La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se está convirtiendo en una partida de cartas y un cúmulo de réplicas y contrarréplicas entre los dos partidos que se comprometieron a sacarla adelante.

La nueva jugada es que el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha dicho aceptar el “órdago” lanzado este martes por su homóloga en el PP regional, Carolina Agudo, a cuenta de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Estatuto de Autonomía en trámite en el Congreso de los Diputados. Los socialistas retan así a que los dos grupos parlamentarios en la Cámara Baja retiren cada uno sus propuestas de matiz incluidas en la tramitación.

En un mensaje en la red social X, Gutiérrez responde así a Carolina Agudo, quien este martes, apuntaba ante las críticas por la enmienda 'popular' que rompía el acuerdo previo, que el PSOE también había presentado muchas enmiendas parciales.

De estas enmiendas socialistas, apunta el número dos del PSOE autonómico, la mayoría son “mínimos retoques jurídicos de los letrados” en 18 de ellas, mientras que las otras tres están “pactadas” con el propio PP, las que hacen referencia a la UCLM y la comunidad LGTBI.

“Nos piden retirar todas las enmiendas. Acepto el órdago. Me comprometo solemnemente a retirar todas aquellas enmiendas que no estén de acuerdo si ellos retiran las suyas. Primero, claro está, que expliquen cuál de nuestras enmiendas les supone un problema. Y las retiramos al mismo tiempo que ellos. Hoy mismo”, ha enfatizado.

El PP no retirará sus enmiendas

No obstante, el PP lo ha rechazado. Carolina Agudo ha asegurado que existen “problemas más importantes” en la comunidad autónoma que la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. En relación con a los mensajes en 'X' lanzados este miércoles por Gutiérrez, la dirigente 'popular' ha insistido en que en el debate sobre el Estatuto su partido “ya ha dicho todo lo que tenía que decir” y ha recordado que el texto “se está debatiendo en el Congreso”.

Asimismo, ha pedido al PSOE que abandone “esa senda del insulto al ataque al PP”, en alusión a las declaraciones de los socialistas tras la presentación de las enmiendas parciales de los 'populares'. Agudo también ha criticado que “ayer mismo incluso Sergio Gutiérrez anunciaba un cordón sanitario al PP”, una expresión que ha enmarcado en la escalada verbal entre ambas formaciones en torno a la reforma estatutaria.

En este contexto, ha dejado claro que las enmiendas presentadas por el PP no se retirarán “a petición del PSOE”, cerrando la puerta a aceptar lo planteado por los socialistas para retirar de forma conjunta las propuestas registradas por ambos grupos en la Cámara Baja.

La Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de La Rioja ha salido adelante este lunes en el pleno del Parlamento riojano, con los votos del Partido Popular y tras haber tumbado, con la mayoría absoluta de este partido, las más de mil enmiendas de la oposición. Tras la sesión celebrada en la Cámara riojana, el presupuesto elaborado por el Gobierno de La Rioja entrará en vigor el 1 de enero con la aportación de las enmiendas presentadas por el Partido Popular.

En total, el proyecto de Presupuestos para 2026 alcanza 2.118,60 millones de euros (1,66 por ciento más que el del 2025). Su aprobación, para la portavoz 'popular', Cristina Maiso, es “una buena noticia” dentro del “triste panorama” nacional. El Grupo Parlamentario Popular registró 108 enmiendas que fueron incorporadas al Dictamen del Proyecto de Ley tras su aprobación en la Comisión de Presupuestos del pasado 12 de diciembre. Maiso ha citado, entre las incorporaciones al presupuesto que suponen las enmiendas del PP, el aumento de 200.000 euros para el futuro nuevo Centro Marqués de Vallejo, “mejorando esta partida para acometer la construcción con las máximas garantías”.

También, una enmienda por importe de 100.000 euros para la destilación obligatoria de la OCM y 140.000 euros destinados a FECOAR para un trabajo sobre el modelo cooperativo en esta materia. En materia de infraestructuras hidráulicas, dos enmiendas se enfocan a la redacción de planes para balsas de regadíos, una de ellas para las comunidades de regantes, por importe total de 150.000 euros.

IU: “No responden a las necesidades de riojanos y riojanas”

En la sesión de este lunes, el debate ha comenzado con la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, quien ha empezado por afear al Partido Popular y, por ende, al Gobierno de La Rioja, su “filibusterismo” dado que, desde que entraron los presupuestos en el Parlamento, no hay sesiones ordinarias. Por tanto, ha lamentado, los grupos parlamentarios no puede ejercer “el control e impulso gobierno”. “Esto les dará tranquilidad en fechas navideñas pero impedirá hablar de los problemas cotidianos”, les ha dicho.

Moreno ha insistido en que los presupuestos “no responden a las necesidades de los riojanos y las riojanas”. A su juicio, los 'populares' está “alejados del día a día” y se dedican a hacer “anuncios como aviones a londres”. “Dice la portavoz 'popular' que nuestras enmiendas son ideológicas, evidentemente, porque es ideológico eliminar las listas de espera”, ha indicado.

Para Moreno, es necesario garantizar la vivienda “para aquellos jóvenes que deciden emanciparse, no para quien puede permitirse el lujo de comprarse una casa”. Frente a esto, ha completado el diputado de IU Carlos Ollero, estos presupuestos presentan “programas aislados” pero no resuelven el problema y no intervienen en el precio de mercado.

VOX: “Los peores de los últimos tres años”

Los presupuestos son, para el portavoz de Vox, Ángel Alda, “los peores de los últimos tres años”. Ha denunciado la “estafa que representa el PP” y ha abogado por una “reducción radical del gasto improductivo” suprimiendo entidades como el IRVI. Para Alda, es necesario derogar la Ley de Memoria Democrática y defender las tradiciones con aportaciones a entidades como El Club Taurino o el Grupo Paso Viviente. Por contra, ha visto necesario eliminar las subvenciones a los sindicatos.

En este sentido, más adelante el también diputado de Vox Hector Alacid se ha preguntado “que aporta La Rioja 360 a un ganadero a pérdidas”. Para Alda hay que dedicar “el dinero publico a lo que importa” y, por eso, ha visto, se hace necesario un aumento de los avales a las empresas. “La Rioja no avanza como debiera”, ha visto. “Vox quiere algo distinto, hemos demostrado que estamos dispuestos a dialogar con el PP pero éste se siente mas cómodo gobernando a favor de la izquierda”, ha señalado.

PSOE:

El socialista Miguel González de Legarra ha puesto el acento en que “los presupuestos no son números sobre un papel, sino la manera en que una comunidad decide cuidar a su gente”. En este sentido, ha indicado, las 141 enmiendas del PSOE pretendían “hacerlos mas justos, proteger derechos, reforzar la transparencia y evitar que el gobierno pueda actuar sin rendir cuentas”.

Ha abogado por un modelo “radicalmente diferente” para la sanidad, apostando por la pública. De este modo, ha dicho, las enmiendas socialistas planteaban 21 millones de euros más para la sanidad pública “frente a unos presupuestos basados en recortes y ficción contable”. Ha visto “irresponsable y desmotivador” que no se prevea un aumento de los salarios y aumento de personal en la sanidad pública. “Así no se puede retener talento”, ha dicho.

En cuanto a Educación, la socialista Teresa Villuendas ha señalado cómo los presupuestos contienen “76 millones de euros para conciertos educativos sin exigencia de equidad”. “El equilibrio se rompe cuando lo privado crece a costa de lo público”, ha lamentado.

También dentro del Grupo Socialista, la diputada María Somalo ha echado en falta inversión un centro terapéutico de menores, ha visto necesario incrementar el número de plazas para menores en protección, dado que “el Chalet de Sabas es insuficiente” y ha lamentado que “La Rioja es la comunidad que menos invierte en justicia gratuita”.

PP: “Los presupuestos más sociales”

La 'popular' Cristina Maiso ha cerrado el debate destacando que La Rioja tendrá “los presupuestos más sociales” con “siete de cada diez euros dedicados a políticas sociales” sumado a un ahorra fiscal. “Somos la segunda comunidad con el tipo más bajo del IRPF”, ha dicho. En cuanto a las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición, ha considerado que “no aportan nada novedoso o de avance al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026”. “De aceptarlas, nos llevarían a un pasado reciente de esta Comunidad Autónoma, al que los riojanos dijeron en las elecciones de mayo del 2023 que no querían volver”, ha aseverado.

En la sesión de este lunes también se ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en la que también se han rechazado, con la mayoría absoluta del Partido Popular, las enmiendas de los grupos de la oposición.

Desde el Grupo Podemos-IU se pedía eliminar “la propuesta neoloberal de deflactación automática”, así como las “rebajas injustas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, en palabras de Carlos Ollero, además de poner en marcha un impuesto para las grandes superficies y a las viviendas turísticas.

Desde Vox, Hector Alacid ha apelado a la Constitución para señalar cómo ésua indica que “los españoles son iguales ante la ley” y, por tanto, en su cumplimiento hay que aplicar una “prioridad nacional”.

La socialista Sara Orradre ha lamentado que, desde el Partido Popular, no se haya concedido “ni una mísera pedrea” aceptando alguna enmienda.

Además, ha denunciado un “nuevo intento de cercenar la participación ciudadana” por parte del Gobierno riojano con la modificación de la Ley de Igualdad para “vaciar de funciones el consejo”.

El 'popular' Carlos Cuevas ha valorado cómo, con esta ley, se acaba con la “sobreprotección del lobo” al eliminar las tasas por su caza y ha destacado cómo se alcanzarán los 220 millones de euros de ahorro fiscal “para todos los riojanos”.

Dentro de la Ley de Medidas Fiscales se ha incorporado una enmienda del Partido Popular, que ya anunció el propio presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, que implica una deducción por enfermedad celiaca diagnosticada de 250 euros por cada persona. También, bonificaciones para la caza y “como medida extraordinaria vigente mientras España no sea reconocida como país libre de peste porcina africana, reducciones de hasta el cincuenta por ciento en sus tarifas” para la caza del jabalí.

Una enmienda para “blindar” el derecho al aborto y otra para proteger la Ley del “Solo sí es sí” en Castilla-La Mancha. Podemos ha anunciado este 25N que realizará estas propuestas durante la actual fase de tramitación en la que se encuentra la reforma del Estatuto de Autonomía regional con el objetivo de que se introduzcan en el texto final.

La formación morada ha justificado la necesidad de blindar el aborto en la sanidad pública en Castilla-La Mancha porque es una de las comunidades autónomas donde “para ejercer este derecho, las mujeres se ven obligadas a desplazarse cientos de kilómetros a otras comunidades recordándonos épocas pretéritas e incluso acudiendo a centros privados donde son acosadas por grupos antiabortistas”.

En este sentido, la coordinadora de Podemos Castilla-La Mancha, Irene Arcalá Tarriño denuncia que “dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, el Gobierno de Page no ha adoptado medidas efectivas para garantizar el derecho al aborto en el sistema público”. Esto, según la coordinadora de la formación morada, “provoca que existan graves obstáculos al ejercicio efectivo de este derecho, incrementando las desigualdades e impactando de forma desproporcionada en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad económica y social”.

Según Podemos, “el hecho de que solo existan dos lugares donde poder abortar en la región, ambos clínicas privadas donde las mujeres son acosadas por grupos ultras antiabortistas, provoca que hay mujeres que tengan que recorrer largas distancias hasta Valencia o Madrid.” Una situación que, indican, “persiste en Castilla-La Mancha a pesar de que el aborto es un derecho legal en España desde hace cuarenta años y a pesar de que Irene Montero reformó la Ley para obligar a que las comunidades autónomas aseguren el servicio público en los hospitales para evitar estos casos”. “Llevamos años de lucha desde el movimiento feminista y muchos colectivos y organizaciones sociales de la región y a pesar de eso, Page sigue incumpliendo la Ley del aborto; actúa igual que Ayuso”, ha sentenciado al respecto Arcalá Tarriño.

Enmienda para blindar el consentimiento sexual

Con respecto al blindaje de la Ley del “Solo sí es sí” en la reforma del Estatuto a través de otra enmienda, Podemos lo justifica porque “el PSOE de Page se ha opuesto [a esta norma] desde su aprobación en el Congreso en 2022 y para Podemos es fundamental llevarla al Estatuto, pues introducir la idea del consentimiento es la clave para blindar el derecho a la libertad sexual y la protección de las mujeres frente a las violencias machistas”.

En ese sentido y para finalizar, Irene Arcalá considera que “frente al negacionismo de la extrema derecha y el silencio cómplice, este 25N tenemos que alzar la voz, por eso desde nuestra labor en las instituciones, vamos a llevar los derechos feministas y la protección frente a la violencia machista al Estatuto de Autonomía esperando que el resto de partidos voten a favor, para enmendar en este tema tan importante la norma fundamental de Castilla-La Mancha”.

Críticas a los centros de crisis 24 horas de Castilla-La Mancha

Podemos también se ha referido en un comunicado al informe de Amnistía Internacional publicado ayer en vísperas del 25N, que alertaba de que “los centros de crisis 24 horas presentan serias deficiencias en varias comunidades autónomas, incluyendo Castilla-La Mancha, a la hora de recibir una atención integral y especializada las mujeres víctimas o supervivientes de cualquier tipo de violencia sexual, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual”.

La formación morada, al respecto, denuncia que “en la región castellanomanchega no está garantizada la apertura de los centros 24/7 los 365 días del año los cuales cuentan con un horario de atención de sus centros de 8 de la mañana a 22 horas, permaneciendo cerrados los fines de semana”.

Los presupuestos que el Equipo de Gobiern de Logroño ha elaborado para el próximo año no convencen a los socialistas. Dicen que Escobar ha diseñado unas cuentas “sin ambición, con subidas de impuestos pese a la financiación récord del Gobierno de España”. El portavoz de los socialistas de Logroño, Luis Alonso, ha dicho incluso que el “PP no tienen modelo alguno de ciudad”. En la rueda de prensa, el socialista ha aseverado que “las buenas cifras de crecimiento de España van a contribuir claramente a cuadrar el Presupuesto de Logroño”. Alonso ha destacado que las Cuentas reflejan que “el PP no tiene un modelo de ciudad para Logroño” y ha recordado que Escobar vuelve a incumplir su promesa electoral de bajada de impuestos porque “los logroñeses vamos a pagar un 6,71 por ciento más en tasas y precios públicos”.

Sobre la tasa de basuras, el concejal ha recordado que “ha sido el Equipo de Gobierno del PP y no el PSOE el que ha decidido las variables utilizadas para la tramitación de esta tasa” y ha lamentado que “Logroño pague más que ciudades del entorno y que la media del país”. En este sentido, Alonso ha criticado que el PP no haya pensado en “ninguna bonificación o medida para que pague más el que más contamine” como “sí están haciendo otras ciudades”. Asimismo, el edil ha insistido en que “no solo sube la tasa de basuras, también la del agua, la del servicio del alcantarillado” así como las partidas “de comunicación, y publicidad” cuyo gasto “ha crecido un 34% desde 2023”.

También, Alonso ha subrayado que “la partida de Festejos bate récords”, con incrementos que le sitúan en “1,5 millones de euros” pese a los numerosos fracasos acometidos en esta área. En todo lo demás, ha afirmado Luis Alonso, “nada nuevo, ningún avance, lo justo para ir pasando”.

Además, han desaparecido diferentes proyectos como “los centros jóvenes de Cascajos y La Cava, el centro deportivo en la zona oeste o la pasarela de Los Lirios” y ya nada se sabe de “la urbanización del entorno de la subestación eléctrica de Cascajos, la urbanización de la calle Piscinas o calle Canicalejo en Varea, la glorieta de Vara de Rey, la fase II del polígono de Las Cañas o las obras en la calle Doctores Castroviejo”. Para responder a este proyecto de Presupuestos, Alonso ha anunciado que el PSOE ya ha registrado 60 enmiendas “que tratarán de corregir estas Cuentas”.

Los grupos del PSOE e IU en el Parlamento de La Rioja han registrado sus enmiendas a la totalidad del del proyecto de Ley de presupuestos de La Rioja para el próximo ejercicio. “La expresión más clara de la falta de rumbo político del Gobierno de Gonzalo Capellán. Son unas cuentas que no miran a la gente, ni al futuro y no recogen un verdadero proyecto de región, ni una respuesta a los problemas reales de la ciudadanía. El presupuesto esconde recortes encubiertos y una absoluta ausencia de prioridades”, ha señalado el PSOE. “Lejos de ser expansivo, no está preparado para las necesidades de los riojanos y de las riojanas, especialmente de los más vulnerables”, ha advertido Izquierda Unida.

El PSOE ha subrayado que en los presupuestos “se suben los gastos corrientes, pero no se refuerzan los pilares que sostienen el Estado de bienestar, ya que en sanidad, educación, servicios sociales o vivienda el incremento apenas compensa la inflación”. Según consideran, con estas cuentas “La Rioja pierde músculo social y capacidad de respuesta”. Además, “resulta difícil de entender que, con los recursos extraordinarios que el Gobierno de España va a transferir a La Rioja, se elija destinar una parte a financiar rebajas fiscales para los más favorecidos y beneficiar a una minoría”, han declarado también.

“Estamos ante una política fiscal injusta y miope porque debilita los ingresos públicos y nos deja menos margen para invertir en lo que de verdad importa”, han señalado los socialistas. También justifican la enmienda a la totalidad en que “no hay una apuesta seria y decidida por la economía productiva ni por la modernización de nuestra industria”. En este sentido, dicen: “la ADER pierde recursos, la inversión en I+D+i retrocede y los grandes proyectos estratégicos, como el Parque Científico-Tecnológico o el Centro del Envase y el Embalaje, acumulan unos retrasos que reflejan la ausencia de visión económica del Gobierno”. Y en cuanto a agricultura y ganadería advierte que “hay menos inversión, menos innovación y ninguna medida que responda a la crisis de rentabilidad que sufre el sector”. “Y lo mismo ocurre con el medio ambiente, donde se recortan fondos, se cambian partidas de sitio y se vende como avance lo que es simple maquillaje contable”.

El Grupo Socialista también ha presentado enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas por consolidar, según han creído, el “populismo fiscal” del Gobierno de Gonzalo Capellán. “Un populismo que solo benefician a los más privilegiados, es decir, a menos del 1 por ciento de los contribuyentes riojanos”. Y advierten: “Con todas las medidas fiscales aprobadas desde el inicio de la legislatura, las arcas públicas van a sufrir durante estos cuatro años una merma de 200 millones de euros. Y esto tiene un efecto claro; recortes en los servicios públicos esenciales”

Las enmienzas de IU

Los diputados de IU, Henar Moreno y Carlos Ollero han señalado que las cuentas para el próximo ejercicio “son continuistas de la política anterior en ese sentido”. “Si bien esta vez no nos encontramos con grandes incrementos de las privatizaciones, porque los deberes los hicieron en las anteriores legislaturas, pero e no se revierten y que, por tanto, nos podemos encontrar con graves problemas para los riojanos y las riojanas, como ya está ocurriendo por ejemplo, en Andalucía, han dicho.

En este punto, Moreno ha criticado que la consejera de Salud, María Martín, se negara a dar los datos o a participar en la conferencia sectorial donde se abordaba esas cuestiones. “Nos sitúan en una línea que está haciendo el Partido Popular en toda España, que no es preocuparse por las necesidades de los ciudadanos sobre los que gobiernan, sino de la estrategia del Partido Popular, rupturista y olvidando esos derechos”.

Izquierda Unida ha alertado de que la vivienda “brilla por su ausencia” en los presupuestos, siendo “el mayor problema que viven los riojanos, también los españoles, así lo indican las distintas encuestas”. “Las realidad es que las políticas de este Gobierno siguen impulsando y beneficiando a los grandes especuladores e incluso a los pequeños especuladores; la consideración de la vivienda como un bien de inversión y no como un derecho de los riojanos y de las riojanas”, ha añadido la portavoz de IU.

Por ello, ha defendido la necesidad de 2 unos presupuestos mucho más expansivos con un techo de gasto ambicioso; un techo de gasto que cuando lo anuncie el Gobierno de España supere ese estancamiento, que vayamos siempre con ese IPC porque los problemas que hay que abordar son importantes“.

Moreno ha anunciado que también han enmendado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el próximo año, porque “siguen la línea continuista de anteriores ocasiones, que es privilegiar a los que más tienen”. “Podemos estar de acuerdo con esa deflactación que la ponen como una campaña mediática, porque dicen que se deflactarán las tablas y se supera el 3 por ciento, cuando ya parece ser que la previsión es que no se va a superar ese 3 por ciento; que es un caramelo que te pongo y que te quito”, ha apostillado.

En cuanto a la reforma de la Ley de Igualdad “lo que es quitar competencias a la participación ciudadana; quitar competencias a ese Consejo de Participación de la Igualdad en nuestra comunidad autónoma, pasando a ser un mero buzón de correo”. “Creemos que a este Gobierno le falta mucho por participar y, de hecho, nos resulta muy curioso, que se aprobase por unanimidad en este Parlamento la incorporación de los presupuestos participativos a los presupuestos autonómicos y no están dispuestos a luego aplicarlo. No vale votar, no vale anunciar si luego no respaldan sus políticas y sus declaraciones con hechos”, ha concluido Moreno.

Los dos grupos políticos que tienen la clave para que el Gobierno extremeño pueda sacar sus presupuestos de 2026, PSOE y Vox, y el PP se han acusado mutuamente de haber roto las negociaciones sobre estas cuentas y han asegurado estar “preparados” para unas posibles elecciones anticipadas.

El primer peldaño para un adelanto electoral, decisión que sopesa con paso firme la presidenta extremeña María Guardiola, tendrá lugar el próximo martes en la Cámara legislativa cuando se debatan las enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario presentadas por PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

Este debate tiene como trasfondo el aviso dado por Guardiola a los tres grupos de la oposición, especialmente a PSOE y Vox, de que, si no hay presupuestos, convocaría elecciones anticipadas, aunque aún quedaría en el horizonte un posible debate de enmiendas parciales, lo que exige a la oposición y al Gobierno regional retomar el diálogo.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces celebrada este viernes para ordenar el debate de las enmiendas totales, los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios han ofrecidos sendas ruedas de prensa en las que han sido preguntados tanto por su posible voto como por un posible adelanto electoral. Solo el PP ya ha anunciado su voto, algo que ha criticado su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, pues “estamos en un tiempo que exige valientes y no fanfarrones”. En este senrido, ha adelantado que su grupo no apoyará ninguna de las enmiendas totales de la oposición, a la que ha acusado de haber roto el diálogo con “el silencio” y la “inacción”.

Valoración de los partidos

El PSOE, que ha evitado dar a conocer cuál será su voto, ha dicho que este se enmarcará en sus principios, ideología y atendiendo a los intereses de la mayoría social de la región, mientras que Vox, que tampoco lo ha adelantado, se ha limitado en afirmar que “no van a defraudar a sus votantes”. “Prefieren los intereses partidistas que los de los extremeños”, ha denunciado Sánchez Juliá (PP), quien ha lamentado que PSOE y Vox, “incapaces de ganarse la confianza de los ciudadanos, opten por poner palos en la rueda”.

Ha criticado a Vox por elegir al PSOE en vez de al PP a la hora de dar su voto en cuestiones importantes para la región y ha recordado que Vox no se presentó a la reunión que convocó Guardiola para iniciar el dialogo presupuestario.

También ha sido crítico con el PSOE por no contestar a algunas propuestas que le fueron trasladadas para su análisis en materia de IRPF y de cuantías en el anexo de gastos del presupuestos. “La única voluntad de diálogo ha sido la de María Guardiola. Los demás estána su circo y su teatro”, ha agregado Sánchez Juliá.

Desde Vox, su portavoz, Óscar Fernández Calle, ha manifestado que si Extremadura acude a las urnas será por “la absoluta incapacidad” de Guardiola para alcanzar acuerdos. En su opinión, el Gobierno regional presentó el presupuesto sin tener en cuenta ninguna de las aportaciones de Vox y teniendo al PSOE como “socio preferente”. “Nosotros estamos preparados -de cara a un adelanto electoral- y nuestro apoyo va a subir” en las urnas, ha augurado.

También desde el PSOE han criticado a Guardiola por no aceptar las propuestas de ningún partido de la oposición. De hecho, han recordado que hubo un acuerdo entre socialistas y el Gobierno extremeño para los presupuestos de 2025, pero “fue la presidenta quien a ultima hora lo rompió”. “Solo Guardiola y Feijóo saben si hay clima electoral. El PSOE está preparado para unas elecciones”, ha aseverado el portavoz socialista, Juan Ramón Ferreira, quien, no obstante, ha lanzado un guante de diálogo al afirmar que si el Ejecutivo extremeño “quiere revertir la situación, ahí tiene nuestras propuestas”.

Para Unidas por Extremadura, la comunidad está “en constante ruido” como consecuencia de la falta de habilidad de Guardiola para negociar, si bien no ha descartado que la puerta abierta a un adelanto electoral sea “un postureo”. 

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha presentado un total de 60 enmiendas “de corte social e inversor”, dicen, al anteproyecto de presupuestos 2025 de la ciudad. “Nuestras propuestas están dirigidas a apoyar a colectivos vulnerables, a mejorar la calidad de vida de los barrios logroñeses y a promover el soterramiento de la ciudad como el motor para el desarrollo social, económico y medioambiental de Logroño”, ha afirmado esta mañana en rueda de prensa, el portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas. 

Antoñanzas ha denunciado que el Gobierno municipal ha presentado tres anteproyectos distintos en tres semanas con modificaciones en partidas tan importantes como en los ingresos por venta de suelo o los gastos de organización del gobierno. “Es inaceptable que hayamos visto crecer en más de nueve millones un presupuesto que sigue siendo irreal, sin ambición y desilusionante”, ha afirmado.

Así, ha detallado que del primer anteproyecto, con 191,3 millones, al tercer documento, con 200,5 millones, ha subido el presupuesto en más de 9 millones. También el gasto y las transferencias corrientes (+1,6 millones, de 104,12 a 105,74 millones), las inversiones (12,1 a 20 millones) y las previsiones por venta de suelo (de 8,3 millones a 17,6 millones de euros). 

 “La falta de seriedad y rigor del señor Escobar es absolutamente alarmante. Si no sabe administrar su propio proyecto político, que se manifiesta en los presupuestos, difícilmente va a saber gestionar correctamente una ciudad”, ha recriminado. 

Enmiendas en inversión

Pese a ello, Antoñanzas ha propuesto 23 nuevas inversiones para el próximo año por valor de 2,9 millones de euros, entre las que destacan el proyecto para cubrir las vías del tren entre Tirso de Molina y Los Lirios (350.000 euros), la reforma de la vieja estación de autobuses (900.000 euros), la pasarela de Los Lirios (200.000 euros, plurianual) o el parque de skate bowl (350.000 euros).

Al igual, ha abogado por ejecutar en 2025 la reurbanización de la II fase de la calle Beatos Mena y Navarrete (250.000 euros), la construcción de aceras en avenida de Burgos (80.000) y los proyectos para reformar la calle Escuelas Pías (45.000 euros) y la plaza Maestro Lope (40.000).

También ha considerado que “es el momento de hacer proyectos que mejoren la ciudad y la calidad de vida de los logroñeses” como los centros jóvenes de la zona sur (45.000) y El Campillo (45.000) o instalar columpios adaptados en los colegios (40.000).

Ingresos y gastos

De otro lado, Antoñanzas ha indicado que el Partido Riojano ha presentado sus propuestas en el capítulo de ingresos, que van en la línea de solicitar más de 4 millones de euros para compensar las competencias impropias que asume la ciudad en su condición de capital y el daño provocado por el efecto frontera.  

“Hay que tener ambición política y reclamar 3 millones como compensación por el efecto frontera. Es absolutamente necesario. El alcalde tiene que ir de la mano del señor Capellán y pedir para Logroño lo que nos corresponde como capital”, ha insistido el edil riojanista.

El portavoz del PR+ también ha cuestionado que el PP haya tirado la toalla con los fondos europeos y que esté renunciado a hacer proyectos que cuentan con financiación, como reivindicar al Gobierno riojano que el Centro Tecnológico de La Rioja se quede en Las Cañas.

En cuanto al gasto corriente, Antoñanzas ha rechazado que suban partidas como festejos (+42,9%), protocolo (+46,5%), comunicación (+43,1%), mientras que se recorta en servicios sociales (-1,3%), con bajadas de hasta el 14,3% en las ayudas por el corte de la luz y gas, y en las inversiones en mantenimiento de colegios (-23,2%).

En contraposición, el Partido Riojano ha presentado 23 enmiendas para mantener el presupuesto de este año en estas partidas y subir las relativas a servicios sociales, igualdad, juventud, empleo, cultura y comercio. 

Así, Antoñanzas ha destacado el Plan de Atención a las Víctimas de la Prostitución (60.000 euros), un Plan de Ocio Juvenil (30.000 euros), apertura de patios de colegios públicos a la infancia (40.000 euros), la Escuela Taller de Agricultura (50.000 euros) o promover bonos comerciales para la dinamización del pequeño comercio (45.000 euros).  

La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha tirado por tierra las enmiendas a la totalidad de PP y Vox que han defendido los dos partidos de la oposición en el pleno del Parlamento regional celebrado este jueves.

Así, la enmienda de Vox ha quedado descartada tras tener los votos en contra del PSOE y del PP, mientras que la del PP también ha sido rechazada por la mayoría socialista y la abstención de Vox.

Durante el debate de la enmienda de Vox el diputado de este partido David Moreno ha manifestado en su defensa de la enmienda que los presupuestos proyectados para 2025 “únicamente se merecen una enmienda a la totalidad”, ya que “solo aumentan la recaudación” y, a su juicio, “también aumentan la incertidumbre y la inestabilidad tanto política como económica”.

Moreno ha apuntado que este aumento impositivo se refleja en que, según ha dicho, “van a recaudar nada menos que 300 millones de euros más” mientras que “van a invertir 213 millones de euros menos en la región”.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha abierto el debate, ha insistido en la idea de que esta enmienda, así como la del PP que también forma parte del orden del día del pleno, tienen “muchas hojas y poco contenido presupuestario” porque “no se ofrece una alternativa presupuestaria real a la que ha presentado el Gobierno”.

“No dedican ni una sola línea a informarnos de cómo distribuirían sus señorías el presupuesto”, ha afeado el consejero, aseverando que “hay coincidencia con las enmiendas que presentaron el año pasado”.

De su lado, el 'popular' Juan Antonio Moreno Moya ha asegurado que una enmienda a la totalidad “no es un capricho” y, con respecto a la de Vox, ha señalado que “ya sea más o menos acertada, incluya o no un ideario político o trate de corregir los defectos que las cuentas puedan tener”, en el PP coinciden en su idea de “la devolución de estas cuentas al Gobierno”.

Moreno Moya se ha preguntado “en qué ha cambiado Castilla-La Mancha, en qué ha mejorado nuestra región en estos casi diez años que lleva Emiliano García-Page al frente del Gobierno y cómo los presupuestos regionales contribuyen a ello”, considerando que Castilla-La Mancha es “una región con unas singularidades y particularidades que deberían ser atendidas por las cuentas regionales”. “Pero no es así”, ha apostillado.

De su lado, el diputado socialista Fernando Mora ha ironizado con la enmienda de Vox asegurando que “ha mejorado notablemente respecto a la anterior enmienda”, ya que “ha aumentado el número de páginas”. “Y las notas a pie de página no tienen desperdicio porque incluso se menciona a usted mismo para justificar que las políticas de Page son un desastre. Dice don David Moreno que son un desastre. Y con eso se justifica”, ha bromeado.

Mora ha señalado que si a Moreno “le oyese alguien” se “echaría las manos a la cabeza” y preguntaría si “es posible que estemos viviendo en el peor de los mundos y no nos hemos enterado”.

El PP y el “farolillo rojo”

En lo que respecta a la enmienda de PP, el encargado de defender la enmienda a la totalidad, el diputado del PP Santiago Serrano, ha pedido al Gobierno que vuelva a trabajar en la cuentas regionales para el año que viene para que la región deje de ser “el farolillo rojo de la mayoría de indicadores económicos”, realidad que no se corresponde con una “visión apocalíptica del Partido Popular” sino que son datos contrastados con organismos independientes.

“Ese discurso de que ustedes han devuelto el esfuerzo de los ciudadanos en forma de más infraestructuras y mejores servicios públicos no se ve por ningún lado”, ha reprochado el diputado del PP, añadiendo que las cuentas “perpetúan la escasa voluntad de Emiliano García-Page de atender a las grandes necesidades” de Castilla-La Mancha.

Vox, por boca del diputado Francisco José Cobo, ha incidido en que “el endeudamiento de cada ciudadano es de más de 7.800 euros y el índice de pobreza es superior al 30 por ciento”, unas cifras que “son objetivas” y, si no son así, ha instado a que el Gobierno regional diga lo contrario.

Así, ha pedido al Ejecutivo autonómico dejar de mirar hace diez años y mejorar lo que hay con respecto al año anterior. “Creemos que en nada, tendremos más deuda, más impuestos y menos inversiones”.

Por su parte, el diputado socialista Fernando Mora ha indicado que la enmienda a la totalidad del PP está “llena de cuadros” con los que podría “hacer un museo”, diciendo a la oposición que “por ser más destructivo” no llevan más razón, ni “por presentar todo negativo no llevan mas razón”.

“Estamos siempre discutiendo sobre lo mismo, es como el Día de la Marmota. Los temas no varían, se repiten”, ha reprochado Mora.

Al terminar el debate, el consejero de Hacienda, que en un primer momento había declinado intervenir en el debate, ha tomado la palabra para señalar que se ha tenido que tomar “un paracetamol” al leerse las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.

A juicio de Ruiz Molina, la alternativa que plantean los dos partidos se corresponden con “novelas negras” que pintan una realidad “apocalíptica de la región”. Del PP ha señalado que presentan las variables macroeconómicas tergiversadas, incluso favoreciendo a Castilla-La Mancha cuando hablan del Índice de Confianza Empresarial y de Vox, que presentan una realidad con “tufo a xenofobia, a misoginia y a negacionismo climático”.

La enmienda de adición al texto de la Ponencia Marco del 41 Congreso Federal, que el Partido Socialista celebrará en Sevilla el último fin de semana de noviembre, busca resolver un desajuste horario para utilizar un uso más acorde a nuestro modo de vida.

Iván González, secretario de Comunicación y Redes de la Federación Socialista Asturiana, es el responsabe de esta enmienda que fue presentada y aprobada por unanimidad en las agrupaciones socialistas de Laviana, Langreo, Sobrescobio, Siero y Teverga.

Según su autor destaca, este no es un tema menor, pues hablamos de una situación que resta, entre octubre y marzo, una hora de luz natural a la jornada de las españolas y españoles, y que ha venido generando inconvenientes que tienen un impacto directo sobre la salud, la productividad, el gasto energético y el bienestar general.

Por este motivo, desde el PSOE asturiano proponen un cambio de huso horario que permita disfrutar de más horas de luz natural al final del día. De este modo, el huso horario peninsular pasará a ser el UTC+02:00 y, en el caso de las Islas Canarias, el UTC+01:00, abandonando la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano.

Con este ajuste horario la ciudadanía obtendrá beneficios significativos al contar con más horas de luz al final del día, favoreceriendo la producción de melatonina, hormona esencial para regular el sueño. Esto se traducirá, según González, en una mejora del descanso nocturno, reduciendo problemas como el insomnio y la fatiga crónica.

Además, la mayor exposición a la luz solar durante las horas de actividad contribuirá, señala, a mejorar el estado de ánimo y reducir los trastornos afectivos estacionales. Un sueño reparador y una mejor sincronización con los ritmos circadianos se verán reflejados en un aumento de la productividad en diversos ámbitos, tanto laboral como personal.

Al disfrutar de más horas de luz al final del día, se facilitará la conciliación de la vida laboral y personal , permitiendo el disfrute de más tiempo de ocio y actividades al aire libre con luz natural. Así se reducirá la necesidad de iluminación artificial durante las horas de mayor actividad y esto se traducirá en un ahorro energético, disminuyendo la huella de carbono.

Por último, el secretario de Comunicación de la FSA asegura que las mejoras en la calidad de vida y el bienestar no son las únicas que ofrecería el cambio de huso horario, ya que también supondría una oportunidad para modernizar nuestro país y adaptarnos a los nuevos retos del siglo XXI. “La evidencia científica es clara, apunta: sincronizar nuestro horario con nuestro modo de vida nos permitirá vivir de manera más saludable y eficiente”.

Para llevar a cabo este cambio, los socialistas asturianos proponen elaborar un estudio detallado de impacto en aras de diseñar un plan de transición que minimice las posibles disrupciones que el cambio pueda generar.

El pleno del Parlamento de La Rioja ha rechazado este lunes, con los votos en contra del Partido Popular y Vox, las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos-IU al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025 y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.

La sesión plenaria se iba a celebrar el pasado jueves, si bien la presidencia de la Cámara riojana decidió, por los fallecidos por la DANA, principalmente en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, aplazarla a este lunes. De hecho, el pleno se ha iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de dicho temporal, haciendo alusiones todos los intervinientes a la complicada situación que están viviendo en muchos lugares de España.

A continuación, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha defendido unas cuentas para el próximo ejercicio ascienden a 2.084 millones de euros, un 7 por ciento más que en 2024.

Ha indicado que “en el actual contexto nacional, contar con unas cuentas aprobadas es, sin duda, una señal de estabilidad, de credibilidad, de rigor y de fortaleza”. Se tratan de unas cuentas “dedicadas a las personas que incluyen el mayor gasto social de la historia de la comunidad que prevé medidas en ámbitos clave para el presente y el futuro de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales y de la vivienda”.

Domínguez también ha destacado que los presupuestos “están pensados para impulsar nuestra actividad económica”, debido a que “redoblan su apoyo a los sectores económicos, generan progreso y empleo”, y finalmente, ha resaltado que “son unas cuentas que apuestan por el futuro de La Rioja con inversiones estratégicas para la región”.

No ha obviado en su intervención el asunto de la financiación autonómica, señalando que “los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas son el 82,06 por ciento del presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma de La Rioja”.

En este punto, ha recordado que el Colegio de Economistas, en su informe preliminar, ha avanzado que La Rioja “podría perder hasta 298 millones de euros en 2026 si se lleva a cabo una concertación singular con una comunidad autónoma española”. “Deberíamos pensar todos cómo afectará este recorte, este gran recorte, a la prestación de los servicios públicos en La Rioja”, ha concluido.

“Sin proyecto de región”

Posteriormente, ha tomado la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, que ha pedido al Gobierno riojano que “sean valientes y sean innovadores, que pongan luces largas y que, por lo tanto, hagan una planificación sostenible de lo que la comunidad autónoma necesita, que dibuje la Rioja del año 2035”. “Esos presupuestos son posibles y esos presupuestos serían apoyados por el Partido Socialista”, ha asegurado.

García, a continuación, ha recordado que “estas cuentas vuelven cometer dos irresponsabilidades; una con los ingresos y otra con los gasto”. “A esas dos irresponsabilidades hay que sumar dos carencias, que pasan porque no tienen un proyecto de región, un proyecto económico que se anticipe al futuro”, así como que “no reparten los recursos públicos, que no reparten los ingresos que se contemplan en este presupuesto con equidad y justicia”.

Para García, los presupuestos “no apuestan por el crecimiento de las políticas sociales en sintonía con el crecimiento del presupuesto, porque los aumentos que ustedes incluyen en estas cuentas simplemente sirven para hacer frente al aumento del IPC o al gasto de personal para sostener los servicios públicos”.

Frente a ello, ha asegurado que en último presupuesto que gestionó el Partido Socialista, las políticas sociales para fortalecer el estado del bienestar, se correspondían con el 62 por ciento del total del presupuesto, mientras que estas cuentas llegan sólo al 60 por ciento, por tanto no son los presupuestos más sociales de la historia“, ha finalizado el portavoz socialista, son sin antes asegurar que se apuesta por la ”externalización“ sanitaria.

“No tocan debates largos, ni baladís”

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, Henar Moreno, que ha señalado que ante la “conmoción” en la que nos encontramos con la situación que ha provocado la DANA hace que “no sean momentos para tener largos debates”, ya que ahora “no toca tirarnos los trastos a la cabeza, ni tener debates baladís”.

No obstante, ha apuntado que “no creemos que debamos minimizar la importancia de estos presupuestos”, ya que “estamos a tiempo de sacar conclusiones y aprender de los errores”. “Si algo tenemos que aprender en estos momentos es que las bajadas de impuestos a los que más recursos tienen, los recortes, las privatizaciones de los servicios públicos, los recortes en los servicios de prevención, en salud pública, en la lucha contra el cambio climático, el cierre de las unidades de emergencia, como el de la Comunidad Valenciana, cuestan vidas”.

Finalmente, Moreno ha reclamado que “devuelvan los presupuestos y la Ley de medidas fiscales al Gobierno y traigan otros que atiendan a las personas, a sus necesidades, que recauden más de quien más tiene, para dar más a quien más lo necesita”.

“Mejor futuro” para La Rioja

En el turno en contra ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Cristina Maiso, recordando, para comenzar, poniendo el acento en que “los años que Pedro Sánchez ha estado al frente del Gobierno han reflejado los peores porcentajes de inversión para La Rioja”. “El presidente Sánchez prioriza y confunde su interés personal, que obviamente no coincide con el de los españoles, con el interés general de los ciudadanos”, ha destacado.

Frente a ello, la portavoz 'popular' ha manifestado que “desde mayo de 2023 tenemos un Gobierno serio, riguroso, estable, previsible que tiene en el proyecto de presupuesto y en la Ley de medidas las líneas estratégicas para buscar el mejor futuro para nuestra tierra”. Por ello, ha indicado que “las enmiendas a la totalidad registradas contravienen todo lo que hemos indicado con anterioridad”.

“No es un cheque en blanco”

Posteriormente, en el turno portavoces, el de Vox, Ángel Alda, ha apuntado que con las enmiendas del PSOE y Podemos-IU, “nos proponen volver al pasado y les decimos que no”, pero “no porque nos gusten estos presupuestos, sino porque la alternativa es mucho peor”.

Por este motivo, ha anunciado que “vamos a votar no a las enmiendas a la totalidad, pero eso no quiere decir, de ninguna manera, que vayamos a dar un cheque en blanco al Gobierno”. Para concluir, ha anunciado que “durante su tramitación vamos a intentar mejorar los presupuestos con nuestras enmiendas parciales fundamentadas en los ejes vertebradores sobre los que se articula nuestra alternativa política”.

“Populismo fiscal”

En el debate sobre la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la diputada socialista, Sara Orradre, ha calificado de “populismo fiscal” el que practica el Gobierno riojano con la eliminación del Impuesto de Patrimonio, porque “los regalos fiscales de hoy, serán los recortes del futuro”. Ha apuntado que “no responden a las necesidades de los riojanos”.

Por Podemos-IU, su parlamentario Carlos Ollero, ha señalado que no es momento de la “discusión” política, pero ha apuntado que su formación mantiene la exposición de motivos que les ha llevado a presentar la enmienda.

En el turno en contra, ha tomado la palabra el diputado del PP, Carlos Cuevas, que ha asegurado que la Ley “piensa en el bienestar de los riojanos”, porque se van a ahorrar 130 millones de euros, gracias al “alivio fiscal” de las medidas del Gobierno riojano.

Finalmente por Vox, el parlamentario Héctor Alacid ha señalado que “no compartimos los argumentos de la izquierda” sobre esta Ley que, por otra parte, ha censurado, porque se convierte “en un vehículo normativo para modificar cuantas disposiciones quiera el Gobierno”.

Las enmiendas técnicas a la ley de amnistía pactadas esta semana entre el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu y el BNG han quedado incorporadas al texto en la reunión de la ponencia celebrada este jueves en el Congreso. Esas modificaciones han salido adelante con el voto a favor de Junts, que se descolgó el martes del acuerdo con el resto de socios y había presentado una serie de enmiendas por su cuenta.

Esas enmiendas de los independentistas catalanes y también las que presentó en solitario Esquerra Republicana el martes han quedado vivas y se debatirán en la Comisión de Justicia en la reunión prevista para el próximo martes, aunque lo lógico es que el PSOE no las acepte y no queden incorporadas al dictamen final que se votará en el Pleno para su aprobación definitiva. Esas enmiendas pedían entre otros asuntos incluir en la amnistía las causas por terrorismo.

Entre las modificaciones que se han incluido este jueves en la ley, se contextualiza que la amnistía está dentro del procés independentista y se excluyen de la medida todos los delitos que atentan contra la comunidad internacional, por ejemplo los genocidios y los delitos de lesa humanidad. También se acuerda que se eliminará del registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana las multas de la ley mordaza; y se establece que la amnistía se podrá aplicar en cualquier momento del procedimiento penal, también durante los juicios orales“.

Los grupos quieren con una de las modificaciones al articulado que sean los jueces que llevan las causas los que sean competentes para decidir sobre la aplicación de la amnistía. “Se clarifica que son los órganos que conocen de las causas los que aplican el levantamiento de medidas cautelares y órdenes de detención” dice la justificación de la enmienda, que hubieran sido adoptadas, “respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía”, salvo algunas excepciones.

Y en este sentido, en el artículo que establece el procedimiento en el ámbito penal, las modificaciones pactadas incluyen que el alzamiento de cualquier medida cautelar, sea una orden de busca y captura o de ingreso en prisión, así como detenciones, corresponda al juzgado que en cada momento “venga conociendo la causa”. Una modificación, justifica el texto, para clarificar las competencias de cada juzgado y “salvaguardar la función jurisdiccional”.

Reunión ayer entre Santos Cerdán y Turull

Aunque Junts se desmarcó el martes del acuerdo para esas enmiendas pactadas, este jueves finalmente ha terminado votando a favor en la ponencia. Ambos se reunieron en el Congreso durante casi dos horas. A pesar de que esa cita era pública y se llevó a cabo en dependencias parlamentarias, los protagonistas de la misma apenas ofrecieron información sobre el contenido del encuentro.

Según fuentes al corriente de la conversación la sensación en ambos bandos fue la de que el encuentro había resultado útil para limar algunas asperezas y reconducir una interlocución que nunca ha dejado de operar desde el 23 de julio pero a la que habían afectado algunos posicionamientos públicos. 

A la vista de lo ocurrido este jueves en el Senado, donde este mes se realizan parte de los trabajos parlamentarios del Congreso, mientras se efectúan una serie de obras en la Cámara Baja, la reunión de ayer sí sirvió para limar esas asperezas y para postergar al menos hasta el martes que viene los desencuentros entre los socialistas y los de Carles Puigdemont sobre las modificaciones a la ley de amnistía.

Junts y ERC siguen pidiendo incluir las causas de terrorismo

La propuesta de ERC y Junts es eliminar directamente el párrafo que habla de terrorismo. Una opción que los socialistas rechazaron frontalmente en privado y, ahora, también en público. Ante esa negativa, la decisión de los partidos independentistas fue diversa. Los republicanos optaron por continuar firmando las enmiendas pactadas por el Gobierno y sus socios, a la vez que presentaban unas enmiendas a título individual.

Junts en cambio saltó del consenso y rechazó estampar su firma en las enmiendas conjuntas, pese a que la mayoría de ellas se trataban de modificaciones técnicas.

La formación de Carles Puigdemont reclama, además del cambio sobre los delitos de terrorismo, otras modificaciones, como evitar que los efectos de la amnistía puedan paralizarse con un recurso a la justicia europea, o también avanzar dos meses la fecha de los delitos a los que puede aplicarse, de enero de 2012 a noviembre del 2011. Otro párrafo deja abierta la puerta a amnistiar delitos surgidos de “causas prospectivas” y que no hayan supuesto “lucro personal”, un redactado en el que algunos ven una referencia a Laura Borràs.

Los partidos independentistas entienden que el actual redactado de la ley, presentado en solitario por el PSOE, no blinda lo suficiente las dos causas por terrorismo abiertas a independentistas en la Audiencia Nacional, que afectan a trece activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) y una decena de dirigentes del procés, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira, por Tsunami Democràtic.

Con su actual redacción, la norma excluye de la amnistía solo los actos considerados delitos de terrorismo que ya tengan sentencia firme, lo que permite encajar a Tsunami y a los CDR porque ambos casos no han sido ni juzgados. Pero Junts y ERC quieren dejar más clara la inclusión de las causas en el olvido penal al procés mediante la supresión del apartado C del artículo segundo.

“Es lo que hacen las democracias modernas cuando están en peligro”. Así ha defendido este miércoles la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía que, en realidad, implica introducir en el Código Penal un nuevo delito de “deslealtad institucional” que implicaría la disolución de partido que convoquen un referéndum “ilegal”. Es decir, la ilegalización de los partidos independentistas. Junto a la del PP también se ha debatido la enmienda de Vox. Ambas han sido tumbadas por la mayoría parlamentaria de la investidura.

El PP ha dado un paso más en su oposición a la ley de amnistía, que proseguirá su camino parlamentario tras la votación de este miércoles. Y ha asumido un año después la posibilidad de ilegalizar partidos de corte independentista, aunque desde la derecha se camufla en que el ordenamiento español ya recoge la suspensión o disolución de los partidos que incumplen la ley.

Así lo ha referido Gamarra en su discurso. La dirigente del PP ha sostenido que ya se “prevé la disolución de una persona jurídica si es responsable de la comisión de determinados delitos”. “Por lo tanto”, añade, “no parece extraordinario que si se atenta contra el orden constitucional también se pueda disolver o suspender a instancia de los jueces”. “También es necesario recuperar un reproche penal cuando cargos públicos o de la Administración promuevan la inobservancia de leyes y decisiones judiciales que puedan llevar a la independencia de parte del territorio nacional”, ha añadido.

“Estamos ante una enmienda que tiene oportunidad política y oportunidad política y solidez jurídica de tipificar los delitos de deslealtad constitucional. Lo que hacen las democracias modernas cuando están en peligro”, ha concluido. Y dirigiéndose al PSOE, ha zanjado: “Causa bochorno lo que ustedes han aceptado. No tengan tampoco ninguna duda de que esto lo arrastrarán durante décadas”.

El nuevo delito de “deslealtad constitucional” es una actualización de la sedición sin reflejo en otros países de la UE. La idea es añadir tipos al Código Penal que permita aplicar una norma que ya existe, tal y como ha reconocido Gamarra, y que pasa por ilegalizar a las organizaciones que cumplan determinado delitos. Si se amplían los delitos, también el arco de partidos que se pueden suspender o, en el caso más extremo, disolver. Uno de esos nuevos delitos sería el de convocar un referéndum ilegal.

La defensa de la enmienda ha corrido a cargo de Gamarra y no del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que fue quien lo anunció ante los medios a principios de mes. Este mismo martes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó a su propio equipo la “falta de pedagogía” a la hora de presentar y explicar la norma. Feijóo la redujo a “propuesta de juristas” y se abrió a aceptar enmiendas y reducir la dureza del articulado.

Vox, contra el PP

Ese ha sido el argumento con el que Vox ha atacado al PP en la defensa de su propia enmienda a la totalidad a la ley de amnistía. “Celebramos que el PP quiera ilegalizar” a los partidos independentistas, ha dicho la portavoz de la extrema derecha, Pepa Millán. “Pero luego han matizado”, ha continuado. “Una lástima que cuando aciertan, miren a la izquierda para recibir el visto bueno”, ha dicho.

Vox ha insistido en su idea de prohibir los partidos independentistas por el hecho de serlo. Contra ello se posicionó el PP en la pasada legislatura. Ahora, los de Feijóo han buscado una fórmula para poder acercarse algo al argumentario de sus socios en decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas, con quien pugnan desde hace meses para intentar hacerse con sus votantes.

Millán ha insistido en su defensa de la enmienda de totalidad en que en Catalunya “no hay un conflicto entre iguales”, sino “una mayoría que cumple la ley y una minoría golpista”. Y ha acusado al Gobierno de querer “·traer a los segundos con honores”. “El PSOE es el autor del desgaste de la democracia”, ha planteado. “Colaboradores necesarios en una deriva que busca enfrentarnos y excluir a la mayoría de catalanes que defienden su españolidad”, ha proseguido.

Pero Millán ha centrado el tiro en el PP, partido con el que Vox ha anunciado que rompe relaciones a nivel nacional, ya que mantiene sus acuerdos de gobierno autonómicos y locales allí donde existen. “Es hora de una oposición firme”, ha dicho: “O se está con el separatismo o en contra”.

Vox defiende en su enmienda ir más allá que el PP y que sus propios planteamientos previos, y convertir en delito la “negociación” política “con prófugos de la Justicia”. El propio PP ha reconocido que dirigentes del PP se han reunido con líderes de Junts para hablar sobre la fallida investidura del propio Feijóo.

El PSOE se defiende con las reuniones de PP y Junts

Y las reuniones del PP con Junts, reconocidas oficialmente por la dirección nacional de Feijóo este mismo mes de enero, han servido al PSOE para defenderse de las acusaciones de la derecha. El diputado Artemi Rallo ha advertido al PP de que la propuesta de sus aliados de Vox podría suponer el encarcelamiento de aquellos dirigentes que se reunieron con Junts.

Rallo ha defendido la ley de amnistía, la necesidad de aplicarla y ha cuestionado a los de Feijóo: “¿Cuál es su alternativa para Catalunya?”.

El recurso de amparo presentado por diputados del Grupo Popular contra la admisión a trámite de enmiendas a la proposición de ley orgánica de adaptación de la legislación penal aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves, ha planteado un conflicto institucional entre el poder legislativo y la jurisdicción constitucional que, según como se resuelva, puede provocar una grave crisis constitucional.

El origen del conflicto se encuentra en la admisión a trámite por la mesa de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de dos enmiendas (números 61 y 62) presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos para introducir en la proposición de ley una reforma de la LOPJ y de la LOTC relacionada con el proceso de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Los medios de comunicación han tratado ampliamente el alcance de esta reforma.

El recurso de amparo considera que la admisión a trámite de ambas enmiendas ha vulnerado el derecho fundamental al ejercicio del cargo representativo de los diputados y que las enmiendas son manifiestamente inconstitucionales, razón por la cual deberían haber sido inadmitidas por la mesa de la comisión. Sin embargo, más allá de estas alegaciones, el recurso de amparo plantea una situación inédita al solicitar al TC la adopción de medidas cautelares de urgencia para suspender la tramitación de las enmiendas, afectando de esta forma la continuidad del procedimiento legislativo. Esta petición es la que puede generar un grave conflicto entre el TC y el poder legislativo, porque no cabe duda que la adopción de las medidas cautelares tendría como efecto inevitable una interferencia directa del TC en la autonomía parlamentaria, en el ejercicio de la función legislativa y en la expresión democrática que este ejercicio supone.

Sobre la cuestión de fondo que plantea el recurso de amparo, hay que destacar dos aspectos importantes.

El primero es que el recurso pone en evidencia una praxis anómala como es la de utilizar la vía de enmienda para introducir en un proyecto o proposición de ley aspectos nuevos no relacionados directamente con su contenido inicial. Los reglamentos parlamentarios exigen que las enmiendas al articulado sean congruentes con la iniciativa legislativa presentada o, dicho en otros términos, que sean homogéneas con su contenido. No es esta una cuestión formal, sino material, porque la introducción de materias nuevas y no previsibles por vía de enmienda impide a los demás grupos parlamentarios la presentación de alternativas y su defensa ante los órganos parlamentarios.

El segundo aspecto a destacar es que un recurso de amparo no puede fundamentarse en la pretendida inconstitucionalidad material de una proposición de ley ni considerar que se vulnera el derecho de participación política porque la mesa de la comisión no ha apreciado a limine tal inconstitucionalidad. A pesar de que existan dudas sobre la constitucionalidad de una iniciativa legislativa o de una enmienda, no existe una obligación de no admitirlas; una iniciativa no es un texto definitivo y puede ser susceptible de modificación, como una enmienda puede no ser aprobada finalmente; por el contrario, el derecho de participación política si puede verse afectado si una mesa parlamentaria se erige en juez de constitucionalidad preventivo de una iniciativa o enmienda.

Sin embargo, es la posible adopción o no de las medidas cautelares por parte del TC lo que suscita el problema más importante desde la perspectiva de las relaciones entre la justicia constitucional y el poder legislativo. La adopción de medidas cautelares en un recurso de amparo está prevista por la LOTC, aunque es considerada por la doctrina constitucional como una medida de carácter extraordinario y de aplicación restrictiva. Obviamente, esta aplicación restrictiva se refuerza en mayor grado cuando los efectos de una medida cautelar son susceptibles de condicionar una función constitucional tan esencial en una democracia como es el ejercicio de la función legislativa. La adopción de una medida de esta naturaleza implicaría inevitablemente una injerencia del TC sobre la autonomía parlamentaria y el ejercicio del poder legislativo excediendo el ámbito de sus atribuciones. No hay precedentes que afecten a la tramitación de una iniciativa legislativa y conviene recordar que, con carácter general, el TC ha sido hasta ahora muy restrictivo en otorgar medidas cautelares de suspensión en ocasión de recursos de amparo.

La adopción de medidas cautelares sólo puede justificarse, como ha dicho el mismo TC, cuando la ejecución del acto impugnado (la tramitación de las enmiendas en este caso) pueda producir un perjuicio a los recurrentes que pudiera hacer perder la finalidad del amparo. Pero el TC debe evitar también que la suspensión produzca una perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, lo que ocurre claramente aquí al tratarse, nada más y nada menos, de una medida que afectaría al poder de legislar que la Constitución atribuye a las Cortes Generales.

Los diputados recurrentes consideran que la tramitación de las enmiendas causa un perjuicio irreparable a su derecho de participación política por las razones antes expuestas.  Pero la existencia de este perjuicio es muy discutible en el presente caso porque el recurso parte de una visión muy formalista del derecho al ejercicio del cargo representativo al situarlo exclusivamente sobre la dimensión individual de los diputados. Esta visión no se ajusta al parlamentarismo actual que sitúa el centro de gravedad del funcionamiento de los parlamentos en los grupos parlamentarios y no en los diputados. Hoy en día es indudable que los grupos parlamentarios han sustituido a los diputados individuales como principales actores de la actividad parlamentaria y del ejercicio de los derechos reconocidos en los reglamentos parlamentarios. En este contexto, no cabe duda que los derechos de los diputados no pueden ser considerados sin tener en cuenta su adscripción a los grupos parlamentarios en cuya organización se integran. Sirva como ejemplo recordar que el mismo Reglamento del Congreso condiciona el ejercicio del derecho de enmienda de los diputados a la firma del portavoz del grupo. En el mismo sentido, muchas iniciativas, las más relevantes normalmente, suelen quedar reservadas a los grupos parlamentarios.

Esta reflexión es pertinente porque la aprobación de la proposición de ley por el Congreso de los Diputados sólo es una parte de un procedimiento legislativo que debe tener su continuidad en el Senado. En este trámite el Grupo Popular en el Senado puede presentar alternativas al texto aprobado por el Congreso y defenderlas, subsanándose así el problema creado por la presentación de las enmiendas en el Congreso que ha motivado la presentación del recurso de amparo.

En el contexto específico de unas medidas cautelares de suspensión de la tramitación de una iniciativa legislativa, me parecería difícil sustentar una interpretación del derecho fundamental de participación política que no tenga en cuenta el sistema de grupos y la estrecha vinculación política que existe entre los diputados y los senadores del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado. El TC no puede desconocer la importancia de este hecho en el momento de valorar la existencia o no de un perjuicio irreparable. Cuestión distinta es, desde luego, el pronunciamiento del TC sobre la cuestión de fondo que plantea el recurso de amparo.

La decisión del TC de aplazar su pronunciamiento sobre las medidas cautelares ha permitido al Congreso de los Diputados aprobar la proposición de ley que ahora debe ser tramitada en el Senado. En mi opinión, este retraso tiene importantes consecuencias sobre la petición de las medidas cautelares porque el objeto de las mismas ha desaparecido, puesto que no era otro que el de impedir que las enmiendas fueran debatidas y aprobadas. En este momento las enmiendas ya no existen, porque se han integrado en el texto de la proposición de ley que ha aprobado el pleno del Congreso. Este texto es el resultado de un acuerdo de un órgano parlamentario que no es objeto del recurso de amparo, ni tampoco de las medidas cautelares, puesto que estas deben guardar relación con el objeto del recurso. El alcance del recurso de amparo interpuesto no puede ser extendido a nuevos trámites parlamentarios, sobre todo cuando el Grupo Parlamentario Popular en el Senado puede presentar enmiendas al texto aprobado por el Congreso. El acuerdo de la mesa de la comisión de Justicia de admisión a trámite ya ha agotado sus efectos y esto provoca que su suspensión no tenga ningún sentido procesal en estos momentos.

El Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la opción de presentar enmiendas a la proposición de ley en su tramitación ante el Senado. También tendrá la opción, en su caso, de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley finalmente aprobada si considera que existen motivos para alegar la inconstitucionalidad material de ley, así como la existencia de vicios de procedimiento en la tramitación seguida ante el Congreso.    

Tras casi medio año de un bloqueo inédito en la renovación del Tribunal Constitucional por el boicot de la derecha judicial, el Gobierno decidió mover ficha promoviendo una reforma legal que reduce las mayorías para elegir a parte de sus miembros y suprime el requisito de verificación de los nuevos magistrados. Son modificaciones sustanciales de dos leyes orgánicas: las que regulan el propio tribunal de garantías y el Poder Judicial —cuya mayorías conservadoras son artífices de este bloqueo—, pero que se han despachado a toda prisa en un trámite no pensado para ello. 

Ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios que lo sustentan presentaron iniciativas específicas para modificar estas normas. Utilizaron una vía exprés a través de sendas enmiendas a otra ley que no tiene nada que ver y que ya se estaba tramitando en el Congreso: la reforma del Código Penal. Es lo que los juristas definen como leyes ómnibus, escoba o paraguas. Esto es, una especie de cajón de sastre legislativo que acelera la aprobación de normas aunque sea a costa de limitar el debate parlamentario. Es una vía ampliamente cuestionada por el Tribunal Constitucional pero a la que han recurrido de manera reiterada los diferentes gobiernos durante el periodo democrático. 

En este caso, en el Ejecutivo argumentan que no hay otra opción. Afirman que la reforma se retrasaría durante meses en caso de optar por la tramitación ordinaria, con lo que la derecha podría incluso alargar el bloqueo del Constitucional hasta después de las elecciones. Hasta ahora, este bloqueo está propiciando que el tribunal de garantías tenga una mayoría conservadora que no se corresponde con la que salió de las urnas. Y este es el órgano que, próximamente, tendrá que decidir sobre asuntos tan sensibles como el aborto, la eutanasia o la reforma educativa. 

El Partido Popular, por su parte, defiende que reformar leyes orgánicas vía enmiendas supone “hurtar el debate” y los “informes preceptivos”. Y ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional donde argumentan que esta tramitación ha restringido de forma indebida el derecho fundamental de participación política de sus diputados. Pero el propio Partido Popular ha utilizado esta vía en multitud de ocasiones cuando ha estado en el Gobierno, dando lugar, incluso, a recursos ante el Constitucional que han contribuido a generar una jurisprudencia contraria a estas maniobras legales. 

En 2003, el PP pretendió frenar el Plan Ibarretxe enmendando el Código Penal por vía rápida a través de la Ley de Arbitraje. El Grupo Popular en el Senado incluyó sendas enmiendas a esa ley para penalizar con hasta cinco años de cárcel la convocatoria ilegal de referéndums y el uso de dinero público para financiar a partidos ilegalizados por su relación con el terrorismo. La iniciativa estaba claramente dirigida contra el Plan Ibarretxe, ya que posibilitaba el encarcelamiento del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, si sometía a votación su proyecto soberanista. 

El asunto fue entonces llevado al Constitucional por el PSOE, que alegó que la admisión y anexión de esas enmiendas a un proyecto de ley con el que no tenían “conexión alguna” vulneró los derechos de sus senadores. El tribunal de garantías les dio la razón, aunque lo hizo ocho años después, en julio de 2011. En esa resolución, el Constitucional dejó claro que una enmienda puede reformar “sustancialmente” una norma durante “el transcurso del procedimiento legislativo”, pero también que debe ir aparejada a una ley que tenga algún tipo de conexión. Esto es, que debe haber “homogeneidad” entre las enmiendas presentadas y la iniciativa legislativa a enmendar. 

“La enmienda no puede servir de mecanismo para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa”, dijeron los jueces, que estimaron que los senadores socialistas “vieron restringidas sus posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto” con ese tipo de tramitación a través de enmiendas inconexas. 

Una vía que Rajoy utilizó una veintena de veces

Pese a lo clara que es la jurisprudencia del Constitucional, partidos de uno y otro signo han recurrido a este procedimiento exprés para promover reformas legislativas. Las dos legislaturas de Aznar dejan otros ejemplos además del citado contra el plan Ibarretxe. En 2003 utilizó la ley del mecanismo de segunda oportunidad para introducir modificaciones sobre la firma electrónica e incluso en los presupuestos. 

Su sucesor en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), también se sirvió de este atajo legal para incluir enmiendas que modificaban otras normas en varias de sus leyes de presupuestos, algo que han hecho todos los gobiernos de la democracia. Por ejemplo, usó las cuentas de 2007 para crear el empleo de teniente general en la Guardia Civil, las de 2008 para poner en marcha un nuevo ente público, la Comisión Nacional del Sector Postal o las de 2011 para suspender durante cinco años las restituciones a partidos por los bienes incautados por el franquismo. 

Precisamente la suspensión de la compensación económica a los partidos que fueron expoliados durante la dictadura fue ampliada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y, de nuevo, se hizo mediante una norma que no tenía nada que ver. En esta ocasión, a través de una enmienda a la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Durante los casi siete años que estuvo en el Gobierno, Rajoy utilizó este atajo legal al menos una veintena de veces. En 2012 utilizó la ley que regula el Instituto Nacional de Toxicología para equiparar el recorte de las pagas extra de jueces y fiscales al del resto de funcionarios. O en 2013, empleó la ley de rehabilitación urbana para hacer modificaciones en materia de seguridad aérea, patrimonio y también para incluir cambios en la ley de presupuestos. También fue la fórmula utilizada en 2014 para aprobar de forma apresurada el aforamiento de los reyes eméritos tras la abdicación de Juan Carlos I. 

En otras ocasiones, los dos principales partidos han estado de acuerdo en utilizar esta artimaña parlamentaria para hacer reformas de calado. Ocurrió, por ejemplo, en octubre 2010, cuando gobernaba el PSOE de Zapatero. Socialistas y populares pactaron entonces incluir una enmienda para reformar la ley del Tribunal Constitucional a través de una iniciativa que se estaba tramitando para modificar la ley electoral. En este caso, ambas formaciones acordaron que cuando hubiese retraso en la renovación por tercios del tribunal de garantías, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación.

Tampoco es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza esta argucia legal. Lo hizo poco después de llegar a la Moncloa, en septiembre de 2018, cuando recurrió a una maniobra similar para poder aprobar sus primeros presupuestos. Los socialistas introdujeron una enmienda en la tramitación de la ley del Poder Judicial para cambiar la Ley de Estabilidad y evitar así el bloqueo de la entonces mayoría absoluta del PP en el Senado a la nueva senda de déficit.

Esa senda era la base para aprobar sus propios Presupuestos Generales del Estado para 2019, en lugar de seguir constreñido por los objetivos de ingresos y gastos más ajustados que había pactado Rajoy. Entonces, el PP puso el grito en el cielo y Pablo Casado llamó “autoritario” a Sánchez y lo acusó de poner en marcha un “fraude de ley”. Obviando, claro está, que su partido había recurrido a ese mismo atajo en multitud de ocasiones. 

Un lote de 120 enmiendas del PP de Castilla-La Mancha al proyecto de Presupuestos regionales de 2023 ha desatado la polémica debido al desajuste entre las partidas que supone. En ese bloque propone dejar vacías de presupuesto a dos fundaciones de la comunidad autónoma, pero en su lugar propone una serie de actuaciones de todo tipo que, en total, suman un presupuesto casi 20 veces mayor.

Concretamente, el PP deja a cero euros los 1,5 millones de euros con los que se financia la Fundación Roberto Polo y con ese mismo presupuesto se introducen 60 enmiendas que suman más de 30 millones de euros. Igualmente, con los 2,7 millones de la Fundación Impulsa introduce otras 62 enmiendas por valor de 42 millones. Es decir, sustituye los 4,2 millones asignados a ambas fundaciones por 72 millones de euros.

Estas enmiendas han llevado al secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, a remitir una carta al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en la que le insta a retirar estas propuestas, a las que ha calificado de “fake”.

“Desde el milagro de los panes y los peces no se había visto una capacidad tan grande de multiplicar recursos”, le dice el socialista. “En indecente que el PP de Castilla-La Mancha quiera tratar el presupuesto regional, su palabra política, como si fuera un truco de magia; como si las carreteras, los colegios o los consultorios fueran posible hacerse con una actuación del Mago Pop”.

“¿Acaso no es una prevaricación política?”

Considera el dirigente socialista que es “un nuevo bulo, una nueva trampa” con la que el PP “una vez más quiere tomar por bobos a ciudadanos, políticos y periodistas”.

“¿Acaso no es una prevaricación política prometer 74 millones de euros cuando se sabe o se debe saber que solo se disponen de 4 millones? (…) Si un ciudadano tiene en su cuenta bancaria 40.000 euros y viene un arquitecto y le dice que con esos 40.000 euros le va a hacer un palacio de 15 millones de euros lo que está claro es que el arquitecto le está estafando y eso es lo que ha hecho el PP de Castilla-La Mancha con todos los castellanomanchegos”, argumenta en su misiva.

Las enmiendas presentadas por el PP supondrían cerrar cuatro museos de Castilla-La Mancha, de cuatro millones de euros, a cambio de “palacios” en 150 municipios por valor de 25 veces más de lo presupuestado. “Y eso es una estafa política, es una prevaricación política, es tomarnos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha por bobos”, ha concluido.

PP y Cs han presentado una enmienda conjunta a la totalidad del proyecto de presupuestos 2023 cuya clave de bóveda es una bajada de impuestos, pues, a juicio de ambos partidos políticos, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, “prefiere quedar bien con la Extremadura oficial que con la real”.

Una enmienda conjunta que, previamente a ser registrada en la Asamblea de Extremadura, ha sido presentada en rueda de prensa por la presidenta regional del PP, María Guardiola, y el coordinador regional de Ciudadanos (Cs), David Salazar.

“Vara debe tomar conciencia de que son las peores cuentas en el peor momento posible”, ha afirmado Guardiola al inicio de su intervención, en la que ha criticado al Gobierno regional por “escucharse a sí mismo” y no a la ciudadanía extremeña.

Para ambos líderes políticos, que han destacado la voluntad de ambas formaciones políticas de “dejar a un lado las siglas para centrarnos en la ciudadanía extremeña”, el proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo extremeño son “un problema, no una solución”.

“Se han elaborado pensando en las próximas elecciones generales, no en las próximas generaciones de extremeños”, ha aseverado Salazar, quien considera que “bajar impuestos no conlleva una reducción de la calidad de lo servicios públicos”.

En su opinión, la clave está en la eficiencia de gasto. En este sentido, ha apuntado que Extremadura lidera el gasto sanitario por habitante, pero “sus hospitales han bajado de posición en el ranquin de los mejor valorados”.

“Es factible bajar impuestos y mantener y mejorar el Estado de Bienestar Social”, ha insistido Guardiola, quien ha lamentado que el Gobierno de Fernández Vara haya apostado únicamente por una bajada selectiva de tasas.

Preguntada por qué tipo de baja de impuestos proponen ambas formaciones, Guardiola ha explicado que abogan por una nueva tarifa en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y revisar los beneficios fiscales existentes para sustituirlos por otros más eficaces en la fijación de población, con los que se promueva la residencia en Extremadura, la natalidad, la conciliación de la vida personal y familiar y la profesionalización de las tareas de cuidado.

En este sentido, ha apuntado una tarifa con tipos de gravamen en los dos primeros tramos del IRPF de un 8 y de un 10 %, aplicables a la mayoría de contribuyentes extremeños. Asimismo, establecer un tipo de gravamen general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales al 6 %, y de un 3 % en localidades con escasa densidad de población.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos presentará una enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023 al considerar que las cuentas deben responder “a todas las generaciones y no a las próximas elecciones”.

“Deben ayudar a la gente a pagar su hipoteca en un momento tan complicado en lugar de hipotecar a sus hijos”, ha afirmado el portavoz del grupo, David Salazar, en redes sociales.

Según ha indicado, la responsabilidad de Cs es intentar que los presupuestos vuelvan al Ejecutivo y regresen de nuevo a la Asamblea “de otra forma”, atendiendo a todos los extremeños “y no solo a la mitad” de ellos. Salazar ha hecho además un llamamiento al consenso porque es “momento de sumar”.

El PP ya anunció el pasado martes, tras el registro del presupuesto en la Cámara, que también presentaría una enmienda de totalidad para que las cuentas “vuelvan a la Junta y se diseñen desde el consenso”. 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho este miércoles que entiende que los grupos de la oposición presenten enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2023, como ya ha anunciado el PP, e incluso que voten en contra de las cuentas, pero ha asegurado que los PGEx incorporan medidas presentadas por ellos.

De hecho, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, reconoció en la presentación de los presupuestos, que el “copyright” de las medidas planteadas para luchar contra la inflación es de todos.

“Esto es complicado de entender pero pido que se haga un pequeño esfuerzo”, ha dicho Vara, tras recordar que los presupuestos no necesitan ningún pacto para ser aprobados, pues el PSOE cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, pero “la ciudadanía nos exige en estos momentos complicados que haya aproximación”. De ahí la negociación de estas cuentas para que sea un presupuesto “con una mayoría aún más amplia de la que el gobierno tiene”.

En ese sentido, ha vuelto a insistir en que “entendería que puede haber gente que incorpore cosas al presupuesto y finalmente luego no vote a favor porque esto no va de aritmética; va para cumplir con una obligación que creo que tenemos todos ahora de ceder un poco, de dejarnos de líneas rojas e intentar trabajar de manera acordada en estos difíciles momentos”.

El presidente extremeño también ha señalado que se trata de un “planteamiento muy sencillo y no sé si todo el mundo ha llegado a poderlo entender, lo que se trata es de incorporar cuestiones que para el resto de fuerzas políticas sean importantes”, como ha ocurrido en la negociación previa y en el trámite parlamentario, según ha señalado. 

“Una enmienda a los extremeños”

Más crítico con la decisión del PP de presentar una enmienda a la totalidad a los PGEx ha sido el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González. Tras el Consejo de Gobierno ha instado al PP a “leerse” el proyecto de presupuestos y estudiarlos en profundidad porque, si finalmente formula su anunciada enmienda de totalidad, la presentará “no al Gobierno, sino a los extremeños y a las extremeñas”. “Respetamos la opción de cada grupo parlamentario, pero nos resulta muy llamativo que apenas dos horas después de registrarse los presupuestos el PP anuncie una enmienda a la totalidad”, ha afirmado.

El portavoz ha señalado que el hecho de que el PP anunciara esta decisión justo después de que la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, detallara las cuentas es una “falta de respeto” al trabajo realizado y a los extremeños. “En tan solo dos horas es imposible hacer una valoración exhaustiva” de unos presupuestos que recogen un incremento del 9,7 % en sanidad, del 6 % en educación, del 10 % en dependencia y del 58,8 % en vivienda, ha aseverado el portavoz del Ejecutivo.

Por ello, considera que los populares presentarán una enmienda de totalidad a 430.000 familias extremeñas que se van a beneficiar de la reducción del canon de saneamiento y a 60.000 cazadores y 110.000 pescadores a los que se va a reducir la tasa de sus licencias. También se ha referido al bono de transporte que incluirán las próximas cuentas regionales y que supondrá la bonificación del cien por cien del precio del autobús en las líneas regulares. Según ha indicado, más de un millón de viajeros utilizaron este medio de transporte en Extremadura el pasado año, por lo que ha estimado que la cifra de beneficiarios de esta medida puede rondar esta cifra. A ellos ha sumado los cien mil titulares de la tarjeta SATE, que pasarán de tener bonificado el 50 % del precio al 100 %. 

Estaba todo a punto para que la conocida como ley del 'solo sí es sí' recibiera luz verde definitiva antes de que las Cortes se fueran de vacaciones. Se daba casi por hecho y, por eso, al maratoniano pleno del Senado del martes pasado acudió la ministra de Igualdad, Irene Montero, para celebrarlo. “Hoy cumplimos un mandato muy claro del movimiento feminista”, aseveró tras un largo debate de cuatro horas. La sorpresa llegó a los pocos minutos de iniciarse la votación, con la enmienda 93, presentada por Junts per Catalunya. “Queda aprobada”, declaró el presidente de la cámara, Ander Gil. La misma enmienda, sin embargo, ya había sido aprobada en el Congreso dos meses antes.

Tras anunciar el resultado, el presidente tuvo que pedir silencio para continuar con la sesión ante el murmullo que comenzó a extenderse y los aplausos de la bancada del Partido Popular. El respaldo de la enmienda obligaba al texto a volver al Congreso y frustraba su aprobación definitiva, tal y como contempla el reglamento. Pero casi nadie entendía lo que había pasado. No se esperaba que ningún cambio prosperara, a pesar de que se debatían un total de 159 enmiendas. Ninguna había sido aceptada la semana anterior en la Comisión de Igualdad del Senado, el paso previo. Con la 93, pulsaron el botón verde el PP, la Izquierda Confederal, todo el Grupo Nacionalista, Ciudadanos y ERC.

La modificación implica sustituir en el preámbulo la frase “abortos y esterilizaciones forzosas” por “abortos y esterilizaciones forzosos”. Según explicó Junts, la intención del partido era considerar obligar a abortar a una mujer una forma de violencia, al igual que hace el Convenio de Estambul en su artículo 39, que lo recoge así. Ponerlo en masculino implica que “forzosos” abarque también a los abortos, mientras que en femenino solo se refiere a las esterilizaciones. Tras finalizar las votaciones, Ander Gil anunció que la norma debía volver a la Cámara Baja antes de ser sancionada por el rey porque los proyectos de ley inician allí su recorrido, después pasan al Senado y, si este introduce cambios, deben regresar.

La cuestión, sin embargo, es que esa misma enmienda ya se había votado en el trámite anterior en el Congreso. Fue el pasado 18 de mayo, en la Comisión de Igualdad, donde se debatió el dictamen de la norma antes de pasar al pleno. La enmienda 66, también de Junts, proponía exactamente lo mismo: incluir “abortos y esterilizaciones forozosos” en la ley. Y fue aprobada. La cámara dio el respaldo tras el debate, que se dedicó fundamentalmente a la prostitución, a la misma enmienda que ahora retrasa la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

La propuesta 66 recibió 20 votos a favor y 17 en contra, según se puede ver en el diario de sesiones. “Queda aprobada”, sentenció la presidenta de la comisión, Carmen Calvo. Sin embargo, en el dictamen que salió de aquella larga sesión, que acabó colgado en la página web del Congreso y que llegó al Senado la palabra “forzosos” se había sustituido por “forzosas”, al contrario de lo que contemplaba la enmienda. La Cámara Baja no ha respondido a las preguntas de este medio sobre qué pudo haber pasado para que la frase acordada por los grupos se trasladara con el género cambiado a la ley.

Varias fuentes de distintos grupos parlamentarios apuntan a un “error” a la hora de transcribir el texto por parte de los servicios del Congreso, pero no hay una respuesta oficial al respecto. Lo que está claro es que a los senadores les llegó una ley que rezaba “casos de aborto y esterilizaciones forzosas”. Nadie pareció darse cuenta antes, en el trámite en el Congreso, de que la enmienda 66 decía otra cosa diferente. Fuentes de Junts en el Senado aseguran que vieron que la frase “no se adaptaba al Convenio de Estambul” y decidieron presentar la enmienda 93 para corregir “forzosas” por “forzosos”.

El último intento para evitar la dilatación

Tras el respaldo de los senadores la decepción se dejaba notar entre los partidos de la coalición de Gobierno, que confiaban en que la norma, que desarrolla un marco integral para combatir las violencias sexuales al estilo de la Ley contra la Violencia de Género de 2004, entrara en vigor antes del verano. Los letrados del Senado mantuvieron en el aire la posibilidad de que se diera por aprobada. Desde el Ministerio de Igualdad defendían que se trataba de un error que podía ser subsanado sin necesidad de alargar el trámite. Pero todo apunta a que habrá que esperar a septiembre para que la ley acabe aprobándose.

El último intento del departamento dirigido por Irene Montero vino con la propuesta a las formaciones que habían respaldado la enmienda de firmar un texto conjunto que evitara que tuviera que volver al Congreso, según confirman fuentes de los grupos. Igualdad no ha querido comentar nada al respecto. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone reconocer que “la enmienda en cuestión no es tal”, sino una “mera corrección gramatical”, pues ya se había incorporado a través de la 66 en el trámite anterior. Y reclama a la mesa del Senado que se de por subsanado porque “no concurren las exigencias de modificación que impone el artículo 90 de la Constitución”.

Sin embargo, no salió adelante. Fuentes de Junts aseguran que requería “el consenso de todos los grupos” y “el PP se había negado a firmarla”, además de que el texto “daba por hecho que lo que se corregía era una simple errata, mientras que lo que se corrige es que [la redacción] se corresponda al 100% con el Convenio de Estambul”. Los populares, por su parte, justifican su negativa en que “el presidente [del Senado] ya había firmado que se trasladara la ley” al Congreso y en “no firmar algo que va en contra” del voto a favor que previamente habían dado en el pleno.

El PP apunta, además, a que “nadie quería firmarlo”, aunque fuentes de ERC en el Senado, que desconocían que la enmienda ya se había adoptado, reconocen que sí lo hubieran respaldado. “Ante la cantidad de casos que conocemos de violencia sexual, el contexto internacional de retroceso de derechos de las mujeres, y una derecha y ultraderecha española que bloquean y niegan estos derechos, era importante que la ley saliera adelante, porque aunque es una ley mejorable, es una buena ley. Además una vez aprobada, se puede instar al Gobierno con iniciativas parlamentarias para que la norma recoja aquello que actualmente no hace”, apuntan.

El apoyo indispensable del PP

Tras la sesión en el Senado, Irene Montero, acusó al Partido Popular de apoyar la enmienda como forma de intentar retrasar la norma, que había intentado tumbar sin éxito a través de una propuesta de veto que no prosperó. No solo los populares respaldaron el cambio de Junts, pero su apoyo fue determinante. Recibió 130 votos a favor, 112 en contra y 17 abstenciones. “Esta es la aportación y el nivel del PP en la política española, utilizar una letra para retrasar una ley que puede permitir al Estado proteger y acompañar de forma eficaz a las mujeres que son víctimas de violencias sexuales”, afirmó la titular de Igualdad.

Fuentes del PP en el Senado lo niegan y defiende su apoyo a la enmienda apuntando a que “los matices son muy importantes” en las leyes “ya sea por una coma, una letra o una palabra entera”. En el Congreso, los populares habían presentado esta propuesta, en los mismos términos que la 66 de Junts, pero no así en el Senado, donde su respaldo fue inesperado. Prácticamente al tiempo que el presidente de la Cámara Alta anunciaba que la enmienda había quedado aprobada, el senador Javier Maroto celebró en Twitter que la ley tuviera que ser revisada de nuevo en el Congreso y cargó contra Montero a través de Twitter.

Por su parte, Junts defiende la enmienda, aunque reconoce que fueron en total 35 las propuestas registradas por la formación catalana, muchas “de más calado” que la única aprobada y que le “hubiera gustado que prosperasen”. Aún así, fuentes del partido ponen el foco en que la Cámara Alta tiene capacidad para aprobar cambios y lamentan que la ley “lleve 12 meses estancada en el Congreso, cuando en el Senado ha estado solamente 12 días tramitándose por urgencia”.

El PP de Castilla-La Mancha ha presentado un total de 692 enmiendas parciales a los presupuestos de la Junta de Comunidades para 2022 y ha defendido que se basan en “la voz” y “las prioridades” de la sociedad castellanomanchega.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lola Merino, que ha esperado que el Gobierno regional las escuche y las apruebe porque son “las prioridades” que marca la sociedad y no las enmiendas del PP, según recoge Europa Press.

Merino ha explicado que estas enmiendas dan cumplimiento a los compromisos que ha ido adquiriendo el presidente regional del partido, Paco Núñez, y que han sido elaboradas de la mano de alcaldes, colectivos, asociaciones, organizaciones, agricultores, ganaderos, autónomos o el tercer sector.

En concreto, en materia sanitaria el PP presenta una enmienda por 30 millones de euros para la elaboración de un plan de choque de listas de espera y otra de 45 millones para la recuperación de la carrera profesional sanitaria. “75 millones en dos enmiendas que serían posibles si Page no hubiera recortado el presupuesto del SESCAM en 60 millones de euros, mientas suben los gastos de Presidencia un 9,3%”, ha dicho.

También en materia sanitaria, los 'populares' presentan una enmienda por valor de 16 millones para contratar más profesionales en Atención Primaria y Especializada, que Merino ha dicho que “es posible” porque la Junta tiene previsto gastarse “justo esa cantidad” en altos cargos y asesores en el presupuesto de 2022.

Una cantidad que la portavoz del PP ha dicho que también se puede destinar a las tres enmiendas, por valor de 5,7 millones de euros cada una, que su grupo presenta para que los hospitales de Tomelloso, Valdepeñas y Manzanares tengan UCI.

Enmiendas para el sector agrario

En materia agraria, y ante lo que Merino ha calificado como una situación “insostenible” en el campo, el PP pide un plan de choque para salvar la agricultura regional por 10,5 millones de euros así como destinar 5 millones al olivar tradicional, 4 al olivar afectado por 'Filomena', 2 millones para a agricultores afectados por la plaga de conejos, otros 2 para el vacuno de leche, 2 más para el caprino y 1,5 para el toro de lidia.

También recogen los 'populares' una enmienda por 12 millones de euros para un plan de familia, natalidad y conciliación, un plan de rescate para mujeres autónomas por 12 millones y otro de apoyo a la natalidad en el medio rural por 7 millones de euros.

Finalmente, respecto a la economía y el empleo, Merino ha desgranado que el PP presenta una enmienda por 16,5 millones de euros para poner en marcha un plan de empleo dirigido a autónomos, pymes y empresas de la región con el fin que sean quienes contraten a los desempleados; así como otra enmienda por 11 millones para un plan de empleo para jóvenes y otra de 10 millones para otro plan de empleo para que empresas, autónomos y pymes contraten a mujeres.

PSOE: las enmiendas del PP “no van a aportar nada”

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado un total de 16 enmiendas parciales a los presupuestos regionales de 2022 de carácter técnico y “sin envergadura”, al tiempo que ha afirmado que las casi 700 presentadas por el PP “no van a aportar nada” a la cuentas del próximo año.

En rueda de prensa, el presidente del Grupo Socialista en las Cortes, Fernando Mora, ha lamentado que el PP haya prometido que con 16 millones va a “arreglar” la Comunidad Autónoma. “Los reparte y los multiplica por 500. Desde el milagro de los panes y los peces no hemos visto uno tan grande”.

Mora ha tachado la actitud del PP de “vergüenza” y le ha pedido que cese de hacer “teatros demagógicos”. “Lo que nos cuentan es lo mismo que nos han venido contando otros años y no van a aportar nada, porque no son intermediarios entre sociedad y Gobierno, y se empeñan en que con 16 millones arreglan los problemas a todo el mundo”.

Tras preguntarse quién va a creer al PP de Paco Núñez, el parlamentario socialista ha criticado que se dedique “a las chapuzas” con las enmiendas que han presentado y ha adelantado que el PSOE las va a rechazar porque “no son constructivas” y es “un juego de trileros”.

“Además, y así lo manifestaron en su congreso de Puertollano, alaban las políticas de Cospedal”, ha dicho, para agregar que “lo que hay que hacer es amarrarse los machos si ganan las próximas elecciones porque a todos los que han prometido les van a recortar”.

Finalmente, y después de afirmar que con el PP, Castilla-La Mancha “no tiene futuro” por su “falta” de coherencia, Mora ha asegurado que los ciudadanos de la región valoran la gestión del Gobierno regional y unos presupuestos hechos para luchar contra la pandemia, reforzar la sociedad y no dejar a nadie atrás.