En las apenas 140 páginas de India. La nueva potencia global (Península), la profesora de Ciencia Política de la UCM Eva Borreguero sale airosa del reto de resumir de manera didáctica —con un formato de preguntas y respuestas salpicado de mapas y gráficos— los grandes trazos de la historia contemporánea y evolución del segundo gigante asiático, que hace sombra a China.

Especializada en el estudio de Asia Meridional, la autora sobrevuela el periodo colonial, la independencia y la complicada relación resultante con el vecino paquistaní, examina las tensiones identitarias internas y el auge del nacionalismo hindú (sobre el que elaboró su tesis doctoral), se detiene en la política de no alineamiento durante la guerra fría y analiza la creciente afinidad con Occidente ante el recelo por la preponderancia china.

Borreguero valora la potencia de una democracia improbable y con tensiones —las actuales protestas estudiantiles de las autodenominadas “cucarachas” son, en ese sentido, un “claro aviso”— pero que ante todos los augurios funestos y los retos a los que se ha enfrentado, se mantiene en pie. “Es el país más difícil de predecir”, reconoce la autora, que más que certezas plantea un contexto para acertar con las preguntas.

La primera pregunta deriva del propio título del libro. ¿Cómo pasa la India a ser una potencia global?

El libro podría plantearse como un interrogante: ¿es la India una potencia global? Cuando se piensa en ello, la idea de fondo es si la India superará a China o no. Es una incógnita, pero sí que es una potencia global en el sentido de que es la cuarta economía del mundo, el país más poblado del planeta, la mayor democracia y un país que acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea que nos da un mercado de 2.000 millones de consumidores.

Al principio del libro, habla de los orígenes de la civilización india y se detiene en el momento colonial y la cuestión de las castas en la sociedad. ¿El paso colonial las exacerbó o las moduló?

Las castas son la organización social milenaria de la India propia e inherente, la nativa. La presencia colonial hace ambas cosas. Por una parte, las exacerba por su propio sistema moderno de clasificación y definición. Por otra, reduce las desigualdades, porque los británicos introducen valores de liberalismo universales, de igualdad de los individuos de cara a entrar en el ejército o a la educación.

Aunque las castas son anteriores, los ingleses pueden haberlas reforzado conceptualmente. La prueba es que la India se ha independizado y las castas se han reforzado. No han podido eliminarlas; al contrario, se han reforzado a través de políticas que estaban dirigidas, paradójicamente, a erradicarlas, como la discriminación positiva. Grupos que antes no tenían estatus de casta atrasada, como musulmanes o cristianos, se acogen a la categoría de casta atrasada o de intocable, porque esto da unas cuotas de beneficio para la administración pública.

¿Y no hay una perspectiva de que se vayan diluyendo?

No, las castas son un sistema que, al mismo tiempo, es maleable, flexible y cambiante. La población india ve la propia identidad de casta como algo rico, diverso y positivo. Hay mucho dinamismo: hay partidos de casta baja que han podido movilizar la opinión pública de las castas atrasadas y conseguir mayores beneficios. Pero es muy importante distinguir entre casta e intocabilidad. Lo que la Constitución prohíbe es la intocabilidad. Eso sí que está abolido e incluso ha habido un presidente que era dalit, [K. R. Narayanan (1997-2002)]. Es un concepto que significa “oprimido”, pero que tiene una connotación de reivindicación, incluso de orgullo.

El nacionalismo hindú busca crear un monoteísmo cultural cohesionado a imitación del cristianismo o el islam

El [Partido Popular Indio] BJP de Narendra Modi, el presidente, se basa en el hinduismo político. El escritor Pancaj Mishra habla de que el hinduismo es un fenómeno relativamente contemporáneo, que es en parte una ficción que no representa la riqueza de la cultura original. Sin embargo, hoy es preponderante.

Lo reciente es la idea de aglutinar toda una diversidad en un término. Tiene mucho que ver con el periodo colonial. Cuando los británicos hacen un censo en la India a finales del siglo XIX, porque quieren saber la composición religiosa y cultural del país, se encuentran que la población musulmana se define como musulmana, de un modo u otro. Y el resto, los que ahora son hindúes, no dicen: “Yo soy hindú”. Dicen: “Yo sigo a este gurú de esta casta”.

Esto, políticamente, genera una conciencia por parte de los dirigentes hindúes de que están divididos frente a una minoría musulmana que se autoidentifica con una única identidad. El hinduismo existe como universo cultural, lo que pasa es que no es un monoteísmo. Hay millones de dioses, hay innumerables escuelas filosóficas, pero comparten una serie de ideas y conceptos que permiten hablar de hinduismo como religión. La ideas de dharma —el orden moral— samsara o karma.

Es un proceso propio de la modernidad aglutinar esta diversidad, que tiene elementos comunes, de cara a los aspectos de la democracia y la representación política en el espacio público.

Pero con Modi hay casi una identificación entre la pertenencia a esta tradición hinduista y la esencia misma de lo indio; o sea, una religión nacional.

Se ha ido avanzando hacia esa homogeneización. El autor francés Christophe Jaffrelot dice que lo que busca el nacionalismo hindú es crear un monoteísmo cultural cohesionado en torno a un dios, que sería Rama, a una fecha, que sería la de construcción del Templo de Ayodhya, a un libro... A imitación del cristianismo y el islam, porque entienden que eso les da una organización sociopolítica mucho más efectiva.

El nacionalismo hindú ha ido avanzando electoralmente, la población lo ha ido apoyando porque se siente identificada con eso. Hay que entender que las dinámicas propias del subcontinente indio (India, Pakistán, Bangladés, también Sri Lanka) tienen que ver con la identidad religiosa. Nosotros en Europa pensamos que las identidades son lingüísticas. En el caso de Asia Meridional, las fuerzas que movilizan son no tanto la religión en sí como las identidades religiosas.

Quizá la comparación no se sostiene, pero al leerlo me ha recordado a nuestro nacionalcatolicismo.

Tiene los elementos de los nacionalismos culturales, étnicos y lingüísticos. Es un elemento de homogeneización frente a un otro distinto. Y esa homogeneización puede ser religiosa, puede ser lingüística, puede ser cultural. También existe un nacionalismo secular, que representa el partido del Congreso Nacional Indio, que defiende el principio territorial: cualquier persona que nace en la India es india, al margen de su identidad.

¿Ve una democracia ya consolidada? ¿Existe un riesgo de retroceso con Modi?

Con Modi ha habido pérdidas en la libertad de prensa y en las libertades de las minorías, de las relaciones entre musulmanes y cristianos. Hay líderes con rasgos de autoritarismo, pero es una democracia. Lo que dicen los indios es que no todas las democracias son iguales, que Europa tiene un sistema, que la India tiene otro y que hay que entender que estas dinámicas son propias de la India y del subcontinente.

El año pasado marcó un punto de inflexión importantísimo, que es la implicación de China apoyando a Pakistán

Respecto a los roces constantes entre India y Pakistán, observa que están relacionados con el control de los recursos hídricos.

Eso es importantísimo. El conflicto de Cachemira enfrenta a India y Pakistán, pero también incluye a China, que en 1962 se anexiona el Aksai Chin. Esta área conecta el Tíbet con Xinjiang, las dos zonas de carácter independentista de China. El Tíbet es la mayor fuente de reserva de aguas del planeta después de los polos. Entonces tiene las fuentes de los grandes ríos: el Indo, el Brahmaputra, el Mekong; o sea, Pakistán, India, Bangladés y el sudeste asiático. El agua que va principalmente a Pakistán pasa por Cachemira. Y la creciente necesidad de agua va a generar tensiones.

En todo caso, el origen del conflicto de Cachemira tiene un componente identitario esencial, pues la partición se hace a partir de los territorios con mayoría musulmana. La independencia fue un proceso muy complejo porque había dos tipos de territorios, uno administrado directamente por los ingleses y luego 556 principados que tenían que elegir si incorporarse a un país o a otro. En Cachemira la población era de mayoría musulmana y el príncipe, hindú, no se pronunciaba, parecía que buscaba una independencia. En un momento dado, fuerzas apoyadas por Pakistán atacan y empieza la guerra. Hoy Pakistán siente que su identidad está incompleta, y la India lo mismo, pero a la inversa: defiende que tener una región de mayoría musulmana corrobora su naturaleza de Estado secular.

El enfrentamiento fronterizo del año pasado fue el primero en el que Pakistán no fue derrotado de forma clara. En parte se dice que por la ayuda militar de China en forma de aviones.

Sí, el año pasado marcó un punto de inflexión importantísimo, que es la implicación de China apoyando a Pakistán. Primero con material militar y después con declaraciones en las que el Gobierno chino dijo abiertamente que apoyaba a Pakistán. Eso no lo había hecho antes. De nuevo, tenemos esas tres potencias nucleares con un conflicto no resuelto y vemos una escalada, además de una mayor inversión en armamento que eleva el riesgo.

China tiene otros conflictos territoriales con India en los que no está implicado Pakistán.

Por ejemplo, en Arunachal Pradesh (al noreste), al que denominan “sur del Tíbet”. Hay territorios disputados en varios tramos a lo largo de la frontera porque no hubo acuerdo con su diseño. Han tenido numerosos enfrentamientos. Pero además de la rivalidad fronteriza, también la tienen en el Índico y en el Pacífico, donde India también compite por tener una mayor presencia.

Además, India ve como un cerco la presencia de puertos comerciales chinos en Sri Lanka, en Gwadar —en Pakistán, un ramal esencial que la conecta con el Índico— o en Chittagong, en Bangladesh.

La India fue uno de países del movimiento de los no alineados. En el libro explica que históricamente ha querido triangular entre distintas alianzas, pero que parece que paulatinamente se va inclinando más hacia el bloque occidental.

En la Guerra Fría, aunque la India defendía una política de no alineamiento, estuvo de facto muy alineada con la URSS, que era su fuente de armas principal. Esto empezó a cambiar cuando la URSS invade Afganistán, lo que coloca a la India en una posición muy complicada porque no podía denunciar la invasión soviética. Ello a su vez atrae a EEUU hacia Pakistán.

Luego India se encuentra con la supernova que es la caída de la URSS. Frente a la percepción de la amenaza de China, entiende que tiene que cambiar sus alianzas. Y pasa de este no alineamiento teórico, que luego en la práctica no lo era, hacia una posición de multialineamiento o lo que ellos definen como autonomía estratégica. Esto le ha permitido sostener relaciones con países como Irán, Israel, Rusia —que sigue siendo un socio importante— o EEUU. El acercamiento de India a EEUU tiene que ver con su percepción de amenaza de China.

¿Qué consecuencias ha tenido la guerra de Irán para la India?

Ha preocupado mucho en términos de recursos energéticos, porque la mayoría del gas y el petróleo que se consume pasa por el estrecho de Ormuz. Ha habido inflación, y el Gobierno de Modi ha lanzado una campaña para que la gente comparta transporte público y consuma menos.

Por otra parte, EEUU e India se distanciaron con el anuncio de aranceles en 2025 y ahora ha habido un deshielo tras una reunión entre Modi y Trump, que ha dicho que visitará el país, en la que hablaron de la protección de los marinos indios —muy numerosos, enrolados en barcos en todo el mundo—.

India, como ha sido un país colonizado y que ha tenido una experiencia de destrucción de la industria por la presencia de poderes coloniales dentro del país, sigue teniendo una percepción de vulnerabilidad y protege mucho sus mercados. Esto para EEUU, para Trump, claramente fue un motivo de descontento. Otro es la posición de autonomía estratégica cuando apoya a Rusia o no dice nada al respecto de Ucrania. Pero, como dice Marco Rubio, la alianza tiene intereses comunes muy importantes. Y eso es sólido, aunque luego haya desavenencias. Que Trump recibiese al mariscal paquistaní Asif Munir [en el medio de la escalada del año pasado con India] fue incomprensible.

Eso se percibió con alarma.

India se sintió muy humillada, evidentemente, y apareció después la fotografía de Modi con Putin y con Xi, además de una serie de gestos como diciendo: “Somos una potencia que según donde nos coloquemos tenemos una influencia”.

Pero la relación con EEUU es sólida. ¿Qué puede ir cambiando? Nunca se sabe. Lo que está haciendo ahora India es acercarse a potencias medias como la UE, Japón o Corea que son democracias liberales y que, dentro de esta disyuntiva entre China y EEUU, están sumando fuerzas porque entienden que hay una vía de colaboración interesante.

La alianza con EEUU es sólida, aunque luego haya desavenencias

El libro habla de que en los últimos 30 años han mejorado mucho los indicadores económicos y también los de pobreza. Menciona la cifra del Banco Mundial de 2021, según la cual seguía habiendo un 12% de pobreza extrema. China, aunque haya dudas sobre la metodología, anuncia que la ha erradicado por completo. ¿A qué se debe esta disparidad?

La economía india se liberaliza bastante más tarde que China, a partir de 1991, y China lo hace una década antes. India se ha ido incorporando tardíamente y a otro ritmo, porque la India es una democracia, donde las decisiones tienen que ser consensuadas y eso las retrasa. La India ha reducido la pobreza muchísimo, pero las estructuras de reparto de riqueza se mantienen bastante iguales. Los porcentajes de desigualdad estructuralmente son muy parecidos.

También hay grandes diferencias territoriales.

Sí, hay mucha diferencia por factores muy diversos, como la demografía. Por ejemplo, el estado de Uttar Pradesh, en el norte, es el que tiene mayor concentración de población, pero con unos niveles de pobreza mayores que estados del sur, como Kerala, al que llaman la excepción de la India por sus buenos indicadores en igualdad de género, alfabetización, etcétera.

Y tiene una presencia en particular de comunistas en la política institucional.

Efectivamente. Kerala y Bengala, de hecho, han sido los únicos estados con gobiernos comunistas electos. Otros estados, como Gujarat, se abrieron rápidamente a atraer capital extranjero, que potenció un desarrollo industrial enorme —esto lo hizo Modi cuando estaba a cargo de Gujarat—, mientras que Bihar está mucho más atrasado. Tiene que ver con la propia dinámica interna y evolución del país.

El movimiento de las 'cucarachas' pone de manifiesto un descontento amplio entre sectores de la juventud que aspiran a tener un trabajo y ven en la educación el ascensor social que les puede permitir unas mejores condiciones de vida

¿Dónde situaría en cinco años a la economía india, si tuviese que hacer un pronóstico?

Es difícil de predecir porque la incertidumbre global es absoluta. ¿Qué efecto van a tener la inteligencia artificial y la robótica en los empleos? Es algo que también afecta a China.

Pero China tiene una mayor base industrial.

Por supuesto, China es la fábrica del mundo. India lo está intentando con el programa Make in India, con la visión China Plus One, que trata de atraer a India como productora alternativa a China. El analista Fareed Zakaria dijo que, en cinco años, India ha pasado a producir la mitad de los iPhone del mundo. Esto era impensable hace unos años, cuando se pensaba que el modelo chino era irreemplazable para producir este tipo de productos.

Pero al mismo tiempo tiene estos desafíos internos en materia de educación, que tiene una necesidad enorme de fomentar entre la población joven. Aunque el crecimiento demográfico en términos relativos se reduce, pasarán unos años hasta que esto se traduzca en el absoluto. Entonces, toda esa gente que se incorpora al mercado supone un estrés económico. Con estos desafíos, veremos cómo se maneja India, pero es el país más difícil de predecir. Diré que cuando India se independizó, todos los analistas internacionales auguraron que la democracia no duraría. “India no va a resistir, se va a fragmentar esto de la democracia de India, esto no va a existir”. Pero ha resistido.

¿De qué tratan las recientes protestas masivas del Partido de las “cucarachas”? ¿Es una simple manifestación estudiantil o puede tener repercusiones de calado? ¿Sería algo equiparable al 15-M español o no tiene esa trascendencia?

Estamos ante un movimiento que pone de manifiesto un descontento amplio entre sectores de la juventud que aspiran a tener un trabajo y ven en la educación el ascensor social que les puede permitir unas mejores condiciones de vida. Esto es especialmente relevante dado que la India tiene, por su pirámide demográfica, una tasa de población joven alta y, por otra, la educación se considera la principal herramienta de movilidad social, el ascensor que permite aspirar a mejores condiciones de vida y riqueza. 

El movimiento de las “cucarachas” se asemeja a otras protestas de la Generación Z que hemos visto en la región (Sri Lanka, Nepal, Bangladés) de jóvenes que están muy enfadados por la falta de empleo y hartos de la corrupción de la clase política.

Además, se ha convertido en una plataforma que está dando visibilidad a distintas causas. Esto, por un lado, le puede dar una dimensión mayor y ser un valor positivo, pero por otro puede debilitar su transición hacia una formación política efectiva, dada la complejidad de como opera el sistema de partidos de la India. Por ahora no es equiparable al 15-M, si bien representa un claro aviso y desafío para el Gobierno.

Esta entrevista se ha editado y acortado para mayor claridad.

El cap de la Guàrdia Civil a les Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, ha defensat aquest dimarts la investigació que va culminar la passada setmana amb la detenció de dues joves activistes acusades de participar en els atacs contra cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí. “No hi va haver cap tipus de desproporció”, ha asseverat.

L'operatiu ha suscitat una intensa controvèrsia política i social no només per l'exposició pública de les detingudes durant el seu arrest i trasllat als jutjats, sinó també pel contingut de l'atestat policial, que els atribueix, a més d'un delicte continuat de danys i un altre contra el patrimoni històric, un presumpte delicte de pertinença a grup criminal. Una qualificació que, juntament amb alguns dels indicis emprats pels investigadors per sostenir-la, ha estat qüestionada per organitzacions socials, que la consideren desproporcionada.

Preguntat per l'actuació dels agents, Hernández ha defensat que tant les detencions com els registres domiciliaris i el trasllat de les dues joves emmanillades a dependències judicials van ser “adients”. “Van ser alguna cosa més que pintades; es van trencar vidres amb un martell i es van inutilitzar ambcola els panys de cinc edificis. Hi ha un dany agreujat en aquestes actuacions”, ha afirmat durant la presentació dels nous agents destinats a les Balears.

Les declaracions arriben després de dies de controvèrsia des que es produïssin els arrestos com també les imputacions abocades per l'Institut Armat en el seu atestat, un informe de 116 pàgines que sosté que els atacs van ser una actuació “coordinada i premeditada” i que fonamenta bona part de la investigació en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, el seguiment de perfils a xarxes socials i altres indicis, entre ells la presència d'una pancarta amb el lema SOS Residents, Stop Overtourism al domicili d'una de les investigades. L'informe arriba a afirmar que aquest últim element “confirmaria sense cap mena de dubte l'activitat delictiva d'aquesta persona”, una valoració que ha estat durament qüestionada pels col·lectius contra la turistificació.

Davant d'això, Hernández, les declaracions del qual han estat recollides per Europa Press, ha rebutjat que la Guàrdia Civil actuï moguda per criteris polítics o persegueixi activistes. “Nosaltres fem investigacions policials sobre denúncies de fets penals, no fem res més. La polèmica, a la Guàrdia Civil, realment no l'afecta”, ha assenyalat. El comandament ha insistit que l'Institut Armat continuarà investigant “tots els fets delictius” que arribin al seu coneixement i ha recalcat que “els responsables són els autors dels fets delictius”.

Respecte a una de les qüestions que més debat ha generat —la imputació per pertinença a grup criminal—, Hernández ha defensat que els investigadors es van limitar a aplicar el Codi Penal. Segons ha argumentat, aquest tipus delictiu concorre quan actuen “més de dues persones concertades”, per la qual cosa, a parer seu, “encalla a la perfecció”. No obstant això, aquesta interpretació ha estat un dels principals punts de fricció amb organitzacions com Menys Turisme, Més Vida, Alerta Solidària o el Sindicat de Llogateres, que consideren que la investigació suposa una criminalització de l'activisme contra la turistificació i la crisi d'accés a l'habitatge.

El general també ha restat excepcionalitat al desplegament policial i ha atribuït la repercussió del cas al debat públic generat entorn de la turistificació. “No veig cap tipus de desproporció, la considero adequada”, ha reiterat, defensant que els registres domiciliaris responien únicament a la necessitat d'intervenir la roba presumptament utilitzada durant els atacs i assegurar proves per a la investigació.

La Guàrdia Civil investigarà les pintades antisemites

Durant la seva compareixença, Hernández ha confirmat a més que la Guàrdia Civil ha assumit la investigació sobre les pintades de caràcter antisemita aparegudes el cap de setmana passat en dos habitatges vinculats a l'entorn familiar de les dues activistes. La denúncia va ser presentada inicialment davant la Policia Local de Santa Maria del Camí, que posteriorment va remetre les diligències a la Guàrdia Civil per tractar-se del cos competent.

Segons el comandament, els agents iniciaran les perquisicions per tractar d'identificar els autors de les pintades, que incloïen estrelles de David, la paraula “jueus” i simbologia nazi. “No sé on acabarà la investigació. Cada investigació té uns derroters diferents i els seus temps”, ha assenyalat.

El cartel lleva horas circulando a través de las redes sociales. Se convoca a la ciudadanía a participar en una concentración “en defensa” del alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo.

Es el agricultor al que, en las primeras horas del incendio declarado en La Mierla (Guadalajara) el pasado 16 de julio, se le señaló como supuesto responsable del origen del fuego, mientras cosechaba.

La convocatoria no lleva la firma de ningún organizador. Se pide acudir a la plaza Mayor de Robledillo de Mohernando, a pocos kilómetros de La Mierla, porque, dicen, “el alcalde necesita nuestro apoyo”, a pesar de que el edil ya dijo días atrás que él no estaba allí cuando ocurrió el siniestro. El acto está previsto a las 13.30 horas del domingo 26 de julio.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara aseguran no haber recibido notificación de la convocatoria, aunque añaden que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están al tanto de ello”.

Bajo el lema 'los agricultores no son delincuentes'

Una semana después de iniciarse el fuego que todavía sigue activo sin control, tras desmentidos por parte del edil y de la formación en la que milita, Vox, negando cualquier tipo de responsabilidad, y entre acusaciones de “contradicciones y mentiras” por parte del PSOE que criticó la “actitud” del edil y del partido ultra, se hace un llamamiento a apoyar al alcalde, bajo el lema “los agricultores no son terroristas”.

Es un lema similar a las palabras que usó del propio alcalde para defenderse en las primeras horas de un incendio que ya se preveía voraz, asegurando que “los agricultores no son delincuentes”.

En el cartel también se pone el foco en los medios de comunicación “a nivel mundial” por informar.

En el argumento de la convocatoria se cita expresamente que la prensa le “acusa” de ser “el presunto autor del incendio” y habla de “la cosechadora de un agricultor que se encontraba realizando sus labores de recolección con normalidad, cuando en ese mismo término [municipal] se originó el incendio”.

El municipi de Santa Maria (Mallorca) ha respost aquest dimarts amb una concentració de rebuig a les agressions homòfobes denunciades durant les seves festes patronals el cap de setmana passat. La convocatòria, impulsada pel consistori i secundada per col·lectius com Orgull Crític Mallorca i Antifeixistes Mallorca, ha reunit veïns, representants institucionals i entitats socials per expressar el seu suport a les persones afectades, mostrar el seu rebuig a les agressions denunciades i reclamar que uns fets com els ocorreguts el cap de setmana passat no es tornin a repetir.

La mobilització arriba després que Orgull Crític Mallorca i Antifeixistes Mallorca difonguessin un comunicat en què ampliaven el relat dels fets i sostenien que la violència no va acabar durant la revetlla de divendres, sinó que es va prolongar durant tot el cap de setmana. En el text, les organitzacions insisteixen que el que va passar “no va ser un conflicte entre dues parts iguals”, sinó una successió d'agressions dirigides contra persones LGTBI i contra aquelles que van sortir en la seva defensa. Així mateix, reclamen una resposta institucional “a l'altura de les circumstàncies” i mesures que garanteixin que “tots puguem gaudir de les nostres festes i del nostre poble de manera segura”.

Segons expliquen les entitats, els incidents van començar durant l'actuació de les artistes Lluca i Santa Servera Màrtir, contractades per l'Ajuntament per a la revetlla de les festes, quan un grup de joves les va increpar amb insults i discursos d'odi de caràcter LGTBI-fòbic i misogin. D'acord amb el comunicat, una part del públic va sortir en defensa de les artistes per evitar que l'espectacle s'interrompés, moment en què els presumptes agressors van cridar més persones per augmentar la tensió. Com a conseqüència, diversos assistents van decidir abandonar la plaça en sentir-se insegurs.

Clima d'intimidació

Les organitzacions sostenen que el grup d'agressors va anar creixent fins a envoltar diverses persones que romanien al lloc. Asseguren que aleshores van començar les agressions físiques i verbals, amb empentes, cops de puny i persecucions que van deixar, almenys, una persona amb un ull de vellut i van provocar diverses crisis d'ansietat que van requerir assistència sanitària. El clima d'intimidació, afegeixen, va ser tan intens que moltes persones “no volien anar soles ni a casa seva ni al lavabo”..

El comunicat també denuncia que la violència va continuar durant la resta del cap de setmana. Segons el relat dels col·lectius, dissabte un jove que havia donat suport a les artistes durant la revetlla va ser perseguit i agredit per un grup de cinc o sis persones del mateix entorn que els presumptes agressors de la nit anterior. Afirmen que va ser colpejat, fet caure a terra mentre li cridaven “maricó de merda” i que va necessitar assistència mèdica. A més, sostenen que, un cop acabades les celebracions de dissabte, un altre veí va ser perseguit fins a la porta del seu domicili per un grup de característiques similars.

Les entitats incorporen, a més, un nou episodi ocorregut la nit de diumenge: l'aparició de pintades antisemites i simbologia nazi a la façana de l'habitatge d'unes veïnes del municipi. Consideren que aquests fets evidencien la continuïtat del clima de violència i intimidació viscut durant el cap de setmana, tot i que, de moment, no ha transcendit cap investigació oficial que vinculi tots dos successos.

Els fets denunciats es produeixen en un context de forta tensió al municipi de Santa Maria. Dies abans de l'inici de les festes, la Guàrdia Civil va detenir dues activistes del municipi investigades pels atacs contra cinc immobiliàries en protesta contra la turistificació, una actuació que va provocar concentracions de suport i crítiques per part de diversos col·lectius socials.

Crítiques a l'actuació policial

A més del relat de les agressions, Orgull Crític Mallorca i Antifeixistes Mallorca qüestionen l'actuació de la Policia Local de Santa Maria. Les organitzacions consideren que els agents van abordar el que havia passat durant la revetlla com “un conflicte entre dues parts iguals” i no com una agressió motivada per l'odi envers les persones LGTBI i aquelles que les donaven suport.

Al seu parer, aquesta actuació va permetre que els presumptes agressors actuessin “amb impunitat” i va afavorir que la violència es prolongués durant la resta del cap de setmana. Per això, reclamen una resposta institucional solvent i l'adopció de mesures que garanteixin que totes les persones puguin gaudir de les festes amb seguretat. Així mateix, fan una crida a qualsevol persona que presenciés els fets perquè aporti testimonis o imatges que ajudin a corroborar el que va passar i a identificar les persones implicades.

Més enllà de la condemna dels fets concrets, la protesta ha posat de manifest la inquietud d'una part de la societat civil davant el repunt dels discursos d'odi contra el col·lectiu LGTBI i altres col·lectius. Per als col·lectius convocants i per a les persones que van secundar la concentració, episodis com els denunciats a Santa Maria evidencien que la conquesta de drets no és irreversible i que, lluny d'avançar cap a una convivència més inclusiva, persisteix la percepció que s'estan produint retrocessos.

El municipio de Santa Maria (Mallorca) ha respondido este martes con una concentración de rechazo a las agresiones homófobas denunciadas durante sus fiestas patronales el pasado fin de semana. La convocatoria, impulsada por el consistorio y secundada por colectivos como Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca, ha reunido a vecinos, representantes institucionales y entidades sociales para expresar su apoyo a las personas afectadas, mostrar su rechazo a las agresiones denunciadas y reclamar que unos hechos como los ocurridos el pasado fin de semana no vuelvan a repetirse.

La movilización llega después de que Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca difundieran un comunicado en el que ampliaban el relato de los hechos y sostenían que la violencia no terminó durante la verbena del viernes, sino que se prolongó durante todo el fin de semana. En el texto, las organizaciones insisten en que lo ocurrido “no fue un conflicto entre dos partes iguales”, sino una sucesión de agresiones dirigidas contra personas LGTBI y quienes salieron en su defensa. Asimismo, reclaman una respuesta institucional “a la altura de las circunstancias” y medidas que garanticen que “todos podamos disfrutar de nuestras fiestas y de nuestro pueblo de forma segura”.

Según explican las entidades, los incidentes comenzaron durante la actuación de las artistas Lluca y Santa Servera Màrtir, contratadas por el ayuntamiento para la verbena de las fiestas, cuando un grupo de jóvenes las increpó con insultos y discursos de odio de carácter LGTBIfóbico y misógino. De acuerdo con el comunicado, parte del público salió en defensa de las artistas para evitar que el espectáculo se interrumpiera, momento en el que los presuntos agresores llamaron a más personas para aumentar la tensión. Como consecuencia, varios asistentes decidieron abandonar la plaza al sentirse inseguros.

Clima de intimidación

Las organizaciones sostienen que el grupo de agresores fue creciendo hasta rodear a varias personas que permanecían en el lugar. Aseguran que comenzaron entonces las agresiones físicas y verbales, con empujones, puñetazos y persecuciones que dejaron, al menos, a una persona con un ojo morado y provocaron varias crisis de ansiedad que requirieron asistencia sanitaria. El clima de intimidación, añaden, fue tal que muchas personas “no querían ir solas ni a sus casas ni al baño”.

El comunicado también denuncia que la violencia continuó durante el resto del fin de semana. Según el relato de los colectivos, el sábado, un joven que había apoyado a las artistas durante la verbena, fue perseguido y agredido por un grupo de cinco o seis personas del mismo entorno que los presuntos agresores de la noche anterior. Afirman que fue golpeado, derribado al suelo mientras le gritaban “maricón de mierda” y que necesitó asistencia médica. Además, sostienen que, una vez concluidas las celebraciones del sábado, otro vecino fue perseguido hasta la puerta de su domicilio por un grupo de características similares.

Las entidades incorporan además un nuevo episodio ocurrido la noche del domingo: la aparición de pintadas antisemitas y simbología nazi en la fachada de la vivienda de unas vecinas del municipio. Consideran que estos hechos evidencian la continuidad del clima de violencia e intimidación vivido durante el fin de semana, si bien por el momento no ha trascendido ninguna investigación oficial que vincule ambos sucesos.

Los hechos denunciados se producen en un contexto de fuerte tensión en en el municipio de Santa Maria. Días antes del inicio de las fiestas, la Guardia Civil detuvo a dos activistas del municipio investigadas por los ataques contra cinco inmobiliarias en protesta contra la turistificación, una actuación que provocó concentraciones de apoyo y críticas por parte de diversos colectivos sociales.

Críticas a la actuación policial

Además del relato de las agresiones, Orgull Crític Mallorca y Antifeixistes Mallorca cuestionan la actuación de la Policía Local de Santa Maria. Las organizaciones consideran que los agentes abordaron lo sucedido durante la verbena como “un conflicto entre dos partes iguales” y no como una agresión motivada por el odio hacia personas LGTBI y quienes las apoyaban.

A su juicio, esa actuación permitió que los presuntos agresores actuaran “con impunidad” y favoreció que la violencia se prolongara durante el resto del fin de semana. Por ello, reclaman una respuesta institucional solvente y la adopción de medidas que garanticen que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas con seguridad. Asimismo, hacen un llamamiento a cualquier persona que presenciara los hechos para que aporte testimonios o imágenes que ayuden a corroborar lo ocurrido y encontrar a las personas involucradas.

Más allá de la condena a los hechos concretos, la protesta ha puesto de manifiesto la inquietud de una parte de la sociedad civil ante el repunte de los discursos de odio contra el colectivo LGTBI y otros. Para los colectivos convocantes y quienes secundaron la concentración, episodios como los denunciados en Santa Maria evidencian que la conquista de derechos no es irreversible y que, lejos de avanzar hacia una convivencia más inclusiva, persiste la percepción de que se están produciendo retrocesos.

El jefe de la Guardia Civil en Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, ha defendido este martes la investigación que culminó la pasada semana con la detención de dos jóvenes activistas acusadas de participar en los ataques contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. “No hubo ningún tipo de desproporción”, ha aseverado.

El operativo ha suscitado una intensa controversia política y social no solo por la exposición pública de las detenidas durante su arresto y traslado a los juzgados, sino también por el contenido del atestado policial, que les atribuye, además de un delito continuado de daños y otro contra el patrimonio histórico, un presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Una calificación que, junto a algunos de los indicios empleados por los investigadores para sostenerla, ha sido cuestionada por organizaciones sociales, que la consideran desproporcionada.

Preguntado por la actuación de los agentes, Hernández ha defendido que tanto las detenciones como los registros domiciliarios y el traslado de las dos jóvenes esposadas a dependencias judiciales fueron “adecuados”. “Fueron algo más que pintadas; se rompieron cristales con un martillo y se inutilizaron con pegamento las cerraduras de cinco edificios. Hay un daño agravado en estas actuaciones”, ha afirmado durante la presentación de los nuevos agentes destinados a Baleares.

Las declaraciones llegan tras días de controversia desde que se produjeran los arrestos así como las imputaciones vertidas por el Instituto Armado en su atestado, un informe de 116 páginas que sostiene que los ataques fueron una actuación “coordinada y premeditada” y que fundamenta buena parte de la investigación en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, el seguimiento de perfiles en redes sociales y otros indicios, entre ellos la presencia de una pancarta con el lema SOS Residents, Stop Overtourism en el domicilio de una de las investigadas. El informe llega a afirmar que este último elemento “confirmaría sin lugar a dudas la actividad delictiva de esta persona”, una valoración que ha sido duramente cuestionada por los colectivos contra la turistificación.

Frente a ello, Hernández, cuyas declaraciones han sido recogidas por Europa Press, ha rechazado que la Guardia Civil actúe movida por criterios políticos o persiga a activistas. “Nosotros hacemos investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales, no hacemos otra cosa. La polémica, a la Guardia Civil, realmente no le afecta”, ha señalado. El mando ha insistido en que el Instituto Armado continuará investigando “todos los hechos delictivos” que lleguen a su conocimiento y ha recalcado que “los responsables son los autores de los hechos delictivos”.

Respecto a una de las cuestiones que más debate ha generado —la imputación por pertenencia a grupo criminal—, Hernández ha defendido que los investigadores se limitaron a aplicar el Código Penal. Según ha argumentado, este tipo delictivo concurre cuando actúan “más de dos personas concertadas”, por lo que, a su juicio, “encaja a la perfección”. Sin embargo, esa interpretación ha sido uno de los principales puntos de fricción con organizaciones como Menys Turisme, Més Vida, Alerta Solidària o el Sindicat de Llogateres, que consideran que la investigación supone una criminalización del activismo contra la turistificación y la crisis de acceso a la vivienda.

El general también ha restado excepcionalidad al despliegue policial y ha atribuido la repercusión del caso al debate público generado en torno a la turistificación. “No veo ningún tipo de desproporción, la considero adecuada”, ha reiterado, defendiendo que los registros domiciliarios respondían únicamente a la necesidad de intervenir la ropa presuntamente utilizada durante los ataques y asegurar pruebas para la investigación.

La Guardia Civil investigará las pintadas antisemitas

Durante su comparecencia, Hernández ha confirmado además que la Guardia Civil ha asumido la investigación sobre las pintadas de carácter antisemita aparecidas el pasado fin de semana en dos viviendas vinculadas al entorno familiar de las dos activistas. La denuncia fue presentada inicialmente ante la Policía Local de Santa Maria del Camí, que posteriormente remitió las diligencias a la Guardia Civil por tratarse del cuerpo competente.

Según el mando, los agentes iniciarán las pesquisas para tratar de identificar a los autores de las pintadas, que incluían estrellas de David, la palabra “judíos” y simbología nazi. “No sé dónde acabará la investigación. Cada investigación tiene unos derroteros distintos y sus tiempos”, ha señalado.

El que va començar amb unes pintades, diversos danys materials i panys inutilitzats en cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí (Mallorca) en protesta per la turistificació i l'encariment de l'habitatge a les Balears ha acabat convertint-se en una investigació per presumpta pertinença a grup criminal. L'operació policial, saldada amb la detenció de dues joves presumptament vinculades als fets, ha desencadenat un intens debat polític i social sobre la resposta de les forces de seguretat i els límits de la protesta: mentre els investigadors consideren que va existir una actuació “coordinada i premeditada”, col·lectius com 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncien una “criminalització” de l'activisme pel dret a l'habitatge.

Els investigadors situen els fets la nit del 31 de maig. No obstant això, no va ser fins al passat dimecres quan els agents van arrestar les dues joves. Una circumstància que ha generat un profund malestar entre els col·lectius que integren el moviment contra la turistificació, que consideren significatiu que els arrestos es produïssin tot just una setmana després que 'Menys Turisme, Més Vida' difongués un manual d'acció contra la turistificació. El document, que va despertar les crítiques immediates per part del sector polític i empresarial, proposa actuacions com la realització de pintades, el bloqueig de panys dels habitatges de lloguer turístic o el llançament de pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic, pràctiques que els seus promotors emmarquen en l' acció directa no violenta i en la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Guàrdia Civil per conèixer la seva valoració sobre les crítiques suscitades per la investigació i per l'actuació desenvolupada durant l'operatiu. No obstant això, fonts de l'Institut Armat han declinat fer declaracions al respecte i s'han limitat a assenyalar que els fets s'han tractat “com una denúncia més”.

Per la seva banda, el portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', assenyala, en declaracions a aquest mitjà, que l'operació policial no pot entendre's al marge del clima polític i mediàtic generat en les setmanes prèvies arran de la difusió del seu manual d'acció. Al seu entendre, la campanya de crítiques impulsada, segons afirma, per determinats partits polítics, mitjans i denunciants particulars ha facilitat a la Guàrdia Civil dur a terme una operació policial de tal envergadura. “Primer hi ha una criminalització pública i, després, això dona peu a una ofensiva que, des del meu punt de vista, es pot considerar repressió”, incideix.

Les detencions s'han produït, a més, en un dels moments de tensió més alta entre els qui denuncien els efectes de la turistificació i les administracions públiques. No en va, el pròxim 26 de juliol una manifestació a Palma sota el lema “No tenim por” (“No tenim por”), que pretén denunciar l'impacte del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la precarització laboral, la pressió sobre els recursos naturals i la pèrdua de qualitat de vida de la població resident.

L'atestat de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés aquest diari, sosté al llarg de les seves 116 pàgines que els atacs contra les cinc immobiliàries no van ser fets aïllats ni espontanis, sinó una actuació “coordinada i premeditada”. Sobre aquesta base, els investigadors atribueixen a les dues detingudes i a un tercer investigat no només un delicte continuat de danys i danys contra el patrimoni històric -una de les empreses està integrada en, sinó també pertinença a grup criminal, una qualificació que eleva considerablement la gravetat de la causa.

Una pancarta privada com a indici

L'informe policial es basa principalment en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, un fet que ha generat la crítica de les entitats socials davant els dubtes sobre si diverses d'elles, instal·lades a la façana d'una de les immobiliàries, gravava més espai públic del permès per la normativa de protecció de dades. A partir de l'anàlisi de les gravacions, la Benemèrita reconstrueix els desplaçaments de les persones investigades, identifica vehicles, roba i motxilles i, posteriorment, recorre a perfils públics a xarxes socials per intentar confirmar les seves identitats i les relacions existents entre elles.

Els agents també incorporen referències a la vida privada de les investigades, com el fet que en l'habitatge d'una d'elles pengés una pancarta amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir d'aquest element, l'atestat arriba a afirmar que aquest fet “confirmaria sense cap mena de dubtes l'activitat delictiva d'aquesta persona”.

L'Institut Armat dedica a més part del seu informe al manual d'acció directa difós per 'Menys Turisme, Més Vida'. Malgrat que el document va ser difós públicament més d'un mes després dels atacs, els agents consideren “com a mínim cridaner” que les recomanacions que conté -com ocultar el rostre, emprar pintura o inutilitzar panys amb silicona- coincideixin amb el modus operandi observat durant la investigació dels fets. Per a la Guàrdia Civil, aquesta similitud constitueix un indici rellevant dins la investigació.

'Menys Turisme, Més Vida': “Volen criminalitzar el moviment”

L'operació ha generat una intensa reacció entre organitzacions socials i col·lectius pel dret a l'habitatge. El portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol qüestiona la utilització de les imatges de videovigilància incorporades a la investigació i assenyala que, d'acord amb la informació jurídica de què disposa la plataforma, un particular només pot gravar la via pública en supòsits molt excepcionals. Si finalment s'acredités que alguna de les càmeres no complia la normativa, considera que resultaria “molt fort” que aquestes imatges haguessin servit com a prova. A parer seu, la difusió pública dels vídeos de les detencions perseguia “criminalitzar i posar la gent en contra” del moviment i constitueix un exemple del que qualifica d'una operació “política”.

Respecte al manual d'acció contra la turistificació difós per la plataforma, nega que aquest suposi una incitació a cometre actes vandàlics. Defensa que el document recull formes de protesta que “ja s'estan duent a terme” tant a Mallorca com en altres territoris i sosté que el moviment pretén legitimar una forma d'acció directa no violenta que, assevera, ha format part històricament de les lluites ecologistes i socials. “No ens hem inventat res ni estem agitant la societat per fer bogeries, sinó recollint accions que ja es fan”, argumenta.

Per la seva banda, Alerta Solidària i el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncien que les detencions busquen “desmobilitzar” el moviment i sostenen que s'utilitza el dret penal per reprimir la protesta contra la turistificació. L'entitat sindical acusa a més els “poders fàctics del capital”, en referència al sector immobiliari i turístic, d'actuar al costat dels aparells coercitius de l'Estat per mirar de diluir les protestes. El col·lectiu sosté que la resposta policial pretén generar por entre els qui denuncien la crisi d'accés a l'habitatge i assegura que continuarà donant suport a les mobilitzacions convocades contra la turistificació, l'encari ment de l'habitatge, l'expansió del lloguer vacacional i l'augment de la pressió turística, que han situat l'accés a un habitatge assequible en el centre del debat polític i social.

Mentrestant, la plataforma SOS Residents ha impulsat una campanya per distribuir i penjar a balcons i finestres pancartes amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” arran de la seva inclusió en l'atestat com un dels indicis contra una de les detingudes. El col·lectiu anima la ciutadania a “omplir balcons, finestres i carrers de pancartes per demostrar que defensar el dret a l'habitatge i denunciar les polítiques del Govern no és cap delicte”.

Compareixença de Grande-Marlaska

A les crítiques també s'ha sumat Més per Mallorca, que ha qüestionat l'operatiu policial i ha advertit del risc de convertir la protesta social en un problema d'ordre públic. La formació ecosobiranista considera que la resposta institucional està desplaçant el focus del debat sobre l'emergència habitacional i la massificació turística cap a la persecució de qui denuncia les seves conseqüències. El diputat de Sumar-Més al Congrés Vicenç Vidal ha reclamat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSIB a la presidència del Govern, Rosario Sánchez, perquè donin explicacions sobre l'actuació de la Guàrdia Civil. En un missatge publicat a X, Vidal es pregunta: “Per què defensen les empreses que destrossen la vida dels nostres ciutadans?”.

La formació ecosobiranista vol conèixer què va motivar l'operatiu policial, quins protocols es van seguir i si es van respectar els drets de les detingudes. A més, sosté que el debat transcendeix l'actuació policial i es qüestiona “per què l'Estat acaba protegint els interessos del capital especulatiu que alimenta la turistificació i destrossa la vida de la gent, mentre posa el focus sobre les persones que denuncien aquesta situació”.

El Govern balear, mentrestant, ha evitat aquest divendres pronunciar-se sobre l'actuació de la Guàrdia Civil i la detenció de les dues activistes al·legant que desconeix els detalls de la investigació, encara que ha expressat el seu “màxim respecte” per la tasca dels agents. La vicepresidenta segona de l'Executiu, Antònia Maria Estarellas (PP), sí que ha condemnat la “vandalització” de comerços i ha reclamat que la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol es desenvolupi de forma “pacífica”, alhora que ha advertit que “no es poden normalitzar accions contra comerços que estan duent a terme activitats lícites, reglades i normalitzades”.

El xoc amb el negoci immobiliari

Es dona la circumstància que una de les immobiliàries que va denunciar la vandalització de la seva façana es Engel & Völkers, una firma que, recentment, va presentar un informe en què defineix les Balears com un dels principals “refugis” immobiliaris d'Europa. “Les Illes Balears continuen consolidant-se com una de les destinacions més segures i atractives d'Europa tant per viure-hi com per invertir-hi”, sosté la companyia en aquest document, en què destaca l'atractiu de l'arxipèlag per a la inversió internacional. Un discurs que xoca frontalment amb el dels col·lectius contra la turistificació, que consideren precisament la creixent pressió del mercat immobiliari un dels principals factors que alimenten la crisi d'accés a l'habitatge.

La publicació de l'informe va arribar fins i tot a un dels plens del Parlament. Interpel·lada per l'oposició sobre si compartia el diagnòstic d'Engel & Völkers -empresa participada majoritàriament pel fons de capital de risc britànic Permira- com a “refugi” per a la inversió immobiliària, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), va evitar pronunciar-s'hi i va centrar la seva resposta en la defensa de la propietat privada. “La majoria dels propietaris no són senyors amb corbata, bancs i fons voltor, sinó petits propietaris, famílies, pensionistes i persones normals que són conscients de la situació”, va afirmar, alhora que va tornar a carregar contra l'ocupació il·legal i a reivindicar la necessitat de protegir els propietaris.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Engel & Völkers per recollir la seva versió sobre les crítiques formulades pels col·lectius que qüestionen la legalitat de les càmeres de videovigilància instal·lades a la façana de la seva oficina de Santa Maria, la seva utilització en la investigació dels actes vandàlics, si aquests dispositius disposen de la corresponent autorització municipal i si compleixen la normativa de protecció de dades i de videovigilància. Tanmateix, no havia obtingut cap resposta en el moment de la publicació d'aquest article.

Lo que comenzó con unas pintadas, diversos daños materiales y cerraduras inutilizadas en cinco inmobiliarias de Santa María del Camí (Mallorca) en protesta por la turistificación y el encarecimiento de la vivienda en Balears ha acabado convirtiéndose en una investigación por presunta pertenencia a grupo criminal. La operación policial, saldada con la detención de dos jóvenes presuntamente vinculadas a los hechos, ha desatado un intenso debate político y social sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta: mientras los investigadores consideran que existió una actuación “coordinada y premeditada”, colectivos como 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncian una “criminalización” del activismo por el derecho a la vivienda.

Los investigadores sitúan los hechos en la noche del 31 de mayo. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando los agentes arrestaron a las dos jóvenes. Una circunstancia que ha generado un profundo malestar entre los colectivos que integran el movimiento contra la turistificación, que consideran significativo que los arrestos se produjesen apenas una semana después de que 'Menys Turisme, Més Vida' difundiese un manual de acción contra la turistificación. El documento, que despertó las críticas inmediatas por parte del sector político y empresarial, propone actuaciones como la realización de pintadas, el bloqueo de cerraduras de viviendas de alquiler turístico o el lanzamiento de pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turístico, prácticas que sus promotores enmarcan en la acción directa no violenta y en la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para conocer su valoración sobre las críticas suscitadas por la investigación y por la actuación desarrollada durante el operativo. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado han declinado hacer declaraciones al respecto y se han limitado a señalar que los hechos se han tratado “como una denuncia más”.

Por su parte, el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', señala, en declaraciones a este medio, que la operación policial no puede entenderse al margen del clima político y mediático generado en las semanas previas a raíz de la difusión de su manual de acción. En su opinión, la campaña de críticas impulsada, según afirma, por determinados partidos políticos, medios y denunciantes particulares ha facilitado a la Guardia Civil llevar a cabo una operación policial de tal envergatura. “Primero hay una criminalización pública y, después, eso da pie a una ofensiva que, desde mi punto de vista, se puede considerar represión”, incide.

Las detenciones se han producido, además, en uno de los momentos de mayor tensión entre quienes denuncian los efectos de la turistificación y las administraciones públicas. No en vano, el próximo 26 de julio una manifestación en Palma bajo el lema “No tenim por” (“No tenemos miedo”), que pretende denunciar el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la precarización laboral, la presión sobre los recursos naturales y la pérdida de calidad de vida de la población residente.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, sostiene a lo largo de sus 116 páginas que los ataques contra las cinco inmobiliarias no fueron hechos aislados ni espontáneos, sino una actuación “coordinada y premeditada”. Sobre esa base, los investigadores atribuyen a las dos detenidas y a un tercer investigado no solo un delito continuado de daños y daños contra el patrimonio histórico -una de las empresas está integrada en , sino también pertenencia a grupo criminal, una calificación que eleva considerablemente la gravedad de la causa.

Una pancarta privada como indicio

El informe policial se apoya principalmente en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que ha generado la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos. A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruye los desplazamientos de las personas investigadas, identifica vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurre a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas.

Los agentes también incorporan referencias a la vida privada de las investigadas, como el hecho de que en la vivienda de una de ellas colgase una pancarta con el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir de este elemento, el atestado llega a afirmar que este hecho “confirmaría sin lugar a género de dudas la actividad delictiva de esta persona”.

El Instituto Armado dedica además parte de su informe al manual de acción directa difundido por 'Menys Turisme, Més Vida'. A pesar de que el documento fue difundido públicamente más de un mes después de los ataques, los agentes consideran “cuanto menos llamativo” que las recomendaciones que contiene -como ocultar el rostro, emplear pintura o inutilizar cerraduras con silicona- coincidan con el modus operandi observado durante la investigación de los hechos. Para la Guardia Civil, esa similitud constituye un indicio relevante dentro de la investigación.

'Menys Turisme, Més Vida': “Quieren criminalizar el movimiento”

La operación ha generado una intensa reacción entre organizaciones sociales y colectivos por el derecho a la vivienda. El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol cuestiona la utilización de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la investigación y señala que, de acuerdo a la información jurídica de la que dispone la plataforma, un particular solo puede grabar la vía pública en supuestos muy excepcionales. Si finalmente se acreditara que alguna de las cámaras no cumplía la normativa, considera que resultaría “muy fuerte” que esas imágenes hubieran servido como prueba. En su opinión, la difusión pública de los vídeos de las detenciones perseguía “criminalizar y poner a la gente en contra” del movimiento y constituye un ejemplo de lo que califica como una operación “política”.

Respecto al manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma, niega que éste suponga una incitación a cometer actos vandálicos. Defiende que el documento recoge formas de protesta que “ya se están llevando a cabo” tanto en Mallorca como en otros territorios y sostiene que el movimiento pretende legitimar una forma de acción directa no violenta que, asevera, ha formado parte históricamente de las luchas ecologistas y sociales. “No nos hemos inventado nada ni estamos agitando a la sociedad para hacer locuras, sino recogiendo acciones que ya se hacen”, argumenta.

Por su parte, Alerta Solidària y el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncian que las detenciones buscan “desmovilizar” al movimiento y sostienen que se está utilizando el derecho penal para reprimir la protesta contra la turistificación. La entidad sindical acusa además a los “poderes fácticos del capital”, en referencia al sector inmobiliario y turístico, de actuar junto a los aparatos coercitivos del Estado para tratar de diluir las protestas. El colectivo sostiene que la respuesta policial pretende generar miedo entre quienes denuncian la crisis de acceso a la vivienda y asegura que continuará apoyando las movilizaciones convocadas contra la turistificación, el encarecimiento de la vivienda, la expansión del alquiler vacacional y el aumento de la presión turística, que han situado el acceso a una vivienda asequible en el centro del debate político y social.

Mientras tanto, la plataforma SOS Residents ha impulsado una campaña para distribuir y colgar en balcones y ventanas pancartas con el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” a raíz de su inclusión en el atestado como uno de los indicios contra una de las detenidas. El colectivo anima a la ciudadanía a “llenar balcones, ventanas y calles de pancartas para demostrar que defender el derecho a la vivienda y denunciar las políticas del Govern no es ningún delito”.

Comparecencia de Grande-Marlaska

A las críticas también se ha sumado Més per Mallorca, que ha cuestionado el operativo policial y ha advertido del riesgo de convertir la protesta social en un problema de orden público. La formación ecosoberanista considera que la respuesta institucional está desplazando el foco del debate sobre la emergencia habitacional y la masificación turística hacia la persecución de quienes denuncian sus consecuencias. El diputado de Sumar-Més en el Congreso Vicenç Vidal ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, para que den explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil. En un mensaje publicado en X, Vidal se pregunta: “¿Por qué defienden a las empresas que destrozan la vida de nuestros ciudadanos?”.

La formación ecosoberanista quiere conocer qué motivó el operativo policial, qué protocolos se siguieron y si se respetaron los derechos de las detenidas. Además, sostiene que el debate trasciende la actuación policial y se cuestiona “por qué el Estado acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente, mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación”.

El Govern balear, mientras tanto, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la actuación de la Guardia Civil y la detención de las dos activistas al alegar que desconoce los detalles de la investigación, aunque ha expresado su “máximo respeto” por la labor de los agentes. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas (PP), sí ha condenado la “vandalización” de comercios y ha reclamado que la manifestación convocada para el próximo 26 de julio se desarrolle de forma “pacífica”, al tiempo que ha advertido de que “no se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”.

El choque con el negocio inmobiliario

Se da la circunstancia de que una de las inmobiliarias que denunció la vandalización de su fachada fue Engel & Völkers, una firma que, apenas unas semanas antes de los hechos, había presentado un informe en el que definía a Baleares como uno de los principales “refugios” inmobiliarios de Europa. “Las Islas Baleares siguen afianzándose como uno de los destinos más seguros y atractivos de Europa tanto para vivir como para invertir”, sostiene la compañía en ese documento, en el que destaca el atractivo del archipiélago para la inversión internacional. Un discurso que choca frontalmente con el de los colectivos antituristificación, que consideran precisamente la creciente presión del mercado inmobiliario uno de los principales factores que alimentan la crisis de acceso a la vivienda.

La publicación del informe llegó incluso a uno de los plenos del Parlament. Interpelada por la oposición sobre si compartía el diagnóstico de Engel & Völkers -empresa participada mayoritariamente por el fondo de capital de riesgo británico Permira- como un “refugio” para la inversión inmobiliaria, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), evitó pronunciarse al respecto y centró su respuesta en la defensa de la propiedad privada. “La mayoría de los propietarios no son señores encorbatados, bancos y fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas y personas normales que son conscientes de la situación”, afirmó, al tiempo que volvió a cargar contra la ocupación ilegal y a reivindicar la necesidad de proteger a los propietarios.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Engel & Völkers para recabar su versión sobre las críticas formuladas por los colectivos que cuestionan la legalidad de las cámaras de videovigilancia instaladas en la fachada de su oficina de Santa Maria, su utilización en la investigación de los actos vandálicos, si los dispositivos cuentan con la correspondiente autorización municipal y si cumplen con la normativa de protección de datos y videovigilancia, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este artículo.

“No somos trabajadores de usar y tirar. No somos un refuerzo estacional. No somos una campaña de verano, ni una campaña de Navidad, ni un escaparate comercial. Somos un servicio público de emergencias”. Así ha respondido el Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) a la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Manch, Mercedes Gómez, quien afirmó que la campaña de incendios es “como la campaña de verano de El Corte Inglés o el refuerzo que se realizan en la hostelería en los meses de verano para poder apoyar la atención al público”.

Lo dijo como respuesta a las reclamaciones de los sindicatos que este jueves se concentrarán Toledo para pedir que la campaña de extinción dure 122 días en lugar de los 103 actuales, estabilidad laboral para la plantilla interina y fija discontinua y el establecimiento de una bolsa de empleo durante todo el año.

“Nosotros no vendemos camisetas”

Hoy el sindicato SIBF ha mostrado “su más absoluta sorpresa por las declaraciones realizadas por la consejera para rebatir los argumentos de la movilización. ”Especialmente porque esta concentración no nace por casualidad ni del capricho“, sino que estas reivindicaciones vienen de largo.

Cree este sindicato que la comparación “no solo es desafortunada” sino “profundamente irrespetuosa hacia unos profesionales que arriesgan su vida para proteger la de los demás”.

“Los bomberos forestales no vendemos camisetas”, explican desde el SIBF. “No servimos mesas y no reforzamos una campaña comercial. Intervenimos en incendios forestales, rescates, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos y otras emergencias. Trabajamos en condiciones extremas, con temperaturas superiores a los 40 grados, poniendo en riesgo nuestra integridad física para proteger vidas humanas, viviendas, infraestructuras y el patrimonio natural de Castilla-La Mancha”, reivindica SIBF.

Y añaden que “querer comparar un servicio público esencial con una campaña comercial demuestra una preocupante falta de sensibilidad hacia un colectivo que lleva años sosteniendo el operativo con profesionalidad, sacrificio y, con una precariedad que la propia Administración sigue sin resolver”.

Una reunión solicitada el año pasado que no llega

Desde el año pasado, recuerda el sindicato, se lleva solicitando una reunión con la consejera “para trasladarle personalmente las reivindicaciones de los bomberos forestales y explicarle en persona, cuál es la realidad que vive el operativo de GEACAM”, la empresa pública que se ocupa de la gestión de los incendios forestales en Castilla-La Mancha.

El SIBF aclara que cuando exigen 122 días como un mínimo para el personal interino, “están denunciando una situación de precariedad inadmisible”. Ponen como ejemplo que este verano existen trabajadores contratados durante 70, 80 o 90 días y, con suerte, 120 o 122.

Creen que la actual “no es la forma de gestionar un servicio público de emergencias que protege a Castilla-La Mancha frente a unos incendios forestales cada vez más frecuentes y más prolongados” y reclaman que las bolsas de empleo permanezcan abiertas durante todo el año para cubrir bajas, vacaciones, permisos y compensaciones de jornada. “El dispositivo de emergencias no puede perder capacidad operativa precisamente cuando más se puede necesitar debido a temporalidades laborales”, argumentan los profesionales.

También critican que la consejera omita la principal reivindicación del SIBF: la integración del personal de GEACAM como personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. “No es un simple olvido”, porque creen que “la Junta evita mencionar porque supone abordar el verdadero debate sobre el modelo de gestión de un servicio público esencial” que pasa por que “ quienes desempeñan funciones permanentes, estructurales y esenciales para la protección de la ciudadanía y del patrimonio natural de Castilla-La Mancha deben formar parte de la Administración pública”.

Por último afirman desde este sindicato que la concentración prevista este jueves 16 de julio “no pretende abrir un conflicto; pretende abrir un diálogo que llevan más de un año solicitando sin éxito”.

“La consejera aún está a tiempo de escuchar a quienes cada día, con profesionalidad y compromiso, protegemos los montes y a la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Porque para hacerse una fotografía en un aniversario como el de los 20 años de GEACAM si tuvo tiempo; ahora le toca encontrar tiempo para escuchar a quienes hacen posible que ese servicio público exista”, zanjan.

Varios sindicatos con representación en Geacam, la empresa pública que realiza las labores de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla-La Mancha, se concentrarán este jueves, 16 de julio, en la plaza de Zocodover de Toledo para reclamar, entre otras cuestiones, que la campaña de extinción dure 122 días en lugar de los 103 actuales, estabilidad laboral para la plantilla interina y fija discontinua y el establecimiento de una bolsa de empleo durante todo el año.

Esos 103 días de campaña son “muy insuficientes” a juicio de CSIF, que hace unas semanas reclamó campañas que duren “al menos”, seis meses. “Las campañas de extinción deberían comenzar, como mínimo, el 1 de mayo y concluir el 31 de octubre y que estén siempre operativos todos los medios. Cada año estamos observando cómo se activan o se desactivan los medios con fechas ya determinadas a pesar de encontrarnos en niveles muy altos o extremos de incendios, lo que es una auténtica temeridad, ya que no todas las unidades ni siquiera llegan a estos 103 días de campaña”, explicaba entonces Ana Nares, bombera forestal técnica de formación y delegada de CSIF en Geacam.

Sobre esta concentración ha sido preguntada este martes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que ha asegurado “respetar” la concentración y que las reivindicaciones que se ponen encima de la mesa son reivindicaciones ya conocidas y que los sindicatos “ya piden en otras ocasiones”.

Según ha declarado, se trata de cuestiones que están analizándose en las mesas de negociación del convenio colectivo, que está ahora mismo negociándose con los sindicatos por parte de la empresa pública Geacam. Es en ese seno --ha manifestado Gómez--, y “con el respeto que merece la misma”, donde se deben de atender y revisar todas aquellas cuestiones que se estimen oportunas.

Sobre la duración de las campañas de extinción de incendios, la consejera ha asegurado que “tienen que durar lo que tengan que durar. No tiene que establecerse absolutamente ningún mes en concreto, ni un día concreto en el que tiene que empezar. Empezará cuando se necesite disponer de los equipos de extinción frente a los equipos de prevención”.

Gobierno regional: “No podemos hacer fijo al personal de refuerzo”

Ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con un Plan Infocam que funciona los 365 días del año, desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Un plan que, según ha comentado, prima, fundamentalmente, la prevención y “todos los equipos están trabajando en prevención hasta que se necesitan para extinción”.

Sí, ha continuado, existe todos los meses de verano un refuerzo, que aproximadamente se comprende entre las 150 y 300 personas. “No podemos definir tampoco el número de personas exactas en cada campaña, porque estas personas lo que hacen es reforzar algunos equipos que se han quedado sin suficiente personal” como consecuencias en muchas ocasiones por bajas que se producen.

“Evidentemente, ese personal de refuerzo no lo podemos hacer fijo en la empresa”, ha advertido la consejera, quien ha destacado que fijo en la empresa ya está el 97% de todos los efectivos de la empresa pública. “Lo que no podemos hacer es algo que es coyuntural en un momento determinado y no estructural hacerlo fijo”.

“Esto es como la campaña de verano de El Corte Inglés o el refuerzo que se realizan en la hostelería en los meses de verano para poder apoyar la atención al público”, ha añadido la consejera de Desarrollo Sostenible.

Dicho esto, la consejera ha recalcado que entiende que se quieran hacer mejoras en algunas cuestiones relacionadas con el convenio colectivo, “como no puede ser de otra manera”, pero “esto ya está en negociación en las mesas convocadas al efecto por parte de la empresa pública Geacam”. “Si hay mejoras que se tengan que atender, pues se atenderán”.

“Denunciam la violència de la destrucció del territori, de l'expulsió dels veïns, de no poder accedir a un habitatge, de veure com s'esgoten l'aigua i el sòl en benefici de les indústries turística i immobiliària, que viuen de fer negoci amb un patrimoni que és de tothom”. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha respost d'aquesta manera a la polèmica suscitada per la difusió d'un manual d'acció contra la turistificació que proposa actuacions com fer pintades, bloquejar panys d'habitatges de lloguer turístic amb silicona o llançar pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic.

En un comunicat, l'organització emmarca aquestes accions en una llarga tradició de mobilitzacions ecologistes i recorda com a precedents l'ocupació de sa Dragonera o les protestes contra projectes urbanístics a la costa mallorquina. “No ens hem inventat res”, subratllen, reivindicant l'acció directa i la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

Després de les crítiques rebudes per part del sector polític i empresarial -la Delegació del Govern espanyol adverteix que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat investigaran els fets que puguin ser constitutius d'infracció o delicte, mentre que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violència”-, l'entitat afirma que “la violència és executada des de dalt” i assegura que mai no ha defensat la violència física.

“No advocam per la violència; al contrari, la denunciam”, sosté, abans d'enumerar com a formes de violència la destrucció del territori, l'expulsió de veïns per l'augment del preu de l'habitatge, la impossibilitat d'accedir a un habitatge o la sobreexplotació dels recursos naturals. En aquest context, Menys Turisme defensa expressament una de les accions recollides en el manual en afirmar que “fer pintades o posar silicona als panys d'habitatges de lloguer turístic il·legal que incompleixen la llei no és violència”.

La plataforma considera que la controvèrsia generada respon a una voluntat de “tergiversar” el contingut del document i de “deslegitimar i dividir” el moviment contra la massificació turística. Segons explica, la publicació del manual pretén orientar accions de protesta que, sosté, ja s'estaven produint, fent-ho des dels paràmetres de “l'acció directa no violenta”, tal com consta expressament en el manual.

Els impulsors del text insisteixen, a més, que el document no està vinculat a la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol a Palma contra la massificació turística, tot i que sí que fan una crida a participar en aquesta mobilització, que arribarà després de la cadena humana celebrada el cap de setmana passat a Es Trenc i d'altres protestes desenvolupades durant els darrers mesos.

Menys Turisme sosté que la publicació del manual respon a la “nul·la actuació institucional” davant les conseqüències de la turistificació i assegura que, malgrat haver presentat propostes i haver reclamat diàleg, cap institució s'ha posat en contacte amb la plataforma després de fer públic el seu llistat de demandes.

La resposta arriba un dia després que la Delegació del Govern a les Balears advertís que les crides a causar danys en béns públics o privats “no poden compartir-se ni justificar-se”, tot i que va reconèixer la legitimitat del debat social sobre l'impacte del turisme en l'accés a l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat de l'arxipèlag.

La difusió del manual ha reobert el debat sobre els límits de la protesta en un moment de creixent contestació social al model turístic a les Balears. Els col·lectius convocants sostenen que l'augment continuat del preu de l'habitatge, l'expulsió de residents de nombrosos barris i la pressió sobre el territori justifiquen intensificar les mobilitzacions, mentre que les administracions insisteixen que qualsevol reivindicació s'ha de desenvolupar dins el marc legal i sense causar danys a persones o béns.

Denúncia per suposada pertinença a grup criminal

Per part seva, un bufet balear ha presentat una denúncia penal en un jutjat de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' i Arran, a les quals atribueix presumptes delictes de pertinença a grup criminal, coaccions agreujades, provocació als desordres públics i inducció als danys arran de la difusió del manual.

El despatx sol·licita a més la intervenció de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional per a investigar les recomanacions contingudes en el document sobre tècniques de contravigilancia, ocultació del rostre i ús de disfresses durant les accions de protesta. Segons el parer de la signatura, aquestes indicacions evidencien una planificació d'actuacions dirigides a intimidar a empresaris, immobiliàries i propietaris.

En l'escrit, recollit per Europa Press, el bufet sosté que les actuacions promogudes pel manual excedeixen l'exercici legítim del dret de manifestació i les equipés a “tàctiques coercitives típiques de la kale borroka de carrer”, en considerar que busquen acoquinar a empreses i particulars que desenvolupen una activitat econòmica lícita.

El despatx rebutja així mateix l'argument que l'emergència residencial tingui el seu origen en l'activitat turística. En el seu lloc, atribueix la reducció de l'oferta de lloguer residencial a la “extrema inseguretat jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesi que ja va defensar setmanes enrere amb la presentació en el Parlament d'una proposició legislativa per a endurir la resposta enfront d'aquest fenomen.

“Denunciamos la violencia de la destrucción del territorio, de la expulsión de los vecinos, de no poder acceder a una vivienda, de ver cómo se agotan el agua y el suelo en beneficio de las industrias turística e inmobiliaria, que viven de hacer negocio con un patrimonio que es de todos”. La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ha respondido de este modo a la polémica suscitada por la difusión de un manual de acción contra la turistificación que propone actuaciones como realizar pintadas, bloquear cerraduras de viviendas de alquiler turístico con silicona o lanzar pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turística.

En un comunicado, la organización enmarca estas acciones en una larga tradición de movilizaciones ecologistas y recuerda como precedentes la ocupación de sa Dragonera o las protestas contra proyectos urbanísticos en la costa mallorquina. “No nos hemos inventado nada”, subrayan, reivindicando la acción directa y la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

Tras las críticas recibidas por parte del sector político y empresarial -la Delegación del Gobierno advierte de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigarán los hechos que puedan ser constitutivos de infracción o delito, mientras que el Govern balear del PP considera que el manual “incita a la violencia”-, la entidad afirma que “la violencia” es ejecutada desde arriba“ y asegura que nunca ha defendido la violencia física.

“No abogamos por la violencia; al contrario, la denunciamos”, sostiene, antes de enumerar como formas de violencia la destrucción del territorio, la expulsión de vecinos por el aumento del precio de la vivienda, la imposibilidad de acceder a un hogar o la sobreexplotación de los recursos naturales. En ese contexto, Menys Turisme defiende expresamente una de las acciones recogidas en el manual al afirmar que “hacer pintadas o poner silicona en las cerraduras de viviendas de alquiler turístico ilegal que incumplen la ley no es violencia”.

La plataforma considera que la controversia generada responde a una voluntad de “tergiversar” el contenido del documento y de “deslegitimar y dividir” al movimiento contra la masificación turística. Según explica, la publicación del manual pretende orientar acciones de protesta que, sostiene, ya se estaban produciendo, haciéndolo desde parámetros de “acción directa no violenta”, tal como consta expresamente en el manual.

Los impulsores del texto insisten además en que el documento no está vinculado a la manifestación convocada para el próximo 26 de julio en Palma contra la masificación turística, aunque sí llaman a participar en esa movilización, que llegará después de la cadena humana celebrada el pasado fin de semana en Es Trenc y de otras protestas desarrolladas en los últimos meses.

Menys Turisme sostiene que la publicación del manual responde a la “nula actuación institucional” frente a las consecuencias de la turistificación y asegura que, pese a haber presentado propuestas y reclamado diálogo, ninguna institución se ha puesto en contacto con la plataforma tras hacer público su listado de demandas.

La respuesta llega un día después de que la Delegación del Gobierno en Balears advirtiera de que los llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados “no pueden compartirse ni justificarse”, aunque reconoció la legitimidad del debate social sobre el impacto del turismo en el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad del archipiélago.

La difusión del manual ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta en un momento de creciente contestación social al modelo turístico en Balears. Los colectivos convocantes sostienen que el aumento continuado del precio de la vivienda, la expulsión de residentes de numerosos barrios y la presión sobre el territorio justifican intensificar las movilizaciones, mientras las administraciones insisten en que cualquier reivindicación debe desarrollarse dentro del marco legal y sin causar daños a personas o bienes.

Denuncia por supuesta pertenencia a grupo criminal

Por su parte, un bufete balear ha presentado una denuncia penal en un juzgado de Palma contra 'Menys Turisme, Més Vida' y Arran, a las que atribuye presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones agravadas, provocación a los desórdenes públicos e inducción a los daños a raíz de la difusión del manual.

El despacho solicita además la intervención de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional para investigar las recomendaciones contenidas en el documento sobre técnicas de contravigilancia, ocultación del rostro y uso de disfraces durante las acciones de protesta. A juicio de la firma, estas indicaciones evidencian una planificación de actuaciones dirigidas a intimidar a empresarios, inmobiliarias y propietarios.

En el escrito, recogido por Europa Press, el bufete sostiene que las actuaciones promovidas por el manual exceden el ejercicio legítimo del derecho de manifestación y las equipara a “tácticas coercitivas típicas de la kale borroka callejera”, al considerar que buscan amedrentar a empresas y particulares que desarrollan una actividad económica lícita.

El despacho rechaza asimismo el argumento de que la emergencia habitacional tenga su origen en la actividad turística. En su lugar, atribuye la reducción de la oferta de alquiler residencial a la “extrema inseguridad jurídica” derivada de la inquiocupación, una tesis que ya defendió semanas atrás con la presentación en el Parlament de una proposición legislativa para endurecer la respuesta frente a este fenómeno.

Más de 300 personas se han manifestado en Toledo en una marcha que ha recorrido el trayecto entre la sede de la patronal de Castilla-La Mancha, CECAM, y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en defensa de “un convenio colectivo digno que recoja condiciones salariales decentes” y para exigir en Castilla-La Mancha que se abra una única mesa de negociación de un convenio de ámbito regional que favorezca las condiciones de trabajo y permita combatir la precariedad laboral.

En la región existen cinco convenios colectivos provinciales de limpieza de edificios y locales, cuya vigencia finaliza este año, y que afectan a más de 18.000 personas trabajadoras. De ellas más del 80% son mujeres y 3 de cada 4 con contratos a tiempoparcial.

“Basta ya de precariedad laboral”

“Convenio justo, salario digno”, “No somos invisibles, somos imprescindibles”, “Patronal escucha, la limpieza está en la lucha”, “Basta ya de precariedad laboral” o “Una sola mesa de negociación” son algunos de los eslóganes que han coreado los trabajadores y trabajadoras durante la movilización.

El responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat, Juan Carlos García, ha explicado que el objetivo es “trasladar a la patronal nuestro desacuerdo con las condiciones de trabajo que se están planteando” y, a la Consejería, “que se comprometa con el sector para que podamos abrir una mesa de convenio regional para intentar que las condiciones de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de la región sean homogéneas”.

La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero, ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha es el mayor cliente de las empresas de limpieza si bien ha lamentado que “cada vez destina menos dotación, lo que nos hace pensar que la administración está en modo ahorro en algo que no es un gasto sino una inversión como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Cabañero ha indicado que los empresarios están bloqueando las mesas de negociación con el tema del absentismo. “Lo que pretenden es empeorar la situación de las prestaciones cuando alguien cae enfermo. Pero no olvidemos una cosa: la gente trabajadora no se firma el parte de baja, lo firma un facultativo o facultativa”.

En cuanto a las principales reivindicaciones, el colectivo pide mejoras salariales acordes al coste de la vida, el mantenimiento de los derechos laborales y el reconocimiento profesional de un servicio esencial para el funcionamiento de centros sanitarios, educativos, administrativos e industriales.

Los responsables sindicales han explicado que estas trabajadoras están muy afectadas por la parcialidad y han denunciado la discriminación que sufren con respecto a los trabajadores del sector, teniendo ellas categorías profesionales de limpiadora y ellos de especialistas.

De cara a la negociación colectiva del año que viene en la región CCOO del Hábitat pretende que haya una única mesa para las cinco provincias donde se negocien las mismas condiciones de trabajo y que la administración se implique“ han señalado.

En este sentido, se ha registrado un escrito en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicitando su apoyo a este sector y que realice las gestiones convenientes con las distintas patronales para la apertura de una mesa de negociación de ámbito regional.

La asamblea en defensa del complejo universitario Flora Tristán, propiedad de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha trasladado este martes su protesta al Ayuntamiento de Sevilla para reclamar la implicación del alcalde en el mantenimiento de la residencia ubicada en las Tres Mil Viviendas.

El Consejo de Gobierno de la UPO acordó hace una semana mantener cerrado el inmueble hasta que se ejecuten las obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio, después de que el Consejo Social frenara la cesión de su gestión a la Fundación Gerón, la fórmula defendida por el Rectorado para acometer la rehabilitación del complejo y reabrir la residencia el próximo curso. Tras ese rechazo, la Universidad constituyó una comisión mixta para explorar nuevas vías de financiación, al sostener que carece de recursos para asumir unas obras cuya primera fase está valorada en 420.000 euros.

En ese contexto, representantes de la asamblea han acudido este martes al pleno extraordinario del Ayuntamiento para reclamar el apoyo de la corporación municipal. Tras protestar en el pleno y ser desalojados al grito de “la Flora no se cierra”, acusaron al Rectorado de plantear una “falsa dicotomía entre la privatización del complejo o su cierre” y reclamaron financiación pública que permita mantener abierto el proyecto el próximo curso, evitando así “dejar a centenares de estudiantes en la calle”.

Un “golpe” para el barrio y la salud mental de los residentes

Desde la asamblea alertan del impacto que la incertidumbre y la falta de respuestas están teniendo sobre el estudiantado. “Nos está costando ya la salud mental a muchísimos residentes”, asegura Amanda, representante de la asamblea y residente desde hace cuatro años en el complejo.

De acuerdo con su testimonio, el perfil mayoritario de quienes residen actualmente en la Flora Tristán son estudiantes en situación de vulnerabilidad o personas migrantes sin red de apoyo en la ciudad, que dependen de una residencia pública y de las becas de colaboración para poder continuar sus estudios. “Muchos solo tienen como recurso su sueldo y cobran unos 500 euros al mes; literalmente se están viendo en la calle”, afirma.

La Universidad Pablo de Olavide ha confirmado a SevillaelDiario.es que la comisión mixta ya ha celebrado una primera reunión y trabaja en una convocatoria de ayudas para facilitar un alojamiento alternativo a los estudiantes durante el próximo curso.

Más allá de “dejar sin vivienda a los residentes”, el cierre de la Flora Tristán “también supone dejar de prestar un servicio público al barrio”, en palabras de Amanda. Según ha explicado, decenas de proyectos sociales desarrollados junto a entidades del Polígono Sur dependen de la presencia de los estudiantes, por lo que el cierre supondría “un golpe para todo el barrio”, motivo por el que la protesta cuenta con el respaldo de la plataforma vecinal Barrios Hartos.

El informe técnico en tela de juicio

La asamblea critica que el Rectorado presente un escenario en el que solo caben dos opciones —privatizar la gestión o mantener cerrada la residencia— cuando, a su juicio, existen alternativas de financiación pública. “Para garantizar la apertura el próximo curso hacen falta 400.000 euros”, indica Amanda, que pide al Ayuntamiento implicarse en la financiación de unas actuaciones que, a su juicio, permitirían mantener abierta la residencia mientras se acomete la rehabilitación.

A ese respecto, miembros de la asamblea aseguran haber tenido acceso al informe técnico encargado por la Universidad sobre el estado del edificio y apuntan a que “no hay nada que imposibilite la apertura el próximo curso” ni que justifique el cierre total de la residencia.

Esa versión de los estudiantes contrasta con la del Rectorado, que defiende que el edificio presenta deficiencias estructurales que obligan a una intervención urgente y que impiden ofertar plazas hasta que se ejecuten las obras previstas. Según la UPO, las actuaciones están valoradas en 420.000 euros en una primera fase “imprescindible” para la reapertura, y entre tres y seis millones de euros para la rehabilitación integral.

En concreto, el rector de la UPO explicó que la institución ha trabajado con una auditoría técnica externa, así como con una pre-auditoría y diversos informes parciales elaborados desde abril de 2024. En el informe técnico final, sostiene la institución, se concluye que el edificio en el que se ubica la residencia presenta “deficiencias estructurales” y se detalla que de los 39 ítems analizados, ocho requieren una “intervención muy urgente” y 15 “aluden a riesgos mayores”. La asamblea reclama que el documento se haga público para que pueda ser analizado por la comunidad universitaria.

“Una nueva apuñalada al Polígono Sur”

La protesta de este martes ha contado con la participación de Barrios Hartos, que considera que el futuro de la Flora Tristán trasciende el ámbito universitario. Su portavoz, Juan García, ha defendido que la residencia constituye una herramienta de acceso a la universidad pública, de intervención comunitaria y de respuesta a la emergencia habitacional que vive la ciudad.

“Son 132 pisos que pueden alojar a más de 250 estudiantes o personas en situación de vulnerabilidad. Si se cierran por una inversión de 400.000 euros, estamos ante una nueva apuñalada al Polígono Sur”, ha señalado. A su juicio, la posible pérdida de la Flora Tristán se suma al deterioro de otros servicios públicos del barrio y profundiza en una situación de desigualdad que arrastra desde hace décadas. “El Polígono Sur es una zona donde hay que invertir más que en otro sitio de la ciudad porque allí viven chavales que necesitan un futuro”, ha manifestado García, quien ve en el cierre de la residencia un síntoma del “agravio continuo que viven todos los barrios obreros de Sevilla”.

Los representantes de la plataforma lamentan además la falta de implicación del Ayuntamiento. Tras acudir al Pleno municipal para reclamar apoyo institucional, reprochan al alcalde que considere el futuro de la residencia una cuestión exclusiva de la Universidad. “Podría implicarse como administración pública y aportar recursos para salvar un proyecto que presta un servicio esencial al barrio”, defienden.

Propuesta de cofinanciación Ayuntamiento-UPO

Coincidiendo con la protesta, el grupo municipal Con Podemos–Izquierda Unida ha registrado una propuesta en el debate sobre el estado de la ciudad para impulsar un “plan de rescate municipal” de la residencia Flora Tristán.

La iniciativa plantea la firma de un convenio de cofinanciación extraordinario entre el Ayuntamiento y la UPO, con “una partida económica de emergencia destinada de forma exclusiva a sufragar las obras de adecuación estructural y habitabilidad del edificio, garantizando así que pueda abrir sus puertas a la mayor brevedad posible”, según recoge la propuesta a la que ha tenido acceso este periódico.

Entretanto, la asamblea mantiene el encierro iniciado hace dos semanas y anuncia que continuará con las movilizaciones hasta que se garantice una solución que permita preservar el carácter público de la residencia y evitar que los estudiantes “se queden en la calle” el próximo curso.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) votará el próximo lunes la aprobación de un acuerdo para ceder la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. La propuesta figura como punto único del orden del día de un Consejo de Gobierno extraordinario convocado para el 22 de junio, según la notificación a la que ha tenido acceso este periódico.

La Flora Tristán es más que una residencia universitaria. Se trata de un proyecto social que, según sus trabajadores, funciona desde hace más de 20 años como eje vertebrador de los proyectos de intervención social en el Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más estigmatizados y empobrecidos de España. Actualmente acoge a unos 150 estudiantes que, además de residir en el complejo a precios asequibles, participan en iniciativas comunitarias, apoyando al tejido asociativo del barrio.

La propia Universidad ha informado este jueves, tras una información del diario Público, que el acuerdo que se prevé firmar con la Fundación Gerón permitirá acometer de forma inmediata las obras de carácter “urgente” que requiere el edificio; asegurar la apertura del complejo residencial durante el próximo curso 2026-2027 y mantener “los proyectos sociales que tienen como base el propio inmueble”, del que la UPO es propietaria.

Este anuncio llega después de varios días de movilizaciones por parte de residentes, trabajadores y colectivos vinculados a la Flora Tristán, que expresan su preocupación por lo que perciben como un “desmantelamiento” del proyecto. Ante la “incertidumbre” por la “falta de información” sobre su futuro, un grupo de estudiantes mantiene desde el lunes un encierro en protesta de lo que consideran “una privatización de un servicio público”, dado el valor social que encierra este “emblema” del Polígono Sur.

Incertidumbre a las puertas del verano

Diversos trabajadores y residentes consultados por este periódico coinciden en que la Flora Tristán arrastra desde hace años un “deterioro progresivo” tanto de las instalaciones como del proyecto comunitario que dio origen a la residencia. Entre las principales quejas señalan la reducción de las becas de colaboración —que, según explican, han pasado de 40 en 2015 a 17 durante el presente curso— y la “dejadez” en el mantenimiento del edificio, que ha ido acumulando deficiencias con el paso del tiempo.

Sin embargo, la preocupación se disparó a finales de mayo. Fue entonces cuando una residente acudió a consultar si, como venía siendo habitual, podría dejar sus pertenencias en la residencia durante el verano para regresar al inicio del siguiente curso académico. “Le dijeron que teníamos que desalojar todo porque el edificio iba a reformarse, fue la primera vez que escuchamos la palabra obra”, relata desde el interior de la Flora Tristán una de las estudiantes que participa en el encierro.

A partir de ese momento comenzaron a circular dudas sobre el futuro de la residencia y de las personas vinculadas al proyecto. La Flora Tristán alberga actualmente a unos 150 estudiantes y da soporte a varios puestos de trabajo, entre personal de la Fundación Universidad Pablo de Olavide (cinco en total) y trabajadores de empresas subcontratadas para tareas de limpieza, mantenimiento y conserjería (ocho puestos ocupados por vecinos del propio Polígono Sur).

“A estas alturas del curso no sabemos dónde vamos a vivir en septiembre”, lamenta la estudiante, señalando que “aquí viven personas en situación de vulnerabilidad, personas migrantes y personas que se ven en la calle de un día para otro”. Más allá de la incertidumbre sobre el alojamiento, quienes participan en las movilizaciones sostienen que está en juego un proyecto con un fuerte arraigo en el barrio. “Nos preocupa no solo qué va a pasar con quienes vivimos aquí, sino también con todo lo que representa la residencia para el barrio”, añaden desde la asamblea contra el cierre de la residencia.

Se refieren a la transformación que ha experimentado la zona desde que los estudiantes se instalaron en esta calle de Las Letanías, que antes de la Flora Tristán no tenía nombre. “Se están cargando el proyecto emblema de la UPO: el barrio tiene mucha vida gracias a la presencia de los estudiantes, si eso desaparece, la marginalización será aún mayor”, advierten.

“¿Con qué precios, bajo qué condiciones y qué proyecto social?”

Por su parte, la Universidad ha tratado de tranquilizar a la comunidad universitaria con un comunicado en el que reafirma el “compromiso de continuidad” de la residencia universitaria, garantizando el mantenimiento del número actual de plazas y de los puestos de trabajo asociados al complejo. El texto no detalla, sin embargo, aspectos clave del acuerdo, como su duración, las contraprestaciones económicas previstas, el modelo de gestión o el alcance concreto de la participación de la Fundación Gerón.

Desde la UPO defienden la necesidad del acuerdo apuntando a que el estado del edificio obliga a una actuación inmediata. “La situación actual del inmueble, que requiere una intervención urgente que proporcione las adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio, han motivado que la Universidad Pablo de Olavide se haya visto obligada a buscar entidades colaboradoras para asegurar la continuidad del proyecto”, señala la institución en un comunicado previo al de este jueves.

Días después ha confirmado que será la Fundación Gerón la que asuma el desembolso económico necesario para acometer la rehabilitación y, según apuntan desde la Universidad, garantizar la continuidad tanto de la residencia como de los proyectos que se desarrollan en ella. La UPO defiende además la elección de esta entidad por su “compromiso social”. En el comunicado la define como una fundación “nacida en el Polígono Sur en 1994” que gestiona proyectos “en zonas de exclusión social centrados en personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes en situación de vulnerabilidad”.

En la misma línea, el rector de la universidad, Francisco Oliva, explicó esta semana que la institución lleva meses buscando la colaboración de entidades sin ánimo de lucro capaces de integrarse en el proyecto y aportar los recursos necesarios para acometer las obras con carácter inmediato. Oliva atribuyó esta fórmula a las dificultades económicas que atraviesa al sistema universitario público: “La situación de profunda inestabilidad financiera que afecta a las universidades públicas andaluzas en general, y a la Universidad Pablo de Olavide en particular, hace difícil poder acometer las obras de acondicionamiento del edificio de manera integral e inmediata”, declaró el rector.

Las explicaciones ofrecidas hasta ahora no han disipado, sin embargo, las dudas de los residentes y trabajadores. Los colectivos movilizados critican la falta de transparencia en torno a las negociaciones y reclaman conocer con detalle las condiciones del acuerdo antes de que sea sometido a votación. “Puede que siga siendo una residencia, pero no sabemos con qué precios, bajo qué condiciones ni qué proyecto social habrá detrás”, cuestionan los estudiantes que participan en el encierro. “Nos dicen que todo va a continuar, pero todavía desconocemos qué garantías existen para preservar el modelo que ha definido a la Flora Tristán durante más de dos décadas”, añaden.

“Ni se cierra ni se privatiza, se defiende”

Tras conocerse la convocatoria del Consejo de Gobierno, los estudiantes acusaron al Rectorado de haber ocultado sus planes durante las últimas semanas. “Llevan días diciendo que no teníamos por qué preocuparnos, pero esto demuestra que teníamos razón desde el principio: quieren privatizar la residencia y nos lo han ocultado hasta el último minuto”, trasladan desde la asamblea.

Los residentes critican además que la decisión se haya adoptado sin participación de la comunidad vinculada al proyecto y cuestionan la idoneidad de la Fundación Gerón para asumir la gestión del complejo. “Se dedica especialmente a la gestión de residencia de personas mayores teniendo más de 15 en todo el país; además, las plazas son privadas y con precios abusivos (más de 2.000 euros mensuales por plaza) que no se alinean en absoluto con los valores de la Flora Tristán, al servicio de un barrio obrero y excluido como es el Polígono Sur”, advierten en un comunicado.

Ante esta situación, la asamblea ha convocado una nueva reunión y mantiene las movilizaciones para exigir la paralización del acuerdo. “La Flora Tristán no es solo nuestra casa, es un servicio público del Polígono Sur que están privatizando”, afirman. El colectivo hace así un llamamiento a la comunidad universitaria, a las entidades del barrio y al conjunto de la ciudadanía sevillana para sumarse a “la lucha contra la privatización de la Flora Tristán”.

“Las familias de la escuela pública de Toledo han dicho basta de forma unánime”, con esta contundente afirmación, y coincidiendo con el último día del curso escolar, cientos de familias de la ciudad han protagonizado desde las 8:40 horas de la mañana lo que califican de “histórica movilización simultánea” para reclamar la climatización en las aulas de los centros escolares.

Lo que comenzó hace una semana como una protesta impulsada por el AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas, que logró reunión en la primera convocatoria a 13 centros, se ha transformado hoy en un frente común absoluto: el 100% de las 16 AMPA de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Toledo, junto con el AMPA del Conservatorio Profesional de Música ‘Jacinto Guerrero’, se han unido en una misma reclamación.

Las puertas de los centros educativos de la capital regional se han convertido a primera hora de este miércoles en el escenario de concentraciones pacíficas. El objetivo de esta inédita alianza vecinal y educativa es exigir a las administraciones competentes “un proyecto de climatización real, con plazos, presupuesto y fechas de ejecución, que garantice de forma urgente los derechos y el bienestar de los menores frente a un cambio climático que ofrece veranos cada vez más largos y extremos”.

Aulas a más de 30 grados antes de junio

Familias y profesores de los distintos centros públicos de la ciudad llevan semanas realizando mediciones diarias en el interior de las clases y de los comedores escolares, constatando que el termómetro supera con frecuencia los 30ºC mucho antes de llegar el mes de junio.

Esta situación de “estrés térmico”, señalan, “no solo pone en riesgo la salud de los menores, sino que incumple la normativa vigente del Estatuto de los Trabajadores” que, según recuerdan, fija el límite máximo de temperatura para trabajos de oficina y docencia en los 27ºC.

Asimismo, aducen que la propia Asociación Española de Pediatría alerta de que el calor extremo afecta de forma directa al rendimiento y la salud en la infancia.

Desde la Junta Directiva del AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas califican la situación de “insostenible”. Ponen como ejemplo las graves deficiencias de su propio centro, donde el alumnado sufre temperaturas extremas al principio y final de curso (ya que el comedor está ubicado en un edificio de chapa sin aislamiento), mientras que en los meses de invierno sufren el problema inverso y se ven obligados a comer con el abrigo puesto.

Soluciones “irreales” y bloqueo de las administraciones

La comunidad escolar de Toledo tacha de “parches irreales e ineficaces” las soluciones planteadas por los representantes de las administraciones con responsabilidad en la gestión de los centros educativos.

Las familias recuerdan que abrir las ventanas para generar corriente no funciona en el ambiente seco de Toledo y que, debido al impacto del sol en las fachadas de edificios antiguos y mal aislados o sin voladizos que ofrezcan sombra, se ven obligados a mantener las persianas bajadas, impidiendo el uso de la luz natural.

Tampoco consideran viable concentrar el calendario escolar en los meses más fríos, ya que eso obligaría a los niños a pasar más tiempo en campamentos de verano que se realizan, precisamente, en las mismas instalaciones escolares de la ciudad.

Las AMPA denuncian que las distintas administraciones implicadas “se pasan la pelota” de unos a otros para eludir responsabilidades mientras nadie asume el problema de fondo.

Por ello, advierten que “esta unión histórica de familias no terminará con las vacaciones de verano” y que “si las administraciones no se sientan a trabajar de manera conjunta y presentan un plan real de manera inmediata, las movilizaciones se reanudarán con mayor intensidad al inicio del próximo curso en septiembre”.

Ayer, el consejero de Educación Amador Pastor aseguró que el Gobierno de Castilla-La Mancha está “comprometido” con la climatización de los centros educativos y tras reconocer que ha habido “reproches” por parte de diferentes administraciones respecto a las competencias en esta materia, recordó que las convocatorias de ayudas para la climatización, hasta tres, han tenido una “alta respuesta” por parte de más de 300 ayuntamientos de la región “que no han cuestionado ni las competencias ni las titularidades, simplemente han aprovechado esta disposición de fondos”.

La propia ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, recordó que el Gobierno de España ha puesto fondos para esta finalidad a disposición de las comunidades autónomas.

El alcalde de Toledo Carlos Velázquez se abría ayer a hablar con el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque volvió a poner la pelota de las competencias en el tejado de la Junta de Comunidades.

CCOO pide puntos de agua y zonas de sombra en los patios

Los sindicatos llevan meses reclamando actuar. En los últimos días, CCOO había anunciado su intención de recurrir a la Inspección de Trabajo para que se tomasen cartas en el asunto. De hecho el sindicato se ha sumado hoy a la protesta.

En concreto, junto a las AMPA y profesores, se ha concentrado hoy frente a los CEIP Rosa Park y Gómez Manrique de la capital regional. Este último, junto al CEIP Alfonso VI, son dos de los centros que se van a climatizar, explica CCOO, “pero no se va a realizar de forma suficiente”, porque en el caso del Gómez Manrique solo se van a climatizar algunas aulas.

CCOO pide también que las zonas comunes, como los patios, cuenten con puntos de agua y suficiente sombra. “Ahora mismo la situación es que los patios están desertizados y faltan puntos de agua, según trasladan las AMPA al sindicato”. Además, “los niños y niñas tienen que hacer sus clases de educación física y jugar en condiciones de seguridad”, afirma el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo, Bernardino Mendoza.

En el caso del CEIP Rosa Park, el más antiguo y numeroso en cuanto a alumnado del barrio del Polígono, “no cuenta con zona de sombra alguna en todo el centro escolar ni tampoco en la entrada del mismo donde el paseo principal no tiene ni un solo árbol, una muestra de la desidia y el abandono por parte del Ayuntamiento de Toledo”, denuncian los padres y madres y el secretario general de CCOO en esta provincia, Federico Pérez.

El sindicato también insiste en emplazar a la administración local y regional a adoptar “de forma urgente” las medidas necesarias para garantizar aulas seguras, saludables y climatizadas.

“CCOO está acompañando y apoyando, de verdad, a las AMPAS de Toledo y de Talavera de la Reina para exigir la climatización de los centros educativos”, afirma el sindicato, que recuerda que la situación no es nueva y se viene denunciando “desde hace años”.

La situación que soportan alumnos y profesionales de la enseñanza durante los periodos de altas temperaturas, especialmente en los meses finales del curso escolar, “afectan directamente al bienestar, la salud y el rendimiento de toda la comunidad educativa, convirtiendo esta situación en un problema estructural que requiere soluciones definitivas”, zanja.

El próximo 20 de junio a las 11:30 horas, la plaza de España de Alcázar de San Juan se convertirá en el epicentro de una nueva gran movilización social para defender el llamado Tren de la Mancha.

Bajo el lema 'Defendemos el progreso de nuestra tierra', la Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (PFCM), junto a la plataforma por la parada en Mora-Orgaz, han convocado esta manifestación para exigir infraestructuras ferroviarias que consideran vitales para el futuro de Castilla-La Mancha.

Antes, esta misma semana, mantendrán una reunión en la Consejería de Fomento con la directora general de Transportes y Movilidad de la Junta de Castilla-La Mancha, Lucía Balmaseda.

No es la primera movilización, y ahora la protesta arrecia, tras anunciar el ministro de Transportes, Óscar Puente, que la opción de su departamento pasa por un baipás en Montoro (Córdoba) alejando la opción por Alcázar de San Juan, en la futura línea del AVE Madrid-Jaén.

La movilización, dicen los convocantes, no solo busca una mejora puntual, sino un cambio estratégico en el mapa ferroviario del centro peninsular y en sus reivindicaciones detallan un hasta siete objetivos irrenunciables.

Por un lado la construcción del tramo Mora-Orgaz-Alcázar de San Juan, que incluiría una estación de viajeros para la comarca de Madridejos y Consuegra, estas dos últimas en la provincia de Toledo. El compromiso fue aprobado por el Ministerio de Fomento en el año 2008, ratificando así un convenio con la Junta de Castilla-La Mancha en 2001.

Por otro, paralizar el baipás ferroviario por Montoro, una obra que las plataformas consideran perjudicial para la línea tradicional, así como un nuevo acceso ferroviario por el sur a Toledo, conectando de forma más eficiente la capital regional.

También reclaman la recuperación de la parada del tren en Mora-Orgaz, el mantenimiento y mejora de todos los servicios en la línea completa Madrid-Alcázar-Jaén o la creación de una Plataforma Logística Intermodal en Alcázar de San Juan para potenciar el transporte de mercancías. En definitiva, “la vertebración definitiva de Castilla-La Mancha a través del ferrocarril”, señalan.

Reducción drástica de los tiempos de viaje

Uno de los argumentos centrales de la protesta es la ineficiencia de los tiempos actuales frente a lo que permitirían las mejoras solicitadas. Según los datos que manejan las plataformas, los trayectos podrían reducirse de forma significativa.

Por ejemplo, un viaje desde Alcázar de San Juan a Madrid-Atocha, que actualmente oscila entre 1hora y 18 minutos y 1hora y 36 minutos, podría completarse en tan solo 46 minutos con la nueva infraestructura.

En el caso de Jaén, el tiempo de viaje a la capital se reduciría de las casi cuatro horas actuales a menos de 3 horas (2 horas y 48 minutos).

Localidades como Valdepeñas o Manzanares también verían recortados sus tiempos en aproximadamente 40 minutos respecto a la situación actual.

Sin conexiones directas, “falta de oportunidades para los jóvenes”

Los organizadores enfatizan que esta no es solo una cuestión de transporte, sino de supervivencia económica y social. “Defendemos un transporte moderno, seguro y sostenible que sea un derecho ciudadano”, reza el manifiesto

La falta de conexiones directas y eficientes se señala como una de las causas principales de la pérdida de población y de “la falta de oportunidades para los jóvenes en la región”.

Además, la plataforma denuncia que la actual situación obliga a muchos ciudadanos de la zona a desplazarse por carretera hacia Madrid o Toledo, aumentando los costes y la huella de carbono, cuando la infraestructura ferroviaria debería ser la columna vertebral de la movilidad regional.

Un nexo logístico estratégico

La propuesta también pone el foco en la capacidad industrial de la zona. La creación de la Plataforma Logística Intermodal en Alcázar de San Juan se presenta como una oportunidad para convertir a la comarca en un nodo de conexión de mercancías a nivel nacional, aprovechando su ubicación privilegiada.

Las plataformas han hecho un llamamiento masivo a todos los vecinos de las comarcas afectadas —incluyendo Mora, Madridejos, Consuegra, Villacañas, Quero y Manzanares, entre otras— para que se sumen a la protesta y exijan “un tren que nos una y que traiga el progreso que nuestra tierra merece”

Bajo el lema ‘¡NO! Al modelo que nos expulsa’, una cada vez más amplia representación de movimientos sociales se prepara para recorrer Santander el próximo sábado 6 de junio. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por el colectivo ‘Cantabria No Se Vende’ (CNSV), que ya ejerció de motor en movilizaciones similares hace dos años, se ha transformado en una convocatoria amplia que invoca un cambio frente al actual modelo turístico y urbanístico de la comunidad. La cita, fijada a las 12:00 horas en la Plaza de las Estaciones, pretende ser un punto de inflexión frente a lo que las organizaciones convocantes califican como una “imposición que degrada la calidad de vida de quienes habitan el territorio”.

La movilización no es el esfuerzo de una única plataforma, sino que agrupa a una diversidad de sensibilidades “sin precedentes” y “apartidista”, sostienen desde CNSV. Desde sindicatos de enseñanza como el STEC hasta colectivos por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el recién fundado Sindicato de la Vivienda, pasando por organizaciones ecologistas como ARCA, Salvar Oyambre, Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion, o por los servicios públicos como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. El espectro social es amplio. Igulamente se sumarán a la marcha asociaciones vecinales como las de Pombo-Cañadío- El Ensanche en Santander y grupos juveniles de comarcas rurales como La Velorta (en Vega de Pas) o La Bardal (Cabuérniga); centros sociales como Smolny o colectivos LGTBI como Las Quimas y Alega.

El diagnóstico de todos ellos es compartido: Cantabria se enfrenta a una emergencia habitacional y social, con el desmantelamiento de la economía productiva y un plan de ordenación territorial (PROT) que sirve “más para destruir que para ordenar”, según los convocantes.

“Esta movilización surge como una crítica al modelo de desarrollo que se está imponiendo en Cantabria de manera general. Han pasado ya casi dos años desde la última marcha y percibimos que nada ha cambiado sino que más bien el gobierno regional está pisando el acelerador en la promoción de un modelo que prioriza el turismo masivo sobre las necesidades básicas de la población”, asegura Inés González, una de las portavoces de CNSV. “Las cosas van igual o a peor, con modificaciones en la ley de suelo que facilitan la construcción en suelo rústico y medidas que parecen empujar a los municipios a fomentar aún más las viviendas turísticas”, argumenta.

Los ejes de la protesta: vivienda, servicios y empleo

La convocatoria se articula en torno a varios pilares fundamentales. El más urgente es el de la vivienda. Los activistas exigen una ley que regule el precio del alquiler, una moratoria efectiva para los pisos turísticos y la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. Desde CNSV denuncian que: “Permitir el avance indiscriminado de los pisos turísticos en medio de una crisis de vivienda es como estar en una pandemia sanitaria y dedicar las camas de los hospitales a hoteles”.

En término similares se pronuncia Cristina Asenjo, del Sindicato de la Vivienda. “Vivir en Cantabria se está convirtiendo en algo inaccesible para el groso de la población: nos vemos afectadas por alquileres cada vez más altos y el desplazamiento de las vecinas de los barrios, así como de los negocios locales, en favor de la turistificación de los mismos”. El Sindicato denuncia la falta de “control administrativo sobre el número ni la legalidad de la mayoría de las viviendas turísticas que existen en Cantabria”.

Del mismo modo desde La Velorta, su presidenta Marina Sainz de la Maza explica a elDiario.es que se suman a la manifestación porque, “como juventud rural que quiere desarrollar su proyecto de vida en los pueblos”, creen que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal problema para permanecer en el territorio, incluso por encima del empleo”.

Sainz de la Maza insiste en que: “No puede ser que haya jóvenes con trabajo, cotizando y aportando a la sociedad, que no puedan acceder a una vivienda en sus propios pueblos”. Mientras, la vivienda se convierte “cada vez más en un negocio que permite obtener grandes beneficios sin generar riqueza ni arraigo en el territorio”, añade. “Sin vivienda no hay arraigo, no hay relevo generacional y no hay futuro para nuestros pueblos. Por eso estaremos en la calle junto a quienes defienden el derecho a vivir y construir un proyecto de vida digno en Cantabria”, concluyen desde este joven e inspirador colectivo de los Valles Pasiegos.

El Gobierno más agresivo en “especulación y desorden”

Por su parte, desde la asociación ecologista ARCA, Carlos García, recuerda que se trata de las mismas reivindicaciones sobre el modelo territorial que su organización ya defendió en 2021, 2022 y 2023. Ahora bien, consideran que “el Gobierno actual es el más agresivo en lo que respecta al modelo basado en la especulación, el turismo de masas y el desorden” si se tienen en cuenta, apunta García, “el desorden que impera aquí en comparación con las políticas de regiones vecinas como Asturias, Euskadi o Navarra en temas, por ejemplo, como la regulación del aparcamiento de autocaravanas”. El portavoz de ARCA lamenta, por tanto, que “este Goberino es el responsable de las mayores agresiones ambientales”.

Deterioro de los servicios públicos

El deterioro de los servicios públicos ocupa también un lugar central en la movilización del 6 de junio. Desde el ámbito educativo, el portavoz del sindicato STEC, Diegu San Gabriel, denuncia la bajada de inversiones “mientras se reducen impuestos a las rentas más altas, además de la falta de adaptación de las infraestructuras escolares al cambio climático”.

De forma paralela se suma la preocupación por la privatización encubierta en la sanidad. Itziar Salcedillu, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, señala que apoyan la convocatoria del próximo 6J porque “es evidente que hay que defender los servicios públicos en Cantabria, entre los que se encuentra la sanidad pública, gravemente amenazada por el abandono de la atención primaria y por la privatización”.

El “mantra” del turismo como modelo económico

El modelo económico también está bajo la lupa. Los movimientos sociales cuestionan el “mantra” del turismo como única fuente de riqueza y desde Cantabria No se Vende hacen especial hincapié en un plan estratégico que “recupere la industria agroalimentaria local y la reindustrialización de comarcas como las de Besaya y Campoo, castigadas por constantes expedientes de regulación de empleo (ERE)”. El objetivo, recalcan desde CNSV, es poner en el centro de las políticas a quienes “vivimos y trabajamos todo el año” en Cantabria.

Contra las “palabras vacías”: un decálogo de medidas concretas

Una de las novedades de esta convocatoria es la elaboración de un decálogo de medidas concretas que los colectivos presentarán públicamente al finalizar la marcha del 6 de junio. Esta iniciativa surge para evitar que la clase política “manipule” sus reivindicaciones con términos como “turismo sostenible”, que consideran vacíos de contenido real mientras el modelo actual siga expulsando a los vecinos de sus barrios y pueblos.

Estas propuestas, diseñadas para ser aplicables dentro del contexto competencial actual del Gobierno de Cantabria, buscan forzar un cambio de rumbo inmediato. La manifestación del 6J no busca solo expresar indignación, sino establecer una hoja de ruta política basada en un medio ambiente saludable, empleo digno (ni temporal ni precario) y un territorio ordenado.

El recorrido: de las estaciones al corazón de la ciudad

La organización ha diseñado un itinerario que pretende visibilizar la protesta por los puntos neurálgicos de Santander, facilitando la llegada de personas de toda la región gracias al punto de encuentro inicial en las estaciones y su tránsito por la zona del Cabildo. “El recorrido elegido tiene un carácter muy simbólico. Iniciar en las Estaciones representa un punto de encuentro clave y un eje de transporte fundamental para toda la región. Aunque no queremos centralizarlo todo en Santander, entendemos que es el punto de mayor accesibilidad para que acuda gente de toda Cantabria. Queremos recorrer la ciudad para que se nos vea en todas partes y reivindicar nuestro territorio”, señala González.

Itinerario de la marcha (12:00h): la manifestación partirá de la plaza de las Estaciones, para continuar por la rampa de Sotileza y subir por la Cuesta del Hospital. Desde allí, la convocatoria atravesará las calles Ruamenor y Ruamayor hasta desembocar en Isabel II. El recorrido proseguirá por la emblemática calle San Francisco hacia la plaza Porticada y la plaza del Príncipe. El tramo final discurrirá por Hernán Cortés, las calles del Martillo, Daoiz y Velarde, Lope de Vega y Peñaherbosa. Tras pasar por Casimiro Sainz, la marcha enfilará el paseo de Pereda para concluir con la lectura del manifiesto en el templete de los Jardines de Pereda.

Centenares de docentes y familias se han movilizado a las puertas de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha para reclamar medidas urgentes en los centros educativos tensionados de La Sagra, Ocaña y otros puntos de la región, según ha informado el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM)´.

Este jueves convocaba una concentración en Toledo, a las puertas de la Consejería de Educación que ha servido como colofón final de la campaña 'La Sagra Existe', la iniciativa que durante los últimos meses ha recorrido distintos centros educativos para denunciar la situación que atraviesa parte de la comunidad educativa.

Durante la movilización, los asistentes han reclamado una respuesta “urgente” por parte de la Administración regional ante la situación que viven numerosos centros educativos marcados por“ la masificación, la falta de recursos y las dificultades derivadas de la elevada diversidad existente en las aulas”.

Más de 20 concentraciones y el apoyo de AMPA y alumnado

La organización sindical ha realizado balance de la campaña 'La Sagra Existe', que ha incluido más de 20 concentraciones en centros educativos y la participación de más de 30 AMPAs, además del apoyo de la Asociación Estudiantil.

Desde STE-CLM han destacado que esta movilización supone “un punto de inflexión” en las reivindicaciones de la comunidad educativa de La Sagra y Ocaña, así como de otros centros tensionados de Castilla-La Mancha.

“El profesorado lleva mucho tiempo sosteniendo situaciones extremadamente complejas dentro de las aulas y creemos que ha llegado el momento de que la Administración escuche a la comunidad educativa”, han señalado desde el sindicato.

Asimismo, desde STE-CLM han insistido en la necesidad de que la Consejería de Educación impulse medidas extraordinarias específicas para los centros tensionados y ponga en marcha un censo que permita conocer la situación real de estos centros educativos.

Solicitud de reunión urgente con García-Page

Durante la concentración, STE-CLM ha reiterado su petición de mantener una reunión urgente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el consejero de Educación para trasladar las principales reivindicaciones de la comunidad educativa.

No podemos normalizar que haya centros educativos totalmente colapsados o situaciones en las que el profesorado tenga que afrontar aulas con una elevada diversidad sin los recursos necesarios

Según ha explicado la organización sindical, entre las principales preocupaciones trasladadas por docentes y familias durante estos meses de campaña se encuentran las ratios elevadas, la falta de recursos y la necesidad de reforzar la atención educativa en determinados centros.

“No podemos normalizar que haya centros educativos totalmente colapsados o situaciones en las que el profesorado tenga que afrontar aulas con una elevada diversidad sin los recursos necesarios”, han señalado desde el sindicato.

'La Sagra Existe 3.0', nueva fase de la campaña

El sindicato también ha avanzado que continuará desarrollando actuaciones reivindicativas durante el próximo curso y que ya trabaja en una nueva fase de la campaña bajo el nombre 'La Sagra Existe 3.0'.

Desde la organización sindical han reafirmado su compromiso con los centros tensionados y han asegurado que seguirán denunciando la situación de aquellos centros educativos que, según indican, continúan atravesando dificultades estructurales y organizativas.

La movilización ha concluido con un llamamiento a mantener la implicación de la comunidad educativa en futuras acciones reivindicativas.

Medio centenar de representantes de la Federación de Sindicatos Independientes de España (FSIE) se han concentrado este jueves en la plaza de Zocodover, en Toledo, bajo el lema 'Mismo trabajo, mismas condiciones“, para reclamar igualdad laboral para los profesionales de la enseñanza concertada.

El sindicato denuncia que el actual proyecto de ley que prepara el Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación que dirige la toledana Milagros Tolón, “vuelve a excluir” a la enseñanza concertada de la reducción de carga lectiva prevista para la enseñanza pública y sostiene que se mantiene “una situación de desigualdad injustificable entre trabajadores que prestan el mismo servicio público educativo”.

Así lo ha explicado Jaime Romero, secretario autonómico de FSIE en la comunidad autónoma en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado mes de abril el anteproyecto de ley para reducir tanto ratios como horas lectivas. “Creemos que tenemos que estar incluidos porque se afectaría a la calidad educativa de los centros porque la reducción de la carga lectiva a 23 horas en Educación Primaria y a 18 horas en Educación Secundaria no se hace extensiva a la concertada”.

Por otro lado, detalla, “pedimos una financiación justa para la educación concertada. Es algo que revierte también en el PAS, el personal de administración y servicios, en las condiciones en las que están trabajando”.

En Castilla-La Mancha unas 5.000 personas trabajan en los colegios concertados, en los que están matriculados unos 50.000 alumnos y alumnas.

La concentración de Toledo forma parte de la campaña nacional de movilizaciones impulsada por FSIE “en defensa de la dignidad profesional, la igualdad y la calidad” y apremia porque, según explica el sindicato, la previsión inicial es que la ley entre en vigor en el próximo curso escolar.

Jaime Romero explica que el sindicato ha mantenido conversaciones con la Consejería de Educación en la comunidad. “Hay buena sintonía. Nos han dicho que esperemos a ver lo que ocurre a nivel nacional, pero tenemos las puertas abiertas y estamos negociando con ellos”.

Mientras, las movilizaciones seguirán en el ámbito nacional durante todos los viernes del mes de junio.