La crisis de la vivienda en Canarias, en gráficos: precios, salarios y alquileres

Imagen de archivo de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria

Carlota Martínez

3 de octubre de 2026 19:41 h (Hora canaria)

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La vivienda lleva años siendo uno de los principales problemas de Canarias. Pero lo que ha ocurrido con Maricarmen ha hecho algo más que volver a poner el problema en el escaparate. Ha puesto nombre y rostro a una dificultad que llevaba tiempo creciendo en los gráficos. El análisis conjunto de los indicadores de compra de vivienda, alquileres, inflación, salarios y renta ha dibujado una radiografía socioeconómica en el Archipiélago, marcada por la pérdida de accesibilidad a la vivienda, el estancamiento del poder adquisitivo individual y la presión sobre el modelo de hogar.

Los datos recogidos desde 2008 reflejan un efecto tijera que se abre a partir de 2020 -sufrido año de pandemia- entre el coste de adquirir una vivienda y lo que cobra un trabajador. Sin embargo, el gran salto en el precio de compra se produjo mucho antes. En 2015, tras el crack financiero que comenzó en 2008 y se extendió hasta 2013, el índice alcanzó una subida del 91,5%. En ese mismo periodo, el salario medio anual apenas aumentó un 26,5%.

El resultado es que en Canarias el precio de la vivienda ha crecido a un ritmo casi tres veces superior al de los sueldos y la consecuencia es una barrera de entrada cada vez más difícil de superar para los jóvenes y las rentas medias, incapaces de ahorrar la entrada necesaria para una hipoteca ante el esfuerzo financiero que supone comprar una casa.

A esta ecuación se suma un protagonista macroeconómico ineludible: la inflación. Una sucesión de crisis globales y factores externos ajenos a la política nacional -los coletazos de la pandemia, la guerra en Ucrania, el shock energético, la crisis en el mar Rojo y las sequías prolongadas- han empujado al Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta acumular una subida del 27,2% entre 2015 y 2025, encareciendo el coste de la vida de forma drástica.

En este escenario, las medidas de contención impulsadas por el Gobierno de España y los agentes sociales, como el aumento continuado del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la revisión de los convenios colectivos, han servido de escudo para la población trabajadora. La subida media de los sueldos, del 26,5%, ha permitido prácticamente empatar con la inflación y evitar una pérdida generalizada de poder adquisitivo frente a la cesta de la compra o la energía.

Pero ese empate tiene una cara menos visible. Al tener que destinar buena parte del incremento salarial a absorber la subida del coste de la vida, los trabajadores apenas han podido generar capacidad neta de ahorro. Y sin ahorro, la escalada del precio de la vivienda se convierte en una barrera aún mayor.

La vivienda en Canarias supera los máximos de la burbuja inmobiliaria

Además, la dimensión de la crisis actual deja atrás el pico histórico registrado durante la gran burbuja inmobiliaria de principios de siglo. En 2008, en el momento de máxima tensión del mercado, el índice del precio de compra alcanzaba los 136,3 puntos (base 2015 = 100). Tras una década de reajuste que tocó suelo en 2013, con 96,0 puntos, la escalada se reactivó hasta superar en 2022 aquel techo que parecía inalcanzable.

Con un índice de 191,5 puntos en 2026, comprar una vivienda en Canarias es hoy un 40,5% más caro que en el punto más alto de la burbuja de 2008.

La situación se agrava por el cambio en las condiciones financieras. Si en 2008 las entidades podían llegar a financiar el 100% de la operación, hoy el comprador necesita disponer de un ahorro previo que puede acercarse al 30% del valor total de la vivienda para firmar una hipoteca.

Esta asfixia sobre el trabajador individual ayuda a explicar por qué la renta media disponible de los hogares en Canarias ha crecido a un ritmo muy superior al de los sueldos. En 2025, el incremento acumulado respecto a 2015 alcanza el 64,6%. Detrás de este dato hay una transformación del propio hogar: cada vez son más los adultos que trabajan bajo el mismo techo para poder hacer frente a las facturas.

Pero ni siquiera este esfuerzo colectivo, basado en sumar varias fuentes de ingresos dentro de una misma casa, consigue mantener el paso frente al mercado de compraventa. En ese mismo periodo de diez años, el precio de la vivienda había avanzado un 77,4%, una escalada que alcanza el 91,5% en 2026 según el indicador analizado.

El Gobierno de Canarias, por su parte, ha aprobado desde 2024 distintas normas para intentar acelerar la construcción, incluida una reforma para agilizar las licencias urbanísticas y favorecer la construcción de vivienda. Pero la propia evolución del mercado evidencia que los precios siguen marcando máximos y el déficit de oferta permanece. En julio de 2026, Clavijo volvió a situar el objetivo en más de 4.000 viviendas públicas “en marcha” al término de la legislatura, pero actualmente hay 1.426 familias o individuos en situación de desahucio (ejecutado en el último año) y 36.950 personas registradas como demandantes de vivienda protegida -según el ICAVI- que no pueden esperar para acceder a una casa.

El alquiler se encarece y pierde su papel como alternativa a la compra

En el gráfico entra también en juego el mercado del alquiler, otra de las grandes vías de acceso a la vivienda y uno de los principales quebraderos de cabeza para miles de canarios.

Aquí la evolución es diferente. Según el indicador oficial del INE, el alquiler acumula una subida del 24% entre 2015 y 2024, una evolución que discurre en paralelo a la inflación. Este comportamiento más contenido se explica por la estabilidad de los contratos de larga duración y por los límites legales del 2% y el 3% aplicados durante los últimos años para contener la actualización anual de las rentas. Pero la verdadera brecha aparece cuando se mira al acceso a una vivienda en alquiler.

Mientras los contratos ya consolidados mantienen cierta protección, la imposibilidad de comprar obliga a miles de personas a buscar una vivienda en el mercado libre. Y ahí los precios de los nuevos arrendamientos sufren una tensión mucho más parecida a la de la compraventa.

La consecuencia es que el alquiler, que durante años ha funcionado como la principal vía alternativa a la compra, también empieza a cerrar esa puerta.

El resultado es una pinza cada vez más estrecha. Comprar exige un ahorro que buena parte de los trabajadores no puede generar, alquilar una vivienda nueva obliga a asumir precios cada vez más elevados y, mientras tanto, los hogares necesitan sumar más ingresos para mantener el mismo nivel de vida.

La especulación con la vivienda también tiene mucho que ver en esta 'involución'. En el Archipiélago, el mercado inmobiliario ha dejado de responder únicamente a las necesidades residenciales locales para convertirse en un activo financiero de altísima rentabilidad. La proliferación del alquiler vacacional -que ya supera las 50.000 viviendas turísticas registradas en las islas- y la fuerte irrupción del comprador no residente han drenado la oferta de larga temporada.

Este drenaje de la oferta no solo impulsa los precios de los nuevos contratos de arrendamiento a niveles de récord histórico, sino que alimenta un fenómeno inédito, el crecimiento acelerado de las viviendas vacías o deshabitadas, que en Canarias ronda las 160.000 unidades según el último censo del INE.

Sin un parque público de vivienda capaz de actuar como colchón -que en las islas apenas representa el 1% del total de inmuebles, frente a la media europea del 9%-, el mercado residencial queda expuesto sin amortiguadores a la ley de la oferta y la demanda. El resultado final es una brecha estructural donde el derecho a un techo compite en clara desventaja contra la rentabilidad del capital.

Las pernoctaciones en pisos turísticos se duplican

Esta presión sobre el mercado residencial se ha visto agravada por el auge de la actividad turística, especialmente a través de las viviendas destinadas a estancias de corta duración. Desde 2010, el número de turistas en Canarias ha batido récords hasta alcanzar los 18,38 millones en 2025, un crecimiento que también ha tenido su reflejo en la oferta de alojamientos turísticos. La estadística de estancias cortas ofertadas en plataformas online que recoge Eurostat sitúa a Las Palmas como la tercera provincia de España con mayor número de viviendas turísticas, con 26.998 alojamientos.

Ante esta situación tanto Nueva Canarias como Podemos y PSOE de Canarias han defendido la implantación de una tasa turística para amortiguar el impacto del modelo vacacional sobre el territorio. Los socialistas, por ejemplo, han exigido en el Parlamento que los ingresos recaudados por este concepto se destinen de forma íntegra a la mejora de los servicios públicos, las infraestructuras, la vivienda y la conservación medioambienta

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), sugirió la posibilidad de subir el IGIC a las pernoctaciones hoteleras, como alternativa “más eficiente” y de mejor redistribución a esa tasa.

Casi siete de cada diez jóvenes canarios vive con sus padres

El principal damnificado de esta subida de precios es la juventud. Según el Observatorio de Empancipación, el 85,9% de los jóvenes canarios de entre 18 a 34 años viven con sus padres. El fenómeno no es nuevo. En medio de la crisis, en 2010, eran el 74,5%. Desde entonces ese número no ha parado de crecer, y ahora casi 7 de cada 10 jóvenes están viviendo en casa de sus progenitores. Pero eso no obsta para que cada vez sean menos jóvenes los que se pueden independizar. De hecho, la emancipación ha descendido casi un tercio respecto a 2010 (del 46,5% al 32,5%).

Qué contratos hubiesen sido prorrogables en Canarias con el decreto de vivienda

Una de las medidas con más alcance tenía del real decreto de vivienda, tumbado por PP, Vox y Junts, era la prórroga extraordinaria para todos aquellos contratos de alquiler que vencieran antes de 2029. En Canarias, 108.250 contratos se hubiesen visto afectados, según estimaciones del Ministerio de Consumo a partir del panel de hogares, todos aquellos con contrato en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028. Si lo dividimos en capitales, Las Palmas hubiese tenido 61.030 contratos prorrogables y Santa Cruz de Tenerife 47.230.



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