Un informe elaborado por juristas para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública advierte que el proyecto de Ley de Salud Digital que tramita el Gobierno de Cantabria expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, carece de controles suficientes y podría ser inconstitucional.

Tras analizar a fondo el texto legal, la Plataforma concluye “que abre la puerta de par en par a un tratamiento masivo y comercial de los datos de los cántabros sin dar las garantías mínimas que exige la Constitución ni la normativa europea”.

Entre las cuestiones “más preocupantes” destacan la venta o rentabilización de los datos médicos. La Ley encarga a la Consejería de Salud “promover el retorno económico” del dato sanitario público. Esto facilita ceder historiales a empresas privadas sin dejar claro para qué, ni permitir que el paciente se oponga.

La Plataforma lanza la voz de alarma también sobre la conexión entre sanidad pública y privada regulada en otro de los artículos. Se permite que centros públicos y privados compartan el acceso a las historias clínicas. Sin embargo, no se garantiza el derecho del paciente a bloquear este acceso ni a saber quién consulta sus datos.

Por otro lado, el proyecto Cohorte Cantabria se posiciona como la vía principal de investigación “sin fijar reglas claras para proteger muestras biológicas o datos genéticos, rozando el límite de la Ley de Investigación Biomédica”, advierte el informe.

Respecto al uso de Inteligencia Artificial y datos 'sintéticos', la norma intenta declarar estos datos fuera de las leyes de protección de datos “ignorando que para crearlos se utilizan historiales médicos reales de personas”, apostilla el análisis.

El problema es lo que deja sin regular

Según el informe, el problema del proyecto de Ley –aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido en septiembre al Parlamento de Cantabria– no es lo que prohíbe, sino “lo que habilita sin garantías y lo que deja sin regular”. Es decir, lo que permite hacer sin control adecuado.

Según doctrina fijada por el Tribunal Constitucional (Sentencia 76/2019), la protección de datos tan sensibles como las enfermedades, tratamientos o análisis genéticos debe quedar completamente blindada dentro de la propia ley “y no dejarse para que los políticos o la Consejería lo regulen más adelante mediante reglamentos o decretos”, estima el análisis jurídico.

“Cantabria no puede rebajar los derechos de los pacientes”, estima la Plataforma que recuerda que ya existe un precedente clave en los tribunales. En 2019, el Tribunal Supremo confirmó la anulación de una norma del Gobierno cántabro (la Orden SAN/38/2015). “Aquella sentencia dejó muy claro el límite: Cantabria puede mejorar las leyes de salud de España, pero nunca empeorarlas ni quitar derechos básicos fijados por el Estado, como la Ley de Autonomía del Paciente”, explican desde el colectivo ciudadano. “Decidir quién, cómo y cuándo se entra a una historia médica forma parte de ese núcleo de derechos sagrados que la ley autonómica no puede recortar”, reivindican.

“Fallos graves” en su tramitación

El análisis detecta además importantes irregularidades debido a “fallos graves en su tramitación”: no hay informe de Protección de Datos y falta el dictamen obligatorio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Tampoco propone sanciones para los fallos de la IA. La ley exige registrar los sistemas de Inteligencia Artificial, pero no fija sanciones ni aclara quién responde en caso de fuga de datos o errores médicos causados por algoritmos.

Se escucha a las empresas, no a los ciudadanos: El órgano de participación da espacio a asociaciones empresariales, pero excluye a sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública.

De la vía parlamentaria a los tribunales

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública pedirá a los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de Cantabria que presenten una enmienda a la totalidad “para frenar la ley tal y como está redactada”.

De ser aprobada sin cambios, el colectivo adelanta que promoverá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y que acudirá a los tribunales autonómicos para suspender cualquier reglamento que vulnere la intimidad o los derechos de los pacientes.

Hace unos meses, Naciones Unidas llamó a 40 grandes expertos internacionales. Quería encomendarles la misión de ser el comité independiente que asesorara al mundo sobre una de las grandes incertidumbres de este siglo: la inteligencia artificial.

El panel está liderado por el canadiense Yoshua Bengio, considerado uno de los “padres” de la IA y ganador del premio Turing (el Nobel de la informática), y la filipina Maria Ressa, premio Nobel de la Paz. El grupo publicó en julio su primer informe preliminar, en el que reconoce el peligro sobre “perder el control” sobre esta tecnología, pero también sobre la opacidad con la que se está desarrollando o su capacidad para aumentar las desigualdades.

Mark Coeckelbergh (1975, Lovaina, Bélgica), profesor en la Universidad de Viena y uno de los filósofos de la tecnología más reputados del mundo, es otro de sus miembros. Su presencia era importante porque, quizá por primera vez en la historia, las narrativas sobre lo que podría hacer una máquina son tan importantes como lo que puede hacer realmente esa máquina.

“Hay un pensamiento marcadamente catastrofista y apocalíptico, la idea de que llegará un momento en el que todo saltará por los aires y la IA tomará el control. Ese discurso es en sí mismo un problema, y quizá mayor que las limitaciones técnicas actuales del software”, advierte Coeckelbergh en esta entrevista, realizada durante el Festival de las Ideas de Madrid.

Solemos pensar que somos nosotros quienes manejamos los dispositivos, pero ¿hasta qué punto es la tecnología la que nos maneja a nosotros?

Tendemos a ver la tecnología como una herramienta, como un simple instrumento que utilizamos, pero la tecnología también hace muchas cosas con nosotros. Parte de esto tiene que ver con el cuerpo: cuando usamos el móvil, por ejemplo, nos obliga a caminar de una determinada manera, a adoptar cierta postura o a mover los dedos de una forma muy concreta. He escrito sobre esto planteando que la tecnología también nos “coreografía”. Muchos filósofos solo piensan en la mente y el cuerpo de forma estática, pero en nuestras vidas hay una dimensión cinética. No solo somos seres corpóreos, sino seres en movimiento, y la tecnología moldea cómo nos movemos. En ese sentido, nos coreografía.

En nuestra existencia hay una cierta dimensión cíborg: tenemos una base orgánica y biológica, pero en el día a día ya estamos plenamente entrelazados con lo tecnológico.

Esto me parece relevante porque solemos pensar que las tecnologías digitales son algo ajeno al cuerpo, separado del mundo físico. Establecemos una frontera muy tajante entre lo vivo y natural, por un lado, y lo cultural y artificial, por el otro, cuando en realidad siempre están conectados. En nuestra existencia hay una cierta dimensión cíborg: tenemos una base orgánica y biológica, pero en el día a día ya estamos plenamente entrelazados con lo tecnológico.

¿Qué implica que nuestra relación con el mundo esté mediada por una pantalla plana?

No se trata de la pantalla en sí, sino de todo lo que posibilita y de los límites que impone a nuestra forma de movernos por el mundo. Caminar por Madrid sin Google Maps mientras conversas con alguien es una experiencia completamente distinta a llevar el móvil en la mano y dejar que la aplicación te guíe. Supone otra vivencia e incluso otro tipo de conocimiento: nos movemos de manera diferente y pensamos de manera diferente.

Al final, esto altera nuestros propósitos. Creemos que el móvil es un simple instrumento, pero en el primer caso el fin es la conversación o el vínculo con la otra persona y con el entorno; en cambio, si nos limitamos a mirar la pantalla y seguir sus indicaciones, nos convertimos, por así decirlo, en el cursor: en aquello que se desplaza a través del mapa.

Por eso es fundamental plantearnos qué tecnologías queremos utilizar y cómo podríamos diseñarlas de otro modo, tal vez buscando una mayor conexión con lo que nos rodea. Tal como están planteadas hoy no creo que sea la dirección adecuada: no contribuyen a los fines ni a los valores que consideramos esenciales como seres humanos.

Hace años predominaba una visión optimista sobre el impacto democratizador de la tecnología, pero hoy parece alejarse de nuestros fines humanos. ¿Podemos mantener el optimismo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial como una herramienta para extender nuestro cuerpo?

No me parece mal usar la tecnología para extender el cuerpo, pero la cuestión es qué pretendemos lograr con ello. En estos momentos existe dentro del propio sector tecnológico una corriente que más bien niega el cuerpo, que busca escapar de él. Esto enlaza con una pulsión más amplia: una suerte de huida de la Tierra y de nuestra condición terrenal y física; un intento de eludir esa vulnerabilidad que, paradójicamente, es la que hace posible nuestra propia humanidad y los valores que apreciamos.

En estos momentos existe dentro del propio sector tecnológico una corriente que niega el cuerpo, que busca escapar de él

Creo que debemos hacer frente a esta deriva de la industria y resistirnos a ella. Es necesario plantearnos cómo garantizar un desarrollo técnico que amplíe el cuerpo y la mente sin alienarnos de la naturaleza, reconociendo que siempre existen límites y que no podemos empujarlos indefinidamente.

Ha habido un gran debate sobre la tecnología en las aulas tras la publicación de los resultados del informe PISA, por su impacto en la atención y el rendimiento escolar. Hay voces que defienden que habría que sacar completamente las pantallas de las aulas, ¿está de acuerdo?

No lo tengo tan claro. Por supuesto que existe un problema y, en general, debemos asegurarnos de que el desarrollo de tecnologías inteligentes no nos vuelva más estúpidos. El problema radica tanto en las herramientas en sí como en el modo en que las utilizamos. Con la inteligencia artificial y los modelos de lenguaje (LLM), por ejemplo, puedes pedirles que te escriban un trabajo entero, pero también puedes utilizarlos como un asistente, sin que lleguen a sustituir tus propias competencias ni tu pensamiento.

Por supuesto que existe un problema [en las aulas] y en general, debemos asegurarnos de que el desarrollo de tecnologías inteligentes no nos vuelva más estúpidos

Por eso creo que lo fundamental es, por un lado, garantizar el espacio necesario para entrenar esas capacidades en las aulas a todos los niveles (incluida la universidad, que también se está viendo muy afectada por esto) y, por otro, enseñar a usar la tecnología con inteligencia: no para reemplazarlo todo, sino para facilitar tareas, fomentando una postura crítica hacia ella.

Para lograrlo es imprescindible formar también a los docentes. Como sociedad nos falta investigación y experiencia sobre cómo gestionar este cambio y definir buenas prácticas educativas e investigadoras con la IA. Estamos solo al principio de ese camino. En el pasado ya ocurrió con otros medios, como la televisión: suscitó muchísima preocupación, pero aprendimos a integrarla y los efectos negativos resultaron ser menores de lo que se temía en un inicio. Creo que con la IA pasará algo similar, pero tenemos que actuar de forma proactiva porque el avance es vertiginoso. Necesitamos repensar de verdad la educación a la luz de estas tecnologías.

Solemos fijarnos en lo que los jóvenes pierden frente a las pantallas, como la capacidad de atención. Pero, ¿podrían estar adquiriendo habilidades que las generaciones anteriores no tenían?

Sin duda se abren oportunidades. Ahora mismo, por ejemplo, estoy escribiendo sobre IA y creatividad, y el debate es idéntico: hay quien afirma que destruye la creatividad y que acabará con el arte. No creo que tenga por qué ser así; podemos utilizarla de forma creativa y pensar en cómo combinar aquello en lo que destaca la IA con los puntos fuertes de los humanos. En ese terreno soy bastante más optimista.

Hay quien afirma que [la IA] destruye la creatividad y que acabará con el arte. No creo que tenga por qué ser así; podemos utilizarla de forma creativa y pensar en cómo combinar aquello en lo que destaca la IA con los puntos fuertes de los humanos

Eso exige que experimentemos, que probemos y que nos fijemos en los artistas que ya la integran de maneras que, además de plantear una mirada crítica sobre sus aspectos negativos, abren nuevas posibilidades. Hoy resulta fascinante poder generar con IA material audiovisual con un impacto inmediato en el mundo y orientado a fines muy positivos. Debemos ser capaces de aprovechar estas oportunidades y ensayar nuevos caminos, por supuesto sin perder de vista los dilemas éticos y políticos.

Usted forma parte del panel de expertos de la ONU sobre los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Qué lectura hace de la vorágine de estas últimas dos semanas, tras las advertencias de miembros de la industria de la IA de que está podría "matarnos a todos antes de 2030"?

Es un fenómeno interesante, no tanto por lo que ha ocurrido a nivel técnico, sino por la reacción social y la forma en que lo presenta el propio sector. Desde el punto de vista técnico es indudable que existen problemas con sistemas que no respetan los límites establecidos; de hecho, en el panel de la ONU trabajamos sobre estas cuestiones. Sin embargo, lo que me llama la atención de la narrativa que surge de las grandes tecnológicas es que se plantee como el principio del fin del mundo. Hay un pensamiento marcadamente catastrofista y apocalíptico, la idea de que llegará un momento en el que todo saltará por los aires y la IA tomará el control. Ese discurso es en sí mismo un problema, y quizá mayor que las limitaciones técnicas actuales del software.

El problema radica en que estos líderes presentan la tecnología como si siguiera un camino predestinado ante el cual no podemos intervenir. En mi opinión, responde a una estrategia de marketing para acaparar atención: el mensaje implícito es “mirad lo poderosa que es nuestra tecnología”. Además, si proclamas que el gran peligro reside en tu creación, te reservas también el papel de presentarte como el único capaz de aportar la solución. Lo interpreto como una maniobra para acumular todavía más poder sobre nuestro futuro tecnológico.

Nos encaminamos hacia un escenario donde un puñado de empresas tecnológicas y sus directores ejecutivos concentran cada vez más poder para asegurarse una posición privilegiada

En una democracia esto resulta inaceptable. Deberíamos garantizar que la ciudadanía y los representantes políticos tengan voz y voto en la dirección que toma este desarrollo. No creo en absoluto que nos dirijamos hacia el fin del mundo en un sentido apocalíptico; nos encaminamos hacia un escenario donde un puñado de empresas tecnológicas y sus directores ejecutivos concentran cada vez más poder para asegurarse una posición privilegiada, mientras la inmensa mayoría saldrá perdiendo si no actuamos ya. El verdadero problema es de desigualdad y de justicia: un dilema de fondo para la democracia y para todos nosotros.

¿En qué consiste exactamente esa maniobra para acumular más poder y qué posición buscan ocupar?

Quieren ser ellos quienes decidan sobre la tecnología, pero no solo sobre el desarrollo técnico en sí, sino también sobre su regulación. Para ello se aseguran de tejer buenas conexiones, en este caso con la Administración Trump, y determinar tanto la tecnología como las leyes y su modo de inserción en la sociedad. Del mismo modo, intentan influir sobre la clase política en Europa.

A esto se suma su respaldo al uso militar de la inteligencia artificial. No estamos ante un escenario de ciencia ficción tipo Terminator en el que las máquinas tomen el mando; lo que realmente está ocurriendo es que hay seres humanos decidiendo utilizar la IA para matanzas a gran escala. Y esto es un peligro para todos, porque lo que hace la IA en esos contextos es, por ejemplo, automatizar la selección de objetivos. En lugar de obsesionarnos con si la IA se descontrola, deberíamos poner el foco en las personas que toman la decisión de que sean las máquinas las que maten o las que decidan a quién matar.

En lugar de obsesionarnos con si la IA se descontrola, deberíamos poner el foco en las personas que toman la decisión de que sean las máquinas las que maten o las que decidan a quién matar

En ese sentido veo una deriva evidente hacia una mayor concentración de poder y hacia un sesgo marcadamente autoritario donde, al igual que ocurrió en su momento con la energía nuclear, la ciudadanía apenas tiene nada que decir. Como democracias, también en Europa, debemos recuperar el control. Y no recuperarlo frente a la IA, sino frente a los tech bros.

¿Qué puede hacer Europa en este escenario, atrapada entre el empuje de Silicon Valley y la regulación de Washington, sin un gran campeón tecnológico propio capaz de materializar nuestros valores?

Como europeos podemos elegir qué tecnologías compramos, por ejemplo en los ámbitos de defensa y seguridad. Varios países europeos han adquirido la tecnología de Palantir: una tecnología que arrastra una ideología fascista y que se utiliza para matanzas a gran escala. Esa es una decisión puramente humana de ciertos dirigentes en Europa, aunque por fortuna no todos actúan igual.

Como europeos podemos elegir qué tecnologías compramos. Varios países europeos han adquirido la tecnología de Palantir: una tecnología que arrastra una ideología fascista y que se utiliza para matanzas a gran escala

Por otra parte, cabe preguntarse por qué tenemos que esperar siempre a la última tecnología que llegue de Silicon Valley o de China cuando podemos desarrollar la nuestra propia. Es un gran reto: en Europa existe consenso sobre la necesidad de hacerlo, pero construir un producto de uso masivo es algo muy distinto. No basta con que sea puntero a nivel de investigación teórica o novedad técnica; tiene que funcionar en términos de innovación real y de adopción en el mercado.

Sigue siendo un desafío pendiente, pero al final es la única vía. Solo así podremos incorporar nuestros valores y nuestras exigencias éticas, sin necesidad de comprarnos todas las patrañas que nos venden desde Silicon Valley.

Si reducimos estas alarmas a una mera estrategia de marketing, ¿existe el peligro de que pasemos por alto los riesgos reales de la inteligencia artificial?

Por supuesto. La investigación sobre estos riesgos específicos y sobre seguridad debe continuar. En ese sentido es fundamental seguir generando conocimiento (tanto desde el panel de la ONU como a escala nacional) para categorizar los riesgos y determinar cómo abordarlos.

Todavía no está del todo claro cuál es la mejor respuesta, ni siquiera dentro de nuestro propio panel. Existen diferentes enfoques en la gestión de riesgos y distintas formas de tratarlos, tanto a nivel técnico como normativo. Por eso hace falta más investigación y más tiempo.

Limitarse a despachar el riesgo como puro marketing no es suficiente. Ese trabajo técnico es imprescindible, pero también tenemos que mirar la imagen completa: hablar de las amenazas para la democracia y del sistema socioeconómico

Limitarse a despacharlo como puro marketing no es suficiente. Ese trabajo técnico es imprescindible, pero también tenemos que mirar la imagen completa: hablar de las amenazas para la democracia y del sistema socioeconómico en el que se insertan estas tecnologías. Si solo nos centramos en la gestión del riesgo o en los aspectos técnicos, perderemos esa perspectiva y desaprovecharemos la oportunidad de reivindicar como sociedad que esto nos concierne a todos. No es un asunto que deba quedar solo en manos de expertos; es un debate que corresponde a la ciudadanía y a la clase política, que debe articular una visión propia. Y hoy por hoy, esa visión todavía no existe en la medida necesaria.

Uno de los mayores riesgos señalados por el panel de la ONU es la opacidad de las tecnológicas. Frente a propuestas como introducir observadores externos en los laboratorios, ¿cómo se puede obligar a estas empresas a operar con verdadera transparencia?

Tener observadores externos como propone Dario Amodei puede ser una solución, pero creo que debemos plantearnos cómo conectar lo que ocurre en el ámbito privado de las empresas con la esfera pública: el espacio de la legitimidad donde la ciudadanía decide de forma democrática.

En la actualidad contamos con algunos comités asesores y ciertos trámites burocráticos, pero es fundamental articular mecanismos permanentes para que la democracia disponga de mayor transparencia e intervenga en lo que sucede en el sector. Ya sea cuestionando la propiedad privada de estas corporaciones o mediante otras fórmulas, debemos dirimir políticamente cuál tiene que ser el papel del Estado. Es un debate de gran calado, pero lo crucial es no permitir que sigan operando de este modo.

Asimismo, conviene mantener una postura crítica ante sus propias ofertas de colaboración: existe el riesgo de que manipulen de nuevo el relato de cara al exterior y sigamos sin saber qué ocurre realmente dentro. Por eso necesitamos ese tipo de supervisión y también un periodismo de investigación riguroso que indague en lo que sucede entre bastidores, de modo que la sociedad esté informada y podamos debatir sobre ello con criterio.

Con la proliferación de contenidos sintéticos generados por IA, donde textos, imágenes o interlocutores pueden no ser reales, ¿estamos perdiendo el contacto con una realidad compartida?

En este caso sí perdemos el contacto con esa realidad compartida. Si ya no podemos confiar en lo que es real y lo que es falso, dejamos de saber cuál es la realidad que compartimos; y la democracia necesita esa base común, por lo que supone un problema grave.

Por otro lado, la tecnología también puede ayudarnos a recuperar el contacto con la realidad. En principio puede mostrarnos el sufrimiento de otras personas o de animales que están lejos de nosotros, abrirnos a una perspectiva del mundo más compleja que la inmediata y ayudarnos a conectar con los demás. El desarrollo no tiene por qué conducir necesariamente al aislamiento.

Sin embargo, necesitamos moldear la IA, las redes sociales y todo el entorno comunicativo para disipar esta incertidumbre constante. La forma de lograrlo es un debate complejo, pero ahora mismo avanzamos demasiado hacia un escenario donde la falta de certeza impide tener un suelo común. En términos políticos, para una democracia resulta crucial saber de qué estamos hablando y evitar que cada uno quede encerrado en su propio mundo, en su propia burbuja.

Quizá sea la pregunta más difícil de todas: ¿cómo se consigue eso?

Es una pregunta muy compleja. No creo que exista una solución mágica, pero pasa, por ejemplo, por regular las redes sociales de forma específica para que resulte más difícil propagar este tipo de desinformación.

También necesitamos, una vez más, apoyarnos en la educación: formar a una ciudadanía más crítica con lo que ve y consciente de la necesidad de preservar un espacio común y construir un mundo compartido. Nos hemos volcado en exceso en preparar a las personas para el mercado laboral y en materias puramente académicas, descuidando cómo enseñar a la gente a dialogar entre sí y a crear cosas juntas.

Nos hemos volcado en exceso en preparar a las personas para el mercado laboral y en materias puramente académicas, descuidando cómo enseñar a la gente a dialogar entre sí y a crear cosas juntas

El individualismo que impera en nuestra sociedad no es únicamente responsabilidad de ciertos malos actores; forma parte de nuestra propia cultura. Debemos virar hacia una dirección donde lo común recupere su valor, no a través de un colectivismo opresivo, sino mediante un enfoque relacional: una educación y un entorno donde volvamos a conversar y a construir en común, en vez de depender de tecnologías políticas que nos dividen.

Ante un avance técnico tan acelerado que desborda a tanta gente, ¿qué deberíamos preservar como seres humanos frente a las tecnologías que vienen? ¿Qué es lo que no deberíamos perder nunca?

El ritmo es vertiginoso. Frenar no me parece un objetivo realista si nos referimos al desarrollo técnico en sí mismo, pero sí podemos desacelerar introduciendo más reflexión ética y una mayor evaluación de las tecnologías.

Para lograrlo debemos reconectar con nuestras tradiciones y con aquellos principios que sabemos valiosos, con lo que de verdad importa, procurando diseñar tecnologías que respalden esos valores y esos fines. Solo así avanzaremos en la dirección correcta.

Pero esto únicamente será posible si asumimos (volviendo al inicio de nuestra conversación) que ver la tecnología como un simple instrumento no es suficiente. Tenemos que entenderla como algo indisociable de nuestros valores y de la dimensión política, integrándola con seriedad en las grandes preguntas de fondo: qué define una buena vida desde el punto de vista ético y qué clase de vida política podemos construir juntos.

El Parlamento Europeo ha encargado al profesor Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, una investigación destinada a analizar cómo los modelos de negocio y las prácticas laborales de las grandes compañías tecnológicas globales están afectando a las condiciones de trabajo en la Unión Europea.

El estudio aborda hasta qué punto las nuevas formas de organización empresarial utilizadas por las grandes tecnológicas pueden debilitar la aplicación de los estándares laborales existentes o dificultar su efectividad. La investigación examinará fenómenos como la subcontratación, la fragmentación de las plantillas, el empleo mediante empresas intermediarias y el creciente uso de algoritmos para organizar, supervisar y evaluar el trabajo.

Una parte relevante del estudio estará dedicada a la denominada gestión algorítmica, es decir, al empleo de sistemas automatizados y de inteligencia artificial para distribuir tareas, controlar el rendimiento, evaluar a los trabajadores o intervenir en decisiones que afectan a su relación laboral. El proyecto analizará asimismo el uso de tecnologías de vigilancia digital en el trabajo y las dificultades que estas herramientas plantean desde la perspectiva de la legislación laboral y de protección de datos.

El trabajo que interesa al Parlamente europeo comprende el análisis de las prácticas empresariales de las grandes tecnológicas y de sus consecuencias para los trabajadores, así como el estudio del marco jurídico europeo aplicable. La investigación prestará especial atención a cómo la internacionalización y el uso de empresas contratistas locales afecta a las condiciones laborales.

La investigación incluye además un amplio análisis jurídico de la normativa de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se estudiará también de manera específica el ordenamiento español y se utilizarán experiencias procedentes de otros Estados miembros cuando permitan identificar problemas regulatorios o soluciones relevantes.

El objetivo es conocer si el marco legislativo actual es suficiente para proteger a las personas trabajadoras ante estos nuevas prácticas empresariales.

Otro de los ámbitos analizados será la contratación pública. El estudio examinará en qué medida las Administraciones pueden utilizar sus contratos con grandes compañías tecnológicas para exigir el cumplimiento de estándares laborales, introducir cláusulas sociales, controlar las cadenas de subcontratación y evitar que determinadas formas de organización empresarial terminen facilitando la elusión de obligaciones laborales.

El proyecto parte de una realidad que ha adquirido una dimensión creciente durante los últimos años. Grandes compañías tecnológicas operan simultáneamente en numerosos países y organizan buena parte de sus actividades mediante complejas redes de sociedades, proveedores, contratistas y empresas auxiliares. Esta estructura permite desarrollar actividades a gran escala, aunque también puede hacer más difícil determinar quién adopta realmente las decisiones que condicionan el trabajo y quién debe asumir las correspondientes responsabilidades jurídicas.

“Las grandes empresas tecnológicas han desarrollado una enorme capacidad para reorganizar los mercados y la forma en la que se presta el trabajo. La legislación laboral europea debe ser capaz de identificar dónde se encuentra realmente el poder de decisión empresarial y garantizar que la utilización de tecnología, intermediarios o cadenas de subcontratación no reduzca la protección que corresponde a los trabajadores”, señala Todolí.

La investigación se desarrollará durante 2026 y sus resultados serán presentados ante el Parlamento Europeo.

Adrián Todolí Signes es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València. Su investigación se ha especializado durante los últimos años en el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión algorítmica sobre las relaciones laborales. Ha participado como experto en diferentes proyectos nacionales e internacionales relacionados con las plataformas digitales, las nuevas formas de empleo y la transformación tecnológica del trabajo.

El encargo del Parlamento Europeo sitúa de nuevo a la Universitat de València en el debate europeo sobre la regulación de la inteligencia artificial, las grandes plataformas digitales y el futuro de las relaciones laborales, en un momento en el que las instituciones de la Unión están desarrollando nuevas normas destinadas a adaptar la protección de los trabajadores a una economía cada vez más digitalizada.

El Parlament Europeu ha encarregat al professor Adrián Todolí Signes, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, una investigació destinada a analitzar com els models de negoci i les pràctiques laborals de les grans companyies tecnològiques globals estan afectant les condicions de treball a la Unió Europea.

L’estudi aborda fins a quin punt les noves formes d’organització empresarial utilitzades per les grans tecnològiques poden debilitar l’aplicació dels estàndards laborals existents o dificultar la seua efectivitat. La investigació examinarà fenòmens com la subcontractació, la fragmentació de les plantilles, l’ocupació mitjançant empreses intermediàries i l’ús creixent d’algoritmes per a organitzar, supervisar i avaluar el treball.

Una part rellevant de l’estudi estarà dedicada a l’anomenada gestió algorítmica, és a dir, a l’ús de sistemes automatitzats i d’intel·ligència artificial per a distribuir tasques, controlar el rendiment, avaluar els treballadors o intervindre en decisions que afecten la seua relació laboral. El projecte analitzarà també l’ús de tecnologies de vigilància digital en el treball i les dificultats que aquestes eines plantegen des de la perspectiva de la legislació laboral i de protecció de dades.

El treball que interessa al Parlament Europeu comprén l’anàlisi de les pràctiques empresarials de les grans tecnològiques i de les seues conseqüències per als treballadors, com també l’estudi del marc jurídic europeu aplicable. La investigació prestarà una atenció especial a com la internacionalització i l’ús d’empreses contractistes locals afecten les condicions laborals.

La investigació inclou, a més, una àmplia anàlisi jurídica de la normativa de la Unió Europea i de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. S’estudiarà també de manera específica l’ordenament espanyol i s’utilitzaran experiències procedents d’altres estats membres quan permeten identificar problemes regulatoris o solucions rellevants.

L’objectiu és conéixer si el marc legislatiu actual és suficient per a protegir les persones treballadores davant d’aquestes noves pràctiques empresarials.

Un altre dels àmbits analitzats serà la contractació pública. L’estudi examinarà en quina mesura les administracions poden utilitzar els seus contractes amb grans companyies tecnològiques per a exigir el compliment d’estàndards laborals, introduir clàusules socials, controlar les cadenes de subcontractació i evitar que determinades formes d’organització empresarial acaben facilitant l’elusió d’obligacions laborals.

El projecte parteix d’una realitat que ha adquirit una dimensió creixent durant els últims anys. Grans companyies tecnològiques operen simultàniament en nombrosos països i organitzen bona part de les seues activitats mitjançant complexes xarxes de societats, proveïdors, contractistes i empreses auxiliars. Aquesta estructura permet desenvolupar activitats a gran escala, encara que també pot fer més difícil determinar qui adopta realment les decisions que condicionen el treball i qui ha d’assumir les responsabilitats jurídiques corresponents.

“Les grans empreses tecnològiques han desenvolupat una enorme capacitat per a reorganitzar els mercats i la manera en què es presta el treball. La legislació laboral europea ha de ser capaç d’identificar on es troba realment el poder de decisió empresarial i garantir que la utilització de tecnologia, intermediaris o cadenes de subcontractació no reduïsca la protecció que correspon als treballadors”, assenyala Todolí.

La investigació es desenvoluparà durant el 2026 i els seus resultats seran presentats davant del Parlament Europeu.

Adrián Todolí Signes és catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València. La seua investigació s’ha especialitzat durant els últims anys en l’impacte de la digitalització, la intel·ligència artificial i la gestió algorítmica sobre les relacions laborals. Ha participat com a expert en diferents projectes nacionals i internacionals relacionats amb les plataformes digitals, les noves formes d’ocupació i la transformació tecnològica del treball.

L’encàrrec del Parlament Europeu situa de nou la Universitat de València en el debat europeu sobre la regulació de la intel·ligència artificial, les grans plataformes digitals i el futur de les relacions laborals, en un moment en què les institucions de la Unió estan desenvolupant noves normes destinades a adaptar la protecció dels treballadors a una economia cada vegada més digitalitzada.

España suma a México a una de su principal iniciativa digital de política exterior. Ambos países han acordado estrechar su colaboración en inteligencia artificial, buscando un modelo alternativo para esta tecnología respecto al que proponen Washington y Pekín. “Queremos que haya un gran acuerdo para una tercera vía, para que en ese gran desarrollo tecnológico internacional, esa carrera en la que hay gigantes como Estados Unidos y China, haya también un modelo de potencias medias, en el que Europa y América tengan mucho que decir”, ha manifestado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este viernes en Ciudad de México.

El representante español y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino, han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para impulsar la cooperación técnica bilateral e incorporar formalmente al país norteamericano a esta red de alianzas internacionales, que ha llevado al Ejecutivo español a firmar acuerdos con Canadá y Brasil.

Actualmente, el desarrollo de la IA está marcado por el modelo de Estados Unidos, definido por los grandes magnates de Silicon Valley y su influencia directa en las políticas públicas; y el de China, donde la tecnología se integra en una estructura estatal de control político y vigilancia social. Frente a esta división, la iniciativa busca coordinar a países no alineados en torno a un modelo “con un enfoque humanista”, explica López: “Lo que queremos es una inteligencia artificial para mejorar, no para hacer el mal”.

El acuerdo con el país norteamericano contempla 10 puntos que incluyen disposiciones en materia de ciberseguridad, desarrollo de modelos de IA compartidos, supercomputación o planificación sostenible de centros de datos. “México y España podemos y debemos ser la tercera vía digital. La vía que colabora y apuesta por los datos interoperables, los modelos abiertos y la cooperación en supercomputación, como ya lo hace el Barcelona Supercomputing Center con la supercomputadora Coatlicue que está construyendo México”, ha insistido el ministro español.

La suma de México representa el tercer hito de esta iniciativa diplomática tras los acuerdos sellados durante la primera mitad del año. En abril, España firmó un memorando con Brasil centrado en el despliegue de cables submarinos y la creación conjunta de modelos de lenguaje en español y portugués. En mayo, el Ejecutivo cerró una alianza con Canadá orientada a la seguridad digital y la capacitación tecnológica de pequeñas y medianas empresas.

Según lo expresado en anteriores ocasiones, el Gobierno tiene la vista puesta la India como el siguiente objetivo prioritario de su diplomacia digital para extender esta red fuera de los márgenes de la Unión Europea. La India está logrando colocarse en el escalón inmediatamente inferior a China y EEUU en desarrollo tecnológico, con muchas de las empresas de las dos grandes potencias recurriendo al país dirigido por Narendra Modi para situar centros de ingeniería, fabricar componentes estratégicos y servicios técnicos digitales.

López ya expuso los motivos de esta búsqueda de socios durante el Encuentro por los Derechos Digitales celebrado en Barcelona: “Hay un camino maravilloso que nosotros vamos a recorrer, que es el de las potencias medias. Es el modelo de construcción de una vía que va a ser confiable en el futuro”. En el mismo foro, el ministro advirtió sobre el riesgo de no crear este espacio propio: “Estoy completamente convencido de que, o hacemos algo a escala internacional, más allá de la Unión Europea, o el sur global se va a convertir en una casilla para engordar las cuentas de las tecnológicas megamillonarias”.

La visita institucional sirve como paso previo para preparar la Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre de 2026. El plan del Ejecutivo es trasladar los consensos alcanzados con Brasil y México a una propuesta de acuerdo regional que siente las bases de esta vía tecnológica común entre Europa y América Latina.

Rodeados constantemente de tecnología, la dependencia o el mal uso de los móviles se ha convertido en una de las principales preocupaciones para las familias con hijos adolescentes. Los expertos advierten de que el reloj no debería ser la única herramienta de medida y que es necesario desplazar el foco del “cuánto tiempo” al “cómo” y “para qué” se usa el dispositivo.

“El tiempo no puede ser nunca el único indicador que nos haga ver si al final hay una afectación en la vida de la persona adolescente”, explica Laura Cuesta, profesora y divulgadora experta en educación digital y profesional en el servicio de prevención de adicciones del Ayuntamiento de Madrid. Cuesta asegura que hay muchos más factores a tener en cuenta, a pesar de que el tiempo de pantalla también es un indicador.

Señales de alerta en el día a día

El primer paso para detectar una relación problemática, según Cuesta, es observar el impacto del móvil en las necesidades básicas, como los cambios en los hábitos de sueño, alimentación e higiene. “Si esas horas de pantalla están haciendo que empiece a comer mal, que muchas veces incluso ya no quiera comer con la familia en las horas habituales, que no quiera salir de la habitación, que empiece a dormir peor porque está con las pantallas durante la noche, lo que llamamos vamping, y que luego se levante cansado, en época escolar esto además hace que llegue muy muy cansado al centro escolar e incluso, ya en casos mucho más graves, adolescentes que dejan de ducharse por estar conectados”, enumera la experta.

Además del descuido personal, el uso problemático de la tecnología también puede suponer un desplazamiento de las actividades de “ocio saludable”, apunta Cuesta, que incluye en esta categoría el deporte, los planes familiares y, sobre todo, la socialización cara a cara con amigos de su edad.

Otra pista clave son los cambios de comportamiento. Si bien la adolescencia es una etapa caracterizada por este tipo de cambios, las alteraciones bruscas del humor, la irritabilidad, la apatía o una tristeza profunda son para la experta motivos de sospecha. “Un síntoma muy revelador es la agresividad en el momento en que los padres intentan retirar el dispositivo”, señala.

El ámbito académico también puede funcionar como termómetro en este sentido, ya que puede verse resentido por cómo el uso abusivo del móvil afecta a los demás ámbitos de la vida del menor. “Una bajada grande en el rendimiento escolar o un aviso por parte de los docentes sobre cambios de actitud” también pueden ser indicadores de las interferencias negativas de la tecnología en las responsabilidades, afirma la divulgadora.

Más que un simple objeto

“Muchas veces pensamos que el móvil es el problema, pero el móvil no es el problema en sí; el móvil es un mero transmisor, el problema son las aplicaciones que tenemos dentro: videojuegos, redes sociales o acceso a contenidos inapropiados”, aclara Cuesta, que opina que son los entornos digitales los que pueden afectar gravemente a la autoestima y la seguridad de los jóvenes al compararse con las “vidas irreales” de los creadores de contenido.

Para prevenir estos escenarios, la experta recomienda no presentar el teléfono como un premio, sino como una herramienta con normas de uso preestablecidas. “El smartphone nunca debe ser un regalo de cumpleaños, de reyes o por sacar buenas notas, porque no es un regalo ni un juguete y podemos crear una ansiedad y dependencia del dispositivo”, valora.

Para Cuesta, la clave de un buen uso reside en consensuar las normas y límites desde el principio y no cuando ya existen consecuencias visibles a causa del abuso. “Hay que intentar hablar, dialogar y conversar mucho con nuestros hijos antes incluso de darles la tecnología, porque tienen que verlo como una herramienta que nosotros les prestamos con unas normas de uso: a qué hora se va a poder utilizar ese dispositivo, en qué sitios o habitaciones no se usan dispositivos, en qué momentos familiares no se usan dispositivos... todo eso tiene que quedar pactado en familia y además es bueno que nosotros incluso seamos referentes para ellos y nos vean que tampoco lo hacemos”, explica.

Cuando los padres se ven desbordados o incapaces de hacer cumplir las normas elementales, la divulgadora recomienda pedir apoyo profesional que pueda ayudar a los padres con herramientas para la gestión del problema. “De lo que se trata es de volver a ayudar a esta persona a que vuelva a hacer un uso regulado de esta tecnología”, resume Cuesta, que subraya una diferencia abismal entre la tecnología y otras adicciones: el consumo nunca va a ser cero, ya que la exposición es constante y será una herramienta que les acompañará a lo largo de su vida escolar y profesional.

La Comisión Europea ha acusado a la red social china TikTok de incumplir las normas de seguridad para menores de edad exigidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La institución comunitaria considera la configuración de las cuentas de esta red social expone en exceso las cuentas y los contenidos de los menores, cuando las plataformas accesibles para menores “deben garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección en sus servicios”.

Bruselas advierte de que en TikTok, si los menores optan por configurar su cuenta como “pública” significa que “cualquier usuario, incluidos quienes no tienen una cuenta de TikTok, puede acceder al contenido publicado por los menores”. Con esta exposición se podrían dar “contactos no deseados por parte de posibles agresores y al riesgo de que el contenido se utilice para el ciberacoso. Esta funcionalidad ofrece potencialmente a desconocidos una ventana a la vida de un menor”.

La Comisión Europea recuerda que “dado que lo que los menores publican puede permanecer en internet para siempre y acompañarlos hasta la edad adulta, esta función conlleva el riesgo de tener consecuencias potencialmente permanentes”.

Además, los técnicos de a institución europea subrayan que “incluso cuando los menores eligen cuentas privadas, estas pueden localizarse fácilmente a través de las listas de 'seguidos' y 'seguidores' de otros usuarios y sus fotos de perfil siguen siendo accesibles para cualquier persona, incluidos quienes no tienen una cuenta de TikTok. Así, la configuración de las cuentas sigue exponiéndolos a riesgos como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores”.

Ante estas posiciones que parte de una investigación de la Comisión que empezó en febrero de 2024, Bruselas señala que TikTok “debería modificar la configuración predeterminada de las cuentas públicas de los menores para que, por defecto, su contenido solo sea visible para los usuarios de TikTok que el menor haya aceptado. Aunque los menores de mayor edad puedan tener la posibilidad de compartir sus contenidos con una audiencia más amplia dentro de TikTok, esos contenidos no deberían ser accesibles en ningún caso para una audiencia global fuera de la plataforma” y la red social “debería abstenerse de recomendar el contenido de los menores a otros usuarios”.

Un portavoz de la red social china respondió que “en TikTok las cuentas de adolescentes tienen más de 50 medidas de privacidad y seguridad integradas de forma predeterminada, diseñadas con el asesoramiento de expertos, desde el momento en que se crea la cuenta. Las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto y somos una de las pocas plataformas donde los adolescentes más jóvenes no pueden utilizar la mensajería directa, ni que su contenido sea elegible para aparecer en el feed Para ti. Proteger a los menores en Internet es un objetivo que compartimos, y estamos comprometidos a seguir avanzando sobre la base de nuestro sólido historial de mejora continua. Analizaremos estas conclusiones preliminares mientras seguimos colaborando de forma constructiva con la Comisión”.

Si tras este aviso, TikTok mantiene su política con los menores, la Comisión puede imponer una multa del del 6% del volumen de negocios anual mundial. Según Bloomberg, ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, registró una facturación estimada de 186.000 millones de dólares en 2025.

No es la única investigación que sigue abierta de la institución comunitaria contra la plataforma china. También acusa a TikTok de infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA) por el diseño adictivo de sus funcionalidades. Entre las acciones marcadas por la institución europea que la red social china tendría que cambiar están el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado.

La presión sobre Google para que cumpla las normas digitales europeas no para. La Comisión Europea ha impuesto este viernes dos multas que suman 890 millones de euros a Google en sendas sanciones (430 millones y 460 millones, respectivamente) por “favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play”.

Con esta nueva penalización, el gigante tecnológico estadounidense suma ya más de 10.000 millones de euros en multas impuestas por la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante de Google Search en el sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Además, fue multada con 2.950 millones de euros por prácticas abusivas con la publicidad digital y otros 2.420 millones por abuso de posición dominante en su servicio Google Shopping. Otra sanción de 1.490 millones, que Bruselas impuso en 2019 a la compañía de Sillicon Valley por atentar contra la competencia publicitaria con su plataforma AdSense, fue anulada por el Tribunal General de la UE .

La multa anunciada este viernes se debe al incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2023. La Unión Europea impuso sus primeras multas a las 'Big tech' en 2025: Apple y Meta vulneraron esta normativa y se les sancionó con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La normativa digital europea se ha convertido en un punto de fuerte conflicto entre la UE y la Administración de Donald Trump, que ha mostrado su rechazo en forma de amenazas contra Europa en repetidas ocasiones.

“Trato preferente a sus propios servicios”

Bruselas ha explicado que según la DMA, grandes tecnológicas como Google “no pueden dar un trato preferente a sus propios servicios en los sistemas de clasificación frente a los servicios de terceros. Deben aplicar condiciones transparentes, justas y no discriminatorias para dicha clasificación”.

Además, la Comisión ha constatado que “Google concede un trato preferente a sus propios servicios, que incluye los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search”. Los técnicos de la institución europea han probado que el gigante tecnológico estadounidense “muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, incluso situándolos en la parte superior de la página de resultados o utilizando elementos visuales mejorados y filtros, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad”.

Además, la Comisión asegura que “Google impide a los desarrolladores de aplicaciones comunicar y promocionar libremente sus ofertas, así como cerrar contratos con usuarios a través de los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros”.

Aunque Google recibe un pago en forma de comisión por facilitar la adquisición de un nuevo cliente por parte de un desarrollador externo de aplicaciones a través de Google Play, Bruselas apunta que “la cuantía de las tarifas relacionadas con el direccionamiento que cobra Google y la duración del periodo durante el cual se aplican dichas tarifas exceden lo que se considera compatible” con la normativa europea.

Queja de Google

El presidente de Asuntos Globales de Google y su matriz Alphabet, Kent Walker, ha señalado tras conocer la multa que la DMA “sigue deteriorando los productos de uso diario. Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian —como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play. Esto no es competencia justa; es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”.

Hay que recordar que Alphabet, la matriz de Google y YouTube, informó de un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios la publicidad y YouTube. La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15% más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia, ha declarado que “Google no ha logrado un cumplimiento efectivo de la DMA y hemos adoptado medidas firmes pero equilibradas para sancionar estas infracciones. Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen de dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no obtiene ningún beneficio económico de ello. Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la capacidad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos”.

Recientemente, la Comisión Europea le impuso a Google dos medidas vinculantes para cumplir con la DMA. Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Los niños menores de dos años pasan una media de 49 minutos al día frente a las pantallas. A los ocho años, esta cifra se triplica a tres horas diarias. Los menores de entre 13 y 18 años pasan un promedio de 4,5 horas al día frente a las pantallas en días escolares y 6,1 horas durante los fines de semana. El 14% de los adolescentes supera las 10 horas de uso diario durante el fin de semana. Y todo esto pese a que está más que probado que tiene un impacto en la salud mental: el uso de redes sociales por más de tres horas al día está asociado a mayores tasas de síntomas depresivos y ansiedad: uno de cada diez adolescentes europeos muestra signos de comportamiento adictivo hacia las redes sociales. Estos datos los han aportado este lunes los codirectores del informe 'Seguridad infantil en Internet. Proteger y empoderar a los menores en el mundo digital', dirigido por Jörg M. Fegert y Maria Melchior, por encargo de la Comisión Europea.

El informe ha sido presentado por ambos especialistas y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha señalado que “está claro que necesitamos imponer restricciones a las plataformas adecuadas a la edad de los usuarios. No se trata de si los niños pueden acceder a las redes sociales. Se trata de si las redes sociales pueden acceder a nuestros niños y en qué momento. La cuestión ya no es si los menores se enfrentan a riesgos en Internet, sino qué podemos hacer para ofrecerles un comienzo más seguro en el entorno digital”.

IA: más ansiedad y generar dependencia emocional

Además de las redes sociales, el informe desvela que el 86% de los adolescentes en países como Irlanda, Francia, Alemania y Suecia utiliza herramientas de Inteligencia Artificial (IA), de los que más de la mitad las usa para debatir temas íntimos o personales. El documento asocia el uso de estas herramientas con un incremento en los niveles de ansiedad y el riesgo de generar dependencias emocionales.

En el informe también se apunta que los casos de grooming (delito de acoso sexual en el que un adulto utiliza identidades falsas) en internet aumentaron un 158% en tres años. El material de abuso infantil generado por la IA (CSAM sintético) se ha disparado de forma alarmante, pasando de 5.000 casos en 2023 a 1,3 millones en 2025: el 97% de estas imágenes generadas por IA representaban a niñas.

Las instituciones de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para prohibir la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial cuando no cuenten con el consentimiento de las personas afectadas.

Además, el entorno digital facilita la autorradicalización de menores. Casi un tercio de los sospechosos arrestados en la Unión Europea en 2024 por delitos de terrorismo eran menores de 18 años.

Por otro lado, el informe recuerda que el Digital Fairness Fitness Check de 2024 reveló que el 97% de las webs y aplicaciones más populares de la UE utilizan al menos un patrón de diseño manipulador para retener al usuario, lo que provoca que el 31% de los consumidores pase más tiempo o gaste más dinero en línea del que deseaba.

Exposición cero a pantallas para proteger

Ante esta situación, los expertos recomienda que para niños entre cero y dos años haya exposición cero a pantallas para proteger el desarrollo del lenguaje y el apego emocional. Existe un alto riesgo de “technoference”: la interrupción de la interacción entre padres e hijos debido a los dispositivos de los cuidadores. Para niños de entre tres y doce años, el acceso debe ser limitado y regulado, con consentimiento de los padres. Las escuelas primarias deberían impedir la entrada de teléfonos móviles para fomentar la concentración y la socialización. Adquirir un smartphone a los 12 años en lugar de a los 13 está asociado estadísticamente con un mayor riesgo de sufrir depresión y problemas de sueño al año siguiente.

Finalmente, para jóvenes entre 13 y 18 años se debería seguir una transición gradual hacia el uso autónomo, pero únicamente en plataformas que sean “seguras por defecto”, es decir, que limiten el scroll infinito, el autoplay y los sistemas de recomendación adictivos. Hace dos semanaa, la Comisión Europea anunció que podría multar a Facebook e Instagram ya que su “diseño adictivo” incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Ante este panorama, los expertos recomiendan la prohibición de acceso armonizada a menores de 13 a las redes sociales y servicios digitales en toda la UE, permitiendo su uso únicamente bajo supervisión directa o con fines educativos. Exigir que las empresas tecnológicas que demuestren que sus servicios son seguros por diseño antes de permitir que los menores accedan a ellos, tal como ocurre con los juguetes o las medicinas.

El Gobierno de España planteó la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, aunque desde la Comisión Europea se ha insistido en que los países deberían poner en los 13 años la edad .

Junto a esta medida también se propone implementar sistemas de verificación que protejan la privacidad del usuario, utilizando estándares como el Zero Knowledge Proof (prueba de conocimiento cero) para evitar el rastreo o la recopilación de datos biométricos sensibles. Y finalmente, que los Gobierno hagan una mayor inversión en infraestructuras locales (deportes, arte, clubes juveniles) para ofrecer alternativas atractivas y saludables frente al uso excesivo de pantallas.

Las acusaciones por incumplir las leyes europeas siguen ahogando a Facebook e Instagram. La Comisión Europea ha anunciado este viernes que ambas redes sociales de Meta tienen “un diseño adictivo” con lo que incumplirían la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Bruselas señala a la compañía de Mark Zuckerberg porque “no ha evaluado adecuadamente los riesgos que plantea el diseño adictivo de sus plataformas para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos los menores de edad y los adultos vulnerables”.

Según la Comisión, características de diseño como “las recomendaciones altamente personalizadas, la reproducción automática y el desplazamiento infinito, que muestran constantemente nuevos contenidos a los usuarios alimentan el impulso de seguir desplazándose por la pantalla y hacen que el cerebro entre en un 'modo piloto automático', contribuyendo a desarrollar hábitos poco saludables y un uso compulsivo de las plataformas”.

Por otro lado, también se acusa a Facebook e Instagram de “ignorar la información disponible sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram o Facebook durante la noche y sobre cómo la optimización de formatos como los reels y las stories puede favorecer un uso excesivo o compulsivo de estos servicios”.

Medidas “claramente insuficientes” de las redes sociales

Tanto Facebook como Instagram han puesto en marcha algunas medidas para mitigar los riesgos, que la Comisión advierte que son “claramente insuficientes”. Por ejemplo, explican los técnicos de la institución europea, las herramientas de gestión del tiempo de uso de Instagram y Facebook, incluidas las que están activadas por defecto para los adolescentes, “pueden desactivarse fácilmente y no consiguen reducir ni controlar de manera significativa el tiempo que los usuarios pasan en estas plataformas”.

Por otro lado, los controles parentales de Meta “solo son realmente eficaces si los padres o tutores poseen conocimientos técnicos suficientes y dedican tiempo y esfuerzo a comprender su funcionamiento”, lo que reduce su eficacia. Además, iniciativas de sensibilización de Meta, como los consejos sobre salud mental disponibles en la página independiente 'Centro de Seguridad' “no rebaja el riesgo asociado al diseño adictivo de Facebook e Instagram”.

Facebook e Instagram están bajo varias investigaciones

Esta acusación es la segunda en pocos meses a la que se tiene que enfrentar el gigante tecnológico estadounidense, ya que Bruselas también imputó a ambas redes sociales por infringir la DSA al “no identificar, evaluar y mitigar el acceso a sus servicios por parte de menores de 13 años”.

Ambas acusaciones son graves y pueden acabar con una multa de hasta el 6% del volumen mundial de negocio de las redes sociales. Meta facturó 168.016 millones de euros en 2025, de los que el grueso, 164.010 millones de euros, fueron gracias a la publicidad que gestionan sus redes sociales.

En caso de que la tecnológica estadounidense no quiera que el proceso siga adelante y acabar con una multa multimillonaria, la Comisión le indica que debe introducir cambios en el diseño tanto de Instagram como de Facebook: “Desactivar por defecto funciones especialmente adictivas como la reproducción automática (autoplay) y el desplazamiento infinito (infinite scroll), implantar pausas efectivas para limitar el tiempo de pantalla (screen time breaks) y modificar el sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a maximizar la interacción de los usuarios”.

Las acusaciones que ha anunciado la Comisión este viernes forman parte de una investigación que se inició en mayo de 2024. Además de la causa por permitir el acceso a los menores de 13 años, Bruselas también investiga a Facebook e Instagram por los denominados efectos de «agujero de conejo» (rabbit hole effects), generados por el diseño de los sistemas de recomendación de Facebook e Instagram, que podrían explotar la vulnerabilidad y la falta de experiencia de los menores.

Este martes, Meta anunció el lanzamiento de una nueva herramienta de generación de imágenes con inteligencia artificial que se implantará gradualmente en sus servicios. El nuevo modelo, llamado Muse Image, tendrá una implantación especialmente profunda con Instagram, su red social de fotos y vídeos. Hasta el punto de permitir que cualquier contenido publicado por un perfil público de la plataforma sea usado como base para manipularlo o generar imágenes nuevas.

La duda tras el lanzamiento de Muse Image entre algunos especialistas era si Meta habilitaría esta opción en la UE de la misma forma que en EEUU, donde la posibilidad de que las imágenes sean manipuladas por la herramienta está activada por defecto para todos los perfiles públicos. Preguntada por elDiario.es, la compañía ha asegurado que la función “está disponible globalmente” y que la única manera de bloquearlo es hacerlo manualmente desde los ajustes, sin hacer distinciones para los usuarios europeos o las especiales reglas de privacidad de la UE, por las que Meta ha sido sancionada en repetidas ocasiones.

En este momento la herramienta está disponible a través de la aplicación Meta AI y el navegador web, así como en WhatsApp y en las Historias de Instagram para los usuarios de EEUU. Para generar contenido a partir de imágenes publicadas en Instagram, basta con que alguien etiquete un perfil público (utilizando su @) y podrá usar Meta AI para crear una imagen basada en esa fotografía.

Por ejemplo, un usuario puede escribirle a Meta AI “genera una imagen de @usuario en la playa” o “viste de payaso a @usuario”, y el sistema tomará las fotos públicas de esa cuenta para construir la imagen solicitada, sin que la persona etiquetada lo sepa ni lo autorice.

Para desactivar la opción, es necesario abrir el apartado “configuración” desde la aplicación de Instagram, accesible desde las tres líneas de la esquina superior derecha de la pantalla del perfil. Después, hay que desplazarse hasta la pestaña “Compartir y reutilizar”. Aquí es donde aparecerá una opción denominada “Permitir que las personas usen tu contenido en Instagram y con funciones de IA en Meta”, que es necesario apagar. Si no aparece esta opción, es debido a que Meta aún no ha extendido las nuevas funciones a ese perfil en concreto, por lo que es necesario esperar a que lo haga.

Puede violar la normativa europea

Esta configuración basada en deshabilitar la opción y no al contrario es lo que más critican los especialistas. Muchos usuarios con el perfil público, como músicos, artistas o profesionales de todo tipo que utilizan Instagram para compartir su trabajo podrían ver cómo sus publicaciones pueden ser manipuladas por las herramientas de IA de Meta sin su consentimiento. La plataforma no avisa al autor original cuando otro usuario utiliza sus contenidos como base para generar imágenes nuevas.

“No recibirás ninguna notificación sobre el contenido creado mediante las funciones de IA de Meta”, indica la página de ayuda de la compañía. Este contenido manipulado podrá aparecer, además, en el buscador público de Instagram si el usuario que lo generó lo publica en abierto.

“Desde el punto de vista de la normativa, no es lo mismo 'poder oponerte' (opt-out) que 'consentir activamente' (opt-in)”, explica Jorge García Herrero, abogado especialista en protección de datos. “Si tú te abriste una cuenta de Instagram en 2020, antes de la fiebre de la IA generativa, tu 'consentimiento' a los términos y condiciones no podía comprender, no podría referirse a funcionalidades como esta novedad de Muse image”, con la que cualquier usuario puede “invocar tus fotos públicas para generar lo primero que se le pase por la cabeza”, detalla.

Esto viola el RGPD. Si tú te abriste una cuenta de Instagram en 2020, antes de la fiebre de la IA generativa, tu 'consentimiento' a los términos y condiciones no podía comprender, no podría referirse a funcionalidades como esta

Jorge García Herrero — abogado especialista en protección de datos

El abogado es claro: el diseño de la nueva herramienta no respeta la normativa europea de privacidad. “Esto no sólo viola el RGPD (la norma que exige el consentimiento activo y separado para hacer esto), también implica la responsabilidad compartida de Meta por cualquier lesión al honor, intimidad o propia imagen que un usuario sufra por las ocurrencias 'generativas' o 'sintéticas' de otro”, asevera.

Herrero recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE ya se ha posicionado sobre la manipulación de imágenes personales con herramientas de IA. El pasado diciembre, los magistrados sentenciaron que “es responsabilidad de la plataforma cerciorarse de que 'el usuario que genera' cuenta con el consentimiento u otra base legal para utilizar datos o imágenes ajenas”. “Pero es obvio que esto a Meta le da igual”, denuncia.

Protestas

Meta ha presentado la herramienta como una manera de personalizar las publicaciones de otras personas de manera “colaborativa”. “Ya sea que quieras diseñar una invitación personalizada para un evento, crear un concepto creativo colaborativo o generar un gráfico personalizado, etiquetar un nombre de usuario permite que Meta AI utilice fotos públicas para crear una imagen lista para publicar”, dice en su blog oficial. No obstante, el diseño de la herramienta hace que el usuario pierda cualquier control sobre los contenidos generados a partir de sus propias imágenes.

Este hecho ha producido que se generen críticas masivas contra Meta en EEUU, donde las nuevas funcionalidades ya están ampliamente implantadas. La Creative Artists Agency (CAA), una de las mayores agencias de representación de talento del mundo, ha afirmado en un comunicado que “ningún nombre, imagen, apariencia, voz ni obra creativa de ninguna persona debería ser utilizada por terceros, incluidos los modelos de inteligencia artificial, sin un consentimiento claro y documentado”.

Ningún nombre, imagen, apariencia, voz ni obra creativa de ninguna persona debería ser utilizada por terceros, incluidos los modelos de inteligencia artificial, sin un consentimiento claro y documentado

Creative Artists Agency

“La verdadera innovación pone a los creadores en el centro: respeta sus derechos, protege sus medios de vida y les da un control real, en lugar de cederlo a las plataformas. Hemos trasladado nuestras preocupaciones a Meta en nombre de nuestros clientes, expresando nuestro desacuerdo y nuestra posición sobre la necesidad de un enfoque más responsable. Pedimos a Meta que haga de la protección la opción por defecto en Muse Image, y no la excepción”, añade.

En España, actrices cómo Ester Expósito han alertado de cómo estas herramientas se están utilizando para manipular imágenes sin permiso de las personas que aparecen en ellas, muchas veces con objetivos machistas o sexualizantes.

La decisión de Meta llega además pocos meses después del escándalo de sexualización de imágenes protagonizado por Grok, la IA de X. A principios de este 2026, la red social de Elon Musk habilitó la opción de manipular con IA cualquier imagen publicada de forma abierta en la plataforma, lo que desembocó en una avalancha de creación de imágenes sexualizadas de mujeres y niñas, que vieron como sus fotografías eran manipuladas para mostrarlas en ropa interior o bikini sin su consentimiento.

La UE y diversos países alrededor del mundo abrieron investigaciones al respecto. Los estudios posteriores del escándalo indicaron que Grok llegó a crear 3 millones de imágenes sexualizadas, incluidas 23.000 que mostraban a menores. En su comunicación con elDiario.es, portavoces de Meta han explicado que sus herramientas están diseñadas con medidas de seguridad para ayudar a “evitar la generación de contenido perjudicial”.

Batalla abierta entre la Comisión Europea y Apple por los problemas del gigante estadounidense con su inteligencia artificial (IA). Un portavoz de la institución europea ha cargado este martes contra la compañía de la manzana al asegurar que “la decisión de no lanzar Siri AI en la Unión Europea es responsabilidad exclusiva de Apple, porque absolutamente nada en la Ley de Mercados Digitales (DMA) prohíbe a Apple introducir nuevos productos en la UE”.

El gigante tecnológico estadounidense había culpado a la regulación europea del retraso en el lanzamiento de la versión de Siri con inteligencia artificial para los iPhone y iPad en la Unión Europea durante la presentación de su nueva generación de Apple Intelligence, una profunda reestructuración de su sistema de IA desarrollada en colaboración con Google.

Desde la Comisión Europea se ha destacado que “lo que Apple no puede hacer, al igual que cualquier otro guardián de acceso (gatekeeper), es cerrar el mercado. No les corresponde decidir quién puede innovar en Europa, ni elegir qué herramientas de inteligencia artificial pueden utilizar los ciudadanos europeos y cuáles no. Y ahí es donde entra en juego la DMA y sus obligaciones de interoperabilidad. Si queremos innovar, contar con soluciones innovadoras y ofrecer más opciones a los usuarios, necesitamos una competencia justa y abierta entre los desarrolladores”.

“Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no dispongan de Siri AI en el iPhone o el iPad cuando lancemos nuestras nuevas versiones de software a finales de este año”, declaró el vicepresidente de ingeniería de software, Craig Federighi.

Apple como guardián de acceso (gatekeeper) tecnológico, ya que controlan y operan los denominados servicios básicos de plataforma, den acceso a terceros al sistema y permitan la interoperabilidad para que haya más competencia libre en el mercado digital.

Apple fue “incapaz de desarrollar soluciones”

“¿Cuál es la verdadera historia detrás de este asunto? Apple simplemente fue incapaz de desarrollar soluciones de interoperabilidad que cumplieran los estándares esenciales de privacidad y seguridad de la UE. En lugar de intentar encontrar una solución de cumplimiento adecuada, Apple se limitó a solicitar a la Comisión Europea una exención de sus obligaciones de interoperabilidad en virtud de la DMA... Y que dicha exención se extendiera durante al menos 18 meses”, ha explicado un portavoz de la Comisión.

Bruselas ha insistido en que dicha exención “significaría que ningún agente de inteligencia artificial distinto de Siri AI —que, por cierto, está impulsado por Google— tendría las mismas oportunidades de ser elegido por los usuarios de iPhone. La legislación de la Unión Europea no es negociable. La Comisión no concederá exenciones, del mismo modo que un agente de policía no eximiría a un conductor de respetar los límites de velocidad”.

Los retrasos generalizados de Apple alrededor de la IA tienen más que ver con problemas tecnológicos que regulatorios. De hecho, la IA presentada este lunes con dos años de retraso es un asistente similar al que la mayoría de su competencia ya tiene disponible, pero cuyas funciones nunca llegaron a los usuarios.

La promoción del lanzamiento de Apple Intelligence fue demandada por publicidad engañosa, lo que ha obligado a la empresa a llegar a un acuerdo de 250 millones de dólares para indemnizar a los propietarios de iPhone por la falta de disponibilidad de las funciones en el momento de la compra.

Apple afirmó que no podía proporcionar una fecha para la disponibilidad de la actualización en la Unión Europea.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que le ha puesto una multa de 200 millones de euros a Temu. Bruselas asegura que plataforma china de comercio electrónico “no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su página con el consiguiente perjuicio para los consumidores de la Unión Europea”, con lo que estaría incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta es la multa más alta que se ha impuesto por la Comisión por incumplimiento de la DSA, con anterioridad se había sancionado a la red social X con 120 millones.

La Comisión abrió el procedimiento formal contra Temu en octubre de 2024. Se adoptaron conclusiones preliminares en julio de 2025 y se cierra ahora con una decisión formal de incumplimiento y la correspondiente sanción.

Bruselas asegura que dispone de pruebas que indican que es los consumidores de la UE se van a encontrar artículos ilegales en Temu, especialmente en las categorías de cargadores, joyería y juguetes para niños y bebes. A principios de este año, la Asociación Retail Textil España (Arte), junto a las principales asociaciones del comercio y del sector textil en España, acusaron las grandes plataformas de comercio electrónico del impacto sobre el mercado europeo y denunciaron que más del 65% de los productos que comercializa Temu en la Unión Europea no cumple con la normativa vigente.

Tras la investigación, los funcionarios europeos aseguran que las pruebas obtenidas mediante un ejercicio de “mystery shopping” mostraron que “un porcentaje muy elevado de los cargadores seleccionados no superó pruebas básicas de seguridad, mientras que una alta proporción de juguetes para bebés presentaba riesgos de seguridad de gravedad media a alta por contener sustancias químicas que excedían los límites legales o por riesgos de asfixia debido a piezas desmontables”.

Una alta funcionaria de la Comisión ha comentado que “el 'mystery shopping' no fue la única fuente de datos. Hubo, por una parte, la investigación de 'mystery shopping' realizado por encargo de la Comisión Europea. También se hizo lo que se denomina una ”PCA exercise“ (Priority Customs Action), es decir, una acción prioritaria aduanera en la que las autoridades examinaron las mismas categorías de productos que se analizaron en el 'mystery shopping'. Además, se utilizó información de la base de datos ICSMS, gestionada por las autoridades de vigilancia del mercado. Estas tres fuentes arrojaron porcentajes elevados y muy elevados de productos ilegales”.

Además, Bruselas acusa a Temu “no evaluó adecuadamente cómo el diseño de su servicio, incluidos los sistemas de recomendación y los programas de promoción de productos por parte de influencers afiliados, podría amplificar los riesgos de difusión de productos ilegales”.

“La multa es desproporcionada”

Fuentes de Temu contactaron con elDiario.es para explicar que “respeta los objetivos de la DSA y la necesidad de establecer normas claras y coherentes en toda la economía digital. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada”.

Según la plataforma china de comercio electrónico la decisión de la institución europea “no refleja el estado actual de nuestros sistemas y nuestra plataforma. Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión durante todo el proceso y desde entonces ha adoptado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios. Estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles”.

Fuentes de la Comisión apuntan que Temu “tendría ya que haber dejado de vender esos productos en su plataforma”. Sin embargo, una alta funcionaria de la institución europea admite que “la investigación sigue en curso. Estamos evaluando si los medios que Temu está aplicando son eficaces, exitosos y suficientemente rigurosos en lo relativo a sanciones para los vendedores ilegales. Esta investigación en curso debería ya estar incentivando a Temu a cumplir las normas y a mejorar sus sistemas”.

“El elemento clave que hay que destacar es el enfoque sistémico de esta evaluación de riesgos. Queremos que las plataformas de comercio en línea que ofrecen productos en la Unión Europea dispongan de sistemas capaces de filtrar productos ilegales, de modo que los consumidores europeos estén protegidos”, según ha explicado una alta funcionaria de la Comisión.

Tensión comercial entre la UE y China

La multa a la plataforma de comercio electrónico llega en un momento de fuerte tensión en las relaciones entre la Unión Europea y China. Un grupo de países europeos, encabezados por Francia, ha pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha aranceles y otras medidas comerciales defensivas ante lo que denominan “prácticas comerciales abusivas” como “la imposición de nuevas barreras comerciales o contribuir a una sobrecapacidad industrial sistémica y estructural”.

Este viernes hay una reunión sobre la estrategia que debería presentar el bloque europeo bajo la premisa de una “política de defensa comercial más firme y eficaz”. Los firmantes de la carta piden que se hagan “más investigaciones de salvaguardia en caso de perturbaciones comerciales a nivel sectorial” y ser “más proactivo” a la hora de llevar ante la Organización Mundial del Comercio las infracciones de las normas comerciales.

Sin embargo, no hay unanimidad en la Unión Europea sobre la posición ante China. Países como Alemania o España han adoptado una política más conciliadora con el gigante chino. De hecho, el Gobierno español mandó un comunicado en el que señala que “España comparte el diagnóstico sobre la necesidad de impulsar una política industrial europea que contribuya a reducir dependencias estratégicas y reforzar la resiliencia económica. Al mismo tiempo, defendemos un enfoque equilibrado, basado en el valor añadido, la apertura económica y la garantía de unas cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes”.

Cualquiera que haya utilizado YouTube entiende cómo funciona su algoritmo de recomendación. Ves un vídeo, termina, y el sistema ofrece otros “relacionados”. En 2018 varias investigaciones revelaron que un comportamiento totalmente neutral por parte del usuario le llevaba en cuestión de unos pocos vídeos hacia contenidos extremos. Después llegó la pandemia, con YouTube volviendo a quedar señalado como uno de los grandes focos de desinformación sobre el virus, las vacunas o los intereses oscuros que promovían los confinamientos.

Investigaciones posteriores han intentado profundizar mucho más en las consecuencias de esta una espiral de radicalización, que terminó conociéndose como “el agujero de conejo” algorítmico. El problema es que no han podido.

“Lo que es realmente interesante es que demostramos que YouTube no recomendó contenido más extremo a nuestros perfiles de prueba. Sabemos que anteriormente era uno de los peores en cuanto a sus motores de recomendación. Aunque no podemos probarlo de forma absoluta, otros estudios muestran lo mismo, lo que sugiere que empezaron a ajustar sus algoritmos cuando quedó expuesto que estaban conduciendo al extremismo”, explica Yaël Eisenstat.

Eisenstat es ex jefa de integridad electoral de Facebook, ex analista de la CIA y coautora de uno de esos estudios sobre YouTube. Actualmente, es una de las voces más reconocidas contra los incentivos algorítmicos perversos de las redes sociales. Este miércoles fue la primera en tomar la palabra en el I Encuentro por los Derechos Digitales que se ha celebrado en Barcelona.

La elección del ejemplo de YouTube no fue casual. Eisenstat intentaba mandar un mensaje que han compartido el más de un centenar de expertos que han subido al escenario tras ella. Sí, las redes y los gigantes digitales están rompiendo la democracia. Pero no todo está perdido: se las puede obligar a cambiar y lo harán si reciben la presión adecuada.

Todas las recetas de la esperanza

Las principales voces que han acudido a Barcelona para hablar de los derechos digitales llevan años diagnosticando los problemas de las redes. Quizá por ello, todas se han esforzado en que las soluciones sean una parte muy importante de su discurso en este evento. Ha habido propuestas técnicas, políticas, sociales, geopolíticas y filosóficas para defender la revolución contra el statu quo digital.

La ponente que ha arrancado más aplausos entre los 3.000 asistentes es la que ha atacado el problema desde el este último campo, la filósofa Carissa Véliz. “El ingrediente fundamental del tirano es crear desconfianza entre los ciudadanos. No hay que dejar que eso pase”, ha expresado sobre la creciente polarización: “Para tener confianza hay que cultivar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de comunidad de amistad ciudadana”. En la era de las pantallas, la conversación cara a cara es revolucionaria, ha defendido.

La autora mexicana acaba de publicar su segundo libro, Profecía. Lecciones sobre el uso y abuso de la predicción, desde los antiguos oráculos hasta la IA (Debate), en el que explica las amplias conexiones conceptuales entre los adivinos de la corte que susurraban al oído de caciques, monarcas y emperadores, con los actuales sistemas de predicción de la inteligencia artificial.

“Es muy revelador volver al pasado y preguntarnos cómo se ha utilizado antes la predicción”, ha explicado Véliz, profesora en la Universidad de Oxford. “Te darás cuenta de que, por más diferente que sea la tecnología, el rol político que está jugando la IA es el mismo que el oráculo de Delfos o que el astrólogo medieval. Un rol que se está oscureciendo con esta tecnología, disfrazándose de conversación tecnológica cuando en realidad es una conversación política y social”.

Por más diferente que sea la tecnología, el rol político que está jugando la IA es el mismo que el oráculo de Delfos o que el astrólogo medieval

Carissa Véliz — profesora de Filosofía de la Universidad de Oxford

Por eso para la autora es tan importante analizar críticamente esas predicciones. “Parte del desafío cuando preguntamos cuál es el futuro de la democracia no es tratar de predecirlo como si hubiera ya un guion escrito que hay que descubrir. No, la pregunta es qué guion vamos a escribir nosotros, porque la democracia está en la mano de la ciudadanía, en parte”.

“La tecnología es poder”

“La tecnología es poder” ha sido una de las ideas fuerza repetidas por muchos de los ponentes, incluido el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que ha compartido una charla con Véliz. Su Ministerio y la organización Mobile World Capital Barcelona han sido los organizadores principales del Encuentro.

Para hacer valer los derechos digitales no vale presionar a las multinacionales tecnologías. Es necesario poder en todos los sentidos, incluido el más clásico de todos: el poder geopolítico, la capacidad de obligar a otras naciones a tomar determinados caminos. “Si nos fijamos en los tres imperios digitales, Estados Unidos, China y la Unión Europea, vemos grandes diferencias”, explica Anu Bradford, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia (EEUU). “Por eso los llamo imperios, porque ninguno de sus modelos regulatorios se limita a sus propias jurisdicciones, sino que todos exploran proactivamente extenderlo a otras zonas”.

Sí, también la UE lo ostenta. Bradford, finlandesa, es la autora del término “efecto Bruselas”, que explica cómo muchas de las leyes de los 27 terminan aplicándose a nivel global porque las multinacionales prefieren adoptar un mismo estándar normativo en todo el mundo, aunque sea el más estricto, antes que cambiar su operativa en función de múltiples contextos diferentes.

Economías de escala y eficacia juegan aquí en favor de muchos países que consiguen la protección legal europea sin la capacidad de presión de su potente mercado interior, de 450 millones de personas. Por ello, la profesora ha recalcado en Barcelona que la UE no debe dejarse llevar por los discursos que aseguran que su modelo basado en derechos la lleva al desastre en la carrera de la IA con EEUU y China.

“Los europeos deberían tomar el camino [...] de cómo hacer que la IA mejore nuestras vidas. Que aumente nuestra riqueza, nuestra productividad, las oportunidades para nuestros individuos, sociedades y empresas”, ha defendido Bradford: “Aprovechar el potencial en la vida diaria para muchas de nuestras industrias: atención médica, educación, etc. Y ahí es donde realmente no hay una desventaja inherente”.

Pero, para que eso funcione “no basta con multar”, sino que hacen falta “reguladores que estén dispuestos a desplegar los poderes que tienen”. Tanto para “exigir cambios en los modelos de negocio” de los gigantes tecnológicos extranjeros como para potenciar la capacidad de innovación europea.

Sobre esto último, la profesora también ofrece una hoja de ruta: desplegar un mercado único digital real, que permita a las empresas competir en toda Europa desde un único país; facilitarles el acceso a capital y desestigmatizar el fracaso con una ley de quiebras europea que no hunda a los que lo intentan y no lo consiguen.

Lo que realmente diferencia a EEUU de Europa es que los estadounidenses han tenido un éxito espectacular al aprovechar el talento global. Ahora se están alejando de eso y es una oportunidad tremenda para los europeos

Anu Bradford — profesora de Derecho en la Universidad de Columbia

Todo esto tendría como consecuencia otro de los puntos que la experta menciona como claves: la atracción de talento extranjero que quiera emprender en Europa. “Pensemos solo en los nombres tan conocidos de los fundadores de empresas tecnológicas... Elon Musk, el fundador de Tesla, nació en Sudáfrica. Sergey Brin, el cofundador de Google, en Rusia. Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, es brasileño. Jensen Huang, el cofundador de Nvidia, nació en Taiwán”, ha enumerado.

“Lo que realmente diferencia a EEUU de Europa es que los estadounidenses han tenido un éxito espectacular al aprovechar el talento global”, ha recordado, “pero ahora se están alejando de esos rasgos tradicionales del país. Esto es una oportunidad tremenda para los europeos”.

Mientras, ¿qué hacemos con este Internet roto?

Hubo un tiempo en que Internet era “un directorio de cosas maravillosas”, ha recordado la periodista y escritora Marta Peirano, una de las expertas de referencia en el contexto español sobre tecnología y poder. Ese era también el lema de Boing Boing, pionero de la blogosfera digital.

Su director era Cory Doctorow, el activista que mejor ha mapeado cómo y por qué la red se ha estropeado desde entonces, a través de su concepto de “mierdificación”. “En veinte años todos nuestros problemas estarán relacionados con Internet”, decía en 2015 en una entrevista con elDiario.es. La velocidad a la que ha ocurrido todo ha terminado sorprendiendo hasta a los más críticos.

Como entonces, Doctorow ha exculpado a los usuarios en su conversación con Peirano en Barcelona. Si Internet se ha convertido en “un enorme montón de mierda” es porque se transformó “en un entorno político donde las peores decisiones de las peores personas generan la mayor cantidad de dinero”. “Entonces llegamos a la pregunta más importante: ¿qué les permitió empeorarlo? Y la respuesta es la política”, ha acusado.

¿Qué les permitió empeorarlo? Y la respuesta es la política

Cory Doctorow — activista y autor de 'Mierdificación'

La tesis de Doctorow es que “todos estos productos digitales que todos usamos son obviamente defectuosos. Nos espían, se quedan con nuestro dinero, nos manipulan”. “Lo último que cualquiera de nosotros debería hacer es permitir que nuestra vida social sea controlada por un multimillonario, y mucho menos por alguien que nos está espiando”, ha enfatizado durante el evento.

Para arreglarlo, el autor pide un nuevo Internet, pero rechaza la utopía de una red perfecta. “Lo que queremos es un sistema nervioso digital que nos ayude a adaptarnos al cambio. Un sistema nervioso que nos ayudará a sobrevivir al genocidio, la emergencia climática y el creciente fascismo. Tendrá que ser dinámico, porque tendrá que ser receptivo a las necesidades de los usuarios”. Es lo que el autor denomina “el Internet post-americano”, una red que pueda escapar de las lógicas mercantilistas que este ha impuesto.

Tocándoles la cartera

Frances Haugen, casi cogiendo el testigo de Doctorow, ha puesto encima de la mesa un método para forzar a los gigantes digitales a adoptar prácticas más éticas. Se basa en tocarles la cartera. Sin boicots, solo con una fórmula que apunte a su punto débil.

La ingeniera sabe cómo diseñarlo. Haugen expuso en 2021 las prácticas internas de Facebook ante el Senado de Estados Unidos, filtrando documentos de la compañía que probaron que está priorizaba sus propios beneficios a la seguridad de sus usuarios, incluidos niños y adolescentes. Sus revelaciones han terminado desembocando en las recientes sentencias que condenan a las redes sociales de Meta a pagar los daños que han causado a sus usuarios.

La ingeniera propone obligar a las grandes marcas que se anuncian en plataformas como Facebook e Instagram a destinar el 10% de su gasto en publicidad digital a plataformas dispuestas a publicar cinco métricas concretas sobre su impacto en los menores: cuántos niños reciben mensajes sexuales no deseados; la calidad de su sueño; el rendimiento escolar; la capacidad del usuario para detener el uso de la aplicación a voluntad y si la herramienta fomenta realmente las conexiones en el mundo físico.

¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente retirar los ingresos, los redirigimos y decimos: oye, vamos a impulsar el cambio no reteniendo el dinero, sino fertilizándolo?

Frances Haugen — Filtradora de Facebook

“¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente retirar los ingresos, los redirigimos y decimos: oye, vamos a impulsar el cambio no reteniendo el dinero, sino fertilizándolo?”, se ha preguntado Haugen en Barcelona.

Es una más de las múltiples propuestas que el centenar de voces internacionales han arrojado a la política y la sociedad civil en el I Encuentro por los Derechos Digitales, que nace con la voluntad de que haya muchos más. El diagnóstico lleva años sobre la mesa. Lo que Barcelona ha demostrado esta semana es que las recetas también existen: ¿habrá voluntad para aplicarlas?

La Junta de Andalucía sufre desde la noche del miércoles una caída de sus servicios digitales que en la mañana del jueves aún bloqueaba los procedimientos telemáticos en la Administración, desde solicitar cita médica o plaza en un colegio para el próximo curso (en pleno periodo de escolarización) a realizar procedimientos de licitación, ayudas o sanciones.

La “indisponibilidad temporal de los servicios digitales de la Junta” afecta a todas las consejerías, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico. A mediodía se han restablecido algunos servicios, como la posibilidad de solicitar cita médica a través de Salud Responde. Poco después se ha restablecido el acceso a la tarjeta virtual sanitaria, que se estrena hoy.

La afección está siendo “amplia” debido al “elevado nivel de digitalización”, admiten desde la Junta, que no ha ofrecido un listado completo de los servicios afectados. Este medio ha podido comprobar incidencias en servicios sanitarios, gestiones administrativas y procedimientos internos. Durante la mañana era imposible acceder a servicios que requieren firma o certificado digital. La Junta descarta que la incidencia obdezca a “ningún patrón de comportamiento de ciberataque”.

“La Agencia Digital de Andalucía (ADA) está atendiendo una incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a los servicios digitales de la Junta de Andalucía”, explican desde la Consejería de Industria, donde está integrada la ADA. La Agencia trata ahora de levantar el sistema “reconfigurando su explotación” con “carácter urgente y prioritario”.

Desde la Consejería de Industria avisan de que “la ciudadanía que necesite presentar documentación electrónica dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía podrá hacerlo a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, a través de este enlace: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoGeneral.html

Afección en centros educativos y centros de salud

Se trata de un problema localizado y acotado, principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren. Entre los sistemas caídos están las aplicaciones que prestan servicio directo a la ciudadanía como el Registro Electrónico para la presentación de documentación, Carpeta Ciudadana, Tarjeta Sanitaria Virtual y las notificaciones electrónicas.

La incidencia afecta a Séneca, el sistema informático con el que trabajan los centros educativos (ahora embarcado en el arranque del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 y en la evaluación del segundo trimestre), como a Diraya, que permite gestionar el sistema sanitario andaluz, según confirman diversas fuentes. En algunos centros de salud los sanitarios no podían acceder esta mañana al sistema de citas.

El director de la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIAN) confirma que “hay una caída del sistema Séneca, que es por donde lo hacemos todo, desde los trámites administrativos a los trámites académicos”. Pero la caída va más allá de los dos grandes servicios públicos que presta la administración autonómica. Ni siquiera se ha publicado este miércoles el último Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La directora de un colegio sevillano explica que ya este miércoles no pudieron firmar digitalmente las actas de evaluación. “Estamos parados, ya que al no poderse firmar tampoco se pueden subir a Seneca, por lo que los equipos directivos tendremos que revisarlas durante nuestras vacaciones o a la vuelta de ellas atrasando todo el trabajo”, lamenta: “Tampoco podemos subir los boletines de notas y los informes del alumnado al punto de recogida para que las familias los puedan recibir mañana. Habrá que hacerlo todo mañana, con suerte, mientras atendemos al alumnado”. Tampoco las familias pueden teletramitar las solicitudes. La Consejería de DEsarrollo Educativo confirma que se ampliarán los plazos afectados.

También se están viendo afectadas por esta incidencia informática herramientas digitales de uso interno por el personal empleado público de la Junta de Andalucía, como Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus.

Puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual

La Junta de Andalucía no ha aclarado aún el origen de la incidencia. Por ahora, ha descartado que tenga relación con un colapso del sistema por la convocatoria del concurso abierto y permanente, como barruntaban fuenten sindicales.

Este jueves 26 de marzo estaba prevista la puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual para las personas con cobertura sanitaria pública que residen en Andalucía. El pasado lunes se realizó la actualización de la aplicación TS-Diraya Tarjetas Sanitarias a la versión 3.0. Se trata de una de las grandes apuestas de la Estrategia de Salud Digital 2030, un código digital incorporado que permitirá la identificación inmediata mediante un QR dinámico incorporado al teléfono móvil. Se puede descargar desde la aplicación móvil Salud Andalucía o en ClicSalud+. En una primera fase de implantación se podrá hacer uso de ella para la dispensación de medicación en la farmacia y para la identificación en cualquier centro sanitario.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la celebración del primer “Encuentro Internacional de Derechos Digitales”, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de mayo en la ciudad de Barcelona. En el evento, organizado por el Observatorio de Derechos Digitales y la fundación Mobile World Capital (vinculada a la feria Mobile World Congress), reunirá a “expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil” para tratar impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial, ha declarado López.

El ministro ha vuelto a incidir el debate que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto en las últimas semanas al señalar la responsabilidad de las grandes plataformas en los daños que causan a las personas y las sociedades. “Los algoritmos priorizan mensajes de odio o muy polarizadores”, ha destacado, enumerando sus “efectos perversos” y “penosos”, como el “retorno de discursos ultras”. También en la salud mental, provocando “suicidios”, especialmente en los más jóvenes, con “muchos niños y niñas con ansiedad que están teniendo tratamientos psicológicos”.

Barcelona, la sede elegida por el Ejecutivo, se ha convertido en una de las capitales tecnológicas de Europa impulsada por su entorno emprendedor y por el Mobile World Congress. Además de esta cita, centrada en la industria digital, la ciudad ha acogido eventos dirigidos a tratar su impacto social, como el Mozilla Festival, centrado en derechos digitales, privacidad y tecnologías abiertas. Este llegó a la capital catalana por primera vez en 2025 y se quedará al menos hasta 2027.

Para López, este tipo de debates que pongan encima de la mesa “la ley de la selva” que se impone en el terreno digital se han convertido en fundamentales. “Nos prometieron una Arcadia feliz, donde la democracia se iba a multiplicar porque iba a haber muchas más opiniones” pero “años después hemos descubierto que no es oro todo lo que reluce y que el 30 o el 40% de las opiniones en redes son bots, o compradas o creadas artificialmente”, ha manifestado.

Frente a esto, el ministro ha reivindicado medidas como la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial o el impulso de la Carta de Derechos Digitales, que han llevado a España al 7º lugar del Índice de desarrollo de la IA que elabora la Universidad de Stanford, en Silicon Valley. Un informe que analiza más de 40 indicadores, desde la investigación y la inversión hasta la regulación, y que ha colocado al país en el segundo puesto del ranking europeo por detrás del Reino Unido.

Tirón de orejas a empresas y fondos: “En Europa falta inversión privada”

López también ha aprovechado para señalar lo que, a su juicio, está ralentizando a Europa respecto a EEUU o China en materia tecnológica: “Lo que ha faltado ha sido inversión privada, riesgo privado que sí ha habido en Estados Unidos”. Señala que el problema “no es la regulación”, sino la fragmentación del mercado, que impide a las empresas nacer con el tamaño de consumidores suficiente para competir globalmente.

Por ello, el titular de Transformación Digital también ha tirado de las orejas a empresas y fondos por no asumir los “riesgos” que tiene la inversión en nuevas tecnologías hasta no ver un rendimiento económico claro. “Está pasando ahora con la cuántica. Hay mucha gente que todavía no invierte en cuántica porque todavía no ve el uso comercial”, ha enfatizado.

“No hay un problema de inversión pública en Europa, no hay un problema de apuesta ni de voluntad política, hay un problema de inversión privada”, ha recalcado.

Confianza en la “responsabilidad” de la oposición para prohibir el acceso de los menores a redes

Una de las medidas estrella sobre el ámbito digital que el Gobierno quiere sacar adelante este 2026 es la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. “Me dirijo a todos los grupos del Congreso [...] Espero que nadie sea tan irresponsable como para paralizar esta ley”, ha dicho López sobre la norma en la que va incluido el veto.

El ministro ha criticado a quienes “en el espacio público se llenan la boca diciendo que hay que hacer esto”, para después poner palos en las ruedas a su aprobación legislativa. “Al margen de jugadas parlamentarias y disputas políticas diarias, espero que no se les ocurra a nadie paralizar una ley tan importante para nuestros niños y niñas”, ha enfatizado.

Jay Graber da un paso a un lado. La directora ejecutiva de Bluesky, la red social diseñada a imagen de Twitter pero con un protocolo descentralizado que pueda ser comprada y manejada por un multimillonario, ha decidido dimitir para que un perfil más “enfocado en el escalamiento y la ejecución” tome las riendas de la plataforma en una nueva etapa. Graber permanecerá en la organización como directora de innovación.

“A medida que Bluesky madura, la empresa necesita un gestor experimentado centrado en escalar el proyecto y ejecutar su estrategia, mientras yo vuelvo a lo que mejor sé hacer: crear cosas nuevas”, ha explicado la ingeniera de 35 años. “Como parte de esta transición, Toni Schneider, ex CEO de Automattic y socio de True Ventures, se unirá a nuestro equipo como consejero delegado interino, mientras nuestro consejo de administración busca a un director ejecutivo permanente”.

True Ventures es uno de los fondos de capital riesgo especializados en startups tecnológicas que invirtieron en Bluesky en su fase temprana.

La salida de Graber se produce tras un período de casi siete años en la red social. El proyecto nació dentro de la antigua Twitter, auspiciado por su fundador Jack Dorsey, con el objetivo de crear un sistema descentralizado para dar mayor control a los usuarios sobre sus datos y los algoritmos de la plataforma. Su nombre, cielo azul, es una metáfora sobre el espacio en el que debía volar el pajarito que formaba el logo de Twitter.

Sin embargo, la compra de esta red social por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares en 2023 obligó a cambiar los planes. Bluesky se independizó de Twitter y comenzó su andadura como plataforma independiente basada en ese protocolo descentralizado. Tras un año en fase de pruebas con registros bajo invitación, la nueva red social abrió sus puertas al público general cosechando un enorme éxito inicial gracias al rechazo de millones de usuarios a los cambios que Musk estaba llevando a cabo en Twitter.

Desde el verano de 2024 a la primavera de 2025 Bluesky pasó de cinco a 35 millones de usuarios. El período coincidió con la conversión de Twitter en X y el giro de sus algoritmos para aumentar la visibilidad tanto de Elon Musk como de discursos de extrema derecha y Donald Trump, ayudando al republicano a ganar las elecciones de noviembre de 2024.

Cada uno de esos movimientos generaba un éxodo de usuarios hacia Bluesky. Sin embargo, el último de ellos, coincidente con la toma de posesión de Trump, el saludo nazi de Musk y sus primeros recortes masivos con el DOGE, se produjo en febrero y marzo de 2025. Si bien la plataforma ha logrado una base de usuarios sólida y alcanza ya los 43 millones de registros, la actividad ha bajado un 60% desde sus máximos de finales de 2024 y está teniendo dificultades para expandirse más allá de la burbuja de tuiteros exiliados de la actual X.

El escudo del Protocolo AT

Graber se marcha tras haber logrado en 2025 el gran objetivo fundacional de la plataforma. Es el llamado Protocolo AT (Authenticated Transfer Protocol). Se trata de un sistema abierto diseñado para que los datos, las cuentas y los algoritmos de la red social sean propiedad de los usuarios y no dependan de la empresa que gestiona la red social.

El protocolo permite que distintos servidores y aplicaciones se conecten entre sí y compartan información. Esto permite que los usuarios pueden conservar su identidad digital, con sus seguidores e historial de publicaciones, incluso si cambian de aplicación o de proveedor. También permite que aparezcan distintas aplicaciones compatibles con la misma red social, cada una con sus propias reglas de moderación o sus propios algoritmos para ordenar el contenido.

La idea es separar tres elementos que hoy están unidos en las grandes plataformas: la red social, el algoritmo y la empresa que la gestiona. “La aplicación Bluesky comenzó como un cliente de referencia para el protocolo, pero desde entonces se ha convertido en una plataforma próspera con más de 40 millones de usuarios. El año pasado, creamos un equipo de primer nivel, ampliamos el ecosistema del Protocolo AT y demostramos que una red social basada en valores puede prosperar a gran escala”, ha defendido Graber en su comunicado de despedida.

Una figura contra los “césares” de las redes

Al igual que la organización que dirigía planteaba un modelo diferente a redes como Instagram o Facebook, que atrapan a los usuarios dentro de sus ecosistemas digitales, Graber llegó a ser considerada la figura que podía plantear un liderazgo diferente para estas plataformas.

Su discurso desafiante con los excesos de poder de los magnates tecnológicos fue un soplo de aire fresco para muchos. Especialista en tecnologías descentralizadas y activista por los derechos digitales, llegó a retar a personajes como Mark Zuckerberg con mensajes como “Un mundo sin césares” impreso en una camiseta del mismo estilo que la que el fundador de Facebook había portado semanas antes y que presumía, en latín, de “O Zuck o nada”.

Una figura que ahora quedará en un segundo plano con su decisión de dejar la dirección de Bluesky. “A medida que hemos crecido, he descubierto que las personas prosperan cuando desempeñan un rol donde sus pasiones se superponen con sus fortalezas. Esto es tan cierto para mí como para nuestro equipo. Me llena de energía explorar nuevas ideas, dar vida a una visión y ayudar a las personas a descubrir sus fortalezas. La transición a un rol más centrado, donde puedo hacer lo que me llena de energía, es mi forma de poner en práctica esa creencia”.

En los últimos años, los algoritmos han pasado de ser herramientas invisibles a convertirse en árbitros cotidianos de decisiones que afectan al día a día: desde hacer un examen a pasar un control adicional en el aeropuerto. Pero cuando algo sale mal, cuando un sistema automatizado discrimina, niega un servicio o trata datos sin garantías, empieza un recorrido que los expertos describen como un laberinto.

Un avance del informe de Political Watch, presentado bajo el paraguas de IA ciudadana —una plataforma integrada por 19 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el entorno digital—, concluye que quienes sufren daños por sistemas de inteligencia artificial se enfrentan a normas fragmentadas, autoridades con competencias difusas y procedimientos que no garantizan su reparación.

El informe, que analiza qué ocurre cuando un sistema automatizado vulnera derechos, mapea por primera vez las vías de reclamación existentes y señala los puntos en los que el proceso se atasca. Tal y como apunta la portavoz de Political Watch y representante de IA ciudadana, Celia Zafra, “el problema no es ciencia ficción”. Se trata de la primera fase de un trabajo que busca diagnosticar los obstáculos actuales antes de proponer soluciones, explica.

Un sistema pensado para supervisar, no para reparar

Cuando una persona se ve perjudicada por un algoritmo, esta tiene derecho a reclamar. Pero en la práctica, según el documento adelantado, hacerlo implica recorrer un entramado institucional y legal complejo en el que no existe una “ventanilla clara” a la que acudir.

El análisis revisa el marco internacional, europeo y español aplicable y concluye que, pese a la abundancia de normas, la regulación resulta fragmentada. “Una misma vulneración algorítmica puede quedar cubierta por varias normas a la vez o, por el contrario, no encajar plenamente en ninguna” explica Zafra.

Según el informe, el diseño institucional actual prioriza el cumplimiento regulatorio por parte de empresas y administraciones, pero no siempre ofrece mecanismos efectivos para reparar a quienes sufren el daño. “Está pensado más para regular el mercado que para reparar a quien sufre el daño”, añade.

Detectar que el daño y falta de indemnizaciones

Desde la parte técnica, la investigadora Mireia Orra subraya que el primer obstáculo aparece incluso antes de iniciar cualquier reclamación: identificar que el perjuicio proviene de un sistema de inteligencia artificial. “Es muy difícil para una persona que no se dedica a temas de tecnología detectar de dónde proviene el daño”, apunta.

El informe recoge que la aplicación de tecnología afecta a derechos fundamentales que ya cuentan con garantías —como el derecho a no ser discriminado—, pero no siempre está claro si la persona afectada debe acudir a una autoridad de protección de datos, a una inspección sectorial o a ambas vías, lo que genera incertidumbre.

Otro de los puntos críticos, según la investigadora, es la fase de resolución. Las autoridades pueden determinar que se ha vulnerado un derecho y sancionar a la entidad responsable, pero no tienen potestad para fijar indemnizaciones, lo que obliga a iniciar nuevos procedimientos para reclamar compensaciones.

El informe advierte además de la dificultad para cuantificar daños como los derivados de vulneraciones de protección de datos, un terreno en el que no existen criterios claros y en los que “habrá un dilema para establecer una indemnización”, señala Orra.

También se documentan casos en los que entidades sancionadas continúan utilizando sistemas cuestionados, lo que —según el diagnóstico— evidencia que no siempre se corrigen los efectos de estas tecnologías. Como es el caso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que pese a ser multada por utilizar reconocimiento facial en los exámenes, sigue utilizando ese sistema.

Plazos de prescripción y falta de coordinación

El informe subraya que es necesario revisar cómo funcionan los procedimientos, porque el plazo para reclamar puede agotarse mientras la autoridad aún está resolviendo el caso. Esto puede dejar a las personas afectadas sin opción de pedir una compensación incluso cuando se reconoce una vulneración. Como ejemplo, cita la sanción a Aena por el uso de reconocimiento facial en sus aeropuertos sin garantías adecuadas, donde el trámite del expediente no interrumpió el plazo de prescripción, por lo que ningún usuario ha sido indemnizado por ello.

El documento también identifica problemas de coordinación entre organismos, ya que al menos tres autoridades pueden recibir reclamaciones —como la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la autoridad competente en inteligencia artificial—. Cada una de las distintas autoridades con criterios propios, lo que puede provocar conflictos sobre quién debe tramitar una reclamación.

Orra concluye que “tenemos derechos digitales sobre el papel, pero no tenemos una ventanilla clara donde una persona pueda decir que un sistema de IA le ha perjudicado”.

Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una medida que ha encendido el debate público: prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa busca proteger la salud mental de los adolescentes y la preocupación no surge de la nada. Cada vez son más los estudios que relacionan el uso excesivo de redes sociales con ansiedad, depresión, problemas de sueño, baja autoestima o descenso del rendimiento académico. El cerebro adolescente, particularmente sensible a la validación social inmediata y al rechazo, responde con intensidad a estímulos como los 'likes', configurando patrones de recompensa que se asemejan a los de otras conductas adictivas.

No es casualidad. No es un efecto colateral. Es un diseño intencional orientado a maximizar el tiempo de permanencia y el lucro desmedido. Las grandes plataformas digitales no son meros espacios de interacción social: son modelos de negocio basados en la extracción de datos y la captura de atención. Cuanto más interactuamos, más información cedemos; cuanto más tiempo permanecemos conectados, mayor es el valor publicitario generado. Esto crea un incentivo perverso: cuanto más compulsivo sea el uso, cuanto más dependiente sea el usuario, mayor será el beneficio económico para estos nuevos 'tecnofeudos'.

Por tanto ¿es razonable exigir autocontrol a adolescentes en un entorno deliberadamente construido para capturar su atención? ¿No sería más lógico cuestionar también las reglas del sistema en el que participan y exigir responsabilidad a corporaciones con una capacidad tecnológica y financiera sin precedentes?

Si un medicamento presenta efectos adversos graves, la agencia reguladora interviene. Si una empresa alimentaria pone en riesgo la salud pública, se imponen sanciones o cierres. Si una compañía automovilística detecta fallos de seguridad, se obliga a retirar vehículos del mercado. Sin embargo, las plataformas digitales actúan con absoluta impunidad, siendo ya evidentes los efectos adversos que genera su modelo de negocio.

Esto no significa que limitar la edad carezca de sentido, aunque la controversia generada resulta llamativa si la comparamos con otras limitaciones de edad que asumimos con naturalidad. Nadie cuestiona seriamente que no se pueda conducir sin licencia, votar antes de cierta edad o comprar alcohol y tabaco siendo menor. Las sociedades establecen restricciones para proteger etapas vulnerables por razones de madurez y seguridad. Pero los límites, aunque necesarios, resultan insuficientes si no se acompañan de medidas estructurales. De lo contrario, el riesgo puede ser desplazar el problema en el tiempo, en lugar de resolverlo.

Necesitamos una mirada más amplia desde donde abordar el problema: ¿cómo equilibrar libertad, protección y responsabilidad en una sociedad atravesada por lo digital?

No es suficiente con prohibir, o incluso podría ser contraproducente. Las prohibiciones han tenido históricamente un efecto paradójico: aquello que se veta despierta curiosidad, deseo de transgresión, una sensación de morbo. Además, la discusión se vuelve más compleja cuando observamos que la relación entre redes y salud mental no siempre es unidireccional. Algunos estudios sugieren que situaciones depresivas previas pueden empujar a los adolescentes a refugiarse con mayor intensidad en estos espacios. ¿Estaremos confundiendo causa y consecuencia? ¿Correlación con causalidad? El problema es más complejo de lo que parece y los problemas complejos no se pueden atacar con soluciones simples.

Necesitamos una mirada más amplia desde donde abordar el problema: ¿cómo equilibrar libertad, protección y responsabilidad en una sociedad atravesada por lo digital? Expertos en educación digital insisten en que el problema no se resuelve solo con una ley restrictiva, hace falta implicar a plataformas, familias y educadores. Establecer límites de edad puede ser prudente, pero educar en pensamiento crítico, gestión emocional y uso responsable resulta imprescindible. Exigir responsabilidad a quienes diseñan el ecosistema digital debería ser ineludible. En este contexto surgen nuevos temores: establecer mecanismos de verificación de edad que impliquen ceder aún más datos personales a las mismas corporaciones tecnológicas que se lucran con nuestro malestar, podría ser como vender el alma al diablo.

Paradójicamente, el marco legal europeo ya contiene herramientas regulatorias importantes: la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Mercados Digitales, que busca limitar el poder de las grandes plataformas dominantes y equilibrar el ecosistema digital, pero su implementación avanza con lentitud, dando la sensación de que todas estas normativas no se están traduciendo en respuestas firmes que nos hagan presagiar que nuestros entornos digitales son confiables.

Quizás el debate debería ampliarse hacia el fomento de ecosistemas digitales más saludables, en lugar de limitarse a restringir su acceso. Existen alternativas digitales que promueven valores más comunitarios y menos extractivos, como Mastodon, desarrollado por voluntarios, y por la organización sin ánimo de lucro Mastodon gGbmH, aunque rara vez reciben impulso institucional.

Internet nació con aspiraciones de democratizar el conocimiento y generar espacios abiertos de intercambio. Esa dimensión positiva sigue existiendo y merece preservarse

Esto no implica demonizar la tecnología. Las redes sociales ofrecen beneficios evidentes y bien utilizadas son poderosas herramientas: facilitan el aprendizaje, la conexión humana y la participación ciudadana. Internet nació con aspiraciones de democratizar el conocimiento y generar espacios abiertos de intercambio. Esa dimensión positiva sigue existiendo y merece preservarse. La cuestión no es demonizar la tecnología, sino preguntarnos qué modelo digital queremos construir: ¿Queremos entornos digitales diseñados únicamente para maximizar beneficios? ¿Somos conscientes del valor de los datos que cedemos a cambio de interacción? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a delegar el diseño de nuestra vida social en algoritmos cuyo objetivo es retenernos el mayor tiempo posible?

Marta G. Franco, en su libro Las redes son nuestras, recuerda que internet nació como un espacio colectivo y abierto, financiado públicamente y construido por comunidades. Era un espacio común (y puede volver a serlo). Señala como internet fue “expropiada” a través de la extracción de datos personales como modelo de negocio y por la privatización de infraestructuras desarrolladas públicamente. Argumenta que el desarrollo digital es social y político, no solo técnico, e invita a crear redes abiertas, sostenibles y democráticas.

Proteger a los jóvenes no consiste solo en decidir cuándo pueden entrar en el mundo digital. Consiste en preguntarnos qué mundo digital estamos construyendo para ellos. Y esa es una reflexión que no corresponde solo a gobiernos o empresas, sino a toda la sociedad.

Una foto que ha escocido que ha escocido a los afectados. Las principales asociaciones de usuarios de Internet de España han reiterado este jueves ante el Defensor del Pueblo su queja por los bloqueos indiscriminados del tráfico de red instados por LaLiga, motivadas por un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trasformación Digital y la patronal dirigida por Javier Tebas. El pacto, ratificado la pasada semana, pone en marcha diversas medidas para desarrollar un “ciberespacio confiable”.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de 'colaboración', mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España”, denuncian la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet en un comunicado conjunto.

Las asociaciones denuncian la “intolerable pasividad” del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la situación, que se repite desde hace un año. Cada fin de semana, la patronal del fútbol ordena a los operadores censurar grandes paquetes de datos que circulan por sus redes si detecta que, entre ellos, circula una retransmisión pirata.

Debido al método de bloqueo, este provoca que cientos de webs y servicios digitales queden inaccesibles debido a esas emisiones ilegales, con las que no tienen ninguna relación. “Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente”, continúan las asociaciones: “Las han ignorado deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos”.

El Gobierno recomienda la vía legal

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

LaLiga, por su parte, echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en paquetes de datos que se mueven juntos por la red. Con todo, asegura que sus bloques están amparados por la justicia y son “proporcionados” y “quirúrgicos”.

La resolución a la que se refiere la patronal es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren esos paquetes de datos cuando exista una retransmisión pirata entre ellos. No obstante, el juez afirma en el texto que esa maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

LaLiga insiste también en delegar la responsabilidad de la situación en Cloudflare, y recuerda que recientemente la compañía ha sido multada en Italia con un 1% de su facturación global por no tomar “medidas efectivas para impedir el uso de sus servicios en la difusión de contenidos ilícitos, pese a haber recibido órdenes para desactivar el acceso a determinadas páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos”.

Cloudflare niega esta responsabilidad y ha protestado por la situación ante la Casa Blanca, entendiendo que España está dificultando el comercio internacional. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Defensor del Pueblo, que ya tenía una primera queja de las asociaciones de usuarios registrada en junio de 2025, afirma que este se encuentra “en fase de estudio”. “Dada la confidencialidad de las quejas que se reciben en la institución, cualquier novedad que se produzca en las actuaciones se comunicará directamente a las asociaciones que se han dirigido al Defensor del Pueblo”, añaden fuentes oficiales.

Mientas tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen atrapados en una maraña de bloqueos de Internet pese a que no tienen relación con la piratería. “Lo más grave, es que esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”, ha denunciado la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.