Nos dirigimos a usted desde Fundación Franz Weber, después de ver su intervención en las Cortes de Castilla-La Mancha al respecto de las iniciativas parlamentarias que planteaban medidas sobre la participación e implicación de personas menores de edad en la tauromaquia, como respuesta a las recientes decisiones tomadas por organismos internacionales especializados en derechos de la Infancia y la Adolescencia.

El objetivo de esta carta es dejar por escrito los postulados técnicos, científicos y jurídicos de nuestra institución, respecto a la vulneración de Derechos Humanos, especialmente de la infancia, en la celebración de espectáculos taurinos.

La Fundación Franz Weber es una entidad internacional que promueve la cultura de paz y el respeto a la naturaleza, los animales y el acervo cultural. Actualmente opera como parte consultiva ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, generando informes acerca de la situación de las niñas, niños y adolescentes en una práctica de violencia concreta, como son las actividades taurinas.

Como resultado de estos aportes, el Comité de los Derechos del Niño ha manifestado su preocupación por la participación y exposición de personas menores de edad en dichos contextos, tal como consta en las Observaciones Finales relativas a Portugal (CRC/C/PRT/CO/3-4, 25 de febrero de 2014; CRC/C/PRT/CO/5-6, 27 de septiembre de 2019), Francia (CRC/C/FRA/CO/5, 23 de febrero de 2016) y España (CRC/C/ESP/CO/5-6, 2 de febrero de 2018; CRC/C/ESP/CO/7 de febrero de 2026).

Esta última advertencia se concreta en el apartado 23:

“Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”.

En estos documentos, el Comité ha abordado la cuestión desde la perspectiva del interés superior del niño y del derecho de la infancia a no ser expuesta a situaciones de violencia, subrayando que el acceso o participación a determinadas prácticas culturales no está por encima de la protección ni de este interés superior, pilar básico del sistema de derechos del menor.

La labor de la Fundación se fundamenta en el análisis jurídico y en la revisión sistemática de literatura científica especializada, así como en la elaboración de informes técnicos destinados a contribuir al debate institucional y al fortalecimiento de estándares de protección acordes con los instrumentos internacionales en materia de derechos de la infancia. En estos informes se listan y detallan situaciones concretas donde los Derechos del Niño son vulnerados por su exposición a prácticas violentas, donde incluso se pone en riesgo la integridad física.

Durante su intervención pronunció una serie de argumentos que carecen de sustento, como por ejemplo las alegaciones a la nacionalidad de los miembros del CDN, aludiendo a que las mismas son invalidantes para la toma de decisiones relacionadas con la exposición de niñas, niños y adolescentes sobre una actividad de reconocida violencia real, no ficcionada, o la no existencia de trabajos científicos que avalen tal objeción formulada de forma específica a España en 2018 y 2026.

A ello se suma un planteamiento erróneo sobre el funcionamiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en la década de los 90. La Constitución en su artículo 96 y la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, recogen que la ratificación de un texto de estas características pasa a incorporar necesariamente el mismo en el corpus normativo del país.

Nos ponemos a su disposición para explicarle el funcionamiento del Comité de Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y cuantas cuestiones quiera abordar respecto del impacto nocivo de la tauromaquia en la infancia y la adolescencia.

Reciba un cordial saludo,

Leonardo Anselmi

Director de Fundación Franz Weber para el Sur de Europa, Latinoamérica y Caribe

El PP de Castilla-La Mancha ha calificado de “ocurrencia” la recomendación que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha trasladado a España para que fije “sin excepción” una edad mínima de 18 años para asistir a los festejos y a las escuelas relacionadas con toros.

No es la primera vez, ya en 2018 lanzó un llamamiento parecido, trasladando su preocupación porque los niños y niñas en España “sigan siendo testigos de la violencia y la muerte de participantes durante festivales taurinos populares”.

España forma parte de la Convención de los Derechos del Niño, con obligaciones por cumplir que se acaban de revisar el pasado mes de enero. La conclusión que se trasladó a España fue la “preocupación” por la participación de menores en los toros y que debe cumplir los tratados internacionales que firma.

Sin embargo, este jueves la diputada del PP Lola Merino ha puesto en cuestión a los expertos independientes de 18 países que, en la actualidad -ya que es un sistema rotatorio de cuatro años- forman parte del citado Comité de Derechos del Niño de la ONU. En concreto ponía en cuarentena su capacidad para juzgar “la tradición taurina y cinegética” de España.

“¡Vamos! ¡Tienen una tradición taurina y cinegética...!”, ironizaba, despojando de todo crédito su opinión.

“¿De dónde viene esta recomendación de que esto hace daño?”, se preguntaba, para citar – aunque se ha dejado algunos- a los 18 países: Bután, Togo, Kenia, Etiopía, Malta, Bélgica, Mauritania, Argentina, Omán, Panamá, Islandia, República de Moldavia, Suiza, Zambia, Marruecos, Georgia, Barbados y Níger.

“¡Por favor! Es que cuando se conforma un Gobierno y se pone al frente de un ministerio a cualquiera es que no puede ser. Requiere un mínimo de conocimiento. Y es un comité en el que una persona tiene una ocurrencia… ¡Fíjense en Togo! ¡Tiene una tradición taurina alucinante! ¿Hacemos eso nuestro? ¡Hombre por favor! Un poquito de seriedad y serenidad”.

El Comité de Derechos del Niño de la ONU no ha sugerido prohibir los toros, sino limitarlos a mayores de 18 años.

Después, la diputada del PP ha ido más allá. Ha justificado su defensa en que, después de Andalucía, la comunidad con más escuelas taurinas es Castilla-La Mancha. “No hay que hacer esfuerzos para atraerles”. Asegura que “la alta demanda” de asistencia a este tipo de entidades provoca que todas las plazas “estén cubiertas”.  

“¿Va a permitir a ustedes que se lo prohíban? Pido sentido común”. Esta, añadía, “es una tierra de toros y de toreros”.

Menores y caza: PSOE, PP y Vox coinciden en defender la práctica

No solo se habló de toros durante la sesión plenaria. También se hizo lo mismo con la caza y con idénticos argumentos por parte del PP y de Vox. Rechazan que se pueda prohibir a los menores de edad la participación en las actividades cinegéticas, tal y como pretende el Ministerio de Juventud.

Claro que los socialistas, por boca de la consejera de Desarrollo Sostenible, ya dijeron esta semana que no comparten la posición del Gobierno de España. Mercedes Gómez comentó que vería “controvertido” que se les prohíba a los niños y niñas porque entonces “no habría relevo generacional”.

Son 23.000 empleos directos los que aporta la caza a la región, 600 millones de euros de beneficios y más de 100.000 cazadores, según el diputado de Vox David Moreno, que hoy ha exigido al Gobierno de Emiliano García-Page “cumplir” el Pacto por la Caza suscrito junto a PP y Vox en 2023. Lo mismo le ha pedido la diputada del PP Lola Merino.

“Venimos a decirle que cumpla con el pacto al que se comprometió”, decía el diputado de Vox calificando a Page de “fraude”. Ha llegado a comparar las restricciones a los menores con la “prohibición de la cultura desde la ideología”.

En este aspecto la diputada socialista Ana Isabel Abengózar se mostraba tajante. “Quienes cercenan derechos y libertades son ustedes allí donde gobiernan, tristemente”, replicaba. “Les hemos visto gobernar con el PP en los ayuntamientos y cercenar cultura: eliminar obras de teatro, en Quintanar de la Orden, porque salían hombres desnudos, vetando la cultura o eliminando concejalías de Igualdad, simplemente porque no creen en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. Eso, decía la socialista, “sí que es un fraude”.

Lola Merino ha reprochado también al Gobierno regional que siga vigente el Reglamento de Caza del año 1996. “El aprobado en 2022 lo tiró el Tribunal Superior de Justicia”.  Al texto normativo le faltaba un informe preceptivo.

Después, Merino incidía en que en la comunidad autónoma “la edad está regulada en los toros y la caza” y reclamaba no cambiarlo. “Y si se cambia, que lo hagamos nosotros porque Castilla-La Mancha tiene las competencias”, sostiene la diputada del PP, que ha pedido al Gobierno regional que “no se deje atropellar” por al Ministerio de Juventud y por un Gobierno de España que, dice, “no es de fiar”.

Una afirmación que replicaba la diputada socialista, Ana Isabel Abengózar. “Que usted que representa al PP de Castilla-La Mancha le diga al Gobierno que no es de fiar… Son los mismos que apoyaron [reformar] el Estatuto de Autonomía en estas Cortes y ante la llamada de Tellado no dudaron en renegar del pacto. Se achican y traicionan a la región eso sí que no es de fiar”, le ha espetado, para añadir que cuando el actual presidente del PP Paco Núñez era alcalde en Almansa “mantuvo la prohibición de los toros. ¡Hombre! Demuestra que no son ustedes de fiar”.

No obstante, Abengózar ha asegurado “compartir mucho” de lo dicho por Merino en defensa de los toros y la caza, y ha defendido que ambas actividades no son “propiedad de los unos ni de los otros”, asegurando que Page las ha “defendido con firmeza y de manera constante”.

Con respecto a las declaraciones del diputado de Vox David Moreno, que ha hablado de Lorca como aficionado a los toros, la diputada socialista le ha reprochado que escucharle es “como el mundo al revés” por oírle “hablar de libertad”. “Nombrar a Lorca los que defienden la dictadura. Esto es el mundo al revés, si Lorca levantara la cabeza...”, ha criticado.

Se aprueba la resolución del PSOE, que no habla de menores

Finalmente se ha aprobado la resolución presentada por el Grupo Socialista, con los votos en contra de PP y Vox.

El texto reconoce y apoya “la iniciativa del Gobierno Regional” por “reforzar” la tauromaquia en Castilla-La Mancha, a la par que habla de “avances” en el Pacto por la Caza de Castilla-La Mancha y de “seguir trabajando” por cumplir los objetivos marcados en dicho plan.

Sin embargo, la resolución no hace ningún tipo de mención ni posicionamiento sobre la participación de menores de edad en ambas actividades.

El Gobierno de La Rioja invierte 1,5 millones en el nuevo Punto de Encuentro Familiar de Logroño que presta servicio actualmente a 153 familias. Las obras de adaptación del edificio en la calle Río Isla se licitarán próximamente y el plazo de ejecución es de ocho meses, para la primavera de 2026. La directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, y la jefa de Servicio de Interior, Beatriz Munilla, han informado este miércoles de la autorización del gasto para la licitación en breve, por cerca de 1,5 millones de euros, de las obras de adecuación de un edificio en la calle Río Isla de Logroño para que albergue el Punto de Encuentro Familiar que el Gobierno de La Rioja mantiene en la capital. En marzo de 2023, el entonces consejero de servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, ya hablaba del nuevo Punto de Encuentro Familiar en la antigua guardería Ding-Dong y de su entrada en funcionamiento en 2024

El Punto de Encuentro Familiar presta servicio en Logroño desde 2002, con la finalidad de favorecer y hacer posible el cumplimiento del derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a mantener la relación con sus familiares, así como su seguridad cuando en una situación de separación o de divorcio, o acogimiento familiar, el ejercicio de este derecho se ve interrumpido, o bien es de cumplimiento difícil o conflictivo.

El paso del tiempo y la evolución del servicio han hecho que las instalaciones originarias del PEF en la capital resultaran insuficientes, de ahí el interés del Gobierno de La Rioja de dotarse de un nuevo espacio. La ubicación elegida ha sido la antigua guardería “Ding-Dong”, un edificio exento en una amplia parcela cedido por el Ayuntamiento de Logroño. Esta nueva ubicación se enmarca en el ámbito de actuaciones de protección y atención a los menores, desarrolladas por el Gobierno de La Rioja, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2022.

Provisionalmente el Punto de Encuentro Familia fue trasladado a otra ubicación en febrero de este año a la espera de su destino definitivo.

Como ha señalado la directora general de Justicia e Interior, “es un proyecto que nos ilusiona porque vamos a poder incrementar notablemente la calidad de un servicio que la sociedad demanda y que está muy relacionado con el bienestar emocional de los niños, un objetivo que es prioritario para este Gobierno. Ayudarles a afrontar el trance de una ruptura o de una situación familiar complicada es una tarea bonita porque a esas edades puede dejarles una huella profunda para siempre”.

Es un principio sobre el que se basa el modelo de protección a menores que desde distintos ámbitos y frente a coyunturas diferentes mantiene el Gobierno de La Rioja: “Nuestro objetivo siempre es proteger el interés del menor, garantizarle un ambiente de cercanía y confianza y unas herramientas emocionales que le ofrezcan estabilidad, incluso en contextos difíciles”, ha subrayado Sáez.

Con el nuevo Punto de Encuentro Familiar de Logroño se refuerza la red de apoyo social a la infancia y las familias que incluye tanto infraestructuras apropiadas para el modelo y servicio que se quiere prestar como profesionales de atención especializada.

Una superficie total de 1.600 m2, la mitad de espacio exterior

Por su parte, la jefa de Servicio de Interior, Beatriz Munilla, ha detallado que la parcela donde se ubicará el nuevo edificio tiene una superficie total útil de 1.649,37 metros cuadrados, divididos en 751,52 metros cuadrados interiores y una urbanización y espacio exterior de 897,85 metros cuadrados. Cuenta con fachada a las calles Río Isla, Estanque y Rodejón, lo que permitirá habilitar accesos independientes acordes con la actividad que en él se desarrolle.

El inmueble, ha recordado, se encuentra sin uso desde hace bastantes años lo que obliga a una remodelación de calado, con un presupuesto de licitación de las obras de 1.472.580 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.

En una parte del edificio, de 530 metros cuadrados, se llevará a cabo la prestación del Servicio de Punto de Encuentro Familiar, contando para ello con tres despachos de trabajo y atención a los usuarios y cinco salas de visitas, una de ellas anexa a los despachos; así como un office y aseos para usuarios y trabajadores. Dispondrá además de una sala de usos múltiples, así como de una zona ajardinada que permitirá la realización de los encuentros de los menores con su progenitor no custodio en un espacio al aire libre.

En estos momentos, el Punto de Encuentro Familiar está atendiendo a 153 familias, lo que supone 497 usuarios directos (306 adultos y 191 menores). Durante los primeros siete meses de 2025 se han producido las siguientes atenciones, relacionadas con los regímenes de visitas establecidos judicialmente: 3.899 intercambios, únicamente se supervisa la entrega y recogida de los niños; y 1.520 visitas tuteladas, el encuentro se desarrolla en el centro y pueden ser bajo la supervisión y presencia continuada de personal técnico del servicio (1.420) o encuentros sin supervisar, aunque realizados también en el Punto de Encuentro Familiar (100).

El servicio cuenta con 8 profesionales (2 psicólogos, 5 trabajadores sociales y 1 Jurista) que ofrecen una atención integral a las familias. Además del Punto de Encuentro Familiar de Logroño, también hay otros puntos en Calahorra y Haro.

La Generalitat ha anunciado que se personará como acusación popular en el proceso judicial por el caso de la menor que fue víctima de abusos sexuales mientras estaba tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Así lo ha anunciado la consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, durante una atención a prensa.

Ahora bien, desde el TSJC indican que la Generalitat no se puede presentar como acusación popular porque la instrucción ya está cerrada y, por tanto, ya está a la espera de juicio. Esto en lo que se refiere a la primera causa, que sentará en el banquillo al jefe de la trama por haber prostituido y agredido sexualmente a la menor.

Además de esa, hay otras dos causas abiertas. Una afecta a la misma víctima (y a otro menor) y permanecen investigadas 11 personas, entre las que se encuentra el cabecilla. La tercera investigación va más allá y es la que engloba al conjunto de la red de pederastia y que afecta a una veintena de víctimas. La consellera no ha aclarado si la Generalitat pedirá ejercer la acusación popular en la primera causa o si también pretende comparecer en el segundo procedimiento, que todavía está en fase de instrucción.

Sobre las otras causas, las fuentes jurídicas consultadas destacan que existe la posibilidad de que los jueces impidan a la Generalitat ejercer la acusación y que, en cambio, sitúen a la administración catalana como responsable civil subsidiaria del caso debido precisamente a que en el momento de los hechos la menor vivía en un centro de la DGAIA. Ello implicaría que la administración catalana sería responsable de las indemnizaciones a la víctima en caso de que el principal acusado no las pudiera afrontar.

El anuncio de la Martínez Bravo se produce después de tres días de silencio del departamento, quien primero alegó que no comentaba casos particulares para después indicar que no podían comparecer en la causa porque tenían únicamente la guarda y custodia de la menor, pero no su tutela total.

El primer juicio se espera para la primavera de 2026 y llegará tras una larga investigación de los Mossos d'Esquadra que acabaría descubriendo una red de pederastia y prostitución que podría haber afectado a más menores. Ahora la fiscalía pide 107 años de cárcel para un hombre que violó reiteradamente a la menor y grababa los abusos sexuales perpetrados por otros hombres.

“Defendemos y defenderemos el trabajo de los educadores sociales y seremos contundentes ante los intentos de desprestigio contra su trabajo”, ha apuntado la consellera, quien ha mostrado su “absoluto rechazo” a los hechos. “Necesitan una respuesta contundente y, por eso, vamos a revisar todos los protocolos para asegurarnos de que no se vuelvan a repetir”, ha aseverado la consellera.

Igualmente, Martínez Bravo ha anunciado que en las próximas semanas se presentará un “plan de transformación integral de la DGAIA” que implicará reforzar protocolos y evitar así que situaciones parecidas se “puedan llegar a repetir”.

El Parlament creará una comisión de investigación

Los grupos parlamentarios del PSC, ERC y la CUP han registrado a última hora del jueves una propuesta de resolución conjunta para la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la DGAIA desde 2011 y hasta la actualidad. Junts y PP también habían reclamado la creación de esta comisión.

La propuesta pasa porque en la comisión se estudie “el tensionamiento” del sistema de protección de menores, no sólo por el caso de la menor víctima de violación, sino también para esclarecer las acusaciones por pago de presuntas prestaciones indebidas y malversación que pesan sobre la dirección a raíz de una denuncia anónima realizada por un alertante anónimo y que está siendo investigada por Antifraude.

Ahora queda en manos del Pleno del Parlament, que deberá votar la propuesta (que, a priori, ya cuenta con los votos necesarios).

Desde la Generalitat también se anunció el miércoles que se ha abierto un expediente informativo a la DGAIA para investigar qué actuaciones se llevaron a cabo cuando se detectó el caso. Asimismo, la consellera pidió también comparecer en el Parlament para comunicar las conclusiones del informe.

Por su parte, la Sindicatura de Greuges (el equivalente al defensor del pueblo catalán) también ha iniciado una investigación de oficio y pedirá información a los Departaments de Derechos Sociales y Educación para conocer “la circunstancias alrededor de los hechos que se denuncian, las medidas tomadas una vez se detectan los abusos y qué atención está recibiendo hoy en día” la víctima.

No sé si te pasa lo mismo, pero cada vez que leo un titular sobre las iniciativas que Trump y su gente pretenden impulsar tengo la sensación de vivir en una especie de distopía. Aún no sabemos cuáles serán las consecuencias de su política de aranceles y si acabaremos en un ‘sálvese quien pueda’.

Al anunciar tantas propuestas y tan descabezadas, algunas pasan más desapercibidas. Hay una a la que creo que deberíamos prestar más atención. Se trata de un proyecto de ley que va a debatirse en Florida y cuyo objetivo es flexibilizar la legislación laboral infantil para permitir a los adolescentes a partir de 14 años trabajar en turnos nocturnos durante los días lectivos. La ley actual les prohíbe hacerlo antes de las 6,30 horas de la mañana y después de las once de la noche. Además, van a debatir si acaban con los descansos de comida que tenían garantizados los chicos y chicas de 16 a 17 años. Soy madre de un adolescente y tal vez por eso me ha preocupado especialmente porque no quiero ni imaginarme qué sería encontrarse en esa situación.

Detrás de semejante disparate está el gobernador Ron DeSantis, que fue precandidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos hasta que decidió retirarse para dar su apoyo a Trump. Es de los que presume de ser un defensor de la “libertad” tergiversando el sentido real del concepto. ¿Te suena?

A Ron DeSantis se le bautizó como la voz de “la nueva” extrema derecha aunque la verdad es que su agenda ultra se parece mucho a la de la vieja extrema derecha. Contrario al aborto, partidario de la pena de muerte y uno de los más duros en la persecución de migrantes. Desde reclamar a algunos hospitales que pidan información sobre el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros de admisión a aumentar las multas a aquellos que contraten migrantes sin papeles.

“¿Por qué decimos que necesitamos importar extranjeros, incluso importarlos ilegalmente, cuando, como saben, los adolescentes antes solían trabajar?”, argumenta DeSantis. La política de expulsiones de este gobernador ha provocado que los empresarios se queden sin mano de obra suficiente para muchas de esas tareas que los que sí tienen papeles rechazan porque son las peor pagadas y de ínfima calidad. Así que para arreglarlo no se le ha ocurrido otra cosa que cambiar la legislación y que sean menores los que asuman estos empleos.

Algunos corresponsales han recordado estos días que, según el Departamento de Estadísticas de EE.UU., incluso antes de aprobarse esta controvertida ley, el número de violaciones del trabajo infantil en Florida prácticamente se han triplicado.

Los historiadores consideran el siglo XX como “el siglo del niño” porque hasta entonces no se entendió que su bienestar no es solo responsabilidad de las familias puesto que también las administraciones intervienen en su formación o en garantizar su salud.

Respetar a los ciudadanos, tengan la edad que tengan, es respetar sus derechos. Desde la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924), la creación de UNICEF (1946), la Declaración de los Derechos del Niño (1959) a la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 por 140 países, establecen unos mínimos que no deberían cuestionarse. Esta última señala en su artículo 32 que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. En este tratado se entiende por niño “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Para que una sociedad funcione con unas bases éticas es imprescindible que aquellos que la conforman no sean humillados por sus instituciones. En este caso es evidente que tanto los migrantes, a los que se trata como ciudadanos de segunda, como a los adolescentes, a los que se les quiere recortar derechos, no están recibiendo el trato que merecen. Se les pretende denigrar de una manera que es inaceptable.

Como explica el filósofo Avishai Margalit en ‘La sociedad decente’ (Planeta y editado en catalán por Arcàdia), las administraciones tienen la obligación de proteger a los integrantes de la comunidad de los abusos de la sociedad de mercado. Garantías contra la pobreza, el sinhogarismo, la explotación, las condiciones de trabajo degradantes y la exclusión del sistema educativo y sanitario de aquellos que no pueden pagar estos servicios.

Trump, pero no solo él, están dibujando un nuevo orden que va cada vez más en el sentido contrario, con sociedades que desprecian a una parte importante de sus ciudadanos. Y lo que es aún más incomprensible, con el aplauso de otra parte de ellos.

Margalit establece algunos requisitos, me atrevería a decir que básicos, para que entendamos qué es respetar a los ciudadanos. Os resumo tres:

Asad Haider, autor de ‘Identidades mal entendidas. Raza y clase en el retorno del supremacismo blanco’’ (Traficantes de sueños), ha teorizado sobre las dificultades para organizar movimientos en defensa de los trabajadores en un país como Estados Unidos y especialmente desde la perspectiva antirracista. Él es hijo de padres pakistaníes y creció en Pennsylvania.

“El neoliberalismo, en realidad, constaba de dos fases: la primera, el proceso gubernamental de reestructuración social, política y económica que apareció como respuesta a la crisis del capitalismo de posguerra; y la segunda, una ideología que dictamina que las relaciones de mercado nacen de la ingeniería social”, defiende Haider.

Desde su defensa de las clases más desfavorecidas reivindica la necesidad de impulsar la “educación política” para frenar a la extrema derecha en Estados Unidos (y por extensión en el resto de países en los que sigue creciendo).

La ley que impulsa el gobernador de Florida, igual que toda la política Trump, busca crear un país a su medida a partir de una ingeniería social perversa y humillante para muchos de sus ciudadanos, tengan o no los papeles que les exigen. Deberíamos alzar la voz en su nombre y en el nuestro, porque no solo allí hay políticos dispuestos a implementar este darwinismo laboral.

Te deseo un buen fin de semana.

La Comisión Europea (CE) ha reiterado en una respuesta a la eurodiputada socialista Lina Gálvez que “el interés superior del menor sigue siendo una prioridad clave para la Unión Europea, tal y como lo establece el Reglamento Bruselas II ter, que vela por la protección de los menores en procedimientos civiles en los que estén involucrados”.

Justo la misma semana que la Justicia italiana ha requerido el regreso del hijo de Juana Rivas con su padre en Cerdeña, acusado de violencia de género y violencia vicaria, la Comisión también ha subrayado la importancia de la recomendación sobre sistemas integrados de protección de la infancia, que exige a los Estados miembros garantizar derechos de protección no negociables frente a cualquier forma de violencia en todos los ámbitos de la vida de los menores.

Lina Gálvez, que formuló la pregunta a la Comisión el pasado 7 de enero al conocerse el requerimiento de la Justicia italiana en el caso de Juana Rivas, ya destacó “que el principio fundamental debe ser que siempre prevalezca el interés superior del menor, sin importar el Estado miembro en el que se encuentre”.

Un principio fundamental

En su respuesta, la Comisión ha reafirmado el compromiso de la UE de proteger los derechos de la infancia y de seguir trabajando para garantizar que las decisiones judiciales –en casos como el de Juana Rivas– respeten ese principio fundamental, protegiendo a los menores de cualquier riesgo, incluida la violencia de género.

La eurodiputada ha recordado que “la violencia vicaria es un tipo de violencia de género que se ejerce contra las mujeres a través de los hijos y está incluida en la Directiva europea sobre violencia de género”.

La Comisión Europea agrega en su respuesta que en los casos particulares corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes valorar las circunstancias concretas. En casos urgentes, el Reglamento Bruselas II ter permite a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro adoptar medidas de protección respecto de un menor que se encuentre en ese Estado miembro.

Amalia —nombre ficticio para proteger su identidad— está a punto de cumplir siete años. Este será el segundo cumpleaños que pase con su familia de acogida con la que, en teoría, estará hasta la mayoría de edad. Sara y Luis repasan los 15 meses que lleva viviendo con ellos y afirman que ha experimentado todo lo que no vivió durante sus anteriores cinco años: sus primeras semanas de vida las pasó en un hospital debido a que nació con síndrome de Williams —una alteración genética que provoca retraso madurativo—, además de con diversos problemas médicos. A partir de ahí, tuvo que pasar por dos residencias infantiles y crecer en ellas porque a sus padres biológicos ya les habían retirado la custodia del resto de sus hermanas mayores. No había pisado nunca una casa. No había convivido nunca con una familia.

La menor veía a sus padres y a sus hermanas únicamente en puntos de encuentro y creció en una residencia en una época muy complicada: en el aislamiento por la pandemia de Covid. Tenía problemas cardíacos y de circulación, por lo que debía llevar mucho cuidado. Sin embargo, Sara (la madre de acogida) explica que ya entonces Amalia era “feliz como una codorniz”, pese a que no tenía nada previo con qué comparar esa felicidad.

Más de 51.200 niños, niñas y adolescentes crecen en acogimiento (familiar o residencial) en nuestro país. Amalia es uno de los tantos que se encuentran en la “última fila” de la acogida. Se trata de ese colectivo de criaturas que, o bien tiene necesidades especiales (ya sean físicas y/o psicológicas, como trastornos, discapacidad...) o bien forman parte de un grupo de hermanos. Es por ello que, cuando hace tres años el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lanzó una serie de proyectos de desinstitucionalización, amparados en la Unión Europea con fondos Next Generation, Aldeas Infantiles apostó por un nuevo modelo de acogimiento familiar que permitiese poner el foco en este tipo de perfiles. De ello nació un proyecto piloto, AcogES+, que finaliza este año.

Tener un hermano no puede ser un lastre hasta el punto de que te tengan que separar de él. Tener una necesidad especial tampoco debería serlo. Muchos crecen hasta los 18 en residencias

Ana Alarcón — Directora del programa AcogES+ de Aldeas Infantiles

Ana Alarcón, directora del programa, explica que el número de familias de acogida que hay en España es terriblemente escaso. “Aun no habiendo familias, desde luego de las que no hay es para ellos. Tener un hermano no puede ser un lastre hasta el punto de que te tengan que separar de él. Tener una necesidad especial tampoco debería serlo. Muchos crecen hasta los 18 años en residencias”, denuncia.

Los motivos por los que no existe prácticamente “cultura” de la acogida en nuestro país —excepto en territorios específicos como, por ejemplo, Galicia—, señala, son varios, pero principalmente se debe a que “la sociedad española no conoce la realidad del sistema de protección. No es para los 'niños malos', sino que está más lleno de niños a los que sus padres no les han cuidado bien (no les han atendido, ha habido abuso o maltrato, o drogas de por medio). Normalmente son casos graves o muy graves, y hay muy escasa respuesta y preocupación para esos niños que no han hecho absolutamente nada más que nacer en un lugar donde no se les cuida”.

Acompañamiento exhaustivo y una parte contratada

Aldeas Infantiles llevaba tiempo fijándose, además de en este tipo de 'discriminación' que sufren estos niños, en que son muchos los acogimientos que no salen adelante, aunque no se sabe exactamente cuántos son ni las razones por las que cesan: “No hay cifras públicas en el Observatorio de Infancia de cuántas familias no continúan con el acogimiento y devuelven al niño a la residencia. Se habla del 40%. Se habla, ojo: yo este dato no lo tengo. Y esto es un drama, porque lo peor que le puede pasar a un niño es que le abandonen dos veces. Es un trauma que ya no lo borra nadie”.

Por ello este proyecto piloto que se ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia, tenía como uno de sus grandes focos el de garantizarle un acompañamiento técnico exhaustivo a las familias implicadas. La familia de Amalia, la primera con este tipo de acogimiento en la Comunidad de Madrid, explica que “lo que ayuda es que te dan las herramientas para ir pudiendo solucionar los diferentes retos que vayan surgiendo. Además, ante cualquier duda, ante cualquier problema, los técnicos especializados, están las 24 horas disponibles. Eso te da una tranquilidad que no te puedes imaginar”.

Andrea Ferrari, psicóloga y técnica de Aldeas Infantiles, corrobora que esta dedicación total con las familias puede marcar mucho la diferencia en lo referido al éxito de la vinculación en cuestión, ya que “son niños y niñas que han vivido circunstancias complicadas y que van a tener diferentes conflictos a nivel social, emocional, en cuanto a su identidad o sus orígenes”.

Estas circunstancias, abunda, pueden complicar la situación de las familias por lo que “poder tener a alguien que te pueda asesorar, escuchar, y sostener emocionalmente, ayuda mucho. Todo tipo de entidades de acogimiento intentan ofrecer este tipo de seguimiento, pero no siempre es posible debido a las ratios, por las distancias, por los presupuestos… Y sí que creo que en este proyecto se ha puesto mucho el enfoque en ello”, explica la psicóloga.

Lo que hemos propuesto al ministerio es cómo contratar a uno de los miembros de la pareja puede concentrar su energía en ayudar al niño con sus necesidades

Ana Alarcón — Directora del programa AcogES+ de Aldeas Infantiles.

Sin embargo, lo que es único de este proyecto, debido al nivel de atención que exigen los menores con necesidades especiales o los grupos de hermanos, explica la directora del programa, es “que se da una relación laboral con uno de los integrantes de la familia mediante un contrato y una contraprestación, de manera que la persona en cuestión se dedica profesionalmente a eso. Lo que hemos propuesto al ministerio es cómo contratar a uno de los miembros de la pareja puede concentrar su energía en ayudar al niño con sus necesidades”.

Por ello, inciden, aunque “era una fórmula absolutamente necesaria y urgente”, no es un modelo de acogimiento para todo el mundo, puesto que hay parejas interesadas en las que ninguno de los miembros está dispuesto a abandonar su trayectoria profesional. “Si tienes ese deseo de acoger no es necesario que sea con la dedicación exclusiva. Es por ello que a esos casos los derivamos a que contacten con la comunidad autónoma”.

Sara es la parte contratada de la pareja. “Es una manera de compensar al acogedor porque tú podrías acoger pero igual no podrías hacer todo lo que haces por el niño. De otra forma es imposible. Estoy contratada por Aldeas y cobro un sueldo mensual como todo el mundo. Yo hago informes con cada visita, con cada llamada, sobre cómo va, en qué ha avanzado...”, afirma. La familia también ha disfrutado —y sigue haciéndolo— de una formación extensa y profunda por parte de la organización. Esto les ayuda a sentirse cada vez más capaces respecto a la crianza, ya que “no únicamente con el cariño y con el amor se da por exitoso un acogimiento. Necesitas comprender otras herramientas”, explica el padre de acogida.

El complejo proceso de adaptación

A Amalia le costó mucho sentirse tranquila en la casa de Sara y Luis pero, tras más de un año con ellos, varias cosas han cambiado. Por ejemplo, ha pasado de decir 'ahí está la casa' a decir '¡ya llegamos a casa!'. “Son niños que vienen con un nivel de ansiedad muy grande. Seguramente está vinculado con el hecho de haber estado en una situación cambiante permanente. Siempre está con la duda de si esto va a ser definitivo, de si se va a quedar aquí. Cuando llegó a casa, como éramos tantos, pensó que estaba en otra residencia infantil. Les preguntaba a nuestros hijos biológicos: '¿vosotros cuándo os vais?' Y estaba como muy alerta y con muchas llamadas de atención. Nos trataba de llevar al límite para ver si íbamos a estar siempre”, explica Luis.

Cuando la niña cumplió un año con ellos, hicieron una fiesta para celebrarlo, ante lo que ella pensó que eso significaba que se tenía que marchar a otro sitio. Ahora le recalcan siempre que no se va a ir a ningún lado, que se trata de algo permanente

Cuando la niña cumplió un año con ellos, hicieron una fiesta para celebrarlo, ante lo que ella pensó que eso significaba que se tenía que marchar a otro sitio. Ahora le recalcan siempre que no se va a ir a ningún lado, que se trata de algo permanente. Otra cosa que ocurría es que se hacía daño y nunca lloraba. “Nos decía: ‘estoy bien, no pasa nada. ¿Estoy castigada?’ y el hecho de que ahora se caiga y se permita llorar, significa mucho”, explican.

Pese a que esperaron a que todo el “sistema familiar” estuviese preparado y convencido del acogimiento antes de lanzarse a ello, su hijo menor al principio no lo llevó bien, y lo verbalizaba: “Se sentía ‘el príncipe destronado’, porque era una niña más pequeña que él, con discapacidad, que requiere más atención. Tuvimos que pedir ayuda a los técnicos, y vinieron a por ellos al colegio, se los llevaron a comer, hablaron con ellos, y es inimaginable la tranquilidad y la paz que te puede dar eso”, cuenta Sara. Ahora él la defiende en el colegio, la ayuda, juegan, y se sienta a hacer con ella las fichas de Aldeas Infantiles.

Amalia está completamente integrada en el colegio, en el grupo de amigos de sus hermanos de acogida y en el grupo de amigos de Sara y Luis. “Ahora ella puede ir al cumpleaños de amigos, a fiestas del pueblo, a un centro comercial a comprar, a pedir ella en la charcutería, sus hermanos les cuentan cuentos”. No es algo especial, sino que “en realidad es un derecho que deberían todos los niños: a tener una infancia feliz”, defiende Sara.

Hay muchas cosas importantes que haces a lo largo de tu vida, pero sin duda este acogimiento es de las cosas más importantes y valiosas en las que creo que estoy participando: con sus dificultades, con sus alegrías, pero te aporta la sensación de estar convencido de que estás en algo muy importante, trascendente, y valioso, para hacer mejor el mundo

Luis, padre de acogida de Amalia

Sigue teniendo sus visitas con su madre y sus hermanas biológicas, ante las que se pone “muy contenta”, algo que le da “estructura” y le permite comprender su historia de vida. “Tú tienes que tener muy, muy claro que ellos tienen el derecho a tener relación con su parte biológica”, sostiene Sara. Desde Aldeas inciden en que “a un niño no le pasa nada por tener muchas papás o mamás: a un niño le pasa algo si no tiene ninguno”. Lo ratifica la psicóloga Ferrari: “Criarse en una familia en lugar de en un centro permite tener una mayor atención individualizada, permite tener a referentes estables y presentes, porque el personal de los centros muchas veces va cambiando o rotando. Aporta estabilidad, seguridad, y una mayor normalización de su día a día”.

Una familia para un niño, no un niño para una familia

“En el acogimiento lo que se busca es una familia para un niño, no un niño para una familia: que sea la mejor familia posible para cubrir las necesidades que no tiene cubiertas ese niño o esa niña”, remarca Luis. Hablan del concepto de “familia curativa”: “Nosotros estamos convencidos de que la reparación que se puede dar en un entorno familiar normalizado, funcional, nutritivo, es exponencial e infinitamente más grande”.

Recalcan que es importante no confundir el acogimiento con la adopción, respetar el hecho de que el menor tiene familia biológica y, una vez llega el niño o niña a casa, afirman, “lo único que tienes que tener es mucha, mucha paciencia”. “Al principio es una vorágine en tu vida, pero luego, de verdad, que a nosotros nuestra hija de acogida nos ha enseñado a ver la vida de otra manera. Le damos esperanza. Les estás dando la oportunidad de no replicar la vida de la que vienen”, proclama Sara.

Luis anima al acogimiento “porque hay muchas cosas importantes que haces a lo largo de tu vida, como tener hijos, familia, trabajos...”, pero sin duda, asegura, este acogimiento es de las cosas más importantes y valiosas en las que cree que está participando: “Estás en algo muy importante, trascendente, y valioso, para hacer mejor el mundo. No deja de ser un impulso, no sé si llamarlo solidario, por la justicia social”.

Las cuatro comunidades en las que ha sido probado el programa, sostiene Alarcón, “están preparadas para continuar a partir de enero. El modelo está diseñado para que sea viable y sostenible”. Ahora serán las comunidades las que decidan sostenerlo o no. La directora del programa pide un marco normativo que sea estatal donde se acepte que esta modalidad es “una más” para evitar la inequidad entre comunidades, además de más campañas para acabar con el desconocimiento latente que hay hacia el acogimiento.

El próximo viernes 22 de noviembre, el Polideportivo del Distrito Sur de Alcalá de Guadaíra acogerá una gran celebración con motivo del Día Mundial del Niño y la Niña. La X Jornada por la Infancia, que reunirá a alrededor de 300 menores, ha sido organizada por la Asociación Paz y Bien y el Consejo de la Infancia de Alcalá, contando con el respaldo del Ayuntamiento y la colaboración de la Fundación Grupo AZVI. Durante la jornada, en horario de 09.30 a 13.30, se desarrollarán varios talleres que tendrán con un enfoque educativo y lúdico, con el que buscan promover la reflexión sobre los derechos infantiles.

Además de las actividades ya mencionadas, la Policía Local, la UFAM y la Policía Judicial también ofrecerán demostraciones y talleres para reforzar el mensaje de protección y cuidado hacia la infancia.

Diez años apoyando los derechos de la infancia

Este año marca una década desde que Alcalá de Guadaíra comenzó a celebrar este evento, reforzando su compromiso con la infancia y recordando la necesidad de garantizar sus derechos. La delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, ha destacado el papel fundamental del Ayuntamiento en la promoción del bienestar infantil. “El bienestar de nuestros jóvenes y niños es uno de los objetivos más importantes del gobierno municipal. Queremos que se sientan bien y se desarrollen plenamente, por lo que continuamos reforzando actividades que promuevan sus derechos”, ha señalado Bastida, enfatizando el carácter prioritario de estas políticas.

Con el lema de esta edición, “X mí, X mis compañer@s, X mis derechos primero”, el Consistorio busca simbolizar la importancia de que cada niño y niña sea consciente de su valor y de los derechos que les protegen. Rocío Bastida también ha agradecido a la asociación Paz y Bien por su dedicación constante en pro de la infancia.

Israel Montes, presidente de Paz y Bien, recordó la relevancia del trabajo conjunto en este tipo de iniciativas y resaltó los 25 años que la entidad lleva dedicados a la protección de menores. “Llevamos 25 años apostando por el apoyo social y visibilizando los derechos de los niños, esenciales para su desarrollo como personas”, ha declarado Montes.

Un día para la infancia, un día para recordar derechos

Los talleres buscan que los niños de Alcalá trabajen y comprendan sus derechos de una forma dinámica. Las entidades organizadoras han afirmado que quieren generar un espacio donde los menores se sientan valorados y protegidos, mientras aprenden a defender y exigir el respeto a sus derechos, tal como lo reconocen las leyes nacionales e internacionales.

Natalia Díaz, también conocida bajo el seudónimo Medianoche Tube, es una activista y divulgadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Hace casi una década comenzó a denunciar un fenómeno del que nadie hablaba: el sharenting, una palabra compuesta por los términos ingleses share (compartir) y parenting (crianza o ma/paternidad). El término hace referencia a la sobreexposición de menores en redes sociales a través de fotos, vídeos y datos personales que su entorno cuelga en Internet. 

Tras años de divulgación en Internet y en medios de comunicación, Díaz ha notado que cada vez más hay conciencia a nivel social y político. “Al principio a nadie parecía importarle, pero ahora ya se habla del tema. Aunque todavía queda mucho por hacer en cuanto a concienciación”, asegura. De ahí que se haya animado a recopilar todo su trabajo sobre #StopSharenting en un libro, Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red (Harper Collins, 2024) que acaba de ponerse a la venta. 

El objetivo del libro es que madres y padres tomen conciencia sobre los riesgos que implica hacer pública la intimidad de menores en redes sociales. ¿Somos conscientes a día de hoy de lo que supone en términos de vulneración de derechos y de falta de privacidad?

Cada vez somos más conscientes, pero falta mucho camino por recorrer. Sabemos que el hecho de sobreexponer a menores en las redes conlleva peligros, pero creemos que a nosotros no nos va a pasar. Pero hay casos de pedofilia o falsos desnudos retocados con inteligencia artificial que suceden a diario. E incluso si no pasa nada grave, más allá de los riesgos, estamos sobreexponiendo a los menores sin su consentimiento.

Subir fotos y vídeos diarios, publicar datos personales suyos –como la escuela a la que van, su historial médico o su color favorito–, mostrarles en situaciones vulnerables –como una rabieta, la hora del baño o un hospital– y además enriquecerse con ello, eso es un abuso

Casi siempre al hablar de sharenting nos centramos en los peligros para los niños en Internet, cuando en realidad lo más importante es el respeto al menor. No son “personitas en construcción”, son ya personas y por lo tanto tienen derechos. Y la intimidad es un derecho fundamental contemplado en la Constitución que se debe respetar sí o sí, también con los menores. Incluso en un mundo idílico, donde no existieran la pedofilia o el acoso, estaría mal compartir imágenes y datos de menores sin su consentimiento. 

¿Hasta dónde llega la gravedad de esa vulneración de derechos? Hay quien ve exagerado pensar que por subir una foto un día puntual estamos dañando al menor.

Cuando publicamos toda la vida de la infancia en directo en redes sociales estamos vulnerando sin duda su derecho a la intimidad. Estamos creando una huella digital que en muchos casos no podrá borrarse, y lo hacemos sin contar con su opinión. Los niños y niñas no tienen la capacidad de comprender lo que son las redes sociales y a ellos no les aporta absolutamente ningún beneficio que se publiquen sus datos, entonces hay que preguntarse si es necesario subir esas fotos. ¿No puedes prescindir de ello, o enviarlas en privado?

¿Dónde se coloca la línea entre sobreexponer a la infancia y compartir una foto o un vídeo de vez en cuando? 

Nadie en su sano juicio va a decir que alguien por subir una foto de sus hijos a redes es un explotador infantil. Pero es muy difícil establecer un límite, porque es una cuestión muy personal. Muchas familias que viven de poner a sus hijos en redes sociales, que les sacan 24/7 y en directo, dicen que no creen que los sobrexpongan. Por eso se necesita una regulación, porque si no es muy difícil establecer el límite. ¿Dónde se coloca esa fina línea? En una foto, en dos, tres, en cinco vídeos al año… Yo no sabría decir dónde está. Pero teniendo en cuenta que a ellos no les beneficia en nada y solo les pone en riesgo, no sería necesario subir ni una sola foto. Lo que sí está claro es que subir fotos y vídeos diarios, publicar datos personales suyos –como la escuela a la que van, su historial médico o su color favorito–, mostrarles en situaciones vulnerables –como una rabieta, la hora del baño o un hospital– y además enriquecerse con ello, eso es un abuso y está mal.

Hace muy poco que algunos países están empezando a regular este tema. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional que nos pueda servir de referencia?

Actualmente ningún gobierno de ningún país está abordando el tema del sharenting, a excepción de Francia e Italia y, muy recientemente, España. En 2023, Francia fue el primer país del mundo en buscar una solución a esta problemática, con una ley que se basa en conseguir los mismos derechos que tendrían los niños actores que trabajan en cine o en televisión. En 2024, Italia fue el segundo país que presentó una propuesta de ley imitando el modelo francés. La propuesta italiana contempla temas muy importantes como el derecho al olvido, y no deja lugar a dudas de que esos niños están trabajando para sus padres. 

¿En qué punto estamos en España?

En nuestro país este tema no se contemplaba hasta hace bien poco. Fue con la creación del Ministerio de Infancia y Juventud [en 2023] que se empezó a hablar de estos temas, que conciernen a menores y jóvenes. El Ministerio creó un comité de expertos para crear una nueva Ley Orgánica de protección al menor en el espacio digital, que incluye una perspectiva más amplia que los casos francés e italiano. Al principio no se planteaba el tema del sharenting, solamente se centraba en otros riesgos como la exposición de los menores a las pantallas.

Si un alumno no puede aparecer en esas fotos, porque sus padres no han firmado la cesión de derechos, los colegios apartan a los niños y niñas de esa actividad, que puede ser la función de Navidad, un baile o pintar un mural: priorizan subir fotos y vídeos por encima de la función educativa e inclusiva de la escuela

Mi sorpresa fue cuando se pusieron en contacto conmigo para poder plantear este problema, dándole la importancia que tiene. Tenemos un montón de trabajo por delante, la ley está en fase de redacción, no se ha presentado todavía a tramitación parlamentaria. Pero para mí existen una serie de temas que se tienen que abordar de manera prioritaria: el sharenting en las escuelas, la regulación del trabajo infantil y la protección de niños en situaciones vulnerables.

¿Qué pasa con los centros educativos que comparten fotos de menores en sus redes sociales con fines promocionales?

El tema de las escuelas a mí me tiene preocupadísima, se están cometiendo actos de discriminación en muchos centros. Cada vez más escuelas tienen redes sociales públicas donde publican cada día fotos de los alumnos. Si un alumno no puede aparecer en esas fotos, porque sus padres prefieren que no y no han firmado la cesión de derechos de imagen, para los centros es un problema. Entonces lo que hacen es apartar a los niños y niñas que no pueden salir en la foto de esa actividad, que puede ser la función de Navidad, un baile de fin de curso o una actividad cotidiana como pintar un mural. Priorizan el hecho de subir fotos y vídeos por encima de la función educativa e inclusiva de la escuela. Y no es un caso aislado, a diario padres y madres se ponen en contacto conmigo contándome casos de este tipo. 

¿Tienen responsabilidad también las empresas que pagan a las ‘Instamamis’ o ‘Instapapis’ por campañas en las que aparecen menores?

Sí, de hecho son las principales responsables, porque las marcas conocen perfectamente este tema. Las mismas empresas que se publicitan en redes sociales también lo hacen en la televisión u otros medios convencionales, por lo que conocen las normativas. Pero ahora prefieren las redes sociales porque no hay ningún tipo de regulación, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Y hay normativas, los derechos de los menores se recogen en la Ley Orgánica de Protección del Menor y en la Constitución española.

Tendemos a pensar que explotación infantil es la imagen mental que tenemos de países subdesarrollados, del niño pequeño trabajando en una fábrica; y no solo es eso, aquí también está pasando: tenemos a muchos niños y niñas que están trabajando en las redes sociales sin regulación, enriqueciendo a sus padres

También se aprobó una Ley influencer, que es insuficiente. E incluso hay normativas europeas de publicidad que se deberían cumplir en cualquier plataforma audiovisual, y las redes sociales lo son. Pero volvemos a lo mismo: no hay nadie que regule ni que haga cumplir las normativas existentes. En ese contexto, las marcas son responsables, porque son las que ofrecen el dinero. Sin dinero de por medio no habría tanta explotación infantil.

La Asociación Española de Protección de Datos obligó hace años a un abuelo a borrar datos que había publicado sobre su nieto. ¿Podría ser esta una vía de acción, a través de la protección de datos? 

En principio sí, cualquier familiar podría utilizar los derechos que ya tenemos reconocidos, y la protección de datos es uno de ellos. A mí me parece muy triste que dentro de una familia se produzcan distanciamientos con esos abuelos, suegros o tíos que no entienden que los padres pidan que no se compartan fotos de sus hijos. Me parece muy triste tener que llegar a la judicialización de este tipo de conflictos, pero es que muchos adultos no entienden el alcance ni la gravedad del problema. 

Una de las ideas de partida que se intentan desmontar en el libro es que niños y niñas “pertenecen a sus padres”. ¿Por qué la privacidad de la infancia es un tema que nos debería preocupar a todos, y que no solo incumbe a sus padres? 

Porque son los seres más vulnerables y más indefensos de todos. No podemos dejar su cuidado y protección únicamente a manos de sus padres. Si todos los padres protegiesen a sus hijos todo sería maravilloso, no existirían los servicios sociales y no habría retiradas de custodia. Tiene que haber leyes e instituciones que defiendan al menor, para protegerles cuando los tutores legales fallan.

Si ves a un hombre pegar a una mujer, debes hacer algo. Quizás no intervengas en el momento, pero llamas a la policía o pones una denuncia. Pero si ves a un padre darle una bofetada a su hijo, miras para otro lado. Esa idea tan dañina de 'son sus hijos, él sabrá cómo educarlos'

Todos como ciudadanos tenemos la obligación de velar por la infancia. Si vemos una situación en la que un menor está siendo explotado o hay algún tipo de abuso, no podemos mirar a otro lado. Tendemos a pensar que explotación infantil es la imagen mental que tenemos de países subdesarrollados, del niño pequeño trabajando en una fábrica; y no solo es eso, aquí también está pasando: tenemos a muchos niños y niñas que están trabajando en las redes sociales sin regulación, enriqueciendo a sus padres. Y tenemos que actuar. 

Más allá del entorno digital, ¿hace falta, en general, más perspectiva de infancia? 

Totalmente, como decía antes tendemos a pensar que los niños y niñas no son personas en pleno derecho. Y es curioso porque, aunque no todos los adultos sean padres, todos hemos sido niños, pero hemos perdido la empatía y la capacidad de ponernos en su lugar. Pasa con la sobreexposición en redes pero también con muchísimos otros temas, como la violencia machista. Si ves a un hombre pegar a una mujer, debes hacer algo. Quizás no intervengas en el momento, pero llamas a la policía o pones una denuncia. Pero si ves a un padre darle una bofetada a su hijo, miras para otro lado. Esa idea tan dañina de “son sus hijos, él sabrá cómo educarlos”. 

En Estados Unidos algunos niños y niñas influencers que hoy son adultos han denunciado a sus padres por exponer su infancia en Internet. ¿Pasará también en España? 

Yo creo que habrá alguna que otra denuncia, pero seguramente no demasiadas. Lo que seguro que sí habrá serán testimonios, niños y niñas explicarán cuando sean mayores lo que supuso para ellos ser hijos de una Instamami o Instapapi. Yo estoy deseando que llegue ese momento [Risas].

Una factura de 4.400 millones de euros al año para intentar restañar en España los daños de la violencia sexual sobre niños y niñas. Es lo que ha calculado la organización Educo junto a la Universidad Pontificia Comillas que cuesta anualmente atender estos casos –los conocidos oficialmente y los ocultos–.

En España uno de cada seis niños, niñas o adolescentes sufrirá algún tipo de violencia sexual antes de llegar a la mayoría de edad, destaca el trabajo de Educo, que trata de calcular los impactos evidentes y los no perceptibles que puede tener este tipo de violencia en la economía española.

La cifra total sale de sumar los 1.200 millones de los costes asociados a los datos oficiales —es decir, los derivados tanto de los casos denunciados como de la prevalencia de esta violencia en la población y que son “la punta del iceberg”– y la cifra estimada para los daños más allá de esa punta del iceberg: alrededor de 3.000 millones de euros más, según las autoras del estudio.

“La finalidad es que se entienda que hay que cambiar el paradigma y comenzar a fomentar la prevención: no nos centremos únicamente en la reparación, que es muy necesaria, sino que pongamos esfuerzos en prevenir y en evitar que ocurran estos casos”, explica Macarena Céspedes, directora de investigación e incidencia de Educo.

¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia es el nombre de este estudio, que analiza los impactos físicos, psicológicos y sociales derivados este tipo de agresiones a niños y niñas, así como el coste en las personas afectadas y en toda la sociedad. 

El análisis diferencia entre los casos que conllevan un gasto efectivo en la administración pública y los que no. Por ejemplo: si una niña o niño indica que está siendo víctima de violencia sexual, se inician toda una serie de procedimientos que implican ciertas pruebas sanitarias, aperturas de procesos judiciales, o costes penitenciarios (en el caso de que haya una condena al agresor), etc.

Además de los casos detectados, también existen y son la “gran mayoría”, insisten en la organización, los casos no detectados que igualmente acaban causando gastos en la administración pública. Por ejemplo, el de un niño que no ha relatado ni, por tanto, denunciado el abuso, pero que sí ha perdido un curso escolar por este motivo: implica pérdidas por retrasarse ese curso o puede que padezca una depresión y necesite tratamiento.

Estos gastos se calculan a partir de la prevalencia de la violencia sobre los menores (alrededor del 17,24% de los españoles sufrirá algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años). En 2023 sólo fueron detectados 9.185 casos de los 77.407 estimados.

Daño social

“Por otro lado hemos intentado acercarnos a otra serie de costes —que llamamos no incurridos— que son difícilmente medibles. Es decir, daños que no tienen un gasto concreto asociado y que es difícil ponerles un precio específico porque reflejan el impacto que tiene en la sociedad que existan niños y niñas víctimas de violencia sexual”, cuenta Laura Barroso, investigadora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas.

Este tipo de gastos son, por ejemplo, la pérdida de oportunidades de las personas que sufrieron violencia sexual durante su infancia, el absentismo laboral, cierta destrucción de la riqueza, la posible dificultad que pueda tener esa persona en un futuro para relacionarse socialmente...

“Son toda una serie de daños que no pueden valorarse en términos monetarios de una manera sencilla pero que sí que tienen una traducción en la economía de nuestro país en la medida en que contar con un importante porcentaje de víctimas de violencia sexual durante la infancia termina suponiendo un daño social en el largo plazo”, afirma la investigadora.

Más prevención

En la parte más cuantificable, el estudio afirma que 437millones son gastos incurridos por casos detectados, y 838 millones corresponden a gastos de casos no denunciados, pero con repercusión económica directa. Si a estos resultados se suma la cifra de los “no incurridos” –ese impacto más difícilmente medible pero que está ahí–, la violencia sexual hacia la infancia tiene un elevado coste económico de 4.450 mil millones de euros. Es decir, el 0,31% del PIB.

Educo y la Universidad Pontificia Comillas buscan que estos datos sirvan como impulso para, por fin, desplegar de forma urgente todos los recursos para que ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (la LOPIVI), aprobada en 2021, sea efectiva.

Céspedes incide en que “si se detectase con rapidez este tipo de violencia podríamos frenarla, atender a ese niño o niña psicológicamente cuanto antes y por tanto reducir el impacto emocional que podría sufrir en el futuro. También podríamos evitar enfermedades derivadas de esa violencia (desórdenes alimenticios, ansiedad, depresiones) o conseguir que ese niño o niña no se desapegue completamente del sistema educativo”.

Aunque las autoras reconocen avances, aseguran que se requiere “un esfuerzo presupuestario grande” que “seguro que será rentable tanto en términos monetarios —ahora que conocemos mejor los costes— como en la mejora del bienestar y el desarrollo de la sociedad”. “Más que un gasto, se tratará de una inversión con un retorno claro que beneficiará a todo el territorio”.

Las comunidades autónomas de Extremadura, Asturias, Navarra y Canarias pidieron este jueves en un debate celebrado en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas garantizar el acceso a los derechos más básicos a todos los niños en Europa en riesgo de exclusión social.

Representantes de estas regiones participaron en el debate, y posterior votación de dos dictámenes, para el refuerzo de los sistemas europeos de garantía y protección de la infancia a escala local y regional.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, afirmó durante su intervención que para esta comunidad es una “prioridad apoyar a la familia de acogida de menores y que reciba mayores aportaciones económicas” al tiempo que recordó que en su región “siete de cada diez euros están destinados a políticas sociales”.

“Debemos poner el acento en la atención psicológica a menores de víctimas de violencia de género, prestándoles asistencia en su lugar de residencia y evitando desplazamientos en una región con una dispersión geográfica como la nuestra”, agregó Guardiola.

Además, la líder del Ejecutivo extremeño ha enfatizado que hay que “seguir avanzando en la conciliación y corresponsabilidad, así como lograr la gratuidad en la atención de los niños de 0 a 3 años en los centros educativos, como parte de las medidas para asegurar un acceso equitativo a la educación”. También ha expresado que “trabajamos ya en mantener abiertas todas las escuelas rurales, combatiendo así la despoblación”.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, destacó las políticas públicas de atención a la infancia de la comunidad que, según señaló, cuenta con una renta de garantías que apoya económicamente “a más de 4.500 familias con menores”, educación pública de cero a tres años y una “potente red de becas”.

“Hemos extendido la atención temprana para los niños que presentan trastornos en su desarrollo y hemos reforzado los servicios de salud mental infantojuvenil”, resaltó Chivite.

La directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Celia Alberto Pérez, aprovechó su intervención para destacar la situación que afronta el Ejecutivo canario con la “llegada masiva” de migrantes a las costas insulares.

“Muchos de ellos (son) niños, menores de edad que pasan a ser tutelados junto con los niños nacionales en situación de desamparo por nuestro gobierno regional. En este momento los menores migrantes superan los 5.500 niños”, destacó Pérez.

Una situación que, según aseguró la directora, tiene al servicio canario “desbordado”, se encuentra “solo” ante una emergencia humanitaria que definió como el “mayor reto migratorio de nuestra historia”.

“Canarias tiene una intolerable tasa de población en riesgo de pobreza que, por desgracia, nos pone a la cabeza en España, ratificado en la última Encuesta de Condiciones de Vida publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)”, agregó la directora.

La directora de la Oficina de Proyectos Europeos del Principado de Asturias, Raquel García González, destacó que en esta comunidad se ha puesto en marcha una red de escuelas de cero a tres años gratuitas que arrancarán este año con 822 plazas y pretende llegar al objetivo de 5.188.

Además, García González manifestó la pertinencia de aplicar “un porcentaje de cofinanciación del 90 %” en instrumentos como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a las medidas vinculadas a la protección de la infancia dentro de la Garantía Infantil Europea, de forma independiente de la categoría de la región.

La Comisión Europea presentó en 2019 una Garantía Infantil Europea con el objetivo de asegurar que todos los menores en Europa, especialmente los que se encuentran en riesgo de pobreza, tengan acceso a servicios básicos como educación y cuidados gratuitos en la primera infancia, educación gratuita (incluidas actividades escolares y al menos una comida sana al día), asistencia sanitaria gratuita, nutrición saludable y vivienda adecuada. 

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y el presidente del Comité de Castilla-La Mancha de Unicef, Eduardo Sánchez Butragueño, han firmado un nuevo convenio de colaboración en el despacho de Presidencia del Parlamento Autonómico en Toledo. Con ello reimpulsan su relación con nuevas iniciativas, entre ellas que el Parlamento figure como institución en el Pacto por la Infancia de Castilla-La Mancha.

Este acuerdo supone “un paso más en el compromiso del Parlamento de Castilla-La Mancha con la infancia”, ha subrayado Bellido.

El nuevo marco de actuaciones tiene como principal objetivo “afrontar los desafíos más importantes de la infancia y la adolescencia en Castilla-La Mancha”, según consta en el texto firmado durante un sencillo acto en el que han estado presentes también como integrantes de la Mesa el vicepresidente segundo, Santiago Lucas Torres; el secretario primero, Fernando Mora, y la secretaria segunda, Tania Andicoberry.

La principal novedad radica en que por vez primera y de manera pionera en el país, el Parlamento castellanomanchego no solo se compromete a “garantizar la continuidad y sostenibilidad” del Pacto por la Infancia que nació en 2016 y que integra al Ejecutivo y a los partidos con representación parlamentaria, sino que además formará parte activa de este Pacto y de su Comisión de Seguimiento.

“Con esta adhesión, la Mesa de las Cortes da un paso más en los compromisos públicos por los derechos de la infancia”, ha valorado Bellido tras la firma, asegurando que “no es un acuerdo más ni un protocolo irrelevante, sino un compromiso sincero para trabajar por los derechos de niños y niñas, porque si queremos que sean personas buenas hay que trabajar por su felicidad y ser conscientes de que en diferentes lugares, también aquí en Castilla-La Mancha y en España, pero sobre todo en otros puntos del mundo, sufren violencia, persecución, hambre y guerras y explotación”.

“Trabajar con unanimidad”

En este sentido, Bellido también ha hecho un llamamiento a los tres grupos parlamentarios Socialista, Popular y Vox para “ser capaces de trabajar con unanimidad en un asunto que transciende ideologías y que encarna el bien común” y ha pedido que todas las leyes que se tramiten en las Cortes, “aunque no sean específicas de infancia, tengan un cierto impacto sobre ella y midan la eficacia que tiene en quienes evidentemente son el futuro de nuestra sociedad”. Del mismo modo, Bellido ha recordado que este acuerdo reimpulsa la participación ciudadana, que el Parlamento ya promociona a través de programas como ‘Las cCortes van al cole’ o ‘Cortes abiertas’.

Por su parte, el presidente del Comité regional de Unicef ha remarcado que el de hoy ha sido “uno de los días más bonitos del año” para la organización y que el objetivo del convenio y en particular del Pacto por la Infancia radica en “fijar políticas públicas en favor de la infancia”.

Del mismo modo, el Parlamento Autonómico garantiza que seguirá celebrando al menos una vez al año un ‘pleno social’ que tenga a la infancia, sus preocupaciones y sus derechos como eje temático, una cita que tradicionalmente se celebra en torno al 20 de noviembre, Día Mundial.

Entre los ejes de actuación por los que intentará trabajar el parlamento, el convenio pide que “la inversión pública sea sostenida y estable”, sin que esté sujeta a “las circunstancias variables políticas y económicas”; promover la elaboración de informes y recogida de datos estadísticos que afecten a estos colectivos de población o, entre otros aspectos e impulsar la participación en política. Entre las áreas prioritarias que define el acuerdo de colaboración están la pobreza, la educación o la protección frente a casos de violencia física y psicológica.

Eduardo Sánchez Butragueño, director general de la Real Fundación de Toledo, es desde el 1 de febrero el nuevo presidente de UNICEF Comité Castilla-La Mancha. La organización anuncia así el relevo de su presidencia al cumplirse el mandato que marcan sus estatutos.

Sánchez Butragueño es Licenciado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en Desarrollo Sostenible. Tras ejercer como director facultativo de la Ruta de Don Quijote de 2004 a 2012, pasó a trabajar en Seguros Soliss entre 2012 y 2020 como director de comunicación y director general de la Fundación Soliss desde su creación, desarrollando multitud de proyectos culturales, medioambientales, sociales y deportivos. Desde 2020, es director general de la Real Fundación de Toledo.

Sánchez Butragueño es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y desde 2008 lidera el proyecto 'Toledo Olvidado', un blog divulgativo del legado de la fotografía histórica de la ciudad por el que ha recibido varios premios y reconocimientos, como el de Ciudadano de Honor de la ciudad de Toledo en 2019.

Nueva etapa

Se incorpora a UNICEF Comité Castilla-La Mancha con el propósito firme de defender y promover los derechos de la infancia en todo el mundo. “Asumo esta responsabilidad con mucho agradecimiento y con la ilusión de ser útil y conseguir que UNICEF logre sus objetivos en Castilla-La Mancha”.

Le acompañan en la nueva Junta directiva autonómica, María Ger Martos, como vicepresidenta; Cristina Santacruz Fabregues, como secretaria; y Alfredo Copeiro del Villar González, como tesorero.

Sánchez Butragueño sustituye en el cargo a Joaquín Sánchez Garrido, quien ha desempeñado esa labor durante los últimos cuatro años. UNICEF España agradece a Sánchez Garrido su compromiso con la organización durante su etapa al frente del Comité, reconociendo el trabajo que ha llevado a cabo a favor de la infancia.

Un periodo en el que se han tejido alianzas de colaboración con el sector privado y se han consolidado las relaciones institucionales, poniendo el foco en la infancia y en el cumplimiento de sus derechos.

El Tribunal de Cuentas tacha de “insuficiente” el Fondo de Garantía de Alimentos (FGA), creado en 2008 para garantizar el abono de pensiones de alimentos impagadas por los progenitores a sus hijos menores de edad.

En 2022, este fondo ejecutó 1,4 millones de los 1,8 millones presupuestados, tras denegar casi el 70% de las solicitudes. El organismo fiscalizador insta a ampliarlo, ante lo que considera que son criterios de acceso demasiado restrictivos, así como una cobertura escasa a los niños beneficiarios.

El Fondo de Garantía de Alimentos paga un anticipo a los menores de las cantidades adeudadas por parte de sus progenitores, que siguen teniendo la obligación de pagar esta cantidad, que les exige Hacienda. La cobertura del fondo, a petición de la familia, es de 100 euros al mes por menor por un período de duración máxima de 18 meses.

El Tribunal de Cuentas considera que el fondo es una política pública “necesaria” y “positiva”, pero a día de hoy “insuficiente”, según recoge en su informe evaluador publicado hace unos días. La gestión de este instrumento, que corre a cargo de la Secretaría General de Clases Pasivas –dentro del Ministerio de la Seguridad Social– está bien calificada por el organismo, que señala que los problemas están en el diseño del propio fondo.

El Gobierno de coalición se comprometió en la pasada legislatura a “mejorar” la cobertura y dotación económica del FGA. Primero lo hizo en la llamada Ley del 'solo sí es sí' y después incluyó la medida en la Ley de Familias, pero decayó su tramitación con el adelanto electoral.

Solicitudes denegadas a familias pobres

El informe del Tribunal de Cuentas hace un repaso al funcionamiento del fondo en 2022, que da cuenta de algunas de sus limitaciones. En ese año, se tramitaron 1.748 solicitudes de las que solo resultaron positivas 554. Es decir, que el porcentaje de negativas alcanzó el 68%.

Como resultado, del presupuesto de 1,8 millones de euros asignado al FGA en 2022, solo se pagó en anticipos algo menos de 1,4 millones, lo que deja sin ejecutar 402.170 euros, un cuarto de la partida asignada.

“Cabe mencionarse que se mantiene un porcentaje muy alto de denegaciones de anticipos”, alerta el organismo. Aunque el dato de 2022 es el más alto de la serie histórica desde 2008, “en ningún año ha bajado del 44%”.

El principal motivo de la denegación es el desistimiento de la familia solicitante, al no presentar información o documentación requerida por la Administración para subsanar el expediente. El siguiente: sobrepasar el umbral de ingresos familiares máximos. Ambos criterios explican más del 80% del total de rechazos en 2022.

Las elevadas denegaciones y los escasos recursos presentados contra esa decisión muestran que los rechazos no se deben “a una mala praxis, sino a la existencia de una realidad social a la que no alcanza a dar solución la actual regulación del Fondo”, considera el Tribunal de Cuentas.

El informe responsabiliza sobre todo a las “exigencias económicas” para acceder al fondo, “que limitan el acceso a familias con ingresos significativamente inferiores al umbral de la pobreza”.

“Dicho de otro modo, existen familias con ingresos considerados de pobreza sin la oportunidad de poder acceder al FGPA”, subraya el tribunal. Por ello, insta a elevar los umbrales de ingresos máximos para que puedan acceder más familias a la ayuda.

El impago de las pensiones alimenticias, en la mayoría responsabilidad de padres, supone “el agravamiento de las dificultades económicas que en general sufren las familias monomarentales”, que ya sufren altísimos niveles de pobreza y exclusión en España, recuerda el tribunal.

Con datos de 2021, la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social alcanzaba a más de la mitad de los hogares integrados por una persona adulta con descendientes dependientes (54,6%), “mientras que para el total de hogares la tasa era del 27,6%”, recuerda el informe.

El fondo tiene por un lado el objetivo de garantizar los derechos de estos niños, pero también de evitar la “violencia económica” que ejercen algunos hombres sobre las mujeres al privar a los hijos de estos recursos económicos para su manutención. El FGA tiene un gran impacto de género. El 96% de las solicitudes en 2022 fueron presentadas por mujeres (un 97% del total en la serie histórica desde 2008).

Recomienda también aumentar las ayudas

El Tribunal de Cuentas no solo considera “insuficiente” el FGA por sus restrictivos criterios de acceso, sino también por la propia protección que brinda a los menores que sí son beneficiarios de la ayuda. El informe señala dos cuestiones, “la escasa cuantía y duración de las garantías”.

La cuantía máxima de 100 euros “está por debajo de las pensiones de alimentos habituales, de entre 150 y 200 euros al mes”, indica el organismo. Además, señala que solo para alcanzar el valor adquisitivo de 100 euros de diciembre de 2007 debería haberse aumentado la asignación a unos 130 euros en 2022.

El Tribunal de Cuentas reclama así aumentar las cuantías máximas de los anticipos y que “se regule su actualización”. También que se “prolongue la protección en caso de mantenerse la situación de impago, hasta la mayoría de edad del beneficiario o su independencia económica”.

El máximo de cobertura de 18 meses se considera muy limitado. La edad media de los beneficiarios del fondo está alrededor de los 10 años, por lo que “en promedio, y si se reconoce el derecho al anticipo por el periodo máximo de 18 meses, el beneficiario agotará su derecho a la cobertura con 12 años, aún lejos de la mayoría de edad”, recoge el análisis.

Entre las mejoras más demandadas, el organismo también recomienda que “se acceda a la ayuda con un título ejecutivo de la pensión de alimentos, sin necesidad de realizar previamente un intento de ejecución judicial”. De cara a los impagos de los progenitores, plantea que “se imponga un recargo al deudor sobre las cantidades impagadas” y que se le inscriba en “registros de morosos”.

Como punto de partida, el Tribunal de Cuentas reclama además “impulsar el seguimiento estadístico del impago de las pensiones de alimentos”, para poder adecuar el diseño del futuro fondo y sus necesidades presupuestarias a la magnitud del problema.

Existen dos tipos de normativas, las vinculantes ('hard law'), es decir, aquellas normas que establecen obligaciones jurídicas para los Estados y, por tanto, se convierten en instrumentos coercibles para los estados firmantes. Y las no vinculantes ('soft law'), es decir, aquellas que carecen de obligatoriedad, siendo meras declaraciones de intenciones, aspiracionales y, por tanto, no coercitivas en caso de incumplimiento.

Hay un caso de normativa jurídicamente no vinculante que se ha convertido en norma consuetudinaria, la Declaración más invocada por las legislaciones nacionales e internacionales, es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Mientras que una Declaración es una manifestación de voluntad que realiza un sujeto de Derecho Internacional y en algunos casos, puede acompañar a ciertas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una Convención supone, en el ámbito del Derecho Internacional, ciertos principios formales y acuerdos adoptados por Organizaciones Internacionales como las Naciones Unidas. En este sentido, cabría destacar la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y su antecesora Declaración de los Derechos del Niño de 1959.

La Declaración de los Derechos del Niño incluyó 10 principios, pero realmente era una normativa insuficiente, entre otros motivos porque no tenía ese carácter vinculante, obligatorio. De ahí que, en 1978 el Gobierno de Polonia presentara un borrador de la Convención a las Naciones Unidas, y después de diez largos años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, con ONG, líderes religiosos y otras cuantas instituciones, se aprobara, el 20 de noviembre de 1989 (entrada en vigor en 1990), la Convención de los Derechos del Niño, firmada en principio por veinte países (entre ellos España), y actualmente por 196. Siendo Estados Unidos el único país que habiéndola firmado no ha completado el proceso de ratificación de esta Convención.

Obligaciones de los Estados, de los poderes públicos, de las madres, los padres, de toda la sociedad, porque “esos locos bajitos” también tienen derechos

Esta Convención tiene 54 artículos enmarcados en 4 principios: 1) No discriminación (todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos, sin importar su color de piel, su religión, su origen y procedencia o las ideas de sus madres y padres); 2) Interés superior del niño (todas las leyes, políticas y decisiones que puedan afectarles deben tener en cuenta qué es lo mejor para ellos y ellas); 3) Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (Todos los niños y las niñas tienen derecho a vivir y alcanzar su máximo potencial en la vida); 4) Participación infantil (niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afectan y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta).

A partir de todo ello, se desarrollaría entre otras, la protección de los niños y las niñas contra todo tipo de violencia y explotación, sin embargo, los conflictos armados nos muestran una y otra vez la vulneración de sus derechos, considerándose 6 las violaciones que pueden sufrir los niños y las niñas en este contexto: 1) Asesinato y mutilación; 2) Reclutamiento o utilización en fuerzas armadas; 3) Ataques en escuelas u hospitales; 4) Violación o sometimiento a violencia sexual; 5) Secuestro; 6) Denegación de acceso a la asistencia humanitaria.

El pasado 24 de octubre UNICEF alertaba de que, en los últimos 18 días, la Franja de Gaza había sido testigo de las devastadoras consecuencias de la guerra en la población infantil, decía que ya había 2.360 niños y niñas muertos y 5.364 heridos, pero no es el único conflicto alarmante, aunque sí el más actual y mediático.

Desde que en 2005 se iniciara el monitoreo, las Naciones Unidas ha verificado (la cifra real puede ser mayor) 315.000 violaciones graves cometidas por las partes en conflicto en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, destacando entre 2005 y 2022 los siguientes datos: más de 120.000 niños y niñas muertos o mutilados; al menos 105.000 reclutados o utilizados por fuerzas o grupos armados; más de 32.500 secuestrados; más de 16.000 sometidos a actos de violencia sexual; más de 16.000 ataques contra escuelas y hospitales; más de 22.000 casos de denegación de acceso humanitario a menores de edad.

Según Save the Children, en 2021, en todo el mundo, 449 millones de niños y niñas (1 de cada 6) vivía en una zona de conflicto; durante ese mismo año, ha habido cerca de 24.000 violaciones graves contra la infancia (promedio de 65 violaciones al día); alrededor de 40 millones de niños y niñas se vieron obligados a desplazarse (un menor huiría cada cinco segundos); de todos los niños y niñas que huyeron a Europa, 17.000 huyeron a Europa por tierra o mar sin su familia (casi 3 de cada 4).

Cada 20 de noviembre, desde 1990, se celebra el Día Mundial de la Infancia, sin embargo, como en tantos otros temas de índole preponderantemente social, aunque también sin duda de índole política, económica, intercultural…, queda mucho camino por recorrer y mucho por trabajar ya que la norma como hemos visto existe y es de obligado cumplimiento, pero no se cumple.

Sin duda, como humanidad hemos fracasado a la hora de proteger a los niños y las niñas en caso de conflicto armado, pero también en muchas otras situaciones como ocurre cuando se les niega su identidad jurídica o prueba de existencia al no ser registrados al nacer; cuando se les impide o dificulta acceder y asistir a la escuela, cuando sufren agresiones sexuales o explotación sexual, cuando se les obliga a contraer matrimonio, cuando son juzgados penalmente como personas adultas, cuando son detenidos por el mero hecho de ser migrantes o refugiados, cuando se les obliga a trabajar, cuando se permite que vivan en pobreza extrema o cuando no se les da voz en la toma de decisiones que les afecta.

Los niños juegan a ser narcos. Cinco jóvenes de la preparatoria del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Guaymas (Sonora) simulan una ejecución como si se tratara de un cártel de México para pedir el voto en las elecciones escolares. Cuatro de ellos, encapuchados, apuntan con palos de escoba a su compañero sentado, maniatado y con la cara tapada, y piden el voto para las elecciones. “Puro pozolero” dice uno de ellos —en referencia a la práctica utilizada para deshacerse de cadáveres con ácido— y “disparan”. De fondo suena el corrido “Mi Terre CLN”, canción en honor al Chapo Guzmán.

El vídeo se viralizó e hizo saltar las alarmas ante la “normalización de la violencia y de la narcocultura”, tal y como expresó Reinserta, organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes expuestos a situaciones traumáticas relacionadas con la violencia en México. La realidad es que el año pasado al menos 30.000 niños y menores de 18 años fueron utilizados por el crimen organizado, según la organización Tejiendo Redes Infancia, y en la actualidad hasta 250.000 corren el riesgo de ser reclutados en el país, según Reinserta. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) calcula que más de 300.000 niños en todo el mundo están siendo reclutados por grupos armados.

Iker no jugaba cuando, a los 16 años, recibió instrucciones del cártel y cometió su primer asesinato: “Al principio, por la impresión de ver cómo madreaban a la rata, vomité, pero luego de vomitar me metí coca y fue cuando se me salió el ‘fua’, andaba bien enojado. Cada uno agarró una mano y se la cortó, al último le mochamos la cabeza, él nomás gritaba, por eso le encintamos la boca. Esa primera vez que maté a alguien sí sentí feo, ya con la segunda, tercera, cuarta ya no sientes nada”.

Su testimonio es uno de los 68 recogidos en el informe Niños, niñas y adolescentes reclutados por la Delincuencia Organizada, realizado por Reinserta en 2022. La delincuencia organizada suele reclutar a niños de entre nueve y 15 años que realizan distintas tareas según su edad: los más jóvenes, observar e informar (halcones; a partir de los doce años, cuidar casas de seguridad y/o transportar droga y desde los dieciséis años, realizar secuestros y asesinatos (sicarios). Sin embargo, el estudio observa que se hallaron casos en los que desde los diez años ya eran sicarios y a los 15 tenían personal a su cargo.

Entorno familiar y drogas

Los factores que influyen en el reclutamiento de niños tan pequeños son múltiples. En el caso de Iker venía de familia: “Yo sabía que mis tíos se dedicaban al crimen organizado, andaban en las trocas (camionetas), todos arriba artillados, con armas, caravanas y demás, luego se baleaban con otros vatos (hombres) o con la policía, era normal”. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es muy habitual que muchos niños de zonas marginadas tengan un familiar, amigo o conocido que pertenezca a algún grupo delictivo, lo que hace que sea percibido como algo común. Así, el contacto es más sencillo. El entorno familiar cobra vital importancia, ya que el abuso, la falta de supervisión o ser testigos de actos de violencia dan lugar a un estado de indefensión por parte de los menores, aprovechado por parte de la delincuencia, analiza el estudio. Además, vivir la muerte de algún familiar cercano relacionada con el crimen organizado puede generar un deseo de venganza en los jóvenes.

Iker también tuvo relación desde muy pequeño con la droga: “En mi casa estuve en contacto con la droga desde muy chico, mi hermano consumía marihuana y cocaína, un día vi que se estaba drogando y le dije que si me daba a probar, me dijo que no y me fui con unos camaradas, ellos sí me ofrecieron, a los once años probé la marihuana por primera vez y a los doce la cocaína”. El acceso a sustancias tóxicas y el abuso de ellas es otro factor que acerca a los jóvenes a estas situaciones, ya que aumentan el riesgo de conductas violentas y de involucrarse con pandillas o grupos del crimen organizado.

“Era bien desmadroso, no me gustaba la escuela y empecé a andar de marihuano pero quería trabajar primero”, cuenta Iker. Empezó a faltar a la escuela y sus padres no se dieron cuenta hasta que no les llamaron y lo expulsaron. El entorno escolar puede ser un factor de protección o de riesgo para los jóvenes, dependiendo de sus condiciones o características, recoge el informe de Reinserta. Por un lado, la ausencia de un servicio de calidad disminuye las posibilidades de acceso al mundo laboral. Por otro, las escuelas pueden identificar los riesgos, pero también, si los colegios no están bien supervisados, pueden generar situaciones de violencia o bulling que pueden conducir al ausentismo de los estudiantes, además del impacto emocional que puede tener en los jóvenes.

Cuando Iker fue expulsado de la escuela, su vida se volvió un “desmadre”. Empezó a juntarse más con sus tíos y a los 13 o 14 años comenzó a tener más relación con ellos. Un día Iker le preguntó a su tío a qué se dedicaba, y este le dijo: “Ando jalando en lo que te vas a meter tú también cuando seas más grande”. Se enteró que formaba parte del Cártel del Noroeste, que movían droga en Laredo y que sus rivales eran los Zetas. Su tío le recomendó que ahí no se metiera, porque eran muy “sanguinarios” y no tenían “piedad”.

Pobreza

Existe un patrón de concentración de la violencia mayor en las grandes ciudades debido al crecimiento tan rápido que han vivido las urbes, que da lugar a zonas muy precarizadas con acceso limitado a servicios como la educación, el agua o la salud. En 2020 había en México 55,7 millones de personas en situación de pobreza —sobre una población de 126 millones ese mismo año—, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De esos 55,6 millones, 18,2 eran niños y adolescentes entre 0 y 17 años. De ellos, cuatro millones se encontraban en situación de pobreza extrema. Según la ONU, la pobreza puede ser un factor motivador para ingresar en grupos armados: para algunos niños garantiza una comida, por lo que algunos padres entregan a sus hijos con la esperanza de que tengan qué comer y donde vivir.

La violencia y la desigualdad socioeconómica es uno de los factores más importantes por los que los niños son reclutados por el crimen organizado. Además, los jóvenes que viven en áreas inmersas en violencia están más expuestos a involucrarse con grupos delictivos organizados o con pandillas de sus comunidades, las cuales suelen ser el primer escalón al crimen organizado.

Iker, fuerte y ágil, sentía que podía ser un activo importante para el cártel, tenía de ejemplo a sus tíos y quería parecerse a ellos. “Me motivaba el poder, el dinero y las mujeres, buscaba el respeto y la atención que tienes al ser parte de la delincuencia organizada, que pasara y todos me tuvieran miedo, que dijeran: 'Ese güey es bien cabrón'”, explica. La búsqueda de pertenencia, reconocimiento, dinero y respeto que la sociedad o el Estado no les ha permitido conseguir es otro de los factores que explica el reclutamiento de los jóvenes.

El negocio del dolor ajeno

A los 14 años entró de manera formal al cártel y recibió adiestramiento militar. Empezó como halcón y después se dedicó a cruzar gente a Estados Unidos. A los 15 pasaba también marihuana por la frontera. Era “guía” y cruzaba el río con una lancha. Las personas migrantes son unas de las más afectadas por el crimen organizado, ya que suponen una actividad de “bajo riesgo y alta rentabilidad” para estos grupos, según la Organización Internacional para las Migraciones. En ocasiones se dan secuestros de niños por parte de estos grupos y, por el camino, los migrantes enfrentan distintos tipos de violencia. Pueden ser víctimas de explotación sexual y laboral, secuestros y extorsiones, así como ser abordados por el crimen organizado para llevar a cabo actividades como el transporte de droga. Según el informe, los menores migrantes son especialmente vulnerables, sobre todo si no van acompañados o no cuentan con una red de apoyo ni familiares que los reciban, lo que los sitúa en un estado de desprotección frente a la delincuencia organizada.

Llegó el día en que un primo de Iker, que trabajaba para el Cártel del Noroeste, le dijo que entrara a ser sicario con él. Y cometió su primer asesinato, con dieciséis años. Se dedicaba principalmente a secuestrar a gente. Fue detenido por posesión de narcóticos con 17años.

En el momento en que Iker escribió su historia se encontraba cumpliendo una medida preventiva de tres años. El cártel intentó ayudarle, mandando dinero y abogados, pero no encontraron un letrado especialista en menores de edad y sólo pudieron sacar a sus tíos de la cárcel. A su familia la siguen apoyando también con dinero. Durante su encierro juega a fútbol y ha vuelto a estudiar. No se arrepiente de lo vivido, pero tampoco se lo recomendaría a nadie: “Ahorita yo ya no puedo salirme, hasta que me metan de nuevo a la cárcel o me maten. Al menos quiero sacarle algún provecho a esto, me gustaría sacar a mis tíos —del cártel— y seguir en lo mismo por todo el dinero y el placer”.

En realidad, podría haber reproducido en su integridad mi artículo publicado en este mismo medio hace exactamente un año, el 10 de abril de 2022. Desgraciada e increíblemente, nada o prácticamente nada ha cambiado desde entonces en esta materia, salvo algún detalle menor que no evitará la ignominia. El “detalle” al que me refiero es la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, cuyo artículo 32 se refiere a la “prevención de la gestación por subrogación o sustitución”, tras calificarla como “forma de violencia reproductiva”, reiterando que es un contrato nulo de pleno derecho y que, a través de campañas institucionales, se promoverá la información acerca de la ilegalidad de estas conductas, se produzcan con o sin precio, refiriéndose su artículo 33 a la prohibición de la promoción comercial de la gestación por sustitución.

¡Y esto es todo, amigas! Nada más se ha hecho al respecto, nada se ha avanzado para evitar que sigan vulnerándose los derechos fundamentales de la madre gestante y del niño reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos. Nada se ha hecho para impedir actuaciones contrarias a la dignidad humana de la mujer ni el evidente daño al interés superior del menor y una inaceptable explotación de la mujer cuyo cuerpo y cuyas funciones reproductivas se utilizan como una materia prima con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo —ningunas de estas son son mis palabras, sino las de la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2022—.

Podemos abrir y cerrar este debate cuantas veces queramos; podemos escandalizarnos ante determinados concretos acontecimientos; podemos intentar justificar y relativizar ciertas decisiones… Pero, en todo caso, debemos recordar que no es un debate que pueda partir de la nada, sino que hay ya muchos elementos a tener en cuenta e incorporar al mismo. Ciertamente, no podemos obviar lo que organismos como la ONU y otros de similar relevancia y solvencia han venido expresando al respecto.

Punto de partida ha de ser, ineludiblemente, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas —vigente en España desde 1991—, cuyo artículo 35 obliga a los Estados Partes a tomar “todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”. Lo que se complementa en el protocolo facultativo de dicha Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de mayo de 2000, cuyo artículo 1 prevé que “los Estados Partes prohibirán la venta de niños...” y cuyo artículo 2 define la venta de niños como “todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”.

A este respecto, la relatora especial sobre la venta y la explotación sexual de niños emitió, tras un buen número de reuniones previas con personas expertas, un exhaustivo informe ante la Asamblea General de la ONU el 15 de enero de 2018 en el que señala que su análisis sobre la venta de niños “es aplicable a la gestación por sustitución de ámbito internacional y nacional, la gestación tradicional y gestación por sustitución de carácter comercial o altruista”. Se hace eco dicho informe de las urgentes preocupaciones en este terreno, la incapacidad de adoptar posiciones comunes —como en el seno del Consejo de Europa—, la existencia de prácticas abusivas y la realidad de que en muchas ocasiones “la regulación de la gestación por sustitución está pensada para garantizar el cumplimiento de los contratos, la entrega de los niños a los aspirantes a progenitor, mantener los beneficios de la industria y rechazar intencionadamente la mayor parte de las protecciones de las que son merecedores los niños o las madres de alquiler” —y sí, permítanme, pero este informe se refiere siempre a “las madres de alquiler”, sin paliativos—.

Y razona también dicho informe que “la gestación por sustitución de carácter comercial que se practica actualmente constituye venta de niños conforme a la definición prevista en el derecho internacional de los derechos humanos”, sin perjuicio de que no sea así si se regula a la luz de dicha normativa. Y, en relación con la gestación por sustitución de carácter “verdaderamente altruista”, la entiende como “acto gratuito, a menudo entre familiares o amigos que tenían una relación previa”, y reseñando también que la calificación de “altruistas” de determinados contratos de sistemas de gestación subrogada no eluden automáticamente el alcance del protocolo reseñado.

No olvida este Informe la cuestión de la “venta de niños y el reconocimiento de los casos de gestación por sustitución en el extranjero”, refiriéndose a la “situación en que sus nacionales eluden la legislación interna practicando la gestación por sustitución en el extranjero antes de tratar de traerse al niño a su país de origen”, supuestos en los que los Estados implicados deben, naturalmente, “velar por que no se produzca apatridia”.

Pero, sobre todo, este informe contiene unas conclusiones muy relevantes y que deben ser útiles para una hipotética futura regulación de esta gestación por sustitución —o alquiler de vientres o de mujeres—. Así, admite incluso la vía comercial siempre que se conceda a la madre de alquiler la condición de madre en el momento del parto sin tener ninguna obligación contractual o jurídica sobre el traslado físico o jurídico del niño, pudiendo optar por conservar la patria potestad aunque deba compartirla con la persona o personas aspirantes a progenitoras. Para proteger a los niños también contempla que en todas las decisiones en materia de patria potestad y responsabilidad parental un tribunal o autoridad competente efectúe un examen apropiado y no discriminatorio de la idoneidad de las personas aspirantes a progenitoras, antes o después del parto. Condiciones, todas ellas, de imposible o, al menos, difícil cumplimiento so pena de vaciar de contenido esta práctica —ojalá así fuera—, pues no olvidemos cómo se está produciendo y qué contratos se están celebrando.

Termina el informe recordando algo elemental: que el derecho internacional no prevé un “derecho a tener un hijo” y que la normativa que se elabore lo sea con base en los derechos humanos.

Tenemos también otras importantes reflexiones en el marco nacional, como el Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada de 8 de mayo de 2017, en el que se plantean dos principales problemas jurídicos. Uno, el de que, pese a que esta práctica es contraria a la ley nacional, muchas personas españolas consiguen ser padres o madres en países donde es legal, recordando que hay otros ámbitos en los que los hechos son perseguibles incluso penalmente aunque se realicen en el extranjero, como la compra de órganos. El segundo gran problema es el de responder a si, pese a reconocer la ilegalidad del proceso, se debe reconocer a los padres y madres comitentes la filiación legal del nacido por encargo o si no sería más coherente negarla para desincentivar esta práctica.

Y la respuesta del Comité de Bioética es en los siguientes términos: que todo contrato de gestación por sustitución, sea lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor; que ha de darse verdadera eficacia legal a la nulidad de esos contratos; que es necesario a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación, en garantía de la dignidad de la mujer y del niño.

En definitiva, entiendo que tenemos ya muchos mimbres —los que acabo de plasmar y muchos más, desde luego— para poder afrontar un debate inaplazable, pero sereno y sosegado, en aras de una regulación verdaderamente garantista de la dignidad de mujeres y niños y elusiva de esta violencia. Lo demás, solo son cantos de sirena e intentos de marear la perdiz, aún más, si cabe.

Mi citado artículo de hace un año terminaba así: “El Tribunal Supremo hace lo que le corresponde: resuelve un caso y dicta su doctrina. Ahora queda la pelota —la dignidad de mujeres y menores, quiero decir— en manos de quienes tienen la competencia para seguir dictando normas que impidan que esta aberración continúe, esto es, en manos del Gobierno y el Parlamento, así como de la propia Fiscalía para perseguir estos hechos. Espero ansiosa su actuación, que no puede esperar un solo día más, pues la ignominia ya dura demasiado”.

Hoy no puedo darle otro final. ¡Y bien que lo lamento!

En algunas de sus viñetas más icónicas, Quino dibujó a la célebre Mafalda acompañada de un globo terrestre, como excusa para la reflexión y la crítica. Hoy, 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, habrá quien comparta estos dibujos icónicos en sus estados y perfiles de redes sociales. Ante esta esfera, Mafalda comprimía en sus preguntas sus preocupaciones e incomprensiones por esa sociedad de aquel entonces. La realidad ha cambiado, y es verdad que, cuando echamos la vista atrás y comparamos la infancia que hace mucho tiempo vivimos algunos de nosotros, solemos argumentar las ventajas e incluso -por qué no decirlo privilegios- de los que gozan actualmente las personas menores de edad.

Los niños, niñas y adolescentes de hoy han crecido bajo la protección del Estado de Derecho y son personas que han disfrutado del reconocimiento de un estatus jurídico respetuoso con la dignidad humana y la libertad desde su nacimiento.

Los cambios sociales y jurídicos producidos en nuestro país en los últimos años, con el reconocimiento de los derechos de los menores, y el establecimiento de unas pautas educativas basadas en la tolerancia, el respeto mutuo y el libre desenvolvimiento de estos derechos, están modelando menores libres que son invitados a ejercerlos y actuar en libertad y responsabilidad.

Debemos alabar, por tanto, las enormes bondades del sistema jurídico democrático y social del que nos hemos dotado y en cuyo seno debe desarrollarse una infancia y juventud sana, democrática y tolerante. 

Somos testigos de las paradojas que ofrecen las sociedades más modernas y evolucionadas, porque observamos cómo surgen situaciones de maltrato y de desatención hacia los más débiles

Sin embargo, retos como la Covid, el cambio climático, la brecha digital, la transición energética o la salud mental nos obliga como sociedad a mejorar con rapidez los desajustes provocados por estos nuevos retos. 

Esta realidad tiene otra cara menos amable y, por ello, los dibujos de la hija de Quino nos siguen pareciendo tan actuales.

Ciertamente, como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, somos testigos de las paradojas que ofrecen las sociedades más modernas y evolucionadas, porque observamos cómo surgen situaciones de maltrato y de desatención hacia los más débiles, hacia los más vulnerables, hacia los niños, niñas y adolescentes.

Estas deficiencias y carencias sociales y educativas, así como otras razones, provocan que se den situaciones de quiebra en los ámbitos en los que se desenvuelven las personas menores de edad. Casos de malos tratos en el seno de la familia, violencia en el ámbito educativo, supuestos de explotación infantil, abusos sexuales, abandono, quiebra de derechos y desprotección que sufren muchos menores migrantes, pobreza infantil, agravamiento de casos de salud mental... son problemas reales y actuales. 

En una de sus más conocidas viñetas, Mafalda descarga todo su desencanto frente a su globo terráqueo: "¡¡¡Paren el mundo, que me quiero bajar!!!" 

En estos momentos los niños se están enfrentando a una complicada situación social y de crisis que hace peligrar o que pone en cuestión su propio estado de bienestar. Una realidad que si no hacemos algo y de forma urgente puede que muchas de esas proclamas y reconocimiento de derechos hacia la infancia reconocidos en todos los ámbitos se quede en papel mojado. 

En una próxima jornada junto a Save the Children, el próximo 30 de noviembre, analizaremos la situación de los derechos de la infancia en relación al incremento de la pobreza a causa de la pandemia por COVID, y el impacto por otra crisis del presente, la del cambio climático y las consecuencias en la salud mental a estas edades.

En una de sus más conocidas viñetas, Mafalda descarga todo su desencanto frente a su globo terráqueo: “¡¡¡Paren el mundo, que me quiero bajar!!!” 

Supone nuestro deber construir un mundo en el que los niños y niñas del presente quieran vivir. Sirvan días como el de hoy para reflexionar sobre ese mundo, y unificar esfuerzos que permitan que niños y niñas puedan disfrutar de sus derechos de forma plena, en un globo terráqueo sin restricciones o discriminación. Para todos y todas.

El retorno de las vacaciones viene inevitablemente marcado por las campañas de vuelta al cole de muchas marcas y comercios, fundamentalmente de venta de ropa y calzado, libros y material escolar. Junto a ellas hay otras campañas más llamativas, pero que seguimos asumiendo con normalidad: aquellas que ofrecen créditos para que los hogares con niños y niñas puedan asumir el desembolso que les supone este retorno a la escuela.

Esa normalidad no debería ser tal. Que una familia se tenga que endeudar para que sus hijos puedan acceder al ejercicio de un derecho fundamental, el de la educación (así reflejado en la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño), es cuando menos discutible desde una perspectiva de derechos humanos y de equidad.

El desembolso de estos costes llamados “indirectos” (pero muchos de ellos en realidad imprescindibles para la escolarización) se produce este año en un contexto de muy alta inflación que está golpeando a toda la ciudadanía, pero de forma especial a las familias con niños y a los hogares con menos ingresos.

A los hogares con bajos ingresos porque el actual aumento de precios se está cebando particularmente en productos básicos de consumo: alimentos, energía y suministros básicos de la vivienda que tienen un peso muy importante en la cesta de la compra de las familias. Además, con los altos incrementos de precios de muchos de ellos, muy por encima del índice general, se dificultan las posibles estrategias de ahorro, ya que no hay productos sustitutivos más baratos a los que acudir —como la pasta, la harina o el pollo— porque precisamente son estos lo que más están subiendo.

Y a las familias con niños y niñas a cargo porque su gasto medio es mayor y porque esa diferencia de gasto respecto a los hogares sin hijos se da de forma también especial en ámbitos muy castigados por la subida de precios como la alimentación y el transporte. Por ejemplo, una pareja con dos hijos gasta de media 1.500 euros más al año en alimentación que una sin ellos. Los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares en estos apartados vienen a desmentir el aforismo: donde comen dos no comen tres.

Este diferencial de gasto entre hogares con hijos o sin ellos es obvio también en el gasto educativo. El actual panorama económico, además del obstáculo general que estos desembolsos suponen al ejercicio del derecho a la educación, nos sitúa en un escenario aún más preocupante por su incremento. Algunos ejemplos: el coste de los productos en papel (incluidos los cuadernos escolares) ha subido un 23% anual, lo que hace previsible un incremento significativo del precio de los libros de texto (como ya están avanzando algunas encuestas privadas) o de los servicios de comedor, impulsados por el incremento de los productos de alimentación y la energía.

¿Qué hacer para afrontar esta situación tan complicada para muchas familias? Para Unicef España resulta desesperante ver cómo en las sucesivas crisis de los últimos años los niños, niñas y adolescentes (y también los jóvenes) han pagado un precio desproporcionado en términos de incremento de la pobreza o exclusión social. No es accesorio recordar que muchos adolescentes de este país están afrontando con sus familias la tercera crisis de sus vidas.

Es justo reconocer que en los últimos años se han realizado avances importantes en la protección social de la infancia, a través de una mayor inversión y sensibilización sobre los efectos tremendamente negativos que la pobreza tiene en los niños y niñas (y en el país), pero tenemos como asignatura pendiente una prestación universal de apoyo a la crianza. Una prestación que actúe de forma preventiva, pero también reparativa, frente a las crisis y su impacto en las familias. Los países de nuestro entorno que cuentan con esta medida, la gran mayoría, son mucho más efectivos reduciendo la pobreza infantil que el nuestro, a la cola de Europa junto con Malta en este aspecto. Reconocer la importancia de la crianza, también económicamente, es además un paso adelante para afrontar el inquietante panorama demográfico que se nos dibuja a medio plazo.

Junto con esta medida de carácter general, puede haber otras más centradas en los costes educativos. Unicef España respalda la petición que el Comité de los Derechos del Niño hizo a España en 2018 para que “garantice el acceso a la enseñanza obligatoria de buena calidad para todos los niños, lo que incluye sufragar los costes indirectos conexos”. Acciones de urgencia recientes como la reducción de precios del transporte y el incremento de becas de bachillerato, y otras con más recorrido, como el préstamo de libros de texto, contribuyen a reducir estos costes, pero el escenario de estas medidas es todavía muy desigual en los distintos territorios y no siempre garantizan que las familias que más lo necesitan accedan a ellas.

Algunas de la metas y objetivos del recién aprobado Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea enlazan directamente con esta necesidad de eliminar las barreras económicas para el acceso a la educación, pero el horizonte del Plan (2030) se antoja demasiado lejano cuando estas políticas ya eran necesarias desde hace tiempo, y este año aún más.

El camino hacia una deseable gratuidad universal de estos materiales y servicios podría empezar por lograr que todas las becas y ayudas educativas (de libros, de comedor, de transporte) sean consideradas un derecho subjetivo del niño, es decir, que no dependan de la generosidad (o no) de los presupuestos de cada año de la administración responsable, sino que todos los niños y familias que se encuentren en situación de riesgo de pobreza tengan el derecho de recibirlas en un importe suficiente para compensar los gastos, o puedan acceder a estos servicios de forma gratuita.

Un paso necesario para que no haya por qué endeudarse para ejercer derechos fundamentales.

“Pensábamos que Unicef nos mentía para debilitar al grupo y que los Seleka podían atacarnos de nuevo, pero nuestro jefe nos dijo: ‘Vayan a verlo por sí mismos y si no les gusta, pueden regresar'. Este es el testimonio de Laurent, un joven de 20 años de la República Centroafricana que pasó un año y medio como niño soldado. Fue liberado en 2015 y, tras participar en un programa de reintegración de Unicef, a día de hoy es mecánico y ha aprendido a cultivar legumbres y a criar animales, así como a leer y escribir. Desde que en 2013 estalló la guerra entre la coalición rebelde Seleka y el Ejército Gubernamental de la República Centroafricana, se calcula que 2,8 millones de personas (1,3 millones de niños y niñas) necesitan ayuda humanitaria. Según los últimos datos aportados por Unicef, en 2020 se reportaron 899 violaciones graves de los derechos de los niños, incluidos asesinatos y mutilaciones, reclutamiento, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, secuestros y denegación de acceso humanitario.

“Hay familias que no tienen comida para mañana, por eso, si tienen hijas e hijos, no es raro que los entreguen a soldados o a otra familia para que viva con ellos, entendiendo ese 'viva con ellos' todo lo que puede llegar a pasar. Lo hacen porque no tienen cómo sobrevivir. Eso es algo muy común, niñas que son entregadas, casadas, vendidas a gente que tiene dinero porque ellos no pueden mantener a los niños que tienen. En el caso de los niños, no es que la comunidad quiera que el niño vaya al frente de guerra o que sea reclutado por un grupo armado, pero a veces es la única salida porque así ganan dinero para mantener a la familia. Es una situación terrible”, explica a este periódico Meritxell Relaño, representante de Unicef en el país.

A los menores se les usa para combatir, para hacer trabajos para los grupos armados, como cocinar o limpiar, y también para utilizarlos como esclavos y esclavas sexuales

Por el momento, debido a la situación del conflicto, Relaño no ha podido salir a realizar el trabajo de campo. Sin embargo, al hablar sobre todo lo que supone una guerra para un territorio como este, recuerda que en Yemen, otro de los lugares a los que ha sido destinada, entrevistó a una gran cantidad de niños soldado para conocer su situación. “Muchos de ellos tuvieron que ir al frente de guerra porque tenían que mantener a la familia. Me acuerdo de algún caso en el que el chico nos decía que su padre estaba enfermo y que sus hermanos eran demasiado pequeños, por lo que era el único de la familia que podía salir a conseguir dinero. Por eso fue reclutado porque con el dinero que ganaba podía mantener a su familia”, detalla Relaño, quien también ha trabajado en países como Colombia, Gambia, Mozambique o Ginebra. La cantidad de dinero que reciben los menores que se dedican a luchar en la guerra varía según el grupo armado que les reclute, no obstante, la representante de Unicef insiste, “en una situación de pobreza un euro por poco que parezca, es algo”.

En República Centroafricana hay un grave problema de violencia sexual en general y también ligada al conflicto. Entre 2016 y 2021 se contabilizaron más de 63.300 víctimas de violencia sexual, la mayoría de ellas niñas, pero también niños. “Con el deterioro del conflicto y el aumento de los grupos armados, el reclutamiento y la violencia contra los niños ha aumentado. Se les usa para combatir, para hacer trabajos para los grupos armados, como cocinar o limpiar, y también para utilizarlos como esclavos y esclavas sexuales”, sostiene Relaño. Por ello, desde Unicef trabajan en la prevención de la violencia sexual para que las comunidades cambien este tipo de actitudes.

Hay niñas que son explotadas sexualmente, no tienen ninguna educación ni conocen ningún oficio ni forma de ganarse la vida y no pueden estudiar por el estigma que hay por haber sido víctima de una violación

“Trabajamos con las comunidades, con los grupos armados para que dejen de utilizar a niños y, sobre todo, con las víctimas”, señala. Su labor se basa en identificar y acompañar a las víctimas de violencia sexual menores de edad para que puedan tener una vida después de la agresión sufrida. Se encargan de que puedan volver al colegio o que aprendan un oficio al que poder dedicarse. “Nuestro programa de reintegración de niños soldado incluye apoyo para su reintegración escolar y actividades productivas en las que se les enseña un oficio, se les apoya con fondos para que puedan desarrollar un negocio y se realiza un trabajo en la comunidad para que vuelva a aceptar a estos niños, porque hay mucho estigma relacionado con los niños soldado y sobre todo con las niñas que han sido utilizadas por un grupo armado como esclavas sexuales. En el caso de esas niñas, muchas de ellas dejan la escuela o el trabajo al quedarse embarazadas tras la violación. Hablamos de niñas de 13 y 14 años que además de haber sido explotadas sexualmente no tienen ninguna educación ni conocen ningún oficio ni forma de ganarse la vida y no pueden estudiar por el estigma que hay por haber sido víctima de una violación”, lamenta.

Además del programa destinado a la protección de los niños soldado, Unicef colabora también para facilitar la educación a las comunidades, creando escuelas temporales en los campamentos desplazados, rehabilitando las dañas durante el conflicto, repartiendo material escolar y formando a profesores. “Hay graves problemas de acceso a la educación a raíz de la falta de profesores y de las normas sociales que obligan a las niñas a dejar la escuela cuanto antes. Estamos trabajando formando a profesores, reconstruyendo escuelas y dando material a niños, porque muchos de ellos no tienen ni siquiera dinero para comprar un lápiz o no tienen lo suficiente para llevar una ropa decente al colegio. Las comunidades en principio lo entienden. Son conscientes de que hay que proteger a la infancia, pero a veces es muy difícil cambiar normas sociales tan arraigadas. Pasa igual con la sociedad española a la hora de acabar con el machismo, todos coinciden en que tiene que desaparear, pero sigue estando ahí”, señala.

Unicef también cuenta con programas de salud con el que previenen y tratan enfermedades que pueden llegar a ser mortales para la población como el sarampión, la diarrea, la malaria o, a raíz de la pandemia, el coronavirus. Cuentan, además, con un programa específico sobre nutrición con el que tratan de distribuir micronutrientes y asesoran a las familias para que mejoren las prácticas nutritivas, como, en el caso de los bebés, la lactancia. Por último, el trabajo de Relaño, más allá de mejorar las condiciones sobre el terreno, también se basa en hablar con el Gobierno y las instituciones para lograr mejoras para la sociedad centroafricana.