El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado en el pleno del Parlamento que si alguien va al médico de cabecera sin cita en la sanidad pública es atendido, después de que el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunciara que una cita tarda hasta más de diez días. “Si usted va mañana a su médico de cabecera sin pedir cita lo atienden el mismo día, porque a mí y a familiares míos nos ha ocurrido”, ha replicado el líder del Ejecutivo canario, y ha enfatizado: “Usted solo tiene que ir hoy al centro de salud si tiene cualquier problema y le aseguro que lo van a atender. Y, si no, vamos los dos juntos. Yo voy con usted”.

Clavijo, quien se ha declarado “usuario de la sanidad pública”, ha explicado que si en la atención primaria se da cita para otro día es porque los centros tienen que organizarse y hacer “un esfuerzo importante para reconfirmar aquellas citas a las que luego el paciente no acude”.

Según el presidente regional, “es evidente que la sanidad está mucho mejor” que como la dejó el anterior Gobierno de Canarias en 2023.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunció, por el contrario, “el progresivo deterioro del sistema sanitario público”, y se refirió a las protestas laborales, la saturación en urgencias y los retrasos en la atención primaria.

Campos reclamó a Clavijo que escuche las reivindicaciones de los profesionales del Servicio Canario de la Salud y ha calificado de “cínica” y “vergonzosa” la propuesta de la Consejería de Sanidad a los médicos en huelga para solucionar las sustituciones de las bajas y las vacaciones.

También ha denunciado Campos la situación de los técnicos de transporte sanitario en huelga o la situación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuya falta de captación de sangre ha provocado la suspensión de pruebas quirúrgicas.

El portavoz de NC ha lamentado además el “colapso estructural” de los servicios de urgencias en los grandes hospitales, donde se acumulan durante días enfermos en camillas, ha denunciado.

El presidente de Canarias ha insistido en que la sanidad está mucho mejor y ha sostenido que las listas de espera, las intervenciones quirúrgicas y las consultas han mejorado sustancialmente.

Respecto a las movilizaciones del personal sanitario, ha calificado las reivindicaciones de “legítimas” y “razonables”, pero ha matizado que la base del conflicto no se circunscribe a Canarias, sino que depende directamente del Ejecutivo central, que ha respondido con “arrogancia y prepotencia”.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Sanidad negocia distintas propuestas para incorporar más recursos y aplicar cambios organizativos en la red, como la instauración de turnos de mañana y tarde, ha señalado.

En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Canarias no permitirá en ningún caso que se resienta la atención a los pacientes durante este proceso de reorganización asistencial.

Críticas a la consejera de Sanidad

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha afirmado este martes que a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no le preocupa el sufrimiento de los pacientes canarios, gobierna de espaldas a la Cámara y es indiferente a las reivindicaciones del personal de las ambulancias.

Miguel Ángel Pérez del Pino, que ha cuestionado a la consejera por su falta de interlocución ante las demandas del personal del transporte sanitario, ha aseverado que las respuestas de Monzón acerca de este conflicto son tan “vergonzantes” como las expresadas con anterioridad en el pleno por parte del presidente Fernando Clavijo sobre la sanidad canaria.

Monzón rechaza sistemáticamente reunirse con los sindicatos y se niega a sentarse con los trabajadores, pero con la patronal lo hace “disimuladamente”, ha opinado el diputado socialista, quien ha comparado esta situación con la intervención de Clavijo en el ámbito turístico “cuando sonaron los pitos de la patronal de Tenerife”.

La consejera ha replicado que tiene pleno conocimiento de las demandas de los trabajadores de las ambulancias, respeta sus reivindicaciones y comparte la necesidad de avanzar en su reconocimiento profesional, por lo que confía en que se culmine el proceso de negociación con todas las garantías.

Pero también ha incidido en que se trata de un conflicto de naturaleza laboral y retributiva en el que no puede intervenir la administración autonómica aunque Pérez del Pino “manipule”, ha dicho la consejera, para indicar que ello no implica que la Consejería sea ajena al proceso negociador.

No hay una posición pasiva y Sanidad está haciendo todos los esfuerzos posibles en su convicción de que el transporte sanitario es un servicio esencial que debe estar acompañado de unas condiciones laborales dignas, ha añadido Monzón, quien ha reiterado su rechazo a los recientes actos vandálicos que impidieron que pudieran efectuarse 59 tratamientos sanitarios.

El pleno del Parlamento de Canarias inicia una nueva sesión con una declaración institucional sobre los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela.

Algunos testigos presenciales pudieron comprobar el pasado lunes el grado de tensión que se masca en el ambiente político canario a un escaso año vista de las elecciones municipales. El consultor político Iván Redondo presentaba su libro, El manual, en el Club La Provincia ante un selecto grupo de personas invitadas, muchas de ellas nacionalistas, que solo relajaron el rictus cuando el interviniente accedió a contemplar como fuerza con “potencialidad” la del reencuentro del nacionalismo “desde abajo” que encarnan -se supone- Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias. Se pusieron tensos cuando recordó que todas las encuestas, tanto las privadas como las públicas, auguran a día de hoy una victoria electoral del PSOE en las autonómicas de Canarias, y Redondo lo notó, así que añadió que esa reunificación podría “competir” por esa primera plaza.

No es ese pronóstico lo más discutible de esta parte del discurso de Iván Redondo, sino la procedencia de esa reunificación nacionalista: “desde abajo”. Pretender que la creación de un nuevo partido político, constituido a partir de una ruptura con otro y cimentado sobre cargos públicos de una amplia trayectoria, tenga una procedencia desde la base hacia la altura es forzar un poco el discurso. Partido por dos.

El historial político e institucional de los que dirigen esa reunificación nacionalista “desde abajo” es tan extenso que aconsejaría modificar algunos parámetros del discurso para no parecer ridículos. Y no sólo desde el punto de vista conceptual. La líder más veterana de la política de Canarias, de toda la política de Canarias, es uno de los iconos del nacionalismo isleño. Se llama Ana Oramas, y lleva en política la friolera de 47 años, el 70% de su vida. Empezó como concejala en Santa Cruz de Tenerife en 1979 y ahora es la vicepresidenta primera del Parlamento canario. El portavoz del grupo nacionalista en esa misma Cámara, José Miguel Barragán, del mismo partido, ya ha cumplido 45 años en lo público, lo que supone un 70% de sus 63 años de vida.

Pero ni Oramas ni Barragán estaban en el acto de Iván Redondo, así que es probable que eso confundiera al experto. Pero sí estaba en primera fila Fernando Clavijo, presidente regional, que, a sus 55 años, lleva 23 en política (el 41%); o Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que ya ha cumplido los 50, de los cuales, 27 los ha dedicado a la vida pública, más de la mitad de su vida. Lo mismo que el actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, compañero de Sosa en la fundación de Primero Canarias, que a sus 62, ha dedicado 35 a la política (un 56,4%).

Sosa y Hernández invocaron en su momento la necesidad de renovación en Nueva Canarias como la causa principal del cisma que encabezaron y que desembocó en su nuevo partido, seguramente sin contemplar que algún día alguien recordaría que el líder al que se enfrentaron, Román Rodríguez, lleva en la política 33 de sus 70 años, es decir, un 47% de su vida, cuatro años más que Sosa y dos menos que Hernández.

Nada que objetar, por supuesto, a que un grupo de personas constituya un partido a partir de una crisis interna de otro, por muy forzada o postiza que pueda parecer desde fuera. Ni que aprovechen la palanca que supone hacerlo desde las instituciones, a modo y manera que hizo en 2005 su líder defenestrado, Román Rodríguez, cuando encabezó la creación de Nueva Canarias tras ocupar la presidencia del Gobierno bajo las siglas de Coalición Canaria.

Lo que realmente podría ser reprochable es que bajo esa estratagema se tratara de esconder inicialmente y con un éxito dudoso el verdadero fin del proyecto: confluir en todo lo que se pueda con Coalición Canaria. No para ir en alianza electoral a unas generales para la obtención del tan cacareado grupo parlamentario canario en las Cortes, que también, sino para afianzar a Fernando Clavijo (o a quien le suceda) en el poder a cambio de asegurarse sus dirigentes lo propio en Gran Canaria, y no en todas sus instituciones.

Exactamente recorrer el sentido inverso que se recorrió hace 21 años para salir de la dinámica derechista de CC, que no solo no se ha suavizado estos años, sino que se ha radicalizado, como puede comprobarse a poco que se analice la evolución de los servicios públicos y la poca capacidad para resolver problemas como el de la vivienda, la preservación del territorio, la dependencia o la movilidad en Canarias teniendo récord de recaudación presupuestaria.

Arucas como símbolo

Se trata, por tanto, de consolidar a Coalición Canaria, como atestigua el primer acuerdo público que han firmado estas dos fuerzas presuntamente nacionalistas. Ha ocurrido en la ciudad de Arucas, adonde acudieron los líderes y lideresas de ambos partidos para escenificar un acuerdo que las partes contratantes locales, es decir, los concejales tránsfugas de Nueva Canarias, se han tenido que comer con papas. Basta con leer el comunicado conjunto emitido por ambos firmantes y ver las fotografías que ellos mismos distribuyeron para comprobar que este ha sido un acuerdo tomado en las alturas, no en las bases, dividido entre dos.

En la mesa, un solo dirigente aruquense que ni siquiera es concejal y sí alto cargo del Gobierno canario, José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios y vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria en Gran Canaria. El resto, dirigentes de fuera de la ciudad. Por no estar, ni siquiera acudió al acto el concejal de Primero Canarias (Prica, a partir de ahora, por ahorrar) y ex de Nueva Canarias Marcelo Afonso, que está en el grupo de gobierno con el PSOE en calidad de tránsfuga de calidad. Sí estaba en la primera fila pero sin derecho ni a voz ni a foto el único concejal de CC en la ciudad, José Eduardo Marrero.

La mesa la completaban, por parte de Prica, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el secretario de Organización, Samuel Henríquez, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín. Y por parte de CC, además de José Gilberto Moreno, Pablo Rodríguez, secretario general de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, y María Fernández, directora general de Transportes y vicesecretaria general.

En el público, dos presencias muy significativas de lo que promete ser este acuerdo. Por un lado, Froilán Rodríguez, exalcalde e histórico dirigente de la izquierda nacionalista canaria por cuanto fue uno de los más significados dirigentes de Ican, el germen de Nueva Canarias. Lo llevaron como símbolo de que se puede gobernar una ciudad así con un programa de izquierdas. Y de otro, Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Popular, donde fue mano derecha de José Manuel Soria tanto en ese ayuntamiento como en el Cabildo de la isla, ejecutando las políticas correspondientes. Ahora es personal de confianza de Fernando Clavijo en calidad de asesor en la Presidencia del Gobierno. Muy de izquierdas este nacionalismo, sí.

La única ausencia destacable y no oficialmente disculpada fue la de Óscar Hernández, presidente de Prica, cuya presencia había sido anunciada por los servicios de prensa del partido.

No es casual que para esta puesta en escena, la del abierto apoyo de Prica a Coalición Canaria, es decir, al candidato Fernando Clavijo, se haya celebrado en un hotel en el centro histórico de Arucas, la ciudad de la que es natural y de la que fue alcalde Ángel Víctor Torres, el candidato que quita el sueño a sus adversarios políticos porque todas las encuestas lo siguen dando como el más valorado y ganador de las elecciones autonómicas si se celebraran ahora mismo.

Un enjambre ideológico

A partir de este acontecimiento queda clara cuál va a ser el recorrido del nuevo y prometedor partido. El enjambre ideológico en el que se ha metido va a resultar muy complicado de digerir. Por un lado, va a respaldar en las próximas elecciones autonómicas y locales a un partido de derechas que ahora mismo gobierna con el Partido Popular, su socio natural salvo excepciones paulinistas. Y, por si ese apoyo ya explícito fuera poco, su contribución a generar un estropicio en el voto progresista de Gran Canaria va a restar muy probablemente representación suficiente para reeditar algo que pueda parecerse al pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ASG).

Pero ese enjambre también lo tiene en sus propias filas porque en ellas ya se está revolcando con partidos como Ciuca, con una amplia trayectoria de corrupción que, al menos en Telde, requerirá muchas explicaciones.

Pero todo vale en pos de esa presunta reunificación del nacionalismo canario. O casi todo.

Porque a Teodoro Sosa sí cabe atribuirle que fuera él quien le pusiera bola negra a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que era secretaria de Política Municipal de Coalición Canaria cuando empezaron los escarceos con lo que luego se ha configurado como Prica. Ya venía ella marcada por su intento de moverle la silla a Pablo Rodríguez para quedarse con la marca CC de Gran Canaria, pero apareció el alcalde de Gáldar y se puso él en su lugar como socio fiable.

La polémica alcaldesa optó entonces por recluirse en sus cuarteles de invierno, retomar su proyecto de partido propio Bueno para… (incluido para ella) y arrimarse al Partido Popular con sus 5.000 votos garantizados (no tienen por qué ser todos comprados) en una nueva demostración de lo moldeable que son las ideologías en estos determinados espectros de la política canaria. A Bueno le habría parecido igual de bueno ir con CC que con el PP, porque cualquier partido que sea bueno para Bueno es bueno para Gran Canaria. Y dos piedras.

Las encuestas

Las encuestas, tanto públicas como privadas a las que se refirió Iván Redondo el lunes pasado reducen un poquito la presunta potencialidad que él mismo otorgó a Prica: no más de 20.000 votos, un 2% del electorado, de los que en torno a 15.000-17.000 estarían en Gran Canaria. Pero el estropicio al voto progresista que provocaría su concurrencia estaría hecho, como ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el proyecto de Alberto Rodríguez, Drago Verdes Canarias, que podrá alcanzar otros 20.000 votos, 15.000 de ellos en la isla de Tenerife. Otra cosa es que el estropicio beneficie a Coalición Canaria, porque como bien dijo Redondo el lunes pasado, a veces dos más dos puede ser uno y medio.

Pero los líderes de Prica garantizarían sus candidaturas. A la espera de lo que decida Antonio Morales, que se ha situado de momento en terreno neutral, Teodoro Sosa será con toda probabilidad el candidato al Cabildo, con el Parlamento como alternativa, puesto este último que también apetece a Óscar Hernández, después de tantos años en Agüimes. Y los líderes locales que desembarcaron de Nueva Canarias se supone que conservarán sus expectativas, salvo que, como el caso de Arucas, sean postergados por los acuerdos “nacionales” de la nueva formación en la que se han integrado.

Pero el principal objetivo, el que ha llevado a determinados empresarios grancanarios a respaldar abiertamente a Prica, empieza a manifestarse públicamente para que quede claro: garantizar la continuidad de Coalición Canaria, a ser posible con el PP, para que solo cambie lo que no les perjudique y en un contexto de discusión sobre el modelo turístico, crisis de vivienda o regulación ambiental, la vida siga igual.

Queda un año por delante. Para algunos va a ser agotador. Sobre todo explicando la prioridad nacional canaria.

El Gobierno de España va a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias 7,8 millones de euros adicionales a los 15,3 millones acordados en marzo pasado, como compensación por el decreto de extensión de las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, hasta un total de 23,1 millones.

El acuerdo ha sido hecho público por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia ante la prensa en la que han rechazado contestar a preguntas ajenas a este asunto, entre ellas el acuerdo de PP y Vox en Andalucía y la personación de la Abogacía del Estado en relación con las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero.

La compensación a Canarias por la respuesta económica por la guerra en Oriente Medio parte del decreto del Gobierno de España de marzo pasado, que tenía vigencia hasta el 30 de junio, en el que muchas medidas estaban vinculadas a la rebaja del IVA, que no se aplica en Canarias.

Ante la protesta del Gobierno de Canarias, ambas administraciones acordaron entonces una compensación de 15,3 millones de euros, a los que la Comunidad Autónoma añadió de fondos propios otros 14,5, hasta un total de 29,8 millones, para la aplicación de medidas específicas en las islas.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo real decreto que prorroga hasta septiembre parte de las ayudas para todo el país, y en esta ocasión, según han explicado Clavijo y Torres, el acuerdo con Canarias se ha cerrado con antelación y la compensación se ha fijado en 7,8 millones de euros.

Torres ha anunciado que la transferencia específica y extraordinaria de los 23,1 millones de euros que suman las ayudas a Canarias por la guerra en Oriente Medio se aprobará en el Consejo de Ministros.

“Canarias ya puede contar con esos 23,1 millones de euros una vez el acuerdo quede formalmente aprobado el martes”, ha garantizado Ángel Víctor Torres.

Ha añadido que, si hubiera un nuevo real decreto-ley porque se extienden las ayudas por la guerra en Oriente Medio, se hará “exactamente lo mismo”, es decir, articular la correspondiente compensación para la Comunidad Autónoma de Canarias, ha afirmado el ministro de Política Territorial.

Fernando Clavijo ha confirmado que, así como en el anterior decreto Canarias tuvo que reclamar las medidas compensatorias apropiadas, en este caso las conversaciones han sido previas.

“Este es un acuerdo positivo que hace justicia con las singularidades de Canarias y con la ciudadanía canaria”, ha dicho el presidente autonómico.

Para Clavijo, a pesar del “despiste inicial” del Ejecutivo central, el Gobierno de España “ha mostrado voluntad para corregir esa situación y compensar a los canarios, de forma que no queden en una situación de desigualdad respecto al resto de ciudadanos del territorio español”.

Clavijo ha señalado que el coste total de las compensaciones que aplica Canarias por la guerra en Oriente Medio supera los 60 millones de euros, de manera que las ayudas del Estado cubren alrededor de un tercio.

Entre las medidas prorrogadas hasta el 30 de septiembre para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio en Canarias figura el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles y la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas en un 99%.

No obstante, está prevista la supresión o graduación de las medidas según la variación de los precios del combustible.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha denunciado que CC y el PP han impuesto su mayoría en la Mesa del Parlamento de Canarias, presidida por Astrid Pérez (PP), para cambiar las reglas del procedimiento para legislar mediante una resolución y sin reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de “reforzar el poder de la mayoría” de CC, el PP, la ASG y la AHI que sustenta al Gobierno presidido por Fernando Clavijo.

El portavoz parlamentario y la portavoz adjunta y vicepresidenta de la Mesa de la Cámara en la pasada legislatura de NC-BC, Luis Campos y Esther González, denunciaron esta alteración del Reglamento “por la puerta de atrás”, hecha además para “recortar las garantías de las minorías” en el Legislativo.

La resolución aprobada por la Mesa del Parlamento regula la tramitación de enmiendas a las propuestas legislativas en la fase de la ponencia. Esther González dijo que el Reglamento permite al órgano del Gobierno de la Cámara dictar resoluciones cuando existe una laguna, contradicción o discrepancia.

De hecho, la resolución argumenta que el Reglamento regula las enmiendas transaccionales, in voce y de subsanación en comisión y en pleno, pero no en ponencia. Es cierto, según la portavoz adjunta de NC-BC, que “aquí existía una laguna”, pero el problema “no es que se quiera completar esa laguna, sino la forma en que se ha hecho”.

Se refería a que las “discrepancias” serán resueltas por el criterio del “voto ponderado, que favorece automáticamente a la mayoría”. La Mesa “lo que no puede hacer es aprovechar ese vacío para cambiar las reglas en beneficio de la mayoría,” criticó la portavoz adjunta. Es una forma “perversa, maliciosa y fuera de toda lógica” de resolver una laguna del Reglamento, recriminó González.

Luis Campos elevó el grado de preocupación porque la mayoría impondrá su criterio. Están para gobernar, observó para subrayar a continuación que las “minorías también tienen derechos parlamentarios que deben ser protegidos”. Las “reglas del juego pertenecen a toda la Cámara y no pueden cambiarse unilateralmente”, censuró el portavoz parlamentario.

Esther González criticó que la resolución haya comenzado a aplicarse de manera inmediata en las ponencias legislativas, incluso respecto de iniciativas que ya se encontraban en tramitación. “Ya se aplicó en la ponencia celebrada este lunes, otorgándole además efectos retroactivos sobre procedimientos ya iniciados. Se están cambiando las reglas del partido cuando el partido ya está en juego”, recriminó.

Nueva Canarias-Bloque Canarista advierte de que este precedente supone una concentración de poder en la Mesa y abre la puerta a que futuras modificaciones del procedimiento legislativo puedan realizarse “sin acudir al mecanismo ordinario de reforma” del Reglamento.

En opinión de NC-BC, “estamos hablando de la calidad democrática” del Parlamento de Canarias. Hoy cambian las reglas para las enmiendas; mañana podrían hacerlo con cualquier otro derecho de la oposición, alertó Luis Campos.

Si el Reglamento necesita actualizarse, para Esther González debe hacerse con transparencia, mediante el procedimiento previsto y con el debate político que corresponde al pleno. Lo contrario “debilita la calidad democrática de la institución y reduce el papel de la oposición en la elaboración de las leyes”, reiteró la vicepresidenta primera de la Mesa en la pasada legislatura.

Es un hecho demostrable que la colonización de la televisión pública canaria por el pensamiento clavijista único se ha acelerado con la llegada del nuevo administrador general, César Toledo. Parecía imposible superar las marcas registradas por sus antecesores, pero los datos objetivos están ahí para quien quiera fijarse en ellos.

Esta colonización da la razón a los estrategas de Presidencia del Gobierno que un día recomendaron puentear a la anterior administradora general, María Méndez, colocando a Toledo en un puesto de nueva creación al que, para no llamarle Comisariado Político, lo bautizaron con el rimbombante y nada sutil Dirección de Medios y Contenidos. María Méndez, que tiene más dignidad que algunos que ocuparon antes su puesto, entendió el recado y se mandó a mudar. Lo que tardaron los dueños de la tele en elevar a César Toledo al rango máximo fue mínimo.

La censura de asuntos como la reivindicación del personal (con huelga convenientemente silenciada para la visita del Papa) no sorprende a nadie, ni siquiera a los propios trabajadores, y el veto a determinados partidos políticos adversarios directos o indirectos de Coalición Canaria ya lo asumen esos partidos con tanta naturalidad que ni se quejan. O se quejan poco.

Lo ocurrido hace unos días en el programa de debate político La Retranca, donde un tertuliano del régimen insultó a un senador del PSOE que se atrevió a afear a la dirección del programa falta de pluralidad, y la pirueta a la semana siguiente de tratar de colocar al insultado como responsable de que lo insultaran, ha vuelto a hacer sonar las alarmas sobre el modo en el que Clavijo está dirigiendo una televisión que él mismo, personalmente, sin mediar Alfonso Cabello (su viceconsejero para todo), recordó que “es del Gobierno”. Y punto.

Me he molestado en diseccionar programa a programa la identidad de cada uno de los analistas, tertulianos, comentaristas y todólogos invitados a cada uno de ellos y el resultado deja en pañales a otras televisiones autonómicas sectarias, como Telemadrid o la televisión pública gallega.

Ya les adelanto que en cualquier mesa o plató en los que se abra la puerta a una persona opinadora, sea un programa de parrilla o un especial por la crisis de Venezuela o el debate del estado de la nacionalidad en el Parlamento, allí habrá siempre al menos un tertuliano adicto al régimen, todos ellos, por más señas, tertulianos fijos de la misma emisora, la Cadena Ser en Canarias. Un dato este que es muy relevante porque, como todo el mundo sabe -empezando por la Cadena Ser en Madrid- esta emisora mantiene en Canarias una línea editorial de entrega absoluta a Coalición Canaria, y más concretamente a Fernando Clavijo, y radicalmente enfrentada al PSOE y a partidos que puedan incomodar al del presidente del Gobierno, particularmente Nueva Canarias.

Tan estrecha sintonía se gestó en la primera legislatura de Fernando Clavijo como presidente (2015-2019) y ya entonces el líder de Coalición Canaria marcó tanto el territorio con la Ser que se ocupó personalmente de que a su directora en Canarias, Lourdes Santana, no le faltara de nada, incluido el Premio Canarias de Comunicación, dotado entonces con 20.000 euros. Sin disimulo. Por los servicios prestados.

Hay políticos y políticas que llevan años sin pisar un estudio de la cadena Ser, ni siquiera ocupando puestos de alta representación popular o institucional. Quizás sea el de Patricia Hernández, exalcaldesa y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el ejemplo más elocuente: desde 2020 hasta la fecha solo ha sido entrevistada en la Ser de Canarias una sola vez, “siete minutos y por teléfono” en la campaña de 2023, como relata ella misma. Tampoco se queda atrás Santiago Pérez, ex dirigente socialista, senador, consejero de cabildo y concejal de La Laguna, que pagó caro su atrevimiento de denunciar a Clavijo en las dos causas penales que consiguió que le archivara el Supremo cuando se aforó, el caso Grúas y el caso Reparos. Hace más de diez años que no se le da voz a pesar de haber sido duramente criticado en antena por sus opinadores durante todo este tiempo.

Román Rodríguez, fundador y hasta el otro día presidente de Nueva Canarias, también es anatema en esa radio. Y no ha sido por falta de voluntad sino por falta de invitación. El lugar del nacionalismo progresista lo ocupa en su programación Alberto Rodríguez.

Las quejas en Podemos son similares. La cadena no acude a sus convocatorias de prensa (solo una en tres años) y su líder regional y diputada nacional, Noemí Santana, no ha sido entrevistada en lo que va de legislatura. La única excepción es Gemma Martínez Soliño, que es concejala en el gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y acude una vez por semana a una tertulia sobre la ciudad con los grupos municipales.

Nada que objetar a la línea editorial que quiera mantener en Canarias la Cadena Ser, bueno fuera. Lo que es criticable es que su brigada de opinadores se haya convertido en el núcleo irradiador de toda la opinión que se emite en la televisión pública de Canarias, que esa sí la pagamos entre toda la ciudadanía. Y las pruebas están al alcance de cualquiera. 

Aquí van.

1.- De buena tinta. 

Este es un programa que marca la línea editorial de la cadena. No en vano se emite después del Telenoticias 2, el de la tarde-noche. Está producido por Galera Norte, cuyo administrador es Elías Bacallado junior y en cuya lista de socios figura el periodista Jorge Bethencourt, uno de los más destacados caudillos de la brigada clavijista. Es el programa que mejor paga a sus tertulianos, 500 euros por participación.

Aunque tiene una nómina muy amplia de periodistas, los que más repiten son, además de Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Juan García Luján, todos tertulianos fijos de la Ser. Aunque el más recurrente es Alfonso González Jerez, columnista de Prensa Ibérica (El Día) y uno de los más combativos defensores de Coalición Canaria, partido para el que ha trabajado directamente o a través de alguna empresa pública como Emmasa, la responsable del agua de Santa Cruz de Tenerife. Janire Alfaya, periodista de la Ser, también figura en esta lista de opinadores, pero de momento ha logrado mantener un criterio libre, en muchas ocasiones distinto al de sus compañeros. Sus intervenciones, naturalmente, son muchas menos.

Completan el panel de comentaristas de De buena Tinta Mayer Trujillo (director de La Radio Canaria y del programa La Retranca), Roberto González (conductor de Las Mañanas de Herrera, en Cope Canarias), Selene Melián (de Radio Marca), Juan Manuel Bethencourt, Ángeles Arencibia y los trabajadores de la casa Noemí Galván y Tomás Galván. 

2.- La Retranca. 

Concebido como el programa político estrella de la cadena, está producido por Macaronesia Producción en lo que constituye su primera experiencia de televisión en directo. Se dio a conocer como la asesoría encargada de llevarle las redes sociales al vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, del PP, que luego la apadrinó como productora para que Clavijo / Alfonso Cabello /César Toledo le otorgaran un programa de televisión, que es este. Se nota la mano del PP por la identidad de algunos de sus tertulianos, como ocurrió recientemente con la portavoz del partido en el Parlamento regional, Luz Reverón, aunque para ese programa, el del 4 de junio, la persona anunciada inicialmente fue Rebeca Paniagua, diputada de ese partido pero periodista.

El programa se emite desde un plató montado en una nave en Tegueste y cuesta a la cadena 30.000 euros por entrega. Cada invitado cobra 200 euros.

Es, con diferencia, el programa con mayor sesgo ideológico de toda la cadena, aun contando de modo recurrente con la presencia de Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, que sirve a los directivos de Televisión Pública como coartada para presumir de pluralidad cuando en realidad acude con la intención de darle mucha proyección a su opción soberanista y de izquierdas con el objetivo nada disimulado de arañar votos y prestigio al PSOE y Nueva Canarias. 

El sesgo conservador lo marca la analista Melisa Rodríguez, quien fuera destacada dirigente nacional de Ciudadanos, hoy retirada de la política pero dedicada al mundo de la joyería y la comunicación, según su propia presentación. Esta contertulia ha participado cuatro veces de las siete emisiones producidas hasta ahora. Pero la dirección del programa no ha tenido recato en cargar más ese sesgo conservador con invitados como Jorge Marichal (14 de mayo) y la mencionada Luz Reverón (4 de junio).

La única concesión progresista en esa mesa de debate fue la presencia de la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye, experta en migraciones (11 de junio), a la que acompañaron, además del recurrente Alberto Rodríguez, Juan García Luján y Jorge Bethencourt, ambos tertulianos fijos de la Ser.

De las siete entregas emitidas hasta ahora, en todas las mesas de debate ha habido siempre dos personas de la cadena Ser, y en dos ocasiones, su directora, Lourdes Santana, en persona (14 y 28 de mayo).

Después de Alberto Rodríguez, con cinco presencias, los tertulianos que han repetido más veces están vinculados a la Cadena Ser: Juan García Luján, jefe de prensa de Santa Lucía de Tirajana, y Janire Alfaya, que han estado en el programa tres veces, frente a las dos de Jorge Bethencourt y dos de Francisco Pomares, que no podía faltar y el protagonista de primer altercado. 

Completan la nómina de analistas Antonio Salazar (director de La Gaveta), que ha acudido dos veces; Ángeles Arencibia (jefa de prensa de la Fundación Juan Negrín), que ha estado una vez en La Retranca, las mismas que el periodista de El Día Miguel Ángel Autero.

3.- Hay que verlo. 

Este magazine de tarde es el segundo intento de esta segunda presidencia de Clavijo de controlar esa franja horaria después del estrepitoso fracaso que supuso Conecta Canarias (CC), que entregó a una productora sin experiencia, Etiazul. El programa tuvo muchos momentos memorables, pero seguramente el más comentado fue aquel en el que la presentadora, ejecutando órdenes que le llegaban por el pinganillo, retiró la palabra a Francisco Pomares cuando trató de vincular mascarillas con comisiones y con el presidente de la UD Las Palmas.

Hay que verlo es una coproducción de la ya mencionada Galera Norte (De buena tinta) y La Cometa, vinculada a Sigma Dos e introducida en Canarias de la mano de José Manuel Soria. La Cometa es la productora del exitoso formato Mañaneros 360, en Televisión Española.

En lo que estrenan este julio el plató que han acondicionado en una nave industrial de Taco (La Laguna) han estado compartiendo plató con Videre (Prensa Ibérica), que produce Ponte al Día, un magazine de mañana. 

No falta una comentarista de actualidad de la Cadena Ser, en este caso Puchi Méndez, pero entre los todólogos fijos se encuentra nada más y nada menos que el único que tiene Coalición Canaria en Arucas, el abogado José Eduardo Marrero, ex de Ciudadanos, cuyo futuro político no está muy claro desde que este jueves su partido firmara una alianza electoral con Primero Canarias para 2027 y más allá.

3.- Buenos Días Canarias

Veterano programa de producción propia donde se nota mucho menos la larga mano de la brigada opinadora de Clavijo, quizás porque todavía no han tenido tiempo de fijarse en él o porque solo pagan 60 euros por asistencia. Tiene mucha más pluralidad, pero no se libra de analistas como Francisco Pomares, que en lo que va de junio ya ha acudido en dos ocasiones.

4.- Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

Los programas informativos especiales no se libran de la larga mano de la manipulación ideológica que impera en Televisión Canaria.

El debate sobre el Estado de la Nacionalidad, celebrado del 10 al 12 de marzo pasado, no iba a ser una excepción. Así que, además del amplio despliegue técnico y de periodistas de la casa cubriendo informativamente el acontecimiento, la cadena decidió montar “dos mesas de análisis político” para analizar, interpretar y explicar a la ciudadanía lo que en el Parlamento pasaba esos dos días. Las mesas estuvieron formadas las siguientes personas: Marta Cantero, directora de Contenidos de la Cadena Ser en Canarias, Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Silvia Fernández, periodista de Canarias7, la única ajena a la emisora de Prisa en Canarias. 

Y por si esas dos mesas fueran pocas, tras el discurso del presidente del Gobierno, retomaron desde el plató los analistas Francisco Pomares y Jorge Bethencourt.

Ya por la tarde, el panel de analistas se completó con la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, a la que se añadió a la periodista tinerfeña Chicha Arozarena, ex trabajadora de Radio Nacional de España.

En total, cuatro periodistas de la brigada opinadora de la Cadena Ser, entre ellas su directora regional y su jefa de Contenidos, frente a dos de otros medios.

5.- Venezuela, a debate

Ocurrió el 1 de enero, con motivo de la crisis que vivió Venezuela con motivo del ataque del ejército de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. A tal fin, Televisión Canaria hizo un despliegue ideológico claramente marcado por el anti chavismo y la defensa de la acción de Donald Trump, aunque en los comunicados de prensa previos la frase central fue “una casa en la que caben todas las opiniones”. Es cierto que el programa incluyó un cara a cara entre un detractor del chavismo y un defensor del régimen bolivariano y que hubo conexiones externas con variadas voces, pero al regresar al plató ya en el tramo central y final del programa, las opiniones no iban a ser tan plurales.

Así que, para la ocasión, la dirección dispuso de nuevo la presencia de la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, y la de su más estrecho consultor editorial, Francisco Pomares, para que formaran la “mesa de análisis” junto al periodista Antonio Salazar, que nunca ha escondido su ideología neoliberal. Completaba el panel Ángeles Arencibia.

En total, seis opinadores de la Cadena Ser en Canarias, incluyendo su directora regional y su directora de Contenidos, copan cada día con más presencia los espacios más destacados de la televisión pública de Canarias para fijar la posición del Gobierno de Fernando Clavijo, tanto en los asuntos de ámbito regional como los nacionales e internacionales.

La presencia de analistas de partidos políticos ha sido de representantes ajenos al PSOE, Nueva Canarias o Podemos, para potenciar a Drago como contrapeso a todos ellos, al PP y a Coalición Canaria. En el terreno de lo exótico debemos situar a una ex dirigente del desaparecido Ciudadanos, cuyos principios ideológicos reman en la misma dirección de la dirección de la cadena.

Si a este sesgo ideológico se le suma la nueva era de informativos impuesta por el nuevo administrador general de RTVC, es fácil deducir que Fernando Clavijo no se conforma con los medios afines, casi todos en Canarias, sino que quiere una radio y una televisión públicas absolutamente sumisas. Sin fisuras.

Canarias se encuentra en vilo tras conocer las terribles noticias que llegan desde el otro lado del charco, en Venezuela, la llamada Octava Isla (cuando Canarias solo tenía reconocidas siete). Dos fuertes terremotos han sacudido el norte del país, especialmente la capital, Caracas, y han dejado, por el momento, más de 160 muertos confirmados, pero se teme que la cifra sea mucho mayor.

En Venezuela residen alrededor de 70.000 canarios, cifra que engloba a los isleños que emigraron al país y a sus descendientes, que mantienen la nacionalidad española y vínculos con las islas.

Por otro lado, la comunidad venezonala en Canarias es una de las más numerosas, con unas 80.000 personas censadas.

Los vínculos históricos, sociales y culturales entre las Islas y el país caribeño son fuertes y se remontan a siglos atrás. De ahí que los diferentes gobiernos de Canarias siempre hayan mantenido lazos con los del país americano, ayudas a la población y relación estrecha con asociaciones de canarios residentes allí.

El Gobierno canario ha reaccionado este jueves constituyendo, a las pocas horas de conocerse la noticia, una comisión de seguimiento para analizar la situación en Venezuela, y su posible afección a la comunidad canaria residente en el país. “Solo podemos expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela”, ha señalado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, que ha trasladado también “la incertidumbre” que protagoniza unos momentos en los que el Gobierno de Canarias “quiere estar cerca de un país hermano, y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familias”.

Tanto el presidente, Fernando Clavijo, como su vicepresidente, Manuel Domínguez, han cancelado sus agendas previstas para este día con el objetivo de centrarse en el seguimiento de lo ocurrido en Venezuela.

Ayuda de España

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa está preparando el envío de 54 rescatistas del equipo Urban Search and Rescue (USAR) a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate, según informan a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

El citado equipo es una unidad de élite que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.

Las fuentes consultadas han precisado que también podrán transportar en el avión que flete Defensa a otros rescatistas procedentes de la Comunidad de Madrid si están preparados en el momento del envío, tal y como precisan las mismas fuentes.

El Ejecutivo había ofrecido esta mañana al Ejecutivo de Venezuela la ayuda de la UME así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tras los desvastadores terremotos.

Reacciones

Desde Canarias, el presidente regional, Fernando Clavijo, ha publicado un mensaje en X: “Solo puedo expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados hace unas horas en Venezuela”. “Desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familia. Todo mi cariño y mi solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil”, asegura.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha escrito en X: “Ante las consecuencias del terremoto sufrido, en esta madrugada, en Venezuela, -país hermano, con muchos españoles/as y canarios/as que ahí encontraron su hogar-, todo el ánimo. Y seguir las recomendaciones de los responsables de la protección civil”.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, también ha mandado un mensaje a Venezuela: “Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”.

Los Reyes Felipe VI y Letizia también han trasladado su “apoyo”, “solidaridad” y “cariño” a los venezolanos tras los devastadores terremotos. “Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país,”, han expresado en un mensaje en la cuenta oficial de la Casa del Rey en la red social X.

Asimismo, los Reyes han transmitido su “solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre”. “Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas”, han asegurado.

Los cabildos canarios ofrecen su ayuda

Los cabildos insulares de El Hierro y La Palma han sido los primeros en reaccionar. En el caso de La Palma, ha trasladado a través de su redes sociales “toda la solidaridad, fuerza y apoyo” de la isla “al pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles tras los recientes terremotos que han afectado al país”.

“Como isla que conoce bien la fuerza de la naturaleza y el valor de la resiliencia, sentimos profundamente la situación que están viviendo. Trasladamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestro aliento a los equipos de rescate y emergencia que trabajan sin descanso”, escribe la corporación.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha expresado este jueves su consternación y preocupación por los terremotos y ha informado de que la institución insular mantiene un contacto permanente con la comunidad herreña residente en el país para conocer de primera mano su situación y necesidades.

“Estamos siguiendo con tristeza y preocupación los acontecimientos que se están produciendo en Venezuela tras estos dos terremotos, que afectan directamente a los venezolanos, pero también, de alguna manera, a todos los canarios y a los herreños que residen en ese país o mantienen allí vínculos familiares y afectivos”, señaló en una declaración difundida por la corporación.

Por ello, desde el Cabildo de El Hierro se ha decidido acelerar las ayudas destinadas a la comunidad herreña residente en Venezuela ante la situación de emergencia generada por los terremotos.

En Tenerife, donde vive la mayor comunidad de venezolanos de Canarias, la presidenta el Cabildo, Rosa Dávila, ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias todos sus recursos para ayudar al pueblo venezolano.

Dávila ha mostrado su solidaridad y condolencias “en estos momentos tan terribles que está viviendo el pueblo venezolano” y ha señalado que sigue muy de cerca la situación en contacto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

“La situación en Venezuela es muy complicada, es difícil conocer todavía el alcance real de esta tragedia”, ha manifestado. “Quiero transmitir, en nombre del pueblo de Tenerife, nuestra solidaridad, nuestras condolencias y, sobre todo, nuestra total disposición a ayudar y apoyar al pueblo venezolano”, ha insistido. “Todo apunta a que el alcance de la tragedia podría ser mayor de lo que reflejan las cifras de fallecidos que se están ofreciendo en estos momentos”, ha lamentado. 

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria colaborará en la recuperación de la zona afectada por el terremoto registrado en Venezuela, y atenderá a las personas que lo necesiten en “esta situación tan difícil”, ha manifestado el presidente de la corporación insular, Antonio Morales.

“La solidaridad de Gran Canaria está siempre con el pueblo venezolano”, ha afirmado Morales, quien ha recordado que “Venezuela y Cuba tiene una relación especial con Canarias”.

Aunque todavía se desconoce el alcance de los daños, probablemente haya “miles de muertos” y habrá que afrontar la recuperación de “una de las zonas más pobres de Venezuela”, indica Morales en un comunicado.

Es “una triste noticia que ha generado un enorme daño, tanto material como humano”, lamenta el presidente insular.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha suspendido toda la agenda que tenía prevista para este jueves, para estar pendiente de cómo evoluciona la situación de Venezuela tras los terremotos registrados esta noche.

Según ha informado su gabinete, Clavijo “mantiene contacto permanente con las autoridades competentes para conocer la evolución de los acontecimientos y evaluar cualquier posible incidencia que pueda afectar a la comunidad canaria residente en el país”.

“Solo puedo expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados hace unas horas en Venezuela”, ha escrito el presidente canario en la red social X.

Junto a una noticia de EFE sobre el primera balance de víctimas mortales ofrecido por el Gobierno venezolano, Fernando Clavijo subraya la gran incertidumbre que todavía existe sobre el impacto de estos seísmos y envía aun mensaje de apoyo.

“Desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familia. Todo mi cariño y mi solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil”, asegura.

En Venezuela residen alrededor de 70.000 canarios, cifra que engloba los isleños que emigraron al país y a sus descendientes que mantienen la nacionalidad española y vínculos con las islas.

A su vez, se calcula que alrededor 80.000 venezolanos residen en Canarias. 

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado que el primer terremoto fue de una magnitud de 7,2, y el segundo, aún más fuerte, de magnitud 7,5, se registró apenas un minuto después. El USGS calcula que puede haber hasta 100.000 fallecidos: en su primer cálculo inicial, el Gobierno de Venezuela habla de 32 muertos y 700 heridos

Era jueves, 7 de mayo de 2026. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había pedido a España dos días antes que permitiera el desembarco en Canarias del buque MV Hondius, en el que se había declarado un brote de hantavirus, ante la imposibilidad de hacerlo en el punto donde se encontraba fondeado, frente a las costas de Cabo Verde, después de que las autoridades de ese país africano comunicaran que no disponían de capacidad técnica para llevar a cabo el operativo.

Ese día se celebró una reunión telemática a las 09:00 entre el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que había mostrado desde el principio una firme oposición a la llegada de la embarcación, y los técnicos del Ministerio de Sanidad, encabezados por el secretario de Estado Javier Padilla.

Ya se había acordado que el barco se dirigiera a Tenerife por contar con “una infraestructura consolidada para la gestión de patógenos de alto riesgo”. Sin embargo, para el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello (CC), no era suficiente.

“Debemos de [sic] recibir del Estado información acerca de por qué no cabía la evacuación en avión directamente desde Cabo Verde, no bastando para justificar el envío del barco a Canarias el hecho de que Canarias tiene una sanidad de mejor calidad, cuestión que es evidente”, señaló Cabello en un escrito remitido a Padilla tras el encuentro y al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

La documentación analizada por este periódico incluye los correos enviados por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Sanidad tras las reuniones celebradas los días 7 y 8 de mayo, en las que se organizó el “exitoso” desembarque de los pasajeros del MV Hondius, según la OMS.

También recoge las comunicaciones remitidas por el coordinador de la Unidad Funcional de Vigilancia Epidemiológica y Prevención a las gerencias de atención primaria y hospitales de las Islas; el intercambio de mensajes entre altos cargos del Ejecutivo autonómico y el Estado en relación con el aterrizaje de un avión medicalizado en Gran Canaria; y las instrucciones del operativo desplegado los días 10 y 11 de mayo en el Puerto de Granadilla.

Entre los documentos figura asimismo un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad, que determinaba que el riesgo de contagio para la población española era “muy bajo”. Ese análisis fue enviado al Gobierno canario el martes 5 de mayo, a las 14:30.

La información ha sido facilitada por el propio Gobierno regional a raíz de una solicitud de acceso a la información pública del presidente de la Asociación por la Transparencia en Canarias (AXTEC), al amparo de la Ley de Transparencia, que reclamaba los distintos comunicados generados por los departamentos de la Administración presidida por Fernando Clavijo (CC) durante este episodio.

Las notas que Cabello envió a Padilla muestran la firme oposición del Ejecutivo canario a la llegada del buque, que alcanzó su punto álgido la noche del sábado, cuando Clavijo rechazó su atraque aludiendo a la posibilidad de que ratas nadadoras pudieran esparcir el virus por la isla de Tenerife, entre otras cosas.

El pasado domingo finalizó la cuarentena de 42 días para los pasajeros españoles del MV Hondius. Solo se registraron dos casos positivos. El primero superó la enfermedad y recibió el alta a principios de junio. El segundo fue dado de alta hace poco más de una semana, informó Sanidad.

La crisis del hantavirus puede darse ya por cerrada. La gestión liderada por España recibió el reconocimiento internacional de instituciones como las Naciones Unidas, la Comisión Europea o el papa León XIV. El Gobierno de Canarias, en cambio, trató de boicotear sin éxito el dispositivo hasta el final. Los nuevos documentos vistos por esta redacción refuerzan esa conclusión.

En sus escritos al secretario de Estado de Sanidad, Cabello recordó “la posición contraria” del Gobierno de Canarias al envío a Tenerife del barco afectado por el hantavirus e insistió en que al Archipiélago le había sido atribuido, “por decisión del Estado y en contra de la postura” del Ejecutivo autonómico, el desembarque de la embarcación.

Fue la OMS quien, no obstante, pidió a España que acogiera el buque “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”. Su presidente, Tedros Adhanom, indicó que era necesario desembarcar a los pasajeros del MV Hondius “tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada”.

Una vez cursada la solicitud de la OMS, España quedó “obligada a actuar”, explicó el Ministerio de Sanidad.

Cabello reclamó de todos modos “información específica sobre el por qué [sic]” se sometió a la tripulación y a los pasajeros, en su opinión, “a un daño para su salud física y mental aumentando su estancia a bordo durante más de tres días con el peligro que eso supone de contagio”.

Pidió “los informes de la Organización Mundial de la Salud que han servido de fundamento y recomendaron no realizar las repatriaciones y retornos de los pasajeros (y demás) directamente desde Cabo Verde”. Y llegó a solicitar “la información que pudiera existir sobre la actitud de Cabo Verde y Marruecos en esta crisis y las peticiones realizadas por España”, poniendo el foco en el papel desempeñado por ambos países durante la gestión de la emergencia.

Marruecos, por un lado, rechazó que uno de los aviones con pacientes evacuados del crucero aterrizara en el país, aseguraron las autoridades españolas, viéndose obligado a hacerlo en Gran Canaria. Esa fue su única intervención.

En Cabo Verde, por otro, la evacuación de los contagiados no era “una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico ni asistencial, ni desde el operativo-comunitario”, según un informe del Gobierno de España. Se trata de una nación cuyo sistema sanitario presenta limitaciones estructurales bien documentadas, como la “ausencia de unidades de aislamiento de alto nivel, escasez de personal especializado en patógenos emergentes y limitada capacidad de cuidados intensivos polivalentes”. Canarias, en cambio, dispone de todos esos recursos.

En las notas de Cabello se expone a su vez la decisión de no desembarcar en ningún puerto de las Islas el cadáver que viajaba a bordo del buque y de que este permaneciera en Tenerife únicamente el tiempo “imprescindible” para llevar a cabo el dispositivo.

La mayoría de esos alegatos fueron esgrimidos de forma reiterada por Fernando Clavijo, que en un último intento por frenar la llegada del buque envió a la ministra de Sanidad, Mónica García, una captura de pantalla de una búsqueda de inteligencia artificial que sostenía que “las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos”.

El argumento fue desmontado por los técnicos del Ministerio y convirtió a Clavijo en carne de memes. Ni él ni nadie de su equipo estuvieron presentes en el Puerto de Granadilla los días del operativo, aunque fueron invitados.

El constante alarmismo del Gobierno regional contrastó con los correos enviados por el coordinador de la Unidad Funcional de Vigilancia Epidemiológica, Álvaro Torres, a las gerencias de todos los hospitales canarios.

En ellos (un total de cinco, enviados los días 5, 6, 8 y 13 de mayo) se explicó la realidad del brote; se informó de que, tras una reunión entre la OMS y el Ministerio de Sanidad, se acordó el envío del barco a Tenerife sin el enfermo más grave a bordo; se precisó que la fuente de exposición más probable al virus se situaba en Argentina; y, cuando los pasajeros españoles ya se encontraban en cuarentena, se afirmó que con casi total seguridad no surgiría “ningún caso nuevo”.

Otro ejemplo de cooperación: el día en que uno de los aviones con pacientes evacuados del crucero aterrizó en Gran Canaria y sufrió una avería en la burbuja de aislamiento de la aeronave, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Fernando Díaz-Flores, envió un correo a su homólogo en el Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ofreciéndole un sistema burbuja similar que estaba disponible en el propio aeropuerto.

Gullón agradeció el ofrecimiento y respondió: “Esperamos que el cambio funcione y el avión pueda despegar”. Al final no fue necesario utilizarla y una nueva aeronave trasladó a los pasajeros a Países Bajos.

El resto de los documentos disponibles corresponde a las instrucciones del despliegue en el puerto de Granadilla, a un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que concluía que “el riesgo para la población española se considera muy bajo”, a la Declaración Marítima de Sanidad del MV Hondius, en la que se detalla el número de pasajeros a bordo, y a las instrucciones del desembarco.

La resolución que da acceso a la información pública termina diciendo que el Ejecutivo canario no pudo ejercer “funciones de gobernanza en salud pública” y que su papel quedó reducido al de “mero transmisor de información, protocolos, informes y decisiones tomadas por el Ministerio de Sanidad”.

Un informe del director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores, ahonda en este punto: “La participación (…) se circunscribió al ámbito de la vigilancia epidemiológica, la comunicación institucional y la preparación de la respuesta asistencial autonómica, actuando como cauce de transmisión de la Administración General”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha destacado este miércoles en el pleno del Parlamento que su Gobierno (CC y PP) “ha hecho su tarea” y por eso la Comunidad Autónoma está liderando en España el aumento de los salarios y de la productividad, así como las mejoras en la dependencia, pero ha añadido que no es suficiente y por eso es necesario, según él, que el Ejecutivo de España apruebe el denominado “decreto Canarias”. La oposión, en respuesta, le ha recordado que los índices de pobreza y exclusión siguen subiendo y son los más elevados del país, mientras el Gobierno de CC-PP es incapaz de gestionar los fondos disponibles.

Hay que señalar que, pese a lo señalado por Clavijo, los salarios en las islas son los segundos más bajos del país, y que los costes laborales son los más baratos. Por otro lado, el llamado decreto Canarias es un conjunto de medidas que el Gobierno canario alumbró a mitad de legislatura (con la intención de que el Gobierno central lo aprobase) asegurando que formaba parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez. Eso quedó desacreditado, ya que el PSOE demostró que casi todas las medidas eran nuevas y no estaban incluidas en la llamada Agenda Canaria, que sí se pactó en 2023. El decreto propuesto, llamado por la oposición Decreto Clavijo, incluye medidas tales como exigir al Estado que se ocupe de financiar cuestiones como el despliegue de la Policía Canaria, la sanidad, la educación, la vivienda, la protección social y los sueldos de la clase trabajadora. Por ello, la oposición acusó a Clavijo en diversas ocasiones de preparar este decreto para intentar devolver competencias al Estado, desentendiéndose de cuestiones sobre las que las es el Gobierno regional el competente, como la vivienda o la sanidad.

Este miércoles, Clavijo ha vuelto insistir en la importancia de dicho decreto, que pide más financiación al Estado, mientras el Gobierno canario ha dejado sin ejecutar más de 3.300 millones de euros desde 2023, con 250 millones de fondos europeos que hay que devolver por no haberles dado uso y con la mayor recaudación vía IGIC de la historia. “No renunciamos” a la negociación del decreto Canarias, pese a que permanece “bloqueado” por el Gobierno de España, ha dicho Clavijo en relación con las 35 medidas que pide su Ejecutivo central para “mejorar las condiciones de vida de la población”, un asunto por el que le han preguntado en la sesión de control el PSOE, CC, PP y NC.

Clavijo ha sostenido que Canarias registra “los mejores datos de su historia en desempleo, vulnerabilidad y exclusión social” y lidera la subida de los salarios, la productividad y la mejora en dependencia en España. Pero ha admitido también que los datos de pobreza y desigualdad son preocupantes, que los avances son insuficientes y que los problemas estructurales no se van a solucionar de un día para otro (hay que recordar que Coalición Canaria ha gobernado Canarias durante más de 30 años).

Según Clavijo, de ahí la importancia de que se apruebe el decreto Canarias, con medidas como la deflactación del tramo estatal del IRPF, la exoneración de cuotas sociales a las empresas que aumenten los salarios por encima de convenio o las rebajas en el IRPF en islas no capitalinas, ha defendido Clavijo, quien ha pedido a PSOE y NC que apoyen esas medidas.

Pobreza, exclusión y 30 años de CC en el Gobierno

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha culpado a Clavijo y a los gobiernos de CC en los últimos 30 años de la persistencia de altas tasas de pobreza y exclusión social en el archipiélago, a pesar de que la comunidad lidera el crecimiento económico nacional y registra cifras históricas tanto en presupuestos públicos como en beneficios turísticos.

Franquis denunció que, pese a que el Gobierno de Canarias cuenta con el mayor presupuesto de la historia, la ciudadanía percibe un progresivo deterioro en los servicios esenciales en sanidad, educación y servicios sociales, por lo que demandó decisiones políticas enfocadas en defender a la “mayoría social”.

Sin embargo, David Toledo, de CC, respaldó a Clavijo (jefe de su partido) y demandó que el Gobierno de España responda a las demandas incluidas en el denominado decreto Canarias, porque son, según él, indispensables para paliar las dificultades económicas que atraviesan las familias pese a los buenos datos de empleo.

La portavoz del PP (socio de CC en el Gobierno), Luz Reverón, coincidió con el presidente en que “Canarias ha hecho sus deberes”, pero el que no ha cumplido con el decreto Canarias es el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien reclamó que asuma sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción y convoque elecciones.

Se agrava la exclusión social

En su turno, el portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, vinculó las políticas fiscales y económicas del Ejecutivo de Fernando Clavijo, “beneficiosas para la minoría de los más ricos de las islas”, con el agravamiento de la exclusión social. El diputado denunció “la otra cara” de la realidad de Canarias, la que bate récords de turistas, crecimiento económico y Producto Interior Bruto (PIB) mientras continúa liderando las tasas de pobreza y vulnerabilidad social.

Luis Campos cuestionó al presidente sobre las medidas que piensa adoptar para revertir que el Archipiélago se mantenga como la comunidad con mayor tasa de exclusión social del Estado, según el último informe de Cáritas.

El portavoz de NC-BC, tras denunciar que “Canarias no va bien”, leyó textualmente parte de las declaraciones realizadas por el director de Cáritas en Canarias, Gonzalo Marrero, cuando dijo que “los informes económicos reflejan mejores resultados, pero los datos en 2025 constatan el incremento de la exclusión social y el impacto del reparto desigual de la riqueza que deja atrás a muchas personas, especialmente a las más vulnerables”.

Luis Campos calificó de “paradójica” la situación que vive el Archipiélago al considerar que el crecimiento económico y los récords turísticos no se traducen en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Recordó que Canarias podría alcanzar este año los 19 millones de turistas y nuevas cifras máximas de crecimiento económico y del Producto Interior Bruto.

Sin embargo, hizo hincapié en que el informe de Cáritas revela una realidad que “no es razonable” ya que la entidad atendió en 2025 a un 2% más de hogares en situación de vulnerabilidad que el año anterior. También alertó del aumento de las personas sin hogar, que según los datos expuestos superan ya las 1.604 en Canarias tras incrementarse en 33 durante el último año.

“Estamos asistiendo a un incremento de la desigualdad”, denunció el parlamentario de Nueva Canarias, quien responsabilizó parcialmente al Ejecutivo de Clavijo por la adopción de determinadas decisiones políticas.

Entre ellas, la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones para los patrimonios más elevados de las islas nada más llegar al Gobierno en julio de 2023. También, detalló Campos, la falta de ejecución de más de 3.300 millones de euros en los últimos tres años presupuestarios, la devolución de los fondos europeos por la incapacidad de CC y el PP de gestionar en plazo y tener que aplicar recortes en el gasto público de más de 1.000 millones de euros, a partir de este año, por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 y 2025. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, responde ante el pleno del Parlamento autonómico a cuestiones sobre medidas fiscales para las familias y la tasa de exclusión social, entre otras.

La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Matilde Asián, responde a cuestiones sobre la posible penalización fiscal al autoconsumo energético y el plan de ajuste para reducir el gasto, entre otras preguntas formuladas al Ejecutivo en el pleno del Parlamento.

El sindicato CCOO Canarias ha publicado un informe en el que afea al Gobierno de Canarias la “ineficacia” de las medidas anticrisis del decreto del presidente de Canarias Fernando Clavijo para combatir “las consecuencias de la crisis en Oriente Medio” como anunció el Ejecutivo. Se trata de un decreto que fue criticado por la oposición y que Nueva Canarias llegó a acusar de “fake”. Uno de los puntos más polémicos fue el anuncio de que se aplicará el tipo cero del IGIC a 45 productos de la cesta de compra; pero que finalmente quedó reducido a la sal, la mantequilla y el café tostado (incluido el descafeinado) porque el resto de productos básicos ya contaban con el IGIC a tipo cero aplicado. 

Ahora, CCOO afea al Ejecutivo regional que “las medidas canarias no dan respuesta a las necesidades de la población, quienes están viendo mermada de manera significativa su poder adquisitivo. Asimismo, el plazo temporal de vigencia aprobado resulta a todas luces insuficientes, estando próxima el fin de su vigencia, inicialmente prevista para el próximo 30 de junio de 2026”. 

Entre esas medidas que expiran cita: el tipo cero del IGIC para petróleo, derivados del petróleo, gas, briquetas, pellets y madera para leña o la devolución reforzada del Impuesto Especial canario sobre combustibles a agricultores y transportistas. 

CCOO advierte de que Canarias ya presenta una situación de deterioro importante en lo que a la capacidad de compra de los salarios se refiere. Bien es sabido que estos resultan los más bajos de todo el territorio nacional, disputando con Extremadura la última posición del ranking estatal. 

“A cierre de 2025 el salario promedio bruto se situó en los 1.746 euros, lo que en términos netos podría bajar de los 1.400 euros al mes, con los que una persona ha de atender sus necesidades vitales básicas, vivienda, alimentación y transporte, cuando no las de un hogar en su totalidad”, apunta. 

“La inflación interanual quedó fijada en el 3,0% interanual al mes de abril, mientras que las subidas salariales recogidas en convenio que han tenido efectos económicos hasta dicho mes se situaron en el 2,96%, los convenios de empresa lo hicieron a tasa inferior, un 2,43%”, agrega. 

El sindicato incide en que “es de esperar que los próximos meses registren un mayor aumento de la inflación, afectando en mayor medida a los tramos salariales más bajos” y añade que “a la vista de lo anterior tajantemente las medidas adoptadas en Canarias no están conteniendo el nivel de precios ni evitando acentuar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios”. 

Apunta que dichas medidas “resultan insuficientes y limitan su vigencia a un periodo excesivamente corto, muchas de ellas con validez hasta el 30 de junio del corriente, otras incluso antes como la reducción del IGIC en carburantes”. Adicionalmente, “surge la duda en cuanto a si la reducción impositiva aplicada llega al consumidor final o si, por el contrario, todo o parte pasa a engrosar el margen neto de venta”.

Estima un incremento de recaudación en 700 millones

El informe, elaborado por el gabinete técnico de CCOO, incide en que “en Canarias entre 2019 y 2025, el encarecimiento de bienes y servicios ha tenido un efecto mayúsculo, de tal forma que un 56,7% del incremento registrado se debe a la inflación, correspondiendo el 43,3% restante al mayor ritmo de actividad económica, entre otras causas”. 

Por ello, el sindicato explica que este incremento en la recaudación de 2019 a 2025 a causa de la inflación se estimó en algo más de 700 millones de euros. 

“En atención a ello, cabe seguir ahondando en el listado de productos esenciales que podrían seguir estando sujetos al IGIC, además de aplicar una reducción mayor en otras figuras que gravan combustibles como el diesel y la gasolina. Asimismo, revisar el resto de figuras impositivas indirectas resulta una opción a estudiar”, subraya. 

El sindicato sostiene que la evolución de la recaudación tributaria en Canarias durante 2025 debe interpretarse desde una doble perspectiva. Por un lado, confirma que la economía canaria ha mantenido capacidad recaudatoria y que existen mayores recursos públicos potenciales para financiar políticas sociales, servicios públicos y actuaciones de protección.

“En este sentido, debemos matizar que no toda mejora recaudatoria es socialmente equivalente. Una recaudación basada en impuestos indirectos tiene un componente regresivo, porque grava el consumo con independencia de la renta disponible. Esto afecta proporcionalmente más a los hogares trabajadores, pensionistas, personas desempleadas y familias con menor capacidad económica, especialmente cuando el consumo gravado incluye bienes y servicios básicos”, dice el informe. 

Y destaca también que “la inflación ha incrementado los ingresos públicos, que esos recursos sean orientados prioritariamente a compensar a quienes han sufrido en mayor medida la pérdida de poder adquisitivo y a activar mejoras tributarias, deducciones y/o reducciones, por ejemplo, en el tramo autonómico del IRPF”. 

CCOO afea que las medidas aplicadas “no han sido evaluadas hasta el momento, ni se prevé una Comisión de Seguimiento que evalúe la aplicación de estas medidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron dispuestas”. 

Y reprocha que hasta el momento, en Canarias no se ha convocado a los sindicatos para valorar y ver qué medidas son necesarias aplicar más allá del 30 de junio de 2026.

Comprender los pasos de Coalición Canaria puede ser un enigma para quien no conozca la trayectoria de la formación que más repite que es “la voz de Canarias en Madrid”. Durante su campaña electoral en 2023 repitió en numerosas ocasiones que no pactaría con la extrema derecha de Vox, esa que niega las autonomías y muchos derechos conquistados, pero votó con ella la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo (PP) y también formó gobierno en tres ayuntamientos de Canarias (Teguise, Granadilla y Arona). El mismo año, en 2023, tras jugar a la ambigüedad y de poner líneas rojas como decir que no apoyaría un Gobierno con Sumar, la diputada Cristina Valido finalmente dio su apoyo a la investidura de Sánchez y explicó que con ello respondía “a los intereses de los canarios”. 

La reciente crisis entre el Gobierno de Canarias y el central por el hantavirus solo suma una más de las broncas que no ha dejado de protagonizar Coalición Canaria con el Gobierno de Sánchez desde que tomó posesión. Clavijo gobierna en las islas con el PP y desde el primer momento situó la situación de las personas migrantes y el “repunte” de llegadas como el principal tema de su agenda. 

Durante las negociaciones para la acogida de menores migrantes afeaba la postura del Estado sin reprochar a su socio de Gobierno, del PP, que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP bloquearan el acuerdo. Lejos de generarse tensión entre ellos, siempre hubo palabras de elogio hacia el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez. 

Pero desde 2025 ya se registran amenazas con retirar el apoyo de Coalición Canaria en el Congreso a Sánchez. En junio del año pasado, en un acto Clavijo llegó a decir que si su partido percibe que “la legislatura no es viable”, retirará su apoyo a Pedro Sánchez, al que ha instado a que tome “medidas determinantes como Gobierno, porque la corrupción estaba incrustada en el Gobierno”.

Cristina Valido se pronunció en los mismos términos anunciando que no está garantizada la continuidad del apoyo que ofrecieron a Sánchez en la investidura.

Lo más repetido durante la legislatura ha sido que se tiene que “cumplir la agenda canaria”, una cuestión que se ha reiterado en todo momento y con la que se ha chocado al prorrogarse los presupuestos generales. Todo ello en un contexto en el que la Audiencia de Cuentas ha afeado el incumplimiento de la regla de gasto del Gobierno de Clavijo en 2024, confirma una inejecución presupuestaria de 1.285 millones y resalta el bajo resultado en consumo de fondos ‘Next Generation’, el 20,7% del disponible. 

La tensión entre CC y Pedro Sánchez también se reflejó con el llamado “decreto Clavijo” y para hacer frente a las crisis por la guerra en Irán por el que Valido se enzarzó en el Congreso reclamando más medidas para Canarias. Finalmente, ambos Gobiernos cerraron un acuerdo. 

También se han encendido las alarmas por la gestión de los aeropuertos. El consejero de obras y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, llamó “fake” al traspaso de puertos y helipuertos pese a ser una reivindicación del Gobierno canario. 

Escala la tensión desde el hantavirus

Y la crisis por la llegada del hantavirus ha sido una de las últimas broncas. El presidente del Gobierno de Canarias se empeñó en que el barco no atracara en las Islas pese a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud y a los informes que alertaban de que Cabo Verde no disponía de las condiciones para el desembarco de pasajeros y Canarias sí. 

Protagonizó un duro choque con la ministra de Sanidad, Mónica García, preguntando si los roedores nadaban y ordenando que el buque no fondeara en Granadilla, una decisión para la que no tenía competencia. La ministra llegó a decir que Clavijo trataba de “boicotear” la operación y la tensión entre ambos gobiernos fue seguida en el panorama nacional e internacional. 

El último giro lo ha dado Cristina Valido que en un programa de televisión llegó a decir que si Coalición Canaria fuera una dictadura “y decidiera sólo yo...” votaría a favor de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta entonces, la postura de su partido era que se sometiera a una cuestión de confianza pero en los últimos días ya se habla de que si no hay presupuestos “da por finiquitada la legislatura”. 

Esa es la postura de los últimos días, pero puede cambiar. 

El informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) del ejercicio 2024, el más reciente y presentado este martes en sede parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, no ha traído buenas noticias para el Ejecutivo autonómico que lidera el nacionalista Fernando Clavijo, un gobierno que tiene el apoyo de CC, PP, ASG y AHI, con el PSOE, Nueva Canarias (NC) y Vox en las bancadas de la oposición.

En ese informe, el órgano de control externo de la CAC se puede decir que desnuda la gestión ineficiente del Gobierno de Canarias actual, el de la legislatura 2023-27, en lo que corresponde a su primer ejercicio anual completo, el de 2024.

De entrada, el informe de fiscalización de la Cuenta General de ese año subraya el incumplimiento de la regla de gasto en 2024, algo ya mil veces denunciado por la oposición de NC; confirma una inejecución presupuestaria (89,8%) de 1.285 millones respecto a la cuantía final disponible en los Presupuestos de 2024 (el 4% por encima de los de 2023), la cantidad finalmente no gastada, y además ratifica el bajísimo resultado en el consumo de los fondos Next Generation (2021-26), solo el 20,7% del disponible en el año de referencia y también otro de los caballos de batalla en la crítica constante de NC.

A continuación, se detallan todos esos aspectos sin duda centrales en el informe de la ACC ya identificado, todo ellos relacionados con la gestión pública presupuestaria y además muy vinculados a capítulos como la tramitación de subvenciones y de las inversiones públicas. Veamos los detalles…, siempre según lo recogido en esta fiscalización o auditoría presentada por la ACC.

Al término del ejercicio 2024, según datos de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicado por el Ministerio de Hacienda, los resultados logrados en términos de contabilidad nacional (SEC 2010) y en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública por parte de la CAC fueron los siguientes:

-El superávit público fue de 144 millones de euros; esto es, el 0,25% del PIB regional (en 58.289 millones para 2024). Ello supone una desviación del más 0,2% respecto al objetivo fijado, en el 0% del PIB canario.

-A efectos de la regla de gasto, hay que señalar que la variación del gasto computable en el ejercicio 2024 ha registrado una tasa de variación del 7,6%, con lo que supera la tasa media de variación fijada para las comunidades autónomas en 2024, del 2,6%. Por lo tanto, en 2024 la CAC incumplió el objetivo de regla de gasto, por lo que “se deberá ajustar a las medidas automáticas de corrección contempladas en el artículo 20, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a la formulación y presentación de un plan económico-financiero conforme al artículo 21 de la misma ley, el conocido como Plan de Ajuste. Durante 2024, se emitió informe de la AIReF, publicado el 17 de julio de ese año, donde se alertó de un posible incumplimiento de la regla de gasto y se recomendó que Canarias ”vigilara la ejecución de su presupuesto adoptando las medidas que estime pertinentes (…)“, algo que, por lo visto, no ocurrió.

-Canarias tiene limitado el crecimiento de sus gastos no financieros por la aplicación que se viene realizando de la regla de gasto prevista en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero sus ingresos fueron superiores a esa cantidad, por lo que no se podrán aplicar a gasto no financiero, incurriendo así nuevamente en un superávit.

-La deuda pública registrada al cierre del ejercicio 2024 se situó en 6.569 millones de euros, cifra que representa el 11,3% del PIB regional, valor por debajo del máximo de endeudamiento fijado por el Estado para las comunidades autónomas, en el 21,7%.

-Los presupuestos generales de la CAC para 2024 se elaboraron con unas previsiones de incertidumbre respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria al no estar publicados los datos oficiales, que, finalmente, fueron los contenidos en el programa de Estabilidad Presupuestaria 2023-2026. En la CAC, se estimaron unos créditos iniciales para gastos no financieros de 11.301 millones de euros (capítulos del I al VII), luego incrementados hasta alcanzar un crédito final de 12.637,7 millones (más del 4% respecto a los del 2023). La ejecución fue del 89,83%, con una inejecución cifrada en 1.284,9 millones de euros (1.087,8 millones la de 2023).

-La recaudación de ingresos también superó las expectativas iniciales ya que la falta de elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024 trajo como consecuencia que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no comunicara a las CCAA las entregas a cuentas para 2024 de los recursos del sistema de financiación de las comunidades de régimen común (SFA), ni la previsión de liquidación de 2022, lo que dificultó su concreción en los Presupuestos canarios para 2024.

-La ejecución global de los proyectos financiados con los fondos Next Generation referentes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) fue del 22,24% en 2024, frente al 37,73 % del ejercicio 2023. El MRR, en la Administración de la CAC, ha tenido un grado de ejecución del 20,62% en el ejercicio 2022, 32,34% en 2023 y 20,74% en 2024. El saldo del crédito definitivo (presupuesto no gastado) correspondiente al conjunto de las dotaciones del MRR en las secciones de la CAC ascendió a 690,5 millones de euros. Hay que justificar los recursos aún disponibles antes del 31 de agosto próximo.

-El grado de ejecución presupuestaria de los créditos del capítulo VI (inversiones reales) de la CAC se situó en el 52,35%, inferior al del ejercicio 2023 (58,53%) y muy por debajo de la media del resto de los capítulos de gastos, en el 91,08%. En cifras absolutas, es un ejercicio con un volumen total de gastos en inversiones de 415,7 millones de euros sobre un crédito de 794. Destaca la baja ejecución en Obras Públicas, Vivienda y Movilidad (42,56%), y en Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes (53,82%).

-Se han dictado resoluciones para declarar la procedencia del reintegro en materia de subvenciones por un importe de 14,8 millones de euros, lo que representa el 4,4% del importe de las pendientes de justificar (336,4 millones). Existe el riesgo de la no recuperación de 110,6 millones de euros, dinero público correspondiente a las subvenciones pendientes de justificar con plazo vencido y con antigüedad anterior al 31 de diciembre de 2020.

-Las subvenciones concedidas al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, el que regula en el ámbito de la CAC la concesión de la línea covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas, explican la mayoría del importe pendiente de justificar con plazo vencido, si bien cabe señalar el avance en el estado de la comprobación de la justificación a 30 de junio de 2025, con 8,1 puntos porcentuales más de los justificados con resolución.

Nueva Canarias habla de “colapso”

Tras la presentación del informe de la Cuenta General de la CAC para 2024 este martes en el Parlamento de Canarias, acción desarrollada por el presidente del órgano de control externo canario, Pedro Pacheco, el secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos (líder de uno de los tres partidos en la oposición en la Cámara regional, junto con el PSOE y Vox), sostuvo que la Audiencia de Cuentas de Canarias ha certificado el “colapso” de la capacidad de gestión de Gobierno presidido por Fernando Clavijo, un Ejecutivo que “dispuso de más recursos que nunca, que ejecutó menos, que incumplió las reglas fiscales y que obtuvo peores resultados”.

Campos aseguró que el informe de fiscalización de la Cuenta General de 2024 es una “OPA hostil, desmonta con datos” el discurso de las dos derechas canarias (CC y PP) de “autocomplacencia y de eludir sus propias responsabilidades”. Campos afirmó que el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma “ratifica, punto por punto,” todas las críticas que NC-BC ha realizado durante la legislatura, “a pesar de los intentos de silenciar a la oposición nacionalista”.

“Lo denunciamos nosotros y lo dice la Audiencia de Cuentas, después de que también lo hayan advertido organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Ministerio de Hacienda”, recordó Campos.

La diputada del mismo partido Esther González además insistió en la confirmación del incumplimiento de la regla de gasto en 2024 (también ya confirmado en 2025), lo que “obliga” al Gobierno a presentar un plan económico-financiero con un ajuste de 445 millones de euros, unas medidas que tendrán consecuencias en forma de recortes en los próximos años, 2026-27, con impacto sobre todo en los servicios públicos esenciales y en la capacidad inversora. Esos recursos financieros “no podrán destinarse a vivienda, a reducir listas de espera y conflictos laborales en sanidad, dependencia, educación o a infraestructuras necesarias”, lamentó.

A su vez, González expuso que, “detrás de cada inversión sin ejecutar, hay una obra que se retrasa, una infraestructura que no llega y una necesidad de la ciudadanía ”sin respuesta“. Las inversiones en 2024 cayeron respecto a 2023 y prácticamente la mitad se quedó sin ejecutar, recalca.

Más de dos años después de la entrada en vigor en Canarias del decreto estrella del Gobierno de Fernando Clavijo, el de vivienda, el precio de los inmuebles en las Islas ha batido (una vez más) su récord histórico. Según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995, el precio medio alcanzó en el primer trimestre del año los 2.234 euros/metro cuadrado en las Islas. Con este son ya tres trimestres encadenados con precios por encima de los 2.000 euros. Y con respecto a hace un año, la subida registrada en el archipiélago es del 13,6%. El decreto, que se anunció como la solución a la crisis habitacional en el archipiélago, no ha conseguido por ahora ningún resultado.

El decreto del Gobierno canario, sin ningún efecto

El Gobierno de Canarias declaró durante esta legislatura la emergencia habitacional, pero se ha negado en reiteradas ocasiones a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda. Pese a ello, el Ejecutivo de CC y PP insiste en culpar a esta ley nacional de la subida de precios en las Islas.

El Gobierno de CC y PP optó por desdeñar la ley nacional y preparar un decreto propio hace ya más de dos años que, en resumen, fía la solución del problema habitacional a construir más y más rápido. Además, no incluye ninguna medida para evitar la acumulación de viviendas, la venta de viviendas a extranjeros o la especulación.

Este decreto, muy aplaudido por las patronales de la construcción, nació de una lógica simple: ante la escasez de oferta, es necesario ampliar el parque de vivienda con más edificaciones, reconversiones de locales comerciales, finalización de inmuebles inacabados por el crac financiero de 2008 y hasta la habilitación de suelo dotacional, pensado en un principio para levantar escuelas, hospitales o parques, y que ahora servirá también construir bloques de pisos. Según expresó el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), al presentar dicho decreto, “hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”.

Y así, el precio de las viviendas y los alquileres sigue disparados en las Islas. De hecho, es la región donde más suben.

Nada más conocerse el decreto (febrero de 2024) diferentes expertos consultados por este periódico señalaron que la norma aportaba de todo menos soluciones a corto plazo. La mayoría de las fuentes consultadas echaron en falta actuaciones a corto plazo, como la captación de inmuebles vacíos o regulación de alquileres, pues la estrategia de apostarlo todo al ladrillo tardará muchos años en tener resultados, si es que los tiene, que eso tampoco está tan claro.

Y así, dos años y medio después de la entrada en vigor del decreto estrella del Gobierno de Clavijo se confirma que los precios, tanto de los alquileres como de la compraventa de inmuebles, sigue subiendo hasta cifras récord.

Clavijo culpa al Estado y a los ayuntamientos

Pese a estos datos, esta misma semana, Fernando Clavijo volvió a desechar la idea de declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada e incluso afirmó que en las Islas no hay grandes tenedores de vivienda y que los pocos que hay no tienen miles de viviendas.

Los datos desmienten a Clavijo. Un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este mes de abril desvela que las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades. Otro dato: según el Catastro, en Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del Archipiélago (999.056), lo que sitúa a las Islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país, algo que Clavijo negó este martes en sede parlamentaria.

Tras culpar al Gobierno central del problema de la vivienda, Clavijo señaló después a las administraciones locales. Según él, su “Gobierno [canario] ha hecho lo que ha podido” en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos “se han negado”.

El precio de la vivienda en el resto del país

Además de Canarias, marcaron sus récord históricos Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros

En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord sino que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4% superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo.

La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13% más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004.

El top 3 lo cierra País Vasco, que supera los máximos del boom con 3.036 euros/m2, el 12% más. Con este precio, la vivienda vuelve a batir los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008.

La siguiente comunidad más cara fue Cataluña con 2.749 euros/m2, el valor más alto de toda la serie histórica. Este importe arroja una subida interanual del 12%.

Andalucía también registró entre enero y marzo valores récord con 2.316 euros, el 14% más que un año antes. Canarias, por su parte, marcó máximos con 2.234 euros/m2.

Aunque no batió récord histórico este primer trimestre, el precio en el resto de comunidades españolas subió entre enero y marzo a doble dígito.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha desplazado este jueves a Canarias para participar, invitado por el presidente autonómico, Fernando Clavijo, en la visita del papa de la Iglesia católica, León XIV. Ya estuvo con él hace unas semanas en el Vaticano y le ha invitado a Gernika en 2027, con motivo del nonagésimo aniversario del bombardeo nazi.

Pradales, que ha formado parte de un reducido comité de bienvenida con Clavijo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con los ministros Félix Bolaños, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres, ha apostado desde allí por una respuesta “humanista” a la migración, como promulga el pontífice. Tras apelar a las sociedades “avanzadas y ricas europeas” a ayudar en la acogida e integración de estas personas, ha afirmado que “huyen de lugares, arriesgándolo todo, incluso su propia vida, para tener un proyecto vital que es el de la esperanza”.

“Este muelle de Arguineguín nos tiene que hacer ver que las sociedades avanzadas y ricas europeas tenemos que ayudar no solo en la acogida, sino en la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad”, ha destacado. Sobre Canarias y Euskadi, ha señalado: “Somos dos pueblos que entienden que hay que poner en el centro la dignidad humana; que cuando hay una crisis humanitaria, cuando hay una crisis migratoria, hay que atender a esas personas pensando que son personas con derechos que vienen en unas condiciones muy complicadas de todo tipo y que tenemos que darles una salida vital”.

El lehendakari ha calificado Arguineguín de “muelle de la esperanza” aunque hasta ahora se había denominado “muelle de la vergüenza” por las imágenes en 2020 de 2.300 migrantes hacinados en un fin de semana por un repunte de llegadas para los que Canarias no contaba con suficientes recursos de acogida. Por último, ha dicho que es de agradecer que el papa, en su visita al España, haya “pensado primero en Canarias”, para “lanzar al mundo también un mensaje desde el punto de vista de la dignidad humana de las personas migrantes”.

El pleno del Parlamento de Canarias continúa con el debate de varias proposiciones no de ley y de asuntos como el dictamen de la Comisión de Cabildos sobre la reforma de la ley que regula a las instituciones insulares.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado al Gobierno canario (CC y PP) de proteger “intereses privados” frente al derecho a la vivienda en las Islas y ha reclamado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que dé un paso decidido frente a la crisis habitacional y declare las Zonas de Mercado Residencial Tensionado previstas en la Ley Estatal de Vivienda, para contener el incremento de los precios del alquiler y proteger a miles de familias canarias.

Franquis intervino este martes en el pleno del Parlamento en una pregunta a Presidencia sobre si el Ejecutivo autonómico tiene previsto declarar zonas tensionadas y comenzar a ofrecer respuestas efectivas al problema del alquiler, donde cuestionó la “incoherencia” del Gobierno autonómico al reconocer la gravedad de la situación residencial mientras rechaza utilizar las herramientas legales disponibles para afrontarla.

“Si han aprobado una emergencia habitacional, ¿por qué no aprueban declarar zonas tensionadas?”, preguntó.

Franquis aseguró que la realidad de la vivienda en Canarias está provocando una creciente situación de angustia social que afecta especialmente a jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler y trabajadores esenciales que no encuentran una vivienda asequible cerca de sus lugares de trabajo.

“Es una pregunta que surge de la desesperación de miles y miles de familias que están siendo expulsadas del mercado de la vivienda”, afirmó.

Además, defendió que la declaración de zonas tensionadas no es únicamente una herramienta recogida en la legislación estatal, sino una decisión política que refleja a quién decide proteger un gobierno cuando debe elegir entre el interés general y determinados intereses económicos.

En este sentido, acusó al Ejecutivo autonómico de haberse situado “del lado de quienes obtienen beneficios” de la actual emergencia habitacional en lugar de defender a quienes sufren sus consecuencias. “Ha elegido no situarse del lado de quienes sufren esta emergencia habitacional. Ha elegido ponerse del lado de quienes obtienen beneficios de ella”, señaló.

Franquis criticó la negativa del Gobierno de Canarias a declarar zonas tensionadas en municipios cuyos ayuntamientos ya han solicitado formalmente esta medida, como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona (Tenerife) o Villa de Mazo (La Palma), donde los precios del alquiler continúan aumentando de forma sostenida.

“¿Por qué condena a miles de familias a soportar subidas desproporcionadas de los alquileres cuando dispone de instrumentos legales para contenerlas?”, preguntó al presidente canario. 

Registro de grandes tenedores

Asimismo, reprochó al Ejecutivo regional su rechazo a la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda, una iniciativa que, según explicó, permitiría disponer de información transparente sobre quién concentra el parque residencial y quién tiene capacidad para influir en la evolución del mercado.

Franquis recordó que, según los datos disponibles, el 14% de las viviendas en Canarias están en manos de grandes propietarios, una proporción que duplica la existente en otras comunidades autónomas y que representa más de 104.000 viviendas en el Archipiélago.

El portavoz socialista también criticó el voto en contra de los grupos que sustentan al Gobierno a la propuesta de reforma fiscal planteada por el PSOE para diferenciar el tratamiento tributario de quienes adquieren una primera vivienda respecto a sociedades que compran edificios completos para destinarlos al alquiler vacacional.

También insistió en que Canarias no carece de herramientas, diagnósticos o informes para afrontar la crisis residencial. A su juicio, el principal problema es la falta de voluntad política para aplicar medidas que prioricen el derecho a la vivienda frente a intereses particulares.

“El problema es que falta un Gobierno que defienda el interés general y deje de actuar como medianero de intereses privados”, afirmó.

Por ello, Franquis exigió al presidente de Canarias que abandone su bloqueo a las medidas contempladas en la legislación vigente y actúe para garantizar el acceso a una vivienda digna. “¿Hasta cuándo va a seguir protegiendo los intereses de unos pocos mientras miles de familias canarias ven cada día más lejos su derecho a una vivienda digna?”, concluyó.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este martes que, si reúne las condiciones, se aceptará la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de declarar a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, pero, ha advertido, “no va a servir de nada”.

Así ha respondido Clavijo este martes en el Parlamento al diputado del grupo Socialista Sebastián Franquis, quien ha acusado al presidente de actuar “como un medianero” de los intereses privados porque, en la crisis habitacional, ha elegido estar del lado de quienes se benefician de esta situación.

La petición de declarar zona tensionada a Las Palmas de Gran Canaria, realizada en diversas ocasiones por el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias (que es la administración competente en el asunto), se ha encontrado con obstáculos desde el inicio, hace ya año y medio. El Ejecutivo que preside Clavijo ha requerido al Ayuntamiento informes y datos que no contempla la Ley estatal de Vivienda, retrasando con ello la tramitación solicitada por la administración local, una declaración de zona tensionada que permitiría, entre otras cuestiones, poner un límite a los precios de los alquileres.

Sin embargo, Fernando Clavijo sigue enrocado en su rechazo a la Ley estatal de Vivienda, que, cabe recordar, no se aplica en las Islas. De hecho, el Gobierno de Clavijo anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. Ningún municipio en Canarias ha obtenido del Gobierno de Clavijo la declaración de zona tensionada, y eso pese a que el propio Ejecutivo de CC y PP declaró la emergencia habitacional en las Islas.

Su respuesta a esta crisis fue crear un decreto propio para construir más (incluso en suelo rústico o destinado a dotaciones como parques, jardines o centros de salud) y más rápido, dando alas al sector privado, pues “hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”, según lo expresó el consejero de Vivienda al presentarlo. Dicho decreto no incluye ninguna medida para evitar la acumulación de viviendas, la venta de viviendas a extranjeros o la especulación; tampoco el devolver al mercado las 200.000 viviendas varías que se calcula que hay en las Islas. Y así, el precio de las viviendas y los alquileres sigue disparado en las Islas. De hecho, es la región donde más suben.

Clavijo ha considerado “un poco cínico” que Franquis le cuestione por la política de vivienda tras “el fracaso absoluto”, según él, en esta materia del anterior Gobierno regional, en un área de la que era responsable el portavoz socialista. Sin embargo, hay que recordar que fue en la pasada legislatura cuando se pusieron en marcha nuevos proyectos de construcción de vivienda pública tras una década estancados, precisamente, con Clavijo de presidente. Algunas de esas viviendas, ahora terminadas, son las únicas que se han entregado en esta legislatura a sus propietarios.

Clavijo ha dicho que resolver este asunto es complicado, pero le ofrece dos soluciones “que están en sus manos” [del PSOE] para aliviar el problema. La primera es que el Gobierno estatal derogue la Ley de Vivienda, que a su juicio, es la responsable de expulsar del mercado del alquiler a cientos de miles de propietarios. De nuevo, hay que recordar que esta Ley no se aplica en Canarias. Y la segunda, que el silencio administrativo cuando se solicita una licencia sea positivo.

Clavijo ha afirmado que el mayor tenedor de vivienda en Canarias es Visocan (la empresa pública de vivienda), pues no hay grandes tenedores en las Islas y los pocos que hay no tienen miles de inmuebles. Los datos desmienten a Clavijo. Un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este mes de abril desvela que las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades. Otro dato: según el Catastro, en Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del Archipiélago (999.056), lo que sitúa a las Islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país, algo que Clavijo ha negado este martes en sede parlamentaria.

Tras culpar al Gobierno central, Clavijo ha señalado después a las administraciones locales. Según él, su “Gobierno ha hecho lo que ha podido” en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos “se han negado”.

Ha añadido al respecto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva más de un año hablando de la solicitud de zona tensionada pero “no han sido capaces de presentar” el trámite oportuno hasta marzo de este año, por lo que ha ironizado con que “se han puesto nerviosos porque se acerca la campaña electoral”. Sin embargo, no ha explicado por qué no se ha aceptado aún esa solicitud.

Lo que deben reconocer los socialistas, ha añadido Clavijo, es “que fracasaron, se equivocaron y fue un error tremendo la ley de Vivienda” (que no se aplica en las Islas), para insistir en que para activar la construcción y aumentar la oferta deben regular el silencio administrativo positivo.