UGT ha retrasado al próximo día 22 de este mes el inicio de la huelga indefinida del transporte de mercancías y viajeros por carretera para exigir al Gobierno una respuesta inmediata a su solicitud de jubilación anticipada por penosidad, sin penalizaciones. El paro estaba anunciado para el próximo lunes, 8 de junio.

El sindicato ha explicado en un comunicado que la decisión responde “exclusivamente” a un ejercicio de responsabilidad por la visita del papa León XIV, que provocará “importantes necesidades de movilidad y desplazamiento”, y una elevada afluencia de personas en distintos puntos del país, informa la agencia EFE.

Por ello, UGT incide en que no es el momento de “añadir dificultades adicionales” a millones de ciudadanos que participarán o que se verán afectados por los dispositivos especiales de movilidad previstos con motivo de esta visita.

No obstante, este retraso en el inicio de la huelga “no modifica en absoluto” las razones que motivaron su convocatoria ni supone ningún cambio en la posición del sindicato respecto a la necesidad urgente de “reconocer la penosidad de la conducción profesional” mediante la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

Las patronales de transporte, tanto de mercancías (CETM) como de viajeros (Confebus), y los sindicatos (UGT y CCOO) solicitaron conjuntamente al Gobierno la consideración de la actividad como especialmente penosa para poder aplicar los coeficientes reductores, que permiten la jubilación anticipada sin penalizaciones.

No obstante, UGT defiende que continúa sin recibir ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el estado de los expedientes registrados el 10 de octubre de 2025 para el transporte de viajeros y el 20 de octubre de 2025 para el transporte de mercancías.

“Más de siete meses después de la presentación de las solicitudes, el sindicato sigue sin conocer qué informes técnicos se han elaborado, si se ha reunido la comisión de evaluación prevista en la normativa o cuál es el calendario previsto para resolver este procedimiento”, ha criticado el sindicato.

El Ministerio de la Seguridad Social ha afirmado en varias ocasiones que está elaborando unos informes para atender a esta petición. CCOO, aunque críticos con la lentitud del Gobierno (que se ha excedido en los plazos legales para valorar la solicitud), no se ha adherido a la convocatoria de huelga, ya que el procedimiento sigue en marcha.

UGT ha explicado que la intervención de la ministra Elma Saiz el pasado miércoles en el Congreso sobre este tema “no aporta ninguna certeza al sector ni modifica en absoluto el escenario de conflicto abierto”. Aunque la ministra afirmó que los expedientes continúan tramitándose, no concretó en qué situación se encuentran, qué plazos maneja el ministerio ni cuándo piensa adoptarse una resolución definitiva, denuncia UGT.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la nueva regulación de jubilación flexible aprobada esta semana por el Gobierno, que entrará en vigor dentro de tres meses. En concreto, el 28 de agosto. Entre los cambios más destacados figuran el acceso de los autónomos a esta fórmula de complementariedad del trabajo y el cobro de pensión, antes solo accesible para los asalariados, así como un aumento del porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos y la mejora de la pensión futura de los jubilados forzosos, entre otras.

La jubilación flexible es una fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Ahora, además de los asalariados con contratos a tiempo parcial, también podrán acceder a ella personas autónomas.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, destacó el martes su carácter voluntario. “Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, argumentó Saiz.

El real decreto especifica que las pensiones de jubilación flexible iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva regulación se seguirán rigiendo por la normativa que les fuera aplicable anteriormente.

Entre las novedades también figura que no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

“Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o el trabajo por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación”, recoge el real decreto.

Quiénes tienen derecho

La jubilación flexible “será de aplicación a todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social”, especifica el decreto, excepto “al Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia”.

Asalariados a tiempo parcial y autónomos

Esta fórmula está disponible para aquellas personas jubiladas que vuelvan a trabajar con un contrato a tiempo parcial. Para estas personas también hay novedad: la horquilla para la realización de esta jornada sube del 33% al 80%. Antes, el jubilado podía realizar una jornada de entre el 25% y el 75% respecto a un horario a tiempo completo.

A partir de ahora también podrán acceder a ella quienes decidan volver a trabajar con una actividad por cuenta propia, aunque con una considición: “Siempre que, en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, la persona pensionista no hubiera estado en alta en un régimen de la Seguridad Social como persona trabajadora por cuenta propia”.

Mejora en el porcentaje de pensión a percibir

La cuantía de la pensión, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo.

Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible por primera vez y pasados al menos 6 meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En aquellos supuestos en que se compatibilice la pensión de jubilación con una actividad por cuenta propia, el importe de la pensión a percibir se corresponderá con un porcentaje del 25%.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

El importe de la pensión de jubilación compatible con la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia incluirá el complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género, cuando se perciba. “Este se reducirá y, en su caso, se aumentará en la misma proporción que el importe de la pensión” que se perciba en esta modalidad flexible.

Además, “la persona pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo”.

Mejora de pensión futura solo a jubilados forzosos

Además, el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.

En el resto de casos, “la cotización efectuada durante la situación de jubilación flexible no surtirá efectos para la mejora de la pensión que se tenga reconocida, ni tampoco incrementará el complemento económico de demora que hubiera correspondido”.

Incompatible con el plus de jubilación demorada

La norma declara incompatible la jubilación flexible con el percibo del complemento económico por jubilación demorada. Así, se aplicarán estas reglas en caso de ya percibir este plus:

a) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de porcentaje adicional en la pensión, “su percibo quedará suspendido durante el tiempo en que se aplique el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

b) Cuando se hubiese optado por percibir el complemento bajo la modalidad de cantidad a tanto alzado, o bajo la opción mixta (porcenatje adicional y a tanto alzado), “no será posible aplicar el régimen de compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación flexible”.

Mejoras pendientes en la jubilación demorada

Además, el real decreto incluye algunos cambios ya anunciados en la jubilación demorada, como la compatibilidad del cobro del plus con la jubilación activa.

Hay un periodo transitorio para ello, por el que “se seguirá aplicando la incompatibilidad de la percepción del complemento por demora con el acceso al envejecimiento activo”, conforme a lo establecido en la regulación contenida en dichos artículos vigentes a 31 de marzo de 2025, “a las personas que en esa fecha estuvieran compatibilizando la pensión con un trabajo por cuenta ajena o propia conforme a dicho régimen, en tanto no se produzca la baja en el régimen de la Seguridad Social correspondiente por haber finalizado la citada relación laboral o actividad por cuenta propia”

Además, se modifican los términos para acceder a este plus de jubilación demorada, para el que “se tomarán años y semestres completos”.

Todos los detalles de la regulación son accesibles en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

La pasarela para que miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social ha recibido este martes el visto bueno de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, con la abstención del PP, Vox y Junts, con muchas críticas al Gobierno por el veto de varias enmiendas presentadas por la oposición. La ley va rumbo a su votación en el Pleno del Parlamento, prevista el próximo 10 de junio, un examen clave para su aprobación y para su contenido, con varios detalles aún abiertos.

La sesión celebrada en la Comisión de Trabajo ha dejado aún varias enmiendas “vivas” para que se voten en el Pleno del Parlamento, por lo que no solo está pendiente la aprobación de la propia pasarela para los mutualistas, sino también el detalle de algunos de sus artículos.

Por ejemplo, este martes los portavoces de Sumar y del PSOE han mencionado en sus intervenciones una importante novedad, incorporada en este último momento, pendiente de la votación del Pleno: rebajar a 52 años –desde los 55 años inicialmente propuestos– la edad a partir de la cual la ley da un trato más favorable a los mutualistas y considera que cada mes cotizado en la mutualidad equivale a un mes cotizado en la Seguridad Social.

Fuentes de Sumar indican a elDiario.es que se trata de una iniciativa incluida en una enmienda de su grupo parlamentario.

Veto al acceso de 47.000 mutualistas con el mínimo cotizado

El Gobierno ha vetado varias enmiendas presentadas por la oposición, lo que ha suscitado duras críticas de PP, Junts y Vox. Especialmente, el PP se ha referido a una enmienda pactada con Junts para permitir el acceso a la pasarela a los trabajadoras que hayan sumado el mínimo de años cotizado para acceder a una pensión en la Seguridad Social, con el objetivo de que pudieran transferir el dinero cotizado previamente en la mutualidad.

El Ejecutivo ha vetado esta enmienda, por motivos presupuestarios, con la exclusión de “47.000 mutualistas”, ha cifrado el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. Tanto PP, como Junts y Vox han denunciado que el Ejecutivo no ha argumentado suficientemente el efecto presupuetario para justificar el veto y han denunciado la imposibilidad de debatir y votar sus propuestas.

Se quedan también fuera de la pasarela los mutualistas ya jubilados, otro de los colectivos más afectados por las escasas pensiones de estas entidades privadas -además sin revalorización anual- y para los que varios grupos, como PNV y ERC, han expresado su pesar por no haber logrado un consenso para incluirlos en la ley (ante la reticencia del Gobierno).

La proposición de ley presentada por el grupo socialista tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos (“300 y 400 euros”), incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Afronta su examen clave en el Congreso

El proyecto de ley afronta ahora un examen clave en el Parlamento el próximo 10 de junio, ya que la norma podría decaer o ser aprobada, y en este segundo caso, hay todavía cuestiones abiertas de su contenido en las enmiendas presentadas por los partidos políticos.

Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a todas las plataformas de afectados.

En la sesión celebrada este martes en la Comisión de Trabajo del Parlamento se ha visualizado esta situación, con varios grupos –como ERC, PNV, Coalición Canaria y Sumar– que han expresado su apoyo a dar alguna solución al colectivo, aunque se difiera con algunas cuestiones del texto final de la ley.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma pendiente para impulsar más la jubilación flexible, fórmula por la que una persona que se ha jubilado vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión. Entre las novedades, se permitirá acogerse a esta modalidad a los autónomos, hasta ahora solo disponible para los asalariados, hay un incremento en el porcentaje de pensión que se puede cobrar en algunos casos, y solo podrán recalcular su pensión a futuro los jubilados forzosos.

Los cambios, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha adelantado El Periódico y confirman a elDiario.es fuentes conocedoras, se incluyen en un real decreto que el Gobierno aprueba este martes –y que por tanto no tiene que pasar por el Parlamento– y que estaba comprometido con los agentes sociales en la última reforma de pensiones para incentivar fórmulas voluntarias de trabajo y pensión.

La intención de estas últimas reformas es hacer “más flexible” el paso entre el trabajo y la jubilación, siempre de manera “voluntaria”, ha explicado la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Las medida “ya están dando sus frutos”, ha sostenido la también ministra portavoz, con un retraso de la edad efectiva a la que la población se jubila en los últimos años. En abril, ha alcanzado los 65,5 años, mientras en 2019 era de 64,4 años.

“Esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo, más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras, que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando –insisto– desde la voluntariedad”, ha argumentado Saiz, que ha destacado la “escucha” al diálogo social en su diseño.

La jubilación flexible ofrece la posibilidad, a los jubilados que voluntariamente lo deseen, de reincorporarse a la actividad y compatibilizar el cobro de parte de su pensión con las ganancias de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, ahora como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia. Eso sí, hay una condición: siempre que la persona no haya estado dada de alta como autónoma en los tres años anteriores a la fecha de jubilación, precisan fuentes conocedoras del real decreto.

Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión, añaden estas fuentes.

Aumenta el porcentaje de pensión que se puede cobrar

Otra de las novedades relevantes es que se modifican, tanto las jornadas de trabajo que se pueden realizar en jubilación flexible (aumentándolas), así como también se incrementa el porcentaje de pensión que se puede percibir en determinados casos.

Así, los trabajos a tiempo parcial por cuenta ajena podrán situar las jornadas en la horquilla del 33% al 80%. Hasta ahora, el jubilado podía realizar una jornada entre el 25% y el 75%.

La pensión que se puede cobrar, con relación a la de un trabajador a tiempo completo, se reducirá en proporción inversa a la disminución de la jornada de trabajo. Por tanto, si la jornada es de un 80%, la cuantía de la pensión a percibir es de un 20%.

Pero, como novedad, aumentarán los porcentajes de pensión que se pueden cobrar cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos 6 meses desde la jubilación. En este caso, el beneficiario de jubilación flexible percibirá un porcentaje adicional de pensión:

– En las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55 y el 80%, se incrementará el importe de la pensión en un 25% adicional;

– En las jornadas parciales que las que sean igual o superior al 33%, pero inferiores al 55%, subirán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir “hasta 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible”, indican estas fuentes conocedoras del decreto.

Recálculo de la pensión solo para jubilados forzosos

Los aumentos en la cuantía de la pensión a percibir durante la jubilación flexible van acompañados de otro cambio: el nuevo periodo trabajado ya no se tendrá en cuenta para recalcular la pensión de jubilación, salvo en el caso de las personas que accedieran a la jubilación de manera involuntaria.

Aunque en un inicio el Gobierno pretendió que la pensión no se recalculara en ningún caso con los nuevos periodos trabajados, los sindicatos insistieron en exceptuar a los llamados jubilados forzosos, quienes se hayan tenido que jubilar de manera forzosa a través de la jubilación anticipada involuntaria, principalmente fruto de despidos y ERE.

Finalmente, el decreto reconoce que el pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, “verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado”, explican estas fuentes.

La nueva regulación, que mejora las condiciones para las jubilaciones demoradas, se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción de los regímenes especiales de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La recta final de mayo vuelve a poner el foco en el calendario de las pensiones. Aunque estas prestaciones siguen unas reglas generales de pago, el día en el que el dinero aparece en la cuenta puede cambiar según la entidad bancaria. La diferencia se debe a que muchos bancos adelantan el ingreso respecto al plazo ordinario, lo que permite a buena parte de los beneficiarios recibir la mensualidad antes de que empiece junio.

La Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido y el pago ordinario se sitúa en los primeros días del mes siguiente. En concreto, el ingreso debe realizarse desde el primer día hábil y siempre antes del cuarto día natural. Sin embargo, como las entidades ya disponen de la información necesaria para tramitar el abono, lo habitual es que anticipen el dinero a sus clientes durante la última semana del mes.

En mayo de 2026, las fechas previstas se mueven principalmente entre el viernes 22 y el martes 26, aunque en algunos casos pueden acercarse al día 27. Por eso, que unos pensionistas cobren antes que otros no implica necesariamente una incidencia con la prestación. La clave está en comprobar el calendario de cada banco y tener en cuenta que el ingreso puede seguir teniendo lugar dentro del plazo habitual de la entidad.

Cuándo paga cada banco la pensión en mayo de 2026

El calendario de pagos arranca este mes con Bankinter, que tiene previsto ingresar las pensiones el viernes 22 de mayo de 2026. Los clientes con la prestación domiciliada en esta entidad serán, en principio, los primeros en recibir la mensualidad en su cuenta. Después aparece CaixaBank, que sitúa el abono el domingo 24 de mayo. Al tratarse de un día no laborable, la disponibilidad efectiva del dinero puede variar ligeramente según la operativa de cada cuenta o la forma en la que el banco refleje los movimientos.

La mayoría de entidades concentra los pagos el lunes 25 de mayo. Ese día está previsto que cobren los pensionistas de Abanca, BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Sabadell y Santander. Lo habitual es que el ingreso esté disponible desde primera hora de la semana, aunque pueden existir pequeñas diferencias dependiendo de los horarios internos de actualización de cada banco. En el caso de Caja Rural, el margen es algo más amplio y el pago podría realizarse entre el lunes 25 y el martes 26 de mayo.

En conjunto, el calendario vuelve a reflejar una práctica ya habitual: la mayoría de bancos adelanta el ingreso de las pensiones antes de las fechas ordinarias de la Seguridad Social, que suelen situarse en los primeros días del mes siguiente. Aun así, conviene recordar que cada entidad aplica su propio calendario y que no existe un único día de cobro común para todos los pensionistas.

Qué hacer si no has recibido el pago de la pensión

Cuando el ingreso no aparece en la fecha esperada, lo primero es comprobar si la entidad ya ha alcanzado su día previsto de abono. No todos los bancos pagan al mismo tiempo, por lo que el hecho de que otros pensionistas hayan cobrado no significa que exista un problema. En muchos casos, el pago puede seguir dentro del calendario habitual de la entidad correspondiente.

También conviene recordar que el adelanto aplicado por los bancos no funciona como una obligación uniforme para todas las entidades. El pago ordinario puede realizarse dentro del margen establecido para los primeros días del mes siguiente, mientras que el ingreso anticipado depende de la práctica comercial de cada banco. Por eso, una pequeña diferencia respecto a otros meses no tiene por qué suponer una incidencia.

Si transcurren varios días y el abono continúa sin reflejarse, la primera comprobación debería hacerse con la entidad financiera. El banco puede revisar si el movimiento está pendiente de contabilización, si existe algún retraso puntual o si se ha producido una incidencia asociada a la cuenta. Esta revisión resulta especialmente útil cuando ha habido cambios recientes en la domiciliación o modificaciones de datos.

Si la entidad no localiza el ingreso o no ofrece una explicación suficiente, el siguiente paso es contactar con la Seguridad Social para comprobar el estado del pago. A través de sus canales de atención se puede verificar si la prestación se ha emitido correctamente y si los datos bancarios asociados al expediente están actualizados. Para hacer esta consulta, resulta recomendable tener a mano la documentación personal, la información de la cuenta y cualquier comunicación reciente relacionada con la pensión.

El debate parlamentario para crear una pasarela que permita el traspaso de miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos a la Seguridad Social se atrasa una semana. La Comisión de Trabajo del Congreso iba a abordar este miércoles, 20 de mayo, el penúltimo examen de la proposición de ley presentada por el PSOE, antes de ir a Pleno, pero la sesión se ha suspendido y aplazado al próximo 26 de mayo, ha comunicado la presidenta de la Comisión, la diputada de Sumar Aina Vidal.

Tras varias horas de retraso, en las que los diputados se han reunido en pequeños –y grandes– corrillos a debatir fuera de micro, la presidenta de la Comisión ha comunicado oficialmente el retraso de la sesión para el próximo martes, a las 12 de la mañana, “a la espera de los informes económicos del Gobierno”. “Las enmiendas son las que son, no se presentan más enmiendas”, ha clarificado Vidal.

Fuentes de Sumar indican que se pretendía atrasar aún más el debate, dos semanas, pero que en su grupo han urgido a que el debate se aborde la semana que viene. “Vamos a seguir trabajando para mejorarlo lo máximo posible”, dicen estas fuentes.

Una pasarela para acceder al sistema público de pensiones

La proposición de ley en cuestión tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman un vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Aunque el Ministerio de la Seguridad Social defendió en un primer momento que este debate debía abordarse en el marco del Pacto de Toledo, finalmente la ministra Elma Saiz se abrió en marzo de 2024 a aprobar una pasarela para estos mutualistas, cuyos términos se han estado debatiendo durante estos dos años y ahora enfrentan su recta final.

El texto aún está por cerrar

El grupo socialista presentó una proposición de ley el año pasado, que este miércoles afrontaba la ratificación del dictamen de la ponencia, aun con la posibilidad de concretar algunos cambios en el articulado, pero que finalmente se abordará el próximo martes.

Así, la semana que viene se pretende cerrar el texto de la proposición de ley sobre la pasarela (si no es rechazada por los grupos parlamentarios), para que vaya a Pleno y sea votada por los partidos políticos. Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a las plataformas de afectados.

La complejidad surge a la hora de definir los términos del periodo cotizado en estas mutualidades privadas y los que serán reconocidos como tal en la Seguridad Social, así como los derechos generados de pensión futura en el sistema público. También en qué hacer con estas mutualidades a futuro.

Además, el actual texto deja fuera de la pasarela a los pensionistas, los profesionales que ya se han jubilado, algo que rechazan de plano los colectivos de afectados. “Muchos perciben 300–400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos”, recogía un comunicado de varias entidades la semana pasada. Este punto, sin embargo, parece que no tiene opciones de ser modificado, según fuentes conocedoras de la negociación.

También quedan excluidos de la pasarela quienes han cotizado 15 años en la Seguridad Social, en el RETA o Régimen General (periodo que da acceso a las pensiones contributivas), lo que los afectados denuncian que les niega “el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad”. “Esto supone una pérdida de derechos y una futura pensión muy inferior a la que correspondería por el total de años de la carrera real”, criticaron varios colectivos en un comunicado.

Un afectado denuncia a elDiario.es además que la fiscalidad cada vez financia más parte de las pensiones públicas, “es decir, que desde hace muchos años nuestros impuestos contribuyen a pagar las pensiones de todos los demás españoles, mientras se nos niega el acceso a este nuestro derecho constitucional” (de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas).

La mayor esperanza de vida habla de cómo las personas mayores viven más, pero también de cómo “menos niños y menos jóvenes mueren”. “En el tema del envejecimiento hemos asumido muchos marcos como ciertos y, no es que sean absolutamente falsos, pero no cuentan toda la verdad”, advierte Irene Lebrusán (Madrid, 1984), doctora en Sociología, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en el CENIE. En medio de la escalada de los discursos de enfrentamiento intergeneracional, la especialista llama la atención también sobre las “trampas” en algunos debates, como aquellos que solo ponen en la diana el gasto en pensiones, pero ignoran o invisibilizan otras muchas realidades, como por ejemplo lo que aportan las personas mayores —principalmente las mujeres— en cuidados no remunerados.

Lebrusán, que fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard y ha centrado gran parte de su carrera en estudiar el envejecimiento y la vivienda, responde en esta entrevista con elDiario.es sobre algunos de los debates más recurrentes acerca de los retos económicos de una población más envejecida. Como el aumento de gasto —sobre todo en pensiones, pero también en dependencia y cuidados— y la sostenibilidad de esta situación con una pirámide poblacional con menos jóvenes.

España está ante “el mayor logro que puede conseguir cualquier sociedad”, destaca la investigadora, como uno de los países del mundo con más esperanza de vida al nacer, de 84 años, solo por detrás de Suiza y Japón, según la OCDE. “Y en un contexto en el que deberíamos estar muy orgullosos y dando palmas, porque sobreviven más personas a todas las edades, porque incluso personas con enfermedades tienen mayor calidad de vida y viven más años, lo que se destaca siempre es lo negativo. Para mí la pregunta es cómo puede ser que en ese marco estemos únicamente pensando en cuestiones tan negativas y con números que muchas veces son falsos”, añade. O, como poco, tramposos.

Por ejemplo, Irene Lebrusán destaca cómo habitualmente hay voces que reclaman la necesidad de aplicar reformas de pensiones, como si no se estuvieran ya aplicando multitud de cambios en las últimas décadas. “La edad legal de jubilación ya no es 65 años en general, avanza hasta los 67 años. Ya está aumentando”, recuerda.

Cuando se habla de lo “altas” que son las pensiones y lo “bajos” que son los salarios, se suele poner el foco en la insostenibilidad de las primeras respecto a los segundos. Lebrusán pide mirar también en la otra dirección: “¿De quién depende que los salarios sean muy bajos? Ese planteamiento no lo veo nunca. O sea, se está culpabilizando al Estado de algo que no tiene que ver con él”.

La socióloga también advierte que se suele abogar por que las personas mayores alarguen sus carreras laborales, “que se trabaje durante más años”, pero no se analiza qué condiciones laborales tienen las empresas para este colectivo. Ni tampoco se cuestiona a las empresas —muchas de ellas multinacionales— que despiden de manera masiva a trabajadores de edades avanzadas, expulsándoles al paro en un momento en el que es muy complejo que vuelvan a reengancharse al mercado laboral.

“A mí me parece bien que se prepare el clima laboral, es decir, que las empresas se adecúen a la permanencia de personas de más edad en el mercado de trabajo, de tal manera que esas personas que lo deseen puedan trabajar en mejores condiciones”, subraya Lebrusán. En cualquier caso, hay personas y trabajos que no pueden extender sus carreras laborales, por su penosidad o su estado de salud, recuerda la investigadora.

“Ojo, que las personas mayores cuidan”

La investigadora destaca otra cara de la moneda que es mucho menos destacada en los medios y debates públicos: lo que aportan las personas mayores. “Muchas veces se plantea el debate solo en términos de gasto, pero no en términos de cuál es la aportación de las personas mayores en edad de jubilación”, subraya Lebrusán.

“Se dice siempre: a las personas mayores hay que cuidarlas. Ojo, las personas mayores cuidan”, destaca la socióloga, que subraya el gran peso de cuidados familiares que recae en las personas de más de 65 años, “sobre todo en las mujeres”, que cuidan tanto de personas aún más mayores (por encima de los 80 años) como de bebés y otros menores. “¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?”, llama la atención Lebrusán.

¿Cuál sería el coste de esas personas mayores, mujeres, que están realizando esa labor de cuidados?

Esta semana, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha presentado precisamente un informe —El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España— que mide esta realidad y que estima que el cuidado informal equivale a unos 3,2 millones de empleos a tiempo completo y, en los últimos 20 años, las horas dedicadas se han multiplicado por 2,5. “Ponerlo en valor significa reconocer un volumen cercano al 4% del PIB”, destacó en la presentación del estudio el economista Jorgé Uxó, uno de sus directores, junto a Nacho Álvarez, profesor en la Universidad Complutense y ex secretario de Estado de Derechos Sociales.

Los cuidados en manos de estas mujeres mayores, no remunerados y a menudo invisibilizados, son un elemento indispensable para “esa supervivencia de la sociedad y para que sigamos teniendo nuevos efectivos que entren en el mercado laboral”.

Así que Lebrusán lanza una pregunta al debate público: “¿Cuánto contribuyen las personas mayores a la conciliación laboral y familiar que permiten no solo que las familias sobrevivan, sino que las propias empresas continúen con sus horarios, que no se adecuan a las necesidades sociales generales? Esto tampoco lo hemos contabilizado”.

Y no solo es una cuestión de cuidados. Reconociendo la jubilación y los cuidados como un derecho de las personas mayores, estos también generan actividad y riqueza, en su condición de consumidores, pero también como usuarios de un sistema que crea empleos en la economía. El mencionado estudio del CENIE estima que por cada euro público invertido en el sistema de dependencia en 2023, se generó 1,6 euros a la economía española. Además, calcula una recaudación a las arcas públicas de casi la mitad (49 céntimos) en impuestos y cotizaciones sociales.

Los prejuicios sobre productividad y el autoedadismo

Por otro lado, las personas mayores están trabajando cada vez más años, como muestra la edad efectiva de acceso a la jubilación, en aumento en los últimos años (65,2 años en abril cuando en 2019 era de 64,4 años).

“Otra de las trampas es que se asume que las personas mayores son menos productivas. Error”, sostiene la investigadora, que cita un estudio para el CENIE de la Universidad de Salamanca y de Oxford Economics que constató la mayor productividad y resiliencia de las empresas que conservaron a su personal sénior en la pasada crisis financiera. “La cuestión es que se asumen muchos prejuicios sin ponerles datos en realidad, ni números”, subraya Lebrusán.

“Si no cambiamos esas ideas, acabamos cayendo también en autoedadismo. Es decir, nos saboteamos, nos acabamos limitando a nosotros mismos porque tendemos a asumir que no podemos hacer cosas con determinadas edades. Y, así, nos encontramos con las crisis de los 40, los 50... Esas ideas de: como tengo 50 años ya no puedo, por ejemplo, ponerme a estudiar piano. Bueno, pues a lo mejor no acabas siendo un pianista profesional, pero quién dice que no puedes ponerte a estudiar piano a los 50 años”, explica la socióloga. “Ese autoedadismo nos impide desarrollar todo nuestro potencial”, remata.

En el ámbito de las empresas, también se interiorizan muchos prejuicios, que acaban penalizando a los trabajadores por su edad. Por ejemplo, cuando las compañías se centran en lo que los empleados más mayores no pueden hacer, en lugar de en aquello en lo que sobresalen gracias a su mayor experiencia, así como en la riqueza del intercambio y el trabajo conjunto con trabajadores más jóvenes. “Pero lo que hacemos es dividirnos más, alejarnos más y eso en realidad genera una pérdida, que también es una pérdida económica”, advierte Lebrusán.

La investigadora defiende analizar “la imagen completa” en los debates sobre el envejecimiento y las personas mayores, reconociendo además sus matices y desigualdades, y no “desplazar responsabilidades a grupos poblacionales que en realidad tienen que ver con el sistema económico”. Ese que establece qué salarios tenemos, a qué hora salimos del trabajo y la imposibilidad de asumir el coste de la vivienda. “Se plantean unos enfrentamientos que son falsos. Que el jubilado de tu barrio esté peor no significa que tú vayas a estar mejor. Esto no va de quitárselo a unos para dárselo a otros. No funciona así”, argumenta la socióloga.

El sindicato Comisiones Obreras ha elevado el tono contra el Gobierno y amenaza con convocar una huelga general en todo el sector del transporte si no “desbloquea” de forma inmediata la tramitación de la jubilación anticipada sin penalización para conductores profesionales.

La organización denuncia que el plazo de seis meses fijado por el propio Ejecutivo para resolver los expedientes vence este abril y el Ministerio aún se encuentra en fase de análisis e informes, sin que haya respondido a su petición.

El secretario general del sector de CCOO, Francisco Vegas, sostiene que la Administración está vulnerando el artículo 22 de su propio reglamento, pese a que los profesionales “están cumpliendo escrupulosamente” con los requisitos fijados en el Real Decreto 402/2025. Vegas califica la situación de “irresponsabilidad política, administrativa y social” por no dar respuesta en los plazos previstos.

Riesgo de silencio administrativo negativo

Uno de los principales temores del sindicato es que, al agotarse el plazo sin resolución expresa, las solicitudes puedan considerarse desestimadas por silencio administrativo, tal y como recoge el propio Real Decreto.

Este escenario, advierte CCOO, dejaría a los trabajadores en un “callejón sin salida”, con el riesgo de perder sus expedientes sin una valoración real de sus condiciones laborales.

Actualmente, según denuncian, la Seguridad Social no ha elaborado “ni el primero” de los cuatro informes técnicos necesarios antes de que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social emita una resolución.

El sindicato también critica la falta de información sobre otros colectivos, como los conductores de grúas autopropulsadas, cuyas solicitudes siguen sin respuesta.

Si no se cumplen los tiempos establecidos ni lo marcado por ley, el sindicato denuncia que “todo el procedimiento legal para el reconocimiento de la jubilación anticipada por razón de la actividad no es otra cosa que un fraude diseñado para bloquear el acceso a determinadas profesiones, como la de los conductores y conductoras profesionales”.

Amenaza de movilizaciones y huelga general

El sindicato exige por tanto al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ponga “los recursos necesarios para resolver las solicitudes y que emita cuanto antes una resolución”.

Si no se resuelve la situación, la organización sindical anuncia que buscará consensuar un calendario de movilizaciones con el resto de actores del transporte, tanto de trabajadores asalariados como de autónomos y empresas. Unas movilizaciones “que sin duda desembocará en una convocatoria de huelga general de todo el transporte en España”, añaden.

La pelea por la jubilación anticipada de las azafatas de vuelo, también denominadas tripulantes de cabina y en su mayoría mujeres, está viviendo un nuevo asalto. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, apoyados por la patronal, han reclamado al Ministerio de la Seguridad Social en la mesa de negociación sobre pensiones que incluya a este colectivo feminizado de trabajadoras en el derecho al retiro anticipado que ya tienen gran parte de sus compañeros de vuelo. “Es una discriminación histórica”, denuncia Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT.

La reivindicación no es nueva. Las tripulantes de cabina “llevan años” reclamando que se les reconozca el derecho a la jubilación anticipada para trabajos aéreos, regulada en un real decreto de 1986, recuerda Ernesto Iglesias, responsable de Tripulantes de Cabina del sindicato USO. Este retiro anticipado sin penalizaciones se reconoce al “personal de vuelo de trabajos aéreos”, debido a las “peculiares condiciones de la actividad aeronáutica y el prematuro envejecimiento” que producen.

Sin embargo, cuando se acude al listado de profesiones del sector aéreo con este derecho, las tripulantes de vuelo no figuran. Están los pilotos, copilotos, mecánicos de aeronave, distintos fotógrafos aéreos, operadores de medios tecnológicos... pero no las azafatas, un colectivo feminizado respecto al resto de ocupaciones que sí tienen el derecho, más masculinizadas.

Sentencias a favor y una “discriminación directa”

“Cualquier colectivo de vuelo lo tiene, menos ellas”, denuncia Cristina Estévez, que explica que la reivindicación para las tripulantes de vuelo se ha reavivado en los últimos meses debido al acuerdo con Junts en el Parlamento por el que se incluyó en una ley el compromiso del Gobierno de impulsar la jubilación anticipada para el personal sanitario en medios aéreos. En la norma se estableció que la Seguridad Social iniciaría de oficio el procedimiento habilitado para la jubilación anticipada por penosidad o peligrosidad habilitado hace unos meses.

“No podemos dejarlas a ellas como el único colectivo fuera. Es una discriminación directa contra las tripulantes de cabina”, sostiene Estévez. Sumar, que apoyó la enmienda reclamada por Junts para los sanitarios en medios aéreos, presentó una iniciativa en el Congreso para pedir al Gobierno que reconociera la medida también a las tripulantes.

UGT destaca que además ya hay varias sentencias que reconocen esta discriminación. El sindicato USO difundió en enero de 2025 una pionera resolución de instancia en este sentido, que reconocía la jubilación anticipada a una azafata residente en Tenerife pese a no figurar su profesión en el decreto del sector aéreo. “No entenderlo así en realidad supondría no solo una discriminación directa por ser la misma actividad de trabajos aéreos desarrollados por otras categorías, sino, además, sería una discriminación indirecta por razón de género”, estableció la sentencia, citando una resolución previa del juzgado de lo Social 34 de Madrid, de diciembre de 2023.

Esa primera sentencia conocida, de 2023, fue además respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “Cuando en el TSJ se reconoce también la jubilación anticipada, la Seguridad Social se retira”, explica Ernesto Iglesias (USO), para evitar que los casos lleguen al Tribunal Supremo y que se genere así jurisprudencia.

Varias fórmulas en discusión

“Hay un agravio comparativo con otros trabajadores en situaciones similares, por lo que estamos reclamando que se reconozca el derecho a las tripulantes de cabina, tanto los sindicatos como la patronal”, explica por su parte Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO.

La patronal aérea (ALA) en el pasado no había sido partidaria de la medida, que supone una sobrecotización de la empresa y la parte trabajadora para sufragar los retiros anticipados, pero ahora “parece que están por la labor”, tanto en esta organización como en algunas empresas de gran importancia en el sector, como Iberia, indican diversas fuentes. Oficialmente, desde ALA sostienen que no tienen posición al respecto. “Todo lo relativo a temas laborales es independiente de cada compañía, que fija su posición de forma individualizada”, indican en la patronal aérea.

En este contexto, la mesa de negociación de pensiones de la Seguridad Social está explorando “dos posibilidades” para tratar de reconocer a las azafatas el retiro anticipado, explica Carlos Bravo. La primera: acudir al procedimiento estándar habilitado para todas las profesiones, una idea que no contenta en UGT, ya que supone “alargar una discriminación” que sufren estas trabajadoras, denuncian. “Hay cosas con las que no se puede mirar para otro lado”, sostiene Cristina Estévez, que pide una solución “inmediata” para el colectivo.

La segunda: una modificación directa del real decreto de 1986 para incluir a estas trabajadoras en la jubilación anticipada ya aprobada para el sector aéreo, sin seguir el nuevo procedimiento habilitado, con el argumento de que se debe resolver con premura una situación de desigualdad.

En este escenario, se plantea una discusión adicional que pueden encontrar más reticencias en la patronal: cuál debería ser la sobrecotización de todo el sector aéreo. Porque es del 4% fruto del decreto aprobado en 1986, mientras que en otros colectivos que se han aprobado la medida a posteriori es mucho mayor, del 10% o más.

Algunas voces consideran además que puede ser problemático no acudir al procedimiento aprobado para estas jubilaciones anticipadas sectoriales, que se aprobó precisamente para acabar con la discrecionalidad en el acceso a la medida hasta ahora, que supuso que solo accedieran al retiro anticipado ciertos oficios que tenían el favor o la atención de alguna formación política, como ocurrió con varias policías regionales.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social prefieren no responder sobre este tema ni la mesa de negociación abierta, por respeto al diálogo social, indican.

Principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para desbloquear la jubilación parcial de los empleados públicos laborales, que quedó imposibilitada tras la última reforma de pensiones. El Ministerio que dirige Elma Saiz está ultimando un decreto ley con la medida, pero quiere incorporar más elementos en la norma, como el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas, pero que aún no están del todo cerrados y algunos sobre los que aún no hay consenso, explican fuentes sindicales.

Junto a acabar con el recorte “de golpe” en la jubilación anticipada de las pensiones máximas, resuelto hace unas semanas, los sindicatos mayoritarios exigieron al departamento de Saiz desbloquear por fin la jubilación parcial de los empleados públicos laborales para seguir negociando cualquier otra cuestión con la Seguridad Social.

Hace dos años, la jubilación parcial de los laborales de la Administración Pública se vio bloqueado por los requisitos que la nueva normativa ponía para mejorar las condiciones laborales en la incorporación de los relevistas. Esta obliga a que los relevistas se incorporen con contratos indefinidos y a tiempo completo. Algo posible en el sector privado, pero imposible en la Administración sin una convocatoria de empleo público que ofrezca las garantías de igualdad, mérito y capacidad.

Se permitirá que los relevistas sean interinos

Este lunes, y tras muchos meses de conversaciones para tratar de alcanzar una solución, CCOO y UGT han anunciado que la medida está a punto de cerrarse, posibilitando que el puesto de relevista se cubra con trabajadores temporales interinos vinculados a una próxima convocatoria de empleo público, una opción que reclamaban los sindicatos desde el inicio.

“Se ha alcanzado un principio de acuerdo entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los Ministerios de Seguridad Social y Función Pública para garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral garantizando que el personal que se incorpora como relevista tenga una relación laboral fija a jornada completa, bien procedente de un proceso selectivo ya superado, bien a través de su vinculación como interino hasta la cobertura definitiva de la plaza que ocupa mediante la correspondiente oferta pública de empleo”, explica Comisiones Obreras en un comunicado.

CCOO ha reclamado que la medida sea aprobada “sin demora” en un real decreto ley, en el que considera que también debería quedar solventada la misma situación para los trabajadores funcionarios y estatutarios de la Administración Pública. El sindicato plantea una reforma “ya” del artículo “67 del Estatuto Básico del Empleado Público”, de manera que no se espere a la reforma integral del TREBEP que está tramitándose enel Parlamento.

Viudedad de parejas de hecho sin registrar y otras medidas

Los sindicatos explican que el Ministerio de la Seguridad Social está preparando un real decreto ley con la jubilación parcial de los laborales públicos, pero en el que quiere incluir más medidas pendientes en materia de pensiones y algunas otras referentes a la incapacidad temporal (las bajas laborales por enfermedad).

Entre las primeras destaca el acceso a la pensión de viudedad de parejas de hecho no registradas formalmente que tengan hijos en común o que acrediten una larga convivencia. Aunque los detalles de la medida están por cerrar, en los sindicatos consideran que se podría culminar en breve y que se incluyera la medida en el real decreto ley.

Sin embargo, hay otras cuestiones menos avanzadas e, incluso, aún controvertidas que también se está debatiendo si formarán parte de la norma, lo que podría retrasarla un poco todavía. Principalmente, propuestas sobre incapacidad temporal, que el Ministerio de la Seguridad Social querría incluir para tratar abordar el gran aumento de las bajas laborales por enfermedad.

Desde los sindicatos explican que hay algunas medidas que sí podrían salir adelante, relativas a la agilización de procedimientos, como “la reordenación de los recursos humanos y técnicos de la Inspección Médica del INSS para conformar un Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) centralizado”, pero hay otras que creen que requieren más debate y que deberían abordarse con más calma para otra futura ley.

En UGT han insistido por su parte en que se modifique también de manera urgente el reglamento que da acceso a la jubilación anticipada por penosidad en el sector aéreo y que excluye ahora a las azafatas (tripulantes de cabina). Una “situación absurda” y “discriminatoria” que afecta al colectivo, muy feminizado, frente a otros más masculinizados, como el de los pilotos, ha denunciado el sindicato.

“Estamos radicalmente en contra de esa nueva norma: está creada para que los inspectores de Educación puedan mantenerse en el cargo”. Así de rotunda se ha mostrado este miércoles Conchi López, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria, para valorar la nueva posibilidad de retrasar la jubilación hasta los 70 años para los docentes cántabros.

La medida, anunciada este martes por el Gobierno de Cantabria e incorporada al proyecto de Ley de Medidas de Fiscales y Administrativas, que acompaña a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2026, “favorece a cuatro o cinco inspectores, sobre todo inspectores jefe de Educación”, ha denunciado la líder sindical, que ha alertado del sentido de la norma: “Es cuestionable cambiar una norma solo para favorecer a una minoría”, ha advertido en una rueda de prensa en el sindicato.

Según los cálculos de la secretaria general de la Federación de Enseñanza, “a pie de aula, puede haber 45”, de más de 8.000 docentes en Cantabria, que estén alrededor de los 65 años, “y que puedan decidir continuar” trabajando hasta los 70 años. “No se va a aplicar a muchísima gente”. Y si algún docente quiere ampliar su tiempo en el servicio activo, “depende de que el Servicio de Inspección lo autorice”. 

Mientras el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), consideró este martes que la norma “fortalece la profesión docente”, que era “imposible legalmente” para los docentes de Cantabria, la sindicalista ha cuestionado el efecto “tapón” que va a generar la posibilidad de permanencia ante las nuevas generaciones de docentes que se vayan incorporando a la profesión. “Atiende a un interés particular, pero la gente joven tiene que tener derecho a acceder al mercado de trabajo, pero lo grave de esto es que no es una necesidad general”, ha subrayado.

Actualmente, ha señalado Conchi López, “solo excepcionalmente si alguien no llega (a los 15 años cotizados exigidos para cobrar una pensión contributiva), les dejan ampliar a 67 años”. En su opinión, la medida “es una gotita más de cómo se está gestionando la Consejería de Educación, especialmente en los últimos tres años”.

La pensión media por jubilación se situó en Asturias en marzo en 1.835,89 euros, el segundo mayor importe entre las comunidades autónomas tras el País Vasco, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión por jubilación, que en la comunidad perciben 187.922 personas, es un 17,1% superior a la media nacional, que ascendió a 1.568,46 euros.

La tercera más alta del país

La pensión media en Asturias -incluidas las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares- ascendió a 1.575,83 euros, un 3,72 % más que hace un año.

La pensión media asturiana, que es un 15,24 % superior a la media de España (1.367,38 euros), es la tercera más alta de entre las comunidades autónomas, por detrás del País Vasco y Madrid.

Por tipo de pensiones

El número total de pensiones en Asturias ascendió en marzo a 303.051, un 0,43 % más que hace un año.

Por tipo de pensiones en Asturias, además de la de jubilación, la de viudedad se situó en una media de 1.110,67 euros, con 75.746 beneficiarios, y la de orfandad, en 665,44 euros, con 8.630 beneficiarios.

La pensión de incapacidad permanente, que en Asturias cuenta con 28.701 beneficiarios, fue de 1.409,68 euros, y la de favor de familiares, con 2.052 pensionistas, de 1.082,91 euros.

La revalorización

En todo el país, la Seguridad Social ha abonado este mes 10,46 millones de pensiones a 9,5 millones de pensionistas, lo que ha supuesto un desembolso de 14.307,7 millones de euros, un 6,04 % más que en marzo de 2025-, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Seguridad Social.

Este incremento recoge la revalorización de las pensiones aprobada para este año, con una subida del 2,7 % con carácter general, tasa que asciende al 7 % en el caso de las mínimas y al 11,4 % en el de las no contributivas.

La pensión media

Del total de la nómina, 10.474,4 millones de euros van destinados a las pensiones para los jubilados, 2.280,4 millones para la pensión por viudedad, 1.329,8 millones para las incapacidades permanentes, 184,7 millones para la orfandad y 38,3 millones para las prestaciones en favor de familiares.

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de los pensionistas (6,7 millones de personas), se sitúa en 1.568,5 euros mensuales, un 4,4 % más que el mismo mes del año pasado.

Por regímenes

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.728,7 euros mensuales, mientras que la del régimen especial de trabajadores autónomos es de 1.057,6 euros.

Además, en el régimen de la minería del carbón fue de 2.997,6 euros mensuales y en el régimen del mar fue de 1.733,4 euros.

La pensión media de viudedad alcanzó los 973,4 euros mensuales.

La brecha de género

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.726,3 euros de media, siendo superior la del régimen general, que se situó en 1.856,15 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de febrero.

En marzo, 1.413.697 pensiones reciben el complemento para reducir la brecha de género, de las cuales el 76,4 % son mujeres (1.079.933) con un complemento medio de 76,95 euros al mes.

Complemento por hijos

El 24,1 % de los beneficiarios tiene un hijo, el 49,7 % dos hijos, el 17,8 % tres y el 8,4 % cuatro, con un complemento de 36,9 euros mensuales por hijo, tras la revalorización de este año, que se solicita al pedir la pensión.

Además, la nómina de las pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.765,4 millones de euros en febrero (último dato disponible), un 5,9 % más, al abonarse 738.008 prestaciones, un 2 % más, a 718.105 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. 

El Ministerio de la Seguridad Social ya ha dictado una resolución para dar marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021, como ha podido comprobar elDiario.es. Entre los elementos más importantes para los afectados, la Seguridad Social apunta que esta corrección tiene efectos retroactivos desde el “1 de enero”. Además se hará de oficio, sin que los pensionistas tengan que solicitarlo, responden fuentes del organismo.

La Seguridad Social ha difundido una nota informativa interna –a la que ha accedido este medio– en la que se hace eco de la resolución del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, del martes 24 de marzo, para corregir esta situación.

El documento recoge además que, a través de un oficio de ayer, 25 de marzo, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha certificado que se deben volver a aplicar las penalizaciones por jubilación anticipada voluntaria pactadas con los sindicatos y la patronal en la reforma de pensiones de 2021, que se desarrolló en la Disposición Transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social.

El conflicto sobre las penalizaciones “de golpe”

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público ha estado aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denunciaba Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se plantaron ante la Seguridad Social por este nuevo criterio. Se negaron a negociar cualquier otra cuestión con el Ministerio de Elma Saiz hasta que corrigiera esta interpretación –que consideraban que incumplía lo pactado en 2021– y hasta que desbloquee también la jubilación parcial de los empleados públicos.

Finalmente, tras un análisis de los servicios jurídicos de la Seguridad Social que considera que el recorte de golpe es “un perjuicio para los potenciales beneficiarios”, este 24 de marzo, el secretario de Estado ha dictado la resolución para retomar los coeficientes progresivos, con el consiguiente oficio de la Dirección de Ordenación.

CCOO y UGT han valorado positivamente la rectificación del Ministerio en un comunicado conjunto y esperan que “en breve se resuelva también la plena aplicación y el ejercicio efectivo del derecho a la jubilación parcial, en los términos acordados en 2024, con la mejora de regulación para las personas jubiladas parciales y la mejora de la calidad del empleo de las personas que entran como relevistas, para las y los empleados públicos”. Tanto el personal laboral, como “la extensión al personal funcionario y estatutario”, añaden las organizaciones de trabajadores.

Solución para las pensiones ya concedidas desde el 1 de enero

Además, la nota informativa destaca que la resolución del secretario de Estado “tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026”, es decir, que alcanza también a las pensiones ya reconocidas en lo que va de año a las que habían aplicado un mayor recorte en su cuantía. “La Subdirección General de Gestión de Prestaciones emitirá las correspondientes instrucciones sobre cómo proceder en estos casos”, añade la nota.

Según fuentes del Ministerio de la Seguridad Social, este ajuste en la pensión –que supondrá un aumento de las cuantías para los afectados– “se hará de forma automática desde el INSS”, sin que los pensionistas tengan que “solicitarlo”. “Tardará pocos días en ser efectivo este cambio en el simulador”, añaden a este medio desde el Ministerio de Elma Saiz.

A medida que se van acercando las fechas de la Declaración de la Renta de 2025, los pensionistas deben prestar atención a cómo se integran sus ingresos en el IRPF y cuáles serán sus obligaciones fiscales. Las pensiones de jubilación, al igual que los sueldos o las prestaciones por desempleo, se consideran rendimientos del trabajo, por lo que estarán sujetas a tributación y, en muchos casos, a retenciones mensuales. Conocer los límites de exención, las retenciones aplicables y las posibles excepciones legales resultará fundamental para planificar la declaración y evitar errores que puedan derivar en ajustes o sanciones.

Además de la cuantía percibida, existen factores como el número de pagadores, la situación familiar o la residencia en el extranjero que pueden influir en la obligación de declarar y en la cantidad de impuesto a pagar. Algunas pensiones, por su naturaleza especial o por circunstancias personales, estarán exentas de tributación, mientras que otras se incluirán íntegramente en la base imponible. Esta combinación de criterios hace que la declaración de la renta para pensionistas requiera atención y planificación, con el objetivo de garantizar que los ingresos se reflejen correctamente y que se cumpla la normativa vigente sin contratiempos.

Cómo declarar las pensiones de jubilación

Todas las pensiones contributivas de jubilación se consideran rendimientos del trabajo y, por lo tanto, deben incluirse en la Declaración de la Renta, salvo las excepciones específicas previstas por la normativa. Esto incluye tanto la pensión principal como cualquier complemento derivado de incapacidad o situaciones especiales. Por otro lado, las pensiones no contributivas, que cumplen con criterios de necesidad y cuantías limitadas, no generan obligación de presentar la declaración.

La obligación de declarar depende del importe percibido y del número de pagadores. Un pensionista con un único ingreso anual inferior a 22.000 euros generalmente no está obligado a presentar la declaración. Sin embargo, si se reciben ingresos de más de un pagador, el límite desciende a 15.876 euros anuales, siempre que la suma de las pensiones del segundo y siguientes pagadores supere los 1.500 euros en conjunto. De esta forma, se establece un equilibrio que evita que quienes perciben cantidades reducidas tengan que presentar la declaración, al tiempo que asegura que se incluyan todas las rentas relevantes.

En términos prácticos, los pensionistas que perciben ingresos del extranjero también deben tener en cuenta las normas aplicables a la doble imposición, ya que en algunos casos la pensión puede tributar en el país de residencia y no en España, dependiendo de los convenios bilaterales vigentes. Esto garantiza que los ingresos se gravan en la jurisdicción correcta sin que se genere un pago duplicado del impuesto.

Cuánto tributan las pensiones en la declaración

El porcentaje de retención aplicado a cada pensión varía en función del importe total anual, la comunidad autónoma y la situación familiar. Existen retenciones mínimas orientativas que se aplican según tramos de ingresos: pensiones de hasta 12.000 euros al año están sujetas a un 1 % de retención; las comprendidas entre 12.001 y 18.000 euros, al 2,61 %; las que van de 18.001 a 24.000 euros, al 8,69 %; las de 24.001 a 30.000 euros, al 11,83 %; y las superiores a 30.000 euros, al 15,59 %.

Estos porcentajes son orientativos y pueden variar en función de las deducciones personales y familiares aplicables a cada pensionista. Para conocer el cálculo exacto de la retención, se recomienda utilizar la herramienta oficial de la Agencia Tributaria, que permite estimar el porcentaje que se aplicará cada mes sobre la pensión. De esta manera, se evita cualquier sorpresa en la declaración anual, ya que los importes descontados durante el año se consideran adelantos del IRPF.

Cuándo están exentos de declarar los pensionistas

No todas las pensiones de jubilación están sujetas al IRPF. Existen casos concretos en los que los pensionistas quedan exentos de presentar la declaración o de tributar por los ingresos percibidos. Entre estas situaciones se incluyen pensiones derivadas de actos de terrorismo, en las que se incluyen prestaciones de viudedad, que se consideran ingresos totalmente libres de tributación.

También están exentas las pensiones concedidas en favor de familiares concedidas por la Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos de dependencia económica y convivencia con la persona fallecida. Este beneficio fiscal se aplica, en particular, cuando la pensión deriva de actos terroristas o cuando el fallecido tenía reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. Además, las prestaciones a favor de familiares menores de 22 años también quedan libres de tributación.

Las pensiones derivadas de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez son otro caso de exención parcial o total. La primera se concede cuando el trabajador no puede desempeñar ninguna actividad laboral, mientras que la segunda se aplica cuando la persona necesita asistencia de otra para realizar actos esenciales de la vida diaria. En estos casos, la exención alcanza hasta la cuantía máxima reconocida por la Seguridad Social, y cualquier exceso se considera rendimiento del trabajo y tributa como tal. Cabe destacar que estas pensiones pueden transformarse en pensiones de jubilación al cumplir 65 años, manteniendo la exención del IRPF.

Finalmente, las pensiones de orfandad también se encuentran exentas de tributación. Estas prestaciones económicas se destinan a los descendientes de personas fallecidas y, en algunos casos, a los aportados por el cónyuge del fallecido, garantizando que los beneficiarios reciban apoyo económico sin que ello suponga un incremento de su carga fiscal.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

Ya hay fecha para hacer efectiva la marcha atrás en el recorte “de golpe” en la pensión máxima por jubilación anticipada que la Seguridad Social está aplicando desde el pasado 1 de enero, en lugar de las penalizaciones progresivas pactadas en la reforma de 2021. Como adelantó elDiario.es, el Ministerio de Elma Saiz decidió revertir este criterio tras las quejas de sindicatos, con el apoyo de la patronal, aunque hasta el momento no había aclarado cuándo estaría en vigor. Fuentes del Ministerio responden a este medio que trabajan para que esté listo este mes de marzo.

“Estamos terminando el análisis jurídico sobre este asunto y esperamos que esté resuelto lo antes posible”, afirman en la Seguridad Social. “Nuestra intención es que esté en este mismo mes”, indican a preguntas de este medio.

La cuestión afecta a las penalizaciones (o coeficientes reductores) que se aplican a los trabajadores que se jubilan de manera anticipada y que tienen derecho a recibir la pensión máxima. En la reforma de pensiones de 2021 se pactó que esta penalización aumentara, dado que era en la práctica inferior respecto a los empleados con salarios más bajos, y se acordó un incremento progresivo de 2024 a 2033.

Sin embargo, a finales de año, la Seguridad Social comunicó de manera sorpresiva en la página web de su Simulador de la pensión que a partir del 1 de enero dejaban de ser de aplicación estos coeficientes progresivos. Desde esa fecha, el organismo público está aplicando las penalizaciones previstas para 2033 “de golpe”, como denunciaron varios trabajadores afectados por el cambio a este medio.

En la práctica, esto puede significar un gran —y repentino— aumento de las penalizaciones por retiro anticipado para quienes cobran la pensión máxima. En el caso más extremo, el recorte puede alcanzar un extra de 400 euros al mes. “En mi caso pueden ser 300 euros menos de pensión al mes”, denuncia Íñigo Pastor, que tiene que jubilarse en los próximos meses, cuando cumpla los 63 años, fruto de una prejubilación acordada en su empresa.

Fuentes sindicales esperan también que el nuevo criterio de la Seguridad Social esté listo de manera inminente, antes de que termine marzo. CCOO y UGT exigieron al Ministerio de Elma Saiz que solucionara esta cuestión, además del desbloqueo de la jubilación parcial para los empleados públicos, para seguir negociando cualquier otra cuestión en la mesa de diálogo de la Seguridad Social.

Un nuevo criterio para volver a aplicar los recortes progresivos

La solución por el momento se concretará en un nuevo criterio interno de la Seguridad Social que corrija la instrucción previa que se está aplicando en estos momentos, explican fuentes del diálogo social. Es decir, no tiene que pasar por el Parlamento y puede aplicarse de manera inmediata una vez se dicte.

El foco del conflicto es la interpretación de la Seguridad Social de la ley pactada con los sindicatos y los empresarios en 2021 sobre estos coeficientes reductores. En la disposición transitoria 34 de la Ley de la Seguridad Social se plasmó el periodo transitorio para elevar, poco a poco, estas penalizaciones. Sin embargo, se incluyó un 'pero'.

En el apartado uno se contempló —en un artículo de difícil comprensión— que estos coeficientes “solo resultarán de aplicación” cuando la pensión reconocida no resultase en ningún caso inferior a la que habría correspondido con la aplicación de las normas vigentes en 2021.

La Seguridad Social había interpretado que esta condición ya se había superado. Es decir, que la pensión máxima ya era en todo caso superior a la de 2021, debido a su aumento en los últimos años de elevada inflación. Ahora, el organismo público trabaja en la argumentación jurídica para justificar que se vuelva a aplicar el recorte progresivo.

Quejas por la “incertidumbre” y las pensiones ya recortadas

Varios trabajadores y pensionistas afectados por esta situación han denunciado a elDiario.es la gran “incertidumbre” y la “ansiedad” que están viviendo en relación a la cuantía de sus pensiones. “Que es para siempre”, subraya Íñigo Pastor.

Primero, por un cambio de criterio sin apenas antelación ni comunicación a los afectados por parte de a Seguridad Social, que supone diferencias sustanciales en las cuantías de las prestaciones. Y, después, una vez el Ministerio afirmó a este medio que daba marcha atrás en este recorte de golpe, por la falta de respuestas en este sentido en las oficinas y otros canales de información de la Seguridad Social, donde han seguido diciendo a los afectados que las penalizaciones progresivas ya no son de aplicación.

“La opacidad no puede ser una política pública. Quienes cumplimos los requisitos legales para una jubilación anticipada voluntaria tenemos derecho a que una decisión del tal calado como el cese de la vida laboral pueda tomarse con confianza basada en información veraz y transparente del órgano gestor, tal y como marca la ley y nuestra Constitución”, dice Juan (nombre ficticio), en una queja presentada a la Seguridad Social.

Varios afectados están demorando la jubilación unos meses, hasta que se solucione esta situación. En los sindicatos recuerdan que la pensión se puede pedir con efecto retroactivo de 90 días, por lo que estaban recomendando por el momento aplazar las citas con la Seguridad Social hasta que se aclare este aspecto.

Pero hay algunas personas que no han tenido opción —o suficiente información— y se han jubilado desde el 1 de enero con este mayor recorte en su pensión. Por ejemplo, es el caso de las personas que tenían salidas pactadas en procesos de ERE y prejubilaciones, explica Íñigo Pastor, como algunos de sus compañeros, que tenían que jubilarse cuando cumplieran los 63 años de manera obligada.

Para estas personas que ya se han jubilado durante este primer trimestre, fuentes sindicales indican que han exigido al Ministerio “que puedan revisar la cuantía de su pensión”, algo sobre lo que son optimistas. Eso sí, por el momento no saben qué solución dará el departamento de Saiz: si una revisión de oficio de la Seguridad Social de las pensiones aprobadas en este lapso de tiempo o si las personas afectadas tendrán que pedir de manera proactiva que se les revise su prestación.

Una de las conversaciones más recurrentes entre los trabajadores y trabajadoras en España, sobre todo cuando acumulan años de experiencia y de cotización a la Seguridad Social, es la fecha definitiva de una posible jubilación y los detalles económicos de la pensión que les corresponderá cuando pongan fin a su carrera laboral legalmente. Las circunstancias particulares de cada profesional y los diferentes avatares a lo largo del tiempo complican mucho la comparación entre unas personas y otras, pero esos matices y dudas son los que ahora pueden resolverse a golpe de clic.

Y es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, organismo responsable de estas gestiones, ha puesto en servicio a través de su página web una herramienta online mediante la cual se puede conocer de forma rápida y sencilla, en unos pocos minutos, el importe aproximado de la futura pensión de jubilación que corresponde y el plazo estimado para alcanzarlo. Así, siguiendo los pasos indicados por esta calculadora de la Seguridad Social, se puede simular la pensión de jubilación y conocer todos los detalles al respecto.

Identificación

El primer paso que debe seguir cualquier persona que quiera hacer esta simulación es acudir a la página web oficial habilitada por la Seguridad Social como entidad responsable de estas gestiones. A partir de ahí, es necesario elegir entre la posibilidad de identificarse digitalmente —con Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil, certificado digital, DNI electrónico o identificación vía SMS— o acceder sin identificarse al servicio alternativo de cálculo de la jubilación ordinaria, incorporando directamente los datos necesarios, lo que hace algo más complejo el proceso.

En esta segunda opción es importante tener en cuenta que, a través de esta herramienta de 'Autocálculo', se puede conocer la fecha de jubilación ordinaria y obtener la cuantía de su pensión de jubilación, pero se trata de una aplicación en la que no se realiza conexión con otras aplicaciones de la Seguridad Social, por lo que el resultado obtenido será consecuencia de los datos sobre la edad, el tiempo cotizado y las bases de cotización que se cumplimenten y la pensión calculada tiene carácter meramente informativo, por lo que no genera derechos ni expectativas a su favor ni a favor de terceros.

Situaciones personales a tener en cuenta 

Respecto al simulador de jubilación, que sí cruza los datos personales del usuario con los registros de la Seguridad Social que son fundamentales para obtener los cálculos, ofrece un resultado más exacto y permite responder a preguntas como la edad en la que podrá jubilarse, a cuánto ascenderá la pensión económica, cuánto puede variar su cuantía en función de si adelanta o retrasa su retiro laboral, teniendo en cuenta siempre tanto los datos disponibles en cada momento como los que introduzca manualmente la persona que realiza la consulta.

Según señala el Ministerio de Seguridad Social en su propia página web, esta herramienta utiliza la información de cada ciudadano. De esta manera, es capaz de ofrecer un cálculo de la prestación de jubilación que correspondería. “Para ello, proyecta la situación actual de cada uno hasta la fecha de su jubilación ordinaria. Es decir, utiliza la información disponible y completa el tiempo que queda hasta la edad ordinaria de jubilación como si el trabajador mantuviese las condiciones que tiene en el momento de hacer la consulta, aunque permite modificar este último punto”, subraya este organismo oficial.

Además de permitir conocer las posibles fechas de jubilación, calcula la previsión de sus respectivas cuantías y muestra detalles completos del cálculo de la simulación de la pensión, incluyen las variables que se pueden producir derivadas de situaciones personales que se pueden modificar, como el hecho de tener hijos biológicos o adoptados y menores acogidos, haber solicitado el complemento para la reducción de la brecha de género, tener reconocida alguna discapacidad, haber realizado trabajos que permitan anticipar la jubilación, haber trabajado en el extranjero o tener la intención de trabajar después de la jubilación, por ejemplo.

Simulador de jubilación

Una vez tenidas en cuenta todas las circunstancias previas señaladas, el simulador de jubilación permite acceder sin identificación personal, haciendo un 'autocálculo' para el que será necesario introducir en un formulario diferentes datos personales como el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento y el tiempo de cotización en el momento de la consulta, así como las opciones de cotización y la legislación que afecta al usuario interesado.

Este método es bastante más complejo y requerirá también datos sobre las bases de cotización, cotizaciones pasadas y futuras, lo que dificulta obtener un resultado preciso si el usuario no cuenta con todos esos detalles de su vida laboral.

En cuanto al simulador de pensión de jubilación a través de identificación electrónica, el proceso es mucho más sencillo para el usuario, que no deberá aportar prácticamente ninguna información adicional. Utilizando la Cl@ve Permanente, la Cl@ve Móvil, el certificado digital, el DNI electrónico o la identificación vía SMS, un trámite habitual en la relación entre los ciudadanos con la Administración pública en España, ya se puede acceder de forma inmediata al resultado.

De esta forma, se puede saber tanto los días cotizados a la fecha de la consulta como los días que restan por cotizar hasta la fecha estimada de jubilación, la fecha exacta de la jubilación en las condiciones actuales del trabajador o trabajadora y la pensión inicial sin impuestos ni descuentos que cobrará a partir del momento en el que ponga fin a su vida laboral. Adicionalmente, este simulador ofrece la oportunidad de precisar de forma sencilla, con un simple clic, algunas circunstancias personales que influyen en el cálculo final de la pensión y las tiene en cuenta en los resultados.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha expresado este viernes su “gratitud” a todos los docentes que acaban de jubilarse, “profesionales con una vocación de ayuda a los demás”, así como el “reconocimiento a ese legado tan importante y fundamental” de los maestros y profesores, “una veneración al saber, al conocimiento y a las personas que transmiten y ayudan a los jóvenes a formarse”.

Capellán, acompañado del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha realizado estas declaraciones durante la celebración del acto de reconocimiento a la experiencia docente, donde ha agradecido el trabajo y dedicación de los 81 docentes de distintos centros públicos riojanos que se han jubilado en el último año.

Durante su intervención, el presidente del Ejecutivo riojano se ha referido a la satisfacción que proyectan los docentes jubilados en este acto, “por todo el recorrido realizado durante su experiencia laboral, todo lo que habéis hecho por el alumnado, por su formación y por esa vocación de servicio, por contribuir a algo de lo más importante, como es formar a los jóvenes”.

Por último, les ha sugerido que disfruten de su merecido descanso porque “aún quedan muchos capítulos por escribir y disfrutar”, después de “toda esa experiencia docente acumulada” y por “todos esos años realizando una labor esencial y maravillosa como profesores en la educación”.

Reconocimiento a la experiencia con protagonismo para los alumnos

A través de este acto, el Gobierno de La Rioja reconoce la labor desempeñada por los docentes jubilados durante toda su carrera profesional. A lo largo de 2025 y hasta la fecha, se han jubilado 81 profesores y maestros, 24 hombres y 57 mujeres de los distintos centros públicos de toda la Comunidad. En concreto, dos inspectores de educación, 3 catedráticos de Enseñanza Secundaria, 44 profesores de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional, 2 profesores de Música y Artes Escénicas, 29 maestros y un profesor de Religión. 

El desarrollo del acto ha contado con la participación de alumnado de distintos centros educativos de La Rioja. Así, durante el homenaje, los integrantes del ‘Corocole’ del CEIP Vélez de Guevara de Logroño han interpretado distintas canciones para dar la bienvenida a los asistentes. Además, los estudiantes del programa especial de Cualificación Inicial en Servicios Administrativos del IES Duques de Nájera se han encargado de guiar y asistir a los homenajeados.

Por último, los alumnos de la familia profesional de Hostelería de la Escuela de Hostelería y Turismo de Santo Domingo de La Calzada se han encargado de la elaboración y servicio del vino de honor con el que ha finalizado el acto.

El Tribunal Supremo ha establecido que, para los funcionarios del régimen de Clases Pasivas, el complemento de maternidad en las pensiones que aprobó el Gobierno de Rajoy (vigente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021) también puede ser disfrutado de forma simultánea por ambos progenitores, como ya falló la justicia para el régimen de la Seguridad Social.

Así lo ha concluido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, en una sentencia fechada este 4 marzo, tras la deliberación conjunta de tres sentencias de padres que reclamaban el cobro de este plus en la pensión por sus hijos.

Este complemento, que fue sustituido en 2021 por el complemento contra la brecha de género en las pensiones, se concedía a las madres a partir del segundo hijo, con un alza porcentual de la cuantía de su pensión (dos hijos, el 5%; tres hijos, el 10%; y tres o más hijos, el 15%).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado (AGE), de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Además, es un régimen en vías de extinción, por lo que el Régimen de Clases pasivas comprende a funcionarios que ingresaron al sistema de la Seguridad Social antes del 1 de enero de 2011. Si lo hicieron después de esa fecha, ya quedaban adscritos al Régimen General.

En la úlitma nómina de pensiones, el número de prestaciones en vigor en el Régimen de Clases Pasivas fue de 736.793, con un 2% de aumento respecto al año anterior. “Este tipo de pensión lo reciben 707.230 pensionistas”, indica la Seguridad Social.

El TJUE consideró el plus discriminatorio para los hombres

El Supremo recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 12 de diciembre de 2019, determinó que la norma nacional que otorgaba el complemento de pensión únicamente a mujeres con al menos dos hijos, y excluía a los hombres en situación comparable, constituía una discriminación directa por razón de sexo.

Entre los litigios derivados de esta situación de discriminación del complemento de maternidad, muchos hombres reclamaron este plus de manera compatible con el que recibían ya sus parejas. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo determinó en una sentencia de mayo de 2023 que los dos progenitores tenían derecho a cobrar de forma simultánea el complemento por los mismos hijos, ya que se había concebido como un derecho individual y ambos tenían los mismos derechos.

“En estas condiciones, habiéndose configurado legalmente el complemento de maternidad como un complemento individual, la inclusión del colectivo discriminado por razón de sexo determina que los hombres adquieran el derecho al complemento en las mismas condiciones, puesto que la configuración legal inicial de las personas beneficiarias debe ajustarse al respeto de los principios constitucionales y, por ende, a las exigencias del principio de igualdad y no discriminación, lo que implica la inclusión de los hombres en el ámbito subjetivo de aplicación”, indica la resolución del Supremo.

Además, el Supremo señala que admitir el criterio de la incompatibilidad del disfrute dual del complemento, conduciría, o bien a la percepción del complemento solo por la madre, o, en su caso, por quien primero lo obtuviera; o bien a la aplicación de criterios de prelación o distribución, no establecidos legalmente, “lo cual incluso podría determinar que la madre que ya tenía reconocido el complemento de maternidad pudiera verse afectada por percibirlo, en todo o en parte, el otro progenitor”.

Por ello, los magistrados concluyen, también para el Régimen de Clases Pasivas, que el complemento de maternidad “puede ser disfrutado por ambos progenitores de manera simultánea, cuando se cumplan los requisitos establecidos en aquella disposición adicional”.

Las discusiones sobre el complemento contra la brecha de género

La sentencia del TJUE contra el complemento de maternidad provocó que se sustituyese a partir del 4 de febrero de 2021 por el complemento contra la brecha de género en las pensiones. No obstante, este segundo también ha sido considerado más tarde discriminatorio para los hombres por parte de la justicia europea.

Esto ha llevado a que los sindicatos reclamen una reforma del plus por temor a que lo pierdan las madres, ya que en el caso del complemento contra la brecha de género el Gobierno estableció como criterio que solo se puede ser percibido por uno de los dos progenitores.

Aunque los sindicatos han reclamado insistentemente una reforma a la Seguridad Social, por el momento no se ha llevado a cabo. Desde entonces, se ha disparado el número de nuevos pluses que se reconocen a hombres, incluso por encima de los que se conceden a mujeres.

En total, en febrero, había algo más de 1,3 millones de pensiones que reciben el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en “un 77,6% de sus titulares son mujeres”, indica el Ministerio de Elma Saiz.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que la Seguridad Social va a incluir 11 nuevas patologías en la norma que permite la reducción de la edad de jubilación de las personas trabajadoras con discapacidad en grado igual o superior al 45%. Saiz ha afirmado que la regulación estará lista “antes del verano”.

El Ministerio calcula que la medida permitirá que “en torno a 50.000 personas” con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, debido a la patología que padecen.

Las nuevas patologías son: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

La ampliación del listado de patologías se va a realizar concretamente en el Anexo del Real Decreto 1851/2009, que desarrolla el artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS). Es decir, es un reglamento, que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y que, por tanto, solo requiere de la acción legislativa del Gobierno.

“Es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores. Era algo con lo que el Gobierno estaba comprometido y que viene a atender una demanda de este colectivo”, ha afirmado Elma Saiz, acompañada del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

Ambos han mantenido este jueves una reunión de trabajo con el presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo, y otros representantes de la organización, enmarcada en la semana en que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Se trata de una medida muy esperada por los colectivos de personas con discapacidad y que el Gobierno de coalición anunció en 2020, hace cinco años, cuando el titular de la Seguridad Social era José Luis Escrivá.

Condiciones para los beneficiarios

Una vez que el Gobierno modifique este real decreto, las personas trabajadoras con discapacidad, que estén afectadas por estas patologías podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión siempre que cumplan los siguientes requisitos:

La ministra Saiz ha destacado que se ha llegado a esta decisión tras “meses de trabajo” conjunto entre varios organismos. “Este es un ejemplo de un trabajo fruto del diálogo, de la escucha permanente que en la Seguridad Social se hace a los colectivos”, ha sostenido.

El Ministerio detalla que la DGOSS (Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social) ha presidido una Comisión Técnica, integrada por especialistas médicos, científicos y expertos en discapacidad representantes del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y el Consejo Nacional de la Discapacidad, que ha estado encargada de estudiar las solicitudes y, posteriormente, de elaborar los informes sobre cada patología, que han desembocado en la resolución favorable para estas 11 nuevas patologías.