El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

El Gobierno de Navarra ha aceptado el requerimiento previo interpuesto por el Ayuntamiento de Arróniz contra la concesión a la empresa AGR Biogás S.A. de la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización en Suelo No Urbanizable, que permitían la instalación de una planta de biogás en el municipio navarro que iba a gestionar 140.000 toneladas de residuos al año. El argumento esgrimido es que el proyecto “carece de base territorial suficiente” para verter los residuos, al “no disponer de autorización expresa por parte de los titulares de las parcelas”. Por ello, el plan empresarial ha quedado paralizado, al menos cautelarmente, al igual que otros similares incluidos en la moratoria aprobada por el Parlamento foral.

Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, ha trasladado que “el procedimiento se retrotrae”, es decir, se repetirá y se volverán a “recabar las autorizaciones” para que se cumplan “todas las exigencias legales y técnicas”.

Hace una semana, desde las plataformas ecologistas como Sustrai Erakuntza, se presentó un recurso de alzada para evitar la apertura de la planta de biogás al considerar que el proceso presentaba un “cúmulo de irregularidades”, que se sumaba a los interpuestos por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según comunicaban desde la fundación, había “motivos” suficientes para demostrar que el proyecto era “perjudicial para el territorio”.

Tras conocer el anuncio, desde la plataforma ciudadana Stop Biogás Arróniz consideran la paralización “un paso”, aunque reivindican que el “avance no ha sido fruto de la voluntad política”, pues el consistorio y el Gobierno “no se han movido por iniciativa propia”, sino “de la presión social y la incomodidad generada por la ciudadanía”. “No vamos a permitir que nadie se atribuya méritos que no le corresponden”, afirman, y definen las informaciones oficiales de “lavado de cara”.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Arróniz ha celebrado la “anulación de la autorización y la paralización del proyecto”, alegando que desde el consistorio se “ha trabajado con rigor, responsabilidad y determinación en la defensa del interés general” a partir de las herramientas jurídicas y técnicas. Según figura en su requerimiento, el plan de los residuos (digestatos) presentado por la empresa promotora de la planta “no aporta autorización expresa de los titulares de estas parcelas”, incluyéndose los de “titularidad comunal de los municipios” de esta misma localidad y Luquin, otro pueblo cercano. Los digestatos son los residuos orgánicos resultantes del proceso de una planta de biogás, obtenidos tras transformar restos como estiércol, residuos agrícolas o desechos alimentarios en energía, y que pueden utilizarse como estiércol.

De esta manera, el Gobierno de Navarra considera que, debido a que “la inclusión” de las tierras “ahora controvertidas en el plan de producción y gestión de estiércoles” no ha contado con “el consentimiento del común de los vecinos” ni del propio ayuntamiento (gestora de la tierra comunal), es motivo suficiente para estimar la impugnación. Pues existe “un déficit de base territorial para el nitrógeno generado en la planta de biometanización”.

Una información que, según los opositores de la planta de biogás, ya era conocida por las instituciones. “La moratoria supone, en la práctica, una pausa temporal tras la cual los proyectos se reactivarán, adaptándose a una normativa que consideramos insuficiente y claramente favorable a los intereses empresariales”, afirman desde la plataforma ciudadana ecologista. Además de expresar “dudas e incertidumbre” sobre cómo se resolverá el “macroproyecto”.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha estimado el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que el proyecto de modificación de actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tudela para cambiar el procedimiento administrativo de las autorizaciones (se tramite mediante una Autorización Ambiental Unificada, en lugar de una Autorización Ambiental Integrada). Este cambio no supone la paralización del proyecto ni altera su diseño técnico o funcionamiento, sino que implica retomar el procedimiento administrativo inicial, manteniendo en la práctica las mismas exigencias ambientales y controles.

El comité de empresa de Repsol Materials (Química) en Puertollano ha convocado este viernes a toda la plantilla a una concentración donde han mostrado su rechazo al proceso de modificación de estructura de la empresa.

La concentración ha tenido lugar en las puertas de acceso de PEBD (Alcudia) de 13.30 a 15.30 horas y a ella se ha sumado el Comité de Repsol Fuels (Refino). Ya el pasado 26 de marzo protagonizaron otro acto de protesta por la misma razón.

Más protestas el martes

Además, los comités han convocado más protestas para el próximo martes. Ese día los trabajadores marcharán entre las 5.30 y las 10.00 horas desde la rotonda de entrada de Euromaster. Ya por la tarde se concentrarán ante el Ayuntamiento de Puertollano a las 18 horas.

Estas movilizaciones dan continuidad a las realizadas las semanas pasadas por ambos Comités de Empresa, en las que cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras mostraron su “preocupación” por el proceso de reorganización planteado por la Dirección, que contempla cambios en la estructura del centro, señalan los sindicatos en un comunicado.

El concurso de fotoperiodismo World Press Photo ha distinguido a tres fotógrafos españoles entre los 42 ganadores regionales y uno de ellos es el profesional originario de Ciudad Real Luis Tato, a los que se suman Brais Lorenzo y Diego Ibarra Sánchez.

Luis Tato ha sido el ganador en la categoría de Reportaje gráfico de la región de África, con 'Las protestas de la generación Z en Madagascar', sobre las protestas estudiantiles motivadas por la deficiencia de los servicios públicos, la corrupción y las dificultades económicas.

World Press Photo ha anunciado los 42 ganadores regionales de las seis regiones del mundo en sus tres categorías actuales --Fotografías Individuales, Reportajes gráficos y Proyectos a largo plazo--, y el próximo 23 de abril se dará a conocer el World Press Photo del Año, elegido entre los ganadores regionales.

“Ser fotoperiodista o periodista hoy es mucho más peligroso que hace diez o veinte años”, advierte en una entrevista con EFE. Nacido en Daimiel, vive en Nairobi, desde donde ha cubierto durante los últimos años África oriental, y ejerce actualmente como jefe de fotografía en la región para la agencia de noticias francesa Agence France Presse (AFP).

Siempre en movimiento, el fotógrafo atiende a EFE por teléfono desde la pequeña nación de Yibuti, a donde se ha desplazado para cubrir las elecciones presidenciales previstas este viernes.

Hay “un movimiento global que está convirtiendo a los periodistas en el enemigo para muchos gobiernos, instituciones y gente con poder y es un discurso que está penetrando en la población normal, que empieza a desconfiar” de los informadores, advierte Tato.

Hay un movimiento global que está convirtiendo a los periodistas en el enemigo para muchos gobiernos, instituciones y gente con poder y es un discurso que está penetrando en la población normal, que empieza a desconfiar

Esto hace que el mundo se esté convirtiendo “en un lugar muy hostil” para cualquier persona que ejerce el periodismo a día de hoy, lamenta, mientras “las redes sociales y la inteligencia artificial están difuminando mucho” la labor periodística.

Pese a este complicado contexto, Tato se siente “agradecido” por haber sido “observador” incansable en los últimos años de momentos cruciales para los africanos, como las protestas en Madagascar, por cuya cobertura ha sido galardonado por tercera vez en el certamen más prestigioso del fotoperiodismo mundial.

Testigo de la transformación en África

“Cuando llegué, vi un país literalmente en transformación. Lo sentía en las calles, percibía que algo estaba ocurriendo, algo se estaba cocinando. Más allá de las protestas, había un espíritu de cambio generalizado”, relata sobre su trabajo en este país insular africano situado en el océano Índico.

Todo empezó el pasado mes de septiembre, cuando jóvenes de la generación Z se lanzaron a las calles para exigir acceso al agua y a la electricidad, así como la reducción de la inflación, en unas manifestaciones cuya represión por las fuerzas de seguridad dejó al menos 22 muertos, según las Naciones Unidas.

Las masivas movilizaciones evolucionaron rápidamente hacia un movimiento antigubernamental que reclamaba la dimisión del entonces presidente malgache, Andry Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos.

Rajoelina se resistía a abandonar el poder pese a la presión popular, pero todo cambió cuando los manifestantes recibieron el apoyo de la poderosa unidad de élite militar Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), que acabó derrocando al mandatario el 14 de octubre.

“Al margen de la brutal respuesta de la Policía y la Gendarmería, fue un proceso bonito, porque la gente estaba expectante”, recuerda Tato, si bien el resultado final, con el establecimiento de un Gobierno militar, dejó un sabor “agridulce” entre la población.

En largas jornadas de barricadas, gases lacrimógenos y balas de goma los jóvenes malgaches tomaron como símbolo la bandera pirata de la popular serie manga 'One Piece', vista también en movilizaciones en Indonesia, Nepal, Perú, Filipinas o Francia.

En el caso de la isla africana, sin embargo, los manifestantes cambiaron el habitual sombrero de paja de la calavera sonriente de la bandera por un satro-bory (sombrero tradicional malgache), tal como captan las imágenes premiadas.

“Me gustaría que las fotos sirviesen para que la gente abra su mundo. Yo siempre pienso en el fotoperiodismo como una ventana a realidades que pueden parecer lejanas o ajenas, pero que al final también hablan de nosotros, de quiénes somos o de realidades que vivimos en nuestros propios países”, afirma Tato.

Me gustaría que las fotos sirviesen para que la gente abra su mundo. Yo siempre pienso en el fotoperiodismo como una ventana a realidades que pueden parecer lejanas o ajenas, pero que al final también hablan de nosotros

A pesar de los numerosos premios acumulados, el fotógrafo confiesa que sigue “sorprendiéndose” porque su trabajo sea reconocido una vez más por este galardón que lo transporta de nuevo “a la ilusión del chaval que empezó a hacer fotos y soñaba con ser fotoperiodista”.

El World Press Photo, que recibió en esta convocatoria más de 57.000 fotografías de 141 países, distingue a 42 proyectos que configuran, según el jurado, “un retrato urgente del mundo actual”.

El World Press Photo 2026 ha contado con la participación de 3.747 fotógrafos de 141 países y 57.376 fotografías, y de los 42 ganadores regionales, 31 son locales de la región donde captaron sus relatos.

Los trabajadores ganadores de esta edición se centran en desafíos del mundo actual como la política, las cuestiones de género, la migración, los conflictos globales y la crisis climática.

La exposición World Press Photo 2026, organizada por la Fundación Phgotographic Social Vision, volverá a tener el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) como una de sus sedes, del 6 de noviembre al 13 de diciembre, una muestra que el año pasado batió su récord de público con más de 67.500 espectadores.

Este viernes 10 de abril el personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) volverá a concentrarse como medida de protesta para recuperar recuperar la carrera profesional sanitaria en la comunidad autónoma.

Así se ha dado a conocer después de que esta mañana representantes sindicales de CSIF, SATSE, USICAM, USAE, CCOO, CESM y UGT hayan celebrado una asamblea en el salón de actos del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) para informar a los trabajadores de las medidas a adoptar porque, a pesar de la reunión mantenida en pasado 26 de marzo con los responsables del SESCAM que califican de “positiva”, creen que la propuesta planteada puede ser “mejorada”. Habrá una segunda reunión que tendrá lugar el próximo 14 de abril.

Los sindicatos recuerdan que se trata de un derecho, congelado desde febrero de 2012, y que convierte al Servicio de Salud castellanomanchego en el único de toda España que no tiene reconocidos grados nuevos de carrera profesional a sus trabajadores desde hace 14 años y mantiene, a día de hoy, este sistema paralizado.

Tres actos de protesta hasta la fecha

Los sindicatos, que han hecho un llamamiento a todos los trabajadores para que secunden la nueva concentración que este viernes a puertas del hospital de Ciudad Real.

Será la tercera gran movilización en unidad de acción en el presente año tras las llevadas a cabo el 10 de febrero en Albacete y 2 de marzo en Toledo, a lo que se suman las continuadas protestas en actos públicos del Gobierno regional que se ha comprometido a recuperarla, vía ley, aunque sin plazos.

El pleno del ayuntamiento de Madridejos ha aprobado este martes por unanimidad de los tres grupos municipales una moción reclamando la construcción del tramo ferroviario Mora-Orgaz - Madridejos-Consuegra - Alcázar de San Juan dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén.

Ha sido la última iniciativa que está planteando la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de la Mancha (PFCM) para reivindicar el denominado 'tren de la Mancha'. “En todas las instituciones locales y provinciales de Castilla-La Mancha la moción se está aprobando por unanimidad. En las jienenses, lo está haciendo por mayoría”, asegura su portavoz José Damián García-Moreno.

El lunes hizo lo mismo el Ayuntamiento de Manzanares y la pasada semana se pronunciaron los ayuntamientos de Jaén, Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela y Villafranca de los Caballeros.

Es la mejor propuesta para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora

José Damián García-Moreno — Portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM)

“Son ya 12 instituciones las que en el presente curso político 2025 - 2026 reclaman mediante mociones o resoluciones esta iniciativa”, explica García-Moreno, quien subraya que la Consejería de Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page también apoya la parada del tren entre Madridejos y Consuegra y, con ello, el tramo Mora-Alcázar de San Juan.

“Vamos a seguir buscando y generando consensos por el beneficio de Jaén, Castilla-La Mancha y del conjunto de España”, asegura el portavoz de la plataforma quien subraya que ahora “la pelota ya está en el tejado del Ministerio de Transportes”.

En este sentido apelan al PSOE, y en concreto a los socialistas de Jaén, a trabajar en una “propuesta común” que no es otra, recuerda, que la “propuesta histórica” del propio ministerio y que consideran “la mejor para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora”.

Manzanares recuerda que el proyecto histórico se remonta a 2001

Un día antes había sido el Ayuntamiento de Manzanares, en Ciudad Real, el que aprobase en Pleno por unanimidad un decálogo de medidas en defensa de este proyecto y de un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha.

Fue a través de una moción “urgente” presentada de manera conjunta por los grupos socialista y popular en apoyo a un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha y en defensa del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén. “Se ha hecho de manera conjunta para tratar de conseguir un acuerdo unánime que defienda los intereses de nuestra ciudad en este asunto”, justificó Pablo Camacho, portavoz del equipo de Gobierno.

Desde el PP, Rebeca Sánchez-Maroto mostró su “satisfacción” porque ambos grupos “hayamos sido capaces de dialogar, entendernos y unir nuestras propuestas” en una moción conjunta. La edil popular destacó que este acuerdo es una “muy buena noticia para nuestra ciudad”, ya que este proyecto “es clave” para el desarrollo de nuestro territorio y tiene una “gran importancia estratégica” para Manzanares. Por su parte, el concejal no adscrito también mostró su apoyo a la moción. “Suena bien”, fueron las palabras utilizadas por un José María Molina que también aprovechó para poner en duda “si el Gobierno de España tiene, en estos momentos, la capacidad económica para llevar a cabo una actuación que a Manzanares le favorecería”.

En Manzanares se recordaba esta semana que, si bien es cierto que los orígenes del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén se remontan a 2001 y ha contado con el apoyo de todos los Gobiernos de España desde entonces, “se ha ido ralentizando y no ha avanzado al ritmo que nos hubiera gustado”, explicó el portavoz socialista.

El año pasado, ante la aparición en los medios de comunicación de informaciones que apuntaban al estudio de un posible “baipás” en Montoro (Córdoba), Julián Nieva junto a otros alcaldes de la zona se reunieron con Óscar Puente para mostrar su preocupación por si esta modificación podría afectar al proyecto original.

El ministro garantizó entonces que el baipás no afectaría al desarrollo de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén, según recuerdan en la localidad manzanareña. “Confiamos en sus palabras, pero creemos que es necesario que este proyecto se acelere de una vez por todas porque es esencial para el futuro de nuestra provincia y región”, subrayó el portavoz socialista. “Estamos ante una infraestructura clave para Manzanares desde todos los puntos de vista, que tendría efectos muy positivos para el desarrollo económico, demográfico y social de nuestra ciudad”.

Un ambicioso decálogo de medidas

El decálogo de medidas que propone Manzanares incluye el apoyo del ayuntamiento al ferrocarril “como medio de transporte público, eficiente y sostenible que contribuye al equilibrio social y territorial de Castilla-La Mancha”. También reivindica una vez más “el impulso y mantenimiento” del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “garantizando su ejecución y su puesta en marcha”.

Se insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “a que mantenga e impulse definitivamente la ejecución íntegra y definitiva” de la infraestructura ferroviaria de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén para la explotación modal (transporte de mercancías y viajeros) del Eje Atlántico en velocidad alta, como “proyecto estratégico para la mejora de la conectividad y el desarrollo económico de nuestra ciudad y de las comarcas de la provincia de Ciudad Real y Jaén”.

Asimismo, se solicita “una dotación presupuestaria suficiente e inmediata” para la finalización de las obras de adecuación del tramo Alcázar de San Juan-Manzanares, concluyendo los pasos superiores ya construidos, finalizando la variante de la curva de Herrera de la Mancha, así como la instalación de los sistemas de seguridad y circulación compatibles con velocidades superiores a 200 km/hora y su continuación hasta Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Almuradiel.

Al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se le insta a compatibilizar, mientras se avanza en la ejecución del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, y a seguir manteniendo y mejorando la línea convencional Manzanares-Madrid, “mejorando los tiempos de viaje y garantizado las frecuencias”.

El Ayuntamiento solicita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a Renfe que sigan impulsando el estudio de viabilidad de la cuadruplicación de vías entre Seseña y Madrid, estudio fruto de la reunión mantenida entre Julián Nieva y el ministro Óscar Puente en abril de 2025, ya que el desarrollo de este proyecto “vendría a mejorar la operativa ferroviaria entre el centro y sur peninsular, así como segregar los tráficos entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial para solucionar la congestión que se produce en la vía de la red de Media Distancia y Cercanías”.

En séptimo lugar, manifiesta el rechazo a cualquier actuación ferroviaria, “entre ellas el 'baipás de Montoro', que suponga la pérdida, el recorte o el empeoramiento de los servicios ferroviarios que actualmente prestan servicio a Manzanares y su comarca”.

También se apoya de forma expresa y pública la ejecución del tramo Mora-Alcázar, dentro del proyecto de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “por su carácter vertebrador y por los beneficios directos que aportaría a Manzanares, entre ellos la notable reducción de los tiempos de viaje a Madrid y la posibilidad de conectar con la ciudad de Toledo, capital de Castilla-La Mancha”.

A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se le insta para que, a su vez, inste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “reivindicando el cumplimiento de lo ya acordado por el Gobierno de España, oponiéndose frontalmente al cambio de trazado, considerando el perjuicio que ocasiona a nuestra provincia y muy especialmente a las localidades y comarcas afectadas de Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas”. Por último, se da traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Presidencia de la Junta.

Los sindicatos asturianos han celebrado este miércoles el indulto a 'Las seis de La Suiza', si bien han alertado de que todo el proceso y su entrada en prisión ha supuesto una “pérdida importante” para la democracia, así como una “criminalización del sindicalismo”.

El grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza' y portavoces de organizaciones sindicales de Asturias, en unidad de acción, han dado este miércoles una rueda de prensa en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón, tras la decisión aprobada en el Consejo de Ministros de concederles el indulto.

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones y confirmó la obligación de abonar 150.000 euros de indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró por las movilizaciones en favor de una empleada que lo acusaba de acoso laboral.

El juzgado de Gijón que los condenó en primera instancia ordenó que se ejecutara la sentencia, de modo que las cinco mujeres y el hombre ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir la condena, aunque el día 18 de ese mismo mes se les concedió el tercer grado penitenciario.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, a raíz de que una empleada, que se encontraba embarazada, pidiera una baja laboral por riesgo de aborto tras la negativa del empleador a que se ausentara de su puesto de trabajo por sentirse indispuesta, lo que derivó en un enfrentamiento entre el propietario y su pareja.

El despido y las protestas

Ella, una vez nacido el niño, contactó con el sindicato CNT para negociar un despido, porque no quería volver a incorporarse por haber sido objeto de acoso laboral, pero el dueño de la pastelería no quiso negociar y los sindicalistas organizaron protestas frente al establecimiento.

Desde el grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza', Inés González Pérez ha remarcado que se trata de la “victoria de seis personas”, lograda “gracias a la movilización sindical”, si bien “la pérdida de derechos sindicales e individuales está por zanjar”.

Las valoraciones

El secretario ejecutivo UGT, Juan José Iglesias, ha valorado el indulto, si bien ha lamentado que el hecho de que tuvieran que entrar en la cárcel, ya que ha supuesto una “pérdida importante en la democracia”, así como un “atropello a un derecho constitucional”.

Durante su intervención, el responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha valorado el indulto “después de este calvario de las ”seis compañeras represaliadas“, si bien ha hecho un llamamiento para que los sindicatos sigan vigilantes, frente a ”las amenazas de la democracia“ que han surgido en el ”horizonte de la clase trabajadora“.

El secretario general de USO Asturias, Miguel Rivero, ha reconocido que el de hoy es un “día de alegría” para los que creen en una “sociedad más equilibrada y más justa”, ya que la entrada en la cárcel de los seis representantes sindicales “nunca tendría que haber pasado en democracia”.

La “criminalización del sindicalismo”

La portavoz de la Intersindical Asturiana Lena Sarasúa ha recordado que han sido “casi seis meses de un largo proceso”, con “consecuencias a nivel personal, sindical y social” mientras que, desde la CGT, Yanira Hermida ha mostrado su alegría, pese a “lamentar profundamente la demora de este indulto” y la “criminalización del sindicalismo” que se ha producido.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de la Clase Trabajadora LCT Pedro Pariente, ha destacado que la “unidad sindical” ha permitido “llevar esta lucha a cabo”, ya que “con la unidad sindical las batallas pueden seguir avanzando y ganándose”.

La portavoz de CNT Gijón Cristina Mencía también ha interpretado el indulto como un “resultado directo de la lucha” sindical, si bien ha afeado que haya tenido que darse en respuesta a un “proceso que ha puesto en cuestión los límites mismos de la acción sindical”.

Hace ya décadas que cambió radicalmente nuestra forma de vida. Mucha gente del rural emigró a las ciudades en busca de un futuro mejor, empujados por el paro y la mecanización de las tareas agrícolas. Castellanomanchegos y castellanomanchegas, que no sabían ni que lo eran, construyeron lo que serían los barrios obreros de Madrid y Barcelona.

Desde entonces, vivimos en una España de dos velocidades. A las ciudades ha llegado antes el agua corriente, la luz, el internet y las oportunidades. Llegaban antes allí por un criterio muy razonable para muchos: la rentabilidad. El dinero dibujo fronteras que no podemos ver como vemos la valla de Melilla, pero que están ahí, y que sentimos. Los pueblos, especialmente en los últimos veinte años han ido perdiendo servicios: han cerrado bancos, escuelas y centros de salud.

Pero algo está cambiando en esa España olvidada. La tierra tan despreciada durante décadas vuelve a ser foco de interés, económico por supuesto.

Los que manejan el dinero no tienen más ideología que seguir acumulándolo. Por eso, en este nuevo tiempo, en el que la justa prioridad es descarbonizar nuestra economía y producir energía de manera soberana y menos contaminante, los que manejan el dinero también encuentran su oportunidad de negocio.

Esta vez han fijado el foco en nuestros pueblos, y se ayudan de gobernantes que les ponen alfombra roja sin echar cuentas, sin planificar y sin poner límites. ¿Les suena?

El gobierno de García-Page presentó hace unos meses el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha. Aprobación, que no estuvo exenta de polémica, puesto que la empresa que lo redactó es la misma que diseña, construye y opera las plantas de biogás. Lo que viene siendo un conflicto de intereses de manual.

Pero hay más, el pago por este servicio de consultoría se hizo en dos facturas que casualmente tienen el importe límite para no tener que sacar el servicio a concurso público.

¿Se acuerdan de lo que decíamos de la España olvidada? ¿La de la segunda marcha? Resulta que esa España está llenita de pueblos, de pequeñas comunidades resistentes empeñadas en no aceptar el frenesí urbanita y de no contaminarse con la sensación de que aburrirse, es estar perdiéndose algo.

No quiero idealizar la España rural, que sin duda sigue teniendo infinitos retos propios como la integración de la diversidad étnica o sexual. Pero que también tiene infinitas cosas que proteger, como las noches al fresco, el contacto con la naturaleza, las pausas, los “Marí, me he quedado sin huevos para la tortilla” o el trabajar a 10 minutos de casa.

Pues esa España, la de la resistencia rural, la de familias que sacan adelante sus explotaciones agrarias, pero también las cooperativas, también la de las mujeres rurales, y la de la innovación y la ciencia, y la que sufre el sexilio, esa España, está en pie de guerra.

Y lo está porque ya no es la misma que hace 40 años. Hoy en nuestros pueblos vive gente que no quiere dinero rápido a cambio de hipotecar su futuro. Quiere garantías, quiere participación y quiere decidir.

Sin embargo, el Plan de Biometanización va justo en la dirección contraria. No plantea un modelo público, ni comunitario, ni descentralizado. No pone la energía en manos de la gente. Lo que propone es un modelo extractivista de manual: grandes inversiones privadas, grandes instalaciones y beneficios que se van fuera del territorio.

El esquema es sencillo: las empresas ponen el capital, la administración facilita los trámites—y, si hace falta, acompaña con subvenciones—, se construyen las plantas y los beneficios terminan en las cuentas de los inversores.

Mientras tanto, el territorio asume los impactos: el tráfico pesado, los olores, la presión sobre suelos y acuíferos, y un modelo productivo que no se cuestiona, sino que se refuerza.

Porque ese es otro de los grandes problemas del plan: no reduce los residuos, los necesita. No cambia la ganadería intensiva, la hace rentable. Convierte los purines en negocio, y con ello se corre el riesgo de incentivar aún más el modelo que está en el origen del problema.

Se nos vende como economía circular lo que, en muchos casos, es simplemente dar una vuelta más al mismo sistema. Además, incluso, algunos expertos cuestionan la viabilidad de las explotaciones tal y como están planteadas.

Y todo ello, además, con una promesa de empleo muy limitada. Mucho capital, pero poca mano de obra. Mucha inversión, pero poco retorno social.

Castilla-La Mancha tiene una oportunidad histórica: liderar una transición energética justa, democrática y arraigada al territorio. Apostar por cooperativas energéticas, por plantas de pequeña escala, por modelos donde la energía sea de la gente y los beneficios se queden en los pueblos.

Pero el gobierno regional ha elegido otro camino, el de siempre, el de convertir el territorio en un recurso. El de llenar la España rural de proyectos que se deciden fuera, se ejecutan desde fuera y cuyos beneficios se marchan fuera.

Frente a eso, cada vez más gente lo tiene claro: la transición ecológica debe ser justa y democrática. La transición energética debe ser nuestra prioridad, hay que apretar el acelerador, y más en el contexto internacional en el que nos encontramos, pero eso no está reñido con que por primera vez aprovechemos la oportunidad para que gane la gente común.

Este sábado, la Asociación Campos del Paraíso ha organizado una manifestación para protestar contra las plantas de niogás que pretenden instalar en Carrascosa del Campo con el lema “Ni en tu pueblo ni en el mío”.

Este pequeño municipio de menos de 600 habitantes de la provincia de Cuenca se ha movilizado con un extraordinario éxito congregando a unas 2.000 personas, pero no es el único. Son muchos los municipios que se están organizando contra estas políticas. Por poner un ejemplo, el pasado día de la región en Albacete, también estuvo marcado por las protestas de manifestantes a la entrada del acto institucional. Nosotros estuvimos con ellos, pero el presidente Page no fue capaz de acercarse y simplemente saludar.

Nuestros pueblos no están dispuestos a volver a ser el lugar donde otros vienen a hacer negocio. Y nosotros, Movimiento Sumar, tampoco. Estaremos en las calles, con la gente, escuchando y haciendo propuestas para que en un futuro, cercano, podamos cambiar el rumbo y que esta transición no sirva para llenar los bolsillos de unos pocos sino para garantizar unos pueblos limpios y soberanos donde merezca la pena vivir.

Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se han manifestado este sábado en Campos del Paraíso, municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en el municipio y su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por cuarenta de asociaciones, ha recorrido las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural.

Durante la jornada, los asistentes han denunciado la implantación de seis proyectos en el entorno, tres en Campos del Paraíso, uno en Huelves y dos en Tarancón, que han generado una creciente preocupación en la comarca por su posible impacto ambiental, el incremento del tráfico pesado y las consecuencias sobre la calidad de vida.

“Nuestros pueblos no son espacios vacíos”

El acto ha culminado con la lectura de un manifiesto por parte de representantes de distintas generaciones, un niño, un agricultor y una vecina, en el que se ha lanzado un mensaje claro: “Campos del Paraíso y su comarca no son espacios vacíos. Aquí vive gente. Con nuestro futuro no se negocia”

El texto advierte de que estos proyectos “no son un hecho aislado”, sino parte de un modelo que durante años ha tratado a los pueblos como “territorios disponibles para asumir impactos, mientras los beneficios se concentran lejos”.

Asimismo, los vecinos han señalado riesgos asociados a este tipo de instalaciones como la posible contaminación del suelo y acuíferos, las emisiones de gases y olores, el aumento del tráfico pesado o el deterioro del entorno y la calidad de vida.

Antes del inicio de la marcha, los portavoces han atendido a los medios, subrayando el carácter transversal y creciente del movimiento.

El presidente de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, Carlos Muñoz, ha afirmado que “esto no va de estar en contra de nada, va de defender lo que somos. Nuestros pueblos no pueden convertirse en lugares donde otros deciden sin contar con la gente que vive aquí”.

La presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, ha advertido de que “este tipo de proyectos se están concentrando en zonas rurales sin un debate suficiente y sin tener en cuenta el impacto acumulado en el territorio”.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción Manchuela, Toni Jorge, ha señalado que “no se puede hablar de transición ecológica si no se hace con criterios de sostenibilidad real y de justicia territorial”.

El documental que pondrá rostro al conflicto

La jornada ha comenzado con el visionado del teaser del documental ‘Extraños en el Paraíso’, un proyecto que aborda el impacto de este tipo de iniciativas en el medio rural.

El productor ejecutivo Saúl Sánchez Román ha explicado que “este documental nace para contar lo que muchas veces no se ve: cómo estos proyectos afectan a la vida cotidiana de los pueblos y a su identidad”, y ha subrayado que “no es solo una cuestión técnica o energética, es una historia de personas, de territorio y de futuro”.

El manifiesto vecinal incide también en el impacto económico de estas instalaciones, señalando que generan “escasos beneficios locales” y que los empleos asociados suelen ser limitados y especializados, mientras los efectos negativos recaen sobre la población.

Además, advierte del llamado “efecto llamada”, que puede favorecer la instalación de macrogranjas o la llegada de residuos de otros territorios, convirtiendo a los pueblos en centros receptores y alterando su equilibrio social y ambiental.

Los organizadores han destacado la elevada participación y la diversidad de perfiles presentes —jóvenes, mayores, agricultores y familias— como reflejo de un movimiento social que sigue creciendo en la provincia.

En este sentido, han asegurado que la movilización de este sábado marca “un punto de inflexión” y han avanzado que continuarán impulsando acciones para defender un modelo de desarrollo rural “justo, sostenible y compatible con la vida en los pueblos”.

La Alianza contra el Odio, plataforma de reciente creación, ha reunido a medio millar de albaceteños en la plaza del Altozano para mostrar su rechazo a la “cruel, injusta, innecesaria e improcedente” guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán.

El representante de Albacete con Palestina, José María López Ariza, ha atendido a los medios al inicio de la concentración para lamentar la “tímida” reacción de Europa ante este conflicto, y apelar al pueblo a “salir a la calle a expresar el rechazo” a una guerra que “no es ajena” a nadie.

“Hay que salir a la calle con contundencia y presionar a toda la comunidad internacional contra estos dos estados genocidas”, ha defendido López, quien ha reparado en la afectación que sufrirá Europa, no solo la económica, sino también de “seguridad y valores”.

La Alianza contra el Odio, tal y como ha explicado Marta Escribano, es un grupo de organizaciones y ciudadanía “a nivel particular que quiere hacer pedagogía y concienciación a toda la ciudadanía en Albacete”.

Sobre esta “concentración pacífica”, espera que sea “constructiva” para que todo el mundo “haga una introspección de conciencia”.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Escribano ha explicado que “frente a la guerra, defendemos la paz, la diplomacia y el respeto entre pueblos. Frente al odio, más democracia, más igualdad y más convivencia. La ciudadanía demostró su gran calidad humana: alzar la voz contra el odio es responsabilidad de todas y todos”.

En la Alianza contra el Odio están integradas 16 organizaciones, entre las cuales destacan CCOO, PSOE, Podemos, IU, PCE, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Albacete, Juventudes Socialistas de Albacete, Albacete con Palestina, Movimiento SUMAR y ciudadanos a título particular. 

Las escuelas infantiles andaluzas se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Andalucía para exigir a la Junta una actualización urgente del llamado precio plaza, la cuantía que la administración abona por cada menor escolarizado y que permanece congelada desde 2020, según denuncian las organizaciones representativas del sector.

La protesta se produce apenas una semana después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciara la gratuidad de las plazas para niños de uno a dos años a partir del próximo curso 2026/27. Con esta medida, la Junta completa la bonificación al 100% de la escolarización del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) que se había planteado alcanzar en seis años, pero deja sin resolver “las necesidades reales y urgentes” de financiación, que vienen denunciando las escuelas infantiles.

“La gratuidad es una buenísima noticia para las familias y para el desarrollo de los niños, pero sin una actualización del precio plaza, los centros no son viables”, explica a este medio Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, la asociación mayoritaria del sector, que representa al 25% de las guarderías adheridas al programa de ayuda a las familias de la Junta.

Actualmente, el precio plaza ronda los 240 euros mensuales para la atención educativa en Andalucía, una cifra que no ha variado en los últimos seis años. Durante ese tiempo, los centros aseguran haber asumido el incremento de costes en salarios, seguros sociales, suministros y materiales, sin que se haya reajustado la tarifa oficial regulada por la administración pública. “No hablamos de financiación para tener beneficios, sino para poder llegar a final de mes”, subraya Uncala, quien advierte de que la situación es “insostenible” para muchas escuelas.

Un modelo tensionado

La red educativa en esta etapa no obligatoria está compuesta en sus dos terceras partes por centros privados, fundados básicamente por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo se impulsó en su día por el PSOE para compensar la escasa oferta pública. En su lugar se optó por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, mientras que las escuelas perciben una cantidad fija por plaza.

El efecto colateral fue que el desarrollo de una red pública propia ha quedado en segundo plano. De hecho, el Gobierno de Moreno devolvió hace dos años 119 millones de euros de fondos europeos Next Generation que estaban condicionados a la creación de plazas públicas gratuitas.

Desde el sector aseguran que Andalucía cuenta con una de las financiaciones más bajas del país, con diferencias que pueden alcanzar hasta los 100 euros respecto a otras comunidades autónomas. “Somos la comunidad con la atención educativa infantil más barata de España”, resume Uncala, antes de defender que “nuestros niños merecen escuelas infantiles que puedan trabajar tranquilas, seguras y sin estar agobiadas por si pueden tener un imprevisto y no puedan salir al paso”.

Anuncio por sorpresa

Otro de los detonantes de la protesta ha sido la forma en la que se comunicó la ampliación de la gratuidad para niños de un año. Según relatan las patronales, el pasado 19 de marzo se reunieron con la Consejería con la expectativa de abordar una propuesta de actualización del precio plaza. “Íbamos preparados para una oferta, aunque fuera progresiva, pero nuestra sorpresa fue que, mientras estábamos en la mesa, se anunció una medida que no se había trabajado con el sector”, señala Uncala, respaldada por otras entidades como FSIE Andalucía, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía y ACES Andalucía.

Las organizaciones denuncian que la medida se ha adoptado de forma “unilateral” y que deja en segundo plano una reivindicación que llevan años trasladando a la administración. “Las escuelas infantiles llevamos años soportando una situación económica cada vez más compleja, marcada por el incremento de los costes estructurales sin que se haya producido una actualización suficiente y efectiva del precio de la plaza”, recuerdan.

Por ello, reclaman “una revisión real y adecuada” de cara al próximo curso que garantice la viabilidad económica de los centros y el mantenimiento del servicio educativo. En ese contexto, la patronal de esta etapa educativa “espera seguir dialogando y obtener una respuesta de la Junta de Andalucía” en relación al precio de la plaza para 2026-2027.

Sin descartar nuevas protestas

Escuelas Infantiles Unidas insiste en que la gratuidad del primer ciclo en Educación Infantil es positiva para las familias andaluzas, al facilitar el acceso a una etapa clave para el desarrollo infantil y favorecer la conciliación familiar. Sin embargo, advierte de que sin cambios en la financiación el sistema queda en riesgo.

La concentración de este miércoles es la primera acción de protesta que convoca el sector, sin descartar nuevas movilizaciones los próximos meses, en un contexto marcado por el calendario electoral andaluz, que culminará con la cita en las urnas el 17 de mayo.

Con el proceso de escolarización a punto de comenzar y el inicio del curso fijado para septiembre, las escuelas confían en que aún hay margen para una rectificación. “Hay tiempo para que este Gobierno o el que salga de las elecciones atienda de una vez por todas nuestra reivindicación: un precio justo que garantice un servicio de calidad”, concluye la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Centenares de personas han salido este domingo a las calles de Toledo para gritar “No a la guerra” y pedir el cese de las hostilidades en distintas partes del mundo y del sufrimiento de las personas que las padecen.

Convocadas por la recién reactivada Plataforma 'No a la Guerra de Toledo', unas 700 personas, según la Policía Nacional, han participado en este recorrido entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación poco antes de comenzar la manifestación a las 12:00 horas, la secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO de Toledo y miembro de la plataforma, Mayte García, ha dicho que el objetivo era salir a la calle a decir “alto y claro no a la guerra”.

En este sentido, ha recordado que debido a los últimos acontecimientos y a todas las guerras que se están produciendo “en este mundo tan disperso”, la plataforma decidió reactivarse “para que Toledo diga que no queremos guerras, queremos paz y que no haya sufrimientos, injusticias, muertes de mujeres, de niños y de muchas miles de personas que están muriendo en todos los conflictos armados”.

En la misma línea, la representante de Mujeres de Negro contra la guerra,Vicenta Agustín ha incidido en que la reactivación de la plataforma responde al deseo de que “Toledo se pronuncie y diga alto y claro no a la guerra”.

“Queremos que se cumpla el derecho internacional y que cesen ya estas hostilidades que hay ahora mismo en el mundo que están creando tanto sufrimiento”, ha reclamado Agustín.

También César Garín de la Unión Popular de Estudiantes ha señalado que los jóvenes creen que tiene ser “la vanguardia, la punta de lanza de la lucha y que no sea solo un 'no a la guerra', sino que tenemos que empujar para que sea un no a la OTAN y un no al imperialismo”.

En la plataforma se integran CCOO, Unión Popular de Estudiantes, Mujeres de Negro, Marcha por Palestina, la Plataforma 8 M, PSOE, IU, Movimiento Sumar, el Partido Comunista, Avalto, las asociaciones vecinales del Tajo, la Cava, Amigos progresistas del Polígono, la Federación de Asociación de Vecinos, Unión Popular de Inquilinos y la asociación cooperativa Patrice Lumumba.

En la manifestación también han participado el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, la diputada de IU Engracia Rivera y el diputado del PSOE, Álvaro Toconar, entre otros.

El jueves, concentración contra la guerra en Albacete

La de Toledo no será la única protesta social de estas características. Alianza contra el Odio, una plataforma plural formada por organizaciones sociales, sindicales, políticas y ciudadanía a título individual, ha convocado una concentración para el jueves, 26 de marzo, bajo el lema 'No a la guerra'.

Denunciarán la escalada de conflictos internacionales, la violencia contra la población civil, el auge de los discursos de odio además de visibilizar el rechazo social a cualquier forma de violencia o discriminación.

La convocatoria, prevista para las 19.00 horas, en la plaza del Altozano, surge en un contexto internacional marcado por la persistencia de la violencia, especialmente en territorios como Palestina, donde, según denuncia Alianza contra el Odio, “la masacre en Gaza no cesa”, así como en otros escenarios como Líbano, Irán, Afganistán, Irak o Ucrania, y el resto de territorios asolados por la violencia.

En un comunicado denuncia que “estos conflictos responden a intereses geopolíticos y económicos que están provocando graves consecuencias humanitarias”.

La participación ciudadana para “frenar el avance del odio”

La movilización busca un llamamiento a la ciudadanía para “rechazar la guerra como herramienta política y defender la paz, la diplomacia y el respeto entre pueblos”, estableciendo además un espacio de encuentro, reflexión y reivindicación, pues “es responsabilidad de todos y todas alzar la voz”.

También advierte el colectivo del crecimiento de discursos de odio y desinformación, impulsados --según denuncian-- por “movimientos de extrema derecha a nivel global, que buscan dividir a la sociedad, debilitar las instituciones democráticas y erosionar derechos fundamentales”, y es que, como señalan, “el odio se está extendiendo en nuestras aulas, barrios e instituciones, alimentado por estrategias diseñadas para polarizar y enfrentar”.

Frente a esta situación, la plataforma reivindica la necesidad de reforzar los valores democráticos, el estado del bienestar, la igualdad, el feminismo, el ecologismo y la convivencia pacífica y apela a “la importancia de la participación ciudadana y del compromiso colectivo como herramientas clave para frenar el avance del odio”.

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha celebra este sábado, 21 de marzo, su III Asamblea Ordinaria en Toledo, coincidiendo este año con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'.

Aprovechando el encuentro, que tendrá lugar en el Centro Cívico Padilla, participarán en un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales, tal y como ha informado la organización.

El acto se celebrará a las 14.00 en la plaza de Zocodover, junto a otras 400 organizaciones, entre las que se cuenta Rights International Spain; Red Acoge; Fundación Secretariado Gitano; Iridia o Defender a Quien Defiende, entre otras.

Formularios para identificar racismo en las actuaciones policiales

Amnistía Internacional ha reclamado formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales, indicando que múltiples investigaciones han puesto cifras al racismo en las actuaciones policiales.

Asegura que en España, un estudio realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en Granada, reveló que por cada persona blanca identificada “se paraba a 42 personas negras”.

Otros datos muestran que “por cada persona de nacionalidad española se identifica a más de siete personas extranjeras”. Es el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas el que ha instado a España a “tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos”, así como a garantizar su investigación y sanción.

“Iba con mi chica, que conducía su moto, nos paró la policía para pedir los papeles de la moto, pero en cuanto me quité el casco vinieron hacía mí, y a quien le pidieron los papeles fue a mí y no ella, ella protestó porque era quien conducía, pero ni caso”, ha ejemplificado el actor y activista senegalés Thimbo Samb, que recientemente ha pasado por Toledo, cuyo testimonio ha recabado la organización.

Ante esta situación, la organización ha reclamado medidas específicas para erradicar esta práctica discriminatoria, concretamente, la implementación de formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Por ello, en el marco del 21 de marzo, Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha ha organizado un acto en Toledo, sumándose a los programados en múltiples localidades como Cáceres, Málaga, Murcia o Palma de Mallorca.

Además, en Valencia, Salamanca y Barcelona, se presentarán en los ayuntamientos mociones pidiendo la implementación de dichos formularios. Se trata de un documento que intenta “hacer frente a las prácticas policiales que discriminan a las personas por el color de su piel o su origen”.

“Las redadas y paradas basadas en prejuicios raciales no sólo son injustas, son ilegales y destruyen la confianza entre la ciudadanía y las instituciones que deben protegerla”, sostiene la organización que propone un decálogo por el fin de las redadas racistas con diez medidas urgentes y concretas “para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales”.

El decálogo recoge exigencias como la prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico, conforme al principio de igualdad y no discriminación.

Con la definición clara de qué constituye una identificación discriminatoria, incluyendo cualquier actuación, basada total o parcialmente en el color de piel, origen nacional o étnico, religión o rasgos físicos y otras medidas orientadas al control y transparencia de este tipo de actuaciones policiales.

En la Asamblea también se establecerán las líneas de trabajo de Amnistía Internacional para intentar mejorar, durante 2026, la situación de los derechos humanos en Castilla-La Mancha y en el mundo; se valorará el trabajo del pasado año, se dedicará un espacio a reflexionar con personas externas sobre el genocidio en Gaza y se elegirán a las personas que asumirán los cargos directivos durante los próximos dos años.

La plataforma 'No a la guerra' de Toledo ha organizado la 'Manifestación por la paz', que arrancará este domingo, 22 de marzo, a las 12.00 horas desde la Plaza de Zocodover, y que terminará en la plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto consensuado por todas las organizaciones.

'No a la Guerra' esta integrada por la Unión Popular de estudiantes; Mujeres de negro contra la Guerra; Marcha por Palestina; la Plataforma 8M Toledo; Izquierda Unida; el Partido Socialista; el Movimiento Sumar; Comisiones Obreras; la Asociación Vecinal La Cava; la Asociación Avalto; el Partido Comunista de España; la Asociación Patrice Lumumba; la Asociación de Vecinos Progresistas 'Amigos del Polígono'; la Federación de Asociaciónes de Vecinales, así como la Unión Popular de Inquilinos.

En rueda de prensa, la responsable de la plataforma, Maite García, ha hecho un llamamiento “a todas las asociaciones y organizaciones de Toledo a que se unan a la plataforma”, y a que participen en la manifestación convocada para este domingo, en la que se leerá un manifiesto y habrá un micro abierto para actuaciones culturales en la Plaza del Ayuntamiento.

De igual modo, ha invitado “a toda la ciudadanía” a que participe en la marcha, “para decir alto y claro que no a la guerra”. Se trata de la primera acción que se realiza desde la plataforma, que piensa seguir trabajando “en otras acciones” posteriormente.

Preguntada por los medios, sobre el plan de medida que el Gobierno de España dará a conocer este viernes, García ha indicado que se mantienen a la espera de conocerlas. “Tendremos en cuenta esas medidas y cómo va la situación y a partir de ahí, como plataforma, trabajaremos con ellas por si hay que pedir más”, ha concretado.

Se apuesta por una manifestación “coordinada a nivel regional”

En cuanto a la estructura de la plataforma, el coordinador de IU y Partido Comunista de España, Jorge Vega, ha aseverado que aunque pertenecen “a diferentes organizaciones”, “lo importante” es decir que todas las están “juntas por un tema en común”, señalando que esperan poder realizar también una manifestación “coordinada a nivel regional”.

Ha concluido explicando que la importancia de esta actividad es “confluir en un tema tan importante como es en el no a la guerra”, repitiendo, así, aquel momento del 2003. Espera esta vez “vaya a ser mucho más importante” y se vayan a conseguir “mejores resultados” que en aquella ocasión, penalizando, de esta forma a “todos los movimientos agresivos que hay en este momento”.

De su lado, el responsable de la Asociación Patrice Lumumba, Braulio Freire, ha subrayado que la situación “llega a límites impensables, sobre todo por la impunidad con que se está manejando a instancia internacional”. De ahí que se haya mostrado confiado en “una reacción de organismos internacionales y sobre todo de la opinión pública mundial”, e intentando, además, hacer de esta plataforma “lo más plural posible”, con el objetivo de reivindicar todas la causas.

No todos los trabajadores que así lo deseaban han podido salir este martes, 17 de marzo, a las calles vascas durante la huelga general para protestar por un salario mínimo propio de 1.500 euros, superior al vigente en España de 1.221 euros. Como por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar internas. Sin embargo, a modo de protesta, muchas de ellas han colgado pañuelos naranjas que representan a su sector en las ventanas de los hogares en los que trabajan, así como fregonas y escobas en los balcones.

“Están con nosotras aunque no estén en las calles. Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas, porque en nuestro sector es donde más se vulneran los derechos. No contamos con convenio y nos han negado el derecho a ese convenio. Nos discriminan por el hecho de ser migrantes, nos racializan y somos maltratadas en los domicilios en los que trabajamos. Inspección de Trabajo no hace nada para vigilar cómo son nuestras condiciones dentro de las casas. A muchas compañeras no les pagan los salarios porque están en situación irregular. Se nos pagan lo que quieren, sin pagas extra, vacaciones o descanso. Por eso nos unimos a esta huelga, porque queremos reivindicar nuestros derechos. Protestamos por salarios dignos para nosotras y para quienes no pueden parar”, explica Yolanda, quien lleva seis años trabajando en Euskadi como trabajadora del hogar, dos de ellos como interna.

Junto a ella un grupo de trabajadoras del hogar porta pañuelos naranjas y carteles morados con forma de mujer en los que se lee la realidad de cada una. “Soy Luz Míriam, de Colombia. Soy interna desde hace ocho años”, “Soy Edurne, de Bilbao. Trabajo dentro y fuera de casa sin tiempo y sin descanso”, “Amaia naiz, soy amama y no tengo jubilación” o “Soy Teodocia, cuidadora de Alzheimer y exijo mi derecho a paro”. “Nuestra realidad es que muchas de nosotras hemos trabajado durante años sin contrato. En mi caso tengo contrato solo desde hace cinco años y de media jornada porque la familia ha decidido así. Eso ha hecho que prácticamente no vaya a tener una jubilación. Ya no protesto para mí, sino para las que vengan, para que ganen lo que es justo por su trabajo”, reconoce Maritza, que a sus 66 años cuenta con más de tres décadas como trabajadora del hogar a sus espaldas.

Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas

Yolanda — Trabajadora del hogar

Entre las miles de personas que han recorrido las calles del centro de Bilbao se mezclan realidades completamente distintas, pero con una precariedad parecida. Los trabajadores de artes gráficas de Bizkaia siguen de cerca a las trabajadoras del hogar. En su caso, tras una pancarta en la que se lee “¡Convenio digno ya!”, han exigido la renovación de su convenio que data de 2012 y han informado de que comenzarán once jornadas de huelga para lograrlo. “En los últimos años, estamos intentando lograr un convenio digno. En 2024 hicimos doce días de huelga, pero no conseguimos mover a la patronal. Nos dimos un año para evaluar las negociaciones, pero al ver que no había avances, a final de año decidimos volver a activar las huelgas. En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga que vamos a llevar a cabo en las artes gráficas de Bizkaia. Desde aquí hasta semana santa”, detalla a este periódico Mikel Etxebarria, uno de los casi 2.000 trabajadores que trabajan en rotativas, imprentas, cartonaje, papel o copisterías de Bizkaia.

En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga

Mikel Etxebarria — Trabajador del sector de artes gráficas

Los trabajadores del Puerto de Bilbao, cada uno desde su trinchera, se han unido también este martes para recorrer el centro de la ciudad tras una pancarta en la que se lee “Portuko langileak lan baldintza duinen alde. Los trabajadores del Puerto, a favor de condiciones de trabajo dignas”. “Aprovechamos esta reivindicación de un salario justo para Euskal Herria para también manifestarnos por la precarización a la que nos quieren someter las multinacionales que hay en el Puerto de Bilbao, donde hay varios conflictos laborales, como en amarradores, un servicio de atraque y desatraque de barcos, limpieza, contenedores o en estibadores, donde hay problemas con la renovación de los convenios y otras empresas. Por el momento tenemos trabajos dignos, pero tememos que las multinacionales precaricen nuestro salario a través de la deslocalización del trabajo”, reconoce Pello de Vega, que lleva cerca de 20 años trabajando en el Puerto.

Por su parte, también en la manifestación, decenas de trabajadoras del sector de Intervención Social han exigido la publificación de sus servicios, que están siendo subcontratados. “Nuestro sector está en lucha porque somos trabajadoras públicas privatizadas en un modelo de subcontratación en el que muchas compañeras no alcanzamos el salario mínimo interprofesional que en el día de hoy se está reivindicando, es un sector feminizado, muy conectado con el trabajo de cuidados. Nuestro sector trabaja con sectores de población más vulnerabilizada y es especialmente sensible a la situación creciente internacional de desigualdad e injusticia social. Defendemos que un salario digno es imprescindible para alcanzar el objetivo de una vida digna para todas las personas y desde una perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista, antimilitarista y decolonial. No al gasto militar y más gasto social”, asegura Cristina, una de las trabajadoras a elDiario.es/Euskadi.

Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro

Adriana — Profesora de Secundaria

La huelga no solo ha movilizado a trabajadores. Estudiantes de distintas edades también han salido a la calle preocupados por su futuro laboral. Es el caso de Elisa, Asier, Maider y Ander, estudiantes de Química de 21 años, que han acudido a la manifestación con Adriana, profesora de Secundaria de 28 años. La cuadrilla porta una pancarta que, por un lado, lleva el mensaje “Trabajar para vivir, no para sobrevivir” y, por el otro, “Queremos aumentos, no cuentos”. Por el momento todos viven con sus padres y madres, ninguno de ellos ha conseguido independizarse, si siquiera Adriana, pese a contar con un trabajo en un colegio. “Vivimos en casa todavía. En mi caso, aunque trabaje no me puedo ir a vivir con mi novio porque entre los dos sueldos no nos da para comprar una casa y los alquileres están por las nubes. El futuro se ve bastante oscuro, pero tenemos esperanza. Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro”, ha argumentado la profesora.

Estos son algunas de las historias de las más de 100.000 personas que han salido a la calle en las distintas movilizaciones convocadas en Euskadi y Navarra. “Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, sin embargo, dos de los sindicatos han optado por no movilizarse: CCOO y UGT.

Los docentes cántabros se han manifestado este sábado en Santander en una movilización convocada antes del preacuerdo de adecuación salarial alcanzado con la Consejería de Educación y que los sindicatos han mantenido para reclamar otras reivindicaciones pendientes como la bajada de ratios o reducir la burocracia.

Bajo una persistente lluvia, cientos de personas han secundado la convocatoria de esta marcha que ha comenzado a mediodía en la Consejería de Educación, para recorrer distintas calles de Santander.

La representante de la Junta de Personal Docente Laura Encinas (STEC) ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que la convocatoria se había organizado antes de ese preacuerdo, pero que se ha decidido mantener porque aún quedan numerosas demandas sin resolver.

“A pesar del éxito logrado en materia de adecuación salarial, que ya iba tocando, seguimos teniendo un montón de reivindicaciones pendientes que siguen sin ser atendidas”, ha afirmado. Y ha apuntado que la manifestación tiene un doble carácter: por un lado de celebración por lo conseguido y por otro de reivindicación para continuar con las mejoras en la educación pública.

Entre las principales demandas del colectivo ha citado la bajada de ratios en las aulas, la reducción de la burocracia y una mayor atención a la diversidad. Según ha explicado, algunas de estas cuestiones ya habían sido planteadas a la Consejería de Educación.

En el caso de la reducción de ratios, ha señalado que se inició “muy tímidamente”, pero que las negociaciones se paralizaron cuando las exigencias de la Junta de Personal Docente no entraban dentro de los planes de la administración.

En cuanto a la reducción de la carga burocrática, Encinas ha explicado que el profesorado sigue esperando la apertura de una mesa de negociación. “El calendario que la Consejería se había marcado era iniciar las negociaciones en diciembre de 2025. Estamos en marzo de 2026 esperando todavía”, ha señalado.

Desde la Junta han destacado el papel de los cerca de 9.000 docentes de la enseñanza pública en Cantabria, a quienes ha atribuido el logro de la adecuación salarial tras 18 años sin cambios.

“La movilización sirve, las manifestaciones y concentraciones sirven”, han afirmado los sindicatos, quienes han recordado que el acuerdo alcanzado es fruto de las protestas y de los 13 días de huelga convocados por el profesorado.

Además han advertido que el acuerdo salarial no debe suponer el final de las reivindicaciones y han llamado a continuar con la movilización para avanzar en otras mejoras del sistema educativo público.

El PRC se atribuye la solución del conflicto

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, ha reivindicado, tras participar en la protesta, la contribución de su partido a la solución del conflicto por la equiparación salarial de los docentes.

En un comunicado, Fernández ha recordado que el preacuerdo entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes de este jueves es consecuencia del pacto que ella firmó con la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, para la aprobación del presupuesto de 2026. “16 meses de conflicto se han resuelto gracias al PRC”, ha afirmado Fernández, quien ha apostado por luchar por el resto de las reivindicaciones de los docentes.

Apuesta del PSOE por la educación pública

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, también ha participado en la manifestación y ha asegurado que su partido continuará “defendiendo más inversiones y mejoras para fortalecer” la educación pública y “desmintiendo las mentiras del Partido Popular”.

En un comunicado, Casares ha recordado que el PP decía que no era posible la adecuación salarial de los docentes y ha valorado que “la presión política ha hecho posible que el PP ceda y se cumpla” tras dieciséis meses de “sinrazón y bloqueo”.

“Nos decían que la única preocupación de los profesores era la subida del sueldo y también hemos demostrado que es mentira”, ha destacado el también delegado del Gobierno en Cantabria, quien ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones de los docentes como la bajada de las ratios en las aulas, la mejora de la inclusión y la atención a la diversidad o el impulso de la escuela rural con inversiones.

El sector primario de Castilla-La Mancha se encuentra hoy en una encrucijada que determinará si nuestros pueblos siguen vivos o se convierten en meros paisajes de adobe y olvido. Lo que se cocina en los despachos de Bruselas con el acuerdo de Mercosur no es una fría tabla de aranceles; es la sentencia de muerte o de vida para el viticultor de la Mancha, el ganadero que cría el cordero manchego y las familias que viven del sudor de recoger el ajo en Las Pedroñeras o el azafrán en los campos de Toledo y Albacete.

Europa ha decidido ser el abanderado de la ecología mundial con el Pacto Verde, pero lo hace a costa de llenar la mochila del agricultor castellanomanchego con exigencias que asfixian. Se nos pide trazabilidad digital en mitad de zonas donde apenas llega la cobertura y un bienestar animal que encarece cada cabeza de ganado, mientras se cierran los ojos ante lo que viene de fuera. Es una contradicción que clama al cielo: la Unión Europea prohíbe a un agricultor de Tomelloso, Valdepeñas o Hellín usar ciertos productos fitosanitarios por seguridad, pero abre de par en par las puertas de nuestros puertos a toneladas de grano y carne tratados con esos mismos productos. No es libre comercio; es un atropello que condena a nuestra gente por el simple “pecado” de cumplir la ley europea.

La insistencia de Bruselas tiene un nombre: interés industrial del norte. Para potencias como Alemania, el acuerdo con Mercosur es la llave para vender sus coches y maquinaria. En ese tablero de ajedrez, el viñedo manchego, nuestros olivares de montaña y la oveja de pura raza son los peones que se entregan para salvar a la reina industrial europea. Se está cambiando soberanía por mercado. Al desmantelar el tejido rural de nuestra región, no solo perdemos economía; perdemos la despensa de España. Depender de barcos que cruzan el Atlántico para comer es una imprudencia que pagaremos cara cuando la geopolítica se tuerza y los estantes se vacíen.

Castilla-La Mancha no aguanta más medias tintas. Nuestro país debe liderar una resistencia firme, con la nobleza de quien defiende lo suyo pero con la fuerza de quien no tiene nada que perder. Esto exige cláusulas espejo reales: lo que no se puede producir en un majuelo de nuestra tierra, no se puede vender en un supermercado de Madrid o de Berlín. Si un pesticida es malo aquí, lo es también si viene de Brasil; no hay más vuelta de hoja. España debe ir de la mano con quienes defienden la tierra para bloquear cualquier avance que no garantice la reciprocidad absoluta. Hay que entender, de una vez por todas, que el agricultor y el pastor son el último muro contra la desertificación y el abandono de nuestros pueblos. Si el campo no es rentable, el pueblo se apaga y la tierra se muere.

El campo castellanomanchego no pide limosnas ni vivir de la subvención; pide lealtad y respeto. No se puede presumir de ser el continente más verde del planeta comprando la comida a quienes no respetan las reglas del juego. Defender hoy a nuestra gente frente al acuerdo de Mercosur es defender nuestro paisaje, nuestra salud y el futuro de nuestros hijos en esta tierra del Quijote. España tiene la palabra, y el momento de dar un golpe en la mesa es ahora.

La lucha por la carrera profesional en Castilla-La Mancha no es un capricho corporativo, sino la expresión de un límite estructural: el sistema sanitario ya no puede sostenerse sobre médicos baratos, silenciosos y sustituibles, mientras la política juega a la sobreactuación y al olvido selectivo.

La carrera profesional es ahora una línea roja. La actual movilización médica no surge de una sola reivindicación salarial, sino del agotamiento de un modelo que ha vivido de estirar hasta el extremo el tiempo, la salud y la vocación de los profesionales.

La demografía médica es adversa: casi un 30 % de los facultativos alcanzarán la edad de jubilación antes de 2030, lo que convierte cada decisión sobre reconocimiento y fidelización en una cuestión de supervivencia del sistema, no de 'privilegio' corporativo. A esto se suma que más del 44 % del gasto sanitario autonómico se destina a retribuciones, por encima de la media de la OCDE, lo que alimenta una cultura política de la contención salarial permanente, disfrazada de responsabilidad presupuestaria.

En este contexto, la carrera profesional es mucho más que un complemento: es el único mecanismo estructurado que vincula formación, experiencia, compromiso y estabilidad al proyecto público. Su paralización desde 2012 ha significado trece y ahora catorce años en los que los sanitarios del SESCAM no han tenido acceso a nuevos grados, mientras todas las demás comunidades autónomas mantenían o recuperaban este derecho. El resultado es una brecha retributiva y de reconocimiento que penaliza precisamente a quienes sostienen guardias de 24 horas, agendas imposibles y urgencias saturadas, mientras el discurso oficial les pide resiliencia y paciencia.

El texto jurídico y la hemeroteca sanitaria dibujan el mismo patrón: la legislación mantiene guardias de 24 horas y una elevada flexibilidad horaria, consolidando al Estatuto Marco como herramienta de contención estructural más que de modernización real. Ese modelo se apoya en un silencio funcional: residentes que llegan a cubrir hasta el 30 % de la actividad en urgencias de hospitales docentes, y cuyo trabajo asistencial intensivo ha sido reconocido judicialmente como abusivo en lo que respecta a funciones no formativas. El sistema se adapta a la escasez usando al aprendiz como sustituto estructural, mientras retrasa sine die decisiones de inversión, estabilización y carrera profesional.

Hoy, cuando se habla de listas de espera, citas en Atención Primaria a 12 o 23 días y riesgo de colapso, convendría recordar que no es solo un problema de gestión coyuntural, sino el resultado de una década larga de vivir del sacrificio personal como variable de ajuste. Lo que chirría en este escenario, es la posición del Partido Popular en Castilla-La Mancha. No es solo contradictoria; es, en términos políticos, abiertamente hipócrita. Fue el Gobierno de Dolores de Cospedal quien, con la Ley 1/2012, suspendió la carrera profesional en el SESCAM, congelando el acceso a nuevos grados y dejando a los profesionales sanitarios como la única plantilla del país sin posibilidad de progresar en este ámbito durante más de una década. Esa cuarta disposición derogatoria sigue siendo, aún hoy, el ancla legal que mantiene paralizado el derecho a la carrera profesional en la región.

Eso también debería decirse para dibujar una realidad completa y no una sesgada. Que el mismo partido que impulsó esa suspensión presente ahora la carrera profesional como una bandera irrenunciable “que avergüenza” no tener, y reclame su blindaje por ley, exige algo más que memoria corta por parte de la ciudadanía.

Resulta especialmente llamativo escuchar al presidente regional del PP apelar a la ambición frente a la resignación después de haber sostenido durante años el marco normativo que colocó a Castilla-La Mancha en una situación de agravio comparativo con el resto del Sistema Nacional de Salud. Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario.

Uno puede rectificar, pero para que la rectificación sea creíble el PP debe empezar por una enmienda explícita a la propia herencia política y por asumir la responsabilidad de haber convertido la carrera profesional en moneda de ajuste presupuestario

Frente a esta coreografía partidista, la huelga y las marchas de cientos de profesionales sanitarios por la carrera profesional expresan una demanda profundamente ética: dejar de sostener el sistema sobre una mezcla tóxica de vocación, culpa moral y resignación económica.

Cuando el equilibrio presupuestario depende del sacrificio personal de médicos y enfermeras, el déficit deja de ser financiero para convertirse en un déficit ético y organizativo. La carrera profesional no es un 'extra' en tiempos de bonanza, sino un pilar de equidad interna que evita que dos profesionales con igual formación y responsabilidad cobren distinto según el código postal de su servicio de salud.

Además, es una herramienta de sostenibilidad: en un contexto de jubilaciones masivas, precariedad crónica y fuga de talento, no reconocer el desarrollo profesional equivale a aceptar un modelo de rotación permanente, desmotivación y deterioro asistencial. Sin condiciones dignas, no hay sistema que aguante, por mucho discurso partidista que se le ponga encima.

Si el PP quiere ser creíble cuando exige “blindar por ley” la carrera profesional, el primer paso es reconocer su papel en la suspensión de 2012 y comprometerse explícitamente a derogar por completo el andamiaje legal de la Ley de Medidas Complementarias que cercenó este derecho. Si el PSOE quiere dejar de aparecer como el gestor que normaliza la excepcionalidad castellano‑manchega, debe pasar de los anuncios y las negociaciones eternas a fijar un calendario, una memoria económica y un marco estable que incluya a todo el personal del SESCAM, sin exclusiones arbitrarias.

En esta batalla, o la política se toma en serio el valor del tiempo, la salud y la experiencia de quienes sostienen la sanidad, o la próxima huelga ya no será un síntoma, sino el signo de que hemos traspasado definitivamente el punto de no retorno.

La espera y la incertidumbre son dos compañeras habituales del proceso penal, pero Víctor lo lleva bien. “El apoyo de mi organización, mi familia y mis amigos ayuda”, explica este joven militante de la Organització Juvenil Socialista (OJS). Es uno de los dos encausados por el lanzamiento de pintura a Pilar Rahola durante una conferencia de la periodista en La Garriga (Barcelona) en 2024.

Con una instrucción a punto de finalizar, el momento de la Fiscalía y del resto de acusaciones para concretar los cargos se acerca. Pese a que la protesta quiso señalar a Rahola por “sionista”, según rezaban las pancartas de la OJS, la investigación de los Mossos d’Esquadra, liderada por la unidad central de delitos de odio, ha concluido que se trata de una acción de “antisemitismo”.

En otras palabras, la policía catalana no atribuye a la acción contra Rahola un componente crítico con el Estado de Israel sino con la religión judía en su conjunto.

“De antisemitismo nada, eso es una banalización”, replica Víctor, que señala y reivindica los motivos de la protesta: “Se trataba de señalar a una de las personas que ha sido cómplices y han frivolizado con el genocidio en Gaza”. Recuerda además que en 2024 la ofensiva de Israel en la franja estaba en pleno apogeo y que faltaban meses para que se firmara el “falso” alto al fuego.

El abogado de Víctor, Martí Abril, muestra su preocupación por la inclusión en los atestados de los Mossos d'Esquadra de la agravante de discriminación y la consideración de la protesta como antisemita: “Se acaba usando para usos contrarios a los previstos la figura del delito de odio y la discriminación”.

La causa permanece abierta por delito de daños causados por la pintura en la ropa de Rahola y el auditorio de La Garriga, pendientes de peritaje pero cuyas facturas para arreglarse ascienden a unos 15.000 euros; y otro leve de amenazas por la expresión “no dejaremos de perseguirte, no te dejaremos respirar” que la policía atribuye a uno de los encausados.

Los Mossos añaden la agravante de “orientación política y antisemitismo”, lo que agravaría las penas en caso de condena, al considerar a Pilar Rahola “un personaje público en defensa de las políticas actuales del gobierno de Israel”.

El letrado incide en que esta figura está pensada para la protección de colectivos tradicionalmente discriminados (como judíos, homosexuales o gitanos). “Ahora nos encontramos que se emplea para perseguir a la disidencia política y a la solidaridad internacional con el pueblo palestino”, denuncia.

“Una cosa es ser consciente de que el derecho a la protesta, a veces, puede tener consecuencias penales, y saber a lo que te puedes enfrentar, pero hacer pasar esta acción por antisemitismo es demasiado”, agrega el letrado.

Los hechos se remontan al 8 de octubre de 2024. La periodista había acudido a La Garriga para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà, que pudo celebrarse después del ataque una vez Rahola se limpió de pintura roja. “Sé lo que es el fascismo. Mi familia sufrió la violencia del fascismo de derechas y de izquierdas. No me callarán nunca. Soy una ciudadana libre de un país libre”, manifestó la periodista en X después de los hechos.

En su declaración ante los Mossos semanas después, Rahola atribuyó el lanzamiento de pintura a una “señalización y odio” hacia su persona. Consideró que la OJS la escogió “por el hecho de ser una de las grandes referentes de la defensa del Estado de Israel, por el hecho de hablar de forma abierta sobre el conflicto Israel-Palestina e intentar un análisis más complejo del conflicto”.

La escritora agregó que el eco mediático de la acción la situó “bajo una diana en redes sociales”, donde se la tildó de “asesina” y se la amenazó con tuits, no identificados en el informe policial, como “la pintura tendría que haber sido explosiva”.

En el sumario del caso consta otro informe en el que los Mossos admiten que no han hallado “referencias de relación con grupos extremistas violentos” de los dos investigados. “No constan datos objetivos de polarización o motivaciones de odio o discriminatorias en los dos investigados”, recoge el documento policial.

El abogado de los dos investigados remarca que para llegar a estas conclusiones la policía catalana ha realizado un “análisis profundo de la actividad en redes sociales” de los dos jóvenes. “Ojalá tanta intensidad investigadora en todos los casos”, ironiza.

“El riesgo de estar encausado y lo que quiere el sistema es que te quedes aislado, pero hemos recibido apoyo y muchos mensajes justo después de la acción y también ahora”, explica Víctor, que ve en su causa “un intento de castigo por expresar la solidaridad con Palestina”. “¿Qué es un bote de pintura ante un genocidio?”, se pregunta este joven.

El futuro juicio no ha mermado las convicciones de este joven. “Somos jóvenes pero tenemos las cosas claras: el contexto global es duro pero hay que dar un paso al frente y mostrar que no nos quedaremos de brazos cruzados”, reivindica.

“Al final del día estoy tranquilo, porque no banalizo el genocidio ni criminalizo a los que lo denuncian”, concluye Víctor, que tiene grabada una frase de una canción de Pete Seeger que un día una profesora le puso en clase, Which side are you on? [¿En qué lado estás?]. “Pues eso, yo estoy con la mayoría contra el genocidio”.

Cientos de delegados y delegadas de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (CCOO CLM) se han manifestado este miércoles por las calles de Toledo para exigir mejores salarios, soluciones al problema de la vivienda y una mayor igualdad.

Bajo el lema 'De las respuestas a la acción', el encuentro ha tenido un despliegue humano importante, con asistentes llegados desde las cinco provincias de la región, sumando más de 1.200 delegados y delegadas de CCOO CLM, según estimaciones del sindicato, antes de participar en una asamblea general en el Palacio de Congresos 'El Greco' a puerta cerrada.

“Hoy queríamos manifestarnos por las calles de Toledo, visualizar la fuerza del sindicato y que la ciudadanía conozca de primera mano nuestras propuestas y planteamientos”, afirmaba Javier Ortega, secretario regional.

Sordo: el crecimiento económico “no sirve” sin incremento salarial

En la marcha ha participado también el secretario general del sindicato, Unai Sordo. Tras reconocer en su intervención ante los medios que la economía española “es la que más crece” entre las europeas y que el salario mínimo “ha subido”, avisaba de que eso “no sirve”. “España tiene que aspirar al pleno empleo e incrementar todos los salarios”, apuntaba.

“Hay del orden de 10 millones de personas que cobran poco más que el salario mínimo. Hasta los que cobran la media salarial, aunque sus sueldos suban en torno al 3 o el 3,5%, son salarios tan bajos que no sirven para hacer frente al incremento de algunos precios”, remarcaba Sordo.

Para el secretario general de CCOO, “las empresas están acumulando excedentes y beneficios”, y exigía su reparto a través de los salarios.

Además, Sordo avisaba de la intención del sindicato de “tensar la negociación colectiva”. “Este proceso de movilización tiene mucho que ver con eso: concienciar a nuestros representantes de que sean los trabajadores, a través de la movilización, a través de la participación sindical, los que y las que exijan estas subidas de los salarios”, remataba el líder sindical.

Movilizaciones por toda España

Esta convocatoria se suma a las ya realizadas por el sindicato en Logroño y Zaragoza. Desde CCOO avisan de que se van a organizar manifestaciones similares en todas las comunidades autónomas de España, así como en Ceuta y en Melilla.

“La intención del sindicato es movilizar del entorno de 20.000 a 25.000 representantes de los trabajadores con una intención muy clara: mostrar que el sindicato es un agente social de primer orden en un momento en el que España necesita que el crecimiento de la economía llegue al conjunto de los hogares de las familias y de la clase trabajadora de nuestro país”, afirmaba Sordo.

En la misma línea que el secretario general de CCOO se manifestaba Carmen Trujillo, delegada del sindicato en Toledo. Trujillo reclamaba “convenios dignos” y subidas salariales “acorde a lo que está la vida”. La sindicalista mostraba su deseo de que las patronales “asuman su responsabilidad” y mandaba un aviso: “Si los trabajadores no tienen esas subidas y están precarizados, los centros de trabajo no van a estar estables. Vamos a tener conflictos y eso no interesa a nadie”.

“No vamos a permitir que al final se precarice a los trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha. Si las patronales no son capaces de sentarse con buena voluntad a negociar los convenios tendremos movilizaciones, seguro”, afirmaba Trujillo.

Por su parte, Ángela Briones, delegada de CCOO Ciudad Real, criticaba que algunos convenios de su provincia, como el  del campo y el de la hostelería, están bloqueados. También pedía una subida de salarios “como mínimo” del 4%, porque “en Castilla-La Mancha somos las personas trabajadoras que más trabajamos en comparación con otras comunidades autónomas y que menos cobramos”, afirmaba. Otra de las reivindicaciones que trasladaba es el de lograr la reducción de la jornada laboral.

Conflictos laborales sin resolver

En su recorrido por las calles de Toledo, los manifestantes han lanzado consignas como Obrero, si no luchas, nadie te escucha o Que viva la lucha de la clase obrera. Otros cánticos también incidían en conflictos laborales recientes, como los sindicalistas de Ciudad Real, que clamaban que La huelga no es delito, a raíz de las detenciones de trabajadores en Puertollano, de los que hoy se ha sabido que ninguno consta como investigado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ya que pese a las detenciones, ninguno fue puesto a disposición judicial.

Numerosas también han sido las pancartas que han llevado los manifestantes a lo largo del recorrido, más de una decena, con eslóganes impresos acerca de laborales generales (No más muertes en el trabajo) o que abordaban algunos de los conflictos más recientes (¡No al ERE en Mahle, Transporte sanitario en lucha o Trabajadores de Schreiber por una negociación seria y un convenio justo).

Hasta Toledo ha llegado también el eco de varios conflictos laborales todavía sin resolver de toda Castilla-La Mancha. El de los trabajadores del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) es uno de ellos.

“A 184 trabajadores del consistorio se les ha quitado un complemento de antigüedad que tenían reconocido”, denuncia Amelia Valero, secretaria provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Albacete. “Tenemos 36 sentencias favorables dando la razón a los trabajadores y a las trabajadoras, pero el ayuntamiento ha decidido recurrirlas”.

También presentes en la manifestación han estado trabajadores y trabajadoras de Pina S.A., en Cuenca, para exigir el pago de sus salarios y una solución que “permita reparar los daños económicos y morales que arrastran desde 2024”. Diego Martínez, presidente del Comité de empresa, asegura que se les deben tres nóminas y la paga extraordinaria.

Además, denuncia llevar “aguantando” dos años una situación “insostenible”. “Ya no tenemos actividad, llevamos casi dos meses con la fábrica parada y las familias lo están pasando mal”, y critica que la empresa no dé explicaciones más allá de achacar el problema a “una situación económica mala, con muchos acreedores”. “Ojalá llegue una solución pronto. Nos deben tres nóminas y la paga extra y estamos ahora en una situación cada vez más crítica, con mucha gente de baja en la fábrica con ataques de ansiedad ataques al corazón que hemos tenido varios uno de ellos con muerte”.

“De poco sirve subir el sueldo si la vivienda sube más”

La vivienda es otro de los focos que han protagonizado esta jornada de reivindicaciones de CCOO. “De poco sirve subir el sueldo un 3 o un 4% si la vivienda sube un 12%”, señalaba Unai Sordo. “Por tanto, exigimos a todas las administraciones, pero sobre todo a las autonómicas, que son las que tienen las competencias, de que de verdad sean valientes en hacer políticas de vivienda”, reclamaba, pidiendo más vivienda pública, control de precios y movilización de vivienda vacía.

Una situación de la que son bien conscientes en la provincia de Guadalajara. “Guadalajara tiene unos precios de la vivienda absolutamente inasumibles para la clase trabajadora”, apuntaba Javier Morales, secretario provincial de Comisiones Obreras de Guadalajara. Por eso, se marcaba como “principal reto” para el 2026 lograr que el Gobierno regional declarase a la provincia como zona tensionada.

Por último, Morales valoraba como “absolutamente insuficientes e ineficaces” las medidas aprobadas este martes por el Gobierno de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso a la vivienda. “No van a solucionar el problema en absoluto”, zanjaba.

El recorrido de la manifestación ha terminado en el Palacio de Congresos de Toledo, donde CCOO Castilla-La Mancha ha celebrado una asamblea.