La industria digital recela del “control duro” de la edad de los menores en redes que el Gobierno plantea para 2026
Los encargados de aplicar la norma no lo ven tan claro como el Gobierno. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, adelantó este diciembre que el Ejecutivo espera poder implantar en 2026 una verificación de edad digital destinada impedir que los menores accedan a contenidos para adultos o a las redes sociales sin tener la edad recomendada (actualmente está en 14 años, pero el Congreso negocia una nueva ley que plantea elevarla a 16). La vía que maneja el Ministerio es una verificación de la edad de todos los usuarios que pueda detectar a los niños y adolescentes, similar al aprobado recientemente en Australia.
La industria digital, sin embargo, recela de este método. Lo considera un “control duro” que “puede generar riesgos relevantes en materia de privacidad, accesibilidad y competitividad”. Por ello, pide “un enfoque flexible y proporcional” basado en “controles parentales y programas de alfabetización digital”, en el que sea cada familia la que decida cómo supervisa el consumo digital de los menores.
Así lo expresa en un comunicado enviado a este medio Adigital, una de las principales patronales tecnológicas españolas, de la que forman parte las grandes multinacionales estadounidenses que resultarán claves para el éxito de la medida. Para la asociación, la “verificación universalidad de la edad” que plantea el Gobierno puede suponer “cargas desproporcionadas a empresas y usuarios”. Por ello, piden que se base en la “evaluación de riesgos”, es decir, que no tenga que pasar el mismo control alguien que intente acceder a una página pornográfica que un usuario de las plataformas mayoritarias.
Los representantes de la industria señalan que poner el foco en la concienciación, en cambio, puede “reforzar la corresponsabilidad de familias y escuelas” en el proceso de la navegación segura para los menores.
Fuentes de las empresas directamente involucradas en el proceso de verificación de edad, con las que el Gobierno tendrá que colaborar, comparten esta opinión y han empezado a deslizarla en privado. Sus responsables entienden que se trata de una medida que puede ir directa a los titulares, pero con muchos problemas para ponerse en práctica. “Coarta la libertad de expresión también de los adultos que no quieren esa navegación fiscalizada”, aseguran.
“Parece desproporcionado crear un control para toda la población cuando es solo un colectivo el que la necesita”, opinan, ante la creencia de que “el café para todos no funciona”. Aunque reconocen que los problemas de adicciones o exposición a algoritmos nocivos en los menores es un problema que preocupa a una parte cada vez mayor de la sociedad, señalan que el camino “es la corresponsabilidad” con las familias: “Un adecuado control parental convierte el teléfono en un zapato”, alegan estas fuentes.
A qué llaman “control duro”
El sistema que propone el Gobierno, y que la industria califica de “control duro”, se articula en torno a una aplicación móvil llamada “Cartera Digital Beta”. Esta herramienta ha sido desarrollada por el Ministerio de Transformación Digital basándose en el Reglamento Europeo eIDAS 2, una normativa comunitaria diseñada para estandarizar la identificación electrónica en toda la UE. El sistema requiere que el usuario se registre utilizando su DNI electrónico, el sistema Cl@ve o un certificado digital oficial, vinculando así su dispositivo móvil a su identidad real.
De esta forma, cuando un usuario intente acceder a una web con contenido para adultos, esta le mostrará un código QR que deberá escanear con la aplicación de la Cartera Digital. En ese momento, la app no envía al portal ni el nombre ni la fecha de nacimiento de esa persona, sino que emite una “credencial de acceso” anónima que confirma que el usuario es mayor de edad.
Según explicó Transformación Digital en 2024, cuando se dio el pistoletazo de salida al proyecto, estas credenciales funcionan mediante paquetes de usos limitados que caducarán cada 30 días, obligando al usuario a renovar periódicamente su verificación. La app no almacenaría un registro de a quién se envían estas credenciales.
Se trata de un sistema avalado por la UE, que en el futuro quiere implantarlo a todos los ámbitos de la identidad digital como un método para reducir el envío de datos personales a terceros. Al alquilar un coche por Internet, por ejemplo, el sistema permitiría enviar tan solo una credencial que indique que el usuario dispone de carnet de conducir, y no una fotografía del documento, reduciendo el margen para ciberataques o filtraciones.
El objetivo del Gobierno es empezar a aplicarlo desde 2026 para controlar el acceso de los menores a las redes sociales y contenidos inadecuados, como pornografía o apuestas. España participa actualmente en un proyecto piloto europeo junto a Francia, Grecia, Italia y Dinamarca para probar el sistema, siendo Cartera Digital Beta la app “más adelantada y la única que está lista”, según ha defendido Óscar López.
Expertos en privacidad, no obstante, ya advirtieron cuando se presentó el sistema que acumular toda esta información en una misma aplicación estatal crea un punto único de fallo: si la seguridad de la Cartera Digital se viera comprometida, los atacantes podrían vincular trazar un gran número de actividades con la identidad real del ciudadano. “En Internet todos somos vulnerables. Acumular en un mismo sitio todo este tipo de información, desde mi punto de vista es peligroso, sobre todo cuando hay otras soluciones disponibles”, explicó Samuel Parra, abogado especialista en privacidad, en un reportaje de elDiario.es.
Los métodos “blandos”
La alternativa a este método que propone la industria son los métodos “blandos” como el control parental. Se trata de herramientas que conoce el 75% de familias con menores a su cargo, según los datos del último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No obstante, solo el 35% de ellas las utilizan.
Pese a ese bache, el sector digital asegura que el método más efectivo para impedir que los menores accedan a contenidos perjudiciales es aumentar la concienciación sobre su importancia. Se basan en informes independientes como el de Infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado por Unicef, que relacionan los conocimientos y el compromiso con estas herramientas por parte de las familias con un descenso en las conductas de riesgo online (sexting, contacto con desconocidos o ciberacoso) en los menores.
“El empoderamiento de niños, niñas y adolescentes como agentes del cambio fomentando su participación en la toma de decisiones que afectan a su vida digital, escuchando sus voces, y considerando sus opiniones para construir una Internet más inclusiva donde puedan ejercer su ciudadanía plena”, refleja Unicef. Para ello, considera fundamental “promover una mediación parental gradual y adaptativa, empezando en la infancia con un acompañamiento cercano y avanzando en la adolescencia hacia la autonomía responsable, la toma de decisiones informada y la construcción progresiva de confianza”.
Para ser efectiva, la verificación debe aplicarse por defecto: las personas menores no deberían tener que demostrar su edad ni exponer su naturaleza
Otros estudios, como el Informe de la Oficina C del Congreso de los Diputados sobre Menores y redes sociales, recalcan que la prohibición total, como en el caso australiano con las redes sociales para los menores de 16, puede ser “contraproducente”. El motivo es que puede dificultar la “alfabetización digital” de los menores e introducir una “sensación de falsa seguridad” respecto a Internet y las plataformas digitales.
Sin embargo, ambos informes destacan que la vía actual, basada en la autorregulación, ha fracasado, y abogan por establecer verificaciones de edad más estrictas que “trasladen la carga de la prueba a los adultos”, como afirma el análisis de la Oficina C del Congreso. “Para ser efectiva, la verificación debe aplicarse por defecto: las personas menores no deberían tener que demostrar su edad ni exponer su naturaleza (por ejemplo, recibiendo información adaptada para tomar decisiones que no les corresponden) para que se bloqueen contactos, contenidos o funciones no apropiadas a su edad”, destaca.
Para Unicef, “establecer sistemas de verificación de edad efectivos, respetuosos con los derechos de niños, niñas y adolescentes” es una de las prioridades que enfatiza Unicef, así como “revisar la edad mínima y las condiciones para acceder a las redes sociales” y “exigir la rendición de cuentas a las compañías tecnológicas acerca del impacto de sus productos y servicios en los derechos de la infancia y la adolescencia”.
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