La Junta de Andalucía sufre desde la noche del miércoles una caída de sus servicios digitales que en la mañana del jueves aún bloqueaba los procedimientos telemáticos en la Administración, desde solicitar cita médica o plaza en un colegio para el próximo curso (en pleno periodo de escolarización) a realizar procedimientos de licitación, ayudas o sanciones.

La “indisponibilidad temporal de los servicios digitales de la Junta” afecta a todas las consejerías, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico. A mediodía se han restablecido algunos servicios, como la posibilidad de solicitar cita médica a través de Salud Responde. Poco después se ha restablecido el acceso a la tarjeta virtual sanitaria, que se estrena hoy.

La afección está siendo “amplia” debido al “elevado nivel de digitalización”, admiten desde la Junta, que no ha ofrecido un listado completo de los servicios afectados. Este medio ha podido comprobar incidencias en servicios sanitarios, gestiones administrativas y procedimientos internos. Durante la mañana era imposible acceder a servicios que requieren firma o certificado digital. La Junta descarta que la incidencia obdezca a “ningún patrón de comportamiento de ciberataque”.

“La Agencia Digital de Andalucía (ADA) está atendiendo una incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a los servicios digitales de la Junta de Andalucía”, explican desde la Consejería de Industria, donde está integrada la ADA. La Agencia trata ahora de levantar el sistema “reconfigurando su explotación” con “carácter urgente y prioritario”.

Desde la Consejería de Industria avisan de que “la ciudadanía que necesite presentar documentación electrónica dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía podrá hacerlo a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, a través de este enlace: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoGeneral.html

Afección en centros educativos y centros de salud

Se trata de un problema localizado y acotado, principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren. Entre los sistemas caídos están las aplicaciones que prestan servicio directo a la ciudadanía como el Registro Electrónico para la presentación de documentación, Carpeta Ciudadana, Tarjeta Sanitaria Virtual y las notificaciones electrónicas.

La incidencia afecta a Séneca, el sistema informático con el que trabajan los centros educativos (ahora embarcado en el arranque del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 y en la evaluación del segundo trimestre), como a Diraya, que permite gestionar el sistema sanitario andaluz, según confirman diversas fuentes. En algunos centros de salud los sanitarios no podían acceder esta mañana al sistema de citas.

El director de la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIAN) confirma que “hay una caída del sistema Séneca, que es por donde lo hacemos todo, desde los trámites administrativos a los trámites académicos”. Pero la caída va más allá de los dos grandes servicios públicos que presta la administración autonómica. Ni siquiera se ha publicado este miércoles el último Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La directora de un colegio sevillano explica que ya este miércoles no pudieron firmar digitalmente las actas de evaluación. “Estamos parados, ya que al no poderse firmar tampoco se pueden subir a Seneca, por lo que los equipos directivos tendremos que revisarlas durante nuestras vacaciones o a la vuelta de ellas atrasando todo el trabajo”, lamenta: “Tampoco podemos subir los boletines de notas y los informes del alumnado al punto de recogida para que las familias los puedan recibir mañana. Habrá que hacerlo todo mañana, con suerte, mientras atendemos al alumnado”. Tampoco las familias pueden teletramitar las solicitudes. La Consejería de DEsarrollo Educativo confirma que se ampliarán los plazos afectados.

También se están viendo afectadas por esta incidencia informática herramientas digitales de uso interno por el personal empleado público de la Junta de Andalucía, como Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus.

Puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual

La Junta de Andalucía no ha aclarado aún el origen de la incidencia. Por ahora, ha descartado que tenga relación con un colapso del sistema por la convocatoria del concurso abierto y permanente, como barruntaban fuenten sindicales.

Este jueves 26 de marzo estaba prevista la puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual para las personas con cobertura sanitaria pública que residen en Andalucía. El pasado lunes se realizó la actualización de la aplicación TS-Diraya Tarjetas Sanitarias a la versión 3.0. Se trata de una de las grandes apuestas de la Estrategia de Salud Digital 2030, un código digital incorporado que permitirá la identificación inmediata mediante un QR dinámico incorporado al teléfono móvil. Se puede descargar desde la aplicación móvil Salud Andalucía o en ClicSalud+. En una primera fase de implantación se podrá hacer uso de ella para la dispensación de medicación en la farmacia y para la identificación en cualquier centro sanitario.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado la celebración del primer “Encuentro Internacional de Derechos Digitales”, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de mayo en la ciudad de Barcelona. En el evento, organizado por el Observatorio de Derechos Digitales y la fundación Mobile World Capital (vinculada a la feria Mobile World Congress), reunirá a “expertos, instituciones y representantes de la sociedad civil” para tratar impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial, ha declarado López.

El ministro ha vuelto a incidir el debate que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto en las últimas semanas al señalar la responsabilidad de las grandes plataformas en los daños que causan a las personas y las sociedades. “Los algoritmos priorizan mensajes de odio o muy polarizadores”, ha destacado, enumerando sus “efectos perversos” y “penosos”, como el “retorno de discursos ultras”. También en la salud mental, provocando “suicidios”, especialmente en los más jóvenes, con “muchos niños y niñas con ansiedad que están teniendo tratamientos psicológicos”.

Barcelona, la sede elegida por el Ejecutivo, se ha convertido en una de las capitales tecnológicas de Europa impulsada por su entorno emprendedor y por el Mobile World Congress. Además de esta cita, centrada en la industria digital, la ciudad ha acogido eventos dirigidos a tratar su impacto social, como el Mozilla Festival, centrado en derechos digitales, privacidad y tecnologías abiertas. Este llegó a la capital catalana por primera vez en 2025 y se quedará al menos hasta 2027.

Para López, este tipo de debates que pongan encima de la mesa “la ley de la selva” que se impone en el terreno digital se han convertido en fundamentales. “Nos prometieron una Arcadia feliz, donde la democracia se iba a multiplicar porque iba a haber muchas más opiniones” pero “años después hemos descubierto que no es oro todo lo que reluce y que el 30 o el 40% de las opiniones en redes son bots, o compradas o creadas artificialmente”, ha manifestado.

Frente a esto, el ministro ha reivindicado medidas como la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial o el impulso de la Carta de Derechos Digitales, que han llevado a España al 7º lugar del Índice de desarrollo de la IA que elabora la Universidad de Stanford, en Silicon Valley. Un informe que analiza más de 40 indicadores, desde la investigación y la inversión hasta la regulación, y que ha colocado al país en el segundo puesto del ranking europeo por detrás del Reino Unido.

Tirón de orejas a empresas y fondos: “En Europa falta inversión privada”

López también ha aprovechado para señalar lo que, a su juicio, está ralentizando a Europa respecto a EEUU o China en materia tecnológica: “Lo que ha faltado ha sido inversión privada, riesgo privado que sí ha habido en Estados Unidos”. Señala que el problema “no es la regulación”, sino la fragmentación del mercado, que impide a las empresas nacer con el tamaño de consumidores suficiente para competir globalmente.

Por ello, el titular de Transformación Digital también ha tirado de las orejas a empresas y fondos por no asumir los “riesgos” que tiene la inversión en nuevas tecnologías hasta no ver un rendimiento económico claro. “Está pasando ahora con la cuántica. Hay mucha gente que todavía no invierte en cuántica porque todavía no ve el uso comercial”, ha enfatizado.

“No hay un problema de inversión pública en Europa, no hay un problema de apuesta ni de voluntad política, hay un problema de inversión privada”, ha recalcado.

Confianza en la “responsabilidad” de la oposición para prohibir el acceso de los menores a redes

Una de las medidas estrella sobre el ámbito digital que el Gobierno quiere sacar adelante este 2026 es la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. “Me dirijo a todos los grupos del Congreso [...] Espero que nadie sea tan irresponsable como para paralizar esta ley”, ha dicho López sobre la norma en la que va incluido el veto.

El ministro ha criticado a quienes “en el espacio público se llenan la boca diciendo que hay que hacer esto”, para después poner palos en las ruedas a su aprobación legislativa. “Al margen de jugadas parlamentarias y disputas políticas diarias, espero que no se les ocurra a nadie paralizar una ley tan importante para nuestros niños y niñas”, ha enfatizado.

Jay Graber da un paso a un lado. La directora ejecutiva de Bluesky, la red social diseñada a imagen de Twitter pero con un protocolo descentralizado que pueda ser comprada y manejada por un multimillonario, ha decidido dimitir para que un perfil más “enfocado en el escalamiento y la ejecución” tome las riendas de la plataforma en una nueva etapa. Graber permanecerá en la organización como directora de innovación.

“A medida que Bluesky madura, la empresa necesita un gestor experimentado centrado en escalar el proyecto y ejecutar su estrategia, mientras yo vuelvo a lo que mejor sé hacer: crear cosas nuevas”, ha explicado la ingeniera de 35 años. “Como parte de esta transición, Toni Schneider, ex CEO de Automattic y socio de True Ventures, se unirá a nuestro equipo como consejero delegado interino, mientras nuestro consejo de administración busca a un director ejecutivo permanente”.

True Ventures es uno de los fondos de capital riesgo especializados en startups tecnológicas que invirtieron en Bluesky en su fase temprana.

La salida de Graber se produce tras un período de casi siete años en la red social. El proyecto nació dentro de la antigua Twitter, auspiciado por su fundador Jack Dorsey, con el objetivo de crear un sistema descentralizado para dar mayor control a los usuarios sobre sus datos y los algoritmos de la plataforma. Su nombre, cielo azul, es una metáfora sobre el espacio en el que debía volar el pajarito que formaba el logo de Twitter.

Sin embargo, la compra de esta red social por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares en 2023 obligó a cambiar los planes. Bluesky se independizó de Twitter y comenzó su andadura como plataforma independiente basada en ese protocolo descentralizado. Tras un año en fase de pruebas con registros bajo invitación, la nueva red social abrió sus puertas al público general cosechando un enorme éxito inicial gracias al rechazo de millones de usuarios a los cambios que Musk estaba llevando a cabo en Twitter.

Desde el verano de 2024 a la primavera de 2025 Bluesky pasó de cinco a 35 millones de usuarios. El período coincidió con la conversión de Twitter en X y el giro de sus algoritmos para aumentar la visibilidad tanto de Elon Musk como de discursos de extrema derecha y Donald Trump, ayudando al republicano a ganar las elecciones de noviembre de 2024.

Cada uno de esos movimientos generaba un éxodo de usuarios hacia Bluesky. Sin embargo, el último de ellos, coincidente con la toma de posesión de Trump, el saludo nazi de Musk y sus primeros recortes masivos con el DOGE, se produjo en febrero y marzo de 2025. Si bien la plataforma ha logrado una base de usuarios sólida y alcanza ya los 43 millones de registros, la actividad ha bajado un 60% desde sus máximos de finales de 2024 y está teniendo dificultades para expandirse más allá de la burbuja de tuiteros exiliados de la actual X.

El escudo del Protocolo AT

Graber se marcha tras haber logrado en 2025 el gran objetivo fundacional de la plataforma. Es el llamado Protocolo AT (Authenticated Transfer Protocol). Se trata de un sistema abierto diseñado para que los datos, las cuentas y los algoritmos de la red social sean propiedad de los usuarios y no dependan de la empresa que gestiona la red social.

El protocolo permite que distintos servidores y aplicaciones se conecten entre sí y compartan información. Esto permite que los usuarios pueden conservar su identidad digital, con sus seguidores e historial de publicaciones, incluso si cambian de aplicación o de proveedor. También permite que aparezcan distintas aplicaciones compatibles con la misma red social, cada una con sus propias reglas de moderación o sus propios algoritmos para ordenar el contenido.

La idea es separar tres elementos que hoy están unidos en las grandes plataformas: la red social, el algoritmo y la empresa que la gestiona. “La aplicación Bluesky comenzó como un cliente de referencia para el protocolo, pero desde entonces se ha convertido en una plataforma próspera con más de 40 millones de usuarios. El año pasado, creamos un equipo de primer nivel, ampliamos el ecosistema del Protocolo AT y demostramos que una red social basada en valores puede prosperar a gran escala”, ha defendido Graber en su comunicado de despedida.

Una figura contra los “césares” de las redes

Al igual que la organización que dirigía planteaba un modelo diferente a redes como Instagram o Facebook, que atrapan a los usuarios dentro de sus ecosistemas digitales, Graber llegó a ser considerada la figura que podía plantear un liderazgo diferente para estas plataformas.

Su discurso desafiante con los excesos de poder de los magnates tecnológicos fue un soplo de aire fresco para muchos. Especialista en tecnologías descentralizadas y activista por los derechos digitales, llegó a retar a personajes como Mark Zuckerberg con mensajes como “Un mundo sin césares” impreso en una camiseta del mismo estilo que la que el fundador de Facebook había portado semanas antes y que presumía, en latín, de “O Zuck o nada”.

Una figura que ahora quedará en un segundo plano con su decisión de dejar la dirección de Bluesky. “A medida que hemos crecido, he descubierto que las personas prosperan cuando desempeñan un rol donde sus pasiones se superponen con sus fortalezas. Esto es tan cierto para mí como para nuestro equipo. Me llena de energía explorar nuevas ideas, dar vida a una visión y ayudar a las personas a descubrir sus fortalezas. La transición a un rol más centrado, donde puedo hacer lo que me llena de energía, es mi forma de poner en práctica esa creencia”.

En los últimos años, los algoritmos han pasado de ser herramientas invisibles a convertirse en árbitros cotidianos de decisiones que afectan al día a día: desde hacer un examen a pasar un control adicional en el aeropuerto. Pero cuando algo sale mal, cuando un sistema automatizado discrimina, niega un servicio o trata datos sin garantías, empieza un recorrido que los expertos describen como un laberinto.

Un avance del informe de Political Watch, presentado bajo el paraguas de IA ciudadana —una plataforma integrada por 19 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el entorno digital—, concluye que quienes sufren daños por sistemas de inteligencia artificial se enfrentan a normas fragmentadas, autoridades con competencias difusas y procedimientos que no garantizan su reparación.

El informe, que analiza qué ocurre cuando un sistema automatizado vulnera derechos, mapea por primera vez las vías de reclamación existentes y señala los puntos en los que el proceso se atasca. Tal y como apunta la portavoz de Political Watch y representante de IA ciudadana, Celia Zafra, “el problema no es ciencia ficción”. Se trata de la primera fase de un trabajo que busca diagnosticar los obstáculos actuales antes de proponer soluciones, explica.

Un sistema pensado para supervisar, no para reparar

Cuando una persona se ve perjudicada por un algoritmo, esta tiene derecho a reclamar. Pero en la práctica, según el documento adelantado, hacerlo implica recorrer un entramado institucional y legal complejo en el que no existe una “ventanilla clara” a la que acudir.

El análisis revisa el marco internacional, europeo y español aplicable y concluye que, pese a la abundancia de normas, la regulación resulta fragmentada. “Una misma vulneración algorítmica puede quedar cubierta por varias normas a la vez o, por el contrario, no encajar plenamente en ninguna” explica Zafra.

Según el informe, el diseño institucional actual prioriza el cumplimiento regulatorio por parte de empresas y administraciones, pero no siempre ofrece mecanismos efectivos para reparar a quienes sufren el daño. “Está pensado más para regular el mercado que para reparar a quien sufre el daño”, añade.

Detectar que el daño y falta de indemnizaciones

Desde la parte técnica, la investigadora Mireia Orra subraya que el primer obstáculo aparece incluso antes de iniciar cualquier reclamación: identificar que el perjuicio proviene de un sistema de inteligencia artificial. “Es muy difícil para una persona que no se dedica a temas de tecnología detectar de dónde proviene el daño”, apunta.

El informe recoge que la aplicación de tecnología afecta a derechos fundamentales que ya cuentan con garantías —como el derecho a no ser discriminado—, pero no siempre está claro si la persona afectada debe acudir a una autoridad de protección de datos, a una inspección sectorial o a ambas vías, lo que genera incertidumbre.

Otro de los puntos críticos, según la investigadora, es la fase de resolución. Las autoridades pueden determinar que se ha vulnerado un derecho y sancionar a la entidad responsable, pero no tienen potestad para fijar indemnizaciones, lo que obliga a iniciar nuevos procedimientos para reclamar compensaciones.

El informe advierte además de la dificultad para cuantificar daños como los derivados de vulneraciones de protección de datos, un terreno en el que no existen criterios claros y en los que “habrá un dilema para establecer una indemnización”, señala Orra.

También se documentan casos en los que entidades sancionadas continúan utilizando sistemas cuestionados, lo que —según el diagnóstico— evidencia que no siempre se corrigen los efectos de estas tecnologías. Como es el caso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que pese a ser multada por utilizar reconocimiento facial en los exámenes, sigue utilizando ese sistema.

Plazos de prescripción y falta de coordinación

El informe subraya que es necesario revisar cómo funcionan los procedimientos, porque el plazo para reclamar puede agotarse mientras la autoridad aún está resolviendo el caso. Esto puede dejar a las personas afectadas sin opción de pedir una compensación incluso cuando se reconoce una vulneración. Como ejemplo, cita la sanción a Aena por el uso de reconocimiento facial en sus aeropuertos sin garantías adecuadas, donde el trámite del expediente no interrumpió el plazo de prescripción, por lo que ningún usuario ha sido indemnizado por ello.

El documento también identifica problemas de coordinación entre organismos, ya que al menos tres autoridades pueden recibir reclamaciones —como la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la autoridad competente en inteligencia artificial—. Cada una de las distintas autoridades con criterios propios, lo que puede provocar conflictos sobre quién debe tramitar una reclamación.

Orra concluye que “tenemos derechos digitales sobre el papel, pero no tenemos una ventanilla clara donde una persona pueda decir que un sistema de IA le ha perjudicado”.

Recientemente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una medida que ha encendido el debate público: prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa busca proteger la salud mental de los adolescentes y la preocupación no surge de la nada. Cada vez son más los estudios que relacionan el uso excesivo de redes sociales con ansiedad, depresión, problemas de sueño, baja autoestima o descenso del rendimiento académico. El cerebro adolescente, particularmente sensible a la validación social inmediata y al rechazo, responde con intensidad a estímulos como los 'likes', configurando patrones de recompensa que se asemejan a los de otras conductas adictivas.

No es casualidad. No es un efecto colateral. Es un diseño intencional orientado a maximizar el tiempo de permanencia y el lucro desmedido. Las grandes plataformas digitales no son meros espacios de interacción social: son modelos de negocio basados en la extracción de datos y la captura de atención. Cuanto más interactuamos, más información cedemos; cuanto más tiempo permanecemos conectados, mayor es el valor publicitario generado. Esto crea un incentivo perverso: cuanto más compulsivo sea el uso, cuanto más dependiente sea el usuario, mayor será el beneficio económico para estos nuevos 'tecnofeudos'.

Por tanto ¿es razonable exigir autocontrol a adolescentes en un entorno deliberadamente construido para capturar su atención? ¿No sería más lógico cuestionar también las reglas del sistema en el que participan y exigir responsabilidad a corporaciones con una capacidad tecnológica y financiera sin precedentes?

Si un medicamento presenta efectos adversos graves, la agencia reguladora interviene. Si una empresa alimentaria pone en riesgo la salud pública, se imponen sanciones o cierres. Si una compañía automovilística detecta fallos de seguridad, se obliga a retirar vehículos del mercado. Sin embargo, las plataformas digitales actúan con absoluta impunidad, siendo ya evidentes los efectos adversos que genera su modelo de negocio.

Esto no significa que limitar la edad carezca de sentido, aunque la controversia generada resulta llamativa si la comparamos con otras limitaciones de edad que asumimos con naturalidad. Nadie cuestiona seriamente que no se pueda conducir sin licencia, votar antes de cierta edad o comprar alcohol y tabaco siendo menor. Las sociedades establecen restricciones para proteger etapas vulnerables por razones de madurez y seguridad. Pero los límites, aunque necesarios, resultan insuficientes si no se acompañan de medidas estructurales. De lo contrario, el riesgo puede ser desplazar el problema en el tiempo, en lugar de resolverlo.

Necesitamos una mirada más amplia desde donde abordar el problema: ¿cómo equilibrar libertad, protección y responsabilidad en una sociedad atravesada por lo digital?

No es suficiente con prohibir, o incluso podría ser contraproducente. Las prohibiciones han tenido históricamente un efecto paradójico: aquello que se veta despierta curiosidad, deseo de transgresión, una sensación de morbo. Además, la discusión se vuelve más compleja cuando observamos que la relación entre redes y salud mental no siempre es unidireccional. Algunos estudios sugieren que situaciones depresivas previas pueden empujar a los adolescentes a refugiarse con mayor intensidad en estos espacios. ¿Estaremos confundiendo causa y consecuencia? ¿Correlación con causalidad? El problema es más complejo de lo que parece y los problemas complejos no se pueden atacar con soluciones simples.

Necesitamos una mirada más amplia desde donde abordar el problema: ¿cómo equilibrar libertad, protección y responsabilidad en una sociedad atravesada por lo digital? Expertos en educación digital insisten en que el problema no se resuelve solo con una ley restrictiva, hace falta implicar a plataformas, familias y educadores. Establecer límites de edad puede ser prudente, pero educar en pensamiento crítico, gestión emocional y uso responsable resulta imprescindible. Exigir responsabilidad a quienes diseñan el ecosistema digital debería ser ineludible. En este contexto surgen nuevos temores: establecer mecanismos de verificación de edad que impliquen ceder aún más datos personales a las mismas corporaciones tecnológicas que se lucran con nuestro malestar, podría ser como vender el alma al diablo.

Paradójicamente, el marco legal europeo ya contiene herramientas regulatorias importantes: la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Mercados Digitales, que busca limitar el poder de las grandes plataformas dominantes y equilibrar el ecosistema digital, pero su implementación avanza con lentitud, dando la sensación de que todas estas normativas no se están traduciendo en respuestas firmes que nos hagan presagiar que nuestros entornos digitales son confiables.

Quizás el debate debería ampliarse hacia el fomento de ecosistemas digitales más saludables, en lugar de limitarse a restringir su acceso. Existen alternativas digitales que promueven valores más comunitarios y menos extractivos, como Mastodon, desarrollado por voluntarios, y por la organización sin ánimo de lucro Mastodon gGbmH, aunque rara vez reciben impulso institucional.

Internet nació con aspiraciones de democratizar el conocimiento y generar espacios abiertos de intercambio. Esa dimensión positiva sigue existiendo y merece preservarse

Esto no implica demonizar la tecnología. Las redes sociales ofrecen beneficios evidentes y bien utilizadas son poderosas herramientas: facilitan el aprendizaje, la conexión humana y la participación ciudadana. Internet nació con aspiraciones de democratizar el conocimiento y generar espacios abiertos de intercambio. Esa dimensión positiva sigue existiendo y merece preservarse. La cuestión no es demonizar la tecnología, sino preguntarnos qué modelo digital queremos construir: ¿Queremos entornos digitales diseñados únicamente para maximizar beneficios? ¿Somos conscientes del valor de los datos que cedemos a cambio de interacción? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a delegar el diseño de nuestra vida social en algoritmos cuyo objetivo es retenernos el mayor tiempo posible?

Marta G. Franco, en su libro Las redes son nuestras, recuerda que internet nació como un espacio colectivo y abierto, financiado públicamente y construido por comunidades. Era un espacio común (y puede volver a serlo). Señala como internet fue “expropiada” a través de la extracción de datos personales como modelo de negocio y por la privatización de infraestructuras desarrolladas públicamente. Argumenta que el desarrollo digital es social y político, no solo técnico, e invita a crear redes abiertas, sostenibles y democráticas.

Proteger a los jóvenes no consiste solo en decidir cuándo pueden entrar en el mundo digital. Consiste en preguntarnos qué mundo digital estamos construyendo para ellos. Y esa es una reflexión que no corresponde solo a gobiernos o empresas, sino a toda la sociedad.

Una foto que ha escocido que ha escocido a los afectados. Las principales asociaciones de usuarios de Internet de España han reiterado este jueves ante el Defensor del Pueblo su queja por los bloqueos indiscriminados del tráfico de red instados por LaLiga, motivadas por un reciente acuerdo entre el Ministerio de Trasformación Digital y la patronal dirigida por Javier Tebas. El pacto, ratificado la pasada semana, pone en marcha diversas medidas para desarrollar un “ciberespacio confiable”.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones se ha reunido con La Liga y, aparentemente preocupados por el uso responsable de Internet, han firmado una campaña de 'colaboración', mientras una calla y la otra ejecuta impunemente medidas de censura y control de las redes en España”, denuncian la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet en un comunicado conjunto.

Las asociaciones denuncian la “intolerable pasividad” del Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ante la situación, que se repite desde hace un año. Cada fin de semana, la patronal del fútbol ordena a los operadores censurar grandes paquetes de datos que circulan por sus redes si detecta que, entre ellos, circula una retransmisión pirata.

Debido al método de bloqueo, este provoca que cientos de webs y servicios digitales queden inaccesibles debido a esas emisiones ilegales, con las que no tienen ninguna relación. “Ni la Secretaría de Estado ni la CNMC han atendido las peticiones de los internautas ante los bloqueos de Internet que cada fin de semana ordena La Liga indiscriminadamente”, continúan las asociaciones: “Las han ignorado deliberadamente y tampoco actúan de oficio. El Gobierno prefiere mantener la impunidad de los ataques de denegación de servicio, los daños a terceros y la censura arbitraria de contenidos”.

El Gobierno recomienda la vía legal

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito de ERC, instó a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.

LaLiga, por su parte, echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en paquetes de datos que se mueven juntos por la red. Con todo, asegura que sus bloques están amparados por la justicia y son “proporcionados” y “quirúrgicos”.

La resolución a la que se refiere la patronal es una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren esos paquetes de datos cuando exista una retransmisión pirata entre ellos. No obstante, el juez afirma en el texto que esa maniobra no debe “perjudicar a terceros”. Los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional.

LaLiga insiste también en delegar la responsabilidad de la situación en Cloudflare, y recuerda que recientemente la compañía ha sido multada en Italia con un 1% de su facturación global por no tomar “medidas efectivas para impedir el uso de sus servicios en la difusión de contenidos ilícitos, pese a haber recibido órdenes para desactivar el acceso a determinadas páginas web y direcciones señaladas por los titulares de derechos”.

Cloudflare niega esta responsabilidad y ha protestado por la situación ante la Casa Blanca, entendiendo que España está dificultando el comercio internacional. “Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, recalca.

El Defensor del Pueblo, que ya tenía una primera queja de las asociaciones de usuarios registrada en junio de 2025, afirma que este se encuentra “en fase de estudio”. “Dada la confidencialidad de las quejas que se reciben en la institución, cualquier novedad que se produzca en las actuaciones se comunicará directamente a las asociaciones que se han dirigido al Defensor del Pueblo”, añaden fuentes oficiales.

Mientas tanto, los usuarios y empresas afectadas siguen atrapados en una maraña de bloqueos de Internet pese a que no tienen relación con la piratería. “Lo más grave, es que esto sienta un peligroso precedente para futuras intervenciones privadas sobre la red y los derechos digitales de todos los ciudadanos, inadmisible en cualquier Estado de Derecho”, ha denunciado la abogada Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas.

“La intel·ligència artificial (IA) generativa és una eina fantàstica, estem davant una oportunitat, però en aquests moments ens movem en aigües pantanoses”. Així ho explica Pau Vergara, productor audiovisual i expert en IA que treballa per a Red Spectra Films; s’ha especialitzat en la producció de projectes amb intel·ligència artificial generativa, un camp en què treballa de manera intensa des de fa un parell d’anys: “Estem davant un tsunami que ja està ací i, o ens posem les piles o ens passarà per damunt, perquè ve amb molta força”.

La IA afectarà, “de fet, ja afecta”, tots els sectors: “Té una part molt positiva, però cal treballar per a compensar els possibles efectes negatius que puga tindre”. En opinió de Vergara, la gent encara està molt desorientada amb aquest tema: “Creiem que la IA és una cosa autònoma, però no és així; la IA és humana, perquè sempre hi ha una persona darrere”. “Ara com ara, la intel·ligència artificial per si sola no fa res”, sentencia l’expert, per a qui encara ens trobem al començament d’un procés en què són les persones qui dirigeixen o tutelen aquest desenvolupament creatiu.

Pel que fa a la intel·ligència artificial, comenta que, quan t’hi enfrontes, passes per diverses fases: una primera en què et preguntes què és, una segona en què t’entra la por i una tercera, en què es troba Vergara en la qual t’adones que estem davant una eina, com moltes altres que s’han implementat, “que ens donaran unes possibilitats infinites” i que permetran la democratització en l’accés a certes eines tècniques “que abans només estaven a l’abast de James Cameron i Avatar i que ara són accessibles i permeten crear coses molt interessants”.

En aquest sentit, sosté que es tracta d’eines creatives que, per si soles, no poden crear res: “La IA és molt útil en la fase de la pluja d’idees, a l’hora de donar-te idees i davant la por al full en blanc; et pot oferir un punt de partida”. A mitjà termini, indica, “anem a la creació de continguts de gènere híbrid –amb rodatge tradicional i IA– o generats directament per intel·ligència artificial”.

El debat sobre la propietat intel·lectual

Vergara recorda que estem davant una nova revolució industrial “i, com tota revolució, genera debat i rebuig i, per tant, requereix un procés d’adaptació”. En aquesta evolució està el debat sobre la propietat intel·lectual: “El que crea una màquina no genera drets de propietat intel·lectual, però el que generen les persones, sí”. Precisament, la Unió Europea treballa per a legislar diverses qüestions relacionades amb la IA, com és el cas d’identificar els continguts creats amb intel·ligència artificial: “Cal anar amb molta cura”.

A més, el productor audiovisual valencià és partidari que les empreses tecnològiques reconeguen que han utilitzat material previ preexistent per a entrenar les seues IA, que creu que haurien de compensar els autors d’obres que s’han fet servir sense el seu permís per a aquesta finalitat: “Cal defensar el dret intel·lectual dels autors de continguts previs; es poden monetitzar els continguts nous, però s’ha de remunerar els autors d’obres antigues que s’han utilitzat per a generar els models d’IA”.

L’aposta valenciana per la IA

La Comunitat Valenciana, segons el parer de Vergara, va quedant-se arrere en el tema de la intel·ligència artificial: “Hi ha molta gent creant i molta altra que vol aprendre, que demana informació i formació; no obstant això, no sembla que hi haja un comité científic treballant en un tema que ens passarà per damunt”. Per això, insta l’Administració que agafe la bandera de la IA generativa: “Sembla que no es presta massa atenció a un tema en què sí que es treballa en llocs com Catalunya, Madrid o Andalusia; i ací hi ha prou gent fent coses, encara que d’una manera dispersa, per la qual cosa hauríem de posicionar-nos des de València per a veure què cal fer i posar en valor tot aquest talent que realment existeix”. “Cal un procés de participació ambiciós per a posicionar-nos a escala estatal”, explica, i afig que el que hi ha, de moment, són iniciatives des de l’àmbit privat.

Drets digitals en entorns específics

L’Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (Egeda), juntament amb cinc entitats més, ha subscrit un conveni amb Red.es per a impulsar la implementació de la carta de drets digitals en l’àmbit d’entorns específics. En el marc d’aquest conveni, Egeda ha impulsat la creació d’un grup de treball sobre drets de creació i accés a la cultura davant els reptes de la intel·ligència artificial i els nous entorns digitals, en què participa Pau Vergara.

L’objectiu del grup de treball és assessorar i supervisar l’elaboració d’un informe sobre el desenvolupament dels drets al voltant de la llibertat de creació i l’accés a la cultura en l’entorn digital, així com unes guies de governança i guies de bones pràctiques, mitjançant un procés obert de consulta a tot el sector cultural, creatiu i digital.

“La inteligencia artificial (IA) generativa es una herramienta fantástica, estamos ante una oportunidad, pero en estos momentos nos movemos en aguas pantanosas”. Así lo explica Pau Vergara, productor audiovisual y experto en IA que trabaja para Red Spectra Films; se ha especializado en la producción de proyectos con inteligencia artificial generativa, un campo en el que viene trabajando de manera intensa desde hace un par de años: “Estamos ante un tsunami que ya está aquí y, o nos ponemos las pilas, o nos va a pasar por encima, porque viene con mucha fuerza”.

La IA va a afectar, “de hecho, ya está afectando”, a todos los sectores: “Tiene una parte muy positiva, pero hay que trabajar para compensar los posibles efectos negativos que pueda tener”. En opinión de Vergara, la gente todavía está muy desorientada con este tema: “Creemos que la IA es algo autónomo, pero no es así; la IA es humana, porque siempre hay una persona detrás”. “Por ahora, la inteligencia artificial por sí sola no hace nada”, sentencia el experto, para quien todavía nos encontramos al principio de un proceso en el que son las personas quienes dirigen o tutelan ese desarrollo creativo.

Respecto a la inteligencia artificial, comenta que cuando te enfrentas a ella pasas por varias fases: una primera en la que te preguntas qué es lo es, una segunda en la que te entra el miedo y una tercera, en la que se encuentra Vergara en la que te das cuenta de que estamos ante una herramienta, como otras muchas que se han implementado, “que nos van a dar unas posibilidades infinitas” y que van a permitir la democratización en el acceso a ciertas herramientas técnicas “que antes solo estaban al alcance de James Cameron y Avatar y que ahora están son accesibles y permiten crear cosas muy interesantes”.

En este sentido, sostiene que se trata de herramientas creativas que, por sí solas, no pueden crear nada: “La IA es muy útil en la fase de la tormenta de ideas, a la hora de darte ideas y frente al miedo a la hoja en blanco; te puede ofrecer un punto de partida”. A medio plazo, indica, “vamos a la creación de contenidos de género híbrido -con rodaje tradicional e IA- o generados directamente por inteligencia artificial”.

El debate sobre la propiedad intelectual

Vergara recuerda que estamos ante una nueva revolución industrial, “y como toda revolución, genera debate y rechazo y, por lo tanto, requiere de un proceso de adaptación”. En esa evolución se encuentra el debate sobre la propiedad intelectual: “Lo que crea una máquina no genera derechos de propiedad intelectual, pero lo que generan las personas, sí”. Precisamente, la Unión Europea está trabajando para legislar diversas cuestiones relacionadas con la IA, como es el caso de identificar los contenidos creados con inteligencia artificial: “Hay que ir con mucho cuidado”.

Además, el productor audiovisual valenciano es partidario de que las empresas tecnológicas reconozcan que han utilizado material previo preexistente para entrenar sus IA, que cree que deberían compensar a los autores de obras que han sido utilizadas sin su permiso para este fin: “Hay que defender el derecho intelectual de los autores de contenidos previos; se pueden monetizar los contenidos nuevos, pero se debe remunerar a los autores de obras antiguas que se han utilizado para generar los modelos de IA”.

La apuesta valenciana por la IA

La Comunitat Valenciana, a juicio de Vergara, se está quedando atrás en el tema de la Inteligencia artificial: “Hay mucha gente creando y otra mucha que quiere aprender, que demanda información y formación; sin embargo, no parece que exista un comité científico trabajando en un tema que nos va a pasar por encima”. Por eso, insta a la Administración a que coja la bandera de la IA generativa: “Parece que no se le presta demasiada atención a un tema en el que sí que se está trabajando en lugares como Catalunya, Madrid o Andalucía; y aquí hay bastante gente haciendo cosas, aunque de una forma dispersa, por lo que deberíamos posicionarnos desde Valencia para ver qué hacer y poner en valor todo ese talento que realmente existe”. “Es necesario un proceso de participación ambicioso para posicionarnos a nivel estatal”, explica, para añadir que lo que hay, de momento, son iniciativas desde el ámbito privado.

Derechos digitales en entorno específicos

La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), junto a otras cinco entidades, ha suscrito un Convenio con Red.es para impulsar la implementación de la carta de derechos digitales en el ámbito de entornos específicos. En el marco de ese convenio, Egeda ha impulsado la creación de un grupo de trabajo sobre Derechos de Creación y Acceso a la Cultura ante los Retos de la Inteligencia Artificial y los Nuevos Entornos Digitales, en el que participa Pau Vergara.

El objetivo del grupo de trabajo es asesorar y supervisar la elaboración de un Informe sobre el Desarrollo de los Derechos en el Entorno de la libertad de creación y el acceso a la cultura en el entorno digital, así como unas Guías de Gobernanza y Guías de Buenas Prácticas, mediante un proceso abierto de consulta a todo el sector cultural, creativo y digital.

Hace ya casi 10 meses que una parte de Internet se cae cada fin de semana en España. Y es imposible saber a qué servicios afectará cada apagón. Ha habido desconexiones en Redsys, la principal pasarela de pago en España para las operaciones con tarjeta; bancos, la red social X, la plataforma de videojuegos Steam o múltiples portales oficiales, como el Ayuntamiento de Madrid o el de la Real Academia Española. Pero, por debajo de esos grandes nombres, hay una larga cola de pymes que no cuentan con los mismos recursos. Cada sábado y domingo, se preguntan si su negocio volverá a irse al traste por culpa del fútbol.

“Este fin de semana hemos tenido que reiniciar el sistema 14 o 15 veces. Es una impotencia absoluta”, dice José Manuel Louro, uno de los afectados. “Que el juez haya permitido los bloqueos de manera indiscriminada es algo que yo no me puedo creer. ¿Cómo se les puede dar tanto poder? Y lo que más me asusta: ¿por qué yo no puedo hacer nada contra ello? Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan”.

Todo proviene de una maniobra antipiratería de LaLiga. La patronal del fútbol, dirigida por Javier Tebas, obtuvo un mandato judicial que le permite solicitar bloqueos de Internet a las teleoperadoras sin pasar de nuevo por el juez cuando detecte una retransmisión ilegal. La sentencia también dice que sus acciones no deben “perjudicar a terceros”, algo que cientos de empresas denuncian que no se está cumpliendo. El caso ha escalado hasta el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Cada fin de semana intentamos buscar soluciones, pero técnicamente no las hay. Si te cortan, te cortan

Mientras los magistrados dirimen, los bloqueos de Tebas continúan. “Son problemas que duran más o menos una hora y media, pero que llegan aleatoriamente durante el fin de semana”, explica Louro, responsable de Ralight Solutions, una pyme dedicada a la venta de videojuegos y consolas a través de plataformas como eBay, Miravia o Aliexpress. Es el período que duran los partidos de fútbol. “Este fin de semana estuvimos toda la tarde y la noche del sábado y la tarde del domingo con fallos”.

“Nosotros estamos abiertos 24/7. No siempre que hay fútbol lo notamos, por lo que nunca sabes cuándo te va a afectar. Pero este fin de semana nos impactó de lleno porque cortó la comunicación de nuestro servidor con Miravia y Aliexpress. Ha sido un desastre porque ha provocado que vendamos más unidades de las que tenemos en stock. Con cada venta no había un retorno para reducir la cifra de unidades disponibles, ya que no había comunicación con el servidor. Tampoco pudimos hacer el reporte de ventas para la empresa auditora”, continúa Louro.

“El efecto de los bloqueos es como el de un tsunami. Empiezan con olas pequeñas que van causando fallos. Al principio no sabes a qué se deben. Piensas que el sistema está inestable, hasta que los fallos se empiezan a sumar en sitios diferentes y se te cae todo. Llamas al programador y es cuando te dice que son otra vez los bloqueos de LaLiga. Esto está afectando a un montón de empresas, pero a las que seguimos activas el fin de semana, nos destroza”, denuncia el pequeño empresario.

“Me parece bien que persigan a las webs pirata, pero que te hundan el negocio sin tener tú nada que ver... Me parece increíble que se les haya dado el poder de decidir quién puede trabajar el fin de semana”, insiste en conversación con elDiario.es.

“Moscas a cañonazos”

Los bloqueos aleatorios que cita Louro son una consecuencia del método que LaLiga utiliza para frenar las retransmisiones pirata. Cuando detecta una emisión ilegal, pide a las operadoras que bloqueen la dirección IP entera por la que esta discurre. El problema es que la IP es como el código postal de un servicio digital y, al igual que este, puede agrupar miles de webs o servicios digitales. Cuando cae una de ellas, cae la emisión pirata y todos aquellos que estuvieran compartiendo dirección IP con ella en ese momento.

LaLiga echa la culpa de los daños colaterales de sus bloqueos a Cloudflare, una multinacional estadounidense que, en la práctica, es la responsable de agrupar servicios digitales en las distintas IPs. Se trata de una práctica habitual en negocios como el suyo, que se centran en acelerar la carga de los dominios web que lo contratan, protegerlos de tráfico malicioso (como bots) y ofrecer otras funciones de ciberseguridad.

Son las IPs de Cloudflare las que LaLiga ordena tumbar a los operadores de Internet, que obedecen alegando que la patronal del fútbol cuenta con un mandato judicial. Para Tebas, la multinacional es cómplice de la piratería por no vigilar qué ocurre en cada una de las webs que empaqueta. Hace lo mismo con Google, a la que acusa de acoger en su tienda de apps algunas que pueden usarse para ver retransmisiones ilegales, o las plataformas VPN, que se usan para camuflar la ubicación real del usuario.

“Google, Cloudflare, VPNs y otros agentes involucrados en el consumo de piratería adquieren responsabilidad de las actuaciones ilegales que están permitiendo y de las cuales se lucran. LaLiga, amparada por la Justicia, no se detendrá en la defensa del fútbol y los intereses de sus clubes ante actuaciones criminales vinculadas al fraude audiovisual y su blanqueo”, han manifestado los de Tebas.

Diversos expertos llevan meses denunciando que los bloqueos por IP son como “matar moscas a cañonazos”. Algunas páginas de afectados cifran en unos 750.000 euros las pérdidas que está produciendo. “Es como destruir todo un edificio porque hay alguien dentro que trafica con drogas”, dice Daniel Infante, responsable de Pixeladas, una consultora de marketing digital y programación web. “Las IPs están compartidas por centenares o miles de páginas web. Por favor, no estamos en los años 80, lo que están haciendo es un error de concepto”.

El peso de Cloudflare para las pymes

Pixeladas es otro de los negocios afectados por los bloqueos. O, mejor dicho, lo son sus clientes. Cada vez que hay un partido de fútbol, el tráfico hacia sus webs puede caer de repente. Esto resulta en una doble pérdida económica: el cliente no solo deja de vender ese día, sino que también pierde el dinero invertido en publicidad, a través de anuncios en Google o Meta (Facebook e Instagram). “Esos días se van automáticamente a negativo, porque hacen un gasto en promocionarse sin saber que esto les va a afectar y no van a poder vender”, dice Infante.

Pero si los problemas giran alrededor del servicio de Cloudflare, ¿por qué no utilizar otro? “Cloudflare es un gigante por méritos propios, porque al final son los mejores en algunos aspectos, como la lucha contra los bots. Además, sus servicios son gratuitos para las empresas más pequeñas”, contesta Infante, que profundiza en uno de esos ejemplos.

“Nosotros tenemos un problema muy, muy recurrente, pero que por desgracia forma parte de la sociedad en la que vivimos, que son los bots. Entran a tu web, te rellenan un formulario, te hacen spam. Hemos tenido casos de clientes que han recibido 2.000 formularios en un día diciendo que están interesados en un producto para luego ver que eran enlaces para comprar viagra, webs rusas, etc. Es algo muy complicado de soportar, sobre todo para nuestros clientes más pequeños, que tienen una facturación de 50.000 o 60.000 euros al año”, detalla Infante.

Nosotros se lo explicamos así a los clientes: mira, LaLiga tiene secuestrada tu web. Que esto esté pasando en España... es muy, muy salvaje

“Cloudflare es el mejor parando esto, y a los clientes con menos facturación se lo ofrece gratis. Yo, personalmente, no he encontrado alternativa. Puedo quitar Cloudflare, pero entonces tengo los bots y mis clientes quedan desprotegidos ante ellos”, resume.

LaLiga asegura en todas sus comunicaciones que sus bloqueos “son proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente durante los partidos de la competición”. El responsable de Pixeladas cuenta otra realidad. “A veces pasan horas después de los partidos y el bloqueo se mantiene. Pero si al gestor de turno se le olvida una IP, pueden llegar a durar días”.

Como Louro, Infante coincide en que la “sensación es de impotencia total, de que nosotros no pintamos nada. No hay una alternativa, y si la hubiera, las webs pirata también se irían a ella. Ahora mismo, Internet está secuestrado. Nosotros se lo explicamos así a los clientes: mira, LaLiga tiene secuestrada tu web. Que esto esté pasando en España... es muy, muy salvaje”.

El Congreso da la espalda

A finales de octubre, la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso rechazó una Proposición No de Ley presentada por el BNG para evitar los bloqueos indiscriminados de LaLiga. La acción quería instar al Gobierno a tomar medidas para garantizar que las acciones antipiratería de la patronal del fútbol no afecten a webs legítimas; revisar y corregir los procedimientos técnicos que están empleando LaLiga y las operadoras; y establecer mecanismos de supervisión y transparencia que permitan corregir rápidamente los bloqueos erróneos.

El PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo. Tebas lo consideró un espaldarazo político a su estrategia. “LaLiga recibe positivamente el respaldo que significa dicha votación”, expresó, criticando a su vez la PNL por contener “información limitada” y omitir, a su juicio, “el impacto crítico que tiene el fraude audiovisual”. Es la misma crítica que expresó en una carta enviada al BNG, en la que afirmaba que la iniciativa estaba plagada de “inexactitudes y errores”.

“La defensa de la propiedad intelectual no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales o aplicar medidas que, bajo apariencia de legalidad, suponen censura y bloqueo generalizado”, contestó Néstor Rego, diputado del BNG, que consideró “insultante” la misiva de la patronal del fútbol.

El Ejecutivo, cuando ha sido consultado al respecto, ha instado a los afectados a utilizar la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó en octubre ante una pregunta por escrito de ERC.

¿Que actúe Trump?

La última evolución del caso tiene un tinte rocambolesco. Cloudflare, que desde el principio ha denunciado los bloqueos de LaLiga, ha escalado el caso hasta la Casa Blanca. La multinacional ha enviado un informe a la Oficina del Representante Comercial de EEUU para quejarse de que los bloqueos de LaLiga en España constituyen una barrera comercial.

“Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales”, afirma la empresa en su comunicación con el organismo citando las “órdenes judiciales excesivamente amplias” de las que dispone LaLiga. “Estas órdenes les permiten bloquear los servicios de proveedores estadounidenses de red como Cloudflare mediante el bloqueo de direcciones IP, cada una de las cuales canaliza el tráfico de miles de dominios”.

Los reguladores y tribunales españoles han permitido procesos que interrumpen la prestación de servicios digitales para favorecer los intereses comerciales de entidades locales

Cloudflare — en un informe a la Casa Blanca

La Oficina a la que se dirige Cloudflare tiene la misión de elaborar un informe sobre el comercio internacional que influye en las negociaciones entre EEUU y el resto de países. “Estas acciones, diseñadas para proteger a un conjunto reducido de intereses comerciales, han causado daños colaterales significativos a empresas y usuarios que no eran los objetivos de las medidas, sin vías de reparación ni posibilidad de impugnar la orden original”, continúa la multinacional, pidiendo a la Casa Blanca que intervenga para reparar la situación.

LaLiga, por su parte, no ha tardado en responder. Afirma que las aseveraciones de Cloudflare “no son precisas y carecen de contexto”, ya que obvia que “la actividad desarrollada por esta compañía confronta con los sistemas legales y judiciales de multitud de países en todo el mundo, como Francia, Italia, Japón o Corea del Sur”.

Mientras LaLiga y Cloudflare cruzan acusaciones a ambos lados del Atlántico, los bloqueos siguen cayendo cada fin de semana en España. Los partidos se suceden, los jueces deliberan y las pequeñas empresas continúan en vilo, atrapadas entre gigantes. Sin vías técnicas para protegerse, cuando ruede el balón, su web puede volver a apagarse.

Las inteligencias artificiales generadoras de texto muestran una sorprendente habilidad para reproducir la estructura narrativa y el estilo de autores consagrados. Su funcionamiento se basa en analizar grandes cantidades de obras para detectar patrones de vocabulario, tono y ritmo. Ese procedimiento permite que el resultado final se asemeje, en apariencia, a la voz del creador original. Sin embargo, esa proximidad entre imitación y autoría humana plantea un dilema que ha terminado llegando a los tribunales.

El juez autoriza que continúe el proceso contra OpenAI y Microsoft

Un juez federal estadounidense ha permitido que avance la demanda interpuesta por George R.R. Martin y otros escritores contra OpenAI y Microsoft. La causa se centra en el supuesto uso no autorizado de sus obras literarias para entrenar modelos de lenguaje capaces de reproducir fragmentos que guardan similitud con textos protegidos por derechos de autor.

Según publicó Business Insider, el juez Sidney Stein dictaminó que “un jurado razonable podría considerar que los resultados presuntamente infractores son sustancialmente similares a las obras de los demandantes”. Esa valoración ha permitido que el proceso judicial continúe su curso.

El caso tuvo como punto de partida una prueba en la que los abogados de Martin solicitaron a ChatGPT que redactara una continuación alternativa de Choque de reyes. La respuesta del sistema ofreció el título Un baile con sombras y desarrolló ideas sobre “la aparición de un nuevo tipo de magia vinculada a dragones” y “la llegada de una pariente lejana de los Targaryen llamada Lady Elara”. Además, el modelo introdujo a “una secta disidente de los Niños del Bosque”. La coincidencia en la ambientación y el tono con la saga Canción de hielo y fuego sirvió como ejemplo de presunto uso indebido de material protegido.

La acción legal no se limita a Martin. Entre los escritores que forman parte de la causa figuran Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates, Jia Tolentino y Sarah Silverman. Todos sostienen que sus libros se utilizaron para entrenar modelos de lenguaje sin autorización expresa. Sus denuncias se integraron en una demanda conjunta con el fin de plantear un criterio común sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el uso de obras literarias para fines comerciales.

Microsoft podría enfrentarse a sanciones si los jueces rechazan la aplicación del “uso justo”

Microsoft, que posee el 27% de OpenAI, figura también entre las partes señaladas. La compañía podría afrontar consecuencias económicas importantes si los tribunales determinan que la práctica vulneró derechos de propiedad intelectual. El juez Stein aclaró que aún queda pendiente decidir si la actividad de la empresa puede acogerse a la figura de “uso justo”, que en el derecho estadounidense permite reproducir material ajeno en determinados supuestos de interés público o educativo.

El precedente más cercano se produjo en San Francisco, donde Anthropic alcanzó un acuerdo extrajudicial por 1.500 millones de dólares tras un conflicto similar con un grupo de autores. Aquella resolución no impidió que las compañías de inteligencia artificial sigan desarrollando sus sistemas, aunque sí provocó un debate sobre la necesidad de establecer límites más claros en el empleo de obras literarias para fines de entrenamiento algorítmico.

Las próximas decisiones judiciales determinarán si la imitación estilística de una inteligencia artificial constituye una infracción o una extensión legítima de la tecnología. En cualquier caso, el litigio iniciado por George R.R. Martin ha convertido a la relación entre la escritura humana y la generación automatizada de texto en un nuevo terreno de disputa sobre la autoría y los derechos creativos.

Javier de la Cueva (Madrid, 1962) es uno de los protagonistas anónimos del Internet español. Su nombre aparece en casos clave como la anulación del primer canon digital en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; la absolución de Pablo Soto, que más tarde sería concejal del Ayuntamiento de Madrid, por desarrollar una aplicación para compartir archivos por la que se le exigieron 13.000 millones de euros, o la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las tarifas que las entidades de gestión de derechos de autor cobraban a las universidades.

Muchas de esas batallas son casi desconocidas para el gran público. Incluso aunque hayan tenido repercusiones tan importantes como impedir que la Wikipedia tenga publicidad en todo el mundo.

La última victoria de este abogado tampoco ha acaparado titulares a pesar de que establece una jurisprudencia potencialmente histórica. En los albores de la inteligencia artificial, el Tribunal Supremo ha dictaminado que todos los sistemas de decisión automática que se usen en las Administraciones Públicas deben ser transparentes para el ciudadano. Su código debe estar disponible para todos, incluidos los tribunales, como una herramienta más para fiscalizar lo público.

De la mano de la Fundación Civio, De la Cueva recordó al Alto Tribunal que la sociedad conectada necesita una “guía” para impedir que la maraña de software que la sostiene se convierta en una caja negra indescifrable. El resultado ha sido una sentencia que habla por primera vez de “democracia digital” y de la transparencia como un “derecho fundamental” asociado a ella.

Esta sentencia del Tribunal Supremo es un hito. ¿Cuáles son sus implicaciones concretas para el Estado de Derecho en la era digital?

Lo que dice la sentencia es que si la Administración Pública utiliza un algoritmo como sistema de decisión para otorgar o retirar derechos, ese sistema debe ser transparente para el ciudadano. Es decir, tenemos derecho a acceder al código con el que se imponen esos derechos y obligaciones. Hasta ahora, nuestra sociedad se regía por normas sociales (cómo comportarse en la mesa), religiosas (si pecas, vas al infierno) y jurídicas (si cometes una infracción, recibes una penalización). Sin embargo, quedaba por definir qué hacer con un nuevo tipo de norma: las normas técnicas. El Tribunal Supremo resuelve esta duda al sentenciar que esta norma técnica, escrita en lenguaje de programación, debe ser transparente y entregarse al ciudadano que la pida de manera que la pueda entender.

¿La sentencia establece cómo debe ser esa transparencia?

El Supremo establece que debe entregarse el código fuente. En cuanto haya un programa informático que utilice la Administración Pública para tomar una decisión, ese código fuente la ciudadanía tenemos derecho a conocerlo.

¿Quiere decir que esto acaba con la posibilidad de que la Administración Pública utilice algoritmos conocidos como “cajas negras”, que nadie sabe bien cómo funcionan?

Sí.

¿Esto se podría aplicar al algoritmo que utiliza Hacienda para luchar contra el fraude, por ejemplo?

Por supuesto.

¿Y a los de diagnóstico médico, de la sanidad pública?

Sí.

¿Qué ocurre cuando esos algoritmos de “caja negra” sean propiedad de un tercero? Las empresas son reacias a revelar los detalles de estos sistemas. ¿Podría implicar que la Administración tenga dificultades para contratar programas de inteligencia artificial?

Ese podría ser un efecto secundario, pero el Tribunal Supremo también ha tapado ese agujero. La sentencia resuelve este problema porque dice que cuando haya una decisión automatizada por parte de la Administración Pública, la ciudadanía tiene derecho a conocer ese código. Por lo tanto, veda a la Administración Pública la contratación de cajas negras. Si la Administración contrata a un tercero, este debe proporcionar un algoritmo con código fuente accesible para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la transparencia.

La sentencia veda a la Administración Pública la contratación de algoritmos que sean 'cajas negras'

Pero además, cuidado, no solamente para la ciudadanía. La sentencia también garantiza que los tribunales puedan auditar el código para verificar si la actuación de la Administración es conforme a derecho, cumpliendo así con su mandato constitucional de control. Esta sentencia también da herramientas a la judicatura, a los jueces y a los tribunales.

En su argumentación, los magistrados introducen el concepto de “democracia digital”. ¿Había hecho esto antes el Supremo?

Es la primera vez que lo utiliza. ¿Y por qué lo hace? Porque al final de mi locución en la vista oral, lo que les pedí es que nos guiaran en la transición que estamos haciendo. Estamos pasando de un sistema donde las normas se escribían en lenguaje natural, como el que usamos para hablar, a uno donde las normas se escriben en lenguajes formales, como el código de programación. Mi petición fue: 'Guíennos sobre cómo debe ser el Estado de Derecho en esta nueva realidad'.

No es la primera vez que esto ocurre. Lo definió bien Norberto Bobbio con las etapas de los derechos humanos, que cité al final. Bobbio dice que, primero, los derechos humanos son solo ideas que están buscando instituciones que las hagan suyas y las desarrollen. Luego, instituciones como la Revolución Francesa o la Bill of Rights norteamericana las 'cristalizan' y las hacen formales. Eso es exactamente lo que ha hecho el Tribunal Supremo aquí: ha formalizado, en una síntesis muy buena, el concepto de 'democracia digital'.

El Supremo, con el término 'democracia digital', ha condensado la idea de que estas nuevas normativas e instituciones, que solo existen a través del software, deben ser transparentes

¿Y en qué consiste? En una democracia fundamentada en estas nuevas normas escritas en lenguajes formales. De eso va todo esto. Ejercemos nuestros derechos a través de herramientas digitales, y el Tribunal Supremo, con el término 'democracia digital', ha condensado la idea de que estas nuevas normativas e instituciones, que solo existen a través del software, deben ser transparentes. Le dice a la Administración que debe seguir el espíritu de la Ilustración: si antes las normas debían ser comprensibles para garantizar la seguridad jurídica, ahora los algoritmos deben ser transparentes.

Dentro de esa democracia digital, el Supremo establece que la transparencia debe ser “un derecho fundamental”. ¿Lo había definido así antes?

No, definitivamente no con la rotundidad que lo hace esta sentencia. Digamos que los hilos ya existían, pero el Tribunal Supremo ahora los ha tejido. La lógica que sigue el Tribunal, y que es la que defendimos en la vista oral, es una cadena muy clara: si no tienes información, no puedes tener libertad de pensamiento. Tu pensamiento se limita a la información que recibes. Y si no hay libertad de pensamiento, ¿qué clase de libertad de expresión puedes tener? ¿O cómo puedes participar en los asuntos públicos? Todo se empobrece: el pensamiento, la expresión, la libertad de prensa, la participación.

Por eso, el Supremo hace algo fundamental: toma el derecho a la transparencia, que en la Constitución estaba en un artículo mucho más allá de los derechos fundamentales, y lo trae 'a la parte principal'. Lo hace a través del artículo 10.2, que dice que los derechos fundamentales que están en tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español. Lo que nos dice es que la transparencia es un prius, un requisito previo. Es la base para poder pensar, expresarse, participar y, en última instancia, para construir un sistema democrático. Si no hay transparencia, no puede haber una democracia real.

¿Cree que una derivada de la sentencia puede ser que todo el software desarrollado por la Administración sea considerado un bien público y por tanto de código abierto?

No necesariamente, porque habrá supuestos en los cuales la seguridad nacional, por ejemplo, tenga mucho que decir. Y esos supuestos tendrán que tener la protección de la falta de transparencia, porque si no, no serían seguros. Es lógico que la seguridad nacional —siempre y cuando sea efectivamente seguridad nacional— sea uno de los límites de la transparencia, así como la protección de las minorías. Otro de los límites serán los datos sensibles. Imaginemos que tenemos una base de datos de rohingyás... Tendrá que hacerse una valoración caso por caso para ver si la tensión entre el interés público y el software es una tensión en la que tengamos que elegir lo público. Pero, en principio, lo que nos viene a decir es que la regla general es que es público, y luego ya la Administración Pública tendrá que batallar por qué razón un determinado código debe ser secreto.

Hablando de batallas. El Gobierno ha peleado durante siete años para no desvelar el código de Bosco (la herramienta informática que calcula si un ciudadano tiene derecho al bono social eléctrico), mientras firmaba declaraciones de derechos digitales y hablaba de la importancia de la transparencia. ¿A qué cree que se debe?

A que todavía no tenemos una cultura democrática lo suficientemente profunda en la sociedad española. Nos encontramos con que hay gente en la Administración con una personalidad acorde a la democracia, pero también hay otros que actúan bajo la premisa de “el Estado soy yo”. Su mentalidad es: “Este código lo he hecho yo, es mío y no se lo voy a enseñar a nadie”. Esa intolerancia, la idea de que la ciudadanía no tiene derecho a mirar lo que hacen, es algo que tenemos que derribar para alcanzar una verdadera cultura democrática.

Esto ocurre en todos los niveles: ayuntamientos, universidades, ministerios. Pero, por otro lado, también hay gente maravillosa que sí lo entiende. Un gran ejemplo es el Instituto Geográfico Nacional, que tiene clarísimo que los mapas que elaboran pertenecen a la ciudadanía y que su trabajo es un servicio público. Esa es la mentalidad correcta: entender que lo que uno hace como funcionario se enmarca dentro de un sistema democrático y es por el bien común. El problema es que en muchos otros sitios, sobre todo en algunos ministerios, te encuentras con barreras brutales.

En este caso, el Ministerio de Transición Ecológica recurrió a los dos paradigmas clásicos para evitar la difusión de información: la seguridad y la propiedad intelectual. El Supremo ha tumbado las dos.

Así es, el Tribunal Supremo se carga directamente las dos excusas. Con la propiedad intelectual, lo primero que dice es que se trata de un software que no tiene explotación comercial. Además, los fines de la Administración Pública son el bien común. Es de lógica, ¿cuál es el problema por enseñar un código que ha hecho y maneja la propia Administración? Y en cuanto a la seguridad, el Supremo ve muy claras las milongas que contaron en primera instancia, aquello de que si se abría el código fuente se podían hacer verdaderas barrabasadas. El tribunal lo desmonta diciendo: 'vamos a ver, cuidado, que los datos personales no los tiene el programa'. El software es solo una herramienta; para acceder a datos personales, tendría que conectarse con Hacienda mediante un convenio. Por tanto, es evidente que el programa en sí no tiene datos personales, por mucho que dijeran lo contrario el subdirector general del Ministerio o incluso el CNI.

El Tribunal Supremo deja claro que si vienes con esas alegaciones, tienes que demostrarlas. De hecho, hay un informe del relator de las Naciones Unidas que señala que la excusa de la seguridad nacional se usa en todos los países para cualquier cosa. Al final, es una excusa muy barata, muy manida y con poco recorrido.

Con el acceso al código de Bosco vendrá una auditoría. ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí?

Lo primero que podríamos encontrar es un código de una calidad muy deficiente. Una de las tesis que manejamos, aunque sin pruebas hasta ahora, es que podría ser lo que se conoce como 'código espagueti': un código absolutamente chapucero. De esos que funcionan y se dejan estar, pero que están mal escritos, con comentarios incomprensibles y técnicamente defectuosos.

Es lógico pensar que el código es defectuoso porque sabemos que hacía mal la traslación de la ley. Cuando aplicaba los supuestos reconocidos en la norma para otorgar el bono social, el resultado no era el que la ley decía que debía ser. Así que esperamos poder encontrar y señalar dónde están exactamente esos errores.

La ejecución de este tipo de sentencias suele ser problemática. Es común que tarden mucho en entregarte la información, a veces por simple desgana o porque les molesta haber perdido el caso

Ahora bien, veremos. La ejecución de este tipo de sentencias suele ser problemática. Es común que tarden mucho en entregarte la información, a veces por simple desgana o porque les molesta haber perdido el caso. En un caso anterior, el Ministerio de Defensa tardó un año en darnos una simple tabla Excel con los pasajeros de los vuelos oficiales, y solo lo hizo cuando el juzgado les amenazó con acciones penales. Así que es posible que aquí ocurra lo mismo y tengamos que seguir apretando a través del juzgado para que cumplan la sentencia.

Otra de las principales problemáticas en cuanto a los algoritmos es quién se hace responsable cuando toman una decisión equivocada y ocasionan un daño. ¿Qué ocurre con los algoritmos que utiliza la Administración?

En España ya existe mucha jurisprudencia sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, y esta sentencia abre la puerta a aplicarla aquí. Evidentemente, aquellas personas a las que se les negó el bono social de forma incorrecta pueden reclamar a la Administración, porque con el código en la mano podremos demostrar dónde se estaba cometiendo el error.

De hecho, la cuestión de la responsabilidad fue uno de los argumentos centrales que usamos en nuestro recurso para solicitar el código fuente. Hicimos hincapié en dos puntos. En primer lugar, saber quién es el responsable: al analizar el código, podemos identificar quién es el responsable de un posible fallo o negligencia. Y segundo, interpretar los cambios: cuando tienes acceso a diferentes versiones de un código, puedes comparar los cambios para entender la intención detrás de ellos. Es como cuando se modifica una ley: si se aumenta la pena por un delito, puedes interpretar que ha habido una problemática social que lo justifica. De la misma manera, si comparas dos versiones de un algoritmo y ves que han cambiado algo muy básico, te puede estar evidenciando que alguien hizo algo de forma muy negligente. Esta capacidad de interpretación es fundamental para poder derivar responsabilidades.

La sentencia abre la puerta a hacer auditorías en masa de los algoritmos. ¿Cree que estamos preparados o que será un derecho que se pase por alto?

Yo creo que sí. Pienso que hay gente muy buena, pero está muy oculta porque no busca la notoriedad. Si algo tiene esta sociedad española es un tejido social buenísimo que nunca está en primera línea, y hay que desconfiar mucho de quienes siempre están ahí. La resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial era buena precisamente porque no era notoria.

Si algo tiene esta sociedad española es un tejido social buenísimo que nunca está en primera línea

Vivimos en una sociedad obsesionada con ser visible, con que todo el mundo te conozca, pero hay que reivindicar el papel de la invisibilidad. Hay gente fantástica en las universidades y en las administraciones públicas. Detrás de Civio, por ejemplo, hay una cantidad de personas impresionante, y el recurso de casación que ha provocado esta sentencia es producto de muchísimas conversaciones con gente muy valiosa.

Lo importante es tener las herramientas, como esta sentencia. Tejido social hay, y mucho. El tejido del software libre en España también es muy interesante, pero es un tejido que no es notorio porque no llama la atención y lo mediático no está entre sus prioridades. No necesitan salir en la televisión ni en los periódicos. Nosotros preferimos tener una resolución judicial como esta a salir en toda la prensa del mundo. Lo que queremos es trabajar.

Una sentencia clave para la era de la inteligencia artificial. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Fundación Ciudadana Civio en su batalla por conocer cómo funciona el algoritmo que decide qué hogares tienen derecho al bono social eléctrico, un fallo que crea jurisprudencia para los próximos casos relativos a la transparencia de estos sistemas de decisión automática, a las puertas de la era de la inteligencia artificial.

En una sentencia fechada el 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo condena a la Administración a entregar a la organización el código fuente de BOSCO, la aplicación informática desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica para verificar los requisitos de los solicitantes.

“El derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas o la prestación de servicios públicos”, indican los magistrados. “En estos casos debe conllevar exigencias de transparencia de los procesos informáticos”, continúan, “con el objeto de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para su comprensión y el conocimiento de su funcionamiento”.

El fallo cobra una importancia especial en un contexto en el que la inteligencia artificial empieza a incorporarse a la gestión pública. La decisión del Supremo no solo afecta a un caso concreto —el algoritmo que decide el bono social eléctrico—, sino que sienta un precedente para exigir transparencia en cualquier sistema automatizado que condicione derechos ciudadanos. En los albores de la era de la IA, el Tribunal advierte que estas herramientas no pueden permanecer opacos, “especialmente cuando tienen por objeto el reconocimiento de derechos sociales”.

La resolución, que corrige los fallos previos de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, establece como doctrina que el acceso a la información pública incluye el derecho a conocer el código fuente de los sistemas automatizados empleados por la Administración. El Supremo vincula esta transparencia con la defensa de los derechos fundamentales, recordando que los algoritmos influyen directamente en el reconocimiento de prestaciones sociales y no pueden operar como “cajas negras”.

El litigio comenzó en 2018, cuando Civio reclamó al Ministerio acceso al software. La petición fue denegada primero por el Consejo de Transparencia y después por los tribunales, que avalaron los argumentos del Gobierno sobre la propiedad intelectual y los riesgos para la seguridad pública. La Abogacía del Estado alegó que abrir el código de BOSCO podría facilitar que los ciberdelincuentes atacaran las posibles “vulnerabilidades” que este pudiera tener.

“Se podrían utilizar dichas vulnerabilidades para acceder a las bases de datos conectadas con la aplicación, que recogen datos especialmente protegidos, como la discapacidad o la condición de víctima de violencia de género del solicitante”, aseveraba un informe al respecto elaborado por el Centro Criptológico, encargado de la ciberseguridad de las administraciones públicas. “El conocimiento del código fuente aumenta el riesgo de que la explotación de las vulnerabilidades pueda afectar a la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad de los administrados”, añadía.

En su sentencia, el Supremo ha tumbado ese argumento. “El límite de seguridad pública solo puede impedir el acceso a la información pública cuando ello se encuentre justificado y resulte proporcionado”, argumentan los magistrados, considerando que no puede cerrar el acceso al código informático de un algoritmo público como medida de seguridad general va en contra del derecho a la información.

“Aun cuando en abstracto el acceso al código fuente de un programa pudiera incrementar potencialmente algunos riesgos”, recuerdan, esa transparencia pueden llevar también “a la mejora del código y fortalecimiento de su seguridad”, puesto que “incentiva a la Administración a extremar las cautelas” y permite “su escrutinio por actores diversos e independientes permite aflorar vulnerabilidades inicialmente inadvertidas”.

“Un algoritmo no es un lápiz”, había defendido durante el proceso Eva Belmonte, codirectora de Civio, subrayando que la tecnología nunca es neutral y que su opacidad puede tener consecuencias directas sobre los derechos de los ciudadanos. Ahora, con este fallo, el alto tribunal abre la puerta a que más organizaciones puedan exigir acceso a los algoritmos públicos, en un momento en el que estas herramientas marcan cada vez más decisiones clave de la Administración.

“El protocolo anula la conciencia de clase, uniformiza el tejido social y dificulta las relaciones más informales y la solidaridad”. Desde el inicio de La servidumbre de los protocolos (Arcàdia, en catalán y castellano), la investigadora cultural y ensayista Ingrid Guardiola (Girona, 1980) sumerge al lector en reflexiones necesarias sobre un mundo cada vez más marcado por los algoritmos. Guardiola describe el protocolo, en su doble vertiente, la burocrática y la tecnológica, como herramienta del poder, pero también propone una alternativa en forma de un nuevo contrato social para no ceder ante la nueva era de los tecnopoderosos.

¿Cómo llegó a identificar y desarrollar este concepto del protocolo?

Empecé a trabajar en el concepto de protocolo en 2019 para explicar lo que significaba vivir a través de las interfaces tecnológicas y digitales. Un año después, con el confinamiento, la palabra se popularizó, y todos terminamos participando en un protocolo primero sanitario y después universal, pero marcado por la tecnología. El contacto permanente con los protocolos informáticos me hizo observar cómo, de repente, todas nuestras formas de relación pasaban inevitablemente por las interfaces digitales.

¿Hemos reflexionado lo suficiente sobre lo que nos pasó en la pandemia como sociedad?

No. Los libros sobre la pandemia no se venden, por ejemplo. Hemos preferido esconder la cabeza, no darle muchas vueltas y pasar el trauma, pero no hemos reflexionado ni sobre la parte positiva de la pandemia (la solidaridad y la organización) ni sobre la parte negativa (fue un experimento de ingeniería social importante y de uso de la tecnología digital como mecanismo de control). Tampoco se usaron tecnologías muy sofisticadas ni surgió con la COVID-19, porque las tecnologías de control nacen en los años 40 del siglo XX.

¿Hasta qué punto necesitamos contar con protocolos?

El protocolo tranquiliza. Nuestro mundo de excesivos estímulos y sobreabundancia de información, que no acaba siendo una forma de conocimiento, genera una ansia permanente, que se tranquiliza mediante formas de orden como el protocolo. Es una forma de ordenar la realidad para intentar dar una respuesta a la complejidad, la incertidumbre y el caos.

¿Tiene una parte de ritual?

El protocolo podría ser una versión laica de los ritos religiosos. Tiene algo de versión tecnoburocrática de la culpa, porque sus instrucciones y pautas pueden generar un chantaje social. Con el confinamiento lo vimos con la policía de balcón: a la que a alguien le parecía que otro se saltaba el protocolo, se veía capacitado para ejercer de agente del orden. Se le quitó la parte metafísica y acabó siendo una versión mucho más técnica de la culpa para señalar a los que no participaban del sistema de orden.

He visto que cada vez más hay una especie de malestar inducido por el tipo de información que se comparte en mis espacios de socialización

¿Culpamos a la tecnología de unos males que no dejan de ser una forma actualizada de los poderosos oprimiendo a los débiles?

¡El protocolo es el aguijón del poder! La tecnología no está sola en el mundo, interactúa con varios aspectos de nuestra vida. No creo que tengamos que caer en los discursos falaces de que supone o una amenaza radical o una fascinación incuestionable. Para no caer en esta versión simplificada de la tecnología se tiene que entender como ecosistema y aterrizarla en el tiempo. En el libro, me he centrado en dos tipos de protocolos, los tecnoburocráticos y los informáticos, propios del siglo XX y el XXI.

Sociólogos como Max Weber o Siegfried Kracauer ya hablaron de los burócratas como la nueva clase social que, a cambio de un sueldo a final de mes, establecía un sistema para mantener la jerarquía social a partir de los procedimientos administrativos. Tampoco es algo nuevo del siglo XIX o XX, sino que es la manera en que cualquier sistema social ha mantenido el orden. Lewis Mumford se remitía hasta el antiguo Egipto y decía que para que un orden social, sea bárbaro o democrático, funcione, necesita dos instrumentos para gestionar el poder: una organización fiable del conocimiento (desde un chamán al clero) y una estructura rígida e incuestionable de transmisión de órdenes, es decir, la burocracia.

¿Hemos pasado de la biblioteca de Alejandría a los grandes centros de datos?

La bifurcación del poder se mantiene de forma bastante constante. Hoy quien gestiona el conocimiento terminan siendo los algoritmos y los protocolos informáticos. A la vez, esta tecnología también es la que permite la burocracia del siglo XXI.

La evolución actual además genera cambios que nos impactan, empezando por el cansancio de estar todo el día conectados.

Sí que hay cambios en nuestra relación con la tecnología. Y hay mitos, como el de la eficiencia, la abundancia o la cultura del casting permanente. Hay un agotamiento y un desgaste fruto de la exposición pública y de la disociación cognitiva que implica estar todo el día actuando. Judith Butler teorizó en los 90 que la performance era liberadora, pero hoy desgasta porque se da en unos entornos que solo buscan la monetización y especular con nuestra conducta e imágenes públicas. Esto genera unos perfiles sociales distintos, con prioridades que han cambiado y unos objetivos y aspiraciones vitales muy distintas.

¿Por ejemplo?

La idea de aspiración vital ligada al éxito y a la fama y la celebración pública de la propia imagen no es nueva. Pero en el siglo XX no era una aspiración social, era la forma en que la industria del ocio nos proveía de fábulas para proyectar fantasías. Pero hoy la fantasía se ha hecho real, se sale del ámbito del ocio, el cine y del entretenimiento y nos convierte a cada uno en protagonistas.

Hasta los trabajos más clásicos, como el de repartidor, están atravesados por el protocolo, como se demostró en los juicios a Glovo en los que los riders reclamaban saber bajo qué algoritmos se organizaba su trabajo.

Glovo ha sido una empresa pionera en manifestar la mayoría de los problemas del capitalismo de plataformas. La transparencia algorítmica es algo que se tendría que reclamar en todos los trabajos, porque los algoritmos son un jefe encubierto que tienen unas implicaciones legales y éticas sobre los trabajadores. Además, en algunos casos, como los vinculados al deep learning, hay una serie de procesos de aprendizaje del diseño algorítmico que el propio diseño no permite conocer, sino que hay muchas decisiones que se toman que no se pueden explicar por mucho que hagas transparente el algoritmo. Es un callejón sin salida.

¿Tenemos más cantidad de información que nunca, pero de peor calidad?

No solo es el exceso, el acceso a la información se ha hecho más estrecho por el diseño de los espacios a través de los que nos informamos. En la historia reciente del capitalismo de plataformas, era posible estar mejor informado porque era una información mucho más cronológica, los buscadores funcionaban mejor y se sabía dónde ir a buscar las cosas. Había cabeceras de prestigio para el gran público, pero también fue el momento de los medios alternativos como Indymedia. Pero cuando el capitalismo de plataformas se convierte en un gran espacio de explotación de datos, la información se convierte en mucho más sesgada, y por lo tanto se desinforma en muchos sentidos.

Cada vez menos lectores leen cabeceras concretas y cada vez más leen lo que les sale en Google.

Y luego está la plaza pública en desaparición. Ya no podemos escoger el menú informativo. Aunque no queramos, terminamos escuchando a los que más gritan, que generalmente son los que están más promocionados o tienen más repercusión y ocupan el espacio informativo. Hay un muro semántico muy fuerte, cada vez cuesta más llegar a la información de calidad.

Ya no podemos escoger el menú informativo. Aunque no queramos, terminamos escuchando a los que más gritan

¿Culpamos al algoritmo o a la tecnología de malestares que son sociales? ¿Cómo podemos distinguirlos?

La única vía pasa por autoanalizarnos. Por ejemplo, en nuestra relación con los medios y los efectos que producen sobre nosotros ciertas noticias. En mi caso, he visto que cada vez más hay una especie de malestar inducido por el tipo de información que se comparte en mis espacios de socialización y, sobre todo, por el tipo de lenguaje con el que se expresan los hechos. Es un lenguaje que es mucho más violento de lo que parece, que siempre busca culpables y resolver grandes preguntas mediante información muy melodramática sobre aspectos completamente irrelevantes de nuestro día a día.

Son noticias que priorizan el morbo y una negatividad manifiesta a la hora de valorar el ser humano y el pacto social. No son solo formas sutiles de violencia, también las noticias que ya estaban en la prensa y la tele sobre asesinatos y catástrofes se han vuelto más interactivas y dinámicas, con comentarios que acaban a menudo multiplicando el odio y la violencia de los titulares. Esto es evidente que genera un malestar, pero tenemos que esforzarnos en separar la plaza pública del mundo real.

¿Cómo lo logramos?

Cada vez que vamos al bar del pueblo se puede tener la tentación de pensar que el mundo es así, pero tenemos claro que es el bar y no el mundo. En las plataformas no hay ningún indicador físico ni ninguna pauta que nos haga entender que tan solo son una parte de un todo mucho más amplio, por lo que les damos un valor de totalidad, como si todo ocurriera allí mismo. Este ejercicio de separación y distanciamiento es necesario para entender que hay un malestar que es inducido y hay una parte de la ansiedad que proviene de esta relación con medios o plataformas muy proclives, no sé si a la patología, pero sí a convertir el dolor del mundo en discurso, y esconder su contexto y sus causas y solo resaltar la herida.

Estos medios y plataformas no dejan de estar ligados a intereses económicos.

Y a un entorno económico determinado, la financiarización de la vida, que es de las cosas que posiblemente angustian más: la celebridad y la fama como expectativas vitales no se pueden desligar de una ideología que entiende a las personas como un activo financiero. ¡Es la visión más triste del ser humano! Hace recaer en cada uno de nosotros responsabilidades sistémicas con un falso discurso sobre la libertad individual, como si no viviéramos en el mundo.

Y hasta en los momentos de vacaciones, cuando en teoría podríamos estar más liberados de esta dinámica, terminamos en ella.

Estar conectados es un trabajo que no está pagado, pero es un trabajo. En los movimientos de cultura libre de hace 20 años se discutía mucho sobre quién sacaba rendimiento económico al estar conectados. Todos nos hemos vuelto operarios de la gran fábrica digital, y acabamos estando muy preocupados por esta especie de cadena informativa sin fin y por los protocolos tecnoburocráticos, es decir, por tareas muy inútiles, pero que son fruto del diseño de nuestro entorno social. Cuando dirigí un centro de arte público, el 70% de mi trabajo fue lidiar con protocolos tecnoburocráticos, procedimientos que en realidad beben de cierta desconfianza y control, ocupan mucho tiempo y son poco gratificantes.

Estar conectados es un trabajo que no está pagado, pero es un trabajo

¿Somos conscientes de lo que implica ceder hasta nuestra memoria a las grandes empresas tecnológicas?

La memoria está muy devaluada. Los medios de comunicación siempre han querido hacer del presente su tiempo hegemónico. El presente es un tiempo que da mucho rédito en el mercado de la atención porque la capitaliza de forma más clara del pasado. Y hasta cuando desde entornos oficiales se busca relacionarse con el pasado se hace monetizando el tiempo y la nostalgia: Eurovisión es un formato profundamente nostálgico. La nostalgia nos atrae porque se sale de la urgencia del presente y tiene que ver con todas estas vidas potenciales que podríamos haber vivido y no hemos hecho.

¿Hay un riesgo de caer en el ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’?

Existe el peligro de que sea un pensamiento muy reaccionario y de restauración de valores tradicionales conservadores porque pensar que cualquier forma de vida anterior era mejor encaja muy bien con las ideas de derechas. El capitalismo de plataformas es muy reaccionario y muy de derechas, pero a la vez muy neoliberal porque en él la nostalgia y el presente forcejean. Cuando la cultura del recuerdo deja paso a este tipo de nostalgia, también se debilita el pensamiento y el mero hecho de pensar. No somos conscientes de la falta de fondo que tienen la mayoría de cosas que compartimos. No damos suficiente valor a la experiencia directa de los hechos y a la memoria que queda de ello y, en cambio, sí lo hacemos con la atención momentánea de ciertos fenómenos sociales.

Haciendo una caricatura, podríamos decir que recordamos más la storie de Instagram de una experiencia que la experiencia en sí.

Vivimos en un momento de abundancia de experiencias e identidades, y esto es algo que casa mal con la memoria. La memoria nos permite conocer nuestros propios límites y nos da unas pautas que pueden terminar siendo un receso emocional. Sin tener clara nuestra propia memoria, tenemos menos herramientas para afrontar los conflictos. Y esto nos lleva a evadir o externalizar los conflictos como si no fueran con nosotros, como si el conflicto solo fuera una diversidad de puntos de vista.

En el libro propone un nuevo contrato social.

Hay un ejemplo muy claro en la Educación: se empieza a reclamar una marcha atrás en la apuesta competencial y tecnológica, que estaba forzando a actuar a los alumnos como máquinas. Desautomatizar todas estas relaciones es importantísimo, y empieza por eliminar ciertos mitos, como el que el capitalismo de plataformas trae más oportunidades laborales, o el que si no estás en las redes no eres nadie. Hay que romper con este chantaje y llevar las infraestructuras a nuestro favor.

¿Se tendrían que regular más las redes sociales y Google?

Se puede regular más, pero también hay que tener en cuenta otro aspecto. ¿Qué sentido tiene regular las plataformas si el contenido que se consumirá en ellas sigue siendo el de influencers ultracapitalistas? No le veo ningún sentido a eso de querer llenar medios tradicionales como la televisión de influencers para atraer al público joven. ¿En serio tenemos que relegar todo el espacio mediático a una figura como la del influencer? No solo hay que cambiar el chip en cuanto al diseño de infraestructuras, algoritmos y software, sino también en los valores sociales y los mitos que se potencian. ¿Por qué no se promociona más la cultura y la ciencia? ¡Los artistas y los científicos son los verdaderos influencers, si se les da el espacio que merecen! Ahora bien, si se ridiculiza la cultura o la ciencia como algo obsoleto o desfasado, y se prioriza solo el monetizar, nadie querrá dedicarse a ellas.

¿Por qué nuestros políticos fomentan el kilómetro 0 en alimentación y agricultura, pero no en tecnología?

¿Hay una pasividad política para regular el capitalismo de plataformas? ¿Los políticos prefieren la polarización que promueven ciertas redes?

Hay pasividad y desconocimiento en la clase política. ¿Cómo puede ser que hayan delegado buena parte de la educación de las nuevas generaciones en Google o Microsoft en vez de en empresas locales? El paquete educativo que creó Xnet se podría haber implantado en todas las escuelas, pero no se hizo. Las multinacionales tecnológicas te venden eficiencia, pero no es verdad. ¿Por qué nuestros políticos fomentan el kilómetro 0 en alimentación y agricultura, pero no en tecnología?

Al final, el capitalismo de plataformas parece el terreno perfecto para la extrema derecha.

Es el terreno perfecto porque ellos mismos lo han creado: empresarios como Peter Thiel o Sam Altman salen de entornos autodenominados anarcolibertarios. Creen que el contrato social atenta contra las libertades individuales y promueven el éxito personal por encima de todo. Sus propios mitos se traducen en Silicon Valley, que en sus distintas etapas camufla su esencia (un negocio profundamente jerárquico, desigual y no siempre exitoso) con el mito del emprendedor.

El capitalismo de plataformas y las redes sociales son como una autopista y Tiktok es la sublimación de la autopista: no está pensada para el contacto entre humanos ni la celebración, sino para la rapidez y el accidente, que nos desvía de los asuntos importantes. Vivimos en sociedades profundamente desiguales y el capitalismo de plataformas las fomenta mucho más: solo hay que ver las diferencias entre el capital que acumulan Elon Musk y los jefes de Google con el último trabajador de su empresa. Nunca antes en la historia había habido tanta diferencia. La relación del capitalismo de plataformas con la extrema derecha es de fraternidad.

¿Se puede democratizar el capitalismo de plataformas?

Hay quien propone nacionalizarlo como si fuera el agua o la electricidad, pero antes que eso es supernecesario conocer el algoritmo. Conocer los entornos es importantísimo. Hace falta mucha más alfabetización mediática y digital. La gente no se da cuenta del poder que tiene. Las empresas del capitalismo de plataformas son muy buenas en mitificar y en deslumbrarnos. Son ilusionistas, como David Copperfield. Además, a nivel político, venimos de decepciones importantes en varias partes del mundo, no solo aquí. Lo primero es recuperar el juicio crítico y la confianza social, de cuya pérdida se ha beneficiado sobremanera el capitalismo de plataformas: se sofocó el espacio público y pasó a ser un mero lugar de tránsito turístico, sin conflicto social.

La realidad siempre supera el metaverso. Así se ha vuelto a demostrar en el pleito que ha enfrentado a la entidad VEGAP, que gestiona los derechos de varios pintores, contra Mango. La Audiencia de Barcelona ha sentenciado que la firma de moda vulneró los derechos de autor de Miquel Barceló, Antoni Tàpies y Joan Miró al usar reproducciones en NFT (copias digitales) de sus obras como parte de una campaña de publicidad.

El pleito se remonta a la utilización sin autorización (admitida por la propia firma de moda) de obras de Tàpies, Barceló y Miró como parte de la publicidad de la apertura de una tienda de Mango en Nueva York. La compañía alegaba que, al recibir un aviso de VEGAP, cesó inmediatamente la exhibición de las obras en el metaverso, muestra de que no quería causar daño alguno.

En primera instancia, una jueza de lo mercantil avaló la versión de Mango, pero ahora la Audiencia de Barcelona he estimado el recurso de VEGAB y ha condenado a Mango, en una sentencia que la compañía recurrirá ante el Tribunal Supremo. La resolución condena a Mango a indemnizar a la entidad de artistas con 500.000 por daños patrimoniales y otros 250.000 por daños morales.

Los jueces han concluido que Mango reprodujo digitalmente sin autorización media docena de obras de las artistas y las transformó para crear “nuevas composiciones digitales”, como vídeos con animaciones y gráficos, además de generar NFT de las obras y comunicarlas en el metaverso Decentraland así como en su nueva tienda física de Nueva York.

Todo ello fue destacado por la compañía en la nota de prensa y los mensajes en redes sociales de la nueva tienda, lo que, según los jueces, acentúa el objetivo comercial de la acción. La “explotación” de las obras, remarcan los jueces, se llevó a cabo a través de Mango “con fines claramente vinculados a su estrategia comercial y de posicionamiento empresarial”.

La sentencia reprocha a Mango que su campaña de publicidad con las obras de Miró, Barceló y Tàpies supuso “no solo una intromisión en los derechos patrimoniales de propiedad intelectual”, sino también “la afectación del prestigio y la imagen pública de los autores”. Para los jueces, Mango quiso “genera una aparente asociación no consentida” entre la obra de los artistas y su nueva tienda, algo que para lo que tenía permiso.

“Resulta evidente que la reproducción y transformación no consentidas de las obras reportan un beneficio directo” a Mango, continúan los jueces, que lanzan otro reproche a la firma de moda al concluir que “se aprovechó del prestigio y reputación artística de creadores de gran reconocimiento internacional como Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló”.

Los jueces inciden en que es “especialmente significativo” que el nombre de los autores haya sido utilizado “de forma reiterada” en el material publicitario de la apertura de la tienda de moda, lo que supone un “reclamo comercial explícito para atraer al público” y “refuerza el carácter mercantil de la actividad desarrollada con base en la explotación no autorizada de dichas obras”.

Fuentes de Mango han indicado a la agencia Europa Press que la compañía “ha actuado siempre de buena fe durante todo el proceso” y que la acción no perseguía lucro ni explotación comercial alguna de las obras en cuestión, ni en particular de los NFT. Desde la empresa también han alegado que hasta este caso no existía jurisprudencia previa que resolviera un caso de las mismas características.

La inteligencia artificial es la tecnología de más rápida adopción de la historia. Está empezando a producir cambios estructurales en el empleo, la educación o la sanidad. Ha generado ingentes inversiones por parte de las empresas más ricas del mundo, haciendo que su eficiencia en costes suba rápidamente y que el acceso a ella se abarate para usuarios y desarrolladores. Las grandes potencias la consideran una palanca geoestratégica, lo que ha derivado en un esfuerzo global en su desarrollo y contribuido a cerrar la brecha entre los modelos más avanzados y las alternativas más pequeñas.

Sin embargo, todo esto está provocando que surjan iniciativas que aspiran a remodelar las bases sociales y económicas utilizando la IA como justificación. Esto incluye un desmantelamiento del gobierno que ya ha empezado en EEUU y la rapiña de datos personales y creaciones intelectuales. El puñado de empresas con el músculo para desarrollar IA puntera y construir la infraestructura necesaria, por su parte, está utilizando esa capacidad como filtro anticompetencia, para concentrar aún más su poder y para saltarse sus compromisos de sostenibilidad, agravando la crisis climática.

Son las dos caras de la revolución de la inteligencia artificial 30 meses después de que el mundo ocupara la casilla de salida, marcada por la irrupción de ChatGPT. Dos informes publicados esta semana ilustran esta dicotomía, en la que una misma tecnología representa el mayor motor de progreso y, al mismo tiempo, como fuerza desestabilizadora de la democracia y el estado del bienestar. Ambos diagnósticos coinciden en la magnitud del cambio, pero discrepan radicalmente en su dirección.

Una revolución a toda velocidad

El primero en aparecer fue el informe Tendencias, cuya autora principal es Mary Meeker. Apodada la “Reina de Internet” a principios de siglo, es una influyente inversora de capital riesgo estadounidense, reconocida por ser una de las analistas de referencia en el auge de las puntocom y la revolución digital. Meeker publicó informes anuales sobre las principales tendencias de Internet desde 1995 y fueron considerados como la “biblia” para inversores y líderes tecnológicos. En 2019 dejó de elaborarlos, pero este 2025 ha vuelto con una edición centrada en la inteligencia artificial.

La expresión “sin precedentes” se repite en 51 de las 340 páginas del informe. “El ritmo y alcance del cambio relacionado con la evolución de la tecnología de inteligencia artificial es realmente sin precedentes, como respaldan los datos”, refiere, apoyada en cientos de gráficas. Estas muestran cómo a la IA le tomará solo tres años alcanzar el 50% de penetración en los hogares de países desarrollados, por los seis años que tardó el Internet móvil, los 12 de años del Internet de escritorio o los 20 años del PC.

El ritmo y alcance del cambio relacionado con la evolución de la tecnología de inteligencia artificial es realmente sin precedentes

Además, a diferencia de esas tecnologías, donde hubo una brecha de desarrollo muy grande entre EEUU y el resto del mundo, con la IA la implantación está siendo mucho más uniforme. Esto se está consiguiendo con una accesibilidad económica apoyada en la caída drástica del coste por inferencia (una consulta a ChatGPT, por ejemplo), de un 99,7% en dos años.

“Lo que antes era prohibitivamente caro para todos excepto las empresas más grandes, ahora está al alcance de desarrolladores independientes, creadores de aplicaciones, investigadores con un portátil y empleados de pequeños negocios familiares”, dicen Meeker y su equipo.

Lo que antes era prohibitivamente caro para todos excepto las empresas más grandes, ahora está al alcance de desarrolladores independientes, creadores de aplicaciones, investigadores con un portátil y empleados de pequeños negocios familiares

Esta explosión del negocio de la IA está redefiniendo el panorama empresarial, impulsando ingresos récord y atrayendo inversiones masivas. En 2024, Microsoft superó los 13.000 millones de dólares en ingresos anuales por productos de IA, un 175% más que un año antes. OpenAI, por su parte, experimentó un salto aún mayor, con un aumento del 1.050% en ingresos, mientras que Anthropic (financiada por Google y Amazon) multiplicó por 20 sus ingresos anualizados en solo 18 meses, llegando a los 2.000 millones.

“A nivel de plataforma, la proliferación de modelos ha generado un nuevo tipo de flexibilidad. Los desarrolladores ahora pueden elegir entre docenas de opciones –ChatGPT de OpenAI, Llama de Meta, Mixtral de Mistral, Claude de Anthropic, Gemini de Google, Phi de Microsoft, entre otros–, cada uno de los cuales destaca en distintos dominios”, desglosa el informe. Una “pluralidad de opciones” que “está empoderando a una nueva ola de creadores para elegir el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades técnicas o financieras”.

Cada ola de actividad de desarrolladores reduce la fricción para la siguiente, comprimiendo el tiempo desde la idea hasta el prototipo, y del prototipo al producto

El dinamismo se extiende también a startups especializadas: Anysphere Cursor AI escaló de 1 a 300 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales en apenas 25 meses, y Harvey pasó de 10 a 70 millones en solo 15 meses. Según los datos que glosa el equipo de Meeker, las 100 principales empresas de IA en 2024 están alcanzando los 5 millones de ingresos un 35% más rápido que las principales firmas de software en 2018.

Ganancias que están impulsando una inversión sin precedentes. Las seis grandes tecnológicas de EEUU —Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon y Meta— dispararon un 64% su gasto de capital en 2024, alcanzando los 212.000 millones de dólares. La intensidad de esta inversión queda reflejada en la evolución del porcentaje de ingresos que utilizan en financiar despliegues de IA: ha pasado del 8% hace una década al 15% en 2024, con un ritmo de crecimiento anual del 21%. Amazon Web Services, por ejemplo, ha dedicado hasta el 49% de sus ingresos a este fin, frente al 4% que registró en 2018.

“Lo que está surgiendo es un círculo virtuoso de crecimiento en infraestructura liderada por desarrolladores”, defiende la analista, destacando que “a medida que más desarrolladores crean aplicaciones nativas de IA, también generan herramientas, envoltorios y bibliotecas que facilitan el camino para otros”.

“Cada ola de actividad de desarrolladores reduce la fricción para la siguiente, comprimiendo el tiempo desde la idea hasta el prototipo, y del prototipo al producto”, enfatiza: “Esto ya no es simplemente un cambio de plataforma. Es una explosión de creatividad”.

Con un destino incierto

Casi a la vez que la “Reina de Internet” volvía con un informe repleto de gráficas ascendentes, el AI Now Institute publicaba también su análisis anual sobre el estado de esta tecnología. Fundado en 2017 por Kate Crawford –académica australiana reconocida por su trabajo sobre las implicaciones sociales y políticas de la inteligencia artificial, miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno español– y Meredith Whittaker –presidenta de la Fundación Signal y especialista en tecnologías de vigilancia– es una de las instituciones más críticas con el actual desarrollo de la IA.

“La IA es fundamentalmente una concentración de poder en manos de las grandes empresas tecnológicas”, resume el análisis de este año. El informe sostiene que, aunque inicialmente se esperaban cambios en el sector digital con nuevos competidores como OpenAI y Anthropic, el panorama de los actores clave no ha cambiado mucho: Microsoft, Google, Meta, xAI de Musk, OpenAI (respaldada por Microsoft), y Anthropic (respaldada por Amazon y Google) siguen dominando.

La IA es fundamentalmente una concentración de poder en manos de las grandes empresas tecnológicas

Además, ahora lo hacen con la carta de “demasiado grandes para caer” a su favor. Esta consiste que, si bien estos gigantes están haciendo una ingente apuesta para que la revolución de la IA salga adelante, también hace el Gobierno haya empezado a considerar “un asunto de seguridad nacional” la necesidad de que tengan éxito. Esto conduce a beneficios regulatorios y subvenciones masivas, como el plan de inversión de 500.000 millones de dólares en infraestructura de IA de Donald Trump.

“Empresas como Microsoft, Google y Meta necesitan que la IA sea rentable porque han financiado el auge de la IA —en órdenes de magnitud mucho mayores que el capital de riesgo tradicional— impulsando las valoraciones de startups que están lejos de demostrar el tipo de rentabilidad que los inversores tradicionales buscarían”, advierten.

Empresas como Microsoft, Google y Meta necesitan que la IA sea rentable porque han financiado el auge de la IA en órdenes de magnitud mucho mayores que el capital de riesgo tradicional

El AI Now también se hace una pregunta fundamental: ¿cuánto está mejorando la vida de las personas este tipo de desarrollos? “En la práctica la IA se despliega constantemente de formas que empeoran la vida cotidiana de las personas, sus condiciones materiales y su acceso a oportunidades, y fortalecen a los sistemas que la incorporan”, denuncian. Ponen como ejemplo el sistema que Trump está implantando para vigilar a los migrantes.

Pese al entusiasmo que rodea a la inteligencia artificial, las expertas advierten sobre los fallos fundamentales en los sistemas actuales, como las llamadas “alucinaciones” (información falsa presentada con confianza como si fuera cierta), filtraciones de datos y sesgos discriminatorios heredados del entrenamiento. Estos problemas se agravan con la escala y contrastan con los beneficios prometidos, que muchos consideran exagerados y aún no demostrados.

En la práctica la IA se despliega constantemente de formas que empeoran la vida cotidiana de las personas, sus condiciones materiales y su acceso a oportunidades, y fortalecen a los sistemas que la incorporan

“Por un lado, la oligarquía tecnológica ha desplegado con éxito la 'IA' —como término de marketing estratégico y como conjunto de tecnologías de automatización— para cimentar y aumentar su poder. Al mismo tiempo, este poder está enormemente inflado, es contingente y está a punto de ser perturbado”, concluyen: “Enfrentarse a la doble realidad de cómo los que tienen el poder han desplegado sistemas de IA para causar daños significativos y, al mismo tiempo, exponer las formas en que este poder puede y debe ser desbaratado es el trabajo central de este momento”.

La dicotomía se hace visible cada día. Mientras cualquier estudiante puede ahora acceder a modelos de IA que hace dos años eran herramientas exclusivas, las decisiones sobre qué puede hacer con esa tecnología las toman un puñado de ejecutivos en Silicon Valley. Cada nueva funcionalidad que democratiza el acceso también genera datos que refuerzan el dominio de quienes controlan la infraestructura. La revolución de la IA no ha resuelto la tensión entre accesibilidad y control que heredó de Internet. La ha convertido en su característica definitoria.

En España, cada fin de semana, miles de webs legítimas y servicios digitales sufren problemas de acceso mientras los partidos de fútbol de primera y segunda división están en juego. Se trata de un efecto secundario de la estrategia antipiratería de LaLiga, que se las lleva por delante en un intento de cortar las retransmisiones ilegales de los encuentros por Internet. Una situación que se extiende desde principios de 2025 y que ahora valorará el Tribunal Constitucional.

RootedCon, la asociación que organiza uno de los mayores congresos de ciberseguridad de España y que ha estado personada en las acciones judiciales contra los bloqueos, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal. Su objetivo es paralizar el auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Barcelona, que habilita a LaLiga a solicitar a los operadores de telecomunicaciones que censuren grandes paquetes de datos que circulan por Internet si se detectan retransmisiones ilegales entre ellos.

“Dicha resolución judicial ignora de manera sorpresiva los argumentos planteados en nuestros recursos, en los que hacíamos referencia directa a los derechos fundamentales, a la tutela judicial efectiva y las libertades de expresión e información, amparados por la Constitución”, explica la asociación. “La negativa del juez a valorar estos derechos elementales deja en evidencia una preocupante deriva autoritaria en el uso de medidas judiciales para censurar y criminalizar el acceso a internet bajo pretextos difusos y generalistas”, protestan.

El recurso también solicita el establecimiento de medidas cautelares para que los bloqueos se detengan cuanto antes. No obstante, dada la inminente conclusión del campeonato (24 de mayo, en el caso de la primera división; y 22 de junio, para la segunda división), estas medidas corren el riesgo de no entrar en vigor antes de la próxima temporada.

Según los cálculos de los usuarios afectados, el número de dominios .com, .net y .org que fueron desactivados en algún momento por la maniobra antipiratería de LaLiga este fin de semana, en el que los bloqueos se intensificaron por el Barça-Madrid, ascendió a 2,7 millones. Una página web que permite a los afectados informar de las pérdidas que estos bloqueos han supuesto para sus negocios cifra estos perjuicios en unos 266.000 euros.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este atropello. Las medidas adoptadas, sin transparencia, sin proporcionalidad y sin garantías adecuadas, representan un precedente extremadamente peligroso para los derechos digitales de la ciudadanía y el ecosistema tecnológico español”, insisten desde RootedCON.

elDiario.es ha contactado con LaLiga para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal del fútbol no ha contestado al requerimiento. En anteriores declaraciones, tanto LaLiga como su presidente, Javier Tebas, han defendido que los bloqueos no son “indiscriminados” ni afectan a tantas páginas como algunos usuarios quieren hacer creer.

Desde LaLiga respetan la decisión de la asociación pero recuerdan que el Juzgado de Barcelona que ha llevado el caso “ya desestimó íntegramente las solicitudes de nulidad” presentadas hace unos meses, “no apreciando la existencia de vulneración de derechos fundamentales algunos”. “Dicha resolución reafirmaba que la acción ejercitada se ajusta a derecho, y está amparada por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y servicios de la sociedad de la información”, recalcan fuentes oficiales de la patronal del fútbol. 

“La resolución judicial está perfectamente fundada conforme a derecho, dejando claro además que los solicitantes carecían de legitimación para invocar los derechos que decían ostentar”, continúa LaLiga, que dice que se mantendrá “firme en su compromiso contra el fraude audiovisual para proteger los derechos audiovisuales de la competición, su sostenibilidad y la de los clubes de fútbol, así como la industria del deporte y del entretenimiento”.

Los bloqueos llegan también al Congreso

La situación ha llegado esta semana al Congreso. El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado una iniciativa para pedir al Gobierno que intervenga para “poner freno” a las prácticas de LaLiga, calificándolas de “abusivas y sin control” tras provocar la caída de “miles de webs totalmente legítimas”.

“El Gobierno debe de tomar cartas en el asunto ante los reiterados bloqueos a miles de páginas web porque, si no lo hace, implica un abandono de sus funciones dejándolas en manos privadas que obran en su propio beneficio y sin control”, ha reclamado Rego.

“Es incomprensible que empresas privadas puedan bloquear sitios web. La autorización judicial es absurda en este momento, pero ni siquiera se respeta”, afirma el diputado del BNG, recordando que dicha orden estipula que los vetos a la piratería deben realizarse “sin perjuicio de terceros”.

¿Cómo funcionan los bloqueos de LaLiga?

La estrategia de bloqueo de LaLiga se basa en cortar el acceso a direcciones IP completas cuando detecta retransmisiones ilegales de fútbol. En lugar de bloquear páginas específicas, solicita a los operadores de telecomunicaciones que censuren directamente esas IPs, con autorización judicial. El problema es que muchas de esas direcciones están asociadas a servicios CDN (Content Delivery Network), empresas legítimas que agrupan miles de webs bajo una misma IP para optimizar el tráfico y mejorar su protección ante ciberataques.

Al bloquear una IP compartida, se desconectan también webs totalmente legales, afectando a negocios y servicios que nada tienen que ver con la piratería.

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Esta información se ha actualizado con la respuesta oficial de LaLiga al recurso de amaparo de RootedCON, enviada tras su publicación inicial.

La Fiscalía ha apoyado por primera vez pedir al Gobierno que retire el deber de secreto de la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ante su nueva declaración como investigada por el espionaje mediante el programa Pegasus al exeurodiputado de ERC Jordi Solé.

Según ha podido saber elDiario.es, el fiscal ha solicitado a la jueza del caso que, antes de la comparecencia como imputada de Esteban, se mande al Gobierno una solicitud para desclasificar información y datos del CNI con el objetivo de “habilitar” la declaración de la exjefa del CNI ordenada por la Audiencia de Barcelona.

El fiscal apoya retirar el secreto a la obligación legal que, como exresponsable de los espías españoles, tiene Esteban de guardar silencio sobre las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de actividades, fuentes, organización, estructura, medios, personal o centros de datos del CNI.

“Cualquier explicación que se pretenda en tanto que derivada de su condición de exdirectora del CNI debe ser autorizada expresamente mediante el oportuno acuerdo expreso de desclasificación”, razona el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, en un escrito en el que apoya la petición de desclasificación realizada por el abogado de Solé, Andreu Van den Eynde.

En su primera comparecencia como imputada, Esteban se acogió precisamente a ese secreto que ahora se pide desclasificar para no dar detalles del espionaje al expresident Pere Aragonès. Cabe recordar además que el Gobierno se ha negado en todas las ocasiones que se lo han pedido los jueces a desclasificar información sobre los centros de datos donde el CNI habría almacenado el resultado del espionaje a los independentistas.

Las investigaciones judiciales repartidas por media docena de juzgados de Barcelona (se rechazó asumir todas las denuncias en una sola macrocausa) han empezado a derribar el muro que el CNI y el Gobierno levantaron ante las peticiones de esclarecimiento del espionaje a los independentistas.

Pese a que la empresa israelí NSO Group solo vende Pegasus a los estados, el Gobierno ha rechazado contestar a las peticiones judiciales sobre el coste del programa espía. Tan solo ha facilitado los tres autos judiciales (con tachones en varios párrafos) por los que el Tribunal Supremo autorizó el espionaje al expresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Hace menos de un año, el Gobierno negó a la jueza haber utilizado ningún software contra Solé. Esteban tampoco incluyó el nombre de Solé en los 18 independentistas que admitió haber espiado, siempre con aval judicial, en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso antes de que el Ejecutivo la cesara para intentar aplacar la crisis abierta con los independentistas a raíz del espionaje.

Sin embargo, las distintas investigaciones judiciales han empezado a delatar una coincidencia en los métodos del espionaje a los independentistas. El servidor y el método de infección del móvil de Solé (un SMS malicioso que sirvió para Pegasus entrara en el dispositivo) coincidían con el empleado en la infiltración a Aragonès, que sí está admitió por el CNI.

Como la Audiencia de Barcelona centró la declaración como imputada de Esteban en la “misma infraestructura informática” compartida en los espionajes de Solé y Aragonès, la Fiscalía ha pedido que se retire el deber de guardar secreto sobre los medios empleados por el CNI para “habilitar” la declarción como imputada de su exjefa.

En caso de que la jueza acuerde la petición de desclasificación, la pelota volverá a la mesa del Consejo de Ministros después de que las distintas pesquisas judiciales hayan aumentado la presión sobre el Gobierno por unos espionajes producidos ya bajo Ejecutivos encabezados por el PSOE y que han evidenciado las carencias en el control de la actividad del CNI.

Las investigaciones han constatado que el rastro informático del espionaje coincide tanto en los independentistas cuya infiltración se realizó con aval judicial (el principal argumento del Goberno para defender la legalidad del espionaje) como en los que no consta permiso alguno del Supremo para que el CNI accediera a su teléfono con el programa Pegasus, como el caso de Solé.

Es en esta coincidencia en el servidor informático y el método de espionaje donde se apoya la sección 7ª de la Audiencia de Barcelona para ordenar la nueva declaración como investigada de Esteban. El tribunal señaló que parece “indudable” la vinculación entre el espionaje realizado sobre el expresident Aragonès, sí admitido por el CNI, y el infringido sobre Solé, negado por el centro.

Además de comparecer como investigada por el espionaje de Solé, Esteban también deberá declarar bajo la misma condición por la infiltración en otros dos dirigentes de ERC, la actual eurodiputada Diana Riba y el diputado del Parlament Josep Maria Jové.

La difusión de noticias falsas y desinformación fue uno de los grandes caballos de batalla de la Unión Europea la pasada legislatura en la que se impulsaron novedosas legislaciones para regular la vida online. La intención de las leyes de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados Digitales (DSA) es que las conductas ilegales offline lo fueran también online y poner coto a los desmanes en las grandes plataformas, que se enfrentan a multas multimillonarias por el incumplimiento de las normas. Sin embargo, nada más arrancar el nuevo mandato de la Comisión Europea, se ha topado con el desafío de los dos principales magnates del sector: Elon Musk y Mark Zuckerberg. El asunto inquieta profundamente a la mayoría de gobiernos europeos, pero la capacidad de respuesta es limitada. 

Gobiernos como el de Francia o Polonia han llegado a acusar al dueño de X de “injerencia extranjera” por su apoyo a las fuerzas de la ultraderecha europeas y las campañas contra el primer ministro laborista británico, Keir Starmer, o el canciller alemán, Olaf Scholz. Emmanuel Macron acusó a Musk de impulsar una “internacional reaccionaria” y de interferir en las elecciones del Viejo Continente y su Gobierno ha señalado directamente a la Comisión Europea, a la que ha reclamado que actúe “de forma más vigorosa”. 

“Si la Comisión Europea no sabe protegernos contra esas injerencias o esas amenazas de injerencias, tiene que dar a los Estados miembros, a Francia, la capacidad para protegerse por sí misma”, advirtió el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot: “El debate público no puede deslocalizarse, ni quedar desregulado en grandes plataformas de redes sociales propiedad de multimillonarios estadounidenses”.

¿Libertad de expresión o injerencia?

La capacidad de actuación de las autoridades europeas respecto al apoyo del magnate a fuerzas ultras como Alternativa por Alemania es prácticamente nula porque le ampara la libertad de expresión. “Elon Musk como persona, como cualquiera de nosotros, tiene derecho a la libertad de expresión y, por tanto, puede decir cosas que nos disgusten mucho y con las que estemos muy en desacuerdo. Lo importante es, para aquellos que estemos en desacuerdo, explicar por qué lo que dice es incorrecto o falso, incita al odio, etcétera”, explica Jordi Calvet-Bademunt, investigador principal en The Future of Free Speech (Vanderbilt University). 

Tampoco considera que haya una injerencia extranjera como tal por ser el dueño de X y lo compara con el apoyo que medios británicos como The Economist o The Guardian manifestaron a Kamala Harris en las elecciones estadounidenses. ¿Y sobre el hecho de que sea uno de los principales asesores del presidente electo Donald Trump? “No es raro que los políticos de otro país expresen su opinión sobre la política de otro país. De nuevo, estaremos en gran desacuerdo respecto a las posiciones de Musk, pero eso no impide que él pueda expresar su apoyo a un candidato u otro”, explica.

La libertad de expresión de Musk es el argumento que esgrimen en la Comisión Europea, donde sostienen que su labor y el radio de acción de la DSA tiene que ver con el funcionamiento en sí de las grandes plataformas. Y es ahí donde también se choca con varios problemas, uno de ellos la propia lentitud de los procesos burocráticos de la burbuja comunitaria. “Se trata de una nueva legislación. Es un ámbito muy nuevo que estamos explorando y somos los primeros en todo el mundo en haber establecido este tipo de marco jurídico. Así que lleva tiempo empezar”, justificaba esta semana el portavoz comunitario, Thomas Reigner, sobre el letargo en el que están sumidos los expedientes de infracción de las grandes plataformas digitales. 

La lentitud de Bruselas

La Comisión Europea ha abierto varias investigaciones a X, Meta o TikTok por diversos incumplimientos de la DSA, pero apenas han dado frutos. El que más avanzado está es el que se inició hace más de un año (diciembre de 2023) contra la red social de Musk por vulneraciones respecto a la transparencia, la verificación de cuentas, el escrutinio público o el acceso a los investigadores y al repositorio de anuncios. El procedimiento es tedioso y de ida y vuelta. A la apertura del expediente respondió X y en julio de 2024 la Comisión Europea dio un paso más al hacer una acusación formal, a la que de nuevo la compañía podía presentar alegaciones. Estas se están analizando ahora mismo y fuentes comunitarias sostienen que se trata de cientos de documentos. 

Además, la acusación dejó fuera buena parte del expediente: lo que tenía que ver con los procesos de verificación a través de las notas de la comunidad (que es el que ahora quiere copiar Meta) y lo relativo al control de los discursos de odio. Eso sigue en una fase anterior. “La investigación sigue en marcha”, dicen en Bruselas más de un año después. 

Entre los “riesgos sistémicos” que analiza la Comisión Europea en el marco de la DSA está el impulso a determinados discursos o cuentas -entre las que podría estar el propio Musk- respecto a otros. Pero ese control también provoca dudas. Lo que sostienen fuentes comunitarias es que la promoción de determinadas cuentas puede ser beneficiosa en algunos momentos, como por ejemplo en la información sobre catástrofes naturales. “No hay ninguna norma que diga que no se pueden impulsar las cuentas. La arquitectura de la DSA es que impulsar una cuenta a través de un sistema de recomendación debe ser considerado como un factor de riesgo adicional”, expresan esas fuentes. 

“Es una norma muy reciente y con unos términos muy vagos respecto a los riesgos sistémicos que nadie sabe cómo interpretar: no sabe la Comisión, no lo saben las empresas y no lo sabe la sociedad civil”, señala Calvet-Bademunt, que apunta a un debate sobre el asunto y que define como “un cajón de sastre en el que van todas las cosas que queremos para nuestra sociedad”: “Queremos que las plataformas luchen contra la diseminación de contenido ilegal, que protejan nuestras elecciones, pero también queremos que protejan la libertad de expresión. Ahí es donde se plantean los problemas, cómo tenemos que interpretar estas obligaciones de riesgo sistémico y qué implican para X”. 

El investigador de The Future of Free Speech opina que recortar ahora el impulso a los discursos de la extrema derecha puede sentar un precedente peligroso si en algún momento es la que controla la Comisión Europea y, por tanto, le corresponde aplicar las normas. “Promocionar un tipo de contenido más de derechas o más de izquierdas no debería dar lugar a sanciones. Y el motivo que nosotros damos para eso es precisamente que lo que hoy aplica una persona mañana lo puede aplicar un político de extrema derecha o extrema izquierda que preocupe al lado opuesto”, defiende. 

El jurista Borja Adsuara, especializado en derechos digitales, apunta en el mismo sentido que Calvet-Bademunt. Argumenta, de hecho, que la DSA ha abierto un “peligroso” camino al permitir a las redes sociales que eliminen contenidos que no son ilegales, pero que sí pueden ser ofensivos para algunas personas. Además, explica que la propia Comisión Europea y los gobiernos nacionales han intentado indicar a las plataformas cuáles son las “prácticas adecuadas” para esta moderación a través de los convenios de buenas prácticas en redes sociales, lo que a su juicio implica una “censura indirecta” por parte de los poderes públicos.

Para el abogado, el rango de movimiento de la Comisión Europea respecto a los últimos cambios en X y las redes de Meta es limitado. Avisa que si Bruselas decide finalmente multar a la red de Musk por su sistema de verificación de datos basado en la actividad de los propios usuarios, es previsible que este forme un tándem con Zuckerberg y eleven el caso “al Tribunal de Justicia de la UE o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que es un asunto que tiene que ver con la libertad de expresión”.

No obstante, Adsuara destaca que la DSA plantea la creación de organismos nacionales de autorregulación para la desinformación. “Serán similares a Autocontrol en el ámbito publicitario”, señala, y se podrán usar “como el VAR, en el fútbol, para pedir que ser revise la decisión de moderación de una red social. Eso irá creando una jurisprudencia de resoluciones que sentarán precedente”, detalla en conversación con este medio. 

Esos organismos (no tendrá por qué haber solo uno) deberán ser aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que recientemente el Gobierno ha dotado de más capacidades para que ejerza como un regulador específico de los gigantes digitales. 

Presión sobre la Comisión Europea

Públicamente la Comisión Europea, que está a la espera de la toma de posesión de Donald Trump para ver cómo articula la relación con el nuevo inquilino de la Casa Blanca que trajo de cabeza a la dirigencia europea en su anterior mandato, ha sido muy prudente en su respuesta tanto a Musk como al seguidismo que le está haciendo Zuckerberg. No obstante, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, y el comisario de Justicia, Michael McGrath, se comprometieron en una carta remitida a los eurodiputados del área a impulsar “enérgicamente” una investigación sobre si la red social X de Elon Musk infringió la ley de moderación de contenidos, según informó Bloomberg.

La capacidad de la UE pasa fundamentalmente por la imposición de sanciones multimillonarias por el incumplimiento de las reglas. Las multas pueden llegar al 6% de la facturación global de las compañías. El asunto ha abierto un debate profundo y hay quien apunta al bloqueo de las plataformas por injerencias o incumplimientos de las reglas, pero es un escenario altamente improbable. “Cerrar plataformas bajo la Digital Services Act es algo extremadamente raro, puntual y tiene que estar justificado bajo circunstancias muy específicas”, apunta Calvet-Bademunt, que ve esa posibilidad “muy baja”.

A nivel político se intensifica, no obstante, la presión sobre la Comisión Europea. Los grupos que sustentan la coalición que ‘gobierna la UE’ (PPE, socialistas, liberales y verdes) han impulsado un debate sobre el asunto en el Parlamento Europeo. La eurodiputada del PSOE Hana Jalloul ha preparado una carta que están firmando más parlamentarios para enviársela a principios de la semana que viene a la alta representante, Kaja Kallas, para que tome cartas en el asunto. Jalloul considera que Musk, al utilizar el control de sus redes para aupar a líderes de extrema derecha, puede “alterar la opinión pública y los resultados electorales”, lo que agrava la amenaza a la democracia en la UE y plantea “nuevas herramientas y sanciones para abordar la interferencia extranjera en procesos electorales, con herramientas actualizadas para contrarrestar las amenazas emergentes planteadas por plataformas en línea como X y las acciones de figuras como Elon Musk”. “Las herramientas actuales de política exterior de la UE han demostrado ser insuficientes para abordar el alcance y la complejidad de esta amenaza”, advierte la socialista.

La detención de Pável Dúrov en París ha desatado un debate global sobre las características de Telegram, su papel en el ejercicio de la libertad de expresión en la red y la capacidad de control de los gobiernos de los delitos que se cometen en el ámbito virtual. También sobre cuáles son las verdaderas intenciones de Francia. Tras tres días bajo arresto, la Fiscalía gala hizo públicos los doce delitos de los que lo acusa la noche del lunes, entre los que se encuentran complicidad con el tráfico de drogas, la distribución de pornografía infantil o la pertenencia a banda criminal.

El motivo es del arresto es la falta de colaboración de Telegram y, por extensión, de Dúrov, con los tribunales franceses en la investigación de esos crímenes. La app suele ignorar los requerimientos de información de las autoridades, una política contra la que han chocado otros sistemas de justicia europeos, como el español. Muchos han visto en la detención de su fundador una acción similar a la persecución de Julian Assange y un ataque a las libertades en Internet.

“Es 2030 en Europa y te ejecutan por dar like a un meme”, tuiteó Elon Musk al conocer la noticia de la detención. “Me sorprende y entristece profundamente que Macron haya descendido al nivel de tomar rehenes como medio para acceder a comunicaciones privadas. No solo rebaja a Francia, sino al mundo”, publicó Edward Snowden, exiliado en Rusia tras destapar una operación de vigilancia masiva del Gobierno de EEUU utilizando a sus multinacionales digitales.

La retórica del “rehén” también ha sido empleada por mandatarios del Kremlin. El ex presidente y ex primer ministro ruso y actual viceconsejero de Seguridad, Dmitri Medvédev, afirmó que el motivo de la detención es la ciudadanía rusa de Dúrov: “Para todos nuestros enemigos comunes ahora, él es ruso y por lo tanto impredecible y peligroso”. “Ahora básicamente tienen un rehén y tratarán de chantajear a Rusia, tratarán de chantajear a todos los usuarios de Telegram”, coincidía María Bútina, actual miembro de la Duma estatal.

Otros expertos, como el español Enrique Dans, han destacado el sinsentido que, a su juicio, representa la detención del responsable de una plataforma de comunicación por lo que sus usuarios hacen en ella. “El responsable es el que lo hace, no el que crea un canal que lo permite. La situación es tan profundamente ridícula como lo que supondría detener y encarcelar al CEO de Correos, o mejor, al de La Poste, Philippe Whal, porque algunos usuarios han usado su servicio para enviarse drogas, para intercambiar fotos de menores desnudos, para amenazar a alguien o para coordinar una actividad terrorista”, ha escrito el profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School.

Macron ha negado cualquier motivación política. “La detención del presidente de Telegram en territorio francés se produjo en el marco de una investigación judicial en curso. Esto no es en modo alguno una decisión política. Corresponde a los jueces decidir”, dijo el lunes, poco antes de que la Fiscalía comunicara su acusación oficial. “En un Estado de derecho, tanto en las redes sociales como en la vida real, las libertades se ejercen dentro de un marco establecido por la ley”, recalcaba.

La prudencia de muchos

Hay una tercera corriente en el debate. Está marcada por el silencio respecto a la detención de Dúrov que de momento mantienen todas las principales organizaciones de defensa de los derechos digitales del mundo. Las mismas entidades que han exigido durante años la liberación de Assange y han denunciado la persecución de muchos otros activistas han preferido no criticar la acción francesa ni sus supuestas implicaciones para el resto de Internet. Ni siquiera la propia Wikileaks lo ha denunciado.

Tampoco se ha posicionado La Quadrature du Net, la organización francesa contra la vigilancia y la censura online confundada por Jérémie Zimmermann, uno de los más cercanos amigos de Assange. La Electronic Frontier Foundation (EFF) tampoco ha salido en defensa de Dúrov, aunque se ha mostrado “preocupada” por todo lo que está ocurriendo alrededor de Telegram, al igual que Access Now.

“Muchos detalles sobre este caso siguen sin estar claros y responderemos con más detalle una vez que se disponga de un acta de acusación. La falta de información sobre la detención y los cargos es preocupante porque este caso afecta a una plataforma de comunicación global utilizada por cientos de millones de personas”, han explicado fuentes de EFF a elDiario.es.

“Para ser claros, Telegram no es un modelo de responsabilidad corporativa”, han manifestado por su parte desde Access Now, que señala “la falta de políticas claras y transparentes de Telegram en lo que respecta a la moderación de contenidos, así como su falta de canales de apoyo viables y de recursos accesibles para los abusos en la plataforma”. Esto no impide que la ONG siga “con gran preocupación” la noticia de la detención de su fundador, instando a las autoridades francesas “a que respeten estrictamente el estado de derecho y las garantías procesales”.

La prudencia a la hora de defender a Dúrov se extiende al grupo hacktivista español Xnet, al consorcio European Digital Rights (EDRi) así como a las organizaciones latinoamericanas Derechos Digitales o Fundación Karisma.

Las entidades que trabajan en defensa de la privacidad digital en Europa tampoco se han sumado al barco de Telegram. Ni la británica Privacy International ni la austriaca Noyb, dirigida por el abogado Max Schrems. El mismo que ha tumbado dos acuerdos internacionales en el Tribunal de Justicia de la UE para la transferencia de datos entre Bruselas y Washington por suponer un riesgo de que la inteligencia estadounidense acceda a información de los europeos. El propio Schrems tampoco se ha posicionado de manera personal.

Algunos expertos en criptografía y cifrado de los mensajes han alertado de que tres de los cargos de los que Francia acusa a Dúrov tienen que ver con el uso de esta tecnología. Pese a ello, la Fundación Signal, que sostiene la app de comunicación considerada más segura por los expertos y que muchos apuntan como el “siguiente objetivo” tras Telegram, no ha criticado la detención. Su presidenta es Meredith Whitaker, una de las voces más reconocidas del mundo en la defensa del cifrado de extremo a extremo en las plataformas. Y ha pasado los dos últimos años haciendo campaña contra una ley de la UE que podría romper esta medida de seguridad de las comunicaciones digitales. También ha guardado silencio sobre Telegram.

Hay demasiados interrogantes que impiden saber si estamos ante un ejercicio normal de la regulación de plataformas o se trata de una peligrosa intromisión estatal en la libertad de expresión

La lista sigue. “La mejor opción en estos momentos sería la cautela, porque todavía no tenemos todos los datos. Me temo que esa es la opinión más sensata”, dice Joan Barata, experto en libertad de expresión en el ámbito digital y asesor de organizaciones como el Consejo de Europa o la Organización de Estados Americanos. “Hay demasiados interrogantes que impiden saber si estamos ante un ejercicio normal o esperable de lo que podríamos llamar regulación de plataformas o se trata de una peligrosa intromisión estatal en la libertad de expresión”, avisa en conversación con este medio.

Barata explica que en este momento hay varios escenarios posibles que han podido motivar la detención de Dúrov. El primero de ellos sería que el Estado francés quiere presionarlo para que abra un agujero en su cifrado que puedan utilizar sus servicios de inteligencia. Una opción que resultaría “muy problemática”, ya que “estaríamos en una dinámica más propia de países autoritarios”, destaca.

“Distinto sería si lo que sucede es que hay una serie de contenidos que no están cifrados con relación a los cuales la justicia francesa le pide que colabore, retirándolos, y lo que ocurre es que Telegram se ha negado porque considera que no es ilegal”, continúa el especialista. “En ese caso existen una serie de protecciones para las plataformas, que actúan como intermediarios y no son directamente responsables del contenido. Hay margen de defensa y habría que estudiar con detalle los casos concretos”.

Por último, hay una tercera posibilidad. “Si el contenido es manifiesta y absolutamente ilegal, como pornografía infantil o terrorismo, y a Telegram se le ha notificado en tiempo y forma correctas por la Policía o la justicia, pero aun así se ha negado a retirarlo o colaborar”, expone: “Ahí entraríamos en un supuesto en el que se le podría exigir una responsabilidad”.

Entre los cargos que cita Barata están algunos de los que la Fiscalía ha acusado a Telegram, quien niega cualquier implicación. “Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma”, ha afirmado en un comunicado: “Telegram cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales: su moderación se encuentra dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente”.

Telegram no es una app cifrada de extremo a extremo por defecto

Parte de las críticas contra la detención de Dúrov se basan en el supuesto cifrado de extremo a extremo que aplica Telegram a las comunicaciones de sus usuarios. Esta medida de seguridad impediría que la plataforma accediera al contenido de los mensajes y, por tanto, que pudiera colaborar con la justicia para dar datos de los criminales que utilizan su servicio. Pero esto no es cierto.

Telegram no utiliza el cifrado de extremo a extremo por defecto en su sistema. Este solo está activado en los “chats secretos”, como los denomina la empresa. Se trata de mensajes directos con otro usuario que solo se habilitan cuando ambos lo seleccionan. La opción para hacerlo está relativamente oculta dentro de la aplicación, ya que es necesario abrir el chat personal normal (sin cifrado “de extremo a extremo”, en el que solo los intervinientes en la conversación pueden descifrar los mensajes porque solo ellos tienen las llaves) con otro miembro de Telegram, ir a su perfil y seleccionar la opción “más” en el menú, donde aparece la opción “iniciar chat secreto”.

El resto de los chats y los canales públicos están cifrados con un método propietario que proporciona Telegram. Es decir: las claves de descifrado las almacena la propia plataforma, por lo que a un tercero le resultaría muy complicado interceptar una conversación desde fuera de la app, pero Telegram tiene acceso a todos los datos de las comunicaciones.

“Amigos, Telegram no es una aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo como Signal o WhatsApp”, ha recordado Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la EFF. “Es una aplicación de redes sociales cuyo contenido es todo público, en la que se puede activar la mensajería cifrada con criptografía cuestionable que la mayoría de la gente ni siquiera se molestan en usar”, añadía: “¿Sabéis qué más nunca está cifrado de extremo a extremo en Telegram (a diferencia de Signal y WhatsApp)? Los chats grupales. La cantidad de usuarios de Telegram con los que hablo que piensan que sus chats grupales son cifrados es… mucha”.

Algunos de los mayores expertos en criptografía del mundo, como Matthew Green, profesor en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EEUU), han recordado este hecho al hilo de la detención. “Espero que el arresto de Pável Dúrov no lleve a que él o Telegram sean presentados como héroes de la privacidad. Telegram ha actuado sistemáticamente para recopilar enormes cantidades de datos privados innecesarios en sus servidores, y su única medida para protegerlos era ”confía en nosotros'“, ha publicado.

“Durante años, la gente les rogó que implementaran un cifrado predeterminado, aunque fuera rudimentario, y se negaron rotundamente a hacerlo. Su respuesta fue trasladar sus centros de datos a varios países de Oriente Medio y argumentar que eso hacía que sus datos estuvieran a salvo”, ha continuado.

Green afirma que esta práctica ha convertido a Telegram “en una aspiradora de datos gigante” mientras se publicitaba como una opción segura para insurgentes por su política de no colaboración con las autoridades, lo que también la ha hecho atractiva para criminales. “Objetivos obvios para el espionaje”, destaca el profesor: “Prácticamente estás rogando que alguien venga a buscar la pila de datos resultante, con o sin tu cooperación”.

“Puedes creer que Telegram tenía un objetivo malicioso al hacer esto. Puedes asumir que fueron simplemente negligentes. No me importa: los resultados son todos muy, muy malos”, concluía: “Así que, por supuesto, enfádate porque Francia esté utilizando poderes legales extraños para detener a Dúrov. Se siente legítimamente mal. Pero no hay que idolatrar a esta gente. Sabían exactamente lo que estaba en juego y podrían haber hecho cosas reales para proteger a sus usuarios vulnerables. Pero no lo hicieron”.

Fuentes de la app han defendido su sistema de cifrado en declaraciones a este medio. “En Telegram todos los mensajes están fuertemente cifrados. El esquema de cifrado de Telegram está completamente documentado y sus aplicaciones son de código abierto”, han explicado desde la compañía.

“Cuando se trata de chats en la nube, vale aclarar también que todo lo que está almacenado en los servidores de Telegram es cifrado de manera segura. Además, las claves de cifrado nunca son almacenadas junto a los datos que protegen. Como resultado, los datos no pueden ser descifrados”, alegan.

El asesinato de un niño en Mocejón (Toledo) ha reabierto el debate sobre las herramientas del Estado de Derecho para proteger a poblaciones vulnerables de los ataques coordinados en redes. El homicidio se ha usado como rampa de lanzamiento para una campaña de odio que señaló sin pruebas a personas africanas como autoras de los hechos, provocando una avalancha de mensajes xenófobos en las principales plataformas. Un alud de lodo y toxicidad digital que ha arrastrado el polvo que durante meses han sembrado partidos como PP y Vox, vinculando la delincuencia con la inmigración a partir de bulos y datos sesgados. Todo ello al estilo de la nueva ultraderecha que en España encarna Alvise Pérez.

Muchos participantes en la campaña de odio contra el colectivo inmigrante intentaban borrar a última hora de este martes las pruebas de sus ataques, eliminando comentarios y dando de baja sus cuentas después de conocerse la detención de un ciudadano español como presunto asesino. También pretenden dificultar así la labor de la justicia, una vez que la Fiscalía ha anunciado que investigará los hechos como presuntos delitos de odio. Un frente más de la batalla contra el odio que cabalga Europa a lomos de desinformación y algoritmos, y que en países como Reino Unido ha llegado a provocar disturbios callejeros.

La lucha entre los odiadores y los tribunales en ocasiones resulta desigual, debido al amparo que ofrecen las plataformas y a la posibilidad de cerrar un perfil anónimo para abrir otro minutos después y continuar con su labor tóxica. Este miércoles, el fiscal coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, reconocía en una entrevista en la Cadena Ser que su equipo podría beneficiarse de “perfeccionamientos técnicos” en la regulación tanto en la investigación de estas campañas como para proteger a las víctimas.

Entre ellos citaba la posibilidad de que los tribunales puedan deshacer el anonimato en el que se amparan muchos perfiles que difunden odio. También el de imponer órdenes de alejamiento digital contra los condenados, impidiendo así que puedan reincidir sin apenas consecuencias.

Son herramientas que ya habían estado antes sobre la mesa. Sin embargo, como ocurre con otras regulaciones digitales, llevarlas a la práctica no es una tarea tan sencilla como podría parecer. Implica atravesar un laberinto que toca derechos fundamentales como la libertad de expresión, así como lograr la colaboración de las multinacionales que diseñan esos algoritmos, pero sin otorgarles aún más poder en el control del discurso público online.

Así ocurre en el caso del anonimato online. Las sentencias de los tribunales que investigan delitos perpetrados en las grandes plataformas o las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) están plagadas de ejemplos donde los requerimientos de las autoridades españolas tardan meses en ser atendidos por las redes sociales, o ni siquiera son contestados. “Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor”, lamentó Aguilar.

“Habría que estudiar y valorar que las personas que actúan en redes sociales estén debidamente identificadas y que sobre todo, cuando lo requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas”, continuó.

No obstante, las plataformas no lo ponen fácil y se niegan a dejar que autoridades que no sean las de sus países de origen (EEUU en el caso de Instagram, Facebook, Twitter o YouTube, o China en el caso de TikTok) entren en sus sistemas. “A no ser que el investigado haya sido muy hábil ocultando sus datos de conexión y su identidad, las plataformas disponen técnicamente de esa información. Si no colaboran es por una cuestión de falta de voluntad”, señala Borja Adsuara, jurista especializado en derechos digitales.

¿Quién maneja la identidad de los usuarios?

El uso de un pseudónimo está considerado una herramienta para ejercer la libertad de expresión, ya que permite expresar una opinión sin temor a represalias personales. Sin embargo, la inmensa mayoría de los especialistas están de acuerdo en la necesidad de establecer mecanismos que permitan conocer la identidad de los usuarios de Internet cuando es un juez el que la reclama. Así está estipulado, por ejemplo, en la Carta de Derechos Digitales española, un documento oficial aunque no vinculante políticamente que sirve como hoja de ruta de las políticas del Gobierno en materia virtual.

El problema es que hoy por hoy, como expresa el fiscal especial contra los delitos de odio, no hay resortes que permitan forzar esta identificación si las redes no colaboran. Algunos expertos han propuesto exigir a las plataformas que soliciten a los usuarios datos identificativos, como su DNI, durante el proceso de registro. Pero la solución no convence a todos, ya que implica una aún mayor extracción de información personal por empresas cuyo modelo de negocio es explotarla con fines comerciales.

La solución que llega desde Bruselas es el reglamento eIDAS 2, que actualiza la normativa sobre identificación electrónica y servicios de confianza de la UE. Su principal novedad es la introducción de una cartera digital común, una aplicación móvil que estandarice los sistemas de identificación personal en los diferentes estados miembros. Su objetivo es mejorar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de identificación electrónica de cada país, pero también establecer un sistema seguro para que los ciudadanos puedan identificarse en Internet sin que se transfieran todos sus datos a las redes sociales ni otras empresas privadas que prestan servicios digitales.

De esta forma, el eIDAS pretende que si un ciudadano español alquila un coche en Estonia, pueda compartir con la agencia de alquiler tan solo el dato de que tiene un carnet de conducir en vigor en España. No tendría así que enviar copias de su carnet de identidad y de conducir a una empresa extranjera de la que apenas tiene referencias, perdiendo el control sobre sus datos personales y exponiéndolos a filtraciones o hackeos.

Pero, de nuevo, llevar estas ideas a la práctica no resulta sencillo. La primera iniciativa española para utilizar las herramientas que pone sobre la mesa el eIDAS 2 fue la app para impedir el consumo de porno en menores. El objetivo del Gobierno es que los ciudadanos se identifiquen antes de entrar a webs para adultos (compartiendo tan solo el atributo de si son mayores de edad o no) y así impedir que los niños puedan consumir estos contenidos. Pese a basarse en tecnología avalada por la UE, la propuesta generó una enorme polémica y múltiples acusaciones contra el Ejecutivo por pretender elaborar “listas” de consumidores de porno.

El eIDAS 2 planea que no solo sean los gobiernos nacionales quienes gestionen esas carteras digitales, sino que también puedan adherirse empresas privadas y organizaciones que cumplan los requisitos de seguridad. No obstante, aún quedan años para eso. El plan de Bruselas es empezar a promover a gran escala estas herramientas a partir de 2027 y que para 2030 su implantación alcance el 80%.

“Tú tienes derecho a usar un seudónimo frente a los demás, pero en algún lugar tiene que haber una tabla de equivalencias donde diga a qué identidad corresponde ese seudónimo”, expone Adsuara. “Aquí hay varias posibilidades: que la tabla de equivalencias la tenga la red social, o que como dice el eIDAS 2, la tenga un tercero de confianza y tú no tengas por qué decir quién eres a todos los sitios de Internet en los que te registras”, añade.

Prohibido acercarse a las redes sociales

Otra de las medidas concretas que pedía Aguilar es la posibilidad de que “los tribunales puedan acordar la prohibición de acudir a entornos digitales” en los casos de delitos de odio. Una especie de 'orden de alejamiento' como las que ya existen para los condenados por abusos o violencia de género, a quienes se prohíbe contactar virtualmente con sus denunciantes, pero extendido a todas las plataformas y cualquier interacción digital.

Desde los tribunales se han dado órdenes similares de 'alejamiento' de las redes para condenados por violencia machista. Pero este tipo de veto concreto que se plantea ahora para quienes utilizan esos instrumentos digitales para lanzar odio tiene un precedente. En 2022, el Tribunal Supremo ratificó un fallo de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que en 2019 había condenado a un youtuber por dar galletas oreo rellenas con pasta de dientes a una persona sin hogar, grabarlo en vídeo y subirlo a su canal. Además de una multa de 20.000 euros, la sentencia incluía la prohibición de entrar en YouTube durante cinco años para el joven, que en ese momento tenía 1,2 millones de seguidores.

La prohibición no se articuló a través del delito de odio, sino contra la integridad moral. El Código Penal dicta que la “privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito”. Aguilar sugiere ahora que el delito de odio contemple esa prohibición, para impedir que “aquellas personas que se han servido de Internet o redes sociales para la comisión de un delito, puedan acceder al medio a través del que lo han cometido”.

El fiscal aclaraba que sería solo en “los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto”. Pero ponía como ejemplo la propia sentencia contra el youtuber para explicar por qué sería “interesante” contar con este tipo de mecanismo para los delitos de odio relacionados con la xenofobia o el machismo. Además, no lo limita solo al terreno digital, sino que también cita su utilidad para impedir que los racistas condenados entren como público a recintos deportivos.

La reforma que haría posible las órdenes de alejamiento virtuales para los culpables de delitos de odio está incluida en el anteproyecto de ley orgánica para la protección de menores en el entorno digital que el Consejo de Ministros aprobó en junio. El texto lo enmarca como una “pena de prohibición de acceso o de comunicación a través de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual, cuando el delito se comete en su seno. De este modo, se vincula el contenido de la pena a la naturaleza del delito, y se establece una mayor protección de las víctimas, evitando la reiteración de conductas punibles”. La norma aún debe ser ratificada por el Congreso.