El grupo de Vox en el Parlament de Catalunya gastó más de 7.600 euros en dos comidas de grupo sin justificación en la actividad política y en las que se tomaron copas de alcohol de alta graduación. Y lo hizo con cargo a la subvención ordinaria que reciben los grupos parlamentarios, cuyo gasto deben justificar después. Así se desprende de un informe de la Auditoria de Cuentas correspondiente al año 2024 y que ha avanzado Vilaweb.

En un comunicado, la formación ha asegurado que, tras ser detectado por la Auditoria en un primer informe y anticipándose al dictamen final, el grupo parlamentario de VOX procedió a regularizar la situación y devolvió los importes indebidos. Rechaza, por tanto, que haya habido un gasto indebido aunque inicialmente sí lo imputó a la subvención del Parlament.

El informe de la Auditoría, que es definitivo sobre el control de gastos de los grupos, considera que estos gastos no tienen cabida dentro de la actividad parlamentaria y que Vox tampoco ha justificado suficientemente quién participó en las comidas ni la razón por la que se celebraron.

La primera factura que la Auditoría cuestiona es de 2.605 euros y corresponde, según Vox, a un almuerzo de trabajo de diputados y personal del grupo. Pero la Cámara detecta que la factura incluye bebidas alcohólicas de alta graduación por importe de 184,25 euros. Además, Vox no aporta información sobre el número de comensales, por lo que la Auditoría concluye que no es un gasto subvencionable, al no poder acreditar que sea un gasto necesario para el funcionamiento del grupo.

Pero además, hay una segunda factura que el informe tampoco pasa por alto. En este caso es de 5.007 euros y corresponde unos a servicios de restauración prestados en Lleida, con motivo de una jornada de trabajo y coordinación territorial del grupo. La Auditoría vuelve a considerarlo no subvencionable, ya que Vox no aportó el detalle de los asistentes ni de los servicios de restauración concretos.

En el año 2024, el grupo parlamentario de Vox en Catalunya recibió 177.762 euros, dentro del reparto proporcional de los 3,7 millones que presupuestó el Parlament para estos fines. Junto a la subvención que reciben los grupos hay que añadir el dinero que aporta directamente la Generalitat para los partidos catalanes, que ese año fueron 9 millones de euros.

El Parlament de Catalunya ha vuelto a pedir la dimisión de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, por su gestión de la crisis de Rodalies. Lo ha hecho a través de la aprobación de tres puntos de mociones de Junts, ERC, y CUP que reclaman que la consellera asuma responsabilidades políticas por las incidencias en la red desde el accidente en Gelida, el pasado 20 de enero.

Todos los grupos han votado a favor de la petición de dimisión menos los Comuns y Aliança, que se han abstenido, y el PSC, que ha votado en contra. Es la segunda vez que la Cámara catalana pide a Paneque responsabilidades en menos de un año, ya que el pasado marzo, en un pleno monográfico sobre Rodalies, ya se le exigió su cese. El pleno también ha exigido reprobar al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los Comuns, por su parte, se han abstenido en las mociones de Junts, ERC y CUP –las que reclaman explícitamente el cese de Paneque–, pero han votado a favor de la de ERC que se limita a exigir a la consellera que asuma “las responsabilidades políticas pertinentes” ante la crisis.

Los resultados de las votaciones de las mociones de Junts, ERC y CUP son un gesto político, ya que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, es el único que tiene las competencias de nombrar y cesar a los consellers de su gobierno. Este martes, Paneque se mostró convencida de mantener el cargo y ha afirmó que Illa la ha trasladado su “confianza” en el trabajo que está haciendo.

En concreto, el Parlament ha aprobado un punto de la moción de Junts que pide la reprobación y cese de Paneque por la “mala gestión” de la crisis en Rodalies, la falta de información a los usuarios y la falta de planes alternativos de transporte eficientes. La cámara también ha dado luz verde al punto de Junts para reprobar y cesar al ministro Puente por la “desinversión y los incumplimientos de partidas presupuestadas” en la red catalana. Lo ha hecho con los votos todos los grupos excepto el PSC, que ha votado en contra, y los Comuns, que se han abstenido.

En cuanto a la moción de ERC, el punto que la cámara ha aprobado no pide de forma explícita la dimisión de Paneque, pero sí reclama a la consellera que “asuma la responsabilidad política pertinente ante la crisis del servicio de Rodalies”, al tiempo que insta a la Generalitat a “impulsar todos los cambios necesarios” en su departamento. Este punto de los republicanos reclamaba también la dimisión de Puente.

Por último, la cámara ha dado luz verde a un punto de la moción de la CUP que exige la dimisión de Paneque por “la mala gestión comunicativa, informativa y de respuesta urgente” en la gestión de las incidencias de Rodalies. En caso de que no dimita, el texto avalado sostiene que es necesario reclamar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que la cese y asuma como “propia” la falta de fiscalización a Adif y Renfe durante la crisis.

Aval a llevar a Renfe y Adif a los tribunales

Además, la Cámara ha dado luz verde a otro punto de Junts que reclama al Govern denunciar a las empresas estatales Renfe y Adif a los tribunales por delitos de responsabilidad civil y penal ante la crisis de movilidad vivida y sus “fatales consecuencias”. Este punto ha salido adelante con los votos a favor de Junts, Vox, CUP y Aliança. PSC y Comuns han votado en contra, mientras que PP y ERC se han abstenido.

En cambio, el pleno de este jueves ha rechazado la propuesta de Junts para traspasar el servicio de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y “expulsar” a Renfe de Catalunya. El grupo de Mònica Sales lo ha pedido a través de un punto de su moción, que propone “resolver el contrato de prestación” con Renfe y hacer que FGC asuma la dirección, pero la Cámara lo ha tumbado.

Junts ha presentado un informe de sus servicios jurídicos que avala la propuesta, pero Paneque remarcó ekl miércoles en el pleno que la iniciativa de los de Puigdemont “no tiene ningún fundamento real”. La consellera aseguró que no se puede “anular ningún contrato” porque actualmente el Ejecutivo no funciona a través de un contrato con la operadora, y que Junts “lo sabe” por sus años gobernando el país.

La última vez que Berta Gómez habló por teléfono con su hermano Joan, él le contó que le perseguían. Al día siguiente, de noche, le comunicaron que estaba hospitalizado con una muerte cerebral en Zaragoza. Le dijeron que se había suicidado, pero nunca ha sabido qué ocurrió exactamente.

“Durante décadas no le hablé a nadie de esa conversación”, recuerda sentada en un hotel de Sant Cugat (Barcelona). “Ni siquiera mis padres o mis hermanos lo sabían”.

Después de años de silencio, Gómez acabó desvelando que había tenido esa conversación con su hermano pocas horas antes de morir. Lo hizo tras reunirse con otras personas que, como ella, perdieron a un hermano o a un pariente cercano mientras hacían el servicio militar.

Al menos 1.900 jóvenes murieron haciendo el servicio militar en período democrático. La cifra no incluye las muertes en la mili durante el franquismo. Tampoco los suicidios al regresar a casa debido a los traumas sufridos ni los fallecidos en permisos o en accidentes de tránsito yendo o volviendo de los cuarteles. Algunas estimaciones calculan que podrían haber perdido la vida hasta 4.000 personas.

Ninguna de esas familias ha sido reparada ni, en muchos casos, informada de las causas reales de la muerte. A algunos les dijeron que sus parientes se habían suicidado, otros que murieron en un accidente o simplemente les informaron del fallecimiento sin precisar las causas.

Un documental de TV3 pone en contacto a las familias

Hace unos meses, dos periodistas de TV3 sentaron a Gómez en una mesa de una masía de Viladrau (Girona) junto a Mònica Muntada, Cristina Aymerich y Francesc Robelló. Ellos también perdieron a un hermano en la mili. “No nos conocíamos de nada, pero nos tiramos más de cinco horas charlando”, rememora Aymerich.

Todos se dieron cuenta de que sus historias familiares guardaban paralelismos: el luto mal cerrado, el desgarro y el silencio en casa atravesados por el estigma del suicidio. La falta de detalles sobre lo ocurrido, las preguntas sobre lo sucedido.

“Fue liberador, terapéutico y reparador”, añade Muntada, que confiesa que lo más duro de estos años ha sido no saber qué le pasó exactamente a su hermano.

Narcís, el hermano de Francesc Robelló, fue encontrado en un despacho con un abrecartas clavado en el corazón. Les dijeron que se había quitado la vida, pero su hermano dice que es imposible. “Sus cartas mostraban ilusión y ganas de vivir”, rememora Francesc. “Lo del suicidio nunca me lo he creído”.

El resultado del encuentro en Viladrau, y de una ardua investigación periodística, ha sido el documental Et faran un home. Morts silenciades, que pone el foco en los miles de jóvenes que perdieron la vida o se suicidaron haciendo la mili. Un drama silenciado, no reconocido y cuya opacidad llega al punto de que ni siquiera hay un recuento oficial de víctimas.

Los protagonistas del documental han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili y han abierto un correo (veu.victimesmili@gmail.com) para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya.

“Queremos saber qué pasó, que se investigue”, apunta Mònica Muntada, cuyo hermano Martí se suicidó un lustro después de regresar del servicio militar. Muntada busca compañeros que compartieran el servicio con su hermano para entender qué fue lo que ocurrió durante esos meses. “Volvió siendo otra persona, con otra mirada”, rememora.

El objetivo último de estos familiares es que se cree una comisión de investigación sobre los miles de muertos en el servicio militar y, a su vez, que el Ministerio de Defensa facilite más información a los parientes de los fallecidos.

“No puede ser que no haya nada”, lamenta Cristina Aymerich. Su hermano se marchó a Melilla en agosto de 1993 para hacer la mili. Apenas un mes después les llamaron para comunicarles que se había suicidado. “En casa estuvimos más de diez años sin hablar del tema”, explica. “La culpa era tan grande que silenció cualquier conversación”.

Opacidad sobre las causas y el número de muertes

Tanto los familiares de los fallecidos como los investigadores del documental han constatado la opacidad de los archivos del servicio militar, hasta el punto de que veteranos documentalistas que colaboraron con la cinta constataron la dificultad para obtener datos. 

“¿Cómo puede ser que no conste en ningún sitio que un chico de 20 años haya ido al servicio militar y no haya regresado?”, abunda Aymerich, que llegó a desplazarse personalmente a Melilla para obtener más información sobre la muerte de su hermano.

La emisión del documental ha roto en Catalunya un silencio prolongado. Una veintena de familiares ya se ha puesto en contacto con este grupo para trasladarles experiencias similares o, incluso, hablar del tema por primera vez. Los parientes confían en que la llamada llegue ahora al resto del país y se logre hacer presión. 

En el Parlament, por ahora, los grupos de Junts, ERC, Comuns y CUP han registrado una propuesta de resolución para exigir a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del pueblo catalán) que esclarezca los hechos denunciados en el documental. Piden, a su vez, que el caso llegue al Defensor del Pueblo para que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente a escala estatal” sobre lo ocurrido. 

Los familiares de las víctimas se muestran optimistas ante el revuelo generado. “Ha sido un proceso agotador, pero ver que nuestra historia ha llegado al Parlament nos ha dado un poco de esperanza”, remacha Robelló. “La sensación es que ya no estamos nosotros solos”, añade Gómez. 

En lo que coinciden todos ha sido en el poder transformador que ha supuesto conocer a otras personas en una situación similar. “Ha habido un antes y un después del documental”, explican los cuatro. “La soledad de estos años ha sido muy opresiva, ahora como mínimo podemos compartir nuestro luto”.

Si eres familiar de alguna víctima del servicio militar o tienes información sobre el tema y quieres contactar al grupo que se ha organizado, puedes escribir a veu.victimesmili@gmail.com

La lluvia como gran responsable. El conseller de presidencia, Albert Dalmau, quien sustituye al president Salvador Illa por una infección ósea, ha vinculado la reciente crisis en Rodalies al “episodio meteorológico extremo” de los últimos días, sumado al “envejecimiento de la red ferroviaria” y al “déficit de mantenimiento” ante el pleno del Parlament, donde ha comparecido este miércoles para dar cuentas por el caos en la movilidad que se vive en Catalunya desde hace ocho días.

Dalmau también ha aprovechado su comparecencia para pedir “disculpas” a todos los usuarios de Rodalies por “no avisar” del cierre del servicio en la mañana siguiente al accidente en Gelida, que acabó con la vida de un maquinista en prácticas. El Govern ha asumido así responsabilidades por las deficiencias en la información a los usuarios, que han sido una constante a lo largo de toda la semana.

El president en funciones no ha hecho apenas referencia, sin embargo, a los habituales problemas de personal de Renfe, que tuvieron su máxima expresión en el parón de los maquinistas en los días posteriores al accidente. La conflictividad laboral ha sido uno de los grandes problemas tal como han reconcido fuentes del Departamento de Territorio, aunque este miércoles prácticamente la cuestión no ha aparecido en la intervención de Dalmau.

El conseller ha ofrecido convertir esta crisis en un “punto de inflexión” y hacer un acuerdo de país para “acabar de una vez por todas con los problemas de Rodalies”. Un pacto para el que ha tendido a la mano a todas las formaciones en la Cámara, a quienes ha pedido pensar en el interés de Catalunya.

El servicio de Rodalies, ha indicado Dalmau, “no está a la altura de lo que merecen los ciudadanos de Catalunya”. Y ha añadido que las deficiencias en el sistema vienen “de lejos”, recordando que en la década de los 2000, las inversiones ferroviarias se destinaron mayoritariamente a la alta velocidad.

En este sentido, Dalmau ha propuesto arreglar las vías “con las inversiones que sean necesarias” y ha afirmado que el traspaso de competencias es, en este momento, “más necesario y urgente que nunca”.

“No quiero que confundan la actitud de colaboración del Gobierno con un acto de tibieza o de falta de exigencia”, ha añadido el conseller, quien ha asegurado que los acuerdos, con el Ministerio y con los partidos, serán lo que permita avanzar en la mejora del servicio. “Llegar a acuerdos es el único camino que nos llevará a una solución duradera” ha apostillado en respuesta a las recriminaciones de los diferentes partidos políticos.

Dalmau ha defendido que la Generalitat ha utilizado “todos los recursos a su alcance” y que han exigido responsabilidades a Adif y Renfe. “Estoy seguro de que todos ustedes hubieran hecho lo mismo”, ha trasladado al resto de formaciones políticas. También ha recordado que el Ejecutivo ya ha activado el servicio de gratuidad para todo el servicio de Rodalies durante un mes y que su plan de Rodalies 2026-2030 prevé doblar la inversión, tal y como han pactado con los Comuns.

Como ya hizo Salvador Illa en un breve mensaje desde el hospital, Dalmau ha cerrado filas con la consellera Sílvia Paneque, de la que ha dicho que “ha hecho una gestión de la crisis excelente”. La consellera ha sido la política que más ha estado en el ojo del huracán durante toda la semana. En la sesión de control de esta mañana, sus socios de ERC han pedido su dimisión, junto a la de Albert Dalmau, por “empeorar la crisis” al igual que los partidos de la oposición.

Junts y ERC critican al Govern pero proponen salidas diferentes

La oposición ha sido este miércoles inclemente hacia el Govern, pero las intervenciones en el Parlament han demostrado que los partidos fuera del Ejecutivio tienen visiones absolutamente diferentes entre sí. Mientras que Junts ha pedido “parar el traspaso de Rodalies tal y como está planteado”, porque a su juicio vuelve a dar a Renfe la llave del servicio, ERC opina todo lo contrario y considera que es hora de acelerar la empresa mixta que ellos mismos pactaron con el PSOE.

“Le hago una petición formal: paren el traspaso de Rodalies tal y como está planteado con sus socios de ERC”, ha reclamado la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha pedido “un traspaso integral”, es decir, sin una operadora mixta en la que se sienten la Generalitat y el Ministerio.

“Rodalies es el ejemplo perfecto de una modelo centralista. Forma parte de una estrategia premeditada para lograr la decadencia de Catalunya”, ha asegurado Sales. La diputada ha esgrimido los últimos datos territorializados de ejecución de inversiones, en los que para el año 2023, Madrid tenía un grado de cumplimiento por encima del 100% mientras que Catalunya se quedaba en el 40%.

Por su parte, Esther Capella, diputada de ERC y exconsellera de Territorio, ha considerado que “la lluvia intensa no debería provocar ni hundimientos ni desprendimientos” porque la infraestructura ferroviaria debería estar preparadas para estas inclemencias. “En FGC no pasa”, ha destacado Capella. “En Rodalies la lluvia no ha causado el problema, en todo caso lo que ha conseguido es hacer visible el grave problema que sufren las infraestructuras que, por cierto, aún son titularidad del Estado”, ha dicho.

Capella ha reclamado además “acabar con la falta de ejecución de lo que se presupuesta en Catalunya”, que es, ha dicho, “una situación estructural”.

“Pedro Sánchez lleva gobernando ocho años, siempre con el apoyo de ERC y Junts. Y pese a eso, cuando hay un problema en Rodalies, unos culpan al PP y otros directamente a España. ¡Menuda jeta se gastan!”, ha exclamado el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Además de pedir la dimisión de Dalmau y Paneque, Fernández ha señalado como responsables del caos ferroviario a los gobiernos central y catalán pero, también a ERC y Junts por sostenerlo.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la proposición de modificación de la ley contra la LGTBIfobia presentada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. El nuevo texto deroga el anterior y actualiza el marco normativo de la que fue la primera norma de España diseñada para proteger al colectivo LGTBIQ+.

Las novedades del texto se basan en dos puntos principales. El primero es que se amplía el régimen sancionador y se incrementan los supuestos que definen las infracciones, tipificadas según la gravedad y con multas de entre 300 y 500.000 euros.

Además, también se ha trabajado para equiparar las infracciones a las de la ley de Igualdad de trato y no discriminación, que se aprobó seis años más tarde, y se han aumentado los supuestos para incluir nuevas realidades como la de las personas intersexuales y trans, que apenas aparecían en el texto original.

Para ellas se incluye una protección específica y refuerza el enfoque “interseccional” de la ley. Igualmente, se establece el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI.

La modificación también incluye el derecho de reparación a la víctima y medidas accesorias o substitutorias para el infractor, siempre que la víctima dé su consentimiento.

El texto contempla la creación de la Red de Servicios de Atención Integral (SAI por sus siglas en catalán) para coordinar todos los servicios y puntos de información LGTBI existentes, así como los centros de referencia, atención y acompañamiento que se deberán desplegar por toda Catalunya.

Sin el PP, Vox ni Aliança

La ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, más conocida como ley catalana contra la LGTBIfobia fue la primera ley de España en aprobarse para proteger los derechos del colectivo.

En aquel momento, la ley fue aprobada casi por unanimidad, con los votos del PSC, ICV, ERC, la CUP, Ciudadanos y Convergència, que en esa ocasión votó por separado de Unió. Los democristianos rechazaron algunos artículos de la norma, pero el PP fue el único que dio un ‘no’ sin matices a la ley.

10 años después, la historia se repite, aunque al PP se han sumado también PP y Vox. Desde los populares, Belén Pajares ha avisado que su grupo estudia presentar recurso de algunos artículos al Tribunal Constitucional porque “no se puede favorecer a un colectivo por delante de otro” para no provocar un “agravio comparativo”.

En cambio, desde el PSC se ha respondido que la ley “no crea privilegios, sino que refuerza mecanismos de prevención”. En la misma línea se han expresado desde la CUP, que consideran que la ley original estaba cargada de simbolismo, mientras que esta es mucho más “potente”.

Desde ERC han recalcado la importancia de esta ley en un momento de “banalización del odio y auge del fascismo,” mientras que desde los Comuns se ha querido recordar que “las mujeres y personas LGTBI sufren vulneraciones y agresiones por culpa de un sistema que no garantiza sus derechos”.

El PP catalán ha apostado por un Gobierno en solitario, sin tener que pactar con Vox, de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en caso de ganar las próximas elecciones generales, aunque ha tildado de “absolutamente fariseo e hipócrita” criticar al partido de Santiago Abascal “por ser de extrema derecha”.

Así lo ha defendido en una entrevista con la Agència Catalana de Notícies (ACN) el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández. “Ponemos mucho el foco en Vox y no en que actualmente Pedro Sánchez está gobernando con partidos de extrema izquierda”, ha criticado.

Fernández ha garantizado que el PP se presentará a las elecciones con “la ambición” de gobernar en solitario y se ha mostrado confiado en que contará con el apoyo necesario para que así sea. Sin embargo, no ha cerrado la puerta a llegar a acuerdos con otras formaciones para poder gobernar, y ha lamentado que se critique a Vox por ser “un partido de extrema derecha”.

Frente al distanciamiento respecto a Vox de otros dirigentes regionales del PP, como la extremeña María Guardiola, en plena campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre, el PP catalán ha radicalizado en ocasiones su discurso ante la competencia de la extrema derecha. El pasado verano, por ejemplo, Fernández se mostró a favor del veto a los actos islámicos en Jumilla.

“No creo que sea trabajo de los partidos políticos criticar los posicionamientos de los demás en función de si son de extrema derecha, de ultraderecha o de ultraizquierda. Creo que es bastante fariseo que se ponga el foco continuamente en Vox y no en otros partidos, como los Comuns o Sumar, que son de extrema izquierda y que están gobernando España”, ha aseverado.

En clave catalana, el portavoz ha negado que su partido se sienta amenazado por los postulados de Vox en el Parlament y asegurado que el PP catalán “no compra su discurso ni el de nadie”, y que es quien hace el papel de líder de la oposición. “Tenemos nuestro proyecto político y no nos perdemos en los debates estériles y nostálgicos de los partidos independentistas y el socialismo”, ha remachado.

El dirigente popular ha insistido en que España vive una situación “de emergencia nacional” a raíz de los casos de corrupción que “rodean” al Ejecutivo, y ha vaticinado que Junts puede pagar en las urnas el “estar sosteniendo” a Sánchez en la Moncloa.

Sobre las relaciones con Junts, Fernández ha reiterado que su partido “no tiene ningún problema” en llegar a acuerdos puntuales con los de Puigdemont en el Congreso de los Diputados o en el Parlament, pero que es diferente “una coincidencia de voto” que “los pactos, conversaciones y acuerdos”.

En línea con el mensaje lanzado por Feijóo desde la sede de la patronal catalana Foment, Fernández ha instado a Junts y Vox a apoyar una moción de censura para echar a Sánchez de la Moncloa. “Apelamos a todos aquellos que quieren un cambio a que nos apoyen para cambiar de presidente”, ha manifestado.

El PP, ha avisado Fernández, no se someterá a “ningún chantaje” por parte de Junts a cambio de obtener su apoyo a una moción de censura. Y ha pronosticado que a Junts le puede pasar factura no apoyarla: “Evidentemente, porque la situación actual del conjunto del país afecta negativamente a Catalunya. Los socialistas utilizan Catalunya como una moneda de cambio y son los ciudadanos los que pagan las consecuencias”.

Sobre el congreso que el PP catalán debía celebrar en el 2022 y que quedó aplazado sine die, el portavoz parlamentario ha asegurado que “no está en la agenda” de los populares celebrarlo, ya que consideran una “frivolidad” hacerlo “en medio de la crisis política”.

Los populares catalanes celebraron su último congreso en 2018, cuando Alejandro Fernández (quien no siempre está en plena sintonía con Feijóo) fue elegido líder del partido con un amplio apoyo. En 2022 debía convocarse de nuevo el cónclave, pero la dirección nacional decidió aplazarlo ante la convocatoria de las elecciones generales para el año siguiente.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la “acción decidida” del Govern en la crisis abierta por el brote de peste porcina africana en la sierra de Collserola (Barcelona) ante las críticas de Junts, que ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo catalán por haber mantenido su viaje oficial a México esta semana.

Durante la sesión de control al president, celebrada este viernes por la tarde una vez Illa ha llegado de México en vez del miércoles, como es habitual, la portavoz de Junts, Mònica Sales, ha sido la diputada de la oposición que más ha cargado contra el president por su gestión de la crisis. “Catalunya no merece a un president desaparecido”, ha lanzado.

“El Govern no se ha visto afectado y era un viaje importante para el país”, ha defendido Illa, que ha querido replicar directamente a Junts: “Están más pendientes de criticarme a mí que de solucionar los problemas, no van por el buen camino”. “Cuando están en la oposición lo hacen todo bien, pero cuando gobiernan no hacen nada de lo que predican como oposición”, ha apostillado.

Por su lado, el presidente del grupo de ERC, Josep Maria Jové, ha insistido en que Illa ha pecado de “falta de liderazgo político” en esta crisis, a lo que el president ha recordado que “en los próximos días” comparecerá a petición propia en el Parlament para hablar específicamente de cómo se ha afrontado esta crisis. “Puedo cometer errores, pero en este caso no he cometido ninguno”, ha agregado.

“La gestión ha sido correcta, he estado al corriente de todo y los consellers tienen mi plena confianza. Y no saco pecho porque queda todavía mucho trabajo por hacer”, ha aseverado Illa, además de reivindicar que el Govern ha actuado con los criterios de “la ciencia, la transparencia, la colaboración y la ayuda al sector” porcino.

El president ha asegurado que la peste no hará “tambalear” el sector porcino. “Tengo plena confianza en las cosas que se están haciendo y creo que el sector tiene fortaleza para salir airosamente de esta situación”, ha defendido Illa en respuesta al diputado de la CUP Dani Cornellà, que ha advertido a Illa de la “vulnerabilidad” de muchas granjas y pequeños productores.

Aliança Catalana se dispararía en unas elecciones catalanas hasta alcanzar a Junts, su principal competidor. El partido de Sílvia Orriols, que hoy tiene dos diputados en el Parlament, se situaría actualmente en una horquilla de 19-20 escaños, según el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, un resultado que le permitiría disputar la tercera fuerza a los de Carles Puigdemont, también en 19-20. 

El desplome de Junts, que caería desde sus actuales 35 escaños, se explica por un notable trasvase de apoyos hacia Aliança, según constata el CEO. A día de hoy, hasta un 20% de los votantes de Puigdemont, uno de cada cinco, optaría hoy por Orriols. Destaca también cómo el partido de la alcaldesa de Ripoll se alimentarían también del 9% de votantes de la extrema derecha de Vox.

“Esta transferencia de Junts a Aliança indica un cierto realineamiento”, ha apuntado Juan Rodríguez Teruel, director del CEO, que ha recalcado que actualmente Junts es el partido con “menor lealtad electoral” del panorama catalán. “Las dudas sobre su papel y orientación política favorecen a su principal adversario”, ha argumentado Teruel, que ha señalado además que Aliança sería directamente fuerza ganadora en Girona y Lleida. 

El crecimiento de Aliança, además, se nutre de votantes no necesariamente independentistas, sino de electores que dan prioridad al discurso xenófobo al que la formación dedica la mayoría de sus esfuerzos. Esto se traduce en que actualmente el 32% de quienes les votarían son contrarios a la secesión, por un 62% que están a favor. Su competidor en la derecha, Junts, presenta unos porcentajes de 14% frente al 81%, respectivamente.

El barómetro, que abarca una muestra de 2.000 personas, se llevó a cabo entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre. Precisamente en medio de ese período se produjo uno de los movimientos políticos de mayor calado en Catalunya: la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Al margen de la competición en la derecha independentista, la otra gran novedad de la encuesta es el sorpasso de Vox al PP, algo que ya ocurrió en los comicios de 2021, pero que los populares habían logrado revertir en 2024. El CEO otorga a Vox entre 13 y 14 escaños –hasta tres más que ahora–, mientras que al PP, 12-13 –hasta tres menos–. 

Del resto de formaciones, ERC mantiene su cierta tendencia al alza, con 22-23 escaños estimados, por encima de los 20 que obtuvo Pere Aragonès en 2024. Por su parte, Comuns y CUP continuarían estables en la parte baja, con 6 y 3-4 diputados, respectivamente.

Los votantes independentistas, de hecho, ya ven con tan buenos ojos a Carles Puigdemont como a Sílvia Orriols como posible president del Govern. El líder de Junts y la de Aliança Catalana empatan con un 8% como favorito para ocupar el Palau de la Generalitat. El mejor valorado para ello es, con diferencia, Salvador Illa con un 21%. El líder de ERC, Oriol Junqueras, se queda con un 7% de los apoyos.

En este sentido, en índices de aprobación, Orriols saca de nuevo la cabeza por encima de Puigdemont, con un 42% frente a un 38%. Superados ambos por Illa (62%), Junqueras (55%) y Albiach (47%).

El CEO incluye también estimación de votos en unas elecciones al Congreso de los Diputados, donde PSC sería nuevamente primera fuerza con 19-20 asientos. Le seguiría ERC (9-10), Junts (5-6), PP (5-6), Vox (5-6), Sumar (3) y Podemos (0-1).

En cuanto a preocupaciones de los catalanes, el acceso a la vivienda es con diferencia la mayor. Hasta el 31% de los entrevistados señalaron que la dificultad para encontrar un techo era el principal problema de Catalunya, muy lejos de la inmigración (10%), situado como el segundo problema seguido de la inseguridad ciudadana (9%). La preocupación por el precio de la vivienda es transversal en prácticamente los votantes de todos los partidos: solo los votantes de Aliança Catalana (29%) y Vox (26%) priorizan la inmigración como principal problema.

Los buenos datos macroeconómicos del país siguen sin percibirse entre la población. Cuatro de cada diez catalanes consideran que la situación económica es “mala o muy mala” y casi un tercio de los encuestados (28%) declaran que su situación económica personal ha empeorado el último año.

Todo comenzó con un informe jurídico. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, una entidad que reúne al Ayuntamiento de la capital catalana y a diferentes organizaciones sociales y empresariales de la ciudad, encargó al abogado Pablo Feu un estudio sobre la viabilidad de prohibir o limitar la compra de pisos que tuvieran un objetivo diferente de ser vivienda habitual del comprador.

El dictamen que seis meses después entregó el experto fue un bombazo, ya que el jurista no solo argumentaba que la prohibición era constitucional, sino que era una obligación de las administraciones intervenir en el mercado para subsanar la infracción en materia de urbanismo que generan los precios disparados de la vivienda. Según el informe, el marco legal vigente permite el veto a estas adquisiciones llamadas especulativas, es decir, cuando la intención del comprador no es vivir en su nueva propiedad, sino alquilarla o revenderla a un precio más elevado. 

Desde que el informe se hizo público, el pasado 10 de octubre, en Catalunya ha prendido el debate sobre la limitación de las compras especulativas de casas. Primero fue la CUP quién preguntó a Salvador Illa en el Parlament por la cuestión, a lo que el president aseguró que era una vía que “estudiaban”. Con todo, posteriormente restó importancia a este anuncio al asegurar que su gobierno examina con detalle cualquier solución que tenga como objetivo garantizar el derecho a la vivienda.

Los Comuns recogieron entonces el guante y convirtieron esta medida en su nuevo talismán, con un tridente de medidas en otros tantos niveles: Barcelona, Catalunya y también, como propuesta a estudiar, en el seno del Gobierno.

De las tres, la iniciativa del partido de Ernest Urtasun con más recorrido fue la proposición de ley que registraron en el Parlament. El texto planteado introduciría varias modificaciones en la ley catalana de urbanismo, de 2010, entre ellas la obligación de que toda vivienda comprada dentro de las zonas tensionadas según la ley de vivienda deban destinarse a la vivienda habitual del propio comprador, de un familiar de segundo grado del comprador, o a alquiler de residencia habitual para el inquilino, que estaría sujeta al límite de precios marcada por la ley.

La misma obligación tendría la persona, física o jurídica, que compre un bloque entero de pisos, que tendría la obligación de destinar todas las viviendas contenidas en el edificio a alquiler de residencia habitual, siempre a precios regulados. Estos contratos de alquiler deberían además formalizarse dentro de los siguientes 12 meses desde la adquisición.

Según la iniciativa de los Comuns, sí estaría permitido de forma excepcional la compra de una segunda vivienda dentro de una zona tensionada, siempre que esta no esté en el mismo municipio que la casa principal del comprador.

Una de las claves de esta regulación es que está sujeta siempre a las zonas tensionadas, lo que la hace temporal y también acotada en el territorio, puesto que se aplica por municipios. De esta forma, entienden los juristas que la defienden, no interferiría en el derecho a la propiedad ni lo haría irreconocible. 

Esta propuesta en el Parlament se suma al rosario de iniciativas que los Comuns y, en general, el conjunto de los partidos de izquierdas, negocian con el Govern sobre la vivienda. En estos momentos está en trámite una proposición de ley que sería pionera en España para introducir el alquiler temporal dentro de la regulación de precios, algo que la ley de vivienda estatal dejó fuera de su articulado de forma deliberada. Por el momento, Junts y el PP la han llevado al órgano de garantías del Parlament, por lo que está a la espera de dictamen.

Junto a los Comuns, ERC también ha movido ficha en el Parlament. Este martes, la formación de Oriol Junqueras reclamó oficialmente al Govern informar sobre el estudio que el president dijo que había encargado. Además, ERC reclamó al Govern presentar a lo largo de 2026 una ley para regular la compra de vivienda. Una iniciativa que parece convergente con la propuesta de los Comuns.

Quienes no se han abstenido de entrar en el debate han sido los actores del sector inmobiliario, alarmados por una medida que restringe su margen de maniobra en la compraventa de inmuebles. En un comunicado firmado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), la de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida, y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, alegaron que la medida sí hace “irreconocible” el derecho a la propiedad, que es “desproporcionada” y que contribuiría a agravar los actuales problemas de acceso a la vivienda.

La limitación de compras de vivienda al uso residencial del nuevo propietario también ha calado en el Ayuntamiento de Barcelona. En primer lugar, el plenario municipal aprobó, a propuesta de los Comuns y con votos de PSC y ERC, desarrollar los “instrumentos urbanísticos” necesarios para regular estas transacciones en un plazo de seis meses. En plenas negociaciones para los Presupuestos de 2026, el grupo que lidera Janet Sanz en el consistorio lo ha fijado como condición para su aval. 

Por otro lado, el Ayuntamiento también aprobó este mismo miércoles crear una comisión de estudio para analizar cómo impedir esta especulación. Liderada la propuesta por ERC, contó con el sí del PSC pero la abstención de los Comuns, que se mostraron contrariados al considerar que ralentiza la medida. Con todo, durante la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad en la que se debatió, el teniente de alcaldía responsable de Vivienda, Jordi Valls, reconoció: “El debate sobre la compra especulativa ha venido para quedarse”.

Un juzgado de Barcelona ha decidido enviar al banquillo a Santiago Royuela, uno de los mayores difusores de teorías de la conspiración en España y condenado por terrorismo de extrema derecha, por difamar y amenazar a un exdiputado del PP en el Parlament de Catalunya. La magistrada que investiga a este ultraderechista, varias veces condenado y también imputado en la Audiencia Nacional por hechos similares, entiende que pudo incurrir en varios delitos cuando difundió en su canal de YouTube que Sergio Santamaría tenía más de un millón de euros escondidos en México para después amenazarle por WhatsApp con varios audios. “El CNI no se equivoca, voy detrás tuyo” (sic), llegó a decir el imputado a la víctima.

Santiago Royuela es uno de los hijos de Alberto Royuela, conocido ultraderechista y subastero barcelonés que desde hace décadas difunde la Biblia conspiranoica conocida como 'Expediente Royuela'. Se trata de un compendio de documentos con los que intenta demostrar que en España existe un entramado corrupto de fiscales, jueces, políticos y periodistas que promueven los asesinatos de Estado mientras mueven y esconden millones de euros en paraísos fiscales.

El 'Expediente Royuela' arrancó cuando este subastero ligado a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco culpó a un supuesto entramado corrupto liderado por el fiscal José María Mena de matar a uno de sus hijos. La teoría de la conspiración, a la que se sumó su hijo Santiago, se convirtió en una sucesión de documentos y manuscritos con los que afirmaban poder demostrar que en España una mafia política y judicial cometía asesinatos de Estado mientras movía y escondía millones de euros en paraísos fiscales de todo el mundo.

Alberto y Santiago Royuela nunca han conseguido que su expediente pase un solo filtro judicial y los tribunales se han negado a dar la más mínima credibilidad a uno solo de sus papeles. Pero su canal de YouTube, creado en el verano de 2022 y que acumula más de 11.000 suscriptores y casi 300 vídeos, se ha convertido en una ametralladora de bulos, conspiraciones y acusaciones sin fundamento. En 2022 le llegó el turno a Sergio Santamaría, entonces diputado del PP por Girona en el Parlament, a quien Santiago Royuela acusaba sin pruebas de tener 1,2 millones escondidos en México junto con otros políticos catalanes de varios partidos.

Es la estrategia que los Royuela desarrollan desde hace años en su canal de YouTube, ocasionalmente acompañados de Juan Martínez Grasa y en los últimos años asociados con el exjuez corrupto Fernando Presencia: afirmar que unas fuentes anónimas les han hecho llegar listados de cuentas bancarias en paraísos fiscales asociadas a sus víctimas. Pero el caso de Sergio Santamaría, ahora fuera de la política, se desarrolló de forma distinta: Santiago Royuela, de forma inédita, reconoció en un vídeo que se había equivocado.

Los “topos”, a quien Royuela atribuye los documentos con los que endosa millones y asesinatos a sus objetivos, se habían equivocado por primera y única vez. “He entendido que era una imprudencia lo que se ha cometido con esta persona”, dijo en un arrepentimiento inédito. Pero volvió a la carga un mes después: más vídeos con más acusaciones falsas y audios con amenazas al exdiputado del PP.

La causa avanzó de forma tortuosa en el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, reabriendo el caso por orden de la Audiencia Provincial y con intentos fallidos de conciliación, hasta el auto de procesamiento dictado por la magistrada hace unos días, dando diez días a la Fiscalía y a Santamaría para que insten la apertura de juicio oral o el archivo. “La información fue rectificada, no obstante el querellado ha seguido difundiéndola”, explica la magistrada. Los mensajes de audio que envió al teléfono del exdiputado, además, tenían “contenido amenazante”.

Del 'Expediente Royuela' al 'caso Presencia'

Santiago Royuela ya sabe lo que es sentarse en un banquillo de los acusados, con dos condenas ya a sus espaldas. Su primera condena fue por participar en un intento de atentado terrorista de extrema derecha contra el cantante Fermín Muguruza, fundador de Kortatu: seis años de prisión por terrorismo. Fue condenado por elaborar un explosivo casero para hacerlo explotar en un concierto que el artista vasco iba a dar en el centro cívico de las cocheras de Sants, en Barcelona. Royuela y sus compinches no calcularon bien los componentes y el artefacto explotó en sus manos, enviando a todos al hospital.

Su segunda condena, de tres años y medio de cárcel, vino por su etapa como parte de una mafia vinculada a los Casuals, escisión de los radicales violentos blaugranas Boixos Nois, y también dibuja sus vínculos con la extrema derecha. Según esa sentencia, Royuela participó en la acción de “apuñalar en la cabeza” a un hombre para evitar que participara en una subasta en 2008. El sumario destacó la relación entre la familia Royuela y estos grupos radicales en Barcelona.

Ahora Royuela, desaparecido de su canal de YouTube que maneja su padre, se enfrenta a dos nuevos frentes judiciales: el posible juicio por difamar y amenazar al exdiputado catalán del PP Sergio Santamaría y la investigación en la Audiencia Nacional por formar parte del entramado de noticias falsas del exjuez Fernando Presencia y su asociación ACODAP. Esa causa, según fuentes jurídicas, sigue en fase de instrucción y el juzgado aumentó antes del verano seis meses más el plazo para investigar a la espera de varios informes económicos sobre la trama.

Fernando Presencia fue juez en Talavera de la Reina (Toledo) hasta que fue expulsado de la judicatura tras ser condenado dos veces por prevaricación en el Tribunal Supremo por beneficiar a amigos y conocidos en distintos procedimientos seguidos en su juzgado de la localidad toledana. Empezó entonces una estrategia para intentar desacreditar a jueces, fiscales, políticos y vocales del Consejo General del Poder Judicial que en algún momento le habían perjudicado. Se asoció con los Royuela para difundir su 'Expediente' e incluir hallazgos escandalosos y carentes de pruebas sobre sus enemigos.

Ahora Presencia está en prisión y tanto Alberto como Santiago Royuela están imputados bajo la acusación de formar parte de la maquinaria de 'fake news' del exjuez, así como de quedarse con miles de euros que sus seguidores donaban a la asociación ACODAP para, supuestamente, luchar contra la corrupción.

Aliança Catalana, la formación de nuevo cuño que ha enarbolado el ideario de la extrema derecha internacional desde posiciones independentistas, se estrenó en el Parlament hace poco más de un año, en septiembre pasado. Lo hizo con una pregunta sobre un violador reincidente, a la que siguió otra sobre el tratamiento que los medios públicos daban a su propia formación. La tercera tuvo por objeto preguntar sobre el gasto que suponían unos menores inmigrantes alojados de emergencia por la Generalitat.

Estos primeros compases del partido en la Cámara catalana ya suponían una muestra bastante representativa de lo que sería su actividad el siguiente año. Seguridad, inmigración y asuntos que les afectan a ellos mismos como partido han monopolizado hasta la mitad de la actividad de las dos diputadas de Aliança.

Por contra, la cuestión independentista apenas ocupa su tiempo, con menos del 8% de intervenciones dedicadas a esta materia, lo que la coloca como la sexta prioridad. Las dos diputadas de Aliança han destacado también por su baja actividad: han presentado solo tres propuestas de resolución fuera de debates monográficos y han faltado al 88% de las comisiones.

Este diario ha analizado una por una el conjunto de actuaciones del grupo que dejan registro en el Parlament de Catalunya. Son poco más de un centenar, contando las intervenciones en el pleno, las preguntas orales y por escrito, las mociones, las peticiones de comparecencia y las propuestas de resolución. De esta contabilidad se han excluido los plenos monográficos, donde solo caben propuestas sobre la temática específica de la sesión, pero no así los dos debates de política general, donde cada partido elige libremente los temas a tratar.

El resultado de este análisis es que la inmigración es el tema predilecto de Aliança Catalana, con cerca de un tercio de las intervenciones y resoluciones dedicadas a este asunto. A diferencia de lo que ocurre con otras formaciones de extrema derecha en Europa, que tienen un abanico más amplio de temas, el partido que gobierna en la localidad de Ripoll ha hecho de la cuestión de los extranjeros su gran fetiche.

Orriols, que ha llegado a definirse como “islamófoba”, registra la mayoría de intervenciones orales en pleno relacionadas con la inmigración de religión musulmana. De hecho, las dos únicas mociones presentadas en todo el año tenían por objeto el velo islámico y los procesos de radicalización en mezquitas.

Aliança considera que Catalunya está cerca de convertirse en parte de un “califato con sede en Madrid” y propone crear un “registro de arraigo territorial”, a través del cual priorizar a las personas que llevan más años en un municipio a la hora de acceder a derechos como la vivienda. Además, hacen reclamaciones como una “moratoria en la entrada de la inmigración para proteger el catalán, reducir el paro y garantizar una integración real”.

La abultada atención que Orriols y los suyos prestan a la inmigración contrasta con las pocas intervenciones dedicadas a la independencia, la cuestión nacional o incluso la lengua catalana. “El tema del independentismo es el punto uno para nosotros. Se da por sentado y por supuesto que Aliança quiere hacer valer el 1-O y la DUI y no hace falta ir planteándolo en cada momento”, explican a este diario fuentes del partido.

Desde la formación además justifican que el tema migratorio sea el más frecuente porque “la inmigración ilegal es la que genera más controversia y más problemas”. Esas mismas fuentes puntualizan que lo que Aliança rechaza es “la inmigración ilegal que llega sin papeles, agrede y ocupa”, no así la de “nuestros abuelos que vinieron de Andalucía o Murcia y forma parte de Catalunya hable o no catalán”.

Otro de los temas frecuentes de los de Orriols es la seguridad, que ocupa el cuarto lugar en sus preocupaciones. Una materia que de forma sistemática mezclan con la inmigración, hasta tal punto que la mayoría de cuestiones relativas a la seguridad acaban en sus intervenciones relacionadas con la extranjería. En una propuesta presentada el mes pasado sobre la seguridad en las prisiones, Aliança señalaba a la población reclusa migrante, destacando incluso el porcentaje de marroquíes, como detonante del aumento de agresiones a los funcionarios.

En otra de sus resoluciones, en este caso una de las primeras que registraron en el Parlament, dejaban claro que para ellos migración y seguridad son prácticamente el mismo tema cuando escribieron: “La inmigración ilegal supone un desafío para el orden público, la seguridad ciudadana y la sostenibilidad de los servicios públicos”.

La carpeta que tiene que ver con la cohesión territorial es otra de interés para la formación. En ella se agrupan cuestiones diversas como los peajes en las autopistas o las zonas de bajas emisiones, dos políticas a las que se oponen frontalmente. Además, todo lo relacionado con el sector primario es de gran importancia para un partido que, si bien nació en una comarca con gran tradición industrial como el Ripollès, interpela a una Catalunya donde la actividad agraria y ganadera tiene mucho peso.

Otra temática en la que la extrema derecha independentista se ha empleado a fondo son las iniciativas autorreferenciales, donde preguntan por cuestiones que les afectan a ellos mismos. Por ejemplo, Orriols dedicó algunas de sus primeras intervenciones en el pleno y preguntas en la sesión de control a Salvador Illa a cuestionar el cordón sanitario que los partidos de izquierdas habían pactado hacía ella y también hacia Vox.

También utilizan el Parlament para preguntar por cuestiones relacionadas con el Ayuntamiento de Ripoll, donde Orriols es alcaldesa, o para criticar la entidad Teixim Ripoll, una plataforma antirracista de su municipio.

Siguiendo con las cuestiones autorreferenciales, Orriols también presentó preguntas parlamentarias sobre el tratamiento a su partido en los medios públicos y llegó a plantear una resolución contra un podcast independiente en el que hablaron de ella. La obsesión de Aliança con los medios, públicos y privados, queda patente en la asistencia a las comisiones: de las 37 veces que han acudido en total, cuatro han sido a la comisión que controla 3Cat.

La asistencia a las actividades del Parlament es una de las asignaturas pendientes para Orriols. Cuando los grupos son muy pequeños, como es su caso, es habitual no acudir a una parte de las comisiones. Pero Aliança destaca con una presencialidad mucho más baja de la habitual para su tamaño: de 299 sesiones celebradas hasta el mes pasado, solo han estado en 37. Algunas comisiones, como Cultura, Igualdad y Feminismo, Juventud, Transición Ecológica o Acción Exterior ni siquiera las han pisado aún.

A las que más dedicación les han puesto son la de Seguridad, Salud, Derechos sociales y la que controla los medios públicos catalanes, a las que han acudido entre 5 y 4 veces. Orriols, de hecho, solo ha asistido a 8 sesiones en todo un año.

Preguntados por esta cuestión, fuentes del partido aseguran que Orriols prioriza el trabajo en el Ayuntamiento de Ripoll, pese a que, cuando debió elegir entre el sueldo de una de las dos instituciones que compatibiliza, la líder de Aliança prefirió cobrar el más abultado salario de diputada, en su caso 57.821 euros según consta en los registros del Parlament.

Desde la formación además consideran que las comisiones son poco útiles y más aún cuando ellos están sometidos a un cordón sanitario que, aseguran, es lo que impide que salgan adelante sus resoluciones y mociones.

“Ordinalidad” es la palabra clave sobre la que pivota toda la negociación sobre la nueva financiación autonómica. Un concepto que genera tensiones entre el Govern y el Ministerio de Hacienda y al que, hasta ahora, ambos han evitado dar protagonismo en los acuerdos alcanzados. La ordinalidad, junto a la singularidad, son principios que generan mayoría en Catalunya, y que ERC fija como líneas rojas, pero que el Gobierno no ha acabado de encajar en una propuesta generalizable.

Este jueves el Parlament ha dado un espaldarazo a la ordinalidad como denominador común de la coalición que sostiene a Salvador Illa y ha aprobado, con los votos del PSC, varias resoluciones que reclaman que la nueva financiación incorpore ese concepto. Es decir, que se vaya más lejos de lo pactado hasta ahora con Hacienda.

La mayoría de la Cámara ha validado finalmente “una financiación justa y suficiente, que respete los principios de solidaridad y ordinalidad, para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía con mejores servicios públicos”. Y, también, la demanda de que el nuevo modelo “potencie la relación bilateral con el Estado, compatible con la participación en órganos multilaterales”, según el texto promovido por el PSC y que ha tenido el apoyo de ERC y los Comuns.

Pero, además del texto del PSC, también ha sido validado el de ERC y de los Comuns, que iban en una línea similar. El texto de los republicanos, además, incluía la petición de que el Congreso acepte la propuesta de Esquerra para modificar diversas leyes “antes de acabar el año” que permitan a Catalunya recaudar el IRPF. La propuesta de concierto económico de Junts ha quedado rechazada, al contar solo con el apoyo de ERC.

La coincidencia de nuevo de los tres grupos de la investidura, PSC, ERC y Comuns, en una de las materias que es uno de los pilares de la legislatura, remarca que la alianza en torno a Illa sigue firma, siempre con el objetivo de conseguir más ingresos para la Generalitat.

La idea de ordinalidad es muy habitual en el argot técnico pero difícil de entender para los profanos. Significa que, a la hora de repartir recursos entre las autonomías, la solidaridad de cada una con el resto quede limitada a su puesto relativo en la recaudación. Eso significa que Catalunya aportaría al sistema lo necesario para nivelar los ingresos de todas las autonomías, pero que lo haría, como máximo, en la medida que no pierda puestos respecto al gasto que se haga en ella.

La reclamación de una financiación con ordinalidad ha sido una de las conclusiones más claras del debate de polítca general, que se celebra en el Parlament desde el pasado martes. También ha habido algunos acuerdos en materias de tipo social y económica, en la mayoría de ocasiones gracias a los votos unidos de PSC, ERC y Comuns.

Pero el segundo debate de política general que Illa ha encarado como president ha estado lejos de ser un paseo triunfal. Más allá de la financiación, el socialista ha tenido problemas para trabar una mayoría en torno a la vivienda, uno de los temas com más protagonismo en el debate y gran bandera de los Comuns.

Illa acudió el pasado martes a la cámara con la promesa de convertir todo el suelo urbanizable de Catalunya en parcelas edificables, lo que según los cálculos del Ejecutivo pondría en circulación hasta 200.000 pisos. La medida que dejaba atrás la apuesta única por la vivienda protegida del último año y promovía ahora la construcción de todo tipo de inmuebles como solución a la crisis habitacional.

Pero el gran anuncio de Illa sobre vivienda ha quedado rechazado por el Parlament, lo que supone un correctivo al Govern. Los Comuns además han lanzado un aviso contundente, desmarcándose de la mayoría de sus propuestas en vivienda.

Junts acudía al pleno con la pretensión de que el PSC votase afirmativamente algunas de sus propuestas. Según las tesis del principal partido de la oposición, deseaban que Illa mostrase su compromiso con el acuerdo que Junts y el PSOE firmaron en otoño de 2023 para facilitar la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Suponía, además, un intento de acercamiento de Junts al PSC en el Parlament, después de un año de relaciones practicamente congeladas entre ambos.

Sin embargo, la propuesta de Junts a favor de una “resolución del conflicto” que incluyese la negociación de un referéndum, que era una de las propuestas estrella de Junts, ha caído por carecer del apoyo de los socialistas. Sí se ha aprobado una alternativa de ERC que llamaba a una resolución del conflicto por la vía de “avanzar en la soberanía nacional y social de Catalunya”.

ERC se ha puesto este miércoles la camiseta del equipo de la oposición para criticar con dureza el Govern de Salvador Illa. “Son un Govern sin alma, sin ambición nacional ni social”, ha asegurado Josep Maria Jové, quien ha advertido que “se le acaba el tiempo” para cumplir con los acuerdos de investidura y, de forma muy destacada, el de la nueva financiación de la Generalitat.

En el segundo día del debate de política general, ERC ha utilizado su intervención para volver a escribir en piedra una de sus advertencias más repetidas. “Sin acuerdo sobre la financiación no habrá presupuestos ni en Catalunya ni en Madrid”, ha indicado Jové. El diputado ha afirmado por contra que, si se avanza en los pactos alcanzados, ERC “estará allí”.

Sin embargo, Jové no ha pintado un futuro optimista en lo relativo a sus acuerdos con el PSC, debido a que, en su opinión, al Govern le hace falta esforzarse más. “No cumplen porque no son capaces de hacer cumplir a sus compañeros de Ferraz”, ha lanzado a Illa, a quien le ha acusado de “vivir de rentas” o de concebir la Generalitat “como una gestoría”.

Para Jové, la prueba más relevante sobre la disposición de los socialistas a cumplir con el acuerdo de financiación llegará, ha dicho, cuando deba votarse la proposición de ley que modifica diversas normas para permitir que la Agencia Tributaria de la Generalitat recaude el IRPF.

En una línea similar, Jové no ha ahorrado críticas a una gestión que ha considerado que ha quedado por debajo de lo esperado. “Su gobierno no tiene alma ni temple, no tiene ambición nacional ni social”, ha asegurado el portavoz republicano, quien ha considerado que ante los retos actuales en materia económica, sociales y por el crecimiento de la extrema derecha, la Generalitat no puede permitirse “no reaccionar”.

Junts acusa a Illa de “anestesiar” Catalunya

El tono del primer partido de la oposición no ha sido más conciliador. El diputado Albert Batet, que ha abierto los turnos de réplica tras el discurso inicial del president del martes, ha acusado a Illa de “anestesiar” Catalunya, por querer llevarla a un espacio donde no haya impulso político.

Batet ha considerado que, pese al discurso triunfalista de Illa, la mayoría de los servicios están hoy peor que nunca. Se ha referido a Rodalies o a la vivienda, pero también a cuestiones como la educación y la sanidad. También ha subrayado Batet las “crisis” de gestión, sobre todo en asuntos como los transportes.

Desde Junts censuran que el Govern cuente con el apoyo de formaciones como los Comuns para solucionar la crisis de la vivienda, ya que consideran que la receta de esta formación se demostró fallida durante sus dos legislaturas en el Gobierno de Barcelona. “Han pactado hasta con la CUP, que cree en el decrecimiento y la ocupación”, ha resaltado Batet.

El diputado de Junts ha extendido la mano a Illa para llegar a acuerdos en algunas de las propuestas de resolución que presentarán. Unos acuerdos que Batet ha considerado fundamentales, no solo para la continuación de la legislatura en Catalunya, sino también para que el pacto firmado por su formación con el Gobierno de Pedro Sánchez siga teniendo sentido.

“Bienvenida al Parlament como representante del pueblo de Catalunya”. Con estas palabras del presidente Josep Rull y la mayoría de los diputados puestos en pié para la ovación ha recibido la Cámara catalana a Pilar Castillejo, diputada de la CUP detenida en aguas internacionales por Israel cuando iba a bordo de la Flotilla Global Sumud y que acabó siendo deportada el lunes pasado.

Todos los grupos del Parlament, a excepción de PP, Vox y Aliança Catalana, han mostrado su solidaridad con Castillejo, que ha llegado acompañada por el resto de representantes de su formación. La semana pasada la Cámara ya suspendió un pleno para denunciar la situación en la que se encontraba una de sus miembros y exigió la liberación de la diputada.

Acompañada por una docena de activistas catalanes entre los cuales se encontraba el también miembro de la CUP Adrià Plazas, Castillejó llegó el lunes a última hora al Aeropuerto de El Prat. A su regreso, afirmó que prevé emprender acciones legales contra el trato recibido desde que fueron interceptados. “El Gobierno sionista de Israel nos ha secuestrado”, aseguró la diputada. “Creemos que esto debe ser condenado. Y sí, emprenderemos acciones legales”, respondió a los periodistas.

Salvador Illa ha centrado en la vivienda el discurso con el que ha abierto el debate de política general, que ha comenzado este martes en el Parlament, y ha lanzado ante los diputados la propuesta de hacer un nuevo “acuerdo de país” para poner en circulación el conjunto del suelo urbanizable actualmente existente en Catalunya, para ponerlo al alcance de los promotores para levantar inmuebles en todos los régimenes de propiedad. El Govern cifra en 210.000 los nuevos pisos que podrían salir de este plan, de los cuales calcula que entre el 40 y 50% podría ser vivienda protegida.

“Construir, construir y construir”, había recetado Illa el día anterior en la jornada sobre la vivienda celebrada por este diario. Un día después, Illa lanzaba un ambicioso plan que tiene como objetivo reactivar la construcción a niveles anteriores al estallido de la burbuja del ladrillo de 2008. Para ello, la promesa es reactivar por fases el conjunto del suelo urbano y ofrecerlo a los promotores, con el objetivo de que puedan construir inmuebles libres, siempre con las reservas que marca la ley para VPO.

El Govern considera que esta política se complementará bien con el plan para construir 50.000 viviendas, estas sí, todas en régimen protegido o directamente públicas. Ahora bien, el plan para activar todo el suelo urbano no tiene plazo fijado, y podría alargarse mucho más allá de 2030, cuando, en cambio, Illa sí ha prometido que estarán listos los 50.000 pisos en régimen de alquiler protegido.

El president se ha referido también a la regulación de los precios del alquiler, activos en las zonas tensionadas de Catalunya desde hace casi dos años y que han supuesto contención de las rentas aunque no disminuciones, si se contemplan los inmuebles que se han fugado al mercado temporal. “Alejémonos de dogmatismos y actuemos con determinación: cuando el mercado no funciona hace falta intervenirlos, un mercado desregulado por sí solo no garantiza hoy el acceso a la vivienda”, ha subrayado Illa en una de las defensas más contundentes que se le recuerdan sobre la regulación de precios del alquiler.

“La desigualdad hoy se llama acceso a la vivienda”, ha considerado el president, que ha recordado que más de un tercio del gasto de las familias se dedica a pagar la vivienda y suministros. “Si no resolvemos el acceso a la vivienda, ponemos en riesgo los avances sociales”, ha dicho, en un discurso en el que puesto también el foco sobre temas como el agua y la energía, Rodalies, la seguridad, el cambio climático o la lengua catalana.

Este es el segundo debate de política general que Illa encara como president y, igual que el año pasado, el jefe del Govern ha centrado la cuestión en la vivienda con un gran anuncio en la materia. Enfocándose en uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía en Catalunya, Illa hace también un guiño a sus socios de los Comuns, que han apostado la legislatura a los avances en materia de vivienda.

Menos concreto ha sido el president en relación con sus otros socios, ERC, también imprescindibles para sacar adelante el día a día del Govern. Los republicanos aprietan para que Illa sea exigente con la nueva financiación de la Generalitat, que se está convirtiendo uno de los huesos duros en la relación entre el Govern y la Moncloa.

En su discurso, de algo más de una hora, Illa prácticamente ha obviado la cuestión de la financiación. Se ha limitado a reclamar “paciencia” y a reafirmar que cumplirá todos los compromisos adquiridos con sus socios. Además, ha citado a ERC y Comuns como sus aliados más importantes, a quienes les ha pedido además que apoyen unas nuevas cuentas.

El debate de política general servirá para tomar el pulso la relación de la entente que se ha convertido en el apoyo de Illa, mientras que Junts también reclama al PSC que apoye algunas de sus propuestas en el pleno e, incluso, voces internas valoran como opción que la formación de Carles Puigdemont se siente a negociar unas cuentas.

Los Comuns presentarán esta semana, en el marco del Debate de Política General, una propuesta de resolución parlamentaria para instar al Govern a blindar el derecho al aborto en el Estatut. Concretamente, apuestan por añadir un epígrafe nuevo al artículo 23, que es el que regula los derechos en el ámbito de la salud.

En el añadido, los Comuns quieren que se especifique que “el servicio sanitario público reconoce y garantiza a todas las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de manera libre y gratuita, como parte de su derecho a la salud sexual y reproductiva”, tal como han explicado fuentes del partido a elDiario.es.

A pesar de que el aborto es un derecho que se recoge en una Ley Orgánica, los Comuns alegan que son las autonomías quienes lo gestionan y, por eso, es un derecho que “cabe en el Estatut”. Destacan que, además, los derechos recogidos en el artículo 23 de la norma catalana son “derechos no exigibles” ante los tribunales y que, por tanto, son más bien “posicionamientos políticos”. Con todo, desde el partido aseguran que incluir este nuevo epígrafe no supone, en ningún caso, que Catalunya se atribuya competencias del Estado.

Los derechos en el ámbito de la salud recogidos en el Estatut son cuestiones generales como que todas las personas deben poder acceder “en condiciones de igualdad” a los servicios sanitarios, que se deben respetar sus preferencias a la hora de ser tratados y que tienen derecho a ser informados sobre los servicios, tratamientos y recursos. Hasta ahora no se ha incluido ningún epígrafe que haga referencia al derecho a recibir un tratamiento concreto como pretenden los Comuns hacer con el aborto.

En caso de que la propuesta saliera adelante, cambiar el Estatut requiere el voto a favor de dos terceras partes de los diputados, la remisión a las Cortes Generales y la aprobación de la modificación mediante una Ley Orgánica. En el caso de Catalunya, esto supone que la propuesta debería contar con los votos de todos los partidos del arco izquierdo y, además, de los diputados de Junts.

Efecto mariposa desde Madrid

Por otro lado, los Comuns también presentarán una propuesta de declaración institucional para que el Parlament “exprese su rechazo a los intentos de criminalización y persecución del derecho de las mujeres al aborto por parte de la derecha y la extrema derecha y el rechazo absoluto a la atribución de falsos síndromes post aborto inexistentes”.

Con esta declaración, el partido hace referencia a la aprobación de una proposición de Vox en el Ayuntamiento de Madrid por la que se obliga a informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome posaborto” que no cuenta con respaldo ni evidencia científica.

Tras las críticas recibidas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se ha visto obligado a reconocer que esa afectación “no es una categoría científica reconocida” y llegó a dar marcha atrás tras haber votado a favor de la propuesta.

Las consecuencias de esta polémica llegaron hasta el Gobierno y han derivado en que Pedro Sánchez plantee una reforma constitucional y una modificación del decreto sobre salud reproductiva para “blindar” el derecho al aborto. El objetivo de esa modificación de la Carta Magna será “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres”, según fuentes gubernamentales.

Sánchez saca ahora del cajón esa propuesta a la que se comprometió hace un año en el marco del 41º Congreso del PSOE, pero la aritmética parlamentaria hace que sea una gesta difícil de lograr. Y es que para conseguir la reforma de la Carta Magna son necesarios, sí o sí, los votos del PP.

El partido conservador tiene a sus espaldas una larga historia de intentar impedir el derecho al aborto desde que este fue legalizado, en tres supuestos muy concretos, en 1985 y cuando se pasó a la ley “de plazos” en 2010 gracias a una reforma del Ejecutivo de Zapatero.

De hecho, los populares no han reconocido que el aborto sea “un derecho” (aunque así se recoge en la ley) hasta 2023, cuando el Constitucional, por fin, tumbó el recurso que el PP había interpuesto 13 años antes.

Así, conscientes de que la reforma de la Constitución que planea Pedro Sánchez pueda caer en saco roto por culpa del PP, los Comuns quieren presionar al Parlament de Catalunya para que se posicione inequívocamente a favor de este derecho que, después de 40 años, vuelve a estar en entredicho.

La actividad política en Catalunya se ha visto sacudida este jueves por la interceptación por parte del Ejército israelí de la Flotilla, el conjunto de embarcaciones en el que iban enrolados dos cargos electos catalanes: Pilar Castillejo, diputada de la CUP, y Jordi Coronas, concejal de ERC en Barcelona. Tanto el Parlament como posteriormente el Ayuntamiento de la capital catalana han decidido suspender parte de su actividad y han aprobado declaraciones de condena a lo ocurrido. 

La Cámara catalana ha suspendio el pleno previsto para este jueves en una decisión adoptada por la Junta de Portavoces, reunida justo antes de la sesión plenaria. Se ha aprobado con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.

La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional que pide la liberación de los detenidos y condena la actuación del Ejército israelí. Sin embargo, no se ha podido leer en el pleno porque no cuenta con una mayoría cualificada, al no haber obtenido el apoyo de PP, Vox y Aliança Catalana. Junts en este caso se ha abstenido.

Instantes antes, la Mesa del Parlament ha adoptado por su parte un acuerdo que pide “máxima atención y agilidad democrática” para que sea “liberada” y se le garanticen los derechos. El texto expresa su “preocupación por la situación de la diputada Pilar Castillejo, que ha sido detenida”. Por eso, el órgano de gobierno de la cámara “pide que se dé la máxima atención y agilidad democrática para que sea liberada la representante del pueblo de Catalunya y se garanticen los derechos, la seguridad y la integridad física de la diputada y del resto de ciudadanos que formaban parte de esta iniciativa”. 

Al margen de Castillejos, también hay otros dirigentes políticos vinculados a partidos catalanes a bordo de la Global Summud Flotilla. Entre ellos, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de los Comuns, y el exconcejal de ERC en la ciudad Jordi Coronas. 

Sobre el pleno suspendido, técnicamente se ha desconvocado, así que se volverá a convocar para el próximo martes. Así pues, se hará compatible el debate de política general previsto para la próxima semana con la interpelación y las mociones pendientes. También se deja para entonces la votación para elegir a Juan Millán (PPC) como senador de designación autonómica. Concretamente, el próximo martes a las 11:30 horas se llevará a cabo la votación del senador, una interpelación y el debate de dos mociones. Y el jueves a las 9.00 se reanudará con el resto de mociones.

Barcelona pide su liberación

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha comparecido para expresar su “rotunda condena” a la acción del gobierno israelí y ha pedido que todos los detenidos sean liberados y puedan regresar a casa. Ha mencionado especialmente a Coronas y a Colau, de quienes ha afirmado que “son el reflejo de cómo una ciudad como Barcelona ha sido de las más activas y solidarias” en defensa del derecho humanitario y del pueblo palestino. 

Posteriormente, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha aprobado suspender los plenos de distrito previstos para este jueves y celebrar un pleno extraordinario el viernes en el que se leerá una declaración institucional que han acordado los grupos por mayoría. Lo han suscrito PSC, Comuns, ERC y también Junts. El texto pide la liberación de todos los detenidos, “incluyendo de forma especial personas vinculadas” a la ciudad, como Coronas y Colau.

La declaración institucional también reclama al Gobierno de España que exiga a Israel respeto al derecho internacional, apoyo diplomático a los detenidos, y que la Fiscalía abra una investigación sobre “posibles actos ilegales o agresiones contra embarcaciones o personas de la misión”.

El curso ha arrancado con turbulencias en TV3 y Catalunya Ràdio. El impulso a la nueva marca de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el 3Cat, que debe servir de paraguas para todos los contenidos y plataformas de los medios públicos, ha sublevado a la plantilla, que denuncia una pérdida de identidad. Además, en los últimos días se le han sumado algunas quejas por la nueva programación y, más todavía, por la paralización a un documental sobre zonas inundables. 

El malestar en los medios públicos catalanes se ha materializado este miércoles con una concentración en la sede de la televisión, en Sant Joan Despí, y se extiende también desde hace días a la arena política. Varios partidos de la oposición se han mostrado críticos con la pérdida de peso de las marcas de TV3 y Catalunya Ràdio, pero sobre todo ha sido Junts quien ha abanderado las quejas. Sus dos representantes en el Consejo de Gobierno de la CCMA, Àngels Ponsa y Josep Riera, han pedido este martes una reunión extraordinaria de este ente directivo. 

Para aplacar los ánimos, el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha convocado a los representantes de los comités de empresa y profesionales de la televisión y la radio a una reunión en el Palau de la Generalitat. El encuentro se ha celebrado justo antes de la manifestación de la plantilla. 

El origen de la movilización de la plantilla se remonta en realidad al verano, cuando se dio a conocer la integración de los canales 24 horas de información 3/24 –el de la tele– y Catalunya Informació –el de la radio– en uno solo: 3CatInfo. Ya en ese momento, los Consejos Profesionales de ambos medios advirtieron de que esta fusión de los servicios informativos no contaba con el visto bueno de la plantilla. “Hacer radio en la tele o tele en la radio sin cambiar el lenguaje que caracteriza cada medio no es la solución”, manifestaban en un comunicado. 

Con todo, la preocupación entre la plantilla escaló con el inicio de la temporada televisiva, marcada por la renovación de los servicios informativos. “Es el cambio más importante que se ha hecho en los últimos 40 años en TV3”, proclamó su director, Sígrid Gras. Esos cambios incluyen el impulso de la marca conjunta 3Cat, en realidad ya existente desde 2023, en detrimento de las tradicionales TV3 y Catalunya Ràdio. Ambas marcas desaparecieron del nombre de algunos programas destacados, como Els Matins, y también de los micrófonos de los periodistas. 

Además del Consejo Profesional, también el Comité de Empresa de TV3 ha mostrado su enojo estos días, hasta el punto de convocar la concentración. “El despliegue de 3Cat, con 3CatInfo este septiembre, supone la práctica desaparición de las marcas históricas en su contenido audiovisual y editorial”, constatan. Y añaden: “Hay nuevas dinámicas de producción y tratamiento de la información, pero también se intuyen movimientos de integración empresarial y otros de los que todavía desconocemos el alcance, el propósito y las repercusiones laborales”. En su comunicado, piden también al Parlament de Catalunya que se posicione en contra de hacer “desaparecer” las marcas tradicionales. 

El revuelo ya ha llegado de hecho al Parlament, puesto que el pasado viernes se celebró la comisión de control de la CCMA, donde su presidenta, Rosa Romà, defendió que TV3 y Catalunya Ràdio no se eliminan, sino que se complementan con 3Cat. También abrió la puerta a replantear la integración de los servicios informativos. “Antes se trabajará con los empleados y se valorará si se implementa o no”, afirmó.

Entrevistada en Catalunya Ràdio este miércoles, insistió también en pedir tiempo para asentar los cambios y que los datos de audiencia ya los avalan. “Los cambios siempre generan resistencias y es normal porque las organizaciones y las personas necesitan adaptarse”, argumentó. 

Acusaciones de “censura” en un documental

En esta suerte de tormenta perfecta que vive esta semana la CCMA, han emergido también quejas por parte de trabajadores por un supuesto crecimiento de los contenidos de entretenimiento más superficiales en detrimento de las apuestas informativas. Pero lo que más ha encendido los ánimos han sido las acusaciones de haber censurado un documental en el programa Sense Ficció titulado Alerta inundable. 

El Comité Profesional de TV3 lo ha calificado directamente de “censura”, y ha recibido el apoyo también del Comité de Empresa. Por su parte, desde la televisión pública catalana han alegado que no se ha impedido la emisión del documental, sino que este requiere de mayor concreción e investigación.

El aspecto más controvertido del documental es la aparición de cuatro testimonios anónimos que señalan malas prácticas en la Agencia Catalana del Agua (ACA) en el pasado en cuanto a urbanizaciones en zonas inundables. “Tanto los integrantes del 'Sense Ficció' como las responsables del programa avalan la integridad del documental y la investigación rigurosa que hay detrás. El Consejo Profesional considera inadmisibles los argumentos que da la dirección para no emitirlo y la decisión de no hacerlo”, señalan. 

Pero el Comité Profesional va más allá. Denuncia que los autores del documental han recibido “injerencias incisivas y presiones crecientes” del director del área de Documentales. “Parecía trabajar más por los intereses del ACA del Departamento de Territorio que para proteger y defender el trabajo riguroso de los profesionales de TV3”, lamentaban. Y advertían que no es la primera vez que ocurre y que las “injerencias” son una “constante” cuando los reportajes afectan al Govern. “No se respira un clima de libertad profesional”, zanjan.

El PP catalán ha apoyado una propuesta de resolución registrada por Vox en el Parlament que reclama la derogación de la ley catalana contra la homofobia, además de toda la legislación estatal y autonómica derivada de la “ideología de género y woke”. La ley contra la homofobia, aprobada en el año 2014, fue pionera en España por ser la primera en contemplar sanciones administrativas contra todo tipo de discriminaciones a personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.

El texto se votó el pasado lunes en la comisión de Igualdad del Parlament, como una iniciativa registrada por Vox que, en la exposición de motivos, carga contra gobiernos del PP, el mismo partido que acabó apoyándola.

“Las políticas woke han tenido nefastas consecuencias para las sociedades donde han tratado de implementarse y España no ha sido una excepción, donde estas delirantes políticas se han consumado a través de normas aprobadas indistintamente por gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista en diferentes instituciones”, reza el inicio de la proposición.

La exposición de motivos continúa cargando contra diferentes normativas, especialmente las que recogen los derechos de las personas trans, a las que se acusa de ejercer un “borrado de la mujer”. Pero el texto de Vox también carga contra las medidas de discriminación positiva a favor de las mujeres, como las pruebas físicas diferenciadas por sexo para acceder a algunos puestos de la función pública.

“Respecto a la ley 11/2014 [contra la homofobia] ya habíamos votado en contra en el momento que se aprobó, sobre todo debido al intervencionismo sobre la vida privada de las personas, a las que no se les puede obligar a revelar su orientación sexual, por ejemplo a la hora de establecer planes de igualdad en las empresas”, asegura la diputada del PP Belén Pajares, portavoz del partido en la comisión de Igualdad.

“Por supuesto que nosotros creemos que hay que luchar contra la discriminación de todos los colectivos”, afirma Pajares, que, sin embargo, entiende que “ya existen mecanismos para cuando se producen agresiones, y, por tanto, esta ley duplica la normativa”.

La diputada del PP considera además que la mención a las leyes con ideologia de género, incluso de gobiernos de su partido, se refiere únicamente a cuestiones como la ley del 'solo sí es sí', o la ley trans, además de la catalana contra la homofobia. “El plan contra la violencia de género no es en ningún caso una ley con ideología de género, fue un pacto de estado que presentó el PP con muchísimo consenso”, subraya.

Una visión que choca con lo que interpretaron otras diputadas de la misma comisión, que entendieron que la mención de Vox a las leyes con ideología de género englobaba todas las que el partido suele criticar.

“Nos sorprende que el PP se posicione cada vez más junto a la extrema derecha, como hizo en la Comisión de Igualdad y Feminismos, donde votó a favor para instar al Gobierno de España a que derogue todas las leyes en materia de Igualdad. Es inadmisible que el PP, por cuestiones oportunistas y partidistas, se muestre favorable a destruir todo lo que tanto nos ha costado conseguir y nos ha hecho ser una democracia plenamente moderna y consolidada”, afirmó la portaoz del PSC en la comisión, Elena Díaz.

La ley catalana contra todo tipo de discriminaciones al colectivo LGTBI acaba de cumplir una década en vigor y ha sido la base normativa a través de la que se han tramitado diversos expedientes sancionadores por agresiones y exclusiones por motivo de orientación sexual. La primera multa se tramitó en 2016, por insultos homófobos al trabajador de un centro residencial que se sancionaron con 300 euros.

En febrero de este año PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP presentaron un texto para modificar algunos aspectos, con el objetivo de actualizar la ley, armonizar el código sancionador e incluir algunas novedades en su texto, como contra las llamadas “terapias de conversión” o establecer una red de atención integral al colectivo.

El Parlament de Catalunya quiere regular de una vez por todas la convivencia entre el sector del taxi y el de los vehículos de transporte con conductor, VTC, del que Uber y Cabify son los máximos exponentes. Este jueves cinco grupos que suman una amplia mayoría de la Cámara, PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, han presentado una propuesta de ley que contiene como principal medida la expulsión paulatina pero prácticamente total de las VTC.

La nueva norma, que Junts ya ha anunciado que tratará de enmendar, reducen las VTC a meros complementos del taxi en trayectos interurbanos, el único que se les permitirá realizar. Además, se obligará a quien desee utilizar una VTC que las precontrate con al menos dos horas de margen y que después haga un uso del vehículo de al menos una hora.

La idea que subyace en el texto es que Uber o Cabify queden reducidos a trayectos largos y ocasionales, y enfocados a situaciones de empresa o eventos y no para el publico general. Mantendrán como hasta ahora la prohibición de buscar clientes por la calle.

Las VTC quedarían por tanto reducidas a la mínima expresión en una ciudad como Barcelona, limitadas a trayectos con destino en otra ciudad a momentos específicos como la semana de Mobile World Congress, cuando se hará una moratoria de la prohibición.

Este veto se llevaría a cabo de forma progresiva pero, cuando se complete, supondría la eliminación de dos tercios de las actuales 900 licencias de VTC existentes en Barcelona, según los cálculos de la propia Generalitat.

La ley introduce también una nueva normativa para el taxi, comenzando por la obtención de un título B1 de catalán, que Junts ya ha anunciado que considera insuficiente. En la misma línea, se endurece el código sancionador para evitar infracciones como los cobros fuera de las tarifas reguladas o actuar sin respetar las normas de prioridad.

Además todos los vehículos que realicen transporte privado de viajeros se equiparán con geolocalizadores para garantizar que cumplan con la normativa. Los partidos creen que la ley podría quedar aprobada en 2026, aunque las licencias de VTC se mantendrán hasta que expiren, lo que las formaciones consideran que repercutirá en una “transición suave” hacia la desaparición de este tipo de transporte en el área metropolitana de Barcelona.

En un comunicado conjunto emitido por Uber, Cabify y Bolt, las principales plataformas de VTC lamentan que, de salir adelante, esta ley empeoraría la “endémica escasez de alternativas de movilidad en Barcelona”, además de que “4.000 personas perderían su empleo de la noche a la mañana”. Las empresas consideran además que esta norma contraviene la normativa europea, por lo que reclaman a los partidos a reconsiderar el texto.

En la misma línea la patronal mayoritaria del sector, Unauto VTC, ha valorado el texto registrado en el Parlament como “profundamente antisocial” y “radicalmente contrario al interés general”, al entender que los efectos de expulsar las VTC de los ámbitos urbanos enviaría al paro a miles de trabajadores y condenaría al cierre a cientos de empresas. “Expulsar del mercado a las VTC va en contra del interés general de los ciudadanos de Catalunya y de Barcelona, que son nuevamente rehenes de los intereses del taxi”, ha asegurado la patronal en una nota de prensa.

En el otro lado, Élite Taxi, la agrupación mayoritaria de taxistas en Barcelona, han calificado de “valiente” la proposición de ley, que a su juicio permitirá que todo el sector trabaje con las mismas condiciones. Desde el sector de los taxistas también han destacado el endurecimiento del código sancionador, una medida con la que Élite se ha mostrado de acuerdo al entender que persiguen infracciones “de unos pocos” que “perjudican a todo el sector”.