El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García (PP), ha sido citado a declarar en el juzgado en calidad de investigado por supuestas irregularidades en la contratación de las fiestas locales entre los años 2017 y 2025.

Deberá comparecer el próximo 22 de octubre, a las 11.30 horas, ante la titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, según el auto de la magistrada instructora, consultado por Europa Press.

Este martes, el portavoz del PRC en el municipio, Víctor Manuel Gómez Arroyo, ha ratificado la denuncia presentada contra el alcalde y también senador por Cantabria por presunta prevaricación en la adjudicación de servicios relacionados con los festejos del municipio, a las mismas empresas, sin expedientes administrativos y con fraccionamiento de facturas.

El regionalista ha comparecido esta mañana ante la Sección de Instrucción del citado Tribunal de Medio Cudeyo, que el pasado mes de junio abrió diligencias previas por su denuncia. Según ha explicado Gómez a través de un comunicado, la demanda está motivada por la adjudicación de servicios para las fiestas patronales de Vega de Pas y la Fiesta del Sobao y la Quesada “durante años a las mismas empresas, sin los expedientes administrativos preceptivos y mediante fraccionamiento de facturas”.

El edil del PRC ha rechazado que estas prácticas puedan justificarse como “simples errores administrativos por la falta de informes de los técnicos municipales”, una “carencia” de la que ha responsabilizado al regidor 'popular'.

“Lo mismo que no se puede adjudicar a dedo una obra de 100.000 euros, tampoco se puede realizar un contrato de servicios por esas mismas cantidades siempre con la misma empresa y sin cumplir los requisitos preceptivos”, ha recalcado.

En este sentido, ha aclarado que el PRC “ni mucho menos está en contra” de las fiestas que se celebran en Vega de Pas, pero “rechaza rotundamente que no se cumpla la ley, que no haya ni un solo expediente administrativos y que todas las fiestas se adjudiquen año tras año al mismo grupo de empresas”.

También ha cuestionado que el alcalde invoque el criterio de “exclusividad” de determinados grupos musicales para justificar el procedimiento seguido y la elección de las mismas empresas “año tras año”.

Las fiestas son patrimonio de todo el pueblo

A su juicio, que la contratación de un artista concreto deba realizarse a través de una empresa determinada no explica que el resto de actuaciones y servicios no sujetos a esa limitación recaigan también en “las mismas adjudicatarias”.

“Las fiestas son patrimonio de todo el pueblo, no de un grupo político determinado ni de un alcalde en concreto”, ha subrayado Gómez, quien ha defendido la necesidad de realizar la organización y contratación “con absoluta transparencia, respetando la legalidad y garantizando el correcto uso del dinero de todos”.

El exalcalde de Granadilla, Jaime Gonzalez Cejas, del PSOE, y seis concejales se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el próximo 2 de octubre por un presunto delito de prevaricación por el conocido como caso Médano Park, en el que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el exprimer edil y entre 7 y 5 a los demás.

El Ministerio Fiscal atribuye a los encausados promover en 2004 la aprobación del plan parcial siendo conscientes de sus irregularidades, entre ellas que el exalcade poseía 440 acciones de la entidad promotora, a pesar de lo cual al parecer no se ausentó en las votaciones que tuvieron lugar en el pleno y en la Junta de Gobierno.

En el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio aparece este plan parcial con una superficie de 88.128 metros cuadrados como Suelo Urbanizable Sectorizado No Ordenado (SUSNO), y un uso residencial por lo que era necesario su desarrollo urbanístico pormenorizado, señala la Fiscalía.

No obstante, también se recogían otros fines terciarios, con 3.200 metros cuadrados, dotaciones y equipamientos y de infraestructuras.

La Fiscalía cree que el exalcalde pese a ser socio en la entidad mercantil, dictó el decreto acordando la aprobación inicial del plan parcial y así lo ratificó la Junta de Gobierno, en la que estaban los otros concejales.

Tras diversas subsanaciones este visto bueno se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que el Ayuntamiento se otorgaba el aprovechamiento lucrativo cifrado en 743.500 euros para una parcela y 185.000 para la segunda.

El exalcalde dictó un decretó con la aprobación provisional y luego se remitió a la antigua Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) y al Cabildo desde donde se emitieron informes positivos pero condicionados con algunas correcciones.

El Ayuntamiento defendió que el documento debía ser aprobado, entre otros aspectos porque se recibiría el 10% del aprovechamiento, pero el Ministerio Público recuerda que ello sólo es posible cuando el suelo tiene categoría de urbanizable ordenado, pero no para el no ordenado como era este caso.

Finalmente, la Junta de Gobierno en la que estaban los ahora acusados aprobaron el plan sin que conste que García Cejas se ausentara, tal y como determina la legislación.

A continuación el documento estuvo en información pública, se presentó el proyecto de urbanización, abastecimiento y saneamiento y de ejecución de rotondas de conexión con la carretera y finalmente se procedió a su visto bueno en pleno, pese a que la oposición pidió que se pospusiera hasta aclarar la vinculación de Cejas.

El argumento para continuar la tramitación fue que el aprovechamiento que iba a obtener la Corporación local sumaba casi 927.500 euros, lo que fue apoyado por once concejales del grupo de gobierno y recibido con desconfianza por la oposición que luego acudió a los tribunales.

Posteriormente, el exalcalde ante notario vendió sus 440 acciones a otra entidad mercantil por un total de 212.500 euros con lo que finalmente se desvinculó de la actuación urbanística.

En caso de que no se llegue a un acuerdo de conformidad el juicio se extendería los días 5 y 9 de octubre y dado el tiempo transcurrido las defensas alegarán el atenuante de dilaciones indebidas

El exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi', para quien la Fiscalía pide 18 años de inhabilitación para cargo electo y una multa de 10.800 euros por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos, ha afirmado que le denuncian “por hacer las cosas bien”, así como que “aquí nadie ha metido la mano en la caja, nadie ha mangado y nadie ha cometido una inmoralidad”.

Cabe recordar que la Fiscalía señala en su escrito de acusación que el partido que entonces sustentaba al equipo de gobierno, Por Cádiz Sí se Puede, contrató a un asesor que “no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, y accedió de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz”. El caso fue conocido como 'el asesor fantasma'.

En un escrito colgado en sus redes sociales, ha insistido en que “no era un asesor fantasma, era un asesor que asesoraba”. “Ante una ley de contratos nueva, contratamos desde el partido a un asesor para que ayudara y explicara exclusivamente a los concejales cómo incluir cláusulas sociales y hacer del Ayuntamiento de Cádiz una administración más humana”, es la defensa que el exalcalde expone ante la acusación de la Fiscalía, que asegura que el asesor “impartió instrucciones a miembros del Consistorio que ostentaban la condición de funcionarios públicos”.

“No influyó en decisiones técnicas”

Por su parte, José María González 'Kichi, en su escrito en las redes, apunta que ante ese intento de hacer del Ayuntamiento “una administración más humana” la respuesta “del PP, con CCOO como cómplice” ha sido denunciarlo. Además, ha asegurado que “ese asesor no influyó en decisiones técnicas”.

A partir de ahí, el exalcalde ha manifestado que “esta es la denuncia 19” que le ponen y “será la 19 que archiven”, se queja de que le denuncian “por hacer las cosas bien”, mientras que “a los que roban a manos llenas, a los de sueldos desorbitados o dinero público derrochado en mariscadas, ni tocarlos”. Además, acusa a la justicia de usar una “doble vara de medir que permite que disparates como este sigan adelante”. “No nos van a meter miedo. Nos podremos equivocar, pero nunca de bando”, concluye.

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación en el procedimiento abreviado contra el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 contratado por el partido político al que pertenecía el entonces alcalde, pidiendo para el exregidor gaditano una pena de 10.800 euros de multa por un delito continuado de revelación de secretos, además de tres años de inhabilitación, y otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por un delito continuado de prevaricación.

Además, la Fiscalía, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, también pide las mismas penas por los mismos delitos para dos concejales del entonces equipo de gobierno, para el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía en el momento de los hechos y para un asesor del equipo de gobierno.

Por su parte, para el asesor contratado por el partido, que ha dado paso a este procedimiento judicial, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en la administración local, autonómica, nacional o europea por delito continuado de prevaricación.

“Indicación directa”

Según argumenta la Fiscalía, este asesor, contratado por el partido del equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede) entre abril de 2018 y abril de 2019, y que “no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, accedió de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz”.

Además, la Fiscalía asegura que dicho acceso a esa información y documentación reservada con la gestión de la cosa pública por parte de un tercero ajeno a la Administración “fue llevada a cabo por orden e indicación directa” del alcalde, los dos concejales (de Personal y de Turismo), el jefe de gabinete y el asesor del equipo de gobierno acusados. En este sentido, la Fiscalía detalla una serie de expedientes a los que esta persona tuvo acceso.

Además, añade que esta persona contratada por el partido “impartió instrucciones a miembros del Consistorio que ostentaban la condición de funcionarios públicos, quienes reunían los requisitos académicos y experiencia profesional suficiente para no precisar la ayuda de terceros en el ámbito de actuación de sus competencias”.

“Las decisiones, indicaciones e instrucciones con origen en este acusado, amén de modificaciones sobre expedientes, tenían carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento, extremos que debían ser acatados por los funcionarios, siendo éste respaldado en el ejercicio de sus funciones por los miembros acusados del equipo de gobierno”, asegura la Fiscalía.

A esto, apunta que “lógicamente ningún documento obrante en el expediente municipal contiene la firma del acusado por más que los pliegos de condiciones hayan sido redactados bien de manera directa por parte del mismo, bien de manera mediata por el funcionario que finalmente lo firmaría y asumiría su autoría siguiendo las instrucciones impartidas por el acusado”.

La Fiscalía recuerda que el acceso público a la información municipal que constituye la oferta pública de licitación no es accesible hasta el anuncio respectivo, con el sentido de evitar que la oferta pública se dirija a determinados operadores económicos introduciendo requisitos que concurran en éstos y no en terceros.

En este sentido, recuerda que la función de asesor político, de darse, no se encuentra asociada a la adopción de decisiones, impartir instrucciones u ordenar modificaciones, sino que se circunscribe al asesoramimento del político objeto del mismo, que finalmente firmaría y asumiría las decisiones.

Acceso a información restringida

La Fiscalía señala que la labor que desempeñó el asesor contratado por el partido “se centró en la confección y modificación de expedientes que comportaban licitaciones públicas de naturaleza municipal, y asociado a ello, el consecuente y habitual acceso a información restringida que posteriormente constituiría la base de la publicación de las distintas licitaciones públicas”, detallando además en los pliegos y contratos de servicios en los que participó.

Además, segura la Fiscalía que la presencia de esta persona era “habitual en runiones en las que era convocado en presencia del equipo de gobierno y funcionarios públicos, así como otros actores, poniendo de relieve la relación directa y el respaldo institucional que recibía y por ende, ofreciendo la falsa sensación ante los funcionarios municipales de la presunta condición laboral de este, ya fuese como funcionario o asesor”.

Igualmente, la Fiscalía señala que funcionarios públicos recibieron correos de esta persona, como experto en licitaciones públicas, “recibiendo órdenes/instrucciones” y asegura que “todo ello se realizó con la connivencia de los acusados del equipo de gobierno”, así como que “solicitaba información perteneciente al espectro municipal restringida e introducía cambios” e “impartía indicaciones de cómo debían acometer sus tareas funcionarios públicos”.

'Lawfare'

Kichi y su formación han enmarcado siempre este caso en el “'lawfare' a la gaditana”. En anteriores ocasiones, Adelante Andalucía Cádiz ha afirmado que se trata de una más de las 18 denuncias recibidas, “todas archivadas”, que “responden a esa estrategia de 'lawfare' de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente el trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal”.

También, la exlíder de la formación andalucista y pareja de 'Kichi', Teresa Rodríguez, ha señalado en el pasado y a través de sus redes sociales que en este procedimiento se juzga “el papel de un asesor técnico que contratamos por ser experto en la nueva Ley de Contratos y en cláusulas sociales en la contratación pública” y que venía al Ayuntamiento a “contratar mejor para mejorar la economía local y los servicios”.

El Tribunal de Instancia 5 de Segovia ha dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas contra el exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019 y exprocurador en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, investigado como supuesto autor de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Vázquez renunció a su escaño de diputado autonómico en octubre de 2025 tras el anuncio de esta investigación.

En una comunicación remitida este martes por el Tribunal Superior de Justicia, este señala que investiga algunos nombramientos de empleados municipales, la asignación de funciones y retribuciones y la contratación de determinados servicios.

También analiza la ordenación de pagos pese a los reparos de la Intervención del Ayuntamiento y otras diversas decisiones adoptadas durante el tiempo en que fue alcalde, según se desprende del texto.

En la parte dispositiva del auto, el Tribunal ha señalado que, a la vista de las diligencias practicadas, procede continuar el procedimiento y dar traslado al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El auto no es firme y cabe recurso de reforma ante el propio tribunal y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, o bien recurso de apelación directa

Archivo para el alcalde actual

Por otra parte, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del actual alcalde del municipio, Samuel Alonso (PSOE), al que se le investigaba por la supuesta autoría de un delito de falsedad documental inicialmente investigado.

El Tribunal ha concluido que no existen indicios de que los informes emitidos por el regidor contuvieran afirmaciones contrarias a la realidad ni que hubieran servido para realizar los nombramientos objeto de investigación.

Tampoco ha quedado acreditado que Alonso suscribiera los contratos investigados ni que conociera una posible ilegalidad de los mismos cuando se efectuaron pagos derivados de esos contratos durante su mandato, por lo que se descartan posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La lucha de Baltasar Garzón por anular o neutralizar los efectos de su condena por prevaricación se ha encontrado con un portazo de todos los tribunales y organismos a los que ha acudido en España. Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, el exmagistrado ha esgrimido sin éxito el dictamen de un comité de Naciones Unidas que estableció ya en 2021 que fue inhabilitado y expulsado de la judicatura por un proceso “arbitrario” que merecía una reparación que, por ahora, no llega. El entorno del hoy abogado no descarta presentar nuevas reclamaciones, pero por ahora el dictamen favorable llegado desde Ginebra no ha tenido ningún efecto sobre su situación.

Garzón llevaba dos décadas como juez de instrucción en la Audiencia Nacional cuando se hizo cargo del caso Gürtel. Una causa que arrancó con la confesión y las grabaciones de un concejal del Partido Popular, que se tradujo en una docena de piezas y cuyas sentencias contra el PP y sus miembros llegaron a provocar un cambio de Gobierno. Pero para entonces el magistrado jienense ya había tenido en sus manos causas de máxima relevancia contra el narcotráfico como las operaciones Nécora y Pitón, contra el terrorismo de Estado de los GAL y contra crímenes internacionales con Adolfo Scilingo o Augusto Pinochet.

Hasta entonces, sus actuaciones más cuestionadas habían estado relacionadas con el terrorismo y la no investigación de torturas a presos, que se tradujo en una condena para España a manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en 2004. Pero los focos penales se posaron sobre él cuando empezó a desentrañar la madeja corrupta de Gürtel que convivía en simbiosis con el Partido Popular en las administraciones donde gobernaba. Las querellas empezaron a llegar contra él mucho antes de que se pusiera a investigar el entramado, pero las que le llevaron al banquillo surgieron después del estallido del caso.

Fue juzgado y absuelto por abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Un “exceso”, reconoció el Supremo, pero no un delito de prevaricación. No llegó ni a ser imputado por los cursos que dio en la Universidad de Nueva York. Pero la tercera causa, la que tenía relación directa con el caso Gürtel, fue la que terminó con su carrera como juez.

En esa ocasión fue el abogado y antiguo fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez el que abrió fuego. Y esta vez, directamente relacionado con su gestión del caso Gürtel: las escuchas ilegales a algunos acusados y sus abogados mientras estaban presos en Soto del Real. La Policía había advertido al juez de que algunos imputados seguían delinquiendo desde la cárcel y su “enlace” con el exterior eran algunos abogados. La orden de Garzón, según dejó por escrito en un auto poco después del estallido de la operación, fue intervenir las comunicaciones de Francisco Correa y dos de sus socios en la cárcel con sus abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal.

El Supremo decidió que Garzón había incurrido en un delito de prevaricación y le impuso 11 años de inhabilitación. La decisión de pinchar sus comunicaciones con sus abogados fue “injusta” porque restringió su derecho de defensa “arbitrariamente” y “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”. El tiempo pasó y esos dos abogados fueron procesados por maniobrar para encubrir a Francisco Correa y su grupo de delincuentes. Delgado falleció antes de que se pudiera celebrar el juicio y López Rubal fue uno de los pocos imputados que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el último juicio del caso Gürtel, celebrado a finales del año pasado y todavía pendiente de sentencia, en el que está acusado efectivamente de intentar proteger el entramado empresarial de Correa tras el estallido de la operación.

El Constitucional, Estrasburgo y la ONU

La condena de Baltasar Garzón implicó su salida de la judicatura y la pérdida de su condición de magistrado, firmada por el Consejo General del Poder Judicial, llegó poco después. Los recursos del ya exmagistrado no prosperaron ni ante el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo a finales de 2012, ni tampoco en Estrasburgo, donde el TEDH rechazó sus alegaciones unos años después sin entrar al fondo del asunto. El exjuez emprendió entonces una nueva batalla, esta vez ante un organismo diferente: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estableció en 2021 que Garzón no se enfrentó a un proceso justo ni cuando fue condenado por las escuchas de la Gürtel ni cuando fue absuelto tras intentar investigar los crímenes de la dictadura.

Los efectos prácticos de una sentencia o un dictamen internacional en la Justicia española lleva años siendo objeto de debate. Una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe ser acatada por los tribunales nacionales. Por ejemplo, cuando Estrasburgo tumbó la doctrina Parot y los jueces tuvieron que adelantar la puesta en libertad de presos etarras pero también, por ejemplo, delincuentes sexuales. O cuando el TJUE dictó sentencia sobre las cláusulas abusivas y el terremoto judicial llevó a la creación de juzgados especializados por todo el país. Pero las decisiones de organismos como un Comité dependiente de la ONU siempre han tenido una implantación compleja en España.

En el caso del dictamen favorable a Baltasar Garzón, ningún tribunal u organismo español ha decidido otorgarle un valor práctico real en los diversos frentes legales abiertos por los abogados del exmagistrado, cuya condena quedó completamente cumplida a finales de 2021. Acudió a la Audiencia Nacional con una reclamación de compensación y eliminación de antecedentes penales que, además, obtuvo el apoyo de la Fiscalía, pero se encontró con el portazo de los jueces en noviembre de 2025.

“Los dictámenes no tienen carácter vinculante ni ejecutivo, ni puede esta Sala exigir al Ministerio de Justicia la implementación del dictamen”, dijeron los magistrados de lo contencioso en una sentencia ya recurrida ante el Tribunal Supremo. Además, Garzón, según la Audiencia Nacional, tardó más de un año en reclamar tras recibir el dictamen de la ONU y lo hizo, por tanto, fuera de plazo.

También se encontró recientemente con otra negativa, esta del Tribunal Supremo heredada del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces respaldaron la negativa del órgano de gobierno de los jueces a revisar todos los acuerdos posteriores a su condena que, en la práctica, le dejaron fuera de la magistratura. El Supremo no solo restó valor ejecutivo al dictamen del Comité de Naciones Unidas, sino que deslizó que no fue correctamente tramitado por “conocer el fondo del asunto” en paralelo al TEDH, que falló en sentido contrario.

Todas las respuestas a las reclamaciones de Baltasar Garzón, por tanto, se han encontrado por ahora con la negativa de jueces y organismos españoles, aunque fuentes de su entorno no descartan poner en marcha nuevas acciones de reclamación para que el dictamen del Comité de la ONU cause algún tipo de efecto un lustro después de haber cumplido íntegra su condena por prevaricación.

El cese del concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón Oliver Suárez al frente de la presidencia de Divertia, la empresa municipal de festejos, por formalizar los contratos de los artistas Alejandro Sanz y Lola Índigo, “de forma unilateral” y sin comunicarlos previamente al Consejo de Administración para su aprobación ordinaria, no se ha limitado a un relevo en el cargo.

El presidente cesado se defendía públicamente horas después de oficializarse su destitución, asegurando que ambos conciertos habían resultado “un éxito”.

Ahora, seis días después de que trascendiera públicamente la situación interna en la empresa, los portavoces municipales de Izquierda Unida (IU) y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han cuestionado hasta 15 contratos vinculados a los conciertos de los últimos tres años y piden que la Fiscalía del Principado abra una investigación para dirimir si el procedimiento seguido por Oliver Suárez puede ser constitutivo de delito.

Los contratos cuestionados

De estos 15 contratos que ambas formaciones ponen en entredicho, siete forman parte de la programación estival de este año, tres corresponden a 2025 y otros cinco se remontan al verano de 2024.

Su recelo parte de la premisa de que estos contratos superan las cuantías mínimas que legalmente requieren la autorización y la formalización por parte del consejo de administración de Divertia.

“De acuerdo con los poderes otorgados por este órgano, la presidencia solo puede suscribir contratos por valor inferior a 15.000 euros o, si se firman de manera mancomunada con el gerente, por valor inferior a 60.000 euros”, explican ambos portavoces.

El acceso a los expedientes

Javier Suárez Llana y Olaya Suárez solicitaron ayer acceder a los expedientes de contratación de los 15 conciertos y, una vez examinados, darán traslado a la Fiscalía para conocer si la actuación de Oliver Suárez en los contratos de Alejandro Sanz y Lola Índigo fue un caso aislado o, por el contrario, “fue una práctica continuada durante sus tres años de presidencia y si constituye un delito de prevaricación”.

El portavoz de IU ha reconocido que tanto él como la portavoz de Podemos han asumido una labor de fiscalización que debería haber realizado la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, de Foro Asturias, quien fue la que cesó al presidente de Divertia.

La fiscalización de IU y Podemos

“Estamos haciendo como concejales de la oposición lo que debería de hacer la alcaldesa, que no solo es la responsable política de la gestión del concejal tránsfuga Oliver Suárez al frente de Divertia, sino quien lo ha cesado por la contratación irregular de al menos dos conciertos”, expone Javier Suárez Llana.

El edil ha insistido en que “si la máxima autoridad política del Ayuntamiento tiene la más mínima sospecha de que en su gobierno se ha cometido un delito, su obligación es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. No hacerlo responde única y exclusivamente a los cálculos políticos que caracterizan la forma de gobernar de Carmen Moriyón”.

Por su parte, Olaya Suárez ha denunciado “la extrema gravedad de que se hayan estado usurpando sistemáticamente las competencias del consejo de administración en un aspecto tan sensible como es la contratación pública”.

El dinero en juego

La portavoz municipal de Podemos sostiene que las cuantías económicas que se barajan son importantes: “Estamos hablando de cientos de miles de euros en tres años en contratos que podrían haber sido irregulares, y nos preguntamos por qué han fallado los controles de la contratación pública tanto de Divertia como del propio Ayuntamiento”, inquiere.

Además, ha recordado que, en el caso de los conciertos de este verano “la insistencia de Divertia en asumir su producción también sirvió para que se pagasen cerca de 300.000 euros de dinero público por el escenario y el suministro eléctrico del recinto, de los que se benefician las empresas privadas que organizan allí sus eventos”.

Apuntan hacia la alcaldesa

Al igual que su compañero en la corporación municipal, Olaya Suárez también ha apuntado hacia la responsabilidad de la alcaldesa, tanto por su cargo en el ayuntamiento como “por haber colocado al concejal tránsfuga en esta posición, contra todo sentido de la lógica y del buen gobierno, por lo que ahora no basta con cesarlo y correr un tupido velo”, ha incidido.

La edil considera que es “imprescindible que todos los implicados ofrezcan explicaciones, incluido el gerente como encargado de la gestión de Divertia, porque la ciudadanía merece saber qué y por qué pasó, quién tuvo la responsabilidad y si alguien se ha podido beneficiar de estas irregularidades”.

La condena de nueve años de inhabilitación por cooperar en una prevaricación a David Sánchez remite a otra que le llegó, pasado ya el epílogo de su carrera política, a quien durante décadas ejemplificó el paradigma del clientelismo en los entes provinciales. José Luis Baltar, autodenominado o cacique bo (el cacique bueno), presidente de la Deputación de Ourense por el PP entre 1990 y 2012, recibió ya jubilado la misma pena que el hermano de Pedro Sánchez pese al abismo existente entre ambas conductas. A Baltar lo declararon culpable de enchufar en la institución a 104 personas, todas ellas próximas a cargos del partido –y, al contrario que Sánchez, ninguna condenada– para amarrar el nombramiento de su hijo Manuel como sucesor al frente del PP ourensano.

La sentencia condenatoria a Baltar absuelve a los 104 enchufados que aceptaron el empleo a sabiendas del trato de favor. En el caso de David Sánchez, la Audiencia Provincial de Badajoz sí castiga al que supuestamente fue enchufado, aunque no hay pruebas de quién lo ordenó ni por qué. La sentencia censura a Sánchez por haber hecho todos los trámites para conseguir la plaza a sabiendas de que se había creado para él, aunque el tribunal aclara que no puede condenarle por esos hechos porque admite que el delito estaría prescrito.

La Audiencia Provincial de Badajoz sostiene en su sentencia que “el enchufismo, entendido como la práctica de colocar a personas en puestos públicos atendiendo a relaciones personales o de poder en lugar de al mérito y la capacidad, es una lacra para la administración pública”. Y que “la ciudadanía percibe con razón que el acceso a determinados puestos no se produce en igualdad de condiciones, lo que erosiona la confianza en las instituciones”. Sin embargo, la sentencia aclara que el tribunal no tiene ninguna prueba de que David Sánchez cometiera tráfico de influencias para lograr ese puesto de trabajo y tan solo le condena porque, supuestamente, cooperó en el cambio de denominación de su plaza que no comportó un aumento de sueldo.

En Ourense, los hechos atribuidos a José Luis Baltar estaban avalados por indicios sólidos de un tráfico de influencias para colocar a todas esas personas. Su hijo saldría indemne años después de la acusación de ofrecer trabajo, no a cambio de favores políticos sino de sexo. La condena sólo le llegaría tras ser cazado por un radar a 215 kilómetros por hora. Su peaje fue renunciar a la Deputación a cambio de convertirse en senador por designación autonómica. Hoy sigue en el cargo.

El centenar de enchufes confirmados por sentencia judicial es solo la punta del iceberg. Estimaciones –como la de los autores del libro Os Baltar. A senda do caciquismo na democracia plena– multiplican esa cifra al menos por diez, algunos tan llamativos como la contratación, en 2009, de 33 porteros para un centro cultural que solo tenía dos accesos. “Parece que la Deputación era una empresa privada”, llega a decir en su sentencia la jueza que condenó a Baltar padre por un delito continuado de prevaricación.

“Esta vez, entre los agraciados estaban, sin ánimo exhaustivo, un hijo del regidor de Muíños –el otro ya había alcanzado antes la plaza–, una sobrina del alcalde de Barbadás es presidente del Inorde [Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico], una candidata popular en Petín, la hija del alcalde de Boborás, una nieta del teniente de alcalde de Sarreaus y el hijo de un ex-edil de la capital”, enumeran Cristina Huete y Primitivo Carbajo en Os Baltar antes de reflexionar: “Llegaban siempre mejor preparados por la estimulación de la boina”. La boina era el distintivo de la facción rural del PP gallego, por contraposición a los birretes urbanitas liderados por Mariano Rajoy y Romay Beccaría, el mentor de Núñez Feijóo.

La de los autores no era una afirmación gratuita. En 2001, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir unas oposiciones a técnico de la Deputación porque se “vulneraron principios básicos”, entre ellos, que no se garantizó el anonimato de los participantes. Los cuatro candidatos seleccionados por un tribunal en el que estaba el propio Baltar fueron un hijo de otro barón de la boina –Cacharro Pardo, entonces presidente de la Deputación de Lugo–, los hijos de dos diputados provinciales y una hija de un exalcalde de Ourense por la UCD, formación de la que surgió Centristas de Galicia, la formación coliderada por el cacique bo y que en 1991 se integró en el PP. Cuando el escándalo de aquellas pruebas llegó a la sede de la Xunta, Manuel Fraga, entonces presidente, dejó una justificación para la historia: “Los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados”. Tres lustros después, Baltar intentaría descargar en el hijo de Cacharro –ascendido hasta secretario general de la Deputación– su propia responsabilidad penal: lo culpó ante la jueza de no avisarle de que existía una ordenanza que regulaba la provisión de puestos de trabajo y que, entre otras cosas, obligaba a dar publicidad a las convocatorias.

La titular del Penal número 1 de Ourense no lo creyó. En su sentencia, describía cómo el cacique bo “procedió a la contratación con conciencia de que faltaban los principios básicos de cualquier contratación pública, como es la publicidad de dichos contratos para que cualquier persona pudiera acceder, privando el acceso a la fundación pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. “Nadie pone en duda –indica el fallo- que las 104 personas contratadas no tuvieran capacidad suficiente para desempeñar el puesto de trabajo para el que fueron contratadas, lo que está penalmente tipificado es que en un organismo público se realicen contrataciones sin cumplir la ley”, concluía.

“Chispas relax”

José Luis Baltar recibió la condena a punto de cumplir los 74 años y con el objetivo cumplido: asegurar el mando en plaza para su hijo, Manuel. La sucesión, entendida en Ourense como un proceso natural, se había visto amenazada desde Santiago por un Núñez Feijóo recién llegado a la Xunta. Hijo del birrete, el sucesor de Fraga no quería en su territorio un virrey que le pudiese organizar una rebelión como la que sufrió –y perdió– su predecesor.

En 2004, meses antes de que el PP perdiese el gobierno gallego, Baltar padre se hartó de los “desaires” que, a su entender, recibía de San Caetano, y que veía impulsados por el sector de los birretes, en concreto, por Rajoy. Así que ordenó a sus cinco diputados en el Parlamento –entre ellos, su propio hijo y el actual presidente de la Cámara, Miguel Santalices– que se encerrasen en un piso en Ourense y no acudiesen al Pazo do Hórreo. Fraga tuvo que dar su brazo a torcer para no perder la mayoría absoluta en el pleno. El propio presidente de la Deputación fue a buscar a los diputados en su coche al piso franco y los llevó de vuelta a Santiago, no sin antes dejar un recado para sus rivales internos: “Don Manuel, dígales que dejen de tocar las pelotas”.

Eso era lo que temía Feijóo, así que, en el congreso provincial del partido, en 2010, presentó a su propio candidato, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, la localidad que competía con O Carballiño por ser el segundo concello más poblado de Ourense. Tras una campaña a cara de perro, O fillo se impuso por un 62% de los votos frente al 37%. Fue la primera derrota orgánica del líder popular en Galicia. Posiblemente, la única. Nunca más presentó batalla en ese feudo. Hasta su caída en desgracia por pisar el acelerador a fondo, Baltar Jr. renovó el cargo en congresos a la búlgara, con apoyos siempre cercanos al 100%.

El mismo año en que el padre fue condenado, la causa contra el hijo por ofrecer trabajo a cambio de sexo llegó a los juzgados. La jueza dio credibilidad a las conversaciones grabadas y los mensajes presentados por la denunciante. El que decía “¿Te gusta el champán? Celebraremos que estaremos muy juntos. Chispas. Relax. Bs” llegó a inspirar una canción del grupo Novedades Carminha. Sin embargo, la causa –que la misma Fiscalía recurrió– fue archivada porque, según la jueza, a la que los Baltar quisieron apartar del caso, “no queda suficientemente justificado” que se diese “uno de los elementos” sustanciales del tipo penal: la existencia de una relación de “prestación de servicios”.

El auto de archivo considera acreditado que la denunciante realizó labores de interventora del PP y se encargó de organizar un evento electoral. Pero eso sucedió en 2008, dos años antes de que Baltar hijo mandase en el partido y cuatro de que lo hiciese en la Deputación. Por tanto, no niega que el acusado “solicitase o al menos acepta un favor de naturaleza sexual” para “hacer lo posible por facilitar la obtención de un trabajo” sin “cumplir los requisitos legales”. No obstante, no encuentra “suficientemente justificado” que “se comunicara de forma alguna” con cargos de la Deputación para gestionar ese puesto ni tampoco que su padre, todavía presidente, “diese instrucciones” para cumplir la promesa de su hijo.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Desde 2017, el hermano de Pedro Sánchez había ocupado el cargo de coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, después, ese puesto se transformó en Jefe de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. A David Sánchez le condenan a 9 años de inhabilitación para cargo público, pero se le absuelve de tráfico de influencias. Dicen que sí hubo amaño para su contratación, pero los jueces admiten que no hay pruebas de que nadie presionara para ese amaño o, al menos, es algo que no ha se ha podido probar en el juicio.

¿Entonces? ¿Por qué se condena a David Sánchez? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.

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Los once condenados por prevaricación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tienen diez días hábiles (hasta el 29 de julio) para recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (nueve años para Sánchez y 18 para el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo) no es firme, por la que todos los afectados pueden trabajar o seguir trabajando para la administración. En caso de que el recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura no prospere, los condenados todavía tienen una última vía para impugnar la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Fuentes próximas a la defensa de David Sánchez consideran que el recurso del hermano del presidente deberá argumentar por qué no fue, como establece el fallo, cooperador necesario en el acto de prevaricación cometido supuestamente por técnicos de la Diputación que aprobaron el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo que tenía asignado.

El hermano del presidente pasó de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que su salario aumentase. Las acusaciones populares denunciaron que David Sánchez desempeñó un trabajo distinto por lo que la Diputación debía haber creado y presupuestado una nueva plaza además de convocar un concurso público para adjudicarla.

Cooperador necesario para la prevaricación de otros

La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez fue cooperador necesario para la prevaricación cometida por otros trabajadores de la Diputación al crear esta plaza. Y aunque la sentencia señala que el hermano del presidente, “teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento siendo el principal beneficiario del mismo”, fuentes de la defensa explican que este aspecto que relata el fallo no es condenable.

De hecho, el presidente del tribunal declaró al principio del juicio “extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal por el que venía siendo acusado David Sánchez”.

¿Cómo se explica que la prevaricación no lleve aparejado el tráfico de influencias?

La defensa de Sánchez entiende que tiene una explicación técnica clara para que una condena por prevaricación no lleve aparejada otra por un delito de tráfico de influencias. “La prevaricación”, explica, “es una isla autónoma como lo es el tráfico de influencias. No son dos delitos que tengan que ser aplicados necesariamente al concurso”. En este caso, el tribunal explica que se amañó una plaza a favor de David Sánchez, pero aclara que no hay prueba sólida que permita conocer si hubo alguna persona o autoridad que presionó a los funcionarios y trabajadores para lograr ese objetivo. “Si no hay tráfico de influencias”, explican fuentes de la Defensa, “lo que está claro es que la prevaricación, de ser tal, no tuvo un móvil probado”.

Una “contra hipótesis” del tribunal que no sirve como hecho probado

Los magistrados fabrican en la sentencia una contra hipótesis, así la llaman, según la cual pudo ocurrir que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidió adjudicar la plaza a David Sánchez en julio de 2017 para congraciarse con Pedro Sánchez, que un mes antes había ganado las elecciones primarias del PSOE y volvía a ser secretario general. Fuentes jurídicas señalan que “esa conjetura o sospecha” no entra dentro de los hechos probados de la sentencia y carece de relevancia dado que los propios magistrados que firman el fallo aclaran que no hay prueba sólida suficiente para condenar por tráfico de influencias.

El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha pedido al Congreso el permiso necesario para procesar por prevaricación al diputado de Sumar En Comú Podem Félix Alonso, por los contratos a dedo que adjudicó cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona).

En un auto, el instructor recoge que ha apreciado “elementos bastantes” para considerar que Alonso, como alcalde de Altafulla, abusó de la figura de los contratos a dedo para beneficiar a una consultora afín a su partido. La Fiscalía había apoyado la petición de suplicatorio, mientras que la defensa del político se había opuesto.

El magistrado indica que en la etapa como alcalde de Alonso, entre 2011 y 2019, el Ayuntamiento de Altafulla “recurrió a la figura del contrato menor sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública”. Las contrataciones investigadas suman 30.000 euros.

La resolución no acoge la tesis de defensa de Alonso, que en su declaración voluntaria ante el Supremo negó que hubiera criterios políticos para adjudicar al despacho del exconseller de ICV Salvador Milà varios contratos municipales en materia de Urbanismo, sino que se debió a la falta de personal del consistorio.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso optó por hacer un contrato menor para estos servicios. Para su defensa, el consistorio no necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar.

Por el contrario, el juez considera que hubo un “uso indebido” de la prórroga y del contrato menor “con la voluntad” de Alonso “de introducir empresas con vinculación política” y necesidades recurrentes del consistorio que debían vehicularse a través de un concurso.

Como marca la ley, antes de proceder penalmente y procesar al diputado, el juez tiene que pedir el suplicatorio al Congreso a través del presidente de la Sala de lo Penal para enviarlo, previo refrendo de los magistrados.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz (José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Gallardo) han condenado este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa. En la misma sentencia, los tres magistrados absuelven a Sánchez y al resto de acusados de un delito de tráfico de influencias, el núcleo central de la causa que instruyó la juez Beatriz Biedma. Las acusaciones populares, vinculadas a la ultraderecha, pidieron seis años de cárcel. El tribunal rechaza de plano esta petición y sostiene que no hay prueba sólida para condenar por tráfico de influencias, la acusación principal de este caso.

El tribunal intenta justificar de una manera confusa por qué condena a David Sánchez por prevaricación, un delito que no conlleva penas de cárcel, pero le absuelve por tráfico de influencias. La sentencia da por acreditado que la plaza de coordinador de conservatorios fue creada por “razones espurias” para David Sánchez, pero sostiene que no existe una sola prueba de que ese trato de favor obedeciera a un tráfico de influencias por parte de los dirigentes de la Diputación de Badajoz.

Los jueces llegan a escribir en su sentencia algunas conjeturas sobre la posibilidad de que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidiera, para congraciarse con Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias, influir para adjudicar la plaza al hermano del entonces secretario general del PSOE. Pero los mismos jueces rechazan a continuación que esa elucubración pueda servir para firmar una condena por tráfico de influencias.

Una prevaricación clara, un tráfico de influencias dudoso y sin pruebas

“Si bien se alza la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a Don David Sánchez y Don Luis María Carreras, albergamos dudas, que no han sido despejadas a la luz de las pruebas practicadas en el plenario, referentes a la utilización de concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones que pudieron generar directa o indirectamente beneficio económico para aquellos”.

Una conjetura sobre el tráfico de influencias sin soporte fáctico

“Podemos conjeturar que la actuación coordinada prevaricadora de los acusados que ostentaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Badajoz fue la respuesta a una previa presión o influencia ejercida sobre ellos, pero esa hipótesis carece, tanto de soporte fáctico elaborado y descrito por las acusaciones, como de acervo acreditativo que la sustente”.

El tribunal “no sabe” quién influyó

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”.

Una contra hipótesis sin una sólida prueba de cargo

“Podríamos mantener, como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David Sánchez) al que sería reelegido Secretario General del Partido y con el tiempo Presidente del Gobierno de la Nación (Bloque 1 de hechos probados) y que ostentaba ya tal cargo cuando sucedieron los acontecimientos descritos en los Bloques 2 y 3; respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el XXXIX Congreso del Partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias. Siendo así, este Tribunal se ve obligado a considerar que no es posible condenar por los delitos de tráfico de influencias que han sido objeto de acusación, pero no de concreta y completa descripción fáctica y acreditación, resultando por demás aplicable el principio ”in dubio pro reo“. De alguna manera dicho principio se injerta en el derecho a la presunción de inocencia, porque no basta para la condena la sola convicción del Tribunal -el impresionismo o convicción judicial-, pues poco vale este si no encuentra su anclaje en una sólida prueba de cargo (…) Dicho de otro modo, aunque el Tribunal de instancia no dudara, correspondería a esta Sala casacional verificar si debió dudar por la escasa fiabilidad de la prueba de cargo (…)”.

“Escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada”

“Y es aquí donde radica la esencia del problema: la escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada, en orden a la determinación y concreción de los hechos incardinables en los tipos penales de tráfico de influencias objeto de acusación, insuficiente para despejar toda ausencia de duda sobre la autoría de los mismos por parte de los acusados”.

Inferencia: todos concertados para crear una “plaza innecesaria y vacía de contenido”

El tribunal considera que “la actuación de los acusados justifica el juicio de inferencia que conduce a colegir que todos estaban concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial, cuyo destinatario sería el acusado Don David Sánchez (y para el ulterior torticero cambio de denominación de tal puesto de trabajo), así como de otra igualmente vacua reservada al acusado Don Luis María Carrero, fingiendo un proceso de selección y valoración de méritos sustancialmente inexistente como justificación mendaz de los contratos para acceder al empleo público, que estarían avalados por unos procedimientos administrativos oficiales de selección y propuestas de contratación puramente cosméticos o ”de escaparate“ sin fundamento real alguno, con ulterior adaptación en el caso de Don David de las condiciones de su puesto a sus apetencias sin consideración alguna a la causa pública, al interés general y soslayando de manera palmaria los principios de mérito y capacidad rectores en el acceso a los puestos de trabajo en la Administración y sin que, como se ha afirmado, dicha transmutación obedeciera a una ”evolución natural de funciones“ previamente desarrolladas o a un acto de ”sinceración administrativa“. Esta inferencia del tribunal no se basa en las pruebas recabadas durante la celebración del juicio, ya que el trabajo de David Sánchez como coordinador de los conservatorios no fue puesto en duda ni siquiera por los directores de esos departamentos. Que el montaje de óperas que impulsó el hermano del presidente se hiciera ”sin consideración alguna a la causa pública y al interés general“, es una inferencia del tribunal sin prueba conocida.

“Es inverosímil” que el presidente de la Diputación no conociera los hechos

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por prevaricación. El tribunal, sin citar prueba que lo acredite, considera “inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos”. En el juicio, ningún testigo ni imputado declaró o acreditó que se conociera de forma generalizada en el departamento de Cultura que se creó el puesto para David Sánchez. “Intervino, como representante del órgano decisorio, la Diputación de Badajoz, en la decisión de contratar a Don David y de modificarle las funciones que tenía encomendadas en su puesto original. Por consiguiente, es responsable en concepto de autor de los delitos de prevaricación administrativa correspondientes a los Bloques A) y B) del párrafo de hechos probados, resultando aplicable el artículo 31 del CP”, señala la sentencia. Las pruebas recabadas durante la instrucción no acreditaron que Gallardo hubiera intervenido en la decisión de contratar a David Sánchez.

David Sánchez conoció previamente que el puesto de coordinador se creó para él

El Tribunal, sin prueba que acredite su tesis principal, afirma: “David Sánchez Pérez-Castejón, quien teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera (…) Cooperó realizando actos nucleares: presentó la solicitud correspondiente en el concurso de méritos para la adjudicación de la plaza creada para él, participó en el proceso selectivo maquillado aportando documentación y derivó, incumpliendo el contenido obligacional del contrato de coordinador de actividades de los conservatorios, a actividades operísticas que no guardaban relación alguna con el puesto primigenio para el que había sido nombrado ,interesando y consintiendo que, al socaire del denominado cambio de nomenclatura de la plaza, se creara otra absolutamente diferente de la que seguía siendo titular y beneficiario”. El tribunal le condena por cooperación a la prevaricación al haber forzado el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo asignado, y sostiene que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que la creación de la plaza (octubre de 2016) se hizo para adjudicársela a él mismo. Sin embargo, en la contra hipótesis redactada por el mismo tribunal se elucubra con la posibilidad de que el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, hubiera decidido, en mayo de 2017, cuando Sánchez ganó las primarias y volvió a ser secretario general del PSOE, adjudicar la plaza al hermano (junio de 2017). Esta contra hipótesis echaría por tierra la conclusión del mismo tribunal cuando afirma que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que se había creado la plaza para él en noviembre de 2016.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, la socialista María Concepción Monzón, a la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo. Con ello, ratifica su condena a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación administrativa tras retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

Según el fallo, el Alto Tribunal castellanomanchego rechaza la primera de las alegaciones de presentadas por Monzón en su recurso en la que afirma que en el fallo de la Audiencia Provincial de Toledo que la condena existe un “déficit de motivación”, para señalar que “no asiste la razón a la recurrente”. “Podrá disentir del razonamiento, pero en modo alguno existe el déficit de motivación que denuncia”, añade.

Respecto a que la alcaldesa alegue en su recurso que la licencia había expirado el 11 de enero de 2021, por lo que el 8 de marzo de 2021 el vendedor no era titular de ninguna licencia y que ello “condiciona el punto de partida para la aplicación del artículo 404 del Código Penal (que regula el delito de prevaricación administrativa), así como la sanción impuesta”, el TSJCM concluye que se trató de una decisión “administrativa arbitraria”.

Del mismo modo, el tercer motivo que alega la alcaldea se basaba en la infracción de normas del Ordenamiento Jurídico en la medida en que defiende la existencia de la “indebida aplicación” del artículo 404 del Código Penal. Ante ello, el TSJCM apunta que, en el presente caso, se desprende del relato fáctico “con claridad” la “consciente injusticia” de la “arbitraria actuación” de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, “por lo que procedería la desestimación del motivo”.

Por todo ello, el Ato Tribunal castellanomanchego afirma que la decisión alcanzada por la Audiencia Provincial de Toledo es “coherente y razonable”, así como “conforme a las máximas de experiencia y reglas de la lógica”, por lo que este último motivo que alega la demandnate “se desestima”.

En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas

La alcaldesa ha mostrado su respeto por la resolución del TSJCM, pero ha anunciado que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “en ejercicio de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico”.

“En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, velando por el interés general del municipio”, apunta la regidora, que añade que durante todo este proceso ha mantenido “una actitud de plena colaboración” con la Administración de Justicia y que seguirá actuando con el mismo respeto institucional en las sucesivas fases del procedimiento.

No obstante, el coordinador general de Partido Popular de Toledo, José Manuel Velasco, ha exigido al PSOE que actúe con “responsabilidad y coherencia” y “obligue” a dimitir de “inmediato” a la alcaldesa. “El tribunal es contundente al señalar que la actuación de Monzón no fue un simple error administrativo ni una interpretación jurídica discutible, sino una decisión administrativa arbitraria, adoptada tras un enfrentamiento personal y completamente al margen de la legalidad”, ha argumentado.

Velasco ha explicado que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General regula, en su artículo 6, que no pueden seguir en sus cargos los condenados por sentencia, aunque no sea firme, contra la Administración Pública, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal.

Así, para el coordinador provincial del PP, la situación en el municipio de Villarrubia de Santiago es “insostenible”. De hecho, ha advertido de que el PP estudiará todas la acciones jurídicas oportunas ante una alcaldesa “enrocada” en el cargo “en coincidencia con la actual política socialista en el Gobierno de España de mantenerse en los puestos aunque se demuestren graves ilegalidades”.

“El PSOE debe decidir si está del lado de la legalidad y la ética pública o si, una vez más, prefiere proteger a sus cargos condenados, confirmando que ya no tiene otra bandera que la de los casos judiciales y la corrupción”, ha concluido el coordinador general del Partido Popular de Toledo.

El proyecto de la planta solar fotovoltaica 'FV Tagus', en la localidad cacereña de Alcántara, ha desencadenado un terremoto que salpica a la anterior administración autonómica. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha dictado una providencia para imputar a la exconsejera para la Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, Olga García, por un presunto delito de prevaricación en la concesión de los permisos administrativos que facilitaron la implantación de esta macroplanta energética, promovida por una filial de Iberdrola.

Según consta en la resolución judicial, Olga García —quien actualmente ejerce como presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)— deberá acudir a prestar declaración en calidad de investigada el próximo 7 de octubre. La causa penal tiene su origen en una denuncia inicial interpuesta en mayo de 2024 por el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex). Aunque el caso arrancó en el Juzgado de Valencia de Alcántara, terminó inhibiéndose primero a Cáceres y finalmente a los juzgados de Madrid, al encontrarse en la capital de España la sede del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Afección a 500 hectáreas de máxima protección ambiental

La macroplanta fotovoltaica obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en enero de 2023, firmada por Marta Gómez Palenque, directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Miteco, quien también figura como investigada en la causa junto al exsubdirector del área, Eugenio Domínguez. La autorización estatal salió adelante a pesar de que la instalación proyectada supone la alteración radical de 500 hectáreas de terreno virgen situadas en pleno corazón de una zona de Reserva de la Biosfera y catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El presidente de Fondenex, Francisco Blanco, ha explicado a la agencia Efe que las obras conllevan la destrucción directa del hábitat de especies en crítico peligro o de alta protección, como el lince ibérico, el águila imperial ibérica, el águila real, la cigüeña negra y el buitre negro. Blanco sostiene que el Ministerio aprobó la DIA atendiendo “fundamentalmente” a los informes favorables que emanaron de la Consejería extremeña que entonces dirigía Olga García, obviando la gravedad de los daños sobre el terreno.

La documentación judicial revela que la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura era plenamente consciente de la situación. De hecho, el propio departamento técnico dejó por escrito en sus informes que la zona elegida por la filial de Iberdrola era de “máxima sensibilidad ambiental” y que, por norma general, “no era recomendable la ejecución de proyectos de energía renovable fotovoltaica” en esos suelos.

Sin embargo, según denuncia Fondenex, la Consejería pilotada por García acabó abriendo la puerta al visto bueno definitivo bajo el pretexto de implementar una serie de “medidas preventivas, correctivas y compensatorias” por parte de la empresa promotora. “Cualquier científico de reconocido prestigio sabe que esas medidas no existen para una incidencia de este calibre. Es una falacia perfectamente conocida por la Dirección General, que las utiliza simplemente como una disculpa para autorizar un proyecto”, ha sentenciado Blanco para justificar una vía judicial que ahora sitúa a la exconsejera extremeña a las puertas del banquillo.

La Audiencia Provincial de Ourense ha decretado el sobreseimiento de la causa en la que se investiga al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un posible delito continuado de prevaricación al no haber solicitado la compatibilidad entre su condición de regidor con dedicación exclusiva y el desarrollo de actividades profesionales, en especial la dirección de su televisión local Auria TV. La noticia llega poco más de 24 horas después de que se conociese que la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral y una pena de nueve años de inhabilitación para un Jácome convencido de que las acusaciones quedarían “en nada”.

Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la Audiencia ha estimado el recurso interpuesto por la defensa del alcalde y revoca el auto de abril del Tribunal de Instancia de Ourense en el que, tras concluír la investigación, el magistrado decretó que se continuase el proceso.

La Sala, tras analizar la jurisprudencia sobre la prevaricación imputada al regidor, subraya que “no toda omisión o incumplimiento de un deber por parte de un funcionario puede catalogarse de prevaricación administrativa omisiva”, pues destaca que no es “equivalente a una resolución arbitraria expresa”. Por ello, incide en que “no basta que una resolución administrativa sea contraria a Derecho para que constituya el delito de prevaricación”.

Entiende la Sala que resulta “cuestionable” exigir “la necesidad de declaración de compatibilidad en el supuesto de que el miembro de una Corporación que tenga reconocida la dedicación exclusiva desarrolle ocupaciones marginales remuneradas”, algo que afirma que “resultaría propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido”. El escrito del fiscal negaba que las actividades empresariales de Jácome fuesen “marginales” y afirmaba que le “generaban importantes ingresos anuales, superiores a su retribución como alcalde”. En total,  787.687,93 durante el lustro 2019-2024.

Mientras, la Audiencia recalca que la conducta del investigado pudo estar amparada por informes técnicos y por la postura del Ministerio Fiscal, que tras haber abierto “diligencias de investigación por idénticos hechos a los que ahora nos ocupan”, finalizó “archivando las mismas, por entender que no existía infracción penal y sí una irregularidad de carácter administrativo en el proceder del alcalde”.

Los magistrados también resaltan que “durante todo el tiempo transcurrido desde que el alcalde ejerce como tal, siendo además un hecho notorio, en ningún momento consta efectuado reparo alguno de legalidad por parte de los técnicos del Ayuntamiento”. En el auto concluyen que “en su caso, y de existir una irregularidad de carácter administrativo, será en esa vía en la que deban depurarse las responsabilidades a las que haya lugar”. La resolución de la Audiencia Provincial no es firme, pues cabe presentar recurso de casación.

La Fiscalía Provincial solicita la apertura de juicio oral contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) y pide para él nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación. El ministerio público argumenta que Jácome cobró como regidor un sueldo, con dedicación exclusiva, superior a los 70.000 euros anuales, mientras mantenía unas actividades empresariales “que le generaban importantes ingresos anuales, superiores a su retribución como alcalde” y sin solicitar la compatibilidad “a sabiendas de la ilegalidad que ello supone”. A traves de su cuenta en la red social X, Jácome aseguró que la acusación es “algo sin base que se quedará en nada”.

En el escrito –al que ha tenido acceso elDiario.es–, el fiscal desgrana los sueldos públicos del alcalde que, desde su toma de posesión el 15 de junio de 2019 hasta noviembre de 2025, rozaron los 470.000 euros. En un período ligeramente menor –entre 2019 y 2024–, sus ingresos por otras actividades fueron casi el doble: 787.687,93 euros.

La práctica totalidad de ese montante procedía de la televisión local Auria TV –sólo en 2020 facturó 218.000 euros–, “de la que es propietario y único responsable, y ello, a sabiendas de la ilegalidad que ello supone, y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que en caso de no serle concedida la compatibilidad no tendría derecho a cobrar”. El fiscal añade la mercantil Jolper Música SA, una tienda de instrumentos musicales de la que Jácome fue administrador único hasta que cesó su actividad en agosto de 2020 y también 73.260 euros de una operación inmobiliaria del año 2021.

El ministerio público concluye que Jácome “estaba dado de alta simultáneamente en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, dándose así por lo tanto una situación de pluriempleo y pluriactividad”. Esas ocupaciones “ajenas al cargo” no tenían “carácter de residual, secundario o marginal”. Sin embago, el regidor “nunca solicitó la compatibilidad de sus actividades privadas, porque sabía que no le iban a conceder dicha declaración de compatibilidad por el Pleno del Concello de Ourense, y le iba a tocar renunciar a su condición de concejal o al abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad”.

El 5 de agosto de 2019, menos de dos meses después de tomar posesión, Jácome “solicita formalmente al Concello de Ourense, la declaración de compatibilidad de sus actividades” con las funciones de alcalde “en régimen de dedicación exclusiva”. Sin embaro, tres días despues, el 8 de agosto –víspera de un pleno extraordinario–, “desiste por escrito”, y lo hace, a juicio del fiscal, “porque sabía que no le iban a conceder la compatibilidad”. Dos años después, en diciembre de 2021, el pleno del Concello de Ourense aprobo una moción que instaba al regidor a renunciar a su sueldo por incompatiblidad, “moción a la que el acusado hizo caso omiso”.

El exconcejal de Vías y Obras de Baiona (Pontevedra), Óscar Martínez Álvarez, ha sido condenado este martes en una vista de conformidad a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en relación con la adjudicación de varias obras en este municipio. El mismo edil fue condenado ya en enero pasado, también a la pena de 9 años de inhabilitación y también por la adjudicación de obras 'a dedo'.

Según Europa Press, el escrito de acusación de la Fiscalía el que era edil socialista de Vías y Obras en 2023 (en el anterior gobierno municipal) contrató con una constructora la realización de tres obras en Camiño As Fontiñas, Praza Cruceiro-Baíña y una acera en Cruceiro. El coste total de los trabajos fue de algo más de 34.700 euros.

“Dicha contratación la realizó vulnerando de forma abierta la normativa sobre contratación pública y los principios de transparencia, libre concurrencia y sostenibilidad presupuestaria, ya que el encargo se realizó con omisión total del procedimiento establecido, de forma análoga a la 'vía de hecho', sin formalización contractual, de forma verbal y sin previa tramitación del oportuno expediente”, expone el ministerio público.

Tras una resolución de la Alcaldía de denegar el pago de esas facturas debido a las irregularidades, la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo y la demanda fue estimada parcialmente.

Este martes, Óscar Martínez se ha confesado autor de los hechos y se ha conformado con la pena de 9 años de inhabilitación para el sufragio pasivo (no podrá presentarse a unas elecciones) y para ejercer cargo público con competencias de contratación en el sector público.

Se da la circunstancia de que este exedil ya fue condenado el pasado mes de enero en una vista de conformidad, también a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En ese caso fue la adjudicación sin contrato ni procedimiento legal, de varias obras en caminos vecinales de Baiona. Del mismo modo, el Ayuntamiento no pagó debido a las irregularidades y esa constructora también acudió a la vía judicial.

El diputado de Comuns-Sumar Félix Alonso ha argumentado ante el Tribunal Supremo que las contrataciones que efectuó durante su mandato como alcalde de Altafulla (Tarragona) y que están bajo investigación “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”, según fuentes de la defensa.

Alonso ha declarado este lunes en el Tribunal Supremo durante alrededor de 40 minutos ante el juez Vicente Magro en la causa en la que se le investiga por un posible delito de prevaricación en relación con la adjudicación de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla entre 2011 a 2019, informa EFE.

Los hechos por los que está citado se enmarcan en la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP entre 2011 a 2019, con las que habría mantenido distintas relaciones sin sujetarse a la normativa debida.

Ante el Supremo, Alonso ha argumentado que existen informes técnicos “contradictorios” que, por un lado, avalan la forma de contratación empleada en estos años y por otro lado “plantean reservas” sobre la conveniencia de recurrir a mecanismos de concurrencia pública, según las mencionadas fuentes.

El Supremo investiga la utilización de contratos menores, “con lo que eludía los requisitos de publicidad, y permitía la adjudicación directa y posibilitaba una elección arbitraria del adjudicatario” en lugar de acudir al procedimiento correspondiente; o si a veces no acudía “a procedimiento alguno”.

Las fuentes sostienen que incluso si se considerara incorrecta la fórmula de contratación, se trataría en el peor de los casos de una eventual cuestión administrativa en el ámbito de la contratación pública, en la que nunca concurrirían los elementos típicos exigidos por el derecho penal.

Además de Alonso, este lunes han comparecido otros doce testigos, entre ellos el exconseller y actual diputado autonómico de ERC Joan Ignasi Elena, el excoordinador de la extinta Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Joan Herrera o el exdiputado catalán y exconseller de Medio Ambiente Salvador Milà, varios agentes de los Mossos d'Esquadra y trabajadores de la Oficina Antifraude de Catalunya.

Según han explicado fuentes jurídicas, queda pendiente la declaración de una funcionaria de Antifraude, que hoy no ha podido declarar y que lo hará el próximo 1 de julio.

Ante el juez, Alonso ha explicado que el Ayuntamiento de Altafulla contaba con personal escaso y que, ante esta situación, decidió contratar los servicios del despacho de Milà, que llevaba más de 50 años prestando asesoría jurídica a entes municipales de todo signo político.

Este extremo ha sido corroborado ante Vicente Magro por parte de la interventora municipal, que ha declarado que esta falta de personal generaba problemas en el ayuntamiento, que tenía la contratación “manga por hombro”, según las mencionadas fuentes.

El consistorio cambió de prestador de servicios posteriormente, optando por Sinergia, la sociedad creada por Herrera y Elena, después de que Milà abandonase su despacho para ocupar un cargo en el Área Metropolitana de Barcelona.

Ante la imposibilidad de contratar más personal debido a las restricciones impuestas por la ley Montoro, el ayuntamiento que dirigía Alonso Cantorné optó por hacer un contrato menor para estos servicios: “No necesitaba un servicio recurrente, sino un funcionario que no tenía y que la ley impedía contratar”, agregan fuentes de la defensa.

Está previsto que la defensa de Alonso solicite dos diligencias para acreditar el tamaño de la plantilla del Ayuntamiento de Altafulla en el momento de los hechos investigados, para posteriormente pedir el archivo de la causa. “Ni siquiera está claro que sea una irregularidad administrativa”, sostienen fuentes de la defensa.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluya (TSJC) ha abierto una causa por prevaricación al exconseller de Interior y actual diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, y al exlíder de ICV Joan Herrera, por el uso “fraudulento” de contratos menores (a dedo) que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) habría adjudicado al despacho que comparten los dos políticos.

Según ha informado el TSJC, la Sala Civil y Penal del alto tribunal catalán, competente para los aforados catalanes, ha aceptado la causa que le ha derivado el juzgado de El Vendrell (Tarragona) que inició las pesquisas. El mismo juzgado ya derivó al Tribunal Supremo el caso para el exalcalde de Altafulla, Félix Alonso, actual diputado de los Comuns en el Congreso.

La Fiscalía se mostró favorable a abrir una causa contra los políticos. En su auto, adelantado por El País, los magistrados exponen que una de las conductas investigadas consistiría “de forma provisional, presunta y meramente indiciaria” en un “concierto” entre los investigados para “aprovechar” la figura del contrato menor y prorrogar varios contratos adjudicacos al despacho de Elena y Herrera.

En vez de una licitación pública basada en la transparencia y los distintos candidatos, los investigados se concertaron “en su propio interés y violentando los principios y las reglas” de la contratació pública, apunta el auto.

Según el TSJC, Elena y Herrera, como administradores de la mercantil Sinergia E.D.M., se prestaron presuntamente a que el alcalde de Altafulla investigado les adjudicara “sin publicidad ni licitación alguna” y sin los informes preceptivos las prórrogas de un contrato de asesoramiento, “calificándolo de menor”.

Fraude en la facturación, pero no en la hoja de quirófano. Fuentes sanitarias han insistido a este diario que la trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) no ha afectado a pacientes. Según su relato, cada prótesis posee un número de serie único, con el objetivo de monitorizar su trazabilidad. A efectos de facturación figuran los códigos de prótesis caducadas, pero no sospechan que se hayan podido usar en intervenciones quirúrgicas. No constan prótesis caducadas en la hoja de quirófano de ninguna intervención: “Hemos llegado a ver ocho pegatinas de facturación, aunque en la hoja de quirófano solo constaba una”, han relatado, indicando que los implicados llegaron a facturar productos copiando los códigos a mano.

Según las mismas fuentes, hubo fraude en la facturación, y en los partes de implantes figuraba un mayor número de prótesis -algunas caducadas- y se facturaban todas ellas. Sin embargo, en las historias clínicas de los pacientes “sí que aparece el material adecuado”.

Sobre por qué la trama pudo mantenerse en activo durante años, fuentes sanitarias han recordado que los implicados estaban totalmente permeados en todas las fases relativas a la gestión de las prótesis, desde su adquisición hasta su facturación: “Había toda una cadena que oscurecía el fraude”, han detallado.

En el año 2024 la Unidad de Inspección Médica del SMS envió a Fiscalía el primer informe alertando de posibles irregularidades. Más tarde, en el año 2025, se inició una investigación en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía.

En principio, la Policía Nacional había asegurado en un comunicado que se habían llegado a “utilizar en las operaciones médicas productos sanitarios caducados”. Por el momento, el Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca ha comprobado que los 380 pacientes intervenidos por los dos facultativos investigados no han tenido una complicación derivada de prótesis caducadas. Se espera que, de cara al verano, se habrá comprobado a los pacientes uno a uno.

En total, once personas han sido detenidas. Se les han imputado delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, los investigados han podido generar un agujero económico en los caudales públicos de casi siete millones de euros. Fuentes sanitarias han asegurado que la Comunidad “ya ha recuperado parte del dinero”, aunque se desconoce la cuantía.

El Tribunal de Instancia de Murcia acordó este jueves la libertad provisional de dos de los investigados con medidas cautelares. Se trata del médico de la Arrixaca y del comercial de la empresa el sector médico Logimed. El magistrado instructor, titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción, sí aprecia indicios “de todos o algunos de los delitos” por los que se ha abierto el procedimiento. Según fuentes sanitarias, el facultativo no está actualmente en activo. Se desconoce si están apartados del servicio el resto de implicados que forman parte del SMS.

Deberán comparecer quincenalmente ante el órgano judicial, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibida la salida del territorio nacional mientras se tramite la causa.

La oposición pide la dimisión del consejero de Salud

Podemos ha solicitado la intervención de la Alta Inspección Sanitaria del Estado en la trama de las prótesis caducadas del SMS. La formación morada ha alertado de la “práctica sistemática” de derivaciones a la sanidad privada que lleva a cabo la Consejería de Salud: “Es en hospitales privados donde se han implantado los materiales caducados, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes. Un entramado corrupto que ha operado durante cinco años sin que nadie diera la señal de aviso”, ha alertado su portavoz en la Región de Murcia, Víctor Egío.

Por su parte, el secretario del PSOE en la Región de Murcia y delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, ha exigido la dimisión del consejero de Salud: “Cualquiera puede estar entre los afectados”.