El Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC) ha abierto una causa por prevaricación al exconseller de Interior y actual diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, y al exlíder de ICV Joan Herrera, por el uso “fraudulento” de contratos menores (a dedo) que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) habría adjudicado al despacho que comparten los dos políticos.

Según ha informado el TSJC, la Sala Civil y Penal del alto tribunal catalán, competente para los aforados catalanes, ha aceptado la causa que le ha derivado el juzgado de El Vendrell (Tarragona) que inició las pesquisas. El mismo juzgado ya derivó al Tribunal Supremo el caso para el exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, actual diputado de los Comuns en el Congreso.

La Fiscalía se mostró favorable a abrir una causa contra los políticos. En su auto, adelantado por El País, los magistrados exponen que una de las conductas investigadas consistiría “de forma provisional, presunta y meramente indiciaria” en un “concierto” entre los investigados para “aprovechar” la figura del contrato menor y prorrogar varios contratos adjudicacos al despacho de Elena y Herrera.

En vez de una licitación pública basada en la transparencia y los distintos candidatos, los investigados se concertaron “en su propio interés y violentando los principios y las reglas” de la contratació pública, apunta el auto.

Según el TSJC, Elena y Herrera, como administradores de la mercantil Sinergia E.D.M., se prestaron presuntamente a que el alcalde de Altafulla investigado les adjudicara “sin publicidad ni licitación alguna” y sin los informes preceptivos las prórrogas de un contrato de asesoramiento, “calificándolo de menor”.

Fraude en la facturación, pero no en la hoja de quirófano. Fuentes sanitarias han insistido a este diario que la trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha afectado a pacientes. Según su relato, cada prótesis posee un número de serie único, con el objetivo de monitorizar su trazabilidad. A efectos de facturación figuran los códigos de prótesis caducadas, pero no sospechan que se hayan podido usar en intervenciones quirúrgicas. No constan prótesis caducadas en la hoja de quirófano de ninguna intervención: “Hemos llegado a ver ocho pegatinas de facturación, aunque en la hoja de quirófano solo constaba una”, han relatado, indicando que los implicados llegaron a facturar productos copiando los códigos a mano.

Según las mismas fuentes, hubo fraude en la facturación, y en los partes de implantes figuraba un mayor número de prótesis -algunas caducadas- y se facturaban todas ellas. Sin embargo, en las historias clínicas de los pacientes “sí que aparece el material adecuado”.

Sobre por qué la trama pudo mantenerse en activo durante años, fuentes sanitarias han recordado que los implicados estaban totalmente permeados en todas las fases relativas a la gestión de las prótesis, desde su adquisición hasta su facturación: “Había toda una cadena que oscurecía el fraude”, han detallado.

En el año 2024 la Unidad de Inspección Médica del SMS envió a Fiscalía el primer informe alertando de posibles irregularidades. Más tarde, en el año 2025, se inició una investigación en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía.

En principio, la Policía Nacional había asegurado en un comunicado que se habían llegado a “utilizar en las operaciones médicas productos sanitarios caducados”. Por el momento, el Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca ha comprobado que los 380 pacientes intervenidos por los dos facultativos investigados no han tenido una complicación derivada de prótesis caducadas. Se espera que, de cara al verano, se habrá comprobado a los pacientes uno a uno.

En total, once personas han sido detenidas. Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros. Fuentes sanitarias han asegurado que la Comunidad “ya ha recuperado parte del dinero”, aunque se desconoce la cuantía.

El Tribunal de Instancia de Murcia acordó este jueves la libertad provisional de dos de los investigados con medidas cautelares. Se trata del médico de la Arrixaca y del comercial de la empresa el sector médico Logimed. El magistrado instructor, titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción, sí aprecia indicios “de todos o algunos de los delitos” por los que se ha abierto el procedimiento. Según fuentes sanitarias, el facultativo no está actualmente en activo. Se desconoce si están apartados del servicio el resto de implicados que forman parte del SMS.

Deberán comparecer quincenalmente ante el órgano judicial, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibida la salida del territorio nacional mientras se tramite la causa.

La oposición pide la dimisión del consejero de Salud

Podemos ha solicitado la intervención de la Alta Inspección Sanitaria del Estado en la trama de las prótesis caducadas del SMS. La formación morada ha alertado de la “práctica sistemática” de derivaciones a la sanidad privada que lleva a cabo la Consejería de Salud: “Es en hospitales privados donde se han implantado los materiales caducados, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes. Un entramado corrupto que ha operado durante cinco años sin que nadie diera la señal de aviso”, ha alertado su portavoz en la Región de Murcia, Víctor Egío.

Por su parte, el secretario del PSOE en la Región de Murcia y delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, ha exigido la dimisión del consejero de Salud: “Cualquiera puede estar entre los afectados”.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al exalcalde de Buenavista del Norte Aurelio Abreu (PSOE) y al exsecretario de la corporación municipal, Francisco B., de los delitos de prevaricación y malversación por los que fueron acusados en relación con la prevista construcción de un centro para personas con discapacidad.

Según la sentencia, el proyecto contó con una subvención del Gobierno de Canarias de 160.000 euros sobre un presupuesto total de 270.000 euros, de los que 90.000 euros correspondían a la dirección de obra, adjudicada de forma directa pese a superar el límite legal de 12.000 euros establecido entonces para contratos menores.

La Audiencia considera probado que la contratación fue irregular conforme a la legislación vigente, pero entiende que no alcanza el grado de arbitrariedad e injusticia necesario para apreciar un delito penal, ni tampoco una apropiación indebida de fondos públicos.

El tribunal añade que no puede descartarse que la actuación tuviera carácter urgente y de interés social y subraya que no se ha acreditado que los acusados se lucraran personalmente.

Durante el juicio, la Fiscalía rebajó de ocho a cuatro años la petición de inhabilitación al apreciar dilaciones indebidas, ya que el procedimiento se inició en 2005 y el juicio se celebró a comienzos de este año.

La adjudicación se tramitó por la vía de urgencia en 2006 y se emitió una orden de pago al estudio del arquitecto Ramiro Cuende, quien años después fue concejal socialista en Santa Cruz de Tenerife.

Sin embargo, la obra nunca llegó a iniciarse porque, según explicó el propio arquitecto, el proyecto se perdió durante una mudanza de su estudio y no pudo recuperarse hasta 2012, gracias a la intervención de un informático. 

Una jueza investiga a la exconcejala de Segovia (PP) que ocultó su vinculación con tres empresas del sector inmobiliario, Rosalía Serrano, que dimitió cuatro meses después de que elDiario.es desvelara esa situación en julio de 2025. El Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia ha acordado incoar diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y desobediencia.

Según el auto judicial, al que ha accedido este medio, la jueza ha pedido documentación municipal relativa al cargo de Rosalía Serrano y de sus declaraciones de bienes y actividades. También ha solicitado a una de las mercantiles asociadas sus estatutos y los documentos de su constitución y ha pedido la declaración de un técnico jurídico municipal. elDiario.es ha contactado con Rosalía Serrano, que ha asegurado no tener conocimiento de estas diligencias previas. La ex concejala no ha sido citada a declarar como investigada, según han confirmado fuentes del TSJ.

El Ayuntamiento de Segovia ha asegurado a este medio que el juzgado ya se ha puesto en contacto con la Secretaría General para pedir la documentación pertinente y ha garantizado que se facilitará.

Rosalía Serrano fue teniente de alcalde de José Mazarías, concejala de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal del PP, por lo que tenía una dedicación exclusiva. En su declaración de actividades de 2023, Serrano no declaró tener ninguna actividad empresarial en el sector privado. En octubre de 2024 reconoció que era “administradora solidaria de 'Velasco Hernanz Holding' desde 2009.

En febrero de 2025 declaró que la información no requería una actualización “bajo su responsabilidad”. Sin embargo, también era la representante del holding —la administradora única— de otras dos compañías vinculadas a la compra-venta de terrenos y pisos y sus posibles alquileres.

En abril de 2025, la Secretaría General municipal reprochó en un informe a la concejala que no hubiera avisado de sus actividades. En un informe elaborado a instancia del alcalde segoviano, la Secretaría General concluyó que existía una posible causa de incompatibilidad, puesto que ella se regía por su régimen de dedicación exclusiva y esos cargos pueden comprometer su imparcialidad o independencia en el ejercicio de las funciones públicas. Rosalía Serrano defendió entonces que ella no había cobrado por su administración en una empresa, que definió como “sociedad familiar”

La exconcejala abandonó la dirección de la empresa que ocultó durante un año en una declaración de actividades fechada el mismo día en que elDiario.es preguntó al ayuntamiento segoviano por esta cuestión. Ese documento aclaraba que había sido administradora solidarida de 'VH Holding' desde 2006 hasta el 19 de julio de 2025, unas fechas que no coincidían con las declaraciones previas.

En octubre de 2025 dimitió momentos antes del pleno extraordinario convocado para aprobar las ordenanzas fiscales de 2026 y tras varias semanas de presión política: en el pleno anterior, toda la oposición municipal salvo Vox abandonaron el pleno mientras intervenía Serrano por la falta de credibilidad de sus propuestas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la condena al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo.

La Sala de lo Penal del TSJC ha ratificado el fallo de la Audiencia Provincial de Cantabria, que también absolvió al regidor regionalista por su actuación en otros cinco expedientes por los que fue denunciado y enjuiciado, al considerar que en estos casos procedió “conforme a derecho o convencido de que cumplía la ley”.

La resolución de apelación, de la que han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa, corrobora la de instancia en todos sus extremos, salvo al reconocer la atenuante de dilaciones indebidas como simple, al estimar parcialmente el recurso de la defensa. Sin embargo, esto no tiene efectos prácticos sobre la condena, que se mantiene tal y como estaba ya que se impuso la pena mínima para este ilícito. Además, todavía no es firme, ya que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En el juicio, celebrado el pasado mes de diciembre por supuestos pagos irregulares en 2016 y 2017, Arco alegó que todos los pasos que él y su equipo dieron en esa etapa en el Ayuntamiento siempre fueron consensuados y contaron con “asesoramiento legal”, de la letrada contratada por el Consistorio. Así, achacó la denuncia del anterior regidor, José Luis Blanco Fomperosa (PP), por los pagos en cuestión -basados en reparos de ilegalidad de la secretaria municipal- a la “pésima” relación entre esta funcionaria y la abogada.

El alcalde regionalista se enfrentaba a 15 años de inhabilitación que pedían para él la fiscal y la acusación particular, ejercida por el 'popular', al que este ingeniero industrial en la especialidad de electricidad arrebató en 2015 la Alcaldía por un voto de diferencia. Ambas partes entendían que hubo continuidad delictiva, pero solo fue condenado por uno de los seis supuestos enjuiciados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

En concreto, por contratar a un arquitecto municipal sin tramitar ningún expediente ni convocar proceso selectivo alguno, y “a pesar de que había concluido el contrato menor en virtud del cual había sido contratado” el año anterior. Se basó así en acuerdos adoptados “anteponiendo su voluntad a cualquier otro razonamiento”, es decir, “con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado”.

Por lo demás, fue absuelto por su proceder en otros cinco expedientes, al entender el tribunal que en estos supuestos fue asesorado legalmente y en unas ocasiones actuó conforme a derecho mientras que en otras lo hizo en el convencimiento de que estaba cumpliendo la ley.

Apoyo del PRC y petición de cese del PP

Tras la sentencia de la Audiencia Provincial, el PRC mostró su apoyo a Joaquín Arco y avanzó que no exigirá responsabilidades políticas mientras el fallo no fuera firme, al entender que actuó asesorado por la letrada municipal.

Mientras, el PP de Cantabria consideró que el regionalista solo tiene dos salidas posibles: o dimitir voluntariamente o que la Corporación municipal “fuerce su cese, poniendo en marcha el procedimiento para su inmediata sustitución”.

En este sentido, la acusación particular ha solicitado la inhabilitación sobrevenida del regidor de Ribamontán al Monte, y ha avisado que si el Ayuntamiento no actúa y resuelve esta situación, entonces presentará una reclamación en la Junta Electoral Central: “No puede seguir siendo alcalde”.

Otra concejala de Vox dimite en el municipio murciano de Las Torres de Cotillas. La responsable de Hacienda, Isabel María Zapata, ha presentado su dimisión dos semanas después de que se hiciera público que está siendo investigada por prevaricación administrativa. Tal y como adelantó este medio, la edila, junto a la de Festejos, presuntamente contrató de forma irregular más de 274.000 euros en las fiestas patronales de 2023 de la localidad.

Tras la publicación del caso el concejal de Vox de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Pablo Alberto Ruiz Sánchez, abandonó el partido de Abascal. El edil ha asegurado que alertó al partido del presunto caso de prevaricación, pero que le pidieron desde la dirección nacional que “no hiciera ruido” porque “había que terminar la legislatura”.

En sus redes sociales manifestó su “firme e inequívoca desvinculación respecto a los hechos que están siendo objeto de investigación judicial en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas”. De confirmarse el caso, Ruiz Sánchez subrayó que “estaríamos ante prácticas absolutamente incompatibles con los principios de legalidad, transparencia y buena gestión pública que deben regir a cualquier responsabilidad institucional”.

“Contratos de palabra”

La jueza apreció en la contratación de estas fiestas “características que permiten presumir la posible existencia de delito”. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el PSOE de la localidad, los contratos, presuntamente, fueron hechos de palabra, sin dinero reservado para pagarlos y dividiéndolos para evitar la celebración de un concurso público y, así, adjudicarlos a dedo.

Para esquivar este posible escrutinio, los contratos fueron presuntamente fragmentados. De acuerdo con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato menor de servicios, presupuestado por menos de 15.000 euros, se puede adjudicar por invitación, no es necesario que se licite. “A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores”, detalló el PSOE de las Torres de Cotillas. “Esos trabajos deberían haberse contratado juntos, pero se partieron en varios contratos pequeños, posiblemente para evitar controles y no tener que sacar el servicio a concurso público”.

La Fiscalía de Zamora ve indicios de que la empresa Renner Energies España creó un informe municipal para avalar su proyecto eólico, puesto que tanto la abogada de una asociación local como la Guardia Civil han constatado que los metadatos de dos convenios entre la compañía y Ayuntamientos de la zona de Sayago y el informe de la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago han sido en realidad creados por la misma persona, un abogado de la empresa colegiado en Valencia. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, que no ha respondido.

La fiscal jefe de Zamora ha remitido al Juzgado una denuncia —en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es— porque ve indicios de un delito de prevaricación “al haber podido existir actuación administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública” en unas diligencias admitidas tras la denunciade agosto de 2025 de la asociación Otra vez No en Sayago, que es muy activa contra la proliferación de macroparques eólicos. En septiembre de 2025, la Fiscalía pidió un informe a la Guardia Civil, que presentó un informe atestado a principios de marzo de 2026 que sirve de base para su denuncia.

El pleno del Ayuntamiento de Almeida de Sayago (411 habitantes) aprobó en mayo del año pasado un convenio de colaboración con Renner Energies España después de que se desestimaran las alegaciones presentadas por la asociación. El convenio es “en esencia idéntico” al que la empresa presentó en los consistorios de Bermillo de Sayago (1.028 habitantes) y Muga de Sayago (313 habitantes) para desarrollar un proyecto sobre terrenos municipales, que obtuvieron un informe jurídico negativo en 2023 de la secretaria-interventora del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Zamora. Este convenio preveía la instalación de siete aerogeneradores en el entorno de la ermita de Gracia, más cerca de las viviendas de un pueblo cercano (Villamor de Cadozos) que de las propias.

En mayo de 2025 la Secretaría Municipal de Almeida de Sayago “hizo suyas” las argumentaciones de la empresa en el convenio, “limitándose a estampar su firma digital pese a las dudas sobre la legalidad”. Según el escrito de Fiscalía, la secretaria firmó el informe el 30 de mayo, pero el autor informático era un abogado de la empresa mercantil promotora. Al día siguiente, el pleno municipal aprobó el convenio de colaboración; un acuerdo que la asociación llevó a Fiscalía y que esta, a su vez, ha elevado al Juzgado. El alcalde de Almeida de Sayago, Miguel Alejo, ha pedido la “máxima prudencia”, ha mostrado su “respeto” al procedimiento judicial y ha evitado ante elDiario.es pronunciarse de cualquier otra manera.

El convenio anulado de un pueblo cercano

En 2018 el Ayuntamiento de Bermillo aprobó un convenio marco para instalar un parque eólico de casi 60 aerogeneradores de 245 metros de altura y acordó bonificar a la empresa un 95% de algunos impuestos municipales. Al año siguiente se aprobó la autorización a la empresa de que cediera el convenio a otras seis sociedades eólicas. En 2021 el pleno aprobó una prórroga del convenio y, a petición de una concejala, se pidió la revisión del convenio original.

Este convenio de Bermillo de Sayago no concretaba los terrenos municipales sobre los que se iba a ubicar el parque eólico —algo que consideraba necesario— y subrayaba que podían verse “comprometidas” las potestades públicas que correspondían al Ayuntamiento. Un año antes, el Consejo Consultivo declaró nulo este convenio de 2018 firmado entre la empresa (antes Windvisión Energía Renovable) y el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago para los dos años siguientes, que se había prorrogado durante otros dos años.

En 2023, la secretaria interventora de la Diputación de Zamora emitió un informe jurídico negativo y advirtió de las irregularidades administrativas que presentaban estos convenios, algo que ha obviado el Ayuntamiento de Almeida de Sayago.

Respuesta de la asociación

Varios concejales del PP y la teniente de Alcalde han votado hace unos días en contra de la propuesta de la oposición de desmontar y retirar una torre anemométrica de 120 metros de altura, instalada tras el primer convenio de 2018, que firmó el anterior equipo de gobierno municipal para desarrollar seis parques eólicos.

La asociación Otra Vez No en Sayago ha reprochado que se vaya a mantener la antena “sin contraprestación económica ni beneficio para la población local” y carga contra un modelo de transición energética que considera que no está lo suficientemente planificado o estudiado su impacto medioambiental, económico y demográfico. Para esta entidad, este tipo de proyectos no se ajustan a las “necesidades reales” de los municipios y suponen “un negocio especulativo en beneficio de las empresas promotoras”.

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha condemnat a dos anys d'inhabilitació una magistrada per dictar dues resolucions judicials que no van permetre a una empresa en concurs interposar recurs, malgrat que la llei sí que ho contemplava. La Sala considera que l'acusada va actuar amb greu imprudència, si bé descarta que ho fes amb dol.

El cas s'inscriu en el procediment concursal de Grupo 4 Islas Balears S.L., empresa que explotava l'hotel Torre Blava a s'Arenal de Llucmajor. Segons la sentència, la jutgessa, que exercia com a substituta al Jutjat del Mercantil número 1 de Palma, va incórrer en un “error inexcusable” en considerar que les decisions que va adoptar en aquest procediment eren de tràmit i, per tant, no podien ser recorregudes, la qual cosa va impedir que la mercantil recorregués dues providències dictades el juliol de 2023.

El tribunal subratlla que estava “convençuda, encara que no fos així, del seu caràcter irrecurríble”. Els magistrats descarten, tanmateix, que actués amb dol -el que evita una condemna per prevaricació-, però conclouen que sí que va incórrer en greu imprudència en dictar resolucions “manifestament injustes” i de “flagrant il·legalitat”.

Vulneració del dret a recórrer

La Sala és contundent en assenyalar que “cap interpretació” de l'article 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil emparava impedir el recurs contra les dues providències. És més, sosté que la negativa a permetre la impugnació “no només és errònia”, sinó que “s'aparta de qualsevol interpretació acceptable de la Llei” i fins i tot “contravé el tenor literal de la mateixa”, vulnerant el principi d'accés als recursos.

“Ens trobem davant del cas que la magistrada querellada va actuar creient temerarament que la resolució que dictava era correcta, quan era flagrant la seva il·legalitat”, apunta la Sala, que arriba a la convicció que la jutgessa acusada va actuar amb greu imprudència i va dictar unes resolucions manifestament injustes.

Amb tot, la Sala no aprecia retret penal en la conducta que se li atribueix a la magistrada per part de l'acusació de no haver executat immediatament un anterior acte de remoció de l'administrador concursal cessat. En aquest sentit, els magistrats consideren que la seva actuació era defensable, tenint en compte que a l'hotel van succeir una sèrie d'aldarulls que exigien auxili judicial i que l'administrador cessat havia anunciat i presentat un recurs de reposició contra el seu cessament. En la pràctica, afegeixen, no és inusual esperar que es resolgui el recurs abans de fer efectiu el relleu.

La magistrada ha estat condemnada a dos anys d'inhabilitació i al pagament de la meitat de les costes del procés al Ministeri Fiscal i a l'acusació particular. Per contra, el tribunal l'absol d'un altre dels retrets plantejats: no haver executat de forma immediata un acte que ordenava la remoció de l'administrador concursal. La decisió no és ferma, cap recurs d'apel·lació davant del Tribunal Suprem.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a dos años de inhabilitación a una magistrada por dictar dos resoluciones judiciales que no permitieron a una empresa en concurso interponer recurso, pese a que la ley sí lo contemplaba. La Sala considera que la acusada actuó con grave imprudencia, si bien descarta que lo hiciese con dolo.

El caso se inscribe en el procedimiento concursal de Grupo 4 Islas Balears S.L., empresa que explotaba el hotel Torre Azul en s'Arenal de Llucmajor. Según la sentencia, la jueza, quien ejercía como sustituta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, incurrió en un “error inexcusable” al considerar que las decisiones que adoptó en este procedimiento eran de trámite y, por tanto, no podían ser recurridas, lo que impidió que la mercantil recurriera dos providencias dictadas en julio de 2023.

El tribunal subraya que estaba “convencida, aun cuando ello no era así, de su carácter irrecurrible”. Los magistrados descartan, con todo, que actuara con dolo -lo que evita una condena por prevaricación-, pero concluyen que sí incurrió en grave imprudencia al dictar resoluciones “manifiestamente injustas” y de “flagrante ilegalidad”.

Vulneración del derecho a recurrir

La Sala es contundente al señalar que “ninguna interpretación” del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil amparaba impedir el recurso contra las dos providencias. Es más, sostiene que la negativa a permitir la impugnación “no solo es errónea”, sino que “se aparta de cualquier interpretación aceptable de la Ley” e incluso “contraviene el tenor literal de la misma”, vulnerando el principio de acceso a los recursos.

“Nos encontramos ante el caso de que la magistrada querellada actuó creyendo temerariamente que la resolución que dictaba era correcta, cuando era flagrante su ilegalidad”, apunta la Sala, qye llega a la convicción de que la jueza acusada actuó con grave imprudencia y dictó unas resoluciones manifiestamente injustas.

Con todo, la Sala no aprecia reproche penal en la conducta que se le atribuye a la magistrada por parte de la acusación de no haber ejecutado inmediatamente un anterior auto de remoción del administrador concursal cesado. En este sentido, los magistrados consideran que su actuación era defendible, teniendo en cuenta que en el hotel sucedieron una serie de altercados que exigían auxilio judicial y que el administrador cesado había anunciado y presentado un recurso de reposición contra su cese. En la práctica, añaden, no es inusual esperar a que se resuelva el recurso antes de hacer efectivo el relevo.

La magistrada ha sido condenada a dos años de inhabilitación y al pago de la mitad de las costas del proceso al Ministerio Fiscal y a la acusación particular. Por el contrario, el tribunal la absuelve de otro de los reproches planteados: no haber ejecutado de forma inmediata un auto que ordenaba la remoción del administrador concursal. La decisión no es firme, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso presentado por el exalcalde de Quintanar del Rey Martín Cebrián contra la resolución de la Audiencia Provincial de Cuenca que le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.

La sentencia del TSJCM, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa del exdirigente socialista, que esgrimía como argumento el quebrantamiento de las garantías procesales la ausencia de correspondencia entre los hechos considerados probados y el fundamento de la condena y la falta de motivación de la sentencia.

Además, el recurrente denunciaba un error de valoración de la prueba y la infracción de las normas del ordenamiento jurídico por ausencia de especificación del empleo objeto de la inhabilitación.

Sin embargo, el TSJCM no considera que se haya producido variación alguna de los hechos recogidos en la sentencia, que consideran suficientemente motivada y “analiza de manera clara la conclusión probatoria” y que lejos de ser errónea es conforme al resultado de la prueba practicada“.

Por estas razones, el tribunal desestima el recurso y confirma la sentencia contra Cebrián, que consideraba probado que el exalcalde formalizó un contrato con una empresa, por un importe de 75.151,89 euros, destinados a adaptar el pabellón Santa Lucía de Quintanar del Rey como Auditorio “ocultando que en ese momento ya había autorizado verbalmente al contratista las modificaciones sugeridas a raíz de una visita realizada con anterioridad”.

Contra esta sentencia, que no impone costas, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este caso llegó a los tribunales tras una querella presentada por el que entonces era portavoz del Partido Popular, José Talaya, que tras conocer la resolución de la apelación ha manifestado que ha quedado probado que “no se trataba de una mera irregularidad en un aspecto secundario o formal de la contratación, sino en un acto que podría calificarse en el sentir común como una cacicada o dedazo”.

La Justicia ha decidido abrir diligencias contra dos altos cargos y un técnico del Gobierno de La Rioja por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se trata en concreto de una investigación que afecta a un Director General, un jefe de servicio, con vínculo familiar con un alto cargo del Gobierno, y un técnico a los que se relaciona con las presuntas irregularidades en un aprovechamiento forestal en Munilla. El Juzgado une además este asunto a otro ya existente sobre estos mismos hechos.

Según el documento judicial al que ha tenido acceso Rioja2 en exclusiva, se abre ahora una fase de investigación penal al considerar el magistrado que no están claras “la naturaleza y las circunstancias de los hechos ni las personas que en ellos han intervenido”. En cualquier caso, las diligencias previas se abren con la Fiscalía como denunciante y estas tres personas como acusadas.

Los hechos tienen relación con las denuncias interpuestas por un agente forestal del Gobierno de La Rioja que hace unos meses llevó ante la Justicia el aprovechamiento de un hayedo en Munilla que, según su criterio, estaba poniendo en riesgo además a una especie en peligro, la rosalía alpina o escarabajo azul de los hayedos. Unos hayedos que se encuentran dentro del espacio protegido Red Natura 2000 y que forman parte de la Reserva de la Biosfera de La Rioja.

El propio agente denunciaba además cuando hizo pública su decisión de acudir a la Justicia, que llevaba tiempo recibiendo “represalias y coacciones” por señalar esta “mala praxis en la gestión forestal”. Aseguraba entonces que habían llegado a quitarle puntos para los ascensos y que no le permitían hacer su trabajo donde le corresponde. “Me siento intimidado pero no me van a callar”, decía en rueda de prensa el pasado mes de septiembre.

Tras conocer la decisión judicial de investigar este tema y a estas tres personas, Rioja2 se ha puesto en contacto con el agente que denunció los hechos. “Valoro mucho este paso porque durante todo este tiempo la administración me ha estado dando a entender que yo miento”, señala. Acaba de volver a trabajar después de una larga baja médica y asegura que ahora está “un poco mejor” pero que “el trato no mejoró hasta que no acudí a la autoridad de protección del informante”.

Denuncia además que desde el Gobierno se le ha negado la asistencia jurídica a la que tiene derecho como funcionario que denuncia “un posible caso de corrupción”. “No sólo me niegan abogado, es que nadie se ha interesado por mí, ni me han preguntado en ningún momento cómo estoy ni nada, a pesar de que me he dirigido a la propia consejera”, explica el agente forestal, “a ellos sí les ponen asistencia jurídica y yo en cambio he llegado a sentirme acosado por Salud y por Función Pública, el trato no puede ser más desigual”.

Rioja2 se ha puesto en contacto con la consejería de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja para pedir una valoración sobre este nuevo paso de la Justicia que decide abrir una investigación a dos altos cargos y un funcionario y para conocer los motivos por los que no se concede asistencia jurídica al agente forestal denunciante. Desde la dirección de comunicación de la consejería se han limitado a comunicar a este medio que “el Gobierno de La Rioja no comenta/valora temas judicializados”.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', y varias personas de su equipo por su posible participación en un delito de prevaricación administrativa y revelación de secretos en relación con el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio.

El auto de procedimiento abreviado pone fin a la instrucción que se inició por una denuncia de CCOO que acusó a un asesor de Por Cádiz sí se Puede de hacer tareas en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 hasta abril de 2019, fecha en la que obtuvo una plaza como técnico de la administración general y se integró en la plantilla municipal del Ayuntamiento. Y abre la posibilidad de enjuiciar los hechos.

Según el auto, “puede sostenerse en términos de provisionalidad” que Kichi; David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo) “habrían impuesto” mediante órdenes verbales, “y en base a una decisión política”, que el asesor del partido Fernando García Acuña, participara en procesos de contratación municipal sin tener cobertura legal para ello y “condicionando la actuación de los funcionarios legalmente habilitados”.

“Se le permitió que ocupara un despacho municipal, se le insertó en el tráfico de comunicaciones del Ayuntamiento con funcionarios, asistió a reuniones, impuso criterios en expedientes de contratación y se comportó como un funcionario cuando no lo era”, indica el juez.

García Acuña “no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual, sino asesor del Grupo Municipal Por Cádiz sí que se puede” y actuó en el área de contratación del Ayuntamiento “con la ficción de tratarse de personal eventual designado por el gobierno municipal”.

“Bajo la cobertura que le daban los investigados, tenía acceso a los expedientes de contratación y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera del citado Ayuntamiento, los que tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes de contratación en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados”, relata.

En el auto el juez acuerda seguir las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado y pide al fiscal y a las acusaciones personadas, CC. OO. y PP, que en el plazo de cinco días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

Kichi y su formación han enmarcado siempre este caso en el “'lawfare' a la gaditana”, por el que el exalcalde sumó durante sus ocho años de mandato 17 denuncias que fueron archivadas.

Según ha sostenido, el asesor implicado en este caso ayudaba al alcalde y sus concejales, con un contrato externo a través del partido, trabajaba en las dependencias del grupo municipal y con medios que facilitaba el partido.

La jueza ha decidido dar carpetazo a la denuncia de prevaricación y falsedad documental contra el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por el proceso de selección de puestos de trabajo en el consistorio, denunciados en 2023 ante la Fiscalía por una antigua empleada municipal.

La exempleada denunció el caso inicialmente ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le concedió el estatus de persona protegida por ser denunciante de un presunto caso de corrupción.

La trabajadora, sin embargo, fue despedida del Ayuntamiento a pesar de tener ese estatus y a principios de 2024 la OAC incoó contra el Ayuntamiento, gobernado por el PSC, el primer expediente sancionador de su historia contra una administración por “represalias” a una denunciante, en un caso que desveló elDiario.es.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Mataró considera que los hechos denunciados en la querella no tienen relevancia penal y ha decidido archivar el caso, en una decisión que es todavía recurrible. La querella afectaba a una decena de empleados y exempleados municipales.

Hay abierta, paralelamente, otra causa por presunto acoso laboral hacia esta antigua empleada pendiente de juicio así como el mencionado expediente sancionador de la OAC.

El Ayuntamiento de Mataró siempre defendió que el caso no era más que un conflicto laboral con la denunciante, una extrabajadora municipal que perdió su plaza en un proceso de estabilización de la plantilla tras varios años como interina. El Consistorio, de hecho, no figuraba en la querella —se dirigía hacia empleados municipales— pero decidió personarse en el caso. La denunciante no fue admitida como parte personada en el caso, en una decisión que está actualmente recurrida.

Antifrau identificó ocho “represalias” contra la empleada que denunció el caso, incluyendo el “vaciado de funciones”, el cambio de ubicación física de su puesto de trabajo o el hecho de no reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza.

Más de un lustro de batalla legal

La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró han estado más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos. 

Según la denunciante, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante. 

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.

Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales. 

El PRC ha trasladado su apoyo al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), tras conocer este miércoles la sentencia de 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo, dictada por la Audiencia Provincial, que le ha absuelto de otras cinco acusaciones formuladas en su contra por su antecesor en el cargo, José Luis Blanco Fomperosa (PP).

Así lo ha anunciado el partido en una nota de prensa en la que el vicesecretario de Organización, Jesús Ochoa, ha avanzado que no exigirá responsabilidades políticas mientras la sentencia no sea firme y se ha mostrado convencido de que Arco “actuó por el bien del Ayuntamiento”, porque es “un político íntegro y honrado, que siempre ha actuado de buena fe, asesorado por la letrada municipal y anteponiendo los intereses de sus vecinos a cualquier otra consideración”.

Espera por ello que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ante la que Arco recurrirá en los próximos días la sentencia de la AP, “acabará dándole la razón, tal como ha hecho la propia Audiencia con 5 de las 6 acusaciones del exalcalde del PP”.

En este sentido, ha recalcado que la sentencia conocida hoy rechaza las imputaciones de Blanco Fomperosa y no aprecia “indicio alguno de delito” en relación con el traslado y pago de nóminas a una trabajadora municipal, la contratación del servicio informático, el nombramiento de la secretaria interventora como tesorera y el pago de facturas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Respecto a la acusación sobre la contratación de un arquitecto técnico, que sí ha sido estimada y ha dado lugar al fallo recurrible de inhabilitación, ha destacado que la propia sentencia recoge que la decisión del alcalde fue adoptada contando con el asesoramiento jurídico de la letrada municipal, “como quedó acreditado en el juicio oral”.

“No queremos que vuelva a repetirse lo ocurrido en 2021 en Hazas de Cesto, donde una sentencia similar provocó la dimisión del exalcalde regionalista José María Ruiz Gómez por una condena que fue revocada meses después por la Audiencia”, ha indicado.

Ante esta situación, el vicesecretario de Organización ha concluido que el PRC “cumplirá de manera estricta lo establecido en el código ético que deben cumplir sus cargos públicos” y no exigirá responsabilidades políticas en tanto no exista una sentencia firme.

El exalcalde de Puertollano, el socialista Joaquín Hermoso Murillo, y el que fuera entonces secretario municipal en el Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez, han defendido la legalidad del contrato suscrito para la construcción del estadio de fútbol del Cerrú, en el juicio el que ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Ambos se han sentado este jueves en el banquillo de los acusados de la Sala de lo Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Ciudad Real, por un presunto delito de prevaricación administrativa por la forma en la que se impulsó en 2007 la construcción del estadio de fútbol del Cerrú.

La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento firmó un contrato de permuta con una empresa privada para levantar el estadio a cambio de parcelas municipales sin tramitar un expediente administrativo ni convocar concurso público, prescindiendo de los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la ley.

Según la acusación, el acuerdo se firmó antes de su aprobación plenaria y las actuaciones posteriores no corrigieron esa irregularidad inicial, por lo que se considera que se dictó una resolución arbitraria a sabiendas de su ilegalidad.

Durante su declaración, Hermoso Murillo ha sostenido que no actuó como órgano de contratación y que no firmó ningún contrato de construcción del estadio --cuyo valor superaba los siete millones de euros--, sino un acuerdo para que la propuesta presentada por la empresa Teconsa fuera tramitada conforme a la normativa vigente.

Según ha indicado, la iniciativa partió de la propia mercantil, que contactó con la Concejalía de Urbanismo y ofreció construir el estadio a cambio de parcelas municipales destinadas a vivienda pública, una fórmula que, a su juicio, ya se había utilizado en el Ayuntamiento de Puertollano.

El exalcalde ha reconocido que no se valoraron otras alternativas empresariales ni se licitó el contrato, alegando que el Ayuntamiento no disponía de recursos propios suficientes para ejecutar la obra y solo podía ejecutar la construcción por medio de esta permuta con la empresa.

Hermoso Murillo también ha señalado que, una vez paralizadas las obras por decisión de la mercantil, el Ayuntamiento resolvió el contrato con la empresa inicial y licitó la finalización del estadio por una cuantía inferior, ya con financiación del Plan E.

Ha añadido que el contrato contó con informes favorables de la Intervención municipal y que durante su etapa como alcalde nunca adoptó decisiones contrarias a informes técnicos.

Por su parte, el exsecretario municipal ha afirmado que no detectó ninguna anomalía en el convenio y que por ese motivo dio su visto bueno, al tiempo que ha explicado que el acuerdo incluía dos contratos diferenciados, uno de permuta y otro de ejecución de obra, y que cuando se elevó al Pleno no existió ninguna objeción.

Durante el juicio han declarado también un agente de la UDEF de la Policía Nacional y un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado.

Este último ha señalado que se detectaron irregularidades en la contratación y que, en lugar de tramitar un contrato administrativo conforme a la ley y sacarlo a licitación, se optó por una permuta mediante la cual la promotora se comprometía a construir el estadio sobre suelo municipal a cambio de parcelas que se transferirían una vez ejecutada la obra.

La Fiscalía pide seis años de inhabilitación especial

En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal ha modificado su petición de pena y ha solicitado un máximo de seis años de inhabilitación especial para ambos acusados, teniendo en cuenta las dilaciones en la tramitación del procedimiento, en lugar de los nueve que solicitaba inicialmente.

La Fiscalía ha mantenido que concurren todos los requisitos del delito de prevaricación administrativa, al considerar que se eliminó cualquier mecanismo de concurrencia y publicidad y que la operación se articuló de forma arbitraria, sin concurso público ni informes previos, mediante un acto decisorio del alcalde al que se dio posteriormente una apariencia de legalidad formal.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto una nueva investigación al Ayuntamiento de Tudela, de UPN, por las subvenciones que durante los años 2022 y 2023 el Consistorio dirigido por el vicepresidente del partido regionalista, Alejandro Toquero, concedió al equipo de fútbol CD Tudelano pese a que el club no podía concurrir a la convocatoria por arrastrar una deuda de casi 75.000 euros con el Ayuntamiento. Intervención lo advirtió con un informe de reparo, pero la junta de Gobierno local lo levantó y concedió las subvenciones. Ahora la OANA ha detectado “indicios razonables” de que el Ayuntamiento pudo haber concedido esas ayudas de manera irregular y ha decidido abrir una investigación tras la denuncia interpuesta por Contigo Tudela (Podemos, Izquierda Unida y Batzarre).

El CD Tudelano contrajo en el año 2002 una importante deuda con la Junta Municipal de Aguas. En agosto de 2014 el club y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para fraccionar el pago de la deuda en cuotas anuales de 7.482 euros que el Tudelano debe pagar cada mes de enero. En 2022 el montante total de la deuda ascendía a los 74.897,80 euros. Tanto ese año como en el 2023 el equipo no pagó su cuota de la deuda, lo que en la práctica le imposibilitaba presentarse a convocatorias de subvenciones municipales, tal y como recogen las bases de las mismas. Pero ello no impidió que el CD Tudelano recibiera 22.263,25 euros en subvenciones públicas durante el mismo periodo de tiempo.

Así lo advirtió la Intervención Municipal en un informe fechado el 21 de marzo de 2023 al que ha tenido acceso elDiario.es y en el que expone que, pese a que el CD Tudelano no ha pagado las cuotas aplazadas de la deuda en los ejercicios de 2022 y 2023, el Ayuntamiento no ha rescindido el contrato que tenía firmado con el equipo desde 2014 para el fraccionamiento de la deuda, ni le ha exigido la totalidad del importe adeudado. “Nada de eso se ha hecho e incluso se le han concedido tres subvenciones por actividades deportivas”, añade. Así, recoge que la Tesorería del Consistorio ha “compensado” los créditos que había a favor del Tudelano por las tres subvenciones, que ascendieron a 8.293,13 euros, con las cuotas del pago de la deuda de los años 2022 y 2023, que sumaban 14.965,76 euros. La deuda del CD Tudelano de esos años quedó así reducida a los 6.672,63 euros.

En noviembre de 2023 la Intervención Municipal volvió a advertir con un informe de reparo que el CD Tudelano no podía “recibir una subvención de 10.360,04 euros por el fomento del deporte base, y otra de 3.610,08 euros por el fomento del deporte de categorías superiores” por no estar al corriente “en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Con todo, el Ayuntamiento, liderado por Alejandro Toquero, en un acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de diciembre de 2023, levantó el reparo y le concedió las ayudas.

Desde Contigo Tudela denuncian que el alcalde y su equipo de Gobierno podrían haber incurrido en un delito de prevaricación al conceder las subvenciones al CD Tudelano pese a existir informes de la Intervención Municipal que señalaban que el equipo no podía presentarse a las convocatorias por no pagar las cuotas anuales de la deuda con la Junta Municipal de Aguas en los ejercicios 2022 y 2023. La Oficina Anticorrupción, tras detectar “indicios razonables de veracidad” en los hechos denunciados, ha abierto ya una investigación al Consistorio.

Se trata de la segunda investigación abierta al Ayuntamiento de Tudela en apenas unas semanas. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra también investiga si el Gobierno de Alejandro Toquero troceó tres contratos de asesoría jurídica que suman un montante total de 29.040 euros para adjudicárselos de manera directa al despacho de abogados de un exdirectivo de UPN.

La magistrada de Durango Laura Yuste ha levantado el secreto de sumario de una investigación iniciada en 2024 y adelantada por este periódico en torno a presuntos delitos urbanísticos asociados al vertedero de Zaldibar, que acabó desplomándose con el resultado de un alud de 800.000 toneladas de residuos y dos trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Es la mayor catástrofe ambiental de Euskadi en la época reciente. Apoyada en un informe de la Ertzaintza de 3.679 folios, la instructora ha decidido imputar a la exalcaldesa del municipio hasta 2018, Arantza Baigorri, de EH Bildu, a los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, y a la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. Asimismo, están investigados igualmente los responsables de Verter Recycling, la empresa gestora del recinto, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, así como los técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.

El derrumbe de Zaldibar se produjo en febrero de 2020, justo antes del confinamiento por la COVID-19. Los hechos se tradujeron en dos causas judiciales. Por un lado, se abrió un procedimiento por delito contra los trabajadores, un equivalente a un homicidio imprudente, en el que Barinaga, Bilbao y Etxebarria admitieron su negligencia en la gestión del vertedero. Indemnizaron con elevadas cantidades a las familias de las víctimas para evitar la cárcel. Este periódico publicó informes que probaban que la empresa conocía que días antes del suceso habían aparecido grietas y asentamientos. Por otro lado, en 2022 se inició una investigación por los presuntos delitos medioambientales asociados al suceso, una causa que no se ha cerrado a punto de cumplirse seis años de los hechos.

Fue en la tramitación esta pieza, en 2023, cuando se detectaron indicios de irregularidades urbanísticas en Zaldibar asociadas al vertedero. En su momento, el diario 'Berria' aludió a un informe que apuntaba que estaba autorizada una zona de 137.000 metros cuadrados en Eitzaga, la ladera donde se asentaba el recinto, pero indicaba que en realidad fueron 65.000 más. Allí se habrían acumulado irregularmente residuos y se levantaron instalaciones auxiliares para la gestión de la planta.

Esas diligencias se incoaron el 5 de febrero de 2024, cuatro años después del derrumbe. La Ertzantza, que actúa en este caso como Policía judicial, solicitó que las actuaciones se consideraran secretas para no comprometer su avance. La titular de la plaza 1 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Durango, la magistrada Yuste, accedió a conceder un mes, pero ese plazo se reveló como claramente insuficiente por la complejidad del asunto. Constan en el sumario hasta diez autos ampliando el secreto de sumario, que no se levantó hasta el año 2025.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, la unidad de delitos contra el medio ambiente de la Ertzaintza emitió un voluminoso informe en junio de 2025 con hasta veinte “conclusiones” de hechos presumiblemente relevantes desde el punto de vista penal. El documento tiene casi 4.000 páginas. Se da la circunstancia de que esta unidad especial de la Policía autonómica es exactamente la misma que está investigando las posibles irregularidades en torno al derribo del palacete protegido Irurak Bat de Getxo, un caso en el que han sido imputados tres concejales del PNV en el municipio vizcaíno. Es más, ante los planes del Departamento de Seguridad de cambiar la composición de este equipo, la Fiscalía levantó la voz y pidió expresamente que los dos agentes encargados de la causa de Zaldibar se quedaran y completaran su trabajo.

Ese atestado se incorporó al sumario en septiembre del pasado año, hace cuatro meses, y la Fiscalía presentó sus conclusiones en octubre, hace tres. Así las cosas, en un auto firmado en noviembre por la instructora y notificado a las partes justo antes de las vacaciones de Navidad, se ha acordado que la exalcaldesa de EH Bildu, los tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar y el resto de imputados declaren los días 5, 6 y 7 de mayo de este año, una vez hayan podido conocer en detalle los hechos que describe la Policía en su extensísimo informe.

En el caso de Baigorri, está convocada el 5 de mayo a las 9.30 horas. Es la primera de los nueve investigados. Baigorri llegó a alcaldía en 2011, recién creada la coalición entonces llamada Bildu. Acabó con ocho legislaturas consecutivas, todas las de la democracia, de hegemonía del PNV en una localidad de Bizkaia pero pegada a Gipuzkoa, a Eibar. Reeditó el cargo en 2015, ya como EH Bildu, pero dejó el puesto en 2018, sin terminar el segundo mandato, por “motivos personales”. La relevó Eneritz Azpitarte, la actual alcaldesa. Eso sí, entre 2019 y 2023, aunque la formación abertzale había ganado también las municipales, un pacto entre PNV y PSE-EE posibilitó una mayoría alternativa. Fue entonces cuando se desplomó la planta de Verter Recycling.

La causa judicial se sigue por delitos previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal, relacionados con la prevaricación urbanística. En el caso de la exregidora, lo es por el segundo. En concreto, hace referencia a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio”. Es un delito castigado con inhabilitación, pero igualmente puede comportar cárcel -hasta cuatro años- y sanciones económicas.

No obstante, ya se ha acotado que todas las posibles irregularidades previas a 2015 no se castigarán. Se han dado por prescritas. En concreto, entre las páginas 1.071 y 1.170 de su informe, la Ertzaintza ofrece “conclusiones provisionales”. Son veinte apartados en total y la magistrada da por imposibles de investigar tres cuartas partes, es decir, quince de veinte.

Fuentes judiciales han explicado a este periódico que los letrados de los imputados están buscando la nulidad de las actuaciones, que ni siquiera tengan que declarar. Alegan que hay defectos procesales palmarios, básicamente incumplimiento de plazos. El margen ordinario de las investigaciones penales es de doce meses y las imputaciones llegaron mucho después. La magistrada, eso sí, ya responde en un auto que la identidad de los nuevos imputados, es decir, los cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar, solamente se conoció tras recibir el atestado de la Policía judicial, de modo que los doce meses se empezarían a contar desde entonces, es decir, desde el verano de 2025. La última palabra será de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que tiene que resolver los recursos de las defensas de los imputados.

Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha estat citat a declarar com a investigat davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma per les presumptes irregularitats en un procés de selecció de xòfer que va acabar béneficiant un familiar seu. La compareixença, juntament amb la d'aquest familiar, està prevista per al proper 24 de març.

La jutgessa li atribueix un delicte de prevaricació administrativa, si bé la querella inicial interposada contra ell per part d'un conductor i funcionari de carrera en l'administració autonòmica balear apunta també a la suposada comissió d'un delicte de tràfic d'influències.

Des de l'Executiu autonòmic insisteixen a assenyalar que es va tractar d'un nomenament per lliure designació i que el procediment es va ajustar a la normativa. El Govern assegura, a més, que ja ha remès a la Justícia tota la documentació requerida i que la mà dreta de Prohens acudirà a declarar “amb tranquil·litat” per “aclarir qualsevol dubte”. Juntament amb ell ha estat citat a declarar el seu familiar, que és fill d'un cosí seu.

La jutgessa, tal com ha avançat la Cadena Ser, interrogarà Jurado arran de la querella presentada pel funcionari -xòfer al Govern des de 2008 i amb més de tres dècades de trajectòria en l'administració-, qui acusa Jurado d'impulsar un canvi de regles a posteriori en el procés, celebrat a finals de 2023 i al qual van concórrer més de 200 aspirants, per a facilitar la contractació del familiar.

El querellant sosté que, després d'una primera baremació en la qual el candidat finalment escollit no hauria quedat en primer lloc, es van introduir modificacions a les bases per a obligar a presentar currículum i permetre que la selecció es resolgués en favor de “la persona que la Secretària General trobi més adequada”, un gir que, al seu parer, va transformar un concurs de mèrits en un procediment discrecional.

La denúncia afegeix que, per a justificar aquest canvi, es va aprovar una instrucció amb criteris per a seleccionar personal funcionari interí mitjançant oferta genèrica del BOIB, una eina que el denunciant considera “falça i tendenciosa” i dissenyada per reconduir el resultat.

El funcionari sosté que la maniobra va ser “il·legal, injusta i arbitrària” i subratlla que, després del nomenament, va ser acomiadat per Jurado com a conductor de la presidenta balear per “col·locar” en el seu lloc “un jove afí sense experiència”. Es tracta d'un episodi que el denunciant vincula amb un deteriorament de la seva salut mental, atès que arran dels fets pateix un quadre ansiós-depressiu.

En la primavera de 2024, quan a penes portava uns mesos treballant com a xòfer de la presidència autonòmica, el jove conductor presumptament béneficiat va estavellar el cotxe oficial mentre conduïa sol, segons va avançar Diario de Mallorca. Després de deixar Prohens a l'aeroport de Palma, el conductor va protagonitzar un accident que va deixar el vehicle completament sinistrat. Per aquest motiu, segons la querella, el vehicle va ser donat de baixa del parc mòbil del Govern.

La querella afegeix que aquesta situació va suposar un perjudici per a les arques públiques, ja que els vehicles oficials de l'administració pública se sufraguen amb els impostos de la ciutadania balear. Aquest accident provaria, segons el demandant, que el conductor presumptament béneficiat pel procés no reuniria els mèrits, aptituds i capacitats necessàries per a la prestació del servei de xòfer oficial.

Es dóna la circumstància que, a Extremadura, la presidenta autonòmica, María Guardiola (PP), tenia contractat com a xòfer al seu cosí, cessat el passat mes de desembre després de conèixer-se que havia estat condemnat per coaccions lleus a la seva exparella.

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha sido citado a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por las presuntas irregularidades en un proceso de selección de chófer que acabó beneficiando a un familiar suyo. La comparecencia está prevista para el próximo 24 de marzo.

La jueza le atribuye un delito de prevaricación administrativa, si bien la querella inicial interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera en la administración autonómica balear apunta también a la supuesta comisión de un delito de tráfico de influencias.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en señalar que se trató de un nombramiento por libre designación y que el procedimiento se ajustó a la normativa. El Govern asegura, además, que ya ha remitido a la Justicia toda la documentación requerida y que la mano derecha de Prohens acudirá a declarar “con tranquilidad” para “aclarar cualquier duda”. Junto a él ha sido citado a declarar su familiar, que es hijo de un primo suyo.

La jueza, tal como ha avanzado la Cadena Ser, interrogará a Jurado a raíz de la querella presentada por el funcionario -chófer en el Govern desde 2008 y con más de tres décadas de trayectoria en la administración-, quien acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, celebrado a finales de 2023 y al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaria General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del BOIB, una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

La querella añade que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. Este accidente probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reuniría los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

Se da la circunstancia de que, en Extremadura, la presidenta autonómica, María Guardiola (PP), tenía contratado como chófer a su primo, cesado el pasado mes de diciembre tras conocerse que había sido condenado por coacciones leves a su expareja.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha echado mano de manual para minimizar la importancia de la apertura de una nueva investigación judicial en Córdoba contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) -la tercera en esta legislatura- por fraude y prevaricación en los contratos menores y de urgencia con la sanidad privada.

La respuesta es similar a la que ofreció la Junta cuando se abrieron diligencias procesales en las dos anteriores causas, una en Sevilla por los contratos de emergencia sin aparente amparo legal (donde está imputada la gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores); y otra en Cádiz por el fraccionamiento masivo de contratos menores, también con un alto cargo del SAS imputado.

El consejero de Sanidad y de Presidencia, Antonio Sanz, asegura que esta tercera causa judicial forma parte de una “estrategia desesperada del PSOE” -querellante y personado como acusación popular- “que no levanta cabeza políticamente”. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que pilota José Luis Rodríguez Lainz, ha incoado diligencias previas “de carácter criminal” a partir de una querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre, contra el Hospital Reina Sofía de CórdoAmaba, por tres posibles delitos administrativos: prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude en la contratación pública durante los ejercicios 2020 y 2021. En ese periodo dirigía el hospital cordobés la hoy gerente del SAS, Valle García, imputada también en la causa de los contratos de emergencia.

Sanz augura que esta nueva investigación judicial por irregularidades en la contratación del SAS quedará en nada, y ha vinculado la querella interpuesta por el PSOE con la denuncia que presentó hace dos meses Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla que destapó el escándalo de los diagnósticos tardíos de cáncer, que afecta más de 2.317 mujeres (según cifras de la Junta).

“Se dedican a denunciar a diestro y siniestro”, ha lamentado Sanz, que augura que “esta denuncia tendrá el mismo palo que han recibido cuando han querido hacer otras denuncias, como las de Fiscalía en relación con la manipulación o la desaparición de pruebas”.

El consejero de Sanidad no ha citado explícitamente a Amama pero se refiere a la denuncia que la asociación llevó directamente ante el Ministerio Público -no el PSOE- para denunciar la desaparición y posible manipulación de pruebas diagnósticas a algunas mujeres en su historial digital, alojado en los servidores informáticos del SAS (Click Salud). La Fiscalía abrió una investigación en 24 horas, pero la archivó un mes después.

Sanz no entra en el fondo del asunto, esto es, la decisión de un juez de abrir una nueva investigación sobre la contratación del SAS con la sanidad privada, y carga duramente contra el PSOE “por entender que la única vía posible para ganar las elecciones son las denuncias en los tribunales”. “Es una gran pobreza política que la fuerza que se presenta como alternativa política en Andalucía cuya única capacidad política es denunciar en los tribunales sin ton ni son”, avisa.

El número dos del Gobierno andaluz ha refrendado su apoyo y “confianza” a la gerente del SAS, que también está imputada en otra causa, y ha mostrado “respeto” por las decisiones judiciales.

La causa que se acaba de abrir contra el SAS en Córdoba es un compendio de las dos anteriores. Una macroquerella donde el PSOE ha unificado los contratos de emergencia y el fraccionamiento de contratos menores, partiendo de la misma raíz: los informes desfavorables de los interventores provinciales del SAS que, entre 2020 y 2024, alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y a la de Hacienda de las irregularidades en la contratación pública con clínicas privadas.

El juez, “tan solo y de momento”, ha abierto diligencias por los tres primeros (delitos administrativos), pues considera “débil” -cuando no “sospechas u opiniones subjetivas”- los argumentos jurídicos que expone el PSOE respecto al resto de infracciones criminales.

Rodríguez Lainz, conocido por su meticulosa instrucción del caso Bretón, redacta un auto de apertura de diligencias de 52 páginas -inusualmente largo- donde purga la gran mayoría de contratos bajo sospecha que presenta el PSOE en su querella, realizando un “juicio de exclusión de los expedientes” donde no percibe “indicios de infracción criminal”, sino “meras irregularidades administrativas”.

Aun así, deja la puerta abierta a lo que vaya revelando la instrucción. “La posible imputación de otras infracciones criminales, como malversación y pertenencia a organización criminal, o a nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de esta investigación dependerá de la evolución de las actuaciones”, subraya en un auto fechado el 11 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En ese escrito, el magistrado señala directamente a Valle García, actual gerente del SAS, por su condición de directora del hospital cordobés durante los años que se investigan. García, imputada en otra causa judicial por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS, aún no está siendo investigada formalmente, pero el juez ha ordenado que “se ponga en su conocimiento la existencia de este procedimiento”, que le afecta directamente.

El magistrado también ha solicitado que se informe de la apertura de diligencias a los servicios jurídicos del SAS, además ha reclamado 12.000 euros al PSOE para poder mantenerse personado en la causa como acusación popular, y ha remitido a la Fiscalía las primeras actuaciones para que elabore su informe.