El sindicato Manos Limpias está en la génesis de la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No en vano fue quien interpuso la primera querella que sirvió al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para abrir diligencias. Pero desde el inicio, y dado que no logró hacerse con la dirección letrada de las acusaciones populares tras la unificación de las mismas, la participación del sindicato dirigido por Miguel Bernad quedó desdibujada. Al menos hasta ahora.

En un nuevo escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal del sindicato pide al juez que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señala, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

Manos Limpias indica que “en plena sintonía con lo que han manifestado las defensas y el Ministerio Fiscal” no se está en condiciones de proseguir la instrucción frente a ella. Advierte de que se corre el riesgo de poner en peligro “el buen fin del proceso” porque su declaración como testigo podría ser “determinante para que exista prueba de cargo suficiente” contra Gómez y contra el tercero de los imputados, el empresario Juan Carlos Barrabés.

A esto suma que también discrepa con la calificación jurídica de los hechos que hace Hazte Oír como dirección letrada de las acusaciones populares. Entiende que solo puede prosperar la acusación por los delitos de malversación y tráfico de influencias, y si acaso por un delito de prevaricación. Pero advierte de que “ni remotamente” es posible inferir la comisión de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional. Por ello, señala que más allá de que el juez Peinado comulgue con las tesis de Hazte Oír, debe darle a Manos Limpias la oportunidad de escindirse y conformar una nueva agrupación a la que se puedan sumar acusaciones que vean más ajustada su línea de actuación.

Este escrito del sindicato de Bernad llega después de que se celebrara el pasado Miércoles Santo una vista en la que el juez comunicó a las partes que de nuevo procedía a seguir la cusa por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Ese mismo día trascendía que Manos Limpias no estaba de acuerdo con la imputación de Cristina Álvarez y consideraba prematuro llevar el asunto por la vía del jurado popular.

Vox ya advirtió en febrero de 2025

Cabe recordar que en febrero de 2025, cuando era Vox quien dirigía la acusación popular ya trasladó por escrito al juez Peinado su preocupación por las consecuencias que pudiera tener imputar a la asesora sin fundamentar la decisión. Hasta entonces habían sido las defensas de los acusados quienes habían tratado de poner límite, sin apenas éxito, en los excesos de la instrucción de Peinado, pero ese movimiento de Vox alertaba del carácter contraproducente de adoptar medidas sin respeto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Meses más tarde, en noviembre, Peinado llegó a expulsar de la causa al sindicato porque no había consignado en el juzgado el importe exigido para ser tenido como parte en el procedimiento. Esta decisión, que acabó revocando, se produjo después de que Carlos Perales, su abogado en la causa y redactor de la querella que dio pie a Peinado para abrir la investigación en 2024, renunciara a llevar a Manos Limpias al entender que existían fines políticos en la acción de esta acusación popular en el caso Begoña Gómez.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado los recursos de Manos Limpias, la Fiscalía y la Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicente Mompó, y ha reabierto la causa contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, por la presunta falsificación de su título académico en la institución provincial. El auto cuestiona la prescripción del delito esgrimida por el juez de instrucción que dictó el pasado 8 de octubre el sobreseimiento libre de la causa y pone en duda que no se tomara declaración al denunciado.

Mientras que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València afirmaba que los hechos denunciados por el pseudosindicato habrían prescrito “cuanto menos hace 30 años”, la Audiencia de Valencia sostiene, tras repasar la jurisprudencia, que “cada vez que el funcionario pide a prórroga, no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación, sino que debe alegar que reúne los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar”.

El auto se escuda en que, según la documentación aportada por la Diputación de Valencia, “el denunciado habría solicitado sendas prórrogas en el servicio activo en los últimos años, siendo los dos últimos los de 2023 y 2024”.

Sin la “necesaria claridad de hechos”

Por otro lado, considera que “debe esgrimir de forma expresa o por remisión, expresa o tácita, los títulos que le amparan”. “La exigencia es tan evidente que de formular la petición excusándose de la titulación, la respuesta habrá de ser negativa por no ser apto para el destino en función de los requisitos normativos exigidos al efecto”, agrega.

El auto de la sección tercera de la Audiencia de Valencia concluye que “no siendo descartable que la persona denunciada haya hecho valer su título falso en demostración del cumplimiento de su preparación, de su condición de apto para acceder a las prórrogas en el servicio activo, es manifiesto que no se dispone de la necesaria claridad de hechos para poder ceñir el cómputo de la prescripción al momento de su inicial presentación en la década de los ochenta”.

La resolución revoca el auto de sobreseimiento libre dictado por el juez y ordena el inicio de la instrucción de la causa.

La organización Manos Limpias, cuya denuncia fue la que motivó que el juez Peinado abriera en abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, rechazó este miércoles la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular. Manos Limpias se desmarcó así del resto de acusaciones populares durante la sesión en la que Peinado trasladó a las partes su decisión de volver a dirigir el caso a un jurado popular si finalmente llega a juicio. La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en la causa han vuelto a pedir que archive el caso.

Posteriormente, la organización ultra ha emitido un comunicado en el que niegan haber “reculado” en su posición: “Decimos que es precipitado porque faltan diligencias por practicar”, sostienen sobre la competencia del tribunal del jurado.

Además, Manos Limpias ha pedido al juez que les permita actuar al margen del resto de acusaciones, no bajo la tutela de Hazte Oír, que ejerce la dirección letrada. Así lo ha hecho según un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que asegura que no encuentra “motivos siquiera indiciarios” del delito de intrusismo profesional, señala que el de apropiación indebida de marcas “no se encuentra tipificado como tal” y rechaza el de corrupción en los negocios: “En tanto nos encontramos en el marco de relaciones y organismos de derecho público, y dicho precepto tipifica hechos relativos a los negocios entre particulares”.

Pero sí que comparte “plenamente” que hay “indicios” en la causa de malversación y tráfico de influencias, si bien subraya que para la comisión de esos presuntos delitos “resulta imprescindible el concurso del delito de prevaricación —no investigado—, cuyo enjuiciamiento no puede ser atribuido al tribunal del jurado”. “Debe recordarse que si bien la competencia del tribunal del jurado radicaría en una imputación verosímil de los delitos de malversación y tráfico de influencias, en el estado de la causa no es menos verosímil la imputación del delito de prevaricación”, añadía.

Y apostillaba que sobre ese supuesto delito “no se han practicado suficientemente diligencias de instrucción”, avanzando que las “propondrá” y sosteniendo que, una vez practicadas, “impediría por conexidad la continuación del procedimiento por los cauces del jurado”.

Además, Manos Limpias se ha mostrado a favor de que Peinado archive de manera provisional la causa para la asesora de Gómez, “en la medida en que no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria” en malversación.

La organización apunta que, según la Audiencia Provincial de Madrid, el delito de malversación “solo podría plantearse frente a quien cobrando un salario público no prestase ninguna de las funciones para las ha sido nombrado”. “No pudiendo deducirse de su participación en las cuestiones relativas a la cátedra que Álvarez participase de modo más o menos directo en el plan concebido por Gómez, resultando más razonable asumir que obedeciendo órdenes de quien entiende su superior jerárquico —a efectos materiales, que no formales— se viera inmiscuida en las actividades privadas de Gómez, al margen de sus actividades públicas”, sostiene.

A su entender, “cuestión distinta es el comportamiento de Gómez, que hizo uso del medio público puesto a su disposición para sus negocios particulares, así como de la autoridad que la nombró y lo toleró”.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar recursos de las defensas contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había “indicios racionales de criminalidad” que justificaran esa decisión.

Bolaños: “No lo ven claro ni los ultras que presentaron la querella”

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tildado de “despropósito” la causa después de que Manos Limpias haya rechazado la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular y haya pedido el archivo de la causa para la asesora, Cristina Álvarez.

“Casi dos años después, no lo ve claro ni la organización ultra que presentó la querella que ha dado lugar a este despropósito”, ha afirmado el ministro en un mensaje publicado este miércoles a través de la red social 'X'. Y ha asegurado que la querella “debió de ser inadmitida el primer día” según “la doctrina pacífica del Tribunal Supremo”.

El titular de Justicia ha denunciado el “daño” que “se sigue causando” con esta investigación, que ya llevó a Sánchez y a su esposa a presentar una querella contra Peinado por prevaricación y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el pseudosindicato Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala popular de Urbanismo, Rocío Gómez; la directora general María Pérez-Hickman, y otros empleados municipales.

Manos Limpias también denunció al jefe del servicio de Viviendas y Protección Oficial del consistorio; al notario José María Izaguirre, fedatario de las escrituras de adjudicación de los pisos y con dos hijos agraciados con viviendas, y a la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret. También denunció a cuatro directivos de la cooperativa impulsora de las viviendas.

El abogado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en la causa de la dana, figura en la denuncia de las viviendas de protección pública como “letrado director” de Manos Limpias.

Como ha venido informando elDiario.es, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. El escándalo también forzó la dimisión del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio y excoordinador de Ciudadanos, Miguel Ángel Sánchez.

La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal.

Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Alicante por los presuntos delitos de falsedad en documento público mercantil, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios por el escandalo de la viviendas protegidas del residencial 'Les Naus' de la capital alicantina contra la exconcejala Rocío Gómez, la directora de Contratación en el Ayuntamietno, dos arquitectos municipales, el jefe de servicio de Viviendas y Protección Oficial, un notario, y contra el administrador único, el presidente, la vicepresidenta y la secretaria de la cooperativa Fraorgi; unos por ser beneficiarios de viviendas, y otros por estar implicados en el proceso en el proceso de adjudicación.

Según argumentan, “no se hizo publicidad de esas viviendas con la justificación de que ya había listas de espera” y la Generalitat “amplió el límite de los ingresos totales de la unidad familiar para acceder a la vivienda”. Así mismo, detallan que las viviendas, “en varios casos y una vez escrituradas”, han sido puestas a la venta por el doble de su adquisición, con la intervención de una agencia inmobiliaria que “en un vídeo manifiesta que una aproximada de 175.000 euros debe darse en B”.

Además, Vox ha solicitado la convocatoria de una comisión de investigación en las Corts Valencianes sobre esta promoción de viviendas protegidas de la playa de San Juan de Alicante, “así como todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren”. Esta comisión, en el caso de constituirse, deberá elaborar un dictamen con las conclusiones en el plazo de doce meses como máximo.

Hay que recordar que Compromís ya registró el pasado lunes la petición de que se cree una comisión de investigación en el Parlamento autonómico y el PSPV también ha denunciado estas supuestas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de cinco presuntos delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración.

El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha rechazado la querella de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por los disturbios acaecidos en la última etapa de La Vuelta, dentro de la protesta ciudadana contra la participación de un equipo israelí, en pleno genocidio en Palestina. La jueza Luisa María Prieto Ramírez razona que el delito que atribuye el pseudosindicato ultra a Martín, desórdenes públicos y desobediencia, no existe en su modalidad de “imprudente”.

Manos Limpias quería hacer responsable al delegado del Gobierno de las lesiones que habrían sufrido algunos agentes. Para haber cometido ese delito, tiene que explicar la juez al querellante, “es preciso el dolo sobre los hechos”, es decir, la voluntad del delegado de que los policías fueran heridos, así como la “falta de diligencia respecto del resultado”.

“En la denuncia se atribuye responsabilidad penal al Delegado del Gobierno, por los desórdenes causados con motivo de unas determinadas protestas ciudadanas durante el desarrollo de un evento deportivo, se hace responsable penal al mismo, de los actos realizados por otros, que provocaron, se dice, lesiones a los agentes durante el ejercicio de sus funciones, dirigidas a garantizar el desarrollo del evento. Se está en realidad, en presencia de una queja de un tercero, el denunciante, a las directrices del denunciado frente al desarrollo de un evento, que tiene su cauce al margen del derecho penal”, explica el auto.

El Tribunal Supremo inadmitió en noviebre otra denuncia similar de Manos Limpias contra Sánchez en la que acusaba al presidente del Gobierno de promover el odio contra el equipo ciclista israelí IPT. El Supremo rechazó de plano esta acusación contra Sánchez: “Lo que se denuncia es la paralización de la Vuelta Ciclista sin tomar las medidas oportunas para ello, lo que, evidentemente, este comportamiento no supone un delito de odio”

Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se convirtió esta semana en el tercer investigado en la causa que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta contra Begoña Gómez al que la instancia superior retira la imputación. Los tres magistrados de la Audiencia Provincial que revisan las decisiones de Peinado suscribieron un auto en el que afirman que no hay ni “el más mínimo indicio” contra el alto cargo del Ejecutivo. A pesar de ello, ha permanecido imputado durante medio año. 

El nombre de Francisco Martín se une a los de otros damnificados a los que el juez Peinado investigó de forma injustificada, según la instancia superior. Se trata del directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor a la esposa de Pedro Sánchez. Estuvo seis meses investigado. 

El tercero es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, al que llegó a mantener imputado durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. Goyache se desvinculó de la creación de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Complutense y siempre negó haberle dado trato de favor. La Audiencia Provincial afirmó que la decisión del juez de investigarle carecía de “fundamento” y levantó su imputación ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios”. 

En el caso de Francisco Martín el juez acordó imputarlo el pasado mayo tras admitir una querella que Vox había presentado en diciembre de 2024. Esa querella se basaba en la existencia de dos correos electrónicos que la asesora Cristina Álvarez envió en 2021 en nombre de Begoña Gómez a directivas de Reale, entidad aseguradora que financiaba la cátedra que la mujer de Sánchez dirigía en la Complutense en relación con un evento en el que iba a participar. Según la formación de extrema derecha, el envío de esos dos correos era suficiente para atribuir al actual delegado al Gobierno, a la asesora y a Begoña Gómez delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. 

Peinado admitió la querella solo contra Francisco Martín y únicamente por el delito de malversación, aunque meses después, en pleno agosto, cambió de criterio e implicó también por este delito a la esposa de Sánchez y la asistente. El juez argumentó que el delegado —que entre 2021 y 2023 fue secretario general de la Presidencia del Gobierno— era el “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” en las que Begoña Gómez realizaba actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. 

La Audiencia Provincial le dice ahora al magistrado que la querella de la formación de Santiago Abascal no proporcionaba ni “el más mínimo indicio” de que Francisco Martín hubiera participado en el presunto delito de malversación que investiga por las tareas realizadas por la asesora y tampoco de que tuviera una “supuesta función de control” sobre esas tareas, por lo que debió rechazarla de plano. Ante el juez, Martín dijo que no participó en la contratación de la asesora en 2018, cuando era jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presidencia, y que tampoco conoció de “ningún incumplimiento” en el ejercicio de sus funciones cuando ascendió a secretario general de Presidencia. 

“Resulta responsable el que utiliza en interés particular el citado cargo público y también lo es quién debiendo de limitarse a sus funciones, las sobrepasa colaborando con la referida actividad particular de la principal investigada”, dicen los jueces de la instancia superior. Esta afirmación parece contradecir lo afirmado por estos mismos jueces en mayo, cuando sostuvieron que la asistente no podía ser investigada por un delito de malversación, pues ese delito solo puede cometerlo quien “destina, aprovecha o consiente” ese mal uso de los servicios públicos, pero no “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado”. La atribución a Begoña Gómez y su asistente de un delito de malversación también está recurrida por sus defensas a la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado al respecto. 

El revés del Supremo

La decisión de la Audiencia Provincial obligará al juez a mover ficha y levantar la imputación de Francisco Martín. Hasta ahora, Peinado no había dado este paso a pesar del revés que encajó el pasado julio, cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también en la ramificación del caso relativa a la asesora de Begoña Gómez. Bolaños era secretario general de Presidencia cuando la asesora fue contratada y Francisco Martín fue su predecesor. Los jueces del Supremo acusaron a Peinado de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al ministro, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

En el interrogatorio, el ministro negó cualquier irregularidad. Pero el juez insistió en pedir al alto tribunal que abriera una causa contra él por el nombramiento y el control de las funciones de la asistente. Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado. 

El juez también mantuvo imputada durante 11 días a la actual secretaria general de Presidencia, Judith González, a la que atribuyó el mismo delito de malversación que a sus dos predecesores en el cargo. En su caso, el juez acordó sacarla de la causa justo después de interrogarla. La alto cargo dijo que el puesto de la asesora no depende de la estructura que ella dirige, sino del Gabinete. Un día después, el juez confirmó esa decisión en un auto con una somera explicación. “Resulta plenamente acreditado que la investigada no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos”, escribió.

Esta misma semana, la Fiscalía pidió al juez que levantara la imputación de Francisco Martín dado que su situación es “idéntica” a la de Judith González, que fue quien lo sustituyó en el cargo. “Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que impliquen conocimiento de nada. Uno, imputado; y otro sobreseído libremente...”, escribió el fiscal. El juez optó por preguntar a las partes antes de tomar una decisión que ahora estará obligado a adoptar tras la resolución de la instancia superior.  

“Todos los actos”

La decisión de la Audiencia Provincial sobre el delegado del Gobierno es el último hito de una causa que Peinado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia. 

La causa ha ido expandiéndose después de que la querella inicial acusara a Begoña Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos. 

Las sospechas sobre Air Europa fueron refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios pese a la insistencia del juez en seguir investigando un asunto que el PP ha convertido en una de sus principales armas políticas. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la instancia superior le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.

Tras el revés con Air Europa, Peinado también perdió el control sobre la segunda pata de la querella inicial, la relativa a la supuesta influencia en los contratos de Barrabés, porque la Fiscalía Europea asumió esa parte de las pesquisas. Peinado optó entonces por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en otros contratos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. La Audiencia Provincial avaló esa parte de la investigación, aunque también reprendió a Peinado por registrar la casa y la oficina del empresario mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces le advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y anularon ese registro. En su momento, el juez también intentó interrogarlo durante ese ingreso.

De ahí, el magistrado pasó a buscar irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si su contratación en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias, lo que motivó la citada imputación del rector. Esa línea ha derivado en una macroinvestigación en la que se indaga, por un lado, si incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la universidad y, por otro, si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en la Complutense y por los que cobraba 15.000 euros anuales. 

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del IE, donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial también le obligó a archivar la causa para Juan José Güemes. 

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado readmitir a Manos Limpias como acusación en la causa que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, toda vez que el sindicato ha “consignado el importe requerido” para ejercer dicha acción popular. El juez apartó hace dos días al pseudosindicato por no haber abonado el importe exigido para ser parte en la causa que nació a raíz de su propia denuncia en 2024, basada en informaciones de prensa y un bulo, al que luego se sumaron querellas de Hazte Oír y Vox.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid avisa a Manos Limpias de que “condiciona su personación a que presente escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento” en favor de la procuradora. De igual forma, el instructor comunica al sindicato liderado por Miguel Bernad que quedará agrupado en las acusaciones populares unificadas bajo la dirección letrada de HazteOír.

Manos Limpias acusó a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés. La causa, con las distintas querellas agregadas, se fue ampliando hasta lo que es ahora, un procedimiento que se dirige contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.

Al margen de la decisión de Peinado de apartar —y ahora readmitir— a Manos Limpias, el abogado Carlos Perales Rey renunció vía burofax a representar al sindicato en la causa alegando que el “encargo jurídico” inicial “de naturaleza estrictamente técnica” ha ido “transformándose” en un asunto “cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”. Ya se ha nombrado a un nuevo abogado para el caso.

El pseudosindicato Manos Limpias se queda sin representación en el caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. El abogado Carlos Perales Rey, que venía defendiendo los intereses de la organización ultra en este procedimiento, ha presentado su renuncia en un escrito en el que denuncia que “la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública”. Así consta en un burofax que el letrado envió al pseudosindicato el pasado 25 de septiembre y que acompaña a su escrito de renuncia, fechado este 24 de noviembre. 

En el escrito remitido al juzgado, el letrado aporta un justificante de Correos que acredita que el burofax no fue recogido por Manos Limpias e insiste en su petición de que “se tenga por formulada la renuncia conjunta a la representación procesal y defensa letrada”, así como su “desvinculación del mismo”.

El abogado Carlos Perales afirma en el burofax que lo que se inició como “un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica” ha ido transformándose “en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática”. Así, explica que en el transcurso de los acontecimientos se ha podido observar cómo las “decisiones estratégicas” ya “no se inspiran en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”.

“La abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública. El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido y diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso”, prosigue el burofax. 

El pseudosindicato que dirige Miguel Bernad desde mediados de la década de los noventa presentó en abril de 2024 una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno basada en ocho noticias publicadas en diversos medios de comunicación, una de ellas un bulo difundido por The Objective sobre una subvención inexistente a Begoña Gómez.

El juez Peinado dirige desde entonces una macrocausa que ha puesto bajo sospecha toda su actividad profesional desde que su esposo es presidente del Gobierno, esparcidas por una causa judicial que ya roza los 20 tomos de sumario y que avanza entre correctivos y empujones de la Audiencia Provincial de Madrid. 

La organización que dirige Bernad cuenta con un largo historial en el último lustro de denuncias a políticos y organizaciones progresistas. Constan causas archivadas por el Supremo contra Podemos por su financiación, contra Irene Montero y Alberto Garzón por declaraciones públicas o más recientemente contra el propio Pedro Sánchez por negociar la amnistía con Junts. El Supremo anuló la condena de cuatro años de cárcel que pesaba sobre el líder del pseudosindicato por las extorsiones que, según la Fiscalía, perpetró contra bancos y empresas de la mano de Ausbanc, cargos de los que fue finalmente absuelto. De forma reciente, Manos Limpias ha ejercido la acusación popular en la causa contra el recién dimitido fiscal general del Estado.

El Tribunal Supremo ha rechazado de plano una querella con la que el pseudo sindicato ultra Manos Limpias pedía la imputación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por enviar un buque de la Armada a escoltar a la flotilla de barcos que partió de España en septiembre para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Los jueces recuerdan a Manos Limpias –que estos días ejerce la acusación en el juicio contra el fiscal general en el mismo tribunal– que la decisión de Defensa de enviar el patrullero fue “un acto de naturaleza política que desarrolla el gobierno en ejercicio de su política” que, en ningún caso, puede ser calificado de prevaricador o malversador.

La flotilla Global Sumud, una iniciativa con casi 40 navíos que tuvo un primer intento fallido de echarse a la mar por el mal tiempo, partió de Barcelona con rumbo a la Franja en octubre para llevar ayuda humanitaria a los gazatíes víctimas de los ataques de Israel y visibilizar el genocidio. Tras un mes de travesía por el Mediterráneo, las autoridades de Tel Aviv interceptaron los barcos y varios activistas fueron detenidos y maltratados antes de regresar a España.

Pedro Sánchez anunció a finales de septiembre que el buque P-46 'Furor', botado en 2017, con 93 metros de eslora y estacionado en Cartagena, para escoltar y proteger a la flotilla. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, acudió al Supremo pocos días después de que el buque zarpara para denunciar que Margarita Robles había cometido dos delitos con este movimiento: prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Los jueces de la Sala de lo Penal explican a Manos Limpias lo que ya han respondido a otras de sus denuncias y querellas: que no pueden criminalizar una decisión política. Enviar al Furor a proteger a la flotilla al Mediterráneo, dice el Supremo, es “un acto de naturaleza política que desarrolla el gobierno en ejercicio de su política, constitucionalmente atribuida”. Una acción que “puede ser debatida discutida, compartida, o no, pero no puede ser calificada de arbitraria”.

“Se trata de un acto de gobierno en virtud del cual destina un instrumento de defensa a asegurar el desplazamiento de unos barcos que se dirigían a una zona de conflicto”, recuerdan los jueces. Es, por tanto, una “acción de gobierno” que “puede ser debatida antes órganos de la representación popular, e incluso, en otros ámbitos en el que puedan realizarse control al ejercicio del poder”, pero no ante la jurisdicción penal.

Esta no es la primera querella con la que Manos Limpias, dirigido por el ultraderechista Miguel Bernad, busca la imputación de miembros del Gobierno atribuyendo delitos al ejecutivo por acciones de naturaleza política. Los jueces del Supremo han acusado a esta organización de intentar abrir causas contra Sánchez y su entorno usando “recortes de prensa”, de intentar abrir una “macrocausa general” contra el Gobierno y acceder así a “información sensible” o, directamente, “criminalizar el sistema político” con querellas “insólitas y descabelladas”.

Estos días el autodenominado sindicato ejerce la acusación popular en el mismo Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado. Un proceso en el que solicita cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz y en el que está representado por el letrado Víctor Soriano, a su vez asesor en el Senado de Eva Ortiz, secretaria primera de la Mesa por el Partido Popular.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València ha inadmitido la recusación planteada por Manos Limpias contra el magistrado a raíz del sobreseimiento libre del excomisionado del Gobierno de la dana, José María Ángel. Se trata de Jorge Martínez Ribera, marido de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, quien expulsó a Manos Limpias del procedimiento que investiga a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias. A Martínez Ribera le cayó el procedimiento por reparto y el pasado 8 de octubre archivó la causa. En su auto de sobreseimiento libre, el juez reprochó al pseudosindicato que denunciara “de forma errónea” a José María Ángel. Manos Limpias formuló una recusación contra el magistrado. Sin embargo, el juez ha inadmitido la petición “por la simple razón de que no es parte en el procedimiento”, según indica un auto dictado el pasado 31 de octubre.

“Ni ha presentado querella ni tampoco, en el caso de que fuera admitida, se ha aportado la oportuna fianza”, afirma. Manos Limpias, por tanto, no figura en la causa.

“En definitiva”, explica la resolución, “ni ostentan legitimación la entidad denunciante dado que no se ha constituido como acusación popular hasta el momento ni puede ejercitar dicha función dado que está sobreseída libremente la denuncia, ni concurre ninguna de las causas de la LOPJ [Ley Orgánica del Poder Judicial] de recusación dado que ni las denuncias o querellas contra este Juez no consta que se hayan admitido, ni existe elemento alguno que justifique una alegada enemistad manifiesta, ni se aporta un principio de prueba, constituyendo en definitiva un fraude procesal destinado a sortear el Juez ordinario predeterminado por la Ley, lo que ha de rechazarse de plano”.

Por otro lado, el instructor también ha inadmitido el recurso de reforma del fiscal contra el auto de sobreseimiento libre (en la práctica, una absolución). El Ministerio Público sostenía que en el procedimiento se investigaba “otros hechos y otras personas”.

Sin embargo, alega el juez, “en las diligencias preprocesales de investigación remitidas por la Fiscalía Provincial [de Valencia], que derivarían del expediente administrativo, no se incluye lo anteriormente expuesto”.

Y es que, apostilla el auto, la denuncia de Manos Limpias “se formuló exclusivamente” contra el excomisionado de la dana, “por lo que la inclusión de otras personas como responsables habría de fundarse en una conexidad que no aparece reflejada en las diligencias preprocesales remitidas a este órgano por el Ministerio Público”.

El magistrado reitera que el presunto delito de falsedad documental derivado de la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía está prescrito.

“No se trata de un delito continuado”, señala, y la documentación proveniente de la Diputación Provincial de Valencia remitida al juzgado por la Fiscalía, de la que se desprende que el denunciado no precisaba del título presuntamente falsificado para acceder a la Diputación, “confirma la procedencia del sobreseimiento libre de las actuaciones”.

El auto cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y recoge que el hecho de que los efectos del delito permanezcan en el tiempo “no quiere decir que deje de ser un delito instantáneo, y por tanto ha de computarse como día inicial de la prescripción la fecha en el que el delito quedó consumado”.

“La permanencia dilatada del título, operando en el tráfico jurídico, no puede transmutar la esencia de un delito de consumación instantánea en un delito permanente, ni tampoco en un delito continuado de falsedad, dado que el documento falsificado es solo uno”, abunda el instructor.

Asimismo, aunque la Fiscalía alude en su recurso al hecho de que se están investigando otros hechos y otras personas, en las diligencias preprocesales de investigación remitidas al juzgado por la acusación pública “no se incluye lo anteriormente expuesto”, matiza el juez.

La investigación del Ministerio Fiscal y las diligencias que se hayan encomendado por ésta a la Policía Judicial “no aparecen acordadas en el decreto remitido por la Fiscalía”, indica.

Es por ello, según el magistrado, que esas diligencias “han de recaer en consecuencia sobre otros extremos distintos al objeto de la denuncia, no sobre los que se ha acordado el sobreseimiento libre de las actuaciones: la falsedad el documento referido; o deberán versar sobre otros hechos y personas desligadas de lo resuelto en el auto por el que se archivaba la denuncia por prescripción”.

El instructor también analiza las alegaciones formuladas por la Diputación Provincial de Valencia en su solicitud de personación en este procedimiento y concluye que no consta ni se acredita que la carencia de titulación por parte del denunciado “redundara en perjuicio patrimonial para la Administración”.

“El denunciado realizó su trabajo como funcionario de la Diputación, por lo que habría de recibir la oportuna remuneración”, puntualiza el juez, que matiza a continuación: “Cuestión distinta es que no hubiera trabajado, o que la carencia de titulación que se alega hubiera producido un perjuicio patrimonial”.

“A lo anterior ha de sumarse que el delito de estafa precisa de un dolo inicial y, si para el acceso al concreto puesto de trabajo de la Administración, no precisaba de la titulación exigida, difícilmente se produciría dicho elemento esencial del delito de estafa”, según se establece en el auto, que puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha tumbado la querella de Manos Limpias contra la jueza instructora del procedimiento de la dana y ha archivado la causa. El auto reprocha al pseudosindicato que no aporte elementos objetivos para “justificar una investigación” a la jueza Nuria Ruiz Tobarra. La querella estaba compuesta por meros recortes de prensa, recuerda la resolución: “Se trata de artículos de opinión, que serán muy respetables, pero desde luego no podrán superponerse a los resultados obtenidos de la investigación, ni por sí mismo desacreditar a la instructora, ni mucho menos afirmar que ante esas opiniones en particular deba entenderse que ha incurrido en algún tipo de delito”.

Sobre la querella, el auto indica que “no basta la mera imputación personal, sin datos o circunstancias que la corroboren, requiriéndose la existencia de indicios fundados de responsabilidad”.

Por otro lado, Manos Limpias también amplió la querella con nuevos recortes de prensa, de medios vinculados a las derechas, que aludían al supuesto papel del marido de la jueza, también magistrado, en la instrucción de la causa de la dana. “Lo que realmente no encontramos censurable, dado que si como se dice son marido y mujer y ambos trabajan en el mismo edificio, no encontramos motivo para que con frecuencia pase a recogerla o la visite, o que compartan sus periodos de descanso”, afirma la resolución.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV, presidida por el magistrado Manuel Baeza, considera que el pseudosindicato, no aporta ninguna prueba sobre una supuesta “participación más activa” del marido, el juez Jorge Martínez Ribera.

“En cualquier caso”, concluye el auto, “las eventuales irregularidades que hayan podido producirse en algún acto procesal (las que ni siquiera nos constan) habrían de hacerse valer —en su caso— en el propio proceso y por los mecanismos legales al efecto; siendo que, por lo demás y aparte de ello, aquellas no pueden exceder del correspondiente ámbito administrativo; esto es, no tienen la relevancia penal que se les pretende atribuir en la querella, sin que puedan integrar ninguno de los tipos penales referidos en la misma”.

 La querella de Manos Limpias simplemente pone “en evidencia su discrepancia sobre la orientación que se le ha dado a la investigación”. El pseudosindicato fue expulsado como acusación popular de la causa de la dana por la incompatibilidad con el ejercicio de la defensa de uno de los investigados por parte del letrado José María Bueno Manzanares, quien se había definido en una entrevista en La Razón como “jefe de los servicios jurídicos” de la organización liderada por Miguel Bernad.

La actuación “contradictoria” de Manos Limpias

Manos Limpias recurrió en un principio el auto de expulsión de la causa. Sin embargo, luego desistió en su recurso. “En el presente caso”, recuerda el TSJ-CV, “el querellante inicialmente actuó de una manera correcta interponiendo un recurso de apelación contra dichas resoluciones, lo que hubiera permitido que un tribunal situado en un plano superior hubiera revisado jurídicamente esa resolución”.

Sin embargo, “posteriormente la parte desistió de ese recurso, de tal forma que dichas resoluciones adquirieron firmeza. Por lo que realmente resulta contradictoria la actuación del querellante que después de haber consentido de forma voluntaria ser excluido del proceso, ahora en cierta medida yendo contra sus propios actos, no pretenda que se rectifique esa resolución, sino que se someta a un juicio penal a la Magistrada querellada”. 

En todo caso, el auto del alto tribunal autonómico recuerda que Bueno Manzanares “es precisamente quien ha llegado a afirmar ser el jefe de su asesoría jurídica, lo que naturalmente desnaturalizaría su papel como acusador”.

La resolución incluso desliza que el letrado “pudiera llegar a incurrir en un delito” previsto en el artículo 467.1 del Código Penal (de deslealtad profesional de los abogados), “dado que en principio podrían existir intereses contrapuestos entre quien ejerce una acusación y uno de los investigados”.

La oposición del Ministerio Público

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se opuso a la estimación de la querella,  “al no concurrir en su actuación ninguno de los elementos integradores del delito de prevaricación judicial”.

El pseudosindicato que dirige Miguel Bernad denunció el pasado 24 de junio a la jueza. Sin embargo, el alto tribunal autonómico inadmitió la denuncia al requerir la ley una querella para enjuiciar a jueces y magistrados. Posteriormente, Manos Limpias se querelló por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones. El escrito de la querella, tal como informó este diario, incluía recortes de prensa desmentidos por la Fiscalía.

La causa penal que Juan Carlos Peinado dirige desde hace año y medio contra Begoña Gómez va camino de convertirse en un juicio ante un tribunal popular por hasta cinco delitos distintos. Querellas y denuncias de la extrema derecha que arrancaron hace ya más de dos años y que pusieron bajo sospecha toda su actividad profesional desde que su esposo es presidente del Gobierno, esparcidas por una causa judicial que ya roza los 20 tomos de sumario y que avanza entre correctivos y empujones de la Audiencia Provincial de Madrid. El pseudo sindicato ultra Manos Limpias abrió la senda que sigue a trompicones Peinado, pero las primeras querellas, que pasaron inadvertidas y no llegaron a nada, aterrizaron un año antes en los juzgados de Madrid.

La esposa del presidente del Gobierno llevaba más de un lustro colaborando con la Universidad Complutense de Madrid cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura de 2018. Las primeras informaciones en medios como OkDiario sobre sus títulos, su cátedra extraordinaria o su máster llegaron durante la pandemia y se fueron acercando a los tribunales en los primeros meses de 2023, cuando un abogado pidió a la Complutense que justificara por qué contaba con Begoña Gómez como colaboradora.

La Universidad Complutense, que acaba de personarse como acusación contra ella, contestó a este abogado en los primeros meses de ese año con una defensa cerrada del fichaje de Gómez. Fue puesta al frente de la cátedra de Transformación Social Competitiva por “su formación en el impacto social y la transformación social competitiva y por su acreditada experiencia profesional”. Los motivos, explicaba entonces el centro, “se basan en la trayectoria de Begoña Gómez, que coincide plenamente con el tema de la cátedra” después de haber empezado su colaboración en 2012.

La respuesta de la Universidad terminó en los juzgados en distintas querellas firmadas por este abogado en representación de varias personas distintas, pero siempre con el mismo objetivo: que Begoña Gómez y el rector Joaquín Goyache fueran imputados. Dos de las querellas fueron interpuestas a lo largo de 2023 y no se tradujeron en la apertura de una causa, por no aportar la documentación necesaria o por no pagar la fianza necesaria. Una se presentó en nombre del canal ultra Distrito TV y otra de Pilar Baselga, conocida conspiranoica denunciada por difundir bulos como el del 'Bar España' o que Begoña Gómez es una mujer transexual.

Baselga volvió a la carga en febrero de 2024, representada por el mismo abogado y con el mismo material: las sospechas de enchufe y trato de favor a Begoña Gómez en la Complutense. Esa querella fue firmada el 23 de febrero de 2024, calificaba de “grotesco” que hubieran creado la cátedra y entendía que la razón por la que se había puesto en marcha era por ser “la esposa del Presidente del Gobierno”. Una querella que murió cuando Baselga desistió del proceso por no pagar la fianza, pero son los mismos argumentos con los que Peinado, meses después, abrió su propia línea de investigación.

Para cuando Manos Limpias llevó a Begoña Gómez al juzgado en abril de 2024 con una denuncia plagada de recortes de prensa y un bulo, por tanto, ya había más denuncias y querellas contra ella, algunas con un año de antigüedad. Y la Fiscalía de Madrid ya se había interesado por ellas: un mes antes, la fiscal provincial Pilar Rodríguez había pedido a su equipo de prensa información sobre la querella de Baselga, remitiendo un enlace de El Distrito anunciando su interposición. El medio que, con el mismo abogado, se había querellado también contra Begoña Gómez por lo mismo un año antes.

Esa conversación de la fiscal provincial con su equipo se plasmó en un post-it en su agenda, junto con otra anotación: “Restaurante Manuel Becerra”. Porque varios periodistas habían pedido información sobre la causa judicial que investigaba la tragedia del restaurante Burro Canaglia un año antes, cuando un incendio causó dos muertos. La Guardia Civil decidió que esta nota debía ser incorporada a la causa del Tribunal Supremo, aunque no guardaba relación, y ha servido para que la derecha difunda el bulo de que la fiscal Pilar Rodríguez y Begoña Gómez se reunieron en un restaurante para trazar una estrategia de defensa ante la inminente apertura de casos judiciales contra ella.

La supuesta reunión por la que el PP pide explicaciones nunca existió, el restaurante en cuestión llevaba un año calcinado, y la documentación a la que ha tenido acceso este periódico prueba que la Fiscalía sí estaba reuniendo información sobre estas primeras querellas ultras contra Begoña Gómez. El 13 de marzo de ese año, el día en que está colocado el post-it en la agenda, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, explicó por escrito a la Fiscalía General en una dación de cuentas qué había pasado con todas esas querellas “con idéntico contenido” contra la esposa del presidente y su trabajo en la Complutense. HazteOir, la organización ultracatólica que ejerce la acusación popular contra Begoña Gómez y el fiscal general, ha sido la primera en intentar judicializar este bulo.

De las querellas fracasadas a la causa de Peinado

Los primeros movimientos contra Begoña Gómez llegaron en 2023 con una estrategia conjunta de un abogado que pidió información a la Complutense y, después, convirtió esa información en querellas a través de un medio ultra y una tertuliana conspiranoica, pero ninguna cristalizó en una causa judicial. Hubo que esperar a que Juan Carlos Peinado abriera diligencias a petición de Manos Limpias, diera entrada a todos los partidos y organizaciones ultras que lo pidieron y llegara al mismo punto: investigar la vida laboral de Begoña Gómez.

La causa –su versión inicial– arrancó cuando la organización ultra de Miguel Bernad presentó una macedonia de informaciones de prensa con las que acusaba a Begoña Gómez de favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas millonarias con cartas de recomendación, de intervenir en el rescate a Air Europa, y finalmente una noticia de The Objective que exponía ambiguamente que existía una subvención a nombre de Begoña Gómez: una hostelera cántabra con el mismo nombre que la esposa del presidente.

La lupa de Peinado no se puso sobre la Universidad Complutense y la década de trabajo que Gómez había desarrollado allí hasta semanas después, cuando la asociación ultracatólica HazteOir presentó su propia querella pero esta vez apuntando a su cátedra y su máster. El rector Goyache fue finalmente imputado y, con el paso de los meses y las nuevas querellas de la extrema derecha, Begoña Gómez pasó a estar triplemente investigada por su relación con la Complutense: por supuestamente conseguir la cátedra usando su matrimonio con Pedro Sánchez, por apropiarse de un software y, finalmente, porque su asistente en Moncloa envió correos a sus interlocutores en la Universidad.

La Audiencia Provincial ha ido limando estas imputaciones mientras Peinado ha adaptado sus diligencias hasta dejar a Begoña Gómez al borde de juicio. Los magistrados supervisores del proceso levantaron la imputación del rector ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. El último movimiento de Peinado, después de haberse pronunciado en dirección opuesta hace menos de un año, es dar entrada como acusación a la Universidad Complutense de Madrid. La misma institución que hace dos años, a respuestas del abogado cuyas querellas abrieron la veda, defendió a capa y espada las colaboraciones de Begoña Gómez.

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se ha opuesto a la querella que presentó Manos Limpias contra la jueza de la dana por los supuestos delitos de prevaricación y coacciones. El Ministerio Fiscal pide que se inadmita o, subsidiariamente, que se desestime “al no concurrir en su actuación ninguno de los elementos integradores del delito de prevaricación judicial”.

Así, el Ministerio Público descarta que la actuación de la jueza encaje en un supuesto delito de coacciones, al considerar que la magistrada instructora dictó “en el ejercicio de su función” los autos por los que se expulsó a Manos Limpias del procedimiento (por incompatibilidad con la defensa de Emilio Argüeso, que ejerce un letrado que se definió como “jefe de los servicios jurídicos” del pseudosindicato). Frente a las resoluciones, la organización que lidera Miguel Bernad “pudo rebatir lo decidido mediante el sistema de recursos que articula la norma procesal penal”.

El escrito de la Fiscalía cuestiona que el rechazo a las pretensiones del pseudosindicato “pueda equivaler, aun en su interpretación más vasta, a la violencia” que contempla en el Código Penal el delito de coacciones. Además, “como la magistrada resolvió en el ejercicio de su cometido”, ahonda el Ministerio Fiscal, por lo que tampoco concurre el requisito de obrar “sin estar legítimamente autorizado” que contempla el artículo 172 del Código Penal.

Sobre el delito de prevaricación por el que se querelló el pseudosindicato, la Fiscalía considera que “en este procedimiento no procede (...) valorar con plenitud si lo resuelto es o no ajustado a Derecho, pues ese cometido habría correspondido al tribunal encargado de resolver los recursos de apelación de los que la querellante ha desistido”, afirma en referencia a la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los numerosos recursos en el marco de la causa de la dana.

Manos Limpias recurrió en apelación en un primer momento la decisión de la jueza, pero desistió finalmente de su recurso y optó por querellarse contra la jueza. El Ministerio Público concluye que la resolución de la jueza “haya o no errado en la valoración de los hechos concurrentes y en la aplicación de la ley, no constituye una decisión que quede totalmente al margen de lo jurídicamente admisible y solo obedezca a la arbitraria decisión de la proveyente [la magistrada]”.

Manos Limpias también se querelló en relación con un auto en el que la magistrada solicitó a las acusaciones que se pronunciaran sobre si apreciaban indicios de delito en los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso. Una resolución llamativa que respondía al hecho de que varias de las acusaciones populares defendían directamente las tesis de ambos imputados.

La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana reconoce que el “requerimiento que efectúa la instructora a las acusaciones personadas podría parecer extravagante, dado el momento procesal en que se efectúa”. Sin embargo, que se haya instado a las acusaciones personadas a pronunciarse sobre si aprecian indicios de criminalidad respecto de los dos investigados “no es una decisión que, en sí misma considerada, alcance el grado de contradicción con el Derecho que justifique su catalogación como injusta”.

Una querella con recortes de prensa desmentidos

Manos Limpias presentó una denuncia contra la jueza el pasado 24 de junio. El líder del pseudosindicato aprovechó una visita a València para cuestionar la cifra oficial de fallecidos, un bulo que se había inventado, según reconoció él mismo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) inadmitió la denuncia al exigir la Ley Orgánica del Poder Judicial una querella para causas contra jueces y magistrados en el ejercicio de su cargo.

Posteriormente, el pseudosindicato interpuso por fin una querella, que al supuesto delito de prevaricaciones sumaba el de coacciones. Ambos descartados por la Fiscalía. Además, Manos Limpias usaba recortes de prensa desmentidos oficialmente por el propio Ministerio Fiscal.

Rapapolvo al pseudosindicato Manos Limpias. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València ha acordado el sobreseimiento libre (en la práctica una absolución) de la denuncia contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel. La resolución reprocha a Manos Limpias, representado por el letrado castellonense Miguel Bernat Cortés, que denunciara un presunto delito de falsedad fechado por el pseudosindicato en 1983. “No se trata de un delito continuado, como de forma errónea se expresa en la denuncia formulada”, afirma el magistrado.

El pseudosindicato ultra denunció a José María Ángel por una presunta falsificación de un supuesto título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía. Sin embargo, el auto considera “indudable” que los supuestos hechos, en caso de ser ciertos, habrían prescrito desde hace, al menos, tres décadas. El juez ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto.

La denuncia fallida del sindicato nace a raíz de la investigación 'exprés' de la Agencia Valenciana Antifraude, que incumplió su propia ley al denunciar al entonces comisionado de la dana sin haberle dado ni siquiera audiencia. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas unas diligencias a consecuencia del informe de Antifraude.

Sin embargo, Manos Limpias presentó por su cuenta y riesgo una denuncia que recayó, por reparto, en el Juzgado de Instrucción número 4 de València, cuyo titular es el magistrado Jorge Martínez Ribera. Se trata del marido de la jueza instructora de la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, contra quien el pseudosindicato liderado por Miguel Bernad se ha querellado por los presuntos delitos de prevaricación y coacciones, tras ser expulsado como acusación popular de la causa que se instruye en Catarroja por los 229 fallecimientos del pasado 29 de octubre.

Manos Limpias arremetió contra la jueza de la dana con meros recortes de prensa, alguno incluso desmentido por la Fiscalía, a pesar del aval unánime de la Audiencia Provincial de Valencia a las principales decisiones que ha acordado la magistrada. Bernad, secretario general del pseudosindicato, se permitió cuestionar la cifra de fallecidos en una esperpéntica comparecencia del pasado 24 de junio, con ocasión de la presentación pública de las acciones contra la jueza, en la que reconoció que se había inventado el infundio de que el Gobierno ocultaba muertos de la tragedia.

A pesar de la ofensiva liderada por Manos Limpias, el juez Jorge Martínez Ribera tumba la denuncia en términos estrictamente jurídicos, en un auto breve con numerosas referencias a la naturaleza del delito de falsedad.

Sin “efectos ulteriores” del título

La resolución, citando abundante jurisprudencia, argumenta que los supuestos hechos denunciados por Manos Limpias estarían, en todo caso, “notoriamente prescritos”.

El pseudosindicato sostenía que el título supuestamente falsificado en 1983 habría tenido una “serie de efectos ulteriores” vinculados a la trayectoria profesional de José María Ángel como funcionario de la Diputación de Valencia, una tesis que no modifica “el hecho de que se trata de un delito que se consuma de forma instantánea con efectos permanentes”.

“Los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años, por lo que ha de acordarse el sobreseimiento libre de las actuaciones por prescripción del delito”, afirma la resolución.

El auto no es firme. Sin embargo, para recurrirlo, Manos Limpias se tendría que personar en la causa como acusación popular, al ostentar únicamente la condición de denunciante. “La interposición de recurso de reforma por el denunciante exigirá en consecuencia el cumplimiento de los requisitos propios de la acción popular”, indica la resolución.

La “simple y llana formulación de denuncia”, recuerda el juez, “no supone que el denunciante se constituya como parte en el proceso”.

El juez Juan Carlos Peinado alude directamente a Pedro Sánchez en el último salto de la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. En un auto dictado este miércoles, y al que ha accedido elDiario.es, Peinado considera que la “relación de parentesco” entre ambos “es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos”.

“Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente ella, y los otros investigados [la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés] pudieron poner en práctica las conductas” que el juez considera “constitutivas” de delito, recoge la resolución judicial del magistrado. 

Peinado dictó el miércoles un auto por el que ordenaba la transformación de la pieza principal contra Gómez en un procedimiento por el tribunal del jurado, la misma resolución que adoptó la semana pasada respecto a la pieza separada en la que investiga un delito de malversación. 

En este auto el juez argumenta por qué los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo deben acabar, de confirmarse su instrucción, en un segundo juicio ante un tribunal compuesto por ciudadanos legos en derecho. 

La importancia que Peinado atribuye a Sánchez es tal que convierte al presidente del Gobierno en la figura que asegura “la conexidad” entre el tráfico de influencias y el resto de delitos de esta pieza principal y, por tanto, permite agrupar la acusación para que los cuatro delitos sean juzgados en una misma vista por un tribunal del jurado. 

La alusión a Sánchez es la culminación de un aparente esfuerzo argumentativo de Peinado para sostener que vaya a juzgar los cuatro delitos por un segundo tribunal del jurado. En realidad se trata de la copia textual de un artículo publicado por un catedrático de Derecho Procesal en una revista jurídica en 2017, según ha revelado elDiario.es.

La denuncia de Manos Limpias

El magistrado inició la causa en abril de 2024 tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas, y la que se acusaba a Begoña Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos.

Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en dos adjudicaciones por las “cartas de recomendación” que recibió de la mujer del presidente. En realidad, Begoña Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

La Fiscalía Europea asumió esa parte de la investigación ante la existencia de fondos europeos. Entonces, Peinado optó por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en los otros contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. 

Asimismo, el juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la Complutense, donde codirigía una cátedra; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha anunciado que la esposa del presidente del Gobierno, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid serán juzgados, llegado el momento, ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos. En un auto en el que el juez no detalla los hechos que atribuye a Begoña Gómez y antes incluso de abrir juicio oral, cita a los tres en su juzgado el próximo sábado para informarles y que puedan hacer alegaciones.

Según la normativa del tribunal de jurado, se trata del movimiento del juez cuando entiende que un imputado puede llegar a ser juzgado por un delito competencia de un jurado popular. En este caso, la malversación que atribuye a Gómez y los otros dos acusados por los trabajos de su asistente.

Peinado investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez en varias causas después de una primera denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa y un bulo. Una de estas líneas de investigación, impulsada por las acusaciones de extrema derecha, indaga en si su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, trabajó para ella mandando correos en su nombre en el marco de la cátedra extraordinaria que tuvo en la Universidad Complutense de Madrid.

Peinado justifica este paso en que la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a seguir investigando, en que Gómez no quiso contestar a todas las preguntas y, finalmente, explica que hace una semana recibió los emails que Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la UCM, cruzó con Álvarez. Ahora ya, entiende, “se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta”.

El juez, que en los últimos meses ha visto cómo los tribunales han avalado algunas de sus líneas de investigación pero han limitado la mayoría, da este paso después de que el Tribunal Supremo tirase por tierra su intención de imputar al ministro Félix Bolaños por la contratación de Álvarez. Convoca a los tres imputados este sábado en su juzgado a las seis de la tarde para uno de los trámites necesarios en los casos que van a juzgarse ante un tribunal del jurado: para concretar la imputación que pesa sobre ellos.

En su última comparecencia ante el juez, Begoña Gómez explicó que su asistente le hizo un “favor” al enviar algunos de esos emails, pero que en ningún caso era un trabajo o sustituía a sus funciones en el Palacio de La Moncloa. Una figura con la que han contado históricamente todas las esposa de los distintos presidentes del Gobierno. El actual diputado del PP, Jaime de los Santos, realizó este trabajo para Elvira 'Viri' Fernández, esposa de Mariano Rajoy.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha comunicado a la jueza que lleva la causa de su contratación por la Diputación de Badajoz, que no ha cambiado de residencia, que está en Elvas (Portugal), y que no tiene previsto cambiarla para vivir en Japón, como argumentó la acusación popular, liderada por Manos Limpias, para pedir que se le retirase el pasaporte.

El pasado lunes, la titular del Juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, consideró que no procedía la retirada del pasaporte como pedían las acusaciones populares, pero sí le pidió que informase si había cambiado o pensaba cambiar de residencia.

Con este escrito, al que ha tenido acceso EFE, su defensa responde al requerimiento e indica que, por tanto, a efectos de notificaciones o de cualquier otra incidencia procesal, se mantiene el que consta en este procedimiento, sito en Elvas (Portugal) y “no tiene previsto variarlo”.

En este sentido, añade que sí así fuese “se pondría en inmediato conocimiento del Juzgado o Tribunal que conozca de su causa”, por lo que “no es preciso trasladar ninguna incidencia relativa a sus comparecencias, encontrándose a disposición de la autoridad judicial cuando sea requerido para ello en la citada localidad portuguesa”.

Además, afirma que la estancia en otros destinos durante el amplio periodo estival, “no constituye, siguiendo siempre la terminología de la precitada resolución, un cambio sustancial de las circunstancias afectantes a su sujeción efectiva a la administración de justicia”.

Con su petición, la jueza quería “valorar si ha existido un cambio sustancial de las circunstancias que pudiera afectar a la existencia de riesgo de fuga y motivar la adopción de las medidas cautelares que se consideren oportunas”.

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa penal contra Pedro Sánchez y seis ministros por las más de 200 muertes que dejó la dana, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en octubre del año pasado. Los jueces desestiman varias denuncias y querellas, algunas presentadas por partidos políticos como Vox y otras organizaciones de extrema derecha, y recuerdan que un juzgado de Catarroja ya está investigando a altos cargos de la Generalitat por la vía penal sin que haya indicios contra cargos del Gobierno central.

Las querellas y denuncias fueron presentadas por algunas de las organizaciones vinculadas a la extrema derecha que habitualmente ejercen la acusación popular en causas relacionadas con el Gobierno, o que interponen querellas de forma habitual contra miembros del ejecutivo. Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y HazteOir, entre otros. Querellas que acusaban al ejecutivo de delitos de prevaricación, omisión del deber de socorro o también homicidio imprudente.

La Sala de lo Penal recuerda lo que ya dijo en 2020 cuando se presentaron medio centenar de denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus: ocupar un puesto de responsabilidad no puede significar la imputación automática de un alto cargo o miembro del ejecutivo. En este caso, acusaban al ejecutivo de no haber declarado el estado de alarma, no limpiar los cauces que se desbordaron o no activar a tiempo la Unidad Militar de Emergencias.

El Supremo explica que “en ningún caso” se pueden atribuir responsabilidades penales a un ministro o al Presidente del Gobierno “por el mero hecho de la posición o cargo” que ostenta, “por muy alto que sea”, como pretendían Vox y el resto de organizaciones de extrema derecha. Además, a finales de diciembre otra sala, de lo Contencioso-Administrativo, rechazó una demanda por inactividad contra el ejecutivo.

El caso, zanjan los magistrados, está siendo investigado por una jueza de Catarroja, que será la que tenga que enviar el caso de algún aforado ante el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana o el Supremo, algo que por ahora no ha sucedido, tampoco en el caso de Carlos Mazón, presidente valenciano. Vox, Manos Limpias y el resto de organizaciones de extrema derecha han lanzado acusaciones contra el Gobierno de un modo “abstracto”, sn describir conductas concretas que poder atribuir a cada ministro, y por tanto que “resultan inexorablemente destinadas al archivo”.

La titular del Juzgado Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, considera que no procede la retirada del pasaporte a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como pedían las acusaciones populares en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz, pero sí le pide que informe si ha cambiado o piensa cambiar de residencia.

Las acusaciones populares justificaban la petición de esta medida cautelar en que David Sánchez “tiene proyectado” dejar de vivir en España para trasladarse a Japón y pedía que en su defecto se le impusiese una fianza de 70.000 euros.

En un auto de este lunes, la jueza señala que “no procede” en este momento y con los datos objetivos que actualmente constan en el procedimiento, la adopción de la medida cautelar pedida, aunque sí requiere a David Sánchez que en el plazo de dos días informe de cualquier cambio de domicilio que haya tenido lugar o vaya a producirse próximamente con respecto del que consta oficialmente en las actuaciones, una residencia de su propiedad en Elvas (Portugal).

Además, le requiere a que informe de las concretas circunstancias en las que se haya producido o vaya a producirse ese cambio de residencia y si las mismas inciden de alguna forma en su disposición a comparecer ante este juzgado o ante aquel que en su día conozca de la causa. Con ello se pretende, “valorar si ha existido un cambio sustancial de las circunstancias que pudiera afectar a la existencia de riesgo de fuga y motivar la adopción de las medidas cautelares que se consideren oportunas”.

A disposición del juzgado

En el auto, la jueza recuerda que desde el inicio de este causa se ha evidenciado la relación de David Sánchez con diversos países extranjeros, circunstancia unida a que durante su declaración manifestó residir desde finales de 2021 en Elvas, donde adquirió una vivienda en febrero de 2023.

Añade que en el informe emitido tras requerimiento de este juzgado, esa vinculación con el extranjero “por el momento no ha sido obstáculo” para que comparezca ante este juzgado “las veces que ha sido citado para ello”.

No obstante, también recuerda que cualquier persona que tenga la condición de investigado y, posteriormente como acusado también, tiene la obligación fundamental de estar a disposición del órgano judicial que conoce de su procedimiento y de no dificultar de ninguna forma el desarrollo del mismo.

En su exposición, la jueza señala que si las informaciones aludidas por la acusación popular relativas al cambio de residencia de David Sánchez a Japón son ciertas, “no debería ser por medio de la prensa como tuviera conocimiento este juzgado de tal circunstancia” y que “no es válido que la defensa conteste con evasivas”, sino que informe con rigurosidad sobre tal hecho y fundamente las razones por las que no concurre el riesgo de fuga.

Añade que si el cambio de residencia es cierto, debió ponerse en conocimiento de este juzgado de forma inmediata “como muestra de que dicho cambio no se hace con ninguna finalidad de entorpecer la tramitación de la causa ni de que este juzgado, ni el encargado del enjuiciamiento, desconozcan el verdadero paradero del acusado”.