Los más de diez millones de pensionistas que cobran una prestación contributiva de la Seguridad Social volverán a recibir este mes el ingreso antes de la fecha oficial en la mayoría de las entidades bancarias. Como ocurre habitualmente, los bancos adelantan el abono de las pensiones a sus clientes para facilitar su liquidez y fidelizar a quienes tienen domiciliada la prestación.

En julio de 2026 el calendario presenta una particularidad: el día 25, fecha en la que muchas entidades acostumbran a realizar el ingreso, cae en sábado. Esta circunstancia provoca que algunas entidades adelanten el pago al jueves 23 o al viernes 24 de julio, mientras que otras mantienen el ingreso el propio día 25 o lo retrasan al lunes 27.

¿Cuál es la fecha oficial de pago de las pensiones?

La normativa de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan a mes vencido, entre el primer día hábil y, como máximo, el cuarto día natural del mes siguiente. En el caso de la nómina correspondiente a julio, la fecha oficial de pago se sitúa, por tanto, entre los primeros días hábiles de agosto.

Sin embargo, desde hace años la práctica totalidad de las entidades financieras opta por anticipar el ingreso varios días. Para ello utilizan recursos propios, ya que conocen con antelación el importe que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que les permite poner el dinero a disposición de sus clientes antes de la fecha oficial.

Este adelanto se ha consolidado como un servicio habitual y es uno de los aspectos que muchos pensionistas tienen en cuenta a la hora de elegir banco.

Calendario previsto de cobro en cada banco

Aunque las fechas pueden sufrir ligeras modificaciones por razones operativas, este es el calendario orientativo que manejan las principales entidades para el ingreso de las pensiones correspondientes a julio de 2026:

Las entidades que tradicionalmente más adelantan el ingreso vuelven a ser Bankinter y Unicaja, mientras que otras mantienen el pago el día 24. BBVA, ING y Kutxabank prevén realizar el abono el sábado 25, y Abanca lo efectuaría el lunes 27 al coincidir el fin de semana con la fecha habitual de pago.

¿Por qué cada banco paga un día distinto?

La Seguridad Social no fija una fecha concreta para que los bancos ingresen anticipadamente las pensiones. Cada entidad decide cuándo adelanta el dinero a sus clientes dentro de su política comercial.

En algunos casos, el adelanto depende de la recepción de los ficheros de pago por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social; en otros, responde a criterios internos o a la operativa de los fines de semana y festivos. Por ese motivo es habitual que existan diferencias de uno o varios días entre entidades y que el calendario cambie cuando el día 25 coincide con un sábado o un domingo, como ocurre este mes.

¿Quiénes cobran este ingreso?

Las fechas afectan a todas las pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social mediante domiciliación bancaria. Entre ellas figuran las pensiones de jubilación, las de viudedad, las de incapacidad permanente, las de orfandad o las pensiones en favor de familiares.

En todos los casos, el ingreso se realiza automáticamente en la cuenta donde el beneficiario tenga domiciliada la prestación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Qué ocurre si el dinero no aparece en la cuenta?

Aunque los bancos suelen cumplir con las fechas anunciadas, pueden producirse pequeños retrasos por incidencias técnicas o por la operativa interna de cada entidad.

Si llegada la fecha prevista el pensionista no ha recibido el ingreso, lo recomendable es comprobar primero el movimiento de la cuenta a lo largo del día, ya que algunas entidades realizan los abonos en diferentes franjas horarias. Si el dinero sigue sin aparecer, conviene contactar con el banco para confirmar que no existe ninguna incidencia antes de dirigirse a la Seguridad Social. En la inmensa mayoría de los casos, los retrasos responden a cuestiones operativas y quedan resueltos en pocas horas.

Un calendario que ya es habitual

El adelanto del pago de las pensiones comenzó a generalizarse durante los primeros meses de la pandemia y, desde entonces, se ha convertido en una práctica habitual del sistema financiero español.

Lo que en un principio fue una medida excepcional para garantizar liquidez a los pensionistas terminó consolidándose como un servicio permanente. Hoy prácticamente todas las grandes entidades adelantan el cobro respecto a la fecha oficial, aunque cada una mantiene su propio calendario.

Por ello, salvo cambios de última hora comunicados por los bancos, los pensionistas podrán empezar a recibir la nómina de julio desde el 23 de julio, mientras que la mayoría habrá cobrado antes de finalizar el día 25, pese a que la fecha oficial de abono por parte de la Seguridad Social se produzca ya en los primeros días de agosto.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha logrado incluir la aplicación de la jubilación parcial dentro de la negociación del IX Convenio Colectivo del Personal Laboral, cuya comisión negociadora se reunirá el próximo lunes, 13 de julio.

CSIF recuerda que el pasado 2 de julio ya registró un escrito dirigido a la Dirección General de la Función Pública reclamando que se comenzaran a tramitar “sin demora” las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio.

La nueva regulación podría beneficiar a cerca de un millar de trabajadores de la Administración regional después de ver suprimido este derecho por culpa de la última reforma en materia de pensiones, derivada del acuerdo entre Gobierno central, CCOO y UGT, que “no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas”.

“No podemos esperar más”

El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, resalta: “No podemos esperar más, recordamos que se ha cometido una terrible injusticia con un colectivo que ha visto de manera injusta bloqueado este derecho después de toda una vida laboral como servidores públicos. La Junta tiene las condiciones jurídicas y organizativas necesarias para reconocer este derecho sin demora”.

CSIF defenderá en la negociación del próximo lunes una regulación que garantice el acceso efectivo a la jubilación parcial del personal laboral, facilite el relevo generacional y permita que los trabajadores “puedan ejercer este derecho sin demoras ni obstáculos administrativos”.

El histórico bar Achuri, el negocio familiar más antiguo de la Calle Laurel, ciera este miércoles una etapa con la jubilación de Juan Carlos Martínez, quien pone fin a más de ocho décadas de tradición familiar iniciada por su abuelo en 1940.

Tras 51 años detrás de la barra, Martínez se despide con emoción. “Estoy triste porque después de una vida aquí me da mucha pena”, confiesa. Durante este tiempo ha sido testigo de la transformación de la calle: “Cuando mi abuelo cogió el bar solo había trece bares en la Laurel”.

A pesar del cambio, asegura que la evolución ha sido positiva. “La Laurel está mucho más modernizada, con pinchos nuevos y de mucha calidad. Se nota que ha evolucionado para bien”, destaca.

El Achuri no cerrará sus puertas definitivamente, ya que el local pasará a manos de un grupo hostelero de la ciudad. “Creemos que va a seguir la misma línea”, afirma Martínez, convencido de que el establecimiento mantendrá la esencia que lo ha convertido en un referente de la Calle Laurel.

El Gobierno ha aprobado por fin este lunes el prometido desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral empleado por las Administraciones Públicas, paralizada en general desde hace más de un año, debido a las condiciones que se establecieron para la jubilación parcial en la reforma de pensiones de 2024. Los sindicatos han denunciado que esta fórmula de retiro gradual sigue paralizada para el personal funcionario y estatutario, y han reclamado una solución también para este colectivo.

La jubilación anticipada parcial permite a los trabajadores reducir una parte de su jornada los últimos años de su vida laboral y compatibilizar el sueldo con la pensión. El personal laboral de organismos y empresas públicas ya lo tenía recogido en sus convenios, por sectores o según la administración, que podía contratar a un relevista de forma temporal. 

Pero la reforma que entró en vigor el 1 de abril de 2025 exigió que el trabajador relevista fuera indefinido. Algo posible en el sector privado, pero que supuso una gran traba y en la práctica en un bloqueo de la medida en la Administración Pública. En esta, crear un puesto fijo requiere de una convocatoria de empleo que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad (que lleva mucho tiempo y preparación previa).

Finalmente, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT pactaron con los ministerios de Seguridad Social y Función Pública que se vuelva a permitir contratar a empleados temporales para ejercer de relevistas en la Administración Pública, si no es posible ocupar ese puesto de manera fija (que será la opción prioritaria).

El Ministerio de Función Pública ha explicado que podrán acceder a esta forma parcial y anticipada de retiro (hasta tres años antes de la edad de jubilación) el personal laboral a tiempo completo “siempre que, con carácter simultáneo, se celebre un contrato de relevo” y cumpla una serie de requisitos.

Estos son “acreditar un periodo de cotización de 33 años; tener una antigüedad en la empresa de seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial; que la reducción de su jornada de trabajo sea entre el 25% y el 75% y, si se anticipa en más de dos años, la reducción de jornada del primer año será entre el 20-33%”, ha informado el departamento de Óscar López.

Tiene que ser respaldado por el Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con la medida, ha adelantado El País y confirman fuentes del Ministerio de la Seguridad Social a elDiario.es. La regulación deberá recabar ahora los apoyos del Parlamento para salir finalmente adelante.

La medida fue pactada principalmente por el Ministerio dirigido por Elma Saiz con los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) hace varios meses, pero su aprobación se estaba retrasando en un paquete más amplio de negociaciones, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho con hijos no registradas y una prestación especial de incapacidad temporal para pacientes con cáncer.

Finalmente, el desbloqueo de la jubilación parcial ha sido aprobado en un real decreto-ley del Ministerio de Función Pública, sin estas otras medidas adicionales, indican desde la Seguridad Social.

Este mismo mes de junio, el Ministerio liderado por Óscar López reactivó la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), pero los empleados públicos de otras Administraciones Públicas –como las comunidades autónomas y los ayuntamientos– aún estaban a la espera de una solución.

Entra en vigor al día siguiente del BOE

La ley entrará “en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado” (BOE), informa el Ministerio de Función Pública. Por lo tanto, si el Congreso optara por no respaldar la medida, los partidos políticos tumbarían una medida ya desplegada y operativa para los empleados públicos laborales. UGT Servicios Públicos ha confiado en el Parlamento convalide la medida.

El real decreto-ley consta de un artículo único que regula el régimen aplicable a los contratos de relevo y una disposición transitoria que establece un régimen transitorio hasta 2027. “Éste permite vincular la jubilación parcial a un contrato de personal laboral fijo a tiempo completo que hubiere sido formalizado a partir del 1 de abril de 2024 como resultado de convocatorias derivadas de ofertas de empleo público ordinarias”, explica Función Pública.

Además, la ley incluye una disposición adicional referida a la “indemnización por residencia del personal al servicio del sector público estatal destinado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears”. En estos momentos, es una de las zonas más tensionadas por el elevado coste de la vivienda, que impiden a muchos empleados aceptar plazas en este destino.

El Gobierno sostiene que, en cumplimiento del Acuerdo Marco suscrito entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, se abre un “proceso de revisión de las cuantías” para poder aumentar esta indemnización insular. Se establece un periodo de seis meses en los tiene que haber negociación con la parte trabajadora.

Los sindicatos han denunciado que la jubilación parcial sigue bloqueada para el personal funcionario y estaturio (con mucha presencia en Sanidad). La ministra Elma Saiz ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida está pendiente del Proyecto de Ley de Función Pública, en tramitación en el Parlamento. UGT ha reclamado que se incluya en este texto al personal estatutario, además de los funcionarios.

En CCOO han criticado que el Gobierno “ha contribuido a bloquearla, por acción u omisión”, al incluir esta materia, “de manera absolutamente inopinada,” en este proyecto de ley paralizado en el Congreso. “Este movimiento ha supuesto, en la práctica, enterrar temporalmente un derecho comprometido, sometiéndolo a los ritmos y bloqueos parlamentarios, y alejándolo de la urgencia que requiere su aplicación”, denuncia el sindicato.

La pensión media de jubilación alcanza en junio en Cantabria los 1.659,59 euros, lo que supone un 4,1% más que en el mismo mes de 2025 y 86,8 euros más que la media nacional, situada en 1.572,77 euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el sexto mes del año, Cantabria se mantiene como la quinta comunidad con la pensión de jubilación más elevada, tras País Vasco (1.907 euros), Asturias (1.838), Madrid (1.795) y Navarra (1.755).

Además, este mes de junio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abonará a los pensionistas la paga extraordinaria, que en el caso de las pensiones de jubilación en Cantabria será de una media de 1.635,23 euros, 84,4 euros más que la media nacional, situada en 1.550,82 euros.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión —jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares—, se situó en Cantabria en junio en 1.441,04 euros, un 4,32% más que hace un año.

Se trata de la sexta pensión media más elevada, tras las de País Vasco (1.681 euros), Madrid (1.581), Asturias (1.578), Navarra (1.564) y Aragón (1.447).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 150.091, el 1,43% del total del país y un 1,19% más que hace un año. De ellas, 95.173 eran de jubilación.

Por tipo de pensión, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.306,14 euros al mes y 14.243 beneficiarios en la región. En este caso, la media de la paga extraordinaria ascenderá a 1.171,93 euros.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúa la de viudedad, con una media de 1.028,02 euros y 34.733 perceptores. La paga extraordinaria media será de 1.003,75 euros.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con una media de 908,15 euros y 1.390 beneficiarios —la paga extraordinaria media se sitúa en 899,12 euros—, y las de orfandad, con 607,74 euros mensuales y un total de 4.552 pensiones —la paga extraordinaria media será de 581,57 euros—.

Datos nacionales

En el conjunto del país, la Seguridad Social destinó este mes de junio un total de 28.432 millones de euros al abono de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas y de la paga extraordinaria.

En concreto, se dedicaron 14.397,5 millones al abono de la nómina ordinaria, un 6,1% más que en junio de 2025 y una nueva cifra récord mensual, y 14.034,8 millones de euros a la paga extraordinaria.

Según el Ministerio, más de 10,4 millones de pensiones —10.477.873— percibirán este mes ese doble abono, ordinario y extraordinario. Quedan fuera las pensiones que tienen las pagas extraordinarias prorrateadas en 12 mensualidades y las que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben únicamente la parte proporcional.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación, que cobran más de 6,5 millones de personas, aumentó en junio un 4,4% interanual, hasta los 1.572,8 euros mensuales, mientras que su paga extraordinaria alcanza una media de 1.550,8 euros.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión —jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares—, se incrementó un 4,6% interanual, hasta situarse a 1 de junio en 1.371,4 euros mensuales. La media de la paga extraordinaria asciende a 1.339,5 euros, según Inclusión.

Casi el 90% de la población española rechaza aumenta la edad de jubilación progresivamente a los 70 años, los planes de la reforma que acaba de anunciar Alemania, según una encuesta realizada por Funcas, el centro de estudios de la fundación de las antiguas cajas de ahorros. La oposición es generalizada, superior al 80% en todos los grupos de edad, de jóvenes a mayores.

Es uno de los resultados de la “Encuesta 2026 sobre pensiones y educación financiera”, la segunda en este tema elaborada por Funcas, tras la primera edición de septiembre de 2025. De hecho, el 70% de la población responde que le parece “alta” la edad de jubilación de 67 años, a la que se encamina el sistema español (que permite aún el retiro a los 65 años para las largas carreras laborales).

Los resultados de estudio –para el que se ha preguntado a 1.127 hombres y mujeres, de nacionalidad española, entre 18 y 75 años– se han presentado este jueves en una rueda de prensa por la investigadora Elisa Chuliá, que ha subrayado que “se reconoce” que hay “un problema” económico con las pensiones de forma mayoritaria, “pero la sociedad no está muy dispuesta a hacer reformas”.

Funcas consulta a los entrevistados cuánto de acuerdo o desacuerdo están con que “se escucha con frecuencia que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema importante para nuestra economía”. A esta pregunta, dos tercios de la población dice estar muy o bastante de acuerdo.

En este contexto, 9 de cada 10 entrevistados prevén que habrá más reformas de pensiones antes de su jubilación.

Menos en contra de un impuesto o subir las cotizaciones

Elisa Chuliá ha explicado que la encuesta pregunta a las personas entrevistadas por cuatro posibles reformas del sistema. La primera es la ampliación de la edad de jubilación a los 70 años, en línea con las reformas de algunos países, ha apuntado la experta, que suscita un “superconsenso” en contra por parte de la población española.

La segunda propuesta de reforma es aumentar los años de cotización para conseguir una pensión contributiva, ahora en 15 años, un periodo elevado en España respecto a otros países europeos, ha recordado Chuliá. Esta es rechazada por un 73% de las personas entrevistadas.

La tercera y la cuarta son medidas que inciden en el aumento de los ingresos del sistema. Por un lado, “introducir algún impuesto específico a todos los ciudadanos para pagar las pensiones”, que rechaza un 66% de las personas entrevistadas.

Por último, se pregunta por si las personas entrevistadas están de acuerdo con “aumentar las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas”, una medida que va en la línea de las últimas reformas implementadas por el Gobierno. Aunque también obtiene el rechazo de la mayoría, la oposición es mucho menor: del 54%. En el grupo de las personas estudiantes el dato de quienes están a favor (45%) supera a quienes se oponen (44%).

Chuliá ha argumentado que “tiene sentido” que las personas entrevistadas sean más favorables a las medidas de aumento de ingresos “que a los recortes”, ya que el impuesto y el aumento de cotizaciones se visualiza como algo más general, que afecta al conjunto de la población, mientras que el aumento de la edad de jubilación se proyecta como una medida que les afecta individualmente.

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones, para lo que el Gobierno germano ha recibido este martes un informe de una comisión de expertos. Entre las medidas, destaca el aumento de la edad de acceso a la jubilación, hasta los 70 años, y la creación de una pensión de capitalización obligatoria, complementaria a la pensión pública, y a la que los trabajadores y empresas irán aportando progresivamente hasta el 2% del salario.

“No sólo los más acomodados, sino también quienes tienen ingresos normales se beneficiarán del desarrollo económico y, por tanto, del mercado de capitales”, afirmó este martes en una rueda de prensa el canciller alemán, Friedrich Merz, informa la agencia EFE.

Merz definió el informe como un “paquete equilibrado” de propuestas, que el Gobierno alemán –coalición de conservadores y socialdemócratas– pretende aplicar en su integridad. El objetivo de comenzar con la primera fase legislativa en la segunda mitad del año, con el fin de que la reforma pueda entrar en vigor lo antes posible.

Contiene 33 medidas concretas, respaldadas por sus integrantes en su totalidad y por unanimidad. El político conservador añadió que resulta “muy tranquilizador” que este modelo basado en el capital e inspirado en los países escandinavos –en concreto en el modelo sueco– es “resistente a las crisis”, y aseguró que incluso con una crisis financiera y económica como la sufrida en los años 2007 y 2008, las pensiones seguirían aumentando.

Más cotización, para una pensión individual privada

Merz reconoció que esa reforma conllevará cargas adicionales, ya que en el modelo propuesto la inversión obligatoria en el mercado de capitales para complementar la pensión pública ordinaria supondrá un aumento de la tasa de cotización de forma gradual a partir de 2028 en incrementos anuales del 0,5% hasta alcanzar el 2% en 2031, que serán asumidos a partes iguales por empleador y trabajador.

Esta inversión obligatoria de parte de las aportaciones en el mercado de capitales supondrá una inyección en la economía de al menos 30.000 millones de euros adicionales al año, subrayó.

Aumento de la edad de jubilación a 70 años

Por otra parte, en 2031, cuando concluya el actual proceso de aumento de la edad de jubilación a los 67 años, para los nacidos a partir de 1964, la edad mínima para acceder a la pensión también aumentará, con un sistema vinculado al incremento de la esperanza de vida.

Así, entre 2031 y 2041, según la evolución de la esperanza de vida prevista actualmente, la edad de jubilación aumentaría a partir de 2032 aproximadamente cada diez años en medio año, de manera que como muy pronto, a partir de 2092, los que cotizan en Alemania se retirarán a los 70.

“Sin reformas, el nivel de las pensiones descendería inevitablemente y las cotizaciones aumentarían. Con esta reforma podemos invertir esa tendencia. A largo plazo, queremos que el nivel de las pensiones aumente y que las cotizaciones disminuyan”, dijo Merz.

Reparto de “cargas” entre generaciones

El sistema propuesta por la comisión, subrayó el canciller alemán, cumple además dos objetivos: las pensiones siguen estando garantizadas y las cargas se distribuyen de forma equitativa entre todos los grupos sociales y todas las generaciones.

“La pensión pública sigue siendo el pilar más importante de nuestro sistema. Ningún ciudadano debe preocuparse. Se mantendrá la equidad social. Se conservará el nivel actual de las pensiones y no habrá ningún cambio radical en el sistema”, resumió el canciller.

Por su parte, Bärbel Bas, ministra de Trabajo y copresidenta del Partido Socialdemócrata (SPD), socio de la coalición de gobierno liderada por el canciller conservador, calificó la propuesta de reforma del sistema de pensiones de “obra de arte total”, en la que todo está interrelacionado y que no permite “quedarse con lo que gusta y descartar lo que no gusta”.

“El hecho de que ahorremos para los asegurados en el primer pilar” –el de la pensión pública, al complementarla con la inversión en el mercado de capitales– “significa para la generación joven que el nivel de las pensiones aumentará”, como mínimo hasta el 50%, frente al actual 48% y al 46% hasta 2029 si no se acomete la reforma, subrayó Bas.

Para Frank-Jürgen Wiese, miembro de la comisión, sostuvo que ante una evolución demográfica desfavorable, una situación económica y financiera difícil y “transiciones que sin duda supondrán una carga para todos”, se ha encontrado “una solución razonablemente equilibrada para todas las partes implicadas –empresarios, trabajadores y jubilados–”.

Se mostró convencido de que si se suman los tres niveles de seguro de la vejez –la pensión pública, ahora complementada con la inversión en el mercado de capitales, como primer pilar; los planes de pensiones de empresa como segundo pilar; y los planes de pensiones privados como tercer pilar– existe “una muy buena perspectiva, demostrable y calculable” que de se pueda llegar al 70% del último salario percibido en los últimos años de vida laboral.

Junio es uno de los meses más esperados para millones de pensionistas en España. Además de la mensualidad ordinaria, quienes tienen derecho a las pagas extraordinarias percibirán también la conocida como paga extra de verano, lo que supone un ingreso doble en la mayoría de los casos. La cuantía extraordinaria suele ser equivalente a una mensualidad ordinaria para las pensiones contributivas que no tienen las extras prorrateadas.

Aunque la normativa establece que la Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido y que el ingreso debe realizarse entre el primer día hábil del mes y, como máximo, antes del cuarto día natural del mismo, la práctica habitual desde hace años es que los bancos adelanten el pago utilizando fondos propios. Gracias a ello, los pensionistas suelen disponer del dinero varios días antes de que llegue la fecha oficial.

Para junio de 2026, las previsiones apuntan a que la mayor parte de las entidades volverán a concentrar los ingresos entre el lunes 22 y el jueves 25 de junio. En algunos casos, el abono podría variar ligeramente en función de la operativa interna de cada banco o de posibles ajustes de última hora.

La fecha oficial de pago de la Seguridad Social

La Tesorería General de la Seguridad Social mantiene el calendario habitual para el abono de las prestaciones contributivas. La normativa establece que las pensiones deben pagarse dentro de los primeros días del mes siguiente al que corresponden, normalmente entre los días 1 y 4.

Sin embargo, las entidades financieras reciben con antelación la información necesaria para gestionar estos pagos, lo que les permite adelantar el ingreso a sus clientes. El propio Banco de España ha explicado en distintas ocasiones que las entidades conocen previamente los importes y beneficiarios, facilitando estos anticipos.

Por ello, la fecha que realmente interesa a la mayoría de pensionistas no es la oficial de la Seguridad Social, sino el día en que su banco decide reflejar el dinero en la cuenta.

Calendario previsto: cuándo pagará cada banco en junio

Las fechas pueden experimentar pequeñas variaciones, pero las previsiones de diversas entidades permiten elaborar un calendario orientativo para junio de 2026.

Conviene recordar que estas fechas son orientativas y que cada banco puede introducir cambios de última hora. Por ello, la recomendación habitual es consultar directamente con la entidad financiera correspondiente.

Paga extra de verano

Una de las principales particularidades de este mes es el cobro de la paga extraordinaria de verano. En el sistema español de pensiones contributivas, la mayoría de prestaciones se abona en 14 pagas: doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, una en junio y otra en noviembre.

La paga extraordinaria de verano se percibe junto con la mensualidad ordinaria de junio, por lo que muchos pensionistas verán duplicado el ingreso habitual en su cuenta. En términos generales, la cuantía de la paga extra equivale a una mensualidad ordinaria, aunque existen excepciones en determinados supuestos, como algunas pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, donde las pagas extraordinarias están prorrateadas a lo largo del año.

Además, las pensiones contributivas se han revalorizado en 2026, lo que también repercute en el importe que recibirán quienes tengan derecho a esta paga extraordinaria.

Qué hacer si la pensión no aparece en la cuenta

Aunque los retrasos son poco frecuentes, pueden producirse diferencias de algunas horas o incluso de un día entre entidades. Si llegada la fecha habitual el dinero no figura en la cuenta, lo más recomendable es verificar primero si el banco mantiene el mismo calendario que en meses anteriores.

También conviene revisar posibles incidencias relacionadas con la cuenta bancaria, cambios de domiciliación o comunicaciones pendientes con la Seguridad Social. En caso de duda, tanto la entidad financiera como el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueden facilitar información sobre el estado del pago.

Para la inmensa mayoría de los pensionistas, sin embargo, junio volverá a ser un mes de ingresos adelantados. Todo apunta a que entre el 22 y el 25 de junio quedarán abonadas tanto la mensualidad ordinaria como la paga extraordinaria de verano en la mayoría de las entidades financieras españolas.

La nueva “cuota de la solidaridad” de los salarios más altos a las pensiones públicas, implementada en 2025, supondrá un ingreso a la Seguridad Social de “567 millones” de euros este año, “un 42% más” que el año pasado, ha cifrado este lunes la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su comparencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Saiz ha comparecido en el Parlamento esta tarde a petición propia, para dar cuenta del cumplimiento de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas en 2020, así como del informe del Ministerio de la Seguridad Social sobre su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, que prevé menos peso del gasto que Bruselas y la AIReF.

Las últimas reformas de pensiones recuperaron la subida anual de las pensiones según el IPC, lo que incrementó el gasto previsto para los próximos años, pero también recogió una panoplia de medidas para aumentar los ingresos del sistema público. Especialmente, de los salarios más altos (a través de un incremento de la base máxima de cotización y de una nueva “cuota de solidaridad” para las remuneraciones más elevadas, por encima de esta).

Un gran aumento por más empleo de alto valor añadido

Elma Saiz ha detallado en el Pacto de Toledo lo que supone a las arcas públicas de las pensiones esta última medida, la “cuota de solidaridad” aplicada en los salarios por encima de los 5.100 euros al mes en 2026.

La previsión de la Seguridad Social es que alcance los 567 millones de euros este año, lo que supone un importante aumento (del 42%) respecto al año pasado, el primero en el que se aplicó esta medida.

Fuentes de la Seguridad Social explican que este gran incremento se debe a varios factores. Por un lado, al progresivo aumento en el porcentaje de cuota de solidaridad que se aplica año tras año. Por otro, también al aumento del empleo de alto valor añadido, y de mayores salarios, en los últimos años. Por último, también influye el crecimiento de estos salarios más elevados, indican en el departamento de Saiz.

En 2026, las cuotas de solidaridad en las pensiones son: del 1,15% a la parte del sueldo entre los 5.101 euros y 5.611 euros euros mensuales; del 1,25% a la parte del sueldo entre 5.611 euros y 7.653 euros al mes, y del 1,46% a la parte del sueldo que supere los 7.652 euros al mes.

Estos tres tramos avanzarán poco a poco hasta una cuota de solidaridad del 5,5%, 6% y 7% en 2045.

Sorpresa en la luz verde de este jueves del Congreso de los Diputados a una ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro. El Pleno del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, pero con una enmienda del PP que cambia notablemente la pasarela que recogía la iniciativa del PSOE. La novedad más destacada es que ya no excluye a los ya pensionistas, ni a las personas con el mínimo cotizado de 15 años, como exigía el Gobierno, y que elimina varios detalles pactados en comisión parlamentaria y deja su definición a expensas de un reglamento.

Con estos cambios, se abre mucho más el acceso a la pasarela de mutualistas al RETA (el régimen de autónomos de la Seguridad Social) respecto a lo que se preveía, aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios. Algunas estimaciones de los colectivos apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela, a los que habría que sumar ahora unos 50.000 profesionales con el mínimo cotizado –según cifró el Gobierno– y a quienes ya se hayan jubilado.

Por otro lado, ahora hay más indefinición sobre las condiciones de la propia pasarela, ya que han decaído varias condiciones pactadas por los grupos parlamentarios, y habrá que esperar a que el Gobierno las regule en un reglamento.

No obstante, la legislación aún no se ha aprobado de manera definitiva. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde podrá seguir incorporando cambios y, en ese caso, volver a una segunda vuelta al Congreso de los Diputados.

Qué es la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social

La ley en cuestión –proposición del PSOE en el Parlamento, en lugar de ser tramitada por el Gobierno– contiene una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate de la norma ha sido muy complejo, porque surge de una situación casi de rescate público de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados, que se sienten engañados–, los trabajadores han reclamado una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas.

Qué pasarela ha salido adelante en el Congreso

Tras el 'sí' a la enmienda 47 del PP, que ha salido adelante este jueves con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de Junts y BNG, la pasarela que recoge la ley cambia sustancialmente.

Estaba planteada para los mutualistas en activo, excluidos los “pasivos” (las personas ya jubiladas), así como aquellas que tuvieran el mínimo cotizado a la Seguridad Social. Estas dos exclusiones, que no contentaban a la gran mayoría de grupos parlamentarios, se eliminan en el texto planteado por el PP que ha salido adelante.

Por otro lado, el texto del PSOE recogía más detalle sobre la concreción de esta pasarela, pactados por la mayoría durante la comisión parlamentaria, que ahora se elimina. Por ejemplo, el coeficiente del 0,77 para el cálculo de los años cotizados en la Seguridad Social según el dinero acumulado en las mutualidades de cada profesional.

En la enmienda del PP, el detalle queda a expensas de desarrollo reglamentario: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos, actualizada al lPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia los parámetros que reglamentariamente se determinen”.

También cae la mejora expresa pactada en Comisión para los mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión. Esta mejora, de las más destacadas por las fuerzas progresistas del debate parlamentario, no figura en la enmienda del PP.

Los 'populares' incluyen otra novedad importante: reconocen el derecho a que “todo el tiempo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva hasta que pasó a ser alternativa, se considere como tiempo de afiliación y alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a efectos del cómputo del periodo de carencia” que se exige para acceder a la jubilación de la Seguridad Social.

En el grupo socialista sostienen que este escenario “obliga a seguir trabajando en el Senado para recuperar” las condiciones mínimas pactadas “y garantizar que la ley llegue a su aprobación definitiva con la máxima claridad y protección posible”.

La Seguridad Social trabajará por una pasarela “equilibrada”

Fuentes de la Seguridad Social destacan que, durante la tramitación parlamentaria, en las fases de ponencia y comisión en el Congreso, “se habían introducido diferentes enmiendas que concretaban y mejoraban los derechos de los mutualistas que transfierieran sus fondos de la mutualidad al RETA”. “De manera inesperada, hoy se ha dado algún paso en la dirección contraria a lo trabajado”, lamentan.

La concreción de la pasarela queda a expensas de un desarrollo reglamentario y ya sin el plazo de tres meses que también habían pactado las fuerzas progresistas en la Comisión. De manera que, si prospera así la ley en el Senado y en el Congreso en segunda vuelta, todo indica que la pasarela tardaría más en concretarse y en llevarse a la práctica.

“Desde el Gobierno se seguirá trabajando en que el texto finalmente aprobado sea equilibrado, con la necesaria seguridad jurídica y que respete los principios del Sistema de solidaridad, equidad y contributividad”, añaden en el Ministerio de Elma Saiz.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha aprobado las nuevas instrucciones pactadas con los sindicatos para la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de desbloquear este procedimiento tras los cambios introducidos en la reforma de pensiones de 2024.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a las instrucciones vigentes desde febrero de 2022 y establece los criterios para tramitar tanto la jubilación parcial ordinaria como para la jubilación parcial anticipada del personal laboral, explica la agencia Europa Press.

Como se recoge en el BOE, la actualización normativa responde a las modificaciones introducidas por la reforma de pensiones de 2024 que reformó la jubilación parcial y del contrato de relevo, con la obligación de que este último se incorporara a su puesto con un contrato indefinido.

Esta modificación bloqueó la disponibilidad de la medida en las Administraciones públicas, con procedimientos más complejos (y sobre todo que llevan más tiempo) para el acceso al empleo fijo. Los sindicatos y el Gobierno han estado negociando meses una salida, acordada ya hace varias semanas, pero no aprobada.

En el cuerpo de la Administración General del Estado la luz verde ha llegado con esta resolución en el BOE, pero se espera aún la aprobación de un real decreto ley para el resto de Administraciones Públicas.

Solución para el personal laboral del Estado

En concreto, la resolución recoge que podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores laborales fijos a jornada completa que cumplan los requisitos de edad, cotización y antigüedad establecidos en la normativa de Seguridad Socialm informa Europa Press.

Asimismo, regula las condiciones de reducción de jornada y la contratación de relevistas en los supuestos de jubilación parcial anticipada, adaptando estos procedimientos a los cambios legales en vigor desde el pasado 1 de abril.

La norma también incorpora los criterios acordados entre la Administración y las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.

En vigor desde este miércoles

Según recoge el texto, las nuevas instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE –es decir, este miércoles–y dejarán sin efecto las aprobadas por Función Pública en febrero de 2022.

Este mismo miércoles, en rueda de prensa, UGT ha asegurado que el problema generado por la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial para el personal laboral de la AGE ha quedado “desbloqueado” tras la aprobación de esta resolución.

El coordinador general del Convenio Único en UGT, Alberto Pablos, ha señalado que los trabajadores afectados deberán volver a presentar las solicitudes de jubilación parcial que habían quedado paralizadas durante los últimos meses para que puedan ser tramitadas conforme al nuevo procedimiento.

Según ha explicado, los retrasos registrados durante el último año se debieron a la falta de adaptación de Función Pública a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y ha defendido que el nuevo sistema beneficiará tanto a quienes accedan a la jubilación parcial como a los trabajadores que ocupen los contratos de relevo.

UGT ha retrasado al próximo día 22 de este mes el inicio de la huelga indefinida del transporte de mercancías y viajeros por carretera para exigir al Gobierno una respuesta inmediata a su solicitud de jubilación anticipada por penosidad, sin penalizaciones. El paro estaba anunciado para el próximo lunes, 8 de junio.

El sindicato ha explicado en un comunicado que la decisión responde “exclusivamente” a un ejercicio de responsabilidad por la visita del papa León XIV, que provocará “importantes necesidades de movilidad y desplazamiento”, y una elevada afluencia de personas en distintos puntos del país, informa la agencia EFE.

Por ello, UGT incide en que no es el momento de “añadir dificultades adicionales” a millones de ciudadanos que participarán o que se verán afectados por los dispositivos especiales de movilidad previstos con motivo de esta visita.

No obstante, este retraso en el inicio de la huelga “no modifica en absoluto” las razones que motivaron su convocatoria ni supone ningún cambio en la posición del sindicato respecto a la necesidad urgente de “reconocer la penosidad de la conducción profesional” mediante la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

Las patronales de transporte, tanto de mercancías (CETM) como de viajeros (Confebus), y los sindicatos (UGT y CCOO) solicitaron conjuntamente al Gobierno la consideración de la actividad como especialmente penosa para poder aplicar los coeficientes reductores, que permiten la jubilación anticipada sin penalizaciones.

No obstante, UGT defiende que continúa sin recibir ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el estado de los expedientes registrados el 10 de octubre de 2025 para el transporte de viajeros y el 20 de octubre de 2025 para el transporte de mercancías.

“Más de siete meses después de la presentación de las solicitudes, el sindicato sigue sin conocer qué informes técnicos se han elaborado, si se ha reunido la comisión de evaluación prevista en la normativa o cuál es el calendario previsto para resolver este procedimiento”, ha criticado el sindicato.

El Ministerio de la Seguridad Social ha afirmado en varias ocasiones que está elaborando unos informes para atender a esta petición. CCOO, aunque críticos con la lentitud del Gobierno (que se ha excedido en los plazos legales para valorar la solicitud), no se ha adherido a la convocatoria de huelga, ya que el procedimiento sigue en marcha.

UGT ha explicado que la intervención de la ministra Elma Saiz el pasado miércoles en el Congreso sobre este tema “no aporta ninguna certeza al sector ni modifica en absoluto el escenario de conflicto abierto”. Aunque la ministra afirmó que los expedientes continúan tramitándose, no concretó en qué situación se encuentran, qué plazos maneja el ministerio ni cuándo piensa adoptarse una resolución definitiva, denuncia UGT.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la nueva regulación de jubilación flexible aprobada esta semana por el Gobierno, que entrará en vigor dentro de tres meses. En concreto, el 28 de agosto. Entre los cambios más destacados figuran el acceso de los autónomos a esta fórmula de complementariedad del trabajo y el cobro de pensión, antes solo accesible para los asalariados, así como un aumento del porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos y la mejora de la pensión futura de los jubilados forzosos, entre otras.

La jubilación flexible es una fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Ahora, además de los asalariados con contratos a tiempo parcial, también podrán acceder a ella personas autónomas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, destacó el martes su carácter voluntario. “Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, argumentó Saiz.

El real decreto especifica que las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva regulación se seguirán rigiendo por la normativa que les fuera aplicable anteriormente.

Entre las novedades también figura que no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

“Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación”, recoge el real decreto.

Quiénes tienen derecho

La jubilación flexible “será de aplicación a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, especifica el decreto, excepto “al Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia”.

Asalariados a tiempo parcial y autónomos

Esta fórmula está disponible para aquellas personas jubiladas que vuelvan a trabajar con un contrato a tiempo parcial. Para estas personas también hay novedad: la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33% al 80%. Antes, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25% y el 75% respecto a un horario a tiempo completo.

A partir de ahora también podrán acceder a ella quienes decidan volver a trabajar con una actividad por cuenta propia, aunque con una considición: “Siempre que, en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, la persona pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta propia”.

Mejora en el porcentaje de pensión a percibir

La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible por primera vez y pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En aquellos supuestos en que se compatibilice la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia, el importe de la pensión a percibir se corresponderá con un porcentaje del 25%.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

El importe de la pensión de jubilación compatible con la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia incluirá el complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género, cuando se perciba. “Este se reducirá y, en su caso, se aumentará en la misma proporción que el importe de la pensión” que se perciba en esta modalidad flexible.

Además, “la persona pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo”.

Mejora de pensión futura solo a jubilados forzosos

Además, el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.

En el resto de casos, “la cotización efectuada durante la situación de jubilación flexible no surtirá efectos para la mejora de la pensión que se tenga reconocida, ni tampoco incrementará el complemento económico de demora que hubiera correspondido”.

Incompatible con el plus de jubilación demorada

La norma declara incompatible la jubilación flexible con el percibo del complemento económico por jubilación demorada. Así, se aplicarán estas reglas en caso de ya percibir este plus:

a) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de porcentaje adicional en la pensión, “su percibo quedará suspendido durante el tiempo en que se aplique el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

b) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de cantidad a tanto alzado, o bajo la opción mixta (porcenatje adicional y a tanto alzado), “no será posible aplicar el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

Mejoras pendientes en la jubilación demorada

Además, el real decreto incluye algunos cambios ya anunciados en la jubilación demorada, como la compatibilidad del cobro del plus con la jubilación activa.

Hay un periodo transitorio para ello, por el que “se seguirá aplicando la incompatibilidad de la percepción del complemento por demora con el acceso al envejecimiento activo”, conforme a lo establecido en la regulación contenida en dichos artículos vigentes a 31 de marzo de 2025, “a las personas que en esa fecha estuvieran compatibilizando la pensión con un trabajo por cuenta ajena o propia conforme a dicho régimen, en tanto no se produzca la baja en el régimen de la Seguridad Social correspondiente por haber finalizado la citada relación laboral o actividad por cuenta propia”

Además, se modifican los términos para acceder a este plus de jubilación demorada, para el que “se tomarán años y semestres completos”.

Todos los detalles de la regulación son accesibles en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

La pasarela para que miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social ha recibido este martes el visto bueno de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, con la abstención del PP, Vox y Junts, con muchas críticas al Gobierno por el veto de varias enmiendas presentadas por la oposición. La ley va rumbo a su votación en el Pleno del Parlamento, prevista el próximo 10 de junio, un examen clave para su aprobación y para su contenido, con varios detalles aún abiertos.

La sesión celebrada en la Comisión de Trabajo ha dejado aún varias enmiendas “vivas” para que se voten en el Pleno del Parlamento, por lo que no solo está pendiente la aprobación de la propia pasarela para los mutualistas, sino también el detalle de algunos de sus artículos.

Por ejemplo, este martes los portavoces de Sumar y del PSOE han mencionado en sus intervenciones una importante novedad, incorporada en este último momento, pendiente de la votación del Pleno: rebajar a 52 años –desde los 55 años inicialmente propuestos– la edad a partir de la cual la ley da un trato más favorable a los mutualistas y considera que cada mes cotizado en la mutualidad equivale a un mes cotizado en la Seguridad Social.

Fuentes de Sumar indican a elDiario.es que se trata de una iniciativa incluida en una enmienda de su grupo parlamentario.

Veto al acceso de 47.000 mutualistas con el mínimo cotizado

El Gobierno ha vetado varias enmiendas presentadas por la oposición, lo que ha suscitado duras críticas de PP, Junts y Vox. Especialmente, el PP se ha referido a una enmienda pactada con Junts para permitir el acceso a la pasarela a los trabajadoras que hayan sumado el mínimo de años cotizado para acceder a una pensión en la Seguridad Social, con el objetivo de que pudieran transferir el dinero cotizado previamente en la mutualidad.

El Ejecutivo ha vetado esta enmienda, por motivos presupuestarios, con la exclusión de “47.000 mutualistas”, ha cifrado el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. Tanto PP, como Junts y Vox han denunciado que el Ejecutivo no ha argumentado suficientemente el efecto presupuetario para justificar el veto y han denunciado la imposibilidad de debatir y votar sus propuestas.

Se quedan también fuera de la pasarela los mutualistas ya jubilados, otro de los colectivos más afectados por las escasas pensiones de estas entidades privadas -además sin revalorización anual- y para los que varios grupos, como PNV y ERC, han expresado su pesar por no haber logrado un consenso para incluirlos en la ley (ante la reticencia del Gobierno).

La proposición de ley presentada por el grupo socialista tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos (“300 y 400 euros”), incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Afronta su examen clave en el Congreso

El proyecto de ley afronta ahora un examen clave en el Parlamento el próximo 10 de junio, ya que la norma podría decaer o ser aprobada, y en este segundo caso, hay todavía cuestiones abiertas de su contenido en las enmiendas presentadas por los partidos políticos.

Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a todas las plataformas de afectados.

En la sesión celebrada este martes en la Comisión de Trabajo del Parlamento se ha visualizado esta situación, con varios grupos –como ERC, PNV, Coalición Canaria y Sumar– que han expresado su apoyo a dar alguna solución al colectivo, aunque se difiera con algunas cuestiones del texto final de la ley.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

Los cambios, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha adelantado El Periódico y confirman a elDiario.es fuentes conocedoras, se incluyen en un real decreto que el Gobierno aprueba este martes –y que por tanto no tiene que pasar por el Parlamento– y que estaba comprometido con los agentes sociales en la última reforma de pensiones para incentivar fórmulas voluntarias de trabajo y pensión.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medida “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

“Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, ha argumentado Saiz, que ha destacado la “escucha” al diálogo social en su diseño.

La jubilación flexible ofrece la posibilidad, a los jubilados que voluntariamente lo deseen, de reincorporarse a la actividad y compatibilizar el cobro de parte de su pensión con las ganancias de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, ahora como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia. Eso sí, hay una condición: siempre que la persona no haya estado dada de alta como autónoma en los tres años anteriores a la fecha de jubilación, precisan fuentes conocedoras del real decreto.

Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión, añaden estas fuentes.

Aumenta el porcentaje de pensión que se puede cobrar

Otra de las novedades relevantes es que se modifican, tanto las jornadas de trabajo que se pueden realizar en jubilación flexible (aumentándolas), así como también se incrementa el porcentaje de pensión que se puede percibir en determinados casos.

Así, los trabajos a tiempo parcial por cuenta ajena podrán situar las jornadas en la horquilla del 33% al 80%. Hasta ahora, el jubilado podía realizar una jornada entre el 25% y el 75%.

La pensión que se puede cobrar, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo. Por tanto, si la jornada es de un 80%, la cuantía de la pensión a percibir es de un 20%.

Pero, como novedad, aumentarán los porcentajes de pensión que se pueden cobrar cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación. En este caso, el beneficiario de jubilación flexible percibirá un porcentaje adicional de pensión:

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir “hasta 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible”, indican estas fuentes conocedoras del decreto.

Recálculo de la pensión solo para jubilados forzosos

Los aumentos en la cuantía de la pensión a percibir durante la jubilación flexible van acompañados de otro cambio: el nuevo periodo trabajado ya no se tendrá en cuenta para recalcular la pensión de jubilación, salvo en el caso de las personas que accedieran a la jubilación de manera involuntaria.

Aunque en un inicio el Gobierno pretendió que la pensión no se recalculara en ningún caso con los nuevos periodos trabajados, los sindicatos insistieron en exceptuar a los llamados jubilados forzosos, quienes se hayan tenido que jubilar de manera forzosa a través de la jubilación anticipada involuntaria, principalmente fruto de despidos y ERE.

Finalmente, el decreto reconoce que el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, “verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado”, explican estas fuentes.

La nueva regulación, que mejora las condiciones para las jubilaciones demoradas, se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La recta final de mayo vuelve a poner el foco en el calendario de las pensiones. Aunque estas prestaciones siguen unas reglas generales de pago, el día en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad bancaria. La diferencia se debe a que muchos bancos adelantan el ingreso respecto al plazo ordinario, lo que permite a buena parte de los beneficiarios recibir la mensualidad antes de que empiece junio.

La Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido y el pago ordinario se sitúa en los primeros días del mes siguiente. En concreto, el ingreso debe realizarse desde el primer día hábil y siempre antes del cuarto día natural. Sin embargo, como las entidades ya disponen de la información necesaria para tramitar el abono, lo habitual es que anticipen el dinero a sus clientes durante la última semana del mes.

En mayo de 2026, las fechas previstas se mueven principalmente entre el viernes 22 y el martes 26, aunque en algunos casos pueden acercarse al día 27. Por eso, que unos pensionistas cobren antes que otros no implica necesariamente una incidencia con la prestación. La clave está en comprobar el calendario de cada banco y tener en cuenta que el ingreso puede seguir teniendo lugar dentro del plazo habitual de la entidad.

Cuándo paga cada banco la pensión en mayo de 2026

El calendario de pagos arranca este mes con Bankinter, que tiene previsto ingresar las pensiones el viernes 22 de mayo de 2026. Los clientes con la prestación domiciliada en esta entidad serán, en principio, los primeros en recibir la mensualidad en su cuenta. Después aparece CaixaBank, que sitúa el abono el domingo 24 de mayo. Al tratarse de un día no laborable, la disponibilidad efectiva del dinero puede variar ligeramente según la operativa de cada cuenta o la forma en la que el banco refleje los movimientos.

La mayoría de entidades concentra los pagos el lunes 25 de mayo. Ese día está previsto que cobren los pensionistas de Abanca, BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Sabadell y Santander. Lo habitual es que el ingreso esté disponible desde primera hora de la semana, aunque pueden existir pequeñas diferencias dependiendo de los horarios internos de actualización de cada banco. En el caso de Caja Rural, el margen es algo más amplio y el pago podría realizarse entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo.

En conjunto, el calendario vuelve a reflejar una práctica ya habitual: la mayoría de bancos adelanta el ingreso de las pensiones antes de las fechas ordinarias de la Seguridad Social, que suelen situarse en los primeros días del mes siguiente. Aun así, conviene recordar que cada entidad aplica su propio calendario y que no existe un único día de cobro común para todos los pensionistas.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no aparece en la fecha esperada, lo primero es comprobar si la entidad ya ha alcanzado su día previsto de abono. No todos los bancos pagan al mismo tiempo, por lo que el hecho de que otros pensionistas hayan cobrado no significa que exista un problema. En muchos casos, el pago puede seguir dentro del calendario habitual de la entidad correspondiente.

También conviene recordar que el adelanto aplicado por los bancos no funciona como una obligación uniforme para todas las entidades. El pago ordinario puede realizarse dentro del margen establecido para los primeros días del mes siguiente, mientras que el ingreso anticipado depende de la práctica comercial de cada banco. Por eso, una pequeña diferencia respecto a otros meses no tiene por qué suponer una incidencia.

Si transcurren varios días y el abono continúa sin reflejarse, la primera comprobación debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede revisar si el movimiento está pendiente de contabilización, si existe algún retraso puntual o si se ha producido una incidencia asociada a la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando ha habido cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos.

Si la entidad no localiza el ingreso o no ofrece una explicación suficiente, el siguiente paso es contactar con la Seguridad Social para comprobar el estado del pago. A través de sus canales de atención se puede verificar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para hacer esta consulta, resulta recomendable tener a mano la documentación personal, la información de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión.

El debate parlamentario para crear una pasarela que permita el traspaso de miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos a la Seguridad Social se atrasa una semana. La Comisión de Trabajo del Congreso iba a abordar este miércoles, 20 de mayo, el penúltimo examen de la proposición de ley presentada por el PSOE, antes de ir a Pleno, pero la sesión se ha suspendido y aplazado al próximo 26 de mayo, ha comunicado la presidenta de la Comisión, la diputada de Sumar Aina Vidal.

Tras varias horas de retraso, en las que los diputados se han reunido en pequeños –y grandes– corrillos a debatir fuera de micro, la presidenta de la Comisión ha comunicado oficialmente el retraso de la sesión para el próximo martes, a las 12 de la mañana, “a la espera de los informes económicos del Gobierno”. “Las enmiendas son las que son, no se presentan más enmiendas”, ha clarificado Vidal.

Fuentes de Sumar indican que se pretendía atrasar aún más el debate, dos semanas, pero que en su grupo han urgido a que el debate se aborde la semana que viene. “Vamos a seguir trabajando para mejorarlo lo máximo posible”, dicen estas fuentes.

Una pasarela para acceder al sistema público de pensiones

La proposición de ley en cuestión tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman un vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Aunque el Ministerio de la Seguridad Social defendió en un primer momento que este debate debía abordarse en el marco del Pacto de Toledo, finalmente la ministra Elma Saiz se abrió en marzo de 2024 a aprobar una pasarela para estos mutualistas, cuyos términos se han estado debatiendo durante estos dos años y ahora enfrentan su recta final.

El texto aún está por cerrar

El grupo socialista presentó una proposición de ley el año pasado, que este miércoles afrontaba la ratificación del dictamen de la ponencia, aun con la posibilidad de concretar algunos cambios en el articulado, pero que finalmente se abordará el próximo martes.

Así, la semana que viene se pretende cerrar el texto de la proposición de ley sobre la pasarela (si no es rechazada por los grupos parlamentarios), para que vaya a Pleno y sea votada por los partidos políticos. Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a las plataformas de afectados.

La complejidad surge a la hora de definir los términos del periodo cotizado en estas mutualidades privadas y los que serán reconocidos como tal en la Seguridad Social, así como los derechos generados de pensión futura en el sistema público. También en qué hacer con estas mutualidades a futuro.

Además, el actual texto deja fuera de la pasarela a los pensionistas, los profesionales que ya se han jubilado, algo que rechazan de plano los colectivos de afectados. “Muchos perciben 300–400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos”, recogía un comunicado de varias entidades la semana pasada. Este punto, sin embargo, parece que no tiene opciones de ser modificado, según fuentes conocedoras de la negociación.

También quedan excluidos de la pasarela quienes han cotizado 15 años en la Seguridad Social, en el RETA o Régimen General (periodo que da acceso a las pensiones contributivas), lo que los afectados denuncian que les niega “el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad”. “Esto supone una pérdida de derechos y una futura pensión muy inferior a la que correspondería por el total de años de la carrera real”, criticaron varios colectivos en un comunicado.

Un afectado denuncia a elDiario.es además que la fiscalidad cada vez financia más parte de las pensiones públicas, “es decir, que desde hace muchos años nuestros impuestos contribuyen a pagar las pensiones de todos los demás españoles, mientras se nos niega el acceso a este nuestro derecho constitucional” (de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas).

La mayor esperanza de vida habla de cómo las personas mayores viven más, pero también de cómo “menos niños y menos jóvenes mueren”. “En el tema del envejecimiento hemos asumido muchos marcos como ciertos y, no es que sean absolutamente falsos, pero no cuentan toda la verdad”, advierte Irene Lebrusán (Madrid, 1984), doctora en Sociología, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en el CENIE. En medio de la escalada de los discursos de enfrentamiento intergeneracional, la especialista llama la atención también sobre las “trampas” en algunos debates, como aquellos que solo ponen en la diana el gasto en pensiones, pero ignoran o invisibilizan otras muchas realidades, como por ejemplo lo que aportan las personas mayores —principalmente las mujeres— en cuidados no remunerados.

Lebrusán, que fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y ha centrado gran parte de su carrera en estudiar el envejecimiento y la vivienda, responde en esta entrevista con elDiario.es sobre algunos de los debates más recurrentes acerca de los retos económicos de una población más envejecida. Como el aumento de gasto —sobre todo en pensiones, pero también en dependencia y cuidados— y la sostenibilidad de esta situación con una pirámide poblacional con menos jóvenes.

España está ante “el mayor logro que puede conseguir cualquier sociedad”, destaca la investigadora, como uno de los países del mundo con más esperanza de vida al nacer, de 84 años, solo por detrás de Suiza y Japón, según la OCDE. “Y en un contexto en el que deberíamos estar muy orgullosos y dando palmas, porque sobreviven más personas a todas las edades, porque incluso personas con enfermedades tienen mayor calidad de vida y viven más años, lo que se destaca siempre es lo negativo. Para mí la pregunta es cómo puede ser que en ese marco estemos únicamente pensando en cuestiones tan negativas y con números que muchas veces son falsos”, añade. O, como poco, tramposos.

Por ejemplo, Irene Lebrusán destaca cómo habitualmente hay voces que reclaman la necesidad de aplicar reformas de pensiones, como si no se estuvieran ya aplicando multitud de cambios en las últimas décadas. “La edad legal de jubilación ya no es 65 años en general, avanza hasta los 67 años. Ya está aumentando”, recuerda.

Cuando se habla de lo “altas” que son las pensiones y lo “bajos” que son los salarios, se suele poner el foco en la insostenibilidad de las primeras respecto a los segundos. Lebrusán pide mirar también en la otra dirección: “¿De quién depende que los salarios sean muy bajos? Ese planteamiento no lo veo nunca. O sea, se está culpabilizando al Estado de algo que no tiene que ver con él”.

La socióloga también advierte que se suele abogar por que las personas mayores alarguen sus carreras laborales, “que se trabaje durante más años”, pero no se analiza qué condiciones laborales tienen las empresas para este colectivo. Ni tampoco se cuestiona a las empresas —muchas de ellas multinacionales— que despiden de manera masiva a trabajadores de edades avanzadas, expulsándoles al paro en un momento en el que es muy complejo que vuelvan a reengancharse al mercado laboral.

“A mí me parece bien que se prepare el clima laboral, es decir, que las empresas se adecúen a la permanencia de personas de más edad en el mercado de trabajo, de tal manera que esas personas que lo deseen puedan trabajar en mejores condiciones”, subraya Lebrusán. En cualquier caso, hay personas y trabajos que no pueden extender sus carreras laborales, por su penosidad o su estado de salud, recuerda la investigadora.

“Ojo, que las personas mayores cuidan”

La investigadora destaca otra cara de la moneda que es mucho menos destacada en los medios y debates públicos: lo que aportan las personas mayores. “Muchas veces se plantea el debate solo en términos de gasto, pero no en términos de cuál es la aportación de las personas mayores en edad de jubilación”, subraya Lebrusán.

“Se dice siempre: a las personas mayores hay que cuidarlas. Ojo, las personas mayores cuidan”, destaca la socióloga, que subraya el gran peso de cuidados familiares que recae en las personas de más de 65 años, “sobre todo en las mujeres”, que cuidan tanto de personas aún más mayores (por encima de los 80 años) como de bebés y otros menores. “¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?”, llama la atención Lebrusán.

¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?

Esta semana, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha presentado precisamente un informe —El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España— que mide esta realidad y que estima que el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. “Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”, destacó en la presentación del estudio el economista Jorgé Uxó, uno de sus directores, junto a Nacho Álvarez, profesor en la Universidad Complutense y ex secretario de Estado de Derechos Sociales.

Los cuidados en manos de estas mujeres mayores, no remunerados y a menudo invisibilizados, son un elemento indispensable para “esa supervivencia de la sociedad y para que sigamos teniendo nuevos efectivos que entren en el mercado laboral”.

Así que Lebrusán lanza una pregunta al debate público: “¿Cuánto contribuyen las personas mayores a la conciliación laboral y familiar que permiten no solo que las familias sobrevivan, sino que las propias empresas continúen con sus horarios, que no se adecuan a las necesidades sociales generales? Esto tampoco lo hemos contabilizado”.

Y no solo es una cuestión de cuidados. Reconociendo la jubilación y los cuidados como un derecho de las personas mayores, estos también generan actividad y riqueza, en su condición de consumidores, pero también como usuarios de un sistema que crea empleos en la economía. El mencionado estudio del CENIE estima que por cada euro público invertido en el sistema de dependencia en 2023, se generó 1,6 euros a la economía española. Además, calcula una recaudación a las arcas públicas de casi la mitad (49 céntimos) en impuestos y cotizaciones sociales.

Los prejuicios sobre productividad y el autoedadismo

Por otro lado, las personas mayores están trabajando cada vez más años, como muestra la edad efectiva de acceso a la jubilación, en aumento en los últimos años (65,2 años en abril cuando en 2019 era de 64,4 años).

“Otra de las trampas es que se asume que las personas mayores son menos productivas. Error”, sostiene la investigadora, que cita un estudio para el CENIE de la Universidad de Salamanca y de Oxford Economics que constató la mayor productividad y resiliencia de las empresas que conservaron a su personal sénior en la pasada crisis financiera. “La cuestión es que se asumen muchos prejuicios sin ponerles datos en realidad, ni números”, subraya Lebrusán.

“Si no cambiamos esas ideas, acabamos cayendo también en autoedadismo. Es decir, nos saboteamos, nos acabamos limitando a nosotros mismos porque tendemos a asumir que no podemos hacer cosas con determinadas edades. Y, así, nos encontramos con las crisis de los 40, los 50... Esas ideas de: como tengo 50 años ya no puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar piano. Bueno, pues a lo mejor no acabas siendo un pianista profesional, pero quién dice que no puedes ponerte a estudiar piano a los 50 años”, explica la socióloga. “Ese autoedadismo nos impide desarrollar todo nuestro potencial”, remata.

En el ámbito de las empresas, también se interiorizan muchos prejuicios, que acaban penalizando a los trabajadores por su edad. Por ejemplo, cuando las compañías se centran en lo que los empleados más mayores no pueden hacer, en lugar de en aquello en lo que sobresalen gracias a su mayor experiencia, así como en la riqueza del intercambio y el trabajo conjunto con trabajadores más jóvenes. “Pero lo que hacemos es dividirnos más, alejarnos más y eso en realidad genera una pérdida, que también es una pérdida económica”, advierte Lebrusán.

La investigadora defiende analizar “la imagen completa” en los debates sobre el envejecimiento y las personas mayores, reconociendo además sus matices y desigualdades, y no “desplazar responsabilidades a grupos poblacionales que en realidad tienen que ver con el sistema económico”. Ese que establece qué salarios tenemos, a qué hora salimos del trabajo y la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda. “Se plantean unos enfrentamientos que son falsos. Que el jubilado de tu barrio esté peor no significa que tú vayas a estar mejor. Esto no va de quitárselo a unos para dárselo a otros. No funciona así”, argumenta la socióloga.

El sindicato Comisiones Obreras ha elevado el tono contra el Gobierno y amenaza con convocar una huelga general en todo el sector del transporte si no “desbloquea” de forma inmediata la tramitación de la jubilación anticipada sin penalización para conductores profesionales.

La organización denuncia que el plazo de seis meses fijado por el propio Ejecutivo para resolver los expedientes vence este abril y el Ministerio aún se encuentra en fase de análisis e informes, sin que haya respondido a su petición.

El secretario general del sector de CCOO, Francisco Vegas, sostiene que la Administración está vulnerando el artículo 22 de su propio reglamento, pese a que los profesionales “están cumpliendo escrupulosamente” con los requisitos fijados en el Real Decreto 402/2025. Vegas califica la situación de “irresponsabilidad política, administrativa y social” por no dar respuesta en los plazos previstos.

Riesgo de silencio administrativo negativo

Uno de los principales temores del sindicato es que, al agotarse el plazo sin resolución expresa, las solicitudes puedan considerarse desestimadas por silencio administrativo, tal y como recoge el propio Real Decreto.

Este escenario, advierte CCOO, dejaría a los trabajadores en un “callejón sin salida”, con el riesgo de perder sus expedientes sin una valoración real de sus condiciones laborales.

Actualmente, según denuncian, la Seguridad Social no ha elaborado “ni el primero” de los cuatro informes técnicos necesarios antes de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emita una resolución.

El sindicato también critica la falta de información sobre otros colectivos, como los conductores de grúas autopropulsadas, cuyas solicitudes siguen sin respuesta.

Si no se cumplen los tiempos establecidos ni lo marcado por ley, el sindicato denuncia que “todo el procedimiento legal para el reconocimiento de la jubilación anticipada por razón de la actividad no es otra cosa que un fraude diseñado para bloquear el acceso a determinadas profesiones, como la de los conductores y conductoras profesionales”.

Amenaza de movilizaciones y huelga general

El sindicato exige por tanto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ponga “los recursos necesarios para resolver las solicitudes y que emita cuanto antes una resolución”.

Si no se resuelve la situación, la organización sindical anuncia que buscará consensuar un calendario de movilizaciones con el resto de actores del transporte, tanto de trabajadores asalariados como de autónomos y empresas. Unas movilizaciones “que sin duda desembocará en una convocatoria de huelga general de todo el transporte en España”, añaden.

La pelea por la jubilación anticipada de las azafatas de vuelo, también denominadas tripulantes de cabina y en su mayoría mujeres, está viviendo un nuevo asalto. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, apoyados por la patronal, han reclamado al Ministerio de la Seguridad Social en la mesa de negociación sobre pensiones que incluya a este colectivo feminizado de trabajadoras en el derecho al retiro anticipado que ya tienen gran parte de sus compañeros de vuelo. “Es una discriminación histórica”, denuncia Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

La reivindicación no es nueva. Las tripulantes de cabina “llevan años” reclamando que se les reconozca el derecho a la jubilación anticipada para trabajos aéreos, regulada en un real decreto de 1986, recuerda Ernesto Iglesias, responsable de Tripulantes de Cabina del sindicato USO. Este retiro anticipado sin penalizaciones se reconoce al “personal de vuelo de trabajos aéreos”, debido a las “peculiares condiciones de la actividad aeronáutica y el prematuro envejecimiento” que producen.

Sin embargo, cuando se acude al listado de profesiones del sector aéreo con este derecho, las tripulantes de vuelo no figuran. Están los pilotos, copilotos, mecánicos de aeronave, distintos fotógrafos aéreos, operadores de medios tecnológicos... pero no las azafatas, un colectivo feminizado respecto al resto de ocupaciones que sí tienen el derecho, más masculinizadas.

Sentencias a favor y una “discriminación directa”

“Cualquier colectivo de vuelo lo tiene, menos ellas”, denuncia Cristina Estévez, que explica que la reivindicación para las tripulantes de vuelo se ha reavivado en los últimos meses debido al acuerdo con Junts en el Parlamento por el que se incluyó en una ley el compromiso del Gobierno de impulsar la jubilación anticipada para el personal sanitario en medios aéreos. En la norma se estableció que la Seguridad Social iniciaría de oficio el procedimiento habilitado para la jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad habilitado hace unos meses.

“No podemos dejarlas a ellas como el único colectivo fuera. Es una discriminación directa contra las tripulantes de cabina”, sostiene Estévez. Sumar, que apoyó la enmienda reclamada por Junts para los sanitarios en medios aéreos, presentó una iniciativa en el Congreso para pedir al Gobierno que reconociera la medida también a las tripulantes.

UGT destaca que además ya hay varias sentencias que reconocen esta discriminación. El sindicato USO difundió en enero de 2025 una pionera resolución de instancia en este sentido, que reconocía la jubilación anticipada a una azafata residente en Tenerife pese a no figurar su profesión en el decreto del sector aéreo. “No entenderlo así en realidad supondría no solo una discriminación directa por ser la misma actividad de trabajos aéreos desarrollados por otras categorías, sino, además, sería una discriminación indirecta por razón de género”, estableció la sentencia, citando una resolución previa del juzgado de lo Social 34 de Madrid, de diciembre de 2023.

Esa primera sentencia conocida, de 2023, fue además respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Cuando en el TSJ se reconoce también la jubilación anticipada, la Seguridad Social se retira”, explica Ernesto Iglesias (USO), para evitar que los casos lleguen al Tribunal Supremo y que se genere así jurisprudencia.

Varias fórmulas en discusión

“Hay un agravio comparativo con otros trabajadores en situaciones similares, por lo que estamos reclamando que se reconozca el derecho a las tripulantes de cabina, tanto los sindicatos como la patronal”, explica por su parte Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO.

La patronal aérea (ALA) en el pasado no había sido partidaria de la medida, que supone una sobrecotización de la empresa y la parte trabajadora para sufragar los retiros anticipados, pero ahora “parece que están por la labor”, tanto en esta organización como en algunas empresas de gran importancia en el sector, como Iberia, indican diversas fuentes. Oficialmente, desde ALA sostienen que no tienen posición al respecto. “Todo lo relativo a temas laborales es independiente de cada compañía, que fija su posición de forma individualizada”, indican en la patronal aérea.

En este contexto, la mesa de negociación de pensiones de la Seguridad Social está explorando “dos posibilidades” para tratar de reconocer a las azafatas el retiro anticipado, explica Carlos Bravo. La primera: acudir al procedimiento estándar habilitado para todas las profesiones, una idea que no contenta en UGT, ya que supone “alargar una discriminación” que sufren estas trabajadoras, denuncian. “Hay cosas con las que no se puede mirar para otro lado”, sostiene Cristina Estévez, que pide una solución “inmediata” para el colectivo.

La segunda: una modificación directa del real decreto de 1986 para incluir a estas trabajadoras en la jubilación anticipada ya aprobada para el sector aéreo, sin seguir el nuevo procedimiento habilitado, con el argumento de que se debe resolver con premura una situación de desigualdad.

En este escenario, se plantea una discusión adicional que pueden encontrar más reticencias en la patronal: cuál debería ser la sobrecotización de todo el sector aéreo. Porque es del 4% fruto del decreto aprobado en 1986, mientras que en otros colectivos que se han aprobado la medida a posteriori es mucho mayor, del 10% o más.

Algunas voces consideran además que puede ser problemático no acudir al procedimiento aprobado para estas jubilaciones anticipadas sectoriales, que se aprobó precisamente para acabar con la discrecionalidad en el acceso a la medida hasta ahora, que supuso que solo accedieran al retiro anticipado ciertos oficios que tenían el favor o la atención de alguna formación política, como ocurrió con varias policías regionales.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social prefieren no responder sobre este tema ni la mesa de negociación abierta, por respeto al diálogo social, indican.