Bajo el lema ‘¡NO! Al modelo que nos expulsa’, una cada vez más amplia representación de movimientos sociales se prepara para recorrer Santander el próximo sábado 6 de junio. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por el colectivo ‘Cantabria No Se Vende’ (CNSV), que ya ejerció de motor en movilizaciones similares hace dos años, se ha transformado en una convocatoria amplia que invoca un cambio frente al actual modelo turístico y urbanístico de la comunidad. La cita, fijada a las 12:00 horas en la Plaza de las Estaciones, pretende ser un punto de inflexión frente a lo que las organizaciones convocantes califican como una “imposición que degrada la calidad de vida de quienes habitan el territorio”.

La movilización no es el esfuerzo de una única plataforma, sino que agrupa a una diversidad de sensibilidades “sin precedentes” y “apartidista”, sostienen desde CNSV. Desde sindicatos de enseñanza como el STEC hasta colectivos por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el recién fundado Sindicato de la Vivienda, pasando por organizaciones ecologistas como ARCA, Salvar Oyambre, Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion, o por los servicios públicos como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. El espectro social es amplio. Igulamente se sumarán a la marcha asociaciones vecinales como las de Pombo-Cañadío- El Ensanche en Santander y grupos juveniles de comarcas rurales como La Velorta (en Vega de Pas) o La Bardal (Cabuérniga); centros sociales como Smolny o colectivos LGTBI como Las Quimas y Alega.

El diagnóstico de todos ellos es compartido: Cantabria se enfrenta a una emergencia habitacional y social, con el desmantelamiento de la economía productiva y un plan de ordenación territorial (PROT) que sirve “más para destruir que para ordenar”, según los convocantes.

“Esta movilización surge como una crítica al modelo de desarrollo que se está imponiendo en Cantabria de manera general. Han pasado ya casi dos años desde la última marcha y percibimos que nada ha cambiado sino que más bien el gobierno regional está pisando el acelerador en la promoción de un modelo que prioriza el turismo masivo sobre las necesidades básicas de la población”, asegura Inés González, una de las portavoces de CNSV. “Las cosas van igual o a peor, con modificaciones en la ley de suelo que facilitan la construcción en suelo rústico y medidas que parecen empujar a los municipios a fomentar aún más las viviendas turísticas”, argumenta.

Los ejes de la protesta: vivienda, servicios y empleo

La convocatoria se articula en torno a varios pilares fundamentales. El más urgente es el de la vivienda. Los activistas exigen una ley que regule el precio del alquiler, una moratoria efectiva para los pisos turísticos y la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. Desde CNSV denuncian que: “Permitir el avance indiscriminado de los pisos turísticos en medio de una crisis de vivienda es como estar en una pandemia sanitaria y dedicar las camas de los hospitales a hoteles”.

En término similares se pronuncia Cristina Asenjo, del Sindicato de la Vivienda. “Vivir en Cantabria se está convirtiendo en algo inaccesible para el groso de la población: nos vemos afectadas por alquileres cada vez más altos y el desplazamiento de las vecinas de los barrios, así como de los negocios locales, en favor de la turistificación de los mismos”. El Sindicato denuncia la falta de “control administrativo sobre el número ni la legalidad de la mayoría de las viviendas turísticas que existen en Cantabria”.

Del mismo modo desde La Velorta, su presidenta Marina Sainz de la Maza explica a elDiario.es que se suman a la manifestación porque, “como juventud rural que quiere desarrollar su proyecto de vida en los pueblos”, creen que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal problema para permanecer en el territorio, incluso por encima del empleo”.

Sainz de la Maza insiste en que: “No puede ser que haya jóvenes con trabajo, cotizando y aportando a la sociedad, que no puedan acceder a una vivienda en sus propios pueblos”. Mientras, la vivienda se convierte “cada vez más en un negocio que permite obtener grandes beneficios sin generar riqueza ni arraigo en el territorio”, añade. “Sin vivienda no hay arraigo, no hay relevo generacional y no hay futuro para nuestros pueblos. Por eso estaremos en la calle junto a quienes defienden el derecho a vivir y construir un proyecto de vida digno en Cantabria”, concluyen desde este joven e inspirador colectivo de los Valles Pasiegos.

El Gobierno más agresivo en “especulación y desorden”

Por su parte, desde la asociación ecologista ARCA, Carlos García, recuerda que se trata de las mismas reivindicaciones sobre el modelo territorial que su organización ya defendió en 2021, 2022 y 2023. Ahora bien, consideran que “el Gobierno actual es el más agresivo en lo que respecta al modelo basado en la especulación, el turismo de masas y el desorden” si se tienen en cuenta, apunta García, “el desorden que impera aquí en comparación con las políticas de regiones vecinas como Asturias, Euskadi o Navarra en temas, por ejemplo, como la regulación del aparcamiento de autocaravanas”. El portavoz de ARCA lamenta, por tanto, que “este Goberino es el responsable de las mayores agresiones ambientales”.

Deterioro de los servicios públicos

El deterioro de los servicios públicos ocupa también un lugar central en la movilización del 6 de junio. Desde el ámbito educativo, el portavoz del sindicato STEC, Diegu San Gabriel, denuncia la bajada de inversiones “mientras se reducen impuestos a las rentas más altas, además de la falta de adaptación de las infraestructuras escolares al cambio climático”.

De forma paralela se suma la preocupación por la privatización encubierta en la sanidad. Itziar Salcedillu, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, señala que apoyan la convocatoria del próximo 6J porque “es evidente que hay que defender los servicios públicos en Cantabria, entre los que se encuentra la sanidad pública, gravemente amenazada por el abandono de la atención primaria y por la privatización”.

El “mantra” del turismo como modelo económico

El modelo económico también está bajo la lupa. Los movimientos sociales cuestionan el “mantra” del turismo como única fuente de riqueza y desde Cantabria No se Vende hacen especial hincapié en un plan estratégico que “recupere la industria agroalimentaria local y la reindustrialización de comarcas como las de Besaya y Campoo, castigadas por constantes expedientes de regulación de empleo (ERE)”. El objetivo, recalcan desde CNSV, es poner en el centro de las políticas a quienes “vivimos y trabajamos todo el año” en Cantabria.

Contra las “palabras vacías”: un decálogo de medidas concretas

Una de las novedades de esta convocatoria es la elaboración de un decálogo de medidas concretas que los colectivos presentarán públicamente al finalizar la marcha del 6 de junio. Esta iniciativa surge para evitar que la clase política “manipule” sus reivindicaciones con términos como “turismo sostenible”, que consideran vacíos de contenido real mientras el modelo actual siga expulsando a los vecinos de sus barrios y pueblos.

Estas propuestas, diseñadas para ser aplicables dentro del contexto competencial actual del Gobierno de Cantabria, buscan forzar un cambio de rumbo inmediato. La manifestación del 6J no busca solo expresar indignación, sino establecer una hoja de ruta política basada en un medio ambiente saludable, empleo digno (ni temporal ni precario) y un territorio ordenado.

El recorrido: de las estaciones al corazón de la ciudad

La organización ha diseñado un itinerario que pretende visibilizar la protesta por los puntos neurálgicos de Santander, facilitando la llegada de personas de toda la región gracias al punto de encuentro inicial en las estaciones y su tránsito por la zona del Cabildo. “El recorrido elegido tiene un carácter muy simbólico. Iniciar en las Estaciones representa un punto de encuentro clave y un eje de transporte fundamental para toda la región. Aunque no queremos centralizarlo todo en Santander, entendemos que es el punto de mayor accesibilidad para que acuda gente de toda Cantabria. Queremos recorrer la ciudad para que se nos vea en todas partes y reivindicar nuestro territorio”, señala González.

Itinerario de la marcha (12:00h): la manifestación partirá de la plaza de las Estaciones, para continuar por la rampa de Sotileza y subir por la Cuesta del Hospital. Desde allí, la convocatoria atravesará las calles Ruamenor y Ruamayor hasta desembocar en Isabel II. El recorrido proseguirá por la emblemática calle San Francisco hacia la plaza Porticada y la plaza del Príncipe. El tramo final discurrirá por Hernán Cortés, las calles del Martillo, Daoiz y Velarde, Lope de Vega y Peñaherbosa. Tras pasar por Casimiro Sainz, la marcha enfilará el paseo de Pereda para concluir con la lectura del manifiesto en el templete de los Jardines de Pereda.

Centenares de docentes y familias se han movilizado a las puertas de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para reclamar medidas urgentes en los centros educativos tensionados de La Sagra, Ocaña y otros puntos de la región, según ha informado el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM)´.

Este jueves convocaba una concentración en Toledo, a las puertas de la Consejería de Educación que ha servido como colofón final de la campaña 'La Sagra Existe', la iniciativa que durante los últimos meses ha recorrido distintos centros educativos para denunciar la situación que atraviesa parte de la comunidad educativa.

Durante la movilización, los asistentes han reclamado una respuesta “urgente” por parte de la Administración regional ante la situación que viven numerosos centros educativos marcados por“ la masificación, la falta de recursos y las dificultades derivadas de la elevada diversidad existente en las aulas”.

Más de 20 concentraciones y el apoyo de AMPA y alumnado

La organización sindical ha realizado balance de la campaña 'La Sagra Existe', que ha incluido más de 20 concentraciones en centros educativos y la participación de más de 30 AMPAs, además del apoyo de la Asociación Estudiantil.

Desde STE-CLM han destacado que esta movilización supone “un punto de inflexión” en las reivindicaciones de la comunidad educativa de La Sagra y Ocaña, así como de otros centros tensionados de Castilla-La Mancha.

“El profesorado lleva mucho tiempo sosteniendo situaciones extremadamente complejas dentro de las aulas y creemos que ha llegado el momento de que la Administración escuche a la comunidad educativa”, han señalado desde el sindicato.

Asimismo, desde STE-CLM han insistido en la necesidad de que la Consejería de Educación impulse medidas extraordinarias específicas para los centros tensionados y ponga en marcha un censo que permita conocer la situación real de estos centros educativos.

Solicitud de reunión urgente con García-Page

Durante la concentración, STE-CLM ha reiterado su petición de mantener una reunión urgente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el consejero de Educación para trasladar las principales reivindicaciones de la comunidad educativa.

No podemos normalizar que haya centros educativos totalmente colapsados o situaciones en las que el profesorado tenga que afrontar aulas con una elevada diversidad sin los recursos necesarios

Según ha explicado la organización sindical, entre las principales preocupaciones trasladadas por docentes y familias durante estos meses de campaña se encuentran las ratios elevadas, la falta de recursos y la necesidad de reforzar la atención educativa en determinados centros.

“No podemos normalizar que haya centros educativos totalmente colapsados o situaciones en las que el profesorado tenga que afrontar aulas con una elevada diversidad sin los recursos necesarios”, han señalado desde el sindicato.

'La Sagra Existe 3.0', nueva fase de la campaña

El sindicato también ha avanzado que continuará desarrollando actuaciones reivindicativas durante el próximo curso y que ya trabaja en una nueva fase de la campaña bajo el nombre 'La Sagra Existe 3.0'.

Desde la organización sindical han reafirmado su compromiso con los centros tensionados y han asegurado que seguirán denunciando la situación de aquellos centros educativos que, según indican, continúan atravesando dificultades estructurales y organizativas.

La movilización ha concluido con un llamamiento a mantener la implicación de la comunidad educativa en futuras acciones reivindicativas.

Medio centenar de representantes de la Federación de Sindicatos Independientes de España (FSIE) se han concentrado este jueves en la plaza de Zocodover, en Toledo, bajo el lema 'Mismo trabajo, mismas condiciones“, para reclamar igualdad laboral para los profesionales de la enseñanza concertada.

El sindicato denuncia que el actual proyecto de ley que prepara el Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación que dirige la toledana Milagros Tolón, “vuelve a excluir” a la enseñanza concertada de la reducción de carga lectiva prevista para la enseñanza pública y sostiene que se mantiene “una situación de desigualdad injustificable entre trabajadores que prestan el mismo servicio público educativo”.

Así lo ha explicado Jaime Romero, secretario autonómico de FSIE en la comunidad autónoma en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado mes de abril el anteproyecto de ley para reducir tanto ratios como horas lectivas. “Creemos que tenemos que estar incluidos porque se afectaría a la calidad educativa de los centros porque la reducción de la carga lectiva a 23 horas en Educación Primaria y a 18 horas en Educación Secundaria no se hace extensiva a la concertada”.

Por otro lado, detalla, “pedimos una financiación justa para la educación concertada. Es algo que revierte también en el PAS, el personal de administración y servicios, en las condiciones en las que están trabajando”.

En Castilla-La Mancha unas 5.000 personas trabajan en los colegios concertados, en los que están matriculados unos 50.000 alumnos y alumnas.

La concentración de Toledo forma parte de la campaña nacional de movilizaciones impulsada por FSIE “en defensa de la dignidad profesional, la igualdad y la calidad” y apremia porque, según explica el sindicato, la previsión inicial es que la ley entre en vigor en el próximo curso escolar.

Jaime Romero explica que el sindicato ha mantenido conversaciones con la Consejería de Educación en la comunidad. “Hay buena sintonía. Nos han dicho que esperemos a ver lo que ocurre a nivel nacional, pero tenemos las puertas abiertas y estamos negociando con ellos”.

Mientras, las movilizaciones seguirán en el ámbito nacional durante todos los viernes del mes de junio.

El Ayuntamiento de Guadalajara llevará al pleno municipal del próximo 29 de mayo la aprobación inicial de la nueva ordenanza que regulará y flexibilizará la conversión de locales comerciales en viviendas. Es una medida con la que el equipo de Gobierno pretende ampliar el parque residencial de la ciudad ante el incremento de la demanda y la escalada de precios de compra y alquiler, según recoge Europa Press

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha presentado este viernes la iniciativa junto al segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, y la jefa del área de Urbanismo e Infraestructuras, Blanca Causapié, dentro de una estrategia global de vivienda sustentada en cuatro pilares: colaboración público-privada, rehabilitación del casco histórico, ampliación de suelo residencial y modificación normativa.

“Desde que llegamos en 2023 decidimos que había que dar un impulso a la vivienda, especialmente protegida, tanto en alquiler asequible como en compra-venta. No valen los anuncios, sino los hechos”, ha dicho Guarinos tras subrayar que Guadalajara “es la ciudad de Castilla-La Mancha donde más ha crecido el precio de la vivienda y del alquiler”.

La alcaldesa ha recordado también que desde 2020 se han registrado 3.141 solicitudes de licencia para vivienda nueva en la ciudad, de las cuales cerca de 1.600 se han tramitado desde 2023. Además, el Ayuntamiento ha contabilizado ya 105 solicitudes de cambio de uso de local a vivienda, la mayoría también en los dos últimos años.

Estudios de 30 metros cuadrado y sin permiso de la comunidad

La nueva ordenanza elimina algunas de las principales restricciones de la regulación aprobada en 2004, considerada por el actual equipo de Gobierno “demasiado rígida” y poco adaptada a la realidad urbanística actual. Entre las principales novedades destaca la posibilidad de habilitar estudios de 30 metros cuadrados --hasta ahora no permitidos--, siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad exigidas.

Los nuevos inmuebles podrán ubicarse únicamente en planta baja o primera planta y nunca en sótanos. Además, se permitirá el acceso directo desde la vía pública, suprimiendo una de las principales barreras existentes hasta ahora: la obligación de acceder a través del portal comunitario, lo que en muchos casos exigía autorización de las comunidades de propietarios.

“Quien quiera transformar un local en vivienda lo tendrá más sencillo”, ha afirmado Alfonso Esteban, defendiendo que la ordenanza “introduce cambios importantes que permitirán poner más viviendas a disposición de los ciudadanos con una normativa más flexible”.

La regulación también exigirá que todas las viviendas resultantes cuenten con ventilación e iluminación adecuadas, además de salida de humos hasta cubierta, cumpliendo los mismos requisitos de salubridad y dignidad que cualquier vivienda convencional.

“Se trata de flexibilizar, pero garantizando siempre viviendas dignas”, ha remarcado por su parte Blanca Causapié, quien ha detallado que muchas consultas urbanísticas detectaban problemas derivados de la normativa vigente, especialmente por la obligación de acceso a través de zonas comunes.

El PP dice que no desaparecerá del comercio de proximidad

El Ayuntamiento insiste en que la flexibilización no supondrá una desaparición del comercio de proximidad. Por ello, la ordenanza delimita zonas concretas donde no se permitirá la transformación de locales en viviendas.

Entre esos ejes comerciales protegidos figuran vías como la calle Mayor, Toledo, Amparo, una parte del Paseo de las Cruces o áreas de Carrera.

“Hemos cuidado mucho esta limitación para que los grandes ejes comerciales sigan existiendo porque son el alma y la vida de la ciudad”, ha señalado Esteban. La ordenanza, aprobada ya en Junta de Gobierno Local, se encuentra actualmente en fase de presentación de enmiendas. Si supera el trámite plenario del día 29, se abrirá un periodo de alegaciones públicas y, en ausencia de recursos, podría quedar aprobada definitivamente en apenas dos semanas.

No es la primera dirigente del PP en Castilla-La Mancha que opta por este tipo de medida. En 2024, el alcalde de Toledo Carlos Velázquez apostó por una medida similar, y con una orientación clara: convertir locales comerciales en viviendas turísticas. “El Ayuntamiento de Toledo concede licencia para la construcción de seis apartamentos turísticos sin el permiso de la comunidad”, lamentaban en julio de ese año vecinos del toledano barrio de Buenavista, lejos del Casco Histórico de la capital regional.

Fue el Ayuntamiento socialista el que en 2022 abrió la veda con una licencia. Cuatro años después, y con un gobierno de PP y Vox, se ha multiplicado la práctica. Según los datos de Movimiento Sumar, entre el 2 de junio de 2023 y el 22 de octubre de 2025 la Junta de Gobierno Local ha autorizado 49 cambios de uso de locales y oficinas para convertirse en 87 viviendas (de ellas 12 apartamentos turísticos y 1 vivienda uso de uso turístico). Es una práctica también habitual en otros puntos del país, como en Madrid.

En Guadalajara, la alcaldesa y su equipo no han detallado el destino de este tipo de viviendas, en una ciudad donde el impacto turístico no tiene nada que ver con el de Toledo.

Un nuevo Plan para el Casco Antiguo y 5.000 nuevas viviendas

La modificación normativa se integra además dentro de una estrategia urbanística más amplia. El Ayuntamiento tiene prácticamente concluida la redacción del nuevo Plan Especial del Casco Histórico, un documento que buscará flexibilizar la edificabilidad y favorecer la rehabilitación de viviendas vacías y solares sin desarrollar. “Esperamos que sea el impulso definitivo para que desaparezcan muchos solares de los que tanto se ha hablado durante años”, ha apuntado Esteban.

Paralelamente, el Consistorio ultima también el avance de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá ampliar suelo residencial e industrial ante un crecimiento que el Gobierno municipal considera ya inevitable.

Según ha añadido el concejal de Urbanismo, la futura modificación puntual del PGOU podría facilitar la construcción de hasta 5.000 nuevas viviendas “lo antes posible”, en una ciudad que ya recibe el impacto de muchos madrileños que se han afincado en la provincia o en la capital y que además deberá absorber el impacto de la futura llegada del campus universitario de la Universidad de Alcalá y miles de nuevos estudiantes.

Desde el Gobierno municipal defienden que el problema de vivienda “no es nuevo” y reprochan que durante años no se impulsaran medidas para generar más suelo ni nuevas promociones residenciales. “La escasez de vivienda ha crecido mucho y no se habían aportado soluciones”, ha concluido la regidora.

El Sindicato de Inquilinas convoca manifestación el 23 de mayo

Mientras, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Guadalajara ha convocado una manifestación por la vivienda para el 23 de mayo, a las 12 horas con el lema 'Ni alquileres por las nubes ni salarios por los suelos' porque, sostiene, “la vivienda nos cuesta la vida”.

El colectivo recuerda que ya pasado más de un año desde el 5 de abril, cuando se celebró la última gran movilización por la vivienda en todo el Estado, “contra la precariedad y la destrucción del territorio; contra un modelo de ciudad que especula con nuestras casas y nos echa de nuestros barrios”.

Durante ese tiempo, explican, “hemos luchado por las vecinas de la calle Abetos, 22 en Azuqueca de Henares donde se expulsó a una mujer con su hija de su vivienda, y parado el acoso que sufrían varias vecinas más, hemos apoyado y enviados burofaxes acogiéndonos al real decreto ley de prorroga de alquileres y enfrentado la especulación de la vivienda que pretende expulsar a ocho familias enteras con menores que viven en la calle Wenceslao Argumosa de la capital alcarreña”.

Además, subrayan entre su actividad haber acompañado “la lucha contra los desahucios y la precariedad”, apoyando manifestaciones contra la guerra y el genocidio. “Pudimos comprobar la capacidad organizativa del movimiento cuando vamos a la lucha con nuestras vecinas, más allá de las fronteras”, además de mantener encuentros con vecinos y vecinas.

Frente a eso, se preguntan por la acción de quienes tienen responsabilidades de gestión. “Mientras tanto, ¿qué hacen los diferentes gobiernos con competencias sobre la vivienda?: han seguido aplicando políticas cómplices con el rentismo y la especulación, como lo demuestra la supuesta nueva ley de vivienda de García-Page que solo ve la vivienda como un bien de mercado”, afirma el colectivo.

Describen la situación de Guadalajara, “donde se permite que cerca de 1.400 viviendas en manos de empresas y fondos de inversión sigan vacías mientras nuestra ciudad ha sufrido la mayor subida del precio del alquiler de toda la región castellanomachega. Todo esto, por supuesto, a nuestra costa. Por eso nos preguntamos: ¿la ciudad para quién?”

La manifestación se celebrará el 23 de mayo, desde la plaza de Santo Domingo a la calle Wenceslao Argumosa, 6 donde todo el bloque en lucha de vecinos y vecinas explicaran su situación. El mensaje será claro: “Ni alquileres por la nubes, ni salarios por los suelos” y reclamarán una huelga general por la vivienda.

El pasado 8 de mayo decenas de ciudadanos se concentraron a las puertas de la plaza del Ayuntamiento de Guadalajara como muestra de protesta por la decisión del equipo de Gobierno de PP y Vox de duplicar las plazas de aparcamiento de la zona azul de la ciudad.

Este jueves la movilización, que la pasada semana se convocó mediante carteles distribuidos por todo el casco antiguo, a través del boca a boca y vía redes sociales, ha vuelto a repetirse.

Más de medio millar de personas se han acercado hasta el lugar por la misma razón y a pesar de que ayer mismo la alcaldesa Ana Guarinos abrió la puerta a a aplazar o modificar la nueva Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) que acaba de aprobar su gobierno.

Si nada cambia entrará en vigor el próximo lunes 18 de mayo por un periodo de 10 años.

El nuevo sistema plantea la creación de un total de 1.190 nuevas plazas de estacionamiento regulado, lo que duplica la cifra actual, por lo que se llegará a un total de 2.293 plazas controladas. Respecto a la distribución, en la zona azul la cifra será de unas 1.297 plazas, unas 500 más sobre la que aún rige.

En la zona roja habrá unas 640 plazas, creándose unas 200 más pensando en los residentes, aunque también podrán ser utilizadas por no residentes pagando algo más que en la azul y, con respecto a la zona verde o disuasoria, desde el día 18 de mayo habrá unas 360 plazas, inexistentes hasta ahora, donde se pagará 2 euros por todo el día, en el horario marcado para la ORA.

Sucesivas prórrogas en el contrato

De esta ordenanza se lleva hablando desde 2024, en la actual legislatura, aunque la cuestión lleva siendo polémica desde hace años y el cambio se había aplazado en varias ocasiones. El contrato anterior de la ORA en Guadalajara, gestionada por Dornier, finalizó oficialmente en octubre de 2023, tras una prórroga de tres años sobre el periodo anterior previsto que también era de diez año.

Desde entonces, el servicio se prestó bajo una prórroga forzosa provisional mientras se gestionaba la nueva concesión que ha vuelto a recaer en Dornier. 

Se implantaría una tarifa única en la zona azul de 0,65 euros por hora en toda la ciudad, lo que supone una rebaja real para los usuarios que aparquen en el centro urbano, si se compara con lo previsto en la zona de bajas emisiones (ZBE), que acaba de ser tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Guadalajara y que ha propiciado que la ORA cambie.

El dinero que habrá que desembolsar en la zona azul varía según los tiempos de estacionamiento. Por el mínimo, 18 minutos, se pagarán 0,20 euros, por una hora 0,65 euros, por dos horas, 1,30 euros, por tres horas 1,95 euros y el máximo será de cuatro horas con un coste de 2,60 euros.

La zona roja destinada a residentes, de forma preferente, permite estacionar también al resto de usuarios, pero con un límite de dos horas y una tarija superior a la de la zona azul. La tarjeta anual de residente mantiene su precio de 32 euros al año.

El colectivo Canarias Tiene un Límite ha trasladado a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias su propuesta de implantar una moratoria turística dentro del proceso de redacción de la futura Ley de Turismo, con el objetivo de frenar el crecimiento alojativo y poner límites al consumo de suelo destinado a usos turísticos.

La plataforma sostiene que el actual modelo basado en el crecimiento continuado del turismo ha superado la capacidad de carga del archipiélago y genera efectos visibles como dificultades de acceso a la vivienda, pérdida de biodiversidad, deterioro del paisaje, vertidos de aguas residuales, saturación de servicios públicos y elevados niveles de pobreza y exclusión social.

La propuesta plantea una suspensión temporal del aumento de plazas alojativas y nuevas infraestructuras turísticas, al considerar urgente introducir límites vinculados al territorio, los recursos disponibles, la presión sobre infraestructuras y el impacto ambiental.

Desde el colectivo recuerdan que la demanda de una moratoria turística ha sido una de las principales reivindicaciones de las movilizaciones ciudadanas celebradas en Canarias en los últimos años, especialmente tras las protestas del 20A, y aseguran que ya existe un amplio consenso social sobre la necesidad de cambiar el modelo.

Entre las medidas concretas que defienden figuran la paralización de nuevas plazas turísticas en cualquier modalidad, el freno a nuevas construcciones que incrementen la presión turística y la exclusión de proyectos como parques temáticos u otras instalaciones de gran impacto que se presentan bajo figuras de “interés estratégico”.

Una moratoria no es la única propuesta de Canarias Tiene un Límite, pero sí es la línea estratégica fundamental sobre la que intervenir desde la política pública para avanzar hacia un modelo que sea ecológicamente sostenible, reduzca desigualdades, mejore la calidad de vida de la población local y garantice un futuro habitable para estas islas, argumenta la organización.

“No podemos hablar de sostenibilidad del sector mientras se sigue consumiendo suelo a una velocidad alarmante en unas islas tan limitadas y frágiles”, subraya.

Por ello, emplaza a las instituciones, partidos políticos y a todos los actores relacionados con la propia industria turística a trabajar para hacer realidad la principal demanda de las grandes movilizaciones sociales de los últimos años, sin la que no se entendería una normativa que pretenda ordenar el Turismo y poder avanzar así en otras medidas también importantes orientadas a la sostenibilidad ambiental y social del sector, reclama la organización. “Una moratoria bien planteada es algo que ya está funcionando en otros territorios y que se hace indispensable para afrontar el futuro de Canarias y la propia sostenibilidad del sector turístico”, concluye.

Tres formaciones políticas, Izquierda Unidad, Podemos y Movimiento Sumar, han anunciado este lunes su adhesión a la campaña 'La Sagra Existe', impulsada por el sindicato STE-CLM, en la que se denunciará la situación que atraviesan numerosos centros educativos de la comarca toledana de la Sagra debido a la falta de recursos, la masificación y el deterioro de las condiciones educativas. Para el próximo 28 de mayo han anunciado una protesta frente a la sede de la Consejería de Educación, en Toledo.

En un comunicado de prensa, Izquierda Unida ha indicado que considera “inadmisible” que una de las zonas con mayor crecimiento demográfico de Castilla-La Mancha continúe sufriendo graves carencias estructurales en materia educativa, afectando tanto al alumnado como al profesorado y al conjunto de la comunidad educativa.

La formación comparte las reivindicaciones planteadas por STE-CLM y las AMPA adheridas a esta campaña, entre ellas la “necesidad urgente” de aumentar la inversión educativa en la comarca, reducir las ratios, ampliar las plantillas docentes, construir nuevas infraestructuras y garantizar recursos suficientes para ofrecer una educación pública de calidad y en condiciones dignas.

Muestra también su respaldo a las movilizaciones convocadas en defensa de la educación pública y han señalado que “no se puede seguir normalizando la existencia de macrocentros saturados, la pérdida de espacios educativos o la falta de atención a las necesidades específicas del alumnado”.

La organización considera “fundamental” que el Gobierno regional escuche las demandas de docentes, familias y estudiantes de La Sagra “y adopte medidas inmediatas que permitan revertir una situación que lleva años agravándose”.

Podemos también apoya la protesta prevista para el 28 de mayo

En similares términos se ha pronunciado el coordinador de Podemos Castilla-La Mancha José Luis García Gascón, tras reunirse con el Sindicato Técnico de la Educación, STE-CLM. La formación morada apoya también las movilizaciones para “visibilizar la situación que atraviesan centros educativos tensionados de la comarca de la Sagra y de otros centros de la región con problemáticas sociales en Ocaña, Torrijos, el Corredor del Henares y barrios populares de Albacete, entre otros”.

Recuerda que el pasado 5 de marzo durante la reunión con la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, el sindicato STE-CLM le hizo entrega de 1.132 firmas docentes, pese a lo que desde el sindicato educativo, señala Podemos, “no han observado avances significativos por parte de la Junta”.

Irene Arcalá, también coordinadora de la formación morada en la región reclama a la Junta “atender las demandas de la comunidad educativa de estos centros que están atravesando situaciones de grave dificultad”. El lema de la campaña 'La Sagra Existe, no nos abandonen' es “una llamada de alerta para revertir esta situación” señalan desde Podemos.

Insiste en la necesidad de que “se produzcan avances efectivos que permitan atender la situación de estos entornos educativos” y también “en el desarrollo de una estrategia conjunta por parte de estos centros con el refuerzo de servicios sociales para mejorar la comunidad y sus necesidades”.

Un aumento de plantilla, aumento de infraestructuras, equipos de orientación entre otras, son las demandas que el STE elaboró con el apoyo de 1132 docentes desde el curso pasado y que, desde la formación morada expresan su compromiso “a incorporarlas en nuestro programa electoral si la Junta sigue sin llevarlas a cabo en este último año de legislatura”.

Movimiento Sumar habla de “situación cada vez más compleja”

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha han denunciado en un comunicado que la comarca lleva “años soportando ratios elevadas, centros masificados, pérdida de espacios educativos y falta de recursos” para atender una realidad social “cada vez más compleja”.

Además, critican la ausencia por parte del Ejecutivo autonómico de “soluciones suficientes”. “La Junta tiene capacidad para priorizar recursos públicos, pero falta voluntad política para responder a la realidad que vive La Sagra”.

“La comunidad educativa de La Sagra lleva años sosteniendo la educación pública en condiciones cada vez más difíciles y merece que la Junta esté a la altura, dotando a los centros de los recursos necesarios para garantizar una educación pública digna y de calidad”, añaden desde la formación.

Educadoras infantiles se han concentrado este jueves por toda España en el marco de la huelga estatal convocada por CCOO y CGT ante la “precariedad” y el “abandono” institucional del ciclo 0-3 años y el “hartazgo” de los profesionales, y que ha tenido una media de seguimiento por encima del 75%, según datos del sindicato. En Cantabria, los manifestantes se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno y han reclamado también la igualdad en la contratación “para acabar con la desigualdad entre las trabajadoras”, según ha recogido Europa Press.

Con motivo de esta huelga, CCOO ha convocado 55 concentraciones en 43 ciudades. En Madrid, además de la protesta de esta mañana frente a la patronal, las educadoras se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol, en una marcha que ha comenzado a las 18.00 horas. Por su parte, CGT ha convocado varias concentraciones en lugares como Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria o Cataluña, entre otras.

La secretaria general de FECCOO, Teresa Esperabé, ha asegurado que el seguimiento de la huelga estatal de Educación Infantil 0-3 años es “masivo” y ha criticado que los servicios mínimos fijados son “abusivos”. “El dato que tenemos es masivo, nos están diciendo muchas localidades que han cerrado todas, que solo hay servicios mínimos y que son abusivos. Creemos que va a ser una huelga histórica y masiva”, ha recalcado.

Las organizaciones reclaman bajada de ratios, pareja educativa y mejoras para los profesionales y los centros. De esta manera, CCOO ha instado a la patronal y a las Administraciones Públicas, especialmente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que se sienten a negociar para “corregir de manera inmediata un escenario que ya ha llegado a sus límites”.

“Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”, reclaman desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).

CCOO y UGT han convocado una movilización a nivel regional para este miércoles miércoles, 29 de abril, a las 12 horas ante el Palacio de San Telmo de Sevilla bajo el lema La atención a la dependencia es un derecho.

En concreto, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía han convocado esta concentración para “denunciar la situación del sistema de dependencia en la comunidad autónoma”, según ha precisado UGT en una nota.

En esta línea, el sindicato ha alertado del “deterioro del servicio, las listas de espera y la falta de recursos públicos”, que están provocando “retrasos inasumibles en el acceso a prestaciones y servicios esenciales para miles de personas dependientes y sus familias”.

UGT a través de la UJP ha efectuado un llamamiento “a toda la ciudadanía andaluza” para defender un servicio público esencial que consideran “un derecho, no una prestación asistencial”.

Fallecimientos sin la prestación

Por su parte, el secretario general de Pensionistas de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidan, ha apostillado que esta concentración tiene “dos motivos fundamentales”. Por una parte, para expresar “nuestra preocupación” por la “dramática situación” que atraviesa la Ley de Dependencia, con un “montón de personas que están falleciendo esperando una prestación a la que tienen derecho y con una ocupación de residencias que están absolutamente saturadas”.

“Por eso le pedimos a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 17 de mayo que asuman las propuestas sindicales y asuman un plan de refuerzo estructural, un plan de choque para salir de esta situación dramática que están atravesando las personas dependientes”, ha concluido.

Cuatro mineros permanecen encerrados, desde hace cinco días, a 300 metros de profundidad en la Mina Miura, ubicada en el concejo asturiano de Ibias. Un quinto trabajador que se había sumado a la protesta abandonó ayer, domingo, la explotación por las duras condiciones que hay en el interior, donde al frío y la humedad se suma la falta de cobertura. Con este encierro exigen el pago de las nóminas que les adeudan desde hace un año y el compromiso real de que se reanudará la actividad laboral remunerada.

Los trabajadores de Mina Miura se han visto abocados a endurecer su protesta con este encierro ante el limbo en el que se encuentran, ya que ni les despiden para que puedan cobrar el subsidio de desempleo, ni les pagan el dinero que les adeudan, lo que le asfixia económicamente a ellos y a sus familias.

La labor empresarial

Pese a la delicada situación por la que atraviesan los mineros, ni siquiera el encierro ha ablandado al empresario madrileño Fernando Martínez Blanco, quien adquirió los derechos mineros y se comprometió el pasado mes de octubre a hacerse cargo de las deudas que tenía el empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes'.

Se da la circunstancia de que 'Chus Mirantes' se encuentra actualmente imputado como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia, cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores en la causa abierta por el accidente que costó la vida a cinco mineros en la mina de Zarréu, el 31 de marzo de 2025, en el concejo asturiano de Degaña.

Promesa incumplida

La última promesa del empresario Martínez Blanco de que les abonaría al menos dos nóminas el 20 de abril se ha quedado en papel mojado. Llegó la fecha y todo siguió igual.

El encierro se cubrió inicialmente con nueve mineros, pero cuatro abandonaron en un primer momento la protesta y el quinto ayer, por lo que aún permanecen en el interior otros cuatro que quieren seguir “hasta el final”.

Al apoyo de los vecinos y vecinas de la comarca se ha sumado el de representantes del sindicato SOMA-FIAG-UGT que les han transmitido mensajes de ánimo.

A lo largo de la jornada de hoy, lunes, está previsto que se trasladen hasta la explotación minera el líder sindical José Luis Alperi, una representación de trabajadores de TYC Narcea, que también están pendientes de que en la mina de antracita que gestiona la empresa en Vega de Rengos se pueda reanudar la actividad, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez.

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha estimado un recurso de alzada contra la autorización de una planta de biometanización en el término municipal de Sesma, promovida por la empresa Biometano Sesma S.L. Por medio de una Orden Foral, se anula la Autorización Ambiental Integrada (AII) concedida el pasado mes de octubre a esta instalación.

Al igual que en planta de biogás proyectada en Arróniz –cuya suspensión tuvo que pasar ayer miércoles por el trámite de un acuerdo elevado a Consejo de Gobierno por tratarse el recurrente de una entidad local-, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se pronuncia estimando parcialmente un recurso de alzada, basado en el mismo argumento de déficit de base territorial considerado en la planta de biometanización tramitada en el término municipal de Arróniz, aplicado también al caso de Sesma.

Concretamente, el Servicio de Economía Circular e Innovación de la Dirección General de Medio Ambiente, revisada toda la documentación presentada para acreditar la base territorial, ha confirmado que alguna de las autorizaciones presentadas por la empresa promotora no se ajustan a los requerimientos de la Orden Foral 234/2025, ya que la autorización para el vertido debe ser del titular de las parcelas y no, en su caso, de las personas arrendatarias. En este sentido, parte de estas autorizaciones no se ajustan a la realidad y, por tanto, deben ser excluidas. En definitiva, el proyecto de la planta carece de base territorial suficiente para la aplicación en campo de los digestatos que vayan a tratarse en la instalación, uno de los requisitos que exige la Autorización Ambiental Integrada.

En el caso de la autorización para la planta de biometanización de Sesma, se han interpuesto distintos recursos de alzada por parte de la Fundación Sustrai Erakuntza, la plataforma vecinal Stop Biometano, la agrupación local LOIU del municipio colindante de Lodosa y el colectivo ecologista Ecología y Libertad, además de un requerimiento previo planteado desde el Ayuntamiento de Lodosa.

Al anularse la resolución recurrida de la AAI, procede ahora declarar la terminación del procedimiento de requerimiento previo interpuesto y de los recursos de alzada, por desaparición sobrevenida del objeto de los mismos.

El Gobierno de Navarra ha aceptado el requerimiento previo interpuesto por el Ayuntamiento de Arróniz contra la concesión a la empresa AGR Biogás S.A. de la Autorización Ambiental Integrada y la Autorización en Suelo No Urbanizable, que permitían la instalación de una planta de biogás en el municipio navarro que iba a gestionar 140.000 toneladas de residuos al año. El argumento esgrimido es que el proyecto “carece de base territorial suficiente” para verter los residuos, al “no disponer de autorización expresa por parte de los titulares de las parcelas”. Por ello, el plan empresarial ha quedado paralizado, al menos cautelarmente, al igual que otros similares incluidos en la moratoria aprobada por el Parlamento foral.

Javier Remírez, vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, ha trasladado que “el procedimiento se retrotrae”, es decir, se repetirá y se volverán a “recabar las autorizaciones” para que se cumplan “todas las exigencias legales y técnicas”.

Hace una semana, desde las plataformas ecologistas como Sustrai Erakuntza, se presentó un recurso de alzada para evitar la apertura de la planta de biogás al considerar que el proceso presentaba un “cúmulo de irregularidades”, que se sumaba a los interpuestos por más de 4.252 personas y asociaciones, animadas por la plataforma Stop Biogás Arróniz. Según comunicaban desde la fundación, había “motivos” suficientes para demostrar que el proyecto era “perjudicial para el territorio”.

Tras conocer el anuncio, desde la plataforma ciudadana Stop Biogás Arróniz consideran la paralización “un paso”, aunque reivindican que el “avance no ha sido fruto de la voluntad política”, pues el consistorio y el Gobierno “no se han movido por iniciativa propia”, sino “de la presión social y la incomodidad generada por la ciudadanía”. “No vamos a permitir que nadie se atribuya méritos que no le corresponden”, afirman, y definen las informaciones oficiales de “lavado de cara”.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Arróniz ha celebrado la “anulación de la autorización y la paralización del proyecto”, alegando que desde el consistorio se “ha trabajado con rigor, responsabilidad y determinación en la defensa del interés general” a partir de las herramientas jurídicas y técnicas. Según figura en su requerimiento, el plan de los residuos (digestatos) presentado por la empresa promotora de la planta “no aporta autorización expresa de los titulares de estas parcelas”, incluyéndose los de “titularidad comunal de los municipios” de esta misma localidad y Luquin, otro pueblo cercano. Los digestatos son los residuos orgánicos resultantes del proceso de una planta de biogás, obtenidos tras transformar restos como estiércol, residuos agrícolas o desechos alimentarios en energía, y que pueden utilizarse como estiércol.

De esta manera, el Gobierno de Navarra considera que, debido a que “la inclusión” de las tierras “ahora controvertidas en el plan de producción y gestión de estiércoles” no ha contado con “el consentimiento del común de los vecinos” ni del propio ayuntamiento (gestora de la tierra comunal), es motivo suficiente para estimar la impugnación. Pues existe “un déficit de base territorial para el nitrógeno generado en la planta de biometanización”.

Una información que, según los opositores de la planta de biogás, ya era conocida por las instituciones. “La moratoria supone, en la práctica, una pausa temporal tras la cual los proyectos se reactivarán, adaptándose a una normativa que consideramos insuficiente y claramente favorable a los intereses empresariales”, afirman desde la plataforma ciudadana ecologista. Además de expresar “dudas e incertidumbre” sobre cómo se resolverá el “macroproyecto”.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha estimado el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que el proyecto de modificación de actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tudela para cambiar el procedimiento administrativo de las autorizaciones (se tramite mediante una Autorización Ambiental Unificada, en lugar de una Autorización Ambiental Integrada). Este cambio no supone la paralización del proyecto ni altera su diseño técnico o funcionamiento, sino que implica retomar el procedimiento administrativo inicial, manteniendo en la práctica las mismas exigencias ambientales y controles.

El comité de empresa de Repsol Materials (Química) en Puertollano ha convocado este viernes a toda la plantilla a una concentración donde han mostrado su rechazo al proceso de modificación de estructura de la empresa.

La concentración ha tenido lugar en las puertas de acceso de PEBD (Alcudia) de 13.30 a 15.30 horas y a ella se ha sumado el Comité de Repsol Fuels (Refino). Ya el pasado 26 de marzo protagonizaron otro acto de protesta por la misma razón.

Más protestas el martes

Además, los comités han convocado más protestas para el próximo martes. Ese día los trabajadores marcharán entre las 5.30 y las 10.00 horas desde la rotonda de entrada de Euromaster. Ya por la tarde se concentrarán ante el Ayuntamiento de Puertollano a las 18 horas.

Estas movilizaciones dan continuidad a las realizadas las semanas pasadas por ambos Comités de Empresa, en las que cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras mostraron su “preocupación” por el proceso de reorganización planteado por la Dirección, que contempla cambios en la estructura del centro, señalan los sindicatos en un comunicado.

El concurso de fotoperiodismo World Press Photo ha distinguido a tres fotógrafos españoles entre los 42 ganadores regionales y uno de ellos es el profesional originario de Ciudad Real Luis Tato, a los que se suman Brais Lorenzo y Diego Ibarra Sánchez.

Luis Tato ha sido el ganador en la categoría de Reportaje gráfico de la región de África, con 'Las protestas de la generación Z en Madagascar', sobre las protestas estudiantiles motivadas por la deficiencia de los servicios públicos, la corrupción y las dificultades económicas.

World Press Photo ha anunciado los 42 ganadores regionales de las seis regiones del mundo en sus tres categorías actuales --Fotografías Individuales, Reportajes gráficos y Proyectos a largo plazo--, y el próximo 23 de abril se dará a conocer el World Press Photo del Año, elegido entre los ganadores regionales.

“Ser fotoperiodista o periodista hoy es mucho más peligroso que hace diez o veinte años”, advierte en una entrevista con EFE. Nacido en Daimiel, vive en Nairobi, desde donde ha cubierto durante los últimos años África oriental, y ejerce actualmente como jefe de fotografía en la región para la agencia de noticias francesa Agence France Presse (AFP).

Siempre en movimiento, el fotógrafo atiende a EFE por teléfono desde la pequeña nación de Yibuti, a donde se ha desplazado para cubrir las elecciones presidenciales previstas este viernes.

Hay “un movimiento global que está convirtiendo a los periodistas en el enemigo para muchos gobiernos, instituciones y gente con poder y es un discurso que está penetrando en la población normal, que empieza a desconfiar” de los informadores, advierte Tato.

Hay un movimiento global que está convirtiendo a los periodistas en el enemigo para muchos gobiernos, instituciones y gente con poder y es un discurso que está penetrando en la población normal, que empieza a desconfiar

Esto hace que el mundo se esté convirtiendo “en un lugar muy hostil” para cualquier persona que ejerce el periodismo a día de hoy, lamenta, mientras “las redes sociales y la inteligencia artificial están difuminando mucho” la labor periodística.

Pese a este complicado contexto, Tato se siente “agradecido” por haber sido “observador” incansable en los últimos años de momentos cruciales para los africanos, como las protestas en Madagascar, por cuya cobertura ha sido galardonado por tercera vez en el certamen más prestigioso del fotoperiodismo mundial.

Testigo de la transformación en África

“Cuando llegué, vi un país literalmente en transformación. Lo sentía en las calles, percibía que algo estaba ocurriendo, algo se estaba cocinando. Más allá de las protestas, había un espíritu de cambio generalizado”, relata sobre su trabajo en este país insular africano situado en el océano Índico.

Todo empezó el pasado mes de septiembre, cuando jóvenes de la generación Z se lanzaron a las calles para exigir acceso al agua y a la electricidad, así como la reducción de la inflación, en unas manifestaciones cuya represión por las fuerzas de seguridad dejó al menos 22 muertos, según las Naciones Unidas.

Las masivas movilizaciones evolucionaron rápidamente hacia un movimiento antigubernamental que reclamaba la dimisión del entonces presidente malgache, Andry Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos.

Rajoelina se resistía a abandonar el poder pese a la presión popular, pero todo cambió cuando los manifestantes recibieron el apoyo de la poderosa unidad de élite militar Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), que acabó derrocando al mandatario el 14 de octubre.

“Al margen de la brutal respuesta de la Policía y la Gendarmería, fue un proceso bonito, porque la gente estaba expectante”, recuerda Tato, si bien el resultado final, con el establecimiento de un Gobierno militar, dejó un sabor “agridulce” entre la población.

En largas jornadas de barricadas, gases lacrimógenos y balas de goma los jóvenes malgaches tomaron como símbolo la bandera pirata de la popular serie manga 'One Piece', vista también en movilizaciones en Indonesia, Nepal, Perú, Filipinas o Francia.

En el caso de la isla africana, sin embargo, los manifestantes cambiaron el habitual sombrero de paja de la calavera sonriente de la bandera por un satro-bory (sombrero tradicional malgache), tal como captan las imágenes premiadas.

“Me gustaría que las fotos sirviesen para que la gente abra su mundo. Yo siempre pienso en el fotoperiodismo como una ventana a realidades que pueden parecer lejanas o ajenas, pero que al final también hablan de nosotros, de quiénes somos o de realidades que vivimos en nuestros propios países”, afirma Tato.

Me gustaría que las fotos sirviesen para que la gente abra su mundo. Yo siempre pienso en el fotoperiodismo como una ventana a realidades que pueden parecer lejanas o ajenas, pero que al final también hablan de nosotros

A pesar de los numerosos premios acumulados, el fotógrafo confiesa que sigue “sorprendiéndose” porque su trabajo sea reconocido una vez más por este galardón que lo transporta de nuevo “a la ilusión del chaval que empezó a hacer fotos y soñaba con ser fotoperiodista”.

El World Press Photo, que recibió en esta convocatoria más de 57.000 fotografías de 141 países, distingue a 42 proyectos que configuran, según el jurado, “un retrato urgente del mundo actual”.

El World Press Photo 2026 ha contado con la participación de 3.747 fotógrafos de 141 países y 57.376 fotografías, y de los 42 ganadores regionales, 31 son locales de la región donde captaron sus relatos.

Los trabajadores ganadores de esta edición se centran en desafíos del mundo actual como la política, las cuestiones de género, la migración, los conflictos globales y la crisis climática.

La exposición World Press Photo 2026, organizada por la Fundación Phgotographic Social Vision, volverá a tener el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) como una de sus sedes, del 6 de noviembre al 13 de diciembre, una muestra que el año pasado batió su récord de público con más de 67.500 espectadores.

Este viernes 10 de abril el personal sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) volverá a concentrarse como medida de protesta para recuperar recuperar la carrera profesional sanitaria en la comunidad autónoma.

Así se ha dado a conocer después de que esta mañana representantes sindicales de CSIF, SATSE, USICAM, USAE, CCOO, CESM y UGT hayan celebrado una asamblea en el salón de actos del Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) para informar a los trabajadores de las medidas a adoptar porque, a pesar de la reunión mantenida en pasado 26 de marzo con los responsables del SESCAM que califican de “positiva”, creen que la propuesta planteada puede ser “mejorada”. Habrá una segunda reunión que tendrá lugar el próximo 14 de abril.

Los sindicatos recuerdan que se trata de un derecho, congelado desde febrero de 2012, y que convierte al Servicio de Salud castellanomanchego en el único de toda España que no tiene reconocidos grados nuevos de carrera profesional a sus trabajadores desde hace 14 años y mantiene, a día de hoy, este sistema paralizado.

Tres actos de protesta hasta la fecha

Los sindicatos, que han hecho un llamamiento a todos los trabajadores para que secunden la nueva concentración que este viernes a puertas del hospital de Ciudad Real.

Será la tercera gran movilización en unidad de acción en el presente año tras las llevadas a cabo el 10 de febrero en Albacete y 2 de marzo en Toledo, a lo que se suman las continuadas protestas en actos públicos del Gobierno regional que se ha comprometido a recuperarla, vía ley, aunque sin plazos.

El pleno del ayuntamiento de Madridejos ha aprobado este martes por unanimidad de los tres grupos municipales una moción reclamando la construcción del tramo ferroviario Mora-Orgaz - Madridejos-Consuegra - Alcázar de San Juan dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén.

Ha sido la última iniciativa que está planteando la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de la Mancha (PFCM) para reivindicar el denominado 'tren de la Mancha'. “En todas las instituciones locales y provinciales de Castilla-La Mancha la moción se está aprobando por unanimidad. En las jienenses, lo está haciendo por mayoría”, asegura su portavoz José Damián García-Moreno.

El lunes hizo lo mismo el Ayuntamiento de Manzanares y la pasada semana se pronunciaron los ayuntamientos de Jaén, Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela y Villafranca de los Caballeros.

Es la mejor propuesta para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora

José Damián García-Moreno — Portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM)

“Son ya 12 instituciones las que en el presente curso político 2025 - 2026 reclaman mediante mociones o resoluciones esta iniciativa”, explica García-Moreno, quien subraya que la Consejería de Fomento del Gobierno de Emiliano García-Page también apoya la parada del tren entre Madridejos y Consuegra y, con ello, el tramo Mora-Alcázar de San Juan.

“Vamos a seguir buscando y generando consensos por el beneficio de Jaén, Castilla-La Mancha y del conjunto de España”, asegura el portavoz de la plataforma quien subraya que ahora “la pelota ya está en el tejado del Ministerio de Transportes”.

En este sentido apelan al PSOE, y en concreto a los socialistas de Jaén, a trabajar en una “propuesta común” que no es otra, recuerda, que la “propuesta histórica” del propio ministerio y que consideran “la mejor para unir Jaén y Madrid de forma más rápida, más sostenible, más eficaz, más económica y más vertebradora”.

Manzanares recuerda que el proyecto histórico se remonta a 2001

Un día antes había sido el Ayuntamiento de Manzanares, en Ciudad Real, el que aprobase en Pleno por unanimidad un decálogo de medidas en defensa de este proyecto y de un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha.

Fue a través de una moción “urgente” presentada de manera conjunta por los grupos socialista y popular en apoyo a un ferrocarril sostenible que vertebre Castilla-La Mancha y en defensa del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén. “Se ha hecho de manera conjunta para tratar de conseguir un acuerdo unánime que defienda los intereses de nuestra ciudad en este asunto”, justificó Pablo Camacho, portavoz del equipo de Gobierno.

Desde el PP, Rebeca Sánchez-Maroto mostró su “satisfacción” porque ambos grupos “hayamos sido capaces de dialogar, entendernos y unir nuestras propuestas” en una moción conjunta. La edil popular destacó que este acuerdo es una “muy buena noticia para nuestra ciudad”, ya que este proyecto “es clave” para el desarrollo de nuestro territorio y tiene una “gran importancia estratégica” para Manzanares. Por su parte, el concejal no adscrito también mostró su apoyo a la moción. “Suena bien”, fueron las palabras utilizadas por un José María Molina que también aprovechó para poner en duda “si el Gobierno de España tiene, en estos momentos, la capacidad económica para llevar a cabo una actuación que a Manzanares le favorecería”.

En Manzanares se recordaba esta semana que, si bien es cierto que los orígenes del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén se remontan a 2001 y ha contado con el apoyo de todos los Gobiernos de España desde entonces, “se ha ido ralentizando y no ha avanzado al ritmo que nos hubiera gustado”, explicó el portavoz socialista.

El año pasado, ante la aparición en los medios de comunicación de informaciones que apuntaban al estudio de un posible “baipás” en Montoro (Córdoba), Julián Nieva junto a otros alcaldes de la zona se reunieron con Óscar Puente para mostrar su preocupación por si esta modificación podría afectar al proyecto original.

El ministro garantizó entonces que el baipás no afectaría al desarrollo de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén, según recuerdan en la localidad manzanareña. “Confiamos en sus palabras, pero creemos que es necesario que este proyecto se acelere de una vez por todas porque es esencial para el futuro de nuestra provincia y región”, subrayó el portavoz socialista. “Estamos ante una infraestructura clave para Manzanares desde todos los puntos de vista, que tendría efectos muy positivos para el desarrollo económico, demográfico y social de nuestra ciudad”.

Un ambicioso decálogo de medidas

El decálogo de medidas que propone Manzanares incluye el apoyo del ayuntamiento al ferrocarril “como medio de transporte público, eficiente y sostenible que contribuye al equilibrio social y territorial de Castilla-La Mancha”. También reivindica una vez más “el impulso y mantenimiento” del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “garantizando su ejecución y su puesta en marcha”.

Se insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “a que mantenga e impulse definitivamente la ejecución íntegra y definitiva” de la infraestructura ferroviaria de la línea de alta velocidad Madrid-Jaén para la explotación modal (transporte de mercancías y viajeros) del Eje Atlántico en velocidad alta, como “proyecto estratégico para la mejora de la conectividad y el desarrollo económico de nuestra ciudad y de las comarcas de la provincia de Ciudad Real y Jaén”.

Asimismo, se solicita “una dotación presupuestaria suficiente e inmediata” para la finalización de las obras de adecuación del tramo Alcázar de San Juan-Manzanares, concluyendo los pasos superiores ya construidos, finalizando la variante de la curva de Herrera de la Mancha, así como la instalación de los sistemas de seguridad y circulación compatibles con velocidades superiores a 200 km/hora y su continuación hasta Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Almuradiel.

Al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se le insta a compatibilizar, mientras se avanza en la ejecución del proyecto de línea de alta velocidad Madrid-Jaén, y a seguir manteniendo y mejorando la línea convencional Manzanares-Madrid, “mejorando los tiempos de viaje y garantizado las frecuencias”.

El Ayuntamiento solicita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Adif y a Renfe que sigan impulsando el estudio de viabilidad de la cuadruplicación de vías entre Seseña y Madrid, estudio fruto de la reunión mantenida entre Julián Nieva y el ministro Óscar Puente en abril de 2025, ya que el desarrollo de este proyecto “vendría a mejorar la operativa ferroviaria entre el centro y sur peninsular, así como segregar los tráficos entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial para solucionar la congestión que se produce en la vía de la red de Media Distancia y Cercanías”.

En séptimo lugar, manifiesta el rechazo a cualquier actuación ferroviaria, “entre ellas el 'baipás de Montoro', que suponga la pérdida, el recorte o el empeoramiento de los servicios ferroviarios que actualmente prestan servicio a Manzanares y su comarca”.

También se apoya de forma expresa y pública la ejecución del tramo Mora-Alcázar, dentro del proyecto de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Jaén, “por su carácter vertebrador y por los beneficios directos que aportaría a Manzanares, entre ellos la notable reducción de los tiempos de viaje a Madrid y la posibilidad de conectar con la ciudad de Toledo, capital de Castilla-La Mancha”.

A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se le insta para que, a su vez, inste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “reivindicando el cumplimiento de lo ya acordado por el Gobierno de España, oponiéndose frontalmente al cambio de trazado, considerando el perjuicio que ocasiona a nuestra provincia y muy especialmente a las localidades y comarcas afectadas de Alcázar de San Juan, Manzanares y Valdepeñas”. Por último, se da traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Presidencia de la Junta.

Los sindicatos asturianos han celebrado este miércoles el indulto a 'Las seis de La Suiza', si bien han alertado de que todo el proceso y su entrada en prisión ha supuesto una “pérdida importante” para la democracia, así como una “criminalización del sindicalismo”.

El grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza' y portavoces de organizaciones sindicales de Asturias, en unidad de acción, han dado este miércoles una rueda de prensa en el Conseyu de la Mocedá de Gijón/Xixón, tras la decisión aprobada en el Consejo de Ministros de concederles el indulto.

El Tribunal Supremo ratificó en junio de 2024 la condena a penas de dos años por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones y confirmó la obligación de abonar 150.000 euros de indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró por las movilizaciones en favor de una empleada que lo acusaba de acoso laboral.

El juzgado de Gijón que los condenó en primera instancia ordenó que se ejecutara la sentencia, de modo que las cinco mujeres y el hombre ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir la condena, aunque el día 18 de ese mismo mes se les concedió el tercer grado penitenciario.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, a raíz de que una empleada, que se encontraba embarazada, pidiera una baja laboral por riesgo de aborto tras la negativa del empleador a que se ausentara de su puesto de trabajo por sentirse indispuesta, lo que derivó en un enfrentamiento entre el propietario y su pareja.

El despido y las protestas

Ella, una vez nacido el niño, contactó con el sindicato CNT para negociar un despido, porque no quería volver a incorporarse por haber sido objeto de acoso laboral, pero el dueño de la pastelería no quiso negociar y los sindicalistas organizaron protestas frente al establecimiento.

Desde el grupo de apoyo de 'Las seis de La Suiza', Inés González Pérez ha remarcado que se trata de la “victoria de seis personas”, lograda “gracias a la movilización sindical”, si bien “la pérdida de derechos sindicales e individuales está por zanjar”.

Las valoraciones

El secretario ejecutivo UGT, Juan José Iglesias, ha valorado el indulto, si bien ha lamentado que el hecho de que tuvieran que entrar en la cárcel, ya que ha supuesto una “pérdida importante en la democracia”, así como un “atropello a un derecho constitucional”.

Durante su intervención, el responsable de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Damián Manzano, ha valorado el indulto “después de este calvario de las ”seis compañeras represaliadas“, si bien ha hecho un llamamiento para que los sindicatos sigan vigilantes, frente a ”las amenazas de la democracia“ que han surgido en el ”horizonte de la clase trabajadora“.

El secretario general de USO Asturias, Miguel Rivero, ha reconocido que el de hoy es un “día de alegría” para los que creen en una “sociedad más equilibrada y más justa”, ya que la entrada en la cárcel de los seis representantes sindicales “nunca tendría que haber pasado en democracia”.

La “criminalización del sindicalismo”

La portavoz de la Intersindical Asturiana Lena Sarasúa ha recordado que han sido “casi seis meses de un largo proceso”, con “consecuencias a nivel personal, sindical y social” mientras que, desde la CGT, Yanira Hermida ha mostrado su alegría, pese a “lamentar profundamente la demora de este indulto” y la “criminalización del sindicalismo” que se ha producido.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de la Clase Trabajadora LCT Pedro Pariente, ha destacado que la “unidad sindical” ha permitido “llevar esta lucha a cabo”, ya que “con la unidad sindical las batallas pueden seguir avanzando y ganándose”.

La portavoz de CNT Gijón Cristina Mencía también ha interpretado el indulto como un “resultado directo de la lucha” sindical, si bien ha afeado que haya tenido que darse en respuesta a un “proceso que ha puesto en cuestión los límites mismos de la acción sindical”.

Hace ya décadas que cambió radicalmente nuestra forma de vida. Mucha gente del rural emigró a las ciudades en busca de un futuro mejor, empujados por el paro y la mecanización de las tareas agrícolas. Castellanomanchegos y castellanomanchegas, que no sabían ni que lo eran, construyeron lo que serían los barrios obreros de Madrid y Barcelona.

Desde entonces, vivimos en una España de dos velocidades. A las ciudades ha llegado antes el agua corriente, la luz, el internet y las oportunidades. Llegaban antes allí por un criterio muy razonable para muchos: la rentabilidad. El dinero dibujo fronteras que no podemos ver como vemos la valla de Melilla, pero que están ahí, y que sentimos. Los pueblos, especialmente en los últimos veinte años han ido perdiendo servicios: han cerrado bancos, escuelas y centros de salud.

Pero algo está cambiando en esa España olvidada. La tierra tan despreciada durante décadas vuelve a ser foco de interés, económico por supuesto.

Los que manejan el dinero no tienen más ideología que seguir acumulándolo. Por eso, en este nuevo tiempo, en el que la justa prioridad es descarbonizar nuestra economía y producir energía de manera soberana y menos contaminante, los que manejan el dinero también encuentran su oportunidad de negocio.

Esta vez han fijado el foco en nuestros pueblos, y se ayudan de gobernantes que les ponen alfombra roja sin echar cuentas, sin planificar y sin poner límites. ¿Les suena?

El gobierno de García-Page presentó hace unos meses el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha. Aprobación, que no estuvo exenta de polémica, puesto que la empresa que lo redactó es la misma que diseña, construye y opera las plantas de biogás. Lo que viene siendo un conflicto de intereses de manual.

Pero hay más, el pago por este servicio de consultoría se hizo en dos facturas que casualmente tienen el importe límite para no tener que sacar el servicio a concurso público.

¿Se acuerdan de lo que decíamos de la España olvidada? ¿La de la segunda marcha? Resulta que esa España está llenita de pueblos, de pequeñas comunidades resistentes empeñadas en no aceptar el frenesí urbanita y de no contaminarse con la sensación de que aburrirse, es estar perdiéndose algo.

No quiero idealizar la España rural, que sin duda sigue teniendo infinitos retos propios como la integración de la diversidad étnica o sexual. Pero que también tiene infinitas cosas que proteger, como las noches al fresco, el contacto con la naturaleza, las pausas, los “Marí, me he quedado sin huevos para la tortilla” o el trabajar a 10 minutos de casa.

Pues esa España, la de la resistencia rural, la de familias que sacan adelante sus explotaciones agrarias, pero también las cooperativas, también la de las mujeres rurales, y la de la innovación y la ciencia, y la que sufre el sexilio, esa España, está en pie de guerra.

Y lo está porque ya no es la misma que hace 40 años. Hoy en nuestros pueblos vive gente que no quiere dinero rápido a cambio de hipotecar su futuro. Quiere garantías, quiere participación y quiere decidir.

Sin embargo, el Plan de Biometanización va justo en la dirección contraria. No plantea un modelo público, ni comunitario, ni descentralizado. No pone la energía en manos de la gente. Lo que propone es un modelo extractivista de manual: grandes inversiones privadas, grandes instalaciones y beneficios que se van fuera del territorio.

El esquema es sencillo: las empresas ponen el capital, la administración facilita los trámites—y, si hace falta, acompaña con subvenciones—, se construyen las plantas y los beneficios terminan en las cuentas de los inversores.

Mientras tanto, el territorio asume los impactos: el tráfico pesado, los olores, la presión sobre suelos y acuíferos, y un modelo productivo que no se cuestiona, sino que se refuerza.

Porque ese es otro de los grandes problemas del plan: no reduce los residuos, los necesita. No cambia la ganadería intensiva, la hace rentable. Convierte los purines en negocio, y con ello se corre el riesgo de incentivar aún más el modelo que está en el origen del problema.

Se nos vende como economía circular lo que, en muchos casos, es simplemente dar una vuelta más al mismo sistema. Además, incluso, algunos expertos cuestionan la viabilidad de las explotaciones tal y como están planteadas.

Y todo ello, además, con una promesa de empleo muy limitada. Mucho capital, pero poca mano de obra. Mucha inversión, pero poco retorno social.

Castilla-La Mancha tiene una oportunidad histórica: liderar una transición energética justa, democrática y arraigada al territorio. Apostar por cooperativas energéticas, por plantas de pequeña escala, por modelos donde la energía sea de la gente y los beneficios se queden en los pueblos.

Pero el gobierno regional ha elegido otro camino, el de siempre, el de convertir el territorio en un recurso. El de llenar la España rural de proyectos que se deciden fuera, se ejecutan desde fuera y cuyos beneficios se marchan fuera.

Frente a eso, cada vez más gente lo tiene claro: la transición ecológica debe ser justa y democrática. La transición energética debe ser nuestra prioridad, hay que apretar el acelerador, y más en el contexto internacional en el que nos encontramos, pero eso no está reñido con que por primera vez aprovechemos la oportunidad para que gane la gente común.

Este sábado, la Asociación Campos del Paraíso ha organizado una manifestación para protestar contra las plantas de niogás que pretenden instalar en Carrascosa del Campo con el lema “Ni en tu pueblo ni en el mío”.

Este pequeño municipio de menos de 600 habitantes de la provincia de Cuenca se ha movilizado con un extraordinario éxito congregando a unas 2.000 personas, pero no es el único. Son muchos los municipios que se están organizando contra estas políticas. Por poner un ejemplo, el pasado día de la región en Albacete, también estuvo marcado por las protestas de manifestantes a la entrada del acto institucional. Nosotros estuvimos con ellos, pero el presidente Page no fue capaz de acercarse y simplemente saludar.

Nuestros pueblos no están dispuestos a volver a ser el lugar donde otros vienen a hacer negocio. Y nosotros, Movimiento Sumar, tampoco. Estaremos en las calles, con la gente, escuchando y haciendo propuestas para que en un futuro, cercano, podamos cambiar el rumbo y que esta transición no sirva para llenar los bolsillos de unos pocos sino para garantizar unos pueblos limpios y soberanos donde merezca la pena vivir.

Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se han manifestado este sábado en Campos del Paraíso, municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en el municipio y su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por cuarenta de asociaciones, ha recorrido las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural.

Durante la jornada, los asistentes han denunciado la implantación de seis proyectos en el entorno, tres en Campos del Paraíso, uno en Huelves y dos en Tarancón, que han generado una creciente preocupación en la comarca por su posible impacto ambiental, el incremento del tráfico pesado y las consecuencias sobre la calidad de vida.

“Nuestros pueblos no son espacios vacíos”

El acto ha culminado con la lectura de un manifiesto por parte de representantes de distintas generaciones, un niño, un agricultor y una vecina, en el que se ha lanzado un mensaje claro: “Campos del Paraíso y su comarca no son espacios vacíos. Aquí vive gente. Con nuestro futuro no se negocia”

El texto advierte de que estos proyectos “no son un hecho aislado”, sino parte de un modelo que durante años ha tratado a los pueblos como “territorios disponibles para asumir impactos, mientras los beneficios se concentran lejos”.

Asimismo, los vecinos han señalado riesgos asociados a este tipo de instalaciones como la posible contaminación del suelo y acuíferos, las emisiones de gases y olores, el aumento del tráfico pesado o el deterioro del entorno y la calidad de vida.

Antes del inicio de la marcha, los portavoces han atendido a los medios, subrayando el carácter transversal y creciente del movimiento.

El presidente de la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, Carlos Muñoz, ha afirmado que “esto no va de estar en contra de nada, va de defender lo que somos. Nuestros pueblos no pueden convertirse en lugares donde otros deciden sin contar con la gente que vive aquí”.

La presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, Remedios Bobillo, ha advertido de que “este tipo de proyectos se están concentrando en zonas rurales sin un debate suficiente y sin tener en cuenta el impacto acumulado en el territorio”.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción Manchuela, Toni Jorge, ha señalado que “no se puede hablar de transición ecológica si no se hace con criterios de sostenibilidad real y de justicia territorial”.

El documental que pondrá rostro al conflicto

La jornada ha comenzado con el visionado del teaser del documental ‘Extraños en el Paraíso’, un proyecto que aborda el impacto de este tipo de iniciativas en el medio rural.

El productor ejecutivo Saúl Sánchez Román ha explicado que “este documental nace para contar lo que muchas veces no se ve: cómo estos proyectos afectan a la vida cotidiana de los pueblos y a su identidad”, y ha subrayado que “no es solo una cuestión técnica o energética, es una historia de personas, de territorio y de futuro”.

El manifiesto vecinal incide también en el impacto económico de estas instalaciones, señalando que generan “escasos beneficios locales” y que los empleos asociados suelen ser limitados y especializados, mientras los efectos negativos recaen sobre la población.

Además, advierte del llamado “efecto llamada”, que puede favorecer la instalación de macrogranjas o la llegada de residuos de otros territorios, convirtiendo a los pueblos en centros receptores y alterando su equilibrio social y ambiental.

Los organizadores han destacado la elevada participación y la diversidad de perfiles presentes —jóvenes, mayores, agricultores y familias— como reflejo de un movimiento social que sigue creciendo en la provincia.

En este sentido, han asegurado que la movilización de este sábado marca “un punto de inflexión” y han avanzado que continuarán impulsando acciones para defender un modelo de desarrollo rural “justo, sostenible y compatible con la vida en los pueblos”.

La Alianza contra el Odio, plataforma de reciente creación, ha reunido a medio millar de albaceteños en la plaza del Altozano para mostrar su rechazo a la “cruel, injusta, innecesaria e improcedente” guerra desatada por Estados Unidos e Israel en Irán.

El representante de Albacete con Palestina, José María López Ariza, ha atendido a los medios al inicio de la concentración para lamentar la “tímida” reacción de Europa ante este conflicto, y apelar al pueblo a “salir a la calle a expresar el rechazo” a una guerra que “no es ajena” a nadie.

“Hay que salir a la calle con contundencia y presionar a toda la comunidad internacional contra estos dos estados genocidas”, ha defendido López, quien ha reparado en la afectación que sufrirá Europa, no solo la económica, sino también de “seguridad y valores”.

La Alianza contra el Odio, tal y como ha explicado Marta Escribano, es un grupo de organizaciones y ciudadanía “a nivel particular que quiere hacer pedagogía y concienciación a toda la ciudadanía en Albacete”.

Sobre esta “concentración pacífica”, espera que sea “constructiva” para que todo el mundo “haga una introspección de conciencia”.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Escribano ha explicado que “frente a la guerra, defendemos la paz, la diplomacia y el respeto entre pueblos. Frente al odio, más democracia, más igualdad y más convivencia. La ciudadanía demostró su gran calidad humana: alzar la voz contra el odio es responsabilidad de todas y todos”.

En la Alianza contra el Odio están integradas 16 organizaciones, entre las cuales destacan CCOO, PSOE, Podemos, IU, PCE, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Albacete, Juventudes Socialistas de Albacete, Albacete con Palestina, Movimiento SUMAR y ciudadanos a título particular.