Ya conocen lo del dominó: se alinean las fichas en posición vertical, se derriba la primera y, una tras otra, las demás van cayendo. La “teoría del dominó” fue uno de los ejes de la estrategia de Estados Unidos durante la guerra fría contra la Unión Soviética: había que impedir que los países recién descolonizados adoptaran, uno tras otro, un régimen comunista o socialista. Lo mismo valía para el “patio trasero” latinoamericano.

En Washington nunca han dejado de creer en el dominó, o en el contagio. Terminada la guerra fría, los ideólogos de George W. Bush creyeron (petróleo al margen) que la invasión de Irak permitiría democratizar el país y que, uno tras otro, los países de Oriente Próximo entrarían en una órbita liberal. La idea resultó en desastre y desembocó, indirectamente, en el fracaso de las “primaveras árabes”, en la hegemonía regional de un Israel cada día menos liberal y en una campaña genocida contra los palestinos.

La administración de Donald Trump (ignoro si él es aún capaz de pensar) ha recuperado la “teoría del dominó” para Latinoamérica y muy especialmente para Centroamérica. Y esta vez con éxito.

Nayib Bukele, alcalde izquierdista de una pequeña localidad salvadoreña, concurrió en 2018 a las elecciones presidenciales con una sola promesa: acabar con el poder de las maras, unas pandillas criminales de prácticas mafiosas y violencia extrema.

Bukele lo consiguió, prescindiendo de cualquier reparo relacionado con los derechos humanos. En El Salvador hay megacárceles, torturas y “desaparecidos”, la prensa libre apenas puede existir (más de 50 periodistas exiliados) y Bukele, que ahora se plantea prolongar su presidencia por diez años más, ha ido acumulando poderes dictatoriales.

En el libro “Bukele, el rey desnudo”, Óscar Martínez (uno de los mejores periodistas del continente, junto a su hermano Carlos, ambos de “El Faro”, ambos en el exilio) analiza cómo El Salvador se ha convertido en una dictadura. Una dictadura, de momento, muy popular.

Bukele fue la primera ficha del dominó. Las otras van cayendo. Hace unos días, el trumpista Nasry Asfura fue investido como presidente de Honduras. Asfura ganó de forma dudosa las elecciones celebradas en noviembre, en vísperas de las cuales Trump anunció el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años por narcotráfico.

Guatemala se encuentra desde hace unos días bajo Estado de sitio, por decisión del presidente Bernardo Arévalo. El objetivo de Arévalo (que hasta la fecha no ha hecho alardes de trumpismo) es, cómo no, disponer de poderes especiales para combatir a las maras, en especial la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Acabar con la violencia y las exacciones mafiosas fue la principal de sus promesas electorales.

Y hoy domingo se vota en Costa Rica, tradicionalmente el país más estable de Centroamérica. El actual presidente, Rodrigo Chaves, ha ido acercándose al “modelo Bukele” y al trumpismo y ahora busca la reelección para obtener “un poder absoluto” que le permita atajar, por cualquier vía, la creciente violencia que sufre el país.

Falta por caer del todo la ficha panameña. Pero la administración de Trump tiene gran interés en controlar el canal.

La pobreza, la violencia y el narcotráfico han volcado Centroamérica del lado de los regímenes represivos. Cada día hay más cárceles y más pobreza encerrada, cada día hay más emigración hacia el norte. El narcotráfico, evidentemente, permanece libre.

Este miércoles, en nuestro encuentro anual de periodismo iberoamericano, al siempre brillante Carlos Fernando Chamorro, el director del Confidencial de Nicaragua, le costaba encontrar alguna señal esperanzadora. Para su país, para la región, para el periodismo. El acoso del régimen de Daniel Ortega solo ha ido a peor igual que lo que están viviendo esta década los informadores en El Salvador, Guatemala e incluso Costa Rica. Es difícil identificar otra región donde el deterioro de las libertades -también la de expresión y prensa- haya ido tan rápido. 

Contestando a una pregunta de nuestro director, Chamorro reconoció la frustración más allá de las dificultades de su trabajo desde el exilio. “Lo que nosotros estamos reportando no produce ningún cambio en Nicaragua”, contó. “Yo puedo investigar una historia de corrupción y publicarla -y las hemos publicado-, eso no cambia nada”. 

La sensación de que por muy bien que hagas tu trabajo periodístico para revelar la corrupción o los abusos del poder eso no llega a la ciudadanía -o, si llega, no te cree o no le importa- es algo muy habitual para los periodistas ahora incluso en democracias. La elección y reelección de Donald Trump es uno de los ejemplos más descarnados que evidencian el papel reducido incluso del mejor y más cuidadoso periodismo en una democracia.

Pero Chamorro también recordó por qué incluso en los peores escenarios imaginables la tarea sigue siendo importante: “Estamos de alguna manera sembrando verdad”, dijo. Sus publicaciones tal vez no muevan a la opinión pública o no cambien un régimen atornillado a los resortes del poder, pero el periodista cree que su trabajo será un día parte de procesos de justicia internacional en Nicaragua. Ya ve cómo sus investigaciones y las de otros medios son parte de los informes de comisiones independientes de derechos humanos y de paneles de expertos de Naciones Unidas. 

Documentar lo que pasa y preservarlo es más importante que nunca en este mundo efímero, ahogado por la cantidad de información irrelevante y las manipulaciones interesadas. Hacerlo en los regímenes más crueles es la única herramienta que queda contra la impunidad al menos de la historia.

Desde la privilegiada España, la labor de tantos periodistas en Centroamérica es difícil de comprender en su dimensión y desgaste personal cuando todo parece solo ir a peor. El miércoles, en el cómodo auditorio de Casa de América en Madrid, daba un escalofrío mencionar al decano Chepe Zamora, símbolo de la lucha por la libertad de prensa y todavía encarcelado en Guatemala. Parece poco consuelo frente a tanto dolor, pero tal vez sembrar verdades es la única vía que queda ahora. Ojalá den frutos más pronto que tarde.

Los candidatos de la derecha hondureña, Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasrrala, del Partido Liberal, lideran el recuento de votos en las elecciones presidenciales de este domingo, mientras que la candidata de la izquierda, Rixi Moncada —del oficialista partido Libre—, se ubica en una alejada tercera posición.

El Centro Nacional Electoral (CNE) publicó los primeros resultados oficiales cerca de las 23.00 horas locales (las 06.00 horas del lunes en España), con el 34,25% de las actas escrutadas, y situaba a Asfura en cabeza, con el 40,62%, seguido de Nasrrala, con el 38,78%. Más alejada aparecía Moncada, del Partido Libre, con el 19,60%.

A medida que avanza el recuento la diferencia entre conservadores y liberales se ha reducido a escasos 4.000 votos. Con el 55,87% de las actas escrutadas, Asfura lideraba con un 40% y 735.000 votos, frente al 39,8% y 731.000 sufragios de Nasrrala.

Estas elecciones, que se han desarrollado sin incidentes significativos, se han celebrado en un contexto de creciente polarización, acusaciones cruzadas de fraude electoral y la irrupción de Donald Trump. El mandatario estadounidense instó a votar por el aspirante del conservador Nasry Asfura, advirtiendo contra lo que llamó el “avance del comunismo” y señalando que, si Asfura no triunfa, “Estados Unidos no malgastará su dinero”.

Causas detrás de la debacle de Libre

El resultado fue recibido con euforia en los búnkeres electorales de conservadores y liberales y con escepticismo entre las filas de Libre. “Agradecida con el Partido LIBRE y nuestro pueblo, que masivamente salió a votar por mi propuesta de reforma económica y democrática. Mañana en conferencia de prensa, informaré mi posición en relación con los resultados que publica el CNE”, aseguró en un escueto mensaje en la red social X la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspiraba a dar continuidad a cuatro años de gobierno de la progresista de Xiomara Castro.

De confirmarse, el resultado electoral enterraría la aspiración de la izquierda hondureña de revalidarse en el poder tras “más de un siglo de bipartidismo y doce años de dictadura”. El gobierno de Xiomara Castro, primera mujer presidenta del país, ha logrado un crecimiento económico sostenido y reducir la tasa de pobreza a niveles prepandemia, pero la inseguridad —aunque ha disminuido ligeramente— y las acusaciones de nepotismo han pesado entre los hondureños.

Además, la polarizante campaña que situaba a Libre —partido que se autodefine como de “socialismo democrático”— como responsable de arrastrar al país hacia el supuesto “narco-comunismo” venezolano, sumada a las advertencias de Donald Trump, podrían haber “activado el voto del miedo”, según fuentes de la formación consultadas por elDiario.es. En un país donde las remesas enviadas desde Estados Unidos representan alrededor de una cuarta parte del PIB, esos mensajes encontraron terreno fértil.

“Hemos perdido la batalla mediática”, resumía un dirigente de nivel medio del partido en declaraciones a elDiario.es. “Tanto las cadenas privadas como los principales periódicos y muchos influencers llevan años construyendo una narrativa en nuestra contra”. Añadió que “la Iglesia evangélica y la católica también se volcaron contra nuestro Gobierno”, en un país donde una amplísima mayoría de la población se identifica como cristiana.

Manuel “Mel” Zelaya, expresidente liberal hondureño que creó el partido Libre tras sufrir un golpe de Estado en 2009, evitó pronunciarse sobre los resultados y llamó a sus seguidores a velar por el resultado. “La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones de nuestra candidata Rixi Moncada, es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer”, publicó en X.

Cautela entre los que encabezan el recuento

El entorno del Partido Nacional aseguró que Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y empresario de la construcción, no se pronunciaría hasta que el escrutinio avanzase más. No obstante, desde la formación conservadora se mostraron confiados en la victoria y reiteraron su agradecimiento a los presidentes estadounidense, Donald Trump, y argentino, Javier Milei, por su respaldo público.

A su vez, el candidato liberal, el excéntrico presentador de televisión Salvador Nasrrala, aseguró que la diferencia que le separa de la presidencia no es relevante. “23.000 votos es prácticamente nada” aseguró tras sostener que la mayoría de las actas por escrutar favorecerán a su candidatura. “Nosotros nos vamos a declarar ganadores en el momento en el que el CNE empiece a dar una tendencia a nuestro favor mañana primero de diciembre” dijo. Con más del 50% del voto escrutado, efectivamente se redujo a tan solo 4.000 puntos.

En declaraciones a la prensa tras conocerse el primer avance, Nasrrala aseguró que le están “llamando varios inversionistas extranjeros” con el objetivo de instalarse en Honduras tras su triunfo. Además, aseguró que todos los militantes de su partido que han acompañado el escrutinio serán “recompensados” con “oportunidades laborales” si llega al gobierno.

Además, Nasrrala aseguró que, de llegar al gobierno, “la relación con EEUU y con Taiwán va a ser muy buena”, una declaración significativa teniendo en cuenta que el Ejecutivo de Xiomara Castro rompió relaciones con Taipéi y reconoció a la República Popular China en 2022. También afirmó que rompería relaciones diplomáticas con Venezuela en caso de que Nicolás Maduro permaneciera en el poder.

Polarización y desconfianza

Tanto Nasralla como Asfura —candidatos de los partidos del bipartidismo hondureño, que se han alternado en el poder en el país durante más de un siglo— califican al gobernante Libre de “comunista” y de buscar subordinar al país a la “narcodictadura venezolana”. Moncada, en cambio, ha señalado a sus rivales de actuar como “marionetas de la oligarquía” y ha prometido que, frente al modelo “de la minoría”, impulsará un gobierno “socialista democrático” destinado a “democratizar la economía”.

Las dudas sobre la integridad del recuento de votos se intensificaron en la recta final de las elecciones. El CNE demoró la divulgación de los resultados preliminares en más de dos horas y ha anunciado que no realizará más actualizaciones durante la noche madrugada de este lunes. Los tres principales candidatos expresaron su malestar por el retraso y exigieron explicaciones a las autoridades.

La desconfianza del ente electoral había aumentado desde finales de octubre, cuando circularon cerca de dos decenas de audios que involucrarían a una representante del Partido Nacional ante el CNE, a un diputado de esa misma formación y a un militar en activo en un presunto plan para manipular los resultados. Pese a todo, la jornada electoral se ha desarrollado sin incidentes significativos, aunque con un fuerte despliegue militar.

Honduras acude este domingo a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes en un proceso de alto voltaje, marcado por acusaciones mutuas de fraude, profunda polarización y la intervención del presidente estadounidense Donald J. Trump, quien instó a votar por el aspirante del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, advirtiendo contra lo que llamó el “avance del comunismo” y señalando que, si Asfura no triunfa, “Estados Unidos no malgastará su dinero”.

Además de Asfura —exalcalde de Tegucigalpa por el Partido Nacional— compiten por la Presidencia la candidata izquierdista Rixi Moncada, postulada por el partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), y Salvador Nasralla, un excéntrico presentador de televisión, cuatro veces candidato presidencial, que concurre en esta cita de la mano del centenario Partido Liberal de Honduras (PLH).

Las encuestas publicadas recientemente muestran un panorama incierto: algunos estudios indican un posible empate técnico entre los tres candidatos principales, mientras otros les otorgan ventajas inconsistentes entre sí. Todos los partidos —Nacional, Libre y Liberal— aseguran estar confiados en una victoria y han desplegado campañas intensas en un contexto altamente polarizado.

Tanto Nasralla como Asfura —candidatos de los partidos del bipartidismo hondureño, que se han alternado en el poder en el país durante más de un siglo— califican al gobernante Libre de “comunista” y de querer subordinar al país a la “narcodictadura venezolana”. Moncada, por su parte, ha acusado a sus contendientes de ser “marionetas de la oligarquía” y ha prometido que frente al modelo de “la minoría” aplicará un gobierno “socialista democrático” que “democratizará la economía”.

Acusaciones de fraude electoral

Las elecciones llegan en medio de denuncias cruzadas sobre un presunto fraude electoral. A finales de octubre se difundieron cerca de dos decenas de audios que, según las autoridades, involucran a una consejera del Partido Nacional ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado de esa formación y un militar en activo en lo que sería un plan para manipular los resultados.

El fiscal general, Johel Zelaya, afirmó que se trataría de una “asociación ilícita para alterar la voluntad popular, buscando imponer un resultado en la elección presidencial”. En consecuencia, el Ministerio Público de Honduras (MP) abrió una investigación aún en curso, que el partido gobernante Libre interpreta como evidencia de lo que califica como “planes golpistas de la oposición”.

En su pronunciamiento ante la prensa, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, denunció un “plan de fraude electoral” emanado desde el CNE, y anunció que su partido adoptaría una “movilización permanente” como respuesta. “A Libre nadie le va a robar las elecciones”, sostuvo, y anunció que la formación realizará un conteo propio de los votos a partir de las actas físicas para garantizar la transparencia del sufragio.

Por su parte, la oposición del Partido Nacional rechazó la autenticidad de los audios y pidió que sean analizados en Estados Unidos. Tomás Zambrano, jefe de su bancada, calificó las grabaciones como “falsas, alteradas y manipuladas”. Además, el partido conservador emitió un comunicado declarando una “alerta permanente (y) alerta electoral democrática nacional”, advirtiendo de lo que califican como “maniobras” del oficialismo para desestabilizar las instituciones.

Fuentes vinculadas a los tres partidos con posibilidades electorales coinciden en que existe la posibilidad de que alguno declare su victoria antes de conocer los resultados oficiales, independientemente del conteo real. La desconfianza hacia el órgano electoral —alimentada por denuncias previas de irregularidades—, sumada al intenso despliegue militante que se observa en todo el país, alimenta el temor de que la noche del domingo pueda desencadenar un escenario de inestabilidad.

Las acusaciones de fraude y un posible golpe de Estado vuelven a agitar la memoria reciente del pueblo hondureño. En 2009, el país vivió un golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, derrocado antes de una consulta popular que proponía una Asamblea Constituyente. Durante los comicios de 2013 y 2017, también se denunciaron irregularidades como compra de votos, manipulación de actas y represión, bajo un clima de desconfianza que comprometió la credibilidad del proceso.

Donald Trump irrumpe en las elecciones

El proceso electoral hondureño saltó a primera plana internacional tras el doble llamamiento del presidente estadounidense, Donald Trump, para votar por el candidato del Partido Nacional. “¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional” escribió este miércoles en su red social Truth Social.

“Normalmente, los hondureños inteligentes la rechazarían y elegirían a Tito Asfura, pero los comunistas están tratando de engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla. Nasralla no es amigo de la libertad”, aseguró entonces el mandatario estadounidense.

La primera reacción de Trump sacudió el tablero político hondureño — pero no fue la única. En una nueva publicación este viernes, el expresidente estadounidense aseguró que “si no gana [Nasry Asfura], Estados Unidos no estará tirando buen dinero tras malo”, condicionando así la futura cooperación financiera con Honduras al resultado electoral. Además, Trump anunció su intención de indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos por narcotráfico— en caso de victoria del candidato conservador, lo que ha polarizado aún más al electorado hondureño.

El candidato liberal Salvador Nasralla, que durante la campaña electoral viajó varias veces a EEUU en busca de apoyos políticos, reaccionó al inesperado respaldo de Donald Trump a Nasry Asfura, atribuyéndolo a una “campaña de desinformación” impulsada por sus adversarios. Y aseguró que de llegar a ser presidente será un “fiel aliado” de la Casa Blanca. “Cuando este domingo sea electo por mi pueblo, podrá encontrar en mí a un aliado de las libertades en Iberoamérica. Insto a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada que vive nuestro país. ¡Vivan los valores tradicionales!” escribió en su cuenta de X (antes de Twitter) el presidenciable liberal.

Por su parte, Libre calificó lo ocurrido de “injerencia insoportable”. Tras el anuncio del respaldo del expresidente Donald J. Trump a Nasry Asfura —y su promesa de indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández—, dirigentes de Libre calificaron lo sucedido como una “injerencia insoportable” en la soberanía electoral de Honduras. Además, denunciaron la “ironía” de que quien declara combatir el narcotráfico se presente ahora como defensor de un condenado por narcotráfico.

Previo al pronunciamiento de Trump, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Estados Unidos ya habían expresado su alarma por lo que consideran un contexto de riesgo para la transparencia electoral en Honduras. La Secretaría General de la OEA subrayó la necesidad de que los órganos electorales mantengan su independencia institucional y advirtió que las disputas internas en el CNE no deben degenerar en una “parálisis institucional”.

A su vez, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, declaró el 12 de noviembre que Washington respondería “con rapidez y firmeza” ante cualquier intento de perturbar el proceso electoral y exhortó a todas las autoridades competentes —electorales y militares— a respetar escrupulosamente la ley y la Constitución hondureña.

La violencia marca la campaña electoral

Por primera vez en la historia reciente de Honduras, los ciudadanos acudirán a las urnas bajo un Estado de excepción —en vigor desde 2022 y prorrogado en varias ocasiones— instaurado por el gobierno de Libre con el argumento de “reducir la criminalidad”.

La campaña ha transcurrido en un clima de creciente tensión. El Partido Liberal de Honduras denunció que una de sus caravanas de cierre en Tegucigalpa fue atacada con piedras y palos, presuntamente por simpatizantes de Libre, lo que afectó a candidatos, simpatizantes y transeúntes. Su dirigente principal, Salvador Nasralla, calificó el incidente de “previamente planeado” con la finalidad de impedir una movilización pacífica.

No obstante, el acontecimiento más crítico tuvo lugar el 17 de noviembre en Santa Bárbara, cuando un niño de cinco años, Kaleb Hernández, murió tras un ataque armado tras un mitin que Libre celebró en la aldea El Aguacatal. La dirigencia del partido denunció el hecho como un acto de violencia política deliberada destinado a amedrentar a sus seguidores. 

Aunque las autoridades reportan una caída en la tasa general de homicidios bajo la administración de Xiomara Castro —ubicada ahora en 21 asesinatos por cada 100.000 habitantes— la persistencia de asesinatos múltiples y violencia colectiva mantiene elevados los niveles de inseguridad. Siendo esta la principal preocupación de los hondureños según diversos estudios de opinión.

“Es la lucha entre dos modelos: el modelo de la oligarquía, el modelo del capital sobre la fuerza del trabajo. Y el modelo socialista democrático”, aseveraba Rixi Moncada, candidata de la izquierda hondureña ante un abarrotado polideportivo de Tegucigalpa.

La izquierda se juega en las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre revalidar el Gobierno en Honduras y quebrar definitivamente el sistema bipartidista que durante más de un siglo alternó el poder en la nación centroamericana.

Moncada busca dar continuidad al Gobierno de Xiomara Castro que, durante sus cuatro años de presidencia, ha conseguido un crecimiento económico sostenido y la puesta en marcha de grandes programas sociales que han afianzado la base electoral del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), un relato cuestionado por la oposición bajo acusaciones de nepotismo y críticas por la cercanía con países como Cuba y Venezuela.

Según las encuestas, Libre se encuentra entre las fuerzas con mayor respaldo junto a los conservadores Partido Nacional y Partido Liberal.

De Zelaya a Moncada

Moncada, candidata de Libre en estos comicios, encabeza un partido al que acompañó desde su nacimiento. La izquierda hondureña —históricamente proscrita o reducida a una corriente interna del Partido Liberal, una de las dos patas del bipartidismo junto al Partido Nacional— cristalizó como fuerza política propia tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel “Mel” Zelaya.

Zelaya había llegado al poder bajo el paraguas del centenario Partido Liberal, pero su acercamiento a los gobiernos progresistas de la región –liderados en ese momento por Hugo Chávez–, sumado a su voluntad de modificar la Constitución, le enfrentó con los sectores económicos más influyentes y con parte de su propia formación.

Es la lucha entre dos modelos: el modelo de la oligarquía, el modelo del capital sobre la fuerza del trabajo. Y el modelo socialista democrático

Rixi Moncada — Candidata de la izquierda hondureña

Tras su derrocamiento y posterior exilio, Zelaya comenzó a articular un espacio político propio con la intención de disputar al liberalismo el liderazgo del campo progresista. La ruptura coincidió con una oleada de movilizaciones contra el Gobierno surgido de las elecciones de noviembre de 2009. Aquellos comicios, que llevaron al nacionalista Porfirio Lobo a la presidencia, fueron reconocidos por Estados Unidos y la OEA, pero quedaron sin el aval de la mayoría de los países de la región.

En 2011, Zelaya impulsó la creación de Libre como “brazo político” del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la plataforma que canalizaba desde las calles la oposición al Gobierno conservador del Partido Nacional. Al frente del nuevo partido se situó Xiomara Castro, esposa del expresidente, aspirante en 2013, 2017 —cuando finalmente cedió su lugar para favorecer una candidatura unitaria— y 2021, año en que logró una victoria contundente con el 51,1% de los votos y puso fin a 12 años de hegemonía nacionalista.

Crecimiento económico

Durante el periplo de la izquierda hondureña, junto al omnipresente matrimonio Zelaya-Castro siempre estuvo presente una mujer discreta y de tono recio: Rixi Moncada, figura de máxima confianza, funcionaria eficaz durante ambos gobiernos y clave en la arquitectura interna del partido. 

Moncada, exministra de Finanzas y de Defensa del Gobierno saliente, encara las elecciones del domingo con la promesa de continuar el “modelo de socialismo democrático” de Xiomara Castro, cuya ambiciosa política social ha reducido la pobreza a niveles prepandemia, y alcanzado un crecimiento económico superior al 3% anual, mientras la deuda pública está controlada y se dispara el gasto social del país hasta cotas antes nunca vistas. 

En los humildes barrios periféricos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, principales urbes del país, militantes de Libre ataviados con camisetas rojas y panfletos recorren las calles pregonando que 900.000 familias con bajos recursos no pagan su consumo eléctrico gracias al subsidio energético promovido por Xiomara Castro. “De esto van las elecciones”, sintetiza un partidario de Libre.

Moncada ha prometido profundizar la docena de programas sociales puestos en marcha por Castro con el objetivo de “democratizar la economía”. En Honduras, la pobreza extrema afecta al 38% de los hogares y la inseguridad continúa siendo la principal preocupación de un país golpeado por las pandillas y el todopoderoso narcotráfico.

Inseguridad y acusaciones de nepotismo

La aún preocupante tasa de homicidios, que Castro ha conseguido reducir hasta los 21 casos por cada 100.000 habitantes, ha llevado al Gobierno de Libre a implementar una controvertida política de seguridad declarando un Estado de excepción que lleva tres años vigente y prometiendo “acciones radicales” contra los criminales. Los resultados, aunque positivos, no han atajado la sensación de inseguridad y han generado críticas de organizaciones internacionales como la ONG centroamericana Cristosal, perseguida en El Salvador por Najib Bukele.

Al problema de la inseguridad se suman las acusaciones de nepotismo, uno de los principales ejes de campaña de la oposición. Que acusa al gobierno y a la cúpula de Libre de gobernar mediante “el familión”, en alusión al peso político y administrativo que mantienen el matrimonio Zelaya-Castro y la familia Moncada dentro del aparato estatal. 

Según el informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organización civil hondureña, 12 miembros de la familia presidencial y diez de la familia Moncada ocuparían cargos públicos. El oficialismo rechaza la acusación, calificando el informe de “parcial” y subrayando que varios de esos cargos son de confianza o de elección popular. Moncada, desde un mitin en Copán, respondió que la verdadera concentración de poder no está en Libre, sino en “las diez familias que se han apropiado del 80% de la riqueza del país”. 

“Hay que democratizar la economía, hay que distribuir la riqueza, hay que hacerlo con justicia y con equidad y para ello necesitamos reformar las leyes”, aseguró Moncada, anunciando una ambiciosa reforma fiscal que grave “a la oligarquía”. “Ellos deben pagar impuestos, la ley de justicia tributaria debe ser una realidad, ellos dicen que son los desarrolladores de la economía, pero pagan salarios miserables, no llevan a la gente a la seguridad social, quieren que la gente siga siendo esclava del capital, nosotros no aceptamos a la gente como esclava del capital, queremos el capital al servicio de la clase trabajadora de Honduras”, concluyó.

Un equilibrio difícil en política exterior

Honduras, presa de su geografía y su historia, mantiene una dependencia económica y comercial respecto a EEUU que el Gobierno de Libre no ha podido ignorar. Las remesas que el millón de migrantes hondureños –la mitad de ellos en situación irregular– envían cada mes desde el vecino del norte representan más del 20% del PIB hondureño.

Esta relación se tensó especialmente con el inicio de las deportaciones impulsadas por Donald Trump, lo que llevó a la presidenta Xiomara Castro, en un discurso de Año Nuevo de 2025, a advertir sobre la posibilidad de “revisar la cooperación militar” y deslizar la posibilidad de eliminar la base aérea estadounidense de Soto Cano, donde se encuentran desplegados medio millar de soldados estadounidenses.

En paralelo, Castro viró la política exterior hondureña al romper relaciones, en marzo de 2023, con Taiwán y reconocer que “forma parte inalienable del territorio chino”. Una decisión que despertó recelos en Washington y aparejó grandes inversiones del gigante asiático en la nación centroamericana. “Reconocer el principio de ‘Una sola china’, establecer relaciones diplomáticas y cooperar con China puede traer oportunidades de desarrollo para Honduras”, sintetizó Castro durante la primera visita oficial de un presidente hondureño al país.

Además, Libre ha estrechado lazos diplomáticos con gobiernos progresistas en Latinoamérica, restableciendo relaciones con Venezuela y reactivando programas de cooperación con Cuba, una cercanía utilizada por la oposición para denunciar un supuesto apoyo de Castro a lo que denominan “el narcoterrorismo” venezolano.

La obra Cara de crimen, del poeta nicaragüense William González Guevara, ha obtenido por unanimidad el premio ESPASAesPOESÍA en su octava edición. El galardón está dotado con 10.000 euros y lo convoca la Editorial Espasa, que procederá este mismo viernes a distribuir la obra entre el público. “En la estela de los grandes maestros nicaragüenses del pasado [en referencia a Rubén Darío, Ernesto Cardenal y otros], el poeta y filólogo William González Guevara ha escrito, a pesar de su juventud, un libro estilísticamente maduro y formalmente notable, que dibuja un canto de denuncia, testimonio fidedigno de la violencia en Centroamérica”, ha destacado del poemario premiado el jurado, compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Ana Porto, David Galán, Alejandro Palomas y Viviana Paletta, en representación de la editorial.

Según manifiestan los miembros del mismo, “Cara de crimen describe la desgarradora realidad de la migración en un momento como el presente, con elementos épicos y líricos que contribuyen a su análisis y conocimiento”. Por su parte, el autor premiado ha manifestado al conocer el fallo del jurado que “al recibir la llamada del maestro Luis Alberto de Cuenca comunicándome que había ganado, sentí una gran emoción”. “Automáticamente pensé en Centroamérica y, sobre todo, Nicaragua, pues la obra gira en torno a una violencia que contamina sus suelos desde hace siglos”, ha agregado para seguidamente dedicar el premio a “los centroamericanos”.

William González Guevara (Nicaragua, 2000) es poeta, periodista cultural y filólogo hispánico. Ha publicado Los nadies (Hiperión, 2022 - XXV Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal), Me duele respirar (Valparaíso, 2023 - IV Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel), Inmigrantes de segunda (Hiperión, 2023 - XXXVIII Premio de Poesía Hiperión) y Esta será mi venganza (Hiperión, 2024). Forbes lo ha destacado entre las 30 Promesas de Centroamérica 2025 por su trabajo por defender la memoria, la migración e inclusión desde la escritura.

Según ha explicado el jurado, de los 107 manuscritos presentados, en esta edición se aprecian preocupaciones por lo femenino en el amor, el desamor y el maltrato. Impera también la preocupación por la precariedad laboral o la emigración, así como la cuestión ecológica de un mundo que se desvanece.

El 8 de marzo de 2017 es una fecha marcada en la historia reciente de Guatemala. Esa mañana se produjo un incendio en un centro de protección estatal de menores a las afueras de la capital en el que murieron 41 niñas y adolescentes. Otras 15 sobrevivieron con heridas graves. Las 56 menores habían sido encerradas con candado en una pequeña aula en la que tuvieron que pasar la madrugada. La noche anterior habían tratado de huir del centro, junto con otros jóvenes.

El Hogar Seguro Virgen de la Asunción era una macroinstitución creada 10 años antes, con capacidad para 500 personas, pero que siempre se mantuvo superpoblada. Formaba parte del sistema de protección guatemalteco para albergar a menores de edad que necesitaran amparo del Estado: niños en situación de abandono, víctimas de violencia, de abusos sexuales, de trata, e incluso personas con discapacidad. Todos estos perfiles estaban mezclados: no había un trato especializado.

Durante años, el hogar recibió denuncias de todo tipo. Desde servir comida en mal estado y llevar a cabo maltratos físicos y verbales hasta delitos más graves, como violencia sexual y trata de personas. Testigos de la causa declararon que, de madrugada, trabajadores del centro sacaban a niñas que habían seleccionado previamente y que regresaban horas después, sin poder articular palabra. También se registraron varias muertes violentas dentro del lugar. La Fiscalía guatemalteca nunca investigó en profundidad estos hechos.

Revuelta e incendio mortal

Hartos de la situación, los jóvenes se amotinaron y escaparon en la tarde del 7 de marzo de 2017. Agentes de policía los persiguieron por el bosque aledaño al centro y los llevaron de vuelta a la fuerza. Las niñas y niños esperaron afuera del Hogar Seguro durante horas, de madrugada, con frío y mojados, tras haber cruzado un río de aguas negras para huir.

Esa noche, la policía tomó el control del lugar. Pero los agentes no estaban cualificados y trataron a los adolescentes como criminales. A medianoche, entraron de nuevo en el centro. A los niños los llevaron al auditorio y para las 56 niñas acondicionaron un aula que apenas tenía capacidad para 11 personas acostadas. Ahí, como pudieron, acomodaron unas colchonetas de espuma y la policía cerró la puerta con un candado. La llave quedó a cargo de una subinspectora: Lucinda Marroquín.

Durante la madrugada no las dejaron salir al baño con el pretexto de que estaba estropeado, así que las niñas colocaron algunas colchonetas para delimitar un área más o menos apartada donde hacer sus necesidades. Algunas describirían después que el olor era insoportable. En ese mismo espacio les sirvieron el desayuno la mañana siguiente, en platos de poliestireno.

Desesperada, después de horas hacinadas en el espacio, una de ellas sacó una cerilla y la encendió, para llamar la atención de los policías. El fuego se propagó en segundos. Las colchonetas y los platos desechables ardieron sin control. Las jóvenes pidieron auxilio. “Jefa, jefa, hay fuego”, gritaron, según la reconstrucción que hizo la Fiscalía.

Lucinda Marroquín, la subinspectora, tardó nueve minutos en abrir la puerta. Algunas la escucharon decir: “Que se quemen esas hijas de la gran puta”.

Murieron 41 niñas y adolescentes. La mayoría ahí mismo y otras en hospitales a los que fueron trasladadas. 15 sobrevivieron, algunas con extremidades amputadas y con quemaduras en todo el cuerpo.

Condenas por homicidio, maltrato y abuso de autoridad

Tras el incendio, la Fiscalía inició una investigación penal. Fueron procesadas 11 personas: los máximos responsables de la secretaría a cargo de los albergues de protección, el director del hogar, personal que trabajaba en el mismo, funcionarios de instituciones de apoyo a la niñez, el jefe de operaciones de la policía y la subinspectora que tenía la llave.

Este martes se dictó sentencia contra siete de ellos. La jueza, Ingrid Vannesa Cifuentes, declaró a seis de los acusados culpables. Las penas máximas, de 25 años de prisión, fueron contra Carlos Rodas, el entonces jefe de la Secretaría de Bienestar Social, y contra Santos Torres, el director del Hogar Seguro. Fueron condenados por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Brenda Chamán, jefa del departamento de protección contra el maltrato de la secretaría, y Lucinda Marroquín, la subinspectora, también recibieron cargos de homicidio culposo.

En la sentencia hubo una ausencia clave: Anahy Keller Zavala, número dos de la secretaría, que, después de presentar varios recursos, logró que el Constitucional la dejara fuera del juicio y retrocediera su proceso al inicio.

El rol por aclarar del expresidente

Los hechos sucedieron mientras Jimmy Morales Cabrera era presidente de Guatemala. Cuando se inició el proceso penal, algunos diputados, familiares de víctimas y ONG solicitaron que la Corte Suprema le retirara la inmunidad para que pudieran incluirlo en la investigación. Argumentaron que, como presidente, era la máxima autoridad y quien debía tomar decisiones ante la crisis. También cuestionaron que hubiera contratado a personas que no eran idóneas para el puesto y que tenían vínculos con Morales, como la subsecretaria Anahy Keller.

Las solicitudes cayeron en saco roto y la Fiscalía no abrió investigaciones contra el dirigente. Ni siquiera cuando este perdió la inmunidad al dejar el cargo.

Ahora, tras la sentencia, la jueza ha ordenado que el Ministerio Público averigüe las vinculaciones de Morales con el incendio. Se basa en las declaraciones de varios testigos que aseguraron que, a través de un asesor, el expresidente ordenó por teléfono que 100 policías llegaran al lugar y se encargaran de la seguridad del mismo.

Según estos testigos, el hecho de que la policía quedara a cargo del Hogar Seguro tuvo un efecto directo en la muerte de las niñas.

El fuego no logró cambiar el sistema

La situación del Hogar Seguro, aunque llevada al extremo, no era muy diferente a la de otros hogares de protección de Guatemala. Y lejos de ser un punto de inflexión y una alerta para cambiar el sistema, el incendio y la muerte de las 41 niñas no supuso acciones de fondo de las instituciones. Por ejemplo, un año después del incendio, en algunos centros los extintores aún se guardaban bajo llave.

El hacinamiento, el maltrato y la comida en mal estado han sido una constante que, aún hoy, continúa en los demás centros estatales. Se han presentado denuncias contra trabajadores de los hogares por amenazas, violencia y coacción. Todos los años, decenas de menores siguen huyendo de las casas de acogida. Algunos han alertado de que los encargados los drogan con medicamentos para mantenerlos tranquilos.

La propia jueza del caso Hogar Seguro ordenó que la Fiscalía investigue esto. Varias de las niñas que murieron en el incendio tenían ansiolíticos y opiáceos en la sangre. Ingrid Cifuentes también indicó que se deben iniciar averiguaciones sobre el maltrato y la negligencia en el centro, previo al incendio.

Hace alrededor de mil años, en la antigua ciudad de Chichén Itzá en la península de Yucatán, hoy México, los mayas practicaban sacrificios humanos en los que se incluía a hermanos gemelos. Es la principal revelación de un trabajo publicado este miércoles en la revista Nature y en el que un equipo de paleogenetistas liderado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (MPI-EVA) ha examinado el ADN antiguo de 64 individuos sacrificados encontrados en una cámara subterránea.

Chichén Itzá, que se alzó como centro de poder al término del periodo clásico maya, fue una de las ciudades más grandes e influyentes de la antigua Mesoamérica, pero muchas de las ceremonias rituales que celebraban sus habitantes siguen sin conocerse con detalle. El nuevo trabajo se ha centrado en un pozo subterráneo de la antigua ciudad en la que en 1967 se encontraron los restos de más de un centenar de niños pequeños. Estos huesos se encontraban conservados en el centro de estudios de Yucatán del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dado que el pozo fue sepultado por unas obras y hoy se encuentra debajo de una pista de aterrizaje abandonada. 

Como se trataba de la ampliación de una cisterna de agua, una estructura conocida como chultún que se asocia con la lluvia, durante mucho tiempo se extendió la creencia de que se trataba de un sacrificio colectivo de niñas para aplacar la sequía. Pero el examen del material genético ha arrojado una sorpresa. 

Sacrificio y resurrección

“Nuestro trabajo demuestra que los 64 individuos enterrados en el chultún eran todos infantes de sexo masculino y que había dos pares de gemelos”, explica Rodrigo Barquera, inmunogenetista del MPI-EVA y autor principal del estudio, a elDiario.es. Como los gemelos aparecen espontáneamente en sólo el 0,4% de los nacimientos, la presencia de dos parejas en el chultún es mucho mayor de lo que se esperaría por casualidad e indica una clara preferencia por estos hermanos. Al mismo tiempo, destacan los investigadores, esta presencia sugiere una conexión con los mitos del origen del Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas en el que el sacrificio de gemelos es un tema central. 

En este texto religioso, los gemelos Hun y Vucub Hunahpu descienden al inframundo y son sacrificados por los dioses tras su derrota en un juego de pelota. Los hijos gemelos de Hun Hunapu, conocidos como los Héroes Gemelos, vengan a su padre y a su tío sometiéndose a ciclos repetidos de sacrificio y resurrección para burlar a los dioses del inframundo.  

El análisis sugiere que cada pareja de gemelos fue sacrificada a la vez, en el mismo momento

Rodrigo Barquera — Inmunogenetista del MPI-EVA y autor principal del estudio

“El análisis sugiere que cada pareja de gemelos fue sacrificada a la vez, en el mismo momento, pero las muertes de los 64 niños analizados se extendieron a lo largo de un periodo de 500 años”, explica Barquera. Según el especialista, esta es la primera prueba del sacrificio de gemelos en cualquier civilización, y ahora se proponen examinar otros dos chultunes similares en los sitios de Uxmal y Mayapán, que se encuentran en un radio de 200 kilómetros. “Seguramente los gemelos se asociaron a otro tipo de simbolismo en otras culturas, pero no hay ninguna que conozcamos en la que los sacrificaran”, apunta. 

Seleccionados para el ritual

Este nuevo resultado contrasta con lo documentado anteriormente en el Cenote Sagrado de Chichén Itzá, donde se encontraron mujeres jóvenes y tanto niños como niñas, sacrificados probablemente para favorecer el rendimiento de las cosechas y pedir a los dioses que enviaran lluvias. “En el caso del chultún, creemos que el sacrificio tiene menos que ver con las sequías y que se trata de otro tipo de ofrendas relacionadas quizá con la fertilidad o con una visión más cosmogónica para honrar a sus dioses”, señala Barquera.

“Los relatos de principios del siglo XX popularizaron falsamente historias escabrosas sobre mujeres jóvenes y niñas sacrificadas en el lugar”, añade Christina Warinner, profesora asociada en la Universidad de Harvard y líder de grupo en el MPI-EVA. “Este estudio le da la vuelta a esa historia y revela las profundas conexiones entre el sacrificio ritual y los ciclos de muerte y renacimiento humanos descritos en los textos sagrados mayas”. 

La datación de los restos reveló que el chultún fue utilizado con fines mortuorios entre los siglos VII y XII, pero que la mayoría de los niños fueron enterrados durante el período de 200 años del apogeo político de Chichén Itzá entre los años 800 y 1000 d. C. El análisis genético indica que los niños procedían de poblaciones mayas locales y que al menos una cuarta parte de ellos estaban estrechamente emparentados y habían consumido dietas similares, lo que sugiere que fueron criados en el mismo hogar. Esto lleva a los autores a concluir que los niños varones emparentados probablemente estaban siendo seleccionados en parejas para actividades rituales asociadas con el chultún.

Nuestros hallazgos muestran patrones dietéticos notablemente similares entre individuos que exhiben una conexión familiar de primer o segundo grado

Patxi Pérez-Ramallo — Investigador del Instituto Max Planck y coautor del estudio

“Nuestros hallazgos muestran patrones dietéticos notablemente similares entre individuos que exhiben una conexión familiar de primer o segundo grado”, asegura Patxi Pérez-Ramallo, coautor del estudio. “Las edades y dietas similares de los niños varones, su estrecha relación genética y el hecho de que fueron enterrados en el mismo lugar durante más de 200 años apuntan al chultún como un lugar de entierro post-sacrificio, habiendo sido los individuos sacrificados seleccionados por una razón específica”, comenta Oana Del Castillo-Chávez, coautora e investigadora de la Sección de Antropología Física del Centro INAH Yucatán.

Tras los pasos de la salmonela

Uno de los aspectos más interesantes del nuevo trabajo es que ha permitido comparar el genoma de estas poblaciones con la comunidad local maya de Tixcacaltuyub que ha permanecido bastante estable a pesar del tiempo transcurrido, según Barquera. En la comparación, los investigadores encuentran cambios genéticos relevantes que nos hablan de posibles adaptaciones a factores de presión selectiva, como las infecciones por la bacteria Salmonella. “Hay una serie de genes de repuesta inmune a esta enfermedad que aparecían con una frecuencia del 25% en estos niños y que hoy en día están en el 45%, es decir, casi dobla la frecuencia, lo que nos habla de que hay un proceso de selección”, explica el experto.

Durante el siglo XVI, en México, las enfermedades introducidas por los europeos, como esta intoxicación asociada al consumo de alimentos, contribuyeron a una disminución de la población local de hasta el 90%. Entre las epidemias más graves estuvo la de cocoliztli de 1545, recientemente identificada como causada por el patógeno Salmonella enterica Paratyphi C. “Empíricamente ya sabíamos que hay resistencia a la salmonela en México. Yo tenía esta hipótesis desde antes, porque habíamos visto esta variante en poblaciones de Latinoamérica, pero no tenía sentido de que fuera por azar”, subraya Barquera.

No es un hallazgo casual

Vanessa Villalba, investigadora del Instituto de Biología Evolutiva (IBE) que no ha participado en el estudio, cree que los resultados son asombrosos ya que reportan una clara selección de estos niños, similares en edad y en sexo. “Tal vez incluso de un determinado número de familias que constituían la comunidad, dado el alto grado de parentesco cercano hallado en la muestra”, asegura. Villalba subraya que la confirmación de que se trata de dos pares de gemelos no habría podido llegar sin el análisis paleogenético y descarta que esto sea un hallazgo casual. “Sabemos que los gemelos nacen al mismo tiempo, pero no necesariamente mueren al mismo tiempo”, apunta. “El hecho de que en este caso sí sea así, indica claramente una acción deliberada de sacrificio en un evento conjunto”.

Gemma Marfany, catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona (UB), destaca la calidad en los análisis genéticos y que los autores hayan cuidado detalles como analizar el mismo hueso para no confundirse con la asignación genética de los restos y poder asegurar que tienen dos parejas de gemelos monocigóticos sin miedo al error. Y, sobre todo, le parece digno de aplauso al compromiso bioético de los autores. “Han conseguido un acuerdo de cesión del ADN comunitario y la población ha accedido, en su conjunto, a ceder el ADN de algunos de sus miembros para realizar una investigación genética determinada”, sostiene. “Recordemos que la información genética es sensible y puede ser utilizada para estigmatizar poblaciones, por lo que este es un requisito bioético en este tipo de investigación”. 

Para Goeffrey Braswell, antropólogo de la Universidad de California San Diego (UCSD), el hecho de que una muestra tan grande haya sido objeto de un trabajo de ADN tan detallado es esperanzador y cree que puede ayudar a comprender mejor las estructuras sociales y políticas de estas poblaciones. Reconoce que es el primer caso de sacrificio de gemelos comprobado, aunque cree que la justificación sobre el Popol Vuh no tiene sentido y apela a una explicación más simple: que estas parejas de hermanos fueran una forma sencilla de conseguir recursos para el sacrificio. “Creo que lo que este trabajo realmente hace es acentuar la importancia y la práctica generalizada del sacrificio de niños por la lluvia/ritual agrícola en toda Mesoamérica durante al menos un período de 3.000 años”, concluye. “Cuando hay una sequía y no pueden producir alimentos, la gente toma medidas desesperadas y a menudo sacrifica lo que más ama: los niños”.

Ángel Ramos Girón busca un hueco para abrirse paso entre las púas de alambre de concertina que se interponen entre él y Estados Unidos. Tienes los pies en México, pero ya solo unos pocos metros le separan de la puerta 36 del muro fronterizo que divide Ciudad Juárez, México, y la ciudad vecina de El Paso, en el estado de Texas. 

Ramos se ha sentado bajo un pequeño arbusto, cerca del Río Bravo, que marca la frontera entre los dos países. Busca un poco de sombra que lo resguarde de la ola de calor, con alertas por temperaturas que esta semana han superado los 42ºC. Las intensas temperaturas no son lo único que ha complicado la vida a las miles de personas que intentan pasar a Estados Unidos desde Ciudad Juárez. El martes pasado, a cinco meses de las elecciones del 5 de noviembre, el presidente de Estados Unidos anunció una orden ejecutiva que limita la entrada y las solicitudes de asilo.

La nueva medida, que ya ha entrado en vigor, se activará cada vez que las autoridades registren más de 2.500 detenciones por día de personas que intentan cruzar la frontera sin pasar por los puestos de entrada legales durante una semana y se suspenderá si las detenciones bajan a menos de 1.500 en el mismo periodo.

Ramos tiene 27 años y es de Tegucigalpa (Honduras). Desde hace una semana intenta buscar la forma de cruzar a Estados Unidos sin autorización, para poder pedir asilo a la llegada. Había tomado la decisión de atravesar la alambrada de espino ese mismo día, pero tras descubrir que ya había entrado en vigor una orden ejecutiva que establece la deportación inmediata si los agentes lo descubren, es consciente de que la situación ha cambiado.

Ramos Girón y otros migrantes que esperaban frente a la puerta 36 fueron informados de la nueva medida por un periodista, y se quedaron paralizados. “Estoy jodido”, indica Ramos. Su rostro refleja la consternación: “No sé qué voy a hacer, no me queda dinero, nada”.

Los problemas de la otra vía

La Casa Blanca no ha precisado cómo sabrán los agentes federales repartidos a lo largo de los casi 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, que atraviesa cuatro estados norteamericanos, que se ha alcanzado la cifra de 2.500 detenciones y se procederá a bloquear más entradas a personas que solicitan protección amparados por el derecho de asilo que contempla la normativa internacional.

A su vez, el despacho oval ha indicado que los migrantes que quieran solicitar asilo sin entrar antes de manera irregular, pueden hacerlo a través de la aplicación móvil CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Esta app les permite concertar una cita con las autoridades estadounidenses. Aunque la utilización de una app podría parecer un recurso práctico y sencillo, lo cierto es que se programan menos de 1.500 citas al día y en estos momentos miles de personas intentan que les den día y hora para una entrevista. Algunos esperan meses al sur de la frontera, a menudo durmiendo al raso o en albergues que están al límite de su capacidad, intentándolo cada día sin éxito.

La aplicación también ha tenido problemas técnicos. “Sinceramente, no nos planteamos utilizarla. Además, tardaríamos una eternidad en conseguir una cita”, explica Salomé Hernández, que se ha quedado parada en la frontera, no lejos de Ramos Girón, con su hermana pequeña, su madre, su primo y su abuelo. La joven de 20 años y su familia tuvieron que huir de Medellín (Colombia) a finales de mayo, después de que su abuelo recibiera amenazas de muerte por ser uno de los dirigentes de la Junta de Acción Comunal, una organización social de esa ciudad. El abuelo de Hernández, que prefirió no dar su nombre por razones de seguridad, cuenta que hombres con uniforme militar le dieron un ultimátum: abandonar su activismo medioambiental para detener la deforestación en una reserva natural de la región del Valle del Cauca y Risaralda, o enfrentarse a que lo mataran.

“No tenemos otro plan”

“No tenemos un plan alternativo si no podemos cruzar la frontera y no podemos volver a nuestro país”, señala, el hombre de 64 años, al conocer la nueva orden ejecutiva: “Es un golpe bajo”. El primo de Hernández, Eduardo, afirma que quiere convencer a la familia de que lo mejor es cruzar la frontera de forma irregular a través del desierto de Nuevo México, al oeste de Ciudad Juárez y El Paso. Cualquier parte del desierto fronterizo puede ser peligrosa, pero el pasado fin de semana la patrulla fronteriza informó de la muerte de cuatro migrantes por calor y deshidratación en esa misma zona desértica que Eduardo estaba considerando movido por la desesperación. Su plan es llegar a Nueva York o Denver, donde tienen familia. De hecho, pregunta al periodista si pueden llegar a Denver a pie. La ciudad está a unos 1.000 kilómetros de distancia.

En la orilla norte del río, en el lado estadounidense de la enorme valla, un grupo de 20 personas esperan frente a la alambrada y un paso cerrado. Ya no pueden solicitar asilo sin una cita oficial, ya que la cifra diaria ha superado con creces las 2.500 personas. Hace horas que esperan bajo un sol abrasador, con niños y al menos un bebé visibles entre el grupo.

Ramos Girón afirma que el desierto es su último recurso. “He sufrido mucho para llegar hasta aquí. El sol no me asusta”, señala. Llegó a México hace dos meses y ha hecho todo tipo de trabajos ocasionales para subsistir y ahorrar dinero para enviárselo a su mujer, a su hija de nueve años y al bebé de 17 meses que dejó en Honduras. Cuenta que las 150 lempiras hondureñas, unos 5,5 euros, que ganaba diariamente como agricultor en Honduras cosechando granos de café y maíz no cubrían las necesidades básicas para mantener a su familia. “Prefiero morir en el intento a que mi familia muera de hambre”, concluye.

En contraste con la conmoción y la desesperación que se percibían el martes en el lado mexicano de la frontera, que han denunciado expertos en derechos humanos y progresistas, en el lado estadounidense no se percibía ningún cambio y reinaba la calma. A más de 1.100 km al oeste de El Paso, en el puerto de entrada de San Ysidro, entre Tijuana, en el norte de México, y California, justo al sur de San Diego, todo transcurría con normalidad.

Este corredor es uno de los cruces terrestres más transitados del mundo, y en el área de San Diego se ha registrado un gran aumento de personas en busca de asilo en los últimos meses. Coincidiendo con la entrada en vigor de la orden ejecutiva, el martes todo estaba tranquilo, y las familias y particulares que viven en la zona seguían sus vidas con normalidad, muchos cruzando a pie el puente que une los dos países. Los trolebuses rojos del centro de tránsito de San Ysidro esperaban para llevar pasajeros a otras ciudades del sur de California, y grupos de personas entraban y salían de los pequeños comercios cercanos a la frontera, cambiando dinero en efectivo en las casas de cambio y pidiendo comida en el McDonald's. Para muchos, cruzar la frontera a pie o en automóvil es algo cotidiano.

Abel Walser, un joven de 26 años de Oceanside de ascendencia mexicana, cruza la frontera con un amigo ese mediodía, con total normalidad. “Estados Unidos es un crisol de razas”, afirma. Explica que conoce a personas que llegaron a Estados Unidos de forma irregular, pero que han superado el dificilísimo proceso, que dura años, y se han convertido en ciudadanos estadounidenses. Para Gustavo Rodríguez, que vive en Tijuana pero nació en San Diego, la orden ejecutiva de Biden es una buena noticia. “Tengo la sensación de que la situación se nos ha ido de las manos”, indica en referencia a las cifras de entrada de migrantes. “Lamentablemente, tal vez hay algunas personas que realmente necesitan [asilo], pero lo cierto es que estamos desbordados”. Por su parte, Erika Palomo pasa por el centro de tránsito bordeado de palmeras de regreso al lado mexicano. “He visto a toda la gente intentando cruzar en busca de mejores oportunidades, sobre todo niños, indica: ”son multitud“. Palomo subraya que en su opinión las madres y los niños deberían recibir una consideración especial en lo que respecta al asilo.

En Tijuana, los automóviles que esperan para entrar en Estados Unidos se alinean hasta donde alcanza la vista. Hombres y mujeres venden churros, caramelos y otros productos mexicanos a los conductores. El control de pasaportes es rápido, pero se puede distinguir una fila diferente, unas docenas de personas, seguramente sin documentación, que esperan cargadas con maletas y apretadas contra una pared, buscando un poco de sombra. Su destino es mucho menos seguro incluso de lo que habría sido 24 horas antes.

Traducción de Emma Reverter.

El presidente Joe Biden ha anunciado este martes una orden ejecutiva para limitar el número de peticiones de asilo a Estados Unidos y cerrar la frontera con México una vez se superen los 2.500 cruces irregulares diarios, según avanza Associated Press. Cuando se haya superado este umbral máximo de personas, los agentes de inmigración podrán deportar rápidamente a las personas que intenten ingresar de forma irregular en el país. El decreto representa la política fronteriza más restrictiva presentada por cualquier demócrata y llega en un momento en que la gestión de la frontera se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los votantes de cara al 5 de noviembre.

Todas aquellas personas que crucen la frontera de manera irregular y lo hagan después de que se haya superado este nuevo umbral diario, ya no serán elegibles para recibir el asilo en Estados Unidos. Según un comunicado enviado este martes por la Casa Blanca, “las medidas entrarán en vigor cuando la frontera sur se vea sobrepasada y facilitarán el trabajo de los agentes de inmigración para deportar los individuos que no tengan base legal para seguir en Estados Unidos”. Las medidas entrarán en vigor este mismo martes, añade la nota.

La Casa Blanca matiza que “las acciones no son permanentes” sino que las restricciones estarán en vigor hasta dos semanas después de que los números de cruces diarios estén por debajo de un límite aún más bajo, las 1.500 entradas.

En el comunicado, la administración Biden también destaca haber alcanzado un acuerdo bipartidista entre los demócratas y republicanos del Senado sobre la política migratoria de la frontera,. No obstante, critica la posición de “los republicanos en el Congreso” que, a su juicio, “optaron por anteponer la política partidista a la seguridad nacional” y votaron en contra. 

La Casa Blanca cita las secciones 212 (f) y 215 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que suspende la entrada de los no ciudadanos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos ilegalmente para poder emitir la orden ejecutiva. 

La orden ejecutiva que ha aprobado Biden recuerda a la aplicada durante la pandemia bajo el Gobierno de Donald Trump. En el marco de la emergencia sanitaria se usó el título 42 del Código de Estados Unidos, que tiene que ver con la salud pública, el bienestar social y los derechos civiles, para frenar los cruces ilegales. La orden, que permitía a las autoridades expulsar a los migrantes que llegaran a la frontera sin darles la oportunidad de presentar su caso para pedir asilo, estuvo vigente hasta mayo del 2023 cuando el gobierno Biden dio la crisis del Covid-19 por finalizada.

El equipo de Biden había estado trabajando durante meses en esta iniciativa con el fin de recuperar el control de la narrativa sobre las políticas migratorias de la frontera sur. El movimiento pretenden mostrar a los demócratas un refuerzo de la política migratoria en medio de la crisis de la frontera, mientras critica a las filas republicanas por su supuesta instrumentalización del fenómeno migratorio.

La rivalidad con Donald Trump para hacerse con el liderazgo de la gestión migratoria ya se escenificó el pasado mes de febrero, cuando Biden y el republicano realizaron una visita simultánea en diferentes puntos de la frontera de Texas. Entre las promesas de campaña de Trump se encuentra cerrar la frontera con México. Durante sus mítines de campaña, el republicano ha hecho uso de una retórica xenófoba con la que llegó a acusar a los migrantes de “contaminar la sangre” del país. 

El anuncio de un decreto tan restrictivo por parte de un presidente demócrata (el cual no deja de tener reminiscencias de las políticas lideradas por Trump durante su gobierno) apunta a que el discurso anitiinmigrante del candidato republicano puede estar impactando desde fuera en la gestión de la frontera con México.

Se espera que la orden ejecutiva de Biden se encuentre con denuncias por parte de las organizaciones de derechos humanos, que ven en ella un ataque al derecho de asilo de las personas migrantes, y por parte de estados republicanos, los cuales siguen viendo la propuesta como insuficiente.

A las puertas de la larga campaña electoral de 2024, que culminará con las elecciones presidenciales en noviembre, Joe Biden está sopesando la posibilidad de introducir cambios de calado en la política migratoria de Estados Unidos que endurecerían el control de las fronteras y abordarían una cuestión que se ha convertido en una de sus mayores vulnerabilidades políticas de cara a una probable reedición del duelo contra su rival Donald Trump y su retórica antiinmigración.

Un cambio de rumbo que representa también un riesgo para Biden, que llegó a la Casa Blanca en 2021 prometiendo “recuperar la humanidad y los valores estadounidenses en nuestro sistema migratorio” tras los cuatro años de mano dura de Trump. Poco después de jurar el cargo, Biden se puso manos a la obra para deshacer las políticas migratorias de su predecesor republicano y, al mismo tiempo, envió al Congreso un amplio paquete legislativo que incluía vías para conseguir la ciudadanía estadounidense para millones de migrantes que viven en el país.

El ambicioso paquete legislativo cayó con estrépito en el Capitolio, ya que los líderes demócratas tenían pocas ganas de enfrentarse a la siempre espinosa cuestión de la reforma migratoria. Desde ese momento, la política migratoria ha virado bruscamente hacia la derecha, dejando a los demócratas, y también al presidente, en la difícil situación de tener que negociar con los republicanos las medidas fronterizas que tanto habían condenado.

La llegada masiva de migrantes, a un ritmo excepcionalmente alto, en la frontera sur con México, así como los feroces ataques republicanos a la respuesta del presidente, que consideran tibia, han puesto esta cuestión en primer plano de la agenda política. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió este miércoles con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de llegar a un acuerdo encaminado a limitar la llegada de migrantes a la frontera suroeste de Estados Unidos.

Un grupo bipartidista de legisladores del Senado ha mantenido conversaciones con la Casa Blanca sobre un acuerdo fronterizo que desbloquearía la ayuda a Ucrania e Israel ya que los republicanos no enviarán ayuda a Ucrania sin garantías de mayor dureza frente a la crisis migratoria. Una y otra cuestión han quedado aparcadas hasta después de las vacaciones de Navidad. “Todos sabemos que en la frontera tenemos un problema: el presidente, los demócratas”, señaló Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, en la última sesión de los senadores antes de su receso vacacional. “Nuestro objetivo es lograr avanzar en esta cuestión a nuestra vuelta”, añadió.

Biden, en la encrucijada

Sin embargo, para muchos cargos demócratas, defensores de los derechos de los migrantes y líderes progresistas, los profundos cambios que Biden sopesa para la ley de asilo y la aplicación de las leyes fronterizas son casi indistinguibles de las políticas de su predecesor. Argumentan que Estados Unidos tiene la responsabilidad humanitaria de proporcionar refugio a los millones de migrantes que huyen de la violencia, la pobreza y los desastres naturales.

En un discurso en las escalinatas del Capitolio a principios de mes, el senador demócrata por California Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, señaló que “volver a las políticas de la era Trump no es la solución. De hecho, no hará más que empeorar el problema”.

Padilla, el primer latino en presidir el Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza del Comité Judicial del Senado, instó al presidente a oponerse a las propuestas de seguridad fronteriza de los republicanos: “Detención masiva, destripar nuestro sistema de asilo, el Título 42 con esteroides. Son propuestas inconcebibles”.

Sin embargo, muchos estadounidenses, especialmente republicanos, perciben el aumento de la llegada de migrantes sin documentos que llegan a la frontera sur como un problema que requiere medidas urgentes. Según una encuesta de AP-NORC, casi la mitad de los adultos estadounidenses afirman que reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México debería ser una “prioridad alta” para el Gobierno del país.

Mientras tanto, los sondeos muestran un profundo descontento entre los partidos con la gestión de Biden en materia de migración y seguridad fronteriza. En una encuesta realizada en diciembre por el Wall Street Journal, el 13% de los votantes consideraba la migración y la situación en la frontera entre Estados Unidos y México como la cuestión que más les preocupaba, por delante de la situación económica.

Los votantes desaprobaban la gestión de la frontera por parte de Biden por un margen de más de dos a uno. Preguntados sobre quién creían los votantes que gestionaría mejor la cuestión, el 54% dijo Trump frente al 24% que dijo Biden, con diferencia la mayor distancia entre los dos posibles candidatos entre todas las cuestiones analizadas.

Esto supone un cambio con respecto al mandato de Trump, cuando los votantes tendían a dar ventaja a los demócratas en migración y rechazaban en gran medida los intentos de los republicanos de fomentar la hostilidad hacia los migrantes.

Los demócratas han luchado durante mucho tiempo para articular una agenda migratoria cohesiva y proactiva. Sus divisiones sobre cómo arreglar el maltrecho sistema de migración del país se desvanecieron durante el mandato de Trump, ya que el partido se unió contra la retórica del republicano contra la inmigración y las políticas de línea dura.

En la campaña presidencial de 2020, Biden prometió revertir el enfoque de Trump y apostar por políticas más humanitarias. Pero a medida que un número récord de migrantes sin documentación llegan a la frontera y buscan refugio en ciudades a cientos de kilómetros de distancia, Biden sufre la presión de los críticos republicanos y los aliados demócratas para abordar un problema que ambos partidos consideran una “crisis”.

“La Casa Blanca se encuentra en una situación muy delicada desde el punto de vista político”, señala Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, un grupo de defensa de los migrantes. En opinión de Cárdenas, Biden no debería “ceder” a las demandas republicanas, sino redoblar los esfuerzos “sin precedentes” de la administración para ampliar las vías de migración legal y los permisos de trabajo. Si bien afirma entender las limitaciones de lo que Biden puede lograr mediante la acción ejecutiva, insta al presidente a ser “audaz” y arriesgarse para atraer a una gran parte de los electores demócratas, como los jóvenes y los votantes situados más a la izquierda.

“Este gobierno tiene que demostrar que está dispuesto a impulsar alguna medida significativa en favor de las comunidades de migrantes”, afirma. “Si no lo hacen, va a ser muy difícil que los electores que están sensibilizados con la situación y con los derechos de los migrantes los voten en noviembre”.

Todo parece indicar que Biden considera que un acuerdo con los republicanos sobre seguridad fronteriza le beneficiará más que perjudicarle políticamente. Los que están de acuerdo con este enfoque argumentan que es poco probable que los partidarios de los derechos de los migrantes apoyen a Trump, cuyas políticas aborrecen, y que probablemente se verán motivados a acudir a las urnas por otras cuestiones como el derecho al aborto y la defensa de los valores democráticos.

“En lo que respecta a los demócratas, se trata de un gran lastre”, subraya Ruy Teixeira, investigador del American Enterprise Institute y coautor de ¿Dónde se han ido todos los demócratas?. “Harían bien en empezar a intentar deshacer parte del daño”, valora. En los grupos de discusión que se han organizado en vísperas de la campaña de 2024, Teixeira afirma que los votantes, incluidos los latinos, expresan una profunda ansiedad sobre la migración y consideran que la frontera está “fuera de control”. En su opinión, Biden tiene que dejar de preocuparse por la reacción de los grupos de derechos de los migrantes y los progresistas y empezar a presumir de las medidas que su gobierno está impulsando para frenar el flujo de migrantes, como la construcción de una sección del muro de Trump. “Ahora tiene lo peor de ambos mundos, ya que impulsa medidas duras contra los migrantes y luego alude vergonzosamente a ello de vez en cuando y afirma tener las manos atadas”, dice. “Con lo cual, la izquierda de su partido le ataca por lo que ha hecho y los votantes no saben qué ha hecho”.

A principios de este año, varios gobernadores republicanos empezaron a transportar en autobús y avión a miles de migrantes desde sus estados, especialmente Texas, a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York, Washington y Chicago. La táctica fue condenada por los grupos de defensa de los derechos de los migrantes por considerar que es inhumana y solo persigue fines políticos, pero también puso de manifiesto la tensión a la que se enfrentan las ciudades estadounidenses, donde los funcionarios demócratas afirman que la afluencia de migrantes ha desbordado los centros de acogida, las escuelas y los hospitales. En los últimos meses, varios alcaldes y gobernadores demócratas han pedido a la Casa Blanca que intensifique su respuesta federal a lo que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha calificado de “crisis humanitaria nacional”.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tras un repunte de tres meses que se acercó a máximos históricos, las detenciones por cruces ilegales a lo largo de la frontera sur cayeron un 14% en octubre, antes de repuntar de nuevo en noviembre.

A pesar de la preocupación por la frontera, una encuesta de Gallup de julio reveló que dos tercios de los estadounidenses siguen considerando que la migración es positiva para el país. Y los demócratas señalan que los republicanos exigen nuevas restricciones a la migración legal en un momento en que los economistas afirman que Estados Unidos necesita más trabajadores para hacer frente a la escasez de mano de obra. “Necesitamos trabajadores. Necesitamos mano de obra. Tenemos que ser competitivos en el futuro”, dijo recientemente la congresista Verónica Escobar, demócrata de Texas. “Los migrantes nos hacen mejores”.

Medidas contrapuestas

Durante gran parte de su presidencia, Biden ha presentado la oleada migratoria hacia Estados Unidos como un reto hemisférico: el aumento de la violencia, las crisis económicas y la agitación política empujan a millones de migrantes hacia las fronteras estadounidenses. En respuesta, el Gobierno de Biden ha buscado una combinación de nuevas vías legales para que los migrantes entren en el país junto con más restricciones para los que cruzan la frontera de forma ilegal. Algunos aspectos de este planteamiento han recibido elogios de los grupos de defensa de los derechos de los migrantes. Pero algunos también han acusado a la administración de “latigazo” político.

Este año, el Gobierno de Biden amplió el estatus legal temporal a casi 500.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio, huyendo de la crisis económica y humanitaria en su país de origen. Semanas después, EEUU anunció que reanudaba los vuelos de deportación a Venezuela. La medida, que provocó fuertes reacciones de grupos de defensa de los derechos de los migrantes, se produjo después de que los agentes detuvieran por primera vez a más migrantes venezolanos que mexicanos.

El Gobierno de Biden también anunció recientemente que no tenía más remedio que construir hasta 32 kilómetros de barreras a lo largo de la frontera con México, rompiendo una promesa de campaña de no levantar ni un metro más del muro fronterizo de Trump. La administración, que renunció a más de 20 leyes y regulaciones federales para permitir la construcción de barreras en el Valle del Río Grande de Texas, dijo que no tenía otra opción porque los fondos ya habían sido autorizados por el Congreso durante la presidencia de Trump. 

De cara al año electoral, Biden se está centrando en el que probablemente será su rival. El presidente condenó recientemente la retórica demonizadora de Trump, incluidos los comentarios nativistas de que los migrantes indocumentados “están envenenando y destruyendo la sangre de nuestro país” y la promesa de ser un dictador “el primer día” para cerrar la frontera sur con México. La campaña de Biden también ha aprovechado las informaciones que apuntan a que, si Trump logra presentarse como candidato y es elegido para un segundo mandato, planea tomar medidas aún más duras contra la migración, con planes que incluyen deportaciones masivas y campos de detención.

Mientras tanto, la Casa Blanca afirma que las políticas migratorias de Trump son las culpables de la creación de algunos de los atrasos que están abrumando a los tribunales de inmigración. Los funcionarios también argumentan que los republicanos del Congreso se han interpuesto en el camino de las solicitudes para financiar más agentes de la patrulla fronteriza, trabajadores sociales, jueces y funcionarios judiciales.

Sin embargo, hasta ahora esos argumentos no han calado entre los votantes, que creen que el presidente ha hecho poco por abordar el problema. Si las negociaciones entre el Senado y la Casa Blanca llegan a buen puerto, la Casa Blanca espera que permitan a Biden mostrar avances en un tema que lo ha perseguido durante todo su mandato.

Algunos demócratas se muestran escépticos. Acusan a los republicanos de negociar de mala fe, diciendo que sólo están interesados en convertir el asunto en un arma, no en abordarlo. Cárdenas señala que los republicanos no dejarán de atacar a Biden en materia de migración, incluso si cumple con sus demandas de control fronterizo. “Cambian las reglas del juego sobre la marcha”, lamenta. “Y luego te quedas atascado con políticas que ni siquiera abordan el problema”.

Traducción de Emma Reverter

Los periodistas casi nunca deberíamos ser noticia. Casi nunca. Pero hay excepciones que merecen ser destacadas y no solo por una defensa del oficio sino como alegato en favor de los derechos humanos. José Rubén Zamora, conocido en su país como ‘Chepe’ Zamora, lleva 503 días encarcelado en una prisión de Guatemala por haber destapado en su diario, ‘elPeriódico’, casos de corrupción que afectan al gobierno de Alejandro Giammattei. Denuncia que es víctima de un juicio político y diferentes oenegés han reclamado, sin éxito, su puesta en libertad.

“El mensaje que se está trasladando a la sociedad es que hacer periodismo en Guatemala es ilegal”, resumía este lunes su hijo Ramón en el V Encuentro de periodismo iberoamericano organizado por eldiario.es. Para acallar a ‘Chepe’ Zamora le avasallaron con demandas, más de 200, hostigaron a sus abogados hasta el punto de detener a cuatro de ellos y amenazaron a los anunciantes de elPeriódico, a los que, como a los redactores, han acosado también en las redes sociales. Tras meses de asedio se vieron obligados a cerrar. “Treinta años de lucha incansable contra la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, contra los abusos de poder, el terrorismo de Estado, la marginación y la miseria”, escribió su director desde la cárcel en el que fue el último editorial.   

El caso de Guatemala no es una excepción. En el mismo coloquio en el que Ramón describió la situación de su padre, participaron otros tres periodistas que han tenido que salir de sus respectivos países para salvar la vida o no acabar también en prisión por el mismo ‘delito’ que Zamora: informar de aquello que el poder no quiere que se sepa.

Carlos Dada es el director de ‘El Faro’, un diario de referencia en El Salvador por sus trabajos de investigación, que ha tenido que mudar su sede administrativa y legal a Costa Rica mientras la redacción intenta seguir en el país. El teléfono de este periodista y el de varios de sus compañeros fue infectado con el famoso programa de espionaje Pegasus. Las fuentes desaparecieron y han tenido que reconstruirlas a través de otros sistemas de comunicación. El régimen de Nayib Bukele quiere silenciarlos para que no sigan denunciando su corrupción. La fórmula es siempre la misma: atemorizar a los periodistas y amenazar a los anunciantes. “De golpe se cayeron todas las campañas. De la noche a la mañana desaparecieron los ingresos comerciales”, explica Dada en videoconferencia desde Holanda. 

Pese a las dificultades más que evidentes, ‘El Faro’ ha decidido aguantar, conscientes de las consecuencias que les pueda acarrear. Hace un año y medio, cuando este diario desveló los acuerdos de Bukele con las pandillas, la respuesta fue la aprobación de una ley que prevé 15 años de prisión para los periodistas y editores que publiquen información sobre las pandillas. 

Bukele no ha conseguido acallar a ‘El Faro’ (aunque nunca había sido tan complicado poder ejercer el periodismo en El Salvador) del mismo modo que ‘Confidencial’ ha conseguido sobrevivir al régimen nicaragüense y esa dictadura bicéfala que representan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. El precio ha sido, de nuevo, el exilio. Su director, Carlos F. Chamorro, y su equipo viven ahora en Costa Rica. “Hacer periodismo bajo una dictadura es un acto de resistencia para seguir contando la verdad”, ha defendido este periodista en más de una ocasión. Desde el exilio siguen denunciando la corrupción del gobierno de Ortega: “En Nicaragua hay una criminalización de la libertad de prensa”.

Luz Escobar es una periodista cubana que lleva poco más de un año viviendo en Madrid. Desde el 2014 sabía qué era sufrir la represión por ejercer el periodismo. Trabajó como reportera en el diario digital cubano ‘14ymedio’ desde su fundación en 2014 hasta su salida de Cuba en octubre de 2022. Se resistía a irse pese a tener el teléfono intervenido y sufrir seguimientos e interrogatorios policiales cuyo único propósito era amenazarla e infundirle miedo. Llegó un día en que amenazaron también a sus hijas adolescentes y fue cuando ella y su pareja decidieron que había que irse del país. “La cárcel me parecía un precio justo a pagar por defender la libertad de expresión. Lo que no me parecía justo era la cárcel de mis hijas”. Actualmente trabaja en ‘Diario de Cuba’, un medio fundado en Madrid en el año 2009.

Luz, al igual que ‘Chepe’ Zamora, Carlos Dada y Carlos F. Chamorro se han enfrentado al poder que pretende amordazarles. Políticos, policías, fiscales y jueces han querido silenciarles y no lo han conseguido pese a que el coste personal es muy alto. Su integridad es la muestra de que este oficio aún tiene quien lo honre.  

Miles de simpatizantes se congregan en la céntrica Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala. Pancartas, gritos de “Sí se puede” y mucho optimismo en el acto de final de campaña del Movimiento Semilla. “En esta plaza donde estamos hoy, hace ocho años nos encontramos y nos unimos detrás de un anhelo: sacar a los corruptos del poder”, exhorta a los asistentes Bernardo Arévalo, candidato presidencial. Esa misma plaza fue el escenario del surgimiento del partido tras la llamada “primavera de 2015”, una ola de protestas contra la corrupción del Gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. 

Más de 9 millones de guatemaltecos están habilitados para votar en unas elecciones marcadas por el deterioro del Estado de derecho y la falta de independencia del Poder Judicial. El partido de centro-izquierda y anticorrupción Movimiento Semilla se enfrentará a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), candidata conservadora y defensora del statu quo. 

La primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el 25 de junio, estuvo marcada por el voto de rechazo al sistema político. El voto nulo, que superó el 17% de los sufragios, fue el gran triunfador de la noche electoral. Sin embargo, la sorpresa la dio el Movimiento Semilla, que contra todo pronóstico logró el 11,8% de los votos. La ex primera dama Sandra Torres, fue la candidata más votada, con el 15,8% de los sufragios.

Los analistas consideran que Semilla ha logrado captar el voto de hartazgo y descontento ciudadano frente a la corrupción y el Gobierno autoritario de Alejandro Giammattei. En los últimos años, decenas de fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han sido detenidos o han tenido que exiliarse señalando una persecución política en su contra. 

Con un discurso político centrado en la recuperación democrática de las instituciones públicas, el partido ha logrado situarse primero en las encuestas, que le otorgan un 65% de la intención de voto.

Hostigamiento, persecución y denuncias judiciales

El mensaje anticorrupción del candidato socialdemócrata logró romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. Sin embargo, las esperanzas de cambio de los partidarios de Semilla se vieron rápidamente truncadas. 

La noche del viernes 30 de junio, cinco días después de la celebración de la primera vuelta, nueve partidos políticos cercanos al oficialismo denunciaron un supuesto fraude ante la Corte de Constitucionalidad. El máximo tribunal aceptó el amparo y dejó en pausa la oficialización de los resultados hasta resolver las discrepancias. Tras cuatro días de revisión de escrutinios que mantuvieron al país en vilo, el cotejo de datos terminó sin variaciones relevantes. La narrativa de fraude no tenía sustento. 

Lejos de terminar, la batalla para dejar fuera de la contienda a los socialdemócratas no había hecho más que empezar. Tras días de suspenso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, el anunció llegó solo una hora después de que el Ministerio Público (fiscalía) presentara una denuncia contra Semilla. En un video difundido por redes sociales, el fiscal Rafael Curruchiche –sancionado por Estados Unidos por obstaculizar investigaciones sobre actos de corrupción– solicitaba la suspensión inmediata del partido. 

La denuncia interpuesta sostenía que más de 5,000 ciudadanos fueron adheridos “ilegalmente” al partido y que sus actas de adhesión contenían firmas de 12 personas fallecidas.

A la denuncia le siguieron allanamientos por parte de la policía a la sede del partido Semilla y al Tribunal Supremo Electoral, en busca de archivos relacionados con el proceso en curso. 

Los pronunciamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales que pedían respetar el orden constitucional y los resultados electorales no se hicieron esperar. Tras días de incertidumbre, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a favor de Semilla y protegió al partido para evitar su suspensión. 

Luis Fernando Mack, analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) dice a elDiario.es que “se trata de la utilización del derecho y del sistema judicial para perseguir fines políticos y perseguir al oponente”. 

Aunque el amparo fue una buena noticia para la organización, la Corte no cerró la posibilidad de que sean perseguidos penalmente en un futuro. “No descartamos allanamientos, órdenes de aprehensión o solicitudes de antejuicio después del 20 de agosto”, declaraba el fiscal Curruchiche este jueves al ser preguntado por periodistas. 

Sandra torres y el divorcio de la socialdemocracia

El proceso judicial abierto contra Semilla ha sido utilizado por Sandra Torres para criticar a su adversario. La campaña de la UNE, asegura Mack, “está basada en la mentira, la desinformación y la descalificación del adversario. Se trata de una campaña destructiva”. Un ejemplo son los ataques constantes a Semilla, a quien acusa de querer aprobar el matrimonio homosexual, legalizar el aborto o querer convertir al país en un régimen comunista como Venezuela. 

La ex primera dama durante el Gobierno de Álvaro Colom busca por tercera vez llegar a la presidencia del país. Sin embargo, la candidata ha dado un giro completo en su ideología y la de su partido. Lejos de los postulados iniciales cuya base eran la socialdemocracia y el fortalecimiento del Estado, la presidenciable ha pasado a ser una opción del sistema conservador. De su lado están grupos de veteranos militares, líderes evangélicos y sectores derechistas del país. 

Este cambio de rumbo político no ha sido bien recibido por parte del electorado, quien la percibe principalmente como una candidata oportunista y poco fiable, asegura Mack. Su imagen también se vio dañada tras ser procesada y enviada a prisión durante cuatro meses en 2019 acusada de asociación ilícita y financiación electoral irregular.

La punta de lanza de su campaña son los programas de apoyo a familias empobrecidas. Con medidas asistencialistas como la entrega de bolsas solidarias de víveres o la reducción de impuestos a la canasta básica, ha logrado un fuerte arraigo territorial en el interior del país.  

Estas medidas sociales, sin embargo, no desdibujan el hecho de que Torres pertenece al “pacto de corruptos”, término con el que los analistas guatemaltecos se refieren a los partidos y sectores de poder que, desde su perspectiva, han cooptado a las instituciones del Estado para que actúen a su favor.

Esperanza frente la deriva autoritaria

“Los resultados de estas elecciones pueden cambiar la deriva autoritaria que vive al país”, asegura el analista político Manfredo Marroquín a elDiario.es. 

El éxito del partido de Arévalo, defiende Marroquín, se debe a dos factores clave. En primer lugar, “la expulsión de la contienda de tres candidatos con un discurso antisistema, que prácticamente le dejó todo el espacio de la izquierda anti statu quo al Movimiento Semilla”. En segundo lugar, la candidatura socialdemócrata “era la única opción no contaminada por la corrupción que ha logrado captar el voto de la esperanza, el de la posibilidad de un cambio real”. Luis Mack añade que otro factor clave ha sido el voto joven, un voto novedoso, convencido y entusiasmado. 

En la primera vuelta, la candidatura obtuvo sus principales apoyos en un votante de clase media, urbano con cierto nivel educativo y principalmente joven. En contraposición, obtuvo menos apoyo en el interior del país, donde no tenía vasos comunicantes con organizaciones sociales campesinas ni con las comunidades indígenas.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta se perfila un escenario político muy diferente. La campaña de persecución política en su contra y las esperanzas de cambio que han calado en el electorado pueden beneficiar a la candidatura de Arévalo. Según los analistas, el Movimiento Semilla probablemente logre capitalizar el voto nulo y el voto de descontento de todo el país.

En este sentido, las últimas encuestas publicadas muestran una distribución de la intención del voto muy similar según la región, la edad y el nivel educativo del votante, factores que pasarían a ser irrelevantes a la hora de elegir el voto por Semilla. 

Incertidumbre tras las elecciones

La preocupación por el devenir de los acontecimientos políticos ha llegado a la Organización de Estados Americanos. En una visita oficial esta pasada semana, el secretario general logró el compromiso de todos los poderes del Estado de respetar el resultado electoral y la entrega del poder. Sin embargo, muchos sectores, incluido el propio Movimiento Semilla, temen que una victoria de Arévalo no garantice que sea investido el próximo 14 de enero. 

Más allá de la persecución judicial en curso que amenaza con inhabilitar el partido, en las últimas horas la candidata de la UNE ha intensificado la narrativa de fraude electoral. En diversos videos difundidos en las redes sociales oficiales, Torres ha asegurado que le van a robar las elecciones. Estos mensajes contrastan con la filtración de un vídeo en la que una dirigente de la UNE exige a fiscales de mesa del partido que impugnen mesas electorales el día de las votaciones. 

Mientras tanto, los guatemaltecos aguardan expectantes ante una deriva que puede sentar un precedente para futuras elecciones, en las que la incertidumbre sea la norma.

Decenas de miles de personas, provenientes de distintos rincones de Latinoamérica, han llegado en las últimas semanas a Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, entre otros municipios de la frontera norte de México, con la esperanza de cruzar el Río Bravo para entrar en Estados Unidos. Después de una larga ruta migratoria, al otro lado se han encontrado una frontera reforzada con 1.500 soldados, que se suman a 2.500 miembros de la Guardia Nacional, desplegados por la Administración de Joe Biden para hacer frente al aumento de migrantes esperado tras la caída del Título 42.

El sistema migratorio de EEUU ha superado este jueves la etapa Donald Trump y ha entrado en una nueva fase. Pero, a pesar de su discurso amable, Biden continuará con la política de mano dura contra la inmigración irregular. El levantamiento de la emergencia sanitaria ha supuesto este jueves la expiración del Título 42, la norma autorizada durante el mandato de Trump para expulsar a inmigrantes en caliente en la frontera sur. Sin embargo, “el fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario”, enfatizó este miércoles el secretario de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas.

A partir de ahora, únicamente se usará el Título 8, como ocurría antes de la pandemia. Esta medida ralentizará el proceso de deportación, puesto que requiere a los agentes de frontera que procesen las solicitudes de asilo, pero incluye mayores sanciones para aquellos migrantes que ingresen de manera irregular. Concretamente, aquellos que sean expulsados no podrán volver a tramitar su solicitud de asilo en cinco años.

“La frontera no está abierta”, insistió Mayorkas, “nuestro enfoque general es construir vías legales para que las personas vengan a EEUU e imponer consecuencias más duras a quienes opten por no utilizar esas vías”. El secretario de Seguridad Nacional envió un mensaje a los miles de migrantes que se han agolpado en los últimos días en la frontera: “A los contrabandistas solo les importan sus ganancias, no les crean, no arriesguen su vida ni sus ahorros para ser expulsados de Estados Unidos”.

Millones de expulsiones en caliente

El Título 42 es una medida sanitaria que fue aprobada en 1944 con el fin de prevenir la introducción de enfermedades infecciosas al país. Trump se aprovechó en 2020 de esta norma y autorizó su uso para blindar la frontera sur con la excusa del coronavirus. Desde entonces, ha servido para expulsar en caliente a 2,6 millones de personas, tanto en el mandato de Trump como en el de Biden, que se han sumado a otras 2,8 millones de expulsiones ejecutadas mediante leyes anteriores.

Previendo el fin de la medida sanitaria, las autoridades de ciudades fronterizas como El Paso, Laredo o Brownsville –las tres en Texas– han declarado el estado de emergencia tras detectar la llegada de más migrantes en las últimas semanas. La Guardia Nacional asegura que ha aumentado el número de deportaciones desde finales de abril, que se sitúan ahora en alrededor de las 7.000 diarias, y prevé que aumenten más durante los próximos días.

“No hay duda de que esto va a ser extremadamente desafiante”, dijo el pasado viernes Mayorkas, durante una visita a Brownsville. “No quiero subestimar la gravedad del desafío que esperamos encontrar”. Sin embargo, aseguró que la Administración está preparada para gestionarlo: “Tenemos un plan. Estamos ejecutando ese plan”.

Miles de personas durmiendo en la calle

Los refugios de acogida de migrantes a ambos lados de la frontera se encuentran ya desbordados y la mayoría no pueden ofrecer cama ni comida a los recién llegados. Y lo que es una situación indigna para miles de personas corre el riesgo de convertirse en una crisis humanitaria.

El Paso calcula que hay más de 2.300 migrantes –con y sin papeles– viviendo en sus calles, durmiendo en campamentos alrededor de dos refugios, que se encuentran desbordados. Dentro de estos albergues, permanecen aproximadamente 330 personas.

El subdirector del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar de El Paso, John Martin, dijo a CNN que prevén dificultades incluso para las personas que se encuentran en los centros de migrantes: “Todavía podemos alimentarlos, pero, con toda honestidad, esa no es una operación sostenible en este momento”.

El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, estima que hasta 15.000 migrantes están en Ciudad Juárez, en el lado mexicano de la frontera, o de camino hacia allá. Previendo las dificultades humanitarias que se vivirán en las próximas semanas, Leeser trató de eximir responsabilidades y recordó que este es un asunto de responsabilidad compartida: “Somos una ciudad fronteriza. Tenemos requisitos y responsabilidades que hay que cumplir, pero estas personas no vendrán a El Paso, todos lo sabemos: vienen a EEUU”.

El plan de Biden

La Casa Blanca lleva meses preparándose para el fin del Título 42, algo que estaba previsto que ocurriera a finales de diciembre, pero el Tribunal Supremo aprobó su ampliación a petición de varios estados republicanos. Ahora que termina la emergencia sanitaria, esta norma deja de tener validez legal y se aplicará exclusivamente el Título 8, que tiene décadas de antigüedad y no ha dejado de aplicarse durante la pandemia.

Con esta norma, “una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a EEUU de al menos cinco años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera ilegalmente”, recuerda el DHS. Es decir, el Título 8 implica sanciones mayores que las del Título 42, aunque no contempla expulsiones en caliente, ya que para deportar a alguien se requiere una entrevista previa con un agente fronterizo. De este modo, si el título 42 toma 10 minutos en expulsar a un solicitante de asilo, el Título 8 puede conllevar más de una hora.

Ante la nueva realidad, previniendo la llegada de más migrantes, el DHS ha creado un “plan operativo” que incluye medidas como el aumento de recursos de “personal, transporte, apoyo médico e instalaciones para apoyar las operaciones fronterizas”. Entre estos, se incluyen los 1.500 soldados en activo que ha enviado a la frontera en una misión temporal de 90 días, que según afirma la Administración, no actuarán con el uso de la fuerza sino en “apoyo logístico y administrativo”.

Además, este jueves entra también en vigor una nueva norma que descalifica a los solicitantes de asilo que no hayan presentado antes su petición en otro país. Esta medida, desvelada en febrero por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, servirá para “llenar el vacío” del fin del Título 42. “Esta Administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso”, apuntaron fuentes de la Casa Blanca tras el anuncio de la medida.

Esta complementa a otra medida anunciada el mes pasado: la creación de centros regionales de procesamiento en América Latina para que los inmigrantes puedan solicitar su ingreso a EEUU (así como a Canadá, México y, según se anunció recientemente, también España). Es el cauce legal que ha encontrado la Administración para que los migrantes puedan pedir asilo sin la necesidad de llegar hasta la frontera. Sin embargo, estos centros ubicados en Colombia y Guatemala, todavía no han terminado de construirse.

Los solicitantes de asilo están obligados a usar la aplicación Móvil CBP One para sus trámites. Esta es otra de las medidas implementadas por la Administración para frenar el flujo de migrantes en la frontera. Para poder concertar sus citas, los migrantes deben estar físicamente localizados en el centro o el norte de México. Esta aplicación, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, “proporciona un trámite seguro, ordenado y humano para que los extranjeros accedan a los puertos de entrada en lugar de que intenten ingresar a EEUU de forma irregular”.

Nueva York pide ayuda para acoger más

El foco humanitario se encuentra estos días en El Paso, Brownsville, Laredo, y las demás localidades fronterizas del país norteamericano, pero no son las únicas que se preparan para la caída del Título 42. Se notará especialmente en ciudades gobernadas por demócratas, como San Diego y Los Ángeles en la costa oeste, o Washington y Nueva York en la costa este.

Estos son destinos habituales para los inmigrantes, pues cuentan con una legislación más amable, así como medidas para su acogida y protección. Y se han convertido en el objetivo de algunos líderes republicanos, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el de Texas, Greg Abott, quienes han enviado autobuses cargados de migrantes hacia estos municipios, a los que se refieren como “ciudades santuario” por su política migratoria más laxa.

El sistema de albergues de Nueva York ha acogido durante el último año cerca de 60.000 solicitantes de asilo. Más de la mitad se han quedado en la ciudad, mientras que unos 20.000 han sido trasladados a otros municipios cercanos. Tras la caída del título 42, el Ayuntamiento anticipa que recibirá 800 migrantes diarios, pero asegura que no tiene los recursos necesarios y pide ayuda al Gobierno federal.

La semana pasada, Nueva York recibió 30,5 millones de dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en ayuda humanitaria, pero eso es solo una pequeña parte de los 350 millones que solicitó la ciudad. La presidenta del Consejo Municipal, Adrienne Adams, y el presidente de Finanzas, Justin Brannan, aseguraron en un comunicado conjunto que esta suma es “insignificante” para afrontar la situación.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reiteró la necesidad de ayuda federal y anunció un plan para enviar a los inmigrantes que lo deseen a otros condados cercanos, como Orange y Rockland. Concretamente, en estos lugares, brindará “hasta cuatro meses de alojamiento temporal a hombres solteros adultos solicitantes de asilo que ya están bajo el cuidado de la ciudad”. Este plan, según avanzó CNN, será complementado por otras “soluciones”, como tiendas de campaña en Central Park, la puesta a disposición de un hangar de aviones del aeropuerto de John F. Kennedy y la construcción de pequeñas casas temporales.

“La propaganda de los traficantes es falsa. Nuestra frontera no está abierta y no lo estará después del 11 de mayo”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario de seguridad Nacional de Estados Unidos, ante la prensa este jueves. Mayorkas se refería a la fecha de finalización de la política migratoria aprobada por Donald Trump durante la pandemia, que permitía devolver en caliente a las personas que intentasen entrar en el país de manera irregular. A pesar del tono duro del anuncio, que destacó los planes de aumentar las expulsiones, el secretario comunicó nuevas medidas complementarias para fomentar las vías legales de entrada a EEUU, como la creación de centros de tramitación de solicitudes en Latinoamérica.

España, junto con Canadá y México, ha acordado con EEUU su colaboración en el proyecto, por lo que aceptará recibir cupos indeterminados de refugiados o migrantes desde los nuevos centros impulsados por Joe Biden en Guatemala y Colombia.

¿Cómo serán estos centros? ¿Para qué servirán?

EEUU creará “centros regionales de procesamiento” en países de Latinoamérica, como Guatemala y Colombia, con el objetivo de impulsar un canal para que los migrantes que pasen por esos países en su camino a Estados Unidos puedan pedir asilo o tramitar otro permiso de entrada al país norteamericano sin necesidad de realizar un viaje peligroso y clandestino.

Serán puntos diseñados para determinar la elegibilidad de los solicitantes latinoamericanos para entrar regularmente a EEUU, a través de la tramitación de solicitudes de asilo, peticiones de reagrupación familiar o visados por razones laborales. Estos centros estarán gestionados por Estados Unidos en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Ejecutivo de Biden no ha especificado los requisitos necesarios para optar a esta posibilidad ni el número de migrantes que aceptará recibir por esta vía.

Entonces, ¿España qué pinta en todo esto?

A través de estos centros, los solicitantes también podrán buscar destinos migratorios distintos a los Estados Unidos. Aquí es donde entra el papel de España, que ha aceptado recibir cupos indeterminados de refugiados, a través del reasentamiento. Los migrantes también podrán optar a unirse a programas de migración circular, basados en la contratación de trabajadores extranjeros durante un periodo específico, según detallan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que aseguran que los trámites, tanto de identificación y de entrada, serán “rápidos”.

El Gobierno español, sin embargo, no ha detallado el número de refugiados o migrantes que pretende aceptar a través de esta vía. Además de España, también participan en el proyecto Canadá y México. El Ejecutivo de EEUU está en conversaciones con otros países para ampliar el programa.

¿Desde cuándo negocia EEUU con España su colaboración en migraciones?

En junio del año pasado, el medio estadounidense Axios publicó que el Gobierno de Joe Biden esperaba que el Ejecutivo español se comprometiese a reasentar en España a un número “modesto” de refugiados del continente americano. El número inicial de refugiados que se reasentarían en España sería “modesto” pero “simbólicamente importante”, según los documentos citados entonces.

También se esperaba que Madrid acordase doblar o triplicar el número de trabajadores temporales que recibe de América Central y que viajan a España a través del programa de migración circular -como el aplicado con los temporeros en la temporada de la fresa-.

¿Por qué EEUU lanza ahora estos centros?

Estas últimas medidas se producen semanas antes del levantamiento del Título 42, la política aprobada durante la Administración Trump que permitía, bajo el pretexto de la COVID-19, devolver inmediatamente a los migrantes que atravesasen la frontera irregularmente, sin darles la opción de solicitar asilo. Aunque Biden intentó mantener esta medida, un tribunal federal ordenó cancelarla por vulnerar los derechos de los migrantes.

Se espera que las devoluciones en frontera se suspendan a partir del 11 de mayo, por lo que el Gobierno estadounidense teme que se produzca un aumento del flujo migratorio desde entonces. Con esta medida, EEUU pretende rebajar las llegadas clandestinas, mediante la apertura de vías legales de entrada, mientras trata de encontrar mecanismos para impedir las entradas irregulares.

Por esta razón, el secretario de Seguridad Nacional de EEUU defendió que la cancelación del Título 42 no significará que los pasos fronterizos sean ahora más sencillos. Según Mayorkas, el Ejecutivo está buscando otras vías para poder expulsar a los migrantes irregulares de forma rápida o la aplicación de otras normas que contemplan “duras consecuencias para la migración irregular”.

Según The New York Times, la administración también está ultimando nuevas normas para que los migrantes que no solicitaron protección humanitaria en un país en el camino a la frontera de los EEUU no puedan pedir asilo en Estados Unidos.

¿Cómo han reaccionado las ONG?

Organizaciones de derechos humanos ven como un paso positivo la creación de estos centros, pues se trata un mecanismo de migración regular que podría reducir los riesgos con los que se chocan los migrantes en su camino a EEUU. Sin embargo, las ONG temen que se trate de una medida para maquillar los intentos del Gobierno de Joe Biden de aumentar las expulsiones sin garantías desde la frontera estadounidense. El éxito del programa dependerá de los requisitos impuestos, así como de las plazas ofertadas.

Kevin Appleby, director interino del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, calificó la iniciativa como “un paso positivo para garantizar que las personas que huyen de la persecución reciban protección”, en declaraciones recogidas por The New York Times.

“No deben usarse para impedir que los solicitantes de asilo lleguen a un lugar seguro o convertirse en un escaparate para enmascarar la denegación de asilo a las personas en nuestra frontera sur”, alertó el experto.

¿España recibe ya a solicitantes de asilo latinoamericanos?

Sí. De hecho, la gran mayoría de solicitudes de asilo registradas en España en los últimos años son de ciudadanos latinoamericanos. Los principales países de procedencia de los demandantes de protección internacional en 2022 fueron Venezuela (45.748), Colombia (36.012) y Perú (8.937). Estas personas llegan, por lo general, por su propia cuenta a través de un visado de turista y, una vez en suelo español o en el propio aeropuerto, piden asilo.

El sistema de asilo, sin embargo, está saturado debido a las dificultades a las que se enfrentan los solicitantes de asilo para solicitar una cita que les permita registrar su petición de protección internacional. El colapso, ocurrido desde hace años, empuja a muchas de estas personas a vivir en la calle hasta que logran formalizar la solicitud y acceden a la red de acogida estatal, un proceso que puede demorarse durante meses.

Jennifer Ávila mantiene intacta su fe en el periodismo, algo que en Honduras, además de sorprendente, puede llegar a ser mortalmente peligroso. En 2017, en uno de los países más violentos del mundo y en el que la libertad de prensa está más amenazada, Jennifer, junto a unos pocos colegas, fundó Contracorriente. Hoy, con 32 años, acaba de recibir el premio de excelencia de la Fundación Gabo, la organización colombiana que fundó Gabriel García Márquez para apoyar a los periodistas iberoamericanos. Hablamos con ella de los peligros de ejercer el oficio en su país, de la delicada situación política de Centroamérica y de las expectativas que ha generado el nuevo gobierno hondureño presidido desde hace poco más de un año por Xiomara Castro.

Centroamérica está en llamas. ¿Cómo están viviendo la situación en Honduras, uno de los países que más ha sufrido en los últimos años la presión sobre los periodistas?

Es una situación muy crítica. Estamos hablando de toda Centroamérica, incluso de Costa Rica, hay una tendencia que nunca antes se había visto de poner como enemigo público a la prensa independiente, a la prensa crítica. Y sí, es una situación muy difícil. En Honduras hay cierta copia del discurso populista. Desde López Obrador en México, hasta el presidente de Costa Rica, utilizan una especie de manual del consultor político: pon de enemigo público a la prensa independiente que te está criticando, que te está auditando.

¿Y hasta dónde interfiere en vuestro trabajo?

Aún no llega a la situación de Nicaragua, en la que los periodistas están siendo exiliados y expatriados. Es casi inaudito que te quiten la nacionalidad por hacer periodismo y por ser crítico con una dictadura, por cumplir tu papel como periodista. O el caso de El Salvador, que sin ser tan oficial, sí es un discurso de odio en contra de los periodistas, que es muy grave porque nuestras sociedades son muy violentas y ese discurso tiene repercusiones enormes. Y está Guatemala, que institucionaliza esa criminalización, que ni siquiera es por asuntos de libertad de expresión, si no por temas relacionados con el crimen organizado, por revelar tramas de corrupción, por ser críticos.

¿Y Honduras?

Aquí, ese discurso de presentar ante la gente al periodismo independiente como algo que estorba, que no sirve para tener mejores países, está tomando mucha fuerza. Lastimosamente el nuevo gobierno empezó muy duro con ese discurso y muy pronto creó una una dirección de prensa para poder controlar a los medios.

Y en este escenario, en 2017 nace Contracorriente, el medio que dirige y del que es cofundadora. ¿Qué les impulsó a dar ese paso?

Yo estudiaba en la universidad cuando el golpe de Estado en 2009 [que derrocó a Manuel Celaya], y eso marcó mucho el periodismo que quería hacer. En 2015, cuando tenía mi primer trabajo, ocurrió el movimiento de los indignados en diferentes países, sobre todo en Guatemala. En Honduras la gente empezó a protestar contra la corrupción y era algo que no habíamos escuchado antes, No era un tema tan importante en la agenda política y yo sentía un vacío en los medios de comunicación. No estábamos contando bien la corrupción, los medios no estábamos jugando un papel fundamental en la lucha contra la corrupción, no había periodismo independiente de investigación, y así fue cómo empezamos a reportear. Solo éramos tres personas y empezamos a contar cómo funcionaba la maquinaria clientelar de Juan Orlando Hernández y los caciques políticos de los departamentos, que eran realmente los que estaban armando toda la estrategia para que Juan Orlando se mantuviera en el poder en las elecciones de 2017.

Hace poco más de un año, después del segundo mandato de Juan Orlando, gana las elecciones Xiomara Castro y se convierte en la primera mujer presidenta de Honduras. Entiendo que era una gran esperanza para todos los hondureños, pero también para ustedes. Y sin embargo, por lo que me cuenta, la situación para los periodistas o para la libertad de prensa sigue empeorando.

Sí, es muy interesante ver a las personas que tuvieron que exiliarse en 2009 de nuevo en el poder. No solo a la presidenta, su esposo [Manuel Zelaya, el expresidente derrocado en 2009] juega un papel fundamental. Sus exministros, que ahora son ministros otra vez, fueron amnistiados por este Gobierno. Y sí, en efecto, la esperanza se perdió muy rápido. El gobierno de Xiomara Castro ha querido copiar cosas de los gobiernos cercanos. Ahora llevamos tres meses en estado de excepción y están intentando implantar el mismo plan de control territorial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y cuando hay críticas por esta forma de suspender las garantías constitucionales al final la culpa la tienen los medios. Se ha instalado un lenguaje muy polarizador y se acusa a los medios de promover un golpe de Estado. Se está alimentado una narrativa en contra del periodismo y de cualquier crítica al Gobierno con el fantasma del golpe de Estado.

Honduras es uno de los países más violentos del mundo, ocupa uno de los últimos puestos en libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras, los feminicidios son moneda corriente y los asesinatos de defensores de los campesinos y de los derechos humanos también. ¿Qué dificultades enfrentan y que prudencias toman para poder trabajar?

Sí, Honduras es uno de los países donde hay más periodistas asesinados. Llevamos más de 90 en los últimos 15 años y la impunidad es enorme. Aquí todo el mundo está en peligro. Es un asunto no sólo de maras y pandillas. Honduras es un narcoestado, tenemos al narcotráfico infiltrado en el poder, y eso no es algo que va a cambiar con un gobierno, son los partidos políticos los que están podridos, el poder local, toda la institucionalidad, la Policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, todo. Por eso es muy difícil trabajar. Sabemos que que un tuit de alguien, un mensaje de odio en las redes sociales se puede traducir muy fácilmente en un ataque violento en la calle que puede parecer un robo, porque aquí eso es muy común. Es decir, te matan en la calle y nadie va a saber por qué. La violencia está muy generalizada. Igual que la violencia contra las mujeres, el acoso sexual, todo eso está muy normalizado.

Una de las cosas más difíciles es encontrar gente que quiera hacer este trabajo. Mucha gente me ha dicho que ni loca va a hacer lo que hace Contracorriente, ni loca va a señalar corruptos, a contar las cosas que están pasando

En estas condiciones hacer buen periodismo es casi imposible.

Sí, creo que por eso en Honduras hubo mucho silencio, muy poco periodismo independiente y de investigación en los últimos años, porque hay mucha autocensura, nadie se quiere arriesgar, eso es algo a lo que yo me enfrento siempre, porque yo hice un medio, no soy una freelance que anda reporteando sola. Tengo un equipo y una de las cosas más difíciles es encontrar gente que quiera hacer este trabajo. Mucha gente me ha dicho que ni loca va a hacer lo que hace Contracorriente, ni loca va a señalar corruptos, a contar las cosas que están pasando.

Eso también explica el silencio que hay sobre lo que pasa en Honduras. Apenas hay prensa internacional. Se habla mucho de El Salvador, de Nicaragua, también últimamente de Guatemala, pero Honduras es un agujero negro informativo.

Sí, es como un castigo que te manden a Honduras. Parece que es un país poco importante, sin embargo el golpe de Estado del 2009 fue un ensayo de los que vinieron después, un experimento que les salió bien, la junta militar impulsó el golpe pero no tomó posesión. Luego pasó en Paraguay y luego en el sur de América. Por eso creo que es más importante que nunca contar lo que está pasando en Honduras.

¿Espera que el premio Gabo ayude?

Sí, creo que este premio y el foco que se le pone a Honduras es muy importante ahora mismo. Aún no se sabe exactamente cómo va a ser el gobierno de Xiomara Castro, pero ya está tirando sus sus señales. Creo que es más importante que nunca cubrir Honduras.

Y para usted, personalmente, ¿qué significa el premio?

Lo primero que pensé es si me merezco este premio tan increíble, es una gran responsabilidad para mí y para los periodistas que que trabajan conmigo. Tenemos que seguir haciendo buen periodismo, el mejor periodismo posible que podamos hacer en este país. Para Contracorriente significa también protección. En Contracorriente hemos hemos trabajado colaborativamente con un montón de plataformas y de medios y eso ha sido fundamental para que podamos hacer nuestro trabajo de manera segura y que tenga impacto, algo que en Honduras es muy complicado por la brecha digital. Y que el premio lleve el nombre de Gabriel García Márquez es muy importante, fue mi inspiración en el colegio cuando estaba en la secundaria, era mi autor favorito y uno de los motivos por los que quería ser periodista.

La periodista hondureña Jennifer Ávila Reyes, reportera, directora editorial y cofundadora del medio Contracorriente, es la ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2023, según ha anunciado la Fundación colombiana creada por el premio Nobel Gabriel García Márquez. El jurado del premio ha valorado por su compromiso con la verdad, la justicia y el combate a la violencia estructural que afecta a las mujeres y la democracia en uno de los países latinoamericanos donde es más difícil ejercer el periodismo.

El Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por 14 periodistas, escritores y académicos con reconocimiento en Iberoamérica, ha decidido otorgar este premio a Jennifer Ávila (El Progreso, Honduras, 1990) por ser “una joven profesional que, a pesar de todas las dificultades, ha decidido perseverar en el ejercicio del buen periodismo haciendo honor al principio de que el derecho a la información no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los pueblos”. 

Su medio, Contracorriente, que fundó junto con Catherine Calderón en 2017, se ha destacado en la investigación de la corrupción, el crimen organizado y la impunidad en Honduras. A pesar de los riesgos a su integridad, la dificultad de acceso a la información y el acoso hacia los medios independientes, Ávila y su joven equipo han logrado consolidarse “como un referente en investigaciones regionales y transnacionales que han tenido impacto dentro y fuera de sus fronteras” y una escuela para las nuevas generaciones de periodistas hondureños.

El premio Gabo “respalda el coraje, la ética y la convicción de miles de jóvenes periodistas del continente, encarnados en una gran exponente como Jennifer Ávila”, cuyo ejemplo inspirador es considerado una fuerza transformadora en Centroamérica y más allá, desde una Honduras asediada por la violencia, la corrupción y el crimen organizado. “Su liderazgo destaca en un entorno en el que no es claro cómo se puede seguir haciendo periodismo”, concluye el jurado del premio.

El rostro del nuevo periodismo independiente

Jennifer Ávila nació el 29 de junio de 1990 en El Progreso, Yoro, Honduras. A lo largo de una década de experiencia, ha mostrado su versatilidad como documentalista, reportera en texto y radio, 'fixer', analista e investigadora. Ha colaborado para medios como The Washington Post, Divergentes, Distintas Latitudes y Noticias Aliadas. Trabajó en Radio Progreso, en su departamento natal de Yoro, entre 2011 y 2017, año en el que fundó el medio nativo digital Contracorriente junto con Catherine Calderón, actual directora de desarrollo del medio. De un pequeño grupo de cuatro personas que funcionaba en una oficina prestada, con dos voluntarios, Contracorriente pasó a tener un equipo de más de 20 personas en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En poco tiempo, bajo el joven liderazgo de Ávila y Calderón, este dinámico sitio transmedia logró gran impacto a nivel nacional y centroamericano.

Con la obtención del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2023, Ávila se une a un grupo de profesionales ejemplares que han recibido el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo desde su creación: Giannina Segnini (2013), Javier Darío Restrepo y Marcela Turati (2014), Dorrit Harazim (2015), el equipo de El Faro (2016), Jorge Ramos (2017), Ignacio Escolar (2018), Jesús Abad Colorado (2019), el equipo de Radio Cooperativa (2020), Pedro X. Molina (2021) y Juan Villoro (2022).

Ávila recibirá el Reconocimiento a la Excelencia en la undécima edición del Festival Gabo, que será, además, el espacio para homenajear a los ganadores de las cinco categorías de concurso del Premio Gabo 2023: Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto. Las postulaciones al Premio Gabo están abiertas hasta el 22 de marzo.

Para los ojos de un viajero, Guatemala es posiblemente el país de Centroamérica que mayor número de atractivos concentra y también los de mayor variedad. En una pequeña extensión de terreno encontramos volcanes activos, bosques tropicales, ruinas mayas y ciudades de arquitectura colonial que nos trasladan a otra época. Además de mucha vida, mucho color y mucho sabor. 

Por eso Guatemala puede convertirse perfectamente en un destino a recorrer durante un par de semanas, pues aunque su territorio sea una quinta parte del tamaño de España, el propio ritmo del viaje nos invitará a vivir cada una de las paradas con la dedicación que se merece, para empaparnos así de su riqueza cultural y apreciar mejor todo lo que tiene que ofrecer. 

Pero Guatemala, dependiendo de nuestra experiencia viajera, puede plantearnos alguna que otra dificultad organizativa, pues aquí las distancias no se miden en kilómetros, sino en horas. Ante la duda siempre puede ser interesante recurrir a excursiones organizadas y a transportes privados que te faciliten las cosas. Grandes aliados además para evitar problemas de seguridad en el país, pues aunque las zonas turísticas por lo general suelen ser seguras, hay otras áreas, como Ciudad de Guatemala y sus alrededores, que siempre es mejor evitarlas.

Pero su belleza, su exotismo y su autenticidad justifican cualquier viaje a Guatemala. Y sea o no nuestra primera vez, hay unos cuantos lugares imprescindibles que no debemos pasar por alto una vez que pongamos los pies en el estado más septentrional de Centroamérica. 

Tikal, todo un imprescindible

Seguro que conoces alguna que otra ciudad maya en la vecina Yucatán, México. Pero en Guatemala también hay un buen número de ellas y hay varias realmente llamativas. Si hay que quedarse con una, esa es Tikal. Es Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO desde 1979 y durante más de mil años estuvo oculta por una densa selva tropical. Hoy es uno de los símbolos más emblemáticos y turísticos de Guatemala y llegar desde la bonita isla de Flores también es toda una experiencia. Si te animas a visitar otro yacimiento menos concurrido, no pases por alto Yaxhá.

Antigua Guatemala, alma colonial

Antigua es uno de los platos fuertes de nuestro viaje por Guatemala. Es la antigua capital del país y sin duda una de las ciudades más bonitas de toda Centroamérica, por lo que sí o sí la debemos de incluir en nuestro viaje. Con su arquitectura colonial, Antigua también es Patrimonio de la Humanidad y tiene la peculiaridad de estar rodeada de volcanes. El volcán de Fuego, el volcán de Agua o el volcán Acatenango flanquean esta ciudad que quedó atrapada en el tiempo. El Arco de Santa Catalina, con el volcán de Agua detrás, es junto a las ruinas de Tikal una de las imágenes más conocidas del país. 

El lago Atitlán, a 1.560 metros de altura

Para muchos es uno de los lagos más bonitos del mundo, pues su inmensidad rota por los volcanes San Pedro, Atitlán y Tolimán deja una imagen de verdadera postal. Tras contemplarlo desde su mirador, merece la pena visitar en barca algunos de los pueblos que se asoman a su orilla. San Juan de la Laguna, el más colorido de todos, San Marcos, conocido como retiro para amantes del yoga, y Santiago de Atitlán, el más auténtico, no deben faltar en nuestra ruta. 

El volcán Acatenango y el volcán Pacaya

Guatemala es un país de volcanes. Eso es indiscutible. Y además varios se mantienen activos. Es difícil elegir cuál visitar, pero si hay que quedarse con un par de ellos esos son el Acatenango y el Pacaya. Para subir al Acatenango hay que estar en forma pues la ascensión puede tomar hasta siete horas. Lo mejor es recurrir a alguna agencia de Antigua que organice una excursión de dos días de ida y vuelta. Y si queremos algo menos exigente siempre está el Pacaya, que lo podemos visitar en un solo día. Eso sí, desde el Acatenango tendremos unas espectaculares vistas del volcán de Fuego y su actividad.

Semuc Champey y sus piscinas naturales

De entre todas las experiencias que se pueden vivir en plena naturaleza, la de Semuc Champey es una de las más particulares. Fue declarado Monumento Nacional en 1999 y además de ofrecer diferentes rutas de senderismo que nos adentran en la frondosidad de su bosque subtropical, sus piscinas naturales de color turquesa son un verdadero reclamo para darse un chapuzón. Su nombre viene del q'eqchi':  xmuq ‘esconder’, cham ‘hondo’ y pek ‘piedra’, de manera que lo podemos entender como ‘donde el río se esconde bajo la tierra’. 

El mercado de Chichicastenango

Cuando decimos que Guatemala está llena de color es por lugares como el mercado de Chichicastenango. En él la cultura maya nos habla por sí sola en uno de los mercados más pintorescos y conocidos de toda Centroamérica. Se celebra todos los jueves y domingos, es fácil llegar desde Antigua y el lago Atitlán en excursiones organizadas, y en él se dan cita tanto locales como turistas. Por lo que sí, además de cuidada artesanía guatemalteca y recuerdos, también encontrarás frutas, verduras, ropa y telas de vivos colores. Los mismos vivos colores que luce por cierto su cementerio, que también es digno de ver.

Río Dulce y Livingston

Cuando tengamos ganas de relax, será momento de poner rumbo al Caribe. Río Dulce muestra ante nosotros un enorme sistema acuático que invita a ser recorrido en lancha, dejando a un lado y otro una exuberante vegetación. Aquí sin duda te llamará la atención el Castillo de San Felipe, mandado construir por Felipe II para mantener a raya a los piratas. Un poco más adelante, la pequeña población de Livingston nos dará a conocer la cultura garífuna, un grupo étnico descendiente de africanos, aborígenes y arahuacos originarios de varias regiones del Caribe.

Yaneth, de Honduras, tiene 20 años. En su país, las pandillas amenazaron de muerte a su esposo. Los tenían vigilados, sabían dónde vivían. Huyeron de Honduras cuando ella estaba embarazada. Entró sola a Estados Unidos porque solo tenían dinero para pagar un cruce. Estaba embarazada ya de cinco meses. En Estados Unidos la detuvieron. Nunca la vio un médico ni recibió información, solo una botella de agua en casi 12 horas. Pero lo peor estaba por llegar: cuando fue expulsada a la ciudad mexicana en la frontera de Reynosa, la violaron. “No les importó que estuviera embarazada, me afectó muchísimo y afectó mi embarazo”, dice.

El parto se adelantó y su bebé nació prematura. A pesar de lo que pasó, ha vuelto a Reynosa porque unos amigos le hablaron del refugio donde vive ahora. “A veces quisiera dormir y no despertar, pero mi hija, mi mamá que sigue en Honduras, mis hermanos y mi esposo me ayudan a seguir”, afirma.

Están siendo semanas agitadas en Reynosa, en el noreste mexicano. Mientras persiste la expectativa sobre el eventual levantamiento del Título 42 (la orden que permite la expulsión inmediata de personas migrantes desde Estados Unidos y vigente aún por una orden judicial) siguen llegando miles de personas a esta ciudad fronteriza. Allí se enfrentan a duras condiciones climáticas, inseguridad y falta de acceso a servicios básicos.

El desalojo de los últimos habitantes que quedaban en la Plaza de la República a comienzos de mayo y la llegada cada día de cientos de migrantes mantienen colapsada la de por sí escasa capacidad existente en la ciudad para atender a esta población. 

La dinámica de la migración ha cambiado visiblemente respecto al panorama de meses atrás. El número de personas migrantes ha aumentado y hay una gran carencia de servicios de alojamiento, alimentación y salud para atenderlas. Los permisos de ingreso a Estados Unidos, gestionados fundamentalmente por grupos de abogados privados y que se dan a cuentagotas, y las continuas expulsiones desde Estados Unidos hacia las fronteras del norte de México en virtud del aún vigente Título 42, están actuando como factor de hacinamiento de solicitantes de asilo. 

Cientos de personas llegan intentando acceder a un apoyo legal para su entrada en el vecino del norte y deciden quedarse a esperar en una ciudad donde ya no hay espacio en los albergues. Muchas de ellas acaban viviendo en la calle. Además de las dificultades de acceso a servicios de salud y espacios seguros, se enfrentan a temperaturas muy elevadas, sin agua potable ni sanitarios. También están expuestas a situaciones de violencia en una ciudad donde los enfrentamientos entre grupos armados, también en las colonias cercanas a los albergues, se han incrementado.

“Caos y miedo”

La familia de José, de Honduras, lleva varios meses en Reynosa. “La otra noche escuchamos balazos muy cerca del albergue, sentimos desesperación porque no sabíamos lo que pasaba, nos escondimos en el baño por miedo a una bala perdida. Venimos huyendo de las balas en mi país, no pensamos que aquí también fuera así. Hubo mucho caos y miedo”, relata José que espera, junto a su esposa, su hija y su padre de 74 años respuesta a le petición de asilo.

En estos momentos, hay unas 2.400 personas en los dos albergues en los que prestamos apoyo desde Médicos Sin Fronteras (MSF), pero no tenemos un cálculo exacto del número de migrantes que viven en los alrededores y en las calles. Ante este panorama hemos aumentado la capacidad del equipo, sumando más personal médico y logístico y medicamentos. Brindamos consultas médicas y de salud mental, entregamos kits de hidratación, agua potable y realizamos actividades de promoción de la salud y asistencia social. 

A nivel físico, vemos cuadros respiratorios, enfermedades gastrointestinales, infecciones urinarias, ginecológicas y en la piel y desequilibrios por enfermedades crónicas o degenerativas. Es especialmente preocupante que, en las últimas semanas, nuestras consultas para mujeres embarazadas y menores de cinco años se hayan triplicado.

En cuanto a la salud mental, prevalecen los síntomas relacionados con trastorno de estrés postraumático, ansiedad, duelo o pérdida y depresión. A pesar de nuestros esfuerzos, estamos rebasados ante la cantidad de personas que requieren servicios y las dificultades para poder brindarlos, sobre todo para las personas que viven en situación de calle. 

El caso de Reynosa es ejemplo claro del impacto que tienen las condiciones de inseguridad, pobreza y desigualdad en los países de origen y que obligan a huir a miles de personas en búsqueda de protección y bienestar. A estas se suman las políticas migratorias de países como Estados Unidos y México que criminalizan a las personas migrantes y generan crisis humanitarias en lugares como esta ciudad. 

Es imprescindible una mayor respuesta de las entidades oficiales e internacionales para mejorar el acceso a hábitat, a los servicios sanitarios, alimentación, salud, educación y protección. Pero también es esencial un discurso que vea en las personas migrantes y refugiadas una oportunidad de crecimiento nacional y no una amenaza, porque migrar no es un delito y buscar protección y seguridad no es un crimen.

* Anayeli Flores es responsable de Asuntos Humanitarios de MSF en México.

Lleno de energía. Así se siente el expresidente Manuel Zelaya con el conteo preliminar de votos que ubican a Xiomara Castro, su esposa, como la nueva presidenta de Honduras. A falta del escrutinio final, Castro supera con el 53% al candidato del Gobierno en 20 puntos, según datos del Consejo Nacional Electoral. El candidato conservador, del partido gobernante, Nasry Asfura, visitó a Castro y la felicitó por su triunfo.

El desembarco en el Gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), creado después del golpe de Estado en 2009 como fractura del partido Liberal que llevó a Zelaya a la presidencia en 2006, abre un nueva etapa para la izquierda. El expresidente atiende a elDiario.es por teléfono unas horas después de que el candidato opositor reconozca la victoria de Castro como presidenta.

Pasaron dos días de las elecciones presidenciales y todavía no se conocen los resultados finales, ¿le preocupa la demora en el escrutinio?  

No hay demora. La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) terminó. Lo demás está en las actas originales. El resultado estará a finales de esta semana. De todos modos, el Estado tiene 30 días para hacerlo. Si lo hace en siete días, perfecto, pero tiene 30 días. Hoy el candidato nacionalista, Nasry Asfura, visitó a la presidenta electa Xiomara Castro para darle su reconocimiento, un gesto importante porque es el candidato del partido oficialista.

Teniendo como antecedente las acusaciones de fraude sobre las elecciones de 2017, ¿cómo evalúa el papel de la autoridad electoral ahora? 

El Consejo Nacional Electoral ha tenido un papel muy importante y diferente a las elecciones pasadas. Sí ha habido problemas pero se han ido superando.

¿Por qué cree que Xiomara Castro consiguió una diferencia tan amplia con el candidato del Gobierno?

Este es un país destruido por un modelo liberal y por una dictadura cívico militar. Lo que cambió sustancialmente en esta elección ha sido, en primer lugar, la conciencia colectiva del pueblo que quiere el retorno al orden democrático y constitucional que se perdió con el golpe de Estado de 2009. El otro factor es la posición del Gobierno de Biden. El Gobierno de Donald Trump vino a apoyar un fraude y una dictadura. El Gobierno de Biden vino a pedir que se respetara la voluntad popular. Esos son dos cambios fundamentales para que hoy haya un respeto a la elección que durante los últimos dos períodos no se pudo lograr. 

¿Qué país recibirá Xiomara Castro una vez que asuma como presidenta?

El país está quebrado. Hay un déficit fiscal muy alto, un endeudamiento público muy grande, tenemos las caravanas de migrantes, la pobreza ha crecido, la deuda se ha multiplicado. Es un estado de calamidad.

¿Cuál será el principal objetivo del nuevo Gobierno?

Lo que la presidenta electa ofreció ha sido retornar el sistema democrático y de justicia y recuperar la participación ciudadana pero yo no soy candidato, ni presidente electo, soy el asesor. No puedo hablar en nombre de ella.

¿Qué rol ocupará usted en el nuevo Gobierno?

Yo soy asesor de la presidenta. 

¿Tendrá un cargo institucional o será asesor de manera informal?

No pretendo entrar en el Gobierno. Nunca ni por ningún precio. Simplemente soy asesor. 

¿Habrá un cambio de Constitución?

No hay clima para una Asamblea Nacional Constituyente. Eso genera mucha contradicción. Lo que sí se tienen que transformar son leyes importantes que han sido cambiadas por la dictadura.

¿Qué errores del pasado buscarán no repetir en el futuro?

Siempre hay que ver el pasado para aprender sus lecciones pero nosotros estamos mirando hacia adelante. Así que mirando para adelante Honduras tendrá a cargo a una mujer, con sentimientos frente a un modelo despótico que destruye a la naturaleza y al ser humano como es el modelo neoliberal. Tenemos mucha esperanza de su propuesta de ampliación social y democrática, creo que viene un cambio favorable. Somos un partido de izquierda pero hemos hecho acuerdo con partidos de centro y de derecha para buscar puntos de coincidencia en el retorno a la democracia.

¿Cómo definiría a la presidenta electa?

Recuerde que tengo 44 años de vivir con ella [risas]. Es una mujer inteligente, tiene mucha personalidad, mucho carisma y sensibilidad social. Se ha convertido en una líder política que conmovió con su discurso y su presencia a las masas del pueblo hondureño. El pueblo habló en las urnas y escuchó las demandas por el retorno al orden constitucional.

¿Cómo se siente con este resultado?

El pueblo hizo justicia después de 12 años de resistencia. Me siento lleno de una energía positiva, lleno de esperanza y de optimismo.