Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.

“Estamos radicalmente en contra de esa nueva norma: está creada para que los inspectores de Educación puedan mantenerse en el cargo”. Así de rotunda se ha mostrado este miércoles Conchi López, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria, para valorar la nueva posibilidad de retrasar la jubilación hasta los 70 años para los docentes cántabros.

La medida, anunciada este martes por el Gobierno de Cantabria e incorporada al proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas, que acompaña a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026, “favorece a cuatro o cinco inspectores, sobre todo inspectores jefe de Educación”, ha denunciado la líder sindical, que ha alertado del sentido de la norma: “Es cuestionable cambiar una norma solo para favorecer a una minoría”, ha advertido en una rueda de prensa en el sindicato.

Según los cálculos de la secretaria general de la Federación de Enseñanza, “a pie de aula, puede haber 45”, de más de 8.000 docentes en Cantabria, que estén alrededor de los 65 años, “y que puedan decidir continuar” trabajando hasta los 70 años. “No se va a aplicar a muchísima gente”. Y si algún docente quiere ampliar su tiempo en el servicio activo, “depende de que el Servicio de Inspección lo autorice”. 

Mientras el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), consideró este martes que la norma “fortalece la profesión docente”, que era “imposible legalmente” para los docentes de Cantabria, la sindicalista ha cuestionado el efecto “tapón” que va a generar la posibilidad de permanencia ante las nuevas generaciones de docentes que se vayan incorporando a la profesión. “Atiende a un interés particular, pero la gente joven tiene que tener derecho a acceder al mercado de trabajo, pero lo grave de esto es que no es una necesidad general”, ha subrayado.

Actualmente, ha señalado Conchi López, “solo excepcionalmente si alguien no llega (a los 15 años cotizados exigidos para cobrar una pensión contributiva), les dejan ampliar a 67 años”. En su opinión, la medida “es una gotita más de cómo se está gestionando la Consejería de Educación, especialmente en los últimos tres años”.

La pensión media por jubilación se situó en Asturias en marzo en 1.835,89 euros, el segundo mayor importe entre las comunidades autónomas tras el País Vasco, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión por jubilación, que en la comunidad perciben 187.922 personas, es un 17,1% superior a la media nacional, que ascendió a 1.568,46 euros.

La tercera más alta del país

La pensión media en Asturias -incluidas las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares- ascendió a 1.575,83 euros, un 3,72 % más que hace un año.

La pensión media asturiana, que es un 15,24 % superior a la media de España (1.367,38 euros), es la tercera más alta de entre las comunidades autónomas, por detrás del País Vasco y Madrid.

Por tipo de pensiones

El número total de pensiones en Asturias ascendió en marzo a 303.051, un 0,43 % más que hace un año.

Por tipo de pensiones en Asturias, además de la de jubilación, la de viudedad se situó en una media de 1.110,67 euros, con 75.746 beneficiarios, y la de orfandad, en 665,44 euros, con 8.630 beneficiarios.

La pensión de incapacidad permanente, que en Asturias cuenta con 28.701 beneficiarios, fue de 1.409,68 euros, y la de favor de familiares, con 2.052 pensionistas, de 1.082,91 euros.

La revalorización

En todo el país, la Seguridad Social ha abonado este mes 10,46 millones de pensiones a 9,5 millones de pensionistas, lo que ha supuesto un desembolso de 14.307,7 millones de euros, un 6,04 % más que en marzo de 2025-, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Seguridad Social.

Este incremento recoge la revalorización de las pensiones aprobada para este año, con una subida del 2,7 % con carácter general, tasa que asciende al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas.

La pensión media

Del total de la nómina, 10.474,4 millones de euros van destinados a las pensiones para los jubilados, 2.280,4 millones para la pensión por viudedad, 1.329,8 millones para las incapacidades permanentes, 184,7 millones para la orfandad y 38,3 millones para las prestaciones en favor de familiares.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de los pensionistas (6,7 millones de personas), se sitúa en 1.568,5 euros mensuales, un 4,4 % más que el mismo mes del año pasado.

Por regímenes

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.728,7 euros mensuales, mientras que la del régimen especial de trabajadores autónomos es de 1.057,6 euros.

Además, en el régimen de la minería del carbón fue de 2.997,6 euros mensuales y en el régimen del mar fue de 1.733,4 euros.

La pensión media de viudedad alcanzó los 973,4 euros mensuales.

La brecha de género

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.726,3 euros de media, siendo superior la del régimen general, que se situó en 1.856,15 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de febrero.

En marzo, 1.413.697 pensiones reciben el complemento para reducir la brecha de género, de las cuales el 76,4 % son mujeres (1.079.933) con un complemento medio de 76,95 euros al mes.

Complemento por hijos

El 24,1 % de los beneficiarios tiene un hijo, el 49,7 % dos hijos, el 17,8 % tres y el 8,4 % cuatro, con un complemento de 36,9 euros mensuales por hijo, tras la revalorización de este año, que se solicita al pedir la pensión.

Además, la nómina de las pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.765,4 millones de euros en febrero (último dato disponible), un 5,9 % más, al abonarse 738.008 prestaciones, un 2 % más, a 718.105 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. 

El Ministerio de la Seguridad Social ya ha dictado una resolución para dar marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021, como ha podido comprobar elDiario.es. Entre los elementos más importantes para los afectados, la Seguridad Social apunta que esta corrección tiene efectos retroactivos desde el “1 de enero”. Además se hará de oficio, sin que los pensionistas tengan que solicitarlo, responden fuentes del organismo.

La Seguridad Social ha difundido una nota informativa interna –a la que ha accedido este medio– en la que se hace eco de la resolución del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, del martes 24 de marzo, para corregir esta situación.

El documento recoge además que, a través de un oficio de ayer, 25 de marzo, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha certificado que se deben volver a aplicar las penalizaciones por jubilación anticipada voluntaria pactadas con los sindicatos y la patronal en la reforma de pensiones de 2021, que se desarrolló en la Disposición Transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social.

El conflicto sobre las penalizaciones “de golpe”

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público ha estado aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denunciaba Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se plantaron ante la Seguridad Social por este nuevo criterio. Se negaron a negociar cualquier otra cuestión con el Ministerio de Elma Saiz hasta que corrigiera esta interpretación –que consideraban que incumplía lo pactado en 2021– y hasta que desbloquee también la jubilación parcial de los empleados públicos.

Finalmente, tras un análisis de los servicios jurídicos de la Seguridad Social que considera que el recorte de golpe es “un perjuicio para los potenciales beneficiarios”, este 24 de marzo, el secretario de Estado ha dictado la resolución para retomar los coeficientes progresivos, con el consiguiente oficio de la Dirección de Ordenación.

CCOO y UGT han valorado positivamente la rectificación del Ministerio en un comunicado conjunto y esperan que “en breve se resuelva también la plena aplicación y el ejercicio efectivo del derecho a la jubilación parcial, en los términos acordados en 2024, con la mejora de regulación para las personas jubiladas parciales y la mejora de la calidad del empleo de las personas que entran como relevistas, para las y los empleados públicos”. Tanto el personal laboral, como “la extensión al personal funcionario y estatutario”, añaden las organizaciones de trabajadores.

Solución para las pensiones ya concedidas desde el 1 de enero

Además, la nota informativa destaca que la resolución del secretario de Estado “tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026”, es decir, que alcanza también a las pensiones ya reconocidas en lo que va de año a las que habían aplicado un mayor recorte en su cuantía. “La Subdirección General de Gestión de Prestaciones emitirá las correspondientes instrucciones sobre cómo proceder en estos casos”, añade la nota.

Según fuentes del Ministerio de la Seguridad Social, este ajuste en la pensión –que supondrá un aumento de las cuantías para los afectados– “se hará de forma automática desde el INSS”, sin que los pensionistas tengan que “solicitarlo”. “Tardará pocos días en ser efectivo este cambio en el simulador”, añaden a este medio desde el Ministerio de Elma Saiz.

A medida que se van acercando las fechas de la Declaración de la Renta de 2025, los pensionistas deben prestar atención a cómo se integran sus ingresos en el IRPF y cuáles serán sus obligaciones fiscales. Las pensiones de jubilación, al igual que los sueldos o las prestaciones por desempleo, se consideran rendimientos del trabajo, por lo que estarán sujetas a tributación y, en muchos casos, a retenciones mensuales. Conocer los límites de exención, las retenciones aplicables y las posibles excepciones legales resultará fundamental para planificar la declaración y evitar errores que puedan derivar en ajustes o sanciones.

Además de la cuantía percibida, existen factores como el número de pagadores, la situación familiar o la residencia en el extranjero que pueden influir en la obligación de declarar y en la cantidad de impuesto a pagar. Algunas pensiones, por su naturaleza especial o por circunstancias personales, estarán exentas de tributación, mientras que otras se incluirán íntegramente en la base imponible. Esta combinación de criterios hace que la declaración de la renta para pensionistas requiera atención y planificación, con el objetivo de garantizar que los ingresos se reflejen correctamente y que se cumpla la normativa vigente sin contratiempos.

Cómo declarar las pensiones de jubilación

Todas las pensiones contributivas de jubilación se consideran rendimientos del trabajo y, por lo tanto, deben incluirse en la Declaración de la Renta, salvo las excepciones específicas previstas por la normativa. Esto incluye tanto la pensión principal como cualquier complemento derivado de incapacidad o situaciones especiales. Por otro lado, las pensiones no contributivas, que cumplen con criterios de necesidad y cuantías limitadas, no generan obligación de presentar la declaración.

La obligación de declarar depende del importe percibido y del número de pagadores. Un pensionista con un único ingreso anual inferior a 22.000 euros generalmente no está obligado a presentar la declaración. Sin embargo, si se reciben ingresos de más de un pagador, el límite desciende a 15.876 euros anuales, siempre que la suma de las pensiones del segundo y siguientes pagadores supere los 1.500 euros en conjunto. De esta forma, se establece un equilibrio que evita que quienes perciben cantidades reducidas tengan que presentar la declaración, al tiempo que asegura que se incluyan todas las rentas relevantes.

En términos prácticos, los pensionistas que perciben ingresos del extranjero también deben tener en cuenta las normas aplicables a la doble imposición, ya que en algunos casos la pensión puede tributar en el país de residencia y no en España, dependiendo de los convenios bilaterales vigentes. Esto garantiza que los ingresos se gravan en la jurisdicción correcta sin que se genere un pago duplicado del impuesto.

Cuánto tributan las pensiones en la declaración

El porcentaje de retención aplicado a cada pensión varía en función del importe total anual, la comunidad autónoma y la situación familiar. Existen retenciones mínimas orientativas que se aplican según tramos de ingresos: pensiones de hasta 12.000 euros al año están sujetas a un 1 % de retención; las comprendidas entre 12.001 y 18.000 euros, al 2,61 %; las que van de 18.001 a 24.000 euros, al 8,69 %; las de 24.001 a 30.000 euros, al 11,83 %; y las superiores a 30.000 euros, al 15,59 %.

Estos porcentajes son orientativos y pueden variar en función de las deducciones personales y familiares aplicables a cada pensionista. Para conocer el cálculo exacto de la retención, se recomienda utilizar la herramienta oficial de la Agencia Tributaria, que permite estimar el porcentaje que se aplicará cada mes sobre la pensión. De esta manera, se evita cualquier sorpresa en la declaración anual, ya que los importes descontados durante el año se consideran adelantos del IRPF.

Cuándo están exentos de declarar los pensionistas

No todas las pensiones de jubilación están sujetas al IRPF. Existen casos concretos en los que los pensionistas quedan exentos de presentar la declaración o de tributar por los ingresos percibidos. Entre estas situaciones se incluyen pensiones derivadas de actos de terrorismo, en las que se incluyen prestaciones de viudedad, que se consideran ingresos totalmente libres de tributación.

También están exentas las pensiones concedidas en favor de familiares concedidas por la Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos de dependencia económica y convivencia con la persona fallecida. Este beneficio fiscal se aplica, en particular, cuando la pensión deriva de actos terroristas o cuando el fallecido tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. Además, las prestaciones a favor de familiares menores de 22 años también quedan libres de tributación.

Las pensiones derivadas de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez son otro caso de exención parcial o total. La primera se concede cuando el trabajador no puede desempeñar ninguna actividad laboral, mientras que la segunda se aplica cuando la persona necesita asistencia de otra para realizar actos esenciales de la vida diaria. En estos casos, la exención alcanza hasta la cuantía máxima reconocida por la Seguridad Social, y cualquier exceso se considera rendimiento del trabajo y tributa como tal. Cabe destacar que estas pensiones pueden transformarse en pensiones de jubilación al cumplir 65 años, manteniendo la exención del IRPF.

Finalmente, las pensiones de orfandad también se encuentran exentas de tributación. Estas prestaciones económicas se destinan a los descendientes de personas fallecidas y, en algunos casos, a los aportados por el cónyuge del fallecido, garantizando que los beneficiarios reciban apoyo económico sin que ello suponga un incremento de su carga fiscal.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

Ya hay fecha para hacer efectiva la marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021. Como adelantó elDiario.es, el Ministerio de Elma Saiz decidió revertir este criterio tras las quejas de sindicatos, con el apoyo de la patronal, aunque hasta el momento no había aclarado cuándo estaría en vigor. Fuentes del Ministerio responden a este medio que trabajan para que esté listo este mes de marzo.

“Estamos terminando el análisis jurídico sobre este asunto y esperamos que esté resuelto lo antes posible”, afirman en la Seguridad Social. “Nuestra intención es que esté en este mismo mes”, indican a preguntas de este medio.

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público está aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denuncia Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Fuentes sindicales esperan también que el nuevo criterio de la Seguridad Social esté listo de manera inminente, antes de que termine marzo. CCOO y UGT exigieron al Ministerio de Elma Saiz que solucionara esta cuestión, además del desbloqueo de la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando cualquier otra cuestión en la mesa de diálogo de la Seguridad Social.

Un nuevo criterio para volver a aplicar los recortes progresivos

La solución por el momento se concretará en un nuevo criterio interno de la Seguridad Social que corrija la instrucción previa que se está aplicando en estos momentos, explican fuentes del diálogo social. Es decir, no tiene que pasar por el Parlamento y puede aplicarse de manera inmediata una vez se dicte.

El foco del conflicto es la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, estas penalizaciones. Sin embargo, se incluyó un 'pero'.

En el apartado uno se contempló —en un artículo de difícil comprensión— que estos coeficientes “solo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

La Seguridad Social había interpretado que esta condición ya se había superado. Es decir, que la pensión máxima ya era en todo caso superior a la de 2021, debido a su aumento en los últimos años de elevada inflación. Ahora, el organismo público trabaja en la argumentación jurídica para justificar que se vuelva a aplicar el recorte progresivo.

Quejas por la “incertidumbre” y las pensiones ya recortadas

Varios trabajadores y pensionistas afectados por esta situación han denunciado a elDiario.es la gran “incertidumbre” y la “ansiedad” que están viviendo en relación a la cuantía de sus pensiones. “Que es para siempre”, subraya Íñigo Pastor.

Primero, por un cambio de criterio sin apenas antelación ni comunicación a los afectados por parte de a Seguridad Social, que supone diferencias sustanciales en las cuantías de las prestaciones. Y, después, una vez el Ministerio afirmó a este medio que daba marcha atrás en este recorte de golpe, por la falta de respuestas en este sentido en las oficinas y otros canales de información de la Seguridad Social, donde han seguido diciendo a los afectados que las penalizaciones progresivas ya no son de aplicación.

“La opacidad no puede ser una política pública. Quienes cumplimos los requisitos legales para una jubilación anticipada voluntaria tenemos derecho a que una decisión del tal calado como el cese de la vida laboral pueda tomarse con confianza basada en información veraz y transparente del órgano gestor, tal y como marca la ley y nuestra Constitución”, dice Juan (nombre ficticio), en una queja presentada a la Seguridad Social.

Varios afectados están demorando la jubilación unos meses, hasta que se solucione esta situación. En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando por el momento aplazar las citas con la Seguridad Social hasta que se aclare este aspecto.

Pero hay algunas personas que no han tenido opción —o suficiente información— y se han jubilado desde el 1 de enero con este mayor recorte en su pensión. Por ejemplo, es el caso de las personas que tenían salidas pactadas en procesos de ERE y prejubilaciones, explica Íñigo Pastor, como algunos de sus compañeros, que tenían que jubilarse cuando cumplieran los 63 años de manera obligada.

Para estas personas que ya se han jubilado durante este primer trimestre, fuentes sindicales indican que han exigido al Ministerio “que puedan revisar la cuantía de su pensión”, algo sobre lo que son optimistas. Eso sí, por el momento no saben qué solución dará el departamento de Saiz: si una revisión de oficio de la Seguridad Social de las pensiones aprobadas en este lapso de tiempo o si las personas afectadas tendrán que pedir de manera proactiva que se les revise su prestación.

Una de las conversaciones más recurrentes entre los trabajadores y trabajadoras en España, sobre todo cuando acumulan años de experiencia y de cotización a la Seguridad Social, es la fecha definitiva de una posible jubilación y los detalles económicos de la pensión que les corresponderá cuando pongan fin a su carrera laboral legalmente. Las circunstancias particulares de cada profesional y los diferentes avatares a lo largo del tiempo complican mucho la comparación entre unas personas y otras, pero esos matices y dudas son los que ahora pueden resolverse a golpe de clic.

Y es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, organismo responsable de estas gestiones, ha puesto en servicio a través de su página web una herramienta online mediante la cual se puede conocer de forma rápida y sencilla, en unos pocos minutos, el importe aproximado de la futura pensión de jubilación que corresponde y el plazo estimado para alcanzarlo. Así, siguiendo los pasos indicados por esta calculadora de la Seguridad Social, se puede simular la pensión de jubilación y conocer todos los detalles al respecto.

Identificación

El primer paso que debe seguir cualquier persona que quiera hacer esta simulación es acudir a la página web oficial habilitada por la Seguridad Social como entidad responsable de estas gestiones. A partir de ahí, es necesario elegir entre la posibilidad de identificarse digitalmente —con Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil, certificado digital, DNI electrónico o identificación vía SMS— o acceder sin identificarse al servicio alternativo de cálculo de la jubilación ordinaria, incorporando directamente los datos necesarios, lo que hace algo más complejo el proceso.

En esta segunda opción es importante tener en cuenta que, a través de esta herramienta de 'Autocálculo', se puede conocer la fecha de jubilación ordinaria y obtener la cuantía de su pensión de jubilación, pero se trata de una aplicación en la que no se realiza conexión con otras aplicaciones de la Seguridad Social, por lo que el resultado obtenido será consecuencia de los datos sobre la edad, el tiempo cotizado y las bases de cotización que se cumplimenten y la pensión calculada tiene carácter meramente informativo, por lo que no genera derechos ni expectativas a su favor ni a favor de terceros.

Situaciones personales a tener en cuenta 

Respecto al simulador de jubilación, que sí cruza los datos personales del usuario con los registros de la Seguridad Social que son fundamentales para obtener los cálculos, ofrece un resultado más exacto y permite responder a preguntas como la edad en la que podrá jubilarse, a cuánto ascenderá la pensión económica, cuánto puede variar su cuantía en función de si adelanta o retrasa su retiro laboral, teniendo en cuenta siempre tanto los datos disponibles en cada momento como los que introduzca manualmente la persona que realiza la consulta.

Según señala el Ministerio de Seguridad Social en su propia página web, esta herramienta utiliza la información de cada ciudadano. De esta manera, es capaz de ofrecer un cálculo de la prestación de jubilación que correspondería. “Para ello, proyecta la situación actual de cada uno hasta la fecha de su jubilación ordinaria. Es decir, utiliza la información disponible y completa el tiempo que queda hasta la edad ordinaria de jubilación como si el trabajador mantuviese las condiciones que tiene en el momento de hacer la consulta, aunque permite modificar este último punto”, subraya este organismo oficial.

Además de permitir conocer las posibles fechas de jubilación, calcula la previsión de sus respectivas cuantías y muestra detalles completos del cálculo de la simulación de la pensión, incluyen las variables que se pueden producir derivadas de situaciones personales que se pueden modificar, como el hecho de tener hijos biológicos o adoptados y menores acogidos, haber solicitado el complemento para la reducción de la brecha de género, tener reconocida alguna discapacidad, haber realizado trabajos que permitan anticipar la jubilación, haber trabajado en el extranjero o tener la intención de trabajar después de la jubilación, por ejemplo.

Simulador de jubilación

Una vez tenidas en cuenta todas las circunstancias previas señaladas, el simulador de jubilación permite acceder sin identificación personal, haciendo un 'autocálculo' para el que será necesario introducir en un formulario diferentes datos personales como el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento y el tiempo de cotización en el momento de la consulta, así como las opciones de cotización y la legislación que afecta al usuario interesado.

Este método es bastante más complejo y requerirá también datos sobre las bases de cotización, cotizaciones pasadas y futuras, lo que dificulta obtener un resultado preciso si el usuario no cuenta con todos esos detalles de su vida laboral.

En cuanto al simulador de pensión de jubilación a través de identificación electrónica, el proceso es mucho más sencillo para el usuario, que no deberá aportar prácticamente ninguna información adicional. Utilizando la Cl@ve Permanente, la Cl@ve Móvil, el certificado digital, el DNI electrónico o la identificación vía SMS, un trámite habitual en la relación entre los ciudadanos con la Administración pública en España, ya se puede acceder de forma inmediata al resultado.

De esta forma, se puede saber tanto los días cotizados a la fecha de la consulta como los días que restan por cotizar hasta la fecha estimada de jubilación, la fecha exacta de la jubilación en las condiciones actuales del trabajador o trabajadora y la pensión inicial sin impuestos ni descuentos que cobrará a partir del momento en el que ponga fin a su vida laboral. Adicionalmente, este simulador ofrece la oportunidad de precisar de forma sencilla, con un simple clic, algunas circunstancias personales que influyen en el cálculo final de la pensión y las tiene en cuenta en los resultados.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha expresado este viernes su “gratitud” a todos los docentes que acaban de jubilarse, “profesionales con una vocación de ayuda a los demás”, así como el “reconocimiento a ese legado tan importante y fundamental” de los maestros y profesores, “una veneración al saber, al conocimiento y a las personas que transmiten y ayudan a los jóvenes a formarse”.

Capellán, acompañado del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha realizado estas declaraciones durante la celebración del acto de reconocimiento a la experiencia docente, donde ha agradecido el trabajo y dedicación de los 81 docentes de distintos centros públicos riojanos que se han jubilado en el último año.

Durante su intervención, el presidente del Ejecutivo riojano se ha referido a la satisfacción que proyectan los docentes jubilados en este acto, “por todo el recorrido realizado durante su experiencia laboral, todo lo que habéis hecho por el alumnado, por su formación y por esa vocación de servicio, por contribuir a algo de lo más importante, como es formar a los jóvenes”.

Por último, les ha sugerido que disfruten de su merecido descanso porque “aún quedan muchos capítulos por escribir y disfrutar”, después de “toda esa experiencia docente acumulada” y por “todos esos años realizando una labor esencial y maravillosa como profesores en la educación”.

Reconocimiento a la experiencia con protagonismo para los alumnos

A través de este acto, el Gobierno de La Rioja reconoce la labor desempeñada por los docentes jubilados durante toda su carrera profesional. A lo largo de 2025 y hasta la fecha, se han jubilado 81 profesores y maestros, 24 hombres y 57 mujeres de los distintos centros públicos de toda la Comunidad. En concreto, dos inspectores de educación, 3 catedráticos de Enseñanza Secundaria, 44 profesores de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional, 2 profesores de Música y Artes Escénicas, 29 maestros y un profesor de Religión. 

El desarrollo del acto ha contado con la participación de alumnado de distintos centros educativos de La Rioja. Así, durante el homenaje, los integrantes del ‘Corocole’ del CEIP Vélez de Guevara de Logroño han interpretado distintas canciones para dar la bienvenida a los asistentes. Además, los estudiantes del programa especial de Cualificación Inicial en Servicios Administrativos del IES Duques de Nájera se han encargado de guiar y asistir a los homenajeados.

Por último, los alumnos de la familia profesional de Hostelería de la Escuela de Hostelería y Turismo de Santo Domingo de La Calzada se han encargado de la elaboración y servicio del vino de honor con el que ha finalizado el acto.

El Tribunal Supremo ha establecido que, para los funcionarios del régimen de Clases Pasivas, el complemento de maternidad en las pensiones que aprobó el Gobierno de Rajoy (vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021) también puede ser disfrutado de forma simultánea por ambos progenitores, como ya falló la justicia para el régimen de la Seguridad Social.

Así lo ha concluido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, en una sentencia fechada este 4 marzo, tras la deliberación conjunta de tres sentencias de padres que reclamaban el cobro de este plus en la pensión por sus hijos.

Este complemento, que fue sustituido en 2021 por el complemento contra la brecha de género en las pensiones, se concedía a las madres a partir del segundo hijo, con un alza porcentual de la cuantía de su pensión (dos hijos, el 5%; tres hijos, el 10%; y tres o más hijos, el 15%).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado (AGE), de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Además, es un régimen en vías de extinción, por lo que el Régimen de Clases pasivas comprende a funcionarios que ingresaron al sistema de la Seguridad Social antes del 1 de enero de 2011. Si lo hicieron después de esa fecha, ya quedaban adscritos al Régimen General.

En la úlitma nómina de pensiones, el número de prestaciones en vigor en el Régimen de Clases Pasivas fue de 736.793, con un 2% de aumento respecto al año anterior. “Este tipo de pensión lo reciben 707.230 pensionistas”, indica la Seguridad Social.

El TJUE consideró el plus discriminatorio para los hombres

El Supremo recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 12 de diciembre de 2019, determinó que la norma nacional que otorgaba el complemento de pensión únicamente a mujeres con al menos dos hijos, y excluía a los hombres en situación comparable, constituía una discriminación directa por razón de sexo.

Entre los litigios derivados de esta situación de discriminación del complemento de maternidad, muchos hombres reclamaron este plus de manera compatible con el que recibían ya sus parejas. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo determinó en una sentencia de mayo de 2023 que los dos progenitores tenían derecho a cobrar de forma simultánea el complemento por los mismos hijos, ya que se había concebido como un derecho individual y ambos tenían los mismos derechos.

“En estas condiciones, habiéndose configurado legalmente el complemento de maternidad como un complemento individual, la inclusión del colectivo discriminado por razón de sexo determina que los hombres adquieran el derecho al complemento en las mismas condiciones, puesto que la configuración legal inicial de las personas beneficiarias debe ajustarse al respeto de los principios constitucionales y, por ende, a las exigencias del principio de igualdad y no discriminación, lo que implica la inclusión de los hombres en el ámbito subjetivo de aplicación”, indica la resolución del Supremo.

Además, el Supremo señala que admitir el criterio de la incompatibilidad del disfrute dual del complemento, conduciría, o bien a la percepción del complemento solo por la madre, o, en su caso, por quien primero lo obtuviera; o bien a la aplicación de criterios de prelación o distribución, no establecidos legalmente, “lo cual incluso podría determinar que la madre que ya tenía reconocido el complemento de maternidad pudiera verse afectada por percibirlo, en todo o en parte, el otro progenitor”.

Por ello, los magistrados concluyen, también para el Régimen de Clases Pasivas, que el complemento de maternidad “puede ser disfrutado por ambos progenitores de manera simultánea, cuando se cumplan los requisitos establecidos en aquella disposición adicional”.

Las discusiones sobre el complemento contra la brecha de género

La sentencia del TJUE contra el complemento de maternidad provocó que se sustituyese a partir del 4 de febrero de 2021 por el complemento contra la brecha de género en las pensiones. No obstante, este segundo también ha sido considerado más tarde discriminatorio para los hombres por parte de la justicia europea.

Esto ha llevado a que los sindicatos reclamen una reforma del plus por temor a que lo pierdan las madres, ya que en el caso del complemento contra la brecha de género el Gobierno estableció como criterio que solo se puede ser percibido por uno de los dos progenitores.

Aunque los sindicatos han reclamado insistentemente una reforma a la Seguridad Social, por el momento no se ha llevado a cabo. Desde entonces, se ha disparado el número de nuevos pluses que se reconocen a hombres, incluso por encima de los que se conceden a mujeres.

En total, en febrero, había algo más de 1,3 millones de pensiones que reciben el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en “un 77,6% de sus titulares son mujeres”, indica el Ministerio de Elma Saiz.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que la Seguridad Social va a incluir 11 nuevas patologías en la norma que permite la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%. Saiz ha afirmado que la regulación estará lista “antes del verano”.

El Ministerio calcula que la medida permitirá que “en torno a 50.000 personas” con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, debido a la patología que padecen.

Las nuevas patologías son: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

La ampliación del listado de patologías se va a realizar concretamente en el Anexo del Real Decreto 1851/2009, que desarrolla el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS). Es decir, es un reglamento, que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y que, por tanto, solo requiere de la acción legislativa del Gobierno.

“Es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores. Era algo con lo que el Gobierno estaba comprometido y que viene a atender una demanda de este colectivo”, ha afirmado Elma Saiz, acompañada del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

Ambos han mantenido este jueves una reunión de trabajo con el presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo, y otros representantes de la organización, enmarcada en la semana en que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Se trata de una medida muy esperada por los colectivos de personas con discapacidad y que el Gobierno de coalición anunció en 2020, hace cinco años, cuando el titular de la Seguridad Social era José Luis Escrivá.

Condiciones para los beneficiarios

Una vez que el Gobierno modifique este real decreto, las personas trabajadoras con discapacidad, que estén afectadas por estas patologías podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión siempre que cumplan los siguientes requisitos:

La ministra Saiz ha destacado que se ha llegado a esta decisión tras “meses de trabajo” conjunto entre varios organismos. “Este es un ejemplo de un trabajo fruto del diálogo, de la escucha permanente que en la Seguridad Social se hace a los colectivos”, ha sostenido.

El Ministerio detalla que la DGOSS (Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social) ha presidido una Comisión Técnica, integrada por especialistas médicos, científicos y expertos en discapacidad representantes del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Consejo Nacional de la Discapacidad, que ha estado encargada de estudiar las solicitudes y, posteriormente, de elaborar los informes sobre cada patología, que han desembocado en la resolución favorable para estas 11 nuevas patologías.

Las mujeres españolas de más de 65 años percibieron de media un 29,2% menos de pensión que los hombres en 2024, lo que situó a España por encima de la media de la Unión Europea (UE) en esa brecha de género, que en el bloque comunitario fue del 24,5%, ha informado este miércoles la oficina estadística Eurostat y recoge la agencia Europa Press.

La brecha de género en pensiones se alimenta de distintas diferencias y desigualdades que afrontan las mujeres y hombres en el mercado de trabajo, durante toda su carrera profesional. Desde la brecha salarial, a las desigualdades de promoción y ascenso de las mujeres (techo de cristal), a las diferencias de jornadas –con muchos más horarios reducidos entre las trabajadoras que entre los trabajadores– y las desigualdades en los cuidados, que provocan que muchas más mujeres interrumpan o reduczcan sus jornadas para cuidar.

Según los datos publicados, las pensiones entre hombres y mujeres de España se sitúan, de media, en el séptimo puesto más desigual del conjunto de la UE.

Así, se situó por detrás de Malta (40,3%), Países Bajos (36,3%), Austria (35,6%), Luxemburgo (32,7%), Bélgica (31,3%) e Irlanda (31,1%). En cambio, la brecha de género en pensiones fue menor en Estonia (5,6%), seguida de Eslovaquia (8,4%) y Hungría (9,6%).

Eurostat mide la brecha media de pensiones entre géneros como “la diferencia porcentual entre los ingresos medios (brutos) por pensiones de las mujeres y los hombres”, mientras que la brecha mediana de pensiones entre géneros se define como la diferencia porcentual entre “los ingresos medianos (brutos) por pensiones de las mujeres y los hombres”.

Los ingresos por pensiones incluyen las prestaciones por jubilación, las prestaciones de supervivencia (viudedad) y las pensiones ordinarias de los planes privados individuales.

Hace unos meses, la OCDE destacó en su último informe anual sobre pensiones que las prestaciones de viudedad reducen un tercio la brecha de género de los jubilados en los países analizados.

España, segundo país con más brecha en la pensión mediana

España sale bastante peor parada en la segunda comparativa que hace Eurostat, que tiene en cuenta la pensión mediana, que es el valor intermedio que separa la mitad superior de las pensiones de la mitad inferior. A diferencia de la media, la mediana es menos sensible a un pequeño número de pensiones extremadamente altas o bajas, explica la oficina de estadística.

Al comparar la pensión mediana de los hombres con respecto a la de las mujeres, los datos desprenden que las pensionistas cobran en España un 41,1% menos que ellos, un dato solo superado por Luxemburgo (43,3%).

En la UE, sin embargo, la pensión mediana de las mujeres en la UE fue un 24,9% inferior a la de los hombres.

Según Eurostat, España fue el país en el que la brecha en las pensiones medianas fue mayor que la de las pensiones medias, con una diferencia de -11,9 puntos porcentuales. La mediana refleja la situación de desigualdad de los pensionistas típicos.

En la reforma de pensiones del 2023, el Gobierno de coalición incorporó varias medidas que pretenden reducir la brecha de género en las pensiones. Entre ellas, algunas específicas, como la cobertura de vacíos (o lagunas) de cotización durante sus carreras, o que impactan más en ellas de manera indirecta, como el aumento de las pensiones más bajas, que son las que más perciben las mujeres.

Además, el Ejecutivo de coalición reformó también el anterior complemento de maternidad de las pensiones (después complemento contra la brecha de género), una cuantía fija que se reconoce por cada hijo. Sin embargo, la medida ha sido rechazada como discriminatoria contra los hombres por la justicia europea, por lo que en estos momentos se reconoce en igualdad de condiciones a hombres que a mujeres.

Desde entonces, más de la mitad de los nuevos complementos se están reconociendo a hombres, por lo que los sindicatos reclaman al Gobierno un cambio legal, que garantice que el plus recae sobre todo en las pensionistas y que no amplía la brecha de género que pretendía reducir.

Hace unos años que cerré por última vez la puerta del aula. Lo hice con el corazón intacto y la satisfacción de quien ha habitado su vocación hasta el último minuto. Ser maestra no ha sido para mí un empleo de ficha y nómina; ha sido una forma de estar en el mundo. Me despedí de mis alumnos habiéndome mantenido al día de cada innovación, abrazando los cambios pedagógicos y tecnológicos con la misma curiosidad que ellos, porque siempre entendí que para enseñar hay que tener la humildad de no dejar nunca de aprender.

Me he dejado la piel en la enseñanza pública, defendiéndola como el único espacio donde la igualdad de oportunidades deja de ser un eslogan para convertirse en una realidad tangible.

Sin embargo, al entregar las llaves de mi clase, me he topado con una paradoja social tan absurda como dolorosa que afecta a toda mi generación: parece que, al dejar de pasar lista -o de producir en cualquier oficio, sea físico o intelectual-, el sistema ha decidido que hemos dejado de tener voz, criterio o visión de futuro.

Este fenómeno tiene un nombre clínico, 'edadismo', pero su práctica es pura violencia simbólica. Se nos intenta reducir a la invisibilidad bajo la etiqueta de “clases pasivas”, como si una vida dedicada a formar ciudadanos o a levantar un país pudiera desconectarse del compromiso social por el mero hecho de cumplir años.

Como maestra jubilada, mujer feminista y progresista, me niego a aceptar este guion. Mi jubilación no es un silencio; es un cambio de frecuencia.

El edadismo es, posiblemente, la última gran frontera de la discriminación que nuestra sociedad democrática debe derribar. Es una miopía sistémica que nos descarta en todos los frentes: en la Sanidad, donde la infantilización sustituye al respeto a nuestra autonomía; en la Brecha Digital, donde se nos etiqueta como “analfabetos” por omisión, y, en muchos casos, no es así; en la Cultura, donde la obsesión por la juventud borra nuestros rostros; y en la Política, donde se nos ve como objetos de asistencia y no como sujetos de liderazgo, a pesar de poseer la memoria histórica necesaria para proteger las libertades que hoy tanto flaquean.

Mi papel hoy es el de una 'maestra de guardia': alguien que observa el presente con la agudeza que da la experiencia y que levanta la voz por quienes el sistema pretende silenciar

No me he jubilado para ver pasar la vida desde el banquillo. Mi vocación de maestra me obliga, ahora más que nunca, a seguir en la brecha denunciando que este descarte es un error pedagógico y social imperdonable. Sigo aquí para demandar servicios públicos dignos, porque sé lo que cuesta construirlos y lo fácil que es destruirlos desde un despacho. Mi papel hoy es el de una “maestra de guardia”: alguien que observa el presente con la agudeza que da la experiencia y que levanta la voz por quienes el sistema pretende silenciar.

Utilizo mi libertad recobrada para decir alto y claro que tenemos muchísimo que aportar. Mi jubilación no es el final de mi magisterio, es el comienzo de mi activismo más maduro y combativo a favor de toda una generación. Porque una maestra nunca deja de creer en el progreso. Y yo, hoy, me declaro en rebeldía contra la invisibilidad.

La jubilación no es un silencio; es un cambio de frecuencia. Y hago un llamamiento a todos las personas jubiladas: no aceptéis el rincón de la quietud. No permitáis que decidan por vosotros. La única forma de frenar este descarte es ocupando el espacio público y alzando la voz.La jubilación no es el silencio; es un cambio de sintonía.

Hago un llamamiento a cada jubilado: no aceptéis el rincón de la quietud. No permitáis que el mundo decida por vosotros ni que os dicte dónde termina vuestro horizonte, ni que os hablen como a personas desvalidas.

La única forma de frenar este descarte sistemático es invadiendo el espacio público y haciendo que nuestra voz retumbe donde otros esperan silencio.

Nuestra lección no ha terminado; apenas ha cambiado de escenario. Obligad al mundo a escuchar:

Identificad y destruid los prejuicios: confrontad con asertividad absoluta tanto las propias dudas como la mirada sesgada del resto.

Exigid respeto, no condescendencia: no toleréis términos infantiles, apodos despectivos ni ese tono paternalista que intenta anular vuestra autoridad.

Conquistad el puente intergeneracional: conectad, enseñad y aprended, pero jamás desde la periferia.

Denunciad el edadismo: señalad cada injusticia y cada exclusión con nombre y apellido.

No os retiréis del mundo, reclamadlo. Que vuestra presencia sea el recordatorio constante de que la edad no es una resta, sino un poder acumulado. Alzad la voz hasta que el silencio de los que nos quieren invisibles sea lo único que se escuche. ¡Haceros presentes, ahora y siempre!

El responsable del Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, Francisco José Vegas, ha anunciado una protesta el próximo 10 de marzo en Madrid para reclamar la jubilación anticipada por peligrosidad para los transportistas a partir de los 55 años. “Esto tiene que llegar a una resolución positiva”, ha advertido Vegas, que ha avisado de que, “si no, el sector está preparado para una movilización creciente”.

El líder de CCOO en el sector ha advertido de concentraciones y otras protestas, como una huelga, una medida que no ha citado expresamente. “Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance”, ha sostenido.

Vegas ha explicado que el pasado octubre, el sector de transportistas –tanto los sindicatos como las patronales– presentaron su solicitud para iniciar este procedimiento, que la Seguridad Social ha creado para estudiar las peticiones de jubilaciones anticipadas sin penalización a ciertas profesiones especialmente peligrosas o penosas.

Hasta la fecha, la jubilación anticipada por penosidad ha sido una posibilidad restringida, y bastante discrecional, a la que han accedido muy mayoritariamente los hombres (84%).

Lucho Palazzo Gallo, secretario general de FSC-CCOO, ha recordado que entre 2013 y 2025 han fallecido “1.839” conductoras y conductores profesionales, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.

La Seguridad Social niega las “trabas” denunciadas

Francisco José Vegas ha denunciado este martes “trabas” que el Ministerio de la Seguridad Social está poniendo al sector de conductores profesionales en el procedimiento para intentar acceder a un adelanto de la edad legal de jubilación por la penosidad y peligrosidad de su oficio.

“Es un despropósito lo que nos están pidiendo”, ha denunciado sobre la petición de la Seguridad Social del pasado 9 de febrero a los sindicatos y las patronales de “la identificación de todo el colectivo beneficiario de esa posible medida”.

En concreto, que en un plazo de 20 días, se les reclamó que aporten los NIF de los que estiman que serán unos “400.000”· trabajadoras y trabajadoras que prestan o han prestado servicio durante el periodo 2018 a 2025 en el transporte de mercancías por carretera y transporte de viajeros. “Es un imposible, una barbaridad, es un despropósito lo que se nos está pidiendo”, ha criticado en una rueda de prensa en Madrid.

Sin embargo, el Ministerio de la Seguridad Social rectificó posteriormente en su petición, en otro oficio en el que informó de que recabarían esos datos a través del Ministerio de Transportes y que se “daba por contestado” el requerimiento efectuado, como indican en el departamento de Elma Saiz.

Francisco José Vegas insiste a elDiario.es en que de esa segunda comunicación del Ministerio “en ningún caso” interpretaron que se “hiciera decaer” la petición de información. “Ni nosotros ni el resto de organizaciones, tanto sindicales, como patronales”, sostiene el responsable sectorial, que apunta que todas las partes han pedido una reunión al Ministerio precisamente para advertir de la dificultad de reunir esta información.

“No tenemos notificación de que se diera por cumplida la petición, nosotros seguimos recogiendo los NIF de los conductores aun sabiendo que no se van a conseguir todos”, responde por su parte también Diego Buenestado, responsable de Carreteras y Urbanos de UGT.

El Ministerio de la Seguridad Social va a corregir un criterio en vigor desde el 1 de enero por el que ha dejado de aplicar las penalizaciones progresivas por jubilación anticipada a las personas con pensión máxima que pactó en la reforma de pensiones de 2021. Desde comienzo de año, el organismo aplica “de golpe” los recortes previstos para 2033, denuncia Juan, un trabajador afectado, a punto de jubilarse de manera anticipada. Tras las quejas de los sindicatos CCOO y UGT, el departamento de Elma Saiz va a rectificar y volver a aplicar el periodo transitorio de penalizaciones, adelantan en el Ministerio a elDiario.es.

El conflicto se originó a finales de año, cuando la Seguridad Social colgó un mensaje en su Simulador de la pensión que advertía de que, a partir del 1 de enero, dejaba “de ser de aplicación lo dispuesto en el apartado segundo de la Disposición Transitoria 34” de la Ley General de la Seguridad Social y que, por tanto, los cálculos de jubilaciones anticipadas afectadas por esta “no son correctos”.

En la práctica, esto puede significar un gran –y repentino– aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar los 400 euros al mes más.

Es el caso de la penalización para quienes tengan derecho a la pensión máxima, con menos de 38 años y medio cotizados y decidan anticipar el retiro dos años antes de la edad legal de jubilación. En ese caso, el periodo transitorio pactado recogía un recorte del 9,1% en la pensión en 2026, pero la Seguridad Social está aplicando de golpe el del final del periodo: un 21%, que se preveía aplicar en 2033.

A Juan (nombre ficticio), el cambio le implica pasar de un recorte del 3% a uno del 5,5%. “Con la paradoja de que si supiese esto y hubiese solicitado la jubilación para diciembre, la reducción habría sido del 4,76%, pero el INSS me 'engañó”, sostiene el trabajador.

El conflicto: el periodo transitorio de penalizaciones

El foco del conflicto ha sido la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la mencionada disposición transitoria 34 se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, las penalizaciones por retiro anticipado a las personas con derecho a la pensión máxima, que el entonces ministro José Luis Escrivá insistía en que tenían una posición ventajosa respecto al resto de trabajadores.

Como las penalizaciones se aplicaban sobre la base reguladora (similar al salario), en el caso de los sueldos más altos –con bases de cotización por encima de la pensión máxima– el resultado era que, aunque los trabajadores se jubilaran de manera anticipada, apenas veían mermada su pensión final.

Esto, que se justificaba desde una lógica en la que estos trabajadores con salarios más altos aportan más al sistema, no tenía ningún efecto desincentivador del retiro anticipado para este grupo de trabajadores, denunciaba Escrivá. Finalmente, el Ministerio pactó con los agentes sociales aplicar los recortes sobre la pensión máxima (en lugar de sobre la base de cotización), pero hacerlo poco a poco, de manera progresiva en una senda ascendente de penalizaciones desde 2024 a 2033, que además fuera acompañado de un aumento de la pensión máxima.

Esos recortes progresivos se plasmaron en la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social, en su segundo apartado. Sin embargo, se incluyó un 'pero'. En el apartado uno se contempló (en un artículo de difícil comprensión) que estos coeficientes “sólo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

Con base a este artículo, dada la inflación elevada de los años pasados y, por tanto, lo que ha subido la pensión máxima –situada en 3.360 euros brutos al mes en 14 pagas este año–, la Seguridad Social han interpretado que las pensiones resultantes ya son en todo caso superiores a las que se hubieran percibido antes de la reforma de 2021. Por ello, ha dejado de aplicar el periodo transitorio desde el pasado 1 de enero e implementa los coeficientes reductores finales de la tabla. Los que estaban planteados para 2033.

Cambio tras las quejas de los sindicatos

“Es un incumplimiento flagrante de lo pactado”, denunciaba el pasado viernes Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. El sindicalista advertía de que, en el pacto social, se había planteado el apartado 1 de la disposición “como una garantía adicional” a las penalizaciones progresivas hasta 2033, y no como un condicionante para su aplicación.

Bravo explicaba que, por cautela ante la posibilidad de años de bajadas de precios o inflaciones muy reducidas en los próximos años, las partes acordaron incluir un añadido a la tabla de penalizaciones progresivas que garantizara que “en ningún caso” las pensiones resultantes serían peores que las que hubieran resultado en 2021.

“Hemos pedido que lo corrijan”, añadía Bravo. Tanto CCOO como UGT reclamaron al Ministerio de Elma Saiz una solución a este conflicto y a otros compromisos de pensiones sin resolver, como la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando en la negociación sobre la incapacidad temporal, por el aumento de bajas médicas.

Finalmente, este lunes el Ministerio de la Seguridad Social ha afirmado a elDiario.es que así lo hará, a consultas de este medio. “El marco normativo transitorio se ha visto rebasado por las revalorizaciones, fruto de la crisis inflacionaria. Esto ha generado una situación que ha habido que analizar jurídicamente para poder seguir aplicando el régimen transitorio”, responden en el departamento de Elma Saiz.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social no aclaran desde cuándo volverán a aplicar los coeficientes previstos para 2026, ni qué pasará con las pensiones ya reconocidas en estos dos primeros meses del año a las que se les haya aplicado los coeficientes planteados para 2033.

En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando a las personas afectadas por este cambio en las penalizaciones a aplazar sus citas con la Seguridad Social hasta que se hubiera aclarado este aspecto.

Juan denunciaba que “este giro” ha supuesto “un quebranto absoluto de la confianza legítima” con la Seguridad Social, por el cambio tan repentino y “sin transparencia”, ya que critica que “se estuviera comunicando mediante una advertencia técnica en la web, sin una circular u orden oficial que lo justifique públicamente”.

Los funcionarios de la Administración General del Estado verán cubierta en el próximo mes una de las reivindicaciones que los sindicatos del sector han puesto sobre la mesa una y otra vez en los últimos años. La jornada laboral de 35 horas, pactada en el penúltimo acuerdo marco, firmado en 2022, entrará en vigor previsiblemente en marzo, después de que el Gobierno iniciase los trámites a finales de enero. En la práctica, será una reducción de jornada para cerca de medio millón de empleados públicos.

En los últimos meses, los funcionarios han ido viendo resueltas algunas de las tensiones con el Ejecutivo, que elevaron la conflictividad en 2025. Ese año comenzó con la crisis de Muface abierta, una negociación salarial pendiente que afectaba a más de tres millones de empleados públicos y el objetivo de rejuvenecer las plantillas de la Administración General del Estado (AGE) ante el reto de una cascada de jubilaciones, que culminarán con el retiro de la mitad del personal en la próxima década.

Ahora la lista de tareas pendientes tiene que ver, sobre todo, con lo relativo al cumplimiento del acuerdo marco rubricado con los sindicatos a finales de noviembre, pero con los grandes temas que mantuvieron en vilo a miles de funcionarios resueltos, al menos de momento: la mutualidad garantizada y una subida de sueldo del 11% hasta 2028.

Uno de los grandes retos que afronta el Estado es la edad de las plantillas que trabajan para él. El Ejecutivo ha logrado revertir la tendencia de envejecimiento de su personal. La edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado en el Gobierno Central ha descendido en los últimos seis años y se sitúa ya en los 49,9 años, frente a los 51,6 que registró en 2019 y 2020, según los datos del último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado en diciembre.

Este descenso en la edad media de las plantillas de los empleados públicos del Estado viene acompañada de varias ofertas públicas de empleo cuantiosas en cuanto a incorporación de efectivos, después de los años de austeridad y recortes tras la crisis financiera. En total, desde 2023 se han convocado más de 100.000 plazas de nuevo ingreso, con un llamamiento récord en 2024, con 40.000 posiciones.

Estas ofertas de empleo no se traducen en incorporaciones inmediatas, que tienen cierto decalaje, en función de las administraciones y la organización y desarrollo de las oposiciones. De hecho, uno de los compromisos que el Ministerio adquirió con los sindicatos durante las negociaciones para el acuerdo fue la “agilización y mejora de los procesos selectivos”, que las organizaciones sindicales quieren limitar a un año de duración.

Con todo, como muestra el siguiente gráfico, el número de trabajadores públicos en España en el conjunto de las administraciones —Estado central, comunidades autónomas y entidades locales— ha aumentado notablemente en los últimos años. Según los últimos datos disponibles, hay 3,1 millones de empleados públicos, 136.632 más que en 2023, el año más antiguo con el que se pueden comparar. Entonces, el Ministerio realizó modificaciones metodológicas, con la inclusión de todos los contratos temporales, y no solo los que tengan una duración superior a seis meses; personal en formación o prácticas; se simplifican fuentes administrativas en lo relativo al personal de las universidades públicas; y se deja de publicar información desagregada del personal del Poder Judicial.

Pese a ese salto en el gráfico, por el cambio metodológico, la curva permite apreciar un cambio de tendencia claro, tras la caída en el número de trabajadores públicos desde la primera década de los 2000 y la estabilización entre 2013 y 2020, cuando se eliminó la tasa de reposición. El Gobierno se comprometió hace un par de años a eliminar para 2025 este mecanismo, que limita el lanzamiento de plazas en las ofertas de empleo público en función del número de bajas que se van a producir y que se actualiza en cada ley de Presupuestos Generales del Estado, pero que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo ha dejado en pausa.

La eliminación de la tasa de reposición es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales y una de las anotaciones en la lista de 'pendientes' del Ministerio de Función Pública, que hace unas semanas se comprometió a crear un mecanismo alternativo que sustituya de manera progresiva a esta herramienta.

Un análisis exhaustivo del Boletín Estadístico permite desgranar dónde trabajan los funcionarios. Al margen del detalle de los centros, instituciones, ministerios, provincias o administraciones, la mayor parte del personal que se dedica al sector público trabaja para las comunidades autónomas. No es casualidad que estas tengan transferidas las competencias en sanidad y en educación, dos partidas que agrupan a casi uno de cada dos trabajadores, con más de 1,4 millones de efectivos, según los últimos datos estadísticos del ministerio, de julio de 2025. De hecho, hace unos días, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) destacaba la contratación de 19.400 personas más para reforzar la sanidad en diciembre.

Los ayuntamientos contratan al 18% de los empleados públicos del Estado, más de medio millón, y las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil al 9%, unos 280.000 efectivos, a los que habría que sumar los 28.700 miembros de las policías autonómicas.

Al margen del personal funcionario de las corporaciones y entidades locales y las comunidades autónomas, la Administración General del Estado —a grandes rasgos, los trabajadores públicos que dependen de los ministerios— ha conseguido frenar la sangría de personal, que venía produciéndose desde hacía años, en una tendencia que se revirtió a partir de 2021, cuando el número de altas superó al de bajas. Si aquel año esta diferencia fue de apenas unos cientos, en 2024, los últimos datos disponibles, se incorporaron más de 18.000 nuevos empleados, frente a los 9.800 que se jubilaron o causaron baja.

Entre 2021 y 2024 hubo un total 36.423 salidas y 48.304 entradas, con un saldo positivo de 11.881 trabajadores en la Administración General del Estado. Unos datos que no incluyen al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia, las entidades públicas empresariales y las universidades públicas no transferidas.

Según el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2025 y proyección futura a 2035, en la próxima década se jubilarán la mitad de los funcionarios de carrera, un 49,53%. Son 67.488 efectivos, a los que habría que sumar otros 22.242 de personal laboral fijo. En total, 89.730. “Los colectivos que se verán más influenciados, con una estimación de que más del 50% de su plantilla actual estará jubilada en 10 años, son los subgrupos E, C2, B y C1. El más significativo por porcentaje y número de bajas el subgrupo C2, con un 74,92% y 15.979 bajas. Para los subgrupos superiores se estiman porcentajes de baja inferiores al 50%: el A2, con 12.439 bajas y un 36,51%; y el A1, con 9.574 que corresponden a un 33,57%”, indica el trabajo.

El proyecto de ley de Función Pública, que se cursa en el Congreso, contempla dos medidas relativas a la jubilación. Por un lado, recuperar la parcial anticipada que Rajoy eliminó en 2012 y, por otro, alargar la forzosa, que permite a los funcionarios que lo deseen seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, hasta los 72 años. La primera, tras un pacto con los sindicatos y la segunda sin el apoyo de estos, pero ambas atascadas en el trámite parlamentario.

A julio de 2025, el porcentaje de trabajadores de la AGE que llegarán a la edad de jubilación en cinco años o menos había descendido. Fueron tan solo cuatro décimas, hasta el 18,6%, pero rompe una racha ascendente. Crecen, no obstante, quienes deciden alargar su vida laboral, hasta el 4,2%. Al otro lado de la tabla, aumentan los trabajadores jóvenes. Actualmente, el 21,7% tienen menos de 40 años, frente al 11,6% de hace cinco años.

Pese a la reducción de la edad media y la entrada de personal joven, en una comparativa con otros sectores o grupos de trabajadores, el personal de la AGE continúa siendo el más envejecido, con el 57% de las plantillas por encima de los 50 años. La mayor diferencia se da con los asalariados del sector privado, donde solo el 30,8% superan esa edad, seguido del 35,1% de la población activa en España o el 45% de los asalariados del sector público.

El Gobierno, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, ha lanzado este lunes el 'Plan de relevo generacional de Cantabria', un programa “pionero” cuyo objetivo es poner en contacto a empresarios en proceso de jubilación con emprendedores interesados en adquirir sus establecimientos.

La página web www.relevocantabria.com expondrá videos explicativos sobre cada uno de los proyectos adheridos a esta propuesta, cuya experiencia piloto cuenta con siete comercios. Además, celebrará dos ferias, denominadas 'Jornada de emprendimiento y relevo generacional de Cantabria', el 25 de febrero, en Santander, y el 11 de marzo, en Torrelavega.

Este proyecto, que forma parte del I Plan de Autónomos de Cantabria, ha contado con un estudio demográfico del sector comercial regional en 2025, que determina que existen 13.347 comercios en la región, de los que el 40% está dirigido por una persona mayor de 55 años. El 61% de esas personas dejará su actividad a lo largo de los próximos cinco años, lo que supondrá la jubilación del 24% de los comerciantes.

Así lo han presentado este lunes el consejero de Industria, Innovación, Empleo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas. Arasti ha explicado que “durante años, se han estado perdiendo activos reales en Cantabria y conocimiento único, que en muchos casos son el esfuerzo de toda una vida”. Por ello, el Ejecutivo ha apostado por aprovechar esa experiencia para que los comerciantes “puedan jubilarse en mejores condiciones” y, a la vez, “formar y transmitir ese conocimiento” a los emprendedores.

Arranca el año 2026 y con él llegan novedades para quienes cobran una pensión o quienes pasen a hacerlo en los próximos meses. El Gobierno aprobó a final de año una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar las subidas de precios de los productos básicos, aunque las más bajas crecen más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%, y las no contributivas, un 11,4%. Entre los cambios que llegan con el nuevo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más importantes sobre las pensiones para 2026.

¿Cuánto suben las pensiones?

En 2026, las pensiones crecen en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto aumentan las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, según indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, explicaba la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas crecen un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros mensuales, frente a los 564,7 euros al mes de 2025.

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber algunas pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones cuyos cambios detallamos a continuación.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, en un porcentaje similar al de la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones que fue regulado en 2021 —para sustituir al anterior de maternidad— y que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir del año que ahora empieza y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria sube dos meses en este nuevo año, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se puede acceder ya a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumplan el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 —fruto de la reforma de pensiones de 2021— las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se van ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas —por anticipar dos años la jubilación— irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.

Miquel mete la llave en la cerradura de la puerta de chapa con cuidado, casi un acto solemne, antes de empujarla y mostrar su futuro hogar. Ahora es sólo un solar, pero estos 600 metros cuadrados acogerán la que será una de las primeras cooperativas de vivienda sénior de España.

Este hombre de 64 años es uno de los doce integrantes del grupo que ha puesto en marcha La Constel·lació, una idea que se materializará en la calle Progrés de Badalona. Viene acompañado de Sunsi, Pilar y Elsa, otras compañeras que no se pierden la oportunidad de presumir de su proyecto.

Con una sonrisa en la cara, los cuatro cooperativistas señalan puntos del solar, dibujando un plano mental del futuro edificio. Para ellos, esta finca no será sólo un lugar en el que vivir, sino una oportunidad para pasar sus últimos años en compañía, atendidos y en un hogar que respete sus necesidades.

“Es algo que aleja la idea de la residencia y que, por contra, nos permite tener una vejez activa, con capacidad de decidir y de no ser invisibles”, resume Elsa.

Esta mujer de 70 años fundó la cooperativa con la esperanza de dar respuesta a una necesidad personal pero que muchas personas comparten al final de su vida. Además, en su caso, había un añadido: tiene esclerosis múltiple.

Todo empezó en 2017, después de su segunda rotura de pierna en poco tiempo. Elsa, que es de origen uruguayo y vive sola, vio que necesitaba empezar a planear sus próximos años. “Sola no podía. No sabía qué era, pero tenía claro que una residencia no me apetecía”, recuerda. Así que, buscando en Internet, encontró la “palabreja” cohousing. “No tenía idea de qué significaba, pero me interesó enseguida”, explica.

Se informó, se asesoró y puso a andar un proyecto que, al principio, iba a ser para personas con esclerosis. Pero no encontró a suficiente gente. Además, “estar solos hubiera sido totalmente contraproducente”, reconoce.

Mientras pensaba cómo hacerlo viable, la Generalitat reconoció a los jubilados como colectivo vulnerable y lo vio claro. Iba a compartir proyecto de vida con personas mayores o que tuvieran discapacidades motrices.

Una finca pensada para el “acceso universal”

“Mira, ahí va a estar el jardín”, dice Sunsi, con un brillo en los ojos. “Tendrá barbacoa”, asegura Elsa, provocando risas de sus compañeros. “Como buena hija del Río de la Plata no puedes pasar sin eso, ¿no?”, le responde Miquel. En la zona al aire libre, que ocupará la parte trasera del edificio, también quieren instalar una piscina climatizada. “Pero no por ocio, sino para hacer ejercicio”, aclaran.

De momento, ni la barbacoa ni la piscina están presupuestados. Son caprichos a futuro. Lo que sí está diseñada es una finca según los principios arquitectónicos del acceso universal, que garantiza que cualquier persona pueda usar todos y cada uno de los espacios y enseres.

Es algo que va mucho más allá de pensar más en rampas que en escaleras, o en que en los ascensores quepan sillas de ruedas o scooters. También contempla el diseño de cocinas y lavabos, que serán iguales independientemente de si se tiene movilidad reducida o no, para que no haya que adaptar nada si la situación del habitante cambia.

“Son cosas que desconocíamos, pero que tienen todo el sentido”, apunta Miquel. Como pensar en que los armarios estén en la parte inferior de la estancia o en que estos tengan ruedas para que se puedan quitar y que una persona en silla de ruedas pueda usar la encimera como espacio de trabajo.

“Se tendría que pensar en estos aspectos en todas las fincas, no sólo las que sean para jubilados”, añade Pilar. “También tendremos un baño en el portal de la entrada. ¿Acaso eso no le vendría bien también a una persona de 20 años?”, añade, entre risas.

“Ahora, mira allá”, la corta Miquel, que señala hacia uno de los laterales del solar. Allí hay una tabla negruzca, enganchada a la pared en una zona que cuenta con una especie de tarima. Es una pizarra. “Es que esto antes era una escuela”, explican.

La cooperativa ha decidido que conservarán este retazo del pasado porque su intención es conectar con el barrio. No han esperado a que empiecen las obras para empezar a involucrarse en las asambleas de vecinos.

Muchos vienen de otros municipios y, como Miquel, dejan atrás ciudades en las que han nacido y han visto crecer a sus hijos. Pero están listos para generar nuevos vínculos.

“Eso es la vejez activa. No aislarse, tejer redes nuevas y conectar con el barrio. Estaremos ahí para ellos igual que esperamos que ellos estén ahí para nosotros”, sostiene Pilar, que ve esta cooperativa como una evolución natural en una vida “llena de activismos”.

Unos se han acercado a la cooperativa por necesidad, pero otros lo han hecho por convicción. A pesar de estar bien de salud, de ser propietarios de una vivienda o de poder pagarse una residencia llegado el caso, han decidido hacer la apuesta.

“Yo no quería ser una carga ni acabar en una residencia”, dice Sunsi. Miquel pretende “arrancar viviendas al mercado especulativo” y Pilar, simplemente, cree en el poder de la comunidad: “Los viejos no tenemos por qué estar solos o tristes”.

Un proyecto a 10 años vista

La Constel·lació tendrá 12 viviendas, algunas individuales y otras para parejas, además de contar con zonas comunes como un lavadero, jardín y un comedor equipado con cocina. Todo ello les ha costado una inversión de 35.000 euros para comprar el solar, a los que se deberán sumar los gastos de las obras. Luego, las hipotecas costarán entre 800 y 1.000 euros al mes. “Es caro, la verdad que sí”, reconoce Sunsi.

Saben que no todas las personas jubiladas o con discapacidades tienen ese capital, pero ellos se consuelan pensando que están abriendo camino. En Catalunya hay cinco cooperativas sénior en marcha, un modelo que todavía está siendo explorado y que no cuenta de tanta popularidad como otras cooperativas de vivienda.

“A pesar de ser considerados un colectivo vulnerable, no tenemos ayudas de la administración”, lamenta Elsa, que requiere más facilidades a los ayuntamientos y a la Generalitat. Ellos han optado a subvenciones y a ayudas privadas, pero incluso así la inversión será alta. Tanto, que algunos han pensado en vender sus viviendas habituales para poder sufragar los gastos. “Hemos tenido que hablar con nuestros hijos, porque ese piso que pensaban que sería para ellos no lo será. Y lo aceptan, porque ven esta apuesta de vida como un activismo más”, explican.

La hipoteca que pagarán, de unos 20 años, no acabará con un piso en propiedad. La hipoteca es una especie de cuota que les da derecho a usar la vivienda, pero su tenencia siempre será de la cooperativa, para que los que vengan después lo tengan más fácil. “Es un proyecto de futuro, aunque suene raro oír a jubilados hablar de futuro”, ironiza Pilar.

La suya es una gesta que está siendo larga. La idea nació en 2017 y compraron el terreno en 2022. Entre que han podido reunir el dinero, conseguir los permisos y contratar el proyecto, esperan instalarse a finales de 2027. “Son muchos años, que representan una parte importante de lo que nos queda por vivir. Y cuando entremos, nuestras circunstancias no serán las mismas que cuando empezamos”, se lamenta Sunsi.

A pesar de los problemas y las dificultades, ven con optimismo los años que vendrán. A ellos les apetece envejecer así, rodeados de amigos y compañeros, con posibilidad de compartir un final de vida en que no serán una carga para nadie, en un hogar en el que podrán decidir cómo gestionar su vida. Hoy todavía es solo un solar, pero estos jubilados ya pueden ver esa barbacoa esperándoles en la esquina del jardín.

Se acerca 2026 y con él varias novedades para las personas que cobran una pensión o el ingreso mínimo vital (IMV), o que lo hagan a partir de enero. El Gobierno ha aprobado una subida general de las pensiones del 2,7%, para compensar la inflación, aunque las más bajas aumentarán más: las mínimas, entre un 7% y un 11,4%% y las no contributivas, un 11,4%%, que será lo que también suba el ingreso mínimo vital. Entre los cambios de este próximo año, destaca el inicio del nuevo periodo de cómputo opcional, que se reguló en la reforma de pensiones de 2023, pero que aún no había empezado a desplegarse.

A continuación, resumimos algunas de las novedades más relevantes sobre pensiones para el año 2026.

¿Cuánto aumentan las pensiones?

En 2026, las pensiones subirán en general un 2,7%, que es el dato de inflación media del año anterior y la referencia aprobada en la reforma de pensiones de 2021 para mantener el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Hay más de 9,4 millones de pensionistas en España y, aunque la gran mayoría son jubilados, estas prestaciones incluyen más tipos: incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La subida del 2,7% supondrá, aproximadamente, “572 euros adicionales al año” para las personas con la pensión media de jubilación, que se sitúa alrededor de los 1.500 euros al mes. Son casi 41 euros más al mes, ya que las pensiones se abonan en 14 pagas, con la extra de verano y la de Navidad.

¿Cuánto suben las pensiones mínimas?

Más que el resto. Este año, el Gobierno ha aprobado un incremento del 7%, que en las “pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares” alcanza el 11,4%, indica la Seguridad Social.

Por ejemplo, a partir de enero, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales aumenta en casi 62 euros al mes: queda fijada en 936,2 euros brutos al mes frente a los 874,4 euros mensuales de 2025. En el caso de la pensión mínima con cónyuge a cargo aumenta en 129 euros al mes, hasta situarse en 1.256,6 euros al mes (en 2025, ha sido de 1.127,6 euros al mes). Aquí se puede consultar el cuadro con todas las modalidades.

“Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán también en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 582,10 euros mensuales para las concurrentes”, añade la Seguridad Social.

En la reforma de pensiones de 2023 se pactó una senda de incrementos independiente para estas prestaciones, las más bajas del nivel contributivo, y también para las pensiones no contributivas, con el objetivo de aproximarlas al umbral de la pobreza. Así se ha hecho desde 2023 y se mantendrá hasta 2027.

¿Y las no contributivas?

Las pensiones no contributivas ascienden un 11,4%. Así, en 2026, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez íntegra, en su modalidad no contributiva, aumenta en 64 euros al mes y queda establecida en 629 euros al mes, frente a los 564,7 euros mensuales de 2025.

¿Cuánto aumenta el ingreso mínimo vital?

Las cuantías del ingreso mínimo vital (IMV) suben lo mismo que las pensiones no contributivas. Es decir, un 11,4%. Por ejemplo, la renta garantizada para un hogar unipersonal alcanzará los 734 euros mensuales en 2026, 75 euros más al mes respecto a los 659 euros al mes de este año, en 12 pagas.

Hay que recordar que el IMV que cobran las familias no es siempre esta cantidad, sino que resulta de restar la renta garantizada correspondiente al tipo de hogar menos los ingresos que perciba la familia beneficiaria.

Además, hay un complemento que aumenta la cuantía de la ayuda en un 22% adicional para las familias monoparentales y para aquellas con algún miembro con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Y el complemento de ayuda a la infancia (CAPI)?

El ingreso mínimo vital va acompañado de un complemento de ayuda a la infancia (el llamado CAPI) por cada menor de edad en los hogares beneficiarios. Esta ayuda por hijo también la pueden recibir familias con hasta tres veces más renta.

En 2026, se mantienen las cuantías de la ayuda de 2025, indican en la Seguridad Social. Son:

¿Cómo queda la pensión máxima?

La pensión máxima del sistema rozará los 3.360 euros al mes, en 14 pagas, o 47.034 euros anuales. Se trata de 92 euros más al mes que en 2025, un 2,815% más respecto a los 3.268 euros mensuales de este año.

El incremento de la pensión máxima es algo superior a la subida general (2,7%) porque en el segundo bloque de la reforma de pensiones se acordó que los sueldos más altos fueran cotizando más al sistema de la Seguridad Social y, en paralelo, las pensiones máximas también irían aumentando algo más. Así, su aumento es del IPC medio más un 0,115 puntos porcentuales cada año.

No obstante, este incremento del 2,815% solo se aplica a las nuevas pensiones máximas del sistema, ya que es una compensación por la mayor cotización que se está aplicando desde 2024 a los salarios más altos. Las pensiones máximas ya reconocidas aumentarán un 2,7%, como el resto de pensiones.

Además, puede haber pensiones por encima del nuevo máximo del sistema, esos 3.360 euros mensuales: aquellas que perciban además el complemento contra la brecha de género en las pensiones.

¿Y el complemento para reducir la brecha de género?

Aumenta un 2,7%, como la subida general de las pensiones. Se trata de un plus por hijo en las cuantías de las pensiones regulado en 2021 –para sustituir al anterior de maternidad– que se asigna principalmente a las mujeres, aunque también lo pueden percibir hombres. 

Este complemento aumenta en un euro al mes su cuantía respecto a 2025 y llegará a los 36,9 euros al mes por hijo en 2026. Este plus está ahora mismo siendo objeto de revisión por el Gobierno tras la sentencia europea que consideró que era discriminatorio para los hombres. Tras este fallo, el complemento se está reconociendo a más padres que a madres.

Arranca el nuevo periodo de cómputo opcional

A partir del 1 de enero se inicia el nuevo periodo de cómputo dual u opcional que reguló la reforma de pensiones de 2023. Este consiste en que, en los próximos años, los trabajadores podrán jubilarse teniendo en cuenta los actuales últimos 25 años de la carrera laboral para calcular su pensión o elegir los mejores 27 años dentro de los últimos 29, según cuál sea la más beneficiosa. Esta segunda opción se desplegará progresivamente a partir de 2026 y, desde 2044, el periodo que quedará será solo el segundo.

Este 2026, el periodo de cómputo se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes. La Seguridad Social aplicará de oficio la opción más beneficiosa para el pensionista.

¿Cuál será la edad de jubilación?

La edad legal para la jubilación ordinaria subirá dos meses en 2026, hasta los 66 años y diez meses cumplidos. Se trata del último paso del periodo de transición iniciado en 2013 para alcanzar la meta de los 67 años en 2027.

Las carreras más largas de cotización, de aquellas personas que hayan cotizado 38 años y 3 meses o más, se mantendrá en 65 años.

Así, en 2026 se podrá acceder a la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de los 63 años cuando hayan alcanzado este umbral. Es decir, dos años antes de la edad ordinaria y siempre que se cumpla el resto de requisitos.

¿Cómo quedan las penalizaciones por jubilación anticipada?

En el caso de las personas con derecho a la pensión máxima, desde 2024 –fruto de la reforma de pensiones de 2021– las penalizaciones (o coeficientes reductores) por jubilarse anticipadamente de manera voluntaria se están ampliando poco a poco.

En 2026, las penalizaciones máximas –por anticipar dos años el retiro– irán del 9,1% al 6,7%, según los años cotizados.