El acusado de agredir sexualmente a su hija desde que tenía doce años y hasta que cumplió la mayoría de edad se ha declarado no culpable y ha afirmado así que el relato de la víctima es “falso”. No obstante, ha abonado 30.000 euros para indemnizarla y el fiscal ha rebajado en dos años la pena de cárcel solicitada para él, que se queda ahora en trece.

Este jueves se ha celebrado el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que la chica -que ha declarado a puerta cerrada- se ha ratificado en la denuncia. Ejerce la acusación particular y su abogada se ha adherido a la solicitud del ministerio público.

Mientras, la defensa ha insistido en la libre absolución de su cliente pero ha interesado que si es condenado se le impongan cuatro años y medio de prisión al haber consignado la totalidad de la responsabilidad civil por las secuelas psicológicas que padece su hija.

Los hechos fueron denunciados por la joven y según el ministerio público el procesado residía en España por motivos laborales y cuando regresaba al país donde estaba la menor, Ghana, “aprovechándose de su condición de padre y con intención de satisfacer sus impulsos sexuales, en diversas ocasiones le realizó tocamientos y la besó en los pechos bajo la ropa, sin que la misma se opusiera a tales actos ni se los relatase posteriormente a nadie, dada su corta edad”.

En este contexto, cuando la chica ya tenía 17 años, se trasladó a vivir a España junto con su padre y hermanos. Entonces, el acusado “prevaliéndose de su relación paternal”, reiteró las conductas, con tocamientos y hasta penetración con los dedos, “pese a que la misma le dijo en todas las ocasiones que no quería realizar tales actos”.

“¿Por qué quiere venir a vivir conmigo?”

“Si mi hija dice que soy agresivo en África, ¿por qué quiere venir a vivir aquí conmigo?”, se ha preguntado el implicado en el plenario durante el ejercicio de su derecho a la última palabra. Y a lo largo del interrogatorio, en el que ha contestado a preguntas de todas las partes, ha asegurado que “nunca” se quedaba solo con la joven en casa y ha apuntado a la influencia que la hermana mayor ejerce sobre ella, con la que tiene una “mala” relación desde que volvió de Erasmus.

A esta última la ha acusado de querer “dominar a todos, incluso a su madre” y de enfadarse si quiere algo “y no se lo das”. En este punto, ha dicho que la pidió que se pusiera a trabajar porque el único sueldo que sustentaba a la familia era el suyo, ya que la mujer quería dinero para continuar estudiando.

El fiscal se ha referido a un mensaje de 'Whastapp' que la niña escribió al acusado para decirle que quería que cesaran “los abrazos”, “los tocamientos” y que quería “una relación sana”, así como que únicamente le diera “la mano”, mensaje que el hombre ha achacado a que la chica tenía “vergüenza” de abrazarle porque estaba saliendo con un chico.

Hacerle feliz

La hermana mayor de la víctima e hija del acusado, que ha declarado como testigo, ha sido cuestionada por la defensa acerca de la “mala” relación con su padre desde que éste le pidió que trabajara, pero ha asegurado que los problemas entre ambos empezaron cuando conoció los hechos denunciados.

Al respecto, ha relatado que su hermana pequeña le contó que cuando se quedaba sola con el hombre en la casa donde convivían juntos, éste le realizaba tocamientos, que comenzaron en Ghana cuando contaba con 12 años y siguieron en España, y que no se lo dijo antes “por miedo”. También ha señalado que cuando la niña le pedía al padre que parara, el procesado le decía que “tenía que hacerle feliz”.

Según ha manifestado esta testigo, cuando supo lo ocurrido intentó poner medidas para que la víctima no se quedara a solas con él en la vivienda y ha indicado que acudieron a un centro de atención a víctimas de delitos sexuales.

En la prueba pericial, tanto los forenses que examinaron a la joven como la psicóloga que la atendió han ratificado los informes aportados y han coincidido en que presentaba depresión, que padecía pesadillas y que tenía pensamientos suicidas. Además, la especialista ha afirmado que el relato de la joven era “coherente, estable y congruente”.

Practicada toda la prueba testifical y pericial, las partes han modificado sus conclusiones y el juicio ha quedado visto sentencia.

Una mujer de 32 años es madre de un bebé que tiene seis meses y va a consulta médica porque siente una ansiedad intensa y rechazo a determinadas prácticas cotidianas de la crianza, especialmente al baño y al cambio de pañal. Refiere sentirse muy incómoda al tocar los genitales de su hijo, incluso dentro del cuidado. Durante el proceso terapéutico le viene un recuerdo de situaciones con un primo en la infancia, recuerdos fragmentarios inicialmente descritos como 'juegos raros' y, es a partir del nacimiento de su hijo cuando comienza a comprender que aquello no eran juegos, era en realidad violencia sexual.

Este es uno de los casos que ha explicado Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, para desarrollar lo que sienten las mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia y deciden ser madres, durante el Curso de Verano EHU 'Violencias y Maternaje', que ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario.

A la hora de tratar a estas mujeres, la experta ha recalcado que es importante trasladarles que la violencia sexual no es una sentencia de por vida. “Los procesos son distintos y es diferente si lo han contado a adultos y se han sentido escuchados, porque quien no se siente escuchado o no es creído cuando lo cuenta, sobre todo en el caso de los niños, deja de confiar en el ser humano, siente que nadie va a poder a ayudarle en la vida”, ha explicado.

Muchas veces el cuerpo recuerda la violencia sexual antes que la mente

Una de las cuestiones más complicadas de entender en el caso de la violencia sexual infantil es que el menor puede llegar a sentir placer y eso le lleva a la culpa. “La violencia sexual tiene que ver con la intromisión del adulto en el desarrollo de un niño. Es una intromisión muy fuerte que puede llegar a provocar mucha excitación y otras cosas que no pueden comprender porque muchas veces su propia cabeza no se lo permite. Tenemos a niñas que nos indican que su cabeza sentía asco y quería escapar, pero en su cuerpo sentía placer, algo que les descoloca del todo porque encima muchas veces los abusadores son sus familiares y eso les genera culpa porque les hace sentir cómplices”, ha indicado.

¿Qué ocurre en la maternidad con estas mujeres que han sufrido violencia sexual en su infancia? Según ha señalado Lizarraga, la maternidad hace que llegue la resignificación del abuso, sobre todo desde el cuerpo. “Otro de los casos que hemos trabajado es el de una mujer que relata que durante el embarazo comenzó a tener episodios de angustia intensa sin causa aparente y que en el tercer trimestre empezó a tener sueños recurrentes con sensaciones corporales invasivas, sin imágenes claras. Tras el parto, estas sensaciones se intensificaron durante la lactancia y, justo después consigue poner palabras a una historia de abuso en la primera infancia, sin recuerdos organizados pero con un fuerte registro corporal porque el cuerpo recuerda antes que la mente”, ha apuntado.

Para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas

Esa vivencia corporal intensa, ha explicado la experta, hace que se reactive la historia personal de cada persona. “En una historia de violencia sexual en la que la víctima no recuerda lo que vivió, se produce un momento importante cuando su hijo o hija cumple la edad en la que la víctima fue abusada, lo que se entiende como 'el hijo como espejo'. Esto genera un impacto en la maternidad porque reactiva la historia personal y el trauma, dificulta la cercanía corporal y emocional con el menor y crea una hiperprotección maternal”, ha detallado.

“Tenemos a mujeres que evitan abrazar a sus hijos durante mucho rato y otras que crean una hipervigilancia que hacen que el menor no tenga ninguna autonomía ni se relacione con nadie con el objetivo de evitar la repetición de la violencia sexual. Eso también daña mucho a los chavales porque necesitan autonomía y contacto para experimentar y crecer. Otro de los problemas ocurre con mujeres que no han sabido identificar el abuso y, por tanto, no lo han trabajado. De alguna forma es como que tuvieran una especie de venda delante de los ojos que no les permite identificar las situaciones de abuso y eso incluso les lleva a repetirlas, a buscar parejas que son casualmente también abusadores y la historia se repite”, ha identificado la experta.

A modo de conclusión Lizarraga ha explicado que a la hora de trabajar con mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia, lo fundamental es “seguir sus tiempos”. “No se puede preguntar directamente acerca del abusador o del abuso, lo que hay que hacer es abordar la infancia preguntándole si dormía bien, si tenía buena relación con los adultos y aunque nos estén relatando una situación de violencia sexual no debemos nombrarlo como tal si ellas no lo han nombrado así primero, debemos usar sus palabras con paciencia y sin juicios. Por ello, para estas mujeres la maternidad en la que se destapan los casos de violencia es una oportunidad para que el abuso no sea la experiencia central de sus vidas, para que no sean mujeres abusadas, sino mujeres que en un momento de su vida sufrieron abuso. Con estas terapias y este trabajo conseguimos sacarles la violencia sexual de su identidad y así pueden ejercer una maternidad mucho más tranquila y satisfactoria”, ha concluido.

Un acusado de maltratar habitualmente y abusar sexualmente de su hija menor de edad con la que convivía en fines de semana alternos ha negado los hechos este martes en el juicio contra él, en el que ha explicado que solo le puso normas de convivencia.

“Le puse unas normas y nada más”, ha manifestado en la vista oral, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que la víctima ha declarado a puerta cerrada y las partes han elevado a definitivas sus conclusiones.

Así, el fiscal mantiene su petición de más de nueve años y cuatro meses de prisión por un delito de maltrato habitual, otro continuado de abuso sexual a menor y un tercero de maltrato físico de violencia doméstica. También reclama que indemnice a la joven en 7.000 euros por las secuelas psicológicas que padece.

Durante el interrogatorio, el enjuiciado ha explicado a preguntas de todas las partes que mantenía una “buena relación” con su hija y ha negado proferir insultos hacia ella ni que tuvieran discusiones, punto en el que ha alegado que solo le puso normas de convivencia.

También ha negado que entrara al baño mientras ella se duchaba o que le quitara la toalla, y a cuestiones concretas sobre la forma de vestir de la chica, ha manifestado que no le parecía “la correcta” en determinas ocasiones, pero ha rechazado que le llegara a romper la ropa.

Los hechos fueron denunciados por la madre de la menor y según el ministerio público el hombre se aprovechó de la “relación de confianza” que tenía con su hija para actuar “de forma habitual” y durante seis años “con ánimo de sumergir a la menor en un estado de temor, angustia, humillación y ansiedad permanente, cercenando su derecho a la libertad y a la seguridad”.

En este marco, sostiene el fiscal, llevó a cabo “de forma sistemática y reiterativa una conducta vejatoria, humillante y agresiva respecto de la menor, afectando a su integridad física y psíquica, y libertad e indemnidad sexual”.

Pero según el implicado, que durante el periodo de los hechos denunciados convivía con su madre y su hermana, la menor tenía problemas en el instituto, faltaba “muchísimo” a las clases, “le gustaba salir” e, incluso, le “quitaba” dinero a su madre “a escondidas”.

El procesado también ha argumentado que tenía problemas económicos y que tras divorciarse de su mujer no le podía pasar la pensión de manutención establecida.

Conocimiento por los Servicios Sociales

Por su parte, la madre de la chica y denunciante de los hechos ha asegurado haber presenciado agresiones del padre a la menor cuando se enfadaba y ha especificado que le daba “bofetadas, patadas... donde cuadraba”. Al respecto, ha relatado que en alguna ocasión la niña volvía a casa con moratones que justificaba en que “habían ido al río o habían estado con la bicicleta”.

También ha referido insultos del padre a las dos hijas, a las que según ha dicho llamaba “putas” o “guarras”, y ha afirmado de él que consumía cocaína.

La mujer ha relatado que tuvo conocimiento de los tocamientos denunciados por los Servicios Sociales ya que la menor había contado los hechos en el instituto. Ha afirmado que actuó siguiendo las recomendaciones de estos servicios y ha negado influir en su hija, que no le había dicho nada por “miedo” al pensar que “no la iba a creer”.

Asimismo, ha reconocido que la chica faltaba al centro educativo, que sufría bullying y que desapareció dos o tres días, por lo que interpuso la correspondiente denuncia.

En el plenario también han testificado la trabajadora social, el educador social y una psicóloga que atendieron a la menor, así como su jefa de estudios. Todos han coincidido en que la joven tenía dificultad para expresarse, que emocionalmente estaba “mal” y “muy afectada” y que “no había posibilidad de estar fingiendo”. “Me parece que decía la verdad. Eso no se lo inventan así gratuitamente los alumnos: es muy complicado”, ha expresado la docente.

Esta última ha detallado que vio marcas de heridas en la nariz y brazos de la víctima, y ha indicado que si bien en su momento le manifestó que se las había hecho con la bici, luego le confesó que la había “pegado” su padre.

La abuela: “No le voy a echar de casa”

Por la defensa han comparecido la madre y dos hermanas del enjuiciado, que han negado los golpes, insultos o maltratos del padre a su hija, aunque la abuela de la víctima ha apuntado que en su casa “tenía unas normas” y se ha referido la forma de vestir de la menor, que a veces iba “en sujetador y con el pantalón roto”.

Esta testigo ha relatado que a raíz de la denuncia preguntó a su nieta qué había pasado, y ha asegurado que le contestó que “nada”, que eran “cosas” de su “mamá”.

Para finalizar, ha señalado que pese a la orden de alejamiento establecida la niña siguió yendo a su casa, punto en el que ha indicado que la llevaba y recogía su madre y que en la vivienda estaba el padre. “Por allí andaba, en casa, no le voy a echar”, se ha justificado.

Practicada toda la prueba testifical y pericial, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales -el fiscal ha introducido pequeños cambios en cuanto a las peticiones de prohibición de comunicación y aproximación- y el juicio ha quedado visto para sentencia.

¿De qué manera afecta el trauma por haber sufrido algún tipo de violencia al proceso de la maternidad? ¿La violencia sufrida por la madre puede afectar al bebé? ¿Cómo se puede acompañar a una madre y sus hijos en el proceso? Con el objetivo de abordar estas cuestiones, el Curso de Verano de la EHU 'Violencias y Maternaje' ha reunido durante este lunes y martes a expertos en psicología, atención a las víctimas y el sistema sanitario, quienes han compartido sus experiencias y las limitaciones a las que se enfrentan en el acompañamiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia durante la maternidad en la red sociosanitaria de Euskadi.

En concreto en la mesa redonda sobre el acompañamiento y asistencia a estas mujeres han participado Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, Jon Bengoetxea Lopez, psicólogo y miembro del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia, Rosa Lizarraga Marañon psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia y, por último, Maria Ullate Rodríguez psicóloga sanitaria especializada en trauma e infancia, quien ha sido la encargada de moderar la conferencia.

Tras explicar las redes asistenciales y los recursos disponibles en Euskadi, los ponentes han abordado las limitaciones a las que se enfrentan en su día a día, así como los retos a la hora de desarrollar su labor de una forma correcta. En este sentido, Rosa Lizarraga Marañon, psicoterapeuta infanto-juvenil y especialista en atención a víctimas menores de abuso sexual, ha confesado que en muchas ocasiones los profesionales “no se atreven a intervenir” en casos de abuso sexual infantil, lo que dificulta su detección. “Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en situaciones muy complicadas y en muchas ocasiones no se atreven a intervenir porque da mucho miedo. Se viven muchas situaciones de violencia al margen del abuso sexual infantil y con ellas no hay tanto problema a la hora de abordarlo, pero cuando llegamos al abuso sexual infantil es algo que cuesta mucho y hace falta acompañamiento también a los profesionales que estamos en primera línea. El abuso sexual infantil en muchas ocasiones no se ve hasta que el niño o la niña puede hablar, hasta que no hablan a los niños y niñas no se les siente víctimas, cuando lo fundamental es la detección e intervención temprana en todos los casos de violencia”, ha argumentado.

Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles

En el caso del impacto de la violencia sobre la maternidad y la vivencia de las mujeres, Iker Usón González, jefe de Servicio de inclusión social y atención a la violencia machista contra las mujeres de la Diputación de Gipuzkoa, ha reconocido que “por un lado las mujeres padecen las consecuencias consecuencias de la violencia sobre su bienestar emocional, su autonomía y su proyecto vital, pero además, por otro lado, sufren el impacto que esa misma violencia tiene sobre su papel como madres y la relación con sus hijos e hijas”. “La maternidad ocupa un lugar central en la identidad y en la experiencia vital de muchas mujeres. Adecuar o comprender adecuadamente el impacto de la violencia exige incorporar también esta dimensión desde la perspectiva de los recursos especializados forales. Una de las limitaciones que históricamente hemos tenido es que muchas intervenciones, la mayoría, se han orientado prioritariamente a recuperar individualmente a la mujer. Sin embargo, la experiencia nos muestra que la maternidad no puede entenderse únicamente como una circunstancia más dentro de la vida de esas mujeres. Requiere una mirada específica”, ha apuntado.

Según ha detallado Usón, “la violencia machista ataca directamente a la función materna” y, en la mayoría de casos, esa es una de las estrategias del agresor. “La violencia genera miedo, inseguridad, aislamiento, hipervigilancia, desgaste emocional y un largo etcétera por desgracia, pero cuestiona permanentemente la capacidad que tiene la mujer de decidir, desautoriza su criterio, minimiza su papel dentro de la familia y en muchos casos instrumentaliza los propios hijos e hijas como una forma adicional de control y de maltrato. Y esto no lo sacamos de los libros, lo sacamos de los casos diarios. Este daño no es únicamente una consecuencia directa de la violencia. En muchas ocasiones constituye una estrategia deliberada del agresor. El agresor desacredita a la mujer también como madre, cuestiona sus decisiones, genera inseguridad sobre sus capacidades, obstaculiza los cuidados cotidianos y dificulta todas aquellas rutinas que proporcionan estabilidad y seguridad a los hijos e hijas. Por tanto, vemos que la violencia se ejerce contra la mujer, pero ataca también activamente el ejercicio de la maternidad. La consecuencia que nos encontramos es que muchas mujeres sienten que no han podido ejercer la maternidad como hubiesen deseado, como les hubiese gustado”, ha subrayado.

En este sentido, el experto ha recalcado que en el sistema de protección se encuentran a mujeres que “mayoritariamente intentan cuidar, proteger y educar a sus hijos en circunstancias extraordinariamente adversas”. “Junto al daño también debemos ser capaces de reconocer las capacidades. Muchas madres desarrollan estrategias activas de protección, incluso en contextos extremadamente difíciles. Realizan enormes esfuerzos para amortiguar el impacto de la violencia. Incluso podríamos decir que preservan espacios de seguridad dentro de lo que pueden hacer. Yo creo que desde los servicios especializados tratamos de identificar, de validar, de fortalecer estas capacidades, no porque el daño no exista, sino porque una intervención centrada exclusivamente en lo que falta, en el déficit, en las dificultades, puede invisibilizar”, ha destacado.

Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía

En el caso del parto, Sonsoles Merino Sanchez, matrona del Hospital Universitario Donostia, ha indicado que es fundamental ser conscientes de que el parto es una “experiencia de vulnerabilidad”, sobre todo para aquellas mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia. “Los paritorios son habitaciones en la que la cama está en el centro. Abren la puerta y la mujer está muy expuesta. Son situaciones en las que vemos que hay mucho miedo. Muchas mujeres no quieren que les hagan los tactos y terminan muchas veces en un parto instrumental con una episiotomía, con lo que supone todo eso. ¿Entonces, no somos conscientes de que incluso la arquitectura de los paritorios puede ayudar a proteger a esa mujer? La prevención es fundamental, así como la detección en las clases de preparación al parto y las consultas en todas las semanas de gestación. Tiene que haber un cribado, un acompañamiento y tenemos que tener personal formado en hacer preguntas relacionadas con la violencia que han podido sufrir estas mujeres”, ha destacado.

Ante las limitaciones, los profesionales han llegado a la conclusión de que es fundamental la comunicación y el trabajo conjunto entre distintos departamentos y Diputaciones. “Echo en falta equipos bisagra sociosanitarios, programas dentro de las Diputaciones que se ajusten a las necesidades de cada caso, porque hay realidades complejas y a veces la rigidez de la estructura institucional dificulta la adecuación de los recursos a las necesidades de cada mujer. Podrían plantearse la creación de equipos de profesionales sociosanitarios que hicieran, por ejemplo, bisagra entre sanidad y lo social”, ha propuesto la matrona.

Estas son algunas de las cuestiones que de forma general han abordado durante la primera jornada del curso, que a lo largo de este martes planteará cuestiones como la detección y acompañamiento desde la red sanitaria a mujeres víctimas de violencia en el periodo de embarazo, parto y post parto, la psicoterapia de la parentalidad en mujeres que han sufrido trauma o las consecuencias en el maternaje de las mujeres victimas de abuso sexual en la infancia.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado una carta al presidente de los obispos, Luis Argüello, en la que le afea su alusión al Gobierno como “banda de ladrones”. En la misiva, Bolaños expresa su “sorpresa” ante unas declaraciones que considera “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”.

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) participó este jueves en el cierre de unos cursos de verano, bajo el título 'El colapso de la democracia'. Durante su intervención, Argüello afirmó que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones”. Y añadió: “A las pruebas me remito”.

Estas palabras han sentado especialmente mal en el seno del Ejecutivo, que ha respondido a Argüello con una interpelación directa. “¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ”banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito“?”, escribe Bolaños, que a renglón seguido aclara que, “evidentemente sería falso y profundamente injusto”.

El ministro de Presidencia continúa su carta asegurando: “En las numerosas ocasiones en las que hemos conversado sobre este asunto, jamás he caído en una descalificación de ese calibre, por lo que le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

Argüello llegó a pedir el verano pasado la convocatoria de elecciones y ha participado en actos con el lider de Vox, Santiago Abascal. El ministro Bolaños ya envió otra carta al presidente de la CEE, en la que le reclamaba “neutralidad política de la Iglesia”, tras afirmar este que “preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes”, en una entrevista en La Vanguardia.

Bolaños, no obstante, deja la mano tendida a “una colaboración productiva y respetuosa”, para la que pone como ejemplo la reciente visita de León XIV a España. “Ha sido un rotundo éxito pastoral y social gracias al trabajo conjunto y a la cooperación que mostramos”.

El ministro cierra su carta con unas palabras de Prevost, que recordó que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lengua”, y una llamada a Argüello a “reconducir sus declaraciones públicas”, para que “sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos”.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto una condena de ocho años y medio de prisión a un entrenador de deportes de Gran Canaria como autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor.

Según la sentencia, los hechos sucedieron entre enero y junio de 2022, cuando el acusado era entrenador de la menor afectada en un equipo de voleibol en Gran Canaria.

El tribunal declara probado que, durante esa relación deportiva, el acusado agredió sexualmente en varias ocasiones a la víctima. La Sala considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración y aprecia la continuidad delictiva del artículo 74 del Código Penal.

La sentencia subraya que la prueba de cargo resultó suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y destaca, entre otros elementos, la coherencia del relato, su persistencia en el tiempo y la existencia de corroboraciones externas.

La resolución dedica especial atención al contexto de vulnerabilidad de la víctima, que era menor de edad, residía sola en la isla y dependía del acusado como figura de apoyo deportivo y personal.

También recoge que los informes forenses describen un cuadro compatible con estrés postraumático y ansiedad moderada, y que el tribunal valora ese impacto psíquico para fijar la responsabilidad civil.

La sentencia impone, además de la pena de prisión, nueve años de libertad vigilada, 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela y guarda, así como para profesiones u oficios con contacto regular y directo con menores durante 15 años. Asimismo, obliga al acusado a indemnizar a la víctima con 15.000 euros y acuerda la prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 500 metros y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de cárcel al sacerdote F.J.C.V.. 'padre Fran', al considerar probado que agredió sexualmente a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas para dejarlas inconscientes, y que también las grabó en ese estado. Además, se le impone que indemnice a cada una de las cuatro víctimas con distintas cantidades, de las cuales deberá responder subsidiariamente el Obispado de Málaga. la sentencia no es firme y puede ser recurrida.

En la sentencia, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Sala considera probado, tal y como señalaron la Fiscalía y las acusaciones particulares, que el acusado aprovechó “situaciones de amistad” con las víctimas, a las que había conocido en actividades religiosas, para ganarse su confianza y suministrarles una sustancia desconocida que les generaba una somnolencia tal que perdían la conciencia. Entonces, el sacerdote aprovechaba “satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima”.

Se le condena por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza, y se le impone 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso. Asimismo, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.

También se le condena por cuatro delitos de continuados de descubrimiento y revelación de secretos y se le impone por cada uno tres años de prisión. Igualmente, en relación con los anteriores delitos, se le impone libertad vigilada por un periodo de siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El acusado deberá indemnizar a las víctimas por las secuelas psíquicas y morales, según la sentencia, que no es firme; en concreto en las cantidades de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, haciendo un total de 403.129 euros. Unas cantidades de las que subsidiariamente deberá responder el Obispado de Málaga. El primer día de juicio, los abogados del Obispado trataron de revertir todo lo actuado pidiendo a los jueces que declararan la nulidad para poder practicar diligencias que supuestamente lo exonerarían de toda responsabilidad y que, según decían, no habían podido practicar. Solo tres días antes, el Obispo José Antonio Satué había pedido perdón y prometido que el Obispado colaboraría con la indemnización incluso aunque no fuese condenado. Esto, unido a la escasa diligencia en formalizar el aval que le había requerido la Audiencia, indignó a las acusaciones.

Los magistrados concluyen que su condición de cura fue esencial para cometer sus delitos, que no se pueden “desvincular” de su condición religiosa, porque es lo que le servía para ganarse la confianza de las víctimas: “No podemos asumir tal y como pretende la Diócesis de Málaga, separar lo ocurrido de la condición sacerdotal del acusado, ni por lo tanto parcelar o delimitar en función de los actos o momentos del día o de los actos lúdicos o religiosos a los que acudía, cual era su condición o el traje personal o religioso con el que se comportaba”. Además, muchos de los delitos se cometieron en viviendas del Obispado.

La fiscal y las acusaciones ejercidas por las cuatro víctimas solicitaban 72 años de prisión y 300.000 euros de indemnización para cada una de ellas.

Las víctimas no sabían nada

La sentencia recoge la trayectoria del 'Padre Fran' desde que ingresó como interno en septiembre de 2013. En 2016 fue ordenado diácono, y un año después, presbítero. En 2017 comenzó a ejercer el sacerdocio. Primero en Álora, Ardales y Carratraca (Málaga) y desde 2021 en Melilla. En todos esos años entabló múltiples relaciones de amistad durante actividades religiosas de convivencia o en romerías. Fue en ese “círculo de feligresía” como conoció a sus víctimas, que participaban de viajes con él y que en ocasiones dormían en viviendas a las que él les invitaba, alguna privativa y otras del Obispado en Málaga, Ardales o Melilla.

La sentencia considera probado que, aprovechando esa confianza, las drogaba con una sustancia desconocida, pero que adquiría porque era consumidor habitual de drogas, y una vez dormidas, las colocaba en diversas posturas y les realizaba tocamientos vaginales y anales, en ocasiones penetrándolas con los dedos o el pene, sacando fotografías o vídeos. “Tan manifiesta es la pérdida de conciencia, la nula capacidad intelectiva o cognitiva de entender lo que les estaba ocurriendo, que necesariamente hemos de concluir que ese estado había sido necesariamente inducido por el propio acusado”, recoge la sentencia.

Ninguna supo nada hasta muchos años después. En 2023, la Policía las llamó después de haber accedido a cientos de fotografías y vídeos que documentaban esos abusos, grabados por el propio 'Padre Fran', que había clasificado los archivos en carpetas con el nombre de sus víctimas. El shock para ellas fue absoluto, porque no recordaban nada.

Los archivos los había entregado la exnovia del 'Padre Fran', que mantenía una relación secreta con él. Los descubrió por casualidad buscando series en un disco duro externo que guardaba en un cajón del mueble del salón de su casa de Melilla, cuando él estaba de visita en Málaga por la Navidad de 2022.

Sin quiebra de la cadena de custodia

Tras informarle a él de su descubrimiento, ponerlo en conocimiento de un compañero de 'Padre Fran' y del vicario e intentar sin éxito hablar con el Obispo de Málaga, la mujer acabó mostrando el material a un Inspector de la Policía Nacional en Melilla seis meses después, en junio de 2023. El Policía se llevó parte de esos archivos en un dispositivo USB, y dio cuenta a la unidad especializada, que intervino el dispositivo poco después. La operación 'Pájaro Espino', que llevó a la detención del párroco, se desarrolló dos meses después, en septiembre, fecha desde la que permanecía en prisión provisional. Para entonces, 'Padre Fran' había regresado a Álora, donde el Obispado le había asignado la parroquía después de sacarlo de Melilla.

Sobre el juicio que ahora recibe sentencia pesaban dos cuestiones clave: la primera, las dudas sobre la obtención y la posterior cadena de custodia de la principal prueba de cargo, que son las fotos y vídeos donde se ve a las víctimas, en algún vídeo la cara del sacerdote y su pene, identificado por los peritos. Esos archivos fueron copiados por su expareja, que aportó la copia a los investigadores. Peritos informáticos ratificaron que eran auténticos y confirmaron la fecha y la ubicación en que se habían registrado. Los jueces no tienen ninguna duda de la admisibilidad de la prueba y subrayan que ella accedía a la vivienda del cura, de la que tenía la llave, y que el disco duro no estaba oculto. Tampoco ven quiebra en la cadena de custodia hasta que llegó el material a poder de la Unidad especializada de la Policía, ni después, ni hay duda alguna de que el material no fue alterado. Resulta “grotesco”, dicen los jueces, que el acusado pretendiera reconocerse a sí mismo, pero no los hechos que protagoniza en alguno de los vídeos que se le mostró durante el juicio.

Otra cuestión que sobrevolaba el caso era el grado de conocimiento que tuvieron otros miembros de la Iglesia y, particularmente, el Obispo de Málaga entonces, Rafael Catalá, y si había indicios suficientes para acusar a alguien por encubrimiento. No se dio el caso, porque esa vía quedó cegada ya en fase de instrucción, porque la jueza no vio suficiente material. Un sacerdote, el vicario y una amiga escucharon el relato de la denunciante, pero ella nunca les mostró el material y ellos no la creyeron. Y el Obispo, que no llegó a recibir a la denunciante, reubicó al cura y lo mandó a un retiro espiritual, pero supuestamente por su relación de pareja, no por sus delitos.

Con todo, los magistrados critican la “inactividad” de la Iglesia ante lo que iba sabiendo: “Ya no sólo tenían conocimiento de lo inadecuado del comportamiento del acusado [en referencia a comportamientos impropios en despedidas de soltero], sino de la forma más específica de la existencia de una relación sentimental con la denunciante, y que ella refería cuanto menos de forma creíble haber visto videos o fotografías de contenido sexual”.

Los magistrados observan que la denunciante informó primero a la Iglesia, y bastante más tarde a la Policía, “de una forma un tanto incomprensible”, pues eran ellos quienes podían investigar los hechos, con “diligencia, rapidez y racionalidad”. “Quizás, la vinculación que la misma mantenía con la Iglesia, o la existencia de un conflicto personal en relación con sus sentimientos religiosos y/o afectivos empujaran a la misma a obrar en la forma indicada, que si bien ciertamente resulta difícilmente defendible”, señalan.

El cardenal de Rabat, el salesiano español Cristóbal López Romero, de 74 años, ha sido acusado por al menos cinco mujeres de agresión sexual. Los hechos, desvelados por una investigación de Afp, habrían sucedido entre 2009 y 2024, tanto en Marruecos como en destinos anteriores. El purpurado ha pasado parte de su ministerio en Paraguay y Bolivia.

Las acusaciones incluirían supuestas agresiones sexuales, tocamientos no consentidos y abuso de autoridad espiritual. Una de las denunciantes recoge en el escrito, remitido a la Nunciatura de Rabat, que el purpurado mantuvo contactos físicos “inapropiados”, entre ellos abrazos “particularmente intensos y prolongados”, además de un intento de besarla.

El propio López ha negado los hechos, en conversación con elDiario.es, y ha confirmado un “paso atrás” y que se ha apartará “temporalmente” de sus funciones públicas mientras se desarrolla la investigación que ha incoado la Santa Sede. El cardenal insta además a los católicos de Rabat a hablar del tema en las parroquias y ha remitido al Servicio de Prevención de Abusos de la diócesis ante posibles denuncias. Roma, por el momento, no ha respondido a los requerimientos de la prensa, pero se remite al comunicado de López.

En un comunicado publicado por la Archidiócesis de Rabat, López Romero confirmó que se le “acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas”. “Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero”, añade.

Por su parte, fuentes judiciales marroquíes consultadas por Efe, confirman que “no hay ninguna denuncia por abuso ante la Justicia” contra el arzobispo de Rabat.

“Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral, y lo comprenderán”, continúa el comunicado de la diócesis.

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Un home ha acceptat aquest dimarts una condemna de dos anys de presó per abusar sexualment, en una torrada familiar, de la filla de la persona que treballava netejant la seva casa. La nena tenia aleshores set anys.

L'home ha reconegut que el 2021 va convidar la treballadora i els seus dos fills al seu domicili. En un moment donat, el processat va començar a jugar a fet i amaga amb els dos menors, ocultant-se amb la menor a la dutxa del bany, on va abusar sexualment d'ella. Tal com relata la Fiscalia, la nena es va quedar en xoc, sense poder fer cap tipus de moviment, fins que la mare els va cridar per menjar.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha dictat una sentència de conformitat després que les parts hagin assolit un pacte que evitarà la celebració del judici.

L'acord rebaixa la pena inicialment reclamada -quatre anys de presó- en tenir en compte el temps transcorregut des dels fets i que el condemnat ha abonat la indemnització de 3.000 euros que se li reclamava. La Sala ha acordat suspendre l'entrada a presó amb la condició de no cometre cap delicte en els propers tres anys.

Un hombre ha aceptado este martes una condena de dos años de prisión por abusar sexualmente, en una torrada familiar, de la hija de la persona que trabajaba limpiando su casa. La niña tenía entonces de siete años.

El varón ha reconocido que en 2021 invitó a la trabajadora y a sus dos hijos a su domicilio. En un momento dado, el procesado empezó a jugar al escondite con los dos menores, ocultándose junto a la menor en la ducha del cuarto de baño, donde abusó sexualmente de ella. Tal como relata la Fiscalía, la niña se quedó en shock, sin poder realizar ningún tipo de movimiento, hasta que la madre los llamó para comer.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha dictado una sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un pacto que evitará la celebración del juicio.

El acuerdo rebaja la pena inicialmente reclamada -cuatro años de cárcel- al tener en cuenta el tiempo transcurrido desde los hechos y que el condenado ha abonado la indemnización de 3.000 euros que se le reclamaba. La Sala ha acordado suspender la entrada en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos tres años.

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a una menor de 15 años a través de redes sociales en Cádiz.

Se trata de un individuo con un elevado número de antecedentes relacionados con delitos de violencia sobre la mujer.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada en el Puerto de Santa María (Cádiz) por parte de la madre de la menor, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.

En la misma, informaba a los agentes de que su hija habría conocido a un hombre mayor de edad través de una red social, quien, tras ganarse progresivamente su confianza, logró que le enviara numerosas fotografías y vídeos de contenido sexual.

Asimismo, el investigado llegó a amenazar a la menor con difundir dicho material si dejaba de atender sus peticiones.

Las pesquisas desarrolladas permitieron determinar que el detenido actuaba siguiendo un mismo modus operandi: en primer lugar localizaba a menores de edad a través de redes sociales y establecía contacto con ellas mediante conversaciones adaptadas a sus intereses y edad.

Una vez obtenida su confianza, trataba de continuar las comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea con la finalidad de obtener imágenes y vídeos de contenido sexual, agrega la Policía.

Posteriormente, cuando conseguía los primeros archivos, amenazaba a las víctimas con difundir el material entre su entorno si se negaban a continuar enviándole más contenido.

Las primeras gestiones de investigación permitieron averiguar que el presunto autor podría encontrarse en la isla de Tenerife, donde finalmente fue localizado y detenido por agentes de Policía Nacional de la isla.

Tras su arresto, se llevó a cabo el análisis del contenido de su teléfono móvil, donde se localizó una gran cantidad de imágenes y conversaciones mantenidas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, llegando a alcanzar la suma de más de 18.000 mensajes en un periodo de quince días.

Según la Policía Nacional, el estudio del dispositivo permitió atribuir al detenido la presunta autoría en los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y agresión sexual a la menor de 15 años.

La elevada cantidad de mensajes que intercambiaba el presunto autor con la víctima en un espacio de tiempo reducido evidenció el grado de dependencia emocional generada y el control ejercido por el investigado sobre la víctima.

Según se desprende de la investigación, llegó a imponerle pautas sobre su forma de vestir, las personas con quien debía relacionarse y su actividad en redes sociales, exigiéndole en varias ocasiones el bloqueo de muchos de sus amigos de las mismas.

Tras su detención, el autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Un informe interno de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha determinado que trabajadores de la organización abusaron sexualmente de refugiadas sudanesas que habían llegado a Chad huyendo de la guerra en el país. La investigación, espoleada por una denuncia de la situación publicada por la agencia Associated Press (AP), documentó 59 acusaciones de diversos tipos de explotación sexual y llevó al despido de 18 trabajadores.

El informe, cuyos extremos adelantó la semana pasada AP, se completó en julio y documenta episodios en que empleados de la ONG abusaron de menores o exigieron sexo a cambio de comida a refugiadas. Algunas de las actuaciones eran reiteradas, por lo que el informe plantea que se diesen situaciones de “tráfico sexual” organizado.

La ONG reconoce que el informe puede no incluir todos los casos reales por la renuencia de muchas mujeres a hablar abiertamente, y que no fue posible localizar a todos los responsables por la magnitud de la emergencia humanitaria —con cientos de miles de refugiados— y los cambios frecuentes en la plantilla. También aseguró a AP y confirma a elDiario.es que ha reforzado los sistemas de referencia para los candidatos y los sistemas para presentar quejas.

Investigación de 2024

Los abusos empezaron a investigarse en otoño de 2024 y las víctimas, además de refugiados, también son chadianas, y trabajadoras y contratistas de MSF. Algunos casos conllevaban la explotación sexual de refugiadas a cambio de comida, agua, leche o puestos de trabajo, así como casos de prostitución, también de menores de edad.

El informe detalla un caso de un bloque de un campo de refugiados en el que los líderes comunitarios impusieron un toque de queda para evitar que el personal de la ONG “visitase” a chicas jóvenes.

Además, a siete chicas contratadas se las llevó en coche a lo que en teoría eran zonas de distribución de agua y obras de construcción, pero en realidad era otra ubicación, donde se vieron “expuestas” a abusos sexuales y solicitudes de sexo, según el informe citado por AP. También se amenazó a trabajadoras chadianas con que perderían el trabajo si se negaban a tener relaciones con colegas o supervisores.

El informe no detalla los puestos de los que incurrieron en los abusos, pero señala que eran contratados locales, internacionales y contratistas.

Un juzgado sueco ha condenado este martes a cuatro años y cinco meses de prisión a un sexagenario que prostituyó durante tres años a su esposa, a la que ofreció a decenas de hombres.

El hombre, que pemanecía en prisión desde octubre, ha sido condenado por proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas, y deberá indemnizar a la víctima con unos 18.370 euros.

“El tribunal ha concluido que el hombre fue quien tomó la iniciativa para que la mujer empezara a vender sexo y ha sido quien administró gran parte del negocio”, señaló el juzgado de Ångermanland, ubicado en el norte de Suecia, en un comunicado.

Veintiocho personas han sido condenadas además por la compra de servicios sexuales, prohibida en Suecia, incluidos dos de ellos a penas de cárcel. La causa inicial incluía a cerca de 120 sospechosos, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, ya que el delito prescribe pasados dos años.

“Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella”, explicó en el comunicado el juez, Johan Ahlberg.

El tribunal considera no obstante que no ha quedado establecido que su participación fuera involuntaria, “principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos”.

El sexagenario ha sido absuelto de ocho cargos por violación: en siete de ellos no se ha establecido que la participación de la víctima fuera involuntaria y, en el otro, no se ha determinado qué tipo de acto sexual tuvo lugar. Durante el juicio, el hombre había negado las acusaciones.

El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros 'Ángeles del Infierno', tiene antecendentes por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos. Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado.

El documental español Sucia, dirigido por Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar, ha ganado el premio al mejor documental en el festival de Sheffield, uno de los más prestigiosos en el mundo de la no ficción. Esta victoria la precalifica y la hace elegible para la próxima edición de los Oscar. Es decir, la coloca entre la lista de películas que podrán optar al premio en la categoría de Mejor película documental. 

El jurado, cuando anunció el premió, valoró un filme en el que “a través de una narración valiente y una visión creativa extraordinaria, transforma el trauma personal en una reflexión colectiva”. Sucia se basa en la experiencia personal de la directora, la también actriz Bàrbara Mestanza, que sufrió abusos sexuales. En el filme se muestra cómo la sociedad juzga a la víctima, preguntándole por qué no se fue o por qué no hizo nada, en vez de analizar por qué esto sigue pasando. Mestanza sigue todo su proceso, incluido el de denuncia y hasta el judicial, en una obra que finalmente acaba mostrando también el poder sanador del arte. 

“Si bien se basa en la singularidad de la historia personal de la cineasta, la película se expande hacia afuera, planteando preguntas más amplias sobre la culpa, la vergüenza, el poder, la actuación y los sistemas que dan forma a nuestra complicidad en la violencia. Su edición rigurosa y convincente entrelaza años de creación artística y procesos legales, creando un viaje apasionante que desafía al público a la introspección y a examinar sus propias narrativas”, aseguró el jurado del festival de Sheffield.

El filme, que ya fue galardonado en el pasado Festival de Málaga, continúa así su exitosa carrera por los certámenes de documentales de todo el mundo. Para su directora y protagonista “es increíble haber podido llegar a ganar”. “No solo hacerlo fuera de nuestra casa, sino en un sitio dedicado a los documentales, algunos de ellos con grandes presupuestos y también grandes historias. Nos estamos dando cuenta de la magnitud del tema a través de cada festival al que estamos yendo, pero era muy difícil de imaginar que una cosa tan pequeña, tan pequeña y tan concreta pudiera ser el caballo de Troya perfecto para generar movimiento y y generar colectivo”, opina Mestanza del galardón. 

Recuerda los días de proyección del documental en Sheffield, donde la gente les ha parado y ha acudido a ellos “llorando y emocionados” incluso antes de saber el palmarés. “Para mí es importante resaltar que, al final, cuando te pasa una cosa como esta no te conviertes en alguien más fácil, sino más complejo. Me emociono no solo por haber podido hacer esta peli, sino por todas esas personas que han estado a mi lado”, añade.

Su productor, Pau Sanclemente, destaca “cómo una historia tan personal y autograbada de un tema tan complicado que parecía local ha tenido esta repercusión y ha conectado muchísimo con el público”. “Una historia local que se convierte poniendo el dedo señalando a un problema de magnitud global y eso ha hecho que resuene en muchísima parte del público”, añade y avanza que este premio puede hacer que llegue “más allá de las fronteras de España” y así “poder encontrar la posibilidad de hacer una distribución global”.

Un documental para generar conversación

La actriz explicaba en una entrevista a este periódico que durante diez años vivió obsesionada con su agresor. “Pensaba en por qué me escogió a mí, por qué hizo eso ese día y por qué conmigo. Y necesitaba tenerle delante para que me lo explicase, pero también para que me viera viva. Él me había arrebatado mi cuerpo, mi juventud, casi me muero por su culpa. Con los años comprendí que era como un veneno que entró en mi cuerpo: no solo me metió los dedos en la vagina, sino que logró meterse dentro de mí durante años. Así que para mí era importante que me viese la cara y decirle: ‘Aunque hayas intentado quitarme lo más vital, yo sigo aquí. Estoy viva’”, decía.

Sucia es su carta para certificar que sigue viva, pero que esto no ha acabado. Aunque al final pueda responder a esa pregunta de por qué no hizo nada, algo tan simple como “porque no podía”, los datos de las mujeres que son agredidas y abusadas son espeluznantes. El documental termina con unas cifras incontestables. 400.000 personas han sido víctimas de violencia sexual. Solo un 5% denuncia y, de las que lo hacen, solo un 9,7% obtiene sentencia condenatoria hacia su agresor. 

La voluntad de este trabajo de generar conversación y de que esto continúe se confirma cuando al finalizar el filme aparece un QR en la pantalla. Al escanearlo, uno accede a un cuestionario para poder compartir sus propias experiencias y si ellas y ellos han sufrido alguna situación parecida. Porque ese es el verdadero trabajo del arte, seguir planteando preguntas que nos hagan avanzar como colectivo.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santiago de Compostela investiga una denuncia por presunta agresión sexual contra un médico del Centro de Saúde de Galeras. La denunciante atribuye al facultativo varios episodios de carácter inapropiado, desde comentarios de contenido sexual hasta supuestos tocamientos.

Según la denuncia, los primeros hechos se habrían producido entre 2019 y 2021. La usuaria del centro público de salud afirma que en esos años el médico realizó preguntas y comentarios insistentes sobre prácticas sexuales que no guardaban relación con el motivo de las consultas.

Posteriormente, la denuncia relata que durante una consulta presencial por un bulto en el cuello el médico mantuvo una conversación de carácter personal y realizó gestos de contenido sexual. A continuación llevó a cabo una exploración física durante la que pidió a la paciente que se quitara la ropa de cintura para arriba y realizó tocamientos que esta considera ajenos a cualquier finalidad médica.

Bloqueo y nerviosismo

Tras los hechos relatados en la denuncia, la mujer refiere haberse sentido bloqueada y nerviosa, y relata que abandonó la consulta. Semanas después del incidente, en agosto de 2021, solicitó el cambio de médico de cabecera, que le fue concedido y se hizo efectivo el mes siguiente.

Consultado por este periódico, el Sergas señaló que mantiene “máximo respeto por el procediemiento judicial en curso” y confirmó que ha facilitado la información requerida por las autoridades en el marco de la investigación. El servicio sanitario añadió que desconoce los hechos concretos que motivan las diligencias y declinó realizar valoraciones para no interferir en el procedimiento.

La causa se encuentra actualmente en fase inicial de instrucción. En el auto que inicia la investigación –y al que ha tenido acceso elDiario.es–, la magistrada señala que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de agresión sexual”, por lo que considera necesario practicar las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del caso.

Los Ayuntamientos Elche (Alicante), Rubí (Barcelona), Monforte de Lemos (Lugo) y Armilla (Granada) decidido suspender los conciertos del cantante sevillano Beret, previstos respectivamente para este verano tras su detención como presunto responsable de una agresión sexual ocurrida en Sevilla en abril.

A través de un comunicado oficial, el consistorio ilicitano (PP), que ha cancelado su actuación dentro del ciclo Nits de Festa anunciada para el 10 de agosto, ha confirmado que ya se están llevando a cabo gestiones con la productora adjudicataria para buscar un artista que ocupe su lugar en el cartel.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rubí (PSC) ha emitido un comunicado en el que expresa su inquietud y anuncia la cancelación cautelar del concierto previsto para el 26 de junio, a la espera de que la justicia se pronuncie al respecto. La institución municipal aprovecha la ocasión para reiterar su firme posicionamiento contra la violencia de género.

El Ayuntamiento granadino de Armilla (PSOE) ha sido el tercero en sumarse a estas cancelaciones, anulando una actuación prevista dentro de las Fiestas de San Miguel de la localidad el próximo 25 de septiembre. Con un comunicado remitidos a los medios, el consistorio se ha expresado “una posición de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres”.

Por último, el Concello de Monforte de Lemos (no adscrito, antes PSdeG-PSOE) dio instrucciones a la empresa que getiona la organización musical de las fiestas patronales para que lleve a cabo “los trámites administrativos pertinentes con el fin de suspender el concierto” de Beret, según han informado este viernes en un comunicado. Además, ya han empezado en trabajar en la búsqueda de un sustituto para el programa del 15 de agosto.

Orden de alejamiento y sin pasaporte

Un juez sevillano resolvió este jueves dejar en libertad provisional a Francisco Javier Álvarez Beret (Sevilla, 1996), imponiéndole como medidas cautelares la prohibición de acercarse o comunicarse con la denunciante, la obligación de mantenerse a más de 500 metros de distancia de ella y la entrega del pasaporte durante los próximos tres meses.

El artista tenía 11 conciertos programados para este verano. Siguen en pie los previstos para el 20 de junio en el Del Poble Fest de Tavernes de la Valldigna (Valencia), el BigSound Festival en dos ocasiones: el 3 de julio en Bilbao y el 18 de julio en Pontevedra. A continuación, el 25 de julio se subirá al escenario de L'Arena Music Experience en San Juan de la Arena (Asturias) y antes de cerrar el mes el 29 de julio en el Starlite Festival de Marbella (Málaga).

Agosto arranca con su presencia en el Tio Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) el día 1 y el 21 de agosto actuará en el Festival Ukalari de Menorca. La gira se cierra el 27 de agosto en los Conciertos de La Muralla de Alcalá de Henares (Madrid).

Al respecto de este último y según el periódico local La Crónica de Alcalá de Henares, fuentes municipales aseguran que por ahora no se cancelará y que “la empresa promotora ya tomará la decisión más adecuada cuando los hechos se vayan esclareciendo”.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado las penas de entre tres años y medio y siete años de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Castellón a cinco miembros de una comunidad pseudorreligiosa asentada en una masía de la localidad de Vistabella del Maestrat por abusar sexualmente de menores de edad.

El Alto Tribunal valenciano únicamente ha estimado parcialmente los recursos de apelación interpuestos por dos de las condenadas contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia castellonense el pasado mes de marzo.

Respecto a la primera, el TSJCV ha eliminado la agravación consistente en cometer los hechos con la concurrencia de dos o más personas, y para la segunda, la agravación de parentesco derivada del hecho de ser tía de la víctima. En cualquier caso, ninguna de esas modificaciones tiene incidencia en las condenas concretas, que se mantienen por tanto inalterables.

Los hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2022 en el seno de una comunidad liderada por un hombre conocido como “Toni” o “Tío Toni” y que falleció hace más de cuatro años, mientras se hallaba en situación de prisión provisional por esta causa.

El líder se atribuía poderes sanadores de los que carecía y acabó constituyendo en torno a sí un grupo de adeptos bajo la creencia de que él era un ser de luz y que debían salvar al mundo, salvación que pasaba por realizar prácticas y rituales sexuales, con él mismo fundamentalmente como protagonista.

Esa comunidad se acabó asentando en una masía llamada ‘La Chaparra’, situada en Vistabella del Maestrat y donde tuvieron lugar entre 2007, aproximadamente, y 2022, abusos sexuales a los menores de edad, quienes crecían “asumiendo un sistema de valores, creencias y principios” que imponía el ‘Tío Toni’, tal y como recoge el relato de hechos declarados probados por la Audiencia y que han sido confirmados por el TSJCV.

Tras analizar los recursos de los cinco condenados -cuatro mujeres y un hombre-, la Sala de lo Civil y Penal ha concluido que la sentencia de la Audiencia de Castellón es “totalmente correcta”, tanto por lo que se refiere a la valoración de la prueba obrante en la causa y practicada en el juicio como a las consecuencias de índole jurídico que se derivan de los hechos.

“Se cumplen en los testimonios analizados los requisitos jurisprudenciales de ausencia de ánimo espurio, elementos corroboradores de carácter periférico y persistencia en la incriminación”, precisan los magistrados sobre las declaraciones de las víctimas.

La sentencia de apelación emitida por el Tribunal Superior de Justicia puede ser aún recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Desde primera hora de la mañana, Miguel Hurtado y otras víctimas de abusos a menores en la Iglesia se han concentrado en las inmediaciones de Montserrat. Querían denunciar el “acto de violencia institucional que supone la visita del Papa a la zona cero de la pederastia clerical catalana”.

Hurtado, primer denunciante de abusos sexuales en la abadía, ha calificado de “absoluto despropósito” la llegada del Papa. “Se ha atrevido a ir al lugar del crimen sin hablar con las víctimas del delito y reparar el daño causado”, ha lamentado el también portavoz de la asociación Reparación Integral Ya.

Hurtado ha atendido a los medios desde la abadía y ha anunciado que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para dar a conocer el caso y reclamar la reparación de las víctimas. Asimismo, pide la creación de un monumento de homenaje permanente a las víctimas en el monasterio.

“Entiendo que Montserrat es una institución milenaria y que la Moreneta es la patrona de Catalunya, pero Montserrat es también el lugar del crimen donde el hermano Andreu Soler abusó de 12 niños durante 30 años con el conocimiento de tres abades que no lo denunciaron a la policía”, ha lamentado Hurtado, quien hace meses escribió una carta al Pontífice para que no visitara Montserrat.

Aunque nunca fue condenado judicialmente porque murió en 2008, una comisión de investigación interna de la abadía de Montserrat concluyó en 2019 que el monje Andreu Soler fue un “depredador sexual” de escuchas. Soler fue el monje responsable de los scouts entre los años setenta y noventa.

Sin embargo, León XIV no ha hecho referencia alguna a los abusos en su visita al santuario, que acaba de celebrar el milenario de su existencia. A los pies de la Moreneta, a la que ha llegado en helicóptero, a lo más que ha llegado el Papa ha sido a recordar cómo “los muros de este recinto” han sido custodios de “las alegrías y las penas, los gozos y las lágrimas de tantos fieles, y han escuchado también las voces celestiales del canto infantil de la Escolanía más antigua de Europa”.

El Papa ha querido centrar su intervención, antes del rezo del Rosario, en mostrar “el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre”. Y junto a ello, “la violencia que puede esconderse en nuestras palabras y actitudes: la crítica que humilla, la condena que destruye y la agresividad que divide”. Una “violencia escondida” que “puede revestirse muchas veces de aparentes armaduras con las que intentamos proteger nuestras heridas, nuestros miedos o el sufrimiento causado por las injusticias”.

Ha tenido oportunidad de referirse a los menores al referirse a la Virgen de Montserrat, “que nos muestra a Jesús como un niño indefenso descansando en su regazo, pues aquí está Ella, junto a su Hijo, invitándonos a amarnos unos a otros”. Una oportunidad que el Pontífice ha dejado pasar para referirse a Jesús como un niño “que no lleva armaduras y será Él mismo quien luego, desnudo en la cruz, se abandone totalmente al Padre para salvarnos con la fuerza desarmada y desarmante del amor”.

El Papa ha dedicado el final de su oración a la Virgen: “Ella nos invita a reconocernos hermanos y hermanas, donde nadie quede excluido y donde la comunión sea más fuerte que toda división”, ha terminado el Papa, quien ha pedido a María, “Reina de la paz, que enseñe a renunciar a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a la murmuración y a las calumnias. Aprendamos a custodiar y a cultivar el amor en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos y en las comunidades cristianas, de modo que el odio ceda paso a la esperanza y la paz”.

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El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, anfitrión este martes y miércoles del papa León XIX en su visita a la capital catalana, se querelló por amenazas contra un joven que le afeó su inacción ante un cura que abusó de él y, posteriormente, fue detenido por los Mossos d'Esquadra por pederasta.

En un auto, adelantado por El País y que ha podido consultar elDiario.es, la Audiencia de Barcelona confirmó, en diciembre de 2025, la inadmisión de la querella de Omella contra el joven que había acordado el juzgado de instrucción 17 de la capital catalana diez meses antes.

La base de la querella era un burofax enviado por la víctima al arzobispado en la que el joven, según el auto, “reprochó” a Omella “su inacción a la hora de denunciar de oficio” los abusos que le había relatado por parte de un párroco.

El burofax concluía con una mención del joven abusado a que quedaba “en espera de una respuesta satisfactoria”, y anunciaba también “una reserva de las acciones que puedan corresponderle, civiles o penales, así como poner los hechos en conocimiento de una instancia eclesiástica superior”.

La “ambigüedad e imprecisión” del burofax, argumentó la Audiencia de Barcelona, “impide vislumbrar los elementos esenciales para la aparición del delito de amenazas condicionales” argumentado por Omella. Es más, los jueces destacan que si la víctima hubiera denunciado a Omella por encubridor ante una instancia superior “no pasaría de hacer uso de aquello para lo que está legitimado: ejercer las acciones correspondientes en persecución de hechos de los que sostiene haber sido víctima”.

Los jueces también descartan la intención de obtener una indemnización económica que Omella imputaba a la víctima. Se trata de ua atribución “sin fundamento” por parte del arzobispo, resalta el auto.

Omella se reunió en marzo de 2022 con un joven que señaló por abusos sexuales al sacerdote, pero no apartó al cura ni abrió un proceso contra él, sino que trató la denuncia como un “asunto moral” al ser la víctima mayor de edad. Dos años después, el párroco, que ejercía en el barrio del Guinardó de Barcelona, fue detenido por los Mossos por abusos a un menor. Entonces sí fue apartado por el arzobispado.

El pasado viernes, en una entrevista en RAC-1, Omella negó haber encubierto este caso de abusos del párroco del Guinardó, e insinuó que la publicación de esta información estaba vinculada con la visita papal. “Es falso, yo no he tapado nada y siempre he hecho lo que tocaba”, agregó, sin mencionar que se había querellado contra una víctima.

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Natalia Santana alertó hoy de cerca de un centenar de casos de violencia sexual contra menores en el entorno familiar. Santana reclamará, en el pleno del Parlamento de mañana martes, una respuesta institucional urgente previa exposición de varios casos recopilados tras reunirse con familias y colectivos afectados. La portavoz parlamentaria en la materia de NC-BC demandó además una acción institucional coordinada y contundente frente a la violencia sexual que sufren niños y niñas en el ámbito familiar. Afeó al Gobierno presidido por Fernando Clavijo que no haya desarrollado las medidas de la proposición no de ley sobre la violencia vicaria y la machista, impulsada por NC-BC y aprobada a finales de noviembre de 2024 con el apoyo de todo el arco parlamentario salvo la extrema derecha de Vox.

En una comparecencia solicitada a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, sobre las medidas impulsadas para paliar los daños de la violencia vicaria, sexual infantil e institucional en menores; Natalia Santana alertará de la gravedad de una realidad que, según los casos recopilados en las últimas semanas, afecta ya a cerca de un centenar de menores en las islas.

Instará al Ejecutivo de las dos derechas (CC y el PP) y, especialmente, a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias; a reforzar los mecanismos de protección, atención y reparación para las víctimas. También reclamará impulsar medidas de prevención que permitan detectar y frenar situaciones de abuso antes de que se produzcan o se prolonguen en el tiempo.

“Estamos ante una emergencia social que no puede seguir siendo invisibilizada. Hablamos de niños y niñas que han sufrido violencia sexual presuntamente a manos de familiares y que necesitan una respuesta inmediata de todas las instituciones”, sostuvo la diputada nacionalista.

En las últimas semanas, Santana afirmó haber mantenido encuentros con madres, asociaciones y colectivos vinculados a la protección de la infancia. Fruto de ese trabajo, hizo un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas para situar la protección de la infancia como una prioridad institucional y para dotar de más recursos a los servicios especializados que trabajan con las víctimas y sus familias.

“Las administraciones tienen la obligación de garantizar que estos menores encuentren amparo, protección y reparación. Pero también debemos generar las condiciones necesarias para prevenir nuevos casos y romper el silencio que todavía rodea muchas situaciones de abuso”, remarcó Natalia Santana.

En ese sentido, afeó al gabinete de Clavijo que no desarrollara las medidas contenidas en una proposición no de ley sobre la violencia vicaria y la machista, presentada por Santana y aprobada por el pleno de la Cámara a finales de noviembre de 2024, con el apoyo de todas las fuerzas políticas salvo la extrema derecha.