El cobro de las pensiones vuelve a ganar importancia con la llegada de la segunda mitad de octubre. Aunque la mensualidad corresponde al mismo periodo para todos los beneficiarios, el día en el que el dinero aparece disponible en la cuenta puede variar según la entidad financiera. Cada banco aplica su propio calendario de adelantos y eso hace que existan diferencias de varios días entre unos clientes y otros.

En octubre de 2026, las previsiones sitúan los principales abonos entre el jueves 22 y el lunes 26. Dentro de ese margen se reparten las distintas entidades, de manera que algunos pensionistas podrán disponer del dinero antes del fin de semana, mientras que otros tendrán que esperar hasta los días posteriores. La referencia más útil será, por tanto, el banco en el que esté domiciliada la pensión y la fecha que acostumbre a manejar para este tipo de ingresos.

Que el dinero no llegue al mismo tiempo que a otros beneficiarios no significa necesariamente que exista un problema. Antes de considerar que se ha producido un retraso, conviene consultar el día previsto por la propia entidad y esperar a que termine de procesarse el movimiento. Si ese plazo ya ha pasado y la pensión continúa sin aparecer, entonces sí puede ser necesario comprobar tanto la cuenta bancaria como la situación del pago.

Cuándo paga cada banco la pensión en octubre

El calendario previsto para las pensiones de octubre de 2026 comienza el jueves 22. Ese día, Bankinter y Unicaja tienen previsto realizar el ingreso, por lo que sus clientes estarían entre los primeros en disponer de la mensualidad. Un día después, el viernes 23, llegará otro grupo importante: Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Caja Rural manejan esa jornada como referencia.

Los pagos continuarán durante el fin de semana. CaixaBank sitúa el abono el sábado 24 de octubre, mientras que BBVA e ING tienen señalado el domingo 25. Que estas fechas coincidan con sábado y domingo muestra que los adelantos bancarios no se limitan necesariamente a jornadas laborables. Para cada pensionista, lo importante será atender al calendario de su entidad y no tomar como referencia el día en el que haya cobrado otra persona.

El último grupo incluido en estas previsiones efectuaría el ingreso el lunes 26 de octubre. Abanca y Laboral Kutxa manejan esa fecha, con lo que se completaría el periodo comprendido entre el jueves 22 y el lunes 26. De este modo, los abonos quedarían repartidos a lo largo de cinco días consecutivos según el calendario aplicado por cada banco, sin que esa diferencia altere la mensualidad que corresponde a cada beneficiario. La pensión es la misma en todos los casos; lo que cambia es el momento en el que cada banco la pone a disposición de sus clientes.

Estas fechas, en cualquier caso, deben entenderse como una referencia y pueden producirse pequeñas variaciones por cuestiones operativas. También puede cambiar la hora concreta a la que el movimiento se refleja en la cuenta. Por eso, que la pensión no figure a primera hora del día señalado no implica necesariamente que exista una incidencia. Del mismo modo, cobrar unas horas o incluso un día después que otro cliente de una entidad distinta tampoco permite concluir por sí solo que haya un retraso.

Qué comprobar si la pensión no aparece

Si llega el día previsto y el dinero todavía no figura en la cuenta, lo primero es comprobar que no se trate simplemente de una diferencia en los tiempos de procesamiento. Los adelantos no funcionan igual en todas las entidades y comparar el cobro con el de otros pensionistas no permite saber por sí solo si ha surgido un problema. La fecha realmente útil es la que maneja el banco donde está domiciliada la prestación.

Cuando la jornada indicada ya ha pasado y la cantidad sigue sin aparecer, puede ser recomendable contactar con el banco. La entidad podrá revisar si el movimiento continúa pendiente de contabilización, si se ha producido alguna demora o si existe algún inconveniente relacionado con la cuenta. Esta comprobación puede resultar especialmente útil cuando se han realizado cambios recientes en los datos bancarios o en la domiciliación de la pensión.

Si el banco no encuentra ninguna incidencia que explique la ausencia del abono, la consulta puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención es posible comprobar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si los datos asociados al expediente están actualizados. Para facilitar la gestión, conviene disponer de la información personal necesaria, los datos de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También merece la pena revisar si existen avisos pendientes o modificaciones que todavía no se hayan incorporado correctamente. Lo importante es distinguir entre un desfase relacionado con el adelanto que aplica cada entidad y una incidencia real en la tramitación. Que la mensualidad no aparezca exactamente en el momento esperado no permite concluir automáticamente que exista un problema, especialmente cuando estas previsiones pueden sufrir pequeños ajustes y el ingreso puede reflejarse a distintas horas del día.

La Seguridad Social ha habilitado un nuevo servicio que permite a los ciudadanos consultar y acreditar su edad legal ordinaria de jubilación y la fecha exacta en la que la alcanzarán. El documento puede obtenerse de forma inmediata a través del portal Tu Seguridad Social, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina. La herramienta, dada a conocer el pasado 30 de septiembre, resulta especialmente útil para quienes necesitan justificar estos datos ante su empresa u otra entidad para realizar trámites relacionados con el final de su vida laboral.

El informe recoge únicamente dos datos: la edad ordinaria de jubilación que corresponde a cada persona y el día en que la cumplirá. Hasta ahora, esta información podía obtenerse mediante el simulador de jubilación, aunque el documento generado también podía incluir otros detalles personales y económicos, como la vida laboral, la pensión estimada o las posibilidades de retrasar la retirada. El nuevo certificado evita compartir información adicional cuando solo es necesario demostrar cuándo se alcanza la edad legal para jubilarse.

Para calcular la fecha, el Instituto Nacional de la Seguridad Social utiliza los antecedentes que constan en sus bases de datos y aplica los mismos criterios que el simulador de pensiones. El cálculo presupone que todas las cotizaciones están ingresadas y que la situación laboral actual del interesado se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Cuando concurren circunstancias personales relacionadas con los hijos o una discapacidad que pueden modificar esa edad, es necesario incorporarlas mediante el simulador para obtener el informe correspondiente.

Cómo descargar el informe de edad legal de jubilación

Las personas cuya edad de jubilación pueda determinarse exclusivamente a partir de su trayectoria de cotización pueden obtener el documento desde la página principal de Tu Seguridad Social, dentro del apartado “Otras gestiones”. Allí deben seleccionar la opción “Informe de edad legal de jubilación”, que permite generar el certificado sin realizar una simulación completa de la futura pensión. Esta vía está prevista para quienes no necesitan incorporar circunstancias relacionadas con hijos o discapacidad.

Cuando existen factores personales que pueden modificar la edad ordinaria de jubilación, el procedimiento es diferente. En estos casos, es necesario acceder al simulador de pensión de jubilación e introducir la información correspondiente. Una vez completada la simulación, el usuario debe seleccionar “Informe edad legal de jubilación”, una opción situada junto al botón “Informe PDF”. De esta manera, el documento puede reflejar las circunstancias adicionales que influyen en la fecha calculada.

Qué identificación se necesita para obtenerlo

Para descargar el informe mediante cualquiera de las dos vías, es suficiente identificarse utilizando un código de verificación enviado por SMS. Para emplear este sistema, el número de teléfono móvil del interesado debe figurar previamente registrado en las bases de datos de la Seguridad Social, ya que la clave se remite a ese contacto. Quienes no tengan actualizado su número pueden consultar la guía oficial para mantener al día sus datos personales antes de utilizar este procedimiento.

La Seguridad Social también prevé ampliar las funcionalidades del servicio. Entre las mejoras anunciadas figura la posibilidad de acreditar la edad de jubilación cuando existen bonificaciones vinculadas a determinadas actividades profesionales. Además, está previsto desarrollar un documento específico para la jubilación parcial, con el que los trabajadores puedan demostrar ante sus empresas que reúnen la edad y las demás condiciones necesarias para acogerse a un plan de jubilación parcial. Estas prestaciones adicionales todavía se encuentran entre las ampliaciones previstas, por lo que no forman parte de las funcionalidades descritas para el nuevo informe.

Un sistema de pensiones que “va a colapsar”, que “va a petar”. O ya en presente, que es un “zombie”, que está “quebrado”. La imagen que están difundiendo en los últimos días PP y Vox sobre el sistema público de pensiones de España, con la que debería extrañar incluso que los jubilados reciban su nómina mes tras mes, no está respaldada con la realidad. Hay una reciente reforma aprobada con el visto bueno de Bruselas, así como dos exámenes superados de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la nueva regla de gasto creada para ir evaluando periódicamente el sistema.

Los dos partidos de derechas están situando esta idea del colapso de las pensiones, más o menos cercano, a la que añaden por tanto la necesidad de aplicar reformas “valientes” (sin concretar), según la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, o de modificar de pleno el sistema público actual por uno de capitalización individual, como defendió el responsable económico de Vox, José María Figaredo.

“El sistema actual tal como está va a petar”, ha sostenido Ester Muñoz, que ha afirmado que el sistema “está planteado” para una pirámide población en forma de triángulo y que en la actualidad esta está invertida, por el mayor número de personas de edad avanzada y las generaciones menos pobladas de jóvenes. “Hay gente trabajando que no cubre la gente que está cobrando pensión”, ha sostenido la portavoz del PP.

Este dato, sin embargo, no es cierto. Aunque se avanza a una mayor tensión demográfica por el envejecimiento de la población en las próximas décadas, fruto de la jubilación de las numerosas cohortes del llamado baby boom, en la actualidad hay más personas trabajadoras que pensionistas.

En concreto, los récords de empleo (empujados en los últimos meses por la regularización extraordinaria de migrantes), han escalado la ratio de cotizantes entre pensionistas hasta el 2,5, máximos de hace 16 años y un nivel solo alcanzado a mediados de los 2000, en el boom inmobiliario.

Respaldo de Bruselas, la AIReF y previsiones oficiales

Pese a las alertas de la derecha y la extrema derecha, el sistema público de pensiones español ha recibido dos importantes respaldos en los últimos años.

En primer lugar, y de mayor importancia, de la Comisión Europea. El Gobierno de coalición progresista aprobó varias reformas en el sistema de pensiones entre los años 2021 y 2024, precisamente para afrontar el reto de la jubilación del baby boom de las próximas décadas, que fueron pactadas con Bruselas por el exministro José Luis Escrivá dentro del Plan de Recuperación tras la pandemia, que supusieron un paso muy relevante.

Porque las reformas no se basaban en recortes, como las precedentes y los movimientos más extendidos a nivel internacional, sino en incentivos para alargar la edad de jubilación de manera voluntaria, así como en el aumento de ingresos del sistema para hacer frente a un mayor gasto estimado hasta el pico de 2050. A partir de entonces, el gasto en pensiones se prevé que descienda.

El Gobierno tumbó así la legislación previa del PP de 2013 que semicongelaba las pensiones y preveía recortes para los futuros jubilados con su “factor de sostenibilidad”, que había dinamitado el Pacto de Toledo y que provocó protestas masivas de jubilados. Una marea pensionista que logró que el propio Gobierno del PP de Mariano Rajoy dejara de aplicar su regulación al final de su mandato.

En segundo lugar, fruto de este acuerdo con Bruselas, las reformas del Gobierno de coalición incluyeron un sistema de evaluación permanente, cada tres años, a cargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata de una “regla de gasto” que sigue la evolución de ingresos y gastos del sistema público y su proyección a largo plazo, con el objetivo de que no superen el 13,3%.

De franquear esta meta, la ley prevé la obligación de que el Gobierno tome medidas al respecto, previa consulta al Pacto de Toledo y agentes sociales, ya sea con medidas en el lado del gasto o del ingreso. Si no hay acuerdo, se incluyó una medida semiautomática para que se aumentaran las cotizaciones sociales.

La AIReF ya ha analizado en dos ocasiones esta regla de gasto, en marzo de 2025 y en mayo de 2026, y en ambas ocasiones el sistema ha superado el examen. En el último estudio, la autoridad mejoró incluso su previsión de gasto del sistema. No obstante, el organismo público es crítico con la regla de gasto pactada con Bruselas, que considera que no mide adecuadamente la sostenibilidad futura del sistema.

Además, el Ministerio de la Seguridad Social actualizó este año su simulador del gasto de pensiones, que ha denominado INTegraSS, cuyas cifras reducen de manera sustancial la previsión de gasto: sitúan un 15,3% del PIB en el momento de más tensión, respecto el 16,1% de la Autoridad Fiscal y el 17,3% de la Comisión Europea.

La catástrofe anunciada que no llega y las reformas aprobadas

El PP y Vox proyectan la idea de un sistema que no está pensado para el presente y futuro inmediato, con una población más envejecida. Incluso el responsable económico del partido de extrema derecha afirmó que “no se ha aplicado ninguna medida correctora” en pensiones desde las alarmas de 1995 que llevaron a la formación del Pacto de Toledo. Pero esto tampoco es cierto.

Las reformas de pensiones aplicadas en las últimas décadas han tenido precisamente el objetivo de adaptar el sistema público al aumento de gasto de la jubilación de los baby boomers, que no es en absoluto una sorpresa, ni algo desconocido, sino una previsión demográfica que viene de largo.

Por mencionar solo algunas, la reforma de 2011 amplió la edad de jubilación poco a poco a los 67 años y extendió el periodo de cálculo de la pensión de los últimos 15 a 25 años, entre otras muchas medidas. En las reformas de 2021 a 2024 se han primado los incentivos para retrasar la edad efectiva de jubilación, con más recompensa económica por ejemplo a la jubilación demorada y la reforma de las penalizaciones para las salidas anticipadas.

Estos incentivos están teniendo ya sus efectos, sostiene Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, que destaca que la edad efectiva de jubilación ha aumentado dos años en las últimas dos décadas, hasta alcanzar los 65,4 años de media. “De esos dos años, un año se ha ampliado solo en los últimos siete”, subraya el sindicalista, con el consiguiente efecto reductor en el gasto en pensiones.

En cualquier caso, los mensajes catastrofistas sobre el futuro de las pensiones tampoco son nuevos, recuerda Carlos Bravo, con informes que han avecinado una quiebra del sistema a partir de los 2000 que no se ha producido. Ni en la crisis financiera, con las dificultades que atravesó la economía española y en la que el Gobierno de Rajoy vació el 90% de la hucha de las pensiones, unos 65.000 millones de euros, ni ante contextos de extraordinaria complejidad como el desplome de la economía española durante la pandemia.

“Es la primera fase del ciclo de la privatización: el miedo. Pero los datos nos avalan: nuestro sistema público de pensiones es sostenible y es el que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos”, ha afirmado este miércoles la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz.

Por el contrario, Vox está defendiendo una medida que sí sería un tiro en el pie para el sistema público de pensiones: limitar la migración e, incluso, repatriar a personas extranjeras que ya viven en nuestro país. Todos los organismos económicos que analizan el futuro de las pensiones sitúan la migración como un elemento indispensable para aumentar la población trabajadora a futuro en países como España, con la población cada vez más envejecida. “Ahí sí que colapsaría el sistema, pero no solo de pensiones, la actividad en general”, advierte el responsable de CCOO.

La Seguridad Social ha detallado las distintas opciones disponibles en 2026 para compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con una actividad laboral o prolongar voluntariamente la vida profesional. Las modalidades de jubilación activa, parcial y flexible permiten mantener determinados ingresos del trabajo mientras se percibe una prestación, aunque sus requisitos y cuantías son diferentes. A estas alternativas se suma la jubilación demorada, dirigida a quienes prefieren retrasar el acceso a la pensión para mejorar sus condiciones económicas.

Una de las principales posibilidades es la jubilación activa, dirigida a quienes acceden a la pensión al menos un año después de alcanzar su edad ordinaria de jubilación. Para acogerse a ella es necesario haber acreditado el periodo mínimo de cotización exigido en la fecha en que se cumplió dicha edad, mientras que quienes se hayan jubilado anticipadamente quedan excluidos. Esta modalidad permite trabajar por cuenta propia o ajena, tanto a jornada completa como parcial, sin necesidad de abandonar previamente la actividad profesional.

La proporción de pensión compatible con el trabajo depende del tiempo que se haya retrasado la jubilación. Quienes demoren su retirada un año pueden cobrar el 45% de la prestación, porcentaje que aumenta al 55% después de dos años, al 65% tras tres y al 80% después de cuatro. A partir de cinco años de demora se permite percibir el 100%. Además, el porcentaje compatible aumenta cinco puntos por cada doce meses consecutivos de jubilación activa, hasta alcanzar el máximo establecido. Para determinados autónomos existen condiciones específicas que permiten cobrar el 75% de la pensión cuando el retraso ha sido de entre uno y tres años.

Jubilación parcial y flexible: dos formas de reducir la jornada

La jubilación parcial está destinada a trabajadores por cuenta ajena que desean reducir su jornada antes de retirarse definitivamente. Con carácter general, permite disminuir el tiempo de trabajo entre un 25% y un 75% y cobrar la parte de pensión correspondiente a esa reducción. En determinados supuestos puede solicitarse hasta tres años antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la empresa formalice simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, que deberá mantenerse al menos hasta dos años después de la finalización de la jubilación parcial. Cuando el anticipo supera los dos años, la reducción de jornada durante el primer año debe situarse entre el 20% y el 33%.

En cambio, la jubilación flexible está pensada para quienes ya cobran una pensión y deciden reincorporarse al mercado laboral. El Real Decreto 416/2026, en vigor desde el 28 de agosto, ha ampliado esta posibilidad a determinadas actividades por cuenta propia, siempre que el pensionista no hubiera estado dado de alta como autónomo durante los tres años anteriores a su jubilación. También permite trabajar por cuenta ajena con una jornada comprendida entre el 33% y el 80% de la correspondiente a un empleo a tiempo completo comparable.

En esta última modalidad, la pensión se reduce en función de la jornada realizada. Por ejemplo, trabajar el 60% de una jornada completa permite percibir, con carácter general, el 40% de la prestación. No obstante, quienes comiencen por primera vez una actividad a tiempo parcial después de seis meses de jubilación pueden beneficiarse de incrementos adicionales sobre el importe de la pensión compatible: del 25% si trabajan entre el 55% y el 80% de la jornada, o del 15% cuando la dedicación se sitúa entre el 33% y menos del 55%. Si la actividad es por cuenta propia, la pensión compatible equivale al 25%.

Retrasar la jubilación también permite aumentar los ingresos

Otra alternativa es la jubilación demorada, que consiste en continuar trabajando después de alcanzar la edad ordinaria sin comenzar todavía a cobrar la pensión. A diferencia de las modalidades anteriores, no permite percibir simultáneamente la prestación y el salario. La Seguridad Social contempla tres fórmulas de compensación: incrementar el importe de la futura pensión, recibir una cantidad mediante un pago único o combinar ambas opciones. La regulación vigente desde finales de agosto de 2026 ha introducido mejoras en el cálculo de la modalidad mixta y permite computar periodos semestrales a partir del segundo año de demora.

Las consecuencias al finalizar la actividad también varían según la modalidad elegida. Tanto en la jubilación activa como en la flexible se restablece el cobro íntegro de la pensión, pero las cotizaciones efectuadas durante estos periodos no mejoran, con carácter general, la prestación reconocida. En la flexible existe una excepción para determinados casos de jubilación anticipada involuntaria, en los que se recalcula la cuantía teniendo en cuenta los nuevos periodos cotizados. Por su parte, quienes opten por la jubilación parcial accederán a la pensión que les corresponda cuando se retiren definitivamente, de acuerdo con sus cotizaciones y las condiciones de cálculo aplicables.

Leandro Navarro, un trabajador de Endesa que ha estado vinculado a una subestación de Huelva capital desde 1983, desarrolla una batalla legal contra la empresa con el fin de seguir viviendo en la casa que ha ocupado siempre bajo el amparo de su trabajo. El problema es que Endesa le comunicó cuando estaba cerca su jubilación que tenía que dejar la vivienda cuando llegase a los 65 años (hace casi dos).

Leandro se niega. Una de las razones que le hace aferrarse a la casa es que por ella paga un alquiler más que simbólico de 18 céntimos de euros al mes. Una cifra que tiene su historia, dentro de una historia que no es la de un desahucio al uso.

Cuando la empresa se fundó en 1944, levantó centrales en zonas aisladas, y para atraer y retener a los obreros construyó una serie de viviendas que tuvieran un doble fin: retener la mano de obra que necesitaba y que vivieran físicamente cerca de las centrales para actuar rápido en caso de necesidad.

Como algunos de esos trabajadores solo pasaban unos días en la central para hacer determinados trabajos, la empresa estableció un alquiler por temporadas, estableciendo el pago de una peseta por día. Puede parecer poco, pero en la España de mediados de los 40 se podía comprar por ese dinero una barra de pan, un abono para el tranvía o el autobús urbano, o una caja de cerillas.

De esta manera, se estableció una renta mensual de 30 pesetas si el trabajador decidía pasar un mes entero, sin fecha tope de fin de contrato, de modo que si pasaba en la empresa 40 años, habría vivido todo ese tiempo en la casa por 14.400 pesetas, menos de 90 euros. Y ahí viene el problema de Leandro. 

“No es una cuestión de dinero”

Para empezar, asegura a elDiario.es Andalucía que su caso no es el de una persona desahuciada que se queda sin recursos. Afirma que tiene dinero para alquilar o comprar una vivienda, pero que no es cuestión de eso. “Llevo aquí toda mi vida, aquí han crecido mis hijos y están mis recuerdos, y Endesa solo quiere la casa para tirarla. Para eso, me quedo dentro y sigo pagando el alquiler”.

Los primeros avisos de que el asunto no iba a ser fácil comenzó a recibirlos en 2017, en proceso de prejubilación. “Endesa contrató un gabinete para controlar las viviendas de la empresa, ya que algunas incluso se usaban como segunda vivienda por algunos trabajadores”, y en esa lista de gente a la que había que avisar de que se tenía que ir estaba él.

Leandro quiere separar su caso del de Maricarmen y muchas personas como ella. Pero sí señala que Endesa, a la hora de negociar “no es un fondo buitre, pero es tajante, sin empatía, y te sientes mal por el trato después de tantos años”.

Y, a todo esto, ha cumplido 66 años el pasado febrero. En 2015 se acogió a un plan de salida de la empresa que suponía perder en nómina el 20%. Para él, era razonable, pero salir de su casa no lo fue en ningún momento, sin que tampoco se le ofreciese actualizar su contrato de régimen antiguo.

Entre otras cosas, esgrime que llegó a Huelva en 1983 procedente de Córdoba. Ocupó la casa que tenía otro trabajador en La Ribera, un núcleo de viviendas perteneciente a Huelva capital donde estaba (y sigue estando) la subestación eléctrica de la zona, cerca del cementerio. Al vivir allí, estaba a mano por si hiciera falta algo urgente pagando un alquiler simbólico. Cuando llegó el euro, se actualizó solo el cambio a la moneda única europea, no a la inflación de la época con respecto a 1983, y se estableció que pagase 18 céntimos al mes, que puntualmente le han sido retirados de su nómina mensual, igual que hasta entonces se le retiraban 30 pesetas mensuales.

En 1992, Endesa le comunicó que tenía que dejar la casa porque cerraba la subestación, pero entonces abrió otra central junto al monumento a Colón en la Punta del Sebo onubense, y siguió trabajando. Recuerda que el entonces jefe de la planta vivía en las mismas condiciones que él, y que mantuvo su vivienda una vez jubilado. Solo la ha recuperado la empresa a su muerte. “¿Por qué él pudo tener su casa y yo no?, ¿porque era el jefe?”, se pregunta.

Leandro cree, además, que ha hecho mucho más que trabajar para la empresa, ya que ha sido “y sigo siendo” el guardián de la subestación, y a día de hoy “es como si siguiese trabajando”, porque le siguen consultando los camioneros y técnicos que llegan para saber por dónde se tienen que ubicar o qué tienen que hacer.

Afirma también que todas las reparaciones en la casa las ha pagado él, reformas y pinturas incluidas. Pero, sobre todo, es tajante: “He ahorrado dinero y no me voy a ir debajo de un puente, pero me quieren echar de la casa para derribarla, no tiene sentido, y me quiero quedar aquí”. Hace años compró un piso por si se tenía que mudar, pero al divorciarse el piso pasó a su ahora exmujer. Con todo, irse de la casa en la que vive no pasa por sus planes.

“Se intenta negociar con él, pero se llegará a juicio”

Desde Endesa se explica a este periódico que se está intentando negociar con Leandro desde el año 2017, sin resultado, y que todo parece indicar que el caso llegará a juicio.

Recuerda la compañía que este tipo de viviendas están vinculadas al puesto de trabajo y se encuentran en un entorno industrial, que en este caso es el centro de transformación. Se trata de viviendas con un contrato de asociación-vínculo al puesto de trabajo, que, una vez jubilado el trabajador, se extingue.

La empresa, por último, admite que quiere derribar la vivienda, pero argumenta que es necesario ampliar el centro de transformación y el inmueble lo impide por su ubicación.

Leandro y Endesa no han llegado a un acuerdo, así que el caso está en manos de la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Huelva, plaza número 4, que acogerá el juicio, salvo cambios en la negociación, el 26 de abril de 2027.

El problema es sencillo de formular y enormemente complejo de resolver: cientos de abogados y abogadas y procuradores extremeños han pasado toda su vida laboral cotizando en mutualidades privadas que funcionaban como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Ahora, con la jubilación cada vez más cerca, necesitan saber cuántos de esos años —y cuántas de esas aportaciones— podrán transformarse en una pensión pública. La respuesta depende de un reglamento que todavía no existe y que debe fijar cómo se hará la conversión. El reloj corre en los despachos de Cáceres, Badajoz, Mérida o Plasencia y toda la región, donde la incertidumbre se ha convertido en cálculo y preocupación.

La Ley 2/2026, en vigor desde el 1 de agosto, abrió por primera vez una vía para trasladar al sistema público los derechos económicos acumulados en las mutualidades. Pero dejó sin definir el elemento clave: el reglamento que debe explicar cómo se hará la conversión. El Gobierno tiene de plazo hasta el 29 de octubre para aprobarlo. Solo entonces comenzará a existir una respuesta concreta para cada profesional.

Un problema que viene de lejos

Durante décadas, abogados y procuradores pudieron utilizar sus mutualidades como alternativa al RETA. El sistema evolucionó: la Mutualidad de la Abogacía pasó de la capitalización colectiva a la individual en 2005; en el caso de los procuradores, las organizaciones sitúan ese cambio en 2012. La diferencia es esencial: en la capitalización colectiva las aportaciones se integraban en un fondo común; en la individual, cada mutualista acumulaba derechos vinculados a sus propias aportaciones. Esa transición dejó a muchos profesionales con carreras insuficientemente protegidas respecto a lo que habrían obtenido en el sistema público. La Ley 2/2026 ha reconocido esa desigualdad y crea un mecanismo extraordinario para corregirla.

¿Cuántas personas afectadas hay en Extremadura?

No existe una cifra única. UPTA Extremadura calcula 2.109 profesionales afectados y sitúa algunas prestaciones en 300–500 euros mensuales tras largas carreras de aportación. Las organizaciones de mutualistas manejan cifras mayores: el Movimiento #J2 habló en 2025 de 4.000–4.500 profesionales y de pensiones de 300–400 euros. Las cifras parten de universos distintos, pero coinciden en el diagnóstico: en Extremadura el problema ha adquirido una dimensión pública. En diciembre, abogados y procuradores se concentraron en Mérida para exigir una pasarela que reconociera sus años de aportaciones y evitara pérdidas sustanciales en la conversión. Otras cuatro veces se han manifestado en Madrid y una en Cáceres. La próxima cita de nuevo en la capital el 17 de este mes. Entre quienes han participado en estas movilizaciones están M.A., abogada, y C.S., procuradora, ambas con más de 65 años y aún sin posibilidad de jubilarse: la primera percibiría 430 euros y la segunda 380, cifras que ilustran el alcance del conflicto.

La fórmula que puede cambiarlo todo

El reglamento deberá fijar un coeficiente dentro de la horquilla prevista por la ley: entre 0,67 y 0,87. Ese número determinará cuántos meses de cotización al RETA resultan de los derechos acumulados en la mutualidad. Las organizaciones de mutualistas reclaman el 0,67, el extremo más favorable. Pero la ley no lo establece como definitivo: la cifra deberá concretarse en el reglamento. “Por eso, conocer el saldo acumulado no basta. Lo decisivo será saber qué periodo de cotización reconocerá finalmente la Seguridad Social”, explica a elDiario.es, una de las portavoces, Mamen Lucas.

Los mayores de 52 años y las reglas específicas

La norma introduce una disposición particular para quienes tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026: cada mes completo de alta en la mutualidad podrá computarse como un mes completo en el RETA solo a efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora. No significa que toda la carrera mutualista se transforme automáticamente en cotización pública plena. También existen reglas específicas para quienes iniciaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995, lo que añade más complejidad a un mapa ya diverso: carreras enteras en la mutualidad, trayectorias mixtas, aportaciones complementarias… La pasarela no tendrá el mismo efecto para caja persona.

Una decisión voluntaria, pero irreversible

La ley establece que la transferencia será voluntaria. Pero una vez realizada, el encuadramiento en el RETA será obligatorio e irreversible. Por eso las organizaciones reclaman simulaciones individualizadas y vinculantes antes de que cada profesional decida. La lógica es evidente: si no hay vuelta atrás, nadie debería elegir sin conocer exactamente qué derechos transfiere y qué cotización obtiene.

La puerta cerrada para las y los jubilados

La ley excluye de la pasarela a quienes ya sean pensionistas, salvo en el caso de viudedad. Es uno de los puntos más criticados. En Extremadura, donde las plataformas han denunciado pensiones de apenas unos cientos de euros, la exclusión resulta especialmente sensible. La norma sí obliga a las mutualidades que continúen funcionando a elevar sus prestaciones mínimas y actualizar las rentas, pero no incorpora automáticamente a las personas jubiladas actuales al sistema público.

Quienes permanezcan en el sistema mutualista verán cambios: las cuotas mínimas deberán alcanzar el 86% de la referencia del RETA en 2026, el 93% en 2027 y el 100% en 2028. Además, las entidades deberán someterse a nuevas obligaciones de transparencia y supervisión por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Del conflicto al documento común

Tras meses de movilizaciones, septiembre dejó una imagen distinta: el 22 de septiembre, el Consejo General de la Abogacía Española y representantes de asociaciones de mutualistas trasladaron a la ministra Elma Sáiz un documento de 12 puntos con cuestiones compartidas para el desarrollo del reglamento: simulaciones previas, tratamiento de aportaciones complementarias, complementos a mínimos, jurisdicción competente… No significa que el Gobierno haya aceptado todas las reivindicaciones, pero sí que existe un marco común para negociar.

Extremadura mira al BOE

En los despachos extremeños, la espera se ha convertido en cálculo: cuánto se ha aportado, qué parte puede transferirse, qué periodo se reconocerá, qué base servirá para la futura pensión y cómo encaja todo ello con los años ya cotizados en la Seguridad Social. La respuesta llegará —si llega— con el reglamento. El 29 de octubre es la fecha que concentra ahora todas las miradas. Después comenzará el año de plazo para solicitar la transferencia. Entonces el conflicto dejará de ser legislativo y se convertirá en una sucesión de decisiones individuales: para algunos profesionales, la pasarela permitirá integrar en el sistema público una parte de su carrera; para otros, las condiciones concretas determinarán si el traslado compensa. La ley ha fijado el puente. Ahora falta saber cómo estará construido. Y en Extremadura, miles de profesionales esperan conocer cuánto pesa cada año de aquella vida laboral que construyeron al otro lado del sistema público.

El Gobierno está negociando una mejora de la jubilación de policías nacionales y guardias civiles a través de un aumento de las pensiones de los funcionarios que pertenecen al régimen de Clases Pasivas. Se está abordando en una mesa del Ministerio del Interior con los sindicatos profesionales de estos agentes, al margen del grupo de trabajo específico sobre Clases Pasivas que existe en el Ministerio de Función Pública, algo que CCOO ha denunciado como “inadmisible” y ha exigido al Gobierno que extienda esta negociación al conjunto de este colectivo.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y civil de la Administración General del Estado (AGE), de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Es un régimen en vías de extinción, que comprende a funcionarios que ingresaron al sistema antes del 1 de enero de 2011. Si lo hicieron después de esa fecha, ya quedaron adscritos al Régimen General de la Seguridad Social.

Mejora en las pensiones compartida por todos los sindicatos

La mejora de las pensiones de los funcionarios de Clases Pasivas es una reivindicación compartida por todos los sindicatos de empleados públicos, que señalan que sus “haberes reguladores” –como se califica a la parte del salario que se tiene en cuenta para calcular la pensión– se ha actualizado a menor ritmo de lo que han subido sus remuneraciones, con una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores cuando pasan a la jubilación.

“Desde CCOO queremos dejar absolutamente claro que no cuestionamos que policías nacionales y guardias civiles puedan reivindicar y obtener mejoras en sus pensiones, algo que obviamente podemos compartir”, precisa el sindicato.

“Lo que consideramos absolutamente inadmisible es que el Gobierno aborde de manera bilateral y sectorial esta cuestión con un solo colectivo, ya que afecta a todo el personal sujeto al régimen de clases pasivas”, añaden. Entre otros, los cuerpos de la Administración de Justicia, de la Administración General del Estado, del sector docente o del sector postal, mencionan.

En un comunicado conjunto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informaron hace unos días de que Interior les ha planteado “una propuesta que mejora notoriamente la jubilación para el grupo C1, llegando aproximadamente a los 39.000 euros, y el grupo A2 alcanzaría la pensión máxima”. También, extender a guardias civiles y policías nacionales integrados en el régimen general de la Seguridad Social la jubilación anticipada por penosidad sin penalizaciones que ya disfrutan los policías locales.

Los sindicatos profesionales apuntan que la negociación avanza “a buen ritmo”, con una próxima reunión el 11 de noviembre, en la que “el proceso entra en su recta final”.

Fuentes del Ministerio del Interior confirman la negociación con los sindicatos profesionales, de la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque no se pronuncian sobre su contenido, ya que indican que se está llevando a cabo con “máxima discreción” hasta “que se cierre un acuerdo que satisfaga a todas las partes”.

CCOO pide a Función Pública abrir la negociación al resto

Comisiones Obreras ha enviado un escrito al Ministerio de Función Pública para que “cualquier modificación que afecte a los elementos estructurales del Régimen de Clases Pasivas sea negociada con carácter general” a través del grupo de trabajo específico sobre este colectivo creado el pasado 3 de julio.

El sindicato apunta que el Ministerio liderado por Óscar López entonces se comprometió a que el grupo de trabajo se reuniera “a mitad del presente mes de septiembre, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido”.

“El sindicato considera urgente que se celebre esa reunión y que las negociaciones se puedan cerrar antes de final de año, en la línea preacordada por el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil”, sostiene CCOO.

“Llevamos muchos años pidiendo esta mejora en los haberes reguladores. No lo queremos paralizar para policías nacionales y guardias civiles, faltaría más. Pero pedimos que se haga en paralelo a todos los trabajadores de Clases Pasivas. Que no nos encontremos con la sorpresa de un decreto-ley solo para ellos y que el resto se quede fuera”, afirma Miriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de FSC-CCOO. 

Preguntado por esta negociación diferenciada y por una posible reunión del grupo de trabajo, el Ministerio de Función Pública no responde a este medio, aunque destaca que “este Gobierno cumple sus compromisos como se ha ido demostrando con la subida salarial a los empleados públicos, la recuperación del empleo público de calidad con la aprobación de las mayores Ofertas de Empleo Público, la ampliación de derechos laborales con la reducción de la jornada a 35 horas, la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral, la subida del complemento de insularidad en Islas Baleares, o la estabilización de plazas temporales en el empleo público, entre otros”.

Además, en el departamento de Óscar López añaden que en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público, firmado con los sindicatos y con vigencia de cuatro años, se incluye el siguiente compromiso: “Se analizará y evaluará el régimen de clases pasivas respecto de los estándares vigentes en el régimen de seguridad social en aspectos relativos, entre otros a la determinación de derechos o la atención a situaciones de brecha de género”.

Más de 250 catedráticos y profesores jubilados de la Universidad de Cantabria han denunciado públicamente que la Universidad de Cantabria va a cerrar las cuentas de correo electrónico en diciembre. Lamentan que esa decisión les vaya a hacer perder contactos y documentación almacenada durante los años de ejercicio docente e investigador y que, a la vez, vaya a impedir su acceso a los materiales de la biblioteca universitaria, ya que muchos de ellos continúan su actividad investigadora, siguen dando conferencias o escribiendo artículos.

Hasta ahora los docentes e investigadores jubilados han mantenido sin problema su email vinculado a la universidad. En un escrito publicado como tribuna de opinión en El Diario Montañés titulado 'Edadismo, ostracismo y silencio en la UC', critican que la rectora, Conchi López, no haya querido reunirse con ellos después de que llevan varios meses movilizándose por esta cuestión. Mes y medio después de haber registrado un escrito con más de doscientas firmas “no hemos tenido ni siquiera acuse de recibo. Seguimos esperando”, explican.

Entre los firmantes está el catedrático Ramón Teja, uno de los mayores expertos del mundo en historia de las religiones; el sociólogo Juan Carlos Zubieta y el economista José Villaverde, que participan con asiduidad del debate público a través de tribunas de opinión; Ramón Maruri, Celia Nespral, Ángeles Barrio, José Ignacio Fortea, Juan María García Lobo, Juan Gelabert y Manuel Súarez Cortina, entre otros.

“Los miembros jubilados somos condenados al ostracismo como exempleados de una empresa que ya no nos necesita ni reconoce”, se quejan.

El escrito alude a que cuando se jubilaron de la Universidad de Cantabria recibieron “una amable carta” de despedida “agradeciéndonos nuestra contribución e invitándonos a seguir vinculados a la UC”. “Que siempre será tu casa”, apostillaba el mensaje oficial.

Hasta que hace unos meses se le comunicó que a final de año perderán sus cuentas de correo electrónico. La desactivación de la cuenta implica “algo más que una migración mecánica” a otra dirección de mail. “Implica la privación de las referencias, contactos y redes profesionales de toda una vida” –subrayan– y la perdida de miles de emails “que constituyen un archivo académico y cultural más allá del personal”.

“Implica también el desposeimiento de nuestra identidad corporativa –apostillan–, la definitiva fractura y extrañamiento de la Universidad que rompe así con su pasado y sus cimientos, que son su gente, que somos nosotros”.

Sin correo electrónico corporativo no tendrán acceso libre y abierto a sus registros de suscripción de revistas electrónicas y bases de datos de la Biblioteca universitaria, “esenciales si se quiere seguir investigando”, que se seguirán pagando con dinero público aunque se reduzca el número de usuarios “y, por tanto, su utilidad y su rentabilidad”, argumentan en el escrito.

Los afectados sostienen que en ninguna universidad de prestigio de España y del mundo se han cancelado las cuentas al personal jubilado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la jubilación forzosa por edad del juez Juan Carlos Peinado, un día antes de cumplir 72 años, y con una carrera marcada en su etapa final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

La publicación por parte del BOE de la orden del Consejo General del Poder Judicial que declara la jubilación forzosa por edad de Peinado llega un día después de que el juez pasara su último día en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Previamente, durante esta semana ha gozado de tres días de permiso una vez dictó el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

Como tenía previsto, y tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso de Begoña Gómez con conductas “más propias de regímenes absolutistas” y el reinado de Fernando VII.

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia -al que incluso pidió imputar sin éxito-, ha llegado a imputar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y ha investigado cinco delitos.

Con decisiones controvertidas como las citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, Peinado recibió reveses, pero también avales de la Audiencia de Madrid, que finalmente ha ratificado que el juicio a Begoña Gómez sea ante un jurado.

Aunque conocido en el entorno judicial de Madrid, Juan Carlos Peinado era un desconocido para el gran público hasta que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez llegó a sus manos en abril de 2024. Ese caso ha marcado la recta final de su carrera en la judicatura, a la que llegó tarde, con 40 años, tras haber ejercido como abogado y como secretario del Ayuntamiento de varios municipios madrileños.

Se jubila como juez de instrucción del juzgado 41 de Madrid, de Plaza de Castilla, donde lleva la última década. Antes pasó por juzgados de localidades de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Desde el 41 ha llevado otros casos también conocidos en su momento como el del triple crimen en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016 -que acabó juzgado en Venezuela-, o una demanda, ya archivada, contra los concejales Pablo Soto y Guillermo Zapata por mensajes ofensivos en redes sociales en 2015.

Abrió incluso diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por presunta ocultación de patrimonio y fue sonada la imputación, en 2019, de periodistas por presunta revelación de secretos vinculada al sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), ya archivada.

Una causa contra un cargo de la empresa municipal de transportes de Madrid (EMT) acabó archivada tras agotarse el plazo de instrucción, y también ha investigado el supuesto hackeo de los correos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la paralización de un autobús reivindicativo.

Al final de su carrera, Peinado ha recibido varias querellas por prevaricación y también quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la del ministro Félix Bolaños, en el contexto de su investigación a Begoña Gómez, pero ninguna ha prosperado.

La pensión media de jubilación alcanza en septiembre en Cantabria los 1.662,2, lo que supone un 0,08 por ciento más que en agosto y 86,2 euros más que la media nacional, que es de 1.576,1, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el noveno mes del año, Cantabria se mantiene como la quinta comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.910,3), Asturias (1.839,2), Madrid (1.798,6) y Navarra (1.759,6).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en el presente mes en 1.444,12 euros, un 4,38% más anual.

Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.685,5), Madrid (1.581,1), Asturias (1.580,4), Navarra (1.568,5) y Aragón (1.451).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 150.706, el 1,43% del total del país y un 1,34% más que hace un año, y de ellas, 95.852 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.306,1 euros al mes y de las que hay 14.146 beneficiarios en la región.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúan la de viudedad, con una media de 1.029,4 euros y un número de 34.761 perceptores.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 911 euros y 1.388 beneficiarios; y la de orfandad, con 608,5 euros mensuales y que suman 4.559 pensiones.

Datos nacionales

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 14.498 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025. Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.374,6 euros mensuales en septiembre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en septiembre en 1.576,1 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes tomar en consideración una proposición de ley de Podemos para eliminar las penalizaciones en las pensiones de quienes se jubilan anticipadamente con 40 años o más cotizados. No obstante, varios grupos han advertido del riesgo de que la iniciativa se quede finalmente “en un cajón” al tratarse del final de la legislatura.

Con 178 votos a favor, incluido el apoyo del PSOE, 136 abstenciones, donde ha estado el PP, y 33 votos en contra, donde se ha posicionado Vox, la iniciativa ha salido adelante este martes y deberá continuar ahora la tramitación parlamentaria.

La propuesta plantea que los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de quienes se jubilan de forma anticipada no se apliquen a estas personas con largas carreras de cotización.

Estas penalizaciones a día de hoy son inferiores a las del resto de trabajadores (con varios niveles a partir de las carreras de 38 años y 6 meses cotizados), pero la iniciativa de Podemos pretende eliminarlos por completo.

La proposición de ley recoge además que el cambio pueda afectar a quienes ya están jubilados, permitiéndoles solicitar el recálculo de su pensión conforme a las nuevas reglas.

Un primer paso de la ley y el temor de acabar “en un cajón”

“Como es posible que hayas cotizado durante 40 años y veas penalizada tu pensión”, defendió la diputada de Podemos, Ione Belarra, que pidió expresamente a los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, que este apoyo no termine quedándose en “un cajón”.

Una duda, la de que finalmente no se concrete en un cambio legislativo, que expresaron otros grupos como Junts, que votó a favor de la iniciativa.

“Ha llegado el momento de que los compromisos se conviertan en norma”, pidió en el debate el diputado de Junts Josep María Cervera, que recordó que el PSOE lleva ocho años en el Gobierno sin resolver esta situación (la primera legislatura, con Podemos dentro del Ejecutivo de coalición).

“Hoy votarán que sí y luego echarán balones fuera”, reprochó Cervera, una crítica que han compartido en el PP, que se abstuvo en la votación. “Es bastante factible que salga, pero también es factible que se quede en un cajón”, cuestionó el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua.

El diputado de ERC Jordi Salvador exigió que se avance para acabar con ese “castigo”. “Se aprobará, pero tiene que pasar la tramitación y ser ley”, pidió.

Aunque el PSOE ha rechazado en otra ocasiones esta jubilación anticipada sin ninguna penalización, este martes votó a favor de tramitar la norma. El diputado socialista Alberto Mayoral defendió en la tribuna el apoyo de su grupo a la propuesta y señaló la necesidad de dar “un debate serio sobre esas largas carreras de cotización” y señaló para ello la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde se debaten los cambios en materia de pensiones.

Otros grupos como PNV o Sumar sostuvieron la necesidad de introducir cambios en la propuesta de Podemos, como que no haya una frontera “rígida” en los 40 años cotizados, sino que se haga de forma más flexible teniendo en cuenta otros elementos, como que se trate de una jubilación voluntaria o forzosa. Este último factor condiciona a día de hoy las salidas anticipadas, con menores penalizaciones para las jubilaciones involuntarias.

EH Bildu, que expresó su firme apoyo a este cambio, sostuvo que alrededor de 870.000 personas sufren esta injusticia. “Es un castigo para toda la vida”, afirmó el diputado Oskar Matute.

“Lola empezó a trabajar con 14 años en una imprenta 10 horas al día de lunes a sábado se jubilo con 47 años cotizados perdiendo 200 euros al mes porque ya no podía más”, puso como ejemplo Belarra.

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe cargó contra la forma de plantear la propuesta que calificó de “ocurrencia” y de “patada hacia delante”.

El pasado mes de junio, el Congreso rechazó, con los votos de PSOE y PP, eliminar estos coeficientes reductores en otra iniciativa de Podemos. En esa ocasión, se planteó a través de una enmienda en una ley que se iba a aprobar, con lo que la medida habría entrado directamente en vigor.

El Gobierno vasco ha aprobado en su reunión de este martes un “plan de relevo generacional y transmisión de conocimiento” que permitirá jubilarse a sus funcionarios hasta dos años antes. El plan, que tendrá carácter voluntario, está destinado a trabajadores mayores de 63 años. Actualmente, de los 7.000 trabajadores de la Administración general de Euskadi y sus organismos autónomos, unos 700 cumplen este requisito de edad y podrían ya tramitar la prejubilación.

La medida fue pactada con los sindicatos LAB, UGT y CCOO en el mes de junio -ELA no lo firmó por considerarlo insuficiente- e implica garantizar que hay un relevo generacional de estos trabajadores que opten a la jubilación y asegurar que el conocimiento adquirido en el desempeño de sus puestos sea “identificado, documentado y transmitido antes de la jubilación”. Según ha explicado la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, los trabajadores que deseen sumarse a este plan podrán elegir entre dos opciones de prejubilación: “La opción A combina una reducción temporal de la jornada diaria de veinte minutos con un posterior periodo de libranza por días completos. La opción B acumula las medidas en un periodo de libranza por días completos. La persona interesada deberá optar por una de las dos modalidades, sin que puedan combinarse las medidas correspondientes a ambas”. Cuanto más se adelante la jubilación más días de libranza se generan.

En concreto, por ejemplo, un trabajador que anticipe la jubilación seis meses, tendría 106 días libres. Si la reducción fuera de un año, 153 días libres, y si la prejubilación fuera dos años antes, 248 días libres. En el caso de optar por la opción A se restarían de los días libres los correspondientes a la suma de horas de reducción de jornada. Para el mismo ejemplo de seis meses, un año o dos, los días libres serían, 100, 142 y 226, respectivamente, y el resto se completaría con la suma de las reducciones de jornada de 20 minutos por jornada.

En cualquier caso, para acogerse a la jubilación anticipada “será requisito imprescindible cumplimentar la ficha de transmisión del conocimiento”, según ha señalado la consejera. “El objetivo es ordenar el final de la vida laboral del personal que voluntariamente prevea acceder a la jubilación anticipada, facilitar la continuidad del servicio público y asegurar que el conocimiento adquirido en el desempeño de sus puestos sea identificado, documentado y transmitido antes de la jubilación”, ha indicado Ubarretxena.

El plan pretende responder a la elevada edad media de las plantillas, unida al importante número de jubilaciones previsto para los próximos años, por lo que es “necesario planificar el relevo generacional y garantizar una adecuada transmisión del conocimiento”, señalan desde el Departamento de Gobernanza. EKI, como ha sido bautizado, pretende “abrir una nueva era del empleo público, una etapa orientada a ordenar el relevo generacional, incorporar nuevos perfiles profesionales, reforzar la formación continua y asegurar que el conocimiento acumulado por el personal con mayor experiencia se transmite de forma planificada a las nuevas incorporaciones”. “El objetivo es avanzar hacia una Administración más flexible, dinámica, moderna y euskaldun, capaz de responder a las nuevas necesidades de la ciudadanía y de fortalecer la calidad de los servicios públicos”, se añade.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que facilita el acceso y la cuantía de la pensión de jubilación de dos colectivos: los deportistas profesionales y los ministros de culto evangélicos y adventistas que realizaron su actividad antes de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social, ha informado el Ministerio de la Seguridad Social.

La medida aprobada permitirá reconocer como cotizados, a efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, estos periodos de actividad profesional ejercidos por los deportistas y por los pastores evangelistas antes de que efectivamente cotizaran a la Seguridad Social.

El sindicato UGT, muy activo en la reivindicación de esta concesión a los deportistas profesionales, ha celebrado la aprobación en el Consejo de Ministros.

“UGT considera esta medida un avance significativo en el reconocimiento de los derechos laborales y de protección social de los deportistas profesionales y el resultado de una reivindicación sostenida y de los meses de negociación impulsados por el sindicato junto a los deportistas Almudena Cid, Fernando Romay y Lola Fernández Ochoa”, ha afirmado en un comunicado.

Deportistas profesionales desde 1980

La medida beneficiará a quienes residían en España y ejercían su actividad deportiva de forma habitual en territorio nacional, con contrato profesional, siempre que estuviesen incluidos en la relación laboral especial de deportistas profesionales, y la hubiesen desarrollado entre el 15 de marzo de 1980 y la fecha de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social, explica el Ministerio de Elma Saiz.

“Es un acto de justicia con un colectivo que tantas alegrías y triunfos nos ha dado”, ha destacado Saiz.

Para su reconocimiento, junto a la solicitud de la pensión de jubilación o de revisión de su cuantía a la Seguridad Social, se tendrá que presentar la certificación expedida por el club o entidad deportiva que acredite la condición de deportista profesional de los beneficiarios, así como del período de actividad desarrollado.

El Consejo Superior de Deportes, organismo adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, será “quien asumirá el ingreso del capital coste de la pensión correspondiente”, explica el departamento de Saiz.

El contenido de este real decreto, que no incluye a los jugadores profesionales de fútbol que se rigen por su normativa específica, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los pastores evangélicos y adventistas

Sobre la concesión aprobada para los ministros de culto evangélicos, la ministra Elma Saiz ha afirmado que “se trata de una medida que hace justicia con un colectivo de personas, perseguido durante la dictadura, que desarrolló su actividad en un momento en el que no tenían el paraguas de protección de la Seguridad Social, y que ahora, por fin, verá mejorada su acción protectora”.

“También es una muestra más de la política de extensión de derechos que viene manteniendo este Gobierno”, ha afirmado Saiz.

Con la nueva norma, los ministros de culto de las iglesias Adventistas del Séptimo Día o Evangélicas que hubieran desarrollado su actividad en territorio español con anterioridad a la fecha efectiva de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social –1987, en el caso de los adventistas, y 1999, en el de los evangélicos– tendrán la posibilidad de recuperar ese tiempo como cotizado “a efectos de su acceso a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente o muerte y supervivencia”, informa el Ministerio.

El real decreto regula los términos para la acreditación de la condición de ministro de culto y del tiempo de desempeño de su actividad, así como la determinación y condiciones de ingreso del capital coste que el interesado tendrá que hacer efectivo. “Sus efectos económicos son a partir del 1 de enero de 2015”, precisa el Ministerio.

El cobro de las pensiones de septiembre vuelve a situar el calendario bancario entre las principales referencias para quienes reciben esta prestación. Para muchos hogares, conocer con cierta antelación cuándo llegará el ingreso permite organizar los gastos de las últimas semanas del mes, desde recibos pendientes hasta compras habituales relacionadas con la recuperación de la rutina después del verano.

El sistema ordinario establece que las pensiones se pagan a mes vencido. Esto significa que la mensualidad correspondiente a septiembre debería abonarse entre el primer día hábil y el cuarto día natural de octubre. Ese es el margen general previsto, aunque en la práctica una parte importante de los pensionistas no tendrá que esperar hasta entonces para disponer del dinero.

La razón está en la política que aplican numerosas entidades financieras, que acostumbran a anticipar el ingreso a sus clientes antes de que termine el propio mes. Como este adelanto no se produce de manera simultánea en todos los bancos, la pensión de septiembre llegará en distintas jornadas en función de dónde esté domiciliada. Las previsiones disponibles concentran la mayor parte de los pagos entre el 22 y el 25 de septiembre.

Cuándo paga cada banco la pensión en septiembre

El calendario previsto para septiembre de 2026 comienza el martes 22, cuando Bankinter y Unicaja tienen previsto efectuar el ingreso. Sus clientes se situarían así entre los primeros en disponer de la mensualidad, varios días antes de que finalice septiembre y también con antelación respecto al periodo ordinario establecido para los primeros días de octubre.

La siguiente fecha destacada será el jueves 24 de septiembre. CaixaBank y Banco Santander sitúan en esa jornada el pago previsto para sus clientes, por lo que quienes tengan domiciliada la pensión en alguna de estas entidades podrían encontrar el movimiento reflejado en sus cuentas a partir de ese día.

El viernes 25 concentrará buena parte del resto de los abonos. BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Cajamar, Kutxabank y ABANCA, entre otras entidades, manejan esa fecha como referencia. De esta manera, la mayoría de los pensionistas que reciben un adelanto bancario cobraría entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre.

Estas jornadas deben entenderse como previsiones y pueden registrar pequeñas variaciones por cuestiones relacionadas con la operativa de cada banco. Además, el adelanto aplicado por las entidades no modifica el funcionamiento general de las pensiones, que continúan abonándose a mes vencido. La diferencia es que determinados clientes pueden disponer del importe antes de que llegue el periodo ordinario comprendido entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente.

Qué revisar si la pensión no llega a la cuenta

Que la mensualidad no aparezca en la fecha esperada no significa automáticamente que exista un problema con la prestación. Antes de iniciar cualquier gestión, conviene comprobar qué jornada ha establecido la propia entidad financiera, ya que cada banco puede aplicar un calendario diferente. El hecho de que otros pensionistas ya hayan cobrado tampoco implica necesariamente que todos los ingresos deban haberse realizado al mismo tiempo.

Si la fecha prevista por el banco ya ha pasado y el dinero continúa sin aparecer, la primera consulta puede hacerse directamente con la entidad. Esta puede comprobar si la transferencia todavía está pendiente de contabilización, si ha surgido algún retraso puntual en el procesamiento o si existe una incidencia relacionada con la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando se han producido cambios recientes en la domiciliación o se han modificado los datos bancarios.

Cuando el banco no detecta ningún problema que explique la ausencia del ingreso, la comprobación puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención se puede consultar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si la información asociada al expediente se encuentra actualizada. Para facilitar la gestión, conviene disponer de los datos personales, la cuenta en la que debe recibirse la pensión y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También resulta recomendable revisar si existe algún aviso administrativo pendiente o alguna modificación que todavía no haya terminado de tramitarse. En cualquier caso, es importante diferenciar entre un retraso en el adelanto ofrecido voluntariamente por el banco y una incidencia real con la mensualidad. Ambos calendarios son distintos, por lo que no recibir el dinero en una de las fechas anticipadas no significa por sí solo que la pensión no vaya a abonarse dentro del plazo correspondiente.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

El cobro de las pensiones de septiembre vuelve a situar el calendario bancario entre las principales referencias para quienes reciben esta prestación. Para muchos hogares, conocer con cierta antelación cuándo llegará el ingreso permite organizar los gastos de las últimas semanas del mes, desde recibos pendientes hasta compras habituales relacionadas con la recuperación de la rutina después del verano.

El sistema ordinario establece que las pensiones se pagan a mes vencido. Esto significa que la mensualidad correspondiente a septiembre debería abonarse entre el primer día hábil y el cuarto día natural de octubre. Ese es el margen general previsto, aunque en la práctica una parte importante de los pensionistas no tendrá que esperar hasta entonces para disponer del dinero.

La razón está en la política que aplican numerosas entidades financieras, que acostumbran a anticipar el ingreso a sus clientes antes de que termine el propio mes. Como este adelanto no se produce de manera simultánea en todos los bancos, la pensión de septiembre llegará en distintas jornadas en función de dónde esté domiciliada. Las previsiones disponibles concentran la mayor parte de los pagos entre el 22 y el 25 de septiembre.

Cuándo paga cada banco la pensión en septiembre

El calendario previsto para septiembre de 2026 comienza el martes 22, cuando Bankinter y Unicaja tienen previsto efectuar el ingreso. Sus clientes se situarían así entre los primeros en disponer de la mensualidad, varios días antes de que finalice septiembre y también con antelación respecto al periodo ordinario establecido para los primeros días de octubre.

La siguiente fecha destacada será el jueves 24 de septiembre. CaixaBank y Banco Santander sitúan en esa jornada el pago previsto para sus clientes, por lo que quienes tengan domiciliada la pensión en alguna de estas entidades podrían encontrar el movimiento reflejado en sus cuentas a partir de ese día.

El viernes 25 concentrará buena parte del resto de los abonos. BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Cajamar, Kutxabank y ABANCA, entre otras entidades, manejan esa fecha como referencia. De esta manera, la mayoría de los pensionistas que reciben un adelanto bancario cobraría entre el martes 22 y el viernes 25 de septiembre.

Estas jornadas deben entenderse como previsiones y pueden registrar pequeñas variaciones por cuestiones relacionadas con la operativa de cada banco. Además, el adelanto aplicado por las entidades no modifica el funcionamiento general de las pensiones, que continúan abonándose a mes vencido. La diferencia es que determinados clientes pueden disponer del importe antes de que llegue el periodo ordinario comprendido entre el primer día hábil y el cuarto día natural del mes siguiente.

Qué revisar si la pensión no llega a la cuenta

Que la mensualidad no aparezca en la fecha esperada no significa automáticamente que exista un problema con la prestación. Antes de iniciar cualquier gestión, conviene comprobar qué jornada ha establecido la propia entidad financiera, ya que cada banco puede aplicar un calendario diferente. El hecho de que otros pensionistas ya hayan cobrado tampoco implica necesariamente que todos los ingresos deban haberse realizado al mismo tiempo.

Si la fecha prevista por el banco ya ha pasado y el dinero continúa sin aparecer, la primera consulta puede hacerse directamente con la entidad. Esta puede comprobar si la transferencia todavía está pendiente de contabilización, si ha surgido algún retraso puntual en el procesamiento o si existe una incidencia relacionada con la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando se han producido cambios recientes en la domiciliación o se han modificado los datos bancarios.

Cuando el banco no detecta ningún problema que explique la ausencia del ingreso, la comprobación puede trasladarse a la Seguridad Social. A través de sus canales de atención se puede consultar si la orden de pago se ha emitido correctamente y si la información asociada al expediente se encuentra actualizada. Para facilitar la gestión, conviene disponer de los datos personales, la cuenta en la que debe recibirse la pensión y cualquier comunicación reciente relacionada con la prestación.

También resulta recomendable revisar si existe algún aviso administrativo pendiente o alguna modificación que todavía no haya terminado de tramitarse. En cualquier caso, es importante diferenciar entre un retraso en el adelanto ofrecido voluntariamente por el banco y una incidencia real con la mensualidad. Ambos calendarios son distintos, por lo que no recibir el dinero en una de las fechas anticipadas no significa por sí solo que la pensión no vaya a abonarse dentro del plazo correspondiente.

Guardar las nóminas durante años puede convertirse en una precaución importante de cara a la jubilación. Estos documentos permiten comprobar el salario percibido y las bases por las que se ha cotizado y pueden servir como respaldo si, al revisar el historial laboral, aparecen diferencias respecto a la información registrada por la Seguridad Social. Como medida práctica, se recomienda conservarlas durante al menos 10 años, aunque mantenerlas durante más tiempo puede resultar conveniente teniendo en cuenta los periodos utilizados para calcular la futura pensión.

La razón está en la información que contiene cada recibo salarial. Además del importe que finalmente recibe el trabajador, la nómina desglosa conceptos como el salario bruto y las bases de cotización. Comparar periódicamente esos datos con el informe de bases de cotización permite detectar posibles discrepancias antes de que hayan pasado años y estas puedan terminar repercutiendo en una prestación.

La legislación, sin embargo, no establece que el trabajador tenga que guardar sus nóminas durante un número determinado de años. El artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores obliga a que el salario se liquide y pague documentalmente y establece que la empresa debe entregar un recibo individual que justifique ese pago, con las percepciones y deducciones correspondientes. No impone al empleado un periodo concreto durante el que deba conservarlo.

Los plazos legales que sí hay que tener en cuenta

Existen, no obstante, distintos plazos que explican por qué conviene no desprenderse rápidamente de esta documentación. Para reclamar cantidades económicas derivadas de la relación laboral, el artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores establece un plazo de un año, que comienza a contar desde el momento en que la acción puede ejercitarse. Una nómina puede ser relevante, por ejemplo, para acreditar cantidades que el trabajador considere pendientes.

En materia de Seguridad Social, el horizonte es distinto. El artículo 24 de la Ley General de la Seguridad Social determina que prescriben a los cuatro años tanto el derecho de la Administración para determinar deudas por cuotas como la acción para exigir su pago y para imponer sanciones por incumplimientos de las normas de Seguridad Social. El mismo precepto contempla además circunstancias que interrumpen esa prescripción, entre ellas determinadas actuaciones administrativas dirigidas a liquidar o recaudar la deuda.

También existe una obligación específica para las empresas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera infracción leve no conservar durante cuatro años la documentación que acredita determinadas obligaciones en materia de Seguridad Social, incluidos los documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de salarios. Ese plazo empresarial, sin embargo, no debe confundirse con una obligación equivalente para el empleado.

Por qué la jubilación amplía el horizonte

La jubilación explica por qué puede resultar conveniente mantener un archivo personal durante mucho más tiempo. La Ley General de la Seguridad Social contempla una implantación gradual de la nueva fórmula para calcular la base reguladora. Desde el 1 de enero de 2026, se toman las 302 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Este periodo irá aumentando progresivamente hasta que, desde 2037, se aplique íntegramente la fórmula que selecciona 348 meses consecutivos (29 años) y escoge las 324 bases de mayor importe.

Además, para las jubilaciones causadas después del 31 de diciembre de 2025 y antes del 31 de diciembre de 2040, la entidad gestora aplicará la regulación vigente el 1 de enero de 2023 cuando ese cálculo resulte más favorable que el correspondiente en la fecha de jubilación. Por eso, los 10 años deben entenderse como una recomendación práctica y no como un plazo impuesto al trabajador por la legislación: conservar documentación de periodos anteriores puede proporcionar respaldo si posteriormente se detectan diferencias entre los datos salariales y las bases de cotización registradas.

El nuevo régimen jurídico de la jubilación flexible -que permite compatibilizar trabajo y pensión- entra en vigor este viernes con nuevos complementos para los que se acojan y abriendo esta opción para el trabajo autónomo, entre otros cambios.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de mayo el real decreto con el régimen jurídico de la jubilación flexible y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos días después, el 28, por lo que los cambios entran en vigor este viernes, tres meses después.

Gobierno y agentes sociales se comprometieron en la reforma de 2021 a revisar las condiciones de esta opción, minoritaria en España, que permite volver al mercado laboral tras haberse jubilado, compaginando el cobro de la pensión con un empleo a tiempo parcial.

El objetivo es hacer más atractiva esta opción que apenas se usa en España, ya que aquellos que voluntariamente quieren alargar la vida laboral prefieren otras modalidades como la jubilación demorada o la activa.

Entre las novedades, la norma establece que podrán acogerse a la jubilación flexible todas aquellas personas que quieran desarrollar una actividad por cuenta propia como autónomos.

Hasta ahora, esta modalidad de jubilación solo permitía el trabajo por cuenta ajena como asalariado a tiempo parcial, mientras que ahora también se podrá ser autónomo, siempre que no se haya estado dado de alta en este régimen en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.

Otro de los cambios que entran en vigor es que no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible, con lo que se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

Nueva horquilla y complementos

Además, los pensionistas que compatibilicen la jubilación con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial tendrán una horquilla para trabajar de entre el 33 y el 80% de la jornada, cuando hasta ahora era de entre el 25 y el 75%.

La cuantía de la pensión se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

También como novedad, y para incentivar el retorno al mercado de trabajo cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

De esta forma, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80% incrementarán el importe de la pensión en un 25% adicional, mientras que las que estén entre el 33 y el 55 % sumarán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta el 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

La nueva regulación se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que el objetivo de estos cambios es que los trabajadores “tengan más y mejores opciones a la hora de jubilarse o compatibilizar empleo y pensión”.

La norma no tiene efectos retroactivos, es decir, que las jubilaciones flexibles iniciadas antes del 28 de agosto seguirán rigiéndose por la normativa anterior.

El canciller alemán, Friedrich Merz, reafirmó este miércoles la intención del Gobierno de coalición de suprimir la prejubilación a los 63 años sin sufrir reducciones para quienes hayan cotizado 45 años, pese a las protestas de tres primeros ministros del este del país.

“La cuestión de la jubilación anticipada ya la hemos abordado en el comité de coalición, y estamos de acuerdo en que debemos eliminar todos los incentivos para la jubilación anticipada, y así debe seguir siendo. Este es uno de los elementos centrales de la reforma” de pensiones en cuyo desarrollo trabaja ahora el Gobierno, dijo Merz en una rueda de prensa tras la tradicional reunión de verano del Ejecutivo formado por conservadores y socialdemócratas.

La edad oficial de jubilación en Alemania es a los 67 años para los nacidos en 1964 o después, mientras que los nacidos antes se pueden jubilar entre los 65 y 66 años.

En junio pasado una comisión de expertos entregó al Gobierno una propuesta de reforma del sistema de pensiones que consiste en 33 medidas, que deben ser aplicadas en su conjunto para ser eficaces y que incluyen, entre otros elementos, un aumento de la edad de jubilación hasta los 70 años para finales de siglo.

En Alemania tras 45 años de cotización, en principio una persona puede jubilarse antes, en lo que ha venido a denominarse “pensión a los 63”, porque todas las personas nacidas antes de 1953 podían jubilarse a esta edad sin sufrir reducciones en la pensión.

Dado que la edad de jubilación se está elevando progresivamente, también aumenta la edad de acceso a esta modalidad de jubilación en función del año de nacimiento.

Tres líderes regionales de la CDU protestan

Los tres primeros ministros de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, en los estados del este de Alemania, Sven Schulze (Sajonia-Anhalt), Michael Kretschmer (Sajonia) y Mario Voigt (Turingia), se habían pronunciado conjuntamente contra la eliminación de la “pensión a los 63”.

La iniciativa habría partido de Schulze, cuyo estado federado celebra elecciones dentro de algo más de una semana. También Manuela Schwesig, la primera ministra socialdemócrata de Mecklemburgo-Antepomerania, donde habrá comicios el 20 de septiembre, comparte esta postura.

“Quiero subrayar expresamente que esto no es una cuestión entre el este y el oeste. También en el oeste hay un número de asegurados que no cuentan con otra previsión para la jubilación aparte del sistema público de pensiones. La proporción es algo menor que en el este, pero también existe en el oeste. Si se producen casos excepcionales, los tendremos debidamente en cuenta”, señaló Merz.

“Pero la tendencia hacia la jubilación anticipada en una sociedad cada vez más envejecida debe detenerse. Y en eso estamos de acuerdo dentro de la coalición”, insistió.

El canciller dijo partir de la base de que podrá convencer a los primeros ministros que protestaron por la medida “de que sigan este camino, porque este camino redunda también, y muy especialmente, en interés de los estados federados, y no en último lugar de los 'Länder' del este, que tienen un potencial de mano de obra aún menor que muchos Länder del oeste”, recalcó.

La pensión media de jubilación alcanza en agosto en Cantabria los 1.661,07, lo que supone un 4,14% más que en el mismo mes de 2025 y 86,14 euros más que la media nacional, que es de 1.574,93, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el octavo mes del año, Cantabria se mantiene como la quinta comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.909,25), Asturias (1.838,87), Madrid (1.797,60) y Navarra (1.758,2).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en el presente mes de agosto en 1.442,82 euros, un 4,34% más anual.

Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.684,28), Madrid (1.583,98), Asturias (1.580), Navarra (1.566,92) y Aragón (1.449,76).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 150.548, el 1,43% del total del país y un 1,3% más que hace un año, y de ellas, 95.633 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.305,89 euros al mes y de las que hay 14.187 beneficiarios en la región.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúan la de viudedad, con una media de 1.029,06 euros y un número de 34.779 perceptores.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 911,46 euros y 1.393 beneficiarios; y la de orfandad, con 608,86 euros mensuales y que suman 4.556 pensiones.

La subida nacional alcanza el 2,7%

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.626 millones de euros, un 6,7% más que en agosto de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,6 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.331,4 millones (+6,3%); a la de orfandad se destinaron 185,7 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,7 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.535.869 pensiones, un 1,5% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, un 1,5% más.