El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, anfitrión este martes y miércoles del papa León XIX en su visita a la capital catalana, se querelló por amenazas contra un joven que le afeó su inacción ante un cura que abusó de él y, posteriormente, fue detenido por los Mossos d'Esquadra por pederasta.

En un auto, adelantado por El País y que ha podido consultar elDiario.es, la Audiencia de Barcelona confirmó, en diciembre de 2025, la inadmisión de la querella de Omella contra el joven que había acordado el juzgado de instrucción 17 de la capital catalana diez meses antes.

La base de la querella era un burofax enviado por la víctima al arzobispado en la que el joven, según el auto, “reprochó” a Omella “su inacción a la hora de denunciar de oficio” los abusos que le había relatado por parte de un párroco.

El burofax concluía con una mención del joven abusado a que quedaba “en espera de una respuesta satisfactoria”, y anunciaba también “una reserva de las acciones que puedan corresponderle, civiles o penales, así como poner los hechos en conocimiento de una instancia eclesiástica superior”.

La “ambigüedad e imprecisión” del burofax, argumentó la Audiencia de Barcelona, “impide vislumbrar los elementos esenciales para la aparición del delito de amenazas condicionales” argumentado por Omella. Es más, los jueces destacan que si la víctima hubiera denunciado a Omella por encubridor ante una instancia superior “no pasaría de hacer uso de aquello para lo que está legitimado: ejercer las acciones correspondientes en persecución de hechos de los que sostiene haber sido víctima”.

Los jueces también descartan la intención de obtener una indemnización económica que Omella imputaba a la víctima. Se trata de ua atribución “sin fundamento” por parte del arzobispo, resalta el auto.

Omella se reunió en marzo de 2022 con un joven que señaló por abusos sexuales al sacerdote, pero no apartó al cura ni abrió un proceso contra él, sino que trató la denuncia como un “asunto moral” al ser la víctima mayor de edad. Dos años después, el párroco, que ejercía en el barrio del Guinardó de Barcelona, fue detenido por los Mossos por abusos a un menor. Entonces sí fue apartado por el arzobispado.

El pasado viernes, en una entrevista en RAC-1, Omella negó haber encubierto este caso de abusos del párroco del Guinardó, e insinuó que la publicación de esta información estaba vinculada con la visita papal. “Es falso, yo no he tapado nada y siempre he hecho lo que tocaba”, agregó, sin mencionar que se había querellado contra una víctima.

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana alertó hoy de cerca de un centenar de casos de violencia sexual contra menores en el entorno familiar. Santana reclamará, en el pleno del Parlamento de mañana martes, una respuesta institucional urgente previa exposición de varios casos recopilados tras reunirse con familias y colectivos afectados. La portavoz parlamentaria en la materia de NC-BC demandó además una acción institucional coordinada y contundente frente a la violencia sexual que sufren niños y niñas en el ámbito familiar. Afeó al Gobierno presidido por Fernando Clavijo que no haya desarrollado las medidas de la proposición no de ley sobre la violencia vicaria y la machista, impulsada por NC-BC y aprobada a finales de noviembre de 2024 con el apoyo de todo el arco parlamentario salvo la extrema derecha de Vox.

En una comparecencia solicitada a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, sobre las medidas impulsadas para paliar los daños de la violencia vicaria, sexual infantil e institucional en menores; Natalia Santana alertará de la gravedad de una realidad que, según los casos recopilados en las últimas semanas, afecta ya a cerca de un centenar de menores en las islas.

Instará al Ejecutivo de las dos derechas (CC y el PP) y, especialmente, a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias; a reforzar los mecanismos de protección, atención y reparación para las víctimas. También reclamará impulsar medidas de prevención que permitan detectar y frenar situaciones de abuso antes de que se produzcan o se prolonguen en el tiempo.

“Estamos ante una emergencia social que no puede seguir siendo invisibilizada. Hablamos de niños y niñas que han sufrido violencia sexual presuntamente a manos de familiares y que necesitan una respuesta inmediata de todas las instituciones”, sostuvo la diputada nacionalista.

En las últimas semanas, Santana afirmó haber mantenido encuentros con madres, asociaciones y colectivos vinculados a la protección de la infancia. Fruto de ese trabajo, hizo un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para situar la protección de la infancia como una prioridad institucional y para dotar de más recursos a los servicios especializados que trabajan con las víctimas y sus familias.

“Las administraciones tienen la obligación de garantizar que estos menores encuentren amparo, protección y reparación. Pero también debemos generar las condiciones necesarias para prevenir nuevos casos y romper el silencio que todavía rodea muchas situaciones de abuso”, remarcó Natalia Santana.

En ese sentido, afeó al gabinete de Clavijo que no desarrollara las medidas contenidas en una proposición no de ley sobre la violencia vicaria y la machista, presentada por Santana y aprobada por el pleno de la Cámara a finales de noviembre de 2024, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo la extrema derecha. 

Las asociaciones y colectivos de supervivientes de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica han expresado su “profunda preocupación” ante la falta de representatividad y pluralidad en los encuentros previstos con el papa León XIV durante su visita a España, que concluirá el próximo 12 de junio en Tenerife.

Las organizaciones firmantes son la Asociacion Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España, AVA, Infancia Robada Madrid, ANIR Canarias, Lulacris, Colectivo El Vedat, Colectivo La Alborada y la Plataforma de Víctimas de la Salle.

Y no son las únicas que hacen un llamamiento a León XIV. El Frente Cívico contra la Pederastia en Canarias también ha hecho pública una carta al Papa con motivo de su próxima visita a las islas, en la que le pide que actúe de manera directa e inmediata contra la inacción y silencio que atribuye a los obispos españoles frente a los abusos sexuales a menores en la Iglesia.

En un comunicado conjunto firmado por dichas organizaciones, los supervivientes explican que su objetivo “nunca ha sido una fotografía ni un gesto simbólico vacío de contenido. Consideramos que cualquier encuentro institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real, inclusiva y de respuestas efectivas. Reclamamos un compromiso firme con las reivindicaciones de todos los supervivientes y un cambio profundo en la forma de afrontar esta realidad”, han manifestado.

Y han aprovechado para reiterar sus demandas: “El reconocimiento jurídico pleno de la condición de víctima, que garantice derechos efectivos; el acceso a atención psicológica y psiquiátrica especializada, a demanda y de por vida; medidas de apoyo para la inserción educativa y laboral; así como indemnizaciones dignas y proporcionales al daño sufrido”.

Por otro lado, han querido también expresar su preocupación por las personas que han quedado “excluidas del actual acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Una Iglesia que se define como inclusiva debe garantizar que esa inclusión alcance a todas las víctimas, sin excepciones”, inciden.

Las organizaciones han exigido también respuestas para quienes, tras procesos judiciales con todas las garantías, han visto sus causas archivadas por falta de pruebas o por defectos procesales. “No es admisible imponer requisitos adicionales, como la identificación del agresor, para acceder al reconocimiento o a la atención. Del mismo modo, recordamos que no pueden quedar excluidas las personas que sufrieron abusos siendo mayores de edad: el daño y sus secuelas no dependen de la edad en el momento de los hechos”, resaltan.

Las asociaciones que durante años han trabajado públicamente, colaborado con investigaciones, con el Defensor del Pueblo y en la elaboración de propuestas de reparación, “deben ser escuchadas”, insisten, ya que, según explican, representan “una realidad diversa y compleja que no puede reducirse a una visión parcial ni sustituirse por relatos controlados por la propia institución”.

Además, las organizaciones advierten de que la exclusión de colectivos representativos puede generar una percepción errónea en la opinión pública, haciendo creer que existe un consenso o una satisfacción general que no se corresponde con la realidad. Esta situación, afirman, incrementa el sentimiento de abandono entre numerosas víctimas.

“Nuestro llamamiento no busca enfrentar a unas víctimas con otras. Todas merecen respeto. Lo que exigimos es que ninguna persona superviviente quede invisibilizada y que el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sea verdaderamente universal”, aclaran.

Las organizaciones de víctimas firmantes denuncian, además, la “narrativa” impulsada por la Iglesia española, que presenta iniciativas como el Plan PRIVA o el Programa Repara como respuestas suficientes, cuando “resultan claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Consideramos que esta estrategia ha contribuido a silenciar a las asociaciones formadas por las propias víctimas y a imponer una versión parcial de la realidad”.

Por último, dirigen unas palabras directamente al papa León XIV para solicitarle que escuche también a quienes durante años han asumido el coste personal y social de denunciar y de trabajar por cambios reales. “Le reconocemos su compromiso con las políticas sociales impulsadas por su predecesor, especialmente en la defensa de los más vulnerables. Precisamente por ello, le pedimos un compromiso decidido con las víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia”.

“No nos evite: escúchenos y dialogue con nosotros. Las víctimas necesitamos su apoyo y su colaboración”, concluyen.

El papa León XIV ser reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su viaje a España, desde mañana hasta el 12 de junio, sin especificar qué día será, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Hasta este momento no se había comunicado ninguna reunión de este tipo.

Se explicó que la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que más información podrá llegar “tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y privacidad”.

Algunas asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero habían denunciando en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar al país, para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife, sin haber tenido respuesta a sus peticiones de reunirse con él.

No se han dado a conocer quiénes participarán para respetar su privacidad, ni en qué lugar, pero entre las personas que podría escuchar el pontífice estadounidense estarían las que acuden a la asociación Repara, un proyecto de la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

En un encuentro de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se consideró que “sería bueno” mantener esa reunión, según dijo en abril su secretario general y portavoz, César García Magán, quien incidió en que la agenda del viaje “la hace el papa”.

El papa León XIV llegará a España en un momento clave para la gestión de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, con un sistema mixto acordado entre el Gobierno, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo, que incluye reparaciones simbólicas y compensaciones económicas para los casos que hayan prescrito judicialmente.

Hace cuatro años que las víctimas se reunieron con el entonces presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella. Desde entonces no ha vuelto a producirse un encuentro con la cúpula eclesiástica, más allá de que Luis Argüello saludase a un grupo de víctimas concentradas a las puertas de la CEE cuando fue elegido presidente, en marzo de 2024.

León XIV ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de una política de “tolerancia cero” ante cualquier forma de abuso en la Iglesia y ha defendido que escuchar las experiencias de las víctimas y sobrevivientes es “esencial” para la prevención.

El papa ha mantenido varios encuentros con víctimas. El 20 de octubre de 2025 recibió a integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), que calificaron la reunión como “un paso histórico y esperanzador” y el 8 de noviembre de 2025 se reunió durante casi tres horas con quince víctimas belgas en un diálogo descrito como “profundo y doloroso”.

Sin embargo, casos como el del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote, y cuya investigación se ha quedado paralizada en el Discaterio para la Doctrina de la Fe por un tecnicismo jurídico (la edad del menor) demuestran que es necesario revisar todo el sistema judicial de este tipo de casos, lo que León XIV aún no ha hecho.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la condena de diez años de prisión contra un hombre por dos delitos de tentativa de agresión sexual a una menor debido a que la carga probatoria no alcanzó el nivel necesario para enervar la presunción de inocencia.

El Consejo General del Poder Judicial ha señalado que la Sala de lo Penal ha estimado el recurso de apelación presentado por el acusado y ha revocado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, acordando su absolución.

De esta manera, la resolución sostiene que la carga probatoria no obtuvo el nivel necesario al apreciar insuficiencias y contradicciones en la prueba practicada.

El relato que ahora no se ha considerado probado sostenía que en septiembre de 2019 y en abril de 2022 el acusado había intentado abusar sexualmente de una sobrina menor de edad con la que convivía, en la primera ocasión en el domicilio familiar y en la segunda en un descampado.

El tribunal ha declarado que no puede afirmarse con la certeza exigible la existencia de los hechos denunciados y concluye que debe prevalecer el principio de in dubio pro reo, precisando que la sentencia de instancia queda revocada y que las costas se declaran de oficio.

Al respecto, la Sala ha recordado que el recurso de apelación permite revisar plenamente la valoración probatoria y que, en delitos de esta naturaleza, la declaración de la víctima puede ser suficiente solo si aparece acompañada de credibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia incriminatoria.

Sin embargo, aprecia que en este caso no concurren corroboraciones periféricas bastantes y que existen contradicciones relevantes sobre extremos nucleares del relato.

La sentencia subraya que “no se dispone de más prueba que la de la declaración de la menor” en uno de los episodios, y que en el otro concurren “contradicciones” que impiden sostener el relato acusatorio con el grado de certeza exigible, concluyendo que la prueba es insuficiente para mantener la condena.

Francisco Javier C., el sacerdote acusado de dormir y violar a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad, y además registrarlo en fotografías y vídeos, ha negado todos los hechos en su declaración ante la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Málaga.

Según ha dicho, no son suyas las manos y órganos sexuales que se ven junto a las mujeres sedadas en algunas de las fotos, como tampoco lo sería la voz que se escucha en varios de los vídeos, que han sido geolocalizados y datados por peritos informáticos. “Fran, me estoy agobiando”, llega a decir con voz pastosa una de las mujeres en el vídeo.

Cuando se le ha mostrado una grabación con contenido sexual explícito en la que la cámara se gira y aparece brevemente su cara, ha dicho: “Se ve mi rostro pero no reconozco esa situación. Aparentemente soy yo, pero esa situación no se ha dado”.

El excura ha sugerido que toda la prueba gráfica existente, presuntamente extraída de un disco duro suyo, ha sido elaborada y/o colocada allí por la denunciante en venganza por la resistencia que él tenía a iniciar una relación de pareja con ella, valiéndose de unos presuntos expertos informáticos que tendría en su entorno: “Creo que quería arruinarme la vida y consiguió inventar algo para que así fuera”.

La pericial sobre los vídeos y fotos

Su cara, su voz, las manos y otras partes de su anatomía han sido reconocidas por los peritos que le han examinado, pero hay un eslabón débil para las acusaciones: la cadena de custodia del material, supuestamente hallado en las navidades de 2022 en un disco duro del Padre Fran por su expareja (o amiga con la que mantuvo “escarceos”, según él).

Días después del hallazgo, la denunciante copió el contenido en su ordenador particular, que lo mantuvo durante meses antes de que llegara a la Policía. El primer agente se llevó parte en un pendrive; posteriormente, la unidad especializada hizo un volcado del contenido del ordenador de ella, que es el que ha servido de prueba en el juicio.

Del disco duro original del exsacerdote nunca se volvió a saber: según ha contado él, cuando regresó a Melilla tras el retiro espiritual que le sugirió el Obispado, le habían desvalijado su ordenador, el disco duro, dinero y documentación particular.

Para asegurar la integridad de los archivos, hoy han declarado también peritos informáticos nombrados por el tribunal que, a partir de los metadatos, han corroborado que no han sido alterados, la fecha de las imágenes e incluso la ubicación de los vídeos, tomados según han dicho en el domicilio familiar del cura en Vélez-Málaga, la casa que le proporcionó el Obispado en su destino de Ardales y en un piso de una calle de Málaga donde pernoctó en ocasiones.

“Yo esas imágenes no las he tomado, los hechos no se han dado, las denuncias surgieron a partir de que R. empezara a hacerme la vida imposible. No sé cómo pudo llegar a ese material: ni es mío, ni estaba en el disco duro, ni los hechos se dieron, ni tuve conciencia”, ha repetido en múltiples ocasiones, cada vez que la fiscal o alguna de las acusaciones le ha preguntado por alguna de las ocasiones fechadas en las que, presuntamente, abusó de alguna de las cuatro víctimas.

Su defensa ha aportado un informe pericial que cuestiona la integridad y la trazabilidad de esos archivos como elemento probatorio, aunque no han llegado a decir que la propia cara del sacerdote pudiera haber sido generada con inteligencia artificial, como ha sugerido este.

La Fiscalía y las acusaciones piden 72 años de prisión

Con su declaración, que se ha prolongado durante más de dos horas, se ha cerrado la cuarta sesión del juicio al sacerdote, acusado de cuatro delitos cuatro delitos de abuso sexual con penetración, cuatro delitos de lesiones y cuatro de revelación de secretos, con carácter continuado y las agravantes de abuso de confianza y alevosía, cometidos entre 2012 y 2018.

Según el relato de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, el hombre se valía su cercanía con las víctimas, a algunas de las cuales conocía desde que eran niños, para dormir en la misma habitación con motivo de excursiones o noches de fiesta; las sedaba con algún narcótico muy potente (presumiblemente éxtasis líquido); y luego aprovechaba su profunda somnolencia para tomar fotos y vídeos de ellas en ropa interior, ponerlas en diferentes posiciones, penetrarlas con los dedos o el pene, o masturbarse. Las acusaciones creen que se prevalió de su condición de sacerdote para ganarse su confianza.

De cada víctima hay un centenar de fotos. Fueron identificadas porque estaban clasificadas en carpetas por su nombre. Ninguna supo que habían sufrido esos abusos hasta que la Policía contactó con ellas. Hoy han declarado también expertos en psiquiatría forense que han concretado el daño psicológico que sufren y las terapias que tienen que realizar para superar el trauma.

En el juicio es también parte la Diócesis de Málaga, como posible responsable civil subsidiaria de la indemnización que pudiera concederse a las víctimas. El Obispo de Málaga, José Antonio Satué, pidió perdón en nombre de la Iglesia a las cuatro mujeres y prometió que la Diócesis contribuiría a reparar económicamente el daño si el exsacerdote es condenado, y aunque la Diócesis no lo sea. Sin embargo, en la primera jornada del juicio su letrado pidió la nulidad de todas las actuaciones y una vuelta al inicio del proceso, con el argumento de que podría haber pedido diligencias que exoneraran a la Diócesis de toda responsabilidad.

A lo largo de la semana, han pasado por la Audiencia Provincial la denunciante (expareja del sacerdote), las cuatro víctimas, policías, peritos, miembros de la Iglesia (el ayudante del sacerdote y el vicario de la diócesis de Melilla), amigos y el propio acusado.

La Fiscalía pide para él 72 años de prisión y que indemnice con 300.000 euros a cada víctima, peticiones que reiteran las acusaciones particulares. Ninguna ha modificado la petición de pena, tampoco ha cambiado su calificación la defensa. Este viernes, el juicio quedará visto para sentencia con la exposición de las conclusiones de estas cuatro jornadas de práctica de la prueba.

Este jueves se ha celebrado en un juzgado de Madrid un acto de conciliación entre la representación legal de Julio Iglesias y la de elDiario.es, su director y cuatro de sus periodistas. El cantante solicitó que este periódico rectificara las informaciones publicadas sobre él a partir del pasado 13 de enero, “reconociendo el contenido injurioso y calumnioso”, y que fueran eliminadas de la web. Además, solicitaba una idemnización sin cuantificar pero que se anticipaba “en cifras de importante cuantía económica”. elDiario.es y sus periodistas, que no han acudido al juzgado y han estado representados por un procurador, se han negado a todo ello.

Al no realizarse la conciliación solicitada, Iglesias ya puede querellarse en cualquier momento contra este medio, como anticipaba el propio escrito que dirigió al tribunal de instancia, anunciando que le seguiría la “interposición de querella por la presunta comisión de delitos de injurias con publicidad y calumnias”. Los periodistas contra los que Julio Iglesias pretende querellarse son Ignacio Escolar, Juanlu Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera.

Hace más de cuatro meses, elDiario.es, junto a Univision Noticias, comenzó la publicación de una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de sus extrabajadoras domésticas al servicio del cantante en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Dos de estas mujeres, conocidas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Además, se distribuyó en plataformas tres episodios especiales del podcast Un tema al día.

Tres años de investigación

Julio Iglesias no respondió a las preguntas que le hicieron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias de manera previa a la publicación. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Rebeca, empleada del servicio doméstico en Punta Cana y Lyford Cay (Bahamas), relató a ambos medios que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ella y Laura, cuyo desempeño en la casa era el de fisioterapeuta, contaron que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Los hechos, según las entrevistadas, ocurrieron en 2021. La más joven tenía entonces 22 años.

elDiario.es inició esta investigación tres años antes de su publicación, a la que se unió la división informativa de la cadena de televisión Univision en 2025. Durante ese tiempo, las periodistas que trabajaron en la investigación entrevistaron en repetidas ocasiones a Rebeca y a Laura, las cuales prestaron un testimonio sólido y sin contradicciones. Además, se contactó en total con una quincena de extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, que pudieron confirmar diferentes puntos de la investigación.

Intento de descrédito de las denunciantes

Como demostró la investigación, aportando capturas de WhatsApp y fotografías, la encargada responsable de la selección de empleadas en las casas de Julio Iglesias gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, como VIH, hepatitis o clamidia, así como detección de embarazos. La Ley del Sida de República Dominicana sanciona con multas económicas e indemnizaciones la solicitud de realización de pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos por parte de cualquier empleador privado.

Con la incorporación de Univision Noticias, se volvieron a realizar las entrevistas a Rebeca y a Laura en formato audiovisual, emitiéndose con diferentes medidas para proteger su identidad, como planos a contraluz o el doblaje de sus voces para evitar su reconocimiento. Este doblaje se realizó respetando cada palabra y entonación original durante la entrevista.

Después de que se hiciera pública la interposición de la denuncia, Iglesias intentó desacreditar a las mujeres divulgando sus identidades —que habían sido protegidas por la Fiscalía—, mensajes personales y fotografías que las demandantes habían publicado en sus redes sociales.

Archivo de la denuncia

Unos 20 días después de la interposición de la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y tras tomar declaración a las denunciantes, este órgano decidió archivarla al no entender que existieran los suficientes “vínculos” entre Julio Iglesias y España como para que este país tuviera jurisdicción para investigarle.

Este rápido archivo se produjo sin entrar al fondo de los hechos y sin responder a tres peticiones clave que habían hecho las abogadas de Rebeca y Laura. La primera, que se tomaran medidas contra la difusión de información por parte del cantante sobre las denunciantes. La segunda consistía en la aportación de más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. Y la tercera, que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguna de las tres obtuvo respuesta.

La tercera petición estaba relacionada con la información que publicó elDiario.es sobre los visados de turista que permitían trasladar a España a empleadas domésticas para trabajar en verano en la casa que Julio Iglesias tiene en Málaga, sin contrato y con sueldos de 340 euros. Así era el caso de Carolina (nombre ficticio), otra de las extrabajadoras entrevistadas.

Yolanda Díaz no se retracta

A pesar del archivo, Women's Link Worldwide, la organización que defiende a Rebeca y Laura, anunció que estás mujeres seguirán adelante en la búsqueda de justicia. Pocos días después, Rebeca denunció a la policía del país en el que vive que estaba siendo objeto de vigilancia y seguimiento por parte de un detective privado español y que su marido había encontrado una baliza GPS en su automóvil. La investigación policial tendrá que determinar si estas actividades de seguridad privada las ha realizado un profesional acreditado únicamente en España, ya que de ser así, constituiría una sanción “grave”, según los expertos.

Ya en marzo, Iglesias demandó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz por sus opiniones al respecto de los testimonios de Rebeca y Laura, que calificó de “escalofriantes”. El acto de conciliación previo a la interposición de la querella se celebró el pasado 19 de mayo y, en él, la representación legal de Díaz rechazó retractarse de sus comentarios.

El Instituto Internacional de Prensa apoya a elDiario.es

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha mostrado su apoyo a elDiario.es en un comunicado. La organización dedicada a proteger la libertad de prensa en el mundo, con sede en Viena, dice que espera que se abandone la posibilidad de “una demanda por difamación y no se presente ninguna acusación penal tras la vista”.

Además, el IPI “respalda” al medio de comunicación y sus periodistas, y afirma estar dispuesto a ofrecer asistencia jurídica para hacer frente a lo que “parece ser una acción legal abusiva”.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional analizaron “cientos y cientos” de archivos informáticos “de carácter sexual” y con “mujeres inconscientes siendo agredidas” en la investigación sobre el sacerdote acusado de supuestamente agredir sexualmente a cuatro amigas, tras sedarlas, y grabar esos momentos. De hecho, en uno de los vídeos se ve la cara al procesado.

Así lo ha dicho la responsable de dicha unidad a nivel central, que llevó la investigación, en su comparecencia en la segunda sesión del juicio a este cura acusado de cuatro delitos de abuso sexual y de revelación y descubrimiento de secretos, en ambos casos con carácter continuado, y otros tantos delitos de lesiones.

Esta investigadora, instructora del atestado, ha explicado que en el material, dividido en carpetas con el nombre de cada víctima, se veía “mujeres inconscientes siendo agredidas”. Al respecto, otro de los investigadores ha apuntado a que el acusado habría utilizado la llamada 'droga de las violaciones', que deja a las víctimas “adormecidas”, que es transparente y que no deja sabor.

La responsable de la UFAM central también ha expresado que cuando se le tomó declaración a las mujeres no sabían nada; “no sabían ni que habían sido grabadas”; de hecho, ha apuntado, dos no quisieron ver las imágenes. “Fue un shock para ellas”, ha dicho, al tiempo que ha considerado que el acusado “se aprovecha” de la condición de sacerdote, que genera en estas víctimas “cercanía y confianza”.

Esta investigadora ha señalado que en uno de los vídeos aparece el acusado, al que “se le ve mientras está agrediendo” a una de las mujeres con “cara libidinosa”, y ha explicado que se hizo un informe para geolocalizar los vídeos y se determinó la fecha de las fotos; mientras que ha apuntado que no es posible precisar estos datos de los pantallazos que también había entre los archivos analizados.

Cómo llegaron los vídeos

Tanto esta investigadora como el instructor del atestado de la UFAM de Melilla ha explicado la forma en que llegó a la Policía Nacional el material, que la denunciante, novia entonces del acusado, encontró en un disco duro en la casa del procesado en dicha ciudad autónoma y copió en su ordenador. Esta puso los hechos en conocimiento de la Iglesia y también de un amigo policía.

Precisamente, este agente también ha declarado y ha explicado que la denunciante le enseñó las carpetas con nombres de mujeres y con archivos “de ámbito sexual bastante alto”. “Le digo que tiene que denunciar y ella es reticente porque era creyente y había intentado hablar con el obispo”, ha señalado, al tiempo que ha precisado que hizo copia en un pen drive del trabajo porque “entendía que había que preservar la prueba del delito”.

Tras tener las imágenes, hizo una nota interna por escrito y lo comunicó a sus superiores. En ese momento, comenzaron las gestiones primero en la UFAM de Melilla, con la participación también de la Fiscalía, y luego en la unidad a nivel central, sobre el material grabado en el pen drive pero también sobre un volcado formal del ordenador de la denunciante, han señalado los investigadores.

En esta sesión de este martes también ha declarado un testigo que era amigo del acusado, al que conoció por participar en campamentos religiosos, quien ha señalado que cuando se quedaban a dormir en las casas del acusado era este el que distribuía las habitaciones y dormía con las mujeres, lo que ha considerado normal por la relación de amistad que tenían.

La Diócesis de Málaga pidió este lunes la nulidad de las actuaciones contra Francisco Javier C., padre Fran, acusado de haber sedado, violado y fotografiado a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad entre 2012 y 2018. La Diócesis participa en el juicio como responsable civil subsidiaria: en el caso de que se declarara la culpabilidad del exsacerdote podría quedar obligada a afrontar el pago de las indemnizaciones a las cuatro mujeres, fijada por la Fiscalía en 300.000 euros para cada una.

El letrado de la Iglesia pidió volver al comienzo de la investigación con el argumento de que la Diócesis debió ser llamada antes como posible responsable civil subsidiaria, y que al no haber sido así se vulnera la igualdad entre las partes. La petición del abogado, formulada como cuestión previa al inicio del juicio contra el exsacerdote, fue rebatida por la Fiscalía y por las acusaciones particulares, y rechazada in voce por el Presidente de la Sala de la Audiencia Provincial que juzga al padre Fran.

La petición ante los jueces contrasta con las promesas de restitución ofrecidas el pasado viernes por el actual Obispo de Málaga, José Antonio Satué, quien aseguró que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro víctimas, incluso aunque no fuera condenada.

Aún se desconoce si el acusado podrá responder con su patrimonio de la condena económica que pudiera imponérsele, y el Obispado no ha formalizado el aval que anunció hace casi un año, que daría más seguridad de restitución que una póliza de seguros, según han subrayado los abogados de las víctimas, que han acusado a la Iglesia de poner “trabas” al insistir en una cuestión que ya fue resuelta: “Con sucesivos aplazamientos la Diócesis evita cumplir una resolución [el requerimiento para que preste fianza, bajo apercibimiento de embargo] y ahora pretende volver a suspender el juicio”, denunció uno de ellos.

Hechos ocurridos en la casa proporcionada por el Obispado

Francisco Javier C., de 37 años, está acusado de cuatro delitos de abuso sexual con penetración, cuatro de lesiones y cuatro de revelación de secretos, con las agravantes de abuso de confianza y alevosía. La Fiscalía pide para él 72 años de prisión.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado aprovechaba la relación de amistad y confianza con las víctimas, a las que conocía de encuentros de convivencia religiosa, para cometer los delitos. Compartían viajes y él las invitaba con frecuencia a dormir en casa de su madre o en su casa, cuando empezó a disfrutar de un domicilio propio que le proporcionaba el Obispado en la localidad malagueña de Ardales.  

Entonces, les suministraba algún tipo de narcótico, probablemente éxtasis líquido, que las dejaba en un estado de somnolencia que él aprovechaba para colocarlas en diferentes posiciones, penetrarlas con los dedos bucal, anal y vaginalmente y fotografiar y grabar esos momentos, según el relato de los hechos que hace la fiscal. Ninguna de ellas fue consciente de lo que él les hacía.

Algunos de estos hechos ocurrieron cuando ya era cura y en domicilios del Obispado. Francisco Javier fue ordenado sacerdote en 2017. Los hechos que se juzgan ocurrieron entre 2012 y 2018. Constan fotos y vídeos que documentan accesos carnales a las víctimas en 2017 y 2018.  

La Diócesis denuncia indefensión

Cuando se descubrieron los hechos, en septiembre de 2023, el Obispado trató de personarse como acusación particular (es decir, como víctima), pero fue rechazado tanto por la jueza de instrucción como por la propia Audiencia Provincial, en apelación. Más tarde, dictado ya el auto de procesamiento (es decir, en el cambio de la fase de instrucción a juicio) se personó como responsable civil subsidiario. Hoy su abogado ha comparecido acompañado del abogado de una aseguradora.

Para justificar su pretensión de dar marcha atrás a todo, el abogado del Obispado argumentó este lunes que el hecho de no haber podido participar en la investigación desde el primer momento con la condición de posible responsable subsidiario de la indemnización que pudiera establecerse le ha impedido proponer diligencias y pruebas que podrían eximirle de toda responsabilidad.

Esto habría provocado una vulneración de su derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, por lo que procedería la “nulidad insubsanable de todo lo actuado y la retroacción al momento inicial para que la Diócesis pueda defenderse en igualdad de condiciones”, según expuso.

El letrado sugirió que la Fiscalía había maniobrado para impedirle estar desde el comienzo con la condición que ahora tiene. “¿Por qué no se invitó a la diócesis a personarse como responsable civil subsidiario? Creemos que para evitar que pudiera pedir diligencias de investigación que aclarara si lo era o no. Se podían haber practicado diligencias que aclararan que la diócesis no tiene ninguna participación. Se vulneró claramente sus derechos constitucionales a la defensa”.

El Presidente ha recordado que se anuló inicialmente el auto de procesamiento para permitir la personación del Obispado, y recalcando que no hay indefensión efectiva porque ha podido proponer prueba para el juicio y presentar escrito de conclusiones.

“Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”

Los hechos fueron descubiertos de forma casual en la Navidad de 2022 por su entonces pareja, que este lunes ha relatado su peripecia para poner en conocimiento de la Iglesia lo que había visto en el disco duro del padre Fran. “Como cristiana me sentí desamparada por la Iglesia”, ha dicho llorando.

Primero se lo contó al ayudante del padre Fran, luego al vicario (quien rechazó hasta cinco reuniones con ella y finalmente se enfadó cuando ella sugirió que estaba tratando de ocultar el caso, según ha relatado la mujer) y luego intentó relatarlo al entonces obispo, Jesús Catalá, sin conseguirlo. Le escribió cartas y le llamó por teléfono advirtiéndole de que había sido testigo de un delito que debía contarle en persona, y acabó presentándose en el Obispado. “No podía creer que me cerraran las puertas”, relató a los magistrados entre lágrimas.

Entre tanto, el padre Fran había sido trasladado de vuelta a la Península, primero a un retiro espiritual, y luego a un nuevo destino como párroco de El Burgo y Yunquera, dos pequeños pueblos de la Sierra de las Nieves, donde siguió ejerciendo el sacerdocio hasta pocos días antes de que la Policía lo detuviera en la llamada Operación Pájaro Espino, en el 11 de septiembre de 2023. Desde entonces está en prisión provisional.

El Obispado trató de llegar a una conformidad con las víctimas antes del juicio, que comenzó a celebrarse este mismo lunes. Este viernes, tres días antes de que comenzara el juicio, el actual Obispo, José Antonio Satué, pidió “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.

Satué avanzó que los abogados defenderían que la Diócesis no tiene responsabilidad, pero que si los tribunales declararan la culpabilidad del exsacerdote y exoneraran al Obispado, la Diócesis colaboraría en la reparación económica.

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de grabar más de 150 vídeos de mujeres en probadores de tiendas en centros comerciales al introducir su móvil por la pared de separación, o por debajo de la falda mientras enfocaba sus partes íntimas al pasear por un pasillo, entre otros hechos. Se le atribuyen 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además de uno de agresión sexual a una de las identificadas.

Según ha detallado el cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó cuando los agentes detuvieron a un hombre que había sido descubierto grabando con su móvil en el interior de un probador de ropa en una tienda de un centro comercial de Sevilla en junio de 2025. La víctima, una turista alemana, se percató de que un teléfono asomaba por debajo de la pared de separación del probador contiguo.

Durante el arresto, el investigado apagó el teléfono móvil, se negó a mostrar las imágenes y, en consecuencia, entorpeció la investigación. De hecho, en un primer momento fue puesto en libertad, si bien la autoridad judicial ordenó a la Policía Nacional que accediera al contenido del teléfono móvil, para su análisis.

Grabó a 94 mujeres

De esta manera, los investigadores hallaron más de 150 vídeos entre los que estaban los de 94 mujeres que habían sido grabadas en diferentes probadores de ropa de un conocido centro comercial sevillano mientras se desvestían, todo ello entre diciembre de 2024 y junio de 2025.

Su modus operandi consistía en dirigirse a las tiendas una vez acabada su jornada laboral y colocarse en el interior de uno de los probadores, para grabar con su teléfono móvil desde la parte inferior de la pared de separación o a través de un respiradero del probador contiguo.

Además, grababa en los pasillos de algunas tiendas a las clientas que le parecían más atractivas. Para ello, activaba la cámara de su teléfono móvil y, con disimulo, se acercaba a ellas para grabarlas por debajo de la falda o vestido, o simplemente enfocando a sus zonas íntimas.

Colocaba cámaras en los baños

Por otra parte, también grababa a sus vecinas a través de las ventanas, e incluso les colocaba una cesta de ropa en el suelo, con el teléfono móvil camuflado en el interior, para grabarlas por debajo de su falda al pasar, a sabiendas de que iban a transitar por esa zona del bloque de pisos donde residían.

Del mismo modo grabó en su propio domicilio desde el verano de 2022, pues había colocado cámaras en el baño e incluso en un dormitorio para captar desnudas a mujeres incluso de su ámbito más próximo.

Una de las víctimas que pudo ser identificada lo denunció no sólo por grabarla en la intimidad, sino también por abusar sexualmente de ella en 2022, días después de haber sido grabada. La víctima no dio a conocer los hechos en el momento “por miedo a no ser creída”, por lo que aprovechó que fue descubierto para denunciarlo también por estos hechos.

La investigación se ha producido en el seno de la operación Acteón. Al varón se le imputan un total de 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y uno de agresión sexual. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de este hombre, al que se le han incautado un total de tres teléfonos móviles y una tablet.

El obispo de Málaga, Jose Antonio Satué, ha asegurado que la Diócesis “está dispuesta a colaborar económicamente en la reparación de los daños” producidos a las cuatro mujeres víctimas de supuestos abusos sexuales por parte de un sacerdote, Francisco J.C., conocido como 'padre Fran' por sus feligreses, de 37 años y natural de Vélez-Málaga. Asimismo, por este caso destapado en 2023 ha pedido “perdón, en nombre de la Iglesia, a todas las personas que en ésta y en otras situaciones similares no han encontrado en la Iglesia la comprensión y el apoyo que debieron recibir”.

Así lo ha dicho Satué este viernes en rueda de prensa, convocada con motivo del juicio que comienza el próximo lunes en la Audiencia de Málaga contra este cura, para el que la Fiscalía pide 72 años de cárcel al acusarlo de presuntamente drogar a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas, y también por grabar esos momentos, en los que estaban inconscientes.

El acusado fue detenido en el marco de la operación Pájaro Espino, después de que una mujer que decía ser su pareja sentimental denunciase en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de Melilla que había localizado en el domicilio que ambos compartían un disco duro con fotografías y vídeos de contenido sexual. En ellos aparecían varias mujeres semidesnudas, dormidas o bajo los efectos de algún sedante, feligresas del propio Francisco J.C. a las que les realizaba todo tipo de prácticas sexuales desde 2017.

Además de en Melilla, también ejerció su ministerio en varias parroquias de las provincias de Córdoba y Málaga, donde supuestamente tenía otra pareja sentimental. El arresto tuvo lugar en su localidad natal de Vélez-Málaga.

El Obispado ha sido llevado al procedimiento como responsable civil subsidiario, de forma que si se estima esa responsabilidad y el acusado es condenado tendría que responder de forma subsidiaria de las cantidades que se fijen para indemnizar a las víctimas. Al respecto, Satué ha expresado que los abogados “van a defender que a la Diócesis no se le debería exigir tal responsabilidad”.

No obstante, considera que el Obispado “no ha propiciado ni se ha favorecido ni ha mirado para otro lado cuando se han conocido las gravísimas acusaciones de abuso contra el sacerdote”. Pero ha aseverado que “aunque los tribunales exoneren a la Diócesis de esta responsabilidad civil subsidiaria, y en el caso de que se demostrase que el sacerdote es culpable, ésta, avanzando por el camino iniciado por la Iglesia, está dispuesta a colaborar también económicamente en la reparación de los daños producidos”.

“Reparar a las víctimas de abusos”

“Dicho con otras palabras, la Iglesia católica y, por supuesto, también nuestra Diócesis de Málaga, ha asumido el compromiso de reparar a las víctimas de abusos por parte de sacerdotes, incluso cuando los tribunales no obligan”, ha manifestado el obispo, quien ha expresado la “colaboración con la Justicia” y su “confianza en los tribunales”.

Satué se ha mostrado convencido de que “desde este Obispado se procuró afrontar esta situación adecuadamente”. No obstante, ha pedido perdón por parte de la Iglesia y ha apuntado que desde que llegó a Málaga (fue nombrado en junio de 2025) fue “conociendo poco a poco el camino que nos ha traído a este momento”.

Así, ha incidido en que esta situación “ha provocado y sigue provocando un sufrimiento muy, muy profundo en las personas y en las familias directamente afectadas” y también en los sacerdotes y feligreses de las parroquias “que han vivido esto de cerca”. En este sentido, ha asegurado que la postura de la Diócesis “no puede ser otra que la de colaborar para que los tribunales puedan esclarecer la verdad y hacer justicia”.

“Asumir la máxima responsabilidad”

El obispo ha informado de que hace un mes trasladó, a través de los abogados, a las mujeres afectadas su disponibilidad para encontrarse con ellas, “para escucharlas y para explicarles, si lo desean, la posición de la Iglesia ante esta situación” y ha dicho entender que “con la tensión que deben de vivir en este tiempo previo al juicio, no hayan hecho uso de este ofrecimiento”.

“Reafirmo el compromiso de la Iglesia de asumir con la máxima responsabilidad cualquier denuncia de abuso y de garantizar de hacer todo lo posible para que nuestros espacios sean entornos verdaderamente seguros, libres de cualquier forma de violencia o de abuso y renuevo nuestra voluntad más decidida de escuchar, acompañar y, en la medida de lo posible, de reparar a las víctimas”, ha dicho.

También ha señalado que desde el Obispado se ha trasladado a los abogados de las mujeres afectadas la posibilidad en cuanto a la reparación del daño, “pero no se ha iniciado todavía ese diálogo”, también a la espera de lo que resulte finalmente del juicio en cuanto al acusado.

“No puede ejercer el sacerdocio”

Sobre el proceder dentro de la Iglesia, ha señalado que tuvieron conocimiento en agosto de 2023 y que al mes siguiente se decretó un proceso canónico en el propio Obispado malagueño “con el objeto de esclarecer la verdad”. Este procedimiento quedó a la espera de una resolución de los tribunales ordinarios, ya que, ha explicado que estos tribunales “tienen muchos más medios”. El Obispado, por cierto, no fue admitido por el juez como acusación en el caso.

El obispo ha apuntado que actualmente el acusado es “un sacerdote que no puede ejercer el sacerdocio” y ha indicado que “recientemente, con el fin de garantizar la independencia de este proceso canónico”, ha propuesto al Tribunal de la Rota de Madrid que lo instruya “y este tribunal, dependiente de la Nunciatura Apostólica, ha aceptado”. Será este proceso, junto con el resultado del juicio, el que dé “la respuesta definitiva”.

Asimismo, ha señalado que esa posibilidad de reunión se ha dado también al sacerdote acusado y ha dicho que seguirá “abierto a encontrarme, a escuchar a todas las partes, sea cual sea el resultado del juicio”.

“Ninguna querella ni intento de amedrentar va a evitar que la vicepresidenta haga ejercicio de su libertad de expresión, en este caso concreto para referirse a una información periodística”. Estas contundentes declaraciones vienen del equipo de comunicación de Yolanda Díaz, y las informaciones periodísticas a las que hace alusión las publicó elDiario.es y Univision Noticias a partir del pasado 13 de enero.

Estamos hablando de la exclusiva en la que dos exempleadas de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales. Muchas personas se preguntan en qué punto está este tema. Hay varios frentes judiciales abiertos, así que vamos uno a uno:

Iglesias contra la Fiscalía

Rebeca y Laura (nombres ficticios), extrabajadoras de Julio Iglesias (del hogar y fisioterapeuta, respectivamente) acudieron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España para denunciar unos hechos presuntamente ocurridos en Bahamas y República Dominicana. Para ellas, se trataba de diversos delitos de violencia sexual y contra los derechos de los trabajadores. Después de tomarles declaración y tras un breve periodo de reflexión, la Fiscalía archivó esta denuncia al considerar que España no tiene jurisdicción para investigar estos hechos. Dijo que no había suficientes “vínculos” de Julio Iglesias con España como para abrir una investigación.

A pesar del archivo, Iglesias no ha parado de solicitar el texto de la denuncia. Como no se lo dieron, ha acudido a la vía judicial contencioso-administrativa. La Fiscalía se opone a ello. Se espera en breve una resolución de este caso.

Iglesias contra la vicepresidenta del Gobierno

Yolanda Díaz fue citada a un acto de conciliación esta semana, el martes. Iglesias consideró que había emitido unas declaraciones injuriosas y calumniosas, debido a un mensaje en Bluesky y una intervención en La Hora de la 1. No deja de ser curioso que de las miles de personas que dieron su opinión sobre los testimonios en aquellos días, la única contra la que se quiera demandar sea un alto cargo del Gobierno de España.

“Las declaraciones de la vicepresidenta han respetado en todo momento la presunción de inocencia de Julio Iglesias y se han limitado a calificar de escalofriantes los testimonios de las extrabajadoras del artista, que le acusaban, en el marco de la investigación llevada a cabo por elDiario.es, de agresiones sexuales, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, y que denunciaban un ambiente de control y acoso continuo”, comentaban las fuentes del entorno de Díaz. Cabe recordar que Iglesias calificó las acusaciones de Rebeca y Laura como de “absolutamente falsas”. El cantante madrileño ya anunció en un comunicado que defendería su “dignidad” ante un “agravio tan grave”.

En el acto en sede judicial, la representación legal de Yolanda Díaz no se retractó. ¿Y ahora qué? Iglesias tiene un año para querellarse. La agencia Efe y la página web de agitación que habitualmente goza de exclusivas en relación a la representación legal de Julio Iglesias, aseguraron que el cantante se iba a querellar. Cuando elDiario.es se puso en contacto con su abogado, desde su despacho nos dijeron que no habían tomado ninguna decisión.

Iglesias contra las periodistas

Con el mismo procedimiento que Yolanda Díaz, Julio Iglesias ha puesto una demanda de conciliación a elDiario.es, a cuatro periodistas (Ana Requena, María Ramírez, Juanlu Sánchez y Elena Cabrera) y al director del periódico, Ignacio Escolar. Nos acusa falsamente de hacer “un montaje” con “personajes figurados”. Tenemos el acto de conciliación la semana que viene y, de igual manera, ya hemos anunciado que no nos vamos a retractar. Veremos si finalmente hay o no hay querella.

Los extrabajadores contra Julio Iglesias (y viceversa)

Son dos hermanos, Rogelio y Eleuterio Villanueva, que trabajaron para Iglesias en el mantenimiento de la villa de Punta Cana durante años y fueron despedidos de manera fulminante cuando llegó la pandemia. Ellos consideran que merecen una indemnización por despido improcedente y por eso le denunciaron en República Dominicana.

Los Villanueva perdieron el primer juicio, recurrieron y ganaron en la siguiente instancia, que fue apelada por Iglesias. Ahora están esperando la resolución pues la semana pasada acabó el plazo de conciliación del último juicio. La sentencia puede tardar dos o tres meses en llegar, según su abogado. En declaraciones a elDiario.es, Rogelio Villanueva dijo hace unos días: “Hasta ahora solo tenemos esperanza. Nada más”. La representación legal de Julio Iglesias rechazó comentar sobre este caso.

Las mujeres denunciantes contra Julio Iglesias

Aunque la fiscalía archivó la causa, tal y como dijeron sus abogadas Laura y Rebeca seguirán buscando una vía de acceso a la justicia. Su batalla no ha terminado.

Escuelas Pías de Tenerife ha anunciado en un segundo comunicado este jueves que ha trasladado al cura denunciado por pederastia a un lugar donde no tendrá contacto con menores. Según la circular, el sacerdote C.A.A no tenía ninguna responsabilidad docente ni ninguna labor pastoral encomendada en el centro. “Aun así, y aplicando nuestro protocolo de salvaguarda, la Institución ha procedido a su traslado a un lugar adecuado a su situación y avanzada edad, donde tampoco tendrá ningún contacto con menores ni estará vinculado a ningún entorno escolar”, asegura el centro.

Canarias Ahora publicó en exclusiva este 21 de mayo que un cura denunciado por pederastia en Colombia residía en este centro desde 2015. El denunciante es un antiguo alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, que alertó el pasado 5 de mayo por correo electrónico al superior de la orden de los escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., de nacionalidad española, y que en aquel momento, según denuncia, era coordinador de Primaria del centro. En ese correo advertía de que había tenido constancia de que este sacerdote residía en la actualidad en un colegio de España y que tenía contacto con menores, por lo que presentó denuncia ante la Fiscalía el pasado 19 de mayo.

“Desde que la Institución tuvo conocimiento de estos hechos, el padre no ha tenido contacto con menores ni con ningún alumno del centro. Asimismo, aplicando nuestro protocolo de salvaguarda, se adoptaron de manera inmediata medidas preventivas para evitar cualquier posibilidad de contacto con el alumnado mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes”, asegura el colegio.

Escuelas Pías de Tenerife envía este comunicado después de la inquietud mostrada por los padres y madres este jueves, tras la publicación de Canarias Ahora y tras presentar un escrito. “Queremos trasladarles, en primer lugar, un mensaje claro de tranquilidad y seguridad. Entendemos plenamente la inquietud que esta situación ha podido generar, y por ello queremos asegurarles que la protección de vuestros hijos e hijas, la seguridad del alumnado y la garantía de un entorno educativo seguro son nuestra máxima prioridad”, asegura el centro educativo.

Las Escuelas Pías han reiterado su “rechazo absoluto” a “cualquier forma de abuso o conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores”. Ante cualquier denuncia de esta naturaleza, “nuestra obligación es actuar con seriedad, prudencia, rigor y humanidad, protegiendo siempre a los menores y colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, apunta.

“Sabemos que esta situación puede generar inquietud. Por ello agradecemos la confianza, la responsabilidad y la preocupación expresada por las familias. Seguiremos actuando con firmeza, transparencia y sentido institucional, siempre desde el compromiso prioritario con la protección de los menores y con la tranquilidad de toda la comunidad educativa”, insisten desde el colegio.

Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife es un colegio concertado. Este periódico ha preguntado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias si tomaría medidas en relación a los hechos publicados o si podía ofrecer su valoración de los mismos, a lo que desde el área han respondido que no entran en los regímenes disciplinarios de centros privados ni concertados.

El escrito de las familias

Pocas horas después de la publicación de Canarias Ahora, el colegio envió una circular a las familias afirmando que, como medida cautelar, habían alejado al cura de los menores desde que tuvieron constancia de la denuncia. Este mediodía, las familias enviaron un escrito tanto a la dirección del centro como a la titularidad del mismo (Escuelas Pías Provincia de Betania), en el que manifestaban su disconformidad y su rechazo ante la ''flagrante insuficiencia'' de las medidas adoptadas.

Madres, padres y tutores legales del centro subrayaron que la decisión adoptada por el colegio era ineficaz si el religioso continuaba residiendo, transitando o permaneciendo dentro del perímetro inmobiliario, dependencias comunitarias o accesos compartidos del colegio.

Las familias subrayaron que el colegio no puede garantizar que el denunciado no coincida en las instalaciones del colegio con los niños, trasladando tanto a los menores como a las familias un ''riesgo potencial y una situación de intolerable alarma social''. Por ello, en el escrito daban un plazo máximo de 24 horas al colegio para que expulsara a C.A.A. del conjunto de las dependencias de Escuelas Pías de Santa Cruz de tenerife.

Así, el documento solicitaba que la orden religiosa reubicara al sacerdote en dependencias externas y absolutamente ajenas a cualquier entorno escolar o habitado por menores por razones de ''urgencia y protección'' del alumnado. Para verificar que la medida se ejecutara, las familias han pedido al centro que acredite documentalmente la salida efectiva del cura del centro.

La denuncia en Fiscalía

En la denuncia presentada por el exalumno ante la Fiscalía, este relata que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”.

El denunciante asegura que actualmente aún recibe ayuda psicológica y psiquiátrica y en una entrevista con Canarias Ahora explicó que ha guardado silencio durante 35 años y que sus padres se enteraron hace apenas unos días.

La respuesta del Obispado

Este periódico preguntó por este caso también al Obispado de Tenerife, que aseguró que: “El sacerdote religioso indicado no tiene encomendado ninguna labor pastoral en esta Diócesis. Por las consultas realizadas, nos resulta que sí reside en la comunidad de ese instituto religioso en esta diócesis, pero desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña al interno de la misma”, apuntó.

“Con fecha 8 de mayo se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba del citado religioso y una denuncia contra el mismo. Información que hemos remitido al Superior provincial, quien tiene la competencia sobre el sacerdote”, agregó la Diócesis Nivariense. La página web a la que hace referencia la Diócesis en su respuesta es el medio de comunicación Hacia el umbral, donde trabaja el periodista Miguel Ángel Estupiñán. Él, junto al periodista Juan Pablo Barrientos, logró que la Corte Constitucional de Colombia ordenara a la Iglesia católica del país desclasificar los archivos de los casos de pederastia en 2025. En esta web publicó la denuncia contra el cura español C.A.A. y advirtió de que el supuesto agresor seguía vivo y en contacto con menores en España.

Un cura acusado de pederastia reside desde 2015 en el colegio concertado Escuelas Pías de Tenerife, en la capital tinerfeña. El pasado 5 de mayo, un exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, en Colombia, alertó al superior general de los padres escolapios de que cuando tenía ocho años y cursaba tercero de Primaria, en el año 1992, sufrió abusos sexuales por parte del cura C. A. A., que era, según denuncia, coordinador de Primaria del centro. En dicho correo electrónico señalaba que tenía entendido que ese sacerdote reside en la actualidad en un colegio religioso de Tenerife, y pedía confirmar si esto era cierto. 

“Si eso es así, les pido que lo suspendan y lo retiren de todo contacto con menores de edad, en el marco de la investigación eclesiástica que ustedes tienen el deber de iniciar en atención a esta, mi denuncia”, añadía en su correo el denunciante, que también solicita justicia y que esta “incluye no solamente verdad, sino también reparación”. 

Este correo, al que ha tenido acceso este periódico, fue respondido por el delegado de Salvaguarda de las Escuelas Pías, de la Curia General en Roma, quien aseguró al denunciante que agradece “el valor” que había tenido en escribirles. “Somos conscientes de la seriedad de lo que nos ha transmitido. Su escrito no es para nosotros algo que podamos ignorar ni demorar: es una obligación de actuar. Le aseguro que será tratado con la seriedad y el respeto que usted merece”, apunta. 

En esa respuesta se expone que se han “iniciado ya los pasos internos correspondientes, en coordinación con las provincias religiosas implicadas”. Además, le aseguraban que en los próximos días “alguien de la institución se pondrá en contacto con usted para concretar un espacio de escucha”. 

A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas

Las Escuelas Pías han respondido a este periódico que el cura reside en la comunidad escolapia de Santa Cruz de Tenerife desde 2015. “En la actualidad no tiene responsabilidades docentes ni funciones de atención directa al alumnado del colegio, ni tiene encomendada ninguna labor pastoral en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna’’, han señalado. La institución afirma que, desde que tuvieron conocimiento de la denuncia, ''se han adoptado medidas para evitar cualquier contacto con menores de edad mientras se desarrollan los correspondientes procedimientos''. 

La Diócesis Nivariense ha confirmado a este periódico que ese cura no tiene encomendada ninguna labor pastoral en esta Diócesis, pero sí que reside “en la comunidad de ese instituto religioso en esta diócesis”. “Desconocemos cuánto tiempo lleva en la misma y qué funciones desempeña al interno de la misma”, mantienen. 

También han confirmado que el pasado 8 de mayo se recibió un correo electrónico con un enlace a una página web en la que se hablaba del citado religioso y una denuncia contra el mismo. “Una información que hemos remitido al Superior provincial, quien tiene la competencia sobre el sacerdote”, afirman.

La página web a la que hace referencia la Diócesis en su respuesta es el medio de comunicación Hacia el umbral, donde trabaja el periodista Miguel Ángel Estupiñán. Él, junto al periodista Juan Pablo Barrientos, logró que la Corte Constitucional de Colombia ordenara a la Iglesia católica del país desclasificar los archivos de los casos de pederastia en 2025. En esta web publicó la denuncia contra el cura español C.A.A. y advirtió de que el supuesto agresor seguía vivo y en contacto con menores en España. 

El relato del denunciante

Este periódico ha recabado la versión del denunciante, que explica que lleva 35 años en silencio y que su familia se enteró de los hechos hace apenas unos 20 días. El denunciante, además de la denuncia interna en la Iglesia, también ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Colombia este 19 de mayo. 

En esa denuncia, explica que el cura le citó en repetidas ocasiones en su oficina donde le “tocaba” o se “masturba él”. “Era muy pequeño y tenía pánico”, relata en la denuncia. “En lo que creo fue la última vez que me tocó, salí llorando de su oficina y como fue evidente que estaba mal, él les dijo a mis padres que lo mejor era sacarme a mitad de año, porque no iba bien en las notas y seguramente iba a perder el año. Con esa excusa fui retirado de ese colegio”, apunta en la denuncia. 

“A la fecha, sigo asistiendo a psicólogo y psiquiatra, y estoy medicado. He bloqueado muchos recuerdos, pero cuando comienzo a escarbar, empiezo a recordar más cosas”, agrega en su denuncia. La Fiscalía de Colombia ha señalado que en los próximos días se le informará si los hechos reportados darán lugar a la apertura de diligencias. 

En una conversación con este periódico, el denunciante reitera que los presuntos abusos sexuales se cometieron cuando él era alumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, un centro al que asegura que acuden niños y niñas de familias pudientes. Asegura que el cura le llegó a decir a su madre que él había bajado su rendimiento para que se lo llevara del colegio. “El tipo se asustó y lo que hizo fue sacarme del colegio, echarme del colegio”, asegura. “Todo el mundo está aterrado porque en Cúcuta el tipo era una eminencia, todo el mundo lo quería”, afirma a esta redacción. 

Activación de protocolos internos 

Las Escuelas Pías aseguran que, tras tener conocimiento de la denuncia presentada por el exalumno del Colegio Calasanz de Cúcuta, han activado “de manera inmediata los protocolos de salvaguarda previstos para este tipo de situaciones y se ha puesto a disposición de las autoridades civiles y jurídicas''. ‘’Desde el primer momento, la institución ha actuado con voluntad de escucha, respeto y acompañamiento hacia la persona que ha denunciado los hechos, entendiendo la gravedad y el impacto humano que puede existir detrás de cualquier relato relacionado con abusos a menores'', añaden.

Sobre las medidas adoptadas, el centro responde que estas incluyen “actuaciones cautelares de carácter preventivo mientras se desarrollan las correspondientes verificaciones e investigaciones jurídicas y canónicas”. Asimismo, insisten en que la finalidad es proteger a todas las partes implicadas ''sin que supongan anticipar conclusiones sobre la determinación de responsabilidades ni menoscabar el principio de presunción de inocencia y con la voluntad de acompañar y escuchar a la persona que denuncia tales hechos''. 

En el comunicado remitido este miércoles a este periódico en respuesta a las preguntas formuladas el pasado 15 de mayo, no se menciona si entre estas medidas está la expulsión del cura denunciado de las instalaciones del centro escolar de Santa Cruz de Tenerife. 

La institución ha querido reiterar ‘’su rechazo absoluto a cualquier conducta que vulnere la libertad, la dignidad o la integridad de los menores“ y ”su compromiso permanente con la protección de la infancia y la creación de entornos seguros’’. Además, han señalado que como los hechos se han denunciado en Colombia, cualquier procedimiento civil o eclesiástico deberá desarrollarse conforme a la legislación y jurisdicción competentes de dicho país. 

“Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido'', apuntan. En esta línea, insisten en que ''cualquier denuncia relacionada con abusos exige una respuesta seria, rigurosa, prudente y profundamente humana”. 

El recorrido del cura 

El colegio Calasanz de Cúcuta de Colombia, donde el denunciante relata que se produjeron los abusos por parte de C.A.A., fue fundado en 1954 y pertenece a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías o Padres Escolapios. Se trata de un colegio privado, localizado en el departamento Norte de Santander, al que acuden generalmente familias de clase alta. 

C.A.A., de nacionalidad española, llegó a Colombia el 29 de enero de 1971, según un documento oficial de la orden religiosa emitido en respuesta a un derecho de petición elevado en 2023 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos Hoyos. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que el cura estuvo en Cúcuta desde esa fecha hasta enero de 1972. A partir de entonces fue prefecto de Primaria en Bogotá. En Semana Santa de 1983 volvió a Cúcuta como prefecto de Primaria, y allí permaneció hasta el 5 de abril de 1993, un año después de los hechos denunciados.

Los datos ofrecidos por la orden religiosa no aclaran dónde estuvo C.A.A. entre 1993 y 1996. En enero de ese año fue formador de aspirantes en la Casa de Formación del Paraíso de Bogotá, y en enero de 2002 fue trasladado a la ciudad colombiana de Pereira. La última información que ofrece el documento confirma que en 2023 el cura ya estaba en “la provincia de Betania (España)'', una de las demarcaciones administrativas en las que se divide la orden religiosa de los Escolapios.

Las Escuelas Pías mantienen plena disposición de colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas en todo aquello que sea requerido

Tal y como ha confirmado este periódico, C.A.A. vive en el colegio concertado Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife. Este centro, instalado en un inmueble emblemático en lo alto de la ciudad, ofrece todos los niveles de enseñanza, desde la educación infantil hasta el bachillerato, incluyendo primaria y secundaria. También se ofertan ciclos formativos de grado básico de Informática y Comunicaciones.

El edificio principal del colegio es un castillo neogótico. Según fuentes consultadas por este periódico, los curas viven en una parte de él y en otra están la capilla (que se usa como salón de actos), los despachos del profesorado, la dirección del colegio y el comedor. En esta zona, explican, se dan las clases de Secundaria y Bachillerato. Frente a él, en otro edificio más reciente construido en el año 2000, se imparten las clases de Primaria e Infantil. 

Casos en Canarias 

En marzo, el Gobierno de España y la Iglesia firmaron un protocolo para reparar a las víctimas de pederastia y “reconocer y promover su dignidad y su memoria”, así como asegurar la justicia y la reparación con medidas simbólicas o económicas o con acompañamiento psicológico. Esta vía de reparación ya está en vigor y se puede tramitar ante la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 

El informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica publicado por el Defensor del Pueblo en octubre de 2023 recoge hasta 26 localizaciones en Canarias donde se han denunciado abusos sexuales. El documento aclara que cada localización ‘’no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima''. ''De hecho, hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo'', especifica el monográfico.

Entre estas 26 localizaciones hay parroquias, colegios, residencias, seminarios, domicilios particulares, basílicas, casas parroquiales y centros residenciales. De ellas, 16 pertenecen a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 10 a la de Las Palmas. 

Una decena de nuevas víctimas potenciales del financiero y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein se han dirigido a la justicia francesa con la intención de ofrecer sus testimonios, según ha explicado este domingo la fiscal de París, Laure Beccuau.

En una entrevista radiotelevisada por Public Sénat y RTL, Beccuau ha señalado que esas personas han dado el paso tras el llamamiento que hizo a comienzos de año, en el marco de la investigación puesta en marcha por “trata de seres humanos” y después de que la Administración de Estados Unidos publicara miles de documentos de Epstein, muerto en prisión en 2019.

La fiscal ha indicado que se tomará testimonio a estas presuntas víctimas, algunas de las cuales viven fuera de Francia, pero antes de eso los investigadores quieren “estructurar” su conocimiento sobre “la relación de Epstein con el conjunto de los protagonistas”, en particular estudiando los documentos puestos en línea por Estados Unidos.

Preguntada por si ha experimentado algún tipo de presión en la gestión de este caso, la representante del Ministerio Público respondió de forma tajante: “Absolutamente ninguna”.

Por otro lado, Beccuau avanzó que las denuncias interpuestas por mujeres que dicen haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante Patrick Bruel van a agruparse en la Fiscalía de Nanterre, el tribunal del extrarradio de París que es competente teniendo en cuenta el domicilio del artista.

Puntualizó que por las informaciones de las que dispone, hay por el momento cuatro denuncias contra Bruel, ya que no se contabiliza la anunciada este viernes por la presentadora de televisión Flavie Flament, que dice haber sufrido una violación en 1991 cuando tenía 16 años, y que no se ha notificado formalmente.

En el mes de febrero, la Fiscalía Financiera francesa llevó a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio tinerfeño de Los Realejos a un médico de Atención Primaria como presunto autor de varios delitos de agresión sexual cometidos durante las consultas en un centro de salud de la localidad.

La investigación se inició tras las denuncias interpuestas por varias pacientes que acudieron al facultativo para recibir información relacionada con los diferentes métodos anticonceptivos.

Según las manifestaciones recogidas, el detenido afirmaba formar parte de la Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios de Transmisión Sexual, y habría aprovechado dicha circunstancia para realizarles tocamientos injustificados bajo la excusa de efectuar exploraciones ginecológicas y mamarias, según informa la Policía en una nota.

Asimismo, los agentes comprobaron que el investigado realizaba citologías a las pacientes en su propia consulta, a última hora de la tarde y sin presencia de ninguna enfermera que le asistiese, pese a existir en el centro una unidad especializada para este tipo de pruebas. Según las denunciantes, el médico no entregaba informes clínicos de dichas exploraciones, limitándose a indicar verbalmente que los resultados eran correctos.

Las pesquisas policiales habrían permitido identificar hasta el momento a cuatro víctimas, todas ellas entre los 17 y los 19 años, si bien, la investigación continúa abierta, no descartándose más perjudicadas.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Policia Nacional ha detingut dos homes acusats d'agredir sexualment una dona que es trobava de vacances a Mallorca i que va aconseguir escapar del vehicle en el qual presumptament van ocórrer els fets per demanar auxili en un habitatge proper. L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés provisional a la presó d'ambdós detinguts.

L'agressió es va produir la nit del passat 1 de maig a la localitat de Manacor. D'acord amb la informació proporcionada per la Policia, la víctima va entrar tota sola en un bar del municipi i va començar a conversar amb un home que es va apropar a la seva taula. Poc després s'hi va incorporar un segon individu, conegut del primer, i els tres van continuar prenent begudes junts.

La dona va relatar posteriorment que va començar a trobar-se malament després d'aixecar-se per anar al bany i tornar a la taula, on havia deixat la seva consumició. Segons la seva denúncia, va començar a patir símptomes que no es corresponien amb el consum normal de begudes alcohòliques. La Policia destaca que ambdós individus, just abans d'aixecar-se de la taula per abandonar el local, van insistir a la víctima perquè s'acabàs la consumició.

La víctima va explicar als investigadors que la seva intenció era demanar un taxi per tornar al seu hotel a causa del malestar que sentia. No obstant això, els dos homes es van oferir a acompanyar-la en cotxe, indicant que tenien el vehicle allà mateix.

A partir d'aquell moment, la dona va assegurar recordar únicament “flashes” del que havia succeït: segons va relatar, recordava haver pujat al cotxe i que es van aturar en un descampat, en una zona fosca i sense edificis. Pel que sembla, ambdós homes haurien aprofitat la situació en què es trobava per agredir-la sexualment a la part posterior del vehicle.

En un moment donat, la víctima va poder sortir corrents del vehicle, va creuar una carretera i va demanar auxili a la primera casa que va trobar. Els habitants de l'habitatge van alertar immediatament la Policia Nacional en veure l'estat en què es trobava la dona.

Un cop al lloc dels fets, els agents van traslladar la víctima a un centre hospitalari per activar el protocol d'atenció a víctimes d'agressió sexual i, posteriorment, la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) es va fer càrrec de la investigació.

Gràcies a la informació aportada per la denunciant, els investigadors van aconseguir identificar i localitzar els dos sospitosos en poc temps. La Policia també va intervenir el vehicle en què suposadament van ocórrer els fets per realitzar-hi una inspecció tecnicopolicial.

A més, durant la detenció d'un dels arrestats, els agents van trobar una caixa d'un medicament, un element que ara forma part de la investigació oberta sobre una possible submissió química. Els dos homes van ser posats a disposició judicial dilluns passat i el jutjat va decretar el seu ingrés provisional a presó.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial ha decretado el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

La agresión se produjo la noche del pasado 1 de mayo en la localidad de Manacor. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía, la víctima entró sola en un bar del municipio y comenzó a conversar con un hombre que se acercó a su mesa. Poco después se incorporó un segundo individuo, conocido del primero, y los tres continuaron tomando bebidas juntos.

La mujer relató posteriormente que empezó a encontrarse mal después de levantarse para ir al baño y regresar a la mesa, donde había dejado su consumición. Según su denuncia, comenzó a sufrir síntomas que no se correspondían con el consumo normal de bebidas alcohólicas. La Policía destaca que ambos individuos, justo antes de levantarse de la mesa para abandonar el local, insistieron a la víctima en que se terminase la consumición.

La víctima explicó a los investigadores que su intención era pedir un taxi para regresar a su hotel debido al malestar que sentía. Sin embargo, los dos hombres se ofrecieron a acompañarla en coche, indicando que tenían su coche allí mismo.

A partir de ese momento, la mujer aseguró recordar únicamente “flashes” de lo sucedido: según relató, recordó haber ido en el coche y que se pararon en un descampado en una zona oscura y sin edificios. Al parecer, ambos varones habrían aprovechado la situación en la que se encontraba para agredirla sexualmente en la parte trasera del vehículo.

En un momento dado, la víctima pudo salir a la carrera del vehículo, cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los moradores alertaron inmediatamente a la Policía Nacional al ver el estado en el que se encontraba la mujer.

Una vez allí, los agentes trasladaron a la víctima a un centro hospitalario para activar el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual y posteriormente la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación.

Gracias a la información aportada por la denunciante, los investigadores lograron identificar y localizar a los dos sospechosos en poco tiempo. La Policía también intervino el vehículo en el que supuestamente ocurrieron los hechos para realizar una inspección técnico-policial.

Además, durante la detención de uno de los arrestados, los agentes encontraron una caja de un medicamento, un elemento que ahora forma parte de la investigación abierta sobre una posible sumisión química. Los dos hombres fueron puestos a disposición judicial el pasado lunes y el juzgado decretó su ingreso provisional en prisión.

En algún punto me he sentido tan saturada sobre tantos temas que hoy por hoy rondan el mundo que no tenía muy claro sobre qué escribir sin caer en más de lo mismo y saturar aún más el mundo con más de lo mismo. Tuve opciones, escribir sobre más de lo mismo o hacer un artículo que pasara desapercibido con algún tema filosófico/reflexivo; pero me decanté por escribir más de lo mismo porque hablar de más de lo mismo me toca, me implica, hago parte de esas historias de las que se alimenta el mundo y son más de lo mismo.

Como todos y todas en este mundo, esperamos que estos temas de más de lo mismo dejen de existir porque cuando un tema se vuelve viral o 'más de lo mismo' como que se naturaliza, pierde la gracia y el poder, y sigue alimentando al sistema hostil, hermético en el que vivimos.

Hoy me di la oportunidad de hablarles del tema MeToo. Este año volvió a ser relevante este más de lo mismo y en esta ocasión, como en las anteriores, generó un impacto en mí que me hace reflexionar sobre cómo a pesar de que más de lo mismo tiende a naturalizar las problemáticas, este tema sigue haciéndome sentir pinchazos en el alma. Esto sucede porque hay temas de más de lo mismo que cuando lo has vivido en carne propia, sientes esa empatía dolorosa y quisquillosa que, sí tienes la oportunidad de comentarlo ampliamente y públicamente, no dudarías en dejar pasar esta oportunidad para hablar más de lo mismo. Es más fácil, como nos ha pasado a todas las víctimas de agresiones físicas, sexuales, verbales y psicológicas, escribirlo para el público que denunciarlo en lo privado.

Aunque vine a hablarles del movimiento MeToo, también quiero reflexionar sobre cómo el fantasma más de lo mismo ha naturalizado a las víctimas y a los victimarios de ese movimiento, que es tan fuerte y potente

Aunque vine a hablarles del movimiento MeToo, también quiero reflexionar sobre cómo el fantasma más de lo mismo ha naturalizado a las víctimas y a los victimarios de ese movimiento, que es tan fuerte y potente. Empiezo por el final: el sistema grita en silencios ensordecedores frente a los abusos sistemáticos hacia las niñas, jóvenes y mujeres adultas que hemos pasado, en algún momento de nuestras vidas, por una situación de violencia históricamente sistemática. En la actualidad tenemos menos pudor para enfrentar estas situaciones en público, pero yo creo que jamás se nos había ignorado tan descaradamente; existen personas en pleno siglo XXI que preguntan cosas como ¿y por qué no lo has denunciado?, ¿y por qué sigues viviendo con él?, ¿y por qué le abriste la puerta?, ¿por qué no renunciaste?, ¿por qué no le paraste el carro?, etc. Como si fueran cuestiones en las que la sociedad, la justicia y el sistema en general, fuera a servir de red de apoyo, sosiego, justicia e intervención, etc. No todo lo obvio es tan obvio.

El fantasma más de lo mismo ha naturalizado los actores, protagonistas y hasta antagonistas de estas historias, y abiertamente es descarado el silencio ensordecedor de la sociedad, el sistema, la política, la cultura y hasta la economía, porque son situaciones que pasan por esa naturalidad de “como siempre han pasado y seguirán pasando”, pues palomitas y que comience la función.

Pienso que como sociedad nos ha costado reflexionar y aceptar que hemos criado/creado, acostumbrado/naturalizado/insensibilizado, justificado e ignorado (y que seguimos ignorando), conductas que deberían ser reprochables; esto me hace recordar las frases que ahora escucho mucho como “ay es que ya no se les puede decir nada porque todo es acoso”, y yo me vuelvo loca con esa frase, para serles honesta; y es ahí donde radica el problema ¿qué tipo de masculinidades hemos enseñado?, me parece que no supimos enseñarles a nuestros descendientes (y me incluyo hasta yo que no tengo hijos) que el respeto por el otro ser humano es simétrico y que independientemente de cómo sea físicamente, corporalmente, o personalmente y hasta psíquicamente el otro individuo, se deben respetar los límites. No es No.

Educar masculinidades positivas, voy a denominarlo así, en un mundo en el que se mercantiliza todo y se le ha puesto valor monetario a la moral, la ética y la autoestima, pues hoy es una utopía

Esto pareciera no ser tan difícil, pero educar masculinidades positivas, voy a denominarlo así, en un mundo en el que se mercantiliza todo y se le ha puesto valor monetario a la moral, la ética y la autoestima, pues hoy es una utopía.

¿De qué nos ha servido MeToo o hablar de más de lo mismo? Nos ha servido para crear una tendencia, ponerlo en el espectro público, sacarlo de debajo del tapete en el que nos limpiamos los zapatos antes de entrar a casa, darle visibilidad a una de las violencias sistemáticas que sufrimos las mujeres desde que existimos como especie humana (que tampoco tengo muy claro si en la edad Paleolítico ya había rasgos de masculinidades perversas, vamos a decirlo); y nos ha servido para que desde lo político y jurídico se establezcan ciertos criterios denunciables e intervencionistas, pero que situaciones como las de Epstein me llevan a pensar y sentir que todo esto es solo un saludo a la bandera de la “libertad moderna”, y que la justicia, la sociedad y la política no le ponen la cara a las víctimas, mientras se sigue perpetuando la violencia y siguen saliendo más y más victimarios. Silencio contemporáneo ensordecedor.

Aun así, movimientos como MeToo te ponen los pelos de punta porque te das cuenta que una vez y otra es más de lo mismo, que no estás sola, que no fuiste la única y que no era tu entorno el enfermo, es la humanidad, y que ahora este movimiento es una red que ha servido de apoyo a muchas mujeres víctimas del sistema patriarcal creando otro “sistema”, el de la voz, el de la búsqueda de la justicia, el del esclarecimiento de la verdad, tapada con eufemismos.

Este tipo de movimientos cuando se activan, temporalmente, es como si el fantasma más de lo mismo perdiera sus fuerzas invisibilizadoras, es como abrir los ojos y ver el horror a la cara, volvemos a tener fe en la justicia y repudiamos a los victimarios, pero esto es algo temporal, de nuevo se baja el telón, nos quedamos con esa sensación de desasosiego y mañana será un nuevo día para otras historias más.

Estos fenómenos sociales como MeToo y No Es Hora de Callar, por ejemplo, buscan desmantelar las estructuras de poder patriarcal y tienen un poder de transformación cultural y político que, a diferencia del siglo pasado, hemos avanzado considerablemente. Pero queremos más

Estos fenómenos sociales como MeToo y No Es Hora de Callar, por ejemplo, buscan desmantelar las estructuras de poder patriarcal y tienen un poder de transformación cultural y político que, a diferencia del siglo pasado, hemos avanzado considerablemente. Pero queremos más, queremos más que contra-narrativas, queremos justicia tradicional y social que realmente frene la situación, que disminuya los números, que protejan a las niñas que están naciendo, que prevenga, que aunque sea más de lo mismo no se invisibilice ni se insensibilice.

La violencia contra las mujeres es sistemático y se invisibiliza con el fantasma más de lo mismo al igual que con los movimientos y fenómenos sociales como MeToo. Cuando una situación sale a la luz y se escandaliza la sociedad, toma fuerza y volvemos a ver la cara el horror de las masculinidades perversas que hemos creado, el fantasma más de lo mismo desaparece temporalmente, pero no pasa nada, el silencio vuelve a ser ensordecedor y volvemos como sociedad al estado ermitaño. Una reciente investigación periodística realizada por CNN desmanteló una comunidad virtual de hombres que intercambian consejos para drogar y abusar sexualmente de sus parejas, CNN la denominó “Rape Academy”. Se trata de una comunidad que se comunica por medio de chat grupales en plataformas como Telegram y publican contenido pornográfico en páginas como Motherless. El objetivo de “Rape Academy” es ayudarse y animarse mutuamente a drogar y abusar sexualmente de sus esposas, mientras ellas están sedadas, y posteriormente grabar la violación y compartirla en páginas pornográficas como Motherless. La idea es darse consejos entre sí para aprender a ejercer la violencia sexual contra las mujeres, básicamente, y por este motivo la cadena CNN en su investigación denomino a esta comunidad con ese nombre.

Este fenómeno reveló un sistema organizado que acumulo 62 millones de visualizaciones y que pone en evidencia la falla y falta de control de contenido, y la dificultad que tiene la justicia para frenar estas conductas. Y esto no es algo que solo queda en internet, muchos/as recordarán el caso de Dominique Pelicot que violó y drogó a su esposa, Gisèle, durante más de 20 años, además que coordinó encuentros con otros hombres para invitarlos a violarla mientras ella permanecía en estado de sedación. En total fueron 72 agresores, más de 200 violaciones, e hicieron más de 20.000 archivos audiovisuales del delito.

Mortherless es un sitio web que contiene más de 20.000 vídeos de la llamada “pornografía del sueño”, en la cual se muestran a mujeres inconscientes siendo abusadas. Tan solo en febrero de este año la plataforma registró alrededor de 62 millones de visitas; eso sí que nos debería, NO solo, poner los pelos de punta, sino hacer reflexiones y abrir muy bien los ojos sobre qué masculinidades estamos construyendo y hemos construido.

La respuesta legítima de algunos seres humanos ante esta situación es que el anonimato, la tecnología y la falta de regularización permite la expansión de estas redes. Vivimos ante un ecosistema digital donde la violencia sexual contra las mujeres se perpetúa, se enseña, se comparte, se monetiza a escala global y pareciera que nada se puede hacer.

Podemos hacer una lista interminable de grupos y comunidades de esta índole que se han desmantelado, por ejemplo: en Portugal se desmanteló un grupo por Telegram con más de 66.000 miembros que compartían violaciones, en Alemania otro de 73.000 en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, parejas e incluso hijas, en Italia el grupo 'Mia Moglie' tenía más de 32.000 hombres que compartían fotos íntimas de sus esposas y las vendían como mercancía; el grupo “ZZZ” en Telegram y donde participaban más de 1.000 hombres de España, Polonia, África Occidental, compartían información sobre cómo evitar que quedaran rasgos de drogas sedantes en el cuerpo de sus esposas/parejas íntimas y hasta vendían este tipo de drogas, informaban sobre las cantidades de la dosis a administrar, y se comercializaban y hacían streaming de las violaciones, llegándose a cobrar hasta 20 dólares por “entrada” online.

No son todos los hombres, pero algo estamos haciendo muy mal porque tampoco son pocos los hermanos, primos, padres, novios, esposos, amigos, conocidos, que acceden a esta información, que tienen esos comportamientos y que la construcción de su masculinidad está muy, muy, muy pervertida y malévola

Entonces sí, no son todos los hombres, pero algo estamos haciendo muy mal porque tampoco son pocos los hermanos, primos, padres, novios, esposos, amigos, conocidos, que acceden a esta información, que tienen esos comportamientos y que la construcción de su masculinidad está muy, muy, muy pervertida y malévola. Crear comunidades para aprender y compartir las agresiones físico-sexuales hacia las mujeres, es algo que como sociedad y desde el ámbito cultural debería hacernos cuestionar, cuánto daño le ha hecho el sistema patriarcal a las mujeres, que sigue sin proteger y que ahora desde lo político lo ideologiza hasta el punto de escuchar comentarios como: “no es para tanto, como exageran esas mujeres, ahora no se les puede ni mirar” etc, etc, etc…

Podría seguir haciendo reflexiones pero me está visitando el fantasma más de lo mismo y no me puedo extender más. Solo concluyo diciendo que el mundo tecnológico y globalizado nos ha estallado en la cara un horror humano, horror con el que cada día miles y miles de mujeres convivimos y sufrimos de ese abanico de violencia sistémica, física, psicológica, sexual, etc, y el sistema lo perpetúa, lo acobija y lo invisibiliza. Así como hay fenómenos sociales que redefine estructuras sistémicas, como lo vimos en este artículo, también se están fortaleciéndose comunidades Manosferas en las que se promueve todo tipo de violencias hacia las mujeres.

Yo no sé si hablar más de lo mismo nos acostumbra a que se nos pongan los pelos de punta y mañana será otro día, pero en lo personal creo, y tengo esperanzas, que estos movimientos y fenómenos sociales que redefinen y transforman las estructuras preestablecidas, nos llevarán a una justicia restaurativa y a establecer mecanismos de cuidado para las niñas y las jóvenes que vengan en camino; al igual esperaría, que nosotras las mujeres adultas no recreemos más esos modelos de masculinidades perversas y comencemos a deconstruir lo construido y a construir modelos masculinos más amigables con las demás.

Las víctimas optan por el Defensor del Pueblo. En dos semanas, según datos adelantados por la Ser y confirmados por elDiario.es, la nueva plataforma creada por el acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y Confer, ha recibido 300 solicitudes de reparación. Esta vía, que abría un canal de reparación fuera del control de la Iglesia para víctimas de la pederastia eclesial, ha recibido en apenas 15 días el doble de peticiones que el plan PRIVA desde su creación en febrero de 2025, hace más de un año. En concreto, las víctimas que optaron por ese canal, creado unilateralmente por la Iglesia, fueron 156.

Los datos conocidos este jueves revelan la necesidad de las víctimas de encontrar canales de reparación alternativos al establecido, unilateralmente, por la Iglesia, sin la participación estatal y sin que los supervivientes de la pederastia clerical estuvieran representados.

Según fuentes oficiales, desde que el PRIVA empezó a recibir solicitudes de reparación, en febrero de 2025, hasta primeros de abril, se han recibido 156 solitudes. 15 de ellas, por cierto, desde que se firmó el histórico protocolo para dotar al Defensor del Pueblo de la capacidad de decidir, bajo la tesis defendida por el ministro Bolaños (y censurada por los obispos): “El Estado determina la cuantía, la Iglesia paga”.

En total, desde PRIVA se han emitido 94 dictámenes de reparación integral. No hay cifras totales en cuantía económica, pero en marzo fueron ya dos millones en lo que tiene que ver con la primera parte de la reparación. De hecho, tal y como ha podido saber RD, entre las 300 solicitudes hay “varias” que buscan que se vuelva a valorar la indemnización recibida a través del canal episcopal.

La nueva vía para la reparación de las víctimas, que se tramita a través del Defensor del Pueblo, en vigor desde el 15 de abril, cuenta con la principal novedad de que las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación aprobado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán reclamar más dinero. El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.

Una vez que se presente una solicitud se estudiara el caso, se escuchará a las partes y la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y también económica) en un plazo máximo de tres meses. Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución. Si no hay acuerdo, la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. Otra de las novedades es que las víctimas verán reconocido su estado a efectos civiles.

Para Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR-Infancia Robada, “es una cantidad que no me resulta sorpresiva”. De hecho, tanto en ANIR como en AVA “estamos recibiendo llamadas de víctimas y supervivientes desde que se abrió el plazo”. “La cantidad seguirá subiendo”, augura.

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