La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta participación en la detención ilegal y agresión sexual a una menor de 16 años, entre otros delitos cometidos entre octubre y diciembre de 2025 en Tobarra (Albacete).

Los detenidos son un hombre y dos mujeres, tal y como ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, en el que ha añadido que la menor actualmente se encuentra bajo la protección y tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha.

Además, han señalado que la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Fue la víctima la que acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Albacete y relató a los policías que durante el tiempo que estuvo alojada en el domicilio de un familiar fue agredida sexualmente por un miembro de la familia mayor de edad.

La chica fue amenazada con armas de fuego e incluso llegaron a encerrarla en una habitación bajo llave, sin poder comunicarse con el exterior.

Una vez que los agentes tuvieron conocimiento de estos hechos, se inició una investigación que culminó con la identificación y detención de los autores y cooperadores de estos delitos.

Además, se registró la vivienda en la que ocurrieron los hechos, donde se encontraron varias armas de fuego.

El debate sobre la Cruz ocupa estos días cada rincón de Cáceres. Hay quien la defiende como símbolo de memoria; hay quien la señala como vestigio de una dictadura. Entre unas posturas y otras, la ciudad parece partida en dos mitades que discuten, argumentan y se atrincheran.

Ayer, sin embargo, alguien me habló de otra frontera. Me habló de una niña. De su miedo. De los años en los que su cuerpo dejó de ser suyo porque un hombre adulto decidió cruzar todos los límites. Y me dijo algo más: ese hombre, hoy, es uno de los rostros que enarbola una pancarta que reza que “la cruz no se toca”.

Hay frases que, cuando cambian de contexto, se vuelven insoportables.

Porque entonces una no puede evitar pensarlo: la cruz no se toca, pero a una niña sí se le puede tocar. Durante años. En silencio. Sin que nadie levantara una pancarta por su derecho a no ser invadida porque ella, con su corta edad, ni siquiera era consciente de lo que estaba ocurriendo.

No escribo esto para simplificar el debate público ni para convertir una discusión compleja en un titular fácil. Lo escribo porque hay una verdad que siempre sale a la luz, incómoda: seguimos protegiendo con más firmeza algunos símbolos que los cuerpos femeninos.

Y desde el feminismo eso duele especialmente. Porque llevamos décadas diciendo que lo personal es político, que las violencias íntimas no son asuntos privados, que lo que ocurre dentro de las casas también define quiénes somos como sociedad. Y que la impunidad histórica hace que un hombre que durante años abusó físicamente de una menor se atreva a llevar un cartel conminando a no tocar algo.

Ahora sé qué hombre, uno más, encarna todas las condenas que han cumplido las mujeres por el hecho de serlo.

Es la sacralización de lo inerte frente a la profanación de lo vivo. Que alguien que ha violado el templo más sagrado que existe —la integridad y la infancia de una niña— se atreva a visibilizar un cartel bajo el lema “no se toca”, convierte la frase en pura obscenidad.

Aquella niña, ahora mujer, sigue sin poder verbalizar en un juzgado todo aquello que vivió, paralizó y la ha aterrorizado de por vida. Ahora, solo tengo ganas de preguntarle a ese hombre cuando le vea con el cartel en la mano que reza: ‘La cruz no se toca’ que qué es, de verdad, lo que no se debe tocar. Qué rabia, qué impotencia, qué asco.

El profesor gallego Martiño Ramos Soto fue extraditado este miércoles a España desde Cuba, país en el que fue detenido tras haberse fugado con una condena a 13 años de prisión por la agresión sexual de una menor en Ourense. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que el condenado, detenido por las autoridades cubanas en noviembre, ha embarcado en un avión que llega al aeropuerto de Madrid.

El fugitivo huyó de España en julio, antes de que el 16 de septiembre pasado la autoridad judicial emitiera una orden de búsqueda nacional para que ingresara en prisión. Desde el 31 de octubre había ya una orden internacional y se habían intensificado los contactos con las autoridades cubanas, un país con el que España no tiene acuerdo de extradición bilateral. La búsqueda de Martiño Ramos fue muy mediática por abusar de una menor con prácticas sádicas en Ourense. La Policía confirmó además que se fugó en julio a Cuba, pasando antes por Portugal, Brasil y Perú.

Según la ficha que publicó la Policía Nacional en la lista de los diez fugitivos más buscados, Martiño Ramos es natural de Ourense y tiene 50 años. En el pasado fue conocido como militante en la ciudad de As Burgas de la formación desaparecida En Marea.

Abusos a una niña vulnerable

Martiño Ramos fue condenado en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada y violar a una alumna desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió los 16, después de haber contactado con ella por redes sociales y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad familiar. El hombre, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a “prácticas sádicas” y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

En el mes de julio de 2025 la sentencia fue declarada firme y se notificó a las partes en septiembre. Sin embargo, Martiño Ramos no llegó a entrar en prisión, porque en ese periodo huyó de España. El 31 de octubre se dictó una orden internacional de busca y captura y en noviembre el diario 'El Español' adelantó que Martiño Ramos vivía y trabajaba como fotógrafo en La Habana desde el mes de julio. En Cuba fue detenido en noviembre y, desde entonces, se estaba a la espera de esta extradición.

El tribunal de instancia de Valladolid, sección Instrucción, plaza 6, ha procesado a un médico por delitos de agresión sexual y contra la intimidad cometidos contra ocho víctimas y ha mantenido al investigado en prisión provisional sin fianza, han informado a EFE fuentes del TSJCyL.

El juzgado, que ha dictado el auto de procesamiento por hechos que ocurrieron en el sanatorio privado Sagrado Corazón en siete casos y en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid en otro, mantiene además las medidas cautelares acordadas en marzo de 2025.

Esas medidas abarcan la prohibición de aproximación a las víctimas y de ejercer como médico o facultativo sanitario en centro público o privado, así como el ejercicio de su profesión en consulta privada.

El Juzgado establece que el acusado preste 32.000 euros de fianza para asegurar provisionalmente las cantidades que pudieran llegar a imponerse en concepto de responsabilidad civil. Mantiene la prisión provisional para el investigado ante el riesgo de fuga, teniendo en cuenta la elevada pena que puede corresponderle por los delitos de agresión sexual y por los delitos contra la intimidad.

La Policía Nacional arrestó al médico el 21 de marzo de 2025 en Burgos por un delito de agresión sexual, tras ser denunciado por una paciente a la que realizó tocamientos y grabaciones con su teléfono móvil en la consulta donde prestaba servicio en Valladolid, según explicaron fuentes policiales tras el arresto.

Posteriormente, siete víctimas más plantearon denuncias por hechos similares en Valladolid, mientras otras mujeres las presentaron en Burgos, donde se ocupará de su caso el juzgado que corresponda.

Tras su detención y con la autorización judicial correspondiente, fue practicado un registro de su domicilio en Burgos donde se intervinieron seis teléfonos móviles, dos discos duros, tres tablets, seis tarjetas de memoria, cinco ordenadores portátiles, dos cámaras de fotos, dos minicámaras y tres pendrives, precisaron fuentes policiales.

El acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 años en Tomelloso ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía durante el juicio por unos hechos ocurridos en septiembre de 2022.

El procesado, A.N.L., de unos 50 años, ha reconocido los hechos, lo que ha evitado la celebración íntegra de la vista oral en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a menor.

El acusado ha reconocido que se encontró con la menor cuando regresaba a su domicilio tras finalizar la jornada escolar y, con el pretexto de pedirle fuego, se acercó a ella y la arrinconó en un lateral de la acera.

Durante aproximadamente una hora, realizó tocamientos de carácter sexual, incluyendo pecho, glúteos y cadera, llegando a introducir la mano entre la ropa de la menor y por debajo del pantalón del uniforme.

Además de la condena de dos años de prisión, que no cumplirá al no contar con antecedentes penales, se le impondrá una orden de alejamiento de seis años respecto de la víctima, así como una indemnización de 600 euros por los daños morales causados.

Cualquiera que siguiera el juicio a Dominique Pelicot por haber drogado, violado y reclutado, como mínimo, a medio centenar de hombres para que también abusaran de su esposa, Gisèle, pensaría que no pueden existir muchos más casos así en el mundo. Hasta que aparece uno nuevo. Ahora, en Suecia.

Se trata de un hombre de 61 años, exlíder de los Ángeles del Infierno, al que se acusa de haber obligado a su mujer a acostarse con más de 120 hombres. Como a Gisèle, también la drogaba. Eran violadores que contactaban con el marido por internet y que pagaban por abusar de ella. Está acusado de proxenetismo agravado, violaciones, intentos de violación, abusos y amenazas.

A diferencia del caso Pelicot, de momento no se ha informado de la identidad de la pareja. La Fiscalía señala que el acusado se hacía llamar “el monstruo” y que niega los hechos. Ya fue investigado hace dos años por abusos y está demostrado que amenazó de muerte a su mujer en más de una ocasión.

La casa, una granja apartada en Ångermanland, una región al norte de Suecia, estaba llena de cámaras. Le servían para controlarla y también para grabar algunas de las violaciones.

En su libro Un himno a la vida (Lumen y Ara Llibres, en catalán), Gisèle Pelicot define a quien fue su marido como un hombre “metódico y organizado”. Ella se pasó diez años de consulta en consulta médica intentando averiguar por qué sufría episodios de pérdida de memoria y otros problemas que después supo que se debían a las drogas que él le suministró y a las violaciones que sufrió.

En el caso de la víctima sueca, estaba sometida a un régimen de vigilancia continua, aunque logró denunciarlo el pasado mes de octubre.

Al leer la historia, aún sin muchos detalles pero con los suficientes para intuir el infierno que sufrió la víctima, es imposible no recordar el testimonio de Gisèle Pelicot. Ella define con la palabra “asco” la sensación que le produjo saber qué le había hecho su marido. “Me siento sucia, contaminada, traicionada”, resumió en sus declaraciones ante la policía.

Gisèle, a diferencia de la víctima sueca, quien, de momento, sigue el juicio por videoconferencia, no solo decidió estar en la sala, sino que quiso hacerlo a cara descubierta. Afrontó un proceso en el que los psicólogos la definían como sumisa, los violadores la tachaban de mentirosa y, para la justicia, era “un enigma”.

Los vídeos de su casa en La Valclusa no serán muy distintos de los de la granja sueca: ambas drogadas, sin ser conscientes de que las estaban violando. “Como una muñeca de carne y hueso”, recuerda Gisèle en su autobiografía.

Ojalá los violadores suecos, su marido y el resto, reciban el castigo judicial que se merecen. Y que ella pueda empezar de nuevo. Ser, como Gisèle Pelicot, una víctima a ojos de la justicia, pero no ante la vida.

Hace cuatro años Sato Díaz, periodista de Público y actor, pidió a Cristina Fallarás que le escribiera un monólogo sobre la figura del aliado. Después de más de dos años de escritura Fallarás entregó el texto. En él, la periodista, escritora y activista feminista decide meterse en todos los charcos: “Me he metido en todos los que he podido”, confiesa. La señalización en redes, las diferencias entre las feministas viejas y jóvenes, el mundo del periodismo y sus popes, la existencia de una verdadera cancelación… El texto no tiene desperdicio.

El encargo era claro: escribir un monólogo sobre un hombre de izquierdas que se define como feminista, “un tipo que conocemos bien todas”, apunta Fallarás quien ha creado un personaje que es un periodista conocido de la televisión acusado de abusos sexuales. Antes de que lo echen o antes de aguantar el chaparrón, decide irse. “Cuando lo escribí el tema estaba un poco virgen, todavía no habían sucedido los casos mediáticos en España”, explica Fallarás.

La periodista afirma que fue un proceso de escritura difícil, que no quería caer en lo “facilón” de ridiculizar al macho, “y eso que tenemos muchas cartas en esa baraja”, apunta. Al describirlo Fallarás dice: “No es un youtuber, no es un mierda, no es un cerdo, o no solo es un cerdo. El personaje tiene sus flancos queribles, o por lo menos comprensibles. No quería vengarme del macho violento a través de una obra”, aclara.

Cuéntalo

Fallarás explica que se basó en los muchos testimonios que durante los últimos años ha ido recogiendo a través de diferentes hashtags como #cuéntalo y el movimiento de recopilación testimonial anónima. “Me costó mucho meterme en la piel del personaje, fue una escritura lenta”, confiesa.

El monólogo La diatriba del perro, que se estrena este domingo 12 de abril en el Teatro del Barrio de Madrid (y se podrá ver también los días 18, 25 y 26 de este mes), está interpretado por Sato Díaz y dirigido por Rubén Romero. El montaje, cuenta Díaz, recorre códigos teatrales distintos, “hay un pequeño juego de máscaras, se juega con el audiovisual, se pasa por la conferencia motivacional”. “Se trata de ir jugando y acercándolo al personaje” explica el actor.

En el texto se hace referencia, bajo seudónimos o acrósticos, a figuras bien conocidas del periodismo. “En mi obra los personajes tienen nombres reales, a estas alturas me da igual. La compañía, sin embargo, ha preferido hacerlo así, cosa que respeto, como otros cambios o cortes del texto que han realizado, respeto total”, afirma Fallarás.

El espectador tendrá que estar atento a ese morbo nominal si quiere, pero el texto contiene muchos más alicientes. Fallarás no se arredra en meterse en terrenos pantanosos y controvertidos, tan comentados entre amigos pero que tan pocas veces vemos encima de un escenario. Los que vienen son algunos de ellos.

Hombres perro

Una de las tesis principales de la obra es la participación activa de los hombres en los procesos de cancelación. “Revisé varios casos antiguos sobre cómo reacciona la sociedad ante un hombre señalado por cualquier tipo de asunto ligado con lo sexual o similar. Y me di cuenta de que las mujeres no ejercemos la crueldad ahí, hay una especie de compasión de género. Sin embargo, los hombres sí la ejercen. La cancelación y señalamiento social en las redes y en los medios es un ejercicio macho”, explica Fallarás.

El delito

Uno de los casos antiguos en los que el personaje se mira es un caso donde la persona señalada no ha cometido delito, sino que es expuesto por hábitos sexuales que la sociedad reprueba como la prostitución y la sodomía. Al preguntarle a la periodista por esta diferencia, Fallarás dije tajante: “A mí la idea del delito no me interesa. Desde cierta mirada feminista la idea del delito la hemos superado un poco. El delito es algo que han decidido los hombres que sea delito, yo no puedo mirar desde lo punible, no debo. Vivo manejando violencias y la mitad de ellas no son punibles”.

La periodista también quiere señalar que para la obra le interesaba comparar esos dos casos porque la diana a la que apuntaba era la vulnerabilidad en el hombre. “Cuando rechazamos la posibilidad de ser vulnerado renunciamos a legislar y, por lo tanto, a hablar de delito. Es decir, si un macho no puede ser violado, porque eso no va a ser admitido por ellos, 'a los hombres no se les viola', no hay nada que legislar y ahí caes en la trampa brutal que acaba por disfrazar lo que claramente es un delito con otras ideas como, por ejemplo, el honor”, zanja.

Desproporción y cancelación

Uno de los aspectos más interesantes del texto es que aunque el personaje utilice un lenguaje machista y desagradable no es ningún tonto. “No quería retratar a un idiota, es un hombre culto y capaz”, señala Fallarás. El personaje denuncia la injusticia ante las consecuencias de unos actos que hasta hace no tanto eran, dice él, costumbre. “Es algo que en hombres de mi generación es muy común, el personaje tiene sus razones y las expone, y yo recojo esas reflexiones”, argumenta Fallarás.

Fallarás sí concede que hay una desproporción en el señalamiento: “Pero ahí vuelvo a la crueldad del macho, son ellos los que hacen sangre”, afirma. En la pieza de manera repetitiva el personaje se revuelve contra sus semejantes, acusándolos de que son ellos quienes lo han crucificado. En un momento del texto —al cual accedió este periódico— el personaje dice sobre un tuit que provocó la viralización de su caso: “Juanito Sánchez Iribarren… Ay, hijo de la gran perra. Qué listo, ¿verdad? Qué valiente debiste de sentirte al señalarme. Cabeza de manada, vanguardia animal. Qué gracioso debió de parecerte aquel tuit: '¿No queríais aliados? Pues ahí tenéis aliados. De nada'”.

Pero Fallarás pone en duda el mismo concepto de cancelación: “Tampoco es cierto que a los hombres se les cancele, hay quien ha acabado en la cárcel porque tenía que estar en la cárcel, como Weinstein. Y luego hay un montón de hombrecillos que han cometido delitos y agresiones sexuales, Plácido Domingo y compañía, que han dicho que eran otros tiempos y se han ido de rositas. La idea de la cancelación es una idea que pongo muy en duda. A quien se cancela es a la mujer y a quien le destrozan la vida es a la mujer”, asevera.

Periodismo

En otro momento de la obra el personaje afirma: “Era mentira que fueran a salir todos los nombres de los agresores 'conocidos' (…) Les bastó con un periodista, un cantante y un director de cine”. Fallarás explica que escogió el mundo del periodismo porque es el que más conoce. Al preguntarle si en las redacciones ha disminuido la toxicidad machista, reacciona inmediatamente: “Las relaciones interpersonales siguen siendo violentísimas, por eso hace tiempo que decidí dejar las redacciones. Se rigen por unas dinámicas brutales y machistas que no tolero. Llegó un momento que no me era posible aguantar la violencia constante, explícita y macho”, afirma con contundencia.

Al preguntarle si cree que en otros ámbitos de la sociedad sí ha habido cambios Fallarás dice que no tantos, aunque señala que en el mundo del cine sí ha habido un movimiento asociativo que ha elaborado protocolos de actuación y denuncia, “pero en el periodismo esto no ha calado, seguimos en el siglo XX, por no haber no hay ni comités de empresa”, señala. Luego apunta que los relatos de la cultura machista no han llegado por los medios, sino por las redes, “unas redes que ahora los medios dicen que son dominadas por machos violentos de extrema derecha, cosa que no es cierta como bien han demostrado las mujeres”.

Una visión sobre la profesión crítica pero también amarga. “Qué se puede esperar de una profesión que en sus primeros cuarenta años de vida democrática hizo que Franco siguiera enterrado con honras de Estado, que el Rey siguiera en su trono robando, que las fosas estuvieran sin exhumar y la Iglesia Católica sin admitir sus violaciones. Todo eso es una construcción del periodismo, un periodismo que va muy por detrás de la sociedad, cuando nos echamos las manos a la cabeza porque los menores de 40 años no se informan a través de los medios, yo siempre pienso pero, ¿de qué se van a informar?, ¿qué les has dado tú más allá de falsedades?”.

Las viejas rockeras del feminismo

En la obra el personaje habla de Ana y Laura, viejas feministas con las que se codeaba. Con ellas sí se podía hablar, no cundía el drama como con las jóvenes. Cuando el personaje es señalado sus amigas desaparecen. “Me interesaba la percepción que tiene un hombre de las que ya somos viejas y, por lo tanto, podemos ser amigas. Cuando un hombre quiere ser aliado y llamarse feminista no se suele acercar a los movimientos de las jóvenes, sino a las que ya somos bastante mayores”, explica Fallarás.

Es una parte que estuvo a punto de quitar: “Era una parte jodida para mí, pero que he mantenido por honestidad, no colaba que estuviese con jovencitas, las jóvenes son más duras, sin embargo, nosotras sí tenemos unas relaciones diferentes con ellos”.

No puede acusarse a esta periodista de haberse acobardado en su primer texto para el teatro. El texto concita innumerables controversias, pero también la capacidad de nombrar y definir. Valga una buena descripción de aliado: “Nos ponemos la funda de macho. Sobre la funda de macho, yo me puse una funda de hembra. Sobre la funda de hembra que hay sobre la funda de macho, alguien te pone la capucha que te conduce al cadalso. Debajo, un ser humano tiembla. Yo mismo”.

El caso salió en la prensa, pero el Vicente Ferrer de 1996 no contó entonces que él estaba entre las víctimas del profesor pederasta de su colegio privado en Valencia. Ahora, cuando ya han pasado más de dos décadas y el delito ha prescrito, publica su primer libro, Despiece (Dos Bigotes, 2026). Es un relato de lo que le sucedió, pero también el retrato de una época, de la vida de una familia de clase trabajadora y de un país en el que pasaba de todo, pero se hablaba de poco. Y asimismo una denuncia, aunque sea a través de la literatura, de cómo el sistema le falla a las personas que se supone que debe proteger.

El motor que puso en marcha la elaboración de estas memorias noveladas fue el Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dirigido por Jorge Carrión. Allí tenía que desarrollar un proyecto de novela y debía escoger entre narrar ese daño que llevaba dentro desde hacía tanto tiempo o hacer otra cosa diferente. Y optó por lo primero porque si no lo hubiese sentido no como una mentira, pero sí como algo “deshonesto”: “Como si no me hubiera atrevido a revelar la historia que realmente quería”, dice a elDiario.es durante una entrevista en Barcelona. Tanto Carrión como otra alumna, la escritora Belén López Peiró, fueron “figuras clave” para sacar adelante el texto.

La narración tiene una voz en dos tiempos distintos: la del menor y la del hombre en el que se ha convertido. Ferrer explica que para él fue más difícil la parte adulta que la infantil aunque, de entrada, pudiese parecer lo contrario, porque los abusos ocurrieron en el colegio. “Cuando empecé con las clases entendí de una manera bastante rápida que escribir a partir de tu memoria, de algo que ha pasado hace 20 años, es mentira. La memoria pone literatura a absolutamente todo”, comenta. Eso le liberó de la sensación de esclavitud que se había impuesto de relatar cómo había ocurrido exactamente, de documentarse al máximo, algo que le queda de su licenciatura en Periodismo.

Ferrer no quería centrarse solo en el drama, sino reflexionar sobre la época, hablar de su familia, de sus amigos y de sentimientos que puede tener un crío, como el despertar sexual. “Si todo fuese el drama, no se entendería por qué el niño no dijo nada”, afirma. Hay un punto álgido en el libro que, casi de forma inevitable, le fue duro de rememorar. “El proceso estaba muy maduro, no fue la primera escena que escribí. Pude acercarme muy de cerca, verlo, observarlo, sentirlo, redactarlo, quedarme ahí e irme”, explica.

El autor grabó a sus padres y a su hermana para captar la esencia de lo que después serían sus personajes. Tras leer el libro, se han visto muy reflejados y les ha parecido muy entrañable porque les ha traído recuerdos. Y muchos que hayan sido niños o adolescentes en la década de los 90 en España también podrán reconocer escenarios comunes. “La vida no es solo ser una víctima, ni aun cuando estás en el peor de tus momentos”.

Sin reparación

“El autor modificó la sentencia que añadió en su libro para evitar posibles problemas jurídicos y proteger el derecho al honor del agresor y del colegio. Según los datos que aparecen en Despiece, el docente fue condenado a 198 años de cárcel y se declaró insolvente. El colegio, privado y considerado uno de los mejores de Valencia, tampoco soltó ni una peseta. Así que no hubo ninguna reparación para los denunciantes. ”A mí esto me parece escandaloso. Después de todo este tiempo es lo que más me duele junto con mi propio caso, mis propias circunstancias“, desarrolla Ferrer, ”ni siquiera te llega lo que se supone que te pertenece por ley. Es como una doble vergüenza“.

Además, una persona que no tiene recursos —tanto económicos como de conocimiento— para enfrentarse a una situación así, lo tiene muy complicado. En los años 90, muchas familias de clase trabajadora dedicaron todos sus esfuerzos a que sus hijos estudiasen y llevasen una vida mejor que la suya. Por eso Ferrer, cuyos padres eran carniceros, pudo estudiar una carrera, habla varios idiomas y se ha relacionado con gente que también tiene estudios superiores: “Yo tengo amigos abogados, arquitectos, periodistas, médicos. Pero los de mis padres eran amas de casa, electricistas, campesinos o cerrajeros. Cuando les llega una carta de la Administración Pública se vuelven locos, porque si no hablas el idioma del sistema, te quedas fuera”.

Él sabe quiénes son los que denunciaron, pero no se ha puesto en contacto con ninguno. No quería que, bajo ningún concepto, se dudase acerca de sus intenciones, de si quería sacar provecho de ellos de alguna manera. Además, tampoco se sentía cómodo al llamar a la puerta de alguien que quizá no quisiera recordar un hecho traumático o no esté preparado para ello. “Antes de este libro, estuve en terapia, no podía haberlo escrito sin haber hecho este proceso”, confiesa. “Ya nos han desrrespetado tanto, ya nos han hecho tanto daño, que lo último que querría es que sintieras siquiera un atisbo de dolor por mi parte”, sostiene. Su obra también es una forma de poner el tema sobre la mesa y si alguno se quiere dirigir a él, puede hacerlo.

La España que calla

¿Cómo era posible que ese profesor abusara de menores de forma sistemática durante años y el colegio no se diese cuenta? ¿Nadie sospechó nada? Aquel hombre se encerraba durante los recreos con niños y hasta que no hablaron, nadie del centro educativo vio señales de alerta. En la sentencia que sale en la novela, donde los datos están modificados, su condena era de casi 200 años y pone que podía acogerse al límite de 30 años de reclusión efectiva según el Código Penal de 1973. Y una vez en la calle, podría haber vuelto a dar clases seis años más tarde“.

Ferrer expone que está claro quién es el malo, pero también quería sacar a relucir el silencio que reinaba en los 90 acerca de muchos temas como los feminicidios, el colectivo LGTBIQ+ o los derechos de los niños. “El libro de Cristina Rivera Garza, El verano de Liliana, habla de la falta de vocabulario, de léxico para poder describir lo que ocurre. Y acordémonos de cómo eran los 90. Si no se habla de nada, nada existe”, sostiene. “Yo no sé hasta qué punto se puede impedir que una una agresión sexual no ocurra, lo que creo que donde sí se puede trabajar mucho es en que todo eso tenga un nombre, que no haya un silencio alrededor, que haya métodos para poder detectar esto de una forma mucho más rápida”, dice.

Y, de paso, que los organismos encargados de proteger a las personas, lo hagan. “Soy una persona, como el Vicentín ‘el empollón’, que sigue las reglas, que cree en el sistema en general y que trato de ser justo y obviamente quiero que me traten con justicia”, verbaliza Ferrer. Pero cuando algo ocurre y ese sentimiento en el que se confía no responde, “el sentimiento es de desamparo”. Y como en esta novela ocurren otras cosas, decidió que si la justicia no va a estar ahí “pueden estar mi familia, mis amigos, la industria editorial, las orientaciones lectoras”. Y cualquiera que quiera leer su historia.

El Vaticano ocultó, durante décadas, miles de casos de pederastia clerical en los cinco continentes. Una dinámica que se mantuvo y que, pese a los cambios implementados por Benedicto XVI (cuya implicación en la ocultación, e incluso su protagonismo en algún caso, parece clara) y por Francisco, permanece en la actualidad en todo el mundo. En algunas ocasiones, como durante la Alemania de los años 30, instó a destruir toda la documentación para evitar que cayera en manos de los nazis y se utilizara para atacar a la Iglesia.

Esta es una de las principales revelaciones de una investigación internacional elaborada por cinco medios: El País (España), Boston Globe (EEUU), Correctiv (Alemania), Observador (Portugal) y Casa Macondo (Colombia), que han logrado bucear en los archivos del dicasterio de Doctrina de la Fe. O, al menos, en aquellos donde resulta muy difícil entrar. De hecho, tal y como relata El País, algunas fuentes señalan que existe un archivo aún más secreto que custodia los casos más graves y delicados. Muchos de ellos, como se recalca, sin número de registro de entrada. ¿Cuántos? Es imposible saberlo.

Y eso que, oficialmente, hasta 2001, no había obligación de remitir a Roma los casos, que llegaban a miles, coincidiendo con la investigación Spotlight. Antes, los que llegaban venían ocultos bajo otros asuntos, como dispensas sacerdotales, sin afrontar el problema.

Un problema del que, según la investigación, León XIV tuvo conocimiento en agosto de 2025, cuando Correctiv envió al Papa una serie de preguntas, junto a los documentos hallados. Según el relato, el pontífice las remitió a la Comisión Pontificia de Protección de Menores, quien las envió a su vez al Dicasterio de Comunicación, que no contestó. El pasado 27 de enero, las preguntas le fueron entregadas de nuevo al Papa, esta vez en persona, cuando salía de Castel Gandolfo. Aún no ha respondido.

“Con todo, la llegada del nuevo Pontífice ofrece la oportunidad de un cambio de actitud del Vaticano, para dar el paso hacia una auténtica transparencia sobre todo lo que sabe y qué hay en sus archivos”, explica la investigación, que recalca que “León XIV ha mostrado en su trayectoria sensibilidad con las víctimas de la pederastia y ha apoyado el trabajo de los periodistas”. Todo ello bajo una premisa, que aloja una aparente contradicción: “En varios países, en aras de la verdad, la Iglesia ha asumido auditorías internas, pero el Vaticano no, cuando es el mayor centro de información del escándalo”.

Los documentos más antiguos que ahora se desvelan son de los años treinta en Alemania. Ante el riesgo de que los expedientes de curas pederastas cayeran en manos de los nazis, enemigos de la Iglesia católica, la orden fue clara: “Quemad todo”. Otros papeles, como los del ‘caso Ratzinger’, que relata un posible encubrimiento del futuro Benedicto XVI, sí eran conocidos, aunque no en toda su profundidad. Un caso, por cierto, que sigue abierto en Alemania, y que señala cómo hasta quien iba a convertirse en Papa tramitaba los casos al margen del protocolo, lo que provocó que un cura pederasta siguiera en su cargo, y abusando de menores, durante años.

Los casos planteados sí ofrecen una visión de conjunta, con una conclusión: durante décadas, en distintos lugares del mundo, se siguió ocultando, con el permiso (tácito o expreso) de las autoridades eclesiásticas, a muchos pederastas. “El Vaticano tiene el que es probablemente el mayor archivo de pederastas impunes del mundo. Esta investigación arroja luz sobre ello”, señalan los documentos.

La investigación concluye instando a la Santa Sede a “abrir los archivos, o revelar su contenido, o emprender un estudio propio y ofrecer datos”, lo que se interpretaría como “un gesto decisivo para mostrar la voluntad real de León XIV de que se conozca toda la verdad sobre el escándalo”, como él mismo ha resaltado en má de una ocasión. La última durante su encuentro, este lunes, ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Su pasado le avala: gracias a su trabajo, logró acabarse con el Sodalicio. El mismo lunes, antes de hablar ante Tutela Minorum, recibía al periodista Gareth Gore.

Toda la información en www.religiondigital.org

Un profesor del colegio El Prado de Madrid, vinculado al Opus Dei, ha sido apartado de sus funciones y es investigado por presuntos abusos a tres menores hace dos años, en un caso que ha sido denunciado a la Policía.

Según informa el portal de información católica Infovaticana, el docente es miembro numerario del Opus y los hechos tuvieron lugar hace aproximadamente dos años durante un campamento de verano del club juvenil Amura en Mirasierra.

Tras informar a las familias, la dirección de ese colegio privado del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, controlado por el Opus, ha apartado al profesor de sus funciones y puso el caso en conocimiento de la Policía, que lo está investigando.

Se trata de un colegio bilingüe no mixto, solo para chicos, que se ubica en Mirasierra y ofrece Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La plataforma destaca la respuesta “inmediata y contundente” del colegio, mediante la separación del docente y la comunicación directa a las familias y a las autoridades, lo que refleja “una intervención orientada a la protección del menor y a la depuración de responsabilidades desde el primer momento, sin priorizar la contención del impacto mediático”.

El Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que asegura que tras una investigación, en la que cuenta con “testigos creíbles”, se confirma que la denuncia de un trabajador parlamentario contra el eurodiputado de Junts Toni Comin “podría ser acoso” psicológico y sexual, según ha adelantado el diario Ara.

La Eurocámara afirma que hay “pruebas suficientes” y defiende “la continuación del procedimiento del caso” contra el representante de Junts en los tribunales. Incluso el Parlamento Europeo se ofrece a proporcionar “apoyo financiero” al exasistente que denunció los abusos para sufragarle los costes judiciales y de los abogados. Comín niega las acusaciones y advierte de que “se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las personas que están denunciando falsamente con voluntad de difamación”. El eurodiputado de Junts asegura que “nunca ha sido llamado” por el Parlamento Europeo “para explicar la verdad de los hechos”.

La cuestión es que Comín no tiene el acta de eurodiputado con lo que el Parlamento Europeo no puede sancionarlo ni hacer público el informe que ha publicado Ara. En la apertura de cada pleno de la Eurocámara, su presidenta, Roberta Metsola, anuncia el resultado de investigaciones sobre los eurodiputados y las sanciones aplicadas, pero “solo tiene poderes disciplinarios sobre los eurodiputados” de pleno derecho. En el caso de Comín no es posible porque no ocupa escaño.

En enero de 2025 se hizo pública la denuncia de un ex asesor del político contra Toni Comín en la que mencionaban tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido. El exasistente también denunció que “la búsqueda de contacto físico” por parte del exconseller aumentó con el tiempo hasta llegar a “momentos insoportables”.

El informe del Parlamento confirma que Comín podría haber violado tanto el punto que define el acoso psicológico como “cualquier conducta abusiva que sea persistente, repetida o sistemática, que implique comportamientos, palabras, acciones, gestos o comunicaciones escritas intencionales que menoscaben la personalidad, la dignidad o la integridad física o mental de una persona”; así como el acoso sexual, definido como “cualquier conducta de naturaleza sexual que no sea deseada por la persona a la que va dirigida y que tenga por objeto o efecto vulnerar su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto”.

Comín solo podría recurrir las conclusiones de la investigación del Parlamento Europeo si obtiene el acta de eurodiputado, pero no puede ejercer como eurodiputado porque las autoridades españolas le exigen jurar la Constitución presencialmente en Madrid para obtener el acta, por lo que podría ser detenido por la orden que pesa sobre él por el procés. El caso sobre su escaño se encuentra ante la justicia europea, que debe decidir si la Eurocámara le entrega el acta aunque no acate la Carta Magna.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha detallado en un informe la “falta de reconocimiento” que han sufrido una treintena de víctimas de abusos sexuales por parte del religioso Patxi Exkiaga Lasa entre los años 1976 y 2012 en el colegio La Salle de Donostia por parte del centro. Tras un proceso de acompañamiento, escucha e interlocución, el Ararteko explica que las víctimas solicitaban apoyo institucional para que el Ararteko, dentro de sus competencias, “les acompañara e impulsara un proceso para conseguir un reconocimiento público del daño causado, el compromiso de investigación de los hechos y la reparación, tanto personal como moral y colectiva”. Algo que no ha sido posible por la negativa del centro que “limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga Lasa se hace público tras una investigación de El País en la que se relatan casos de abusos sexuales cometidos entre los años 1976 y 1996, si bien señalan que Patxi Ezkiaga Lasa permaneció en La Salle Donostia hasta 2012, por lo que las víctimas se muestran convencidas de que los abusos continuaron hasta dicha fecha. Se trata de niñas vinculadas a la actividad del colegio La Salle Donostia, alumnas en su mayoría, pero también participantes en el grupo de gimnasia rítmica y las excursiones al monte y campamentos organizados por el colegio. El Ararteko ha podido comprobar y así lo refleja en su informe, que “algunas de las víctimas sufrieron abusos sexuales graves durante años, cuyas consecuencias físicas y psicológicas y secuelas hoy en día, personales y familiares, son evidentes y precisan de atención inmediata especializada”.

Patxi Ezkiaga Lasa, quien además de docente tuvo responsabilidades directivas, “violentaba a las chicas delante de la clase, traspasando su espacio íntimo y personal”. “Sentaba a alumnas en su regazo frente al resto de alumnos. Durante la clase iba tocando desde la cintura hacia el pecho de las alumnas. Paseaba con una varita durante las clases entre los pupitres y cuando podía abría el escote de las alumnas con la misma. Aprovechaba las exposiciones de las alumnas en la pizarra para apoyar la mano en el hombro y acariciar la cara mientras tanto”, recoge el informe que sostiene que “todas las víctimas coinciden en señalar que cada año escolar tenía unas alumnas favoritas”.

Las víctimas relatan varios espacios donde se producían los abusos y tocamientos públicos y donde elegía a esas “alumnas favoritas: el club de escritura, donde ”los sábados Patxi Ezkiaga reunía a alumnas con interés en la literatura en euskera y sobre las que tenía mucha ascendencia como mentor y realizaba tocamientos frente a las otras alumnas sentadas todas en una gran mesa redonda“; las salidas al monte los fines de semana y especialmente los campamentos en Belagua (Izaba, Navarra), donde relatan que ”subía a dormir a alumnas a la parte superior de la borda con la excusa de protegerlas de los monitores chicos“ y también relatan varias víctimas que conocen que se daban abusos en las tiendas de campaña de las chicas. Además, los abusos se producían en las clases de gimnasia rítmica, a las que acudía con frecuencia, a pesar de no ser el profesor, ”para mirar y, en ocasiones, acercarse a las alumnas con la excusa de corregir sus posiciones y así poder realizar tocamientos“. ”En los casos más graves, se cita el despacho e, incluso su habitación en la parte superior del colegio. En este caso, la víctima relata que en el camino se cruzaba en los ascensores con otros religiosos y docentes que nunca impidieron que subiese a su habitación a una niña de entre 13 y 17 años“, indica el documento del Ararteko.

Las alumnas tenían códigos de protección entre ellas, como nunca acudir solas a su despacho o hacer siempre gimnasia con sudadera. Sin embargo, el religioso se intentaba ganar a los padres, siendo “muy afable en el trato y precedido del prestigio conferido a su figura conseguía que las familias le abrieran las puertas de sus casas”. Por último, algunas víctimas señalan que, cuando reunieron el valor para detener sus tocamientos, las sancionaba socialmente con su invisibilización, pero cesaba en sus intentos de abuso.

El 20 de noviembre de 2025, tras el proceso de interlocución con las víctimas, las personas interlocutoras del Ararteko presentaron a representantes de La Salle el acuerdo de propuestas elaborado por el grupo de víctimas. Este documento se planteaba como un primer paso para abrir un diálogo, ya fuera en torno a las medidas de reparación colectiva acordadas por las víctimas o a cualquier otra iniciativa que la congregación quisiera incorporar al proceso. Una semana más tarde, La Salle envió su respuesta. En ella, limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, “sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”, sostiene el informe.

“Esta respuesta suponía, en la práctica, la negativa de la institución a iniciar este proceso de diálogo con las víctimas, facilitado por el Ararteko, para trabajar de manera colaborativa el conjunto de demandas de reparación colectiva planteadas por las víctimas o cualquiera de las que decidieran abordar y la negativa a asumir este proceso restaurativo facilitado por el Ararteko con participación de las víctimas como colectivo, más allá de encuentros individuales, a los que sí se mostraban dispuestos”, aseveran. A juicio del Ararteko, estos encuentros individuales “no cumplían las condiciones avanzadas en el proceso colectivo de facilitación”, además, con su negativa, el centro se negaba a “abrir un debate público y compartido sobre las responsabilidades institucionales por las omisiones del pasado y sobre las garantías de no repetición en clave comunitaria”, detalla.

Para las víctimas, la negativa a las medidas de reparación colectiva supuso un “nuevo impacto doloroso”, al percibir que la reparación quedaba relegaba a una “lógica individual, sin abordar el daño colectivo ni la dimensión ética y social de lo sucedido”. “En opinión de las víctimas que han acudido al Ararteko, que se definen como 'víctimas incómodas' al no haberse conformado con los contactos que ha tenido la congregación con ellas ni con la petición de disculpas privadas que en algunos casos les han trasladado, la respuesta ha sido insuficiente. Esta actitud esquiva, esta inactividad les resulta especialmente dolorosa. Algunas víctimas, además, se han sentido especialmente dolidas tras su denuncia al ponerse en contacto el colegio o personas vinculadas al mismo con sus progenitores, generando un nuevo daño a los familiares y a ellas mismas y no tratando directamente con ellas como personas adultas”, sostienen desde el Ararteko.

El Ararteko ha lamentado en su escrito la imposibilidad de articular mecanismos de respuesta desde la justicia penal por el tiempo transcurrido, la falta de datos, la culpabilización de las víctimas, el miedo o la vergüenza a la hora de relatar lo sucedido. “Fruto de la escucha a estas víctimas, así como a otros testigos y acompañantes de las mismas, el Ararteko ha podido percibir la gravedad de los abusos sexuales cometidos por Patxi Ezkiaga Lasa contra una gran cantidad de víctimas durante, al menos, tres décadas y la gravedad de los daños individuales y colectivos que las mismas y, en ocasiones, sus familias, han sufrido solas y en silencio durante décadas como resultado de un ecosistema de impunidad en el Colegio La Salle Donostia y el conjunto de la sociedad vasca, cuyas consecuencias han llegado hasta nuestros días. Impunidad colectiva que sigue generando un daño enorme a las víctimas”, recoge el documento.

En este sentido, el Ararteko comparte “el profundo sentimiento de injusticia de las víctimas, familiares, acompañantes y amigos, agravado por el hecho de que, hasta el reportaje de El País, durante décadas nadie se interesó por las víctimas ni les preguntó cómo estaban. No obstante, al Ararteko le consta que actualmente algunos docentes del colegio La Salle Donostia están acompañando personalmente a las víctimas en este proceso de denuncia”. Por último, el Ararteko ha podido comprobar que los abusos sexuales sufridos y la impunidad de estos “siguen teniendo consecuencias muy graves en las víctimas, con manifestaciones en el ámbito laboral (largas bajas laborales desde que salen los reportajes en El País y se revive el trauma), tratamientos psicológicos y psiquiátricos, intentos de suicidio e incluso una vida de exilio fuera de Euskadi en el caso de algunas víctimas”, concluye el informe.

Tras la publicación del informe del Ararteko, La Salle ha difundido un comunicado para “reiterar con absoluta claridad” su “condena de los hechos ocurridos”. “Se trata de conductas inaceptables que provocaron un daño profundo y un sufrimiento injusto en las víctimas. Como institución educativa y como comunidad, nos sentimos profundamente consternados por lo sucedido y expresamos nuevamente nuestra cercanía, respeto y solidaridad con todas las personas que lo padecieron”, sostienen en el comunicado.

En su escrito, piden “perdón” a las víctimas, pero también hacen referencia a las víctimas que “han expresado su decepción o malestar” tras la negativa del centro a participar en el proceso guiado por el Ararteko, sin embargo, no hacen referencia clara a las medidas que tomarán de ahora en adelante. “Sabemos que ninguna palabra puede reparar plenamente el dolor causado, pero creemos que reconocer el daño y pedir perdón es un paso imprescindible de responsabilidad moral e institucional. Por ello, La Salle quiere reiterar su petición de perdón a todas las víctimas por el sufrimiento vivido y por no haber sabido, en aquel momento, prevenir o detectar lo ocurrido. Somos conscientes de que algunas víctimas han expresado decepción o malestar ante determinadas decisiones o procesos. Escuchamos esas reacciones con respeto y con atención. Precisamente por ello, La Salle está reflexionando con responsabilidad sobre cómo seguir avanzando para encontrar el mejor camino de encuentro con las víctimas, reforzando los espacios de diálogo y explorando las fórmulas que puedan contribuir de manera más adecuada al reconocimiento y a la reparación. Nuestra voluntad es clara: tender puentes, no cerrarlos; escuchar, no ignorar; y seguir buscando caminos de encuentro que permitan avanzar en el reconocimiento del dolor causado”, concluyen.

Campaña tras campaña, la lucha por alcanzar unas condiciones dignas para las temporeras de Huelva persiste en el campo andaluz. Las mujeres marroquíes copan la recogida de frutos rojos entre enero y julio, lejos de unos beneficios multimillonarios que sitúan a Andalucía como la principal exportadora europea. Aun así, los sindicatos, a pie de invernadero, intentan dar voz a las empleadas que pugnan por que se cumplan los acuerdos bilaterales entre los países, donde se les asegura viviendas en buenas condiciones y unas jornadas ajustadas a la ley, aunque el miedo a las consecuencias las paralice: ya hay siete denuncias registradas en Inspección de Trabajo, correspondientes a fincas ubicadas en Almonte, Moguer, Lucena de Puerto y Palos de la Frontera.

“La fresa importa más que la mano de obra”, determina Ana Pinto, portavoz y cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha. “Las viviendas tienen condiciones horribles y desde enero nos empezaron a llamar las compañeras para denunciar que no se cumplían los requisitos mínimos o que las obligaban a trabajar los domingos”, determina. Ya hay una veintena de personas atendidas y este año, a diferencia de los anteriores, podrán acceder por fin a los inmuebles donde están alojadas las temporeras para comprobar las condiciones de habitabilidad gracias a las actualizaciones de la normativa en materia de extranjería. Humedades en las paredes, cables sueltos, asentamientos chabolistas donde se construyen casas con palets de madera, en las que malviven durante meses.

El campo andaluz fue cambiando de forma lenta pero irreversible a finales de la década de los 90. En aquella época, Pinto inclinaba su espalda para recoger del suelo el oro rojo. Pese a los esfuerzos, recuerda aquel periodo feliz, lleno de compañerismo, que cambió por completo por la avaricia del sistema. “Empecé con 16 años y hacía las campañas de naranjas, aceitunas, y he visto como las condiciones iban cada vez a peor. Me parece digno que con tus manos alimentes a otras personas, se creaban vínculos, pero, de repente, impusieron normas nunca vistas: no podías llevar agua en el carro y la tenías que dejar al otro lado del invernadero para no perder el tiempo, con gente medicándose, prohibieron que ayudaras a las compañeras, para incrementar la presión de coger kilos, o tener música”, detalla. “Mi madre me enseñó que, si en el trabajo cumplo, nadie me puede explotar, y no me conformé con lo que no era justo”.

“A kilómetros del agua”

El fin era maximizar los beneficios, por lo que las condiciones laborales y salariales fueron empeorando, en paralelo al éxito de las campañas que convertían a Huelva en un referente mundial. En un contexto abusivo y desigual donde la mecanización del cultivo era inviable por la delicadeza del producto, las familias andaluzas dejaron el campo en busca de mejores oportunidades. Así, la contratación en origen se formalizó en 2002 a través de la Orden GECCO ante la falta de plantilla, dejando la puerta abierta a la explotación laboral que sufrirían unas trabajadoras con miedo a que las devolvieran a su país, sin conseguir ahorros para sus familias, o que no las volvieran a llamar. El jornal en Huelva es 60,51 euros brutos por 6,5 horas, apuntan los sindicatos: apenas unos 1.100 euros al mes.

Teniendo en cuenta que el 92% de las participantes en los programas de migración circular en 2025 fueron mujeres, ellas son las principales afectadas por estas condiciones. El contingente procedente de Marruecos asciende este 2026 a 17.000 personas, aunque cada vez más se suman trabajadores procedentes de Sudamérica, llegando a las 21.000 contrataciones. La selección se hace en origen, en ciudades como Tánger, a donde se desplazan miles de mujeres desde las aldeas circundantes para realizar las entrevistas. ¿Las condiciones? Tener entre 25 y 45 años, en edad para soportar las cargas del trabajo, con hijos, y casada, divorciada o viuda, es decir, con arraigo para que se cumpla el compromiso de retorno.

En la campaña 2024/2025, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, notificó que la campaña 2024/2025 había cerrado con una producción de 210.345 toneladas de fresa, un descenso del 5% comparada con el ejercicio anterior, y 699,3 millones de euros en exportaciones. En cuanto a la frambuesa, llegaron a las 37.660 toneladas (un 6,5% menos) y los 229,6 millones, mientras que la mora alcanzó las 1.890 toneladas (caída del 11%) y 18,3 millones. Alemania y Reino Unido son los principales importadores. A pesar de los beneficios, Philip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, declaraba en 2020 que las personas del campo onubense vivían “como animales”: “A kilómetros del agua, sin electricidad o saneamiento adecuado. El campo de recolectores de fresas fue verdaderamente impactante”.

Conocer los derechos laborales

“El convenio del campo de Huelva va por contratos fijos-discontinuos y, a través de las tarjetas TIE se permite la vuelta al trabajo durante cuatro años siempre y cuando cumplas con el compromiso de retorno”, explica Ana Pinto. Sin embargo, a la hora de conformar los contingentes, no se respeta la antigüedad de las trabajadoras de la campaña, “¿cómo controlamos eso?”, se pregunta, “no hay una lista en Marruecos, que se debería revisar por WhatsApp, pero se elimina como un castigo por menor producción”. “Lo más importante es que las trabajadoras conozcan sus derechos, se organicen y denuncien”, y la insistencia y difusión de la información desde los sindicatos a las trabajadoras ha logrado la interposición de demandas y la intervención de Inspección de Trabajo.

Además, hace un lustro se introdujeron dos nuevas órdenes ministeriales, la Orden TMS/1426/2018 y la TMS/1277/2019, con el fin de mejorar las actuaciones de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para controlar que se cumple correctamente la normativa laboral, a raíz de las polémicas que saltaron a la palestra mediática y, también, en función del acuerdo sobre mano de obra que se firmó entre España y Marruecos, adoptado en 2001. En su artículo 6, se establece que “los trabajadores y trabajadoras marroquíes gozarán de los derechos y privilegios que les conceda la legislación española”.

“Ninguna de estas mujeres quiere salir en la foto: tienen miedo”, critica Fátima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMINA). Antes de llegar a los juzgados o a las autoridades competentes, intermedian con los empresarios para llegar a una solución entre las partes, haciendo hincapié en las actitudes o exigencias de los encargados son los principales problemas que se encuentran en el día a día.

“En una finca en Moguer, la cocina estaba quemada, el grifo de la cocina estaba amarrado con una cuerda, las paredes llenas de humedades... Nos presentamos en la finca y recogimos pruebas con todo ello”, explica. Nombra el caso de una trabajadora que durante ocho años soportó las condiciones de la infravivienda hasta que las amenazas y los malos tratos por parte de los responsables de la finca mellaron la relación y no pudo aguantar más: “El empresario no quiso hacer nada, es más, si no hubieran hecho ese daño, habría seguido en la misma situación”.

Ezzohayry llegó a la provincia en el año 97, antes de la Orden GECCO. Venía en un contingente procedente de Marruecos y conoció al que ahora es su marido. Hasta el año 2017 trabajó en el campo, pero las ernias en su columna vertebral provocaron que le dieran una incapacidad laboral para tales tareas. Fue entonces cuando decidió implicarse en la lucha sindical: “El campo ha empeorado. En mis tiempos era mejor porque estaban las personas españolas, no las migrantes, que no conocen las normas, muchas no saben leer el idioma, y temen perder el trabajo o que no las vuelvan a llamar si se quejan”.

Abusos sexuales

La Audiencia Provincial de Huelva corroboró la existencia de abusos sexuales por parte de cinco patronos españoles a varias trabajadoras marroquíes, de entre 18 y 30 años, el 24 de abril de 2014. El auto recogía que algunas de las vejaciones eran “putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro país estáis muertas de hambre” o “hijas de puta, tontas, inútiles”. Los agravios hacia las temporeras dieron el salto mediático en el año 2018, después de años de ostracismo laboral y social. También, alrededor de 100 trabajadoras declararon haber sufrido abusos sexuales por parte de jefes y trabajadores en un reportaje en el diario alemán Correctiv. En un frente común, se registró la primera denuncia judicial por parte de cuatro temporeras marroquíes al encargado de una explotación agraria de Moguer y, seguidamente, una segunda denuncia ante la Audiencia Nacional de diez temporeras marroquíes a la empresa Doñana 98 por explotación laboral, acoso y agresiones sexuales.

El artículo Influencia en la agenda mediática en la cultura de la violación: los casos de La Manada y las Temporeras de Huelva en la revista Investigaciones Feministas analiza la influencia que tuvieron tales hechos en los medios de comunicación de aquel entonces. Mientras que los hechos acaecidos durante las fiestas de San Fermín en Pamplona impactaron y movilizaron a la sociedad española, los que se daban en el sur andaluz quedaron relegados a un segundo apartado, pese a la gravedad de lo denunciado y la reiteración de los daños infringidos cada campaña ante la ausencia de unos organismos públicos que velaran por su protección. La cultura de la violación, tal y como se detalla, actúa a través de una triple dominación: la nacionalidad, el sexo y la clase.

La portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha rompe una lanza a favor del sector y sentencia que la violencia sexual “no es mayor” que en otros sectores. Pero las condiciones propician escenarios peligrosos: “Las mujeres que viven en asentamientos chabolistas sin papeles están más expuestas, sin ningún tipo de seguridad, y, por otro lado, las que tienen contrato en origen van por caminos secundarios, no tienen transporte... Imagínate ir andando por ahí y, si pasa algo, tener luego que demostrarlo porque no tienes testigos; están muy expuestas y vulnerabilizadas”.

La medida de regularización extraordinaria que anunció el Gobierno central la contempla como una oportunidad para darle salida a estas realidades, tan menospreciadas: “No es normal que en menos de 24 horas haya una sentencia judicial en la que se dictamine que una mujer tiene intereses espurios para quedarse en España”.

¿Es la migración circular la solución? Carmen Vásquez, miembro del área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), apoya a las diferentes asociaciones y las personas que viven en los asentamientos que hay desperdigados por el territorio con asesoría y acompañamiento. “Aquí se juega con la necesidad, con el temor, y las fincas tienen una actitud bastante hostil hacia las asociaciones por el daño a su imagen”, indica. En todo caso, Pinto zanja el asunto: “Este monocultivo funciona en base a la explotación laboral, porque en unos meses se quiere la mayor producción posible y un aumento del PIB tanto a nivel provincial como nacional. Se expolia el medioambiente, pero se quiere que Andalucía sea exportadora a nivel mundial y cuenta con el beneplácito de mucha gente y de los partidos”.

“¿Por qué no hiciste nada?”. La pregunta se la hizo el exnovio de la actriz Bàrbara Mestanza a ella cuando un día le contó que años antes había sido abusada sexualmente. Mestanza sintió la fuerza para contar por fin lo que le había pasado y lo que recibió de la persona en la que había confiado y con quien compartía su vida. Fue un escupitajo en forma de prejuicio machista. Colocaba, de nuevo, la responsabilidad sobre la víctima del abuso. Consideraba que había algo de culpa en su pareja porque había permitido, con su pasividad, esa agresión.

Aquel momento fue fundamental para que Bàrbara Mestanza se diera cuenta de que algo no estaba bien. No solo por el abuso sufrido, sino porque ni siquiera hombres progresistas entendían a aquellas que lo sufrían. Esa pregunta, ese “¿por qué no hiciste nada?”, sobrevuela como un leitmotiv el documental que la actriz ha dirigido junto a Marc Pujolar y en el que se abre en canal para intentar poner palabras e imágenes a aquello que sintió. Lo que sintió no solo en aquel 2015 cuando fue abusada en la camilla de un masajista, sino lo que sintió todos los años que siguieron hasta que consiguió una condena para su agresor.

Entre medias hubo miedo, ansiedad, ganas de dejarlo todo… pero también el apoyo de unas mujeres —sus amigas, su madre— que le apoyaron en la decisión que quiso tomar. El resultado es Sucia, que se ha presentado en el Festival de Málaga y que tiene el mismo nombre que una de las obras de teatro que Mestanza escribió y en la que abordaba esos abusos. Porque este trabajo, que funciona como un puñetazo en el estómago del espectador, también habla de cómo el arte puede ayudar a sanar y restaurar la herida. Para Bàrbara Mestanza fue la interpretación, el teatro y ahora el cine quienes han servido para vehicular el dolor y la rabia y convertirlo en otra cosa. 

Meryl Streep siempre recuerda lo que le dijo Carrie Fisher en un momento duro para la actiz. “Coge tu corazón roto y conviértelo en arte”, le dijo. Y de alguna forma eso es lo que consigue Mestanza en su trabajo: coger los pedazos y convertirlos en una película que muestra de forma clara y evidente que esto no es un problema individual, sino algo colectivo. Un problema que afecta a todos. Los hombres deberían ver Sucia para entender por qué esa pregunta, ese “¿por qué no hiciste nada?”. Es otra forma de agresión a una mujer. 

La actriz se graba a sí misma en un largo viaje de años a través de las distintas fases de esta especie de duelo. Pero no se convierte en el clásico documental autoficcional, sino que sirve como radiografía también de todo el arco lineal desde que una mujer es agredida hasta que toma conciencia. En este caso, ella decidió denunciar, y ahí Sucia ofrece una mirada que normalmente no se está ofreciendo, la de todo lo que cuesta hacerlo. No solo por la presión social, las preguntas a las que va a ser sometida en el juicio… sino también por lo que cuesta económicamente. Unos carteles van anunciando lo que supone en dinero cada acción que decide tomar. 

La película consigue plantear todo ello de forma clara, pero sin perder el ritmo, convirtiendo en ocasiones su narración hasta en una especie de thriller, como cuando Mestanza intenta localizar a su agresor llamando a teléfonos móviles, o buscar el local donde sufrió la agresión a través de Google Maps y regresando a aquella calle marcada a fuego en su recuerdo. La actriz pone del revés los clichés, y deja claro que no hay ‘malas víctimas’, aunque la sociedad y los hombres se empeñen en calificarlas así poniendo en el foco las contradicciones o decisiones que no concuerdan con lo que ellos esperan que debería hacer una mujer que ha sido abusada.

El documental termina con unas cifras incontestables. 400.000 personas han sido victimas de violencia sexual. Solo un 5% denuncia y, de las que lo hacen, solo un 9,7% obtiene sentencia condenatoria hacia su agresor

La actriz explicaba en una entrevista a este periódico que durante diez años vivió obsesionada con su agresor. “Pensaba en por qué me escogió a mí, por qué hizo eso ese día y por qué conmigo. Y necesitaba tenerle delante para que me lo explicase, pero también para que me viera viva. Él me había arrebatado mi cuerpo, mi juventud, casi me muero por su culpa. Con los años comprendí que era como un veneno que entró en mi cuerpo: no solo me metió los dedos en la vagina, sino que logró meterse dentro de mí durante años. Así que para mí era importante que me viese la cara y decirle: ‘Aunque hayas intentado quitarme lo más vital, yo sigo aquí. Estoy viva’”, decía.

Sucia es su carta para certificar que sigue viva, pero que esto no ha acabado. Aunque al final pueda responder a esa pregunta de por qué no hizo nada, algo tan simple como “porque no podía”, los datos de las mujeres que son agredidas y abusadas son espeluznantes. El documental termina con unas cifras incontestables. 400.000 personas han sido victimas de violencia sexual. Solo un 5% denuncia y, de las que lo hacen, solo un 9,7% obtiene sentencia condenatoria hacia su agresor. Nada más que añadir.

La voluntad de este trabajo de generar conversación y de que esto continúe se confirma cuando al finalizar el filme aparece un QR en la pantalla. Al escanearlo, uno accede a un cuestionario para poder compartir sus propias experiencias y si ellas y ellos han sufrido alguna situación parecida. Porque ese es el verdadero trabajo del arte, seguir planteando preguntas que nos hagan avanzar como colectivo.

Los tres hermanos Alexander –los gemelos Oren y Alon, de 38 años, y Tal, de 39–, entre ellos dos de los agentes inmobiliarios de lujo más famosos de EEUU, han sido condenados por delitos de tráfico sexual por haber utilizado la fuerza y haber suministrado drogas para violar a decenas de mujeres.

Un jurado de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, declaró culpables a Tal y Oren Alexander, agentes de inmuebles de alta gama, y Alon Alexander, que trabaja en una empresa de seguridad de la familia, de todos los delitos sexuales federales que se les imputaban, entre ellos la conspiración para cometer tráfico sexual.

La decisión del jurado deja abierta la puerta a que se les aplique la cadena perpetua cuando se dicte la sentencia final el próximo 6 de agosto.

Las víctimas que han testificado en el proceso relataron siempre el mismo modus operandi: sufrieron las agresiones sexuales después de ser invitadas a viajes o fiestas de lujo. Según la fiscalía, más de 60 mujeres afirman haber sido violadas por uno o varios de los hermanos, aunque solo 11 han participado como testigos en el juicio.

Los abogados de los hermanos argumentaron que las víctimas tenían recuerdos erróneos y les acusaron de intentar sacar dinero por la enorme fortuna de los hermanos. Además, aunque indicaron que los ahora condenados son “mujeriegos” insistieron en que todas las relaciones sexuales fueron consentidas.

La Fiscalía, sin embargo, ha aportados durante el juicio correos electrónicos que los hermanos se enviaron sobre cómo introducir drogas en un crucero o en las fiestas que organizaron, y han probado que grabaron al menos una agresión en vídeo y compartieron fotos de las víctimas.

La decisión del jurado se produce un mes después del inicio del juicio contra los hermanos en los que 11 mujeres relataron sus testimonios y les acusaron de violación o agresión sexual. Algunas víctimas declararon haber sido drogadas para no poder resistirse a la violación.

Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que esta decisión supone “un paso importante en la lucha contra el tráfico sexual”. “El veredicto se produce tras un juicio de varias semanas en el que las pruebas y los testimonios de 11 valientes víctimas demostraron que los hermanos Alexander conspiraron para atraer, drogar y violar repetidamente a mujeres jóvenes. Se trata de actos escalofriantes, reprensibles e inaceptables”, aseguró Clayton en un comunicado.

Además del caso penal, por el que podrían ser condenados a cadena perpetua, los hermanos se enfrentaba a más de una veintena de demandas, incluida una presentada el jueves por Tracy Tutor, una estrella del programa Million Dollar Listing Los Angeles de Bravo. Tutor alegó que Oren Alexander la drogó y agredió en el baño de un restaurante mientras ella se encontraba en Nueva York para asistir a un evento inmobiliario.

“No quiero su dinero. Simplemente no quiero que lo tengan”

Los hermanos fueron detenidos en diciembre de 2024 en el sur del estado de Florida tras una serie de acusaciones por abuso sexual cometidas desde el año 2010.Los hermanos conocían a las mujeres en discotecas, fiestas y aplicaciones de citas, llevaban a algunas de ellas a lugares lujosos y les pagaban los vuelos y el alojamiento de lujo. Los fiscales rechazaron la idea de que las víctimas esperaran sacar provecho económico de las demandas. Solo dos tienen demandas pendientes, dijo la fiscal Elizabeth Espinosa al jurado, y ambas son ricas.

Una de las mujeres que testificó dijo que fue violada por Alon Alexander en Aspen, Colorado, en 2017, cuando tenía 17 años. Dijo que era hija de un multimillonario. “No quiero su dinero. Simplemente no quiero que lo tengan”, afirmó frente a los miembros del jurado, según recoge Associated Press.

Además de los testimonios de los testigos, los fiscales intentaron demostrar su caso mediante mensajes de texto y correos electrónicos en los que los hermanos parecían presumir de sus hazañas sexuales y de su conocimiento de los efectos que diversas drogas pueden tener sobre las inhibiciones de una mujer, junto con un blog que incluía una entrada titulada: “No es violación si...”.

Els vuit acusats de la violació grupal ocorreguda a Magaluf (Calvià) l’agost de 2023 han acceptat condemnes que sumen un total de 72 anys de presó després d’admetre que aquell dia van acudir juntament amb la víctima a l’habitació de l’hotel on s’allotjava un d’ells, on, malgrat ser conscients de l’estat d’inconsciència en què es trobava la dona, la van despullar, la van sotmetre a tocaments de caràcter sexual i la van violar en múltiples ocasions.

Els membres del grup —set de nacionalitat francesa i un altre suís— s’han assegut aquest dilluns al banc dels acusats de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de les Illes Balears, on han arribat a un acord de conformitat amb les acusacions i han admès els fets, pels quals han estat condemnats com a autors de sis delictes d’agressió sexual i vuit contra la intimitat. En concret, dos dels processats han estat condemnats a 13 anys i tres mesos de presó, un a 13 anys, dos a 11 anys, un a sis anys i tres mesos i dos a dos anys i tres mesos.

En virtut d’aquest pacte, els vuit acusats, tots de nacionalitat francesa excepte un suís, han admès que el 14 d’agost de 2023 van acudir a l’habitació d’un hotel de Magaluf on s’allotjava un d’ells, acompanyats de la víctima.

Durant aproximadament mitja hora, els joves van agredir sexualment la dona, van fer comentaris obscens i van gravar amb els seus telèfons mòbils 21 vídeos que després van compartir a través d’una aplicació de missatgeria instantània.

Els vuit processats van ingressar a presó provisional pocs dies després dels fets. La Fiscalia, en un primer moment, sol·licitava que fossin condemnats a un total de 153 anys de presó i al pagament de 190.600 euros. Després de l’acord de conformitat, que contempla l’atenuant de reparació del dany al haver-se abonat ja la responsabilitat civil, les penes s’han vist rebaixades a un total de 72 anys i tres mesos de presó.

Les penes més baixes han recaigut en dos dels acusats, condemnats únicament per un delicte contra la intimitat a dos anys i tres mesos de presó. En l’extrem oposat se situen tres dels processats, sobre els quals han recaigut les condemnes més elevades: 13 anys i tres mesos de presó. A més del delicte contra la intimitat, han estat considerats responsables d’un delicte continuat d’agressió sexual amb accés carnal, amb la concurrència de violència i intimidació de caràcter degradant. La magistrada, al final de la vista, ha llegit ‘in voce’ la sentència condemnatoria.

La decisió sobre una eventual suspensió de les penes o l’aplicació de mesures alternatives queda ajornada al moment de l’execució de la sentència. Així mateix, en el cas dels cinc acusats que continuen en presó provisional, el temps que ja han passat a la presó serà descomptat del total de la condemna que finalment hagin de complir.

Cal recordar que, després de ser arrestats, el Jutjat d’Instrucció número 3 de Palma va decretar l’ingrés a presó provisional de sis dels acusats. Una setmana més tard van ser detinguts a França els dos agressors que faltaven per passar a disposició judicial.

Aquell mateix estiu van ser detinguts sis turistes d’entre 21 i 23 anys per una violació grupal a una altra jove en un hotel de Platja de Palma. Segons les investigacions, quatre d’ells haurien forçat la víctima a mantenir relacions sexuals, agressió que va ser gravada en un telèfon mòbil per un dels arrestats.

Després d’aquests successos, The New York Times assenyalava com “cada estiu” Magaluf (situat al municipi de Calvià i gestionat per Vox) es veu immers en “joves britànics en busca d’una bacanal” i arriben a definir aquest nucli mallorquí com una part del Regne Unit “situada al Mediterrani, amb l’excepció que és més sórdida que qualsevol altre lloc en els racons més lúgubres de Londres”. El rotatiu assegurava, fins i tot, que les agressions sexuals “són lamentablement comunes” a la zona i que la “nuditat pública” és tan “frequent” que als carrers es poden veure cartells que adverteixen que no portar roba comporta multes de fins a 400 euros.

Magaluf és coneguda a Europa per ser una de les meques del turisme d’excessos i del ‘balconing’. Es troba a Calvià, que compta amb la major planta hotelera de Mallorca (aglutina el 21% dels establiments) i que des de fa anys lluita per millorar l’oferta i la marca de la que molts consideren la “ciutat del pecat”, un enclavament amb epicentre al carrer Punta Ballena, ocupat per tot tipus de negocis vinculats a l’oci diürn i nocturn, on preval l’abús del consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.

En la passada legislatura, el Govern va aprovar l’anomenada llei “contra el turisme d’excessos”, amb l’objectiu de canviar el model turístic de determinades zones de Mallorca i Eivissa. Entre elles, Magaluf; Platja de Palma i Llucmajor (totes elles a Mallorca) i Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La norma va ser consensuada amb una part del sector hoteler, que veia amb preocupació com any rere any —i també després de l’aprovació de la llei— es succeïen les imatges de descontrol i desenfrenament juvenil en aquestes zones, dominades pel turisme britànic.

Los ocho acusados de la violación grupal ocurrida en Magaluf (Calvià) en agosto de 2023 han aceptado condenas que suman un total 72 años de prisión tras admitir que aquel día acudieron junto a la víctima a la habitación del hotel en el que se alojaba uno de ellos, donde, pese a ser conocedores del estado de inconsciencia en el que se encontraba la mujer, la desnudaron, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y la violaron en múltiples ocasiones.

Los integrantes del grupo -siete de nacionalidad francesa y otro suizo- se han sentado este lunes en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears, donde han alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones y han admitido los hechos, por los que han sido condenados como autores de seis delitos de agresión sexual y ocho contra la intimidad. En concreto, dos de los procesados han sido sentenciados a 13 años y tres meses de prisión, uno a 13 años, dos a 11 años, uno a seis años y tres meses y dos a dos años y tres meses.

En virtud de este pacto, los ocho acusados, todos de nacionalidad francesa menos un suizo, han admitido que el 14 de agosto de 2023 acudieron a la habitación de un hotel de Magaluf en el que se alojaba uno de ellos acompañados de la víctima.

Durante aproximadamente media hora, los jóvenes agredieron sexualmente a la mujer, jalearon comentarios obscenos y grabaron con sus teléfonos móviles 21 vídeos que después compartieron a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Los ocho procesados ingresaron en prisión provisional pocos días después de que ocurrieran los hechos. La Fiscalía, en un principio, solicitaba que fueran condenados a un total de 153 años de prisión y al pago de 190.600 euros. Tras el acuerdo de conformidad, que contempla la circunstancia atenuante de reparación del daño al haberse abonado ya la responsabilidad civil, las penas se han visto rebajadas a un total de 72 años y tres meses de cárcel.

Las penas más bajas han recaído en dos de los acusados, condenados únicamente por un delito contra la intimidad a dos años y tres meses de prisión. En el extremo opuesto se sitúan tres de los procesados, sobre quienes han recaído las condenas más elevadas: 13 años y tres meses de cárcel. Además del delito contra la intimidad, han sido considerados responsables de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal, con la concurrencia de violencia e intimidación de carácter degradante. La magistrada, al final de la vista, ha leído 'in voce' la sentencia condenatoria.

La decisión sobre una eventual suspensión de las penas o la aplicación de medidas alternativas queda aplazada al momento de la ejecución de la sentencia. Asimismo, en el caso de los cinco acusados que permanecen en prisión provisional, el tiempo que ya han pasado en prisión será descontado del total de la condena que finalmente deban cumplir.

Cabe recordar que, tras ser arrestados, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los acusados. Una semana después fueron detenidos en Francia los dos agresores que faltaban por pasar a disposición judicial.

Ese mismo verano fueron detenidos seis turistas de entre 21 y 23 años por una violación grupal a otra joven en un hotel de Playa de Palma. Según las investigaciones, cuatro de ellos habrían forzado a la víctima a mantener relaciones sexuales, agresión que fue grabada en un teléfono móvil por uno de los arrestados.

Tras esos sucesos, The New York Times apuntaba cómo “cada verano” Magaluf (situado en el municipio de Calvià y gestionado por Vox) se ve arrastrada por “jóvenes británicos en busca de una bacanal” y llega definir este núcleo mallorquín como una parte de Reino Unido “situada en el Mediterráneo, con la excepción de que es más sórdida que cualquier otro lugar en los rincones más lúgubres de Londres”. El rotativo aseguraba, incluso, que las agresiones sexuales “son lamentablemente comunes” en la zona y que la “desnudez pública” es tan “frecuente” que en las calles se pueden ver carteles que advierten de que no llevar ropa conlleva multas de hasta 400 euros.

Magaluf es conocida en Europa por ser una de las mecas del turismo de excesos y el 'balconing'. Se ubicà en Calvià, que cuenta con la mayor planta hotelera de Mallorca (aglutina el 21% de establecimientos) y que desde hace años lucha por mejorar la oferta y la marca de la que muchos consideran la 'ciudad del pecado', un enclave con epicentro en la calle Punta Ballena copado por todo tipo de negocios vinculados al ocio diurno y nocturno en los que prevalece el abuso del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.

En la pasada legislatura, el Govern aprobó la denominada ley “contra el turismo de excesos”, con el objetivo de cambiar el modelo turístico de determinadas zonas de Mallorca y Eivissa. Entre ellas, Magaluf; Platja de Palma y Llucmajor (todas ellas en Mallorca) y Sant Antoni de Portmany (Eivissa). La norma fue consensuada con una parte del sector hotelero, que veía con preocupación cómo año tras año -y también después de la aprobación de la ley- se sucedían las imágenes de descontrol y desenfreno juvenil en estas zonas, dominadas por el turismo británico.

Zorra dorada es un espectáculo de danza. No lo duden. Aunque contenga textos de una contundencia abrasiva, escritos con la iluminación sintética de la ira. Aunque sea una de las piezas más performáticas de los últimos años, con unas acciones donde el horror se emparenta con la belleza. Aun con todo eso, Zorra dorada es ante un cuerpo en rebeldía, pura tensión muscular movida por la rabia de un cuerpo vejado hasta la náusea. La responsable de todo es Elisa Forcano, una Daryl Hannah del XXI, una replicante del dolor que, con toda la frontalidad del mundo, acara al público frente al sufrimiento de las mujeres violadas, abusadas y arrasadas hasta la muerte. 

Hemos visto en estos últimos diez años muchos trabajos sobre la mujer, sobre el feminismo, muchas obras denunciando a la sociedad patriarcal y el machismo. Pero esta obra desborda ese movimiento. Y lo hace por forma y fondo, por actitud y determinación. Hace mucho tiempo que no se veía en escena, tan acostumbrada ya a la comedia representativa de usos y modos de la clase media o a la tragicomedia de tintes burgueses y dramaturgos inteligentes, una pieza tan disruptiva. Las razones son varias. 

Zorra dorada es, como decíamos, una pieza de danza, pero también es un híbrido. No solo por las disciplinas que se juntan en ella (danza, interpretación teatral, performance, instalación, teatro ritual), sino también por cómo aborda la llamada autoficción. La pieza gira en torno a la figura de Noa Pothoven, una adolescente holandesa que se dejó morir por inanición a los 17 años tras sufrir abusos y violaciones desde la infancia. Solicitó la eutanasia, cuando se la negaron decidió “dejarse ir”. Su historia es también la de una figura que rompió el silencio y con su libro Ganar o aprender se convirtió en una figura mediática y en influencer. 

La obra de Forcano es un ritual mortuorio en torno a ese dolor que arrasó la vida de la holandesa. Pero también es una expiación de la propia creadora, de Forcano como ser humano y mujer. Y ahí está el acierto. Realmente da igual si está hablando de ella misma o de la vida de la holandesa. Por un lado, se aleja así del morbo testimonial al mismo tiempo que el público sabe lo que está en juego en escena. Por otro, ya no es una obra sobre la figura de Noa Pothoven, sino el relato de tantas y tantas mujeres, “si hubiese una montaña de piedras por cada mujer violada se extinguirían los campos, no habría tierra fértil sobre la que cultivar”, dice Forcano en escena. 

Pero lo alucinante de esta pieza es la rabia. La rabia alojada en cada músculo de ese cuerpo tan combativo como herido. Una rabia convertida en carne a la que acompañan unos textos de una exposición máxima. Pocos textos hay en el último teatro con la dureza del que dedica esta artista a la madre. Forcano lo afronta con la fuerza de quien se rebela, pero sabe que se ahoga. Hay otros textos brutales, uno corto sobre la vagina o el de la propia narración de una violación en una calle con olor a orines. 

Pero uno de los textos, el titulado Muerta pero follable, destaca sobremanera. Está escrito con un lenguaje netamente contemporáneo, es una declaración de guerra que Forcano convierte en danza macabra y apache. Cuerpo y palabra se unen en una sola dirección, en una sola energía. Mientras Forcano escupe estas palabras, “Muerta pero con highligther. Muerta con vestidazo (…) con los labios a tope de gloss (…) Y los dientes bien limados; bien limaditos, que algo aprendí de mi historial de felaciones forzadas”, su cuerpo es puro exorcismo convertido en cuchillo. 

“Así os montáis una buena gang bang con mi boca a punto. Así sigo siendo funcional. La no virgen de las pajas, de las eyaculaciones santas llenas de pena y penitencia. La Santa de las felaciones”, grita en escena con dureza para convertir ese acto del teatro que dicen es encuentro y comunión en guerra. Se enferma su cuerpo, se enferma el espacio, vuelve a surgir ese teatro de la crueldad que ya parecía olvidado, se instaura una incomodidad 'artaudiana' y catárquica que demuestran que aunque el mercado cultural quiera reducir esa fuerza del “otro teatro” a marca, ya sea el de la Liddell o el de viejas glorias como Grotowski o Gambaro, la cosa sigue bien viva. 

Pero la pieza además contiene un buen decálogo de acciones. Desde acciones clásicas, como decir un texto comiendo una granada que se deglute y vomita en sangre, hasta dos acciones lumínicas donde la luz proviene del mismo sexo de la actriz que son escalofriantes por retadoras al mismo tiempo que bellas. Y lo increíble es que en todas estas lides, en la de la danza, en la de la performer con gran carga interpretativa o en la de accionista pura, Forcano sale indemne. Pocas veces se puede ver en escena a una intérprete tan completa donde se da la conjunción de palabra, cuerpo, decisión y actitud. 

Elisa Forcano es una joven intérprete zaragozana, con 36 años ha estado ya en muchas disciplinas de distinto pelaje: en teatro infantil, en formato de danza estricta como la compañía de danza que montó en 2017 con Carlos Beluga, Le Doute, incluso en proyectos de actriz más tradicional con la compañía aragonesa Che y Moche. Pero su formación en teatro físico y su paso por ciertas manos como La Veronal, Peeping Tom o Lucas Condro se ha ido imponiendo. Y si bien ha seguido alternando diferentes códigos escénicos en diferentes proyectos (como junto a Alberto San Juan en la obra de Juan Mayorga, La gran cacería) su otro lado, más performativo y físico, es el que la define. No es casual que Rodrigo García la eligiese para aquella maravilla llamada Cristo está en Tinder. 

Después de todos esas idas y venidas, propias de una de las profesiones más precarias que hay, la de actriz, Forcano ha decidido, en el significado más literal del término, empoderarse. Y de qué manera. Empoderarse como mujer, como creadora e intérprete, como dueña de una voz y un cuerpo. Como dice la bulería que canta y clava Iván Cozar en la obra: “Mi cuerpo tiene precio y valor, lo fija el amo y el patrón, mi cuerpo es un páramo desierto, mi alma es quebranto y lamento”. Un lamento ya muy largo que se convierte en lucha, la misma de Mariana Enriquez en Las cosas que perdimos en el fuego, la de María Fernanda Ampuero en Pelea de Gallos, y la de tantas otras. “Si cada mujer que ha sufrido un abuso se inmolase, ¿quién traería vuestros hijos al mundo?”, dice una perturbadora voz de niña en un momento de la obra. 

La pieza, que se estrenó en el Festival Surge en 2004, ha llevado, auspiciada por la Cuarta Pared, su propia cocción lenta. Ahora ha llegado con toda la fuerza a la pequeña sala madrileña Nave 73. Estará tan solo hasta este sábado. Pero no se preocupen, Zorra dorada tiene la impronta del corredor de fondo. Se hará durante mucho tiempo. Es demasiado valiosa para que tenga una muerte temprana. Ya se está armando una gira que se prevé larga: el 12 de marzo visitará Lanzarote, en abril estará en Asturias, en septiembre en Valencia y en octubre en Bilbao. Y volverá a Madrid. Esta vez, por calendario no podrá estar el 8M, pero volverá. Si no, al tiempo. 

Este miércoles ha comenzado el juicio contra 35 acusados de delitos de abusos sexuales online con menor de edad de forma online, los delitos que se conocen como grooming y sexting. Un total de 31 acusados han reconocido los hechos y han aceptado una sentencia de conformidad. Se han aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño. 

La mayoría han sido condenados a seis meses de prisión, al pago de 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil, un año de Libertad Vigilada una vez cumplida la condena, así como inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, cargo relacionado con menores por el tiempo de la condena. Aquellos que no han satisfecho la responsabilidad civil requerida de 2.000 euros han sido condenados a un año de prisión.

En el banquillo quedan cuatro acusados, entre los que se encuentra el administrador único de la página de anuncios de contenido sexual. La Fiscalía pide para cada uno, en sus conclusiones provisionales, tres años de prisión, cinco años de Libertad Vigilada una vez cumplida la pena, 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil, así como como inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, cargo relacionado con menores por el tiempo de la condena. Al administrador le pide 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil como cooperador necesario en un delito continuado de abuso sexual online con menor de edad para concertar encuentros de índole sexual. 

La instrucción de este caso se ha centrado en la investigación de una página web que se dedicada a la publicación de anuncios para mantener contactos sexuales. La plataforma actúa como intermediaria entre usuarios, permitiendo que quienes publican anuncios reciban respuestas y facilita el intercambio de correos electrónicos entre las partes. A partir de ahí, la comunicación puede continuar en el ámbito privado, incluso mediante teléfono o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Kik.

Según el relato del fiscal, un menor de edad, nacido en 2004, accedió a la plataforma y publicó numerosos anuncios entre enero de 2018 y junio de 2019. En dichos anuncios hacía constar su edad real en cada momento (13, 14 y 15 años).

Destaca que el menor pudo registrarse, publicar anuncios y responder a ofertas sin encontrar ningún tipo de obstáculo técnico o medida de seguridad que impidiera el acceso de menores de edad. Se señala expresamente que la página no disponía de mecanismos eficaces de control para evitar que menores publicaran anuncios o contactaran con adultos interesados en contactos sexuales.

En definitiva, el Fiscal pone de relieve la ausencia de sistemas de verificación o control de edad en la plataforma y la posibilidad real de que menores contacten con adultos a través de la misma. 37 hombres adultos interactuaron con el menor.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre a un total de 11 años de prisión por los delitos de agresión sexual a una menor, corrupción de menores, facilitar la difusión de material pornográfico y tenencia de material pornográfico infantil. Por contra, el tribunal ha absuelto al procesado de otros delitos imputados inicialmente, entre ellos elaboración de material pornográfico, acoso telemático y otras dos agresiones sexuales.

La Audiencia Provincial subraya que la sentencia se dicta tras juicio oral celebrado a puerta cerrada, con pruebas preconstituidas y declaraciones grabadas, garantizando los derechos de defensa del acusado y la protección de la víctima durante todo el proceso.

Se ha establecido la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros de su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar frecuentado durante un periodo de hasta 14 años, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante el mismo tiempo.

Además, el condenado afronta inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores durante 18 años, y libertad vigilada por nueve años tras cumplir las penas de prisión. También se le impone inhabilitación para ejercer derechos de patria potestad, tutela o acogimiento durante ocho años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 30.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes. La sentencia, recogida por Efe, también decreta el decomiso de todos los efectos intervenidos utilizados para cometer los delitos.

Según el fallo, los hechos probados ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando el acusado contactó con la víctima y otros menores mediante plataformas de mensajería y webs de citas, llegando incluso a mantener encuentros físicos con fines sexuales.

La sentencia destaca que la víctima “sufrió ansiedad, sentimientos de culpa y alteraciones en su rendimiento escolar, lo que requirió tratamiento psicológico para normalizar su estado emocional”. La resolución recuerda que el condenado puede interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).