El Gobierno amplía a 210 los trámites burocráticos que quiere simplificar hasta el final de la legislatura a través del programa 'CaTgirem'. Cómo explica el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones a los medios, el ejecutivo catalán ha terminado la mejora de 170 procesos, algunos de los cuales ya están plenamente operativos con los cambios -como el registro oficial de maquinaria agrícola- y otras se activarán próximamente -como el registro de productores de residuos-. Ahora se añaden 40 de “adicionales” a esta “reingeniería de procesos” que quiere “luchar contra la burocracia” y hacer que los trámites de la administración catalana -unos 2.400- sean “más comprensibles”.

“Estamos trabajando trámite a trámite con muchos de los departamentos”, ha puntualizado Dalmau. Fuentes del Gobierno añaden que se están acabando de “recoger datos” para concretar qué procedimientos habrá que reformular. Estas mismas fuentes subrayan que, con la estrategia de simplificación, nace una “nueva cultura” dentro de la administración que implica “no dejar de banda la necesidad de transformación continuada” de los trámites. También clarifican que no todos los trámites públicos requieren una renovación, dado que algunos están “consolidados” y otras “tienen poca utilización”.

Una IA “para hacer más fácil la vida” a ciudadanía y funcionarios

Por otro lado, el titular de Presidencia ha explicado cómo la Generalitat usa la inteligencia artificial (IA) “para hacer más fácil la vida” a la ciudadanía y a los trabajadores públicos, y no “para sustituir a nadie”. Por ejemplo, sirve para “acompañar” los funcionarios en tareas de validación de documentos y localizaciones durante el procesamiento de algunos trámites.

También estará presente en el mencionado registro de productores de residuos en forma de un asistente que ayudará la ciudadanía a identificar los residuos que produce su actividad. Según los cálculos del Gobierno, esta herramienta se pondrá en marcha a finales de año. De hecho, desde el 2025 se han activado 38 sistemas con IA dentro del entorno de la Generalitat, como el buscador inteligente del portal gencat.cat o el nuevo asistente virtual en las subvenciones del Instituto Catalán de Energía.

1.800 formularios actualizados y seis millones de horas ahorradas a la ciudadanía

La primera etapa de la estrategia de simplificación, a lo largo del 2025 y los meses transcurridos del 2026, han comportado la transformación de 1.800 formularios en formato PDF, que era poco intuitivo para el usuario, al formato web. Así mismo, ha supuesto el ahorro a la ciudadanía de seis millones de horas en trámites con la Generalitat. En estos dos periodos, se han tejido planes específicos estructurales para reducir la burocracia, como el “Pla Cura” o el anteproyecto de ley de simplificación urbanística y ambiental -actualmente en fase de información pública-. En cuanto al 2025, la administración no ha tenido que preguntar 80,4 millones de datos y documentos, una cifra que ha crecido respecto al año anterior, cuando fueron 74,6 millones.

La anestesióloga pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron Sandra Galve explica que la digitalización del consentimiento sanitario, un documento necesario antes de varias intervenciones que en compilación los riesgos, ha permitido agilizar el proceso y reducir las visitas en los centros sanitarios. “Hacerlo de manera digital permite que el paciente se lo lleve en casa y, en los casos en que no hay que verlo presencialmente porque su situación de salud o el procedimiento al cual será sometido no es de alto riesgo, no hace falta que venga en el hospital”, relata.

En estos casos, se llama al ciudadano y se le envía el consentimiento vía la aplicación 'Mi salud', donde lo aceptará o lo rehusará. Cómo explican fuentes del Govern este es un proceso ya en marcha que está llegando gradualmente a todos los centros del sistema sanitario y, hasta la fecha, más de 6.000 personas se han ahorrado de visitar presencialmente los hospitales.

Otros trámites que experimentan este lavado de cara mediante el programa 'CaTgirem' son el registro de parejas de hecho, que a lo largo del último trimestre del 2026 dejará de requerir un formulario por cada integrante de la pareja y solo preguntará uno que será compartido; la bolsa de docentes, que tiene una nueva aplicación que actualmente convive con el sistema tradicional por web; o la autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, imprescindible para instalar un chiringuito hacer actividades en la playa y que ahora ha pasado a ser un formulario web, cosa que ha hecho reducir las consultas por ayuda en un 55%

Sílvia Orriols irrumpió hace poco más de dos años en la Cámara catalana con dos escaños y, desde entonces, su tarea principal y casi única de la extrema derecha independentista ha sido utilizar sus turnos de intervención para ganar visibilidad en medios y redes. Su retórica dura, sus descalificaciones hacia colectivos vulnerables y sus sistemáticas referencias a la diputada de ERC Najat Driouech por vestir un hiyab ha situado a Orriols en el difuso límite del discurso del odio, algo en lo que Vox también ha acompañado

Ante esta situación inédita, Josep Rull, el presidente del Parlament, ha apostado por tejer una estrategia para atajar estas prácticas. Pero el equilibrio no es nada sencillo: se trada de evitar el discurso de odio en la Cámara sin vulnerar la libertad de expersión de los diputados y, a la vez, sin brindar a Aliaça Catalana y Vox la posibilidad de victimizarse.

Rull, de la mano del resto de miembros de la Mesa, han tenido claro desde el principio que la irrupción del partido islamófobo no podía suponer un cambio en la cultura de debate parlamentaria que ha caracterizado la política catalana: “El president vio rapidamente que debía tomar una posición concreta respecto a esto”, explican desde su equipo.

“Es un reto que atraviesa a toda Europa”, comentan fuentes parlamentarias, que narran como antes de actuar se pidió a los servicios jurídicos de la cámara que revisaran la jurisprudencia europea sobre libertad de expresión y discurso de odio en los parlamentos. Se llegó a la conclusión de que las sentencias existentes defienden, por encima de todo, la libertad de expresión con márgenes muy amplios en sede parlamentaria.

En busca de una fórmula propia, la Mesa se reunió con el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Casadevall, que se expresó en la misma línea: la libertad de expresión debe prevalecer. El exmagistrado no ha sido la única persona con la que se ha contactado. La Mesa también ha trabajado con la asamblea de Baden-Württemberg (Alemania) para conocer cómo gestionan allí la cultura del debate parlamentario, que es ciertamente innovadora: cuentan con una comisión específica que analiza a posteriori, a instancia de un grupo o diputado, posibles vulneraciones de las normas de conducta.

Dos amonestaciones públicas para Orriols y Garriga

El problema principal que se ha encontrado el Parlament es que el mecanismo establecido hasta ahora para frenar las salidas de tono tiene efectos limitados. Hasta el momento, las quejas y sanciones formuladas por los grupos o diputados se estudian a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat y siempre referidas al código de conducta aprobado en 2016, aunque este no forma parte del reglamento de la cámara.

Esta comisión se reúne “cuando puede”, explican des del Parlament, y no tiene poderes sancionadores. Ante eso, los grupos de PSC, ERC y Junts trabajan en una propuesta para que reformar el reglamento del Parlament, que tiene rango de ley, e introducir allí el código de conducta, de forma que puedan establecerse límites y multas. Se trata de dar seguridad jurídica a las normas del juego parlamentario.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en abril de 2025, cuando Orriols acusó desde el atril a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar “la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab, y remató con un “¡vergüenza debería darle!” dirigido directamente a ella. Rull la interrumpió para advertirle de que aquella alusión vulneraba el código de conducta, en uno de los primeros pulsos abiertos entre el presidente y la líder xenófoba. Esta misma situación conllevará una sanción pública para Orriols, según ha notificado la Mesa del Parlament.

Pero no es la única. El otro diputado sancionado ha sido Joan Garriga, portavoz de Vox. Meses atrás colgó en la puerta de un despacho un cartel donde se podía leer “Companys asesino”, haciendo referencia a l’expresident de la Generalitat. “Ambas conductas quedan excluidas del marco de la libertad de expresión”, comentan fuentes parlamentarias. Dos procesos más, también de diputados de VOX, han quedado sin sanción.

“El president se toma muy en serio su papel y para él está siendo un reto delicado”, explican fuentes parlamentarias en relación a Rull, que se encuentra inmerso en un “proceso de aprendizaje, como el conjunto de la Mesa”, narran otros testigos. Este mismo proceso ha generado cambios en la estrategia de confrontación. Hace meses que se optó por intervenir menos, convencidos de que eso solo alimentaba a los dos partidos ultras.

Pero el conflicto no termina aquí. Ahora termina un curso político en el que, pese a los intentos, la situación no solo no se ha resuelto sino que ha ido a más, en paralelo a la mejora de los sondeos para Vox pero, sobre todo, para Aliança. El Parlament sigue teniendo que convivir con hasta dos fuerzas que se mira en el espejo con los grandes referentes de la extrema derecha mundial como Donald Trump o Javier Milei.

La Mesa del Parlament ha sancionado este martes a la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, con una amonestación pública por haber cometido una infracción leve del Código de Conducta de la cámara. En concreto, por contravenir el artículo que dictamina que los diputados deben mantener “en todo momento” una actitud “respetuosa” con el resto de parlamentarios y con la ciudadanía, sin discriminación.

Así lo explican fuentes parlamentarias, que detallan que esta amonestación pública —que no conlleva una sanción económica— se notificará a las personas afectadas, aparecerá en el Boletín Oficial del Parlamento, constará en el expediente del diputado y se leerá en el próximo Pleno.

En el caso de Orriols, la Comisión del Estatuto del Diputado consideró que la dirigente de Aliança había incurrido en un “acoso sistemático” hacia la diputada de ERC Najat Driouech, señalada por la formación ultra por profesar la religión musulmana.

Fue el pasado 14 de julio cuando la Comisión del Estatuto del Diputado resolvió como “faltas leves” los expedientes abiertos por posible vulneración del código de conducta a Orriols y Garriga.

Para Orriols, el procedimiento de verificación comenzó —a petición de ERC— después de que acusara a la diputada de los republicanos Najat Driouech de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar velo. Sobre Garriga había dos expedientes abiertos: uno por colgar carteles con la inscripción “Companys asesino” en las ventanas de sus despachos, y otro por sus palabras en el Pleno del 8 de mayo de 2025 vinculando a los socialistas y la prostitución.

En estos tres casos, la Mesa del Parlamento ha seguido el posicionamiento expresado por la Comisión del Estatuto del Diputado y, tal como también le recomendó dicho órgano, ha trasladado a los grupos parlamentarios la “oportunidad” de reformar el Reglamento del Parlamento para incorporar en él el Código de Conducta, un cambio que requeriría mayoría absoluta.

En 2022, la Mesa sancionó al parlamentario de Junts Francesc de Dalmases con una multa de 600 euros y una amonestación pública, después de que reprendiera a una periodista del programa de TV3 FAQs.

En el caso de la también diputada de Vox Júlia Calvet, la Mesa también ha mantenido el criterio expresado por la comisión, que desestimó el expediente y lo enmarcó dentro de la libertad de expresión. Su expediente, abierto a instancias del PSC-Units, se debía a una intervención que realizó el verano pasado en la Comisión de Políticas de Juventud, donde acusó a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los mayores casos de corrupción de la historia de este Parlamento”, en referencia a la dirección de Infancia, la DGAIA.

Por otra parte, las fuentes parlamentarias añaden que la Junta de Portavoces celebrada este martes ha desestimado la petición —por parte de Junts— de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el error en las pruebas PISA. Los de Carles Puigdemont querían modificar el calendario de sesiones para poder sustanciar la comparecencia este viernes, 31 de julio, pero no han obtenido los apoyos necesarios.

Finalmente, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite, entre otras cuestiones, la proposición de ley del PSC-Units y los Comuns para acelerar la construcción de vivienda protegida, la renuncia de Anna Navarro como diputada de Junts —con efectos a partir del 1 de septiembre—, o las solicitudes de delegación de voto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del exconsejero Lluís Puig, ambos parlamentarios de Junts, para el próximo período de sesiones.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha comparecido este lunes en el Parlament por el fiasco de las pruebas PISA y se ha llevado una dura reprimenda de la oposición, incluidos sus aliados de ERC y Comuns. A las acusaciones de descontrol en la gestión de este test internacional que lleva a cabo la OCDE se le ha sumado otra crítica unánime: la de haber ocultado la información durante meses para hacerla pública a finales de julio, en plenas vacaciones escolares.

Niubó ha reconocido que les comunicaron en marzo, a través del Ministerio de Educación, los problemas con la muestra del alumnado que hizo las pruebas. Entonces, ha añadido, abrieron unas diligencias informativas para esclarecer lo ocurrido que todavía no han concluido.

Sin embargo, no lo dieron a conocer hasta el pasado viernes, 24 de julio. El Departamento de Educación lo obvió incluso durante la presentación de la auditoría encargada a la OCDE para mejorar los resultados del sistema educativo catalán, el pasado 6 de julio.

“Lo sabían desde marzo y han jugado intencionadamente con los tiempos”, he la reprochado Ana Erra, diputada de Junts, que una vez más ha pedido su dimisión como consellera por la “pérdida de confianza” con este error y con la crisis laboral. “¿Por qué lo escondieron? ¿Creían que pasaría desapercibido? ¿Lo querían hacer más pequeño?”, la ha cuestionado.

De forma parecida se han expresado en este punto las diputadas de ERC y de los Comuns, Irene Aragonès y Jéssica Albiach, respectivamente. Ambas le han reprochado además a Niubó que no mencionara esta incidencia durante los encuentros que han mantenido estos meses, uno de ellos para comentar la auditoría de la OCDE directamente con los grupos parlamentarios.

“Es uno de los episodios más graves del sistema educativo catalán en muchos años y siguen sin hacer autocrítica”, ha expresado Aragonès. “Dicen que todo responde a una confusión en la aplicación de los criterios de exención; si es así, donde estaban los mecanismos de supervisión?”, ha inquirido.

Albiach, por su parte, ha calificado la comparecencia de “decepcionante” y también ha acusado a la consellera de difundir la noticia en plenas vacaciones para que pasara más desapercibida. “Cuatro meses deberían ser suficientes para averiguar lo que ha pasado”, ha añadido sobre las diligencias informativas. “El error es exclusivamente suyo”, ha concluido.

Desde PP y Vox han ido más allá y han acusado directamente a Educación de intervenir en la muestra del alumnado para “maquillar” unos supuestos malos resultados en las pruebas de 2025. “Tenían pánico a la foto que iba a devolverles PISA”, ha expresado el diputado popular Manuel Reyes.

Más detalles sobre una hipotética confusión

Durante la comparecencia, Niubó ha reconocido la “gravedad” del error, pero ha insistido en que fue una “incidencia técnica” en la aplicación de las pruebas. “No podemos revertir la incidencia, pero sí trabajar para que no se vuelva a repetir”, ha expresado, al tiempo que defendía que en las pruebas que se han llevado a cabo en 2026 (las catalanas y de la OCDE, la Talis) el porcentaje de exención de alumnado ha sido muy inferior.

En este sentido, Niubó ha insistido en la hipótesis con que trabaja la Generalitat para explicar por qué se excluyó al 23% del alumnado seleccionado, un porcentaje superior al máximo del 5% que permite la OCDE. La consellera ha apuntado a que aquellos días (entre marzo y mayo de 2025) se llevó también a cabo la prueba de competencias básicas de la Generalitat en 4º de la ESO, lo que habría generado confusión en los centros a la hora de dejar fuera alumnado.

“El porcentaje de exenciones es parecido al que no participó en las pruebas catalanas de competencias básicas”, ha revelado la consellera. Esta posibilidad ya la deslizó Educación y generó quejas de las direcciones de los centros, que se sintieron señaladas. Pero Niubó ha añadido que si se confirma que esta fue la causa, no “exime del error” a la Administración.

Más al detalle, ha señalado una deficiencia concreta que aseguran haber corregido: que la aplicación de las evaluaciones no contaba con un protocolo lo suficientemente claro, que definiera “responsabilidades”, “controles”, “umbrales de alerta” y “circuitos de validación de las exenciones”.

El Parlament de Catalunya ha dado por cerrado este miércoles la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la extinta DGAIA, la dirección de protección a la infancia en Catalunya. Con los votos de PSC, ERC y Comuns, la Cámara catalana ha aprobado buena parte del informe de la comisión que ha evaluado durante los últimos meses el funcionamiento de los centros de menores.

El origen de la investigación es la crisis que se desató en la conselleria de Derechos Sociales por el presunto pago indebido de algunas prestaciones a jóvenes extutelados, que ascenderían a 4,7 millones de euros. Además, coincidió el estallido del escándalo con el caso de una menor tutelada, que residía en un centro de menores de la Generalitat, y que fue violada dentro de una red de pederastia.

La crisis llevó a la conselleria a refundar su dirección de atención a la infancia, denominada ahora Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El proceso lo lideró la consellera Mónica Martínez Bravo, y justo este jueves le tocó a su reciente sucesor, Raúl Moreno, afrontar la votación las conclusiones de la comisión desde el Parlament.

El pleno ha concluido que la DGAIA ya “arrastraba condicionantes estructurales previos” al “incremento extraordinario” de la asistencia, y que el organismo tenía un “sistema desbordado” que ha operado “desde la lógica de la emergencia”. El informe también recogía que la falta control sobre el coste de los servicios favoreció un margen de “lucro opaco” de las entidades que asumían la gestión externalizada del sistema.

El Parlament ha concluido que el sistema de protección a la infancia “presenta problemas estructurales y de gobernanza que han limitado su capacidad de respuesta en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes”. El texto recuerda además que desde 2015 se produjo una subida del 84% en los casos que debían atenderse, con un incremento del número de menores tutelados en Catalunya de un 71%. Todo esto, según subraya el informe, no se ha ido acompañando de incremento de los recursos.

La comisión de investigación de la DGAIA ha concluido que la “prevención es el principal reto inacabado del sistema catalán de protección a la infancia” y sostiene que se ha invertido “demasiado tarde y demasiado poco en apoyo a las familias, servicios de proximidad, intervención comunitaria, salud mental, ocio educativo, escuela, vivienda y acompañamiento social”.

También ha criticado que la mayoría de centros residenciales sean gestionados por empresas externas y reprueba que la administración “no se puede limitar a financiar plazas y derivar a niños”. El informe insta a que se asuma “plenamente la dirección pública”, de acuerdo con uno de los otros apartados aprobados este miércoles.

La comisión se constituyó el 14 de octubre de 2025 después de que en julio de ese año el Pleno aprobara su creación por unanimidad a propuesta de PSC-Units, ERC y los Comunes y con un texto transaccionado con Junts. La comisión, presidida por Jordi Riba (PSC-Units), se ha reunido en quince sesiones y ha realizado cincuenta comparecencias.

Anna Navarro, la diputada que formó tándem con Carles Puigdemont en las pasadas elecciones catalanas, ha anunciado este martes que abandona el Parlament por motivos “personales y profesionales” sin haber cumplido aún la mitad del mandato. Según ha explicado su formación en un comunicado, Navarro continuará formando parte de la Dirección Permanente y de la Dirección Ejecutiva de Junts.

Nacida en Olot (Girona) en 1968, Navarro llegó a ser una ejecutiva de Silicon Valley, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, y donde ocupó la vicepresidencia de la empresa de software NetApp y la dirección de Procore Technologies. Reconocida en Catalunya con la Creu de Sant Jordi en el año 2021, Puigdemont la convirtió en su fichaje estrella de cara a las elecciones de mayo de 2024.

Se trataba de demostrar que Junts era un proyecto que aún podía incorporar a independientes de prestigio y hacer emerger nuevos liderazgos. Sin embargo, la llegada de Navarro a la primera línea política fue inicialmente discreta, a lo que le siguieron algunas declaraciones polémicas, como cuando afirmó en las redes sociales haber tenido más dificultades que un migrante para acceder a la sanidad catalana al regresar de EEUU.

En su comunicado de despedida, la ya exdiputada destaca “la intensidad, la exigencia y el aprendizaje” que ha supuesto para ella esta etapa de dos años en la Cámara.

Catalunya está un paso más cerca de blindar que no pueda haber nunca más en su territorio un criadero de animales destinados a convertirse en abrigos o ribetes. Este miércoles, la comisión de Transición Ecológica del Parlament ha aprobado una resolución que insta al Govern a rubricar una ley para convertir a esta comunidad en la primera que prohibirá las industrias peleteras.

La propuesta, que ha contado con los votos del PSC, Comuns, ERC, la CUP y Junts, ha sido impulsada por la entidad ARDE con el apoyo de INTERCIDS, una asociación jurídica animalista. “Es un paso muy importante para proteger los derechos de los animales, los ecosistemas y la salud pública”, ha expresado Julia Elizalde, portavoz de ARDE. Esta asociación ha coordinado la campaña “Acabemos con las pieles”, que ha contado con el apoyo de más de 47.000 personas.

En Catalunya no existen granjas peleteras desde 2010, pero las entidades temen que, después de que 18 estados miembro de la UE hayan adoptado medidas para acabar con esta industria, las empresas busquen nuevos lugares para implantarse. Sobre todo les preocupa el giro que se pueda producir después de que Polonia, el principal productor europeo y el segundo mundial después de China, se comprometiera a acabar con estas granjas de cara a 2033.

“Tenemos que evitar que Catalunya se convierta en un bastión para la industria peletera, ya que las empresas están tratando de trasladar su actividad a zonas donde todavía se permite, a raíz de las prohibiciones europeas”, siguen las entidades, que recuerdan que, como esta actividad no existe actualmente en el territorio, su prohibición definitiva no afectará de ninguna manera al PIB.

La explotación peletera en Catalunya empezó sobre los 1960 en Girona y Barcelona, con dos grandes granjas que estuvieron activas hasta 2009. Ambas causaron “graves afectaciones a los ecosistemas catalanes” a causa de las fugas de visón americano, la principal especie que criaban. En uno de los casos, las fugas fueron puntuales, pero en la de Girona un incendio forestal provocó que casi todos los animales huyeran y se instalaran en la naturaleza.

A día de hoy, los visones han llegado hasta Tarragona y la frontera con Aragón, convirtiéndose en especie invasora y afectando a las actividades humanas y al equilibrio del entorno. “El visón americano tiene un gran impacto debido a su actividad competidora y depredadora. Afecta a especies locales y otros especímenes protegidos como el cangrejo ibérico.

Además, las entidades alertan de que las granjas de visón son un “riesgo real para la salud pública”, en tanto que se han detectado diversos brotes de Covid-19 en estos animales, así como casos de Gripe Aviaria de Alta Patogenicidad. “Son entornos de alto riesgo zoonótico debido a la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y su susceptibilidad a los virus respiratorios”, tal como apuntó un informe científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Diversos estudios veterinarios apuntan a que los visones, así como los zorros y perros mapache, pueden albergar un gran número de virus, especialmente respiratorios, con “alto potencial” de salto de especie, tal como cita la resolución parlamentaria, que ha sido impulsada por el PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Junts, que ha votado a favor, no quiso sumarse al grupo promotor por no compartir algunos posicionamientos. “[En la propuesta] se hacen generalizaciones que no aplican al conjunto del sector; aun así, no vemos la necesidad de introducir esta actividad en Catalunya y su prohibición no afecta a nuestra economía. Así que votamos a favor de la resolución, pero no del relato político que lo acompaña”.

Las formaciones que han apoyado la medida destacan también la huella climática que tienen las peleteras. La producción de la piel de visón puede generar entre 15 y 20 veces más gases invernadero que el resto de la industria textil. Todo ello, sumado al sufrimiento de los animales criados y sacrificados en esta industria, con el único objetivo de convertirse en piezas de ropa.

“La sociedad catalana rechaza criar animales en jaulas diminutas sólo para fabricar abrigos de piel. Esperemos que el Govern traduzca lo antes posible este compromiso en una prohibición efectiva”, ha declarado Elizalde, en referencia a la proposición aprobada en el Parlament. En esta línea, desde ARDE recuerdan que el 90% de la sociedad española considera “inaceptable” el uso de animales para fabricar piezas de vestir, según una encuesta de la Fundación BBVA.

En base a estos datos, las entidades impulsoras de la resolución consideran que esta puede ser una “herramienta clave” para consolidar la prohibición de las peleteras tanto aquí como en el resto del país. Actualmente, casi todas las comunidades se encuentran en la misma situación que Catalunya; a excepción de la Comunitat Valenciana y Galicia, que concentran las únicas industrias españolas con 1 y 21, respectivamente.

La portavoz de Aliança Catalana, Silvía Orriols, ha incurrido en un “acoso sistemático” contra la diputada de ERC Najat Driouech. Así lo ha considerado la comisión del Estatut del Diputat, el órgano del Parlament encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta y que este martes debía revisar cuatro episodios llevados por los partidos ante esta instancia, uno de Aliança y tres de Vox.

Finalmente, tres de los expedientes han sido considerados infracciones leves, mientras que un cuarto se ha considerado dentro del derecho a la libre expresión que asiste a los diputados. Será ahora la Mesa quien, en vista de los dictámenes aprobados por la comisión, acabe imponiendo la sanción correspondiente, que en este caso podría quedarse en una amonestación o en una suma económica simbólica.

En el caso de Orriols, el primer expediente se abrió tras la queja de ERC por las reiteradas alusiones a la diputada Najat Driouech, que ha sido durante toda la legislatura blanco de Aliança por el hecho de profesar la fe musulmana y vestir un pañuelo hiyab en la sede legislativa.

En total, la comisión ha llegado a contar hasta siete alusiones directas de Orriols contra la diputada, en una legislatura que aún no ha cumplido los dos años. Según recoge la denuncia formulada por su partido, la lider de Aliança manifestó, por ejemplo: “No pueden denunciar la discriminación de la mujer y a la vez permitir la entrada de una diputada que hace ostentación de la misoginia islámica”.

Otra de las alusiones habituales es que Driouech y su partido apoyarían el “integrismo islámico” o que blanquearían las ideologías más radicales de una religión que profesan casi 2.000 millones de personas en el mundo.

La Comissió de l'Estatut del Diputat califica el hecho como leve, dentro de la adecuación al código de conducta, aprobado en 2016 y por el que en el pasado ya ha habido más de una sanción económica a miembros de la Cámara. Sin embargo, el Parlament recuerda a los partidos que pueden llevar estos casos a la justicia ordinaria si consideran que hay, además, vulneración legal, algo que se escapa de las atribuciones parlamentarias.

Junto a esto, la comisión del Estatut del Diputat reclama una reforma del reglamento de la Cámara, que es una ley, para que dé una mayor base jurídica al código de conducta, de forma que los dictámenes relacionados con este tipo de comportamientos puedan ser más contundentes.

Los otros casos expedientados

Los casos evaluados han sido en total cuatro, correspondientes a actuaciones de tres diputados: Silvia Orriols (Aliança), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Los otros dos expedientes se dirigen contra Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament y autor de otras dos de las actuaciones examinadas. La primera, relativa a la acusación del diputado contra los socialistas, de quienes dijo que se gastaban el dinero público en “drogas y putas”, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al exministro José Luís Ábalos. Aquellas palabras obtuvieron una amonestación por parte del presidente del Parlament, Josep Rull, pero el PSC optó por llevarlo tabién ante la Comisió de l'Estatut del Diputat, al entender que había vulnerado el código de conducta.

El otro expediente abierto contra Garriga tuvo origen en que el diputado colgó carteles en los que podía leerse “Companys asesino” durante el homenaje floral del Parlament al expresident de la Generalitat fusilado por el Franquismo en 1940. Posteriormente, el diputado ha reiterado en diversas ocasiones esas mismas palabras, tanto en la junta de portavoces como en el pleno.

Finalmente, la diputada de Vox Júlia Calvet, mantenía abierto otro de los litigios sobre el código de conducta, después de haber hecho directamente responsable a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament”, en relación a las irregularidades ocurridas en la DGAIA. Sin embargo, la comisión ha considerado que estas palabras están dentro de la expresión posible en un debate parlamentario y no vulneran el código de conducta.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles tramitar la ley que persigue limitar las compras de vivienda especulativa. Aunque la tramitación es por vía exprés –la llamada lectura única–, no está claro que se vaya a votar antes de vacaciones, puesto que Junts y PP ya anunciaron que la iban a recurrir al Consell de Garanties Estatutàries.

La propuesta ha contado con los votos de los Comuns, como impulsores; del PSC, con quien la pactaron para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, y de ERC y la CUP. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.

El texto modifica la ley de urbanismo para que en las zonas tensionadas –donde existe el tope al precio del alquiler– los ayuntamientos puedan limitar la compra especulativa de vivienda mediante el planeamiento urbanístico. Esto significa que puedan permitir solo la compra de viviendas para uso residencial del que la adquiere, salvo excepciones como segundas residencias o para familiares.

Tras la votación de la tramitación, sabre ahora el período de enmiendas de siete días hábiles, hasta el 20 de julio. Tanto Junts como el PPC han recordado que llevarán la ley al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que dilatará el proceso.

Los Comuns tenían la previsión de aprobar la ley “antes del verano”, aunque fuentes parlamentarias sitúan el margen de aprobación después de las vacaciones, ya que el dictamen del Consell de Garanties (el órgano consultivo que examina el encaje constitucional y estatutario de las leyes) podría no llegar antes del último pleno del período de sesiones.

Puede que se logre retrasar esta ley, pero les aseguro que será una realidad antes que tarde“, ha advertido en el debate la diputada de los Comuns, Susana Segovia.

Por parte de ERC, la diputada Mar Besses ha recordado al Ejecutivo que “no tiene sentido” tratar fiscalmente por igual a quien compra vivienda para vivir que para sacar rédito económico. También ha recordado que el plazo reducido de enmiendas que supone la lectura única “no puede servir de excusa”. ERC se ha abierto a presentar modificaciones en el texto para “mejorarlo”.

La diputada de la CUP Laure Vega cree que esta ley “aún no es suficiente” para acabar con el problema. Asimismo, la diputada del PSC Eva Candela ha reconocido que la ley debe ir acompañada de otras medidas, pero ha defendido que la regulación contra la compra especulativa “no puede esperar”.

La diputada de Junts Judith Toronjo ha reprochado que se “vulnere” el derecho a la propiedad y considera que lo más “flagrante” es intentar aprobar la ley por lectura única, es decir, por la vía rápida “sin escuchar” a la Cámara.

Coincidía con ello la diputada del PP Àngels Esteller, que ha tachado la iniciativa de “ataque frontal” a la propiedad privada, y ha acusado a los Comuns de ser “incapaces” de definir la compra especulativa porque es un “concepto ideológico y dogmático” que no tiene “categoría jurídica”.

Por otra parte, la diputada de Vox Mónica Lora ha señalado que la especulación “no es la causa, sino la consecuencia” de las propuestas de los Comuns. También lo ha descrito así la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que les ha reprochado ser los “máximos instigadores” de los problemas en vivienda.

La ley catalana para restringir la compra de vivienda con fines especulativos, pactada entre el Govern y los Comuns, deberá superar un obstáculo més después de que este miércoles llegue al Parlament como estaba previsto. Junts y el PP han decidido solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que dejará la tramitación en suspenso hasta que el órgano se pronuncie.

El CGE es el órgano consultivo catalán que examina el encaje constitucional y estatutario de las leyes. Su informe no es de obligado cumplimiento, pero sí paraliza el trámite, normalmente alrededor de un mes. Además, el dictamen de Garanties puede ser una avanzadilla de la decisión que acabe tomando el Tribunal Constitucional, a donde el PP ya ha anunciado que llevará la norma.

Según Junts, la ley vulnera el derecho fundamental de la propiedad, además de que invade competencias municipales, según ha explicado su portavoz parlamentario, Salvador Vergés. Los independentistas además reprochan al Govern querer aprobar el texto por lectura única, lo cual ha impedido las comparecencias de colegios profesionales y con las enmiendas simplificadas, y que lo haga, ha dicho, “aprovechando el verano”.

El portavoz de Junts ha avisado también de una consecuencia práctica de dejar la aplicación en manos de los ayuntamientos: podría haber municipios vecinos con reglas opuestas, con Barcelona aplicando el veto y Badalona ignorándolo, lo que generaría a su juicio “inseguridad jurídica”. Los Comuns, por su parte, creen que Junts actúa al dictado de la patronal y con el único objetivo de que unas pocas manos puedan seguir acumulando inmuebles.

La ley nació como una apuesta de los Comuns que, partiendo de un primer informe jurídico que avalaba su viabilidad, convirtieron la regulación en el precio de su apoyo a las cuentas del Ejecutivo de Salvador Illa. Con todo, la norma se rebajó durante la negociación. El texto que llegará al pleno impone que en las zonas de mercado residencial tensionado solo se podrá comprar vivienda para vivir en ella, para cedérsela a un familiar o para alquilarla a precio regulado, siempre y cuando no se compren edificios enteros.

Cuando, el 21 de noviembre de 2023, el juez José Antonio Cruz de Pablo confirmó el archivo de la primera denuncia de dos diputados independentistas espiados con el programa Pegasus, Ernest Maragall todavía no se había dado de baja de ERC y Roger Torrent era conseller de la Generalitat.

El recurso contra esa decisión ha tardado en resolverse casi dos años y medio por la inacción del juzgado a la hora de elevarlo a la Audiencia de Barcelona. Así se desprende del auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, que ordena la reapertura del caso.

En la única frase en negrita de la resolución, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona resalta que las actuaciones llegaron a su mesa el 6 de marzo de 2026.

En apenas dos meses, y tras celebrar una vista, los magistrados han dado la razón, en parte, al Parlament de Catalunya, y han ordenado al juez que reclame información sobre el espionaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a una matriz en Luxemburgo de la empresa israelí que comercializa el software espía.

La rapidez de la segunda instancia contrasta con los dos años y tres meses que ha durado la tramitación del recurso de apelación desde que el juez instructor rechazó el primer recurso de Torrent y Maragall contra el archivo de la causa.

Fuentes jurídicas recuerdan que, en función del caso, suelen pasar entre tres meses y un año entre que el instructor rechaza el primer recurso (ante el propio juzgado) y la resolución definitiva por parte de la Audiencia de Barcelona.

El retraso de la causa por el espionaje a Maragall y Torrent es el más grave de la decena de causas que se reparten entre distintos juzgados de Barcelona por el espionaje a independentistas con el programa Pegasus antes y durante el mandato de Pedro Sánchez, reconocido por el CNI y que comportó una de las crisis entre el Gobierno y sus socios soberanistas.

La Justicia rechazó agrupar todas las denuncias independentistas en una macrocausa, lo que ha provocado resultados dispares en función del juzgado donde han recaído las denuncias.

Hay jueces que han investigado de forma efectiva las infiltraciones (pese a la poca colaboración del Gobierno en la desclasificación de documentos), pero otros no han dejado de recibir tirones de orejas de la instancia superior por el letargo en el que entraron sus causas.

A diferencia de las cuatro imputaciones que acumula la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban, por el espionaje con Pegasus, en la causa de los dos republicanos no hay ningún responsable de inteligencia investigado, pese a que el propio centro reconoció en el Congreso que Maragall fue uno de los espiados.

Torrent y Maragall fueron los primeros independentistas conocedores de haber sido espiados por Pegasus. En julio de 2020 presentaron su querella en los juzgados barceloneses, que apenas ha avanzado casi seis años después.

El juez tardó año y medio en requerir la principal prueba del espionaje —los móviles infectados por Pegasus de Torrent y Maragall— para su análisis pericial. La prueba no llegó a completarse porque los terminales eran los corporativos del Parlament y Torrent y Maragall ya los habían devuelto.

En línea con la Fiscalía, el juez también rechazó imputar a Félix Sanz Roldán, director del CNI cuando se produjeron las infiltraciones en el teléfono de los dos expolíticos.

El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el software espía, NSO Group. Sin embargo, la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado a la petición de auxilio del juez de para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

Ahora la Audiencia ordena intentarlo con la filial en Luxemburgo de la firma israelí, que tampoco ha colaborado con los otros juzgados que se lo han requerido, si bien rechaza imputar formalmente a la firma NSO.

Los magistrados también ordenan recabar documentación sobre el espionaje a Torrent y Maragall al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, que depende de Presidencia del Gobierno.

El caso de Torrent y Maragall es un nuevo ejemplo que los tempos judiciales son mucho más lentos que los políticos. Ambos exdirigentes esperarán el resultado de las diligencias ordenadas por la Audiencia fuera de la primera línea: Maragall rompió en 2024 el carné de ERC tras el escándalo por los carteles de falsa bandera con la enfermedad de su hermano, y Torrent se ha pasado al sector privado tras ser conseller y president del Parlament.

El anuncio de que el papa León XIV usará el catalán en la misa de la Sagrada Família pero no en el acto de bendición de la Torre de Jesús ha causado la indignación tanto del Govern, como de diversos partidos, entidades por la lengua y grupos religiosos.

Los primeros en mostrar su indignación frente a la noticia fueron los miembros del grupo parlamentario de Junts, que enviaron una carta al president Salvador Illa quejándose de que el Santo Padre relegara el catalán “a una posición secundaria respecto al castellano”. Así, pedían que desde el Govern se hicieran “todas las gestiones necesarias” para garantizar una presencia adecuada de la lengua.

La decisión también despertó el recelo de los socios de Illa, ERC y Comuns, así como de Plataforma per la Llengua, que considera la ausencia del catalán “una burla y un insulto intolerable”.

Ante la polémica desatada, el primer órgano en mover ficha ha sido el Parlament de Catalunya, presidido por el juntaire Josep Rull, que se ha puesto en contacto con obispos y arzobispos de Catalunya para pedirles que intercedan e intenten convencer al Papa de que el catalán debe ser “predominante” en sus actos.

El primero de los representantes catalanes de la Conferencia Episcopal en alzar la voz sobre el asunto ha sido el obispo de Girona, Octavi Vilà, que ha dejado claro que su opinión es que la Torre de Jesús debe ser bendecida en catalán. El religioso ha confesado que desea que la importancia de esta lengua sea “más importante de lo que finalmente será”, y ha recordado que, hace dos años y medio, el papa Francisco ya bendijo a la Madre de Dios de Montserrat en catalán.

Por otro lado, el Govern también ha intercedido y se ha puesto en contacto con la Santa Sede para dejar constancia de “la importancia del catalán en Catalunya”. La portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, ha asegurado que ha visto “receptividad y sensibilidad” por parte de sus interlocutores. Paralelamente, Rull también ha dirigido una misiva al Vaticano explicando la “realidad nacional” de este idioma.

Ante este aluvión de peticiones, los responsables de la visita del Papa a España han asegurado que han “puesto claramente en valor la realidad social e idiomática catalana” ante el Pontífice, pero han querido recordar que a quien corresponde fijar la lengua que se usará es al Vaticano. “Hasta que no veamos lo que pasa, no podremos tener una opinión sobre este tema”, ha remachado Fernando Giménez Barriocanal, coordinador adjunto del viaje, en una rueda de prensa en Madrid.

Aun así, desde el Govern han querido restar importancia al asunto y han insistido en que la visita, en sí misma, ya es una muestra del “interés y el aprecio por el país” del Pontífice. Asimismo, Paneque ha recordado que a lo largo de los dos días que estará en Barcelona, el Papa hablará en “diversas lenguas” y ha resaltado positivamente que el catalán vaya a ser usado en la misa de la Sagrada Familia.

El Govern descarta recomendar teletrabajo

La portavoz Paneque también ha trasladado a la ciudadanía que descarta valorar la recomendación del Ministerio de teletrabajar durante la visita del Santo Padre a la capital catalana. Ha remarcado, por otro lado, que el Ejecutivo está centrado en “garantizar la movilidad” en la ciudad.

“No sé si sería un buen mensaje que, cuando hay visitas de jefes de Estado, el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores”, ha insistido Paneque, que también es consellera de Territorio. Así, la apuesta del Govern será ampliar la frecuencia y la capacidad de trenes y autobuses esos días.

Las afectaciones que se esperan son diversas. Se han proyectado cortes de circulación en los entornos de la Catedral, la Parròquia de Sant Agustí, las inmediaciones de la Sagrada Família y del Estadi Olímpic. También se han anunciado modificaciones en diversas líneas de autobús y la clausura de las estaciones de metro de la parada Sagrada Família.

El Parlament ha reprobado este jueves a la consellera de Interior, Núria Parlon, y también al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Junts, ERC y Comuns han votado a favor de una moción presentada por la CUP en la que acusan al Govern de vulnerar derechos fundamentales después de que dos agentes de los Mossos d'Esquadra fueran descubiertas cuando se habían infiltrado en una reunión de profesores de Barcelona, preparatoria de las movilizaciones de los docentes contra el propio Ejecutivo.

El texto aprobado considera que esa actuación policial no tuvo “ningún tipo de justificación operativa ni de ponderación de derechos fundamentales”, por lo que “atentó contra el derecho de reunión y manifestación”. El pleno enmienda así lo declarado por Parlon y Trapero en el Parlament, que consideraron que el operativo fue inadecuado pero no que vulneraba derechos.

Además de cargar contra los responsables políticos, el Parlament reclama “prohibir las infiltraciones de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos que no cuenten con la debida autorización judicial exigida para la figura del agente encubierto del art. 282bis de la LECRIM, prevista únicamente para la investigación de delitos especialmente graves”. Un moción introducida por los Comuns que la formación ha pactado con el PSC, de forma que el Govern se ha comprometido a no permitir en el futuro este tipo de prácticas si no viene avalada por los juzgados.

El Parlament también ha pedido el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó, si no consigue llegar a un acuerdo que desencalle el conflicto laboral con los docentes. El papel de Niubó era también objeto de la moción, en un punto en el que se reclamaba “llegar a un acuerdo inmediato con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo y con la comunidad educativa” y en caso de que no se hiciera, reclamaba la salida de la consellera “por su incapacidad de abordar el conflicto abierto con los docentes desde hace meses”.

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, impulsor de la moción, ha exigido poner fin a una “barra libre” que atribuye a la policía catalana en cuanto a vulneración de los derechos de protesta y reunión. “Lo que debe hacer el Parlament es marcar un antes y un después, nos jugamos los derechos básicos”, ha expresado, tras insistir en que el Govern y Trapero han garantizado “impunidad” a los Mossos en sus actuaciones. 

Los socios del Govern, ERC y Comuns, se han sumado parcialmente a la moción. Los segundos han reprobado a Trapero pero no a Parlon, de quien han reconocido sus disculpas y el compromiso de que no repetir infiltraciones como la denunciada. De esta forma, no ha habido mayoría para señalar a la consellera de la misma forma que al jefe de la Policía. 

Con todo, Andrés Garcia Berrio, diputado de los Comuns, ha pedido a Parlon un “cambio de 180 grados” en la respuesta policial a las protestas sociales. “Hacen falta cambios y se deben notar rápido”, la ha interpelado Garcia Berrio, que ha exigido que las únicas infiltraciones policiales que se lleven a cabo sean las de los agentes encubiertos amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Por parte de ERC, Laia Cañigueral ha lamentado la falta de dirección política de los Mossos, que ha recordado que no es lo mismo que “politizar” la policía. “Se trata de evitar que la estructura policial actúe sin directrices democráticas claras”, ha precisado, y ha reprochado a Parlon que “minimice” la infiltración entre docentes. “Este hecho no es puntual, debe haber responsabilidades políticas”.

El Govern ha pedido disculpas este miércoles por la infiltración de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores que fue descubierta por docentes del sindicato CGT hace una semana. Lo ha hecho la consellera de Interior, Núria Parlon, que ha comparecido en el Parlament acompañada del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. “Es una maniobra operativa bien intencionada pero mal planteada, desafortunada”, ha dicho Parlon, que sin embargo ha defendido que el cuerpo lleve a cabo este tipo de infiltraciones como uno de los métodos legales a su alcance para recoger la información necesaria ante movilizaciones y protestas.

“Una maniobra mal planteada, mal calculada, puede entorpecer la confianza entre los movimientos sociales y el cuerpo de Mossos d'Esquadra”, ha lamentado Parlon que, como Trapero, ha asegurado que lo busca la policía catalana nunca es evitar que se ejerza el derecho a la protesta o manifestación sino “que los espacios de protesta sean seguros”. Por esta razón, los responsables políticos han anunciado abrir una “información reservada” para aclarar los hechos, como paso previo a un posible expediente informativo.

Parlon además ha reiterado, como ya expresó la portavoz Sílvia Peneque este martes, que la infiltración fue siempre una decisión operativa, en la que la parte política no tuvo nada que ver. “Nosotros políticamente debemos respetar la autonomía policial. Estas actuaciones están sujetas a norma pero son mejorables”, ha asegurado, antes de que Trapero haya anunciado que, tras este incidente, el proceso de decisión sobre “prácticas de obtención de información” recaerá en “áreas más elevadas”, es decir, una supervisión de rango más alto sobre este tipo de prácticas.

En su turno de intervención, Trapero ha defendido la obtención de información en situaciones de conflictividad laboral o social como una de las herramientas claves del cuerpo, por lo que no ha descartado que una infiltración en una asamblea pueda repetirse. “En ningún caso la obtención de la información tiene como objetivo impedir ningún derecho, por el contrario, tiene como objetivo garantizar que se puede ejercer”, ha defendido, para luego asegurar: “Las actuaciones de captación de información ni son indiscriminadas ni se hacen de forma generalizada, solo aquellas que por sus antecedentes, no vinculados al convocante, lo hacen necesario”.

El director general de la Policía ha asegurado además que todas las actuaciones operativas se revisan bajo los parámetros de oportunidad y de proporcionalidad y, en este caso, ha reconocido que la infiltración de las dos agentes no fue “oportuna”. “Los antecedentes y las movilizaciones previas no lo justificaban”, ha dicho, aunque ha negado “mala fe o actitud antidemocrática”. Por su parte, también ha querido dejar claro que la actuación policial no tiene conexión con el contencioso laboral que mantienen profesores y departamento de Educación.

Otro de los aspectos que ha recalcado tanto Trapero como Parlon es que durante el mandato de este Govern no se ha hecho “ningún cambio en la operativa respecto a lo que se ha venido haciendo siempre”. “El responsable de la Comisaria General de Información es el mismo que en las tres gobiernos anteriores y las técnicas de obtención de informción son las mismas”, ha dicho, dando a entender que la infiltración en colectivos laborales ocurriá también bajo el mandato de partidos que ahora lo critican, como ERC, que pidió el cese de Trapero.

Pero las explicaciones no han convencido ni a la mayoría de la oposición ni a los socios del Govern, que han cargado con dureza contra Parlon y Trapero. “Esto no se parece al modelo policial que Catalunya ha construido durante tantos y tantos años, se parece más a la policía política. El Govern de Illa ha perdido el norte”, ha asegurado Josep Rius. El portavoz de Junts ha dado por hecho que la consellera de Educación, Ester Niubó, conocía el operativo y la información recopilada por los Mossos, un extremo que el Govern desmiente tajantamente, pero que para Rius explicaría la actuación de Educación ante las huelgas de maestros.

Desde ERC la diputada Laia Cañigueral ha reiterado su petición de cese de Trapero pues ha considerado que el hecho es “de enorme gravedad” porque los policías se infiltraron en asambleas preparatorias de huelgas laborales, algo que entienden contrario a los derechos sindicales y de reunión. Cañigueral ha asegurado además que la consellera y el director general se han “escudado” detrás del cuerpo de los Mossos, por lo que la diputada ha asegurado que sus críticas son contra la dirección política, no contra los agentes.

“Hace falta un giro de 180 grados del Departamento de Interior en relación a las protestas”, ha asegurado el diputado Andrés García Berrio, de los Comuns, quien sí ha valorado como positivo que la consellera haya pedido disculpas, pero que también ha calificado el gesto de insuficiente. El diputado ha indicado además que la recopilación de información de fuentes abiertas que tienen encomendada los Mossos nunca puede suponer invadir una asamblea cerrada de un sindicato, por que a su entender se vulneran derechos fundamentales.

Los Mossos d'Esquadra que custodian el Parlament han interceptado este miércoles un paquete sospecho enviado a las oficinas de la CUP en la Cámara. Los hechos han ocurrido poco después de medio día, cuando los agentes que custodian la institución han detectado un envío sin remitente que, al pasarla por el escáner, mostraba en su interior un circuito e imanes. Tras la sorpresa, han activado el protocolo de explosivos y han avisado a su unidad de Tedax.

Tras la gestión de la caja por los técnicos, la policía ha comprabado que el envío no contenía ningún material explosivo, sino un libro con un circuito eléctrico en su interior, por lo que han dado por concluida la amenaza. Sin embargo, el paquete incluía mensajes que la organización ha identificado como “racistas, homófobos y de extrema derecha”.

Miembros de la CUP así como de la Presidencia del Parlament han podido ver el contenido del paquete, entre ellos el libro con el circuito eléctrico y la nota escrita en catalán en las páginas iniciales.

Desde la formación anticapitalista inscriben este hecho dentro del auge de los discursos de extrema derecha y “cómo impacta en la calle su expresión violenta”. Según señalan, el envío de estos mensajes se suma a la agresión con gas pimienta en Cerdanyola y Ripollet el pasado fin de semana, el lanzamiento de cócteles molotov a un centro de menores en Vallirana o el atropello múltiple a menores en Granollers ocurrido en septiembre del año pasado, en el que se apuntaron motivos racistas por las consignas de su autor.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la mayoría de grupos del Parlament cerraron filas este jueves con la diputada de ERC Najat Driouech después de que un diputado de Vox insinuara su deportación en pleno hemiciclo.

Illa respondió con contundencia y quiso enviar un mensaje claro desde el Govern: “Ninguna persona será expulsada del país”, aseguró en declaraciones recogidas por la agencia ACN. El president describió la intervención del diputado de Vox como una “amenaza” que, a su juicio, traspasa los límites del debate político y cuestiona derechos básicos.

La polémica estalló durante una intervención del diputado de Vox Alberto Tarradas, que se dirigió a Driouech con una frase que encendió el pleno: “No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento”, afirmó. La referencia a la expulsión de una diputada por su origen o religión provocó protestas inmediatas y obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.

Más allá del choque político, la mayoría de grupos coincidieron en señalar que se había cruzado una línea roja. La defensa de Driouech no se limitó a su grupo, sino que se convirtió en una reivindicación más amplia de la mayoría de diputados.

La reacción se extendió rápidamente por el resto de la Cámara y partidos catalanes. El líder de ERC, Oriol Junqueras, elevó el tono contra la extrema derecha y replicó al diputado ultra: “A la gente como tu la juzgamos en Nuremberg”, espetó.

La Mesa del Parlament, por su parte, acordó trasladar el caso a la Comisión del Estatuto del Diputado para estudiar posibles medidas, en un intento de responder institucionalmente a lo ocurrido durante el pleno.

Horas después, Tarradas reculó de manera parcial. El diputado de Vox pidió disculpas y admitió que “personalizar había sido un error”, solicitando además que sus palabras fueran retiradas del diario de sesiones.

El caso de Noelia, la joven con paraplejia a la que se le privó de su derecho a una muerte digna durante casi 20 meses, ha hecho que la mayoría de los partidos catalanes impulsen una modificación legal para evitar que un episodio así pueda repetirse. La reforma cuenta con el aval de la mayoría del Govern, pero no de su conjunto, ya que el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha optado por no participar en la votación de la proposición este miércoles en el Parlament, igual que el otro diputado de la formación democristiana Units per Avançar.

La Cámara catalana hacía uso de su iniciativa legislativa para llevar al Congreso una propuesta de modificación de la ley de Eutanasia. El objetivo es acortar al máximo el periodo que un recurso judicial puede paralizar el acceso a la muerte digna de una persona que lo solicite y que cuente con el aval de la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia.

La propuesta indica algunos plazos máximos, dejando en un mes el tiempo para que un tribunal resuelva un recurso contra la aplicación de una eutanasia. Y concentra en la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia cualquier apelación que se formule, evitando la incierta travesía por las instancias judiciales que debió recorrer el caso de Noelia.

Además, una vez la decisión judicial sea firme, el recurso de amparo llegaría directamente a las manos del Constitucional, que tendría la última palabra. El objetivo es que haya un itinerario judicial claro y acotado en el tiempo, entendiendo que los casos que se examinan no deben ser innecesariamente alargados.

La modificación no entra en los supuestos en los que puede presentarse un recurso ni en quién puede hacerlo, materias que están a la espera de jurisprudencia del Supremo. La actual ley de Eutanasia no dice nada sobre quien puede recurrir el caso de una concesión de la muerte digna, un vacío legal que el padre de Noelia aprovechó para alargar los plazos y mantener a la joven con una vida que no deseaba.

La proposición, que ha sido votada por la vía rápida en el Parlament, partió de los grupos de PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. Finalmente, también Aliança Catalana ha defendido el texto. Solo Vox y PP se han posicionado en contra, junto a los votos que no se han emitido de Ramón Espadaler y Guillem Mateo, los dos diputados de Units que forman grupo junto a los socialistas.

En su turno de intervención, la diputada del PSC Sara Jaurrieta ha destacado la importancia de que cinco formaciones se hayan puesto de acuerdo en la Cámara catalana para sacar adelante esta norma y ha cargado contra quienes se oponen. “Cada vez que se escuchan argumentos que dicen que las personas no tengan capacidad cognitiva de decidir, como han hecho hoy el PP y Vox, se está menospreciando la voluntad individual de las personas”, ha dicho la socialista, que ha defendido que, sobre la eutanasia, “la última palabra le pertenece a quién en libertad ha expresado su deseo”.

Espadaler, conseller de Justicia del Govern de Illa y miembro de la formación democristiana, justificó su voto contrario a la toma en consideración de esta norma remarcando su rechazo a la eutanasia. PSC y Units (herederos de Unió) son dos formaciones diferentes que mantienen una alianza electoral y forman parte del mismo grupo pese a que tienen un acuerdo que permite a los democristianos desmarcarse en votaciones como esta.

El grupo de Vox en el Parlament de Catalunya gastó más de 7.600 euros en dos comidas de grupo sin justificación en la actividad política y en las que se tomaron copas de alcohol de alta graduación. Y lo hizo con cargo a la subvención ordinaria que reciben los grupos parlamentarios, cuyo gasto deben justificar después. Así se desprende de un informe de la Auditoria de Cuentas correspondiente al año 2024 y que ha avanzado Vilaweb.

En un comunicado, la formación ha asegurado que, tras ser detectado por la Auditoria en un primer informe y anticipándose al dictamen final, el grupo parlamentario de VOX procedió a regularizar la situación y devolvió los importes indebidos. Rechaza, por tanto, que haya habido un gasto indebido aunque inicialmente sí lo imputó a la subvención del Parlament.

El informe de la Auditoría, que es definitivo sobre el control de gastos de los grupos, considera que estos gastos no tienen cabida dentro de la actividad parlamentaria y que Vox tampoco ha justificado suficientemente quién participó en las comidas ni la razón por la que se celebraron.

La primera factura que la Auditoría cuestiona es de 2.605 euros y corresponde, según Vox, a un almuerzo de trabajo de diputados y personal del grupo. Pero la Cámara detecta que la factura incluye bebidas alcohólicas de alta graduación por importe de 184,25 euros. Además, Vox no aporta información sobre el número de comensales, por lo que la Auditoría concluye que no es un gasto subvencionable, al no poder acreditar que sea un gasto necesario para el funcionamiento del grupo.

Pero además, hay una segunda factura que el informe tampoco pasa por alto. En este caso es de 5.007 euros y corresponde unos a servicios de restauración prestados en Lleida, con motivo de una jornada de trabajo y coordinación territorial del grupo. La Auditoría vuelve a considerarlo no subvencionable, ya que Vox no aportó el detalle de los asistentes ni de los servicios de restauración concretos.

En el año 2024, el grupo parlamentario de Vox en Catalunya recibió 177.762 euros, dentro del reparto proporcional de los 3,7 millones que presupuestó el Parlament para estos fines. Junto a la subvención que reciben los grupos hay que añadir el dinero que aporta directamente la Generalitat para los partidos catalanes, que ese año fueron 9 millones de euros.

El Parlament de Catalunya ha vuelto a pedir la dimisión de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, por su gestión de la crisis de Rodalies. Lo ha hecho a través de la aprobación de tres puntos de mociones de Junts, ERC, y CUP que reclaman que la consellera asuma responsabilidades políticas por las incidencias en la red desde el accidente en Gelida, el pasado 20 de enero.

Todos los grupos han votado a favor de la petición de dimisión menos los Comuns y Aliança, que se han abstenido, y el PSC, que ha votado en contra. Es la segunda vez que la Cámara catalana pide a Paneque responsabilidades en menos de un año, ya que el pasado marzo, en un pleno monográfico sobre Rodalies, ya se le exigió su cese. El pleno también ha exigido reprobar al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los Comuns, por su parte, se han abstenido en las mociones de Junts, ERC y CUP –las que reclaman explícitamente el cese de Paneque–, pero han votado a favor de la de ERC que se limita a exigir a la consellera que asuma “las responsabilidades políticas pertinentes” ante la crisis.

Los resultados de las votaciones de las mociones de Junts, ERC y CUP son un gesto político, ya que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es el único que tiene las competencias de nombrar y cesar a los consellers de su gobierno. Este martes, Paneque se mostró convencida de mantener el cargo y ha afirmó que Illa la ha trasladado su “confianza” en el trabajo que está haciendo.

En concreto, el Parlament ha aprobado un punto de la moción de Junts que pide la reprobación y cese de Paneque por la “mala gestión” de la crisis en Rodalies, la falta de información a los usuarios y la falta de planes alternativos de transporte eficientes. La cámara también ha dado luz verde al punto de Junts para reprobar y cesar al ministro Puente por la “desinversión y los incumplimientos de partidas presupuestadas” en la red catalana. Lo ha hecho con los votos todos los grupos excepto el PSC, que ha votado en contra, y los Comuns, que se han abstenido.

En cuanto a la moción de ERC, el punto que la cámara ha aprobado no pide de forma explícita la dimisión de Paneque, pero sí reclama a la consellera que “asuma la responsabilidad política pertinente ante la crisis del servicio de Rodalies”, al tiempo que insta a la Generalitat a “impulsar todos los cambios necesarios” en su departamento. Este punto de los republicanos reclamaba también la dimisión de Puente.

Por último, la cámara ha dado luz verde a un punto de la moción de la CUP que exige la dimisión de Paneque por “la mala gestión comunicativa, informativa y de respuesta urgente” en la gestión de las incidencias de Rodalies. En caso de que no dimita, el texto avalado sostiene que es necesario reclamar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que la cese y asuma como “propia” la falta de fiscalización a Adif y Renfe durante la crisis.

Aval a llevar a Renfe y Adif a los tribunales

Además, la Cámara ha dado luz verde a otro punto de Junts que reclama al Govern denunciar a las empresas estatales Renfe y Adif a los tribunales por delitos de responsabilidad civil y penal ante la crisis de movilidad vivida y sus “fatales consecuencias”. Este punto ha salido adelante con los votos a favor de Junts, Vox, CUP y Aliança. PSC y Comuns han votado en contra, mientras que PP y ERC se han abstenido.

En cambio, el pleno de este jueves ha rechazado la propuesta de Junts para traspasar el servicio de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y “expulsar” a Renfe de Catalunya. El grupo de Mònica Sales lo ha pedido a través de un punto de su moción, que propone “resolver el contrato de prestación” con Renfe y hacer que FGC asuma la dirección, pero la Cámara lo ha tumbado.

Junts ha presentado un informe de sus servicios jurídicos que avala la propuesta, pero Paneque remarcó ekl miércoles en el pleno que la iniciativa de los de Puigdemont “no tiene ningún fundamento real”. La consellera aseguró que no se puede “anular ningún contrato” porque actualmente el Ejecutivo no funciona a través de un contrato con la operadora, y que Junts “lo sabe” por sus años gobernando el país.

La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente.

“Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”.

Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar.

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas.

Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas.

Un documental de TV3 pone en contacto a las familias

Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich.

Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido.

“Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano.

Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”.

El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades, que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas.

Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya.

“Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora.

El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos.

“No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”.

Opacidad sobre las causas y el número de muertes

Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. 

“¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano.

La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. 

En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. 

Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. 

En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”.

Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com