Mientras España celebraba al ritmo de 'Naranjito' el Mundial de Fútbol en junio de 1982, el primer gran evento de la vuelta a la democracia, Loli Benito (Torrelavega, 1966) daba a luz a su primera hija en Peñagrande (Madrid), uno de los centros de internamiento más oscuros del Patronato de Protección a la Mujer. La obscena institución creada en 1941 para “reconducir la moral” de mujeres consideradas lejos del camino marcado por la dictadura franquista —y presidida por la esposa de Franco, Carmen Polo— sobrevivió nada más y nada menos que una década a la muerte del dictador, hasta el año 1985.

El Patronato, por el que se dice que pasaron más de 40.000 niñas y mujeres —aunque la destrucción de documentación impide determinar la cifra exacta—, tuvo alrededor de 800 centros repartidos por todo el país, gracias a la colaboración de órdenes religiosas como Las Adoratrices, Las Trinitarias, El Buen Pastor, Las Oblatas o la orden secular de Las Cruzadas Evangélicas —gestoras de Peñagrande—, entre otras. La doctora en Historia Contemporánea Carmen Guillén (Mazarrón, 1988) desglosa en la primera tesis doctoral centrada en el Patronato, y recientemente convertida en el libro Redimir y Adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985), su compleja estructura.

La cántabra Loli Benito reconstruye su historia con elDiario.es y explica que llegó a Peñagrande con solo 13 años, embarazada como consecuencia de los abusos continuados que sufría por parte de su padre, que fue quien la entregó al Tribunal Tutelar de Menores de Cantabria para que se hicieran cargo de ella. Fue su propio progenitor, tras la muerte de su madre por enfermedad, quien volvió a abusar de ella en 1983, durante una visita en la que le permitieron llevarse a la niña fuera del centro unos días. “Jueves, viernes, sábado santo y domingo de Pascua, me acuerdo perfectamente… Me llevó a un hostal, me violó otra vez y me volví a quedar embarazada”, detalla.

Loli Benito llegó a Peñagrande con solo 13 años, embarazada como consecuencia de los abusos continuados que sufría por parte de su padre, que fue quien la entregó al Tribunal Tutelar de Menores de Cantabria para que se hicieran cargo de ella

No fue hasta el año 1984, cuando durante el primer mandato del Gobierno socialista de Felipe González comenzaron a cerrar los centros dependientes del Patronato y a aconsejar a las internas que regresasen a sus lugares de origen. Loli fue trasladada a Santander. “Yo les expliqué que no tenía familia a la que recurrir, pero no me creyeron. Me trajo una trabajadora social en su coche, con mis dos niños”.

Ya en Cantabria, recuerda cómo fue en la Diputación donde le advirtieron: “Tienes dos opciones, te vas tú sola y dejas a los niños o te vas con los niños a la calle”. Porque, según le contaron entonces, “no había ningún centro o albergue donde pudiera estar una mamá con dos niños”. Loli lamenta que con el tiempo supo que eso no era verdad, que en 1985 sí existían recursos de acogida en la región para casos como el suyo.

“Yo no tenía apoyos, no tenía visitas, no tenía nadie… Entonces era muy fácil quitarme a los niños, nadie se iba a quejar”, lamenta. “Me dijeron que me tomara un mes para pensármelo. Pero después me he dado cuenta de que lo que pasaba era que me faltaba un mes para cumplir los 18 años y, claro, yo no podía firmar. En aquel momento, porque yo aún estaba tutelada por el Patronato, era menor de edad. Es decir, que el objetivo era quedarse con los niños. Siempre lo fue”, asegura. Así, en agosto de ese año, una vez cumplida la mayoría de edad, firmó los papeles de entrega en adopción de su hija de tres años y su hijo menor, de apenas uno. “Ya no volví a verlos”, añade.

Yo no tenía apoyos, no tenía visitas, no tenía nadie… Entonces era muy fácil quitarme a los niños, nadie se iba a quejar

Ese periodo en Peñagrande, de 1980 a 1985, marcó para siempre su vida. La rutina de ella y del resto de mujeres con las que convivía consistía en compatibilizar largas jornadas de trabajo en los distintos talleres —confección de sábanas de quirófano para hospitales, edredones y otros productos para El Corte Inglés, Galerías Preciados, Iberia, hoteles o la marca Puma— con la crianza de sus hijos. “Me llegaron a entregar un resguardo del título de Graduado Escolar, pero yo no recibí educación, jamás asistí a ninguna clase”, explica. “Lo hacían simplemente para poder justificar que allí se nos formaba cuando, en realidad, se nos explotaba laboralmente siendo incluso menores”.

Trato diferenciado por clases sociales

Ana Rubio, en cambio, aunque también trabajó duramente en talleres, sí que pudo estudiar auxiliar de enfermería estando en el Patronato. Pertenecía a otra clase social y eso en Peñagrande lo tenían en cuenta. Incluso les separaban por módulos en función de su estatus, o de si eran tuteladas o no. “Depende de dónde vinieras, si tenías dinero o no, te colocaban en un sitio o en otro. Y claro, el trato era diferente”, sostiene. Para la mayoría de niñas recluidas allí, Peñagrande era inmenso, “como el castillo de Drácula”, describe en conversación con este periódico.

Depende de dónde vinieras, si tenías dinero o no, te colocaban en un sitio o en otro. Y claro, el trato era diferente

“Yo venía de una familia muy religiosa y de clase media”, cuenta Ana, a quien sus padres dejaron en Peñagrande con 17 años para “esconder” su embarazo por “la vergüenza y el miedo al qué dirán” de la época. A diferencia de Loli, ella sí pudo regresar a la casa familiar con su hija en brazos, pero con el condicionante de que, de puertas para afuera, sería su hermana. Sus padres se habían mudado de casa, a una zona alejada de su entorno anterior, para evitar coincidir con personas conocidas. “Lo peor que llevaba era lo de tener que esconderme”, reconoce, “lo de sentirte menos que los demás”. “Pero supongo que no lo hicieron con mala intención, creían que era lo mejor para mí, por eso creo que lo he perdonado”, reflexiona.

Ana cuenta que, junto a la fuerte depresión post parto que sufrió, “porque era una niña”, otros de los episodios más duros que vivió en Peñagrande fueron los incendios. Uno de ellos comenzó en uno de los talleres de costura en el que se confeccionaban edredones porque alguien tiró una colilla. “No podíamos salir y cuando los bomberos llegaron tampoco nos pudieron sacar por la ventana porque había barrotes, tuvieron que esperar a que se apagara un poco el fuego para sacarnos por las escaleras. Imagínate yo con la barriga, que no me veía los pies…”, cuenta aún con gesto compungido.

Aunque Loli y Ana coincidieron en el tiempo en la maternidad de Peñagrande, no se reencontraron en Torrelavega hasta hace apenas un año. Lo hicieron gracias a la organización ‘Desterradas hijas de Eva’ fundada por Consuelo García del Cid, otra superviviente del Patronato volcada hasta hoy en la investigación y búsqueda de justicia y reparación. Loli llevaba tiempo vinculada a ese grupo de mujeres supervivientes, pero en cambio Ana indagó en redes sociales a raíz del acto de perdón organizado por la Conferencia Española de Religiosos (Confer) en junio de 2025 en Madrid.

Este evento público en el que participaron algunas de las órdenes religiosas cómplices del Patronato franquista no fue considerado suficiente para las víctimas, que mostraron su disconformidad en el propio acto, exigiendo “verdad, justicia y reparación” reales. Para Loli, “no sirvió para nada”. Y es que una de las condiciones impuestas por la organización fue que no se hablase de niños robados.

Amistad, sororidad y… violencia machista

Las dos supervivientes dicen que la mejor lección de vida de Peñagrande fue el compañerismo que sintieron nada más llegar allí. Insisten en que el apoyo entre internas fue quizás lo que les salvó y que el concepto de sororidad es reciente, pero “allí ya existía”, aseguran. “Nos ayudaban en todo, en todo, sin conocernos”.

A dos voces describen con complicidad cómo acudían a darse apoyo en los partos. “Nosotras mismas cogíamos las placentas, las pesábamos, poníamos el peso y las metíamos en el congelador, porque servían para cosméticos, ahí se vendía todo”, explica Loli. “Sí, entonces había cremas muy famosas de placenta”, apostilla Ana, al tiempo que recuerda que una compañera canaria siempre le agradece que diera de mamar a su hijo “porque a ella no le subía la leche”.

Asumes el maltrato como una forma de vida, por lo que has vivido primero

Pero el pasado común de Loli y Ana no se limita a su traumática estancia en Peñagrande. Años después, ambas sufrieron violencia machista en sus primeras relaciones sentimentales. Se miran, sonríen con la resignación de quien ha sobrevivido a demasiadas adversidades y coinciden en señalar que “sin quererlo asumes el maltrato como una forma de vida, por lo que has vivido primero”.

Aseguran que ese destino es compartido por muchas de ellas. “Me casé con un maltratador”, sentencia Ana. “Por eso yo tengo un poco olvidado el tema de Peñagrande, porque lo de después para mí fue incluso peor. Es un proceso muy largo en el que cuando llega la primera bofetada, tú ya estás destrozada”.

40 años sin asistencia psicológica

Y es que para las dos, el daño psicológico y emocional después de su paso por el Patronato es una realidad que pasa factura. Loli detalla cómo en Peñagrande conoció a una chica que se suicidó. “Los padres la llevaron con la intención de que dejara al niño allí y se volviera al pueblo. Pero ella no quería. Y entonces, cuando dio a luz, le quitaron al niño y el mismo día que venían los padres para llevársela al pueblo, ella se tiró por el hueco de la escalera de maternidad”.

Si bien después de 27 años de sufrir en silencio, Loli tuvo la “inmensa suerte y casualidad” de ser contactada por Nerea, su hija mayor, a través de redes sociales. “Hay muchas madres que siguen buscando a sus hijos. Nunca hemos tenido apoyo psicológico. Bueno, cada una el que se ha buscado. Yo tengo mi psiquiatra y mi psicólogo en la Seguridad Social y es lo que he tenido”.

Ambas coinciden en que la angustia que genera el no poder contarlo es lo peor. “Cuando ahora participo en alguna charla”, relata Loli, “y me dicen: 'ay, gracias por contarlo', yo digo que 'no, gracias a vosotras, porque para mí contarlo es terapéutico'. ¿Tú sabes lo que es esconder dos hijos durante 27 años?”, subraya.

En cambio, “las órdenes religiosas se han reconvertido en oenegés. Las Cruzadas Evangélicas siguen a cargo de centros de menores y centros para mujeres maltratadas con grandes subvenciones”, denuncian. Otras de esas congregaciones religiosas que actualmente recibe cuantiosas ayudas públicas son Las Adoratrices.

Ley de Memoria Democrática

Después de lo vivido, Loli y Ana comparten con elDiario.es que, “por fin”, el 20 de marzo hay previsto un acto institucional en el que el Gobierno de España, a través de los ministerios de Memoria Democrática, Justicia e Igualdad, les va a entregar un reconocimiento como víctimas del franquismo. Se trata de una de las principales peticiones que mujeres como ellas, supervivientes del Patronato, vienen solicitando con insistencia, en el marco de la Ley de Memoria Democrática, y que ha tardado más de 40 años en ser atendida.

Para Consuelo García del Cid, “es algo necesario, y un paso más para continuar luchando”, ya que todavía hay otras reclamaciones sobre la mesa. “Pedimos una comisión de la verdad, que investiguen y soliciten los libros de contabilidad de las congregaciones religiosas, no nos están entregando la documentación solicitada pese al compromiso público establecido el pasado 9 de junio, dicen que no tienen nada o entregan fechas de entrada y salida, nada más”, reclama.

Esta mujer, que ha logrado reunir a más de 100 supervivientes del Patronato, aunque solo unas 30 dispuestas a hablar ya que “el estigma de vergüenza quedó enquistado y, en la mayoría de los casos, ni maridos ni hijos saben de su paso por esos lugares”, advierte: “Somos todas muy mayores y no tenemos tiempo material de espera, no puede prologarse durante años. Llevo 15 años luchando y en ese tiempo hemos perdido a tres compañeras ya fallecidas y serán sus hijos quienes recogerán el certificado de victima del franquismo”.

Entre tanto, Loli Benito aboga por seguir acudiendo allá dónde le llamen para explicar en primera persona su sobrecogedora experiencia en el Patronato de Protección a la Mujer, durante tantas décadas silenciado. Así, el próximo 29 de abril estará en Santander junto a la investigadora Pilar Iglesias, para intervenir en el ciclo sobre ‘Guerra y dominación, heridas y reparación’ organizado por la Universidad de Cantabria.   

El caso Ana Belén Pintado, vecina de Campo de Criptana en Ciudad Real, como niña robada a principios de los años 70 del siglo XX a su familia biológica, sigue su curso ante los tribunales con novedades procesales tras la reactivación del caso a finales de 2025.

De la investigación abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo la adopción de Ana Belén se ha derivado la aparición de un documento que quizá permita tirar del hilo en un caso complejo, según ha confirmado la abogada de la querellante Itziar Bilbatua.

De forma reciente se ha detectado que el número de expediente de la adopción de Ana Belén anotado en el libro de registro del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid en el año 1973, “no existe”, señala la letrada. “Hemos pedido que nos trasladen copia de ese procedimiento y resulta que el número asignado corresponde a un procedimiento de reclamación de una cuantía, una letra de cambio, no a una adopción”.

“Se le dio, en aquel juzgado, un número de procedimiento que no tiene nada que ver con una adopción”, detalla Bilbatua, porque en realidad se refiere a un juicio cambiario, un proceso judicial por el que se reclama el pago de una deuda que tiene que ver con cheques, letras de cambio o similares.

Pese al hallazgo, lamenta la abogada, la jueza que instruye el caso no investigará este dato que “puede tener visos de supuesta falsedad”. No se ha estimado la solicitud de diligencias para citar a declarar a quienes dirigían aquel juzgado en la época “por si hubiera una presunta irregularidad”, así que la defensa de Ana Belén ha optado por interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. “Es como si no hubiera ganas de investigar. Hemos pedido que se localice el expediente y que se analice. Es posible que así podamos avalar nuestra hipótesis: que no hubo abandono ni adopción sino robo directamente de la niña”.

Hace algo más de tres meses el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Madrid tomó declaración a su madre biológica Pilar Villora y también a una administrativa y dos matronas de la clínica María Cristina de Madrid donde nació Ana Belén.

Una de las matronas solicitó el archivo del procedimiento de instrucción del caso, pero su petición fue rechazada y la instrucción seguirá adelante, con una prórroga para completarla hasta el 8 de agosto. “Se sigue investigando pero se alimenta poco el derecho de defensa”, comenta la letrada, después que tampoco se admitiese el planteamiento para abordarlo como un presunto caso de desaparición forzada que además, esgrime la defensa, “no es el único” en España.

La querella se interpuso contra la Maternidad Santa Cristina en diciembre 2022 por presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, alteración de paternidad/maternidad y falsedad documental en el contexto de crímenes contra la humanidad. El caso ha sido archivado en dos ocasiones pero a comienzos de diciembre de 2025 se reabrió.

“Al día siguiente de nacer Ana Belén aparece el reconocimiento de la madre adoptiva como madre biológica. No hay documento de renuncia por parte de la madre biológica real. No hay nada. Incluso hay otro documento en el que los padres adoptivos - que ya fallecieron y que nunca le dijeron nada a Ana Belén- aparecen como 'poco promocionados'. Es decir estaban a la cola de la lista para adoptar”.

En este caso, todos los caminos siguen abiertos. “Documento a documento y paso a paso. No sabemos a dónde nos puede llevar”, asegura la abogada que confía también en que la Fiscalía sea “proactiva”, aunque sabe que no será sencillo. “Nos queda saber si la jueza considera o no que hay base para abrir juicio oral”.

Una ley estatal sobre 'bebés robados' estancada

Amnistía Internacional ha acompañado el caso durante estos meses. La organización humanitaria lleva años insistiendo en la necesidad de “investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad” sobre los casos de bebés robados que tildan de “violación de derechos humanos” y lamentan que su esclarecimiento se haya prolongado en el tiempo “por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda”.

Sobre la mesa del Congreso de los Diputados está lograr aprobar una norma estatal sobre 'bebés robados', cuya primera proposición de ley se presentó en 2018 sin que se haya culminado hasta la fecha. Para Amnistía Internacional “es una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de esas violaciones de derechos humanos y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas”.

El Pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad el 25 de noviembre de 2021 una declaración institucional para que el Gobierno de la Comunidad instara a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, así como al Gobierno de España, a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español hasta su aprobación definitiva. En esas mismas fechas expertos de la ONU hicieron lo mismo.

La organización humanitaria considera que esta ley “debe aprobarse, incorporando la asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda”.

Tal y como adelantaba elDiario.es Castilla-La Mancha, este miércoles un juzgado de Madrid ha tomado declaración por el caso de la bebé robada Ana Belén Pintado, una niña robada de Campo de Criptana (Ciudad Real). La querella se interpuso contra la Maternidad Santa Cristina en diciembre 2022 por delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, alteración de paternidad/maternidad y falsedad documental en el contexto de crímenes contra la humanidad.

El pasado 20 de marzo el juzgado suspendió la toma de declaraciones de Ana Belén Pintado y su madre Pilar Villora, así como del exdirector de la Maternidad del Hospital Universitario Santa Cristina, José Zamarriego, justificando “la suspensión por un informe forense que dictaminó que el exdirector padecía un deterioro cognitivo que le impedía prestar declaración”.

Amnistía Internacional valora positivamente que el Juzgado de Madrid haya dado este nuevo paso en la investigación del caso de Ana Belén Pintado, si bien lamenta la ausencia de la fiscalía. “La organización lleva años insistiendo en la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad para las víctimas y sus familias”, expone. Por ello, considera “alentador” que se haya tomado declaración a la madre biológica y a personal de la clínica, después de que la Audiencia Provincial ordenara reactivar la investigación.

Pilar Villora: “No me van a reparar”

Las declaraciones que se han desarrollado en el día de hoy han sido de la madre Pilar, una administrativa y dos matronas, una de ellas en calidad de investigada. A la salida de los juzgados, Pilar Villora ha compartido, en referencia a lo que sucedió, que “se la llevaron a lavar [a Ana Belén] y cuando volvieron dijeron que había fallecido. Yo la reclamaba y no me la traían”. En relación con el impacto que provocó en su vida, ha declarado: “No me van a reparar, esos daños no me los va a quitar nadie”.

La querellante, Ana Belén Pintado, destaca la relevancia que tiene que un Juzgado tome declaración en el marco de un proceso penal a una persona que “sufrió graves vulneraciones punibles de derechos humanos” en el contexto conocido por 'bebés robados'.

El término de 'bebés robados' engloba a “los miles de niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad en España desde el final de la guerra civil hasta mediados de la década de los noventa del siglo pasado”, señala Amnistía Internacional.

“Estamos en nuestro derecho de saber, estos casos no se pueden archivar, tiene que esclarecerse y decirnos qué es lo que pasó con nosotras. Mientras mis fuerzas me lo permitan voy a seguir, ya no solo por mi y por mi madre sino por todas las personas que hay. Estos casos no pueden quedarse en el olvido, tienen que salir y decirnos la verdad”, ha manifestado Ana Belén Pintado a frente a los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

La abogada de este caso, Itziar Bilbatua, ha compartido que les “han limitado mucho los interrogatorios, solo nos han dejado preguntar por hechos concretos de Ana Belén y su madre, no nos han dejado interrogar en el sentido en que se amplió la demanda como delito de lesa humanidad de desaparición forzada por cuanto no fue un hecho aislado, sino que hechos similares se produjeron de forma sistemática en la maternidad por multiplicidad de participantes”. Como siguientes pasos destaca que “volveremos a recordar que hay muchas diligencias admitidas que no han sido practicadas y otras solicitadas respecto a las que la juez no se ha pronunciado.”

Una Ley de 'bebés robados' que “no se puede demorar más”

Amnistía Internacional lleva años insistiendo en la necesidad de “investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad”. La organización publicó el informe Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de 'bebés robados' en el año 2021, donde recogió que esta práctica “ha vulnerado el derecho a la protección de la vida familiar, que incluye el derecho a la identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas”.

Esa “violación de derechos humanos” se ha prolongado en el tiempo “por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda. Un sufrimiento emocional y psicológico que puede alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, como lo han reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU, y que solo podrá aliviarse con respuestas concretas sobre lo sucedido y con su reparación”, destacan desde la organización.

La Ley sobre 'bebés robados', cuya primera proposición de ley se presentó en 2018 y cuya tramitación está pendiente de aprobación en la legislatura actual, “es una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de esas violaciones de derechos humanos y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas”.

La organización considera que esta ley “debe aprobarse, incorporando la asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda”.

Declaración Institucional en las Cortes de Castilla-La Mancha

El Pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad el jueves 25 de noviembre de 2021 una declaración institucional para que el Gobierno de la Comunidad instara a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, así como al Gobierno de España, a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español hasta su aprobación definitiva.

Esta iniciativa partió de la Campaña de Impulso de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español en la que participa activamente Amnistía Internacional junto con la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) y numerosas asociaciones de víctimas de ‘bebés robados’.

Corría el año 2017 cuando Ana Belén Pintado Lucas-Torres comenzó a sospechar que era una “bebé robada”. Tenía entonces 44 años y vivía en Campo de Criptana (Ciudad Real). Sus padres habían fallecido. La casualidad al tener que consultar unos documentos para vender un inmueble y sus pesquisas le permitieron descubrir no solo que era adoptada, sino que había sido sustraída a su familia biológica. “La que yo creía que era mi madre era estéril”.

Sus padres adoptivos nunca le dijeron nada. Comenzó entonces la búsqueda de su familia biológica y tan solo un año después, en 2018, conoció a su madre biológica, Pilar, natural de Lanzahíta, un pueblo de Ávila. La había tenido con 24 años, pero le dijeron que su hija había muerto a las pocas horas de nacer. También se reencontró con su padre José Luis, que falleció en agosto de 2024, y con sus dos hermanos y sus sobrinos.

Siete años después sigue luchando para que se reconozca judicialmente lo que ocurrió. “Llegaremos hasta donde podamos, estamos en nuestro derecho”, reivindica.

En el camino se han interpuesto varias denuncias. En enero de 2019 se presentó una querella criminal contra José María Castillo, el médico que presuntamente estuvo detrás de la adopción de la 'bebé robada'. Ya falleció, así que en su caso el camino en los tribunales quedó cerrado. “Esto no se tiene que quedar aquí, quiero llegar hasta el final y que se haga justicia porque hay muchos casos como el mío”, relataba entonces Ana Belén en una entrevista con elDiario.es Castilla-La Mancha.

En 2022 interpuso otra querella contra el director del Centro de Maternidad Santa Cristina de Madrid, en el momento de los hechos, alegando presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, falsedad documental y también de alteración de paternidad y maternidad, en el marco de crímenes de lesa humanidad.

“La querella ha sido archivada hasta en dos ocasiones, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que hay que seguir investigando”, explica Ana Belén. El caso se reabrió en marzo pero el procedimiento quedó en suspenso por la falta de un expediente.

Este jueves, tres declaraciones ante el juzgado de instrucción

El caso sigue en proceso de instrucción, pero ahora se muestra de nuevo ilusionada ante la posibilidad judicial de avanzar. Este jueves 11 de diciembre la madre biológica de Ana Belén ha sido citada a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Madrid, en calidad de testigo. Una citación que también han recibido una administrativa y dos matronas de la maternidad Santa Cristina contra la que se querelló.

Una de las matronas declarará como investigada, ya que en su momento dirigió el centro, según ha explicado la abogada de Ana Belén Pintado, en declaraciones a este medio. Itziar Bilbatua sigue pendiente de que se practiquen varias diligencias, como por ejemplo la que permitirá disponer del expediente de adopción, clave para el caso. Fuera del proceso de declaraciones ha quedado otra persona -que también fue director de la maternidad- y que alegó “falta de capacidad para declarar y entender las repercusiones del procedimiento”, detalla la abogada.

Ana Belén Pintado mantiene la esperanza de que “se haga justicia”. “Es lo que busco y que quien haya hecho mal, que lo pague. Por tantísima gente como yo, y que no encuentra a su familia. Me tienen como referente, me preguntan cómo lo he hecho y eso me motiva a seguir adelante”.

“Somos personas normales, a veces no tenemos ni recursos para seguir y es a nosotros a los que nos tratan de 'malos'. Hay gente poderosa, con nombre y apellidos. Creo que ya es hora, tiene que conocerse”, argumenta.

Somos personas normales, a veces no tenemos ni recursos para seguir y es a nosotros a los que nos tratan de 'malos'. Hay gente poderosa, con nombre y apellidos. Creo que ya es hora, tiene que conocerse

El pasado octubre Ana Belén y su madre Pilar estuvieron entre las personas homenajeadas en un acto celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid con motivo del Día de Recuerdo Víctimas de la Dictadura. El evento buscaba reconocer a diversas víctimas del franquismo, con una mención especial a los casos de bebés robados. “Fue muy emotivo”, recuerda.

Ese día, según cuenta, tuvo ocasión de conversar con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante unos instantes. “Le dije que estábamos muy agradecidas, muy contentas pero... que faltan cosas por hacer”. Le pidió “abrir los archivos, tanto los de la iglesia como los de las clínicas, o poner en marcha un banco de ADN”.

Las declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid previstas para el próximo día 20 de marzo en relación al caso de Ana Belén Pintado, conocida como la 'bebé robada de Campo de Criptana', han sido suspendidas por tiempo indefinido. La razón, según explican tanto la afectada como su abogada, Itziar Bilbatua, es que no se ha devuelto a los juzgados el expediente físico por parte de la Fiscalía. Así que el caso de esta mujer natural de Ciudad Real, vuelve a quedar en el limbo.

El expediente se envió al Ministerio Fiscal tras intervenir un médico forense, que examinó al que fuese director del centro de Maternidad Santa Cristina de Madrid, José Zamarriego, donde Ana Belén fue entregada a otra familia. A Zamarriego se le declaró una demencia leve o moderada, por lo que finalmente no declarará en el proceso, reabierto en diciembre de 2024.

Según explica la abogada, mientras la Fiscalía no devuelva el expediente físico, no se podrá seguir con el proceso. Para ello, se ha presentado un requerimiento ante el propio Ministerio Fiscal. No hay plazos, advierte Bilbatua, aunque la letrada confía en que todo pueda agilizarse y espera que también se emita un informe de las actuaciones realizadas hasta el momento.

“Sin expediente en el juzgado no hay nada que hacer”, lamenta Ana Belén Pintado, que en una entrevista anterior con elDiarioclm.es había declarado contar, de hecho, con el apoyo de la Fiscalía en su caso. Pero la mujer, natural de la localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana, que conoció a su madre biológica en el año 2018, no pierde la esperanza, aunque lamenta: “La situación nos genera una enorme angustia a mi madre y a mí”.

“Este asunto ya estuvo mucho tiempo parado, solo para decretar el archivo sin practicar diligencia alguna. Tuve que recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid”, recuerda la mujer. “El tiempo pasa y las víctimas somos las que pagamos. Parece que no hay voluntad de que se haga justicia con las víctimas”, remata. De este modo, lamenta que hay “palabras bonitas” para las víctimas como ella, pero “no voluntad” para buscar “justicia”.

El caso de Ana Belén Pintado

Ana Belén Pintado, la 'bebé robada de Campo de Criptana', conoció hace apenas unos años a su madre biológica, Pilar. Fue en 2018, apenas meses después de enterarse de su condición de bebé robada. Desde entonces, esta mujer ha dedicado su vida a buscar justicia, y para ello presentó una querella en el año 2022, en la que alegaba presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, así como falsedad documental y alteración de paternidad y maternidad.

La querella se archivó tras pasar un año desde su presentación, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura, tras interponerse un recurso de apelación contra el archivo. En el auto de la Audiencia Provincial se señala que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, al examinar “específicamente” el fenómeno que se produjo en España hasta la mitad de la década de los ochenta, ha reclamado que se “intensifiquen” los esfuerzos de las autoridades del Estado para buscar e identificar a los niños víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad.

“Nosotros somos las verdaderas víctimas. Y nuestras madres, que no saben por dónde pedir ayuda, no les facilitan nada. Y vamos contrarreloj, ¿sabes? Porque nuestras madres van muriendo y nunca van a encontrar a sus hijos”, reflexionaba Ana Belén Pintado en conversación con elDiarioclm.es. De momento, seguirá esperando.

“Mi madre tuvo un parto normal. Cuando me llevan a lavar, le ponen una máscara y así la duermen. Al cabo de una hora, le dicen que yo he fallecido. En el examen del día después, ya aparece mi madre adoptiva como mi madre. Era estéril. En mi adopción debió intervenir Sor María. Por las postales que llegaban a casa, y las visitas que hacíamos mi madre y yo con la caja de mantecados y un sobre con dinero. Mi madre estaba sola en Maternidad, indefensa, vulnerable. Le quitan a su niña, le dicen que he fallecido, y, mientras, me vendían a otra familia. Jugaban a ser dioses. Me han separado de mis padres y mis dos hermanos durante 45 años. Como yo, hay muchos niños en España, que no saben que sus padres no lo son”.

Las palabras son de Ana Belén Pintado, que resume así su historia en las postrimerías de la dictadura franquista. Su caso comienza con su nacimiento en 1972. Pintado, la conocida como 'bebé robada de Campo de Criptana' se vuelve a enfrentar al sistema judicial para pedir justicia y servir como precedente para tantos otros bebés robados que hay en España. Su abogada, Itziar Bilbatua, advierte de que es un caso muy complejo, ya que detrás de los casos de niños intercambiados al nacer hay una “trama” que todavía se debe esclarecer.

Historia de una querella archivada y que se volvió a abrir

Fue en 2022 cuando Pintado interpuso una querella contra el Centro de Maternidad Santa Cristina de Madrid, alegando delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, falsedad documental y también de alteración de paternidad y maternidad, en el marco de crímenes contra la humanidad. El proceso se ha reabierto tras interponerse un recurso de apelación contra el archivo de dicha querella. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido continuar el proceso, al tratarse de un caso de desaparición forzada.

En el auto de la Audiencia Provincial se señala que el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, al examinar “específicamente” el fenómeno de la desaparición forzada de niños que se produjo en España hasta la mitad de la década de los ochenta, ha reclamado que se “intensifiquen” los esfuerzos de las autoridades del Estado para buscar e identificar a los niños víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad, según ha informado EFE.

El próximo 20 de marzo, Ana Belén ha sido llamada a declarar en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, jornada en la que también ha sido citado personal del centro de Maternidad Santa Cristina de Madrid. Entre ellos, el que fuera director del centro, José Zamarriego, que no comparecerá ya que tras someterse a un examen forense se ha confirmado que padece una demencia “leve o moderada”. Así lo explica la abogada de la demandante y añade que sí acudirá a declarar parte del personal del centro, así como la madre biológica de Ana Belén Pintado, Pilar V. G.

“No sabemos a dónde podemos llegar”

La letrada señala que la situación es “muy compleja”, pues se enfrentan a una “trama muy bien organizada”. “Lo intentaremos, pero no sabemos a dónde podemos llegar”. “Está todo oculto y muy bien escondido. Estamos intentando que salgan las cosas, y cuando escucharemos las declaraciones, veremos a ver cómo puede encajar”, recalca Bilbatua. Para la abogada, el problema principal radica en que el médico no podrá declarar, debido a su demencia “leve o moderada”, que le ha quitado la capacidad de declarar.

“Consideramos que era uno de los principales responsables y era el director del establecimiento, no podía decir que no tuviera conocimiento de lo que ha ocurrido ahí. Son cientos los niños”, explica. El de Ana Belén no es un caso aislado, son “muchísimos”. “En principio la investigación iba contra él. Hemos incluido a una matrona”, recalca, cuya identidad se mantiene por ahora en el anonimato.

“Todavía no tenemos un responsable penal. En el peor de los casos, si hubiera un procedimiento hasta el final y solo fuera investigado o imputado el director, al no tener capacidad, no se puede ir contra él y quedaría archivado”, resalta. Bilbatua añade que la “principal responsable”, Sor María, ya ha fallecido. “Imaginamos que todos se lo achacarán a ella. Imagino que todos dirán que era Sor María, porque ya ha fallecido”.

De todos modos, la abogada explica que hay constancia de que la Iglesia “está metida”. “En este caso, Ana Belén fue bautizada como hija biológica de sus padres, cuando la Iglesia sabía que ella no era hija de ellos”. Por ahora, la letrada explica que todo está en fase de investigación, hasta las declaraciones ante el juzgado madrileño. Al tratarse de un procedimiento penal, puntualiza, no puede haber una “mínima duda”. “Se trata de una fase inicial del procedimiento”.

Pero considera que su clienta está “muy animada, valiente, intentando luchar”. “Hay que intentarlo, aunque sea difícil”, concluye. “Es un puzzle, de una pieza nos va a llevar a otra pieza”, resume.

Una investigación “eficaz” para la víctima

Ana Belén recuerda que, un año después de interponer la querella, se dictó archivo. “Sin practicar ninguna diligencia, ni nada, dictan archivo”, lamenta. Pero entonces la Audiencia Provincial, relata, decidió revocar el archivo. “Lo que dicen es que no se puede archivar”, señala, porque se debe “garantizar una investigación eficaz a la víctima”. Está nerviosa por su pronta declaración, pero también resalta que es importante sentirse respaldada por las autoridades judiciales. “La Fiscalía también nos apoya. Las víctimas estamos en nuestro derecho”, asevera Pintado.

Para Ana Belén lo importante es seguir adelante con el proceso e intentar esclarecer lo máximo que se pueda de los delitos que le llevaron a separarse de sus padres y hermanos 45 años. “Iglesia, médicos, curas, políticos... Ha habido mucha gente implicada y esto el Estado lo permitía. Han hecho lo que han querido. Vamos a ver si podemos llegar a alguna solución, porque algún culpable tiene que haber. Voy a ir con todas mis fuerzas”, asegura.

Nuestras madres van muriendo y nunca van a encontrar a sus hijos

Pintado, que también es conocida como 'la bebé robada' de Campo de Criptana, también se aferra a que durante 2025, con la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco, se tenga también en cuenta a las personas como ella. “Nosotros somos las verdaderas víctimas. Y nuestras madres, que no saben por dónde pedir ayuda, no les facilitan nada. Y vamos contrarreloj, ¿sabes? Porque nuestras madres van muriendo y nunca van a encontrar a sus hijos”. Ella, reconoce, tiene la “gran suerte” de tener a su madre y a su familia. “Yo la he podido encontrar, he tenido la suerte. Ahora voy a hacer justicia para que alguien pague por lo que ha hecho, y ayudar a tantas personas en mi situación. Si me llaman las madres para pedir ayuda, aquí estoy”, remata.

Ana Belén y su madre biológica, Pilar, se conocieron en 2018, apenas pocos meses después de que ella supiese que era una 'bebé robada'. Fue un final feliz de una historia que todavía está muy lejos de concluir.

Los niños y las niñas siempre han sido una de las principales víctimas de las guerras, de forma especial desde que las guerras dejaron de ser una sucesión de batallas en campo abierto entre dos ejércitos para transformarse en matanzas indiscriminadas en las que la población civil es un objetivo estratégico. Está sucediendo ahora mismo en Gaza y sucedió de manera abusiva en la guerra de España y durante muchos años de la dictadura que siguió a la victoria del ejército franquista. Las víctimas infantiles de nuestra guerra fueron muchas -nadie ha sido capaz de contarlas- y de muy diversa índole. 

Las víctimas infantiles entre 1936 y 1939 se diferencian poco de las que ocurren en otros conflictos armados, aunque sí que se dan algunas características, que no son únicas, pero sí impropias de unos militares que presumían de llevar a cabo una santa cruzada en nombre de Dios. Un Dios muy cruel si permitió que se cometieran en su nombre barbaridades contra los seres más indefensos, contra los niños y niñas. Las modalidades de victimización desarrolladas una vez acabada la guerra sí que son realmente únicas en occidente por su duración, su crueldad y por el desarrollo de todo un entramado jurídico para dar sensación de legalidad y por la colaboración, en ocasiones entusiasta, de distintas órdenes religiosas y de la jerarquía católica en general, salvo honrosas y escasas excepciones.

En los años de la guerra, además de los bebés asesinados en bombardeos o por acción de francotiradores, se genera otro tipo de víctimas, los abandonados a su suerte y a su hambre bien porque sus padres habían sido asesinados o se encontraban presos y ellos, los niños, no tenían quien los alimentara. Es el caso de las 4 niñas y 3 niños  que tenía Joaquina Polo Campaña cuando fue asesinada los primeros días de marzo de 1937 a las puertas del cementerio de Álora a pesar de su avanzado estado de gestación o el de Antonia Moncayo, también de Álora, con otros siete hijos y con un marido, Antonio Aranda Arjona, guerrillero que fue asesinado en 1950. Hasta esa fecha, Antonia Moncayo alternó momentos de libertad, en los que no pudo trabajar por ser mujer de rojo, con otros de prisión sin más causa que la de forzar a su marido a entregarse. También podemos nombrar a Mercedes Frías, de Comares, madre de un compañero de la Asociación, Manuel Muñoz Frías, quien siempre recordaba el día que vinieron a detener a su madre a un campo de Vélez Málaga donde echaba unas peonadas para poder alimentar a sus hijos pequeños. Su marido había sido asesinado en los primeros días del triunfo fascista en Málaga. En este caso, Mercedes fue detenida y tuvo que dejar a sus hijos abandonados porque los militares franquistas querían forzar la entrega de dos de sus hijos mayores que se había sumado a las milicias de la CNT.

Todos los que se vieron abocados a estas infancias de penurias, escasez, enfermedades y adoctrinamiento por parte de los responsables del estado franquista fueron, en cierta manera, afortunados

En realidad, todos los miembros originales de la ARMH de Málaga, y me atrevería a decir que de todas las asociaciones memorialistas de España, podrían relatar un calvario muy parecido. Con una infancia sin padres (al menos sin uno de ellos) que habían sido condenados y asesinados sin ningún tipo de garantía, sufriendo hambre y enfermedades porque sus madres o hermanos mayores no podían encontrar trabajo por ser familiares de rojos, con sus vidas pendiendo de la solidaridad de familiares o vecinos y condenados a recibir una formación contraria a los ideales de sus padres. En muchos casos fueron acogidos en instituciones “religiosas” que los utilizaban como mano de obra de barata, para limpiar con sosa caustica ropa de hoteles elegantes de Bilbao –el libro de Almudena Grandes “Las tres bodas de Manolita” narra hechos bien documentados- o para servir como doncellas de señores ricos o como “secretarios” de las cacerías del señorito Iván de turno en cortijos de Andalucía o Extremadura.

Pero podemos decir que todos los que se vieron abocados a estas infancias de penurias, escasez, enfermedades y adoctrinamiento por parte de los responsables del estado franquista fueron, en cierta manera, afortunados. Desde el primer momento hay un tipo de castigo aún más perverso. Pocos meses después de que Joaquina Polo fuera asesinada en las puertas del cementerio de Álora, un religioso capuchino, Gumersindo de Estella, capellán de la cárcel de Torrero de Zaragoza, narraba con detalle el asesinato de tres mujeres –Selina Casas, Margarita Navascués y Simona Blanco- el día 22 de septiembre de 1937. Fueron asesinadas acusadas de haber intentado fugarse a zona roja la víspera, el día 21, sin ninguna garantía judicial. Selina y Margarita eran madres de dos niñas de meses que fueron robadas de sus brazos momentos antes de asesinarlas y posteriormente entregadas a dos monjas que se hicieron cargo de su custodia antes de derivarlas a familias afines a la ideología de los asesinos de sus madres.

El relato de este suceso que hace el capuchino en sus diarios (*) es estremecedor: “¡Por compasión, no me la roben! Que la maten conmigo’, gritaba una. ‘¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos!’, exclamaba la otra. Se entabló una lucha feroz entre los guardias que intentaban arrancar a viva fuerza las criaturas del pecho y brazos de sus madres y las pobres madres que defendían sus tesoros a brazo partido”.

En busca del gen rojo

Estos casos de robos de niños que se producen durante la guerra van evolucionando con el paso del tiempo y el procedimiento se depura y se afina de manera perversa en los primeros años de la postguerra. El primer movimiento, el que trata de dar un cierto empaque científico al robo de niños, lo dan Antonio Vallejo Nágera, jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército, y Eduardo M. Martínez, teniente médico y director de la Clínica Psiquiátrica de Málaga. Vallejo Nágera, psiquiatra formado en Alemania y con claras influencias nazis, trata de demostrar con una serie de estudios “científicos” la existencia de un “gen rojo” entre los defensores de la República. Un gen que, según su teoría, era el responsable de conductas homicidas entre un grupo concreto de la población, “los rojos”, y un factor determinante para el desarrollo integral de la raza hispánica con todas sus potencialidades y virtudes.

Para combatir el gen rojo se planean dos tipos de actuación: el robo de los hijos de familias republicanas encerradas o asesinadas y su entrega a familias adictas al régimen y a los valores de la “raza hispánica” y la educación de todos los niños y niñas con un relato de la historia favorable a los vencedores de la guerra y los valores del catolicismo más reaccionario

Para demostrar su teoría, el psiquiatra de cabecera de Franco propone hacer 10 estudios entre otros tantos grupos de población reclusa, aunque finalmente sólo se completan dos: uno con voluntarios internacionales y otro con un grupo de 50 mujeres presas en la cárcel de Málaga. Si se demostrara la existencia de ese maligno gen se lograrían dos objetivos: rebajar la categoría humana de los republicanos hasta convertirlos en una amenaza para la pureza de la raza y justificar su exterminio y, también, daría paso a la intervención directa con los hijos de los republicanos. Para combatir el gen rojo se planean dos tipos de actuación: el robo de los hijos de familias republicanas encerradas o asesinadas y su entrega a familias adictas al régimen y a los valores de la “raza hispánica” y la educación de todos los niños y niñas con un relato de la historia favorable a los vencedores de la guerra y los valores del catolicismo más reaccionario.

El trabajo que realizaron estos dos psiquiatras con las presas de la cárcel de Málaga, titulado “Psiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones psicológicas en marxistas femeninas delincuentes”, se publicó en mayo de 1939 en el número 9 de la “Revista española de Medicina y Cirugía de Guerra: revista mensual de ciencias médicas”. El “trabajo” es un auténtico despropósito, sin ninguna conclusión y con una amplia variedad de prejuicios misóginos que se expresan sin pudor alguno en la introducción del trabajo. Un informe de chichinabo que harían felices a los machistas actuales, a quienes utilizan términos como feminazis y a quienes tratan de esconder, bajo términos tan falsarios como concordia, actuaciones como las que se desarrollaron al abrigo de los delirios de Vallejo Nágera. ¿Parece poco apropiado lo de chichinabo?; juzguen ustedes mismos: en este enlace está el número de la revista y el estudio ocupa las páginas 38 a 53.

La legalización del robo de niños

A pesar de que los trabajos de campo de Vallejo Nágera no aportaron una sola prueba de la existencia del gen rojo, este ya estaba circulando y sirvió de manera ejemplar para lo que estaba diseñado: continuar con las matanzas y emprender la reeducación y el robo de los hijos de los republicanos. Menos de un año después de que Vallejo Nágera publicara su “estudio”, el 30 de marzo de 1940, el ministro de Justicia, Esteban Bilbao Eguía, publica una Orden que regulaba la permanencia de los hijos de las presas en la cárcel hasta los tres años, pero al cumplir 4 años debían ser separados de sus madres y entregados al Estado. Unos meses después, el 23 de noviembre de 1940, el Ministerio de Gobernación publica un decreto firmado por Franco “sobre protección del Estado a los huérfanos de la Revolución Nacional y de la Guerra” en el que se facilita la entrega de los niños huérfanos o con sus padres en prisión a “personas de reconocida moralidad”. Para cerrar el circulo, el 4 de diciembre de 1941 se publica una ley firmada por Franco que complementa el decreto anterior y que legaliza el cambio de nombre de los niños y que de hecho, supone legalizar el secuestro y adopción de estos niños por “personas de reconocida moralidad”.

Inmediatamente se organiza un entramado jurídico y social disfrazado de beneficencia católica para satisfacer los deseos de esas “personas de reconocida moralidad” y suficiente solvencia económica. Este tinglado se pone en marcha para ayudar a depurar la raza (robando a los hijos de las mujeres afectadas por el gen rojo) y, ya de paso, para hacer caja. El papel de entidades cristianas como los patronatos de San Pablo y La Merced en este proceso, sería realmente vergonzoso y vergonzante, si tuvieran vergüenza. Que yo sepa, a día de hoy, nadie ha pedido disculpas por aquellos niños robados al terminar la guerra. Ni por esos, ni por los miles de ellos más que se siguieron robando en este país (cada vez menos por motivos ideológicos y más por dinero) hasta después de la muerte del dictador.

Nadie ha pedido perdón, ha sido imposible encausar a los responsables de esta barbaridad e, incluso, ha habido un interés muy limitado por estudiar y documentar desde el punto de vista histórico lo ocurrido. Esta es una página más de la historia que los que hablan de leyes de Concordia no quieren que nunca se escriba. La ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, es el primer espacio que reconoce como víctimas a estos niños robados por el franquismo entre 1936 y 1975. Pudieron ser más de 300.000 los bebés que fueron separados de sus padres. A pesar de esa cantidad la primera investigación seria sobre el asunto la realizan Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Bellis y da un doble fruto: un ensayo publicado en 2003 y titulado “Los niños perdidos del Franquismo” y un documental con el mismo título, producido por TV3 en 2002, que se proyectó al poco de su estreno en la televisión catalana, pero que no me consta que se haya emitido en una televisión de ámbito nacional, ni siquiera en RTVE, al menos no en horario de máxima audiencia.

Nos quedaría hablar de la reeducación de los hijos de los republicanos en el franquismo, de su adoctrinamiento…, pero eso lo dejaremos para otro articulo.

^(*)       Los diarios de Gumersindo de Estella se agruparon en la obra “Fusilados en Zaragoza, 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos”. Escrita en la década de los cuarenta trató de publicarse en Argentina en 1950 pero se frustró su publicación por presiones de la embajada española. Finalmente vieron la luz en 2003, treinta años después de su muerte.

“Estar embarazada no te da derecho a ser madre”. Esta frase extraída de Alumbramiento, la nueva película de Pau Teixidor, podría resumir la mentalidad de quienes han perpetrado durante años el robo de bebés recién nacidos, un tema que Pau Teixidor ha querido volver a traer a la palestra con este filme. El movimiento por la investigación de esta trama de tráfico de neonatos es aún hoy la lucha diaria de cientos de madres que, a través de asociaciones como ABRA (Asociación de Bebés Robados de Andalucía) han removido cielo y tierra buscando a los que estaban destinados a ser sus seres queridos.

La película nos presenta a Lucía para contar, en un relato descarnado, la vida en Peñagrande, un centro para adolescentes embarazadas. El largometraje pretende, sin descuidar la factura técnica, ser incómodamente directo, siempre con el triste respaldo de los testimonios reales. Cada personaje del elenco es una voz que, después de años de censura, consigue por fin, a través de las actrices, contar su historia al público.

El personaje de Inmaculada, violada por su padre a los 14 años, o de Concepción, una chica de 16 con síndrome de Down que defiende ser virgen (aun habiendo sido forzada por su propio hermano) se sirven de hechos reales para atestiguar lo que fue una realidad para mujeres de toda España. Jóvenes madres que, durante y después de la dictadura (la película se ambienta en 1982 y las asociaciones aluden a casos incluso ya entrados los años 90) se vieron maltratadas por un régimen que buscaba impedir “la propagación del gen rojo” del que hablaba Antonio Vallejo-Nágera, y que dio pie, según datos de las asociaciones de afectados en nuestro país, a una verdadera industria de compra-venta de bebés. Una industria que, como bien se encarga de resaltar la película, hacía distinciones entre ricos y pobres. La herencia de un país de señoritas y sirvientas se reflejaba en el trato que las distintas clases sociales recibían en centros como Peñagrande.

La inocencia y su pérdida, la ingenuidad y la demonización por parte del resto de la sociedad impregnan el mensaje de protesta de la cinta. Lucía y sus compañeras encarnan la sororidad como única salida ante la miseria moral de quienes quieren arrebatarles lo que aún no tienen. La ambientación ochentera de la película tampoco empaña su vigencia, que plantea temas como el aborto, tan en boga los últimos días, desde la perspectiva de una sociedad recién democratizada.

Testimonios más allá de la ficción

A la proyección de la película se añadió también la celebración de un coloquio entre Lydia Acebo, presidenta de la asociación de Afectados por los Bebés Robados en Andalucía, y Carmen Escudero, Lola en Alumbramiento, moderado por Juan Miguel Baquero, colaborador de elDiario.es Andalucía y autor del libro El país de la desmemoria.

Tras contar su trágica historia personal y la de sus dos bebés robados, Lydia ha elogiado el papel de la película como altavoz para las reivindicaciones de asociaciones como la suya, que a menudo caen en saco roto. “Parece que a nadie le interesa lo que tenemos que decir”, lamenta Lydia, que llegó a entrevistarse en el Senado para la redacción de una Ley de Bebés Robados en 2019, pero que quedó en papel mojado al adelantar el Ejecutivo las elecciones ese mismo año, aunque ahora parece que puede volver a colarse en la agenda política.

La presidenta de ABRA ha relatado, en primera persona, el entramado que médicos, Iglesia y miembros del régimen mantenían en la sombra para privar a las madres de sus propios hijos. Desde su primer bebé robado, en 1967, hasta el segundo, ya en 1982 (justo coincidiendo con la ambientación de la película) Lydia “arrastró un sentimiento de culpabilidad, de haberlo hecho mal, que permanecía latente en todo momento y que llega a hoy día”.

Como representante del equipo de la película, Carmen Escudero ha querido hacer hincapié en el respeto que con el que el director, Pau Teixidor, trató en todo momento el tema, incluso para darles indicaciones a las actrices: “Fue Pau el que se entrevistó con las víctimas, nosotras conocemos los casos reales, pero cada una tuvo libertad creativa para crear su propio personaje dentro del guión”. La actriz también ha querido agradecer la presencia en el preestreno de las asociaciones, así como reafirmar el apoyo de todo el equipo de producción a la lucha de Lydia y sus compañeras.

El retrato de la Iglesia como institución controladora no es algo casual. Fátima, miembro también de ABRA y aún en la búsqueda de su hermano después de 61 años, tomó la palabra en la tertulia para pedir que se abran los archivos de la Iglesia. Denuncia la escasa colaboración de las instituciones católicas, que obstaculizan la investigación de las personas que fueron atendidas por religiosas durante los años en los que se dieron los casos de bebés robados, según denuncian las entidades afectadas.

La lucha de personas como Lydia y Fátima no cabe en los 90 minutos que dura la película, pero sin duda, Alumbramiento recuerda a una sociedad 'desmemoriada' (aludiendo al libro de Juan Miguel Baquero), al olvido que han sufrido sistemáticamente las víctimas del robo de bebés en España. Unas víctimas que, como en la película, aún hoy tienen que soportar la desidia y el menoscabo de las mismas instituciones que las dañaron.

Por puta: por perderte en la noche y regresar a escondidas con la falda demasiado corta. Por estar en horario escolar fumando por la calle, con esos labios jugosos lamiendo la boquilla. Por no ir a misa. Por bañarte en la playa y no cubrirte el cuerpo con el albornoz reglamentario. ¿Qué pretendías? Por mostrarte a los hombres. Esos muslos, ese talle, esos pechos amenazantes. Por tener oscurecido el entendimiento. La negra noche tiznando tus venas. Por tu gen rojo y meterte en política sólo para satisfacer tus apetencias sexuales.

Las rubias, todas putas.

Las pelirrojas.

Por alta. Por baja. Por exuberante. Por famélica.

Por extraviada, desviada, por ser mujer caída o a punto de caer. Seréis condenadas sin juicio. Tomaremos delito por pecado y por eso luego callareis. La culpa os arañará la garganta y nunca contaréis dónde os encerramos, qué os hicimos. Por querer saber demasiado, conocer demasiado, comprender demasiado, so puta

Por haberte largado tras las comparsas de Marisol. Por tu carácter impulsivo, resuelto, voluble y caprichoso que te hace obrar sin reflexión. Por no ser sumisa. Por relacionarte con un viudo de 42 años sin permiso materno. Por débil mental profunda, por oligofrénica y retrasada. 

Por descarriada, viciosa.

Así te trataremos.

Te catalogaremos.

Te hacinaremos.

Por incompleta.

Por gustarte mucho la calle. Por tener los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo tu ser, como describió el padre García Figar. Por ser una mujer sensual.

Por puta, mujer caída. Por sacudir la melena y depravar el aire. ¿Qué buscas? Por no querer servir a tu padre, a tu hermano, a tu esposo, a tu hijo. Por no querer entregar el sueldo íntegro a tus padres. Por no querer servir a las Oblatas del Santísimo Redentor, a las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, a Trinitarias, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Auxiliares del Buen Pastor, Religiosas Esclavas de la Virgen Dolorosa o las Cruzadas Evangélicas.

Por extraviada, desviada, por ser mujer caída o a punto de caer. Seréis condenadas sin juicio. Tomaremos delito por pecado y por eso luego callareis. La culpa os arañará la garganta y nunca contaréis dónde os encerramos, qué os hicimos. Por querer saber demasiado, conocer demasiado, comprender demasiado, so puta.

Por ir con hombres. O con mujeres. ¿Qué haces con mujeres? A qué huele su piel. A qué sabe una mujer en la boca de otra. Cómo podéis olvidar el fin último para lo que fuisteis concebidas que no es otro que dar cobijo a la vida. No podemos permitirlo, no vamos a permitirlo. Os salvaremos de vosotras mismas, de vuestra carne podrida que pudre todo aquello que toca con lascivia. Os haremos dignas a golpe de silencio, de rezo, de trabajo. Estado, Iglesia y psiquiatría. Así os coseremos el himen. Frotaréis de rodillas el suelo que pisamos y en él dibujaréis con la lengua ciento treinta cruces, vuestra lengua negra, negra vuestra alma, negro vuestro virgo, en ese suelo que volveremos a deslucir para que así podáis sacarle brillo mientras reflexionáis sobre lo que habéis hecho.

Nosotros, los guardianes de vuestra decencia, os quitaremos a vuestros hijos bastardos sin importarnos siquiera si son fruto o no de la violación de vuestros padres. Algo haríais. 300.000 niños robados que serán acunados por familias decentes previo donativo de 100.000 pesetas que irán a parar al banco de Dios. ¿Y sabéis? No precisaremos mover un dedo porque lo harán ellas, otras mujeres serán las que perpetúen la moral, nuestra moral, y quemaremos luego cualquier rastro de la desvergüenza perpetrada, y nadie sabrá de vosotras, y nos serviremos de esas otras mujeres —las que no cayeron— para llevar a cabo el mandato divino: celadoras, funcionarias del régimen, de la transición, de la democracia, monjas, religiosas, vuestras propias madres que nos creerán y nos cederán vuestra tutela para que os alejemos del vicio y os metamos en vereda.

Os preguntaremos:

—¿Por qué lo hacéis?

Pero no hará falta respuesta alguna. No hace falta titulación ni conocimientos especiales para trataros. Conocemos mejor que cualquier psiquiatra la psicología de todas vosotras. Os interrogamos, os aconsejamos y os medicamos. Sólo cuando es preciso, usamos electroshocks. En las primeras entrevistas con vosotras, sabremos de vuestro pasado, pero cuando mentís –y precisamente porque mentís– entonces se precisa el reconocimiento. Hacemos hablar a vuestro cuerpo. El cuerpo no miente. Inspeccionamos vuestros pozos para detectar restos de inmundicia. Lo haremos en el Centro de Observación y Clasificación. Y allí nos hablará vuestro himen, en el COC sabremos si sois o no vírgenes. Y si habéis pecado. Completas a un lado, incompletas a otro. Y esa etiqueta determinará vuestro destino, que nunca será en vuestra ciudad, nunca, para que permanezcáis solas y perdidas. Os trasladaremos una y otra vez por toda la geografía española, con la única intención de romper todo vínculo posible. De Valencia a Sevilla. De Sevilla a Logroño. De Logroño a Valencia.

Dormiréis cada noche con los brazos extendidos fuera de las sábanas para que el cuerpo no os llame.

Si desobedecéis, ducha fría.

Si desobedecéis, pelo rapado.

Si desobedecéis, os restregaremos ortigas ahí, en el lugar impronunciable.

Seremos nosotros los que escribamos vuestra historia, que será la no historia: gobernadores civiles, directores de prisiones, jefes de policía, comisarios, guardia civil, médicos, psiquiatras, padres, párrocos o presidentes de las diferentes juntas provinciales, monjas, celadoras. Nosotros firmaremos los expedientes sobre vosotras. Y las madres modelo nos pagarán religiosamente 2.000 pesetas al día para que llevemos a cabo nuestro mandato: convertir a las mujeres caídas en ángeles del hogar. Así aprenderéis el oficio de la mujer decente: de rodillas: en silencio: con trabajo: gracias al rezo.

Cambiaremos el nombre de las cosas: no diréis bragas sino cuquis. No diréis orinal sino el vasito de noche. No diréis reformatorio sino colegio de formación.

Durante la transición y la democracia se olvidarán de todas vosotras. Diez años olvidadas, incluso cuando en 1983 se transfieran las competencias del Estado a las Comunidades, como la de Galicia firmada por Rajoy.

Los muros que os encerraron se transformarán en congregaciones religiosas que recibirán dinero público y honores como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Premio de Derechos Humanos Rey de España, la condecoración de la Orden Civil de la Solidaridad Social, el galardón Celia Amorós. Se transformarán en institutos de enseñanza secundaria, en universidades católicas, residencias, centros materno-filiales, asociaciones provida, hoteles, en sedes del gobierno autonómico de turno como el de la calle Alberto Lista en Sevilla y por sus pasillos morarán los hijos de vuestros hijos bastardos, pero ninguno escuchará vuestro lamento porque conseguiremos hacer frágil la memoria y su historia.

Confeccionaréis ajuares para las familias ricas a cambio de nada. Trabajos forzosos para marcas como El Corte Inglés. Como Almacenes Vilima o Confecciones Fernández. Como Galerías Preciados. Puma. Agua de Rosas. Montaréis envases para rímel Pinaud, para el refresco Tang.

En 2024 habrá quien se pregunte cómo sobrevivimos 40 años y nadie nunca dijo nada, sin entender que todo fue –también– un negocio sustentado en trabajo esclavo y niños vendidos.

Os resultará más fácil entrar en nuestras cárceles que volver a la vida, porque solo habrá tres vías para escapar del infierno: ser reclamadas por la familia que os acusó, acabar en un convento, o el matrimonio. Y por haceros un favor, las monjas os exhibirán el día acordado como si estuvierais en un burdel, en un mercado de esclavas porque eso sois para nosotros, donde el caballero de turno os convertirá en mujer-sirvienta-esclava. Para que obedezcáis en casa, en la cama y en la calle.

Por putas.

Posdata

Necesito tomar aire. Ojalá esta columna hubiera sido escrita por una IA, pero no, porque la IA tiene los mismos sesgos que la realidad y en este caso no hay mayor sesgo que el silencio.

Este texto es producto de una limitada memoria colectiva, un relato construido a base de retazos, recuerdos, declaraciones, conversaciones y confesiones de muchas de las mujeres que desde 1941 hasta 1985 pasaron por los distintos centros del Patronato de Protección a la Mujer que poblaban España, presidido por Carmen Polo de Franco y dependiente del Ministerio de Justicia.

Es decir: Todo esto se dijo, se vivió, se escribió, se sufrió. Ocurrió en nuestra historia reciente. También gracias a los informes, tesis, archivos e investigaciones que se están llevando a cabo de forma individual para narrar la vida omitida por esos gobiernos que decidieron –y deciden– cuál es el pasado a recordar y cuál no, elevando ciertos relatos a la categoría de oficiales y obviando otros como éste.

Acerca del coste de la mentira y del silencio hablo con mi hija. Es un día caluroso, sábado por la mañana, epílogo del curso. Paseamos de la mano (aún se deja) de vuelta a casa por la calle Alberto Lista. Posamos nuestras palmas sobre los muros de la ahora Secretaría General para la Administración Pública donde durante unas tres décadas estuvo la Junta Provincial de Sevilla del Patronato. Le adelanto la historia que voy a escribir, le hablo de las salas de aislamiento, de las sesenta plazas que tenía este centro que ahora late entre sus manos – sesenta niñas de su edad–, de las 2.450 mujeres internadas en Sevilla durante dos décadas y de todo lo investigado durante meses para otro proyecto de mayor envergadura. Imposible condensarlo en 1.000 palabras si no es a base de puñetazos sobre el teclado. Me pide que le enseñe los expedientes y los lee, los lee como si leyera su futuro que es como debe leerse el pasado: con el temblor de los cuerpos que lo padecieron.

En la actualidad, el Patronato de Protección a la Mujer es considerado como una de mayores instituciones de represión contra las mujeres en nuestro país. A pesar de ello, estas mujeres no están consideradas como víctimas según la Ley de Memoria Democrática.

De momento, no ha habido un perdón colectivo por las atrocidades cometidas. Ni placa que las recuerde. Consuelo, Rocío, Loli, Itziar, Ana María, María Ángeles, Isabel, María, Dolores, Ana, Chelo, Mariona. Me olvido de muchas. No sé de muchas. Ni una sola placa que las recuerde. Ni a las vivas, ni a las muertas. Por putas.

La historia de España está llena de capítulos oscuros, pero sin duda uno de los más dolorosos y más impenetrables es el de los bebés robados. En un auto de 2008, el juez Baltasar Garzón hablaba de aproximadamente 30.000 recién nacidos arrebatados a sus padres. Los colectivos de víctimas elevan la cifra a 300.000. En cualquier caso, un horror que, como suele ser frecuente, los libros de texto escolares ni mencionan. Como si no hubiera existido. Ojos que no ven, corazón que no siente y cerebro que no pregunta…

Este silencioso holocausto infantil se desarrolló en dos fases bastante bien definidas. En un primer momento, recién acabada la guerra civil, un número indeterminado de mujeres republicanas dieron a luz en las cárceles franquistas o en los reformatorios del Patronato de Protección a la Mujer y las autoridades del régimen les birlaron impunemente a sus criaturas para dárselas a familias “como Dios manda”. De esa manera, y fusilando a cascoporro, claro, se procedía a extirpar el famoso “gen rojo” descrito por el psiquiatra nazi Antonio Vallejo-Nájera.

Posteriormente, desde finales de los años 50 hasta bien entrados los años 80, ya en plena democracia, una intrincada madeja de clínicas, médicos y monjas hicieron creer a muchas parejas que sus hijos o hijas habían nacido muertos o habían muerto al poco de nacer. Rara es la familia, en sentido extenso, que no cuenta en su haber con algún episodio de criatura arrebatada del lado de la madre sin demasiadas explicaciones y mostrada después en un envoltorio en el que apenas se adivinaba una carita.

 Y, a partir de ahí, todo es como un laberinto. Es muy difícil rastrear la pista de un bebé supuestamente nacido muerto. También en Albacete, desde donde escribimos. Por ejemplo, se supone que, según el artículo 45 de la Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, el personal sanitario que había atendido el parto debía encargarse de la inscripción de la criatura fallecida con el nombre de la madre. Sin embargo, nuestro Registro Civil solo dispone de Legajo de criaturas abortivas desde 1966. Todo lo ocurrido anteriormente es un misterio infranqueable. Otra fuente de información son las historias clínicas, pero tenemos constancia de alumbramientos ocurridos en los años 60 en la antigua Residencia que no han dejado huella documental. ¿Por qué? No sabemos. Ojalá alguien lo pudiese explicar.

“Es como una película de terror”

Porque es todo muy raro. Hace tan solo unas semanas, Paco Alarcón, secretario de la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares de Alicante, y Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Fosa de Alcaraz, consultaron los libros de enterramientos del cementerio de Albacete comprendidos entre los años 1959 y 1965 y encontraron que ¡casi el 30%! de las inhumaciones se correspondía con bebés nacidos muertos o fallecidos en las primeras 24 horas. ¡Casi el 30%! Es como una película de terror. Según Alarcón, se trata de un porcentaje más alto que el de Alicante, donde se han documentado diversos casos de niños robados al nacer.

De cualquier modo, punto arriba o punto abajo, ¿cómo es eso posible en una época en que las mujeres ya daban a luz en centros hospitalarios, como la mencionada Residencia, y nuestro país deslumbraba al mundo con el tan cacareado “milagro español”? En fin, no queremos generar morbo ni caer en el sensacionalismo. No es nuestro estilo. No afirmamos nada. Pero los datos sobre mortalidad neonatal que hemos expuesto revelan una anomalía demográfica que debería investigarse, aclararse y, llegado el caso, repararse. Y cuanto antes, mejor, porque el tiempo siempre va en contra de la verdad.

Por cierto, no lo hemos dicho: los niños y niñas a los que hace referencia este artículo están oficialmente enterrados en la denominada “fosa de los párvulos”, situada en el patio 3 del cementerio de Albacete. Allí reposan también los restos de 61 brigadistas internacionales. Y allí fueron arrojadas 565 de las 758 personas fusiladas al acabar la guerra. La historia a veces se escribe con tierra, sangre, carne y hueso.

* El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Eva Ramírez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

Visiblemente nerviosa, emocionada, sin parar de mover las piernas y con la cabeza recostada, M. C., se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Bizkaia por llevarse del hospital de Basurto, en Bilbao, un bebé recién nacido el 19 de octubre de 2022. En su declaración, ha reconocido los hechos de los que se les acusa y ha pedido perdón a los padres del bebé. También ha querido dedicar a ellos sus últimas palabras en el juicio. “Quería perdón a los padres, a la prensa y a todos vosotros. No estaba en mis cabales. Lo siento mucho, por favor”, ha señalado emocionada.

El juicio se ha celebrado en una única sesión en la que han declarado, además de la acusada, los padres del menor, una amiga de la acusada, la mujer que encontró al bebé en el felpudo de su casa, seis agentes de la Ertzaintza que participaron en el caso y dos médicos forenses. En un primer momento se había citado a la madre de la acusada y a un exnovio, sin embargo, el tribunal no ha considerado necesaria la declaración de ninguno de ellos.

En primer lugar ha declarado el padre del menor, que ha asegurado que tanto él como su mujer han precisado atención psicológica y psiquiátrica tras el suceso. “Hemos estado en shock desde entonces y hemos hecho terapia psicológica y psiquiátrica, yo durante un año y mi mujer aún sigue. Es un trauma, no dormimos bien. Te asustas por las noches, crees que se van a llevar a tus hijos”, ha confesado.

Según ha declarado, cuando el bebé fue sustraído él no se encontraba en el hospital, ya que estaba atendiendo a su otra hija. “Mi mujer me llamó y me dijo que le iban a dar el alta, me extrañó porque eran más de las 21.00 y yo sabía que a esas horas no solían dar altas. Me dijo que se habían llevado al bebé a hacerle unas pruebas y como había tal saturación de partos no me pareció raro. Como no nos lo traían me empecé a poner nervioso y le pregunté a una enfermera. Me miró raro y fuimos a información. Ahí nos dimos cuenta de que algo raro pasaba”, ha detallado el padre.

Tras él, ha declarado la madre del bebé que ha asegurado que la mujer había entrado “varias veces a la habitación”. “Hablaba como una enfermera normal. Me contó que había tenido dos hijos con partos malísimos. Salió y volvió a entrar”, ha indicado antes de romper a llorar. Tras beber agua y calmarse ha proseguido con el relato. “Me dijo que me diera a mi hijo porque le tenían que hacer unas pruebas. Lo cogí y se lo entregué”, ha reconocido.

“Estoy en tratamiento psicológico. No duermo por las noches. No puedo trabajar. No puedo con mi día a día”, ha lamentado la madre en una declaración en la que, al igual que en la del padre, no ha contado con preguntas de la defensa de la acusada. Ni la acusación particular ni el Ministerio Fiscal han aportado testimonio de los psicólogos o psiquiatras que han atendido a los padres tras lo ocurrido. Tampoco ha declarado ningún médico forense, algo que la defensa ha subrayado en sus conclusiones.

Solo ha declarado una de las enfermeras del hospital de Basurto que ha asegurado que la acusada iba “vestida como personal sanitario, como médico, de blanco” y que la vio hacia las 17.30. “Siempre se la vio fuera de las habitaciones, pero sabemos que ella entraba porque las madres nos lo contaron. Aprovechaba que estábamos en las habitaciones para entrar”, ha reconocido. Durante el juicio no se ha hablado sobre los protocolos del hospital, sobre si la acusada trató de entrar en alguna otra habitación, ni se ha ahondado sobre el hecho de que se pudo pasear durante toda la tarde por el hospital vestida de médico con total libertad.

Después de llevarse al bebé y percatarse de que la Ertzaintza había comenzado un operativo de búsqueda, la acusada a las 08.00 llamó a un timbre aleatorio y dejó al bebé en el felpudo. La vecina que vivía en dicha vivienda lo encontró en buen estado de salud. “Yo estaba en la cocina, acababa de ver la noticia y a los cinco minutos tocaron el timbre. Miré por la mirilla y no vi nada, pero abrí y ahí estaba el bebé. Mi hijo salió corriendo por las escaleras a ver si veía a alguien, pero no. Cogí al bebé y lo metí en seguida a casa. No tardé ni un segundo”, ha aseverado. Desde la acusación particular han preguntado sobre esta cuestión al entender que existe agravante de abandono por dejar el bebé en un felpudo y no entregárselo a la Policía voluntariamente.

Según detalló en el momento de los hechos la mujer que encontró al bebé, se encontraba “en muy buenas condiciones y se notaba que le habían dado biberón porque estaba muy tranquilo”. Horas más tarde, las investigaciones permitieron identificar a la joven, la cual, después de una intensa búsqueda, fue localizada y detenida a las 10.45 horas en la plaza Azoka del barrio bilbaíno de Zorrotza. En el momento de la detención se encontraba “agitada” y “nerviosa”.

Según han detallado los seis agentes de la Ertzaintza que participaron en la investigación, el operativo de búsqueda del bebé y la posterior detención de la acusada, un agente reconoció a la joven por las cámaras de vigilancia y acudió a su casa, donde estaba su madre a la que conocía también de operaciones anteriores. La madre de la acusada se encontraba con varias amigas que, según ha argumentado una de ellas, estaban “preocupadas” e intentando localizar a la joven, que no les respondía el teléfono. El agente les dio su teléfono por si conseguían localizarla. Finalmente, respondió a una de las amigas, que también ha testificado en el juicio. “Le llamé y me respondió. Casi no hablaba, solo decía que lo sentía. Me dijo que estaba en Zorroza y le dije que no se moviera de allí. Cogí un taxi y llamé al policía que nos había dado su número para decirle dónde habíamos quedado. No paraba de decirme '¿Qué hago?' y le dije que estuviera tranquila. Ella quería entregarse e ir a la Policía, estaba dispersa y solo pedía perdón”, ha declarado la amiga.

Todos los agentes de la Ertzaintza que han testificado que la acusada no opuso resistencia durante la detención. Sin embargo, el agente que le tomó declaración ha explicado que su declaración no se trató de una “declaración al uso”. “No contó todos los hechos ni todos los hechos que contó eran correctos. No fue una declaración al uso en la que metemos mano de forma más activa. Si hubiéramos continuado haciendo preguntas habríamos visto que había cosas que no eran ciertas”, ha declarado sin justificar por qué actuaron de esa forma.

Mensajes sobre embarazos y planos de Basurto en su móvil

En el móvil de la acusada, que ella misma entrega a una amiga para que se lo diera a su madre y ésta es la que se lo entrega a la Policía, hallan mensajes con otras personas en los que habla sobre embarazos y partos. También encuentran planos del hospital de Basurto e información sobre pérdidas y raptos de bebés. Además, según ha recalcado el agente -que también es perito- que investigó el móvil, la acusada realizó una búsqueda de información sobre el caso del robo del bebé en Basurto. “Ella hizo un seguimiento de la noticia. Encontramos en el historial que buscó sobre el rapto del bebé”, ha argumentado.

Durante el juicio también han testificado dos médicos forenses que han estudiado a la acusada y han concluido que tiene un “funcionamiento intelectual límite”. “Tiene un problema intelectual, pero no existe una discapacidad ni retraso mental. Su coeficiente intelectual es de 75 y la discapacidad se establece con un coeficiente intelectual de 70. Tiene una merma leve, un funcionamiento cognitivo por debajo de la media, pero lo suficiente como para entender”, han reconocido.

Preguntados por el Ministerio Fiscal si el hecho de no poder quedarse embarazada le afectó psicológicamente o cognitivamente, los forenses han argumentado que esa puede ser “una motivación” para la actuación que llevó a cabo. “Estaba en un tratamiento para la fertilidad. Esa búsqueda activa de ser madre tan joven, desde los 19 años y tener una vida precaria puede ser una motivación. Tiene una conducta extrema y bizarra”, han reconocido.

Por su parte, el tribunal ha preguntado si el consumo de sustancias le ha podido afectar de alguna manera, a lo que los forenses han confirmado que en los análisis realizados detectaron el consumo de cocaína, anfetamina y cannabis. “Hemos encontrado un abuso de sustancias, pero no una dependencia. Cuando es encerrada en un centro de Psiquiatría pasa muchos días sin las sustancias y no tiene drogodependencia ni muestra la necesidad de la búsqueda de esas drogas, por lo que consideramos que su consumo no va a tener repercusión en las conductas investigadas.

La jueza también ha preguntado por el tratamiento que aconsejan los médicos forenses llevar a cabo con la acusada, a lo que han respondido que un “adecuado entorno económico social puede ser beneficioso para ella y para su conducta”. “Hemos visto una evolución positiva desde su ingreso en un centro Psiquiátrico. Le ayudó a ver lo que había hecho y le ayudaría contar con un ingreso a largo plazo además de una psicoterapia global”, han detallado. Dos días después del suceso, la mujer reconoció los hechos en su comparecencia ante la jueza y solicitó su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico después de que la jueza decretara para ella libertad provisional debido a que no vio razones para establecer una medida cautelar de prisión provisional, al no constatar riesgos de fuga o de destrucción de pruebas.

La Fiscalía ha reclamado una pena de cuatro años de prisión por un delito de detención ilegal por estos hechos. En sus conclusiones ha considerado que “la conducta ha sido planificada previamente debido que utiliza documentación y un estudio previo del lugar, además de que pasa toda la tarde en el hospital y estudia cómo raptar al bebé”. La fiscal también ha insistido en que a pesar de que devuelve al bebé en un plazo inferior a 72 horas, “lo hace cuando es identificada y se ve acorralada”. A pesar de ello entiende que debe considerarse un atenuante por coeficiente intelectual límite.

La acusación particular, que representa a los padres del recién nacido, ahora de casi dos años, considera los hechos como un delito de secuestro de menor y de abandono, con lo que eleva la petición de cárcel a siete años. “La acusada tenía su cargo el menor desde su sustracción en el hospital. El delito de abandono se constató cuando dejó al bebé y se marchó. En lugar de eso debería haber entregado al bebé a la Policía, lo que hizo supuso un riesgo porque escogió un piso al azar y dejó a un bebé recién nacido en un felpudo sin cuidado”, ha argumentado.

La acusación particular ha solicitado una una indemnización para los padres de 12.000 euros por daños morales, sin embargo la defensa de la acusada ha tratado de justificar que se declara insolvente. “Ha reconocido los hechos, se trata de una persona con capacidades limitadas, que se entrega. En el momento se encuentra en shock y no sabe cómo entregarse, pero pide ayuda a una amiga y facilita su detención. Asume la responsabilidad en todo momento. No se puede hacer más para colaborar ni para esclarecer mejor los hechos”, ha argumentado la defensa en las conclusiones, en las que ha exigido un atenuante de confesión, otro de entrega del menor en 72 horas y ha negado el delito de abandono. Por lo que ha solicitado una pena de 9 meses de prisión. Además, ha indicado que la acusada ha aportado la mitad de lo solicitado para la reparación del daño. “Ha entregado 6.000 euros gracias a que sus familiares han hecho una hucha común para poder pagar. Sin ellos habría sido imposible para ella. Se declara insolvente”, ha concluido la defensa.

El 20 de octubre de 2022 los vecinos de Bilbao amanecieron alarmados después de que desde la Ertzaintza lanzaran un aviso en el que se pedía máxima difusión y colaboración ciudadana para la búsqueda de un bebé secuestrado por una mujer en el hospital de Basurto. Con el mensaje, publicaron fotografías de una mujer de 1,60 metros y pelo rizado que portaba en la mano un bebé y una bolsa. Aparentemente, una joven de 24 años con un uniforme con logotipos de Osakidetza accedió a una habitación del pabellón Iturrizar del hospital de Basurto de Bilbao y logró llevarse a un bebé con el consentimiento de la madre. “Me lo llevo para hacerle la prueba del oído y así poder darle el alta mañana”, le dijo la joven a la madre del bebé recién nacido antes de llevárselo.

Fue el padre el que, extrañado por la tardanza de la supuesta prueba que le estaban realizando a su bebé, preguntó al equipo de guardia del hospital qué estaba ocurriendo. En ese momento los sanitarios y la familia se dieron cuenta del secuestro y se lanzó el aviso por parte de la Ertzaintza. Finalmente, y después de que la Ertzaintza en colaboración con la Policía de Bilbao activara un dispositivo extraordinario de búsqueda, el bebé apareció 10 horas después en un felpudo del octavo piso de un bloque del barrio de Santutxu, a 4 kilómetros del hospital.

Sobre las ocho de la mañana, la detenida llamó a un timbre aleatorio y dejó al bebé en el felpudo. La vecina que vivía en dicha vivienda lo encontró en buen estado de salud. “Lo he cogido en brazos, me he emocionado por verle y, enseguida, he caído en que era el bebé desaparecido porque acababa de ver la noticia. Cuando lo he visto, he dicho 'tiene que ser el del secuestro”, detalló la mujer, que indicó que su hijo bajó corriendo las escaleras para tratar de dar con la persona que lo ha dejado ahí, pero “ya no había nadie”. Posteriormente llamó a la Ertzaintza. “Ha sido rapidísimo, no habíamos colgado el teléfono de la Ertzaintza y ya estaban aquí. Luego han venido los sanitarios y en media hora ya se habían llevado al chiquillo”, aseguró la vecina. Según detalló, el bebé se encontraba “en muy buenas condiciones y se notaba que le habían dado biberón porque estaba muy tranquilo”. Las investigaciones permitieron identificar a la joven, la cual, después de una intensa búsqueda, fue localizada y detenida a las 10.45 horas en la plaza Azoka del barrio bilbaíno de Zorrotza. En el momento de la detención se encontraba “agitada” y “nerviosa”.

Este martes la Audiencia de Bizkaia juzgará a la mujer en una única jornada que comenzará con la declaración de la acusada en primer lugar y después, los testigos y peritos. La Fiscalía reclamará en el juicio una pena de cuatro años de prisión por un delito de detención ilegal por estos hechos. El ministerio público pedirá que se le aplique la agravante de víctima vulnerable y una atenuante por devolver al bebé en menos de tres días. Mientras que, la acusación particular, que representa a los padres del recién nacido, ahora de casi dos años, considera los hechos como un delito de secuestro de menor y de abandono, con lo que eleva la petición de cárcel a siete años. Además, ambas partes solicitarán una indemnización para los padres de 12.000 euros por daños morales, según informa Europa Press. El tribunal analizará si el estado mental de la joven es atenuante suficiente para minimizar la condena. Hasta entonces, la imputada continúa en libertad con cargos, aunque voluntariamente llegó a ingresar en un centro psiquiátrico para ser atendida.

Dos días después del suceso, la mujer reconoció los hechos en su comparecencia ante la jueza y solicitó su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico después de que la jueza decretara para ella libertad provisional. El abogado de la detenida detalló en aquel momento que tanto la familia de la joven como ella misma solicitaron el ingreso en un centro psiquiátrico. “Ha declarado, ha reconocido los hechos, ha pasado el reconocimiento forense y estamos esperando a que nos notifiquen el auto. Tanto la familia como ella misma querían el ingreso voluntario en un psiquiátrico y veremos lo que se acuerda”, indicó el letrado antes de conocer el auto del juez.

Pese a que la joven quedó en libertad, el procedimiento de instrucción continuó porque se apreciaban “indicios fundados” de la comisión de un delito de detención ilegal. Sin embargo, el juzgado no vio razones para establecer una medida cautelar de prisión provisional, al no constatar riesgos de fuga o de destrucción de pruebas. Tras lo ocurrido, la familia solicitó una orden de alejamiento de 500 metros para la acusada, así como la prohibición de comunicación con el pequeño y su familia, que se mantendrá hasta la celebración del juicio. El representante de la encausada no se opuso, ya que, según afirmó, la intención de su defendida es “no causar más daño a familia”. 

Nuevo protocolo de seguridad

Como consecuencia del secuestro, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, presentó en noviembre de 2022, cambios en el protocolo para reforzar la seguridad en las maternidades de los siete hospitales vascos que disponen de este tipo de unidades. Entre las nuevas medidas acordadas se encontraban cámaras de videovigilancia, apertura de puertas “mediante tarjeta electrónica identificativa” o, “en el caso concreto de Basurto, cierre de puertas de accesos laterales del pabellón y equipar la puerta de emergencia con una alarma”. También se incluyeron “mejoras en la gestión de la trazabilidad de los accesos”, “sensibilizar a las plantillas sobre la obligatoriedad de la identificación de profesionales mediante una tarjeta personal visible”, “identificar a cualquier persona que se encuentre en las instalaciones” o garantizar la “custodia” de los uniformes, ya que la mujer iba vestida como sanitaria en el momento en que se llevó al bebé de una habitación con el supuesto ánimo de hacerle una prueba.

A veces una sola imagen contiene una película. Por ejemplo, la de dos mujeres a orillas de un río. Tienen las uñas pintadas de rojo y están durmiendo. En esas dos personas, todavía sin nombre y sin pasado, Victor Iriarte sabía que había una historia. Solo había que descubrir cuál. La imagen nació hace cuatro años, y se quedó clavada en su cabeza. Casi al mismo tiempo comenzó “una serie de lecturas y conversaciones con amigos sobre la historia de España reciente y el caso de los bebés robados”.

Esa “herida abierta” del pasado reciente de España se convirtió en el motor de aquellas mujeres sin nombre de la imagen que no se iba. Ambos estímulos se cruzaron. Esas dos personas eran dos madres. Una, la biológica. La otra, la madre adoptiva, y fueron el embrión de Sobre todo de noche, una de las películas españolas más sorprendentes del año que ha iniciado su carrera en la Giornate degli Autore de Venecia. Esos rostros ahora tienen los rasgos de Ana Torrent y Lola Dueñas, dos de las actrices con más misterio del cine español, algo que encaja a la perfección este filme político, autoral, que mezcla el relato histórico, la película de robos y el drama de forma libérrima e inclasificable.

Iriarte, programador del Festival de San Sebastián, cree que este filme también responde a “una preocupación que uno tiene respecto a la historia reciente, a los crímenes de España, la memoria histórica y como el cine también aborda no solo el tema, sino a cómo desde la forma también hay algo que alguien que dirige tiene que proponer”. La importancia de la forma para llegar al fondo. O cómo la forma es política. Por eso recurre a los códigos del cine negro de Hollywood o el polar francés, sumado a la imagen de archivo y elementos del melodrama. 

Una película que no se parece a nada, y que pone en duda aquello de la modélica Transición que se vendió durante tanto tiempo. “Creo que nuestra generación, por suerte, está en esa revisión de la memoria, y obviamente entendemos a la generación de nuestros padres y ese momento complicado en el que se firmó con ilusión y se votó con ilusión. Pero ahora, 40 años después, cuando uno ve esas imágenes, que además en nuestra película aparecen en forma de archivo, las ves desde otro lugar porque han sucedido muchas cosas y ahora mismo lo conectamos con el momento preciso político de España, que justamente ahora estamos volviendo a hablar sobre qué somos, qué modelo de territorios somos…”.

Sobre todo de noche “hace una reivindicación muy directa a revisar algo que es una herida”. “El caso de los bebés robados está todavía en un limbo jurídico muy grave y vemos ejemplos cercanos en la peli. Yo hago esa conexión pequeña, un poco emocional también, con Argentina, con Chile y con Uruguay. Nuestra película reivindica que hay que volver a pensar, pero desde un lugar creativo, porque creo que también propone eso en estos dos personajes tan diferentes que comparten que son víctimas y tratan de entenderse. Y creo que yo desde ahí puedo hacer también esa reivindicación de que tenemos que hacer una revisión de nuestra memoria, que haya justicia, reparación, y que repensemos lo que somos”, añade. 

Tenemos que hacer una revisión de nuestra memoria, que haya justicia, reparación, y que repensemos lo que somos

Víctor Iriarte — Director de cine

Para ello es clave “el cine y el cine popular”. Esa memoria histórica se debe abordar desde lo que se cuenta, pero también desde cómo se cuenta. Desde “la forma”. “Yo le doy mucha importancia a ese ‘cómo’. Hay una frase de la película que dice, ‘Lo único que no han podido arrebatarme es mi historia y cómo la cuento’, y creo que esa es clave”.

Hay también ecos de Hitchcock en esas dos mujeres que se tiñen de rubio para dar un golpe, algo que remite a Marnie la ladrona. “Hay algo bonito en ese gesto del cine negro que es que aunque se tiña de rubio, y al principio de la peli sea morena, sigue siendo la misma mujer. Hay algo que lo podemos relacionar con Bolaño y con muchas cosas que tiene que ver con los espías, como las conexiones internacionales, el misterio, un personaje en una ciudad, luego en otra, una llamada nocturna… todo este imaginario que para mí es muy literario, en el caso español con Vila-Matas, cuando escribía tanto sobre los espías en esa época en la que hubo esas novelas de Anagrama”, dice sobre otras influencias del filme. Ese disfraz que es también “un acto un poco performativo”. Una especie de “ritual, como si te tiñeras y ya fueras otra persona”. “Creo que lo hacemos un poco todas y todos. Me voy a Venecia y me voy a cortar el pelo… o afeitarte después del COVID. Cambios que creo que son parte de lo que somos”.

En la unión de esas mujeres, que se ayudan y se encuentran, también está el futuro para sanar las heridas abiertas del franquismo. Podría haber sido una película “de enemigas y venganzas”, pero para Iriarte su amistad es lo que hace que todo avance, aunque como en los buenos filmes de cine negro siempre “tiene que haber una tragedia”. También porque “la historia es trágica y la realidad es muy dura”. Pero a pesar de ello, hay una reivindicación de “ese espacio de entendimiento mutuo y de diálogo” en una película que hace que fondo y forma se fusionen para ofrecer una de las miradas más originales posibles a la memoria histórica de España.

La ciencia forense, además de la movilización de las asociaciones ciudadanas y la implicación de la Generalitat Valenciana, es una de las claves que han permitido identificar a cuatro bebés robados durante el franquismo. El banco autonómico de ADN, que analiza la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), utiliza la técnica de la secuenciación masiva tanto en los casos de bebés robados como en el de los restos de las fosas comunes del franquismo.

Llúcia Martínez, responsable del servicio de secuenciación de Fisabio, celebra que los resultados hayan permitido identificar a dos parejas de hermanos, además del conocimiento científico que aporta la experiencia. “Después de poder ayudar a la gente que busca a sus familiares en las fosas, el poder identificar a estos bebés robados da una satisfacción personal y de equipo por las cosas bien hechas”, declara a elDiario.es. La investigadora matiza que se trata de resultados provisionales ya que están pendientes nuevos análisis para los informes definitivos.

El hallazgo de las dos parejas de hermanos, anunciada por la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, apunta a que fueron robados durante el franquismo, aunque no han trascendido más datos sobre el origen del hurto, un fenómeno que se prolongó desde la dictadura hasta bien entrada la democracia.

La intención del departamento de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana es aportar el informe definitivo a la Fiscalía: “Estos hechos abren la puerta a que se pueda investigar y no se puede alegar la prescripción de los hechos, entiendo que es un delito continuado”, ha dicho Pérez Garijo, que reclama al Ejecutivo central la creación de un banco estatal de ADN de bebés robados.

De momento, el equipo de Fisabio ha analizado 134 muestras genéticas (aunque cuentan con un total de 231) aportadas por personas que sospechan que fueron bebés robados, a través de las asociaciones que batallan por identificar casos.

ADN “intacto y en buenas condiciones”

A diferencia de los huesos hallados en las fosas comunes de la represión franquista, el análisis genético en el caso de los bebés robados es “más sencillo” porque las muestras “son frescas”, explica Martínez, que agrega: “El principal problema con las fosas es que los huesos están muy degradados”.

Por el contrario, con los bebés robados se trata de un ADN “intacto y en buenas condiciones”. “Todos los marcadores genéticos dan una buena señal para poder ser analizados”.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Los familiares que buscan los restos de sus seres queridos en las fosas saben a ciencia cierta qué parentesco mantenían pero “aquí tienen sospechas”. El banco de ADN autonómico, promovido por la Generalitat Valenciana, es una suerte de base de datos que han aportado las asociaciones de bebés robados. “Tienes que encontrar relaciones entre todos ellos y eso, a nivel estadístico, es mucho más complicado”, apunta la investigadora. 

Así, las pesquisas se complican con el reto de “encontrar una relación entre un número de personas que no sabes a priori qué relación tienen, sólo sabes que sospechan que han sido robados”. Llúcia Martínez destaca la importancia de incorporar la mayor cantidad de muestras para poder alcanzar más “identificaciones válidas”.

Además, reconoce la investigadora, los bebés robados mantienen “más desconfianza hacia las instituciones” que las asociaciones de familiares de víctimas de las fosas del franquismo. “Realmente creo que han sido más olvidados, a nivel estatal hay un olvido continuado”, dice la responsable del servicio de secuenciación de Fisabio. “Las instituciones les fallaron”, lamenta.

Para la identificación de posibles casos, el equipo de Fisabio utiliza la técnica de la secuenciación masiva del ADN, igual que con los restos óseos de las fosas comunes. Consiste en “secuenciar genomas o partes del genoma”.

“En este caso la diferencia es que las técnicas de genética forense clásicas analizan regiones variables del genoma que se llaman poliformismos y que difieren entre una persona y otra, estas regiones son más parecidas entre tus familiares y tú que en el resto de la población”, explica Martínez. 

El equipo de Fisabio analiza “muchas más de estas regiones” y la potencia de la técnica permite analizar “cuatro veces más regiones”. “Podemos discriminar con más precisión el parentesco entre dos personas”, apostilla.

La investigadora también aclara que, en el caso de los bebés robados, “en aquellas muestras que daban resultado positivo de parentesco o probabilidad alta, hemos analizado el ADN mitocrondial, que se hereda en lineas materna”. “Todas aquellas personas que comparten una linea materna tienen el mismo, entonces es ideal para corroborar un resultado positivo”, concluye la investigadora. 

“Sólo nos quedan las pruebas de ADN”

Sin embargo, antes de que las muestras lleguen al laboratorio de Fisabio, el papel protagonista lo asumen las asociaciones que buscan identificar bebés robados. Lluna García, presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de la Comunitat Valenciana, asegura que en la entidad están “excepcional y tremendamente agradecidos” tras el hallazgo.

“Han hecho mil veces más con este banco de ADN que lo que ha hecho en más de diez años la Fiscalía”, asegura Lluna García. La presidenta de la asociación lamenta la “falta de interés y de colaboración de la justicia y de las instituciones sanitarias” con la que han chocado las víctimas. “No se nos facilita la documentación porque dicen que no estaña, que no la encuentran o cualquier otra excusa suficiente para cerrar los casos”, agrega.

Con la vía judicial descartada, “sólo nos queda recurrir a las pruebas de ADN”, asegura Lluna García.

“Es un paso muy importante para la calidad democrática”. Así ha definido la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, la identificación genética de dos pares de hermanos que fueron robados y separados al nacer. Se ha establecido, según ha anunciado la consellera en una rueda de prensa celebrada este miércoles, el parentesco entre dos hermanas y un hermano y una hermana. La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) se ha encargado de los análisis genéticos mediante la técnica de la secuenciación masiva.

Llúcia Martínez, responsable del servicio de secuenciación de Fisabio, ha explicado que se han analizado 134 muestras genéticas (aunque cuentan con un total de 231) aportadas por personas que sospechan que fueron bebés robados, a través de las asociaciones que batallan por identificar casos. “Continuaremos realizando recogidas pero necesitamos que la gente que tenga sospechas dé un paso adelante”, ha dicho Martínez. “Cuantos más familiares tengamos podremos realizar análisis mejores y más fiables”, ha agregado.

Rosa Pérez Garijo ha declinado aportar más datos sobre los hermanos identificados, que se han enterado recientemente del hallazgo. Los análisis, explica Llúcia Martínez, “nos han permitido evidenciar que había dos hermanas que tenían sospechas de haber sido robadas y finalmente se ha confirmado el parentesco”.

En el caso de las dos hermanas identificadas, se trata de un “caso paradigmático” porque “desconocían la presencia de la otra”. Rosa Pérez Garijo sí que ha informado de que el presunto robó de las dos parejas de hermanos se produjo durante la dictadura franquista, aunque se desconoce en qué clínica se produjo la separación. “Ayer [por el martes] les dimos la noticia”, ha explicado.

De momento la conselleria está completando el informe provisional sobre ambos casos, de la mano con las asociaciones valencianas de bebés robados. La intención, ya con un informe definitivo, es poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. “Estos hechos abren la puerta a que se pueda investigar y no se puede alegar la prescripción de los hechos, entiendo que es un delito continuado”, ha dicho.

La consellera ha pedido a “todos aquellos que tengan dudas o certezas” que se pongan en contacto con las asociaciones de víctimas de bebés robados, que se encargan de canalizar la recogida de muestras.

La Generalitat Valenciana cuenta con el primer banco autonómico de ADN de España de bebés robados. Sin embargo, según lamenta Rosa Pérez Garijo, “un banco de estas características a nivel autonómico se queda muy corto”. La consellera ha insistido en la necesidad de que se cree un proyecto idéntico que abarque la recogida de datos genéticos en todo el territorio español. “Los casos de bebés robados se dieron en diversas Comunidades Autónomas”, ha recordado.

Pérez Garijo ha destacado el trabajo de la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, cuya labor ha conocido de cerca en un reciente viaje a Argentina. “Tienen un total de 500 niños y niñas apropiados y ya van por 132 localizados”, ha dicho. La consellera ha destacado la “colaboración completa” entre la asociación, las instituciones públicas y la justicia. “Nos gustaría llegar ahí”, ha afirmado.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, se ha comprometido este miércoles a empujar la tramitación parlamentaria de la conocida como ley de bebés robados para que sea aprobada de manera urgente en lo que resta de legislatura. Esta propuesta normativa, que se tomó en consideración en el Congreso en junio de 2020, ha visto ampliado hasta 146 veces su periodo de enmiendas, lo que “impide su aprobación final y la consiguiente reparación a las víctimas”.

Según explican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Verstrynge mantuvo una reunión con representantes de las organizaciones que apoyan e impulsan esta proposición de ley, como 'Todos los niños robados son también mis niños', CeAqua (coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo) o Amnistía Internacional, entre otras. A todas ellas expresó su voluntad de reimpulsar la tramitación parlamentaria de la ley.

“Nuestro país no puede permitirse no resolver la deuda pendiente con los familiares y afectados por los bebés robados durante el franquismo. Es una cuestión de reparación y de memoria que no sólo vienen exigiendo los afectados y las asociaciones de derechos humanos internacionales, si no que el Parlamento Europeo y la ONU han requerido a nuestro país que se reconozca como víctimas a todos los afectados por este crimen”, ha explicado Verstrynge en declaraciones remitidas a los medios.

También ha dicho que esta normativa pendiente, que ya contó con el consenso “total” del Congreso en la legislatura anterior, “tiene que seguir adelante su trámite para que pueda verse materializada lo antes posible”.

Entre otros aspectos, la ley contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas, entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que “este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás”.

Asimismo, se crearía una Fiscalía Especial, una Unidad especial de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, así como una Base de AND nacional (cuyas pruebas serán gratuitas) y se establecería la participación de las víctimas a través de sus representantes en algunos de los organismos y herramientas creadas.

La joven detenida por el secuestro de un bebé en el hospital de Basurto, en Bilbao, se encuentra ingresada en la unidad de Psiquiatría de ese mismo hospital, después de que acudiera esta pasada noche a urgencias, según ha confirmado su abogado a Europa Press. La autora, tras confesar el rapto, quedó en libertad provisional este pasado sábado, sin medidas cautelares, debido a que la jueza, en un auto hecho público a última hora de la tarde, no vio razones para establecer una medida cautelar de prisión provisional, al no constatar riesgos de fuga o de destrucción de pruebas. Pese a que la joven ha quedado en libertad, el procedimiento de instrucción continuará porque se aprecian “indicios fundados” de la comisión de un delito de detención ilegal. 

Tras esta decisión judicial, su abogado anunció que este pasado lunes la mujer había iniciado en el Servicio Vasco de Salud, (Osakidetza), los trámites para su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. “Es lo mejor”, indicó el letrado, después de realizar la declaración ante la jueza. El abogado también añadió que la familia de la joven quería “facilitar y colaborar en todo lo posible porque entienden el dolor de los padres” y que ni la joven ni su familia se opondrían en el caso de que los padres del bebé decidieran interponer una orden de alejamiento contra la detenida. Situación que ocurrió este lunes, cuando los padres tacharon de “vergonzoso” el hecho de que la jueza decretara la libertad provisional para la mujer. Según ha confirmado el abogado, esta pasada noche la joven acudió a urgencias del Hospital de Basurto, donde finalmente ha quedado ingresada en la Unidad de Psiquiatría.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche del pasado miércoles cuando, vestida con un uniforme con el logotipo de Osakidetza, la mujer accedió al pabellón de maternidad del hospital bilbaíno y logró llevarse a un bebé tras haber intentado llevarse otros. “Me lo llevo para hacerle la prueba del oído y así poder darle el alta mañana”, le dijo a la madre, según explican fuentes conocedoras del caso a este periódico. A partir de ahí comenzó la odisea de diez horas de búsqueda del menor, cuando una hora después los padres se dieron cuenta de que su bebé había desaparecido.

Sobre las ocho de la mañana, la detenida llamó a un timbre aleatorio en un barrio de Santutxu y dejó al bebé en el felpudo. La vecina que vivía en dicha vivienda lo encontró en buen estado de salud. “Lo he cogido en brazos, me he emocionado por verle y, en seguida, he caído en que era el bebé desaparecido porque acababa de ver la noticia. Cuando lo he visto, he dicho 'tiene que ser el del secuestro”, ha detallado la mujer, que ha indicado que su hijo ha bajado corriendo las escaleras para tratar de dar con la persona que lo ha dejado ahí, pero “ya no había nadie”. Posteriormente llamó a la Ertzaintza.

“Ha sido rapidísimo, no habíamos colgado el teléfono de la Ertzaintza y ya estaban aquí. Luego han venido los sanitarios y en media hora ya se habían llevado al chiquillo”, aseguró la vecina. Según detalló, el bebé se encontraba “en muy buenas condiciones y se notaba que le habían dado biberón porque estaba muy tranquilo”. Las investigaciones permitieron identificar a la joven, la cual, después de una intensa búsqueda, fue localizada y detenida a las 10.45 horas en la plaza Azoka del barrio bilbaíno de Zorrotza. En el momento de la detención se encontraba “agitada” y “nerviosa”.

Después de pasar dos días detenida, el sábado, pasó disposición judicial en Bilbao, pasadas las once y media de la mañana, donde la jueza de guardia le tomó declaración y a las cuatro menos veinte de la tarde su abogado abandonaba los juzgados de guardia. “Ha declarado, ha reconocido los hechos, ha pasado el reconocimiento forense y estamos esperando a que nos notifiquen el auto. Tanto la familia como ella misma querían el ingreso voluntario en un psiquiátrico y veremos lo que se acuerda”, señaló el letrado antes de conocer el auto, que se esperaba en un principio para las seis de la tarde, pero se obtuvo cerca de las nueve de la noche, confirmando así, la libertad provisional de la detenida.

La mujer detenida por robar un bebé del hospital de Basurto comenzará este lunes los trámites para el ingreso voluntario en un hospital psiquiátrico después de que la jueza la dejara en libertad provisional. La mujer ha reconocido los hechos en su comparecencia ante la jueza y ha solicitado su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. A última hora de la tarde de este sábado, la jueza ha decretado libertad provisional para la mujer sin ningún tipo de medida y, se ha confirmado que la instrucción del caso la llevará otro juzgado, según informa Europa Press. El letrado ha detallado que tanto la familia de la joven como ella misma han solicitado el ingreso en un centro psiquiátrico. “Ha declarado, ha reconocido los hechos, ha pasado el reconocimiento forense y estamos esperando a que nos notifiquen el auto. Tanto la familia como ella misma querían el ingreso voluntario en un psiquiátrico y veremos lo que se acuerda”, ha indicado el abogado de la detenida a primera hora de la tarde, antes de conocer el auto del juez.

Este lunes comenzarán en Osakidetza los trámites para su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico, según ha confirmado a Europa Press su abogado que ha asegurado que, si los padres del recién nacido piden una orden de alejamiento, no se opondrán. “Es lo mejor”, ha indicado el letrado, quien ha añadido que tanto la familia de la joven quiere “facilitar y colaborar en todo lo posible porque entienden el dolor de los padres”.

Pese a que la joven ha quedado en libertad, el procedimiento de instrucción continuará porque se aprecian “indicios fundados” de la comisión de un delito de detención ilegal. Sin embargo, el juzgado no vio razones para establecer una medida cautelar de prisión provisional, al no constatar riesgos de fuga o de destrucción de pruebas.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche del pasado miércoles cuando, vestida con un uniforme con el logotipo de Osakidetza, la mujer accedió al pabellón de maternidad del hospital bilbaíno y logró llevarse a un bebé tras haber intentado llevarse otros. “Me lo llevo para hacerle la prueba del oído y así poder darle el alta mañana”, le dijo a la madre, según explican fuentes conocedoras del caso a este periódico. A partir de ahí comenzó la odisea de diez horas de búsqueda del menor, cuando una hora después los padres se dieron cuenta de que su bebé había desaparecido.

Sobre las ocho de la mañana, la detenida llamó a un timbre aleatorio en un barrio de Santutxu y dejó al bebé en el felpudo. La vecina que vivía en dicha vivienda lo encontró en buen estado de salud. “Lo he cogido en brazos, me he emocionado por verle y, en seguida, he caído en que era el bebé desaparecido porque acababa de ver la noticia. Cuando lo he visto, he dicho 'tiene que ser el del secuestro”, ha detallado la mujer, que ha indicado que su hijo ha bajado corriendo las escaleras para tratar de dar con la persona que lo ha dejado ahí, pero “ya no había nadie”. Posteriormente llamó a la Ertzaintza. “Ha sido rapidísimo, no habíamos colgado el teléfono de la Ertzaintza y ya estaban aquí. Luego han venido los sanitarios y en media hora ya se habían llevado al chiquillo”, aseguró la vecina. Según detalló, el bebé se encontraba “en muy buenas condiciones y se notaba que le habían dado biberón porque estaba muy tranquilo”.

Las investigaciones permitieron identificar a la joven, la cual, después de una intensa búsqueda, fue localizada y detenida a las 10.45 horas en la plaza Azoka del barrio bilbaíno de Zorrotza. En el momento de la detención se encontraba “agitada” y “nerviosa”. Este sábado, la mujer ha pasado a disposición judicial pasadas las once y media de la mañana y a las cuatro menos veinte de la tarde su abogado abandonaba los juzgados de guardia. Según ha confirmado, sobre las seis de la tarde se conocerá la decisión judicial.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha debate este 25 de noviembre una declaración institucional para instar al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español (122/000039) y llegar así a su aprobación “definitiva”. Es parte de una campaña de impulso en la que trabajan de manera activa diferentes asociaciones, como Amnistía Internacional y la Coordinadora estatal de apoyo a la 'Querella Argentina', CeAqua, junto a asociaciones de víctimas de 'bebés robados' de todo el país. Otras cámaras, como la extremeña o la madrileña, ya han aprobado medidas en favor de esta iniciativa.

De hecho, el objetivo de la campaña es que instituciones de todo el país firmen declaraciones, aprueben Proposiciones No de Ley o mociones que apuren el proceso para que la ley que finalmente “resulte aprobada” respete “al máximo” el texto original. “Es el que ha recabado un enorme consenso social y político tanto en su elaboración como en el inicio del procedimiento parlamentario para su tramitación”, recalcan.

Soledad Luque es la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y también la representante de la coordinadora estatal de CeAqua. “Llevamos un año con el trámite de enmiendas abierto. Por eso ideamos estas campañas de impulso, para dar el empujón final y que se apruebe la ley”, recalca. En mayo de este año iniciaron la búsqueda de muchísimas víctimas como parte de estas iniciativas ahora se han decantado por buscar declaraciones institucionales o equivalentes para que tengan un carácter más oficial. “Esta legislatura se tiene la fuerza necesaria como para aprobar la ley”, recalca Luque, que se ha reunido con el PP de Castilla-La Mancha, mientras que Amnistía Internacional lo ha hecho con PSOE y Ciudadanos. En todos los casos, afirma, se han obtenido respuestas “óptimas”.

La ley, explica, es necesaria para que las víctimas disfruten de su derecho “a la verdad y la justicia”, gracias a elementos que contiene la ley como una fiscalía especializada para que todas las denuncias se puedan investigar “a fondo”. “Esto supondrá posiblemente algún tipo de cambio o modificación de puntos del Código Penal, pero queremos llevar a cabo todo lo necesario para que haya verdad y justicia, que las exhumaciones corran a cargo del Ministerio de Justicia y que haya un banco de ADN voluntario, gratuito y estatal”, explica Luque. Que las medidas sean de reparación en el sentido “más básico” de asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita, insiste la portavoz. “La dignificación viene a través de la justicia y la verdad”, remata.

Como ejemplo más claro de la necesidad de la normativa, señala que no hay cifras de víctimas. “Es precisamente uno de los puntos que debe cubrir esta ley”, recalca Luque. Hasta 2020 había más de 2.100 diligencias abiertas de investigación, no denuncias, sino investigaciones abiertas por la Fiscalía, de las que unas 500 fueron judicializadas. En Castilla-La Mancha son aproximadamente unas 50 las diligencias de investigación que se abrieron y ahora están cerradas.

Desde Amnistía Internacional recalcan que la causa de los 'bebés robados' es parte de su campaña de memoria histórica, gracias a varios informes e investigaciones que se han realizado desde la organización. “Pedíamos que se consultasen los archivos a los que todavía no se tiene acceso”, explica Rafaela Alonso. “Pedimos que el Estado de una respuesta, porque son sus acciones las que han sido ilegales durante mucho tiempo durante el franquismo y que llegaron a extenderse al periodo de la democracia. Por eso queremos que el Estado tome cartas en el asunto”, afirma.

Las asociaciones que también forman parte de la iniciativa son Adelante Bebés Robados (Madrid y delegación de Castilla-La Mancha); Asociación Bebés Sustraídos Bizkaia “Itxaropena”; Asociación de Bebés Robados de Andalucía (ABEROA); Asociación de Afectados por Bebés Robados de Andalucía (ABRA); Asociación de Víctimas de bebes robados y de adopciones ilegales de Alicante (AVA); Asociación Origens de Baleares; Camino a la Justicia; Sevilla bebés robados; Sos Bebés Robados Cádiz; Sos Bebés Robados de Cantabria; Sos Bebés Robados Galicia; Sos Bebés Robados Huelva; Sos Bebés Robados Jerez de la Frontera; Sos Bebés Robados Madrid (Madrid y delegación de Canarias);Todos los niños robados son también mis niños y CeAqua.

En este país tenemos ironía para dar y tomar. Pero, ¿dónde está la obstinación? ¿Dónde, la desobediencia? ¿Dónde, la lucidez?

Fue en su estudio del centro de la capital, rodeada de cientos de tebeos, lápices, acuarelas y dos botes de yogur griego de un kilo reconvertidos en limpiapinceles, donde Teresa Valero (Madrid, 1969) escuchó la historia de cómo un grupo de periodistas de sucesos se las ingeniaba para burlar la censura de la dictadura franquista.

“Estaba trabajando aquí –cuenta Valero a elDiario.es– cuando me topé en la radio con una entrevista que le estaban haciendo a Juan Rada, uno de los últimos directores de El Caso”. Rada contaba en aquella entrevista la lucha diaria de los periodistas del famoso semanario de sucesos, que se editó entre 1952 y 1997 con un éxito arrollador, para poder publicar crónicas sobre crímenes que, según el régimen, en España no se producían. El ‘esto con Franco no pasaba’. Ahí había material para un tebeo.

El relato de Rada sentó los cimientos de lo que iba a ser Contrapaso. Los hijos de los otros (Norma Editorial, 2021): varios álbumes con diferentes crímenes reales publicados en El Caso que sirvieran para contar la España de los 50 y la batalla por la verdad en plena dictadura. Un David contra Goliat. Las libertades de expresión y prensa enfrentadas al puño del totalitarismo. Pero todo se tambaleó al poco de empezar. “RTVE estrenó una serie sobre El Caso… Pensé que la idea se había agotado”. Había que darle una vuelta al proyecto. Convertirlo en una obra de ficción.

Asesinos en serie y bebés robados en el Madrid de Franco

Febrero del 56. Nieva en Madrid la noche en la que un cadáver aparece flotando en el Manzanares. Otro asesinato al que querrán darle carpetazo rápido. Otra escena del crimen que acabará apilada junto al resto de fotografías de mujeres asesinadas que sepultan el escritorio de Emilio Sanz. La justicia del generalísimo venderá cada detención y cada ejecución como un gran éxito, como otro caso resuelto, pero, mientras siguen declarando culpable a cualquier pobre diablo, hay un hombre suelto que sigue matando mujeres. Y lleva diecisiete años haciéndolo.

Sanz, un viejo periodista y militante falangista, es el único al que parecen importarle todas esas mujeres. Su obsesión por la verdad y por revolver un caso que nadie quiere reconocer son el eje que vertebra lo que ha acabado siendo Contrapaso: un thriller social cargado de Historia de España. “Como lo de El Caso o lo de hacer algo más costumbrista no salió, pensé que era mejor hacer una obra tipo novela negra clásica americana”, explica Valero: “Presentar un caso criminal, pero, sobre todo, cargar las tintas en temas de corte social, centrarme en las personas, en cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo las circunstancias sociales determinan nuestra forma de vivir”.

Personajes como Sanz; Léon Lenoir, el hijo de un comunista que vuelve a España para desempeñarse como reportero de sucesos; o Paloma, una dibujante que trata de liberarse de la sumisión impuesta por el régimen a las mujeres, le sirven para tratar en un tebeo asuntos que “aún levantan ampollas entre los españoles”. Un ejercicio sobresaliente de narración, una trama plagada de mentiras y secretos, con una reconstrucción al detalle de la sociedad española de los años de la dictadura.

-      ¿Qué es lo que más te preocupaba de tratar estos temas en un tebeo de ficción?

-      Que quedara artificial. No quería que se sintiera como algo falso y, sobre todo, no quería que la historia hiciera daño a gente que ha sufrido de verdad. Contrapaso es una obra de ficción. Lo que cuento no es real, pero está basado en hechos reales. Al ser temas que están todavía a flor de piel, quería tenerlo todo muy bien documentado y sostenerlo sobre testimonios reales que me sirvieran para construir una trama sin caer en frivolidades. 

Después de treinta años dedicados a la animación y tras “algunos pinitos” como guionista, Valero se presenta como creadora total con una obra en la que se ha encargado de la documentación, del guion, del dibujo y del color. Un tebeo que explora los mundos de la censura, los bebés robados y el papel de la Iglesia en la dictadura franquista. Páginas en las que el lector reconocerá los experimentos que desarrolló el Dr. Vallejo-Nágera con las mujeres de la cárcel de Málaga y los brigadistas presos en San Pedro de Cerdeña para curar el ‘gen rojo’; las terapias de reconversión sexual y las cirugías del Dr. López Ibor para erradicar la homosexualidad; y los interrogatorios del comisario Roberto Conesa en los sótanos de la Dirección General de Seguridad.

El cine que se hizo entre los años 40 y principios de la década de los 60 fue un modelo fundamental para recrear esa España de huelgas estudiantiles y publicaciones clandestinas. Surcos, El malvado Carabel, La vida en un bloc, Todos somos necesarios o 091, policía al habla. “A pesar de ser muy artificioso y con una interpretación muy edulcorada de la realidad, fue esencial”, explica Valero.

“También pude entrevistar a Julio Diamante, el escritor y director que fue interrogado por Conesa en la Dirección General de Seguridad en 1956, y al fotógrafo César Lucas. Dos referentes que vivieron aquella época y que me contaron cosas impresionantes. Los conocí gracias a Víctor Lerena y Xulio García, ambos periodistas de la Agencia EFE”. Cinco años de conversaciones, cine y libros, muchos de ellos descatalogados –“en IberLibro soy cliente VIP”, bromea–, para reconstruir minuciosamente la moda, la publicidad, los barrios y las costumbres de esa España.

Y ahora vayamos al final. Página 133, penúltima viñeta. Café Fuyma. En segundo plano, abriéndose paso a la carrera entre el gentío y el humo, un botones atraviesa la escena. Es un “Spirou manchego” que convirtió la búsqueda de un café para una escena final en una obsesión para Valero. Ella quería que fuera aquel que ocupó el número 44 de la calle Gran Vía de Madrid. “No había ni una sola foto del interior. Fue complicadísimo, pero quería hacerle ese homenaje a mi padre. Él es el botones. Trabajo allí de adolescente y juntos fuimos recomponiendo el café a partir de sus recuerdos”.