Román Rodríguez, secretario nacional de Formación, Programas y Estrategias de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha asegurado este jueves que “la falsedad difundida” por el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (CC), pretende trasladar a la sociedad “que no se puede hacer nada para frenar el desarrollismo turístico”, como han demandado masivas movilizaciones en los últimos años, lo que, a su juicio, “no es cierto”, y pone de ejemplo lo que está pasando en Veneguera (Gran Canaria).

En este sentido, el dirigente del grupo sostiene que “no hay una sola sentencia indemnizatoria” con relación a la moratoria de 2001 y a las directrices de 2003, como reconoce la propia Consejería de Política Territorial del actual Gobierno de Canarias en un informe oficial remitido al grupo parlamentario en abril del pasado año, según asegura Rodríguez.

Ahora bien, según explica el secretario, pese a lo difundido por el Gobierno de las dos derechas canarias, “la realidad es bien distinta”. Asegura que lo confirma un informe oficial que da respuesta a la solicitud de nuestra diputada Esther González en torno a la responsabilidad patrimonial devenida por la aplicación de la Ley 6/2001, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio; la Ley 19/2003, por el que se aprueban las directrices de ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canaria; y la Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

Tajante respuesta de Política Territorial

La respuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas es tan clara como tajante: “En cuanto a las indemnizaciones que se refieren a las dos primeras leyes (Ley 6/2001 y Ley 19/2003), todas las sentencias fueron desestimatorias por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad Patrimonial”.

Señalando, por otra parte, que el Gobierno “trabajaba en la ejecución de las sentencias respecto ”al 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo“. Ley que generó ”efectos indemnizatorios, no las otras“, subraya.

Román Rodríguez asevera que las “falsedades” del Gobierno de Clavijo tienen dos motivaciones. Por un lado, eludir responsabilidades de quienes aprobaron en el Parlamento la ley 6/2009, normativa con la que Nueva Canarias fue “muy crítica”. Y, en segundo lugar, tratar de cercenar el debate sobre los límites al crecimiento y el establecimiento de una nueva moratoria, que se encuentra entre las reivindicaciones centrales de las grandes movilizaciones en defensa de otro modelo turístico, sostenible económica y socialmente, que se produjeron en Canarias en 2024 y 2025.

Recuerda, al respecto, que la moratoria de 2001 permitió desclasificar “más de 300.000 camas, sin coste alguno para el erario, entre ellas las 20.000 de Veneguera”. Y añade, que fue “esencial” para salvar este enclave de Gran Canaria de los proyectos de construcción planteados, situación que fue luego completada con la Ley 6/2003, de 6 de marzo, que declaró el barranco de Veneguera como espacio natural protegido.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este sábado la importancia de celebrar la “canariedad” de las islas en el día grande de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, que acoge el municipio tinerfeño de Candelaria con un programa de actos reliogiosos, institucionales y tradicionales.

“Comenzamos una jornada intensa en la que celebramos junto con la patrona de Canarias esa canariedad de las ocho islas, y en un momento complicado y difícil, con la necesidad de reflexionar y de saber que tenemos que intentar, entre todos, ser y hacer las cosas un poquito mejor”, ha señalado en declaraciones a los medios.

Ha agradecido al Ayuntamiento de Candelaria y al Cabildo de Tenerife el dispositivo de seguridad preparado y coordinado en el municipio y alrededores para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que desde el viernes se aproximan a la Villa Mariana para celebrar el día grande de la Patrona de Canarias en el municipio tinerfeño.

Aprovechando la ocasión, ha recordado los retos que Canarias cuenta para el arranque del nuevo curso político, entre ellos la aprobación del nuevo modelo de sistema de financiación autonómico, que prevé más de 1.300 millones para Canarias, en septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: “Esperamos y deseamos que prospere”.

También habló del Decreto Canarias y recordó que figura en la lista de asuntos pendientes, donde se incorporarían los 100 millones pendientes para la isla de La Palma y su reconstrucción y el 60% del IRPF. “Tienen que seguir viniendo todos los recursos. Quedan algunas partidas que, si bien se están tramitando, no han llegado aún, como pueden ser las obras hidráulicas, fundamentales para hacer más eficiente la distribución, pero también para la desalación”.

A ello se sumará la aprobación de los presupuestos autonómicos para de 2027, y el desarrollo de decretos como el de la modificación de la ley de vivienda, para agilizar la construcción de viviendas en el archipiélago.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de 7,4 de magnitud que ha sufrido Colombia, al tiempo que ha deseado que las tareas de rescate “permitan encontrar con vida al mayor número posible de personas”.

En un mensaje en su perfil de la red social X, el presidente regional ha recordado que este país cuenta con “estrechos lazos sociales y culturales” con el archipiélago canario y que allí residen “miles de compatriotas”.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades locales han confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, seis en el Chocó y otra en Medellín.

Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca, donde se encuentra Cali, la tercera ciudad del país. La cifra de víctimas sigue aumentando y los datos son preliminares.

Asimismo, el presidente colombiano Abelardo De La Espriella ha declarado el desastre de carácter nacional y está dirigiendo las operaciones de rescate.

Hay una mujer que, mientras ustedes leen esto, está esperando. Una cita, una plaza, una respuesta que no llega. Reunió el valor una vez y no piensa reunirlo dos. No sale en ningún titular, porque a ella todavía no la ha matado nadie. Al final de cada pacto y de cada nombramiento hay una mujer esperando, y lo que ella espera no es tiempo administrativo. Es tiempo de su vida.

Esta misma semana, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha aprobado el decreto que entrega a Vox las competencias en violencia de género. Las Unidades de Valoración Integral pasan a la consejería que dirige el líder de la ultraderecha. Y conviene explicar qué son, porque no es un tecnicismo: son los equipos que redactan, a petición del juzgado, el informe que dice si una mujer está en peligro y si su agresor va a volver. Es el papel del que depende que a una se la crea. A partir de ahora lo gestiona el partido que sostiene que la violencia machista es un invento. El mismo que en 2019 pidió por escrito, en el Parlamento andaluz, la lista con los nombres y apellidos de los profesionales que trabajan en esas unidades.

Andalucía encabeza las cifras de mujeres asesinadas en España. Y aun así, cuando llegó la hora de repartir consejerías, su protección entró en el lote. Ahí está resumido lo que quiero decir hoy: la igualdad se ha convertido en moneda de cambio, y quien la usa como moneda no paga con algo suyo. Paga con nosotras.

No es un caso aislado: es un método, y ya lo hemos visto funcionar. En la Comunidad Valenciana, la consejería que dirigía Vox sustituyó “violencia de género” por “violencia intrafamiliar” en la formación de la policía local; el escándalo obligó al PP a rectificar, pero ni siquiera entonces se recuperó el término. En el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por PP y Vox, no hubo declaración institucional ni el 25 de noviembre ni el 8 de marzo: la ultraderecha bloqueó los textos y el PP lo aceptó para no romper el pacto. En Extremadura se recortaron las partidas de igualdad mientras las de tauromaquia pasaban de menos de 100.000 euros a casi 900.000. Cuatro comunidades gobiernan hoy PP y Vox juntos —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— y en las cuatro se repite el guion: primero se recorta la partida, después se borra la palabra.

Aquí hemos oído muchas veces que eso no va con nosotros, que aquí hay moderación. Pues bien, Coalición Canaria proclamó en 2023 que la ultraderecha era una línea roja y desde entonces le ha ido abriendo, una por una, las puertas de nuestras instituciones, siempre de la mano del Partido Popular. En Arona, tercer municipio de esta isla, Vox entró en el gobierno municipal en enero de 2025: uno de sus concejales, que además es consejero de Vox en el Cabildo de Tenerife, asumió la segunda tenencia de alcaldía y las áreas de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, y su compañera de grupo, las de Promoción Económica, Sector Primario y Empleo. Rosa Dávila y Lope Afonso salieron a justificarlo en nombre de la “estabilidad”. Dos meses después, en Granadilla de Abona, CC recuperó la Alcaldía con los votos de Vox frente a una alcaldesa socialista, en un acuerdo firmado en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. No en una sala de partido: en la sede del Gobierno de todas las canarias y de todos los canarios.

Y en Arona, en la madrugada del 20 de febrero de este año, un hombre mató a su hijo Yared, de diez años, y dejó a la madre del niño herida de gravedad: el noveno menor asesinado por violencia vicaria en Canarias desde 2013. El Ayuntamiento decretó dos días de luto y publicó un comunicado que sigue colgado en la web municipal. Habla de un “trágico suceso” que “se saldó con el fallecimiento de un menor” y con “una mujer herida de gravedad”. Ni asesinato, ni violencia machista, ni violencia vicaria. El hombre que lo hizo no aparece: no hay padre, no hay agresor, no hay nadie. La madre tampoco es la madre: es “una mujer”. Y el compromiso que se reitera al final no es con la igualdad, sino con “la convivencia pacífica en el municipio”. Un niño asesinado por su padre para destrozar a su madre, convertido en un accidente sin autor.

Y borrar la palabra no es un matiz de vocabulario. Es la diferencia entre entender que a una mujer la matan por ser mujer o creer que fue una desgracia que pasó. Quien no lo nombra, no lo combate. Y quien no lo combate, deja sola a la siguiente.

¿Y qué ha hecho Fernando Clavijo con la igualdad mientras se abrían esas puertas? Tratarla como el área que se reparte cuando ya se han repartido las que de verdad interesan. En tres años de mandato, la dirección del Instituto Canario de Igualdad, el organismo que coordina en estas islas la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, se ha convertido en parte del precio de un pacto, ocupada por quien no acredita trayectoria alguna en la materia. Hemos llegado incluso a hablar de cargos que parecen heredables. Lo digo con cuidado, porque detrás hay una familia que acaba de despedir a una madre y ahí no hay ninguna mujer a la que señalar: mi crítica no va contra una persona, va contra una forma de gobernar. La herencia que importa no es la de una madre a una hija, sino la de un partido que ha hecho suya un área entera y la administra como patrimonio propio. Y cuando un área se posee, da lo mismo quién la ocupe: lo que se cubre no es una responsabilidad pública, es un peaje.

A nadie se le ocurriría poner al frente de Hacienda a quien no sabe leer un presupuesto. Con la igualdad sí, porque se da por hecho que basta con la buena voluntad. Y cuando quien manda no sabe, no pasa nada estruendoso: sencillamente, no se hace. El daño de una política que no existe es un daño callado, y por eso sale tan barato.

Que nadie diga después que no lo vio venir. Andalucía no es una anomalía: son las luces largas sobre el camino que se pretende recorrer. Primero se pacta por estabilidad. Luego se cede un área. Luego se cambia una palabra. Y un día resulta que quien decide si una mujer corre peligro es quien lleva años repitiendo que ese peligro no existe. ¿Alguien cree que si mañana hacen falta los votos de Vox en el Parlamento de Canarias o en este Cabildo, la igualdad no volverá a la mesa de reparto? Es lo primero que se ofrece, porque es lo que menos les cuesta.

Los socialistas estamos empeñados en bloquear ese camino, pleno a pleno y municipio a municipio. Coalición Canaria y el Partido Popular, en abrirlo. Esa es, sin adornos, la diferencia. Y aquí, en casa, Rosa Dávila cometió además el error de dejar las políticas contra la violencia de género del Cabildo de Tenerife en manos del Partido Popular. Eso lo estamos pagando ya las mujeres de esta isla.

Porque cada retraso tiene nombre de mujer. Cada plaza que no se convoca es una que sigue durmiendo en casa de su madre con dos criaturas. Cada programa que no se diseña es una chiquilla de quince años que no tendrá quien le explique que lo que le está pasando tiene nombre y no es culpa suya. Quedarse atrás no se mide en escaños ni en encuestas: se mide en vidas frustradas y en mujeres que lo perdieron todo por no soltar a tiempo la mano equivocada.

Las mujeres de estas islas no somos un asiento en una mesa de negociación. La igualdad no es un cargo de reparto: es, para muchas, lo único que se interpone entre su vida y el peor de los finales. Quien la tenga por un peaje, que la suelte.

Los distintos gobiernos autonómicos van tomando posición de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles en el que se votará el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno. Justo este lunes, Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, han anunciado que votarán a favor de un sistema que reportará a los canarios 611 millones más al año. Mientras tanto, el Gobierno de Pérez Llorca sigue sin aclarar que hará. El presidente apuntó hace unas semanas que se abriría a apoyarlo si se aprobara a través de una ley orgánica, situación que no se producirá a corto plazo. Por tanto, sería complicado que Comunitat Valenciana votara a favor de un modelo que reporta a las arcas de la Generalitat 3.669 millones más al año.

El presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha anunciado este lunes el apoyo al nuevo modelo de financiación tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres. Clavijo acordó, además, un adelanto de partidas presupuestarias ligadas a la llamada Agenda Canaria a la que su partido ligó el acuerdo de investidura en favor de Pedro Sánchez. El Gobierno canario asume que el nuevo modelo de financiación autonómica reconoce sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades”.

Hasta ahora, el Gobierno canario, a través de su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado al considerar que la propuesta era “discriminatoria”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que “Canarias se ha querido sentar a negociar, no ha pedido cosas imposibles y no ha pedido cosas que perjudiquen a otras comunidades autónomas”, unos elementos que ha considerado propios “de una negociación franca” y que ha confrontado con lo que han hecho otros presidentes autonómicos, al plantear “propuestas que sabían que eran inviables”.

“El Gobierno de Canarias ha hecho planteamientos razonables que atienden a circunstancias específicas y que no perjudican a otras comunidades. Eso es mucho, no ha pedido máximos”, ha remarcado España, unas valoraciones que Clavijo ha relacionado con “el modo canario de hacer política, que surte efecto y da resultado”.

El Gobierno de Pérez Llorca ha venido haciendo malabares para no negarse de plano a apoyar el modelo de financiación que propone el Gobierno por sus evidentes beneficios para las arcas de la Generalitat. Pero el PP de Alberto Núñez Feijóo ha dado orden a sus barones de que se nieguen.

Tras su reunión con Arcadi España el pasado 15 de junio, el presidente de la Generalitat aseguró que “hay un criterio que es la población ajustada que se debe incluir” al tiempo añadió: “Como está la propuesta, no la podemos aceptar porque la Comunitat Valenciana queda por debajo de la media. He convencido a los barones de mi partido de que si tiene que haber una excepcionalidad en alguna comunidad es en la valenciana por ser la peor financiada y por la dana. Eso es lo que voy a defender”.

El presidente, ante la insistencia de los medios, reiteró que se abre a negociar un nuevo modelo para la Comunitat Valenciana, pero siempre dentro del Consejo de Política Fiscal, “ahí la Comunitat Valenciana irá a pedir un sistema justo, equitativo y que sea igual para todos”. En ese consejo “cada autonomía deberá hacer sus aportaciones” y ha apuntado que “el cambio de modelo no es una lucha entre territorios, eso dijo Arcadi y esa frase la comparto, todos juntos en una mesa es la mejor manera de afrontarlo”.

elDiario.es contactó este lunes con la Conselleria de Hacienda para conocer la postura que llevará la Generalitat al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, pero a cierre de esta edición no ha recibido respuesta.

Els diferents governs autonòmics van prenent posició de cara al Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dimecres, en el qual es votarà el nou model de finançament proposat pel Govern. Justament aquest dilluns, el Govern de Canàries, format per Coalició Canària i el PP, ha anunciat que votarà a favor d’un sistema que reportarà als canaris 611 milions d’euros més a l’any. Mentrestant, el Govern de Pérez Llorca continua sense aclarir què farà. El president va apuntar fa unes setmanes que estaria disposat a donar-li suport si s’aprovava mitjançant una llei orgànica, una situació que no es produirà a curt termini. Per tant, seria complicat que la Comunitat Valenciana votara a favor d’un model que reporta a les arques de la Generalitat 3.669 milions d’euros més a l’any.

El president canari, Fernando Clavijo, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns el suport al nou model de finançament després de reunir-se a Las Palmas de Gran Canaria amb els ministres d’Hisenda i Política Territorial, Arcadi España i Ángel Víctor Torres. Clavijo també va acordar un avançament de partides pressupostàries lligades a l’anomenada Agenda Canària, a la qual el seu partit va vincular l’acord d’investidura en favor de Pedro Sánchez. El Govern canari assumeix que el nou model de finançament autonòmic reconeix les seues singularitats amb plantejaments “raonables que no perjudiquen altres comunitats”.

Fins ara, el Govern canari, a través de la seua consellera d’Hisenda, Matilde Asián, del PP, havia rebutjat el nou model oferit per l’Estat en considerar que la proposta era “discriminatòria”.

El ministre d’Hisenda, Arcadi España, ha valorat que “Canàries s’ha volgut asseure a negociar, no ha demanat coses impossibles ni coses que perjudiquen altres comunitats autònomes”, uns elements que ha considerat propis “d’una negociació franca” i que ha contraposat al que han fet altres presidents autonòmics, en plantejar “propostes que sabien que eren inviables”.

“El Govern de Canàries ha fet plantejaments raonables que atenen circumstàncies específiques i que no perjudiquen altres comunitats. Això és molt, no ha demanat màxims”, ha remarcat España, unes valoracions que Clavijo ha relacionat amb “la manera canària de fer política, que té efecte i dona resultat”.

El Govern de Pérez Llorca ha anat fent malabars per a no negar-se de pla a donar suport al model de finançament que proposa el Govern, pels seus beneficis evidents per a les arques de la Generalitat. Però el PP d’Alberto Núñez Feijóo ha donat ordres als seus barons perquè s’hi neguen.

Després de la seua reunió amb Arcadi España el passat 15 de juny, el president de la Generalitat va assegurar que “hi ha un criteri, que és la població ajustada, que s’ha d’incloure”, alhora que va afegir: “Tal com està la proposta, no la podem acceptar perquè la Comunitat Valenciana queda per davall de la mitjana. He convençut els barons del meu partit que, si hi ha d’haver una excepcionalitat en alguna comunitat, ha de ser en la valenciana per ser la més mal finançada i per la dana. Això és el que defendré”.

El president, davant la insistència dels mitjans, va reiterar que està obert a negociar un nou model per a la Comunitat Valenciana, però sempre dins del Consell de Política Fiscal i Financera: “Allí, la Comunitat Valenciana anirà a demanar un sistema just, equitatiu i que siga igual per a tots”. En aquest consell, “cada autonomia haurà de fer les seues aportacions”, i va apuntar que “el canvi de model no és una lluita entre territoris. Això ho va dir Arcadi i aquesta frase la compartisc. Tots junts en una taula és la millor manera d’afrontar-ho”.

elDiario.es va contactar aquest dilluns amb la Conselleria d’Hisenda per a conéixer la postura que portarà la Generalitat al Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dimecres, però, al tancament d’aquesta edició, no havia rebut resposta.

“Cuando Marchena y la Sala II del Tribunal Supremo decretaron el archivo de los decretos dictados por Fernando Clavijo, me llegó la orden de Santos Cerdán de que no presentara recurso (...) y como no la obedecí, sufrí como castigo que me apartaran del escaño de senador en representación de Canarias”. Así se ha expresado el exsenador socialista tinerfeño Santiago Pérez en una larga conversación con este periódico para hacer balance de uno de los escándalos protagonizados por el actual presidente del Gobierno canario, el caso Reparos, del que acaba de retirarse como denunciante y acusación particular en disconformidad con la última resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha decidido mantener a una sola persona como imputada, el último alcalde de Coalición Canaria en La Laguna, José Alberto Díaz.

Es ahora cuando Santiago Pérez (La Laguna, 1954) ha decidido contar públicamente lo ocurrido en torno a los episodios que se sucedieron después de que Clavijo decidiera aforarse como senador por la Comunidad Autónoma para que los litigios impulsados por el político socialista pudieran sustanciarse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comandada entonces por el canario Manuel Marchena.

El veterano político socialista, ya retirado de la primera línea de fuego, vio cómo el caso Reparos se tropezaba con el criterio del poderoso magistrado y sus compañeros de sala con argumentos que él descalifica hasta el punto de opinar que existen dos varas de medir en el alto tribunal español: “Es como si la Sala II del Supremo aplicara un criterio para los políticos de izquierdas, con el que puede condenarse por prevaricación a siete años de inhabilitación a la alcaldesa socialista de San Juan de La Rambla por reconocerle y pagarle 4.220 euros al medianero de una finca expropiada por el Ayuntamiento; y otro criterio distinto para los del PP y sus aliados ultraperiféricos, que permite convertir en meras irregularidades y decretar el archivo de 127 decretos investigados por prevaricación, todos y cada uno de los cuales la Intervención General del Ayuntamiento calificó como nulos de pleno derecho, y mediante los que se comprometieron y pagaron ilegalmente 60,352 millones de euros entre enero de 2011 y mayo de 2019”.

Las tomaduras de pelo de Marchena

No recurrió aquel archivo ante el Supremo porque dice no aceptar “tomaduras de pelo, ni de Marchena ni de nadie cuando estoy defendiendo la legalidad y la buena administración del dinero de los contribuyentes”. Y explica así su decisión de mantener viva la causa en los juzgados canarios, concretamente en el 4 de La Laguna, y ante la Audiencia Provincial: “Si Cerdán llegó a creerse lo que le dijo Clavijo, eso de que los socialistas canarios somos simples medianeros de los jefes de Madrid, estaba equivocado. Al menos conmigo y con muchas y muchos compañeros socialistas del archipiélago. Cuando recibí esa orden, comuniqué a la dirección del Grupo Socialista del Senado que si se declaraba también el archivo de la parte principal de la investigación que se instruía en un juzgado de La Laguna, sí presentaría recurso. Y eso es lo que he hecho hasta en tres ocasiones desde la primavera de 2023”.

Por eso cayó en desgracia en su partido de toda la vida, que no permitió que repitiera como senador sin recibir explicación alguna hasta la fecha. Fue el pago por no haber aceptado nunca “órdenes de nadie en lo que respecta a lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna. Y, en este [caso Reparos] y en otros casos, como el de Las Teresitas, [del que también fue denunciante] siempre he tratado de liberar al PSOE de ese tipo de presiones de ATI-Coalición Canaria. Nunca he tenido otra obligación que la de cumplir mis compromisos electorales con los ciudadanos laguneros, tinerfeños y canarios”.

Pérez está convencido de que tras las instrucciones de Santos Cerdán subyacían las negociaciones con Coalición Canaria para conseguir su voto favorable al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “No es la primera vez que, además de lo que llaman la Agenda Canaria, exigen bajo cuerda total impunidad para algún caso de corrupción. Lo hicieron con el caso Floreal. Y, después de lograr el archivo, traicionaron a Jerónimo Saavedra con una moción de censura. Y también lo han hecho en otros casos”.

La obligación de un cargo público

Tres años después de que Marchena diera carpetazo al asunto en el Supremo desoyendo el criterio de la Fiscalía, que enfatizó que cada uno de los decretos de Clavijo y de los demás investigados se dictaron “contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público”, es decir, el leitmotiv del caso Reparos, Santiago Pérez decide parar y abandonar la acusación. “He tomado la decisión de dejar de ejercer la acusación popular”, argumenta, “porque el juzgado de instrucción, y ahora también la Audiencia Provincial, van extendiendo a los demás investigados la amnistía que Marchena concedió a Clavijo. Y porque no tengo la obligación de seguir reemplazando a una Fiscalía que, cumpliendo órdenes de Luzón [el fiscal jefe Anticorrupción], ha abandonado en este caso su principal función constitucional: promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad”.

Cree que los cargos públicos están obligados a actuar como él ha hecho a lo largo de toda su vida política, y como buen jurista que es, aunque jubilado, recurre a la Ley: “El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a funcionarios y autoridades el deber legal de denunciar los hechos de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que hice, después de más de un año y medio advirtiendo en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna de que había que erradicar aquella práctica ilegal, mientras Coalición Canaria miraba para otro lado. Luego me personé como acusación particular y, más adelante, pedí a la Fiscalía Anticorrupción que tomara cartas en el asunto, ante la parálisis total de la investigación por parte del Juzgado de La Laguna y de la Fiscalía ordinaria”.

El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, respaldará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades” y que le reportarán 1.300 millones más al año a sus servicios esenciales.

Así lo ha anunciado su presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, con quienes ha acordado además el adelanto de partidas presupuestarias ligadas a la llamada Agenda Canaria a la que CC ligó el acuerdo de investidura en favor de Pedro Sánchez.

Hasta ahora, el Gobierno canario, a través de su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado al considerar que la propuesta era “discriminatoria”.

Clavijo ha valorado, sobre todo, que por primera vez va a quedar plasmado por escrito que, al calcular los recursos que Canarias recibe del sistema de financiación, no se computarán los que le llegan por su Régimen Económico y Fiscal (REF) para compensar su condición insular y la lejanía del continente, algo que de forma recurrente ha tenido que defender cada vez que se reforma el modelo.

“El REF compensa nuestras desigualdades, pero no financia la sanidad, la educación o los servicios sociales. Por primera vez en la historia, queda por escrito que eso está fuera del sistema de financiación”, ha explicado el presidente.

Además, ha subrayado que Canarias deja de estar peor financiada que la media del resto de autonomías porque el fondo de dinamización “equilibra” lo que no recibe del bloque del sistema de financiación “puro y duro, que es la Ley Orgánica”.

El ministro de Hacienda ha valorado que “Canarias se ha querido sentar a negociar, no ha pedido cosas imposibles y no ha pedido cosas que perjudiquen a otras comunidades autónomas”, unos elementos que ha considerado propios “de una negociación franca” y que ha confrontado con lo que han hecho otros presidentes autonómicos, al plantear “propuestas que sabían que eran inviables”.

“El Gobierno de Canarias ha hecho planteamientos razonables que atienden a circunstancias específicas y que no perjudican a otras comunidades. Eso es mucho, no ha pedido máximos”, ha remarcado España, unas valoraciones que Clavijo ha relacionado con “el modo canario de hacer política, que surte efecto y da resultado”.

En el pacto sobre la nueva financiación autonómica, Canarias y Hacienda también han acordado que queda fuera de ese bloque la partida con la que esta región dejó de compensar al Estado tras la extinción del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y con la que ahora se dota el Fondo de Desarrollo de Canarias.

Clavijo ha valorado igualmente que el Gobierno se haya comprometido a dar a esta comunidad “más margen de maniobra para abordar sus retos futuros, que no son pocos, por tener un endeudamiento por debajo del exigido, en los criterios de estabilidad y superávit”, con lo que se hace “justicia con Canarias”.

Eso será posible desde que se apruebe el llamado 'Decreto Canario', un decreto ley que, entre otras cosas, habilitará a esta comunidad a usar 687 millones de euros durante tres años, según ha precisado el ministro de Hacienda.

Sobre este asunto, el presidente regional y el ministro Ángel Víctor Torres, han dicho que la intención del Gobierno es aprobarlo en Consejo de Ministros, bien el 25 de agosto o el 1 de septiembre, lo que supondrá además que La Palma cuente con la bonificación del 60 % del IRPF para su reconstrucción tras el volcán y que las islas reciban los 100 millones de euros de este año para poder acabar las compensaciones que quedan por abonar a agricultores y otros sectores.

“No todos los territorios de nuestro país son iguales ni tienen las mismas características, ni la misma estructura, ni la misma posición geográfica, y eso lo entendemos desde el Gobierno de España y lo atendemos”, ha subrayado el ministro Arcadi España.

“Canarias nunca se levanta de una mesa, otros ni se sientan”

Respecto al rechazo que ya ha mostrado el PP al modelo de financiación que ha diseñado el Gobierno, España ha dicho que, mientras que “Canarias nunca se levanta de una mesa, otros ni se sientan”, al tiempo que ha estimado que lo que hay que preguntarse es “cuáles son las razones del no para que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no quieran este modelo, que no es perfecto, pero es muchísimo mejor que el actual y pone casi 21.000 millones de euros adicionales” para el conjunto de ellas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha adelantado en esta rueda de prensa que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un adelanto de partidas para Canarias previstas para lo que queda de ejercicio con el fin de facilitar su ejecución a esta Administración.

Entre ellas, ha citado la concesión de una subvención de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias, la redacción de una modificación presupuestaria de 23,1 millones de euros para compensar a las islas por las consecuencias de la guerra en Irán, y un acuerdo relacionado con actuaciones en distintas islas para fortalecer el sistema energético.

Además, se dará el visto bueno a otro acuerdo en el que se autoriza la celebración de un contrato de obras del cierre del muelle de ribera del puerto de Granadilla por un valor de 53,9 millones de euros, y otro para otro contrato de un proyecto en el puerto de La Luz y de Las Palmas por 45,3 millones de euros.

Este martes también se abordará el Plan de Pobreza, por el que Canarias recibirá 30 millones de euros, mientras que, tras la aprobación del Decreto Canarias, a finales de agosto o principios de septiembre, se prevé aprobar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas, que son unos 23 millones de euros en el siguiente Consejo de Ministros.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en la sesión de control al Gobierno a varias preguntas sobre asuntos como la crisis habitacional, la inflación o la gestión de los fondos disponibles durante esta legislatura.

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha acusado este viernes al Gobierno de Canarias de desperdiciar “tres años de oportunidades” para transformar el archipiélago, pese a registrar un crecimiento económico continuado y a contar con la mayor disponibilidad de recursos públicos de su historia. El dirigente socialista sostiene que los buenos datos económicos no se han traducido en una mejora de los principales problemas estructurales de las islas.

En una rueda de prensa para hacer balance de los tres años de legislatura, Franquis ha señalado que Canarias es la comunidad autónoma que más crece de España y ha registrado cifras históricas de recaudación, al tiempo que se han batido récords vinculados al sector turístico.

Sin embargo, ha sostenido que los grandes problemas estructurales de Canarias no han mejorado y que el crecimiento de la economía canaria “no reparte beneficios”.

Franquis ha afirmado que Canarias sigue teniendo problemas de desigualdad, que no se ha producido una mejora de la productividad y que tampoco se ha hecho una apuesta clara por diversificar la economía, que continúa vinculada fundamentalmente al sector turístico.

El dirigente socialista ha señalado que en estos tres años se han dejado sin ejecutar 403 millones de euros, lo que, según ha indicado, tiene consecuencias en subvenciones que no han llegado a sectores económicos o sociales, servicios que no se han podido crear e infraestructuras cuyas obras no han podido comenzar.

También ha criticado la política fiscal del Ejecutivo autonómico y ha indicado que la práctica eliminación del impuesto de sucesiones ha supuesto dejar de recaudar 140 millones de euros, mientras que se retiraron 104 millones destinados a unas 320.000 familias para afrontar el incremento de los precios.

Franquis ha asegurado además que la sanidad canaria está “patas arriba” y ha aludido a las movilizaciones y reivindicaciones de distintos colectivos sanitarios.

Ha indicado que la valoración de los usuarios sobre el sistema sanitario canario se sitúa en 5,8 puntos, el peor dato desde 2015, frente a una media española de 6,1, y ha señalado que un ciudadano tiene que esperar 162 días para ser atendido por un especialista, frente a los 102 días de media en España.

Franquis cuestiona el liderazgo de Clavijo

Asimismo, Franquis ha cuestionado el liderazgo del presidente autonómico, Fernando Clavijo, y ha confiado en que el Gobierno canario defienda “de verdad” los intereses económicos de las islas en las próximas negociaciones con el Estado.

En este sentido, ha aludido a las diferencias entre los socios del Ejecutivo autonómico y ha puesto como ejemplo lo ocurrido durante la reforma de la Ley de Extranjería, cuando, según ha afirmado, “aquí se hacía una cosa” y en Madrid “otra distina”.

Franquis ha dicho que le preocupa “la debilidad” del presidente canario y ha sostenido que cuando Clavijo ha tenido que mostrar su liderazgo y su autoridad política como presidente del Gobierno, “no lo ha hecho”.

El portavoz socialista también ha criticado la actuación de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se discutían cuestiones relacionadas con el sistema de financiación y la senda presupuestaria para los próximos años.

Según Franquis, la consejera abandonó la reunión siguiendo la estrategia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Clavijo “no fue capaz de llamarla al orden”.

El portavoz socialista ha indicado que espera que en las próximas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera el Ejecutivo autonómico defienda “los intereses económicos de esta tierra” y ha afirmado que existen elementos para confiar en que pueda alcanzarse un acuerdo entre los gobiernos de España y Canarias que mejore de forma importante los recursos que reciben las islas.

“La gestión es el principal fracaso de este Gobierno”

En materia de dependencia, ha afirmado que más de 14.400 personas con derecho a una prestación no la han recibido y que la lista de espera se mantiene en unas 17.000 personas.

Sobre vivienda, Franquis ha calificado la gestión del Ejecutivo autonómico como “el principal fracaso de este Gobierno” en Canarias.

También ha criticado la situación de las universidades públicas y ha señalado que llevan tres años esperando la firma de un contrato programa que les dé estabilidad financiera.

Asimismo, ha cuestionado la política de investigación e innovación del Ejecutivo y ha asegurado que la Ley Canaria de la Ciencia se ha aprobado sin contar con la comunidad científica ni con las propias universidades.

El portavoz socialista ha reprochado además al Gobierno que haya anunciado durante estos años reformas y leyes que, según ha señalado, todavía no se han presentado, y ha citado entre ellas la reforma de la Ley del Suelo, la Ley de Empleo Público y la Ley de Movilidad Sostenible.

“El Gobierno ha confundido el anuncio con gobernar”, ha afirmado Franquis, quien ha sostenido que gobernar consiste en tomar decisiones e intentar solucionar los problemas de Canarias.

Franquis ha criticado, asimismo, el aumento del gasto en sanidad privada y ha afirmado que en los últimos tres años su coste ha aumentado en 356 millones de euros, un 54 % más que en la etapa anterior.

A su juicio, el crecimiento económico registrado en Canarias “no ha servido” para reducir la desigualdad ni para mejorar los principales servicios públicos.

Por ello, ha insistido en que han sido “tres años perdidos” y ha acusado al Gobierno de Canarias de mantener una estrategia de confrontación con el Gobierno de España y de recurrir al “ruido político” para esconder, según ha afirmado, su déficit de gestión.

Franquis ha concluido que la coincidencia de crecimiento económico y estabilidad política ofrecía una oportunidad para transformar Canarias.

“Canarias no ha tenido un problema de recursos económicos. Es la comunidad que más recursos ha tenido en toda su historia. Lo que ha tenido es un problema de gestión”, ha zanjado.

El Gobierno de Canarias se reunirá este martes en Tenerife con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para abordar las líneas del marco presupuestario del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el decenio 2027-2037 y fijar las nuevas prioridades de las inversiones, tal y como pidieron las corporaciones locales en mayo.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno, informando también de que el próximo jueves, 23 de julio, habrá una conferencia de presidentes insulares que servirá para “validar” esas nuevas prioridades del FDCAN.

Dichas prioridades son, como ya se anunció en su momento, la construcción de vivienda pública y crear nuevas infraestructuras sociosanitarias en el archipiélago.

Cabello ha querido poner el foco sobre el hecho de que este nuevo marco de financiación busca estar consensuado, y en que también se ha actuado con “lealtad institucional”, y en ese sentido ha defendido que Canarias “marca un poco la diferencia de la bronca que hay en la política del resto del Estado”.

Sobre el FDCAN que está por concluir, el del decenio 2016-2026, Cabello ha explicado que ha generado un impacto económico de 4.504 millones de euros, y que ha supuesto la contratación de miles de personas en el archipiélago.

Finalmente, en este decenio se han invertido 2.619 millones de euros, según los datos que ha dado a conocer este lunes, por lo que para el próximo se espera llegar, al menos, a esa misma cuantía.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado en el pleno del Parlamento que si alguien va al médico de cabecera sin cita en la sanidad pública es atendido, después de que el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunciara que una cita tarda hasta más de diez días. “Si usted va mañana a su médico de cabecera sin pedir cita lo atienden el mismo día, porque a mí y a familiares míos nos ha ocurrido”, ha replicado el líder del Ejecutivo canario, y ha enfatizado: “Usted solo tiene que ir hoy al centro de salud si tiene cualquier problema y le aseguro que lo van a atender. Y, si no, vamos los dos juntos. Yo voy con usted”.

Clavijo, quien se ha declarado “usuario de la sanidad pública”, ha explicado que si en la atención primaria se da cita para otro día es porque los centros tienen que organizarse y hacer “un esfuerzo importante para reconfirmar aquellas citas a las que luego el paciente no acude”.

Según el presidente regional, “es evidente que la sanidad está mucho mejor” que como la dejó el anterior Gobierno de Canarias en 2023.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, denunció, por el contrario, “el progresivo deterioro del sistema sanitario público”, y se refirió a las protestas laborales, la saturación en urgencias y los retrasos en la atención primaria.

Campos reclamó a Clavijo que escuche las reivindicaciones de los profesionales del Servicio Canario de la Salud y ha calificado de “cínica” y “vergonzosa” la propuesta de la Consejería de Sanidad a los médicos en huelga para solucionar las sustituciones de las bajas y las vacaciones.

También ha denunciado Campos la situación de los técnicos de transporte sanitario en huelga o la situación del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuya falta de captación de sangre ha provocado la suspensión de pruebas quirúrgicas.

El portavoz de NC ha lamentado además el “colapso estructural” de los servicios de urgencias en los grandes hospitales, donde se acumulan durante días enfermos en camillas, ha denunciado.

El presidente de Canarias ha insistido en que la sanidad está mucho mejor y ha sostenido que las listas de espera, las intervenciones quirúrgicas y las consultas han mejorado sustancialmente.

Respecto a las movilizaciones del personal sanitario, ha calificado las reivindicaciones de “legítimas” y “razonables”, pero ha matizado que la base del conflicto no se circunscribe a Canarias, sino que depende directamente del Ejecutivo central, que ha respondido con “arrogancia y prepotencia”.

En el ámbito autonómico, la Consejería de Sanidad negocia distintas propuestas para incorporar más recursos y aplicar cambios organizativos en la red, como la instauración de turnos de mañana y tarde, ha señalado.

En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Canarias no permitirá en ningún caso que se resienta la atención a los pacientes durante este proceso de reorganización asistencial.

Críticas a la consejera de Sanidad

El diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino ha afirmado este martes que a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no le preocupa el sufrimiento de los pacientes canarios, gobierna de espaldas a la Cámara y es indiferente a las reivindicaciones del personal de las ambulancias.

Miguel Ángel Pérez del Pino, que ha cuestionado a la consejera por su falta de interlocución ante las demandas del personal del transporte sanitario, ha aseverado que las respuestas de Monzón acerca de este conflicto son tan “vergonzantes” como las expresadas con anterioridad en el pleno por parte del presidente Fernando Clavijo sobre la sanidad canaria.

Monzón rechaza sistemáticamente reunirse con los sindicatos y se niega a sentarse con los trabajadores, pero con la patronal lo hace “disimuladamente”, ha opinado el diputado socialista, quien ha comparado esta situación con la intervención de Clavijo en el ámbito turístico “cuando sonaron los pitos de la patronal de Tenerife”.

La consejera ha replicado que tiene pleno conocimiento de las demandas de los trabajadores de las ambulancias, respeta sus reivindicaciones y comparte la necesidad de avanzar en su reconocimiento profesional, por lo que confía en que se culmine el proceso de negociación con todas las garantías.

Pero también ha incidido en que se trata de un conflicto de naturaleza laboral y retributiva en el que no puede intervenir la administración autonómica aunque Pérez del Pino “manipule”, ha dicho la consejera, para indicar que ello no implica que la Consejería sea ajena al proceso negociador.

No hay una posición pasiva y Sanidad está haciendo todos los esfuerzos posibles en su convicción de que el transporte sanitario es un servicio esencial que debe estar acompañado de unas condiciones laborales dignas, ha añadido Monzón, quien ha reiterado su rechazo a los recientes actos vandálicos que impidieron que pudieran efectuarse 59 tratamientos sanitarios.

El pleno del Parlamento de Canarias inicia una nueva sesión con una declaración institucional sobre los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela.

Algunos testigos presenciales pudieron comprobar el pasado lunes el grado de tensión que se masca en el ambiente político canario a un escaso año vista de las elecciones municipales. El consultor político Iván Redondo presentaba su libro, El manual, en el Club La Provincia ante un selecto grupo de personas invitadas, muchas de ellas nacionalistas, que solo relajaron el rictus cuando el interviniente accedió a contemplar como fuerza con “potencialidad” la del reencuentro del nacionalismo “desde abajo” que encarnan -se supone- Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias. Se pusieron tensos cuando recordó que todas las encuestas, tanto las privadas como las públicas, auguran a día de hoy una victoria electoral del PSOE en las autonómicas de Canarias, y Redondo lo notó, así que añadió que esa reunificación podría “competir” por esa primera plaza.

No es ese pronóstico lo más discutible de esta parte del discurso de Iván Redondo, sino la procedencia de esa reunificación nacionalista: “desde abajo”. Pretender que la creación de un nuevo partido político, constituido a partir de una ruptura con otro y cimentado sobre cargos públicos de una amplia trayectoria, tenga una procedencia desde la base hacia la altura es forzar un poco el discurso. Partido por dos.

El historial político e institucional de los que dirigen esa reunificación nacionalista “desde abajo” es tan extenso que aconsejaría modificar algunos parámetros del discurso para no parecer ridículos. Y no sólo desde el punto de vista conceptual. La líder más veterana de la política de Canarias, de toda la política de Canarias, es uno de los iconos del nacionalismo isleño. Se llama Ana Oramas, y lleva en política la friolera de 47 años, el 70% de su vida. Empezó como concejala en Santa Cruz de Tenerife en 1979 y ahora es la vicepresidenta primera del Parlamento canario. El portavoz del grupo nacionalista en esa misma Cámara, José Miguel Barragán, del mismo partido, ya ha cumplido 45 años en lo público, lo que supone un 70% de sus 63 años de vida.

Pero ni Oramas ni Barragán estaban en el acto de Iván Redondo, así que es probable que eso confundiera al experto. Pero sí estaba en primera fila Fernando Clavijo, presidente regional, que, a sus 55 años, lleva 23 en política (el 41%); o Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que ya ha cumplido los 50, de los cuales, 27 los ha dedicado a la vida pública, más de la mitad de su vida. Lo mismo que el actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, compañero de Sosa en la fundación de Primero Canarias, que a sus 62, ha dedicado 35 a la política (un 56,4%).

Sosa y Hernández invocaron en su momento la necesidad de renovación en Nueva Canarias como la causa principal del cisma que encabezaron y que desembocó en su nuevo partido, seguramente sin contemplar que algún día alguien recordaría que el líder al que se enfrentaron, Román Rodríguez, lleva en la política 33 de sus 70 años, es decir, un 47% de su vida, cuatro años más que Sosa y dos menos que Hernández.

Nada que objetar, por supuesto, a que un grupo de personas constituya un partido a partir de una crisis interna de otro, por muy forzada o postiza que pueda parecer desde fuera. Ni que aprovechen la palanca que supone hacerlo desde las instituciones, a modo y manera que hizo en 2005 su líder defenestrado, Román Rodríguez, cuando encabezó la creación de Nueva Canarias tras ocupar la presidencia del Gobierno bajo las siglas de Coalición Canaria.

Lo que realmente podría ser reprochable es que bajo esa estratagema se tratara de esconder inicialmente y con un éxito dudoso el verdadero fin del proyecto: confluir en todo lo que se pueda con Coalición Canaria. No para ir en alianza electoral a unas generales para la obtención del tan cacareado grupo parlamentario canario en las Cortes, que también, sino para afianzar a Fernando Clavijo (o a quien le suceda) en el poder a cambio de asegurarse sus dirigentes lo propio en Gran Canaria, y no en todas sus instituciones.

Exactamente recorrer el sentido inverso que se recorrió hace 21 años para salir de la dinámica derechista de CC, que no solo no se ha suavizado estos años, sino que se ha radicalizado, como puede comprobarse a poco que se analice la evolución de los servicios públicos y la poca capacidad para resolver problemas como el de la vivienda, la preservación del territorio, la dependencia o la movilidad en Canarias teniendo récord de recaudación presupuestaria.

Arucas como símbolo

Se trata, por tanto, de consolidar a Coalición Canaria, como atestigua el primer acuerdo público que han firmado estas dos fuerzas presuntamente nacionalistas. Ha ocurrido en la ciudad de Arucas, adonde acudieron los líderes y lideresas de ambos partidos para escenificar un acuerdo que las partes contratantes locales, es decir, los concejales tránsfugas de Nueva Canarias, se han tenido que comer con papas. Basta con leer el comunicado conjunto emitido por ambos firmantes y ver las fotografías que ellos mismos distribuyeron para comprobar que este ha sido un acuerdo tomado en las alturas, no en las bases, dividido entre dos.

En la mesa, un solo dirigente aruquense que ni siquiera es concejal y sí alto cargo del Gobierno canario, José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios y vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria en Gran Canaria. El resto, dirigentes de fuera de la ciudad. Por no estar, ni siquiera acudió al acto el concejal de Primero Canarias (Prica, a partir de ahora, por ahorrar) y ex de Nueva Canarias Marcelo Afonso, que está en el grupo de gobierno con el PSOE en calidad de tránsfuga de calidad. Sí estaba en la primera fila pero sin derecho ni a voz ni a foto el único concejal de CC en la ciudad, José Eduardo Marrero.

La mesa la completaban, por parte de Prica, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el secretario de Organización, Samuel Henríquez, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín. Y por parte de CC, además de José Gilberto Moreno, Pablo Rodríguez, secretario general de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, y María Fernández, directora general de Transportes y vicesecretaria general.

En el público, dos presencias muy significativas de lo que promete ser este acuerdo. Por un lado, Froilán Rodríguez, exalcalde e histórico dirigente de la izquierda nacionalista canaria por cuanto fue uno de los más significados dirigentes de Ican, el germen de Nueva Canarias. Lo llevaron como símbolo de que se puede gobernar una ciudad así con un programa de izquierdas. Y de otro, Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Popular, donde fue mano derecha de José Manuel Soria tanto en ese ayuntamiento como en el Cabildo de la isla, ejecutando las políticas correspondientes. Ahora es personal de confianza de Fernando Clavijo en calidad de asesor en la Presidencia del Gobierno. Muy de izquierdas este nacionalismo, sí.

La única ausencia destacable y no oficialmente disculpada fue la de Óscar Hernández, presidente de Prica, cuya presencia había sido anunciada por los servicios de prensa del partido.

No es casual que para esta puesta en escena, la del abierto apoyo de Prica a Coalición Canaria, es decir, al candidato Fernando Clavijo, se haya celebrado en un hotel en el centro histórico de Arucas, la ciudad de la que es natural y de la que fue alcalde Ángel Víctor Torres, el candidato que quita el sueño a sus adversarios políticos porque todas las encuestas lo siguen dando como el más valorado y ganador de las elecciones autonómicas si se celebraran ahora mismo.

Un enjambre ideológico

A partir de este acontecimiento queda clara cuál va a ser el recorrido del nuevo y prometedor partido. El enjambre ideológico en el que se ha metido va a resultar muy complicado de digerir. Por un lado, va a respaldar en las próximas elecciones autonómicas y locales a un partido de derechas que ahora mismo gobierna con el Partido Popular, su socio natural salvo excepciones paulinistas. Y, por si ese apoyo ya explícito fuera poco, su contribución a generar un estropicio en el voto progresista de Gran Canaria va a restar muy probablemente representación suficiente para reeditar algo que pueda parecerse al pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ASG).

Pero ese enjambre también lo tiene en sus propias filas porque en ellas ya se está revolcando con partidos como Ciuca, con una amplia trayectoria de corrupción que, al menos en Telde, requerirá muchas explicaciones.

Pero todo vale en pos de esa presunta reunificación del nacionalismo canario. O casi todo.

Porque a Teodoro Sosa sí cabe atribuirle que fuera él quien le pusiera bola negra a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que era secretaria de Política Municipal de Coalición Canaria cuando empezaron los escarceos con lo que luego se ha configurado como Prica. Ya venía ella marcada por su intento de moverle la silla a Pablo Rodríguez para quedarse con la marca CC de Gran Canaria, pero apareció el alcalde de Gáldar y se puso él en su lugar como socio fiable.

La polémica alcaldesa optó entonces por recluirse en sus cuarteles de invierno, retomar su proyecto de partido propio Bueno para… (incluido para ella) y arrimarse al Partido Popular con sus 5.000 votos garantizados (no tienen por qué ser todos comprados) en una nueva demostración de lo moldeable que son las ideologías en estos determinados espectros de la política canaria. A Bueno le habría parecido igual de bueno ir con CC que con el PP, porque cualquier partido que sea bueno para Bueno es bueno para Gran Canaria. Y dos piedras.

Las encuestas

Las encuestas, tanto públicas como privadas a las que se refirió Iván Redondo el lunes pasado reducen un poquito la presunta potencialidad que él mismo otorgó a Prica: no más de 20.000 votos, un 2% del electorado, de los que en torno a 15.000-17.000 estarían en Gran Canaria. Pero el estropicio al voto progresista que provocaría su concurrencia estaría hecho, como ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el proyecto de Alberto Rodríguez, Drago Verdes Canarias, que podrá alcanzar otros 20.000 votos, 15.000 de ellos en la isla de Tenerife. Otra cosa es que el estropicio beneficie a Coalición Canaria, porque como bien dijo Redondo el lunes pasado, a veces dos más dos puede ser uno y medio.

Pero los líderes de Prica garantizarían sus candidaturas. A la espera de lo que decida Antonio Morales, que se ha situado de momento en terreno neutral, Teodoro Sosa será con toda probabilidad el candidato al Cabildo, con el Parlamento como alternativa, puesto este último que también apetece a Óscar Hernández, después de tantos años en Agüimes. Y los líderes locales que desembarcaron de Nueva Canarias se supone que conservarán sus expectativas, salvo que, como el caso de Arucas, sean postergados por los acuerdos “nacionales” de la nueva formación en la que se han integrado.

Pero el principal objetivo, el que ha llevado a determinados empresarios grancanarios a respaldar abiertamente a Prica, empieza a manifestarse públicamente para que quede claro: garantizar la continuidad de Coalición Canaria, a ser posible con el PP, para que solo cambie lo que no les perjudique y en un contexto de discusión sobre el modelo turístico, crisis de vivienda o regulación ambiental, la vida siga igual.

Queda un año por delante. Para algunos va a ser agotador. Sobre todo explicando la prioridad nacional canaria.

El Gobierno de España va a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias 7,8 millones de euros adicionales a los 15,3 millones acordados en marzo pasado, como compensación por el decreto de extensión de las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, hasta un total de 23,1 millones.

El acuerdo ha sido hecho público por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia ante la prensa en la que han rechazado contestar a preguntas ajenas a este asunto, entre ellas el acuerdo de PP y Vox en Andalucía y la personación de la Abogacía del Estado en relación con las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero.

La compensación a Canarias por la respuesta económica por la guerra en Oriente Medio parte del decreto del Gobierno de España de marzo pasado, que tenía vigencia hasta el 30 de junio, en el que muchas medidas estaban vinculadas a la rebaja del IVA, que no se aplica en Canarias.

Ante la protesta del Gobierno de Canarias, ambas administraciones acordaron entonces una compensación de 15,3 millones de euros, a los que la Comunidad Autónoma añadió de fondos propios otros 14,5, hasta un total de 29,8 millones, para la aplicación de medidas específicas en las islas.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo real decreto que prorroga hasta septiembre parte de las ayudas para todo el país, y en esta ocasión, según han explicado Clavijo y Torres, el acuerdo con Canarias se ha cerrado con antelación y la compensación se ha fijado en 7,8 millones de euros.

Torres ha anunciado que la transferencia específica y extraordinaria de los 23,1 millones de euros que suman las ayudas a Canarias por la guerra en Oriente Medio se aprobará en el Consejo de Ministros.

“Canarias ya puede contar con esos 23,1 millones de euros una vez el acuerdo quede formalmente aprobado el martes”, ha garantizado Ángel Víctor Torres.

Ha añadido que, si hubiera un nuevo real decreto-ley porque se extienden las ayudas por la guerra en Oriente Medio, se hará “exactamente lo mismo”, es decir, articular la correspondiente compensación para la Comunidad Autónoma de Canarias, ha afirmado el ministro de Política Territorial.

Fernando Clavijo ha confirmado que, así como en el anterior decreto Canarias tuvo que reclamar las medidas compensatorias apropiadas, en este caso las conversaciones han sido previas.

“Este es un acuerdo positivo que hace justicia con las singularidades de Canarias y con la ciudadanía canaria”, ha dicho el presidente autonómico.

Para Clavijo, a pesar del “despiste inicial” del Ejecutivo central, el Gobierno de España “ha mostrado voluntad para corregir esa situación y compensar a los canarios, de forma que no queden en una situación de desigualdad respecto al resto de ciudadanos del territorio español”.

Clavijo ha señalado que el coste total de las compensaciones que aplica Canarias por la guerra en Oriente Medio supera los 60 millones de euros, de manera que las ayudas del Estado cubren alrededor de un tercio.

Entre las medidas prorrogadas hasta el 30 de septiembre para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio en Canarias figura el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles y la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas en un 99%.

No obstante, está prevista la supresión o graduación de las medidas según la variación de los precios del combustible.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha denunciado que CC y el PP han impuesto su mayoría en la Mesa del Parlamento de Canarias, presidida por Astrid Pérez (PP), para cambiar las reglas del procedimiento para legislar mediante una resolución y sin reformar el Reglamento de la Cámara con el objetivo de “reforzar el poder de la mayoría” de CC, el PP, la ASG y la AHI que sustenta al Gobierno presidido por Fernando Clavijo.

El portavoz parlamentario y la portavoz adjunta y vicepresidenta de la Mesa de la Cámara en la pasada legislatura de NC-BC, Luis Campos y Esther González, denunciaron esta alteración del Reglamento “por la puerta de atrás”, hecha además para “recortar las garantías de las minorías” en el Legislativo.

La resolución aprobada por la Mesa del Parlamento regula la tramitación de enmiendas a las propuestas legislativas en la fase de la ponencia. Esther González dijo que el Reglamento permite al órgano del Gobierno de la Cámara dictar resoluciones cuando existe una laguna, contradicción o discrepancia.

De hecho, la resolución argumenta que el Reglamento regula las enmiendas transaccionales, in voce y de subsanación en comisión y en pleno, pero no en ponencia. Es cierto, según la portavoz adjunta de NC-BC, que “aquí existía una laguna”, pero el problema “no es que se quiera completar esa laguna, sino la forma en que se ha hecho”.

Se refería a que las “discrepancias” serán resueltas por el criterio del “voto ponderado, que favorece automáticamente a la mayoría”. La Mesa “lo que no puede hacer es aprovechar ese vacío para cambiar las reglas en beneficio de la mayoría,” criticó la portavoz adjunta. Es una forma “perversa, maliciosa y fuera de toda lógica” de resolver una laguna del Reglamento, recriminó González.

Luis Campos elevó el grado de preocupación porque la mayoría impondrá su criterio. Están para gobernar, observó para subrayar a continuación que las “minorías también tienen derechos parlamentarios que deben ser protegidos”. Las “reglas del juego pertenecen a toda la Cámara y no pueden cambiarse unilateralmente”, censuró el portavoz parlamentario.

Esther González criticó que la resolución haya comenzado a aplicarse de manera inmediata en las ponencias legislativas, incluso respecto de iniciativas que ya se encontraban en tramitación. “Ya se aplicó en la ponencia celebrada este lunes, otorgándole además efectos retroactivos sobre procedimientos ya iniciados. Se están cambiando las reglas del partido cuando el partido ya está en juego”, recriminó.

Nueva Canarias-Bloque Canarista advierte de que este precedente supone una concentración de poder en la Mesa y abre la puerta a que futuras modificaciones del procedimiento legislativo puedan realizarse “sin acudir al mecanismo ordinario de reforma” del Reglamento.

En opinión de NC-BC, “estamos hablando de la calidad democrática” del Parlamento de Canarias. Hoy cambian las reglas para las enmiendas; mañana podrían hacerlo con cualquier otro derecho de la oposición, alertó Luis Campos.

Si el Reglamento necesita actualizarse, para Esther González debe hacerse con transparencia, mediante el procedimiento previsto y con el debate político que corresponde al pleno. Lo contrario “debilita la calidad democrática de la institución y reduce el papel de la oposición en la elaboración de las leyes”, reiteró la vicepresidenta primera de la Mesa en la pasada legislatura.

Es un hecho demostrable que la colonización de la televisión pública canaria por el pensamiento clavijista único se ha acelerado con la llegada del nuevo administrador general, César Toledo. Parecía imposible superar las marcas registradas por sus antecesores, pero los datos objetivos están ahí para quien quiera fijarse en ellos.

Esta colonización da la razón a los estrategas de Presidencia del Gobierno que un día recomendaron puentear a la anterior administradora general, María Méndez, colocando a Toledo en un puesto de nueva creación al que, para no llamarle Comisariado Político, lo bautizaron con el rimbombante y nada sutil Dirección de Medios y Contenidos. María Méndez, que tiene más dignidad que algunos que ocuparon antes su puesto, entendió el recado y se mandó a mudar. Lo que tardaron los dueños de la tele en elevar a César Toledo al rango máximo fue mínimo.

La censura de asuntos como la reivindicación del personal (con huelga convenientemente silenciada para la visita del Papa) no sorprende a nadie, ni siquiera a los propios trabajadores, y el veto a determinados partidos políticos adversarios directos o indirectos de Coalición Canaria ya lo asumen esos partidos con tanta naturalidad que ni se quejan. O se quejan poco.

Lo ocurrido hace unos días en el programa de debate político La Retranca, donde un tertuliano del régimen insultó a un senador del PSOE que se atrevió a afear a la dirección del programa falta de pluralidad, y la pirueta a la semana siguiente de tratar de colocar al insultado como responsable de que lo insultaran, ha vuelto a hacer sonar las alarmas sobre el modo en el que Clavijo está dirigiendo una televisión que él mismo, personalmente, sin mediar Alfonso Cabello (su viceconsejero para todo), recordó que “es del Gobierno”. Y punto.

Me he molestado en diseccionar programa a programa la identidad de cada uno de los analistas, tertulianos, comentaristas y todólogos invitados a cada uno de ellos y el resultado deja en pañales a otras televisiones autonómicas sectarias, como Telemadrid o la televisión pública gallega.

Ya les adelanto que en cualquier mesa o plató en los que se abra la puerta a una persona opinadora, sea un programa de parrilla o un especial por la crisis de Venezuela o el debate del estado de la nacionalidad en el Parlamento, allí habrá siempre al menos un tertuliano adicto al régimen, todos ellos, por más señas, tertulianos fijos de la misma emisora, la Cadena Ser en Canarias. Un dato este que es muy relevante porque, como todo el mundo sabe -empezando por la Cadena Ser en Madrid- esta emisora mantiene en Canarias una línea editorial de entrega absoluta a Coalición Canaria, y más concretamente a Fernando Clavijo, y radicalmente enfrentada al PSOE y a partidos que puedan incomodar al del presidente del Gobierno, particularmente Nueva Canarias.

Tan estrecha sintonía se gestó en la primera legislatura de Fernando Clavijo como presidente (2015-2019) y ya entonces el líder de Coalición Canaria marcó tanto el territorio con la Ser que se ocupó personalmente de que a su directora en Canarias, Lourdes Santana, no le faltara de nada, incluido el Premio Canarias de Comunicación, dotado entonces con 20.000 euros. Sin disimulo. Por los servicios prestados.

Hay políticos y políticas que llevan años sin pisar un estudio de la cadena Ser, ni siquiera ocupando puestos de alta representación popular o institucional. Quizás sea el de Patricia Hernández, exalcaldesa y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el ejemplo más elocuente: desde 2020 hasta la fecha solo ha sido entrevistada en la Ser de Canarias una sola vez, “siete minutos y por teléfono” en la campaña de 2023, como relata ella misma. Tampoco se queda atrás Santiago Pérez, ex dirigente socialista, senador, consejero de cabildo y concejal de La Laguna, que pagó caro su atrevimiento de denunciar a Clavijo en las dos causas penales que consiguió que le archivara el Supremo cuando se aforó, el caso Grúas y el caso Reparos. Hace más de diez años que no se le da voz a pesar de haber sido duramente criticado en antena por sus opinadores durante todo este tiempo.

Román Rodríguez, fundador y hasta el otro día presidente de Nueva Canarias, también es anatema en esa radio. Y no ha sido por falta de voluntad sino por falta de invitación. El lugar del nacionalismo progresista lo ocupa en su programación Alberto Rodríguez.

Las quejas en Podemos son similares. La cadena no acude a sus convocatorias de prensa (solo una en tres años) y su líder regional y diputada nacional, Noemí Santana, no ha sido entrevistada en lo que va de legislatura. La única excepción es Gemma Martínez Soliño, que es concejala en el gobierno municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y acude una vez por semana a una tertulia sobre la ciudad con los grupos municipales.

Nada que objetar a la línea editorial que quiera mantener en Canarias la Cadena Ser, bueno fuera. Lo que es criticable es que su brigada de opinadores se haya convertido en el núcleo irradiador de toda la opinión que se emite en la televisión pública de Canarias, que esa sí la pagamos entre toda la ciudadanía. Y las pruebas están al alcance de cualquiera. 

Aquí van.

1.- De buena tinta. 

Este es un programa que marca la línea editorial de la cadena. No en vano se emite después del Telenoticias 2, el de la tarde-noche. Está producido por Galera Norte, cuyo administrador es Elías Bacallado junior y en cuya lista de socios figura el periodista Jorge Bethencourt, uno de los más destacados caudillos de la brigada clavijista. Es el programa que mejor paga a sus tertulianos, 500 euros por participación.

Aunque tiene una nómina muy amplia de periodistas, los que más repiten son, además de Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Juan García Luján, todos tertulianos fijos de la Ser. Aunque el más recurrente es Alfonso González Jerez, columnista de Prensa Ibérica (El Día) y uno de los más combativos defensores de Coalición Canaria, partido para el que ha trabajado directamente o a través de alguna empresa pública como Emmasa, la responsable del agua de Santa Cruz de Tenerife. Janire Alfaya, periodista de la Ser, también figura en esta lista de opinadores, pero de momento ha logrado mantener un criterio libre, en muchas ocasiones distinto al de sus compañeros. Sus intervenciones, naturalmente, son muchas menos.

Completan el panel de comentaristas de De buena Tinta Mayer Trujillo (director de La Radio Canaria y del programa La Retranca), Roberto González (conductor de Las Mañanas de Herrera, en Cope Canarias), Selene Melián (de Radio Marca), Juan Manuel Bethencourt, Ángeles Arencibia y los trabajadores de la casa Noemí Galván y Tomás Galván. 

2.- La Retranca. 

Concebido como el programa político estrella de la cadena, está producido por Macaronesia Producción en lo que constituye su primera experiencia de televisión en directo. Se dio a conocer como la asesoría encargada de llevarle las redes sociales al vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, del PP, que luego la apadrinó como productora para que Clavijo / Alfonso Cabello /César Toledo le otorgaran un programa de televisión, que es este. Se nota la mano del PP por la identidad de algunos de sus tertulianos, como ocurrió recientemente con la portavoz del partido en el Parlamento regional, Luz Reverón, aunque para ese programa, el del 4 de junio, la persona anunciada inicialmente fue Rebeca Paniagua, diputada de ese partido pero periodista.

El programa se emite desde un plató montado en una nave en Tegueste y cuesta a la cadena 30.000 euros por entrega. Cada invitado cobra 200 euros.

Es, con diferencia, el programa con mayor sesgo ideológico de toda la cadena, aun contando de modo recurrente con la presencia de Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, que sirve a los directivos de Televisión Pública como coartada para presumir de pluralidad cuando en realidad acude con la intención de darle mucha proyección a su opción soberanista y de izquierdas con el objetivo nada disimulado de arañar votos y prestigio al PSOE y Nueva Canarias. 

El sesgo conservador lo marca la analista Melisa Rodríguez, quien fuera destacada dirigente nacional de Ciudadanos, hoy retirada de la política pero dedicada al mundo de la joyería y la comunicación, según su propia presentación. Esta contertulia ha participado cuatro veces de las siete emisiones producidas hasta ahora. Pero la dirección del programa no ha tenido recato en cargar más ese sesgo conservador con invitados como Jorge Marichal (14 de mayo) y la mencionada Luz Reverón (4 de junio).

La única concesión progresista en esa mesa de debate fue la presencia de la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye, experta en migraciones (11 de junio), a la que acompañaron, además del recurrente Alberto Rodríguez, Juan García Luján y Jorge Bethencourt, ambos tertulianos fijos de la Ser.

De las siete entregas emitidas hasta ahora, en todas las mesas de debate ha habido siempre dos personas de la cadena Ser, y en dos ocasiones, su directora, Lourdes Santana, en persona (14 y 28 de mayo).

Después de Alberto Rodríguez, con cinco presencias, los tertulianos que han repetido más veces están vinculados a la Cadena Ser: Juan García Luján, jefe de prensa de Santa Lucía de Tirajana, y Janire Alfaya, que han estado en el programa tres veces, frente a las dos de Jorge Bethencourt y dos de Francisco Pomares, que no podía faltar y el protagonista de primer altercado. 

Completan la nómina de analistas Antonio Salazar (director de La Gaveta), que ha acudido dos veces; Ángeles Arencibia (jefa de prensa de la Fundación Juan Negrín), que ha estado una vez en La Retranca, las mismas que el periodista de El Día Miguel Ángel Autero.

3.- Hay que verlo. 

Este magazine de tarde es el segundo intento de esta segunda presidencia de Clavijo de controlar esa franja horaria después del estrepitoso fracaso que supuso Conecta Canarias (CC), que entregó a una productora sin experiencia, Etiazul. El programa tuvo muchos momentos memorables, pero seguramente el más comentado fue aquel en el que la presentadora, ejecutando órdenes que le llegaban por el pinganillo, retiró la palabra a Francisco Pomares cuando trató de vincular mascarillas con comisiones y con el presidente de la UD Las Palmas.

Hay que verlo es una coproducción de la ya mencionada Galera Norte (De buena tinta) y La Cometa, vinculada a Sigma Dos e introducida en Canarias de la mano de José Manuel Soria. La Cometa es la productora del exitoso formato Mañaneros 360, en Televisión Española.

En lo que estrenan este julio el plató que han acondicionado en una nave industrial de Taco (La Laguna) han estado compartiendo plató con Videre (Prensa Ibérica), que produce Ponte al Día, un magazine de mañana. 

No falta una comentarista de actualidad de la Cadena Ser, en este caso Puchi Méndez, pero entre los todólogos fijos se encuentra nada más y nada menos que el único que tiene Coalición Canaria en Arucas, el abogado José Eduardo Marrero, ex de Ciudadanos, cuyo futuro político no está muy claro desde que este jueves su partido firmara una alianza electoral con Primero Canarias para 2027 y más allá.

3.- Buenos Días Canarias

Veterano programa de producción propia donde se nota mucho menos la larga mano de la brigada opinadora de Clavijo, quizás porque todavía no han tenido tiempo de fijarse en él o porque solo pagan 60 euros por asistencia. Tiene mucha más pluralidad, pero no se libra de analistas como Francisco Pomares, que en lo que va de junio ya ha acudido en dos ocasiones.

4.- Debate sobre el Estado de la Nacionalidad

Los programas informativos especiales no se libran de la larga mano de la manipulación ideológica que impera en Televisión Canaria.

El debate sobre el Estado de la Nacionalidad, celebrado del 10 al 12 de marzo pasado, no iba a ser una excepción. Así que, además del amplio despliegue técnico y de periodistas de la casa cubriendo informativamente el acontecimiento, la cadena decidió montar “dos mesas de análisis político” para analizar, interpretar y explicar a la ciudadanía lo que en el Parlamento pasaba esos dos días. Las mesas estuvieron formadas las siguientes personas: Marta Cantero, directora de Contenidos de la Cadena Ser en Canarias, Jorge Bethencourt, Francisco Pomares y Silvia Fernández, periodista de Canarias7, la única ajena a la emisora de Prisa en Canarias. 

Y por si esas dos mesas fueran pocas, tras el discurso del presidente del Gobierno, retomaron desde el plató los analistas Francisco Pomares y Jorge Bethencourt.

Ya por la tarde, el panel de analistas se completó con la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, a la que se añadió a la periodista tinerfeña Chicha Arozarena, ex trabajadora de Radio Nacional de España.

En total, cuatro periodistas de la brigada opinadora de la Cadena Ser, entre ellas su directora regional y su jefa de Contenidos, frente a dos de otros medios.

5.- Venezuela, a debate

Ocurrió el 1 de enero, con motivo de la crisis que vivió Venezuela con motivo del ataque del ejército de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. A tal fin, Televisión Canaria hizo un despliegue ideológico claramente marcado por el anti chavismo y la defensa de la acción de Donald Trump, aunque en los comunicados de prensa previos la frase central fue “una casa en la que caben todas las opiniones”. Es cierto que el programa incluyó un cara a cara entre un detractor del chavismo y un defensor del régimen bolivariano y que hubo conexiones externas con variadas voces, pero al regresar al plató ya en el tramo central y final del programa, las opiniones no iban a ser tan plurales.

Así que, para la ocasión, la dirección dispuso de nuevo la presencia de la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana, y la de su más estrecho consultor editorial, Francisco Pomares, para que formaran la “mesa de análisis” junto al periodista Antonio Salazar, que nunca ha escondido su ideología neoliberal. Completaba el panel Ángeles Arencibia.

En total, seis opinadores de la Cadena Ser en Canarias, incluyendo su directora regional y su directora de Contenidos, copan cada día con más presencia los espacios más destacados de la televisión pública de Canarias para fijar la posición del Gobierno de Fernando Clavijo, tanto en los asuntos de ámbito regional como los nacionales e internacionales.

La presencia de analistas de partidos políticos ha sido de representantes ajenos al PSOE, Nueva Canarias o Podemos, para potenciar a Drago como contrapeso a todos ellos, al PP y a Coalición Canaria. En el terreno de lo exótico debemos situar a una ex dirigente del desaparecido Ciudadanos, cuyos principios ideológicos reman en la misma dirección de la dirección de la cadena.

Si a este sesgo ideológico se le suma la nueva era de informativos impuesta por el nuevo administrador general de RTVC, es fácil deducir que Fernando Clavijo no se conforma con los medios afines, casi todos en Canarias, sino que quiere una radio y una televisión públicas absolutamente sumisas. Sin fisuras.

Canarias se encuentra en vilo tras conocer las terribles noticias que llegan desde el otro lado del charco, en Venezuela, la llamada Octava Isla (cuando Canarias solo tenía reconocidas siete). Dos fuertes terremotos han sacudido el norte del país, especialmente la capital, Caracas, y han dejado, por el momento, más de 160 muertos confirmados, pero se teme que la cifra sea mucho mayor.

En Venezuela residen alrededor de 70.000 canarios, cifra que engloba a los isleños que emigraron al país y a sus descendientes, que mantienen la nacionalidad española y vínculos con las islas.

Por otro lado, la comunidad venezonala en Canarias es una de las más numerosas, con unas 80.000 personas censadas.

Los vínculos históricos, sociales y culturales entre las Islas y el país caribeño son fuertes y se remontan a siglos atrás. De ahí que los diferentes gobiernos de Canarias siempre hayan mantenido lazos con los del país americano, ayudas a la población y relación estrecha con asociaciones de canarios residentes allí.

El Gobierno canario ha reaccionado este jueves constituyendo, a las pocas horas de conocerse la noticia, una comisión de seguimiento para analizar la situación en Venezuela, y su posible afección a la comunidad canaria residente en el país. “Solo podemos expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela”, ha señalado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, que ha trasladado también “la incertidumbre” que protagoniza unos momentos en los que el Gobierno de Canarias “quiere estar cerca de un país hermano, y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familias”.

Tanto el presidente, Fernando Clavijo, como su vicepresidente, Manuel Domínguez, han cancelado sus agendas previstas para este día con el objetivo de centrarse en el seguimiento de lo ocurrido en Venezuela.

Ayuda de España

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa está preparando el envío de 54 rescatistas del equipo Urban Search and Rescue (USAR) a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate, según informan a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

El citado equipo es una unidad de élite que forma parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.

Las fuentes consultadas han precisado que también podrán transportar en el avión que flete Defensa a otros rescatistas procedentes de la Comunidad de Madrid si están preparados en el momento del envío, tal y como precisan las mismas fuentes.

El Ejecutivo había ofrecido esta mañana al Ejecutivo de Venezuela la ayuda de la UME así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tras los desvastadores terremotos.

Reacciones

Desde Canarias, el presidente regional, Fernando Clavijo, ha publicado un mensaje en X: “Solo puedo expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados hace unas horas en Venezuela”. “Desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familia. Todo mi cariño y mi solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil”, asegura.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha escrito en X: “Ante las consecuencias del terremoto sufrido, en esta madrugada, en Venezuela, -país hermano, con muchos españoles/as y canarios/as que ahí encontraron su hogar-, todo el ánimo. Y seguir las recomendaciones de los responsables de la protección civil”.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, también ha mandado un mensaje a Venezuela: “Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”.

Los Reyes Felipe VI y Letizia también han trasladado su “apoyo”, “solidaridad” y “cariño” a los venezolanos tras los devastadores terremotos. “Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país,”, han expresado en un mensaje en la cuenta oficial de la Casa del Rey en la red social X.

Asimismo, los Reyes han transmitido su “solidaridad, cariño y fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre”. “Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas”, han asegurado.

Los cabildos canarios ofrecen su ayuda

Los cabildos insulares de El Hierro y La Palma han sido los primeros en reaccionar. En el caso de La Palma, ha trasladado a través de su redes sociales “toda la solidaridad, fuerza y apoyo” de la isla “al pueblo de Venezuela en estos momentos tan difíciles tras los recientes terremotos que han afectado al país”.

“Como isla que conoce bien la fuerza de la naturaleza y el valor de la resiliencia, sentimos profundamente la situación que están viviendo. Trasladamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestro aliento a los equipos de rescate y emergencia que trabajan sin descanso”, escribe la corporación.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha expresado este jueves su consternación y preocupación por los terremotos y ha informado de que la institución insular mantiene un contacto permanente con la comunidad herreña residente en el país para conocer de primera mano su situación y necesidades.

“Estamos siguiendo con tristeza y preocupación los acontecimientos que se están produciendo en Venezuela tras estos dos terremotos, que afectan directamente a los venezolanos, pero también, de alguna manera, a todos los canarios y a los herreños que residen en ese país o mantienen allí vínculos familiares y afectivos”, señaló en una declaración difundida por la corporación.

Por ello, desde el Cabildo de El Hierro se ha decidido acelerar las ayudas destinadas a la comunidad herreña residente en Venezuela ante la situación de emergencia generada por los terremotos.

En Tenerife, donde vive la mayor comunidad de venezolanos de Canarias, la presidenta el Cabildo, Rosa Dávila, ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias todos sus recursos para ayudar al pueblo venezolano.

Dávila ha mostrado su solidaridad y condolencias “en estos momentos tan terribles que está viviendo el pueblo venezolano” y ha señalado que sigue muy de cerca la situación en contacto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

“La situación en Venezuela es muy complicada, es difícil conocer todavía el alcance real de esta tragedia”, ha manifestado. “Quiero transmitir, en nombre del pueblo de Tenerife, nuestra solidaridad, nuestras condolencias y, sobre todo, nuestra total disposición a ayudar y apoyar al pueblo venezolano”, ha insistido. “Todo apunta a que el alcance de la tragedia podría ser mayor de lo que reflejan las cifras de fallecidos que se están ofreciendo en estos momentos”, ha lamentado. 

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria colaborará en la recuperación de la zona afectada por el terremoto registrado en Venezuela, y atenderá a las personas que lo necesiten en “esta situación tan difícil”, ha manifestado el presidente de la corporación insular, Antonio Morales.

“La solidaridad de Gran Canaria está siempre con el pueblo venezolano”, ha afirmado Morales, quien ha recordado que “Venezuela y Cuba tiene una relación especial con Canarias”.

Aunque todavía se desconoce el alcance de los daños, probablemente haya “miles de muertos” y habrá que afrontar la recuperación de “una de las zonas más pobres de Venezuela”, indica Morales en un comunicado.

Es “una triste noticia que ha generado un enorme daño, tanto material como humano”, lamenta el presidente insular.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha suspendido toda la agenda que tenía prevista para este jueves, para estar pendiente de cómo evoluciona la situación de Venezuela tras los terremotos registrados esta noche.

Según ha informado su gabinete, Clavijo “mantiene contacto permanente con las autoridades competentes para conocer la evolución de los acontecimientos y evaluar cualquier posible incidencia que pueda afectar a la comunidad canaria residente en el país”.

“Solo puedo expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados hace unas horas en Venezuela”, ha escrito el presidente canario en la red social X.

Junto a una noticia de EFE sobre el primera balance de víctimas mortales ofrecido por el Gobierno venezolano, Fernando Clavijo subraya la gran incertidumbre que todavía existe sobre el impacto de estos seísmos y envía aun mensaje de apoyo.

“Desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familia. Todo mi cariño y mi solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil”, asegura.

En Venezuela residen alrededor de 70.000 canarios, cifra que engloba los isleños que emigraron al país y a sus descendientes que mantienen la nacionalidad española y vínculos con las islas.

A su vez, se calcula que alrededor 80.000 venezolanos residen en Canarias. 

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado que el primer terremoto fue de una magnitud de 7,2, y el segundo, aún más fuerte, de magnitud 7,5, se registró apenas un minuto después. El USGS calcula que puede haber hasta 100.000 fallecidos: en su primer cálculo inicial, el Gobierno de Venezuela habla de 32 muertos y 700 heridos

Era jueves, 7 de mayo de 2026. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había pedido a España dos días antes que permitiera el desembarco en Canarias del buque MV Hondius, en el que se había declarado un brote de hantavirus, ante la imposibilidad de hacerlo en el punto donde se encontraba fondeado, frente a las costas de Cabo Verde, después de que las autoridades de ese país africano comunicaran que no disponían de capacidad técnica para llevar a cabo el operativo.

Ese día se celebró una reunión telemática a las 09:00 entre el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que había mostrado desde el principio una firme oposición a la llegada de la embarcación, y los técnicos del Ministerio de Sanidad, encabezados por el secretario de Estado Javier Padilla.

Ya se había acordado que el barco se dirigiera a Tenerife por contar con “una infraestructura consolidada para la gestión de patógenos de alto riesgo”. Sin embargo, para el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello (CC), no era suficiente.

“Debemos de [sic] recibir del Estado información acerca de por qué no cabía la evacuación en avión directamente desde Cabo Verde, no bastando para justificar el envío del barco a Canarias el hecho de que Canarias tiene una sanidad de mejor calidad, cuestión que es evidente”, señaló Cabello en un escrito remitido a Padilla tras el encuentro y al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

La documentación analizada por este periódico incluye los correos enviados por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Sanidad tras las reuniones celebradas los días 7 y 8 de mayo, en las que se organizó el “exitoso” desembarque de los pasajeros del MV Hondius, según la OMS.

También recoge las comunicaciones remitidas por el coordinador de la Unidad Funcional de Vigilancia Epidemiológica y Prevención a las gerencias de atención primaria y hospitales de las Islas; el intercambio de mensajes entre altos cargos del Ejecutivo autonómico y el Estado en relación con el aterrizaje de un avión medicalizado en Gran Canaria; y las instrucciones del operativo desplegado los días 10 y 11 de mayo en el Puerto de Granadilla.

Entre los documentos figura asimismo un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad, que determinaba que el riesgo de contagio para la población española era “muy bajo”. Ese análisis fue enviado al Gobierno canario el martes 5 de mayo, a las 14:30.

La información ha sido facilitada por el propio Gobierno regional a raíz de una solicitud de acceso a la información pública del presidente de la Asociación por la Transparencia en Canarias (AXTEC), al amparo de la Ley de Transparencia, que reclamaba los distintos comunicados generados por los departamentos de la Administración presidida por Fernando Clavijo (CC) durante este episodio.

Las notas que Cabello envió a Padilla muestran la firme oposición del Ejecutivo canario a la llegada del buque, que alcanzó su punto álgido la noche del sábado, cuando Clavijo rechazó su atraque aludiendo a la posibilidad de que ratas nadadoras pudieran esparcir el virus por la isla de Tenerife, entre otras cosas.

El pasado domingo finalizó la cuarentena de 42 días para los pasajeros españoles del MV Hondius. Solo se registraron dos casos positivos. El primero superó la enfermedad y recibió el alta a principios de junio. El segundo fue dado de alta hace poco más de una semana, informó Sanidad.

La crisis del hantavirus puede darse ya por cerrada. La gestión liderada por España recibió el reconocimiento internacional de instituciones como las Naciones Unidas, la Comisión Europea o el papa León XIV. El Gobierno de Canarias, en cambio, trató de boicotear sin éxito el dispositivo hasta el final. Los nuevos documentos vistos por esta redacción refuerzan esa conclusión.

En sus escritos al secretario de Estado de Sanidad, Cabello recordó “la posición contraria” del Gobierno de Canarias al envío a Tenerife del barco afectado por el hantavirus e insistió en que al Archipiélago le había sido atribuido, “por decisión del Estado y en contra de la postura” del Ejecutivo autonómico, el desembarque de la embarcación.

Fue la OMS quien, no obstante, pidió a España que acogiera el buque “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”. Su presidente, Tedros Adhanom, indicó que era necesario desembarcar a los pasajeros del MV Hondius “tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada”.

Una vez cursada la solicitud de la OMS, España quedó “obligada a actuar”, explicó el Ministerio de Sanidad.

Cabello reclamó de todos modos “información específica sobre el por qué [sic]” se sometió a la tripulación y a los pasajeros, en su opinión, “a un daño para su salud física y mental aumentando su estancia a bordo durante más de tres días con el peligro que eso supone de contagio”.

Pidió “los informes de la Organización Mundial de la Salud que han servido de fundamento y recomendaron no realizar las repatriaciones y retornos de los pasajeros (y demás) directamente desde Cabo Verde”. Y llegó a solicitar “la información que pudiera existir sobre la actitud de Cabo Verde y Marruecos en esta crisis y las peticiones realizadas por España”, poniendo el foco en el papel desempeñado por ambos países durante la gestión de la emergencia.

Marruecos, por un lado, rechazó que uno de los aviones con pacientes evacuados del crucero aterrizara en el país, aseguraron las autoridades españolas, viéndose obligado a hacerlo en Gran Canaria. Esa fue su única intervención.

En Cabo Verde, por otro, la evacuación de los contagiados no era “una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico ni asistencial, ni desde el operativo-comunitario”, según un informe del Gobierno de España. Se trata de una nación cuyo sistema sanitario presenta limitaciones estructurales bien documentadas, como la “ausencia de unidades de aislamiento de alto nivel, escasez de personal especializado en patógenos emergentes y limitada capacidad de cuidados intensivos polivalentes”. Canarias, en cambio, dispone de todos esos recursos.

En las notas de Cabello se expone a su vez la decisión de no desembarcar en ningún puerto de las Islas el cadáver que viajaba a bordo del buque y de que este permaneciera en Tenerife únicamente el tiempo “imprescindible” para llevar a cabo el dispositivo.

La mayoría de esos alegatos fueron esgrimidos de forma reiterada por Fernando Clavijo, que en un último intento por frenar la llegada del buque envió a la ministra de Sanidad, Mónica García, una captura de pantalla de una búsqueda de inteligencia artificial que sostenía que “las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos”.

El argumento fue desmontado por los técnicos del Ministerio y convirtió a Clavijo en carne de memes. Ni él ni nadie de su equipo estuvieron presentes en el Puerto de Granadilla los días del operativo, aunque fueron invitados.

El constante alarmismo del Gobierno regional contrastó con los correos enviados por el coordinador de la Unidad Funcional de Vigilancia Epidemiológica, Álvaro Torres, a las gerencias de todos los hospitales canarios.

En ellos (un total de cinco, enviados los días 5, 6, 8 y 13 de mayo) se explicó la realidad del brote; se informó de que, tras una reunión entre la OMS y el Ministerio de Sanidad, se acordó el envío del barco a Tenerife sin el enfermo más grave a bordo; se precisó que la fuente de exposición más probable al virus se situaba en Argentina; y, cuando los pasajeros españoles ya se encontraban en cuarentena, se afirmó que con casi total seguridad no surgiría “ningún caso nuevo”.

Otro ejemplo de cooperación: el día en que uno de los aviones con pacientes evacuados del crucero aterrizó en Gran Canaria y sufrió una avería en la burbuja de aislamiento de la aeronave, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Fernando Díaz-Flores, envió un correo a su homólogo en el Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ofreciéndole un sistema burbuja similar que estaba disponible en el propio aeropuerto.

Gullón agradeció el ofrecimiento y respondió: “Esperamos que el cambio funcione y el avión pueda despegar”. Al final no fue necesario utilizarla y una nueva aeronave trasladó a los pasajeros a Países Bajos.

El resto de los documentos disponibles corresponde a las instrucciones del despliegue en el puerto de Granadilla, a un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que concluía que “el riesgo para la población española se considera muy bajo”, a la Declaración Marítima de Sanidad del MV Hondius, en la que se detalla el número de pasajeros a bordo, y a las instrucciones del desembarco.

La resolución que da acceso a la información pública termina diciendo que el Ejecutivo canario no pudo ejercer “funciones de gobernanza en salud pública” y que su papel quedó reducido al de “mero transmisor de información, protocolos, informes y decisiones tomadas por el Ministerio de Sanidad”.

Un informe del director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores, ahonda en este punto: “La participación (…) se circunscribió al ámbito de la vigilancia epidemiológica, la comunicación institucional y la preparación de la respuesta asistencial autonómica, actuando como cauce de transmisión de la Administración General”.