En Tenerife, la mayoría de lunas traseras de los vehículos tienen un símbolo en común: los dibujos de un guacamayo, un delfín y la cola de una ballena. Estos tres animales conforman el logo comercial del imperio del Loro Parque en Canarias, que suele colocar estas etiquetas promocionales a los vehículos de los visitantes del zoológico más famoso del archipiélago. La omnipresencia de este logo en vallas publicitarias, aeropuertos, señales de carreteras o puestos comerciales de toda la isla representa el poder empresarial de la compañía que fichó al expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Ricardo Melchior.

El expolítico canario, de Coalición Canaria (CC), ha sido sancionado por la Oficina de Conflicto de Intereses con una falta grave por ocultar su fichaje para la Fundación del grupo turístico Loro Parque después de haber concedido puestos comerciales en la dársena a la compañía durante su mandato como presidente de Puertos de Tenerife, tal y como revela hoy eldiario.es. 

La familia Kiessling, de origen alemán, es la dueña de este conglomerado turístico de parques acuáticos, zoológicos y acuarios con presencia en Tenerife y Gran Canaria. Una facturación por encima de los 75 millones de euros al año han colocado a su presidente y propietario, Wolfgang Kiessling, entre las 200 mayores fortunas en España y entre los tres hombres más ricos de Canarias, según el ranking de El Mundo. 

Un patrimonio empresarial labrado al calor de ayudas públicas, incentivos fiscales hechos a medida, relación cercana con la clase política y varios casos de puertas giratorias con altos cargos de administraciones canarias.

Más de 20 millones en subvenciones

Además del zoológico Loro Parque, la compañía es propietaria del Siam Park -calificado por TripAdvisor como el mejor parque acuático del mundo- y el acuario de Las Palmas de Gran Canaria. Las tres sociedades han recibido más de 20 millones de euros en subvenciones públicas desde 2004, según ha recopilado eldiario.es. La mayoría de estas ayudas fueron financiadas con fondos europeos para el desarrollo regional.

La más cuantiosa fue concedida en 2011, cuando el Ministerio de Hacienda aprobó una subvención a fondo perdido por más de 8 millones de euros para ampliar el parque acuático del Siam Park en el sur de Tenerife. También ha recibido ayudas públicas para financiar sus otros macroproyectos más recientes: más de 4 millones en 2015 para financiar la construcción del acuario 'Poema del Mar' en Las Palmas de Gran Canaria y otros 6,8 millones para el futuro proyecto de replicar el parque acuático del Siam Park en Las Palmas de Gran Canaria.

Este último proyecto, ahora paralizado y en los tribunales, fue declarado estratégico por el Gobierno de Canarias -presidido entonces por Fernando Clavijo- gracias a una polémica ley que permitió al ejecutivo regional decidir qué proyectos eran prioritarios para agilizar los plazos de las licencias y los trámites administrativos.

Un impulso que ponía la alfombra roja al desarrollo de otro proyecto de la familia Kiessling gracias a una ley que contó con el voto en contra de toda la oposición. “Abona el terreno a la prevaricación, porque depende del dedazo del presidente si ayuda a los empresarios amigos a agilizar una determinada inversión”, afirmó la portavoz del PP, Australia Navarro.

Un 6,7% en impuesto de sociedades desde 2008

Wolfgang Kiessling, agasajado por su trayectoria como empresario en varias entrevistas con medios canarios, se ha definido como un empresario corriente que defiende la riqueza generada por sus zoológicos y parques: “Para mí es muy importante crear empleos, tener a gente a mi alrededor y me gusta, en lugar de gastarme el dinero en grandes yates o aviones, crear nuevas atracciones”.

La defensa de un negocio muy rentable que ha triplicado sus beneficios en la última década. Entre 2008 y 2018, las ganancias de la matriz del grupo -Loro Parque S.A- pasaron de 9 a 29 millones de euros. En total, 237 millones de beneficios en una década de los cuáles solo pagaron el 6,7% en impuesto de sociedades, según se desprende de las cuentas anuales que eldiario.es ha podido consultar a través de la plataforma Insight View.

El tipo impositivo está muy lejos al tipo general del 25% para las empresas gracias a los distintos incentivos fiscales ligadas al Régimen Fiscal de Canarias o bonificaciones fiscales hechas a medida por administraciones públicas canarias. La más importante es la Reserva para Inversiones en Canarias, un mecanismo que ha permitido a las grandes empresas y fortunas canarias destinar a esta reserva el 90% de sus beneficios y solo tributar por el 10% restante. La condición, reinvertir esos beneficios en un plazo de cinco años.

La sociedad Loro Parque ha destinado el 173 millones de euros en beneficios a esta Reserva para inversiones en Canarias, según sus cuentas anuales. Una bonificación fiscal que se une a la inscripción de sus dos filiales más importantes (Siam Park S.A. y Poema del Mar S.A.) en la Zona Especial Canaria (ZEC).

La ZEC, conocida como el 'paraíso fiscal' canario, permite a las nuevas empresas que se instalen en el archipiélago pagar un 4% en el impuesto de sociedades a cambio de crear un número determinado de puestos de trabajo. Ambas filiales declararon pérdidas en 2018 y no tuvieron que pagar impuesto de sociedades.

Además de los incentivos fiscales del régimen canario, algunas administraciones han concedido bonificaciones hechas a medida del grupo empresarial. En 2014, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó una reducción del 95% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para aquellas empresas que “justifiquen el especial interés o utilidad municipal de sus proyectos”.

El alcalde en ese momento de la capital grancanaria, Juan José Cardona, llegó a pagar con dinero público hasta los gintonics de la familia Kiessling tras acordar la construcción del acuario, según reveló Canarias Ahora.

Esta modificación ahorró más de 600.000 euros en impuestos al grupo empresarial de los Kiessling, tal y como confirmó el alcalde socialista de la siguiente corporación municipal en 2015. “Esto es pasado, no podemos revertirlo, la reducción fiscal ya se produjo y nosotros vamos a apostar porque la obra se haga, porque es una obra de todos”, aseguró a Canarias Ahora.

Esas reducciones tributarias no están vinculadas a una masiva creación de empleo. Según las cuentas depositadas las sociedades, Loro Parque S.A. registró 48 trabajadores en 2018, Siam Park S.A. siete trabajadores y la filial del acuario Poema del Mar S.A. empleó una media de 39 personas durante el año. 

Políticos amigos y puertas giratorias

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, reconoció en una entrevista a el Diario de Avisos que fichó por la Fundación del Loro Parque porque Wolfgang Kiessling es su “amigo desde hace como 40 años”. La cercanía de la familia Kiessling con la clase política que se ha materializado en puertas giratorias, premios, medallas y promociones de las marcas de Loro Parque en espacios públicos.

Además de Melchior, hasta tres ex altos cargos del Gobierno de Canarias han sido directivos o asesores del grupo empresarial de la familia Kiessling. Su actual secretario, Jaime Rodríguez Cíe, es un veterano político de Coalición Canaria que ocupó varios cargos en el ejecutivo regional entre 1995 y 2000, llegó a asumir la viceconsejería de Turismo y fue presidente del consejo de administración de la empresa pública Proyecto Monumental Montaña de Tindaya.

El ex director general de Loro Parque entre 2007 y 2011, Salvador Iglesias Machado, fue el director del Gabinete del presidente del Gobierno de Canarias Adán Martín entre 2004 y 2007 antes de su paso a la privada y volvió a lo público como secretario general del Parlamento de Canarias, donde Kiessling es visitante habitual.

Además, uno de sus asesores de Loro Parque, José Carlos Francisco, fue consejero de Economía y Hacienda del ejecutivo regional a finales de la década de los noventa. Ahora es presidente de la CEOE en Tenerife y principal representante de los empresarios de la provincia ante el Gobierno de Canarias. Francisco ha sido el acompañante habitual de los Kiessling en todas las reuniones con las administraciones públicas para desbloquear el proyecto del parque acuático en el sur de Gran Canaria.

El vínculo con la clase política y las administraciones públicas no se limita al fichaje de políticos para sus puestos directivos. La promoción de la marca del Loro Parque ha sido también muy habitual por parte de cargos públicos regionales y locales. En 2015, los presidentes del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, patrocinaron con un chapuzón la inauguración de una atracción del parque acuático Siam Park.

Otro ejemplo está en la señalización de las autopistas de la isla de Tenerife. Al lado de todas las indicaciones para llegar al Puerto de la Cruz -donde se ubica el Loro Parque- se ubica el logotipo claramente identificable del zoológico. La gestión de las carreteras insulares es competencia del Cabildo tinerfeño, presidido por Melchior desde 1999 hasta 2013.

Y no solo en promoción, también las administraciones públicas han premiado la labor del Loro Parque con reconocimientos extraordinarios. En 2010, Paulino Rivero concedió al Loro Parque la Medalla de Oro de Canarias por su “buen hacer empresarial”, “compromiso con el medio ambiente” y la “conservación de la naturaleza”.

El mismo Ricardo Melchior le concedió la Medalla de Oro de Tenerife cuando era presidente del Cabildo insular al grupo turístico por ser un “verdadero ejemplo” de lo que se puede lograr “al conjugar la visión empresarial, el empeño, el buen hacer y el amor a la naturaleza”.

El reconocimiento lo repitió el ministro canario José Manuel Soria como responsable de Industria, Energía y Turismo en 2015, cuando concedió al Siam Park la Placa al Mérito Turístico a la colaboración público-privada para la modernización de destinos turísticos.

“El valor de un político es su inteligencia menos su vanidad”. La frase, atribuida al canciller Otto von Bismarck, uno de los artífices de la unificación alemana, la repitió hasta la saciedad el histórico dirigente nacionalista canario Ricardo Melchior en los estertores de su carrera política. Corría el verano de 2018 Coalición Canaria (CC), de la que fue fundador y uno de sus máximos referentes, una figura con una gran capacidad de influencia en el partido, había decidido relegarlo de su puesto como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, su último cargo público, para dárselo al Partido Popular (PP).

Este movimiento fue interpretado como un cambio de cromos para evitar una moción de censura que despojase del poder a los nacionalistas en el Ayuntamiento de La Laguna, uno de sus feudos históricos, el municipio del que había sido alcalde el entonces presidente canario -hoy senador- Fernando Clavijo, y el detonante de su ruptura con la cúpula del partido, a la que desde ese momento no ha cesado de criticar en sus comparecencias públicas.

En su adiós, este ingeniero industrial formado en Navarra y en Alemania presumió de haber entrado en política de rebote, en 1987, precisamente tras haber trabajado en la terminal de contenedores del puerto tinerfeño, y de haber salido más de tres décadas después con la camisa blanca, sin manchas, sin imputaciones y sin rastro de corrupción en sus 26 años en el Cabildo de Tenerife (14 de ellos como presidente -de 1999 a 2013-), labor que compaginó durante una legislatura con la de senador (2004-2008), y en su trienio en el organismo portuario (2015-2018).

Presumió también de haber sido de los políticos más valorados y votados de la historia en su tierra y de no haber cambiado su forma de ser y aventuró una jubilación tranquila en su casa de La Laguna acompañado de su familia y de los animales por los que asegura profesar devoción.

Un año y medio después de aquellas manifestaciones, Melchior (Santa Cruz de Tenerife, 1947) vuelve a la primera plana mediática tras conocerse este mismo viernes que la Oficina de Conflicto de Intereses ha decidido sancionarle por haber ocultado que trabajaba como asesor del grupo turístico Loro Parque, al que concedió licencias como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, cuando aún no habían transcurrido dos años desde que abandonó el cargo, el plazo mínimo fijado en la Ley de Incompatibilidades para poder ejercer en empresas sobre las que ha intervenido en su condición de gestor público.

El varapalo ministerial se suma a los avatares judiciales que lo han cercado en el último año y que han roto la tranquilidad ansiada de su retiro. “Yo vivo de mi jubilación”, llegó a decir en una de las entrevistas que concedió al abandonar la política, meses antes de enrolarse en Loro Parque para trabajar como asesor en su fundación “tres días a la semana” tras aceptar la oferta de su presidente, Wolfgang Kiessling, con quien mantiene una amistad desde hace 40 años.

Melchior está implicado en dos procedimientos penales. Uno de ellos, el que se tramita en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, se abrió como consecuencia de una denuncia presentada por el exdirector de Puertos José Rafael Díaz, con quien mantuvo un agrio enfrentamiento que acabó con la destitución de este por parte del Consejo de Administración y una denuncia por acoso laboral que fue archivada en primera instancia y que se encuentra recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Díaz fue cesado tras negarse a firmar una serie de contrataciones que estimaba irregulares. El exdirector de la administración portuaria, que sostiene que su despido fue consecuencia de una represalia de Melchior por haberse negado a avalar con su firma actuaciones que entendía ilegales, entregó entonces abundante documentación para que la fiscal María Farnés y la jueza instructora valorasen la existencia de indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos durante la gestión del histórico dirigente de Coalición Canaria.

Meses antes, una auditoría de la Intervención General del Estado ya había alertado de irregularidades en varios expedientes de contratación tramitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017. Según informaron entonces Mírame TV y Canarias Ahora, el ente portuario autorizó adjudicaciones de contratos menores que incumplían la cuantía del límite legal, fraccionó contratos, obvió trámites obligatorios o incurrió en cesión ilegal de trabajadores, entre otras deficiencias detectadas en la fiscalización.

La segunda causa penal que salpica a Melchior se tramita en el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Cruz de Tenerife e investiga contrataciones laborales “arbitrarias y discrecionales” en su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En concreto, la incorporación a ‘dedo’ de dos trabajadoras en calidad de asesoras. Estas diligencias se incoaron después de que la Fiscalía abriera de oficio una investigación a raíz de otro pleito judicial en el que el ente portuario fue condenado por un despido nulo por vulneración de derechos.

Al margen de estos últimos sobresaltos judiciales para Melchior, de su última etapa en el Cabildo de Tenerife, corporación en la que permaneció 26 años (desde 1987 a 1999 como vicepresidente y de 1999 a 2013 como presidente), fue especialmente sonada la polémica suscitada a raíz de los efectos de la contratación en el año 2010 de los productos financieros denominados swaps. Estas operaciones especulativas de alto riesgo, que fueron comercializadas como seguros contra las subidas de tipos y que se utilizaron para avalar los intereses de la deuda acumulada por la corporación insular, se ocultaron al área de Intervención durante cuatro años y medio e hicieron perder 52,4 millones de euros en concepto de intereses, según reconoció en enero del año pasado su director general de Hacienda del Cabildo.

La crisis abierta tras el reciente descubrimiento de la existencia de estos swaps fue uno de los motivos del enfrentamiento público y notorio entre Melchior y su sucesor en el cargo, el también nacionalista Carlos Alonso, quien en otros tiempos fuera su delfín y protegido.

Al expresidente portuario, durante años referente de la histórica Agrupación Insular Tinerfeña (ATI), el mayor grupo de poder en el seno de Coalición Canaria , también se le considera, junto a la diputada Ana Oramas, uno de los responsables de la defenestración en el año 2015 del expresidente del Gobierno Paulino Rivero, que en su última etapa convirtió la lucha contra las prospecciones petrolíferas en el Archipiélago en una de sus banderas, en favor de Fernando Clavijo, quien tras las elecciones de mayo y la pérdida del poder por parte de los nacionalistas se marchó al Senado para tratar de recuperar su condición de aforado en la investigación del caso Grúas, en el que se le investiga por la presunta comisión de varios delitos durante su etapa como concejal y alcalde de La Laguna.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Juzgado de lo Social Número 3 que anule la destitución de José Rafael Díaz, el exdirector general de la Autoridad Portuaria que denunció en la vía penal las irregularidades en la gestión de Ricardo Melchior que han desencadenado que el histórico dirigente de Coalición Canaria esté investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y acoso laboral. Así consta en el escrito de conclusiones del representante del Ministerio Público, al que ha tenido acceso mirametv.com, donde también pide dejar sin efecto el acta del Consejo de Administración que adoptó la decisión del cese, en la sesión de 25 de abril de 2018, por “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de indemnidad”.

El informe del fiscal, firmado electrónicamente el pasado 6 de mayo, contiene las conclusiones del Ministerio Público tras el juicio laboral celebrado a raíz de la demanda que José Rafael Díaz presentó después de ser destituido. El escrito da la razón al exdirector de Puertos de Tenerife y considera que la decisión del Consejo de Administración, pese a ser un puesto de libre designación, no está lo suficientemente motivada, sin que se hayan justificado las causas de “pérdida de confianza y deslealtad” que utilizó Ricardo Melchior para proponer el cese.

Tras la posición de la Fiscalía, será ahora la jueza la encargada de dictar una sentencia que, de ir en la misma línea que sostiene el Ministerio Público, supondría la restitución en su puesto del exdirector general, que además es funcionario de la Autoridad Portuaria, aunque en la actualidad se encuentra de baja. La entidad estatal, que ahora preside Pedro Suárez (PP), vive en estos momentos una nueva crisis interna, después de la reciente salida de Luis Santana, la persona elegida para relevar a José Rafael Díaz, y en medio de la vorágine generada por una investigación de ámbito nacional que tiene en el punto de mira posibles mordidas en la adjudicación de obras vinculadas con el puerto de Granadilla.

El escrito de conclusiones, que da la razón a José Rafael Díaz, también vincula su cese con los presuntos hechos delictivos que investiga la fiscal María Farnés Martínez y que han dado pie a la apertura de tres causas judiciales que acorralan a Ricardo Melchior por presuntos delitos de prevaricación, malversación y acoso laboral. El enfrentamiento entre el expresidente de Puertos de Tenerife y el exdirector general permitió que aflorasen una serie de irregularidades en la gestión diaria de la Autoridad Portuaria, de las que incluso llegó a alertar la Intervención del Estado en una de sus auditorías periódicas.

El fiscal explica que “se advierte un fuerte componente de enfrentamiento entre ambos cargos y que trasciende del ámbito de la Autoridad Portuaria”, un hecho a tener en cuenta “por la postura de oposición decidida del director a lo que entendía serias irregularidades en la gestión de las cuentas y disposición de fondos por el presidente”. El representante del Ministerio Público recuerda que la actitud de José Rafael Díaz fue interpretada por Ricardo Melchior como “una seria afrenta a su autoridad, llegando incluso a puentear la firma necesariamente mancomunada, que exigía la tramitación de esos gastos, a través de subordinados o directamente actuando de forma arbitraria”.

En el informe del Ministerio Público se considera que la posición del exdirector de Puertos está “plenamente justificada si atendemos al devenir procedimental que ha experimentado su denuncia”, que ha dado pie a la apertura de dos causas penales en los juzgados, a las que se suma una tercera provocada por una investigación de oficio de la Fiscalía a raíz de la contratación ilegal de dos asesoras de Ricardo Melchior.

Sobre la incorporación de las dos asesoras del expresidente de Puertos, sin respetar el procedimiento establecido por la normativa, el fiscal que lleva la causa social también insiste en destacar la importancia de la declaración de José Rafael Díaz como testigo en el procedimiento abierto por la demanda de una de las trabajadoras, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dio la razón por considerar su contratación un fraude de ley. El representante del Ministerio Público recuerda que el testimonio del exdirector de la Autoridad Portuaria en la provincia tinerfeña, “además de revelador y honesto, resultó diametralmente opuesto a los intereses del demandado en el seno del procedimiento social [Ricardo Melchior], que se limitó a realizar alegaciones escritas, en uso de su prerrogativa procesal como órgano estatal, sin comparecer al acto de la vista”.

La primera declaración de Díaz dio pie a una investigación de oficio abierta en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la que también tuvieron que prestar testimonio el exdirector de Puertos. El fiscal considera que su segundo interrogatorio, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2018, fue una de las causas que, junto a los enfrentamientos con Melchior por las facturas irregulares, detonó la destitución.

Las conclusiones de la Fiscalía son contundentes a la hora de hacer hincapié en que “sencillamente no se exponen” los motivos que supusieron la “pérdida de confianza y falta de lealtad” alegada por Ricardo Melchior para llevar al Consejo de Administración el cese de José Rafael Díaz. A pesar de tratarse de un cargo de libre designación, el representante de la acusación pública recuerda que la destitución “debe de fundamentarse mínimamente y de forma satisfactoria (...) máxime en este caso, cuando se realiza una alegación de vulneración de derechos fundamentales”.

Comité de Empresa

Comité de EmpresaNo pasa por alto el fiscal un acontecimiento atípico que tuvo lugar el 18 de octubre de 2017, cuando ya existía un enfrentamiento abierto entre Díaz y Melchior. Según las grabaciones aportadas a la causa judicial, durante la celebración de un Consejo de Administración tuvo lugar “la irregular irrupción de los miembros del Comité de Empresa, a instancias del presidente, donde se limitaron a exponer una serie de hechos que desacreditaban la gestión del entonces director”.

El representante del Ministerio Público relata que “llama poderosamente la atención esa confusión de intereses, como que, por parte del fedatario público de ese Consejo”, en alusión a la responsable de los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria, Rosario Arteaga, “ni tan siquiera se mencionara en el acta este incidente que perturbó su normal funcionamiento”.

En el escrito se incide en que es responsabilidad de la secretaria del Consejo de Administración “dejar, al menos, sucinta constancia de lo acaecido sin que sea comprensible que se alegara por el presidente de forma eufemística que se trataba de una reunión informativa (...) la audición es clara y permite calificar esa alegación como carente de fundamento serio”.

El único aspecto de la demanda en que no entra de lleno el fiscal está relacionado con el presunto acoso laboral que sufrió Rafael Díaz. El representante del Ministerio Público expone que durante la fase de petición de prueba consideró necesario practicar un dictamen médico forense, solicitud que no fue contestada por el Juzgado de lo Social Número 3. Este hecho provoca que exista “un vacío probatorio que no permite dictaminar en este momento y con la debida certeza sobre esta causa de nulidad”. La jueza tendrá que dar respuesta a esta reclamación en la sentencia en base a la documentación aportada por el exdirector de Puertos de Tenerife.

Como explica el fiscal en su escrito de conclusiones, en el caso de que la sentencia vaya en la misma línea que su criterio, la Autoridad Portuaria, que acaba de nombrar nuevo director estos días, tendrá que reincorporar a José Rafael Díaz en su puesto, “sin perjuicio” de que pueda volver a destituirlo al día siguiente, pero “con una adecuada y debida motivación no viciada”.

Puertos de Tenerife aún no ha cumplido con la ejecución de la sentencia que obliga a readmitir a una de los dos asesoras que Melchior contrató de forma ilegal. Una posible sentencia a favor del exdirector de Puertos, mientras se instruyen las causas penales por presuntos delitos de corrupción, complicaría aún más la gestión del actual presidente, Pedro Suárez (PP).

El candidato de Avante La Laguna, Santiago Pérez, señala “la salida a la palestra de Ricardo Melchior nos obliga a todos los laguneros y laguneras de buena voluntad a exclamar bien alto: La Laguna, como moneda de cambio nunca más”.

Santiago Pérez se refiere a las declaraciones de Melchior (expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife) revelando que el PP se retiró de la moción de censura de La Laguna, que ellos mismos habían promovido, a cambio de que les dejaran la presidencia de la Autoridad Portuaria “lo único que hace es oficializar un secreto a voces para el que reconocido por Melchior no hace falta más elementos de prueba”.

Pérez ha añadido que el hecho de que el PP y CC “negocien” con La Laguna “no es una novedad”. De hecho, apunta el concejal, “hace 20 años fue el PP quien permitió a CC sofocar la marea de cambio que se produjo en la victoria electoral de la candidatura socialista. CC y PP desde siempre han negociado, todo. Ha sido una constante, hasta los últimos tiempos, en los que ese papel lo ha desempeñado el PSOE, para tristeza infinita de muchos laguneros y laguneras”.

“Lo que no debe volver a ocurrir más –ha añadido-- es que quien apuntala a una CC en pleno declive, censurada por lo votantes, sea el PSOE. El que tiene el poder juega con una ventaja espectacular. Y perder la mitad de sus votantes fue una censura en toda regla, máxime cuando los votantes concedieron por primera vez desde 1983 una mayoría absoluta a las candidaturas progresistas”.

Las declaraciones de Melchior “no pueden desviar la atención de los laguneros de la grave responsabilidad que ha tenido el PSOE en este asunto; el PSOE de La Laguna, porque quiero distinguir entre el PSOE de La Laguna y el del resto de España, Canarias o Tenerife”, ha explicado.

Como ejemplo de esta diferencia, Pérez alude a que en el último Congreso de los Socialistas Tinerfeños, “por una mayoría abrumadora”, se decidió apoyar la moción de censura en La Laguna. Sin embargo, ha explicado, “quienes han venido decidiendo desde hace mucho tiempo lo que hacen los socialistas laguneros se han opuesto” [a la moción de censura], por lo que “tienen que dar una explicación a la ciudadanía. La Laguna”.

Santiago Pérez ha concluido diciendo que “si el PSOE de La Laguna mereciera confiabilidad a la hora del apoyo a un cambio en La Laguna, probablemente el panorama de candidaturas en estas elecciones sería otro, porque eso significaría que el PSOE en los últimos tiempos habría estado a la altura de lo que ha representado históricamente ante la ciudadanía lagunera”.

Hace 10 años se hablaba del caso Las Teresitas, pero, también, del caso Fórum Filatélico o del puerto de Granadilla. Y sí, es cierto que Fernando Clavijo, Ana Oramas o Barragán no son responsables de los delitos cometidos por Plasencia y Zerolo. Pero tenemos que dejar de hablar de los partidos políticos como si fueran entes con conciencia propia, los partidos están formados por personas que se hacen responsables de las decisiones que se toman.

Ha dicho Barragán en el periódico El Día que la oposición quiere que los nacionalistas se hagan el “harakiri” por el caso Las Teresitas y que ellos ya se disculparon en 2017, cuando salió la primera sentencia. Le faltó decir algo así como: “Oye, esa manía que le ha entrado a todo el mundo con pedir disculpas”. No olvidemos que algunas de las personas que decían que era una persona honesta y que lo abrazaban en público ahora son representantes de la ciudadanía. La complacencia con la corrupción no es cosa de un pasado lejano. El expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchior, llegó a señalar en 2017 que Zerolo llevaba recibiendo “palos” los últimos quince años. “Palos” que no pelotazos, ojo.

Pelotazos y fotos

Pelotazos y fotosComo era de esperar, después de los pelotazos y los palos llegaron las fotos entrando en Tenerife II. Y, claro, con las fotos llegaron las “valoraciones”, o mejor dicho, la ausencia de ellas. Y es ahí donde a algunos les conviene recordar el caso Las Teresitas, un caso sobre el que se dijo durante años que era una minucia administrativa y que Zerolo lo había hecho por el bien de los ciudadanos de Santa Cruz.

Conviene que Coalición recuerde el caso Las Teresitas cada vez que un periodista les pregunta por el caso Grúas, porque los políticos se hacen el “harakiri” cuando la ciudadanía detecta que no están siendo honestos. El mejor instrumento para desacreditar a la oposición es ser honestos, contar la verdad y reconocer los errores. Si Coalición Canaria no toma ese camino se seguirá haciendo “el harakiri” a golpe de providencias, autos y sentencias.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife dispone de un mes de plazo para ejecutar “en sus estrictos términos” la sentencia firme que declaró nulo el despido de la trabajadora Alicia Rojas y readmitirla en las condiciones estipuladas en la resolución, es decir, como jefa del área de Comunicación y Redes Sociales del organismo público. Así lo dictamina un auto del Juzgado de lo Social número 3 de la provincia occidental que da la razón a la demandante, a quien el anterior presidente de la entidad, Ricardo Melchior, desterró al sótano del edificio después de que ganara el mencionado pleito contra su cese, decretado por el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) en represalia por haber pedido regularizar su situación laboral tras una contratación irregular.

El auto de ejecución definitiva, fechado el 4 de febrero, designa como responsables directos del cumplimiento de la sentencia al actual presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, vinculado al Partido Popular (PP), y a su director, Luis Santana.

La resolución judicial considera probado que Rojas ejerció funciones de jefa del área de Comunicación y Redes Sociales desde diciembre de 2015, cuando fue contratada por la confianza que entonces tenía depositada en ella el propio Melchior, y que la entidad le facilitó un ordenador, material de oficina un teléfono y dos direcciones de correo electrónico corporativo para tareas de gestión de las redes sociales, representación ante los medios de comunicación, preparación de las ruedas de prensa del presidente u organización de eventos, entre otras funciones. La trabajadora recibía órdenes directas del presidente de la Autoridad Portuaria, de su director y del director comercial y percibía su retribución a través de la emisión de facturas con importes que Melchior decidía de forma unilateral.

Rojas fue despedida en marzo de 2017, un mes después de intentar regularizar su situación laboral en la institución a través de la figura del autónomo económicamente dependiente (TRADE), prevista para los trabajadores cuyos ingresos dependan, al menos en un 75%, de un solo cliente. La justicia le dio la razón, el despido fue declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales, y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife fue obligada a reincorporarla. Ese pleito fue, además, el desencadenante de la investigación que la Fiscalía Provincial mantiene abierta contra Melchior por la contratación arbitraria de trabajadores, aunque las pesquisas se han extendido a otros contratos.

Sin embargo, su regreso al organismo, en octubre de 2017, fue hostil. Según consta en el relato de hechos probados de este último auto, Melchior había habilitado para la trabajadora una oficina en el sótano, junto al archivo, un cuarto destinado al cambio de las trabajadoras de limpieza y al almacén de equipos informáticos que, en el momento de su incorporación, “carecía de condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones en las condiciones previas a su despido”, dada la precariedad y el estado de abandono que presentaba. Hasta la segunda semana de noviembre no comenzó a dotarle de equipamiento necesario, aunque seguía careciendo de conexión a internet.

Fue el entonces director de la Autoridad Portuaria, José Rafael Díaz, que ya en ese momento mantenía un enfrentamiento con su presidente, quien ordenó que Rojas se trasladara a un despacho en la jefatura de explotación, ubicado en la segunda planta del edificio. El conflicto se agravó cuando Melchior envió varios requerimientos para que la trabajadora readmitida volviese al sótano e, incluso, ordenó cambiar la cerradura del despacho que ocupaba siguiendo instrucciones del director.

Para el magistrado que firma el auto, Juan Manuel Reyes, “su ubicación en el sótano y las indicaciones de que no necesitaba acceso a internet evidencian la pretensión de neutralizar los mecanismos necesarios que, para el desempeño de sus funciones, la propia Autoridad Portuaria había puesto a su disposición hasta el momento en que se produjo el despido declarado nulo”. La resolución subraya que si el organismo le facilitó dos direcciones de correo electrónico (una de redes y una de comunicación) es “porque se le había encomendado el desempeño de un papel en la gestión de estas dos áreas de la organización”.

El auto incide además en que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobó en noviembre de 2018 un nuevo organigrama del personal fuera de convenio en el que se omite a la trabajadora, se le desliga de las estructuras formales del organismo.

La ejecución de sentencias firmes, recuerda el magistrado, es un derecho fundamental y su efectividad quedaría anulada si las estipulaciones reconocidas en el fallo judicial quedaran relegadas “a la voluntad caprichosa de la parte condenada”.

“Un triunfo absoluto”

Para Alicia Rojas, el auto dictado por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife representa “un triunfo absoluto”. “El juez ha ratificado todos los planteamientos esgrimidos por mi defensa y ha dejado sin efecto los argumentos malintencionados de la Abogacía del Estado”, que ha representado los intereses de la Autoridad Portuaria en este conflicto.

La trabajadora considera que era “imprescindible” que la resolución responsabilizara al presidente y al director del cumplimiento de la sentencia y advierte de que, de no hacerlo en el plazo estipulado, “hablaríamos de delito de desobediencia, requerimientos dinerarios y patrimoniales o multas coercitivas a la Autoridad Portuaria, entre otros”. “Si me readmiten y optan por seguir enconados en tratar de vulnerar mis derechos fundamentales, como el de acceso a mi puesto de trabajo en los términos que indica el auto de ejecución definitiva con mi categoría de jefa de área de Comunicación, es decir, una readmisión irregular, incurrirán en lo mismo tanto el presidente como el director de la Autoridad Portuaria”, añade.

Rojas recuerda que lleva dos años luchando “contra personas que dañan el sistema, que creen que la Autoridad Portuaria es un chiringuito privado en el que reina el nepotismo”. “Esto se acabó. Son una administración pública con personas al mando y funcionarios públicos que son responsables si incumplen la legalidad vigente”, asevera. “Ni la Abogacía del Estado está para impedir mi acceso a mi puesto de trabajo ni el comité de empresa, que me consta que se representa a sí mismo, para continuar vejando mis derechos como trabajadora y mujer”, agrega la trabajadora, que también ha denunciado la actuación en este conflicto de los representantes sindicales que irrumpieron en una reunión del Consejo de Administración justo antes de su reincorporación para proyectar la imagen de que Rojas era perjudicial para el ente público.

Para Rojas, con este auto “se abre un camino importante para las personas que vienen detrás con situaciones similares”, ya que demuestra “que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tiene responsabilidad como administración pública de cumplir la ley y los funcionarios, también”.

Ocho meses después de su primera declaración en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, José Rafael Díaz, exdirector general de la Autoridad Portuaria, volverá a prestar testimonio en el marco de las diligencias abiertas para investigar la gestión de Ricardo Melchior al frente de Puertos de Tenerife. El primer interrogatorio al denunciante de la causa, que fue suspendido el 24 de julio de 2018 después de que se aportara numerosa documentación al procedimiento, se reanudará el próximo 19 de marzo, según consta en una providencia tal y como ha informado mirametv.com.

La jueza que investiga a Ricardo Melchior, en una causa en la que también figuran como imputadas la que fuera su secretaria en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la directora de Recursos Humanos de la entidad, dictó el pasado mes de diciembre una providencia en la que acuerda la personación del exdirector general de Puertos como acusación particular y, “a la vista del estado de las presentes diligencias previas”, señala la continuación de la declaración del denunciante para el próximo 19 de marzo.

Ricardo Melchior se encuentra en la actualidad acorralado por dos frentes judiciales que investigan su gestión como presidente de la Autoridad Portuaria, cargo que ocupó entre octubre de 2015 y julio de 2018. Por un lado, se enfrenta a las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife a raíz de la denuncia del exdirector general de la entidad. Por otro, tiene en su espalda la mirada de la Fiscalía Provincial, que desde finales de 2017 investiga de oficio la contratación a dedo de dos asesoras del expresidente de Puertos.

La causa judicial por la que se investiga al también expresidente del Cabildo de Tenerife surgió a raíz de una denuncia presentada por José Rafael Díaz después de haber sido destituido como director general de la Autoridad Portuaria. Tras meses de un intenso enfrentamiento con Melchior por cuestiones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas en la entidad pública, y tras su cese el Consejo de Administración, el denunciante puso los hechos en conocimiento de la Justicia, que abrió unas diligencias en las que también figuran como imputadas, además del político de Coalición Canaria, la jefa de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa de Puertos, Maite Salazar, y la secretaria de la Presidencia, Ángeles Pérez.

En una entrevista en el periódico Diario de Avisos, Ricardo Melchior acusó a José Rafael Díaz, también miembro de Coalición Canaria, de “mentir en los juzgados y en todas sus intervenciones”. Un criterio que no comparte la Fiscalía, que decidió abrir diligencias de oficio tras la declaración del exdirector general en el pleito laboral que condenó a Puertos por la contratación ilegal de una de las asesoras del expresidente.

José Rafael Díaz también ha presentado una demanda en la vía social contra su destitución como director general, en una causa que se juzgó el pasado mes de diciembre y que está vista para sentencia. Durante el juicio se volvieron a poner sobre el estrado numerosos documentos y grabaciones vinculados con la gestión de Ricardo Melchior al frente de la Autoridad Portuaria.

No hay que olvidar que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en una reciente auditoria realizada sobre los procesos de contratación llevados a cabo por Puertos de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017, también ha detectado irregularidades administrativas en diversos expedientes tramitados durante la presidencia de Melchior.

El informe elaborado por la IGAE, entre otras deficiencias, halla adjudicaciones de contratos menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes, ausencia de trámites obligatorios y, en relación a la situación laboral de dos informáticos, advierte de una posible “cesión ilegal de trabajadores”.

Alicia Rojas se siente incómoda en el papel de protagonista de la noticia. Acostumbrada a lidiar desde el otro lado de la barrera tras haber ejercido, sin exposición pública y a la sombra de representantes políticos, en puestos de responsabilidad en el área de comunicación de diversas administraciones, su nombre ha aparecido en los últimos meses, en contra de su voluntad, en foros vinculados a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y en algún medio de comunicación como consecuencia del pleito judicial que ganó al ente, un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. Un procedimiento que dio origen, a su vez, a una investigación de oficio de la Fiscalía, que permanece abierta, por contrataciones “arbitrarias y discrecionales” en la época como presidente de Ricardo Melchior, histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) y también expresidente del Cabildo de Tenerife.

Las “denigraciones” que asegura haber padecido en estos foros han sido el motivo que ha impulsado a Rojas a dar la cara para defender su profesionalidad y su “dilatada trayectoria” en el sector y contar lo que cataloga como un caso de acoso laboral en el seno de la institución. Según su testimonio, el “linchamiento” hacia su persona comenzó cuando intentó regularizar su situación de falsa autónoma en la Autoridad Portuaria, con un despido en forma de represalia, y se acentuó tras su reincorporación al ente después de ganar la sentencia, cuando el presidente la destinó a un despacho en el sótano, “a las mazmorras”, sin compañía, en un espacio “abandonado, sin ventilación, al lado del archivo y de una máquina de cafés, sucio, con malos olores y donde no llegaba la señal del móvil ni del wifi”.

Rojas comenzó a trabajar en la Autoridad Portuaria en diciembre de 2015. Fue el propio Ricardo Melchior, con quien ya había ejercido como asesora en su época de senador y presidente del Cabildo de Tenerife en el área de Comunicación de Puertos. “Mi trayectoria profesional siempre había estado muy ligada a los medios y, aunque yo había emprendido otro camino, empezaron a tirar de mí para tareas de prensa”, señala.

El relato de hechos probados de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fechada el pasado 3 de octubre, recoge que este vínculo laboral se estableció sin contrato, sin que mediara procedimiento administrativo alguno y sin alta en la Seguridad Social. Rojas percibía su remuneración por medio de la emisión de facturas con cuantía variable que decidía el presidente. Sus emolumentos fueron aumentando de forma progresiva hasta que se estabilizaron en el segundo semestre de 2016. Recibía órdenes de tres superiores jerárquicos: el presidente, el director y el director comercial del ente. El fallo del TSJC, que confirma la resolución del Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife, de octubre de 2017, estipula que las funciones ejercidas por la trabajadora eran las propias de una jefa del área de Comunicación y de Redes Sociales y precisa que, al menos en una ocasión, Melchior le encargó la elaboración de un informe jurídico.

En febrero de 2017, más de un año después de su ingreso en la Autoridad Portuaria, Rojas pidió regularizar su situación laboral a través de la figura del autónomo económicamente dependiente (TRADE), una opción que recoge el Estatuto del Autónomo, en su tercer capítulo, para aquellos trabajadores cuyos ingresos dependan, al menos en un 75%, de un solo cliente. “Yo no pretendía que me contrataran. Sé lo que era. Hoy estoy y mañana no. Llega un momento en el que se cumplen plazos, pero ves que tienes unos horarios y que hay que regularizarlo. Otras personas en mi situación no hicieron nada, pero yo sí y eso me costó los primeros disgustos, las primeras broncas”, recuerda.

La trabajadora fue despedida el 7 de marzo de 2017, menos de un mes después de solicitar la regularización de su situación laboral. A pesar de que la Autoridad Portuaria llegó a emitir una factura correspondiente a los servicios prestados durante febrero, la trabajadora no cobró ese mes por orden del presidente, que pretendía hacer ver que el vínculo laboral había finalizado en enero sin ninguna evidencia documental y aduciendo que la comunicación de la rescisión de esta relación había sido verbal.

Tras un intento de conciliación infructuoso, en el que la empresa solo le ofrecía una indemnización, Rojas acabó acudiendo a los juzgados, que le dieron la razón en una sentencia fechada en octubre de 2017. El fallo atribuía al cese a una represalia de Melchior contra la trabajadora por el intento de regularización laboral y obligaba a la empresa a readmitirla de inmediato y a pagarle las retribuciones que dejó de percibir desde la fecha del despido.

En ejecución de esa resolución judicial, que fue recurrida por la Autoridad Portuaria, la reincorporación se produjo el 23 de octubre. A Rojas le esperaba “un ambiente hostil”. “Cinco días antes se celebró una reunión del Consejo de Administración en la que Melchior permitió que entrara el comité de empresa para proyectar un PowerPoint y repartir fotocopias diciendo que yo perjudicaba a la empresa, aunque había ganado la sentencia”. La trabajadora presentó una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, aún en trámite, contra los representantes sindicales, al entender que en esa reunión habían difundido información de carácter personal. La irrupción del comité de empresa en la sesión del 18 de octubre no quedó reflejada, sin embargo, en el acta, ya que la secretaria no la hizo constar.

En paralelo a estos hechos, el presidente de Puertos de Tenerife y su director, José Rafael Díaz, profundizaban un enfrentamiento que acabó con la destitución del segundo, en mayo de 2018, tras negarse a firmar determinadas facturas al apreciar una serie de presuntas irregularidades que están siendo investigadas por la Fiscalía. El testimonio de Díaz en el juicio de Rojas fue crucial para que la jueza dictaminase, en consonancia con la posición del representante del Ministerio Público en sus conclusiones, que se había producido una vulneración de derechos fundamentales en el despido de la trabajadora.

“Un local de castigo”

La reincorporación de Rojas al ente provocó uno de esos choques entre el presidente y el director de la Autoridad Portuaria, disputa que quedó plasmada en un intercambio de comunicaciones internas. Melchior dio la instrucción al departamento de Recursos Humanos para que se le asignara a la trabajadora readmitida por orden judicial un despacho situado en el sótano, “un local de castigo”, en palabras de la afectada.

Rojas cuenta que estuvo aislada durante el tiempo en el que permaneció en esta estancia. “Allí no trabajaba nadie, nunca vi a la responsable del archivo en ese despacho”, sostiene para contradecir la versión oficial, manifestada en los procedimientos judiciales por los máximos representantes del organismo público. Relata que el departamento de Recursos Humanos no le facilitó, tras su regreso, teléfono fijo ni ordenador y que fue “con bastante posterioridad” cuando se los instalaron en un despacho que, aun así, seguía sin contar con los medios de los que disponía en su anterior etapa (impresora, material de escritorio, armarios, archivadores...) En una ocasión se llegó a encontrar “con limpiadoras en ropa interior, cambiándose la ropa”, ya que utilizaban ese lugar a modo de vestuario.

A la directriz de Melchior se le opuso una orden del director para que Rojas abandonara el despacho que ocupaba y se trasladara a uno de los cuatro que permanecían vacíos de la zona de oficinas, en la planta dos. “El sótano no es un lugar de trabajo, está destinado a almacén y office”, expresaba José Rafael Díaz en un escrito remitido al presidente el 1 de diciembre de 2017 en el que aludía a una instrucción de 2014 en ese sentido. El director defendía que la ley le otorgaba competencias en materia de Recursos Humanos, una tesis que fue objeto de controversia con el presidente de la entidad.

“A partir de ese momento empezaron los requerimientos de Melchior. Me enviaba a personal a su servicio, de dos en dos o de tres en tres, para decirme que tenía que volver a bajar al sótano, que ese era mi lugar de trabajo, que me fuera a las mazmorras”. Rojas recuerda que en medio del puente de la Constitución, el 7 de diciembre, se encontró con que le habían cambiado el cilindro de la puerta del despacho que ocupaba por orden del presidente. “No pude entrar. Me quedé en el pasillo, en una silla, sin ordenador, me habían cerrado las comunicaciones. Vaciaron el despacho a puerta cerrada y salieron dos obreros con cajas. Me puse muy nerviosa y pedí que dejaran mis cosas. Me dijeron que eran todas del trabajo, nada mío. Ahí tenía mis códigos de Derecho, con los que juré, que para mí tienen un valor sentimental, o una pluma, entre otras cosas”, explica.

De jefa de área a tareas “de auxiliar”

La trabajadora, que desde mayo se encuentra de baja médica, considera que la Autoridad Portuaria no ha cumplido ni ejecutado en los términos estipulados la sentencia firme del TSJC y que ha sido objeto de “un acoso laboral permanente, con trato humillante”. Por ello ha presentado en los juzgados un incidente de no readmisión o readmisión irregular. Denuncia que las condiciones de trabajo desde su reincorporación no son las mismas que tenía antes de su despido, no solo en lo relativo al despacho y los medios, sino también con respecto a las tareas asignadas.

A pesar de que la sentencia recoge que Rojas cumplía funciones de jefa del área de Comunicación y Redes Sociales, el departamento de Recursos Humanos entregó a la trabajadora tras su readmisión un documento, titulado “Instrucciones de la Presidencia”, en el que quedaba bajo “la dependencia funcional y estructural” del jefe de prensa, protocolo y relaciones institucionales de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Asegura que las tareas que le encomendaban en un principio eran propias de una “auxiliar, sin iniciativa ni autonomía”, cuando no “imposibles de cumplir”. Cita, a modo de ejemplo, una petición cursada sobre las 11.00 horas para recabar, en un plazo máximo de tres horas, todos los pronunciamientos oficiales realizados por diferentes administraciones insulares y regionales (ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias) a favor de una determinada infraestructura, con la exigencia de que fueran acompañados de un documento oficial de apoyo y de su repercusión en la prensa, teniendo que acudir, para ello, al archivo, para lo que debía pedir permisos. “Acabaron vaciando de contenido mi trabajo”, afirma.

La trabajadora suma a todas estas vicisitudes el “aislamiento y ambiente hostil” de una parte del personal de la entidad, en especial de los miembros del comité de empresa. “Han enviado correos diciendo que yo tenía expedientes abiertos en Fiscalía, que yo acosaba a las personas. Es todo mentira. El último me molestó mucho, decían que iban a ir al Consejo (de Administración). En ese momento presenté una carta demoledora. Si ellos entraban, yo también quería estar, porque, si no, estaba en una situación de indefensión. No había otra, no iba a permitir que me volvieran a machacar”, asevera la trabajadora, que también denuncia que se han producido anomalías en las bajas y altas de la Seguridad Social y que el organismo no le ha facilitado las nóminas que justifiquen los emolumentos que percibe.

Rojas apunta que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, a quien cree “desinformado”, tampoco ha adoptado ninguna medida efectiva para resolver su situación y ejecutar en sus términos la sentencia del alto tribunal canario. “Lo que yo quiero es pasar página, tener una vida normal. Han sido dos años durísimos. Quiero incorporarme a mi puesto de trabajo como dice la sentencia, ser una persona más, trabajar, tener mi horario y ya está. Les he ganado por goleada porque tengo todas las pruebas y ya hay una sentencia firme que dice que soy la jefa del área de Comunicación. No hay que darle más vueltas”, concluye.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico el pasado miércoles sobre este caso.

mirametv.com.

investigación que desde finales de 2017 conduce de oficio la Fiscalía Provincial

Discrepancias

reciente entrevista publicada en el periódico Diario de Avisos

fue colocada a dedo y cobró 30.000 euros durante algo más de un año de relación laboralratificada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

auditoria realizada sobre los procesos de contratación llevados a cabo por Puertos de Tenerife

Una auditoría elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a la que ha tenido acceso mirametv.com, detecta irregularidades en diversos expedientes de contratación tramitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017, bajo la presidencia del nacionalista Ricardo Melchior. El informe, entre otras deficiencias, halla adjudicaciones menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes, ausencia de trámites obligatorios y, en relación a la situación laboral de dos informáticos, advierte de una posible “cesión ilegal de trabajadores”.

El informe se realiza dentro de las competencias atribuidas a la IGAE para auditar el cumplimiento de los procesos de contratación por parte de las autoridades portuarias, que se rigen por un marco jurídico distinto al que regula con carácter general a las administraciones públicas. El trabajo del órgano fiscalizador, que “detecta deficiencias que exigen la adopción de medidas correctoras”, evalúa un período de tiempo que coincide con la presidencia de Ricardo Melchior en Puertos de Tenerife, a quien investiga la Fiscalía Anticorrupción por diversos expedientes vinculados con su gestión en la entidad estatal, de la que fue destituido el pasado mes de julio. 

La Intervención alerta de la existencia de tres contratos menores cuyo importe supera el límite de 50.000 euros establecido en las reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (NIC). El de mayor cuantía ronda los 98.000 euros y está relacionado con las obras de “conducción de impulsión de aguas residuales y de agua desalada en la vía de acceso al barrio de Cueva Bermeja”. También alude la auditoría a los 54.200 euros que se pagaron en concepto de “XXIII Concierto de Navidad Puertos de Tenerife: infraestructura mayor”, así como a los 51.800 euros por la “instalación de baja tensión para suministro a plataformas en Dique del Este”.

En otros tres procedimientos, la IGAE encuentra “casos de fraccionamiento de contratos” en tres expedientes. Uno de ellos vuelve a estar vinculado con el XXIII Concierto de Navidad, evento para el que se adquirieron suministros y servicios por 117.343 euros, muy por encima del límite legal de 50.000 euros, a la empresa Producciones Xenox SL. También se utilizó esta fórmula para los “gastos de montaje y desmontaje de diversos elementos para la Seatrade Cruise Med 2016”, que alcanzaron los 78.491 euros y se abonaron a la entidad Ges Europe, y el pago continuado, desde mayo de 2015 a octubre de 2017, por actividades relativas al plan de autoprotección que superan los 116.000 euros.

El dictamen de la Intervención destaca “por su especial gravedad” la situación de dos informáticos que, desde 1999 y 2007, respectivamente, realizan labores en Puertos de Tenerife contratados por las distintas empresas que han sido adjudicatarias del servicio. Desde el 30 de noviembre de 2016, el servicio de mantenimiento de los sistemas informáticos lo presta la empresa Atlantis Tecnología y Sistemas SLU, que sustituyó a la anterior adjudicataria, Omnia Infosys SLU.

Los dos informáticos cuestionados por la IGAE “realizan tareas propias del servicio contratados por las distintas empresas adjudicatarias”, pero desarrollan su cometido en las propias dependencias de Puertos de Tenerife, donde cuentan con extensión telefónica y correos corporativos. Con estos antecedentes, el informe concluye que “se podría haber incurrido en una cesión ilegal de trabajadores” y alerta de que “es más que probable que, ante una eventual demanda judicial, un tribunal declarase la existencia de una relación laboral de carácter indefinido con la Autoridad Portuaria”. La auditoría recomienda que se inicie un procedimiento de contratación para regularizar esta deficiencia.

También considera de especial gravedad los sobreprecios pagados en alguna de las obras ejecutadas, así como que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no haya realizado un análisis de viabilidad económico global a largo plazo ni estudios de rentabilidad financiera de las inversiones relevantes.

Tres millones en sobrecostes

La cuantía total pagada por la liquidación de contratos de obras asciende, durante el período estudiado, a 21,6 millones, lo que supone un aumento de tres millones (15,6%) sobre el valor fijado en las adjudicaciones: 18,6 millones. En el 21,4% de los casos examinados por la IGAE se supera el 10% del precio inicial, lo que el órgano fiscalizador atribuye a un cálculo incorrecto de la Autoridad Portuaria; mientras que en el 21,3% de los expedientes la ejecución de los trabajos terminó fuera de plazo, “sin que conste la imposición de las penalidades previstas en los pliegos o la justificación de no imponerlas”. 

Otras deficiencias detectadas están relacionadas con que más de la mitad de los expedientes arrojan que el pago de la liquidación se efectuó con posterioridad al vencimiento del plazo establecido, al igual que en el 57% de los casos evaluados no consta la fecha de terminación de las obras. A ello se suma que en un 25% de los contratos revisados no figura el acta de recepción.

Los contratos adjudicados en el año y medio analizado por la IGAE ascienden a 17,6 millones (6,5 millones en 2016 y 11,1 millones en el primer semestre de 2017). Llama la atención del órgano fiscalizador que los pliegos de prescripciones técnicas de las licitaciones no sean informados por el asesor jurídico de la entidad pese a su importancia en la licitación.

Un caso particular es el contrato de asistencia técnica para la redacción de los proyectos de construcción de las obras de defensa marítima y de ordenación de la zona de charcos del área funcional de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, que se adjudicó por 180.000 euros, también “sin previo informe del asesor jurídico de la entidad”.

Entre las anomalías encontradas por la Intervención aparecen actas de mesas de contratación que no están firmadas por todos sus miembros y adjudicaciones en las que la valoración técnica de las ofertas no se ajusta a lo previsto en los pliegos.

En cuanto a las deficiencias puntuales, entre las irregularidades halladas por el órgano fiscalizador se hace mención de una adjudicación de 420.000 euros que se llevó a cabo por un procedimiento negociado al quedar desierto el concurso inicial. Ricardo Melchior figura como el órgano de contratación, en su condición de presidente de Puertos de Tenerife, pese a que la competencia recae sobre el Consejo de Administración. En el expediente no consta que se haya dado cuenta de la resolución al órgano colegiado.

La IGAE advierte de un contrato en el que “no hay correspondencia entre los suministros recibidos y los contratados”, de otro en el que hay un acuerdo de modificación de más de 700.000 euros “que no consta en el expediente”, o de otro donde “no consta el acuerdo de concesión” de una de las dos prórrogas autorizadas.

En uno de los contratos analizados se detecta que la valoración técnica de las ofertas “se aparta de los criterios establecidos en los pliegos”, argumenta la Intervención. Por ejemplo: mientras que la “reducción del plazo” se puntuaba inicialmente con tres puntos, en la adjudicación se dan cuatro puntos por este concepto; mientras que el apartado de “mejoras” pasa de valer tres puntos a solo dos. 

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tampoco cumple con su obligación de remitir información al Registro de Contratos del Sector Público o de enviar al Tribunal de Cuentas las relaciones certificadas comprensivas de toda la contratación y demás negocios jurídicos formalizados. La IGAE también pone de relieve la existencia de deficiencias en convenios de colaboración firmados con el Cabildo, para el establecimiento de un enlace de fibra óptica con el NAP, y con el Gobierno de Canarias, para la feria Seatrade Cruise Med 2016.

Este medio de comunicación, hasta el momento sin respuesta, ha preguntado a Puertos de Tenerife si se han adoptado las medidas correctoras que recomienda la IGAE ante las irregularidades detectadas.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado un recurso de la Autoridad Portuaria contra la sentencia que declaró nulo el despido de una asesora colocada a dedo por el expresidente Ricardo Melchior, según consta en el fallo judicial al que ha tenido acceso mirametv.com. Los magistrados consideran que Puertos de Tenerife cometió fraude de ley en la contratación al obviar “de forma grosera” los mecanismos legales de contratación.

La relación laboral de la asesora de Melchior con la Autoridad Portuaria es una de las actuaciones que investiga la Fiscalía Anticorrupción, que tiene en el punto de mira la gestión del expresidente de Puertos de Tenerife, destituido el pasado mes de julio. Tal y como acredita la sentencia, la trabajadora nunca tuvo un contrato ni se llegó a tramitar un procedimiento administrativo previo a su incorporación, pese a que llegó a contar con despacho propio y desempeñó sus funciones como una empleada más de la entidad.

Pese a las irregularidades en su contratación, la asesora de Melchior cobró más de 30.000 euros de la Autoridad Portuaria mediante una relación laboral que se prolongó durante más de un año. Los pagos se realizaban a través de facturas por importes y conceptos que variaban con el tiempo. En la documentación contable figuran hasta 15 cobros distintos entre diciembre de 2015 y enero de 2017, incluido un mes en el que la trabajadora se encontraba de vacaciones, aunque ha quedado acreditado que la relación laboral se prolongó hasta marzo.

En la misma situación que la asesora que demandó a Puertos de Tenerife se encuentra otra trabajadora que prestó servicios para la administración portuaria por decisión de Ricardo Melchior. También se incorporó en diciembre de 2015 y, pese a no tener contrato, cobró 15 facturas por sus servicios por un importe de más de 35.000 euros. Su relación laboral también superó el año de duración, aunque se vio interrumpida durante un período de seis meses, y se llevó a cabo bajo la misma fórmula: sin contrato ni procedimiento administrativo previo. Este caso también forma parte de las diligencias preliminares abiertas por la Fiscalía Anticorrupción.

La sentencia del TSJC, dictada el pasado 3 de septiembre, recuerda que la asesora colocada por Melchior, a pesar de no tener contrato, realizó funciones de jefa del área de comunicación y redes sociales de la Autoridad Portuaria. Las cantidades que percibía “eran las que decidía el presidente”, con quien mantenía una estrecha relación de confianza que se rompió cuando la trabajadora intentó regularizar su situación al haber transcurrido un año de relación laboral.

Demanda

La decisión de no prorrogar su relación laboral llevó a la asesora de Melchior a presentar una demanda para reclamar la nulidad de su despido. Una pretensión que fue estimada por el Juzgado de lo Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia ratificada ahora por el TSJC, que ordenó su reincorporación. Pese a que volvió a su puesto de trabajo, presentó un recurso en el que asegura que sufrió acoso y se tomaron represalias contra su persona, lo que ha llevado a que se convoque una comparecencia judicial para el próximo 29 de noviembre para aclarar la situación.

El TSJC desestima todos los motivos esgrimidos por la Autoridad Portuaria en su recurso. Los magistrados ni siquiera entran a revisar los hechos probados de la primera sentencia y acusan a Puertos de Tenerife de “tratar de alterar sin base las conclusiones a las que llega la juzgadora de instancia”.

La sentencia insiste en destacar la importancia de que haya quedado acreditado el hecho de que la relación laboral de la trabajadora superó el año de duración, para lo que fue clave el testimonio en el juicio del exdirector de Puertos, José Rafael Díaz, también enfrentado a Melchior por las presuntas irregularidades en su gestión. Un factor decisivo porque, como exponen los magistrados del TSJC, hace caer uno de los principales argumentos de la Autoridad Portuaria, que defiende que la relación laboral respondía a un contrato menor de servicios.

El fallo del Tribunal recuerda que “los contratos menores no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”, además de que este tipo de relación laboral tiene como objeto “prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto al de una obra o un suministro”. Una condición que no se da en el caso de la asesora de Melchior, como sentencian los magistrados al recordar que lo que se produjo fue “una relación mantenida de forma continuada desde su inicio por la trabajadora prestando sus servicios integrada en la estructura organizativa de la entidad como una empleada más”.

También insiste la sentencia del TSJC, al igual que hizo la jueza de primera instancia, en señalar la actuación irregular de la Autoridad Portuaria, a quien hace responsable de haber llevado a cabo “un reclutamiento de una persona al margen de cualquier procedimiento selectivo que acreditara su mérito o capacidad”. En otro de los párrafos más destacados de la resolución judicial, los magistrados reprochan a Puertos de Tenerife “que la entidad que ha realizado una contratación en fraude de ley, en realidad verdadera vía de hecho, alegue para no apechar con las consecuencias de su conducta ilícita la necesaria observancia de los mecanismos que ella misma ha obviado de forma grosera”.

Las irregularidades detectadas durante el proceso llevaron al fiscal a dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, lo que derivó en la apertura de diligencias preliminares de investigación por parte de Anticorrupción ante la posible existencia de indicios delictivos en la contratación de la asesora del expresidente. Desde finales de 2017, el Ministerio Público ha tomado declaración a Ricardo Melchior, al exdirector de Puertos, a tres funcionarios y a la trabajadora que demandó su despido. Entre la documentación que forma parte de las pesquisas también figuran otros pagos por servicios que no tienen relación con la actividad portuaria o por su presunta arbitrariedad.

Puertos de Tenerife abonó más de 65.000 euros a dos trabajadoras sin contrato a las que colocó a dedo Ricardo Melchior, presidente de la Autoridad Portuaria hasta julio, para realizar trabajos de asesoramiento. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, las dos asesoras recibieron hasta 30 pagos distintos, durante más de un año de relación laboral, por diversos conceptos que variaban con el tiempo. Estas facturas forman parte de las actuaciones que investiga la Fiscalía Anticorrupción en unas diligencias que se abrieron a finales de 2017 y que afrontan su recta final, antes de que el Ministerio Público decida si aprecia indicios delictivos en la gestión del dirigente de Coalición Canaria.

Los pagos a las dos trabajadoras que llegaron a Puertos de Tenerife de la mano de Melchior son solo la punta del iceberg que tiene en las manos el Ministerio Público, que también ha solicitado documentación sobre otras contrataciones por servicios que no están relacionados con la actividad portuaria o que muestran indicios de arbitrariedad. Además del expresidente de Puertos, ante la Fiscalía Anticorrupción han prestado declaración el exdirector general, otros tres funcionarios y, hasta la fecha, una de las dos trabajadoras investigadas por presuntos pagos irregulares.

Aunque la legislación establece seis meses para que la Fiscalía tramite las diligencias preliminares de investigación, el plazo se estira hasta el año en los procedimientos que competen a Anticorrupción. De ahí que se prevea que a finales de este año o principios de 2019, el Ministerio Público se tenga que pronunciar sobre si existen indicios de delito en las actuaciones llevadas a cabo por Ricardo Melchior en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Las diligencias se iniciaron de oficio como consecuencia de la sentencia del Juzgado de lo Social Número 3 de la capital tinerfeña, que en octubre de 2017 anuló el despido de una de las asesoras colocadas en Puertos por Melchior, con quien terminó enfrentada, y ordenó su reincorporación. La documentación aportada en la causa y las pruebas testificales que se practicaron pusieron al descubierto “indicios de discrecionalidad y arbitrariedad en la contratación de la actora en la Autoridad Portuaria contraria al ordenamiento jurídico”, como consta en el escrito de conclusiones del fiscal, que trasladó los hechos a Anticorrupción para que abriese una investigación.

Aunque la trabajadora recuperó su puesto en Puertos de Tenerife, recurrió la sentencia al asegurar que tras su reincorporación fue víctima de un supuesto acoso por parte de Ricardo Melchior, a quien acusa de haber trasladado su despacho a una estancia que utilizan para cambiarse las personas encargadas del servicio de limpieza, entre otros perjuicios que denuncia haber sufrido. 

El recurso fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ordenó al Juzgado de lo Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife reunir a todas las partes para resolver el presunto acoso sufrido por la trabajadora. La  comparecencia ha sido fijada para el próximo 26 de noviembre.

Facturas

Las dos asesoras investigadas por la Fiscalía iniciaron su relación laboral con la Autoridad Portuaria por decisión de Ricardo Melchior poco después de su llegada a la Presidencia en 2015. Lo hicieron sin que se celebrase contrato alguno y sin que se tramitase con carácter previo un procedimiento administrativo, como ha quedado acreditado por sentencia en el caso de la afectada que demandó la nulidad de su despido, a la que tampoco se dio de alta en la Seguridad Social.

Pese a las irregularidades en su contratación, la trabajadora recibió de la Autoridad Portuaria 30.387 euros entre el 28 de diciembre de 2015 y el 31 de enero de 2017, aunque su relación laboral continuó hasta marzo, tal y como consta en las facturas a las que ha tenido acceso este portal de noticias. 

El método de pago se desarrollaba a través del abono mensual de una factura a la trabajadora. En la documentación se aprecia que tanto las cuantías como los conceptos de los servicios realizados variaban con el tiempo. La asesora que posteriormente demandó a Puertos cobró cuatro primeras mensualidades de 1.750 euros cada una por “honorarios por apoyo técnico a la Secretaría”, “honorarios por colaboración profesional apoyo técnico” y “honorarios por colaboración profesional de apoyo técnico”.

Por cada una de las siguientes cuatro mensualidades recibió 2.200 euros y los conceptos utilizados en las facturas fueron “honorarios por colaboración profesional como apoyo técnico”, “honorarios por colaboración profesional apoyo técnico”, “honorarios por apoyo técnico” y “apoyo técnico a Dirección”. 

El siguiente pago que figura es del mes de agosto de 2016, por el que la asesora colocada por Melchior cobró 939,3 euros pese a estar de vacaciones. Las cuantías se elevan a partir de esa fecha a 2.729,55 euros, dinero que recibió hasta la última factura, que se emitió el 31 de enero de 2017, por conceptos de “honorarios por colaboración profesional de apoyo técnico” y “honorarios de apoyo técnico”. 

Ese mismo día, ya superado el año de relación laboral, en los documentos contables aparece un registro mediante el que se anula una de las dos facturas de enero, ya que ese mes la trabajadora había cobrado dos veces (figuran pagos con fecha de 20 y de 31 de enero).

El modo de proceder es el mismo con la segunda trabajadora, que recibió un total de 35.221 euros, cuya relación laboral está bajo sospecha: se presentan facturas por diversos servicios que después son asumidas por la Autoridad Portuaria y con conceptos similares pero en los que siempre se añade o se cambia una palabra. En este caso, el primer abono se emite el 28 de diciembre de 2015 y el último el 10 de julio de 2017, pero se produce un vacío en el que no se registran pagos entre julio de 2016 y enero de 2017. 

La segunda asesora comienza con una retribución de 1.750 euros por “asesoramiento externo en materia de medios de comunicación”, pero la cuantía se incrementa a 1.975 euros los tres siguientes meses por conceptos de “asesoramiento externo materia de medios de comunicación”, “honorarios por asesoramiento externo en materia de medios de comunicación” y “asesoramiento externo en materia de medios de comunicación”.

En abril se detecta otra situación en la documentación contable que llama la atención. El día 21, la trabajadora cobra una mensualidad de 2.200 euros, cantidad que recibe regularmente hasta junio, y un segundo pago por 2.221 euros por “honorarios asesoramiento sobre el mercado latino”. 

La siguiente factura, después de la última de 20 de junio de 2016, no aparece hasta el 15 de enero de 2017. A partir de esa fecha se regularizan tanto las cuantías que recibe la trabajadora, que alcanzan los 2.675 euros al mes, como el concepto de los trabajos, que pasa a ser “servicios profesionales de asesoramiento”.

Irregularidades

Aunque en ambos casos no se tramitó el correspondiente contrato o el procedimiento administrativo previo, las dos asesoras que incorporó Ricardo Melchior a la Autoridad Portuaria gozaron de ventajas solo al alcance de algunos trabajadores de la entidad. Tenían despacho propio, además de correos y teléfonos corporativos. 

Las declaraciones de los testigos durante la vista por el despido de una de las trabajadoras arrojaron luz sobre las labores que desempeñaban las asesoras del entonces presidente. Especialmente decisivo fue el testimonio de José Rafael Díaz, el exdirector general de Puertos que fue destituido por el Consejo de Administración por discrepancias con Ricardo Melchior en abril de 2018.

El propio fiscal que llevó el procedimiento, en su escrito de conclusiones, puso de manifiesto que la declaración de Díaz fue “clarificadora”. El representante del Ministerio Público destacó que el exdirector de Puertos fue “fiel a su labor de ser veraz” y permitió demostrar la buena fe de la trabajadora, que intentó regularizar su situación una vez superado el año de relación laboral. 

El exdirector de Puertos es uno de los funcionarios que ha desfilado por la Fiscalía en los últimos meses para prestar declaración. Su destitución se produjo, según publicó el periódico Canarias 7, a raíz de un enfrentamiento con Ricardo Melchior motivado por las supuestas irregularidades detectadas, que ahora investiga Anticourrupción, en la gestión del entonces presidente de la Autoridad Portuaria.

El expresidente del Cabildo de Tenerife y de la Autoridad Portuaria tinerfeña, Ricardo Melchior, publicará esta Navidad un libro de memorias en el que repasará su carrera política a lo largo de los últimos cuarenta años.

En declaraciones realizadas este miércoles a 7.7 Radio recogidas por Europa Press, ha señalado que se embarca en ese proyecto pese a que su familia no quiere, pero hay “muchísima gente” le ha pedido que dé su visión sobre la política canaria. El libro “puede servir” a los jóvenes que están empezando para que sepan que en la política hay “momentos felices y amargos”.

Melchior, que ha dado por cerrada su carrera política tras ser relevado por Pedro Suárez (PP) al frente de la Autoridad Portuaria tinerfeña (el nombramiento de Suárez se publicó este martes en el BOE, tras escenificarse el relevo formal el lunes pasado), espera que en ese libro se recoja que es “un tinerfeño enamorado de su tierra” y que llegó a formar “buenos equipos” de trabajo, tanto en su vida laboral como institucional.

Ha comentado que serán unas memorias “amables”, aunque “sin decir mentiras”, y puede que haya personas con las que ha tenido desencuentros que “no sean bien retratadas, aunque no todo lo que se merecen”. “No quiero ofender a nadie”, ha indicado.

En el caso concreto del actual presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha admitido que la relación “no es buena”, más allá de que no haya contacto entre ellos -“esto es lo de menos”-, sino que “lo importante es que no se invente cosas, atacando y mintiendo sobre temas que yo he hecho”.

En esa línea, ha destacado que “fue un gran vicepresidente del Cabildo, no el mejor”, pero desde que accedió a la Presidencia, “ha cambiado totalmente”, deslizando que la vanidad se ha impuesto a su inteligencia, y entonces citó al político alemán Otto Von Bismarck.

Melchior ha señalado también que mantiene un “trato exquisito” con dirigentes de PSOE y PP, y “con algunos sí y otros no” de CC, su partido, que probablemente no le vaya a reclamar para las próximas elecciones. “No creo que me lo digan ni creo que lo aceptara”, ha indicado el expresidente insular .

A Ricardo Melchior (CC) se le acaba su singladura al frente de la Autoridad Portuaria tinerfeña y apura sus últimos días en el cargo, tras su destitución a propuesta del Gobierno de Canarias y a la espera de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOC) de su sucesor, que será Pedro Suárez (PP).Boletín Oficial del Estado

Pudo irse de vacaciones, pero ha preferido continuar en su puesto hasta el acto de toma de posesión de su relevo. Este ingeniero industrial, ya jubilado y que durante 16 años presidió el Cabildo tinerfeño, asegura que “por la misma puerta” que entró saldrá, y confiesa que, si bien CC le ha explicado que su cese no es por un cambio de cromos para que el PP no apoye la moción de censura en La Laguna, a él le queda “esa dudilla”, pero advierte de que, si ha habido ese pacto, “me enteraré”.

Entrevistado por Tenerife Ahora en el que ha sido su despacho desde hace tres años, con una fantástica balconada hacia el puerto chicharrero, Melchior se sincera y se queja del trato que ha recibido a veces del que fue su sucesor en el Cabildo y compañero de partido, Carlos Alonso, por culparlo de “asuntos que no son míos”. 

Melchior no duda en airear que ha “sufrido” a un “enemigo a muerte” dentro de su equipo, hasta que lo logró destituir, en referencia al exdirector de Puertos de Tenerife José Rafael Díaz. Lo acusa de demandarlo en los tribunales “con mentiras”,  por lo que le augura un lapidario final: “Acabará en la cárcel”.

El veterano político de CC se marcha de la Autoridad Portuaria algo “disgustado”, porque le hubiera gustado terminar algunos proyectos gracias, además, al gran apoyo, afirma, que le brinda la comunidad portuaria, pero se congratula de algunos datos de esa etapa, como que los puertos de la provincia han aumentado el 50% el número de contenedores. También augura que el puerto industrial de Granadilla, junto a su zona franca, creará 20.000 empleos de aquí a tres lustros.

¿Estaba en sus planes dejar ahora el cargo?

No estaba en mis planes ser presidente de la Autoridad Portuaria. Me llamó Fernando Clavijo para ofrecérmelo. A mí me hacía ilusión porque estuve como gerente de CAPSA, aunque yo estaba jubilado y tranquilo. Pero igual que me nombró, me destituye, y por la misma puerta que entré, saldré.

¿Le ha resultado fácil o difícil este puesto?

Cuando llegué a esta casa [la Autoridad Portuaria], vi que no era fácil, porque el puesto le apetecía también a otras personas, y algunas estaban aquí dentro. Y claro, para ellos yo era el enemigo. ¡No sabe lo que me costó que el consejo de administración cesase a esa persona, a pesar de que casi todo el personal y casi toda la comunidad portuaria estaba conmigo! Sabían quién era el individuo este, pero el consejo no se atrevía. ¡Y eso fue un sufrimiento!

Habla usted del ya ex director general de la Autoridad Portuaria José Rafael Díaz.

Bueno, hasta en eso miente porque no ha sido nunca director general porque los puertos no tienen directores generales; él miente porque ni ha tenido ese cargo ni es funcionario. Lo que pasa es que es un hombre al que, por los motivos que sea, algún día los sabré, Pedro Rodríguez Zaragoza lo elevó cuatro escalones y lo nombró director del puerto.

O sea, se encontró usted al llegar a la Autoridad Portuaria con un enemigo dentro...

Sí, un enemigo  a muerte, desde el principio.

Pero ¿un enemigo puesto por el sector que en su partido no lo quiere a usted bien?

No, qué va. Seamos claros: este hombre se presentó en las listas electorales de El Rosario por CC, y no sacó ni un concejal. Ni uno. Yo he conseguido los mejores resultados electorales para CC y creo que por eso en CC se me tiene cariño y lealtad, como a nadie, y yo creo que como en ningún otro partido. Y que conste que nunca he pedido ser presidente de nada, ni del Cabildo. Entré en política por rebote y no he cambiado mi forma de ser por estar en política.

Al final esa situación que usted describe se ha trasladado a los juzgados, pues José Rafael Díaz ha presentado demandas judiciales contra usted.

Todas con mentiras. Yo creo que terminará en la cárcel. Porque a un juez no se le pueden estar diciendo mentiras continuamente. Pero a cualquiera que se le pregunte aquí, en la Autoridad Portuaria, estaría dispuesto a testificar a mi favor. Aquí le tenían pánico y nadie se atrevía a decir nada porque era una personas rencorosa.

Ha decidido usted continuar trabajando hasta que Pedro Suárez sea nombrado oficialmente. No se ha ido de vacaciones.

Sé que no me van a pagar las vacaciones, pero estoy en mi puesto aún porque no necesito el sueldo de la Autoridad Portuaria para vivir. Esa ha sido mi fortaleza siempre: no depender de que si no hago algo me cesan y me quedo sin dinero para el colegio de mis hijos... Tengo esa independencia. He trabajado mucho en esta vida, y en muchos países. Y siempre con honestidad, sin mancha en mi camisa blanca.  Y no tengo miedo a nada.

No ha estado usted imputado nunca, ¿verdad?

No. Una vez fui a declarar de testigo, porque me lo pidieron y me molestó la forma de hablarme del juez. Y le dije que, si no le interesaba mi declaración, me iba... Durante 18 años presidí el Cabildo. Y no he tenido el mínimo caso de posible corrupción o algo parecido, ni yo ni nadie de los que están conmigo. Así que yo estoy muy tranquilo en ese sentido.

Partidos de la oposición en La Laguna y en el Parlamento canario han visto su destitución como un cambio de cromos: CC le da la Autoridad Portuaria al PP y frena así  l apoyo de los populares a una moción de censura en la Ciudad de los Adelantados... ¿Qué le parece esta lectura?

Pues mire, como se dice en esta tierra, si le digo le miento. Es decir: no lo sé. A mí me extrañaría que fuera un cambio de cromos. Primero, porque, a ocho meses de las próximas elecciones locales, el partido que censure saldrá perjudicado siempre, y saldrá beneficiado el censurado, así que es poco inteligente plantear una moción de censura a estas alturas; otra cosa hubiera sido hace seis meses. En segundo lugar, mi partido me ha dicho a mí que no tiene nada que ver, y yo me lo tengo que creer. Hombre, puede quedarme una dudilla, pero nada más. Ahora, yo puedo salir contento o puedo salir disgustado.

¿Y se va disgustado?

Pero no porque me hayan destituido, sino por el apoyo que yo sé que he tenido siempre en esta casa por parte de todos los trabajadores, sindicatos, de la comunidad portuaria en general. Ha sido impresionante. Aquí ha venido gente llorando, pidiéndome que no me vaya.

Pero se trata de un pacto entre CC y PP...

Bueno, en política las cosa son así, y cada uno tiene su cuadernillo. Si hubo o no ese pacto, pues ya me enteraré.

¿Y no le parece una anomalía política que con un Gobierno estatal del PSOE se releve a usted al frente de un organismo que depende del Estado por alguien del PP y a propuesta del Ejecutivo canario de CC?

En Las Palmas fue al revés. Estaba Luis Ibarra de presidente de la Autoridad Portuaria, una muy buena persona, del PSOE, y pusieron a uno nuevo del PP. Pero yo no sé los pactos que hay sobre eso.

Su sucesor, Pedro Suárez, lagunero y del PP, le ha dedicado muchos elogios porque usted deja el listón muy alto.

Pedro Suárez es mi amigo, lo aprecio, y me alegro de que él sea mi sucesor porque es una persona que será sensible a los problemas de la Autoridad Portuaria y pondrá todo su empeño en resolverlos. Y le deseo lo mejor. Él sabe que me tiene a su  disposición para cualquier cosa que me quiera consultar; lo cual no me ocurrió a mí cuando llegué al cargo, y era de mi propio partido [en alusión a Pedro Rodríguez Zaragoza].

¿En qué proyectos estaba usted embarcado?

Hemos incrementado el 50% el número de contenedores en Tenerife en un año. Eso no se había logrado nunca. Estamos haciendo más trasbordos ahora en tres meses que en diez años anteriores, por muchos motivos y el fundamental es el alto rendimiento de los estibadores. Y eso ha hecho que la mayor naviera del mundo, Maersk, se acuerde de nosotros y le sea rentable venir aquí. Espero que toda la comunidad portuaria apoye a Pedro Suárez como me apoyó a mí. Esa unión saca adelante un puerto.

Todos li vimos en una foto en el puerto de Granadilla al lado de una plataforma petrolífera, la primera que allí recalaba. ¿Hasta dónde puede crecer la actividad en ese nuevo puerto, cuyo proyecto tuvo tanta polémica social y política?

Es probablemente el puerto con mayor futuro de Canarias. Porque anexo tiene una reserva de 600.000 metros cuadrados desde la autopista, que será zona franca, fuera del territorio aduanero europeo, y con todas las ventajas del REF, con un aeropuerto internacional a menos de 10 kilómetros, con más de 150 conexiones con todo el mundo. Y luego a tres kilómetros está el Punto Neutro de Acceso a Internet (NAP). En el Atlántico no hay otro puerto con estas ventajas fiscales y condiciones.

Pero en su día se ponía como la panacea contra el paro en Tenerife, ¿no es exagerar?

Se van a generar en los próximos diez o quince años del orden de 20.000 puestos de trabajo; no solo por el puerto, sino por la zona franca que existe gracias al puerto de Granadilla.

Santa Cruz  de Tenerife vive de espaldas al mar y el puerto es una barrera para la ciudad...

Hace años la gente venía a pasear al muelle, a ver llegar a los pasajeros y las mercancías en palés, pero eso tenía menos peligrosidad. Al cambiar el transporte, con contenedores de mas de 20 toneladas, cualquier accidente puede ser mortal, y por tanto hay que tener mucha precaución. Y para los cruceros necesitamos unas condiciones de seguridad grandes, porque son 5.000 o 8.000 personas que nos llegan en un solo barco. Por eso la entrada y la salida, y el tránsito, tienen que ser más restringidas en los puertos de hoy en día. Lo que estamos haciendo es que todo el tráfico peligroso se traslade a las terminales de contenedores, y que se transforme la dársena de Los Llanos en apetecible para ser visitada.

¿Cómo va el proyecto de la playa de Valleseco?

Va avanzado, y además tiene un valedor increíble, que es el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Rara es la semana que no me llama para preguntarme cómo van los trámites de ese proyecto.

¿Le gusta o no la idea de una playa frente al centro de Santa Cruz, en la dársena de Los Llanos?

Ese es un espacio muy bonito. Pero no podemos poner una playa dentro de un muelle. Tiene que ser algo compatible: embarcaciones deportivas, buques escuela, yates...

También había previsto un hotel frente al Cabildo...

Creo que ha quedado descartado hace tiempo. Se planteó cuando yo estaba en el Cabildo.

Y aunque hasta allí no llega la Autoridad Portuaria, ¿qué le parece el acuerdo del Ayuntamiento con Cepsa para desmantelar la refinería y crear ahí un nuevo Santa Cruz?

Me parece fantástico. Y felicité a ambas partes. Ha sido un paso de gigante ese plan, que tardará en desarrollarse cinco o 10 años. Precisamente he pensado que allí es donde puede ubicarse el Humboldt Box, que está en Alemania, en Berlín, y para ello ya me he entrevistado con el alcalde de esa ciudad y el presidente de la Cámara Alta de Alemania. Es un edificio muy singular, una construcción erigida en Berlín en 2011 para divulgar la obra de este gran científico gracias al cual se dio a conocer Tenerife al mundo científico y desde donde salió para su viaje por América. Dentro del puerto es muy díficil colocarlo, y por eso le he dicho al alcalde que en esa nueva Santa Cruz Verde, en los terrenos que cede ahora Cepsa al Ayuntamiento, se coloque el Humboldt Box, con vista panorámica al puerto de La Hondura. Y si se hace allí un puerto deportivo, fantástico. Si este proyecto y otros salen adelante, no habrá una ciudad en el Atlántico con tantos atractivos para las personas. Ojalá que lo consigamos, porque eso sería poner a Santa Cruz fuera casi de nuestro mundo.

Usted ya se marchó una vez de la política. Y volvió. ¿Qué le queda ya por hacer? ¿Seguirá disponible para CC?

Lo que no haré es optar por puesto alguno. Si me lo ofrecen, me lo pienso, y si me apetece, lo acepto. Yo vivo de mi jubilación. Hay un proverbio chino que me gusta: “Si quieres ser un día feliz, mata a un cochino; si quieres ser feliz un año, cásate (aunque yo llevo 35), y si quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero”. A mí me gusta la jardinería como afición...

Así que ahora tiene en mente dedicarle más tiempo a cuidar sus árboles y plantas...

Yo soy feliz con eso. Y con mis animales: mis perros, mis pájaros, mis palomas, mis faisanes, mis gallinas... Esos nunca te clavan un cuchillo por la espalda.

¿Lo dice porque a usted se los han intentado clavar personas?

Sí, algunos cuchillos me han clavado, y algunos me han dolido.

Eso me da pie a preguntar cómo es su relación con otros líderes de su partido. Por ejemplo, con Fernando Clavijo.

Lo he defendido siempre. Hay cosas que yo no haría como él, pero en eso no sé si tiene razón él o yo. Sobre todo lo que sí creo es que Fernando no debe dejar nunca su parte humana, porque a la gente le llegas al corazón.

¿Y cómo es su relación con Carlos Alonso? Hay quien dice que no es buena, precisamente, a pesar de haberlo fichado usted para CC en su día.

A Carlos Alonso, cuando se rompió el pacto CC-PP en el Gobierno canario, fue el primero que lo llamé, porque era el mayor valor político que tenía la Consejería de Agricultura, aunque él estuviera en el PP, pues me faltaba un economista. Y aceptó.

Pero ahora que está consolidado como presidente del Cabildo, ¿tiene la sensación de que soltó amarras con usted?

Tengo mis dudas de que el comportamiento de Carlos Alonso haya sido correcto conmigo.

¿En qué sentido?

Que me echara la culpa de cosas que no han sido mías, y luego con cosas que no son verdad.

Podemos en el Cabildo ha llegado a una comisión de investigación sobre operaciones financieras en su época como la de los swaps, que no salieron bien.swaps

Pero en eso no hay nada que ocultar. ¿Quién justifica que lo de los swaps fue una mala medida? Estaba de responsable económico-financiero del Cabildo una persona que yo aprecio mucho, Víctor Pérez Borrego, que no tiene un pelo de tonto. Pero es fácil después, a posteriori, echar culpas. El gran canciller alemán Bismark decía que el valor de un político es su inteligencia menos su vanidad: si tienes de la una nueve y la vanidad es siete, vales dos. Cuando me fui del Cabildo, en septiembre de 2013, sabía que no me iba a presentar de nuevo y por tanto entendía que no debía agotar el mandato. Como más sabe el diablo por viejo que por diablo, yo tuve la precaución de llevarme una copia de dos informes: la fiscalización del ejercicio por el auditor y el interventor. Y estaba todo perfectamente saneado, era de las mejores corporaciones de España.

El exdirector de la Autoridad Portuaria Marcos Hernández ha declarado como investigado en la causa penal abierta por la riada en el barranco de María Jiménez en 2010, en la que se dirimen responsabilidades por las obras en el cauce para proteger la ampliación de la dársena portuaria. Este aún directivo de Puertos declaró ante el juez que, de haber alguna responsabilidad, no es de la Autoridad Portuaria, sino del Consejo Insular de Aguas y del Ayuntamiento, debido a la insuficiencia de la sección del cauce en la trama urbana en el barrio de María Jiménez... ¿Cómo espera que evoluciones este caso?

Si es barranco, es una compentencia del Consejo Insular de Aguas. Marcos Hernández es un gran ingeniero y está por demostrar que tenga algo de culpa la Autoridad Portuaria. Además, el Consejo Insular de Aguas siempre ha contado con unos técnicos extraordinarios que calculan la mayor avenida en 500 años. Y el Ayuntamiento también. Me parece muy difícil que ese caso llegue a más.

Los partidos de la oposición en La Laguna están que trinan tras la decisión del Gobierno de Canarias de este lunes de proponer a Pedro Suárez (destacado miembro del PP lagunero y tinerfeño) como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, porque además dan por hecho que se trata de una maniobra de Fernando Clavijo y de su partido, Coalición Canaria (CC), con el fin de impedir una moción de censura en el Ayuntamiento de La Laguna.

El anuncio del relevo de Ricardo Melchior (CC) en la presidencia de la Autoridad Portuaria tinerfeña llega una semana después de que en el pleno municipal lagunero toda la oposición -PP incluido-, es decir, una mayoría absoluta en el consistorio, acordara que hay que cambiar el equipo de gobierno encabezado por el alcalde José Alberto Díaz (de CC), en pacto con un PSOE diezmado (dos concejales) por la expulsión de tres concejales en este mandato, ahora en el grupo de los nos adscritos (uno de ellos, Zenbenzuí González, mantiene su apoyo al Gobierno local).

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en La Laguna, Santiago Pérez, advirtió este lunes de que el nombramiento de Suárez como relevo de Melchior, si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez lo publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), representaría “una anomalía política absoluta”, porque supondría que el PSOE permite que Coalición entregue a los populares el control de los organismos portuarios canarios (el de Las Palmas lo preside ahora Juan José Cardona, del PP), a pesar de ser una competencia estatal y de haber un Ejecutivo central monocolor del PSOE.

Pérez advierte de que está por ver qué reacción tienen en las próximas horas o días el ministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos, y el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, porque, “si no hay un pacto para este nombramiento con los socialistas y CC habría pagado con ello por adelantado al PP, ello indica el nivel de desesperación que tiene Coalición si la otra parte no cumple, en cuyo caso tendría que ir a reclamar al maestro armero”.

Al portavoz de XTF-NC no le extraña la maniobra “porque CC, cuando ve peligrar su poder, como en La Laguna, se revuelve cual gato panza arriba y todo le vale, sin escrúpulos, para seguir en la Alcaldía”. Santiago Pérez admite que siente curiosidad por saber “cómo reacciona el PSOE, que es el que, desde el Gobierno estatal, tiene que publicar el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”. También, desde Canarias, “hay que observar muy de cerca a Torres, porque sus seguidores en La Laguna son los que están apuntalando el Gobierno local de ATI, cada vez más impresentable”.

En todo caso, Pérez, que gusta de argumentar jurídicamente sus razonamientos como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, expone que “el de la Autoridad Portuaria es un sistema de nombramiento consensuado, desde el momento en que la normativa de Puertos del Estado establece que el Gobierno canario propone y el Ministerio es el que publica y hace efectivo el nombramiento en el BOE, porque, de lo contrario, la normativa especificaría que la comunidad autónoma también culminaría el procedimiento”.

Confianza en la palabra dada por Antonio Alarcó

El edil de XTF-NC apunta además que, en el caso del líder del PP lagunero Antonio Alarcó, su postura ha quedado fijada en el pleno municipal la pasada semana, al apoyar el acuerdo de cuatro grupos de la oposición, lo que “en realidad es una censura política a CC y debiera ser la antesala de una moción de censura”.

Pérez no quiere, por lo tanto, meter aún en el ajo al cirujano Alarcó, porque “él está muy comprometido con la necesidad de cambiar el Gobierno municipal y hacerlo ya, como así lo votó” hace una semana.

Desde el grupo político mayoritario en la oposición, Unidos Se Puede, su portavoz, Rubens Ascanio, enmarca lo ocurrido con la Autoridad Porturia en “un mercadeo de puestos y cargos públicos totalmente escandaloso”, y  presagia que “en unas horas veremos si este nombramiento se hace con la connivencia de la dirección del PP y a cambio de qué”.

Aunque Ascanio teme lo peor, aún espera “que no se confirmen las sospechas que existen en las calles de La Laguna sobre que este nombramiento es un apaño para tratar de frenar una posible moción de censura” en Aguere.

Por lo pronto, también le da un voto de confianza a Alarcó, al señalar que a día de ayer seguía confiando en “la voluntad clara del conjunto de la oposición, manifestada hace apenas una semana en el pleno con el suspenso dado a la gestión del Gobierno municipal y la apuesta por un gobierno nuevo, que no pueda ser objeto de ventas al mejor postor”. “Esto sería una gran estafa para la ciudadanía, un cambio de estrategia según esa designación en la Autoridad Portuaria”, apostilló.

Al igual que Pérez, el portavoz de Unidos Se Puede apunta que “los siguientes movimientos estarán en las manos del Gobierno estatal, que debe aceptar o no ese nombramiento, y del PP, que debe dejar claro si es una compra particular o es fruto de un acuerdo más amplio”.

Desde Ciudadanos (CS), su portavoz en el Ayuntamiento lagunero, Teresa Berástegui, se reafirma en lo dicho hace unos días, cuando saltó la noticia que este lunes se ha confirmado en el Consejo de Gobierno de Canarias. “Es un auténtico escándalo y un atentado contra la democracia que el PP se venda a cambio de la Autoridad Portuaria”, al tiempo que denuncia que “Coalición Canaria (CC) intenta frenar su agonía en San Cristóbal de La Laguna a base de trampas”.

Berástegui pone de relieve el acuerdo plenario de la pasada semana en La Laguna,  en el que “los nueve concejales del Gobierno local fueron reprobados por la totalidad de la oposición por su nefasta gestión de los recursos públicos”, ya que, desde el minuto uno, han centrado “su acción de gobierno según intereses partidistas, y no en el interés general”.

Así las cosas, Pedro Suárez prefirió este lunes no hacer declaraciones sobre la propuesta de su nombramiento, alegando que hablará cuando sea publicado en el BOE, cuando se convierta de modo oficial en el nuevo presidente del organismo portuario de la provincia occidental. Esta prudencia, en las actuales circunstancias políticas que rodean su designación, no deja de dar pie a interpretaciones.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, se ha reunido en Berlín con el alcalde-presidente de la ciudad y presidente de la Cámara Alta de la República Federal de Alemania, Michael Müller, para iniciar las negociaciones tendentes a traer a Tenerife el Humboldt Box, una construcción erigida en Berlín en junio de 2011 como centro de exposiciones informativas sobre la edificación del Humboldt Forum. Este es el proyecto cultural más grande del país, con el que se pretende para dar a conocer la obra de uno de sus más ilustres científicos.

Según las previsiones, el Humboldt Forum estará concluido a finales de 2019, dejando así sin funcionalidad al Humboldt Box, una de las principales atracciones de la capital alemana desde su apertura. El edificio, de carácter modular, fue diseñado por la oficina de arquitectos Torsten Krüger y ocupa un área de tres mil metros cuadrados distribuidos en cinco plantas dando forma a una moderna sala de exposiciones.

El desplazamiento a Tenerife, a iniciativa de Ricardo Melchior, de la parte trasladable de la construcción también pretende ser un reconocimiento y muestra de orgullo por la visita de Alexander Von Humboldt a Tenerife en junio de 1799, como escala de su viaje a las colonias españolas en América y en la que incluyó su ascenso al Teide. Su estancia en la isla durante siete días permitió la realización de estudios del aire, volcanológicos y aportaciones a la botánica como la descripción de la violeta del Teide.

El flamante director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis V. Santana Ríos, acompañado por el presidente del ente, Ricardo Melchior, presentó este lunes, ante la más amplia representación de la comunidad portuaria habida en el puerto en un acto de este tipo, los ejes de actuación que marcarán su nueva trayectoria como máximo técnico en el organismo portuario.

Ante cerca de un centenar de representantes empresariales del sector, Santana Ríos manifestó que sus tareas principales serán las de “planificación para impulsar proyectos estratégicos que permitan a nuestros puertos colaborar en la diversificación de la economía en las islas y así compensar la fragilidad del monocultivo del turismo con otras actividades generadoras de empleo y tecnológicamente avanzadas”.

Santana hizo hincapié en la potenciación de la Zona Franca de Tenerife para el movimiento de mercancías entre América, África y Europa, con los beneficios fiscales que ello supone para las empresas que aquí se implanten y la necesidad de “lanzar” el puerto de Granadilla como instalación integrante de un nodo logístico conformado junto al aeropuerto, el polígono industrial, el NAP y el colindante al anillo insular.

Para ello, el puerto de Granadilla, que él precisamente ayudo a diseñar, es una pieza imprescindible, como también debe serlo, sostuvo, “la relación de la Autoridad Portuaria tinerfeña con todos los agentes relacionados con el intercambio modal mar-tierra”. Para ello, indicó, “hay que levantar la vista y poner la luz larga”, tarea para la que necesitamos “permeabilizarnos con la comunidad portuaria al completo”.

El director general trasladó la nueva configuración del organigrama de la entidad portuaria, organización que está pendiente de aprobación en la próxima sesión del consejo de administración. Al respecto, Ricardo Melchior recordó la importancia de contar con un equipo “moderno, eficiente y con participación en la decisiones a tomar”.

Del nuevo organigrama cabe destacar el nombramiento de Marcos Hernández Acosta, quien fuera director del organismo de 2005 a 2014 como nuevo jefe de área de Desarrollo Operativo. De dicha área pende la gestión de la explotación portuaria, que en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla irá conjuntamente de la mano de Sebastián Calani y Aitor Acha, como apoyos a Desarrollo Operativo.

José Luis Novo será el responsable de los Sistemas de Información, mientras que el Dominio Público estará en manos de Andrés Gómez. También Carlos Concepción y Salvador Méndez seguirán como responsables de las zonas portuarias de La Palma y La Gomera, respectivamente, mientras que Susana Sánchez sigue asumiendo la Planificación Urbanística.

Airam Díaz continúa como director comercial, mientras que el departamento de Infraestructuras, que vuelve a tener bajo su paraguas a Mantenimiento y Señales Marítimas (del que se encargará Francisco Déniz), estará a cargo de Javier Mora. Por su parte, el área Económico-Financiero irá de la mano de Cristina Cárdenes, Planificación Estratégica de la de José Bastida, y Calidad y Medio Ambiente de Jaime Ruiz.

Los Recursos Humanos seguirán siendo la máxima responsabilidad de Miguel A. Hormiga, mientras que Rosario Arteaga y José Marrero harán lo propio en Secretaría General, y Protocolo, Prensa y Relaciones Institucionales, respectivamente.

Luis Santana Ríos, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es el trigésimo director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Sus primeros trabajos en la Autoridad Portuaria tinerfeña fueron bajo la presidencia de Pedro Anatael Meneses, Pablo Montoro y Luis Suárez Trenor, y la direccion técnica de Miguel Pintor y Manuel Fernández del Castillo. Fue ingeniero jefe de Proyectos y Obras de 1992 a 1996, y jefe del departamento de Infraestructuras de 1996 al 2000.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado este lunes que no se prevé “ningún cambio” en la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, después de que sí lo hubiera en la de Las Palmas.

Rodríguez ha matizado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el único cambio previsto en este ámbito era el de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, para el que ya se aprobó, en el Consejo de Gobierno de la semana pasada, la propuesta de nombramiento de Juan José Cardona.

En esta línea, concluyó incidiendo en que “no está previsto ningún cambio en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife”, donde actualmente se encuentra al frente de la entidad Ricardo Melchior (CC).

Un juicio por despido ha abierto la caja de Pandora en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía Anticorrupción de la provincia occidental investiga desde finales de diciembre contrataciones “arbitrarias y discrecionales” en el ente presidido por Ricardo Melchior, histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) y presidente del Cabildo entre 1999 y 2013. Fue el representante de la Fiscalía adscrito al Juzgado de lo Social 3 de la capital tinerfeña quien, en ese juicio, solicitó deducir testimonio para investigar la política laboral del organismo, dependiente de Fomento, a raíz de las pruebas documentales y testimonios aportados en un procedimiento que concluyó con una sentencia que declaraba nulo, por vulneración de derechos fundamentales, el despido de una trabajadora que prestaba servicios como abogada en la Autoridad Portuaria.

Fuentes oficiales de la Fiscalía han confirmado que las diligencias se abrieron sin mediar denuncia, como consecuencia del testimonio remitido por el juzgado de lo social ante los indicios de delito detectados en el juicio, y que el objeto de las pesquisas es la contratación de trabajadores “al margen de los procedimientos existentes”. El Ministerio Público, a través de la fiscal Anticorrupción María Farnés, trata de dirimir si se trata “de una actuación delictiva o de una irregularidad administrativa”.

Para ello, ha solicitado documentación a distintas áreas de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y ha llamado a declarar a varios empleados del organismo, además de a su presidente, Ricardo Melchior. “Las diligencias no han terminado, estamos analizando la documentación y no hemos decidido ni resuelto nada”, apuntan desde la Fiscalía.

Aunque el Ministerio Público no ha querido dar más detalles por tratarse de una investigación en curso, otras fuentes consultadas por este periódico sitúan el foco en la contratación, en el año 2015, de una asesora de Melchior que tiene un sueldo superior a los 2.000 euros. “Es una persona de su absoluta confianza, da órdenes a los funcionarios como la mano derecha del presidente”, apuntan. Las mismas fuentes aseguran que es un caso diferente al de la trabajadora despedida y readmitida como personal laboral tras el juicio por vulneración de derechos fundamentales, y que la investigación de la Fiscalía se ha extendido a otras actuaciones supuestamente irregulares de Ricardo Melchior al frente de la institución y que nada tienen que ver con la política laboral, sino con “otros gastos” y facturas del ente.  

Siempre según estas fuentes oficiosas, por la Fiscalía ya han desfilado los jefes de recursos humanos, de los servicios jurídicos y del área económica-financiera, además de la trabajadora despedida en marzo del año pasado y readmitida por resolución judicial en octubre.

En el juicio laboral que abre la espita de la investigación de la Fiscalía prestó declaración como testigo el entonces director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, José Rafael Díaz, que ya entonces, septiembre de 2017, mantenía una guerra abierta con el presidente del organismo, Ricardo Melchior, que desembocó en su fulminante cese el pasado mes de abril. El testimonio de Díaz habría resultado decisivo para que la Fiscalía acordase abrir las pesquisas. De hecho, el exdirector de Puertos, que también pertenece a Coalición Canaria (CC) y al que sitúan en el entorno del actual presidente del Cabildo, el nacionalista Carlos Alonso, sucesor de Melchior, vinculó su destitución a la negativa a “doblegarse al dictado de irregularidades y, seguramente, ilegalidades desde la Presidencia”.

En esa guerra interna en la Autoridad Portuaria, otro de los actores involucrados, el comité de empresa, se posicionó contra el anterior director. Los representantes de los trabajadores se rebelaron en julio del año pasado contra Díaz y pidieron su destitución inmediata tras acusarle de “amenazar, presionar y despreciar a sus compañeros”. Con este escenario y el caldo de cultivo del conflicto laboral, Melchior finalmente ganó el pulso a su subordinado logrando su destitución en el Consejo de Administración celebrado el 25 de abril, con el voto favorable de todos los presentes en la sesión, salvo una abstención.

Díaz, que lleva 25 años en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife como funcionario de carrera, denunció en una carta remitida tras su destitución que el presidente le había “degradado” de su puesto como jefe de departamento. En esa misiva anunciaba una demanda contra su despido. También la trabajadora que ganó en los tribunales su pleito laboral ha acusado a Melchior y al personal a su servicio de un “linchamiento” tras su reincorporación. Las acusaciones son cruzadas.

El histórico dirigente nacionalista, por su parte, continúa en el cargo a pesar de que había trascendido que el acuerdo alcanzado entre CC y el Partido Popular (PP) contemplaba un cambio en las presidencias de las autoridades portuarias de las Islas. En Las Palmas, el popular Juan José Cardona, exalcalde de la capital grancanaria, ha sustituido al socialista Luis Ibarra. En Santa Cruz de Tenerife se barajaba el nombre de Pedro Suárez para relevar a Melchior, pero los últimos acontecimientos hacen pensar que el expresidente del Cabildo se mantendrá en el puesto hasta las elecciones de 2019.

La guerra que se había declarado entre el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, y el director de esta misma entidad, José Rafael Díaz, ambos de Coalición Canaria, se ha saldado con la derrota por goleada del subordinado, que desde este miércoles deja de ocupar ese cargo, tras así decidirse en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria tinerfeña celebrado esta mañana en Santa Cruz de Tenerife.

La destitución de José Rafael Díaz se produce con el apoyo de todos los votos favorables de los presentes en la citada sesión, salvo una única abstención. El sustituto del José Rafael Díaz, también elegido en el mismo consejo, es Luis Santana Ríos.

El cese del ya exdirector de la Autoridad Portuaria tinerfeña, que mantenía un duro enfrentamiento con su superior, el presidente Ricardo Melchior, era vox populi y esa lucha además afectaba con claridad a la gestión ordinaria de la entidad.

Como ha podido saber Tenerife Ahora, la destitución de esta mañana ha sido posible tras el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aceptarla y ordenar que esta se produjera, algo que hasta ahora no había sido posible debido a que José Rafael Díaz tenía importantes apoyos en el consejo de administración que supuestamente colgaban del control que el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (también de CC), mantiene en el partido en la isla.

La marcha de Díaz también debe interpretarse como una victoria de Ricardo Melchior frente al que fuera su pupilo y la persona de confianza por la que entonces optó para que asumiera la presidencia del Cabildo de Tenerife tras el anuncio de su marcha de la Administración insular, algo más de un año antes de la celebración de las elecciones de 2015.

El cese de José Rafael Díaz, un hombre del que se dice que asumía los criterios de Carlos Alonso, también se realiza tras quedar más o menos claro que el puesto de presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña lo mantendrá Ricardo Melchior al menos hasta las próximas elecciones, lo que quiere decir que no será relevado, como había trascendido previo acuerdo entre CC y PP (algo que sí parece que ocurrirá en Las Palmas con Luis Ibarra), por una persona afín al Partido Popular (se habló en este caso del tinerfeño Pedro Suárez).

El currículo del sustituto

Luis Santana Ríos, según se recoge en una nota remitida por la Autoridad Portuaria, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y fue ingeniero jefe de Proyectos y Obras de esta Autoridad Portuaria de 1992 a 1996. Además, ocupó la jefatura del departamento de Infraestructuras de 1996 al 2000. Ahora regresa a la entidad tras varios años de trabajo en dirección de obra y redacción de proyectos nacionales e internacionales para, entre otros, enclaves de Perú, Paraguay, Malabo, Gibraltar y Mauritania.

En la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, llevó la dirección de obras como la ampliación del puerto de San Sebastián de La Gomera y el edificio del puesto de inspección fronteriza, además de ser director de proyecto de otras muchas intervenciones, entre las que se encuentra la prolongación del muelle pesquero de Los Cristianos; el acondicionamiento de instalaciones en el puerto de La Gomera para el atraque de fast-ferries; el helipuerto en el Muelle de Enlace, y el nuevo muelle de El Bufadero (III) en la dársena del Este del puerto tinerfeño. Esto junto a la estación marítima del puerto de Santa Cruz de La Palma.

Luis Santana Ríos sustituye en la dirección de Puertos de Tenerife a José Rafael Díaz, que ha venido ocupando el cargo desde julio de 2014. Este ahora regresa a su puesto de apoyo a la explotación portuaria.