La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha condemnat a dos anys d'inhabilitació una magistrada per dictar dues resolucions judicials que no van permetre a una empresa en concurs interposar recurs, malgrat que la llei sí que ho contemplava. La Sala considera que l'acusada va actuar amb greu imprudència, si bé descarta que ho fes amb dol.

El cas s'inscriu en el procediment concursal de Grupo 4 Islas Balears S.L., empresa que explotava l'hotel Torre Blava a s'Arenal de Llucmajor. Segons la sentència, la jutgessa, que exercia com a substituta al Jutjat del Mercantil número 1 de Palma, va incórrer en un “error inexcusable” en considerar que les decisions que va adoptar en aquest procediment eren de tràmit i, per tant, no podien ser recorregudes, la qual cosa va impedir que la mercantil recorregués dues providències dictades el juliol de 2023.

El tribunal subratlla que estava “convençuda, encara que no fos així, del seu caràcter irrecurríble”. Els magistrats descarten, tanmateix, que actués amb dol -el que evita una condemna per prevaricació-, però conclouen que sí que va incórrer en greu imprudència en dictar resolucions “manifestament injustes” i de “flagrant il·legalitat”.

Vulneració del dret a recórrer

La Sala és contundent en assenyalar que “cap interpretació” de l'article 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil emparava impedir el recurs contra les dues providències. És més, sosté que la negativa a permetre la impugnació “no només és errònia”, sinó que “s'aparta de qualsevol interpretació acceptable de la Llei” i fins i tot “contravé el tenor literal de la mateixa”, vulnerant el principi d'accés als recursos.

“Ens trobem davant del cas que la magistrada querellada va actuar creient temerarament que la resolució que dictava era correcta, quan era flagrant la seva il·legalitat”, apunta la Sala, que arriba a la convicció que la jutgessa acusada va actuar amb greu imprudència i va dictar unes resolucions manifestament injustes.

Amb tot, la Sala no aprecia retret penal en la conducta que se li atribueix a la magistrada per part de l'acusació de no haver executat immediatament un anterior acte de remoció de l'administrador concursal cessat. En aquest sentit, els magistrats consideren que la seva actuació era defensable, tenint en compte que a l'hotel van succeir una sèrie d'aldarulls que exigien auxili judicial i que l'administrador cessat havia anunciat i presentat un recurs de reposició contra el seu cessament. En la pràctica, afegeixen, no és inusual esperar que es resolgui el recurs abans de fer efectiu el relleu.

La magistrada ha estat condemnada a dos anys d'inhabilitació i al pagament de la meitat de les costes del procés al Ministeri Fiscal i a l'acusació particular. Per contra, el tribunal l'absol d'un altre dels retrets plantejats: no haver executat de forma immediata un acte que ordenava la remoció de l'administrador concursal. La decisió no és ferma, cap recurs d'apel·lació davant del Tribunal Suprem.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a dos años de inhabilitación a una magistrada por dictar dos resoluciones judiciales que no permitieron a una empresa en concurso interponer recurso, pese a que la ley sí lo contemplaba. La Sala considera que la acusada actuó con grave imprudencia, si bien descarta que lo hiciese con dolo.

El caso se inscribe en el procedimiento concursal de Grupo 4 Islas Balears S.L., empresa que explotaba el hotel Torre Azul en s'Arenal de Llucmajor. Según la sentencia, la jueza, quien ejercía como sustituta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, incurrió en un “error inexcusable” al considerar que las decisiones que adoptó en este procedimiento eran de trámite y, por tanto, no podían ser recurridas, lo que impidió que la mercantil recurriera dos providencias dictadas en julio de 2023.

El tribunal subraya que estaba “convencida, aun cuando ello no era así, de su carácter irrecurrible”. Los magistrados descartan, con todo, que actuara con dolo -lo que evita una condena por prevaricación-, pero concluyen que sí incurrió en grave imprudencia al dictar resoluciones “manifiestamente injustas” y de “flagrante ilegalidad”.

Vulneración del derecho a recurrir

La Sala es contundente al señalar que “ninguna interpretación” del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil amparaba impedir el recurso contra las dos providencias. Es más, sostiene que la negativa a permitir la impugnación “no solo es errónea”, sino que “se aparta de cualquier interpretación aceptable de la Ley” e incluso “contraviene el tenor literal de la misma”, vulnerando el principio de acceso a los recursos.

“Nos encontramos ante el caso de que la magistrada querellada actuó creyendo temerariamente que la resolución que dictaba era correcta, cuando era flagrante su ilegalidad”, apunta la Sala, qye llega a la convicción de que la jueza acusada actuó con grave imprudencia y dictó unas resoluciones manifiestamente injustas.

Con todo, la Sala no aprecia reproche penal en la conducta que se le atribuye a la magistrada por parte de la acusación de no haber ejecutado inmediatamente un anterior auto de remoción del administrador concursal cesado. En este sentido, los magistrados consideran que su actuación era defendible, teniendo en cuenta que en el hotel sucedieron una serie de altercados que exigían auxilio judicial y que el administrador cesado había anunciado y presentado un recurso de reposición contra su cese. En la práctica, añaden, no es inusual esperar a que se resuelva el recurso antes de hacer efectivo el relevo.

La magistrada ha sido condenada a dos años de inhabilitación y al pago de la mitad de las costas del proceso al Ministerio Fiscal y a la acusación particular. Por el contrario, el tribunal la absuelve de otro de los reproches planteados: no haber ejecutado de forma inmediata un auto que ordenaba la remoción del administrador concursal. La decisión no es firme, cabe recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso presentado por el exalcalde de Quintanar del Rey Martín Cebrián contra la resolución de la Audiencia Provincial de Cuenca que le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.

La sentencia del TSJCM, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa del exdirigente socialista, que esgrimía como argumento el quebrantamiento de las garantías procesales la ausencia de correspondencia entre los hechos considerados probados y el fundamento de la condena y la falta de motivación de la sentencia.

Además, el recurrente denunciaba un error de valoración de la prueba y la infracción de las normas del ordenamiento jurídico por ausencia de especificación del empleo objeto de la inhabilitación.

Sin embargo, el TSJCM no considera que se haya producido variación alguna de los hechos recogidos en la sentencia, que consideran suficientemente motivada y “analiza de manera clara la conclusión probatoria” y que lejos de ser errónea es conforme al resultado de la prueba practicada“.

Por estas razones, el tribunal desestima el recurso y confirma la sentencia contra Cebrián, que consideraba probado que el exalcalde formalizó un contrato con una empresa, por un importe de 75.151,89 euros, destinados a adaptar el pabellón Santa Lucía de Quintanar del Rey como Auditorio “ocultando que en ese momento ya había autorizado verbalmente al contratista las modificaciones sugeridas a raíz de una visita realizada con anterioridad”.

Contra esta sentencia, que no impone costas, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Este caso llegó a los tribunales tras una querella presentada por el que entonces era portavoz del Partido Popular, José Talaya, que tras conocer la resolución de la apelación ha manifestado que ha quedado probado que “no se trataba de una mera irregularidad en un aspecto secundario o formal de la contratación, sino en un acto que podría calificarse en el sentir común como una cacicada o dedazo”.

La Justicia ha decidido abrir diligencias contra dos altos cargos y un técnico del Gobierno de La Rioja por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se trata en concreto de una investigación que afecta a un Director General, un jefe de servicio, con vínculo familiar con un alto cargo del Gobierno, y un técnico a los que se relaciona con las presuntas irregularidades en un aprovechamiento forestal en Munilla. El Juzgado une además este asunto a otro ya existente sobre estos mismos hechos.

Según el documento judicial al que ha tenido acceso Rioja2 en exclusiva, se abre ahora una fase de investigación penal al considerar el magistrado que no están claras “la naturaleza y las circunstancias de los hechos ni las personas que en ellos han intervenido”. En cualquier caso, las diligencias previas se abren con la Fiscalía como denunciante y estas tres personas como acusadas.

Los hechos tienen relación con las denuncias interpuestas por un agente forestal del Gobierno de La Rioja que hace unos meses llevó ante la Justicia el aprovechamiento de un hayedo en Munilla que, según su criterio, estaba poniendo en riesgo además a una especie en peligro, la rosalía alpina o escarabajo azul de los hayedos. Unos hayedos que se encuentran dentro del espacio protegido Red Natura 2000 y que forman parte de la Reserva de la Biosfera de La Rioja.

El propio agente denunciaba además cuando hizo pública su decisión de acudir a la Justicia, que llevaba tiempo recibiendo “represalias y coacciones” por señalar esta “mala praxis en la gestión forestal”. Aseguraba entonces que habían llegado a quitarle puntos para los ascensos y que no le permitían hacer su trabajo donde le corresponde. “Me siento intimidado pero no me van a callar”, decía en rueda de prensa el pasado mes de septiembre.

Tras conocer la decisión judicial de investigar este tema y a estas tres personas, Rioja2 se ha puesto en contacto con el agente que denunció los hechos. “Valoro mucho este paso porque durante todo este tiempo la administración me ha estado dando a entender que yo miento”, señala. Acaba de volver a trabajar después de una larga baja médica y asegura que ahora está “un poco mejor” pero que “el trato no mejoró hasta que no acudí a la autoridad de protección del informante”.

Denuncia además que desde el Gobierno se le ha negado la asistencia jurídica a la que tiene derecho como funcionario que denuncia “un posible caso de corrupción”. “No sólo me niegan abogado, es que nadie se ha interesado por mí, ni me han preguntado en ningún momento cómo estoy ni nada, a pesar de que me he dirigido a la propia consejera”, explica el agente forestal, “a ellos sí les ponen asistencia jurídica y yo en cambio he llegado a sentirme acosado por Salud y por Función Pública, el trato no puede ser más desigual”.

Rioja2 se ha puesto en contacto con la consejería de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja para pedir una valoración sobre este nuevo paso de la Justicia que decide abrir una investigación a dos altos cargos y un funcionario y para conocer los motivos por los que no se concede asistencia jurídica al agente forestal denunciante. Desde la dirección de comunicación de la consejería se han limitado a comunicar a este medio que “el Gobierno de La Rioja no comenta/valora temas judicializados”.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', y varias personas de su equipo por su posible participación en un delito de prevaricación administrativa y revelación de secretos en relación con el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio.

El auto de procedimiento abreviado pone fin a la instrucción que se inició por una denuncia de CCOO que acusó a un asesor de Por Cádiz sí se Puede de hacer tareas en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 hasta abril de 2019, fecha en la que obtuvo una plaza como técnico de la administración general y se integró en la plantilla municipal del Ayuntamiento. Y abre la posibilidad de enjuiciar los hechos.

Según el auto, “puede sostenerse en términos de provisionalidad” que Kichi; David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo) “habrían impuesto” mediante órdenes verbales, “y en base a una decisión política”, que el asesor del partido Fernando García Acuña, participara en procesos de contratación municipal sin tener cobertura legal para ello y “condicionando la actuación de los funcionarios legalmente habilitados”.

“Se le permitió que ocupara un despacho municipal, se le insertó en el tráfico de comunicaciones del Ayuntamiento con funcionarios, asistió a reuniones, impuso criterios en expedientes de contratación y se comportó como un funcionario cuando no lo era”, indica el juez.

García Acuña “no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual, sino asesor del Grupo Municipal Por Cádiz sí que se puede” y actuó en el área de contratación del Ayuntamiento “con la ficción de tratarse de personal eventual designado por el gobierno municipal”.

“Bajo la cobertura que le daban los investigados, tenía acceso a los expedientes de contratación y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera del citado Ayuntamiento, los que tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes de contratación en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados”, relata.

En el auto el juez acuerda seguir las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado y pide al fiscal y a las acusaciones personadas, CC. OO. y PP, que en el plazo de cinco días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

Kichi y su formación han enmarcado siempre este caso en el “'lawfare' a la gaditana”, por el que el exalcalde sumó durante sus ocho años de mandato 17 denuncias que fueron archivadas.

Según ha sostenido, el asesor implicado en este caso ayudaba al alcalde y sus concejales, con un contrato externo a través del partido, trabajaba en las dependencias del grupo municipal y con medios que facilitaba el partido.

La jueza ha decidido dar carpetazo a la denuncia de prevaricación y falsedad documental contra el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por el proceso de selección de puestos de trabajo en el consistorio, denunciados en 2023 ante la Fiscalía por una antigua empleada municipal.

La exempleada denunció el caso inicialmente ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le concedió el estatus de persona protegida por ser denunciante de un presunto caso de corrupción.

La trabajadora, sin embargo, fue despedida del Ayuntamiento a pesar de tener ese estatus y a principios de 2024 la OAC incoó contra el Ayuntamiento, gobernado por el PSC, el primer expediente sancionador de su historia contra una administración por “represalias” a una denunciante, en un caso que desveló elDiario.es.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Mataró considera que los hechos denunciados en la querella no tienen relevancia penal y ha decidido archivar el caso, en una decisión que es todavía recurrible. La querella afectaba a una decena de empleados y exempleados municipales.

Hay abierta, paralelamente, otra causa por presunto acoso laboral hacia esta antigua empleada pendiente de juicio así como el mencionado expediente sancionador de la OAC.

El Ayuntamiento de Mataró siempre defendió que el caso no era más que un conflicto laboral con la denunciante, una extrabajadora municipal que perdió su plaza en un proceso de estabilización de la plantilla tras varios años como interina. El Consistorio, de hecho, no figuraba en la querella —se dirigía hacia empleados municipales— pero decidió personarse en el caso. La denunciante no fue admitida como parte personada en el caso, en una decisión que está actualmente recurrida.

Antifrau identificó ocho “represalias” contra la empleada que denunció el caso, incluyendo el “vaciado de funciones”, el cambio de ubicación física de su puesto de trabajo o el hecho de no reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza.

Más de un lustro de batalla legal

La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró han estado más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos. 

Según la denunciante, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante. 

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.

Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales. 

El PRC ha trasladado su apoyo al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), tras conocer este miércoles la sentencia de 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo, dictada por la Audiencia Provincial, que le ha absuelto de otras cinco acusaciones formuladas en su contra por su antecesor en el cargo, José Luis Blanco Fomperosa (PP).

Así lo ha anunciado el partido en una nota de prensa en la que el vicesecretario de Organización, Jesús Ochoa, ha avanzado que no exigirá responsabilidades políticas mientras la sentencia no sea firme y se ha mostrado convencido de que Arco “actuó por el bien del Ayuntamiento”, porque es “un político íntegro y honrado, que siempre ha actuado de buena fe, asesorado por la letrada municipal y anteponiendo los intereses de sus vecinos a cualquier otra consideración”.

Espera por ello que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ante la que Arco recurrirá en los próximos días la sentencia de la AP, “acabará dándole la razón, tal como ha hecho la propia Audiencia con 5 de las 6 acusaciones del exalcalde del PP”.

En este sentido, ha recalcado que la sentencia conocida hoy rechaza las imputaciones de Blanco Fomperosa y no aprecia “indicio alguno de delito” en relación con el traslado y pago de nóminas a una trabajadora municipal, la contratación del servicio informático, el nombramiento de la secretaria interventora como tesorera y el pago de facturas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Respecto a la acusación sobre la contratación de un arquitecto técnico, que sí ha sido estimada y ha dado lugar al fallo recurrible de inhabilitación, ha destacado que la propia sentencia recoge que la decisión del alcalde fue adoptada contando con el asesoramiento jurídico de la letrada municipal, “como quedó acreditado en el juicio oral”.

“No queremos que vuelva a repetirse lo ocurrido en 2021 en Hazas de Cesto, donde una sentencia similar provocó la dimisión del exalcalde regionalista José María Ruiz Gómez por una condena que fue revocada meses después por la Audiencia”, ha indicado.

Ante esta situación, el vicesecretario de Organización ha concluido que el PRC “cumplirá de manera estricta lo establecido en el código ético que deben cumplir sus cargos públicos” y no exigirá responsabilidades políticas en tanto no exista una sentencia firme.

El exalcalde de Puertollano, el socialista Joaquín Hermoso Murillo, y el que fuera entonces secretario municipal en el Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez, han defendido la legalidad del contrato suscrito para la construcción del estadio de fútbol del Cerrú, en el juicio el que ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Ambos se han sentado este jueves en el banquillo de los acusados de la Sala de lo Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Ciudad Real, por un presunto delito de prevaricación administrativa por la forma en la que se impulsó en 2007 la construcción del estadio de fútbol del Cerrú.

La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento firmó un contrato de permuta con una empresa privada para levantar el estadio a cambio de parcelas municipales sin tramitar un expediente administrativo ni convocar concurso público, prescindiendo de los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la ley.

Según la acusación, el acuerdo se firmó antes de su aprobación plenaria y las actuaciones posteriores no corrigieron esa irregularidad inicial, por lo que se considera que se dictó una resolución arbitraria a sabiendas de su ilegalidad.

Durante su declaración, Hermoso Murillo ha sostenido que no actuó como órgano de contratación y que no firmó ningún contrato de construcción del estadio --cuyo valor superaba los siete millones de euros--, sino un acuerdo para que la propuesta presentada por la empresa Teconsa fuera tramitada conforme a la normativa vigente.

Según ha indicado, la iniciativa partió de la propia mercantil, que contactó con la Concejalía de Urbanismo y ofreció construir el estadio a cambio de parcelas municipales destinadas a vivienda pública, una fórmula que, a su juicio, ya se había utilizado en el Ayuntamiento de Puertollano.

El exalcalde ha reconocido que no se valoraron otras alternativas empresariales ni se licitó el contrato, alegando que el Ayuntamiento no disponía de recursos propios suficientes para ejecutar la obra y solo podía ejecutar la construcción por medio de esta permuta con la empresa.

Hermoso Murillo también ha señalado que, una vez paralizadas las obras por decisión de la mercantil, el Ayuntamiento resolvió el contrato con la empresa inicial y licitó la finalización del estadio por una cuantía inferior, ya con financiación del Plan E.

Ha añadido que el contrato contó con informes favorables de la Intervención municipal y que durante su etapa como alcalde nunca adoptó decisiones contrarias a informes técnicos.

Por su parte, el exsecretario municipal ha afirmado que no detectó ninguna anomalía en el convenio y que por ese motivo dio su visto bueno, al tiempo que ha explicado que el acuerdo incluía dos contratos diferenciados, uno de permuta y otro de ejecución de obra, y que cuando se elevó al Pleno no existió ninguna objeción.

Durante el juicio han declarado también un agente de la UDEF de la Policía Nacional y un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado.

Este último ha señalado que se detectaron irregularidades en la contratación y que, en lugar de tramitar un contrato administrativo conforme a la ley y sacarlo a licitación, se optó por una permuta mediante la cual la promotora se comprometía a construir el estadio sobre suelo municipal a cambio de parcelas que se transferirían una vez ejecutada la obra.

La Fiscalía pide seis años de inhabilitación especial

En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal ha modificado su petición de pena y ha solicitado un máximo de seis años de inhabilitación especial para ambos acusados, teniendo en cuenta las dilaciones en la tramitación del procedimiento, en lugar de los nueve que solicitaba inicialmente.

La Fiscalía ha mantenido que concurren todos los requisitos del delito de prevaricación administrativa, al considerar que se eliminó cualquier mecanismo de concurrencia y publicidad y que la operación se articuló de forma arbitraria, sin concurso público ni informes previos, mediante un acto decisorio del alcalde al que se dio posteriormente una apariencia de legalidad formal.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto una nueva investigación al Ayuntamiento de Tudela, de UPN, por las subvenciones que durante los años 2022 y 2023 el Consistorio dirigido por el vicepresidente del partido regionalista, Alejandro Toquero, concedió al equipo de fútbol CD Tudelano pese a que el club no podía concurrir a la convocatoria por arrastrar una deuda de casi 75.000 euros con el Ayuntamiento. Intervención lo advirtió con un informe de reparo, pero la junta de Gobierno local lo levantó y concedió las subvenciones. Ahora la OANA ha detectado “indicios razonables” de que el Ayuntamiento pudo haber concedido esas ayudas de manera irregular y ha decidido abrir una investigación tras la denuncia interpuesta por Contigo Tudela (Podemos, Izquierda Unida y Batzarre).

El CD Tudelano contrajo en el año 2002 una importante deuda con la Junta Municipal de Aguas. En agosto de 2014 el club y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo para fraccionar el pago de la deuda en cuotas anuales de 7.482 euros que el Tudelano debe pagar cada mes de enero. En 2022 el montante total de la deuda ascendía a los 74.897,80 euros. Tanto ese año como en el 2023 el equipo no pagó su cuota de la deuda, lo que en la práctica le imposibilitaba presentarse a convocatorias de subvenciones municipales, tal y como recogen las bases de las mismas. Pero ello no impidió que el CD Tudelano recibiera 22.263,25 euros en subvenciones públicas durante el mismo periodo de tiempo.

Así lo advirtió la Intervención Municipal en un informe fechado el 21 de marzo de 2023 al que ha tenido acceso elDiario.es y en el que expone que, pese a que el CD Tudelano no ha pagado las cuotas aplazadas de la deuda en los ejercicios de 2022 y 2023, el Ayuntamiento no ha rescindido el contrato que tenía firmado con el equipo desde 2014 para el fraccionamiento de la deuda, ni le ha exigido la totalidad del importe adeudado. “Nada de eso se ha hecho e incluso se le han concedido tres subvenciones por actividades deportivas”, añade. Así, recoge que la Tesorería del Consistorio ha “compensado” los créditos que había a favor del Tudelano por las tres subvenciones, que ascendieron a 8.293,13 euros, con las cuotas del pago de la deuda de los años 2022 y 2023, que sumaban 14.965,76 euros. La deuda del CD Tudelano de esos años quedó así reducida a los 6.672,63 euros.

En noviembre de 2023 la Intervención Municipal volvió a advertir con un informe de reparo que el CD Tudelano no podía “recibir una subvención de 10.360,04 euros por el fomento del deporte base, y otra de 3.610,08 euros por el fomento del deporte de categorías superiores” por no estar al corriente “en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Con todo, el Ayuntamiento, liderado por Alejandro Toquero, en un acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de diciembre de 2023, levantó el reparo y le concedió las ayudas.

Desde Contigo Tudela denuncian que el alcalde y su equipo de Gobierno podrían haber incurrido en un delito de prevaricación al conceder las subvenciones al CD Tudelano pese a existir informes de la Intervención Municipal que señalaban que el equipo no podía presentarse a las convocatorias por no pagar las cuotas anuales de la deuda con la Junta Municipal de Aguas en los ejercicios 2022 y 2023. La Oficina Anticorrupción, tras detectar “indicios razonables de veracidad” en los hechos denunciados, ha abierto ya una investigación al Consistorio.

Se trata de la segunda investigación abierta al Ayuntamiento de Tudela en apenas unas semanas. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra también investiga si el Gobierno de Alejandro Toquero troceó tres contratos de asesoría jurídica que suman un montante total de 29.040 euros para adjudicárselos de manera directa al despacho de abogados de un exdirectivo de UPN.

La magistrada de Durango Laura Yuste ha levantado el secreto de sumario de una investigación iniciada en 2024 y adelantada por este periódico en torno a presuntos delitos urbanísticos asociados al vertedero de Zaldibar, que acabó desplomándose con el resultado de un alud de 800.000 toneladas de residuos y dos trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Es la mayor catástrofe ambiental de Euskadi en la época reciente. Apoyada en un informe de la Ertzaintza de 3.679 folios, la instructora ha decidido imputar a la exalcaldesa del municipio hasta 2018, Arantza Baigorri, de EH Bildu, a los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, y a la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. Asimismo, están investigados igualmente los responsables de Verter Recycling, la empresa gestora del recinto, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, así como los técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.

El derrumbe de Zaldibar se produjo en febrero de 2020, justo antes del confinamiento por la COVID-19. Los hechos se tradujeron en dos causas judiciales. Por un lado, se abrió un procedimiento por delito contra los trabajadores, un equivalente a un homicidio imprudente, en el que Barinaga, Bilbao y Etxebarria admitieron su negligencia en la gestión del vertedero. Indemnizaron con elevadas cantidades a las familias de las víctimas para evitar la cárcel. Este periódico publicó informes que probaban que la empresa conocía que días antes del suceso habían aparecido grietas y asentamientos. Por otro lado, en 2022 se inició una investigación por los presuntos delitos medioambientales asociados al suceso, una causa que no se ha cerrado a punto de cumplirse seis años de los hechos.

Fue en la tramitación esta pieza, en 2023, cuando se detectaron indicios de irregularidades urbanísticas en Zaldibar asociadas al vertedero. En su momento, el diario 'Berria' aludió a un informe que apuntaba que estaba autorizada una zona de 137.000 metros cuadrados en Eitzaga, la ladera donde se asentaba el recinto, pero indicaba que en realidad fueron 65.000 más. Allí se habrían acumulado irregularmente residuos y se levantaron instalaciones auxiliares para la gestión de la planta.

Esas diligencias se incoaron el 5 de febrero de 2024, cuatro años después del derrumbe. La Ertzantza, que actúa en este caso como Policía judicial, solicitó que las actuaciones se consideraran secretas para no comprometer su avance. La titular de la plaza 1 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Durango, la magistrada Yuste, accedió a conceder un mes, pero ese plazo se reveló como claramente insuficiente por la complejidad del asunto. Constan en el sumario hasta diez autos ampliando el secreto de sumario, que no se levantó hasta el año 2025.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, la unidad de delitos contra el medio ambiente de la Ertzaintza emitió un voluminoso informe en junio de 2025 con hasta veinte “conclusiones” de hechos presumiblemente relevantes desde el punto de vista penal. El documento tiene casi 4.000 páginas. Se da la circunstancia de que esta unidad especial de la Policía autonómica es exactamente la misma que está investigando las posibles irregularidades en torno al derribo del palacete protegido Irurak Bat de Getxo, un caso en el que han sido imputados tres concejales del PNV en el municipio vizcaíno. Es más, ante los planes del Departamento de Seguridad de cambiar la composición de este equipo, la Fiscalía levantó la voz y pidió expresamente que los dos agentes encargados de la causa de Zaldibar se quedaran y completaran su trabajo.

Ese atestado se incorporó al sumario en septiembre del pasado año, hace cuatro meses, y la Fiscalía presentó sus conclusiones en octubre, hace tres. Así las cosas, en un auto firmado en noviembre por la instructora y notificado a las partes justo antes de las vacaciones de Navidad, se ha acordado que la exalcaldesa de EH Bildu, los tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar y el resto de imputados declaren los días 5, 6 y 7 de mayo de este año, una vez hayan podido conocer en detalle los hechos que describe la Policía en su extensísimo informe.

En el caso de Baigorri, está convocada el 5 de mayo a las 9.30 horas. Es la primera de los nueve investigados. Baigorri llegó a alcaldía en 2011, recién creada la coalición entonces llamada Bildu. Acabó con ocho legislaturas consecutivas, todas las de la democracia, de hegemonía del PNV en una localidad de Bizkaia pero pegada a Gipuzkoa, a Eibar. Reeditó el cargo en 2015, ya como EH Bildu, pero dejó el puesto en 2018, sin terminar el segundo mandato, por “motivos personales”. La relevó Eneritz Azpitarte, la actual alcaldesa. Eso sí, entre 2019 y 2023, aunque la formación abertzale había ganado también las municipales, un pacto entre PNV y PSE-EE posibilitó una mayoría alternativa. Fue entonces cuando se desplomó la planta de Verter Recycling.

La causa judicial se sigue por delitos previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal, relacionados con la prevaricación urbanística. En el caso de la exregidora, lo es por el segundo. En concreto, hace referencia a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio”. Es un delito castigado con inhabilitación, pero igualmente puede comportar cárcel -hasta cuatro años- y sanciones económicas.

No obstante, ya se ha acotado que todas las posibles irregularidades previas a 2015 no se castigarán. Se han dado por prescritas. En concreto, entre las páginas 1.071 y 1.170 de su informe, la Ertzaintza ofrece “conclusiones provisionales”. Son veinte apartados en total y la magistrada da por imposibles de investigar tres cuartas partes, es decir, quince de veinte.

Fuentes judiciales han explicado a este periódico que los letrados de los imputados están buscando la nulidad de las actuaciones, que ni siquiera tengan que declarar. Alegan que hay defectos procesales palmarios, básicamente incumplimiento de plazos. El margen ordinario de las investigaciones penales es de doce meses y las imputaciones llegaron mucho después. La magistrada, eso sí, ya responde en un auto que la identidad de los nuevos imputados, es decir, los cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar, solamente se conoció tras recibir el atestado de la Policía judicial, de modo que los doce meses se empezarían a contar desde entonces, es decir, desde el verano de 2025. La última palabra será de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que tiene que resolver los recursos de las defensas de los imputados.

Alejandro Jurado, cap de Gabinet de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha estat citat a declarar com a investigat davant el Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma per les presumptes irregularitats en un procés de selecció de xòfer que va acabar béneficiant un familiar seu. La compareixença, juntament amb la d'aquest familiar, està prevista per al proper 24 de març.

La jutgessa li atribueix un delicte de prevaricació administrativa, si bé la querella inicial interposada contra ell per part d'un conductor i funcionari de carrera en l'administració autonòmica balear apunta també a la suposada comissió d'un delicte de tràfic d'influències.

Des de l'Executiu autonòmic insisteixen a assenyalar que es va tractar d'un nomenament per lliure designació i que el procediment es va ajustar a la normativa. El Govern assegura, a més, que ja ha remès a la Justícia tota la documentació requerida i que la mà dreta de Prohens acudirà a declarar “amb tranquil·litat” per “aclarir qualsevol dubte”. Juntament amb ell ha estat citat a declarar el seu familiar, que és fill d'un cosí seu.

La jutgessa, tal com ha avançat la Cadena Ser, interrogarà Jurado arran de la querella presentada pel funcionari -xòfer al Govern des de 2008 i amb més de tres dècades de trajectòria en l'administració-, qui acusa Jurado d'impulsar un canvi de regles a posteriori en el procés, celebrat a finals de 2023 i al qual van concórrer més de 200 aspirants, per a facilitar la contractació del familiar.

El querellant sosté que, després d'una primera baremació en la qual el candidat finalment escollit no hauria quedat en primer lloc, es van introduir modificacions a les bases per a obligar a presentar currículum i permetre que la selecció es resolgués en favor de “la persona que la Secretària General trobi més adequada”, un gir que, al seu parer, va transformar un concurs de mèrits en un procediment discrecional.

La denúncia afegeix que, per a justificar aquest canvi, es va aprovar una instrucció amb criteris per a seleccionar personal funcionari interí mitjançant oferta genèrica del BOIB, una eina que el denunciant considera “falça i tendenciosa” i dissenyada per reconduir el resultat.

El funcionari sosté que la maniobra va ser “il·legal, injusta i arbitrària” i subratlla que, després del nomenament, va ser acomiadat per Jurado com a conductor de la presidenta balear per “col·locar” en el seu lloc “un jove afí sense experiència”. Es tracta d'un episodi que el denunciant vincula amb un deteriorament de la seva salut mental, atès que arran dels fets pateix un quadre ansiós-depressiu.

En la primavera de 2024, quan a penes portava uns mesos treballant com a xòfer de la presidència autonòmica, el jove conductor presumptament béneficiat va estavellar el cotxe oficial mentre conduïa sol, segons va avançar Diario de Mallorca. Després de deixar Prohens a l'aeroport de Palma, el conductor va protagonitzar un accident que va deixar el vehicle completament sinistrat. Per aquest motiu, segons la querella, el vehicle va ser donat de baixa del parc mòbil del Govern.

La querella afegeix que aquesta situació va suposar un perjudici per a les arques públiques, ja que els vehicles oficials de l'administració pública se sufraguen amb els impostos de la ciutadania balear. Aquest accident provaria, segons el demandant, que el conductor presumptament béneficiat pel procés no reuniria els mèrits, aptituds i capacitats necessàries per a la prestació del servei de xòfer oficial.

Es dóna la circumstància que, a Extremadura, la presidenta autonòmica, María Guardiola (PP), tenia contractat com a xòfer al seu cosí, cessat el passat mes de desembre després de conèixer-se que havia estat condemnat per coaccions lleus a la seva exparella.

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha sido citado a declarar como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por las presuntas irregularidades en un proceso de selección de chófer que acabó beneficiando a un familiar suyo. La comparecencia está prevista para el próximo 24 de marzo.

La jueza le atribuye un delito de prevaricación administrativa, si bien la querella inicial interpuesta contra él por parte de un conductor y funcionario de carrera en la administración autonómica balear apunta también a la supuesta comisión de un delito de tráfico de influencias.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en señalar que se trató de un nombramiento por libre designación y que el procedimiento se ajustó a la normativa. El Govern asegura, además, que ya ha remitido a la Justicia toda la documentación requerida y que la mano derecha de Prohens acudirá a declarar “con tranquilidad” para “aclarar cualquier duda”. Junto a él ha sido citado a declarar su familiar, que es hijo de un primo suyo.

La jueza, tal como ha avanzado la Cadena Ser, interrogará a Jurado a raíz de la querella presentada por el funcionario -chófer en el Govern desde 2008 y con más de tres décadas de trayectoria en la administración-, quien acusa a Jurado de impulsar un cambio de reglas a posteriori en el proceso, celebrado a finales de 2023 y al que concurrieron más de 200 aspirantes, para facilitar la contratación del allegado.

El querellante sostiene que, tras una primera baremación en la que el candidato finalmente escogido no habría quedado en primer lugar, se introdujeron modificaciones en las bases para obligar a presentar currículum y permitir que la selección se resolviera en favor de “la persona que la Secretaria General encuentre más adecuada”, un giro que, a su juicio, transformó un concurso de méritos en un procedimiento discrecional.

La denuncia añade que, para justificar ese cambio, se aprobó una instrucción con criterios para seleccionar personal funcionario interino mediante oferta genérica del BOIB, una herramienta que el denunciante considera “falaz y tendenciosa” y diseñada para reconducir el resultado.

El funcionario sostiene que la maniobra fue “ilegal, injusta y arbitraria” y subraya que, tras el nombramiento, fue despedido por Jurado como conductor de la presidenta balear para “colocar” en su lugar “a un joven afín sin experiencia”. Se trata de un episodio que el denunciante vincula con un deterioro de su salud mental, dado que a raíz de los hechos padece un cuadro ansioso-depresivo.

En la primavera de 2024, cuando apenas llevaba unos meses trabajando como chófer de la presidencia autonómica, el joven conductor presuntamente beneficiado estrelló el coche oficial mientras conducía solo, según avanzó Diario de Mallorca. Tras dejar a Prohens en el aeropuerto de Palma, el conductor protagonizó un accidente que dejó el vehículo completamente siniestrado. Por este motivo, según la querella, el vehículo fue dado de baja del parque móvil del Govern.

La querella añade que esta situación supuso un perjuicio para las arcas públicas, ya que los vehículos oficiales de la administración pública se sufragan con los impuestos de la ciudadanía balear. Este accidente probaría, según el demandante, que el conductor presuntamente beneficiado por el proceso no reuniría los méritos, aptitudes y capacidades necesarias para la prestación del servicio de chófer oficial.

Se da la circunstancia de que, en Extremadura, la presidenta autonómica, María Guardiola (PP), tenía contratado como chófer a su primo, cesado el pasado mes de diciembre tras conocerse que había sido condenado por coacciones leves a su expareja.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha echado mano de manual para minimizar la importancia de la apertura de una nueva investigación judicial en Córdoba contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) -la tercera en esta legislatura- por fraude y prevaricación en los contratos menores y de urgencia con la sanidad privada.

La respuesta es similar a la que ofreció la Junta cuando se abrieron diligencias procesales en las dos anteriores causas, una en Sevilla por los contratos de emergencia sin aparente amparo legal (donde está imputada la gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores); y otra en Cádiz por el fraccionamiento masivo de contratos menores, también con un alto cargo del SAS imputado.

El consejero de Sanidad y de Presidencia, Antonio Sanz, asegura que esta tercera causa judicial forma parte de una “estrategia desesperada del PSOE” -querellante y personado como acusación popular- “que no levanta cabeza políticamente”. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que pilota José Luis Rodríguez Lainz, ha incoado diligencias previas “de carácter criminal” a partir de una querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre, contra el Hospital Reina Sofía de CórdoAmaba, por tres posibles delitos administrativos: prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude en la contratación pública durante los ejercicios 2020 y 2021. En ese periodo dirigía el hospital cordobés la hoy gerente del SAS, Valle García, imputada también en la causa de los contratos de emergencia.

Sanz augura que esta nueva investigación judicial por irregularidades en la contratación del SAS quedará en nada, y ha vinculado la querella interpuesta por el PSOE con la denuncia que presentó hace dos meses Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla que destapó el escándalo de los diagnósticos tardíos de cáncer, que afecta más de 2.317 mujeres (según cifras de la Junta).

“Se dedican a denunciar a diestro y siniestro”, ha lamentado Sanz, que augura que “esta denuncia tendrá el mismo palo que han recibido cuando han querido hacer otras denuncias, como las de Fiscalía en relación con la manipulación o la desaparición de pruebas”.

El consejero de Sanidad no ha citado explícitamente a Amama pero se refiere a la denuncia que la asociación llevó directamente ante el Ministerio Público -no el PSOE- para denunciar la desaparición y posible manipulación de pruebas diagnósticas a algunas mujeres en su historial digital, alojado en los servidores informáticos del SAS (Click Salud). La Fiscalía abrió una investigación en 24 horas, pero la archivó un mes después.

Sanz no entra en el fondo del asunto, esto es, la decisión de un juez de abrir una nueva investigación sobre la contratación del SAS con la sanidad privada, y carga duramente contra el PSOE “por entender que la única vía posible para ganar las elecciones son las denuncias en los tribunales”. “Es una gran pobreza política que la fuerza que se presenta como alternativa política en Andalucía cuya única capacidad política es denunciar en los tribunales sin ton ni son”, avisa.

El número dos del Gobierno andaluz ha refrendado su apoyo y “confianza” a la gerente del SAS, que también está imputada en otra causa, y ha mostrado “respeto” por las decisiones judiciales.

La causa que se acaba de abrir contra el SAS en Córdoba es un compendio de las dos anteriores. Una macroquerella donde el PSOE ha unificado los contratos de emergencia y el fraccionamiento de contratos menores, partiendo de la misma raíz: los informes desfavorables de los interventores provinciales del SAS que, entre 2020 y 2024, alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y a la de Hacienda de las irregularidades en la contratación pública con clínicas privadas.

El juez, “tan solo y de momento”, ha abierto diligencias por los tres primeros (delitos administrativos), pues considera “débil” -cuando no “sospechas u opiniones subjetivas”- los argumentos jurídicos que expone el PSOE respecto al resto de infracciones criminales.

Rodríguez Lainz, conocido por su meticulosa instrucción del caso Bretón, redacta un auto de apertura de diligencias de 52 páginas -inusualmente largo- donde purga la gran mayoría de contratos bajo sospecha que presenta el PSOE en su querella, realizando un “juicio de exclusión de los expedientes” donde no percibe “indicios de infracción criminal”, sino “meras irregularidades administrativas”.

Aun así, deja la puerta abierta a lo que vaya revelando la instrucción. “La posible imputación de otras infracciones criminales, como malversación y pertenencia a organización criminal, o a nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de esta investigación dependerá de la evolución de las actuaciones”, subraya en un auto fechado el 11 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En ese escrito, el magistrado señala directamente a Valle García, actual gerente del SAS, por su condición de directora del hospital cordobés durante los años que se investigan. García, imputada en otra causa judicial por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS, aún no está siendo investigada formalmente, pero el juez ha ordenado que “se ponga en su conocimiento la existencia de este procedimiento”, que le afecta directamente.

El magistrado también ha solicitado que se informe de la apertura de diligencias a los servicios jurídicos del SAS, además ha reclamado 12.000 euros al PSOE para poder mantenerse personado en la causa como acusación popular, y ha remitido a la Fiscalía las primeras actuaciones para que elabore su informe.

Al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno se le ha abierto otro frente judicial a las puertas de la campaña para las elecciones autonómicas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba acaba de abrir una investigación contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) -la tercera en esta legislatura- por supuestas irregularidades en la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, con varias farmacéuticas, clínicas y otras empresas del sector sanitario privado durante los ejercicios 2020 y 2021.

El magistrado José Luis Rodríguez Lainz incoa diligencias previas “de carácter criminal” a partir de una querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre, contra la plataforma logística del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, por el presunto abuso “generalizado” de contratos menores -y prórrogas de otros contratos vigentes- con las mismas sociedades privadas y por los mismos servicios, “para tratar de eludir el procedimiento ordinario”, vulnerando así la Ley de Contratos del Sector Público.

Es la tercera investigación judicial contra el Gobierno andaluz por supuestas irregularidades en la contratación pública con la sanidad privada, un ámbito en el que se ha volcado toda la oposición a Moreno para desgastar su imagen. La primera causa judicial contra el SAS nace de otra querella del PSOE en Sevilla (contratos de emergencia sin aparente amparo legal), la segunda parte de una denuncia de Podemos en Cádiz (“fraccionamiento masivo e indebido de contratos”).

La causa que se acaba de abrir contra el SAS en Córdoba es un compendio de las dos anteriores. Una macroquerella donde el PSOE ha unificado los contratos de emergencia y el fraccionamiento de contratos menores, partiendo de la misma raíz: los informes desfavorables de los interventores provinciales del SAS que, entre 2020 y 2024, alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y a la de Hacienda de las irregularidades en la contratación pública con clínicas privadas.

Los socialistas, en una prolija ampliación de su querella, presentaron al juez 577 expedientes de gasto bajo sospecha (contratos del SAS con empresas privadas), 334 correspondientes al ejercicio 2020, y otros 239 del año 2021, para terminar denunciando cinco delitos: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

El juez, “tan solo y de momento”, ha abierto diligencias por los tres primeros (delitos administrativos), pues considera “débil” -cuando no “sospechas u opiniones subjetivas”- los argumentos jurídicos que expone el PSOE respecto al resto de infracciones criminales.

Rodríguez Lainz, conocido por su meticulosa instrucción del caso Bretón, redacta un auto de apertura de diligencias de 52 páginas -inusualmente largo- donde purga la gran mayoría de contratos bajo sospecha que presenta el PSOE en su querella, realizando un “juicio de exclusión de los expedientes” donde no percibe “indicios de infracción criminal”, sino “meras irregularidades administrativas”.

Aun así, deja la puerta abierta a lo que vaya revelando la instrucción. “La posible imputación de otras infracciones criminales, como malversación y pertenencia a organización criminal, o a nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de esta investigación dependerá de la evolución de las actuaciones”, subraya en un auto fechado el 11 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En ese escrito, el magistrado señala directamente a Valle García, actual gerente del SAS, por su condición de directora del hospital cordobés durante los años que se investigan. García, imputada en otra causa judicial por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS, aún no está siendo investigada formalmente, pero el juez ha ordenado que “se ponga en su conocimiento la existencia de este procedimiento”, que le afecta directamente.

El magistrado también ha solicitado que se informe de la apertura de diligencias a los servicios jurídicos del SAS, además ha reclamado 12.000 euros al PSOE para poder mantenerse personado en la causa como acusación popular, y ha remitido a la Fiscalía las primeras actuaciones para que elabore su informe. Fuentes de la Consejería de Sanidad, consultada por este periódico, ha asegurado “no tener constancia” de la apertura de nuevas diligencias procesales.

Solicitud de cientos de expedientes al SAS e informes de auditores

La investigación está en fase muy preliminar. En su auto, el juez mueve ficha y reclama una extensa documentación a la gerencia del SAS en Córodoba, para que remitan “copias íntegras de los expedientes de contratación” bajo sospecha; y a la Intervención Provincial del SAS le pide copia de “los informes emitidos por cada uno de los expedientes” donde aparecen las irregularidades denunciadas.

El magistrado también requiere a los servicios jurídicos del SAS en Córdoba un informe sobre la normativa general y específica que se aplica a la hora de “optar por la contratación menor o de emergencia y su justificación”, aplicadas a los ejercicios 2020 y 2021, que son objeto de esta investigación.

En los fundamentos jurídicos, Rodríguez Lainz pondera, por un lado, el uso estricto de la ley de contratación pública en el ámbito sanitario y, por otro, un contexto tan excepcional como fue la pandemia de Covid-19. Y este, en realidad, es el meollo del asunto en las tres causas judiciales que salpican al SAS: “Nos movemos en terrenos en los que se plantea un forzamiento del Derecho como forma de atender a las necesidades de la población, y no necesariamente del aprovechamiento de estas circunstancias para favorecer el despreciable enriquecimiento ilícito de concretas personas que, como servidores públicos, pudieran beneficiarse de esta desregulación o apartamiento de los cauces administrativos adecuados”.

Con todo, el juez procede con la investigación para “comprobar efectivamente si existió el fraccionamiento de contratos de obras o servicios, el abuso de la contratación de urgencia o la desregulación de operaciones de compra o suministros”.

Entre las diligencias ordenadas, el magistrado también reclama “identificar” al personal técnico destinado a tramitar los expedientes bajo sospecha, “con capacidad de decisión sobre los mismos”, y pide informes sobre el transcurso de dicha tramitación, “tanto previa como posterior”.

Por último, el magistrado reclama una aclaración sobre los criterios que aplicó el SAS para la selección de posibles licitadores en contratación menor o por trámite de urgencia, así como los procedimientos para garantizar en estas contrataciones la concurrencia competitiva de otros licitadores“. El juez no descarta, a la espera del informe que elabore el Ministerio Fiscal sobre las indagaciones realizadas hasta la fecha, que sea necesario abrir ”piezas separadas que faciliten el trámite“ de la investigación.

Lo que sí desecha el magistrado de momento, pese a la propuesta del PSOE en su querella, es citar a declarar como testigo a la interventora que elevó el informe desfavorable sobre la contratación del SAS en Córdoba; descarta ordenar un atestado policial a la Brigada Central de Investigación de Capitales y Anticorrupción, y pedir auxilio judicial pericial -en esta fase temprana del procedimiento- a la Intervención General del Estado.

Tres causas con una raíz común

Los tres casos tienen una raíz común: los informes desfavorables de los interventores del SAS que, reiteradamente, alertaron a la Consejería de Salud y de Hacienda de que el procedimiento de contratación entre 2020 y 2024 -sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa- no tenía “justificación alguna”, carecía de “amparo legal” y era susceptible de provocar un “menoscabo de fondos” a las arcas públicas.

El juzgado de Sevilla investiga los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó en pandemia cuando ya estaba derogado. Por esta causa ya han declarado ante el juez, en calidad de imputados por prevaricación, la actual gerente del SAS y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

En paralelo, un juzgado de Cádiz investiga el supuesto “abuso” en los contratos menores del SAS con clínicas privadas durante el ejercicio 2021, adjudicaciones a dedo concatenadas por el mismo servicio y con la misma empresa, que los interventores censuraron como un sistema de “fraccionamiento masivo” para eludir la Ley del Sector Público.

Esta última causa guarda más paralelismos con el procedimiento que acaba de abrirse contra el SAS en Córdoba. El juez Rodríguez Lainz ha decidido investigar la legalidad de múltiples expedientes de gasto y la relación contractual del SAS de Córdoba con importantes empresas del sector farmacéutico, como Sanofi, Gilead, Janssen, Boehringer y Albazul.

El PSOE andaluz, bajo la dirección de Juan Espadas, fue responsablee de la primera querella criminal que motivó la apertura de una investigación judicial en Sevilla por los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas. El pasado octubre, ya con María Jesús Montero como secretaria general y candidata en las andaluzas, denunció al mismo organismo en Córdoba, con el agravante de que la directora de este hospital provincial es hoy la número tres de la Consejería de Sanidad y está imputada.

La magistrada del Juzgado número 3 de Murcia, que instruye la causa abierta por la muerte de 13 personas en el incendio de las discotecas 'Teatre' y 'Fonda Milagros' el 1 de octubre de 2023, ha decretado la apertura de diligencias previas “en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento”.

La decisión consta en una providencia de este lunes, mediante la cual la instructora ordena deducir testimonio de las querellas criminales presentadas y abrir un procedimiento penal específico e independiente para investigar los hechos relacionados con la posible prevaricación administrativa.

Pese a que estas diligencias estarán contenidas en la causa principal, la jueza no aprecia “conexidad directa con el delito de homicidio por imprudencia que se investiga en la causa principal”. Para el abogado de algunas de las víctimas, José Manuel Muñoz Ortín, es pronto para descartarse la relación entre el presunto delito de prevaricación y la causa principal: “No se ha escuchado a nadie del Ayuntamiento de Murcia, entiendo que cuando se les tome declaración se debería valorar si hay relación [entre la presunta prevaricación y el incendio]”.

Además, de forma paralela, el mismo juzgado ha acordado una nueva prórroga del plazo máximo de instrucción de la causa principal, fijando su finalización el 1 de abril de 2026.

Para Muñoz Ortín, la apertura de diligencias previas por presunta prevaricación administrativa “supone hito especialmente valorado” por estas “a la hora de dirimir las posibles responsabilidades, incluidas las de carácter institucional”.

Muñoz Ortín ha asegurado que “constituye un paso relevante en el esclarecimiento integral de los hechos, al permitir examinar si la actuación de la Administración municipal se ajustó o no a la legalidad y a las obligaciones que le corresponden en materia de control y protección de la seguridad ciudadana”.

De probarse la prevaricación, Muñoz Ortín ha adelantado que la clave residirá en cómo se manifiesta para poder relacionarla con los incendios: “Puede ser una relación difusa si solo se prueba que el Ayuntamiento debería haber cerrado el local en el momento de la orden de cese. Pero si se prueba que [desde el consistorio] son responsables de la ratonera en la que se encontraban las víctimas, la conexión con lo ocurrido es innegable”.

“Faltan adjetivos para calificar la situación en la que se hallan las personas acusadas en el presente procedimiento (amparadas, no lo olvidemos, por el derecho a la presunción de inocencia) como consecuencia de la prolongación de un procedimiento que se inició allá por el año 1997, es decir, hace ahora más de veintisiete años”.

Pocas veces los jueces son tan claros a la hora de admitir el mal funcionamiento de la Justicia. El tribunal de la Audiencia de Tarragona lo es en la sentencia por la que ha absuelto a tres acusados, entre ellos el exconcejal de Urbanismo de Tarragona Àngel Fernández, acusados de prevaricación y tráfico de influencias en un caso conocido como Parc Central, de unas supuestas irregularidades que han resultado irrelevantes penalmente.

No se ahorran adjetivos los magistrados a la hora de lamentar el retraso del asunto. “Desmesurado, irracional, ilógico etc., no sirven para colmar la definición de un procedimiento en el que han fallado todos los resortes del sistema judicial”, zanjan. El sumario del caso constaba de más de 30.000 páginas.

El juicio empezó en septiembre de 2024, pero el caso ya acumulaba un retraso con pocos precedentes en España: la fase instructora se prolongó durante más de quince años, y la fase intermedia antes del juicio se prolongó “durante otros tantos años”, expone el tribunal. Los hechos ocurrieron hace 30 años.

Los ahora absueltos estaban acusados de un delito continuado de tráfico de influencias con un delito continuado de prevaricación y de blanqueo de capitales, hechos. La causa juzgaba la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, el Parc Central.

Los tres estaban acusados de haber intervenido en decisiones administrativas para el desarrollo y la gestión del proyecto del centro comercial Parc Central al margen de la legalidad, pero el tribunal rechaza que exista prueba suficiente para condenarles.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de una localidad salmantina y ha confirmado íntegramente la condena de nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación impuesta en marzo de 2025 por la Audiencia de Salamanca al alcalde de la localidad salmantina de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez (PP).

La sentencia ratificada establecía que el regidor había contratado a un familiar de segundo grado, en concreto un hermano, para realizar labores de obra y servicio en el Ayuntamiento, inicialmente por un periodo de dos meses. Sin embargo, el contratado continuó trabajando durante tres años, sin tramitar procedimiento administrativo alguno para prorrogar o justificar la continuidad del puesto. Según el tribunal, esta prolongación se realizó al margen de cualquier control, vulnerando los principios de legalidad, igualdad y transparencia que rigen la contratación pública.

Los hechos se remontan a 2015, cuando Martín encargó a su hermano las tareas de montaje y desmontaje de la plaza de toros portátil en las fiestas patronales durante tres años, siendo este jefe de la cuadrilla de obras públicas y recibiendo un plus de plena dedicación.

El TSJ considera acreditado que el alcalde actuó de forma “arbitraria” y con pleno conocimiento de que su decisión carecía de cobertura legal. La Sala subraya que la ausencia de un procedimiento administrativo no constituye una simple irregularidad, sino la base misma del delito de prevaricación, al eludir los mecanismos de control fijados por la normativa.

El condenado había solicitado su absolución alegando errores procesales, falta de valoración adecuada de la prueba y ausencia de dolo, además de pedir la nulidad de actuaciones. La Sala rechaza todos los motivos, concluyendo que no se vulneró su derecho de defensa y que existió suficiente prueba de cargo.

La pena impuesta —que continúa vigente tras la resolución del TSJ— consiste en inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. El tribunal mantiene además la apreciación de una atenuante simple de dilaciones indebidas, pero descarta elevarla al grado muy cualificado, como pedía la defensa.

La resolución, contra la que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, declara de oficio las costas de la apelación.

Los hechos se remontan a 2015, cuando Martín encargó a su hermano las tareas de montaje y desmontaje de la plaza de toros portátil en las fiestas patronales durante tres años, siendo este jefe de la cuadrilla de obras públicas y recibiendo un plus de plena dedicación.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena de 11 años de inhabilitación por delito de prevaricación administrativa impuesta a los exalcaldes de cinco localidades de la comarca del Valle del Jerte por presuntamente no adoptar medidas en relación con vertidos en sus municipios, principalmente de destríos de cerezas.

De esta forma, estima el recurso presentado por los exregidores de Rebollar, Cabrero, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Tornavacas, que fueron condenados por haber permitido entre 2015 y 2019 el depósito de destrío de cerezas en vertederos en lugares no habilitados para ello.

El Supremo absuelve a los cinco acusados al estimar sus recursos por “vulneración del principio acusatorio” al no quedar acreditado que los alcaldes ostentaran la competencia sobre las medidas a adoptar sobre residuos agrícolas y “haberse sustentado la condena en su genérica competencia del deber de velar por la integridad de los bienes del municipio; lo que no se citaba en el escrito del Ministerio Fiscal”.

Así, los alcaldes alegaban que, al no ser los ayuntamientos los competentes para la gestión de residuos agrícolas, sino solo los domésticos, “no les era exigible ejercer las potestades de vigilancia, inspección y sancionadoras que, por incumplirlas, derivarían su conducta al delito de prevaricación”.

El Supremo destaca que el planteamiento de la acusación solo era posible entenderlo por “incumplimiento de los alcaldes de las potestades de vigilancia, inspección y sancionadora en el ámbito de sus competencias, restringidas al tipo de residuos, que eran, exclusivamente, los domésticos, y no lo eran el destrío de cerezas”, según recoge la sentencia del Supremo.

Pero la “razón determinante” para la condena se basó en que ese incumplimiento “lo fue de su deber general de velar por la integridad de los bienes municipales”, que se añadió a los hechos que el Ministerio Fiscal presentaba en su acusación.

“Omisión de vigilancia sobre la que los alcaldes no han tenido oportunidad de articular una defensa”, destaca la sentencia. Por ello, se anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), de junio de 2023, que confirmó a su vez el fallo condenatorio de la Audiencia de Cáceres. 

El juez José Antonio Gómez, que investiga las irregularidades en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2021 y 2024, ha citado a declarar como testigo a un miembro del Gobierno de Juan Manuel Moreno, la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, responsable de la cartera de Salud durante los años que se investigan, y al ex número dos de la Consejería de Hacienda, Roberto Ochoa, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

Durante el interrogatorio a los primeros testigos de la causa, hace dos semanas, García fue señalada por la exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez, como la persona que decidió retirar el control previo a los contratos de emergencia del SAS, aunque esto no formaba parte de la propuesta que ella misma había elevado por escrito a la Consejería de Hacienda, ni venía avalado por un informe preceptivo.

La exinterventora, y actual viceconsejera de Hacienda, le explicó al juez que la sustitución de la fiscalización previa por el control financiero permanente (auditorías a posteriori) se adoptó, de manera informal, en una reunión del consejillo previa al Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que formalizó dicho acuerdo.

El llamado consejillo es el foro de todos los viceconsejeros del Ejecutivo andaluz, presidido por el número dos de Presidencia -que entonces era Antonio Sanz, hoy responsable de Sanidad-, que decide el orden del día de leyes, proyectos y acuerdos que son elevados al Consejo de Gobierno para su aprobación al día siguiente.

Según el testimonio de Martínez, en aquella reunión la entonces número dos de Salud, Catalina García, le pidió a su homólogo de Hacienda, Roberto Ochoa, que incluyese los contratos del SAS con la sanidad privada en la propuesta de gastos y servicios que podían prescindir del control previo, para así agilizar la tramitación de los mismos, adjudicándose a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, para ser auditados a posteriori.

Esos contratos no estaban en el listado de gastos que la Intervención General de la Junta había solicitado, en una memoria escrita redactada una semana antes, aunque desde el Gobierno de Moreno aseguran que Martínez aseguró en sede judicial que no se adoptó esta medida a sus espaldas, que Salud le consultó y ella consintió.

El problema es que, una semana después testificó como imputado el primero de los tres gerentes del SAS imputados por prevaricación, Miguel Ángel Guzmán, que al ser preguntado por esta versión, la desmintió rotundamente. Guzmán aseguró que ni él ni nadie de su equipo fue consultado para sustituir el control previo por la fiscalización a posteriori, subrayó que esa decisión no está entre las competencias de un gestor, y que, en todo caso, él fue el “sufridor” de aquel acuerdo, que posteriormente daría lugar a todos los informes de los interventores cuestionando la contratación a dedo dos años después de que se derogase el marco legal de la pandemia.

Para resolver esa discrepancia, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que tomase declaración a los aludidos, esto es, a Catalina García y Roberto Ochoa que, siendo viceconsejeros de Salud y Hacienda respectivamente, habrían decidido retirar el control previo a los contratos sanitarios. El magistrado ha dictado este viernes una providencia en la que cita en el juzgado a la hoy consejera de Medio Ambiente y al ex número dos de Hacienda el mismo día, 20 de enero, de manera consecutiva: Ochoa a las 12.25 horas y García a las 12.45 horas.

La Justicia investiga un supuesto delito de prevaricación en la contratación de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2021 y 2024, por un montante de 242,3 millones de euros, amparándose en el marco legal excepcional que se habilitó en pandemia cuando ya estaba derogado.

La actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, han declarado como imputados ante el juez, después de que cinco altos cargos de la Junta declarasen como testigos, entre ellos la exinterventora general y el director general económico del SAS, José Antonio Miranda, que autorizó el sistema de contratación a dedo durante cinco años.

Los gerentes, según la declaración de Guzmán, decidieron obviar la instrucción de la Consejería de Hacienda, de mayo de 2021, advirtiendo de que el Real Decreto del Gobierno que facilitaba la contratación de emergencia estaba “plenamente derogado”, que las adjudicaciones a dedo por la vía de urgencia debían tener carácter “residual”, y las administraciones debían volver a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva.

Guzmán explicó que no se sintieron “concernidos” por esa instrucción de Hacienda, ni tampoco por los sucesivos informes de los interventores, realizados a posteriori, en los que alertaron una y otra vez de que el sistema de contratación de emergencia en 2021, 2022 y 2023 no tenía cobertura legal.

Los primeros testigos e imputados citados por el juez que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas han aportado declaraciones contradictorias.

La más llamativa es el choque entre los máximos responsables de la Consejería de Salud, que adjudicaron a dedo los contratos bajo sospecha, y la principal responsable de la Intervención General de la Junta, que debía fiscalizar esas adjudicaciones. Sus versiones no concuerdan.

La exinterventora general Amelia Martínez, que hoy es viceconsejera de Hacienda, explicó al juez que la decisión de sustituir la fiscalización previa por el control financiero permanente (a posteriori) para los contratos de emergencia del SAS se decidió en la reunión de viceconsejeros que tuvo lugar un día antes del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, donde se aprobó la medida.

Ese acuerdo no está sustentado por un informe de la Intervención ni se desprende de la memoria que redactó una semana antes la propia Martínez, con una lista de los gastos y servicios de la Junta que podían prescindir del control previo, donde no aparecían los contratos del SAS.

La hoy número dos de Hacienda le dijo al juez que aquella decisión partió de Catalina García, entonces viceconsejera de Salud, luego ascendida a consejera del ramo y actualmente al frente del departamento de Medio Ambiente. Según su versión, García le pidió a su homólogo en la Consejería de Hacienda, Roberto Ochoa, que colase en el acuerdo del Consejo de Gobierno los contratos de emergencia, para así agilizar la tramitaciíon de pacientes derivados a la sanidad privada y descargar la presión asistencial en los hospitales públicos.

Una semana después de esa declaración, la persona que ocupaba la dirección gerente del SAS en ese momento, Miguel Ángel Guzmán, desmintió ante el juez el relato de la exinterventora. Guzmán, que está imputado por prevaricación en la adjudicación a dedo de 242,3 millones de euros a clínicas privadas, aseguró que ni él ni nadie de su equipo fue consultado sobre la necesidad de cambiar el sistema de fiscalización de los contratos de emergencia.

Fue a preguntas de los fiscales, cuando el primero de los tres gerentes del SAS que declaró como investigado aclaró que no está entre las competencias de los gestores el decidir cómo se fiscalizan los gastos de su departamento. Y añadio: “Yo fui un sufridor” de ese acuerdo, que posteriormente aparecería en todos los informes “desfavorables” de los interventores del SAS, acusando a la dirección gerente de “abusar” de la contratación de emergencia, con prórrogas y contínuas adendas de ampliación de gasto entre 2021 y 2024, cuando “la pandemia estaba ya muy atemperada”.

Para aclarar esta disonancia de versiones, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez José Antonio Gómez que llame a declarar como testigos a García y a Ochoa, la primera por haber sido señalada como autora intelectual de retirar los controles previos a los contratos sanitarios, y el segundo por formalizar esa decisión en el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020.

La petición de los fiscales, adelantada por la Cadena Ser y confirmada por este periódico, debe resolverla ahora el magistrado, tras la primera ronda de declaraciones, que ha permitido escuchar a dos interventoras de la Junta ratificándose en los informes que censuraron los contratos de emergencia; la exinterventora general y dos altos cargos de la plataforma de compras del SAS, entre ellos, el director económico, José Antonio Miranda, que firmó las alegaciones a todas las auditorías que cuestionaban los contratos, siendo desestimadas todas ellas.

También han declarado los tres gerentes del SAS que están imputados por prevaricación: la persona que ocupa el cargo ahora, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Los tres, que sólo respondieron a preguntas del juez, de los fiscales y de su abogado, coincidieron en justificar los contratos a dedo en el colapso sanitario que provocó la pandemia de coronavirus.

El juez preguntó a Guzmán por qué no se volvió a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva, cuando lo ordenó la Consejería de Hacienda, a través de una instrucción de mayo de 2021, y éste respondió que “no se sintió concernido” por esa orden, porque los técnicos del SAS le decían que la situación sanitaria seguía siendo extrema. Vargas, además, aseguró que cada mañana “se desayunaba” los partes diarios con el número de muertos e infectados por la Covid-19. “Todavía tengo pesadillas”, dijo.