión Europea no cumple con la normativa vigente.

Tras la investigación, los funcionarios europeos aseguran que las pruebas obtenidas mediante un ejercicio de “mystery shopping” mostraron que “un porcentaje muy elevado de los cargadores seleccionados no superó pruebas básicas de seguridad, mientras que una alta proporción de juguetes para bebés presentaba riesgos de seguridad de gravedad media a alta por contener sustancias químicas que excedían los límites legales o por riesgos de asfixia debido a piezas desmontables”.

Una alta funcionaria de la Comisión ha comentado que “el 'mystery shopping' no fue la única fuente de datos. Hubo, por una parte, la investigación de 'mystery shopping' realizado por encargo de la Comisión Europea. También se hizo lo que se denomina una ”PCA exercise“ (Priority Customs Action), es decir, una acción prioritaria aduanera en la que las autoridades examinaron las mismas categorías de productos que se analizaron en el 'mystery shopping'. Además, se utilizó información de la base de datos ICSMS, gestionada por las autoridades de vigilancia del mercado. Estas tres fuentes arrojaron porcentajes elevados y muy elevados de productos ilegales”.

Además, Bruselas acusa a Temu “no evaluó adecuadamente cómo el diseño de su servicio, incluidos los sistemas de recomendación y los programas de promoción de productos por parte de influencers afiliados, podría amplificar los riesgos de difusión de productos ilegales”.

“La multa es desproporcionada”

Fuentes de Temu contactaron con elDiario.es para explicar que “respeta los objetivos de la DSA y la necesidad de establecer normas claras y coherentes en toda la economía digital. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada”.

Según la plataforma china de comercio electrónico la decisión de la institución europea “no refleja el estado actual de nuestros sistemas y nuestra plataforma. Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión durante todo el proceso y desde entonces ha adoptado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios. Estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles”.

Fuentes de la Comisión apuntan que Temu “tendría ya que haber dejado de vender esos productos en su plataforma”. Sin embargo, una alta funcionaria de la institución europea admite que “la investigación sigue en curso. Estamos evaluando si los medios que Temu está aplicando son eficaces, exitosos y suficientemente rigurosos en lo relativo a sanciones para los vendedores ilegales. Esta investigación en curso debería ya estar incentivando a Temu a cumplir las normas y a mejorar sus sistemas”.

“El elemento clave que hay que destacar es el enfoque sistémico de esta evaluación de riesgos. Queremos que las plataformas de comercio en línea que ofrecen productos en la Unión Europea dispongan de sistemas capaces de filtrar productos ilegales, de modo que los consumidores europeos estén protegidos”, según ha explicado una alta funcionaria de la Comisión.

Tensión comercial entre la UE y China

La multa a la plataforma de comercio electrónico llega en un momento de fuerte tensión en las relaciones entre la Unión Europea y China. Un grupo de países europeos, encabezados por Francia, ha pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha aranceles y otras medidas comerciales defensivas ante lo que denominan “prácticas comerciales abusivas” como “la imposición de nuevas barreras comerciales o contribuir a una sobrecapacidad industrial sistémica y estructural”.

Este viernes hay una reunión sobre la estrategia que debería presentar el bloque europeo bajo la premisa de una “política de defensa comercial más firme y eficaz”. Los firmantes de la carta piden que se hagan “más investigaciones de salvaguardia en caso de perturbaciones comerciales a nivel sectorial” y ser “más proactivo” a la hora de llevar ante la Organización Mundial del Comercio las infracciones de las normas comerciales.

Sin embargo, no hay unanimidad en la Unión Europea sobre la posición ante China. Países como Alemania o España han adoptado una política más conciliadora con el gigante chino. De hecho, el Gobierno español mandó un comunicado en el que señala que “España comparte el diagnóstico sobre la necesidad de impulsar una política industrial europea que contribuya a reducir dependencias estratégicas y reforzar la resiliencia económica. Al mismo tiempo, defendemos un enfoque equilibrado, basado en el valor añadido, la apertura económica y la garantía de unas cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes”.

No solo se trata de los errores que la edición de Tiempo de silencio arrastra desde su publicación en 1962, sino del esfuerzo por parte de los herederos de Luis Martín-Santos de evitar la publicación de ciertos pasajes de una biografía a cambio de autorizar la publicación de citas y documentos inéditos regidos aún bajo los derechos de autor. Los movimientos de Rocío y Luis Martín-Santos Laffón respecto a la obra de su padre dejan tras de sí varias polémicas en las que la legalidad se cruza con el derecho y el interés general de la sociedad al acceso a la cultura, según los especialistas.

La obra magna de Martín-Santos se publicó en la editorial Seix Barral después de que la censura franquista eliminara algunos pasajes. “Cuando la publicaron, se basaron en la copia mecanográfica del manuscrito, plagada de errores y equivocaciones”, dice Alfonso Rey, profesor emérito de Literatura Española en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y estudioso que lleva cuatro décadas analizando dicha novela.

En aquel momento, el escritor, natural del protectorado español de Marruecos, no tuvo ocasión de ir a Barcelona y no llegó a corregir las galeradas a tiempo. Para la segunda edición, “algo más esmerada”, según Rey, ya había fallecido el autor, también reconocido por sus contribuciones a la psiquiatría. “Y así es como ha llegado hasta nuestros días una edición con defectos que nunca se han enmendado”, añade. En 2014, apareció en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares el manuscrito. Según el profesor universitario, se demostró que “la impresión inicial fue más defectuosa de lo que se creía”.

Años antes, Rey ya había escrito una edición crítica y anotada de la novela a petición del filólogo Francisco Rico, quien había conseguido el beneplácito de los herederos de Martín-Santos, sus hijos Rocío, Luis y Juan Pablo. Los dos primeros gestionan la obra de su progenitor. Se publicó en la colección Clásicos y Modernos de la editorial Crítica en el 2000. “Realizamos aquel libro con la presunción de que iba a sustituir al de Seix Barral, pero no fue así. No tengo pruebas fehacientes, pero todo hace pensar que los herederos se opusieron a ello. Mi impresión es que consentían que mi libro saliera, pero solo en una editorial más pequeña”, añade el investigador.

Crítica cerró su colección de Clásicos y Modernos, por lo que el libro de Rey terminó descatalogado después de su reedición en 2005. Con el descubrimiento de 2014, el estudioso volvió a intentar publicar la novela sin errores en Seix Barral. En esta ocasión, Rocío y Luis se negaron a ello explícitamente. Ni siquiera diez años más tarde, con la celebración del centenario del nacimiento de Martín-Santos, salió a la luz la edición tal y como la había pergeñado el autor originalmente. La edición que publicó Seix Barral en 2024 reproduce los mismos errores que acompañan al texto desde hace 60 años.

Sin erratas, pero no oficial

“No me acuerdo” es la respuesta que Rocío Martín-Santos da a elDiario.es cuando se le pregunta por lo ocurrido con la edición de Rey a principios de siglo. “Sí sé que nos escribió para sacar una edición ampliada de ese libro. Le contestamos que lo sentíamos mucho, pero que no podíamos autorizarlo porque teníamos unos compromisos adquiridos con Seix Barral y Galaxia Gutenberg” añade. Esta última editorial se está encargando de la publicación de las obras completas de Martín-Santos, que comenzaron a ver la luz en 2022 y cuyo último volumen llegará a las librerías en 2028. La obra con la que culminarán la serie es una edición crítica oficial de Tiempo de silencio, que “restituirá fielmente todas las carencias de las ediciones anteriores”, según la hija del autor.

Pero Rey no se quedó parado. Se ha autoeditado su propio libro, Edición crítica de 'Tiempo de silencio' (Letrame, 2026), como si fuera una actualización del que vio la luz en 2005, aunque esta vez sin la autorización de Rocío y Luis Martín-Santos Laffón. Los fragmentos censurados que ya se pueden leer gracias al trabajo de este profesor de la USC son de un marcado cariz político. Por ejemplo, cuando el protagonista de Tiempo de silencio es liberado en la Dirección General de Seguridad, ve a unos estudiantes jóvenes con muy mal aspecto. Le pregunta al policía que va con él que quiénes son. Aunque Martín-Santos escribió que eran unos estudiantes que habían repartido octavillas, en referencia a los estudiantes detenidos por las protestas universitarias de aquellos años, la edición de Seix Barral reprodujo que la respuesta fue que “eran unos chalaos”.

Otros ejemplos tienen un carácter más estilístico. Para Rey, esto pudo ser un “descuido” del cajista a la hora de preparar la impresión. Son gazapos como publicar “educada” en lugar de “adecuada” y “cáscara” en lugar de “máscara”. Se trata de errores incluso con resultado cómico. Mientras que el original recoge “cuadraditos de queso con pimienta, aceitunas rellenas, galletitas saladas, salmón ahumado, salchichas enanas calientes y hojaldres”, en la edición de Seix Barral aparece el fragmento “cuadraditos de queso con pimienta, aceitunas enanas calientes y hojaldres”.

La cancelación en la biografía

No es la única polémica que ha sorteado la obra de Martín-Santos a cuenta del uso de los derechos de propiedad intelectual de los que gozan sus herederos. José Lázaro, escritor y director de Hedónica, una revista literaria, biografió a Martín-Santos antes de encontrarse con las cortapisas de Rocío y Luis Martín-Santos, a pesar de haber colaborado junto a la primera en algunos trabajos en los años 90 y primera década de este siglo. En 2004 le propuso a la heredera escribir la vida de su padre. Respondió que no habría problema.

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Cuando concluyó la primera versión del libro en 2008, al que la editorial Tusquets le acabaría concediendo el XXI Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias, le facilitó el original mecanoscrito a la hija. Lo sucedido lo relata el mismo Lázaro en el prólogo de la nueva edición que este año ha publicado de la biografía: “Rocío me ofreció una hermosa selección de fotografías familiares para ilustrar el libro y me indicó, sin necesidad de lápiz rojo, cuáles eran las páginas y párrafos del original que yo tenía que 'cancelar' [aún no se utilizaba ese eufemismo] para que ella me autorizase el resto de las citas y documentos incluidos en la obra que en aquel momento eran inéditos y tenían, por tanto, derechos de autor”.

En este punto, Rocío Martín-Santos contrargumenta: “No nos parecía adecuado que pretendiera publicar en medio de una biografía un importante cuerpo de inéditos sin un estudio ponderado de profesionales especializados”. “Hablamos con Tusquets y lo entendieron perfectamente. Decidimos hacer uso de nuestros derechos y que no se publicara material inédito”, agrega la heredera, con tal aversión al prólogo explicativo escrito por Lázaro que prefiere no escuchar ningún fragmento del mismo.

Cuatro obras inéditas ya publicadas

Entre los pasajes a suprimir se encontraba la descripción y comentario de texto de cuatro obras inéditas en poder de Lázaro. “Y eran obras importantes para entender la evolución de Martín-Santos antes de escribir Tiempo de silencio”, asegura este profesor de Humanidades Médicas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ya jubilado. Se trataba de la novela juvenil El vientre hinchado y las obras de teatro Viaje hasta el límite, Claudia e Irma. Él llegó a tener esos trabajos tras la cesión de los mismos por parte de Josefa Rezola, la última pareja de Martín-Santos.

Otro pasaje parcialmente “cancelado”, tal y como los denomina el mismo Lázaro, fue la relación con la comunidad Osho, en California, de Luis Martín-Santos Laffón, hijo del autor, quien sí colaboró en un primer momento con el biógrafo. “Nos guste o no, Osho le hizo una terapia que le permitió reorientar su vida en un sentido muy positivo. No tengo respeto por las sectas orientaloides, pero ahí están las pruebas. Yo en el libro digo que Luis hijo se benefició de alguna forma con Osho del tipo de psicoterapia que su padre planteó”, defiende. Ante dicho extremo, Rocío responde: “No venía a cuento introducir en una biografía de mi padre una entrevista inmensa sobre la vida de uno de mis hermanos”.

Finalmente, el antiguo profesor de la UAM accedió a eliminar los fragmentos que Rocío le había pedido y el libro salió bajo el título Vidas y muertes de Luis Martín-Santos (Tusquets, 2009). “Si no lo hacía así, no me autorizaban a publicar el otro material inédito, y sin ese material no había libro”, reconoce. Tras salir a la luz oficialmente en los volúmenes de Galaxia Gutenberg las cuatro obras que Lázaro conoció en 2008, el biógrafo entiende que ya no hay problema en abordarlas. Por eso, ha decidido publicar la biografía original bajo el mismo título, sin la “cancelación” de Rocío, en la editorial Triacastela, sello creado hace tres décadas por una fundación no lucrativa de la que Lázaro es el secretario de su patronato.

Consecuencias para la investigación

María Malmierca, abogada especializada en propiedad intelectual, detalla que los causahabientes o herederos de la obra inédita de un autor tienen la facultad de divulgar o no esa obra. “Aquí se desvela la tensión que siempre existe entre los derechos de los autores y sus herederos y el interés general de la sociedad en el acceso a la cultura”, prosigue. En el caso de Martín-Santos, sus hijos decidirán qué y cómo se publica la obra de su padre hasta que trascurran 80 años de la muerte del psiquiatra, acaecida en 1964.

La también asesora jurídica de la Asociación de Editores de Madrid remarca que la ley prevé que el conflicto se pueda judicializar. “Un juez podría llegar a adoptar medidas para garantizar el derecho a la cultura, aunque llevarlo a la práctica es complicado porque hay que ver el interés legítimo y que esas medidas no supongan un perjuicio injustificado a los derechos de los herederos”, se explaya.

Más allá de lo sucedido con los inéditos, Malmierca añade que, en este caso, entra en juego la protección a la intimidad u honorabilidad familiar. “El autor tiene dos opciones. O solicitar a un juez que adopte las medidas pertinentes para hacer público algo que se ha demostrado de gran valor o negociar con la familia o el biografiado”, apunta. Según la especialista, en ocasiones, es mejor ceder ante la eliminación de un contenido y contar con la familia para acceder a otro tipo de contenido que, si no fuera de esta forma, sería imposible de conocer.

“Lo ocurrido es legal. Ellos tienen unos derechos legales que hacen que tengan que autorizar la publicación de ciertos asuntos sobre la obra de su padre, pero eso lo han utilizado para exigir que se sacaran aspectos que no tenían nada que ver con la obra”, desarrolla Lázaro. Por eso, uno de sus objetivos es abrir un debate sobre las consecuencias que esta potestad de los herederos tiene en la investigación académica, cultural y editorial sobre los autores. “Tienen un poder increíble, hasta para elegir qué se expone de ellos y qué no”, subraya.

La edición oficial, para 2028

Respecto a lo que se expone, Lázaro se refiere a la muestra que la Biblioteca Nacional de España dedicó al escritor en 2024 con motivo del centenario de su nacimiento. Denominada Tiempo de libertad, estuvo comisariada por Julià Guillamon, quien asegura que se mantuvo al margen de la disputa. “Me dediqué a montar una exposición didáctica que fuera agradecida para el público y no entré en esas batallas”, afirma a este medio.

También dice que “la familia Martín-Santos fue la verdadera comisaria porque Luis y Rocío supervisaron todos los contenidos”, por lo que él tuvo un papel más técnico. Ni los libros de Rey ni de Lázaro estuvieron presentes en la muestra. Rocío exclama que “no le vieron sentido” a aludir a estos trabajos cuando ya pergeñaban la publicación de las obras completas de su padre.

A día de hoy, Galaxia Gutenberg se está encargando de publicar las obras completas de Martín-Santos, que concitan textos de narrativa breve, novelas, teatro, psiquiatría, ensayo y poesía en ocho volúmenes. Terminarán en 2028 con la edición crítica oficial de Tiempo de silencio y Tiempo de destrucción, a cargo de Domingo Ródenas, catedrático de Literatura Española en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

La pequeña aldea gala de Astérix y Obélix sigue siendo irreductible. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha tumbado la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que permitió que un empresario polaco registrara la marca 'Obelix' para productos relacionados con armas de fuego, municiones y explosivos. Otra victoria para Éditions Albert René, editora de la serie de cómics Astérix y Obélix, ¡por Tutatis!

El 29 de octubre de 1959 llegaba a los quioscos franceses la revista Pilote, una revista de historietas que invitaba a leer, y entre sus páginas se encontraba la historia que fue el comienzo de Astérix y Obélix, creados por el guionista René Goscinny, fundador también de la revista Pilote donde debutaron la pareja de galos, y el dibujante Albert Uderzo, que se basaron en la historia de resistencia de este pueblo frente a los romanos.

Obélix es el compañero de aventuras de Astérix el Galo. Es un guerrero gordo y fuerte, repartidor de menhires, comilón de jabalíes, terror de los soldados romanos y famoso por su fuerza sobrehumana ya que de pequeño se cayó en una marmita llena de poción mágica. Tiene un perro que se llama Idéfix.

El Tribunal General explica que el examen del renombre de la marca 'Obelix' llevado a cabo por la EUIPO partía de “un análisis incompleto y erróneo”. Según los magistrados europeos, la oficina de propiedad intelectual de le UE “no tuvo debidamente en cuenta ejemplos de diferentes productos en los que el término 'Obelix' u 'Obélix' aparecía acompañado del símbolo ®, que indica que se trata de una marca registrada”.

“Tampoco estaba justificado rechazar las pruebas en las que dicho signo se utilizaba en combinación con el signo Astérix. En efecto, esta asociación no impide determinar que el término 'Obelix' se percibe de manera individualizada, como una marca distinta, que puede haber adquirido renombre”, según argumenta la sentencia.

Por otro lado, la EUIPO “no valoró suficientemente el vínculo entre las dos marcas en conflicto”, cuyas características pueden llevar al público a asociar estas y son “susceptibles de menoscabar” el renombre de la marca anterior. “Esta valoración no puede limitarse, como hizo erróneamente la EUIPO, a concluir que hay diferencias demasiado importantes entre los productos y servicios en cuestión y que los públicos pertinentes no se solapan”, añaden los magistrados. No hay menhir que se le resista a Obélix.

La teoría de la relatividad de Einstein trata de probar que el tiempo no es absoluto. La Justicia tampoco entiende de tiempos. 20 años o dos segundos pueden cambiar el destino de la industria musical. Más de dos décadas es lo que lleva peleando la banda alemana de tecno Kraftwerk por los derechos de propiedad intelectual de un fonograma de dos segundos de su canción Metall auf Metall, que fue utilizado en la composición Nur mir por la productora musical Pelham GmbH.

Todavía no hay una resolución final de esta pugna, que se lleva eternizando en los tribunales alemanes, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que recibió el encargo de los magistrados teutones, ha dirimido en esta pelea sonora la definición de pastiche con el objetivo de “garantizar un justo equilibrio entre la protección de los derechos de autor y la libertad de las artes”. Ahora le toca a los magistrados alemanes decidir si los dos segundos de la composición de Kraftwerk utilizados por los productores Moses Pelham y Martin Haas para la cantante Sabrina Setlur son un pastiche o no.

La decisión del TJUE es muy relevante, ya que va a marcar los límites de la utilización y la mezcla de música de unos autores por otros. Así, los magistrados europeos han señalado que pastiches son las creaciones que evoquen una o varias obras existentes, si bien diferenciándose de ellas de modo perceptible, y que usen algunos de los elementos característicos de esas canciones protegidos por derechos de autor, también a través del sampling, con el fin de entablar con dichas obras un diálogo artístico o creativo que sea reconocible como tal. Este diálogo puede adoptar distintas formas, como una imitación abierta del estilo, un homenaje o una confrontación humorística o crítica.

“Diálogo artístico o creativo”

De esta manera, el TJUE establece como reglas que definen un pastiche en que no es una categoría residual, tampoco es un “cajón de sastre” que ampare automáticamente cualquier confrontación artística con una obra existente. Tiene como requisitos principales que debe evocar a una o varias obras previas, pero presentando diferencias perceptibles. Y además tiene un propósito: un “diálogo artístico o creativo” que sea reconocible como tal. Este diálogo puede manifestarse de varias formas, ya sea como una imitación estilística abierta, un homenaje a la obra original, o bien una confrontación humorística o crítica. A diferencia de la parodia, no es estrictamente obligatorio que haya humor o burla.

Los magistrados del TJUE buscan edificar un criterio de reconocimiento objetivo que facilite la definición de pastiche. En la sentencia apuntan que para poder acogerse a esta excepción no es necesario demostrar la intención específica del creador de utilizar la obra protegida con “el fin” de hacer un pastiche. Dicho de otra manera, es suficiente con que el carácter de pastiche sea reconocible para una persona que ya conozca la obra original de la que se extrajeron los elementos.

En este sentido, el fallo del tribunal de Luxemburgo enfatiza que la interpretación del pastiche no debe ser restrictiva, ya que su objetivo es garantizar un justo equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual de los autores y productores y el respeto a los derechos fundamentales de los usuarios, en particular la libertad de expresión y la libertad de las artes.

A vueltas con el 'sampling'

La gran polémica que lleva poniendo en jaque a la industria musical durante años y cebando las minutas de los abogados que litigan por los derechos de autor es que se hace con una técnica tan utilizada en géneros como el tecno o el hiphop como es el sampling: reutilizar un fragmento de una grabación existente (una muestra o sample) para crear otra obra.

Respecto al sampling, el TJUE señala que la creación puede utilizar elementos característicos protegidos por derechos de autor de la obra original, lo que incluye explícitamente el uso de la técnica del sampling (muestreo). Ahora bien, para que la técnica del sampling esté amparada bajo la excepción de pastiche y no sea catalogada como imitación disimulada o plagio, debe cumplir que la inclusión del fragmento sonoro (sample) no se haga de manera encubierta, sino que resulte reconocible como tal. Además, debe presentar diferencias perceptibles y establecer un diálogo, es decir, la nueva obra debe evocar a la original pero diferenciándose, con el objetivo de entablar un “diálogo artístico o creativo”.

Kraftwerk publicó en 1977 el título musical Metall auf Metall. Pelham y Haas lanzaron la canción Nur mir cantada por Sabrina Setlur en 1997 con dos segundos de la creación de Kraftwerk (actualmente está inhabilitada en las plataformas de escucha). Ese mismo año y en 2004, dos fundadores de Kraftwerk interpusieron un recurso ante los órganos jurisdiccionales alemanes contra los dos compositores de Pelham GmbH. El 7 de junio de 2021 entró en vigor en Alemania una excepción a los derechos de autor y a los derechos del productor de fonogramas que permite la reproducción, la distribución y la comunicación al público de una obra publicada a efectos de caricatura, parodia o pastiche.

Ahora que el TJUE ha definido lo que es pastiche, le toca a los tribunales alemanes. Una pista, que no es musical, sobre por dónde pueden ir los tiros: en su resolución de remisión, los magistrados alemanes apuntan que el título musical Nur mir lleva a cabo una confrontación artística con la secuencia rítmica de Metall auf Metall, reproducida en un género musical diferente y que, pese a la reducción del tempo y al desfase rítmico, hace referencia al original de forma reconocible. A bailar.

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia ha condenado a la editorial Elkar a indemnizar al grupo de música Hertzainak por un total de 14.315,37 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios de carácter patrimonial y a 7.157,68 euros en concepto de indemnización adicional por daño moral por distribuir sus canciones sin su consentimiento en plataformas digitales. Los demandantes defienden que Elkar había puesto “en explotación digital (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube etc.) las grabaciones pertenecientes al catálogo de Hertzainak sin autorización expresa de sus titulares”. En su demanda explican que, en 1992, cuando firmaron un contrato con la discográfica Ohiuka, “no existía la explotación digital” y que el contrato no incluía cláusula alguna relativa a futuras modalidades de explotación ni a canales digitales. A pesar de ello, la Justicia considera prescrito gran parte del período en el que lo hizo, por lo que la sentencia del caso sólo estima parcialmente la demanda contra la editorial interpuesta por la banda de rock radical vasco.

Según recoge la sentencia, los demandantes relatan su trayectoria como integrantes de Hertzainak desde 1981 hasta 1933 y defienden que los primeros álbumes del grupo —'Hertzainak' (1984) y 'Hau dena aldatu nahi nuke' (1986)— fueron producidos bajo contratos suscritos con Soñua Producciones Discográficas S.L.. Posteriormente, describen la sucesión empresarial hacia Oihuka Discos SL., creada en 1987 por el gerente de Soñua y cuyo catálogo fue adquirido en 1998 por la editorial Elkar. Los demandantes afirman que esta sucesión no fue notificada ni ratificada, si bien reconocen que Oihuka continuó la explotación económica de sus canciones desde finales de los años 80. Durante los últimos años de la banda, desde el 1991, los miembros del grupo crean la compañía Aketo, una compañía productora y discográfica independiente creada por ellos mismos para gestionar la publicación de sus propios materiales, de forma más autónoma, y con un mayor control sobre sus lanzamientos. A través de dicha compañía, los miembros de Hertzainak grabaron el álbum fonográfico 'Zuzenean' (1991), el maxi single denominado 'Une etengabeak' (1992) y el maxi single 'Mundu berria daramagu bihotzean' (1999).

La sentencia sostiene que el contrato suscrito por los miembros de Hertzainak en 1992 con la discográfica Oihuka constituye “el único título habilitante de explotación de sus interpretaciones fijadas en fonograma”, es decir, de las canciones. “Del propio tenor del contrato —y del contexto tecnológico de la época— se desprende que la cesión se refiere exclusivamente a la fijación en soporte material y a la fabricación y comercialización de discos físicos; no existe referencia alguna a comunicación pública por redes digitales, puesta a disposición interactiva, reproducción digital en servidores ni explotación por internet, lógico, dada su existencia embrionaria en dicha epoca. Por tanto, conforme al art. 107 TRLPI y su remisión al art. 18, la cesión realizada por los intérpretes quedó limitada a las modalidades de explotación expresamente pactadas, esto es, las propias de la industria fonográfica tradicional en soporte tangible”, dicta la sentencia.

“La explotación digital constituye una modalidad jurídicamente autónoma, que requiere título habilitante específico de los intérpretes. En el presente caso, no existe cesión expresa posterior de los derechos de reproducción digital y comunicación pública online por parte de los demandantes y no se ha acreditado ninguna licencia individual o colectiva otorgada por los demandantes con arreglo al art. 109 TRLC para la puesta a disposición de sus interpretaciones en plataformas”, detalla la sentencia notificada a ambas partes a principios de este enero.

El juez explica que en lo que respecta a la acción de indemnización y a la prescripción, en este caso el plazo legal es el de cinco años desde que la acción pudo ejercitarse pero que al tratarse de una infracción continuada, “la prescripción no extingue globalmente la acción de daños, sino que extingue definitivamente el derecho a reclamar los daños anteriores al último quinquenio, pero mantiene viva la acción exclusivamente respecto de los daños generados dentro de los cinco años anteriores” a la fecha de interposición de la demanda, septiembre de 2023. El juzgado declara así prescritos todos los daños generados antes de septiembre de 2018.

Así, la justicia condena a Elkar a cesar de forma inmediata en toda explotación digital no autorizada del repertorio de Hertzainak, “incluida su puesta a disposición en plataformas digitales”. El fallo también indica que Elkar deberá abstenerse a reanudarla en el futuro “sin la preceptiva autorización de los titulares de los derechos”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

“La intel·ligència artificial (IA) generativa és una eina fantàstica, estem davant una oportunitat, però en aquests moments ens movem en aigües pantanoses”. Així ho explica Pau Vergara, productor audiovisual i expert en IA que treballa per a Red Spectra Films; s’ha especialitzat en la producció de projectes amb intel·ligència artificial generativa, un camp en què treballa de manera intensa des de fa un parell d’anys: “Estem davant un tsunami que ja està ací i, o ens posem les piles o ens passarà per damunt, perquè ve amb molta força”.

La IA afectarà, “de fet, ja afecta”, tots els sectors: “Té una part molt positiva, però cal treballar per a compensar els possibles efectes negatius que puga tindre”. En opinió de Vergara, la gent encara està molt desorientada amb aquest tema: “Creiem que la IA és una cosa autònoma, però no és així; la IA és humana, perquè sempre hi ha una persona darrere”. “Ara com ara, la intel·ligència artificial per si sola no fa res”, sentencia l’expert, per a qui encara ens trobem al començament d’un procés en què són les persones qui dirigeixen o tutelen aquest desenvolupament creatiu.

Pel que fa a la intel·ligència artificial, comenta que, quan t’hi enfrontes, passes per diverses fases: una primera en què et preguntes què és, una segona en què t’entra la por i una tercera, en què es troba Vergara en la qual t’adones que estem davant una eina, com moltes altres que s’han implementat, “que ens donaran unes possibilitats infinites” i que permetran la democratització en l’accés a certes eines tècniques “que abans només estaven a l’abast de James Cameron i Avatar i que ara són accessibles i permeten crear coses molt interessants”.

En aquest sentit, sosté que es tracta d’eines creatives que, per si soles, no poden crear res: “La IA és molt útil en la fase de la pluja d’idees, a l’hora de donar-te idees i davant la por al full en blanc; et pot oferir un punt de partida”. A mitjà termini, indica, “anem a la creació de continguts de gènere híbrid –amb rodatge tradicional i IA– o generats directament per intel·ligència artificial”.

El debat sobre la propietat intel·lectual

Vergara recorda que estem davant una nova revolució industrial “i, com tota revolució, genera debat i rebuig i, per tant, requereix un procés d’adaptació”. En aquesta evolució està el debat sobre la propietat intel·lectual: “El que crea una màquina no genera drets de propietat intel·lectual, però el que generen les persones, sí”. Precisament, la Unió Europea treballa per a legislar diverses qüestions relacionades amb la IA, com és el cas d’identificar els continguts creats amb intel·ligència artificial: “Cal anar amb molta cura”.

A més, el productor audiovisual valencià és partidari que les empreses tecnològiques reconeguen que han utilitzat material previ preexistent per a entrenar les seues IA, que creu que haurien de compensar els autors d’obres que s’han fet servir sense el seu permís per a aquesta finalitat: “Cal defensar el dret intel·lectual dels autors de continguts previs; es poden monetitzar els continguts nous, però s’ha de remunerar els autors d’obres antigues que s’han utilitzat per a generar els models d’IA”.

L’aposta valenciana per la IA

La Comunitat Valenciana, segons el parer de Vergara, va quedant-se arrere en el tema de la intel·ligència artificial: “Hi ha molta gent creant i molta altra que vol aprendre, que demana informació i formació; no obstant això, no sembla que hi haja un comité científic treballant en un tema que ens passarà per damunt”. Per això, insta l’Administració que agafe la bandera de la IA generativa: “Sembla que no es presta massa atenció a un tema en què sí que es treballa en llocs com Catalunya, Madrid o Andalusia; i ací hi ha prou gent fent coses, encara que d’una manera dispersa, per la qual cosa hauríem de posicionar-nos des de València per a veure què cal fer i posar en valor tot aquest talent que realment existeix”. “Cal un procés de participació ambiciós per a posicionar-nos a escala estatal”, explica, i afig que el que hi ha, de moment, són iniciatives des de l’àmbit privat.

Drets digitals en entorns específics

L’Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (Egeda), juntament amb cinc entitats més, ha subscrit un conveni amb Red.es per a impulsar la implementació de la carta de drets digitals en l’àmbit d’entorns específics. En el marc d’aquest conveni, Egeda ha impulsat la creació d’un grup de treball sobre drets de creació i accés a la cultura davant els reptes de la intel·ligència artificial i els nous entorns digitals, en què participa Pau Vergara.

L’objectiu del grup de treball és assessorar i supervisar l’elaboració d’un informe sobre el desenvolupament dels drets al voltant de la llibertat de creació i l’accés a la cultura en l’entorn digital, així com unes guies de governança i guies de bones pràctiques, mitjançant un procés obert de consulta a tot el sector cultural, creatiu i digital.

“La inteligencia artificial (IA) generativa es una herramienta fantástica, estamos ante una oportunidad, pero en estos momentos nos movemos en aguas pantanosas”. Así lo explica Pau Vergara, productor audiovisual y experto en IA que trabaja para Red Spectra Films; se ha especializado en la producción de proyectos con inteligencia artificial generativa, un campo en el que viene trabajando de manera intensa desde hace un par de años: “Estamos ante un tsunami que ya está aquí y, o nos ponemos las pilas, o nos va a pasar por encima, porque viene con mucha fuerza”.

La IA va a afectar, “de hecho, ya está afectando”, a todos los sectores: “Tiene una parte muy positiva, pero hay que trabajar para compensar los posibles efectos negativos que pueda tener”. En opinión de Vergara, la gente todavía está muy desorientada con este tema: “Creemos que la IA es algo autónomo, pero no es así; la IA es humana, porque siempre hay una persona detrás”. “Por ahora, la inteligencia artificial por sí sola no hace nada”, sentencia el experto, para quien todavía nos encontramos al principio de un proceso en el que son las personas quienes dirigen o tutelan ese desarrollo creativo.

Respecto a la inteligencia artificial, comenta que cuando te enfrentas a ella pasas por varias fases: una primera en la que te preguntas qué es lo es, una segunda en la que te entra el miedo y una tercera, en la que se encuentra Vergara en la que te das cuenta de que estamos ante una herramienta, como otras muchas que se han implementado, “que nos van a dar unas posibilidades infinitas” y que van a permitir la democratización en el acceso a ciertas herramientas técnicas “que antes solo estaban al alcance de James Cameron y Avatar y que ahora están son accesibles y permiten crear cosas muy interesantes”.

En este sentido, sostiene que se trata de herramientas creativas que, por sí solas, no pueden crear nada: “La IA es muy útil en la fase de la tormenta de ideas, a la hora de darte ideas y frente al miedo a la hoja en blanco; te puede ofrecer un punto de partida”. A medio plazo, indica, “vamos a la creación de contenidos de género híbrido -con rodaje tradicional e IA- o generados directamente por inteligencia artificial”.

El debate sobre la propiedad intelectual

Vergara recuerda que estamos ante una nueva revolución industrial, “y como toda revolución, genera debate y rechazo y, por lo tanto, requiere de un proceso de adaptación”. En esa evolución se encuentra el debate sobre la propiedad intelectual: “Lo que crea una máquina no genera derechos de propiedad intelectual, pero lo que generan las personas, sí”. Precisamente, la Unión Europea está trabajando para legislar diversas cuestiones relacionadas con la IA, como es el caso de identificar los contenidos creados con inteligencia artificial: “Hay que ir con mucho cuidado”.

Además, el productor audiovisual valenciano es partidario de que las empresas tecnológicas reconozcan que han utilizado material previo preexistente para entrenar sus IA, que cree que deberían compensar a los autores de obras que han sido utilizadas sin su permiso para este fin: “Hay que defender el derecho intelectual de los autores de contenidos previos; se pueden monetizar los contenidos nuevos, pero se debe remunerar a los autores de obras antiguas que se han utilizado para generar los modelos de IA”.

La apuesta valenciana por la IA

La Comunitat Valenciana, a juicio de Vergara, se está quedando atrás en el tema de la Inteligencia artificial: “Hay mucha gente creando y otra mucha que quiere aprender, que demanda información y formación; sin embargo, no parece que exista un comité científico trabajando en un tema que nos va a pasar por encima”. Por eso, insta a la Administración a que coja la bandera de la IA generativa: “Parece que no se le presta demasiada atención a un tema en el que sí que se está trabajando en lugares como Catalunya, Madrid o Andalucía; y aquí hay bastante gente haciendo cosas, aunque de una forma dispersa, por lo que deberíamos posicionarnos desde Valencia para ver qué hacer y poner en valor todo ese talento que realmente existe”. “Es necesario un proceso de participación ambicioso para posicionarnos a nivel estatal”, explica, para añadir que lo que hay, de momento, son iniciativas desde el ámbito privado.

Derechos digitales en entorno específicos

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), junto a otras cinco entidades, ha suscrito un Convenio con Red.es para impulsar la implementación de la carta de derechos digitales en el ámbito de entornos específicos. En el marco de ese convenio, Egeda ha impulsado la creación de un grupo de trabajo sobre Derechos de Creación y Acceso a la Cultura ante los Retos de la Inteligencia Artificial y los Nuevos Entornos Digitales, en el que participa Pau Vergara.

El objetivo del grupo de trabajo es asesorar y supervisar la elaboración de un Informe sobre el Desarrollo de los Derechos en el Entorno de la libertad de creación y el acceso a la cultura en el entorno digital, así como unas Guías de Gobernanza y Guías de Buenas Prácticas, mediante un proceso abierto de consulta a todo el sector cultural, creativo y digital.

Javier de la Cueva (Madrid, 1962) es uno de los protagonistas anónimos del Internet español. Su nombre aparece en casos clave como la anulación del primer canon digital en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; la absolución de Pablo Soto, que más tarde sería concejal del Ayuntamiento de Madrid, por desarrollar una aplicación para compartir archivos por la que se le exigieron 13.000 millones de euros, o la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las tarifas que las entidades de gestión de derechos de autor cobraban a las universidades.

Muchas de esas batallas son casi desconocidas para el gran público. Incluso aunque hayan tenido repercusiones tan importantes como impedir que la Wikipedia tenga publicidad en todo el mundo.

La última victoria de este abogado tampoco ha acaparado titulares a pesar de que establece una jurisprudencia potencialmente histórica. En los albores de la inteligencia artificial, el Tribunal Supremo ha dictaminado que todos los sistemas de decisión automática que se usen en las Administraciones Públicas deben ser transparentes para el ciudadano. Su código debe estar disponible para todos, incluidos los tribunales, como una herramienta más para fiscalizar lo público.

De la mano de la Fundación Civio, De la Cueva recordó al Alto Tribunal que la sociedad conectada necesita una “guía” para impedir que la maraña de software que la sostiene se convierta en una caja negra indescifrable. El resultado ha sido una sentencia que habla por primera vez de “democracia digital” y de la transparencia como un “derecho fundamental” asociado a ella.

Esta sentencia del Tribunal Supremo es un hito. ¿Cuáles son sus implicaciones concretas para el Estado de Derecho en la era digital?

Lo que dice la sentencia es que si la Administración Pública utiliza un algoritmo como sistema de decisión para otorgar o retirar derechos, ese sistema debe ser transparente para el ciudadano. Es decir, tenemos derecho a acceder al código con el que se imponen esos derechos y obligaciones. Hasta ahora, nuestra sociedad se regía por normas sociales (cómo comportarse en la mesa), religiosas (si pecas, vas al infierno) y jurídicas (si cometes una infracción, recibes una penalización). Sin embargo, quedaba por definir qué hacer con un nuevo tipo de norma: las normas técnicas. El Tribunal Supremo resuelve esta duda al sentenciar que esta norma técnica, escrita en lenguaje de programación, debe ser transparente y entregarse al ciudadano que la pida de manera que la pueda entender.

¿La sentencia establece cómo debe ser esa transparencia?

El Supremo establece que debe entregarse el código fuente. En cuanto haya un programa informático que utilice la Administración Pública para tomar una decisión, ese código fuente la ciudadanía tenemos derecho a conocerlo.

¿Quiere decir que esto acaba con la posibilidad de que la Administración Pública utilice algoritmos conocidos como “cajas negras”, que nadie sabe bien cómo funcionan?

Sí.

¿Esto se podría aplicar al algoritmo que utiliza Hacienda para luchar contra el fraude, por ejemplo?

Por supuesto.

¿Y a los de diagnóstico médico, de la sanidad pública?

Sí.

¿Qué ocurre cuando esos algoritmos de “caja negra” sean propiedad de un tercero? Las empresas son reacias a revelar los detalles de estos sistemas. ¿Podría implicar que la Administración tenga dificultades para contratar programas de inteligencia artificial?

Ese podría ser un efecto secundario, pero el Tribunal Supremo también ha tapado ese agujero. La sentencia resuelve este problema porque dice que cuando haya una decisión automatizada por parte de la Administración Pública, la ciudadanía tiene derecho a conocer ese código. Por lo tanto, veda a la Administración Pública la contratación de cajas negras. Si la Administración contrata a un tercero, este debe proporcionar un algoritmo con código fuente accesible para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la transparencia.

La sentencia veda a la Administración Pública la contratación de algoritmos que sean 'cajas negras'

Pero además, cuidado, no solamente para la ciudadanía. La sentencia también garantiza que los tribunales puedan auditar el código para verificar si la actuación de la Administración es conforme a derecho, cumpliendo así con su mandato constitucional de control. Esta sentencia también da herramientas a la judicatura, a los jueces y a los tribunales.

En su argumentación, los magistrados introducen el concepto de “democracia digital”. ¿Había hecho esto antes el Supremo?

Es la primera vez que lo utiliza. ¿Y por qué lo hace? Porque al final de mi locución en la vista oral, lo que les pedí es que nos guiaran en la transición que estamos haciendo. Estamos pasando de un sistema donde las normas se escribían en lenguaje natural, como el que usamos para hablar, a uno donde las normas se escriben en lenguajes formales, como el código de programación. Mi petición fue: 'Guíennos sobre cómo debe ser el Estado de Derecho en esta nueva realidad'.

No es la primera vez que esto ocurre. Lo definió bien Norberto Bobbio con las etapas de los derechos humanos, que cité al final. Bobbio dice que, primero, los derechos humanos son solo ideas que están buscando instituciones que las hagan suyas y las desarrollen. Luego, instituciones como la Revolución Francesa o la Bill of Rights norteamericana las 'cristalizan' y las hacen formales. Eso es exactamente lo que ha hecho el Tribunal Supremo aquí: ha formalizado, en una síntesis muy buena, el concepto de 'democracia digital'.

El Supremo, con el término 'democracia digital', ha condensado la idea de que estas nuevas normativas e instituciones, que solo existen a través del software, deben ser transparentes

¿Y en qué consiste? En una democracia fundamentada en estas nuevas normas escritas en lenguajes formales. De eso va todo esto. Ejercemos nuestros derechos a través de herramientas digitales, y el Tribunal Supremo, con el término 'democracia digital', ha condensado la idea de que estas nuevas normativas e instituciones, que solo existen a través del software, deben ser transparentes. Le dice a la Administración que debe seguir el espíritu de la Ilustración: si antes las normas debían ser comprensibles para garantizar la seguridad jurídica, ahora los algoritmos deben ser transparentes.

Dentro de esa democracia digital, el Supremo establece que la transparencia debe ser “un derecho fundamental”. ¿Lo había definido así antes?

No, definitivamente no con la rotundidad que lo hace esta sentencia. Digamos que los hilos ya existían, pero el Tribunal Supremo ahora los ha tejido. La lógica que sigue el Tribunal, y que es la que defendimos en la vista oral, es una cadena muy clara: si no tienes información, no puedes tener libertad de pensamiento. Tu pensamiento se limita a la información que recibes. Y si no hay libertad de pensamiento, ¿qué clase de libertad de expresión puedes tener? ¿O cómo puedes participar en los asuntos públicos? Todo se empobrece: el pensamiento, la expresión, la libertad de prensa, la participación.

Por eso, el Supremo hace algo fundamental: toma el derecho a la transparencia, que en la Constitución estaba en un artículo mucho más allá de los derechos fundamentales, y lo trae 'a la parte principal'. Lo hace a través del artículo 10.2, que dice que los derechos fundamentales que están en tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español. Lo que nos dice es que la transparencia es un prius, un requisito previo. Es la base para poder pensar, expresarse, participar y, en última instancia, para construir un sistema democrático. Si no hay transparencia, no puede haber una democracia real.

¿Cree que una derivada de la sentencia puede ser que todo el software desarrollado por la Administración sea considerado un bien público y por tanto de código abierto?

No necesariamente, porque habrá supuestos en los cuales la seguridad nacional, por ejemplo, tenga mucho que decir. Y esos supuestos tendrán que tener la protección de la falta de transparencia, porque si no, no serían seguros. Es lógico que la seguridad nacional —siempre y cuando sea efectivamente seguridad nacional— sea uno de los límites de la transparencia, así como la protección de las minorías. Otro de los límites serán los datos sensibles. Imaginemos que tenemos una base de datos de rohingyás... Tendrá que hacerse una valoración caso por caso para ver si la tensión entre el interés público y el software es una tensión en la que tengamos que elegir lo público. Pero, en principio, lo que nos viene a decir es que la regla general es que es público, y luego ya la Administración Pública tendrá que batallar por qué razón un determinado código debe ser secreto.

Hablando de batallas. El Gobierno ha peleado durante siete años para no desvelar el código de Bosco (la herramienta informática que calcula si un ciudadano tiene derecho al bono social eléctrico), mientras firmaba declaraciones de derechos digitales y hablaba de la importancia de la transparencia. ¿A qué cree que se debe?

A que todavía no tenemos una cultura democrática lo suficientemente profunda en la sociedad española. Nos encontramos con que hay gente en la Administración con una personalidad acorde a la democracia, pero también hay otros que actúan bajo la premisa de “el Estado soy yo”. Su mentalidad es: “Este código lo he hecho yo, es mío y no se lo voy a enseñar a nadie”. Esa intolerancia, la idea de que la ciudadanía no tiene derecho a mirar lo que hacen, es algo que tenemos que derribar para alcanzar una verdadera cultura democrática.

Esto ocurre en todos los niveles: ayuntamientos, universidades, ministerios. Pero, por otro lado, también hay gente maravillosa que sí lo entiende. Un gran ejemplo es el Instituto Geográfico Nacional, que tiene clarísimo que los mapas que elaboran pertenecen a la ciudadanía y que su trabajo es un servicio público. Esa es la mentalidad correcta: entender que lo que uno hace como funcionario se enmarca dentro de un sistema democrático y es por el bien común. El problema es que en muchos otros sitios, sobre todo en algunos ministerios, te encuentras con barreras brutales.

En este caso, el Ministerio de Transición Ecológica recurrió a los dos paradigmas clásicos para evitar la difusión de información: la seguridad y la propiedad intelectual. El Supremo ha tumbado las dos.

Así es, el Tribunal Supremo se carga directamente las dos excusas. Con la propiedad intelectual, lo primero que dice es que se trata de un software que no tiene explotación comercial. Además, los fines de la Administración Pública son el bien común. Es de lógica, ¿cuál es el problema por enseñar un código que ha hecho y maneja la propia Administración? Y en cuanto a la seguridad, el Supremo ve muy claras las milongas que contaron en primera instancia, aquello de que si se abría el código fuente se podían hacer verdaderas barrabasadas. El tribunal lo desmonta diciendo: 'vamos a ver, cuidado, que los datos personales no los tiene el programa'. El software es solo una herramienta; para acceder a datos personales, tendría que conectarse con Hacienda mediante un convenio. Por tanto, es evidente que el programa en sí no tiene datos personales, por mucho que dijeran lo contrario el subdirector general del Ministerio o incluso el CNI.

El Tribunal Supremo deja claro que si vienes con esas alegaciones, tienes que demostrarlas. De hecho, hay un informe del relator de las Naciones Unidas que señala que la excusa de la seguridad nacional se usa en todos los países para cualquier cosa. Al final, es una excusa muy barata, muy manida y con poco recorrido.

Con el acceso al código de Bosco vendrá una auditoría. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí?

Lo primero que podríamos encontrar es un código de una calidad muy deficiente. Una de las tesis que manejamos, aunque sin pruebas hasta ahora, es que podría ser lo que se conoce como 'código espagueti': un código absolutamente chapucero. De esos que funcionan y se dejan estar, pero que están mal escritos, con comentarios incomprensibles y técnicamente defectuosos.

Es lógico pensar que el código es defectuoso porque sabemos que hacía mal la traslación de la ley. Cuando aplicaba los supuestos reconocidos en la norma para otorgar el bono social, el resultado no era el que la ley decía que debía ser. Así que esperamos poder encontrar y señalar dónde están exactamente esos errores.

La ejecución de este tipo de sentencias suele ser problemática. Es común que tarden mucho en entregarte la información, a veces por simple desgana o porque les molesta haber perdido el caso

Ahora bien, veremos. La ejecución de este tipo de sentencias suele ser problemática. Es común que tarden mucho en entregarte la información, a veces por simple desgana o porque les molesta haber perdido el caso. En un caso anterior, el Ministerio de Defensa tardó un año en darnos una simple tabla Excel con los pasajeros de los vuelos oficiales, y solo lo hizo cuando el juzgado les amenazó con acciones penales. Así que es posible que aquí ocurra lo mismo y tengamos que seguir apretando a través del juzgado para que cumplan la sentencia.

Otra de las principales problemáticas en cuanto a los algoritmos es quién se hace responsable cuando toman una decisión equivocada y ocasionan un daño. ¿Qué ocurre con los algoritmos que utiliza la Administración?

En España ya existe mucha jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, y esta sentencia abre la puerta a aplicarla aquí. Evidentemente, aquellas personas a las que se les negó el bono social de forma incorrecta pueden reclamar a la Administración, porque con el código en la mano podremos demostrar dónde se estaba cometiendo el error.

De hecho, la cuestión de la responsabilidad fue uno de los argumentos centrales que usamos en nuestro recurso para solicitar el código fuente. Hicimos hincapié en dos puntos. En primer lugar, saber quién es el responsable: al analizar el código, podemos identificar quién es el responsable de un posible fallo o negligencia. Y segundo, interpretar los cambios: cuando tienes acceso a diferentes versiones de un código, puedes comparar los cambios para entender la intención detrás de ellos. Es como cuando se modifica una ley: si se aumenta la pena por un delito, puedes interpretar que ha habido una problemática social que lo justifica. De la misma manera, si comparas dos versiones de un algoritmo y ves que han cambiado algo muy básico, te puede estar evidenciando que alguien hizo algo de forma muy negligente. Esta capacidad de interpretación es fundamental para poder derivar responsabilidades.

La sentencia abre la puerta a hacer auditorías en masa de los algoritmos. ¿Cree que estamos preparados o que será un derecho que se pase por alto?

Yo creo que sí. Pienso que hay gente muy buena, pero está muy oculta porque no busca la notoriedad. Si algo tiene esta sociedad española es un tejido social buenísimo que nunca está en primera línea, y hay que desconfiar mucho de quienes siempre están ahí. La resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial era buena precisamente porque no era notoria.

Si algo tiene esta sociedad española es un tejido social buenísimo que nunca está en primera línea

Vivimos en una sociedad obsesionada con ser visible, con que todo el mundo te conozca, pero hay que reivindicar el papel de la invisibilidad. Hay gente fantástica en las universidades y en las administraciones públicas. Detrás de Civio, por ejemplo, hay una cantidad de personas impresionante, y el recurso de casación que ha provocado esta sentencia es producto de muchísimas conversaciones con gente muy valiosa.

Lo importante es tener las herramientas, como esta sentencia. Tejido social hay, y mucho. El tejido del software libre en España también es muy interesante, pero es un tejido que no es notorio porque no llama la atención y lo mediático no está entre sus prioridades. No necesitan salir en la televisión ni en los periódicos. Nosotros preferimos tener una resolución judicial como esta a salir en toda la prensa del mundo. Lo que queremos es trabajar.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a una persona por vender a terceros las clases que recibía de manera online y que quedaban grabadas en una plataforma de una academia de informática de Cáceres.

Según la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), se le condena por un delito contra la propiedad intelectual y se le impone la pena de seis meses de prisión, el pago de una multa de 1.800 euros, así como indemnizar a los responsables de la academia con 12.000 euros.

La sentencia recoge como hechos probados que el acusado, aprovechando que era alumno de la academia, en concreto se había matriculado de 3 asignaturas, pudo acceder a esas clases online y “a fin de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito y sin conocimiento ni autorización de los autores de esos contenidos, procedió a venderlos a cambio de dinero”.

El acusado, señala la resolución, vendió cinco clases a diez personas, generalmente a 20 euros por asignatura, “lo que generó un perjuicio directo a la academia de 6.000 euros”, al que hay que añadir otro del mismo importe como consecuencia de la suerte de cadena.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

En teclejar ibizaparadisebynachocano.comal navegador hi apareixen plànols d’un cantant –ulleres fosques, cabellera al vent, jaqueta blanca amb el pit descobert– i un cos de ball que aixeca els braços i mou el cul. Al fons, una pantalla. I a la pantalla, una multitud dins d’un escenari urbà molt identificable. Cintes al cabell, camisetes psicodèliques i jupetins: tot i que estiguin col·locats en formació de manifestació, aquell vídeo dins del vídeo sembla una festa flower power celebrant-se al cor de Madrid, a la Gran Vía. L’ambient queda resumit en la informació sobreimpresa: “A partir del 12 de setembre. Madrid, Cines Callao. L’autèntica essència hippie i l’esperit lliure d’Eivissa. Música i ball. Sopar. Arts visuals. Xou en anglès amb subtítols en castellà. Comprar ara”.

L’espectacle viu la seua campanya promocional abans de la primera funció. I, tanmateix, té un problema. No petit. El seu nom està en l’aire: el Consell d’Eivissa ha impugnat davant els tribunals de la Unió Europea la marca que Ignacio Cano Martín –qui fou la tercera part de Mecano i que, com indica el nom, és el promotor d’aquesta iniciativa– va registrar a Brussel·les fa uns mesos. El motiu? “Sempre s’impugnen les marques que tenguin Eivissa com a nom. S’ha sol·licitat la nul·litat. Estam pendents de veure en què queda al final”, expliquen des de la institució insular.

Sempre s'impugnen les marques que tinguin Eivissa com a nom. S'ha sol·licitat la nul·litat. Estem pendents d'en què queda al final

Consell d'Eivissa

Consulpi és el despatx especialitzat en qüestions de propietat industrial amb què treballa el Consell per a aquests assumptes. Periòdicament, expliquen des d’aquesta agència amb homologació oficial, rastregen els registres espanyols i europeus per comprovar si han aparegut noves marques susceptibles de ser impugnades. Els darrers mesos se’ls ha girat la feina. Al març van comprovar que Nacho Cano havia registrat dos marques per a la seua festa. Aleshores, Consulpi va enviar a l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea “un escrit d’observacions”. Al maig i al juny, l’artista i promotor va rebre sengles vist-i-plaus. Després d’aquella notícia, el 25 de juliol, Consulpi en va reclamar la nul·litat, ampliant les al·legacions. Ara toca esperar la resolució.

Ibiza Paradise by Nacho Cano i Ibiza Paradise (a pèl) no són les úniques impugnacions que s’han fet contra denominacions o productes que utilitzen el topònim oficiós de l’illa, la seua marca turística. A més dels dos registres ideats pel compositor de La fuerza del destino, també se n’ha reclamat la nul·litat de Godbless Ibiza, Moshka Ibiza, Thicc. The Ibiza Clothing Company i Ibiza Fashion TV. Tres marques de roba i un mitjà digital especialitzat en moda i tendències. Des del Consell precisen que aquestes marques, en canvi, estan registrades a Espanya.

Ibiza Paradise by Nacho Cano i Ibiza Paradise (a seques) no són les úniques impugnacions que ha realitzat [Consulpi] contra denominacions o productes que utilitzin el topònim oficiós de l'illa, la seva marca turística. També s'ha reclamat la nul·litat de Godbless Ibiza, Moshka Ibiza, Thicc. The Ibiza Clothing Company i Ibiza Fashion TV

Un topònim conegut a tot el món

Encara hi ha emprenedors àvids de repetir la jugada de l’Ibiza, l’utilitari que, a mitjan vuitanta, va salvar SEAT de la fallida tècnica: a canvi de 825.000 pessetes els concessionaris en van vendre més d’un milió d’unitats d’un cotxe que quedà associat, per sempre, a l’illa. Van passar les dècades i amb l’expansió d’internet, aprofitar-se de la fama del seu topònim per vendre un producte fabricat a Conca o Vladivostok va començar a parèixer bufar i fer botelles. El 2013 –tal com va reflectir el periòdic Noudiari–, el Consell d’Eivissa –també governat llavors amb majoria absoluta pel Partit Popular– ja va mostrar, de forma pública, la seua preocupació: Eivissa era una paraula que apareixia en massa batiades comercials.

Continua havent-hi emprenedors àvids de repetir la jugada de l'Ibiza, l'utilitari que, a mitjan vuitanta, va salvar a SEAT de la fallida tècnica: a canvi de 825.000 pessetes els concessionaris van vendre més d'un milió d'unitats d'un cotxe que va quedar associat, per sempre, a l'illa

La Conselleria de Comerç va detectar més de vuit-centes denominacions que orbitaven sobre el topònim. Aquella llista, llarguíssima, era un autèntic calaix de sastre. Hi havia ulleres de sol, botes per a la neu, fundes per a portàtils, barques salvavides, bicicletes plegables, pestanyes postisses i, fins i tot, màquines de bombolles per a festes. Fins i tot paquets de tabac ros. I, gairebé tot, de fora. Només una quarta part de les marques pertanyien a empreses amb seu social a l’illa.

La Conselleria de Comerç va detectar més de 800 denominacions que pivotaven sobre el topònim Eivissa: hi havia ulleres de sol, botes per a la neu, fundes per a portàtils, bots salvavides, bicicletes plegables, pestanyes postisses, màquines de bombolles per a festes i fins a paquets de tabac ros

La resurrecció del Pereyra

“La marca Ibiza Hippie Heaven està registrada des del 2022, a nom d’InmoSirenis, S.L. No vam tenir oposició al seu registre per part de cap entitat pública. Tenim entès que el Consell no s’oposa a la utilització del topònim Ibiza si l’empresa que sol·licita el registre està radicada a l’illa i el producte o servei ofert no en danya la imatge”. L’explicació, per correu electrònic, la dóna Sirenis Hotels & Resorts: fins fa uns mesos, l’empresa que havia confiat a Nacho Cano la direcció de l’apartat artístic del Pereyra. Fou breu la relació entre el madrileny i aquest teatre d’arquitectura colonial que ressuscitava després de quatre dècades d’abandonament gràcies a una reforma –impecable– valorada en 17 milions d’euros. Encara que el seu fitxatge s’anuncià el 2022, quan es va registrar la marca Ibiza Hippie Heaven, la seva implicació en el dia a dia del recinte amb prou feines es reduí a un estiu. El passat.

“Volem fer alguna cosa un poc diferent, ni millor ni pitjor. Cap teatre manté sempre la mateixa oferta. (...) Tenim diferents visions sobre el futur. Ell està immers en projectes internacionals que esper que li vagin molt bé”, explicà, al març, Pedro Matutes Barceló. Amb aquestes declaracions a les pàgines de Diario de Ibiza, el director general de Sirenis –i màxim valedor de la resurrecció d’un teatre inaugurat el 1897: és besnét d’un dels seus fundadors– evitava oferir raons concretes sobre la ruptura professional amb Nacho Cano. Era un secret a veus, tanmateix, que el cost del sopar-espectacle que havien produït durant mesos per programar-lo a la temporada resultava massa alt per al que podia recaptar un espai que, a l’hivern, ha combinat tardeos amb recitals d’òpera o música de cambra.

En plena campanya turística, a més, el director artístic del teatre ocupà titulars quan Leslie Guadalupe Ochoca, una de les becàries que treballaven al musical Malinche, l’acusà “d’afavorir la immigració il·legal”, una causa que ha estat arxivada per l’Audiència Provincial de Madrid. Ara, des de la cadena hotelera (quatre hotels de quatre estrelles a Eivissa, cinc de cinc estrelles al Carib) es neguen a valorar els plans del madrileny d’endur-se el projecte que no tengué continuïtat a l’illa fins a la Plaza del Callao. elDiario.es es posà en contacte amb el cap de premsa de Nacho Cano per obtenir la seua versió de la història, però no hi hagué declaracions.

Leslie Guadalupe Ochoca, una de les becàries que treballaven en el musical Malinche, va acusar a Nacho Cano “d'afavorir la immigració il·legal”, una causa que ha estat arxivada per l'Audiència Provincial de Madrid

Sospitós semblant entre els dos espectacles

“Volem fer alguna cosa un poc diferent, ni millor ni pitjor. Cap teatre manté sempre la mateixa oferta. (...) Tenim diferents visions sobre el futur. Ell està immers en projectes internacionals que esper que li vagin molt bé”, explicà, al març, Pedro Matutes Barceló. Amb aquestes declaracions a les pàgines de Diario de Ibiza, el director general de Sirenis –i màxim valedor de la resurrecció d’un teatre inaugurat el 1897: és besnét d’un dels seus fundadors– evitava oferir raons concretes sobre la ruptura professional amb Nacho Cano. Era un secret a veus, tanmateix, que el cost del sopar-espectacle que havien produït durant mesos per programar-lo a la temporada resultava massa alt per al que podia recaptar un espai que, a l’hivern, ha combinat tardeos amb recitals d’òpera o música de cambra.

En plena campanya turística, a més, el director artístic del teatre ocupà titulars quan Leslie Guadalupe Ochoca, una de les becàries que treballaven al musical Malinche, l’acusà “d’afavorir la immigració il·legal”, una causa que ha estat arxivada per l’Audiència Provincial de Madrid. Ara, des de la cadena hotelera (quatre hotels de quatre estrelles a Eivissa, cinc de cinc estrelles al Carib) es neguen a valorar els plans del madrileny d’endur-se el projecte que no tengué continuïtat a l’illa fins a la Plaza del Callao. elDiario.es es posà en contacte amb el cap de premsa de Nacho Cano per obtenir la seua versió de la història, però no hi hagué declaracions.

Perquè Ibiza Paradise s’assembla molt a Ibiza Hippie Heaven, que es promocionava així: “Una experiència amb la música en directe com a fil conductor que transportarà els assistents a través del temps amb l’arribada dels hippies a l’illa a finals dels anys 60”. De retorn al web del nou projecte –que també promet “autenticitat”, “llibertat”, “amor”, “esperit lliure”–, a la pestanya “experiència” s’hi llegeix: “Aquest espectacle amb sopar en viu combina la màgia de l’espectacle en directe amb una experiència sensorial única d’aproximadament dues hores de durada. Cada funció transporta el públic a un univers immersiu on convergeixen història, música, ball i una atmosfera vibrant, dissenyada acuradament per evocar l’esperit lliure i l’essència de l’Eivissa dels anys 70”.

La columna del text té a l’esquerra un pòster –un home amb una guitarra enfundada passeja sota l’edifici Carrión, el que té a la terrassa aquell anunci de Schweppes d’on quedaren penjats Álex Angulo i Santiago Segura a El día de la bestia– que vol arrodonir la idea: allò eivissenc al moll de l’os madrileny. Això sí, a un preu força més econòmic. Si el sopar al Pereyra costava 250 euros, als Cines Callao oscil·larà entre 60 i 90.

“Eivissa encara conserva aquell halo que et permet ser tu mateix”. Així titulava la Guia Repsol una entrevista amb Nacho Cano, publicada el 30 de març de 2023. A la foto principal, mentre mira a l’infinit sobre uns penya-segats situats a la costa nord d’Eivissa, el teclista apareix –fins i tot en interiors– amb unes ulleres d’aviador que només es traurà en un parell de les nou imatges en què el retraten als seus llocs preferits de l’illa. Al text explica que hi arribà als vuitanta –per tocar al KU amb Mecano–, mitifica la llibertat individual que atorga “l’halo hippie”. Critica “el turisme massiu que arrasa allà on passa” (alhora que lloa els hotels de luxe que “ja tenen un intent de respecte per l’entorn, de molestar el menys possible la natura”).

Eleva l’illa a l’alçada de “Londres i Nova York” com les tres capitals d’un “cosmopolitisme” que defensa aferrissadament: “Això és patent en el fet que la majoria dels negocis els regenta gent de fora. A mi que les persones es desenvolupin i vulguin viure millor, que creïn riquesa, la comparteixin i l’estimulin, si és en un ambient de creativitat i excel·lència, em sembla fantàstic”. Allò eivissenc queda reduït a un parell de negocis centenaris en un “paradís a dos hores en avió de París o Amsterdam” del qual Nacho Cano valora “la mar sense taurons”, tan propera a ca seua que, des d’una terrassa que podria passar per la torreta de vigilància del Pequod de Moby Dick, ha arribat “a albirar balenes”.

L’amic eivissenc de Díaz Ayuso

Tres mesos després de creuar-li una banda vermella sobre el pit i imposar-li la Gran Creu de l’Orde del Dos de Maig, una de les distincions més importants que atorga la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso visità la casa eivissenca de Nacho Cano. L’amistat que els uneix es féu palesa en aquella cerimònia oficial: el cantant digué, just abans de treure’s la banda i passar-la pel coll de la política: “Els meus amics d’Austràlia, de Nova York, de Londres em cridaven: escolta, Nacho, què passa, Madrid és un miracle, estan oberts els teatres! Quin és el nom d’aquest miracle? Aquest miracle té cames, cap i cor perquè totes aquestes famílies han pogut continuar donant art, i donant cultura i donant il·lusió, que sense això tampoc no hi ha vida. (...) La medalla de l’art i la cultura, per ser tan valenta i tan bona presidenta, enguany te la mereixes tu”.

Tots dos anaven emmascarats. Era la primavera de 2021. En aquell maig madrileny, la covid-19 deixà 3.891 morts, segons dades de l’INE. Tres anys després, Ayuso no faltà, al Pereyra, a l’estrena d’Ibiza Hippie Heaven. El proper 12 de setembre, divendres, Nacho Cano estrenarà –hi haurà dos passis– la resurrecció capitalina de l’espectacle que no va funcionar entre els eivissencs. En principi, amb el nom de l’illa imprès a les entrades. Sempre que des de Brussel·les no donin abans la raó al Consell d’Eivissa.

Al teclear ibizaparadisebynachocano.com en el navegador aparecen planos de un cantante –gafas ahumadas, melena alborotada, chaqueta blanca con el pecho al descubierto– y un cuerpo de baile, que alza los brazos, agita el culo. Al fondo, una pantalla. Y en la pantalla, una muchedumbre dentro de un escenario urbano muy reconocible. Cintas en el pelo, camisetas psicodélicas y chalecos: aunque estén colocados en formación de manifa, ese vídeo dentro del vídeo parece una fiesta flower power celebrándose en el corazón de Madrid, en la Gran Vía. Ese ambiente está resumido en la información sobreimpresionada: “A partir del 12 de septiembre. Madrid, Cines Callao. La auténtica esencia hippie y el espíritu libre de Ibiza. Música y baile. Cena. Artes visuales. Show en inglés con subtítulos en español. Comprar ahora”.

El espectáculo vive su campaña promocional antes de la primera función. Y, sin embargo, tiene un problema. No pequeño. Su nombre está en el alambre: el Consell d’Eivissa ha impugnado ante los tribunales de la Unión Europea la marca que Ignacio Cano Martín –quien fuera la tercera parte de Mecano es, ya lo dice el nombre, el promotor de esta iniciativa– registró en Bruselas hace unos meses. ¿El motivo? “Siempre se impugnan las marcas que tengan Ibiza como nombre. Se ha solicitado la nulidad. Estamos pendientes de en qué queda al final”, explican desde la institución insular.

Siempre se impugnan las marcas que tengan Ibiza como nombre. Se ha solicitado la nulidad. Estamos pendientes de en qué queda al final

Consell de Eivissa

Consulpi es el despacho especializado en cuestiones de propiedad industrial con el que trabaja el Consell para estos asuntos. Periódicamente, explican desde esta agencia con homologación oficial, rastrean los registros españoles y europeos para comprobar si han aparecido nuevas marcas susceptibles de ser impugnadas. En los últimos meses han tenido trabajo. En marzo comprobaron que Nacho Cano había registrado dos marcas para su fiesta. Entonces, Consulpi remitió a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea “un escrito de observaciones”. En mayo y junio, el artista y promotor recibió sendos vistos buenos. Tras esa noticia, el 25 de julio, Consulpi reclamó la nulidad, ampliando las alegaciones. Ahora toca esperar la resolución.

Ibiza Paradise by Nacho Cano e Ibiza Paradise (a secas) no son las únicas impugnaciones que ha realizado contra denominaciones o productos que utilicen el topónimo oficioso de la isla, su marca turística. Además de los dos registros ideados por el compositor de La fuerza del destino, también se ha reclamado la nulidad de Godbless Ibiza, Moshka Ibiza, Thicc. The Ibiza Clothing Company e Ibiza Fashion TV. Tres marcas de ropa y un medio digital especializado en moda y tendencias. Desde el Consell precisan que esas marcas, en cambio, están registradas en España.

Ibiza Paradise by Nacho Cano e Ibiza Paradise (a secas) no son las únicas impugnaciones que ha realizado [Consulpi] contra denominaciones o productos que utilicen el topónimo oficioso de la isla, su marca turística. También se ha reclamado la nulidad de Godbless Ibiza, Moshka Ibiza, Thicc. The Ibiza Clothing Company e Ibiza Fashion TV

Un topónimo conocido en todo el mundo

Sigue habiendo emprendedores ávidos de repetir la jugada del Ibiza, el utilitario que, a mediados de los ochenta, salvó a SEAT de la quiebra técnica: a cambio de 825.000 pesetas los concesionarios vendieron más de un millón de unidades de un coche que quedó asociado, por siempre, a la isla. Pasaron las décadas y con la expansión de internet, aprovecharse de la fama de la isla para vender un producto fabricado en Cuenca o Vladivostok empezó a parecer sencillo. En 2013 –como reflejó el periódico Noudiari–, el Consell d’Eivissa –también gobernado entonces con mayoría absoluta por el Partido Popular– dio muestras, de forma pública, de su preocupación: Ibiza era una palabra que aparecía en demasiados bautizos comerciales.

Sigue habiendo emprendedores ávidos de repetir la jugada del Ibiza, el utilitario que, a mediados de los ochenta, salvó a SEAT de la quiebra técnica: a cambio de 825.000 pesetas los concesionarios vendieron más de un millón de unidades de un coche que quedó asociado, por siempre, a la isla

La Conselleria de Comerç detectó más de ochocientas denominaciones que pivotaban sobre el topónimo. Esa lista, larguísima, era un cambalache. Había gafas de sol, botas para la nieve, fundas para portátiles, balsas salvavidas, bicicletas plegables, pestañas postizas e, incluso, máquinas de burbujas para fiestas. Hasta cajetillas de tabaco rubio. Y, casi todo, de fuera. Apenas la cuarta parte de las marcas pertenecían a empresas con sede social en la isla.

La Conselleria de Comerç detectó más de 800 denominaciones que pivotaban sobre el topónimo Ibiza: había gafas de sol, botas para la nieve, fundas para portátiles, balsas salvavidas, bicicletas plegables, pestañas postizas, máquinas de burbujas para fiestas y hasta cajetillas de tabaco rubio

La resurrección del Pereyra

“La marca Ibiza Hippie Heaven está registrada desde 2022, a nombre de InmoSirenis, S.L. No tuvimos oposición a su registro por parte de ninguna entidad pública. Tenemos entendido que el Consell no se opone a la utilización del topónimo Ibiza si la empresa que solicita el registro está radicada en la isla y el producto o servicio ofrecido no daña su imagen”. La explicación, por correo electrónico, la brinda Sirenis Hotels & Resorts: hasta hace unos meses, la empresa que había confiado en Nacho Cano para dirigir el apartado artístico del Pereyra. Fue breve la relación entre el madrileño y este teatro de arquitectura colonial que resucitaba después de cuatro décadas de abandono tras una reforma –impecable– valorada en 17 millones de euros. Aunque su fichaje se anunció en 2022, cuando se registró la marca Ibiza Hippie Heaven, su implicación en el día a día del recinto apenas se redujo a un verano. El pasado.

“Queremos hacer algo un poco diferente, ni mejor ni peor. Ningún teatro mantiene siempre la misma oferta. (...) Tenemos diferentes visiones sobre el futuro. Está inmerso en proyectos internacionales que espero que le vayan muy bien”, explicó, en marzo, Pedro Matutes Barceló. Con estas declaraciones en las páginas de Diario de Ibiza, el director general de Sirenis –y máximo valedor de la resurrección de un teatro inaugurado en 1897: es bisnieto de uno de sus fundadores– evitaba dar razones concretas sobre la ruptura profesional con Nacho Cano. Era un secreto a voces, sin embargo, que el coste de la cena-espectáculo que habían producido durante meses para programarla durante la temporada resultaba demasiado alto para lo que podía recaudar un espacio que, en invierno, ha combinado tardeos con recitales de ópera o música de cámara.

En mitad de la campaña turística, además, el director artístico del teatro ocupó titulares cuando Leslie Guadalupe Ochoca, una de las becarias que trabajaban en el musical Malinche, lo acusó “de favorecer la inmigración ilegal”, una causa que ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora, desde la hotelera (cuatro hoteles de cuatro estrellas en Eivissa, cinco de cinco estrellas en el Caribe) rehúsan valorar el plan del madrileño de llevarse la idea que no tuvo continuidad en la isla hasta la Plaza del Callao. elDiario.es se puso en contacto con el jefe de prensa de Nacho Cano para obtener su versión de la historia, pero no hubo declaraciones.

Leslie Guadalupe Ochoca, una de las becarias que trabajaban en el musical Malinche, acusó a Nacho Cano “de favorecer la inmigración ilegal”, una causa que ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Madrid

Sospechoso parecido entre los dos espectáculos

Porque Ibiza Paradise se parece mucho a Ibiza Hippie Heaven, que se promocionaba así: “Una experiencia con la música en vivo como hilo argumental que transportará a los asistentes a través del tiempo con la llegada de los hippies a la isla a finales de los años 60”.De regreso a la web del nuevo proyecto –que también promete “autenticidad”, “libertad”, “amor”, “espíritu libre”, en la pestaña “experiencia” se lee: “Este espectáculo con cena en vivo, combina la magia del espectáculo en vivo con una experiencia sensorial única de aproximadamente dos horas de duración. Cada función transporta al público a un universo envolvente donde convergen historia, música, baile y una atmósfera vibrante, cuidadosamente diseñada para evocar el espíritu libre y la esencia de la Ibiza de los años 70”.

La columna del texto tiene a su izquierda un póster –un tipo con una guitarra enfundada pasea bajo el edificio Carrión, el que tiene en la azotea aquel anuncio de Schweppes del que se quedaron colgando Álex Angulo y Santiago Segura en El día de la bestia– que quiere redondear la idea: lo ibicenco en el meollo madrileño. Eso sí, a un precio bastante más económico. Si la cena en el Pereyra costaba 250 euros, en los Cines Callaos oscilará entre 60 y 90.

“Ibiza todavía conserva ese halo que te permite ser tú mismo”. Así titulaba la Guía Repsol una entrevista con Nacho Cano, publicada el 30 de marzo de 2023. En la foto principal, mientras mira al infinito sobre unos acantilados situados en la costa norte de Eivissa, el teclista aparece –incluso en interiores– con unas gafas de aviador que tan solo se quitará en un par de las nueve imágenes en las que lo retratan en sus lugares favoritos de la isla. En el texto explica que llegó en los ochenta –para tocar en KU con Mecano–, mitifica la libertad individual que otorga “el halo hippie”. Critica “el turismo masivo que arrasa por donde pasa” (a la vez que alaba los hoteles de lujo que “tienen ya un intento de respeto por el entorno, de fastidiar lo menos posible a la naturaleza”).

Eleva a la isla a la altura de “Londres y Nueva York” como las tres capitales de un “cosmopolitismo” que defiende a capa y espada: “Eso es patente en el hecho de que la mayoría de los negocios los regentan gente de fuera. A mí que las personas se desarrollen y quieran vivir mejor, que creen riqueza, la compartan y la estimulen, si es en un ambiente de creatividad y excelencia, me parece fantástico”. Lo ibicenco queda reducido a un par de negocios centenarios en un “paraíso a dos horas en avión de París o Ámsterdam” del que Nacho Cano valora “el mar sin tiburones”, tan cercano a su domicilio que, desde una terraza que podría pasar por la torre de vigía del Pequod de Moby Dick, ha llegado “a avistar ballenas”.

El amigo ibicenco de Díaz Ayuso

Tres meses después de cruzarle una banda roja sobre el pecho e imponerle la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, una de las distinciones más importantes que otorga la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso visitó la casa ibicenca de Nacho Cano. La amistad que les une se hizo patente en aquella ceremonia oficial: el cantante dijo, justo antes de quitarse la banda y ponérsela a la política: “Mis amigos de Australia, de Nueva York, de Londres me llamaban: oye, Nacho, ¡qué pasa, Madrid es un milagro, están abiertos los teatros! ¿Cuál es el nombre de ese milagro? Ese milagro tiene piernas, cabeza y corazón porque todas esas familias han podido seguir dando arte, y dando cultura y dando ilusión, que sin eso tampoco hay vida. (...) La medalla del arte y la cultura, por ser tan valiente y tan buena presidenta, este año te la mereces tú”.

Ambos iban enmascarados. Era la primavera de 2021. En aquel mayo madrileño, el covid-19 dejó 3.891 muertos, según datos del INE. Tres años después, Ayuso no faltó, en el Pereyra, al estreno de Ibiza Hippie Heaven. El próximo 12 de septiembre, viernes, Nacho Cano estrenará –habrá dos pases– la resurrección capitalina del espectáculo que no funcionó entre los ibicencos. En principio, con el nombre de la isla impreso en los billetes. Siempre que desde Bruselas no le den la razón antes al Consell d’Eivissa.

El grupo Los Inhumanos lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios después de nacer en los años 80 al calor de la efervescencia cultural valenciana. Con éxitos como Me duele la cara de ser tan guapo, esta multitudinaria banda se define como un “mito de la música pop”. Pero su biografía oficial también alerta de quienes “mienten como bellacos” para hacerse pasar por miembros originales del grupo. Los tribunales acaban de zanjar la guerra abierta que la banda mantenía desde hace años con Santi Sánchez, antiguo miembro del grupo, que acusaba a sus compañeros de difamarle por seguir su carrera como 'Capitán Inhumano' en conciertos, fiestas y verbenas. Las críticas de Los Inhumanos a su antiguo corista, dicen los jueces, están amparadas por la libertad de expresión, aunque Sánchez cuenta con un aval judicial que le permite actuar bajo esa denominación.

Los Inhumanos nacieron en El Saler en 1980 y llegaron a hacerse con varios discos de platino, dejando tras de sí una estela de himnos del pop español más ligero y desenfadado como Me duele la cara de ser tan guapo y otros explicando a España lo difícil que era mantener relaciones sexuales en un pequeño Simca 1000. Uno de sus miembros intermitentes, Santi Sánchez, echó a volar en solitario con La Banda del Capitán Canalla y, posteriormente, como Capitán Inhumano. Giras, conciertos, festivales y enaltecimiento de la nostalgia que levantaron ampollas con sus antiguos compañeros.

La primera pelea legal fue hace 15 años y terminó con victoria para el 'Capitán Inhumano'. Un juzgado de lo mercantil de València, tal y como confirmó posteriormente la Audiencia Provincial, reconoció que había sido un miembro oficial de Los Inhumanos y que, por tanto, podía presentarse como Capitán Inhumano en sus actuaciones.

Algunos de sus antiguos compañeros, que con Los Inhumanos celebran ahora sus 45 años de vida profesional sobre los escenarios, empezaron a alertar públicamente de lo que consideraban un “sucedáneo” del grupo original. Los ejemplos son múltiples, uno de ellos el año pasado cuando Capitán Inhumano y su banda fueron contratados para actuar en O Son de Vilanova, festival gallego con vocación de aquelarre nostálgico. “Los componentes de este sucedáneo no tienen nada que ver con nosotros”, dijo un portavoz del grupo a La Voz de Galicia.

Esas quejas de Los Inhumanos no fueron ni las únicas ni las más graves contra su antiguo compañero y Santi Sánchez decidió acudir a los tribunales. Por comentarios “desproporcionados y vejatorios” contra él, antiguo miembro del grupo, por referirse a él como un “grupo de imitación” de Los Inhumanos originales, copiando su vestuario y sus canciones. Él siempre ha defendido que, como antiguo miembro del grupo, tenía derecho a plasmar esa parte de su trayectoria en sus shows como Capitán Inhumano.

El pleito de honor entre el cantante y Los Inhumanos se desarrolló en los tribunales de Guadalajara, que finalmente han dado la razón a Los Inhumanos frente a su antiguo miembro. Las críticas que han hecho contra él, en declaraciones públicas y también a través de internet, surgen “en el marco de un conflicto previo entre las partes” y es una “crítica profesional” legítima, según la Audiencia Provincial. Los Inhumanos, a la hora de cargar contra Capitán Inhumano, no han usado “expresiones injuriosas o ultrajantes que excedan de los límites referidos de la libertad de expresión”.

“Una simulación del grupo original”

La sentencia refleja alguna de las expresiones que este grupo de letras ácidas empleó contra su antiguo miembro. “Una mala copia de Los Inhumanos”; “penosos karaokes”; “imitaciones, copias baratas”. Todo esto, según la Audiencia de Guadalajara, no son expresiones “vejatorias”. La sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Todo era una “crítica profesional”, dicen los jueces. El Capitán Inhumano y su banda, reconoce la sentencia que ha podido examinar elDiario.es, puede usar ese nombre, llevar túnicas como el grupo y tocar algunas de sus canciones porque eso “no invade el derecho de marca del grupo”, tal y como reconocieron los tribunales valencianos allá por 2010. Pero las críticas de sus antiguos compañeros no vulneraron su derecho al honor.

“No puede impedir que Los Inhumanos, dentro de su derecho a la libertad de expresión, aclaren y precisen cuál fue su condición como miembro del grupo para evitar confusiones entre los contratantes y el público”, explica esta resolución. Santi Sánchez, conocido como Capitán Inhumano, “no puede negar que son dos grupos distintos y que él no forma parte integrante de Los Inhumanos, por lo que si reproduce sus canciones es evidente que hace una simulación del grupo original”.

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y está suponiendo un desafío en muchos frentes. Uno de ellos, el normativo. La Unión Europea aprobó la primera ley para regular el uso de la IA, pero tratándose de un sector en continua evolución, hay aspectos que tienen que ir incorporándose a las leyes sobre la marcha. Uno de los grandes debates tiene que ver con la gestión del derecho a la propiedad intelectual de los contenidos que se emplean para los modelos de IA generativa, ya que en juego están cientos de millones. La discusión también existe en EEUU, donde Donald Trump, que ha cargado contra la “regulación excesiva” europea, acaba de revolucionar la oficina pública de copyright. 

La última batalla en el seno de la UE se está produciendo con el desarrollo del reglamento de la Inteligencia Artificial que se acordó hace ya meses. Como parte de esa nueva regulación, la Comisión Europea está trabajando, junto a la Oficina Europea de IA, en un código de buenas prácticas para los proveedores de IA de propósito general. A pesar de que seguirlo será voluntario, los borradores que por ahora ha elaborado Bruselas se han descafeinado respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual de los creadores en pleno ataque a la normativa europea por parte de la Administración Trump, que se ha alineado con los intereses de los grandes gigantes tecnológicos.

El gobierno comunitario ha presentado por ahora tres borradores a los estados miembros, pero la aprobación, que tenía como plazo límite el 2 de mayo, se ha retrasado sin fecha, aunque la intención es tenerlo listo el 2 de agosto, que es la fecha en la que entran en vigor las normas de gobernanza y las obligaciones relativas a los modelos de uso general (GPAI), como el ChatGPT de OpenAI. Su dueño, Sam Altman, fue uno de los asistentes a la ceremonia de proclamación de Trump, de quien ha dicho que “será increíble para el país”. 

España y Portugal han liderado la ofensiva en Bruselas contra la rebaja de la ambición del código de buenas prácticas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, envió una carta a la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, y al Comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deportes, Glenn Micallef, en la que mostraba su “desaprobación” a la propuesta. “Las obligaciones de los proveedores de sistemas de Inteligencia Artificial se reducen a meros ‘esfuerzos razonables’. En este sentido, cumplir con los requisitos se convertiría en algo voluntario, socavando el respeto a la ley de propiedad intelectual”, señalaba Urtasun. Su homólogo luso también envió una misiva en términos similares. 

13 asociaciones europeas de escritores, compositores, directores, guionistas o periodistas, entre otros, aplaudieron la iniciativa de España y Portugal. “Es el momento de que la UE considere el impacto de la IA en la diversidad cultural europea y la libertad artística”, señalaron en un comunicado conjunto. 

Bruselas no respondió a la carta de los ministros español y luso, pero la dilación en la presentación del código de buenas prácticas es una señal de que toma nota, según Urtasun. España y Portugal, junto a Italia y Hungría, mantuvieron el tema vivo al proponer un debate en la reunión de los ministros de la UE este martes. “Desvirtuaba los principios fundamentales del reglamento, tenemos un gran objetivo como Gobierno que es la defensa de la creación frente a la emergencia de la IA, la defensa de los derechos de autor y creemos que el código de conducta no iba en esa línea”, afirmó Urtasun a su llegada a la reunión.

“Los modelos de IA de uso general suponen un desafío estructural para las políticas culturales europeas. Su adopción masiva puede afectar a los equilibrios del ecosistema creativo poniendo en cuestión los derechos fundamentales en particular los derechos de autor”, dijo el representante portugués. Urtasun defendió “tres pilares”: “El derecho de los autores a decidir si sus obras pueden ser utilizadas o no para entrenar modelos de IA, una remuneración justa que redistribuya los beneficios generados por la tecnología y un sistema de transparencia real y verificable que permita rastrear qué contenidos se usan, cómo y con qué finalidad”.

Además de Italia y Hungría, la posición fue secundada por Francia, donde ha habido un fuerte debate en el seno del Gobierno; Alemania, que puso el énfasis en la necesidad de dar garantías a las pymes; Eslovenia, Dinamarca, Lituania, Estonia, Finlandia, Grecia, Chipre y Croacia. 

El comisario de Cultura aseguró que la norma europea obliga a los proveedores de IA a “cumplir la legislación de derechos de autor”. “La oficina de IA va a supervisar su correcta aplicación”, apuntó. Sin embargo, los recelos son generalizados en los estados miembros y en el sector cultural. 

El próximo martes se desplazarán a Bruselas representantes de los autores europeos, entre ellos la SGAE, para presionar a la Comisión Europea. “Un objetivo clave de la Ley de IA es dotar a los autores, artistas, intérpretes de obras de arte y otros titulares de derechos de herramientas para ejercitar y hacer valer sus derechos, exigiendo a los proveedores de IA que implementen medidas para cumplir la legislación de la UE en materia de derechos de autor y proporcionar un resumen suficientemente detallado del contenido introducido y utilizado para el entrenamiento”, señala Adriana Moscoso, directora general de la Agrupación Europea de Autores y Compositores (GESAC), que apunta a que el borrador del Código de Buenas Prácticas supone un “un paso atrás”: “Crea incertidumbre jurídica, malinterpreta la legislación de la UE en materia de los derechos de autor y recorta las obligaciones establecidas en la propia ley”.

Los relevos de Trump

El debate no es exclusivo de la UE y también está a la orden del día al otro lado del Atlántico. La Oficina de Copyright de EEUU emitió un informe el pasado viernes en el que plantea dudas sobre el encaje legal de los modelos de entrenamiento de la IA respecto al respeto a los derechos de autor. Apenas 24 horas después de publicar ese texto, que exponía preocupaciones al respecto, Trump cesó a la directora, Shira Perlmutter.

El representante Joe Morelle, principal demócrata de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, que supervisa la Biblioteca del Congreso, a la que está adscrita la Oficina de Copyright, vinculó ambos hechos: “No es coincidencia que [Trump] actuara menos de un día después de que [Perlmutter] se negara a aprobar los esfuerzos de Elon Musk por extraer trozos de obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de inteligencia artificial”, recoge Politico. 

Y es que Musk es uno de los magnates de las tecnológicas que está susurrando al oído a Trump para intentar que la legislación favorezca los intereses de sus empresas. Con los aranceles no le ha funcionado, al menos por ahora, pero la batalla de las ‘Big Tech’ continúa. 

La abogada M. C. dimitió el pasado 3 de abril como presidenta del Instituto Autor, un centro de estudios fundado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y dedicado al estudio, análisis y divulgación de la propiedad intelectual. La Junta Directiva del Instituto, formada por miembros de SGAE y Fundación SGAE, la había designado en junio de 2020, dos meses después de la llegada de Antonio Onetti a la presidencia de la SGAE. Su dimisión llegó, tal como ha confirmado elDiario.es, tras una investigación interna por acoso laboral.

Según ha podido conocer este medio, una empleada del Instituto Autor presentó hace unas semanas una demanda laboral sobre tutela de derechos fundamentales y reclamación de daños y perjuicios ante los Juzgados de los Social de Madrid. La demanda, por discriminación y acoso laboral, está dirigida no solo contra el Instituto Autor sino también contra la SGAE, Fundación SGAE y la propia M.C. La trabajadora se encuentra de baja médica desde noviembre y ha recibido tratamiento psicológico y psiquiátrico. Según explica su abogada a elDiario.es, ya estuvo en tratamiento durante los años 2022 y 2023 por los mismos motivos. El juicio está previsto para este verano.

Fuentes de la SGAE consultadas por elDiario.es afirman desconocer los motivos de la dimisión de la expresidenta. Este medio se ha puesto en contacto con M.C. para conocer sus motivos. La jurista explica que se debe a que se generó “un conflicto laboral” tras la decisión de los órganos rectores del Instituto Autor de “realizar un cambio de organización” que afectaba a una de las empleadas. 

La jurista defiende su actuación y su trabajo al frente del Instituto. Afirma que es “absolutamente falso” que este conflicto laboral esté relacionado “con cuestiones de sexo o maternidad”, en alusión a la demanda judicial que ha hecho que la SGAE activara el protocolo antiacoso. “Me duele especialmente este enfoque, puesto que llevo décadas luchando por los derechos de las mujeres e intentando abrir camino para las que vengan detrás”, añade, y señala que todas las empleadas del Instituto Autor y de su despacho jurídico son mujeres. “Dimití porque necesitaba defenderme”, ha explicado la jurista a elDiario.es; algo que quería hacer “como una simple persona” y no como la presidenta del Instituto Autor.

SGAE activó su protocolo antiacoso laboral

La Sociedad de Autores explica que, cuando recibió la notificación de la demanda de esta empleada, consultó a su Compliance Officer —el ejecutivo que vigila que la organización cumpla con la normativa legal— si podía activar el propio protocolo antiacoso de la SGAE, ya que el Instituto Autor carece de él. Este instituto es una asociación cultural independiente que recibe fondos de SGAE y Fundación SGAE.

Tras esa consulta, SGAE recibió el consejo de activar el protocolo y que este fuera encargado a una entidad independiente. Así lo hizo, de manera que encargó a un conocido despacho de abogados realizar una investigación que valorase el clima laboral en el Instituto Autor.

No obstante, la expresidenta del Instituto Autor presentó el pasado 10 de abril, días después de su dimisión, una denuncia ante la Comisión de Supervisión de SGAE para solicitar “una investigación sobre el supuesto ‘protocolo de acoso’ que se ha aplicado” en relación con su denuncia.

Salida de Mar Delgado del Instituto Autor

La demandante no es la primera trabajadora que expresa su descontento con el ambiente de trabajo en el Instituto Autor en los últimos años. Mar Delgado, tras 16 años de trabajo en el Instituto, puso en conocimiento de la dirección y de la presidencia de la SGAE, mediante un correo electrónico, su malestar.

En conversación con elDiario.es, Delgado expresa quejas como “llamadas fuera del horario laboral”, “trato despótico” y su preocupación por una posible pérdida de su jornada reducida, una medida de conciliación que había obtenido tiempo atrás. Tras su queja, la salida de esta extrabajadora de la institución se resolvió con un despido improcedente. La expresidenta ha declinado hacer declaraciones sobre esta extrabajadora.

Mar Delgado no solo había pasado la mayor parte de su vida laboral ligada a esta entidad, sino que su padre, el fallecido jurista Antonio Delgado —uno de los principales redactores de la Ley de Propiedad Intelectual—, fue el fundador del Instituto Autor en el año 2005. El premio que anualmente concede el Instituto, con el objetivo de fomentar y reconocer la realización de estudios de investigación sobre cuestiones relacionadas con el derecho de autor, lleva el nombre de su padre.

Reconocido prestigio en el mundo de la propiedad intelectual

M. C. es una abogada licenciada en Derecho por ICADE y en ejercicio desde 1990. Está al frente de un despacho jurídico con el que tiene experiencia en defender a la SGAE y también a otras entidades de gestión colectiva de derechos como AIE y AGEDI, en diferentes litigios relacionados con la propiedad intelectual, en particular por comunicación pública de obras sin autorización en establecimientos comerciales. Además, es secretaría del Patronato de la Academia de las Artes Escénicas.

Según los Estatutos del Instituto Autor, la presidencia la ostenta “un jurista de reconocido prestigio en el sector de la propiedad intelectual”. En los últimos años, M.C. ha participado con conferencias en jornadas públicas sobre este tema, como en el Colegio de la Abogacía de Madrid, en Fundación SGAE, en la Academia de Televisión o la Feria del Libro.

Las actividades del Instituto Autor están orientadas al estudio y la investigación de los derechos de los autores, con especial atención al desarrollo y la mejora de normativas. Según señalan en el resumen de su memoria anual, en 2024 realizaron actividades tales como un congreso sobre inteligencia artificial y la aportación de una respuesta al Ministerio de Cultura durante el periodo de consultas sobre el proyecto de real decreto que pretende regular la concesión de licencias para el entrenamiento de las IA. Un proyecto que fue retirado tras evidenciarse la oposición de los artistas.

La cantante Rosalía inició hace casi cuatro años una batalla legal contra una firma de joyería, bisutería y marroquinería búlgara que inició sus operaciones en 2016 bajo el nombre 'Rozaliya jewelry for enlightenment'. La artista solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) la caducidad de esa marca con el pretexto de no había tenido actividad en el periodo de cinco años que estipula la legislación comunitaria. Sin embargo, la entidad rechazó parcialmente su solicitud y ahora el Tribunal General de la UE (TGUE) desestima el recurso de la catalana contra esa decisión.

La EUIPO declaró en 2022 la caducidad de la marca para el grueso de productos para los que había sido registrada al entender que en los últimos cinco años no había sido utilizada para los mismos, pero no para la parte de joyería y bisutería. Rosalía recurrió sin éxito esa decisión en 2023. La oficina europea dio por buenas las pruebas aportadas por la empresa titular de la marca al considerar que demostraban su uso efectivo respecto de esos productos.

La artista recurrió entonces a la justicia europea bajo la premisa de que las pruebas aportadas por la compañía no demostraban el uso efectivo de la marca de forma jurídicamente suficiente y apuntaba a errores por parte de la EUIPO a la hora de examinar las facturas relativas a las ventas fuera de la UE.

Sin embargo, el TGUE descarta que hubiera fallos suficientes en esa evaluación como para dar la razón a la catalana. “Si bien admite que, a la hora de determinar el uso efectivo de la marca, la EUIPO no examinó si esta estaba colocada en los productos o en su embalaje, el Tribunal General señala que este error no puede llevar aparejada la nulidad de la resolución impugnada, porque carece de influencia sobre el resultado”, apunta en un comunicado. De hecho, los jueces dicen que la mayoría de las pruebas aportadas por la empresa búlgara demuestran el uso de la marca en territorio de la UE.

“Concretamente, la gran mayoría de las facturas aportadas por Raphael Europe no se refiere a ventas a clientes situados fuera de la Unión, sino a clientes establecidos dentro de ella. Además, teniendo en cuenta que las facturas relativas a productos destinados al Reino Unido datan de un período anterior al 31 de diciembre de 2020, debe considerarse que estaban incluidas entre las ventas en el seno de la Unión”, apunta el tribunal.

Así, el TGUE considera que la oficina no erró y también defiende a la entidad respecto al análisis jurídico de los argumentos esgrimidos por la empresa. “La EUIPO presentó una motivación debidamente justificada que demostraba las razones por las que las pruebas aportadas acreditaban el uso efectivo de la marca respecto de los productos vendidos en el seno de la Unión. Por consiguiente, según el Tribunal General, la EUIPO no se basó en meras presunciones, sino que tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la empresa titular de la marca, incluidas facturas y capturas de pantalla”, zanja.

L'Ajuntament de Porreres (Mallorca) ha acusat la duquessa de Sussex, Meghan Markle, de plagiar l'escut del poble a la seva nova imatge de la marca de productes d'estil de vida 'As Ever', llançada aquesta setmana a Instagram. Una marca independent de roba de Nova York, també anomenada 'As Ever', ha expressat igualment la seva preocupació per la creació del segell de Markle.

El logotip de la nova marca de l'exactriu i esposa del príncep Harry, fill menor del rei Carles III d'Anglaterra, està format per una palmera flanquejada per dues aus i és pràcticament idèntic, encara que amb alguns canvis en colors i detalls, a l'escut de Porreres, un municipi mallorquí de poc més de 5.000 habitants.

“No estem enfadats, només faltaria, però no volem que hi hagi duplicitats amb una imatge històrica”, ha indicat en declaracions a Europa Press l'alcaldessa, Xisca Mora, que no ha amagat la seva sorpresa davant l'enrenou i la curiositat generats pel que ha qualificat com una “coincidència”.

La primer edil ha descartat que el Consistori emprengui accions legals contra l'empresa de l'esposa del príncep Harry, per com resulta de costós i complex per a un ajuntament petit com el de Porreres.

Tot i que sí que pretenen fer arribar a la companyia de la duquessa de Sussex una comunicació traslladant-li la situació per evitar duplicitats amb l'ús d'una imatge històrica i patrimonial com és l'escut del poble.

“Li explicarem d'on prové la història de l'escut, que fa molts anys que l'utilitzem, què és molt antic i què representa perquè, per favor, canviïn la imatge de marca”, ha explicat.

“O almenys que serveixi per promocionar la nostra meravellosa confitura d'albercoc”, fa broma l'alcaldessa, “encantada” amb la publicitat que pugui suposar per al poble i la comarca, lamentant, això sí, que sovint la Intel·ligència Artificial “jugui males passades”.

El Ayuntamiento de Porreres (Mallorca) ha acusado a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, de plagiar el escudo del pueblo en su nueva imagen de la marca de productos de estilo de vida 'As Ever', lanzada esta semana en Instagram. Una marca independiente de ropa de Nueva York, también llamada 'As Ever', ha expresado igualmente su preocupación por la creación del sello de Markle.

El logo de la nueva marca de la exactriz y esposa del príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra, está formado por una palmera flanqueada por dos aves y es prácticamente idéntico, aunque con algunos cambios en colores y detalles, al escudo de Porreres, un municipio mallorquín de poco más de 5.000 habitantes ubicado en la comarca del Pla.

“No estamos enfadados, sólo faltaría, pero no queremos que haya duplicidades con una imagen histórica”, ha indicado en declaraciones a Europa Press la alcaldesa, Xisca Mora, que no ha ocultado su sorpresa ante el alboroto y la curiosidad generados por lo que ha calificado como una “coincidencia”.

La primer edil ha descartado que el Consistorio vaya a emprender acciones legales contra la empresa de la esposa del príncipe Harry, por lo costoso y complejo que resultaría para un ayuntamiento pequeño como el de Porreres.

Aunque sí que pretenden hacer llegar a la compañía de la duquesa de Sussex una comunicación trasladándole la situación para evitar duplicidades con el uso de una imagen histórica y patrimonial como es el escudo del pueblo.

“Le explicaremos de dónde proviene la historia del escudo, que hace muchos años que lo utilizamos, que es muy antiguo y qué representa para que, por favor, cambien su imagen de marca”, ha explicado.

“O por lo menos que sirva para promocionar nuestra maravillosa confitura de albaricoque”, bromea la alcaldesa, “encantada” con la publicidad que pueda suponer para el pueblo y la comarca, lamentando, eso sí, que a menudo la Inteligencia Artificial “juegue malas pasadas”.