El exconseller de Cultura y diputado de Junts Lluís Puig ha regresado este jueves al Parlament después de nueve años repartidos entre Bélgica y el sur de Francia, donde ha tomado posesión de su escaño y ha retirado el lazo amarillo que durante todo este tiempo su grupo ha mantenido sobre su asiento. El exconseller es uno de los beneficiados por la ley de amnistía que el Supremo ha aplicado ahora pese a que la ley lleva en vigor más de dos años.

A su llegada, Puig ha asegurado que sigue declarándose “convencidamente” independentista. Lo ha verbalizado visiblemente emocionado y ante los diputados del PSC-Units, Junts, ERC, PPC, los Comuns, la CUP y Aliança Catalana. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como parte del Govern y los parlamentarios de Vox se han abstenido de escuchar el discurso.

Con todo, fuentes del Govern han aclarado que el president Illa mantuvo “un encuentro privado y discreto” con Puig tras su regreso a Catalunya. Illa además celebra que “hoy pueda ejercer con plena normalidad sus derechos políticos y parlamentarios”, añaden estas fuentes.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha iniciado la sesión plenaria celebrando que el exconseller y diputado “vuelve a ejercer sus derechos políticos de forma plena”. Ahora bien, recordó que el escaño del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sigue vacío.

El Govern da marcha atrás en la carrera para legislar contra la especulación inmobiliaria y pasa de prohibir invertir en vivienda a permitirlo, pero siempre y cuando los pisos adquiridos se dediquen a residencia “habitual y permanente”.

Esta es la propuesta del Ejecutivo catalán para desencallar la ley que prohibía la compra especulativa de vivienda, tal como ha avanzado el Periódico y ha podido confirmar elDiario.es. La ley original fue pactada el pasado julio, pero cayó debido a los votos en contra del PP y Junts y, además, recibió un revés del Consell de Garantías Estatutàries, que advirtió a Illa que la norma era contraria al derecho de la propiedad.

El texto nació de un pacto con los Comuns, esencial para que estos apoyaran los presupuestos de Illa, pero ahora ambas partes están encalladas en la negociación sobre el contenido de un nuevo texto que pueda pasar el filtro del Consell y del Parlament.

Inicialmente, el texto prohibía la compra de pisos a los grandes tenedores, a los que sólo se les permitía adquirir edificios enteros a condición de alquilar las viviendas como residencia habitual y a un precio limitado. En lo relativo a pequeños propietarios, estos también tenían vetada la compra de cualquier piso que no fuera destinado a vivienda habitual propia o de un familiar cercano, o para una segunda residencia.

Ahora la propuesta del Govern, a la que ha tenido acceso este medio, no incluye ninguna limitación a la cantidad de pisos que se pueden adquirir y, por contra, centra la cuestión en que estas se deban dedicar a vivienda habitual. Aun así, el texto incluye “excepciones” y permite que el nuevo comprador pueda no alquilar inmediatamente el piso cuando la vivienda esté sometida a un proceso judicial de desahucio o a las que estén siendo reformadas en el momento de la compra.

Estos dos supuestos son herramientas de inversión inmobiliaria que ya usan los grandes propietarios para adquirir viviendas por un valor por debajo del de mercado y alquilarlas después a un precio más elevado.

Otra diferencia entre la propuesta y el texto original se halla en la limitación de precios; si bien antes era obligatorio que, cuando un gran tenedor adquiriera una finca las viviendas siempre se alquilaran por debajo del tope marcado por el índice de precios, ahora esta restricción se aplica, “si fuera necesario”, a las zonas tensionadas.

Los Comuns han recibido con disgusto la propuesta del Govern, a quienes afean que hayan “reculado” en su intención de frenar la compra especulativa. “Es una rebaja respecto a lo que se había negociado”, han asegurado fuentes de la formación, en declaraciones a elDiario.es.

Si bien valoran positivamente la intención de blindar que las nuevas compras sean destinadas a uso residencial habitual y no al alquiler turístico, de temporada o de habitaciones, afean que esa es una cuestión que “ya se está hablando en otra ley”. Se refieren a la propuesta de norma, también pactada entre el Govern y los Comuns, para priorizar e intensificar la construcción de vivienda protegida. Por su parte, desde el Govern declaran que siguen trabajando para llegar a un acuerdo y que “el texto no está cerrado”.

Esta negociación se ha trasladado de los despachos a la sesión de control del Govern de este martes, donde la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha protagonizado un rifirrafe con Salvador Illa. La primera ha definido la nueva propuesta legislativa como “un apaño que no termina con el acaparamiento en pocas manos de la vivienda”, mientras que el president ha esgrimido su obligación de trabajar con “rigor” para que la ley no acabe impugnada por los tribunales.

En esta línea, cabe destacar que sólo quedan nueve días para presentar enmiendas ante el Consell de Garanties Estatutàries y, por el momento, parece que el acuerdo está todavía lejos. Por ello, los Comuns apuestan por volver a presentar la norma que se presentó en julio, mientras que el Govern prefiere que el nuevo texto cuente con “seguridad jurídica”.

Una vez cerrado el plazo para apelar, el 30 de octubre, la intención de ambas formaciones era volver a llevar la norma ante el Parlament durante las primeras semanas de noviembre, cosa que deja un calendario muy apretado respecto a las elecciones del 29-N, que ya estarán de por sí muy centradas en la vivienda.

El Parlament de Catalunya se ha convertido este lunes en la primera institución del Estado en la que arranca una comisión de investigación dedicada al Patronato de Protección de la Mujer, la cárcel franquista para adolescentes que les imponía la moral patriarcal nacionalcatólica.

Seis supervivientes han detallado a los diputados que han querido asistir a la sesión (los representantes de PP, Vox y Aliança Catalana no han aparecido) su traumática experiencia, al tiempo que han reclamado su reparación.

Supervivientes (que no víctimas) y reparación. Ha sido el hilo conductor de la sesión a través de los testimonios de Pilar Dasí Crespo, Isabel de la Cruz Gallego Soler, Mariona Roca Tort, Maria Forns Roca, Lucía Vicioso Vitoria y Montserrat Alegret Fenoll. Todas estuvieron encerradas en hogares o centros de religiosas Adoratrices, Oblatas o Cruzadas Evangélicas en Madrid, Barcelona, Badalona, València o Logroño.

“Mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie”, era la inscripción que presidía uno de los internados en los que permaneció Montserrat Alegret. Tanto ella como las otras comparecientes, de origen social y familiar diverso, han relatado su paso por los centros, marcado por el trabajo forzoso, la oración, el aislamiento entre internas, la falta de libertad y, en algunas supervivientes, los tratamientos psiquiátricos sin consentimiento. La alianza entre Estado franquista, Iglesia y psiquiatría para imponer la moral nacionalcatólica a las mujeres.

“Las monjas rompían las cartas y no nos dejaban hablar entre nosotras”, ha recordado Lucía Vicioso. “Decían que trabajábamos para El Corte Inglés”, ha dicho Mariona Roca. “Yo en talleres cosí para Pronovias”, ha rememorado Alegret, que ha concluido con una reivindicación: “No tengo nada que esconder, y quiero verbalizarlo par que no se vuelva a repetir”.

“Yo era la progre, la roja del Patronato, y el padre de mi hija era hijo de un militar conservador y lo primero que me dijo era que me deshiciera de mi hija, y yo le dije que 'no'”, ha resaltado Isabel de la Cruz. Su hija nació con graves lesiones tras ser asistida en el parto por monjas y cocineras del Patronato.

La falta de colaboración de las órdenes religiosas se ha vuelto a poner de manifiesto con los testimonios de las supervivientes, que han detallado la parca información sobre sus expedientes y su paso por los centros del Patronato que han recibido cuando la han reclamado a las Adoratrices o las Oblatas. “La impunidad es dura de digerir”, ha admitido Mariona Roca.

“Hace un año pedí el expediente, me enviaron una copia de mi ficha ingreso y como motivo ponía que mis padres eran ciegos y que yo como hija burlaba su vigilancia al ir con 'malas compañías'”, ha aseverado Montserrat Alegret. Maria Forns ha indicado que, tras su petición, solo recibió de las Adoratrices “una foto de mala calidad pese al compromiso de la congregación a facilitar mi expediente”.

“Lo que nos hicieron está pendiente de reparación”, ha zanjado Pilar Dasí. Mariona Roca ha incidido en la necesidad de una reparación efectiva para las supervivientes, más allá de incluirlas como víctimas del franquismo en la nueva ley de memoria democrática que aprobará el Parlament: “No se trata de que nos pidan un perdón simbólico, se trata de admitir de que el Estado y las monjas admitan que nos hicieron daño, que abran sus archivos y que lo expliquen todo”.

Después de que algunas mujeres lograran romper el silencio y organizarse, las instituciones han empezado a dar pasos simbólicos para reconocer a las supervivientes del Patronato, las grandes olvidadas entre el colectivo de víctimas del franquismo. El Gobierno les entregó un reconocimiento simbólico el pasado marzo, mientras que el acto organizado por las congregaciones religiosas terminó con una sonora protesta de las supervivientes por la falta de una reparación efectiva. 

Tal y como desveló elDiario.es, entre 2021 y 2025 una de las congregaciones que gestionó el Patronato, las Adoratrices, recibieron subvenciones de distintas administraciones que ascienden a 18 millones de euros por programas de ayuda a mujeres víctimas de trata o de violencia de género. Si el Parlament insta al Govern a acabar con estas subvenciones será uno de los trabajos de la comisión de investigación.

El partido xenófobo Aliança Catalana pasaría de tener dos diputados a 30 si las elecciones se celebraran hoy, cosa que le haría disputarse el primer puesto en escaños con el PSC. Así lo apunta la encuesta del instituto Ipsos para La Vanguardia, que refleja la posibilidad de un crecimiento sin igual para los de Sílvia Orriols, que vienen de ser la formación con menos diputados.

Esta proyección muestra una Catalunya muy difícil de gobernar, con Parlament muy fragmentado en el que destaca no sólo el auge de la extrema derecha, sino también la caída de los partidos que, hasta ahora, se han ido repartiendo el poder.

Por un lado, al PSC le pesa la legislatura de Illa y perdería 12 escaños (pasaría de 42 a 30), mientras que Junts se dejaría 19 asientos en las urnas, pasando de los 35 actuales a sólo 16, lo que le haría pasar de ser el segundo al quinto partido más votado. Se quedarían justo delante de PP, que perdería 4 escaños (se quedarían en 11) y los Comunes, dos (hasta los cuatro). Las únicas formaciones, aparte de Aliança, que saldrían beneficiadas son ERC, que ganaría tres diputados y se situaría en los 26; y Vox, que llegaría a los 18 escaños (siete más).

La intención de voto deja un panorama muy halagüeño para los de Orriols, que pasarían de ser votados sólo por el 3,8% de la población hasta hoy, que un 18% de los encuestados afirma que les dará su apoyo. De nuevo, todos los partidos pierden en intención, excepto ERC, que ganaría poco más de un punto, y Vox, que aumenta en cinco.

La encuesta muestra una crecida sin precedentes de la extrema derecha, lo que deja un panorama complicado. La reedición del pacto de Govern que mantiene a Illa en el poder sería insuficiente, ya que entre PSC, Comuns y ERC sólo sumaría 57 escaños. Se podría rascar algo más sumando a la CUP, con los que llegarían a ls 60 (estando la mayoría absoluta en 68).

La mayoría más clara se encuentra en los partidos independentistas, (aunque ese sentimiento sigue interpelando a menos del 50% de la población catalana). Si se suman, entre Junts, Aliança, ERC y la CUP llegarían a los 72. El problema es que en esta amalgama habría que restar, seguro, a los republicanos y los anticapitalistas, que ya han dejado claro su cordón sanitario frente a Orriols.

La otra fórmula que sumaría, pero sigue siendo igual de improbable, es la de las derechas, con Aliança, Vox, Junts y PP, que sumarían 75 escaños. En estos escenarios, lo que marcará la gobernabilidad será, pues, Aliança. Quienes se avengan a pactar con Orriols y, por contra, quienes estén dispuestos a asumir pactos que ahora parecen poco posibles, serán los que marcarán el nuevo Govern.

Paralelamente a la intención de voto, se encuentra el nivel de aprobación de los líderes catalanes, que deja a Gabriel Rufián como el preferido, con un 52% de apoyo. En segunda posición se encuentra Illa, con un descolgado 36%, seguido de Junqueras, 35%, y Sílvia Orriols. En cambio, el líder más reprobado, con diferencia, es Carles Puigdemont, con un 67% de votos negativos.

Salvador Illa ha salvado el debate de política general sin una amonestación total, aunque ha recibido algunos correctivos que le recuerdan que está al frente de un Govern en minoría y que sus socios, si bien no le abandonan, tampoco están entusiasmados con el rumbo de la legislatura. ERC y Comuns han evitado que el Parlament reprobase al president, una propuesta de máximos que llevaba Junts, pero han permitido que la Cámara reitere los incumplimientos de Illa, al cual le han reprobado hasta a tres conselleres que mantiene, así como que el suyo es “un gobierno débil”.

Una de cal y otra de arena. El PSC puede decir que, pasado el ecuador de la legislatura, mantiene los compañeros de baile con los que comenzó y que sigue poniéndose de acuerdo en la mayoría de las propuestas de resolución que se han tratado en el debate de política general que abre el año parlamentario.

Pero, a la vez, la abstención de los Comuns ha dejado caer una de las propuestas estrella de Illa, la que proponía que la Generalitat participase en compras conjuntas de pisos con personas mayores de 40 o 65 años y que, por su edad, con problemas para firmar una hipoteca. El batacazo parlamentario no significa que el Govern vaya a dejar de llevarla a cabo; el año pasado el pleno ya le tumbó el plan para empujar la construcción de 214.000 pisos con la que, pese a todo, Illa siguió adelante.

La abstención de los Comuns tiene que ver con el descontento que alberga la formación en materia de vivienda, donde consideran que el Govern está más atento a grandes titulares que a cumplir con los compromisos pactados. Un ejemplo de ello se ha vivido en la propia votación, en la que la formación de Jéssica Albiach revindicaba la puesta en marcha de la unidad antidesahucios, convenida hace más de un año y que el Govern ha anunciado que estará lista para actuar en las próximas semanas. Sin embargo, el PSC ha votado en contra de la propuesta de los Comuns.

Con las acampadas por la vivienda en el retrovisor, la cuestión de la crisis habitacional ha llegado a poner de acuerdo a formaciones incompatibles, como en la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para la primera vivienda, una reivindicación que izquierdas y derechas han votado juntas. Con todo, será un grupo de expertos pactado por PSC y ERC quien acabará de perfilar la propuesta, que el Parlament deberá volver a votar de forma definitiva.

“Solución refrendada” en el aniversario del 1-O

Durante el procés, los debates de política generales solían ser fechas señaladas en el calendario por ser el momento en el que la Cámara se reiteraba en su compromiso con la independencia o con el referéndum del 1 de octubre de 2017, muchas veces bajo el veto del Tribunal Constitucional. Poco queda de eso, entre otras razones porque la mayoría independentista del Parlament es historia. Sin embargo, sí queda una mayoría soberanista, sumando a los Comuns. Una aritmética que se articula en pocas ocasiones, pero que sí lo ha hecho para el noveno aniversario del 1-O.

Este martes, el Parlament ha vuelto a aprobar una resolución promovida por ERC en la que constata la persistencia de un “conflicto político” que impide dar respuesta a la “voluntad de la ciudadanía de decidir democráticamente el futuro”. “Asimismo”, continúa el texto aprobado, “expresa la voluntad de resolución de este conflicto, basada en este amplio consenso de la sociedad y que esta resolución sea refrendada por la ciudadanía de Catalunya”. Un encaje de bolillos que ha puesto de acuerdo a 65 diputados y se ha aprobado por la mínima.

No fue un error. Después de que la diputada de Aliança Catalana Rosa Maria Soberana votase este martes en contra de la amonestación contra Vox por haber llamado “asesino” a Lluís Companys, su formación emitió un comunicado en que aseguró que se había tratado de una equivocación de la representante en la Junta de Portavoces. Sin embargo, no era la primera vez que Aliança se posicionaba en estos mismos términos sobre la cuestión.

En octubre de 2025 fue la propia Sílvia Orriols quien votó en contra de abrir expediente contra el diputado de Vox Joan Garriga por sus expresiones injuriosas contra el president de la Generalitat fusilado.

Según relatan a elDiario.es hasta cinco fuentes presenciales, la líder de Aliança lo hizo durante la sesión de la Comisión del Estatuto del Diputado (CED) que examinaba el caso y todos lo consultados recuerdan que incluso tomó la palabra para explicar el sentido del voto. Vilaweb también ha podido acreditar este posicionamiento por parte de la formación de extrema derecha.

Pero las citadas ni siquiera fueron las únicas dos ocasiones en las que Aliança salió en apoyo de Vox por sus palabras sobre el Companys. Si la sesión del 23 de octubre sirvió para iniciar la incoación del expedientes, fue en julio de este año cuando se devolvieron los informes a la comisión. Allí la formación que lidera la alcaldesa de Ripoll volvió a argumentar en contra de abrir expediente a Vox, aunque finalmente salieron adelante y se remitieron a la Junta de Portavoces.

“Por eso sabemos que la posición que expresó Rosa Maria Soberana [este martes en la Junta de Portavoces] no es un error, sino una postura coherente con su actuación en el pasado y sobre la que tienen siempre los mismos argumentos”, explica un diputado presente.

Una comisión “difícil de olvidar”

La reunión que mantuvo la Comisión del Estatuto de los Diputados el pasado 23 de octubre fue “difícil de olvidar”, según afirma un diputado que participó en ella. Pese a que Orriols no es la representante de Aliança en esa comisión, aquel día sustituyó a su compañera.

Orriols conoció así el conjunto de los expedientes sancionadores, que incluían el polémico sobre Companys, pero también el que abría la vía sancionadora contra ella misma por sus reiteradas referencias insultantes hacia la diputada de ERC Najat Driouech por vestir velo islámico.

“Estaba muy enfadada, repetía que aquella comisión era una caza de brujas, que no debía celebrarse”, recuerda una persona que lo presenció. En un momento dado la líder de Aliança se puso a hacer fotografías con el móvil de los expedientes que tenían sobre sus mesas, por lo que la presidencia de la comisión, junto a la letrada, debió recordarle que no podía reproducir esos documentos por estar bajo secreto parlamentario.

Pese a que esa Comisión es secreta y está prohibido que los debates trasciendan, Orriols tomó la palabra para explicar el sentido de su voto sobre el expediente de Vox contra Companys. Según las fuentes consultadas, argumentó que, aunque rechazaba las expresiones de la formación de Abascal, estaba en contra de sancionarlo. “Al igual que yo pienso que Franco fue un asesino, puedo entender que Vox considere lo mismo sobre Companys”, afirmó la diputada de Aliança, según confirman varias fuentes.

La comparación entre Companys y Franco todavía escandalizó más a algunos de los diputados presentes, que recuerdan haber percibido en las palabras de Orriols una intención provocadora. En la misma línea, algunos de estos parlamentarios recuerdan que en ese mismo discurso Orriols se habría referido a los hermanos Badia [militantes de Estat Català] como dos víctimas de Companys, pese a que la historiografía no avala esa tesis.

Salvador Illa ha tenido que dar la cara este lunes en el Parlament por la exclusión de PISA en Catalunya. El president ha reconocido errores “graves e inaceptables”, mientras que tanto los partidos de oposición como sus socios lo han achacado a dejadez en la gestión del Departamento de Educación y le han acusado además de ocultar durante meses el fiasco, hasta que se hizo público en plenas vacaciones escolares.

El president ha indicado que las diligencias abiertas al tener conocimiento de los hechos apuntan a “errores de interpretación, de supervisión y carencias en la transmisión de información inaceptables dentro de la organización”. De hecho, ha explicado que el Consejo de Evaluación disponía de información sobre esta incidencia y no la trasladó a los responsables políticos del departamento.

Illa ha hecho una cronología de los hechos, en la línea de la que ya había realizado a finales de agosto la consellera de Educación, Esther Niubó, y ha detallado que cuando se realizaron las pruebas, el organismo responsable era el Consejo Superior de Evaluación. 

De esta forma, ha explicado que el 11 de marzo de 2025, antes del inicio de las pruebas internacionales, el Consejo realizó una sesión informativa presencial con los centros seleccionados y se les facilitó documentación con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Evaluación (INE). En este sentido, ha dicho que la información era “incompleta”, ya que no constaba el umbral máximo del 5% de exclusión de alumnos determinado por la OCDE, y que Catalunya rebasó de largo hasta ser excluida de los resultados. 

Más adelante, durante las pruebas, el INE advirtió al Consejo de Evaluación que rebasaban el umbral de exclusiones, pero no se actuó, e Illa ha alegado que todavía no han podido aclarar si ese mensaje acabó llegando finalmnte a los centros educativos. En total, el Consejo Superior de Evaluación recibió “hasta seis informes técnicos” sobre esos hechos.

Durante meses, Illa ha asegurado que la información no llegó a los niveles de decisión dentro de la Generalitat, y que no fue hasta febrero de 2026 que la OCDE les comunicó “oralmente” la incidencia. En junio, ha añadido, se les informó oficialmente de la exclusión. 

Con todo, y a pesar de los expedientes abiertos y los ceses ejecutados en Educación, Illa no ha identificado en el Parlament a los responsables del fiasco, algo que desde la oposición le han reprochado. 

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha acusado a Illa de «convertir Catalunya en el hazmerreír de PISA“. En su intervención, después de la comparecencia del president, Sales ha insistido en pedir el cese de la consellera Niubó: ”¿Qué más tiene que hacer para que la eche? En cualquier empresa, ya no trabajaría“. 

Sus socios, ERC y Comuns, también han cargado contra la gestión de PISA. Jordi Albert, diputado de los republicanos, les ha acusado de “opacidad deliberada” durante más de un año y medio en relación con el error en las pruebas PISA. Albert ha cuestionado incluso las dimisiones de octubre de 2025 de la directora general de Currículum, Mercè Andreu, y de su superiora, la secretaria de Mejoras Educativas, Josefa Beltrán, por las que ha reclamado explicaciones. A su juicio, “demostrarían” que el Ejecutivo tenía conocimiento de lo ocurrido.

La diputada de los Comuns, Jéssica Albiach, se ha referido también al debate para mejorar el sistema educativo que ha arrancado la Generalitat para zanjar la crisis laboral y el chasco de PISA. Los Comuns han defendido que un pacto educativo no puede ser “la excusa” para “salvar” a la consellera Niubó, del error de las pruebas PISA. «La responsabilidad no es solo disciplinaria, también es política“, ha reclamado la presidenta del grupo parlamentario.

Albiach ha reprochado que la falta de información del Ejecutivo haya hecho crecer la “desconfianza” hacia el departamento de Educación. Con todo, ha afirmado que participarán en el debate educativo, pero denunciarán “públicamente” si se convierte en “la enésima foto vacía”.

El líder del PPC, Alejandro Fernández, se ha referido también a la propuesta de pacto educativo y ha acusado al presidente de querer “socializar el fracaso” de las pruebas PISA y “disimularlo” mediante la articulación de un pacto nacional por la educación. “Le debería caer la cara de vergüenza”, ha espetado el dirigente popular, que ha advertido que el PP no formará parte del pacto.

Aliança Catalana ha apoyado este martes a Vox en el Parlament de Catalunya para tratar de evitar que un diputado de la extrema derecha sea amonestado por sus insultos contra Lluís Companys. Pese a la suma de los votos de estas dos formaciones a los del PP, la propuesta de la formación de Garriga no ha seguido adelante, por lo que la sanción seguirá adelante. Horas después de la publicación de esta noticia, la diputada Maria R Soberana ha publicado un mensaje en X en el que ha asegurado que su voto había sido fruto de un error.

La polémica votación ha ocurrido en la Junta de Portavoces, donde Vox había llevado dos escritos en los que pedía reconsiderar dos de las amonestaciones verbales que el Parlament impuso a su portavoz, Joan Garriga. Una de ellas era por acusar a los socialistas de “gastarse el dinero en drogas y putas” y, la segunda, por acusar a Companys de asesino con motivo del homenaje que la Cámara realiza al expresident fusilado tras la Guerra Civil.

Aunque inicialmente Aliança ha guardado silencio a preguntas de elDiario.es, tras el revuelo suscitado en las redes la formación se ha pronunciado vía redes sociales.

“Hoy me he equivocado en el sentido del voto sobre la sanción por los carteles de Vox. Lo dejo claro: Aliança Catalana no está a favor de retirarla y condena los ignominiosos carteles contra el presidente Companys. Registraremos un escrito en la Mesa para dejar constancia”, ha asegurado la diputada Soberana.

Pese a excusarlo como un “error”, algunos diputados que asisten habitualmente relatan a este diario que Soberana ha apoyado más de una vez a Vox en esta cuestión bajo el argumento que llamar “asesino” a Companys debía entrar dentro de la libertad de expresión de los diputados.

En la Junta de Portavoces de este martes, los representantes de Vox han explicado con toda claridad que la reconsideración que reclamaban tenía que ver con la sanción impuesta por llamar “asesino” a Companys. Tras eso se ha abierto una ronda de palabra entre los portavoces, que han votado de viva voz. En el caso de Aliança, han apoyado la propuesta de Vox asegurando que se trataba de “libertad de expresión”.

Ambas formaciones de extrema derecha comparten una guerra contra las sanciones que el Parlament impone a los diputados que se saltan el código de conducta, con las que pretende frenar el discurso de odio en el hemiciclo.

No es la primera vez que Vox y Aliança se alían en el Parlament, donde coinciden con frecuencia en posicionamientos y votaciones, pero esta vez sorprende especialmente, ya que la formación de Sílvia Orriols suele enarbolar un discurso independentista y, en principio, contrario a difamar la memoria de todo un referente del catalanismo, como es Companys, capturado por los nazis en Francia y entregado a las autoridades franquistas en 1940.

La sanción contra Garriga fue impuesta en la Comisión del Estatuto del Diputado, que consideró que el diputado de Vox se había saltado el código de conducta, pese a que también advirtió que para imponer penas mayores debía reformarse el reglamento de la Cámara. Posteriormente fue la Mesa la que fijó el castigo en una amonestación verbal, que debe leerse al inicio de un pleno.

El Gobierno amplía a 210 los trámites burocráticos que quiere simplificar hasta el final de la legislatura a través del programa 'CaTgirem'. Cómo explica el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones a los medios, el ejecutivo catalán ha terminado la mejora de 170 procesos, algunos de los cuales ya están plenamente operativos con los cambios -como el registro oficial de maquinaria agrícola- y otras se activarán próximamente -como el registro de productores de residuos-. Ahora se añaden 40 de “adicionales” a esta “reingeniería de procesos” que quiere “luchar contra la burocracia” y hacer que los trámites de la administración catalana -unos 2.400- sean “más comprensibles”.

“Estamos trabajando trámite a trámite con muchos de los departamentos”, ha puntualizado Dalmau. Fuentes del Gobierno añaden que se están acabando de “recoger datos” para concretar qué procedimientos habrá que reformular. Estas mismas fuentes subrayan que, con la estrategia de simplificación, nace una “nueva cultura” dentro de la administración que implica “no dejar de banda la necesidad de transformación continuada” de los trámites. También clarifican que no todos los trámites públicos requieren una renovación, dado que algunos están “consolidados” y otras “tienen poca utilización”.

Una IA “para hacer más fácil la vida” a ciudadanía y funcionarios

Por otro lado, el titular de Presidencia ha explicado cómo la Generalitat usa la inteligencia artificial (IA) “para hacer más fácil la vida” a la ciudadanía y a los trabajadores públicos, y no “para sustituir a nadie”. Por ejemplo, sirve para “acompañar” los funcionarios en tareas de validación de documentos y localizaciones durante el procesamiento de algunos trámites.

También estará presente en el mencionado registro de productores de residuos en forma de un asistente que ayudará la ciudadanía a identificar los residuos que produce su actividad. Según los cálculos del Gobierno, esta herramienta se pondrá en marcha a finales de año. De hecho, desde el 2025 se han activado 38 sistemas con IA dentro del entorno de la Generalitat, como el buscador inteligente del portal gencat.cat o el nuevo asistente virtual en las subvenciones del Instituto Catalán de Energía.

1.800 formularios actualizados y seis millones de horas ahorradas a la ciudadanía

La primera etapa de la estrategia de simplificación, a lo largo del 2025 y los meses transcurridos del 2026, han comportado la transformación de 1.800 formularios en formato PDF, que era poco intuitivo para el usuario, al formato web. Así mismo, ha supuesto el ahorro a la ciudadanía de seis millones de horas en trámites con la Generalitat. En estos dos periodos, se han tejido planes específicos estructurales para reducir la burocracia, como el “Pla Cura” o el anteproyecto de ley de simplificación urbanística y ambiental -actualmente en fase de información pública-. En cuanto al 2025, la administración no ha tenido que preguntar 80,4 millones de datos y documentos, una cifra que ha crecido respecto al año anterior, cuando fueron 74,6 millones.

La anestesióloga pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron Sandra Galve explica que la digitalización del consentimiento sanitario, un documento necesario antes de varias intervenciones que en compilación los riesgos, ha permitido agilizar el proceso y reducir las visitas en los centros sanitarios. “Hacerlo de manera digital permite que el paciente se lo lleve en casa y, en los casos en que no hay que verlo presencialmente porque su situación de salud o el procedimiento al cual será sometido no es de alto riesgo, no hace falta que venga en el hospital”, relata.

En estos casos, se llama al ciudadano y se le envía el consentimiento vía la aplicación 'Mi salud', donde lo aceptará o lo rehusará. Cómo explican fuentes del Govern este es un proceso ya en marcha que está llegando gradualmente a todos los centros del sistema sanitario y, hasta la fecha, más de 6.000 personas se han ahorrado de visitar presencialmente los hospitales.

Otros trámites que experimentan este lavado de cara mediante el programa 'CaTgirem' son el registro de parejas de hecho, que a lo largo del último trimestre del 2026 dejará de requerir un formulario por cada integrante de la pareja y solo preguntará uno que será compartido; la bolsa de docentes, que tiene una nueva aplicación que actualmente convive con el sistema tradicional por web; o la autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, imprescindible para instalar un chiringuito hacer actividades en la playa y que ahora ha pasado a ser un formulario web, cosa que ha hecho reducir las consultas por ayuda en un 55%

Sílvia Orriols irrumpió hace poco más de dos años en la Cámara catalana con dos escaños y, desde entonces, su tarea principal y casi única de la extrema derecha independentista ha sido utilizar sus turnos de intervención para ganar visibilidad en medios y redes. Su retórica dura, sus descalificaciones hacia colectivos vulnerables y sus sistemáticas referencias a la diputada de ERC Najat Driouech por vestir un hiyab ha situado a Orriols en el difuso límite del discurso del odio, algo en lo que Vox también ha acompañado

Ante esta situación inédita, Josep Rull, el presidente del Parlament, ha apostado por tejer una estrategia para atajar estas prácticas. Pero el equilibrio no es nada sencillo: se trada de evitar el discurso de odio en la Cámara sin vulnerar la libertad de expersión de los diputados y, a la vez, sin brindar a Aliaça Catalana y Vox la posibilidad de victimizarse.

Rull, de la mano del resto de miembros de la Mesa, han tenido claro desde el principio que la irrupción del partido islamófobo no podía suponer un cambio en la cultura de debate parlamentaria que ha caracterizado la política catalana: “El president vio rapidamente que debía tomar una posición concreta respecto a esto”, explican desde su equipo.

“Es un reto que atraviesa a toda Europa”, comentan fuentes parlamentarias, que narran como antes de actuar se pidió a los servicios jurídicos de la cámara que revisaran la jurisprudencia europea sobre libertad de expresión y discurso de odio en los parlamentos. Se llegó a la conclusión de que las sentencias existentes defienden, por encima de todo, la libertad de expresión con márgenes muy amplios en sede parlamentaria.

En busca de una fórmula propia, la Mesa se reunió con el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Casadevall, que se expresó en la misma línea: la libertad de expresión debe prevalecer. El exmagistrado no ha sido la única persona con la que se ha contactado. La Mesa también ha trabajado con la asamblea de Baden-Württemberg (Alemania) para conocer cómo gestionan allí la cultura del debate parlamentario, que es ciertamente innovadora: cuentan con una comisión específica que analiza a posteriori, a instancia de un grupo o diputado, posibles vulneraciones de las normas de conducta.

Dos amonestaciones públicas para Orriols y Garriga

El problema principal que se ha encontrado el Parlament es que el mecanismo establecido hasta ahora para frenar las salidas de tono tiene efectos limitados. Hasta el momento, las quejas y sanciones formuladas por los grupos o diputados se estudian a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat y siempre referidas al código de conducta aprobado en 2016, aunque este no forma parte del reglamento de la cámara.

Esta comisión se reúne “cuando puede”, explican des del Parlament, y no tiene poderes sancionadores. Ante eso, los grupos de PSC, ERC y Junts trabajan en una propuesta para que reformar el reglamento del Parlament, que tiene rango de ley, e introducir allí el código de conducta, de forma que puedan establecerse límites y multas. Se trata de dar seguridad jurídica a las normas del juego parlamentario.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en abril de 2025, cuando Orriols acusó desde el atril a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar “la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab, y remató con un “¡vergüenza debería darle!” dirigido directamente a ella. Rull la interrumpió para advertirle de que aquella alusión vulneraba el código de conducta, en uno de los primeros pulsos abiertos entre el presidente y la líder xenófoba. Esta misma situación conllevará una sanción pública para Orriols, según ha notificado la Mesa del Parlament.

Pero no es la única. El otro diputado sancionado ha sido Joan Garriga, portavoz de Vox. Meses atrás colgó en la puerta de un despacho un cartel donde se podía leer “Companys asesino”, haciendo referencia a l’expresident de la Generalitat. “Ambas conductas quedan excluidas del marco de la libertad de expresión”, comentan fuentes parlamentarias. Dos procesos más, también de diputados de VOX, han quedado sin sanción.

“El president se toma muy en serio su papel y para él está siendo un reto delicado”, explican fuentes parlamentarias en relación a Rull, que se encuentra inmerso en un “proceso de aprendizaje, como el conjunto de la Mesa”, narran otros testigos. Este mismo proceso ha generado cambios en la estrategia de confrontación. Hace meses que se optó por intervenir menos, convencidos de que eso solo alimentaba a los dos partidos ultras.

Pero el conflicto no termina aquí. Ahora termina un curso político en el que, pese a los intentos, la situación no solo no se ha resuelto sino que ha ido a más, en paralelo a la mejora de los sondeos para Vox pero, sobre todo, para Aliança. El Parlament sigue teniendo que convivir con hasta dos fuerzas que se mira en el espejo con los grandes referentes de la extrema derecha mundial como Donald Trump o Javier Milei.

La Mesa del Parlament ha sancionado este martes a la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, con una amonestación pública por haber cometido una infracción leve del Código de Conducta de la cámara. En concreto, por contravenir el artículo que dictamina que los diputados deben mantener “en todo momento” una actitud “respetuosa” con el resto de parlamentarios y con la ciudadanía, sin discriminación.

Así lo explican fuentes parlamentarias, que detallan que esta amonestación pública —que no conlleva una sanción económica— se notificará a las personas afectadas, aparecerá en el Boletín Oficial del Parlamento, constará en el expediente del diputado y se leerá en el próximo Pleno.

En el caso de Orriols, la Comisión del Estatuto del Diputado consideró que la dirigente de Aliança había incurrido en un “acoso sistemático” hacia la diputada de ERC Najat Driouech, señalada por la formación ultra por profesar la religión musulmana.

Fue el pasado 14 de julio cuando la Comisión del Estatuto del Diputado resolvió como “faltas leves” los expedientes abiertos por posible vulneración del código de conducta a Orriols y Garriga.

Para Orriols, el procedimiento de verificación comenzó —a petición de ERC— después de que acusara a la diputada de los republicanos Najat Driouech de “normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar velo. Sobre Garriga había dos expedientes abiertos: uno por colgar carteles con la inscripción “Companys asesino” en las ventanas de sus despachos, y otro por sus palabras en el Pleno del 8 de mayo de 2025 vinculando a los socialistas y la prostitución.

En estos tres casos, la Mesa del Parlamento ha seguido el posicionamiento expresado por la Comisión del Estatuto del Diputado y, tal como también le recomendó dicho órgano, ha trasladado a los grupos parlamentarios la “oportunidad” de reformar el Reglamento del Parlamento para incorporar en él el Código de Conducta, un cambio que requeriría mayoría absoluta.

En 2022, la Mesa sancionó al parlamentario de Junts Francesc de Dalmases con una multa de 600 euros y una amonestación pública, después de que reprendiera a una periodista del programa de TV3 FAQs.

En el caso de la también diputada de Vox Júlia Calvet, la Mesa también ha mantenido el criterio expresado por la comisión, que desestimó el expediente y lo enmarcó dentro de la libertad de expresión. Su expediente, abierto a instancias del PSC-Units, se debía a una intervención que realizó el verano pasado en la Comisión de Políticas de Juventud, donde acusó a la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los mayores casos de corrupción de la historia de este Parlamento”, en referencia a la dirección de Infancia, la DGAIA.

Por otra parte, las fuentes parlamentarias añaden que la Junta de Portavoces celebrada este martes ha desestimado la petición —por parte de Junts— de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el error en las pruebas PISA. Los de Carles Puigdemont querían modificar el calendario de sesiones para poder sustanciar la comparecencia este viernes, 31 de julio, pero no han obtenido los apoyos necesarios.

Finalmente, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite, entre otras cuestiones, la proposición de ley del PSC-Units y los Comuns para acelerar la construcción de vivienda protegida, la renuncia de Anna Navarro como diputada de Junts —con efectos a partir del 1 de septiembre—, o las solicitudes de delegación de voto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del exconsejero Lluís Puig, ambos parlamentarios de Junts, para el próximo período de sesiones.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha comparecido este lunes en el Parlament por el fiasco de las pruebas PISA y se ha llevado una dura reprimenda de la oposición, incluidos sus aliados de ERC y Comuns. A las acusaciones de descontrol en la gestión de este test internacional que lleva a cabo la OCDE se le ha sumado otra crítica unánime: la de haber ocultado la información durante meses para hacerla pública a finales de julio, en plenas vacaciones escolares.

Niubó ha reconocido que les comunicaron en marzo, a través del Ministerio de Educación, los problemas con la muestra del alumnado que hizo las pruebas. Entonces, ha añadido, abrieron unas diligencias informativas para esclarecer lo ocurrido que todavía no han concluido.

Sin embargo, no lo dieron a conocer hasta el pasado viernes, 24 de julio. El Departamento de Educación lo obvió incluso durante la presentación de la auditoría encargada a la OCDE para mejorar los resultados del sistema educativo catalán, el pasado 6 de julio.

“Lo sabían desde marzo y han jugado intencionadamente con los tiempos”, he la reprochado Ana Erra, diputada de Junts, que una vez más ha pedido su dimisión como consellera por la “pérdida de confianza” con este error y con la crisis laboral. “¿Por qué lo escondieron? ¿Creían que pasaría desapercibido? ¿Lo querían hacer más pequeño?”, la ha cuestionado.

De forma parecida se han expresado en este punto las diputadas de ERC y de los Comuns, Irene Aragonès y Jéssica Albiach, respectivamente. Ambas le han reprochado además a Niubó que no mencionara esta incidencia durante los encuentros que han mantenido estos meses, uno de ellos para comentar la auditoría de la OCDE directamente con los grupos parlamentarios.

“Es uno de los episodios más graves del sistema educativo catalán en muchos años y siguen sin hacer autocrítica”, ha expresado Aragonès. “Dicen que todo responde a una confusión en la aplicación de los criterios de exención; si es así, donde estaban los mecanismos de supervisión?”, ha inquirido.

Albiach, por su parte, ha calificado la comparecencia de “decepcionante” y también ha acusado a la consellera de difundir la noticia en plenas vacaciones para que pasara más desapercibida. “Cuatro meses deberían ser suficientes para averiguar lo que ha pasado”, ha añadido sobre las diligencias informativas. “El error es exclusivamente suyo”, ha concluido.

Desde PP y Vox han ido más allá y han acusado directamente a Educación de intervenir en la muestra del alumnado para “maquillar” unos supuestos malos resultados en las pruebas de 2025. “Tenían pánico a la foto que iba a devolverles PISA”, ha expresado el diputado popular Manuel Reyes.

Más detalles sobre una hipotética confusión

Durante la comparecencia, Niubó ha reconocido la “gravedad” del error, pero ha insistido en que fue una “incidencia técnica” en la aplicación de las pruebas. “No podemos revertir la incidencia, pero sí trabajar para que no se vuelva a repetir”, ha expresado, al tiempo que defendía que en las pruebas que se han llevado a cabo en 2026 (las catalanas y de la OCDE, la Talis) el porcentaje de exención de alumnado ha sido muy inferior.

En este sentido, Niubó ha insistido en la hipótesis con que trabaja la Generalitat para explicar por qué se excluyó al 23% del alumnado seleccionado, un porcentaje superior al máximo del 5% que permite la OCDE. La consellera ha apuntado a que aquellos días (entre marzo y mayo de 2025) se llevó también a cabo la prueba de competencias básicas de la Generalitat en 4º de la ESO, lo que habría generado confusión en los centros a la hora de dejar fuera alumnado.

“El porcentaje de exenciones es parecido al que no participó en las pruebas catalanas de competencias básicas”, ha revelado la consellera. Esta posibilidad ya la deslizó Educación y generó quejas de las direcciones de los centros, que se sintieron señaladas. Pero Niubó ha añadido que si se confirma que esta fue la causa, no “exime del error” a la Administración.

Más al detalle, ha señalado una deficiencia concreta que aseguran haber corregido: que la aplicación de las evaluaciones no contaba con un protocolo lo suficientemente claro, que definiera “responsabilidades”, “controles”, “umbrales de alerta” y “circuitos de validación de las exenciones”.

El Parlament de Catalunya ha dado por cerrado este miércoles la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la extinta DGAIA, la dirección de protección a la infancia en Catalunya. Con los votos de PSC, ERC y Comuns, la Cámara catalana ha aprobado buena parte del informe de la comisión que ha evaluado durante los últimos meses el funcionamiento de los centros de menores.

El origen de la investigación es la crisis que se desató en la conselleria de Derechos Sociales por el presunto pago indebido de algunas prestaciones a jóvenes extutelados, que ascenderían a 4,7 millones de euros. Además, coincidió el estallido del escándalo con el caso de una menor tutelada, que residía en un centro de menores de la Generalitat, y que fue violada dentro de una red de pederastia.

La crisis llevó a la conselleria a refundar su dirección de atención a la infancia, denominada ahora Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El proceso lo lideró la consellera Mónica Martínez Bravo, y justo este jueves le tocó a su reciente sucesor, Raúl Moreno, afrontar la votación las conclusiones de la comisión desde el Parlament.

El pleno ha concluido que la DGAIA ya “arrastraba condicionantes estructurales previos” al “incremento extraordinario” de la asistencia, y que el organismo tenía un “sistema desbordado” que ha operado “desde la lógica de la emergencia”. El informe también recogía que la falta control sobre el coste de los servicios favoreció un margen de “lucro opaco” de las entidades que asumían la gestión externalizada del sistema.

El Parlament ha concluido que el sistema de protección a la infancia “presenta problemas estructurales y de gobernanza que han limitado su capacidad de respuesta en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes”. El texto recuerda además que desde 2015 se produjo una subida del 84% en los casos que debían atenderse, con un incremento del número de menores tutelados en Catalunya de un 71%. Todo esto, según subraya el informe, no se ha ido acompañando de incremento de los recursos.

La comisión de investigación de la DGAIA ha concluido que la “prevención es el principal reto inacabado del sistema catalán de protección a la infancia” y sostiene que se ha invertido “demasiado tarde y demasiado poco en apoyo a las familias, servicios de proximidad, intervención comunitaria, salud mental, ocio educativo, escuela, vivienda y acompañamiento social”.

También ha criticado que la mayoría de centros residenciales sean gestionados por empresas externas y reprueba que la administración “no se puede limitar a financiar plazas y derivar a niños”. El informe insta a que se asuma “plenamente la dirección pública”, de acuerdo con uno de los otros apartados aprobados este miércoles.

La comisión se constituyó el 14 de octubre de 2025 después de que en julio de ese año el Pleno aprobara su creación por unanimidad a propuesta de PSC-Units, ERC y los Comunes y con un texto transaccionado con Junts. La comisión, presidida por Jordi Riba (PSC-Units), se ha reunido en quince sesiones y ha realizado cincuenta comparecencias.

Anna Navarro, la diputada que formó tándem con Carles Puigdemont en las pasadas elecciones catalanas, ha anunciado este martes que abandona el Parlament por motivos “personales y profesionales” sin haber cumplido aún la mitad del mandato. Según ha explicado su formación en un comunicado, Navarro continuará formando parte de la Dirección Permanente y de la Dirección Ejecutiva de Junts.

Nacida en Olot (Girona) en 1968, Navarro llegó a ser una ejecutiva de Silicon Valley, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, y donde ocupó la vicepresidencia de la empresa de software NetApp y la dirección de Procore Technologies. Reconocida en Catalunya con la Creu de Sant Jordi en el año 2021, Puigdemont la convirtió en su fichaje estrella de cara a las elecciones de mayo de 2024.

Se trataba de demostrar que Junts era un proyecto que aún podía incorporar a independientes de prestigio y hacer emerger nuevos liderazgos. Sin embargo, la llegada de Navarro a la primera línea política fue inicialmente discreta, a lo que le siguieron algunas declaraciones polémicas, como cuando afirmó en las redes sociales haber tenido más dificultades que un migrante para acceder a la sanidad catalana al regresar de EEUU.

En su comunicado de despedida, la ya exdiputada destaca “la intensidad, la exigencia y el aprendizaje” que ha supuesto para ella esta etapa de dos años en la Cámara.

Catalunya está un paso más cerca de blindar que no pueda haber nunca más en su territorio un criadero de animales destinados a convertirse en abrigos o ribetes. Este miércoles, la comisión de Transición Ecológica del Parlament ha aprobado una resolución que insta al Govern a rubricar una ley para convertir a esta comunidad en la primera que prohibirá las industrias peleteras.

La propuesta, que ha contado con los votos del PSC, Comuns, ERC, la CUP y Junts, ha sido impulsada por la entidad ARDE con el apoyo de INTERCIDS, una asociación jurídica animalista. “Es un paso muy importante para proteger los derechos de los animales, los ecosistemas y la salud pública”, ha expresado Julia Elizalde, portavoz de ARDE. Esta asociación ha coordinado la campaña “Acabemos con las pieles”, que ha contado con el apoyo de más de 47.000 personas.

En Catalunya no existen granjas peleteras desde 2010, pero las entidades temen que, después de que 18 estados miembro de la UE hayan adoptado medidas para acabar con esta industria, las empresas busquen nuevos lugares para implantarse. Sobre todo les preocupa el giro que se pueda producir después de que Polonia, el principal productor europeo y el segundo mundial después de China, se comprometiera a acabar con estas granjas de cara a 2033.

“Tenemos que evitar que Catalunya se convierta en un bastión para la industria peletera, ya que las empresas están tratando de trasladar su actividad a zonas donde todavía se permite, a raíz de las prohibiciones europeas”, siguen las entidades, que recuerdan que, como esta actividad no existe actualmente en el territorio, su prohibición definitiva no afectará de ninguna manera al PIB.

La explotación peletera en Catalunya empezó sobre los 1960 en Girona y Barcelona, con dos grandes granjas que estuvieron activas hasta 2009. Ambas causaron “graves afectaciones a los ecosistemas catalanes” a causa de las fugas de visón americano, la principal especie que criaban. En uno de los casos, las fugas fueron puntuales, pero en la de Girona un incendio forestal provocó que casi todos los animales huyeran y se instalaran en la naturaleza.

A día de hoy, los visones han llegado hasta Tarragona y la frontera con Aragón, convirtiéndose en especie invasora y afectando a las actividades humanas y al equilibrio del entorno. “El visón americano tiene un gran impacto debido a su actividad competidora y depredadora. Afecta a especies locales y otros especímenes protegidos como el cangrejo ibérico.

Además, las entidades alertan de que las granjas de visón son un “riesgo real para la salud pública”, en tanto que se han detectado diversos brotes de Covid-19 en estos animales, así como casos de Gripe Aviaria de Alta Patogenicidad. “Son entornos de alto riesgo zoonótico debido a la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y su susceptibilidad a los virus respiratorios”, tal como apuntó un informe científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Diversos estudios veterinarios apuntan a que los visones, así como los zorros y perros mapache, pueden albergar un gran número de virus, especialmente respiratorios, con “alto potencial” de salto de especie, tal como cita la resolución parlamentaria, que ha sido impulsada por el PSC, ERC, Comuns y la CUP.

Junts, que ha votado a favor, no quiso sumarse al grupo promotor por no compartir algunos posicionamientos. “[En la propuesta] se hacen generalizaciones que no aplican al conjunto del sector; aun así, no vemos la necesidad de introducir esta actividad en Catalunya y su prohibición no afecta a nuestra economía. Así que votamos a favor de la resolución, pero no del relato político que lo acompaña”.

Las formaciones que han apoyado la medida destacan también la huella climática que tienen las peleteras. La producción de la piel de visón puede generar entre 15 y 20 veces más gases invernadero que el resto de la industria textil. Todo ello, sumado al sufrimiento de los animales criados y sacrificados en esta industria, con el único objetivo de convertirse en piezas de ropa.

“La sociedad catalana rechaza criar animales en jaulas diminutas sólo para fabricar abrigos de piel. Esperemos que el Govern traduzca lo antes posible este compromiso en una prohibición efectiva”, ha declarado Elizalde, en referencia a la proposición aprobada en el Parlament. En esta línea, desde ARDE recuerdan que el 90% de la sociedad española considera “inaceptable” el uso de animales para fabricar piezas de vestir, según una encuesta de la Fundación BBVA.

En base a estos datos, las entidades impulsoras de la resolución consideran que esta puede ser una “herramienta clave” para consolidar la prohibición de las peleteras tanto aquí como en el resto del país. Actualmente, casi todas las comunidades se encuentran en la misma situación que Catalunya; a excepción de la Comunitat Valenciana y Galicia, que concentran las únicas industrias españolas con 1 y 21, respectivamente.

La portavoz de Aliança Catalana, Silvía Orriols, ha incurrido en un “acoso sistemático” contra la diputada de ERC Najat Driouech. Así lo ha considerado la comisión del Estatut del Diputat, el órgano del Parlament encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta y que este martes debía revisar cuatro episodios llevados por los partidos ante esta instancia, uno de Aliança y tres de Vox.

Finalmente, tres de los expedientes han sido considerados infracciones leves, mientras que un cuarto se ha considerado dentro del derecho a la libre expresión que asiste a los diputados. Será ahora la Mesa quien, en vista de los dictámenes aprobados por la comisión, acabe imponiendo la sanción correspondiente, que en este caso podría quedarse en una amonestación o en una suma económica simbólica.

En el caso de Orriols, el primer expediente se abrió tras la queja de ERC por las reiteradas alusiones a la diputada Najat Driouech, que ha sido durante toda la legislatura blanco de Aliança por el hecho de profesar la fe musulmana y vestir un pañuelo hiyab en la sede legislativa.

En total, la comisión ha llegado a contar hasta siete alusiones directas de Orriols contra la diputada, en una legislatura que aún no ha cumplido los dos años. Según recoge la denuncia formulada por su partido, la lider de Aliança manifestó, por ejemplo: “No pueden denunciar la discriminación de la mujer y a la vez permitir la entrada de una diputada que hace ostentación de la misoginia islámica”.

Otra de las alusiones habituales es que Driouech y su partido apoyarían el “integrismo islámico” o que blanquearían las ideologías más radicales de una religión que profesan casi 2.000 millones de personas en el mundo.

La Comissió de l'Estatut del Diputat califica el hecho como leve, dentro de la adecuación al código de conducta, aprobado en 2016 y por el que en el pasado ya ha habido más de una sanción económica a miembros de la Cámara. Sin embargo, el Parlament recuerda a los partidos que pueden llevar estos casos a la justicia ordinaria si consideran que hay, además, vulneración legal, algo que se escapa de las atribuciones parlamentarias.

Junto a esto, la comisión del Estatut del Diputat reclama una reforma del reglamento de la Cámara, que es una ley, para que dé una mayor base jurídica al código de conducta, de forma que los dictámenes relacionados con este tipo de comportamientos puedan ser más contundentes.

Los otros casos expedientados

Los casos evaluados han sido en total cuatro, correspondientes a actuaciones de tres diputados: Silvia Orriols (Aliança), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Los otros dos expedientes se dirigen contra Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament y autor de otras dos de las actuaciones examinadas. La primera, relativa a la acusación del diputado contra los socialistas, de quienes dijo que se gastaban el dinero público en “drogas y putas”, coincidiendo con los casos de corrupción que afectaban al exministro José Luís Ábalos. Aquellas palabras obtuvieron una amonestación por parte del presidente del Parlament, Josep Rull, pero el PSC optó por llevarlo tabién ante la Comisió de l'Estatut del Diputat, al entender que había vulnerado el código de conducta.

El otro expediente abierto contra Garriga tuvo origen en que el diputado colgó carteles en los que podía leerse “Companys asesino” durante el homenaje floral del Parlament al expresident de la Generalitat fusilado por el Franquismo en 1940. Posteriormente, el diputado ha reiterado en diversas ocasiones esas mismas palabras, tanto en la junta de portavoces como en el pleno.

Finalmente, la diputada de Vox Júlia Calvet, mantenía abierto otro de los litigios sobre el código de conducta, después de haber hecho directamente responsable a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, de “liderar uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de este Parlament”, en relación a las irregularidades ocurridas en la DGAIA. Sin embargo, la comisión ha considerado que estas palabras están dentro de la expresión posible en un debate parlamentario y no vulneran el código de conducta.

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles tramitar la ley que persigue limitar las compras de vivienda especulativa. Aunque la tramitación es por vía exprés –la llamada lectura única–, no está claro que se vaya a votar antes de vacaciones, puesto que Junts y PP ya anunciaron que la iban a recurrir al Consell de Garanties Estatutàries.

La propuesta ha contado con los votos de los Comuns, como impulsores; del PSC, con quien la pactaron para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, y de ERC y la CUP. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.

El texto modifica la ley de urbanismo para que en las zonas tensionadas –donde existe el tope al precio del alquiler– los ayuntamientos puedan limitar la compra especulativa de vivienda mediante el planeamiento urbanístico. Esto significa que puedan permitir solo la compra de viviendas para uso residencial del que la adquiere, salvo excepciones como segundas residencias o para familiares.

Tras la votación de la tramitación, sabre ahora el período de enmiendas de siete días hábiles, hasta el 20 de julio. Tanto Junts como el PPC han recordado que llevarán la ley al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que dilatará el proceso.

Los Comuns tenían la previsión de aprobar la ley “antes del verano”, aunque fuentes parlamentarias sitúan el margen de aprobación después de las vacaciones, ya que el dictamen del Consell de Garanties (el órgano consultivo que examina el encaje constitucional y estatutario de las leyes) podría no llegar antes del último pleno del período de sesiones.

Puede que se logre retrasar esta ley, pero les aseguro que será una realidad antes que tarde“, ha advertido en el debate la diputada de los Comuns, Susana Segovia.

Por parte de ERC, la diputada Mar Besses ha recordado al Ejecutivo que “no tiene sentido” tratar fiscalmente por igual a quien compra vivienda para vivir que para sacar rédito económico. También ha recordado que el plazo reducido de enmiendas que supone la lectura única “no puede servir de excusa”. ERC se ha abierto a presentar modificaciones en el texto para “mejorarlo”.

La diputada de la CUP Laure Vega cree que esta ley “aún no es suficiente” para acabar con el problema. Asimismo, la diputada del PSC Eva Candela ha reconocido que la ley debe ir acompañada de otras medidas, pero ha defendido que la regulación contra la compra especulativa “no puede esperar”.

La diputada de Junts Judith Toronjo ha reprochado que se “vulnere” el derecho a la propiedad y considera que lo más “flagrante” es intentar aprobar la ley por lectura única, es decir, por la vía rápida “sin escuchar” a la Cámara.

Coincidía con ello la diputada del PP Àngels Esteller, que ha tachado la iniciativa de “ataque frontal” a la propiedad privada, y ha acusado a los Comuns de ser “incapaces” de definir la compra especulativa porque es un “concepto ideológico y dogmático” que no tiene “categoría jurídica”.

Por otra parte, la diputada de Vox Mónica Lora ha señalado que la especulación “no es la causa, sino la consecuencia” de las propuestas de los Comuns. También lo ha descrito así la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que les ha reprochado ser los “máximos instigadores” de los problemas en vivienda.

La ley catalana para restringir la compra de vivienda con fines especulativos, pactada entre el Govern y los Comuns, deberá superar un obstáculo més después de que este miércoles llegue al Parlament como estaba previsto. Junts y el PP han decidido solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), lo que dejará la tramitación en suspenso hasta que el órgano se pronuncie.

El CGE es el órgano consultivo catalán que examina el encaje constitucional y estatutario de las leyes. Su informe no es de obligado cumplimiento, pero sí paraliza el trámite, normalmente alrededor de un mes. Además, el dictamen de Garanties puede ser una avanzadilla de la decisión que acabe tomando el Tribunal Constitucional, a donde el PP ya ha anunciado que llevará la norma.

Según Junts, la ley vulnera el derecho fundamental de la propiedad, además de que invade competencias municipales, según ha explicado su portavoz parlamentario, Salvador Vergés. Los independentistas además reprochan al Govern querer aprobar el texto por lectura única, lo cual ha impedido las comparecencias de colegios profesionales y con las enmiendas simplificadas, y que lo haga, ha dicho, “aprovechando el verano”.

El portavoz de Junts ha avisado también de una consecuencia práctica de dejar la aplicación en manos de los ayuntamientos: podría haber municipios vecinos con reglas opuestas, con Barcelona aplicando el veto y Badalona ignorándolo, lo que generaría a su juicio “inseguridad jurídica”. Los Comuns, por su parte, creen que Junts actúa al dictado de la patronal y con el único objetivo de que unas pocas manos puedan seguir acumulando inmuebles.

La ley nació como una apuesta de los Comuns que, partiendo de un primer informe jurídico que avalaba su viabilidad, convirtieron la regulación en el precio de su apoyo a las cuentas del Ejecutivo de Salvador Illa. Con todo, la norma se rebajó durante la negociación. El texto que llegará al pleno impone que en las zonas de mercado residencial tensionado solo se podrá comprar vivienda para vivir en ella, para cedérsela a un familiar o para alquilarla a precio regulado, siempre y cuando no se compren edificios enteros.

Cuando, el 21 de noviembre de 2023, el juez José Antonio Cruz de Pablo confirmó el archivo de la primera denuncia de dos diputados independentistas espiados con el programa Pegasus, Ernest Maragall todavía no se había dado de baja de ERC y Roger Torrent era conseller de la Generalitat.

El recurso contra esa decisión ha tardado en resolverse casi dos años y medio por la inacción del juzgado a la hora de elevarlo a la Audiencia de Barcelona. Así se desprende del auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, que ordena la reapertura del caso.

En la única frase en negrita de la resolución, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona resalta que las actuaciones llegaron a su mesa el 6 de marzo de 2026.

En apenas dos meses, y tras celebrar una vista, los magistrados han dado la razón, en parte, al Parlament de Catalunya, y han ordenado al juez que reclame información sobre el espionaje al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a una matriz en Luxemburgo de la empresa israelí que comercializa el software espía.

La rapidez de la segunda instancia contrasta con los dos años y tres meses que ha durado la tramitación del recurso de apelación desde que el juez instructor rechazó el primer recurso de Torrent y Maragall contra el archivo de la causa.

Fuentes jurídicas recuerdan que, en función del caso, suelen pasar entre tres meses y un año entre que el instructor rechaza el primer recurso (ante el propio juzgado) y la resolución definitiva por parte de la Audiencia de Barcelona.

El retraso de la causa por el espionaje a Maragall y Torrent es el más grave de la decena de causas que se reparten entre distintos juzgados de Barcelona por el espionaje a independentistas con el programa Pegasus antes y durante el mandato de Pedro Sánchez, reconocido por el CNI y que comportó una de las crisis entre el Gobierno y sus socios soberanistas.

La Justicia rechazó agrupar todas las denuncias independentistas en una macrocausa, lo que ha provocado resultados dispares en función del juzgado donde han recaído las denuncias.

Hay jueces que han investigado de forma efectiva las infiltraciones (pese a la poca colaboración del Gobierno en la desclasificación de documentos), pero otros no han dejado de recibir tirones de orejas de la instancia superior por el letargo en el que entraron sus causas.

A diferencia de las cuatro imputaciones que acumula la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban, por el espionaje con Pegasus, en la causa de los dos republicanos no hay ningún responsable de inteligencia investigado, pese a que el propio centro reconoció en el Congreso que Maragall fue uno de los espiados.

Torrent y Maragall fueron los primeros independentistas conocedores de haber sido espiados por Pegasus. En julio de 2020 presentaron su querella en los juzgados barceloneses, que apenas ha avanzado casi seis años después.

El juez tardó año y medio en requerir la principal prueba del espionaje —los móviles infectados por Pegasus de Torrent y Maragall— para su análisis pericial. La prueba no llegó a completarse porque los terminales eran los corporativos del Parlament y Torrent y Maragall ya los habían devuelto.

En línea con la Fiscalía, el juez también rechazó imputar a Félix Sanz Roldán, director del CNI cuando se produjeron las infiltraciones en el teléfono de los dos expolíticos.

El caso se enfocó hacia la empresa israelí que vende el software espía, NSO Group. Sin embargo, la investigación apenas ha avanzado debido al silencio de Israel, que no ha contestado a la petición de auxilio del juez de para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

Ahora la Audiencia ordena intentarlo con la filial en Luxemburgo de la firma israelí, que tampoco ha colaborado con los otros juzgados que se lo han requerido, si bien rechaza imputar formalmente a la firma NSO.

Los magistrados también ordenan recabar documentación sobre el espionaje a Torrent y Maragall al CNI y a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, que depende de Presidencia del Gobierno.

El caso de Torrent y Maragall es un nuevo ejemplo que los tempos judiciales son mucho más lentos que los políticos. Ambos exdirigentes esperarán el resultado de las diligencias ordenadas por la Audiencia fuera de la primera línea: Maragall rompió en 2024 el carné de ERC tras el escándalo por los carteles de falsa bandera con la enfermedad de su hermano, y Torrent se ha pasado al sector privado tras ser conseller y president del Parlament.

El anuncio de que el papa León XIV usará el catalán en la misa de la Sagrada Família pero no en el acto de bendición de la Torre de Jesús ha causado la indignación tanto del Govern, como de diversos partidos, entidades por la lengua y grupos religiosos.

Los primeros en mostrar su indignación frente a la noticia fueron los miembros del grupo parlamentario de Junts, que enviaron una carta al president Salvador Illa quejándose de que el Santo Padre relegara el catalán “a una posición secundaria respecto al castellano”. Así, pedían que desde el Govern se hicieran “todas las gestiones necesarias” para garantizar una presencia adecuada de la lengua.

La decisión también despertó el recelo de los socios de Illa, ERC y Comuns, así como de Plataforma per la Llengua, que considera la ausencia del catalán “una burla y un insulto intolerable”.

Ante la polémica desatada, el primer órgano en mover ficha ha sido el Parlament de Catalunya, presidido por el juntaire Josep Rull, que se ha puesto en contacto con obispos y arzobispos de Catalunya para pedirles que intercedan e intenten convencer al Papa de que el catalán debe ser “predominante” en sus actos.

El primero de los representantes catalanes de la Conferencia Episcopal en alzar la voz sobre el asunto ha sido el obispo de Girona, Octavi Vilà, que ha dejado claro que su opinión es que la Torre de Jesús debe ser bendecida en catalán. El religioso ha confesado que desea que la importancia de esta lengua sea “más importante de lo que finalmente será”, y ha recordado que, hace dos años y medio, el papa Francisco ya bendijo a la Madre de Dios de Montserrat en catalán.

Por otro lado, el Govern también ha intercedido y se ha puesto en contacto con la Santa Sede para dejar constancia de “la importancia del catalán en Catalunya”. La portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, ha asegurado que ha visto “receptividad y sensibilidad” por parte de sus interlocutores. Paralelamente, Rull también ha dirigido una misiva al Vaticano explicando la “realidad nacional” de este idioma.

Ante este aluvión de peticiones, los responsables de la visita del Papa a España han asegurado que han “puesto claramente en valor la realidad social e idiomática catalana” ante el Pontífice, pero han querido recordar que a quien corresponde fijar la lengua que se usará es al Vaticano. “Hasta que no veamos lo que pasa, no podremos tener una opinión sobre este tema”, ha remachado Fernando Giménez Barriocanal, coordinador adjunto del viaje, en una rueda de prensa en Madrid.

Aun así, desde el Govern han querido restar importancia al asunto y han insistido en que la visita, en sí misma, ya es una muestra del “interés y el aprecio por el país” del Pontífice. Asimismo, Paneque ha recordado que a lo largo de los dos días que estará en Barcelona, el Papa hablará en “diversas lenguas” y ha resaltado positivamente que el catalán vaya a ser usado en la misa de la Sagrada Familia.

El Govern descarta recomendar teletrabajo

La portavoz Paneque también ha trasladado a la ciudadanía que descarta valorar la recomendación del Ministerio de teletrabajar durante la visita del Santo Padre a la capital catalana. Ha remarcado, por otro lado, que el Ejecutivo está centrado en “garantizar la movilidad” en la ciudad.

“No sé si sería un buen mensaje que, cuando hay visitas de jefes de Estado, el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores”, ha insistido Paneque, que también es consellera de Territorio. Así, la apuesta del Govern será ampliar la frecuencia y la capacidad de trenes y autobuses esos días.

Las afectaciones que se esperan son diversas. Se han proyectado cortes de circulación en los entornos de la Catedral, la Parròquia de Sant Agustí, las inmediaciones de la Sagrada Família y del Estadi Olímpic. También se han anunciado modificaciones en diversas líneas de autobús y la clausura de las estaciones de metro de la parada Sagrada Família.