Con motivo del 8M la radio televisión española programó una serie de películas de índole feminista. Una de ellas era “On the basis of sex”, película norteamericana de 2018 que en español se tradujo como “Una cuestión de género”, basada en hechos reales. Concretamente relata la batalla judicial de la abogada, y después jueza del Tribunal Supremo estadounidense, Ruth Bader Ginsburg contra la Administración Tributaria de EEUU por una causa de discriminación por razón de género, esta vez, de un hombre.

Los hechos se remontan a 1970, cuando el Tribunal Fiscal deniega a Charles Moritz una deducción en su impuesto sobre la renta, como cuidador de su madre, porque dicho beneficio fiscal solo estaba previsto en la ley en caso de ser mujer. El Código tributario presumía tácitamente que el cuidado de padres y madres recaía en las hijas, nunca en los hijos, y por este peregrino motivo denegaba la deducción al hijo Moritz.

La abogada Ruth B. Ginsburg pretendía desmontar con este pleito la descomunal estructura de discriminación legal basada en el sexo, que perjudicaba a la mujer de manera general, y a este hombre en particular. Su objetivo era que se reconociera que dicha discriminación vulneraba el Principio de Igualdad, lo que supondría un precedente extraordinario para que las mujeres pudieran usarlo en su favor. Partía de la triste premisa de que las leyes discriminatorias eran constitucionales.

El argumento de la fiscalía se basaba en la tradición conforme al orden natural de las cosas. Se amparaba en la tradición jurisprudencial de más de cien años, en la que reiteradamente se venía confirmando las diferencias entre sexos, acusando a la abogada de querer producir un cambio social radical.

Al hilo de este cambio social radical, temido por la parte más conservadora del país, la letrada Ginsburg basa su alegato en los múltiples cambios ya producidos, poniendo de manifiesto que los jueces (en ese caso eran todos hombres) “se empeñan en conservar la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe”.

El 22 de noviembre de 1972 la Corte de Apelaciones falla a favor del Sr. Moritz declarando inconstitucional la discriminación por razón de sexo.

¿Nos podemos permitir vivir en el pasado? ¿puede la justicia existir al margen de la realidad? ¿cómo se sostiene una profesión que permite que la mitad de sus colegiadas estén invisibilizadas? ¿por qué nos obligan a tener que luchar para que nuestros derechos sean una realidad? Si Ruth B. Ginsburg levantara la cabeza…

Toda esta batalla judicial me llevó triste e inevitablemente a la que mantenemos las abogadas que luchamos por nuestro derecho a ser nombradas. Las que desde hace diez años, los cuatro últimos ante los Juzgados, pedimos que el colegio profesional donde desarrollamos nuestro oficio se denomine Colegio de la Abogacía de Sevilla, en vez de Colegio de Abogados.

A medida que avanzaba la película me sentía peor, un regusto amargo lo impregnaba todo. Estamos en el siglo XXI, los hechos relatados se desarrollaron entre 1968 y 1972, y nosotras en 2026 estamos luchando por que el principio de igualdad y no discriminación no sea pisoteado. Dos juezas en sucesivas sentencias han obviado la legislación vigente en materia de igualdad para poner por encima la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe.

La lucha judicial no ha dicho su última palabra pero no puedo evitar recordar que el antiguo decano animó a sus cercanos a que votaran para que el colegio se siguiera llamando como en 1.706, imponiendo la tradición para mantener el orden natural de las cosas.

Qué pena me da sentir que estoy haciendo un viaje en el tiempo, que vengo del pasado para seguir luchando por un derecho reconocido pero que el poder judicial se resiste a aplicar, dictando resoluciones para un mundo que ya no existe. Una lucha anacrónica que nos debería hacer reflexionar, por justicia y por vergüenza, y hacernos las siguientes preguntas: ¿nos podemos permitir vivir en el pasado? ¿puede la justicia existir al margen de la realidad? ¿cómo se sostiene una profesión que permite que la mitad de sus colegiadas estén invisibilizadas? ¿por qué nos obligan a tener que luchar para que nuestros derechos sean una realidad? Si Ruth B. Ginsburg levantara la cabeza…

Para terminar cojo prestadas las palabras de mi colega en la película “Señores jueces no les pedimos que cambien el país, eso ya ocurrió sin su permiso, les pedimos que protejan el derecho del país a cambiar”. Así sea.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de las 18 abogadas que demandaron al Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por mantener el genérico masculino en vez de utilizar un término inclusivo y cambiar su título al de Colegio de la Abogacía de Sevilla. La sentencia alude a que no existe una “norma imperativa” en la legislación española que obligue a adoptar esta adecuación lingüística en virtud de la igualdad de género y echa mano de las recomendaciones gramaticales de la Real Academia de la Lengua (RAE) para justificar su decisión.

Ante las consideraciones expuestas, el TSJA rechaza de forma “íntegra” el recurso de apelación interpuesto por las letradas y, por tanto, confirma la sentencia del Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según ha podido comprobar este medio. Así, se razona que la decisión del órgano colegial fue “autónoma, soberana y democrática” y viene amparada en el artículo 12 de la ley 10/2003, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, “sin que entrañe el uso de un lenguaje sexista que implique una discriminación por razón de sexo”, en base a lo dictado por la Constitución y a las leyes estatales, autonómicas e internacionales.

Con ello, cita la primera sentencia de la magistrada de Sevilla, en donde se expresa que “dichas normas garantizan la igualdad de hombres y mujeres, pero no obligan al uso de determinados términos lingüísticos como los que aquí se pretenden”. Además, se hace referencia a que las leyes de igualdad “prohíben un lenguaje sexista”, en cambio, el TSJA sostiene que “la denominación aprobada por el Colegio de Sevilla no lo es”. Por tanto, las recomendaciones de los planes de igualdad o del mismo Preámbulo del Estatuto General de la Abogacía “no impide el uso de otras ni las prohíbe”. De esta forma, se legitima el acuerdo votado el 25 de junio de 2022 que llevó a la parte afectada a presentar la demanda conjunta.

Asimismo, sostiene que “la Real Academia de la Lengua Española ha manifestado que el uso genérico del masculino gramatical no supone discriminación sexista alguna y que el uso del desdoblamiento entre masculino y femenino es artificioso e innecesario, fundado principalmente en razones extralingüísticas”, a lo que añade que “la RAE mantiene que la Constitución admite de forma expresa que el término Abogado se use como lenguaje inclusivo”. A renglón seguido se cita el informe emitido por el Colegio de Abogados de Sevilla, en el que se alude el uso de masculino genérico en el Congreso de los Diputados y el Consejo de Ministros.

Sin embargo, se omite que la reforme impulsada por el PSOE y Sumar en julio de 2025 sí que se adaptó al lenguaje inclusivo y, por tanto, la Cámara Baja pasó a llamarse simplemente “Congreso”. El cambio de nomenclatura no se trasladó al edificio ni a la Constitución posteriormente, ya que, en el primer caso, la fachada forma parte de un conjunto protegido como Bien de Interés Cultural y, cualquier modificación, requeriría de la autorización de Patrimonio Histórico, mientras que la Carta Magna necesitaría una reforma constitucional.

Sevilla en comparación con el resto del país

En 2022, ya había más de 30 Colegios de Abogados que pasaron a denominarse Colegios de la Abogacía, como en Almería, Córdoba, Cuenca, Cáceres, Murcia o Santiago de Compostela, de un total de 83 entidades. Pese a lo ocurrido en varias provincias, el Colegio de Abogados de Sevilla señalaba en su propia web tras la polémica suscitada por aquella votación que la opción de mantener el nombre, con más de 300 años de historia, se ratificaba a través de una “amplia mayoría” de los colegiados y colegiadas asistentes a la Junta General Extraordinaria.

En la primera sentencia del juzgado de Sevilla, la magistrada expresó que, aunque “pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes”, no podía “interpretar ni concluir que dichas normas impongan lo querido por las mismas”. En alusión al Estatuto General de la Abogacía Española de 2021, mantuvo que “no contiene norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo como el pretendido en la denominación de los Colegios”, estableciéndolo como “deseable modelo a seguir o recomendaciones”. “No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal alguno para la adaptación de los estatutos de la corporación que obligue a sustituir el término ”abogados“ por el de ”abogacía“ en la denominación social”, determinó.

En este sentido, el TSJA concluye que, aún siendo “correcto” el término inclusivo “abogacía” para comprender a los profesionales de ambos sexos, con el mantenimiento de abogados “no podemos concluir que su uso pueda, en la actual conciencia social, invisibilizar a las mujeres, dada la absoluta normalización del ejercicio de esta profesión por ambos sexos”.

“La RAE no es una norma”

Un aspecto que para la abogada María Jesús Correa, una de las 18 abogadas recurrentes, resulta “peligroso”. “La sentencia reduce la conflictividad a un problema gramatical”, asevera en declaraciones a este medio, “pero no se mete en el fondo de la cuestión: la discriminación por razón de sexo”. “Según la jueza, la decisión no es discriminatoria porque la RAE aprueba el uso del genérico masculino, no porque no se vulneren las normas que hay en materia de igualdad”, comenta. Y añade: “la RAE no es una norma, sino que contempla una serie de recomendaciones lingüísticas”. Además, alude que el Colegio, al igual que otro organismos, se debe como corporación pública a la legislación vigente, por tanto, a la adaptación y reformulación de su título.

La abogada especialista en violencia de género comenzó este proceso en noviembre de 2016, hace una década. Con el fin de que el lenguaje inclusivo llegara a la entidad centenaria, presentó en el Registro General del ICAS una misiva dirigida a la Junta de Gobierno para cambiar la denominación de la corporación, apelando al principio constitucional de Igualdad recogido en la Constitución. Como respuesta, el decanato de la entidad trasladó que se abordaría tal debate en el futuro con la reforma de los Estatutos. Así, se desestimó el cambio de nomenclatura en 2022 y, tras las sentencias del juzgado de Sevilla y del TSJA, preparan un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

“La denominación Colegio de la Abogacía de Sevilla es un paso más hacia la eliminación de barreras lingüísticas, que contribuye a la desigualdad de género en nuestro ámbito profesional, donde se hace aún más necesaria la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación”, reflexiona. Este logro se le resiste al grupo de abogadas después de que en 2024 Sevilla cambiara el nombre de la Calle de los Letrados por el de la Plaza de la Abogacía. Momento que contó con la participación de Óscar Fernández, decano del Colegio de Abogados de Sevilla. A preguntas de este medio sobre la sentencia del TSJA, han declinado hacer valoraciones al respecto.

Este proceso también se intentó en la provincia vecina. La abogada granadina Montse Linares intentó que el cambio se produjera en el Colegio de Abogados de Granada en el mismo año 2022, sin embargo, fue acogida con frialdad, ya que solo votaron en el proceso 738 asociados de los 3.509 de los que consta el organismo. La iniciativa no fructificó, denunciando la letrada una campaña de difamación en su contra. Hubo un grupo de abogados que realizó un montaje para difundir por redes sociales que la modificación partía de la “dictadura de lo políticamente correcto” y recibió mensajes similares a su correo electrónico tildando su apuesta como “meras burdas infundadas y sin fundamento, mas que tizne ideológico sesgado”. Así, Granada y Sevilla continúan sin optar por el lenguaje inclusivo.

El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) seguirá manteniendo su denominación actual tras la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por un grupo de abogadas colegiadas que reclamaban un nombre más inclusivo. Las recurrentes solicitaban cambiar la denominación a “Real e Ilustre Colegio de la Abogacía de Zaragoza”, argumentando que el término “Abogados” no refleja adecuadamente a todo el colectivo profesional, integrado por mujeres y hombres.

El conflicto se remonta al 25 de julio de 2023, cuando se celebró una Junta General en la que se sometió a votación la propuesta de cambio de denominación. El resultado de la votación fue de 421 votos a favor de mantener la denominación actual, 146 votos a favor de la denominación inclusiva y un voto en blanco. Posteriormente, se convocó la Junta General Extraordinaria del 1 de diciembre de 2023 para aprobar los nuevos estatutos, incluyendo la cuestión de la denominación, y la votación se realizó a mano alzada.

Durante la vista del recurso, las abogadas recurrentes defendieron que la denominación vigente no las representa y que la modificación es una cuestión de igualdad y justicia lingüística. Entre los testigos se señaló que el término “Colegio de Abogados” no es neutro y que la adopción de un lenguaje inclusivo podría reflejar mejor la pluralidad del colectivo. Sin embargo, también se destacó que el cambio es deseable pero no obligatorio según la normativa vigente.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza desestimó el recurso, fundamentando su decisión en el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales de Aragón, que otorgan autonomía a los colegios para aprobar sus estatutos y no obligan a adoptar un lenguaje inclusivo en la denominación. La jueza subrayó que el “masculino plural genérico” puede percibirse como no inclusivo, pero no constituye discriminación legal y que la votación y aprobación de los estatutos siguió un procedimiento democrático y conforme a derecho.

En un comunicado, las abogadas recurrentes expresaron su desacuerdo con la sentencia y anunciaron que han interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En su comunicado, señalan que la denominación inclusiva “Colegio de la Abogacía” representa mejor la pluralidad de la profesión, visibiliza a las mujeres juristas y se alinea con los principios de igualdad, no discriminación y lenguaje inclusivo que inspiran el ordenamiento jurídico.

La sentencia reconoce el derecho de las recurrentes a sentirse discriminadas, pero sostiene que la decisión democráticamente adoptada por los colegiados del REICAZ no constituye una medida que mantenga o promueva desigualdad entre mujeres y hombres. Por esta razón, se desestima la pretensión principal de las recurrentes, aunque no se imponen costas debido a la complejidad del caso.

El fallo establece que las abogadas tienen quince días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La jueza concluye que, aunque el debate sobre lenguaje inclusivo en el ámbito profesional es legítimo y abierto, el uso del término “Abogados” en la denominación del REICAZ no vulnera la ley ni constituye discriminación objetiva, y la decisión de la mayoría de los colegiados debe prevalecer.

El lenguaje que utilizan los hablantes es como un par de gafas: no solo les permite ver aquello que está delante de ellos, sino que tiñe esa realidad con colores y matices que alteran su percepción. No es lo mismo hablar de “despidos” que de “reestructuración laboral”, de “problema” que de “desafío” o de “crisis” que de “desaceleración económica”. La elección de un término o de otro es el reflejo de cómo las personas comprenden el mundo y de cómo se lo expresan a los demás.

Ahora bien, este superpoder lingüístico conlleva una gran responsabilidad social, pues estas alternancias provocan que la realidad que los hablantes consideran tan firme como una montaña se desvanezca por las palabras que empleamos.

Como poetas de la vida, los hispanohablantes recurren a un sinfín de metáforas para mencionar aquello que los rodea. ¿Quién no recuerda aquella tan desacertada de que “una pera y una manzana no pueden dar dos manzanas”, de la política Ana Botella, para atacar al matrimonio homosexual? Un tipo de metáforas al que se echa mano con bastante facilidad son los eufemismos, es decir, palabras aparentemente inocentes o socialmente aceptadas que sustituyen a otras consideradas vulgares, incómodas o, cuando menos, poco elegantes.

Estos eufemismos son muy frecuentes en campos como el de la muerte, el sexo o la escatología, entre otros muchos. De ahí que todo el mundo comprenda a qué se refiere su interlocutor al decir que una persona “ya no está entre nosotros”, que han pillado a alguien “como Dios lo trajo al mundo” o que está prohibido hacer “aguas mayores” en el baño del trabajo. Sin embargo, la sustitución de un término por otro no soluciona el decoro comunicativo para siempre, incluso hay casos donde puede ser muy perjudicial.

Para entender mejor cómo funcionan los eufemismos, basta con imaginar lo que le ocurriría a un coche utilitario si estuviese constantemente circulando por montes escarpados y pistas forestales. A todas luces, terminaría estropeándose. Esto es algo que les sucede con mucha frecuencia a todas estas palabras, antes o después: que no terminan de expresar de forma precisa la realidad: se connotan. De ahí que adquieran el valor peyorativo de la palabra que se evita. Esto le sucedió al verbo “fallecer”, que originalmente solo significaba “faltar”. Incluso, con esto de atenuar, se han llegado a crear eufemismos totalmente innecesarios, como sucede con la expresión “persona de color” o “con raíces africanas” para aludir a una persona negra nacida en Soria.

Para entender mejor cómo funcionan los eufemismos, basta con imaginar lo que le ocurriría a un coche utilitario si estuviese constantemente circulando por montes escarpados y pistas forestales. A todas luces, terminaría estropeándose

Uno de los ámbitos donde los eufemismos crecen como champiñones es el de la discapacidad. “Personas con diversidad funcional” o “personas con diferentes capacidades” intentan abordar un ámbito donde las sensibilidades están a flor de piel. Sin embargo, estas expresiones permitirían a multitud de personas sentirse parte de una realidad a la que realmente no pertenecen, pues cada cuerpo funciona de forma diversa y todos tenemos diferentes capacidades. En el ejemplo anterior, construcciones como estas no dejan de ser coches utilitarios bordeando a kilómetros el terreno por el que se quiere transitar y, por lo tanto, ineficaces a la vez que perjudiciales para visibilizar a las “personas con discapacidad”, expresión recomendada por las principales asociaciones y que hoy recoge el artículo 49 de la Constitución española.

Las personas cuentan con muchos más recursos casi de fábrica para atenuar sus mensajes: echan mano de los diminutivos, como “cojito”, para que la potencia de “cojo” no se le atragante al destinatario o incluso, en la oralidad, bajan el volumen justo cuando toca pronunciar el término o lo expresan entre carcajadas.

Otra estrategia habitual de la generación Z es acudir a un segundo idioma con el cual, a diferencia de su lengua materna, no sienten una proximidad afectiva. Este mecanismo se utiliza para disminuir la intensidad de las emociones que quieren transmitir. Así el “perdón” se vuelve aséptico cuando se convierte en sorry y el potente “molesto” se descafeína con un upset. También se usa para no nombrar directamente realidades incómodas o duras. Por ejemplo, un hispanohablante que no conozca el anglicismo grooming podría traer a su imaginación casi cualquier cosa; pero, difícilmente, su sentido recto, que realmente es “ciberengaño pederasta”, una práctica delictiva de ciertos adultos en internet para ganarse la confianza de un menor de edad a fin de obtener, como mínimo, fotografías sin ropa o en actitudes sexuales. Mismas palabras, en diferentes lenguas, hacen que la realidad se interprete de forma distinta.

Tampoco es necesario cambiar un término por otro para que la realidad dé un giro de ciento ochenta grados, basta con cambiar el foco, a saber, el punto desde el que se cuentan las cosas. En la lacra contra la violencia de género, frases como “una mujer muere en su casa”, frente a “Un hombre asesina a una mujer en su casa”, también provocan, indirectamente, que las personas miren de perfil lo sucedido porque el responsable, el sujeto de la oración, es diferente.

Además, existe un peligro inmenso si, para nombrar la realidad, se retuerce usando palabras que no se ajustan a la verdad. Por eso se desaconseja por completo utilizar el lenguaje bélico en el ámbito de la salud, deshumanizar a los menores no acompañados a través de un acrónimo cosificador como “mena” o usar gratuitamente palabras como “ilegítimo”, “golpista” o “dictadura”, entre otras muchas, de una forma peligrosamente laxa, por mucho que con ello se quiera apelar a los sentimientos de unos cuantos (o unos pocos). El resultado del uso (y abuso) de estos términos puede ser que se insensibilice a todas las personas que los escuchen, hasta que la realidad que pretenden describir se vuelva irreconocible.

Como hablantes, como personas, no se puede permitir que algo tan humano y bello como la lengua sirva para retorcer la realidad y empeorarla. Por el contrario, habría que usar esta herramienta en la lucha para hacer del mundo un lugar mejor.

Consiguieron a finales del año pasado la llegada al callejero de Sevilla de la Plaza de la Abogacía en sustitución de la Calle de los Letrados, pero tienen dos frentes abiertos para los que albergan esperanzas, más aún después de que el Congreso reformara esta semana su Reglamento para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género. Un grupo de abogadas de Sevilla tienen a la vista dos procedimientos judiciales en la misma línea, confiando en que en los recursos que han interpuesto venzan al nombre del Colegio de Abogados de Sevilla porque “es discriminatoria”.

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestimó el pasado mes de abril una demanda contra el Colegio de Abogados de Sevilla y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que había interpuesto 18 letradas abogadas para que se anulara el acuerdo del 25 de julio de 2022 que mantiene el nombre de la institución frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla. Paralelamente a este proceso judicial, doce de las 18 abogadas citadas hicieron saber a la Junta de Andalucía (mediante un recurso cada una) que no debió aprobar los nuevos estatutos de la abogacía sevillana. La cuestión está pendiente de resolución.

“Pico y pala”, resume María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes y que lideró el cambio de nombre de la plaza. El recurso de apelación contra la sentencia de abril se centra en el “carácter sexista” del término plural 'abogados' incluido en el nombre del Colegio de Abogados de Sevilla y, por consiguiente, del “carácter discriminatorio de su denominación al inculcarse el principio constitucional de igualdad que garantiza la no discriminación de las personas por razón de sexo y, por añadidura, la amplísima legislación vigente en materia de igualdad”.

En aquella sentencia, es de recordar, decía la jueza que “el término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo”, considerando que “la denominación controvertida no es medida que objetivamente mantenga o promueva la desigualdad entre hombres y mujeres”.

Una “desigualdad histórica”

Ahora bien, para las recurrentes, en este procedimiento “ha quedado acreditado que la denominación 'Colegio de Abogados' es discriminatoria y lesiona los derechos a la igualdad de las recurrentes por razón de sexo en el ámbito del colegio profesional al que pertenecen y a su vez es contrario al mandato legal”.

Las recurrentes entienden que “el masculino genérico omnicomprensivo, que el Colegio ha impuesto bajo el paraguas de unas elecciones a todas luces carentes de las mínimas garantías democráticas según se desprende la lectura de la sentencia recurrida, las discrimina e invisibiliza, reflejando una desigualdad histórica con la que la sociedad ha tratado y trata a menudo a mujeres y a hombres, máxime cuando en nuestro rico idioma, existe una denominación que integra a todas las personas que componen el colectivo, 'Abogacía'”.

Las letradas añaden en ese sentido que “así lo ha entendido la comunidad de expertos lingüistas que alertan de que uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en un aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro. Es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino. Esta regla, que como el resto de reglas gramaticales que se han dictado no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, normalmente se transmite en los textos que se manejan constantemente, otorgando carta de naturaleza a uno de los ejes vertebradores del androcentrismo más claros, constantes y habituales en la lengua: el que refuerza la presencia del género/ sexo masculino y causa la desaparición del género/ sexo femenino”.

“Sexismo lingüístico”

Por otro lado, la Sección 3ª de la Sala Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha tiene encima de la mesa desde el año pasado la demanda presentada por ocho de esas 18 abogadas contra la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública por aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 10 de noviembre de 2023.

Según las demandantes, la corporación colegial incumplía el mandato legal de adaptación de los estatutos de la corporación en el sentido de sustituir el término “abogados” por el de “abogacía” en su denominación social, lamentando que la Junta haya procedido a su aprobación definitiva ya que “adolece de sexismo lingüístico, ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por tanto, vulnera el derecho a la igualdad”.

La Junta había argumentado directamente a las letradas que había que esperar a que se resolviera el contencioso al que se ha aludido, pero las demandantes consideran que la administración andaluza ha dado por bueno un texto que “adolece de lenguaje inclusivo” que viene defendiendo el Consejo General de la Abogacía Española. De hecho, el objeto de la demanda es concretamente una resolución de la Consejería de febrero de 2024, después de la información publicada por este periódico, donde se suspende la tramitación del recurso que ya interpusieron las abogadas contra la aprobación de la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla.

El lenguaje inclusivo disminuye el sesgo masculino que sí se encuentra al emplear el masculino genérico. Por lo tanto, ayuda a tener una visión más igualitaria de la sociedad. Esa es la conclusión principal de la investigación “El lenguaje como herramienta para el cambio social: Estudio teórico y empírico de algunas consecuencias del uso del lenguaje inclusivo”, llevada a cabo por el equipo de investigadoras formado por Laura Vela-Plo, Marina Ortega-Andrés y Marta de Pedis y presentada este lunes por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).

El estudio tiene como objetivo responder a la pregunta '¿Influye el lenguaje en cómo percibimos a las personas?' y para ello, las investigadoras han llevado a cabo tres estudios experimentales, dos de ellos en castellano con estudiantes de la EHU y con población general, y otro en euskera solo con alumnado de la universidad vasca. “En los estudios hemos llevado a cabo un análisis de las resistencias y apoyos hacia el uso de diferentes formas de representar a mujeres y hombres a través del lenguaje (masculino genérico, neomorfema, etc.). Los resultados de los estudios en castellano muestran que la población universitaria en la comunidad autónoma de Euskadi únicamente concuerda con la población general en tres resistencias. Consideran que deberíamos centrarnos en problemas más graves de injusticias sociales, como por ejemplo la pobreza, y no preocuparnos por la forma en la que hablamos; que el lenguaje inclusivo no es fácil de usar al hablar (pero sí fácil de entender y de escribir); y el uso constante del masculino genérico no parece incomodar o no gustar”, recoge la investigación, que también incluye que “ninguna de las dos poblaciones en castellano considera que emplear estrategias de lenguaje inclusivo sea inútil o ridículo”.

“Usar estrategias de lenguaje inclusivo consigue evitar el sesgo masculino y esto es importante para no aumentar asimetrías de género que ya existen en nuestra sociedad. No solo el lenguaje es importante a la hora de interpretar el género de las personas cuando leemos un texto, sino que el género de quien lee ese texto, su edad o su nivel de sexismo influyen en cómo se interpreta el lenguaje y cómo se representa a mujeres y hombres. En el informe también se desmontan algunos argumentos en contra del uso del lenguaje inclusivo, como pueden ser la economía del lenguaje, la falsa ambiguedad o la confusión entre género gramatical y social”, ha detallado la investigadora Marta De Pedis durante la presentación del estudio que ha sido el resultado de la beca que concede Emakunde a trabajos de investigación en Igualdad de Mujeres y Hombres, y pretender contribuir al conocimiento sobre la representación del género en el lenguaje para avanzar en el camino hacia un cambio social.

El 79% de las personas entrevistadas cree que las empresas sí tienen un sesgo sexista a la hora de emplear a una persona

La investigación apunta que, según el “enfoque de la (in)visibilización”, la única manera de evitar la invisibilidad de las mujeres en el imaginario colectivo es “hacer explícito que las mujeres están presentes”, y se puede alcanzar ese objetivo “tomando algunas decisiones lingüísticas específicas que evidencien sin ambigüedades la presencia de este grupo socialmente invisibilizado”. “Por tanto, cabría reconsiderar el uso de formas gramaticalmente masculinas en su función ”genérica“ (en adelante, MG) en español, cuyo significado es ambiguo. Tomemos un ejemplo específico. En castellano podríamos pronunciar la frase ”Espere a que un médico le llame“ sin saber cuál será el sexo del médico. En esta afirmación genérica, la expresión ”un médico“, por tanto, puede referirse a una médica o a un médico, teóricamente. Sin embargo, la gente parece interpretar típicamente estas expresiones ambiguas como si se refirieran únicamente a hombres (Guerrero Salazar, 2012; Aliaga, 2018); es decir, muestran un sesgo masculino en su interpretación”, aporta el estudio.

Este sesgo, como demuestra la investigación, también aparece en el mundo empresarial. “En cuanto a la percepción de sesgos relacionados con el género en las empresas, el 79% de las personas entrevistadas cree que las empresas sí tienen un sesgo sexista a la hora de emplear a una persona. De estas personas, el 76% cree que este sesgo hará que se empleen más hombres que mujeres. Mirando los datos, parece que las participantes mujeres son las que más opinan que hay un sesgo sexista (masculino) en los procesos de selección del personal”, apunta el documento.

En el caso del estudio en euskera, el 41% de las personas encuestadas opina que no se debería o no es necesario implementar estrategias de lenguaje inclusivo en euskera, mientras que el 32% (principalmente mujeres) opina que sí es necesario. “Aunque la mayoría de las personas no dicen ni muestran conocer estrategias para un uso más inclusivo del euskera (de hecho, casi ninguna), un 60%, opina que, en euskera, una estrategia de lenguaje inclusivo donde se mencionen a las mujeres explícitamente sería útil para que la presencia de las mujeres en los discursos fuera patente”, recoge la investigación.

El 41% de las personas encuestadas opina que no se debería o no es necesario implementar estrategias de lenguaje inclusivo en euskera

“En general, los resultados de estos estudios demuestran que las estrategias para representar a las personas en el discurso sí influyen en la toma de decisiones de la población, ya que existe un efecto dependiendo de qué estructuras gramaticales se emplean y las características sociodemográficas de la población. Además, vemos que hay diferencias en cómo esto afecta a la población dependiendo de su género (hombres o mujeres), de su edad, del grupo social (estudiantes en la CAE o población general en el estado), y de las actitudes y opiniones previas hacia las mujeres y hacia el lenguaje inclusivo (resultado en la escala de sexismo ambivalente ASI), lo cual no ha sido debidamente controlado en estudios previos”, concluye el estudio.

Por su parte, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha incidido en que el lenguaje inclusivo ayuda a tener una sociedad más igualitaria. “Este estudio nos permite reflexionar sobre la importancia del lenguaje, y cómo el uso del lenguaje inclusivo influye en nuestros comportamientos y nos ayuda a tener una visión más igualitaria de la sociedad o al menos a no aumentar asimetrías de género ya existentes”, ha destacado, mientras las autoras han insistido en la necesidad de profundizar en estos estudios experimentales tanto en euskera como en castellano y en una población amplia para comprender detalladamente cómo el género gramatical afecta a las expectativas de las lectoras y lectores.

La reciente decisión de una jueza de desestimar la demanda por la votación para que el Colegio de Abogados de Sevilla pase a denominarse Colegio de la Abogacía ha reavivado un debate que trasciende lo meramente nominal y pone en el centro la relación entre lengua, discurso y sociedad. Esta resolución no solo ignora principios fundamentales de la lingüística, basándose en un argumentario lingüísticamente (en referencia a tal ciencia) falaz, sino que perpetúa un orden social históricamente patriarcal, al no observar (y la inobservancia de una ciencia no exime de su validez) que la lengua, como herramienta de representación y práctica social, reproduce, refuerza o transforma la realidad. Los discursos mismos reproducen un orden social y cada unidad lingüística con significado de cada nivel formaliza y designa la realidad social, material o natural. 

Como muchos de los argumentos contra el lenguaje inclusivo entremezclan tradición gramatical y estructuralismo (realmente, es un estructuralismo aplicado al prescriptivismo tradicional, caracterizado por un patriarcado y nacionalismo metodológicos), vamos a examinarlos.

No existe, en términos lingüísticos, un masculino neutro, no marcado o genérico, idea en la que fundamenta su discurso la jueza. Si, al decir de la propia RAE y el resto de Academias, en la Nueva Gramática de la Lengua Española, el género neutro como tal no aplica en español a sustantivos, lo de masculino neutro es un sinsentido. Por otro lado, la idea de que el masculino gramatical puede funcionar como un término “no marcado”, abarcando a hombres y mujeres por igual, es una interpretación que ha llegado a nuestros días a través del lingüista ruso R. Jakobson y que, aunque válida en el ámbito de la fonología, resulta discutible cuando se traslada al significado morfológico. Término no marcado es traducción de “merkmallose Glied”, tal como fue escrito por N. S. Trubetzkoy en el original alemán de su libro Principios de Fonología -p. 75- (la traducción literal del alemán al español es “miembro sin rasgos distintivos”, aunque se tradujo en español como término no marcado para nunca más, lamentablemente, volver al original; unmarked member, en la versión en inglés). Es una aplicación fonológica de una conceptualización más nocional que semántica realizada previamente por otro ruso de finales del XIX, miembro de la Escuela de Moscú: F. Fortunatov, que también desarrollarán parcialmente el suizo F. de Saussure y su discípulo Ch. Bally, así como los miembros de la Escuela de Praga (como Jakobson y Trubetzkoy).

Esta conceptualización, relativa al contenido semántico, se produce mucho antes de que, como tal, nazca la semántica moderna (a partir del Congreso de Oslo de 1957) y en un tiempo en el que aún se sabía poco (se estaba en proceso incipiente de saber) sobre qué son y cómo funcionan, de manera interconectada, mente, sociedad y lengua/discurso. Estamos, en la actualidad, en 2025 y, aunque estos y otros hombres (y mujeres, invisibilizadas ellas) son precedentes fundamentales, las limitaciones de su tiempo, trayectoría, estado de ciencia, lugar de enunciación, etc., son hechos que deben ser observados respecto de sus alcances. Es decir, nunca hay que desconocer las condiciones sociales de producción de los conceptos. Todo esto aplica igualmente a la RAE (institución más política que científica), a la jueza del referido juzgado y a mí. 

Si desde la infancia nos hubieran normalizado en femenino, este sería genérico, ya que la designación y la referencia o denotación serían tanto las mujeres como el conjunto social en sí. Lo genérico (en referencia a aquello de masculino genérico), que no es una marca lingüística, es de orden designativo, no semántico per se

El llamado masculino genérico lo es no por una cuestión lingüística, sino de normalización social. Al igual que se ha normalizado socialmente hablar en masculino para referir y designar al conjunto de la realidad social, imaginemos otro escenario. En el actual, hemos normalizado desde nuestra socialización primaria (y, por tanto, así hemos sido endoculturadxs y normalizadxs) que cuando hablamos en masculino incluye o solo a los varones o también a todas las personas que no son varones y a estos (es decir, la designación potencial, así como la referencia o denotación, es la totalidad). Pero si desde la infancia nos hubieran normalizado en femenino, este sería genérico, ya que la designación y la referencia o denotación serían tanto las mujeres como el conjunto social en sí. Lo genérico (en referencia a aquello de masculino genérico), que no es una marca lingüística, es de orden designativo, no semántico per se. 

Téngase en cuenta que la realidad no es la que se formaliza lingüísticamente. Esta (la realidad, el mundo social, material y natural) se formaliza ante todo cognitivamente (categorizamos). Parte de lo que formalizamos cognitivamente se formaliza lingüísticamente, en concreto, semánticamente, tanto léxica como gramaticalmente (de este último ámbito son el género o el número, entre otros significados gramaticales). Al igual que son la y el hablante quienes actualizan cada unidad lingüística con significado al referir a la realidad (el sentido -como correlato comunicativo del significado- denota), el significado como tal designa, lo que implica que apunta de manera constante a la formalización cognitiva previa, reforzándola. Esto implica que si nombramos todo el espectro social en masculino, lo representaremos sociocognitivamente de este modo. Lo mismo sucedería si se nombra en femenino, que devendrá en genérico por las razonas expuestas. El masculino (designativamente) genérico, pues, no es de orden lingüístico, sino designativo y, por tanto, cognitivo y social, producto de representaciones sociocognitivas de realidades socioculturales y sociopolíticas patriarcales. 

Cuando se argumenta el asunto con relación a aquello del término no marcado se apela a un concepto estructuralista que se aplicó automáticamente a la semántica por parte de Jakobson, siendo el significado y todo aquello que lo implica de una naturaleza bien diferente a la del fonema, en tanto rasgo fonológicamente pertinente. Recordemos que la traducción literal del alemán es “miembro sin rasgos distintivos” de una oposición fonológica privativa frente a las oposiciones graduales y equipolentes. Su problemática aplicación sin más a lo semántico (en concreto al significado morfológico) y metiendo con calzador este asunto fonológico en el ámbito de la morfología -de carácter gramatical frente a la fonología y, por tanto, de una naturaleza disímil, al tratarse del significado-, reforzó el prescriptivismo dogmático de las posiciones tradicionalistas, caracterizadas por su falta de rigor científico y más dadas a justificar la empresa nacional y patriarcal que a hacer descripciones científicas sobre cómo funciona nuestra facultad natural -biológica y cognitiva- del lenguaje y de sus productos sociales, las lenguas. 

La lengua no tiene ontología y el argumentario patriarcal y nacionalista habla de ella como si de un ser como tal se tratase, frente a las personas, a las que se deja en un segundo plano. En ausencia de personas, no hay lengua, así que lo uno no se debe deslindar de lo otro

Cuando se aplica a las unidades con significado, debe observarse en qué ámbitos opera este: no solo en su formalización lingüística (como entienden las posiciones estructuralistas, donde es un valor semántico intralingüísticamente formalizado en oposición a otros significados de su misma naturaleza léxica o gramatical -instrumental, categorial y estructural-), sino en lo designativo y cognitivo (lugar en el que, con muchas diferencias, coinciden estructuralismo y cognitivismo). Así, si aplicamos la noción de término no marcado (siguiendo el argumento aducido por “los abogados”, a quienes da la razón la jueza, al basarse en tal concepto, tomado de manera desconectada de sus condiciones sociales de producción y circulación, que de ningún modo deben ser obviadas en tan importante asunto), veremos que, con respecto al uso que se propone (abogacía) por parte del grupo de abogadas denunciantes, con mayor razón estamos ante una designación genérica. Si la aplicación aquella del término no marcado de la fonología a lo morfológico-semántico por parte de las autorías referidas más arriba se hizo en referencia a una mayor generalización semántica y designativa, sin duda, abogacía cumple tal función, al carecer de marcas de ambigüedad designativa, pues, evita tener que estar especificando cuándo se refiere solo a hombres abogados y cuándo incluye a las mujeres. Además, no refuerza el orden patriarcal y no invisibiliza a las otras personas miembros de la abogacía. Si lingüísticamente se invisibiliza, ¿qué sentido tiene seguir usando tal etiqueta? 

La lengua no tiene ontología y el argumentario patriarcal y nacionalista habla de ella como si de un ser como tal se tratase, frente a las personas, a las que se deja en un segundo plano. En ausencia de personas, no hay lengua, así que lo uno no se debe deslindar de lo otro. Confundir lengua con el Estado es como confundir el tocino con la velocidad. Es lo que el sociólogo mozambiqueño H. Martins llamó nacionalismo metodológico. Y seguir hablando de la lengua como un ser vivo, al modo del lingüista alemán del siglo XIX A. Schleicher, es desconocer eso mismo: la lengua solo existe en tanto existen sus seres vivos: las personas. Pero, bueno, si se empeñan: dejen que ‘evolucione’, por coherencia. 

La lengua no es un sistema neutral: formaliza la realidad, la designa y, al hacerlo, construye una representación cognitiva de lo social, lo material y lo natural. Si el masculino ha sido históricamente empleado para nombrar la realidad social en su conjunto, no es porque sea inherentemente el significado que la abarca, sino porque designa un mundo determinado: el de los hombres, configurado por siglos de patriarcado. Ese mismo que hace que a la llegada de una neurocirujana (como hace poco leí), las personas crean que es su asistente y esperen la llegada de -¡tachán!- el hombre.

El uso del masculino como categoría genérica no es una casualidad lingüística, sino el reflejo de una estructura social previa. Antes de que se formalizara, la realidad social y su representación sociocognitiva ya estaban impregnadas de una hegemonía masculina (es su input). El morfema con significado gramatical instrumental de género masculino, como hecho gramatical formalizado, no es un simple marcador técnico; designa, apunta a una realidad conocida por los hablantes y, en ese acto, la representa. Pero este proceso no es unidireccional: al representar, la lengua también refuerza ideológicamente lo que nombra. Nombrar el colegio como “de Abogados” no es un gesto inocuo; es un output que fortalece el espacio patriarcal que históricamente ha excluido a las mujeres de la esfera pública y profesional.

Si queremos una sociedad donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una práctica, debemos empezar por nombrarla correctamente. El “Colegio de la Abogacía” no es una concesión al capricho progresista, como algunos dicen, no muy democráticos ni científicos ellos (recordemos una vez más que la lingüística es la ciencia del lenguaje y las lenguas); es un paso necesario para desmantelar las estructuras simbólicas que sostienen la desigualdad

La resistencia a cambiar “Colegio de Abogados” por “Colegio de la Abogacía” no puede justificarse apelando a una supuesta neutralidad del masculino. Esa supuesta, pretendida y falaz neutralidad es una ficción que oculta una verdad incómoda para el machirulado: el masculino genérico es un producto del patriarcado que, al ser adoptado como norma académica (de carácter prescriptivo y un a posteriori del hecho lingüístico per se), naturaliza la exclusión. La abogacía, como concepto abstracto y colectivo, comporta lo genérico sin ambigüedad; “abogados”, en cambio, remite a una categoría marcada por la masculinidad, tanto en su forma como en su historia. En este punto, obsérvese lo dicho sobre la designación potencial del significado y no aquello que, con argumento ciertamente infantil, se dice sobre que no hay que confundir género y sexo, pues las mesas y las sillas carecen de este último (¡menos mal que aquellos académicos sobre los que ironizó Juan Ramón Jiménez están ahí para hablarnos de las camarinas! Y para escribir diccionarios; cf. Platero y yo). 

Mantener el nombre de “abogados” no es defender la lengua frente a no sé quién, sino reproducir en su uso y en la conceptualización epistémica de tal uso las lógicas de un pasado que contraviene lo que hoy sabemos de las lenguas, las personas, la sociedad, la cognición, etc., y los fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho, perpetuando así una ideología que ya no se corresponde ni con la sociedad ni con la ciencia social ni con la realidad diversa de la profesión jurídica. 

La decisión judicial, al desestimar la demanda, pasa por alto esta dimensión sociolingüística y opta por la tradición escolar frente a la ciencia lingüística. La lengua no solo refleja el mundo; lo construye. Con la lengua construimos realidad, en un sentido de desigualdad, dominación y opresión o en un sentido de igualdad y justicia social. La lengua no es un ser ahí, como denota el argumentario de la jueza. No la culpo, pues es la idea más generalizada socialmente, aunque en su deber está no hacer de lingüista y, al contrario, asesorarse o dejar que las partes lo hagan con lingüistas profesionales, especializadxs en cuestiones de lengua y género (gender), glotopolítica y sociolingüística crítica.

Si queremos una sociedad donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una práctica, debemos empezar por nombrarla correctamente. El “Colegio de la Abogacía” no es una concesión al capricho progresista, como algunos dicen, no muy democráticos ni científicos ellos (recordemos una vez más que la lingüística es la ciencia del lenguaje y las lenguas); es un paso necesario para desmantelar las estructuras simbólicas que sostienen la desigualdad. Es hora de que la justicia se ponga al día en cuestiones lingüísticas. Es hora de que la justicia sea también justicia sociolingüística y aplique este derecho sociolingüístico llamado lenguaje inclusivo, con fundamento en esta ciencia llamada lingüística y en este tiempo, pretendidamente democrático.

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado una demanda contra el Colegio de Abogados de Sevilla y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que había interpuesto un grupo de 18 abogadas con la que pretenden (presentarán recurso de apelación) que se anule el acuerdo del 25 de julio de 2022 que mantiene el nombre de la institución frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla.

La sentencia analiza los pormenores de aquella votación, pero la jueza expresa, respecto al tema de fondo y al final de la resolución, su “profundo respeto” al derecho de las mujeres recurrentes “a 'sentirse' discriminadas” pero concluye que se ha de respetar “la decisión democráticamente adoptada por los colegiados”, considerando finalmente que “la denominación controvertida no es medida que objetivamente mantenga o promueva la desigualdad entre hombres y mujeres”, por lo desestima íntegramente su recurso.

Y añade respecto a la cuestión que “el llamado 'masculino plural genérico' o 'masculino neutro' puede parecernos, particularmente, como instrumento que perpetúa la invisibilidad de las mujeres, más aún en colectivos fuertemente profesionalizados como este [el de la Abogacía], con mayoritaria presencia masculina en tiempos no tan lejanos, o puede considerarse por contra un elemento útil, expresivo y adecuado a la tradición y al lenguaje”.

“Una posición u otra no dejan de ser opciones o apreciaciones subjetivas compartidas de forma diferente por los distintos sectores de nuestra sociedad, lo que hay que respetar, tratándose de un debate abierto. El término 'abogado' puede apreciarse por las colegiadas recurrentes como no inclusivo, pero no puede ser calificado de sexista ni de discriminatorio, aunque se comprenda el sentimiento de serlo. La inversión de la carga de la prueba no tiene por ello aquí cabida. El empleo del término 'Abogacía' se trata de un tema de corrección lingüística, si se quiere, deseable, pero no obligado.

“No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal”

“Por más que esta juzgadora pudiera compartir personal o ideológicamente el argumentario de las recurrentes, no puede interpretar ni concluir que dichas normas impongan lo querido por las mismas”, confiesa en la sentencia, aludiendo a que el Estatuto General de la Abogacía Española de 2021 “no contiene norma alguna por la cual se deba adoptar imperativamente un lenguaje inclusivo como el pretendido en la denominación de los Colegios”, estableciéndolo como “deseable modelo a seguir o recomendaciones”. “No hay exigencia de cumplimiento del mandato legal alguno para la adaptación de los estatutos de la corporación que obligue a sustituir el término ”abogados“ por el de ”abogacía“ en la denominación social”.

Recuerda la sentencia que “varios Colegios denominados hasta ahora 'de Abogados' han votado si se cambiaba la denominación a Colegio de Abogacía, o se mantenía la de Colegio de Abogados, y muchos han optado por no hacerlo”. El mencionado Estatuto “no establece la obligatoriedad de sustituir la palabra 'Abogados' por la de 'Abogacía', insiste la sentencia, que apunta que ”las normas deontológicas, que ante dudas de interpretación, pueden ser de utilidad, tampoco obligan a ello, y de hecho incluso estas, en algún apartado o redacción, mantienen el masculino neutro“.

“Tampoco obliga al cambio” ni la Constitución Española, ni la Ley de Igualdad de 2007, ni la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación, ni la Ley para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía de 2007 también “ni la normativa comunitaria e internacional” que citaron las abogadas en su recurso. “Las recomendaciones nacionales e internacionales que se destacan en demanda, son eso, recomendaciones. Dichas normas garantizan la igualdad de hombres y mujeres, pero no obligan al uso de determinados términos lingüísticos como los que aquí se pretenden”.

La “fragilidad de los derechos conquistados”

Para María Jesús Correa, una de las 18 letradas recurrentes y que lideró la llegada al callejero de Sevilla con la Plaza de la Abogacía en sustitución de la Calle de los Letrados, “es peligroso que una resolución judicial se pronuncie ignorando el mandato legal. Conviene tomar conciencia de que normalizar este tipo de hechos pone en peligro nuestro estatus como ciudadanas y la calidad de nuestra democracia”.

“La sentencia contempla una controversia anacrónica, en pleno siglo XXI, que nos reafirma en la necesidad de seguir luchando por la consagración de nuestros derechos. La sentencia deja constancia de que el sistema judicial sigue lastrado por interpretaciones ajenas a la legislación vigente. Esto deja al descubierto la fragilidad de los derechos conquistados, lo que se traduce en un auténtico retroceso social. Pero todo esto tiene una parte positiva, la certeza de que solo se pierde la batalla que se abandona. Nuestra reivindicación es tan legítima como necesaria. Por ello, no podemos permitirnos minimizar las consecuencias de estas resoluciones que, lejos de lo que pudiera parecer, no se trata del empeño de un grupo de abogadas por cambiar una palabra, sino que se trata de una lucha por la Igualdad en mayúsculas, como mujeres, como juristas y como demócratas”, considera la abogada especialista en violencia de género.

Inesperada asistencia masiva

La sentencia, en cuanto al procedimiento en sí de aquella votación en pleno verano de 2022, dice que no aprecia vulneración de normas colegiales, sectoriales o estatales sobre la forma de aprobación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla, con votación a mano alzada y con la regla de que los votos de ejercientes computan el doble que el de no ejercientes. Sí advierte “ciertas irregularidades o dificultades de control ante una inesperada asistencia masiva de colegiados/as interesados/as en participar en esta votación” pero “ninguna de ellas se revela de la envergadura que se pretende”, apuntando que el resultado fue “aplastante” en contra de los intereses de las recurrentes.

“No puede más que respetarse el principio de autonomía de cada Colegio en esta decisión y en cualquier modificación de sus Estatutos”, “y entre el contenido que necesariamente regularán los estatutos está su denominación”, detalla la jueza en otros pasajes de la sentencia.

Paralelamente a este proceso judicial, doce de las 18 abogadas citadas hicieron saber a la Junta de Andalucía (mediante un recurso cada una) que no debió aprobar los nuevos estatutos de la abogacía sevillana. La cuestión está pendiente de resolución.

En Cádiz ya no existe el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz sino que desde ahora hay un Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cádiz. Ya es oficial el cambio de denominación, acatando lo que dispone la Ley del año 2007 de promoción de la igualdad de género en Andalucía que, entre otras muchas cosas, dispone que colegios profesionales de Andalucía deberán adaptar su denominación a un uso no sexista del lenguaje.

El pasado 28 de agosto José Arcos Masa, presidente del Colegio Oficial, solicitó la modificación de la denominación, tal y como había aprobado la Asamblea General Extraordinaria de la corporación profesional el 18 de abril anterior. La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta consultó con varias corporaciones afectadas, obteniendo solo respuesta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.

Dice la resolución publicada en BOJA que precisamente ha sido el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos “el único que se ha mostrado disconforme al cambio de denominación, aduciendo para ello que modificar el nombre de los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, eliminando la palabra 'Aparejadores' y disponiendo de la palabra 'Arquitectura' para nombrar a los Colegios de Arquitectos Técnicos produce una confusión clara con los Colegios de Arquitectos”. En Sevilla, el Colegio de Abogados está codemandado en un proceso judicial por la votación que mantuvo su denominación actual frente a la de Colegio de la Abogacía.

La Junta argumenta que la nueva denominación propuesta de 'Arquitectura Técnica' “responde a la profesión que ejercen las personas integrantes de este colegio, así como a una de las titulaciones universitarias requeridas para su ejercicio. Debe destacarse asimismo, que con esta nueva denominación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.bis.4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que dispone que colegios profesionales de Andalucía deberán adaptar su denominación a un uso no sexista del lenguaje. La utilización del término genérico de la profesión 'Arquitectura Técnica' evita un término no inclusivo, como podría ser el de 'Arquitecto Técnico', señala la orden firmada por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.

Añade la resolución administrativa que, además, se elimina el término 'Aparejadores', que hacía referencia a la antigua denominación de la profesión y que ha quedado obsoleta y que fue superada por la de 'Arquitecto Técnico' ya hace tiempo. Esa argumentación fue compartida por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que señalaron en su informe que con el cambio de denominación se pretende cumplir el mandato legal de utilizar términos inclusivos en la denominación de las corporaciones profesionales al objeto de evitar el uso no sexista del idioma, y además inciden que no existe tal confusión puesto que la profesión reconocida es la Arquitectura Técnica.

Sevilla ya tiene Plaza de la Abogacía. Ya ha pasado a la historia la Calle de los Letrados, que durante casi 18 años ha sido como tal habitual lugar de tránsito de miles de personas y escenario del día a día de muchos profesionales del mundo judicial, al ubicarse junto al viejo Palacio de Justicia. “Ya era hora”, han gritado algunas de las abogadas que han acudido al acto de inauguración justo en el momento en el que se descubría la nueva rotulación y que supone “un acto de reparación”, según ha destacado en su intervención la letrada impulsora del cambio, María Jesús Correa.

“Y ahora el Colegio”, han reivindicado las presentes acto seguido, aludiendo a que el Colegio de Abogados de Sevilla está codemandado en un proceso judicial por la votación que mantuvo su denominación actual frente a la de Colegio de la Abogacía. De hecho Correa, que a finales de 2022 registró un escrito con 200 firmas que apoyaban el cambio de nominación que hoy ya es visible en la plaza, ha felicitado al Ayuntamiento y “al Colegio de la Abogacía”, al que en la mañana de este miércoles se ha “permitido” llamar así para incluir a abogados y abogadas.

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández, preguntado a ese respecto tras el acto inaugural, ha dicho a SevillaelDiario.es que respeta la voluntad democrática de aquella votación ya que fue elegido decano “seis meses después”. En todo caso, “es una cuestión que está ahí” y que “paso a paso” se llevará a una junta ordinaria de la corporación donde “habría que votarlo”. “Puede resultar contradictorio”, ha reconocido tras inaugurar la Plaza de la Abogacía, mostrándose “a favor de la igualdad”.

Tras descubrirse la nueva rotulación por parte del alcalde, Correa ha recordado que “la Calle de los Letrados hacía invisible a las letradas”, definiendo a esta jornada significa “la cura de la ceguera” y celebrando “la igualdad, la justicia y la reparación”. “Por fin se nos ve”, ha enfatizado, señalando que “el lenguaje no inclusivo genera discriminación y vulnera la ley”, en referencia a las leyes de Igualdad tanto estatal como autonómica, aprobadas en marzo y noviembre de 2007, precisamente poco después de que el pleno municipal diera el visto bueno por unanimidad (el 15 de febrero de 2007) a la ya extinta Calle de los Letrados.

En su intervención, el decano también ha celebrado el cambio porque “engloba a todo el ecosistema” de la abogacía sevillana apostando por “una solución integradora e inclusiva” que “visibiliza a todas las personas que participan de la abogacía, los abogados y abogadas, en una ecuación en suma de género”, reconociendo al grupo de mujeres que impulsaron la iniciativa por su compromiso de adaptar el nombre a la realidad global de la profesión“, ha destacado el decano. ”Este éxito es todo vuestro“, ha zanjado.

El decano también ha destacado la labor de la Comisión de Igualdad del Colegio como espacio de liderazgo femenino, enfatizando su carácter proactivo para promover la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos en el ámbito legal, así como garantizar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los/as profesionales del Derecho. Fernández ha recordado que esta plaza compartirá lugar en el callejero sevillano junto al de las abogadas Carmen Moya y Rosa Morán, primera mujer miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados (1986-1990) bajo el mandato de Manuel Rojo y Carmen Moya fue su primera vicedecana (1997-2002).

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado igualmente el “acto de reparación y justicia” que supone el cambio de nominación porque “no se podía mantener por más tiempo”. “Había que hacerlo”, ha dicho al recordar las 200 firmas de apoyo presentadas hace ahora dos años, agradeciendo “a la asociación” de la que surgió la iniciativa (que no es tal ya que partió de la citada abogada, María Jesús Correa) y que “también impulsa” el Colegio de Abogados. Al acto también han acudido el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu; la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, así como los portavoces de los grupos municipales y autoridades judiciales de Sevilla.

Tanto el Colegio de Abogados de Sevilla como el Ayuntamiento de Sevilla se han hecho eco de la noticia este miércoles aunque en ninguno de los dos casos (en un mensaje de X en el primero y en la web municipal en el segundo), ni se nombra ni se ve en las imágenes a la promotora de la iniciativa, María Jesús Correa.

Historia de un cambio

La propuesta primera partió de un grupo de abogadas encabezadas por María Jesús Correa, fue víctima del silencio administrativo por parte del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla y fue el Colegio de Abogados el que, meses más tarde, en concreto el 8 de noviembe de 2023, recogió el guante y cursó la solicitud como institución.

Pero lo hizo con unos argumentos algo distintos. La petición ciudadana original venía motivada directamente porque la Calle de los Letrados era considerada “discriminatoria contra las mujeres letradas” y porque “vulnera toda normativa en materia de igualdad de género”. Un año después, como ya se ha dicho, fue el Colegio de Abogados de Sevilla el que hizo la propuesta, pero llamaron la atención los argumentos que trasladaba la corporación colegial a este periódico.

El Colegio de Abogados de Sevilla decía que pedía el cambio de nombre “por la evolución tanto del término 'letrado' como 'abogacía', optando por desarrollar el segundo concepto”. “Consideramos que el termino 'abogacía' engloba con mayor precisión a todo el colectivo de abogados y abogadas. En cambio, el termino 'letrados' se ha singularizado en aquellos funcionarios de la Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia”.

Ese hecho, según dijo el Colegio, hacía que hubiera “perdido en parte relación directa con los profesionales de la Abogacía, origen y propósito de significar a la profesión en el callejero de Sevilla”, comentaron fuentes oficiales del Colegio a SevillaelDiario.es. Las mismas fuentes añadieron a ese respecto tras ser vueltas a consultar que el nombre propuesto “ tiene un carácter simbólico, de reconocimiento a la profesión. Y a todo esto suma el empleo de una terminología por supuesto más inclusiva, una llamada a una denominación común que recoja a todo el colectivo de abogados y abogadas”.

El nombre Calle de los Letrados se había adoptado por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento el 15 de febrero de 2007 para reconocer la función de los profesionales de la abogacía. Ahora, la explanada delimitada entre el edificio de los juzgados y la sede de la Audiencia Provincial, y las avenidas Menéndez Pelayo y Carlos V, ha pasado a llamarse Plaza de la Abogacía, que también ha dejado de ser calle. El pleno de la junta municipal del Distrito Nervión dio su visto bueno a la nueva denominación el pasado 25 de septiembre.

La desaparición del género femenino

La solicitud primera por parte del grupo de abogadas de Sevilla se amparaba en la normativa que ya en 2007 existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos 15 años en Andalucía, España y Europa. Según aquella reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”.

Esa regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señalaba aquel escrito, donde se explicaba que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.

Alucinación, dana, fango, gordofobia, inquiokupa, mena, micropiso, narcolancha, pellet, reduflación, turistificación y woke. No se trata de un mensaje en clave o una clave cifrada por acrónimos, sino de las palabras –ordenadas alfabeticamente– cantidatas a “palabra del año” y nominadas por Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), entidad promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE. 

Las anteriores ganadoras, desde hace once años, fueron “escrache”(2013), “selfi” (2014), “refugiado” (2015), “populismo” (2016), “aporofobia” (2017), “microplástico” (2018), “los emojis” (2019), “confinamiento” (2020), “vacuna” (2021), “inteligencia artificial” (2022) y “polarización” (2023). La palabra del año de este 2024 se conocerá el próximo jueves 19 de diciembre.

Este año, FundéuRAE ha seleccionado sus candidatas teniendo en cuenta los principales temas de actualidad periodística, como son la vivienda, la tecnología, el turismo o el medioambiente.

Como cada año, las voces seleccionadas por la FundéuRAE, han sido doce palabras candidatas a “palabra del año 2024”. Las doce cumplen dos requisitos. Por un lado, son palabras que han aparecido con especial frecuencia en los medios de comunicación y en el debate social en los últimos doce meses. Por otro lado, se intenta que todas las candidatas tengan algún interés desde el punto de vista lingüístico: que generen dudas entre los hablantes, que hayan adquirido un significado nuevo, que se hayan formado de una manera poco habitua.

Alucinación. Aunque no es una palabra nueva, tanto ella como “alucinar” han ampliado su significado con el desarrollo de las inteligencias artificiales. Se usan en el ámbito de la tecnología para referirse a la invención de información errónea por parte de los sistemas de inteligencia artificial. Es una extensión del sentido que ya tenían estos vocablos, y no es necesario marcarlos con cursiva o comillas.

Dana. Las graves inundaciones en el este y el sur de la península ibérica han hecho que se haya disparado el uso en los medios de comunicación durante el último trimestre de dana (con minúsculas), la lexicalización de DANA, sigla de “depresión aislada en niveles altos”. La forma dana ha sido incorporada al Diccionario de la lengua española en su última actualización, que se hizo pública este martes 10 de diciembre. Si se usa como sigla, se escribirá enteramente con mayúsculas, pero ya se emplea como sustantivo común lexicalizado escrito en minúsculas: “la dana”.

Fango. Las consecuencias de la dana en España, y las labores de limpieza, que aún continúan en muchos lugares afectados, han multiplicado las apariciones del término “fango” en los medios españoles. Igualmente, este sustantivo ha estado muy presente en la información política y social con su segunda acepción, ‘vilipendio, degradación’, caso en el que no necesita comillas o cursiva.

Gordofobia. Otra voz que se ha escuchado este año es “gordofobia”, escrita en una sola palabra y sin guion. Para referirse a todo aquello relacionado con ella, o a quienes tienen esta aversión o rechazo, es gramaticalmente válido usar tanto el adjetivo “gordófobo” como “gordofóbico”.

Inquiokupa. El problema de la vivienda ha centrado la atención de ciudadanos, medios y políticos en multitud de países, por lo que los vocablos y expresiones relacionados con este tema han sido especiales protagonistas todo el año. Este neologismo está formado a partir del truncamiento de “inquilino”, al que se une el término “okupa”. 

Mena. La situación de los menores extranjeros no acompañados, denominación a la que corresponde la sigla MENA, que llegan a un nuevo país ha sido otro de los debates políticos más presentes en diversos lugares. Aunque como sigla se escribe con mayúsculas, está muy asentada su lexicalización como sustantivo común escrito en minúsculas: “un mena”, “los menas”.

Micropiso. Siguiendo con la cuestión de la vivienda en multitud de países, otro de los términos que más se han repetido ha sido “micropiso”, formado por la unión del prefijo micro- (que significa “muy pequeño”) al sustantivo piso, con el sentido de “conjunto de habitaciones que constituyen vivienda independiente en una casa de varias alturas”. Se recuerda que se escribe en una sola palabra, sin guion ni espacio.

Narcolancha. El elemento compositivo narco- (que significa “droga”) aparece unido a muy diversas voces para expresar su relación con este tipo de sustancias. Se encuentra en “narcodólar”, “narcotráfico” o “narcoviolencia”, y en otras de más reciente aparición como “narcolancha”. 

Pellet. El extranjerismo “pellet” se emplea actualmente en múltiples contextos. La palabra “pellet” ha entrado en el Diccionario de la lengua española (DLE) en su última actualización. Esta voz —que en español también podría adaptarse como “pélet”, estuvo muy presente, por ejemplo, en los medios de España debido al gran vertido de pequeñas bolas de plástico que se produjo en las playas de Galicia a comienzos de año.

Reduflación. El encarecimiento de los bienes y servicios en los últimos meses no solo se traduce en unos precios más elevados, sino en ocasiones también en un producto de menor tamaño al mismo precio. Por este motivo, la voz “reduflación”, acrónimo formado a partir de “reducción” e “inflación”, ha sido otra de las más repetidas durante 2024.

Turistificación. La percepción de la “turistificación” (término válido para referirse al impacto de la masificación turística) en ciertas ciudades o regiones ha llenado las portadas de los periódicos de todo el mundo. El aumento de las viviendas turísticas o la limitación de la llegada de viajeros en áreas masificadas son solo dos de los aspectos que han centrado el debate social este 2024. También se usa con un sentido similar “turistización”, aunque es más habitual para aludir, de manera más neutra, al hecho de hacer que algo sea turístico.

Woke. Se suele traducir este anglicismo como adjetivo informal con el significado de “sensible ante las injusticias”, y en español se utiliza tanto de manera positiva como negativa en múltiples contextos. Se escribe en cursiva si se pronuncia igual que en inglés (más o menos /wóuk/), pero puede adaptarse y escribirse en redonda y sin comillas si se pronuncia tal como se escribe, /wóke/. 

La Calle de los Letrados de Sevilla pasará a llamarse Plaza de Abogacía tras la aprobación por parte del pleno de Ayuntamiento hispalense que se celebrará este jueves. El cambio de nominación fue solicitado en última instancia por el Colegio de Abogados de Sevilla, que casualmente está codemandado en un proceso judicial por la votación que mantuvo su denominación actual frente a la de Colegio de la Abogacía. El nombre actual se adoptó por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento el 15 de febrero de 2007 para reconocer la función de los profesionales de la abogacía.

Previamente, el pleno de la junta municipal del Distrito Nervión dio su visto bueno a la nueva denominación el pasado 25 de septiembre después de que el Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital sirviera como “medio y cauce de participación de las personas, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones de la ciudad” elevara una propuesta en ese sentido. En concreto, más de 200 firmas pidieron el cambio de nominación a finales de 2022 aunque la propuesta de un grupo de abogadas de Sevilla fue víctima del silencio administrativo y fue el Colegio el que, a posteriori, cursó la solicitud con unos argumentos algo distintos.

La petición original de cambio de nombre por abogadas de Sevilla venía motivada directamente porque la Calle de los Letrados era considerada “discriminatoria contra las mujeres letradas” y porque “vulnera toda normativa en materia de igualdad de género”. Un año después fue el Colegio de Abogados de Sevilla el que llevó la cuestión directamente al ámbito municipal. En ese sentido, llamó la atención los argumentos que trasladaba la corporación colegial a este periódico, destacando que pedía el cambio “por la evolución tanto del término 'letrado' como 'abogacía', optando por desarrollar el segundo concepto”. “Consideramos que el termino 'abogacía' engloba con mayor precisión a todo el colectivo de abogados y abogadas. En cambio, el termino 'letrados' se ha singularizado en aquellos funcionarios de la Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia”.

La “paradoja” del Colegio de Abogados

Ese hecho, según dijo el Colegio, hacía que hubiera “perdido en parte relación directa con los profesionales de la Abogacía, origen y propósito de significar a la profesión en el callejero de Sevilla”, ya comentaron fuentes del Colegio a SevillaelDiario.es. Las mismas fuentes añadieron a ese respecto que el cambio de denominación “tiene un carácter simbólico, de reconocimiento a la profesión”, a lo cual “suma el empleo de una terminología por supuesto más inclusiva, una llamada a una denominación común que recoja a todo el colectivo de abogados y abogadas”.

Para María Jesús Correa, que registró aquella primera petición con más de 200 firmas para sustituir el nombre de la Calle de los Letrados, resulta “paradójico” que la corporación colegial sevillana pidiera luego el mismo cambio “cuando existe un procedimiento contencioso contra el propio Colegio porque perpetúa el lenguaje sexista en su denominación de Colegio de Abogados. ”Podía haber aprovechado y podía haber dado ejemplo el Colegio para profundizar y avanzar en igualdad, pero en cambio su principal argumento ante el Ayuntamiento es que pedía el cambio de nominación porque el nombre de 'letrados' se podía confundir con los ahora letrados de la Administración de Justicia“, comenta a este periódico a un día de que el Pleno apruebe finalmente la petición que impulsó hace un par de años junto a un grupo de letradas de Sevilla.

Pulsadas las posiciones de los grupos por este periódico, es más que posible que el acuerdo se apruebe este jueves por unanimidad. “Lo de la Abogacía es una petición del Colegio de Abogados con la que estamos de acuerdo”, manifiestan fuentes del PP, mientras que el PSOE también confirma su voto a favor. Desde Podemos-IU se muestran “a favor de los cambios a denominaciones inclusivas”. “Si es el primer paso para futuros cambios como, por ejemplo, en el nombre del Colegio de Abogados... pues bienvenido sea”, comentan desde la coalición de izquierdas al hilo del frente judicial que tiene la corporación colegial sevillano.

“La idea inicial es respaldar el 'paquete' de cambios de nombres que se lleva al pleno”, señalan desde Vox. Efectivamente se prevé aprobar también varias nominaciones en el callejero hispalense, como por ejemplo el espacio verde dedicado a juegos infantiles situado en la calle Fontaneros, que se llamará Lolo Laocoonte Parque Infantil, o el espacio de nueva formación en la confluencia de San Francisco Javier, Ramón y Cajal y Diego Martínez Barrio, que será la Glorieta de la Enfermería Sevillana.

Una terminología “más inclusiva”

La calle, que más bien parece una plaza y que se ubica frente a la fachada del Palacio de Justicia, junto al edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, es lugar habitual de tránsito de miles de personas en la capital hispalense, tanto de los profesionales de la administración judicial como de estudiantes (el Rectorado de la Universidad está a escasos metros) y ciudadanía que van o vuelven del centro de la ciudad. El Colegio de Abogados tenía solicitado formalmente desde hacía uno meses que en la explanada delimitada entre ambos edificios judiciales y las avenidas Menéndez Pelayo y Carlos V pasara a llamarse Plaza de la Abogacía.

La solicitud primera por parte del grupo de abogadas de Sevilla se amparaba en la normativa que ya en 2007 existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos 15 años en Andalucía, España y Europa. Según aquella reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”.

Esa regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señalaba aquel escrito, donde se explicaba que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.

La Sección 3ª de la Sala Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha admitido la demanda presentada por ocho abogadas contra la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública por aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 10 de noviembre de 2023. Según las demandantes, la corporación colegial incumplía el mandato legal de adaptación de los estatutos de la corporación en el sentido de sustituir el término “abogados” por el de “abogacía” en su denominación social, lamentando que la Junta haya procedido a su aprobación definitiva ya que “adolece de sexismo lingüístico, ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por tanto, vulnera el derecho a la igualdad”.

Cabe recordar que aquella modificación estatutaria del Colegio de Abogados de Sevilla, aprobada el 25 de julio de 2022, validó continuar con su actual denominación y no sustituirla por la de 'Colegio de la Abogacía de Sevilla'. La aprobación del nombre del Colegio, al margen de este procedimiento judicial que acaba de abrir el TSJA, está paralelamente judicializada tras una demanda contencioso-administrativa también dirigida contra el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. La demanda tramitada ahora por el TSJA impugna “la totalidad del texto estatutario al prescindir del uso de un lenguaje inclusivo y no sexista”, especifican las abogadas.

La Junta había argumentado directamente a las letradas que había que esperar a que se resolviera ese contencioso, pero las demandantes consideran que la administración andaluza ha dado por bueno un texto que “adolece de lenguaje inclusivo” que viene defendiendo el Consejo General de la Abogacía Española. De hecho, el objeto de la demanda es concretamente una resolución de la Consejería de febrero de 2024, después de la información publicada por este periódico, donde se suspende la tramitación del recurso que ya interpusieron las abogadas contra la aprobación de la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla. Fuentes de la Consejería de Justicia dicen que, al cierre de esta información, no tienen notificación alguna en este sentido por parte del TSJA.

Las demandantes entienden que la Junta “ha incurrido en un defecto de omisión en la previa calificación de la legalidad” ya que el texto estatutario del Colegio “no es ajustado a Derecho por vulnerar lo establecido en la legislación, autonómica, nacional e internacional, e incumplir las prohibiciones de discriminación contenidas en las mismas, que imponen la obligación de erradicar el sexismo en el lenguaje como una exigencia para desarrollo del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en consecuencia, la resolución recurrida es nula de pleno derecho”.

“Falta de control de la legalidad”

La modificación del texto estatutario aprobada por la Consejería de Justicia y publicado en BOJA el pasado noviembre no obvia la cuestión del lenguaje inclusivo y, de hecho, su 'Disposición Adicional Única' hace mención específica a ello diciendo que “todas las referencias que se encuentren en el presente estatuto sobre personas, colectivos o cargos cuyo género sea el masculino, hacen referencia al género gramatical neutro, entendiéndose incluidos tanto mujeres como a hombres”. Eso denota, según la demanda, “la falta de control de la legalidad en materia de igualdad y uso no sexista del lenguaje del texto” por parte de la Consejería.

La demanda, que cita numerosa normativa autonómica, estatal y europea en materia de igualdad, alude también a las Normas Deontológicas del Consejo General de la Abogacía, con entrada en vigor el 8 de mayo de 2019, que establecen en su preámbulo que “por razones de corrección lingüística se ha preferido utilizar sólo en contadas ocasiones la expresión 'abogado', que exigiría la doble referencia a 'abogado' y 'abogada', o emplear otros métodos para designar los dos géneros. Por eso, se sustituye por 'Abogacía', que designa tanto la profesión como al conjunto de hombres y mujeres que la ejercen (…)”.

Según el escrito de las abogadas, “todo el texto del articulado” es “absolutamente discriminatorios por razón de género”, “contrario a la legalidad vigente” y supone “una frontal vulneración del ordenamiento jurídico”. “El uso sexista del lenguaje está prohibido por la normativa vigente en España, y si bien es un texto no elaborado por la propia Administración Pública, sí requiere de su aprobación, previo análisis, por parte de esta, la cual ha realizado respecto de un texto cuyo lenguaje discrimina abiertamente a las mujeres que ejercen la profesión de abogacía”, relata la demanda.

La demanda se refiere a un “elocuente” informe emitido por la Agencia de la Competencia en julio de 2023, incorporado al expediente administrativo en su análisis del texto estatutario y en el que, a pesar de no hacer mención alguna al uso del lenguaje inclusivo y no sexista en los estatutos colegiales, la administración actuante “lo utiliza a lo largo y ancho del informe utilizando expresiones como 'profesionales de la abogacía', 'Colegio de la Abogacía', y 'Abogacía'. ”Sorprende pues que un organismo público que utiliza de manera natural el lenguaje no sexista, sabedor de la normativa vigente en la materia, no solo no recrimine ni repruebe la falta de uso en el texto estatutario que analiza y al que se refiere sino que ni tan siquiera la somete a valoración alguna respecto del riguroso control de legalidad que debe de ejercer sobre él“, resumen las abogadas.

Fenómenos léxicos y estructurales

Además de recorrer las normativas en materia de igualdad entre hombre y mujeres en este sentido, la demanda reflexiona acerca del asunto y dice que “el lenguaje sexista ha ayudado durante siglos a establecer unas relaciones injustas entre los sexos. En el castellano existen una serie de mecanismos verbales mediante los que la discriminación sexual, directa o indirectamente, se recrea, reproduce y mantiene; y ello es así porque tales mecanismos operan reflejando, construyendo, perpetuando y naturalizando el sexismo y el androcentrismo”.

A ese respecto recoge algunos de esos fenómenos léxicos y estructurales que “en el uso 'normal' de la lengua castellana actúan contra la mujer, como ”la ausencia de nombres para denominar profesiones en femenino, especialmente las más prestigiosas“. ”Denominar en masculino a una mujer que practica una profesión o cargo invisibiliza a las mujeres que lo ocupa, presenta su caso como una excepción que demuestra, no que las demás mujeres podrían, sino que ni podrían ni deberían, y marca con una dificultad más el acceso a algunos cargos, reservando el masculino para actividades prestigiadas“.

Otro de esos “fenómenos” es “la ocultación de la mujer en el lenguaje por el empleo reiterado de voces masculinas en sentido genérico (los castellanos, los abogados, los profesionales...), y, como consecuencia, la identificación de lo masculino con la humanidad”. “Tal ocultación tiene unas implicaciones importantes en el desarrollo de la identidad personal y social, y son eminentemente androcéntricos porque ocultan la presencia femenina o la subordinan a la masculina”, recoge la demanda.

Entre sus conclusiones, las demandantes señalan que “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en un aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino. Esta regla, que como el resto de reglas gramaticales que se han dictado, no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua”. Ello validaría “uno de los ejes vertebradores del androcentrismo más claros, constantes y habituales en la lengua: el que refuerza la presencia del género/sexo masculino y causa la desaparición del género/sexo femenino”.

En ese sentido apuntan que “el problema de discriminación e invisibilidad se produce cuando utilizamos un sustantivo sexuado masculino, que tiene su femenino correspondiente, para referirnos a mujeres y hombres. Por ejemplo, ”si afirmamos que 'en Sevilla hay diez mil abogados' se ignora que existen abogadas en Sevilla, las ha arrinconado, las ha apartado del mundo simbólico, las ha borrado de la realidad textual, creando en nuestro imaginario imágenes masculinas“.

El cambio de nombre de la Calle Letrados de Sevilla lleva bastante tiempo sobre la mesa pero no mucho en el ámbito de quien tiene potestad para cambiarlo, esto es, el Ayuntamiento. El Colegio de Abogados de Sevilla, codemandado en un proceso judicial precisamente por la votación que mantuvo su denominación frente a la de 'Colegio de la Abogacía', tiene solicitado formalmente que dicha vía pase a llamarse Plaza de la Abogacía. El asunto “está avanzado” pues “solo queda ser aprobada por la Junta de Distrito y su posterior refrendo definitivo en el Pleno”, apuntan fuentes de la propia organización colegiada.

“No depende de nosotros pero confiamos en que el procedimiento sea rápido. Hay buena voluntad por parte del equipo de gobierno”, detallan las fuentes. Un extremo acerca del cual no pueden profundizar fuentes municipales, que no han querido pronunciarse a este respecto. La actual denominación Calle Letrados de Sevilla se adoptó por una unanimidad por el Pleno del 15 de febrero de 2007 para reconocer la función de los profesionales de la abogacía, recuerdan desde el Colegio.

El emplazamiento, situado en la fachada del Palacio de Justicia y el edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián, viene siendo objeto de algunas miradas que apuestan por un lenguaje inclusivo. En concreto, más de 200 firmas pidieron el cambio de denominación a finales de 2022 pero la propuesta fue víctima del silencio administrativo. La petición de cambio de nombre venía motivado “por ser su denominación discriminatoria contra las mujeres letradas y vulnerar toda normativa en materia de igualdad de género”.

“Mayor precisión” para el colectivo

Llama la atención los argumentos que traslada el Colegio de Abogados de Sevilla a este periódico, que pide el cambio “por la evolución tanto del término 'letrado' como 'abogacía', optando por desarrollar el segundo concepto”. “Consideramos que el termino 'abogacía' engloba con mayor precisión a todo el colectivo de abogados y abogadas. En cambio, el termino 'letrados' se ha singularizado en aquellos funcionarios de la Administración de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia. Hecho que hace que la denominación de la 'Plaza de los Letrados' haya perdido en parte relación directa con los profesionales de la Abogacía, origen y propósito de significar a la profesión en el callejero de Sevilla”, comentan fuentes del Colegio a SevillaelDiario.es.

Las mismas fuentes añaden a ese respecto que el cambio de denominación “tiene un carácter simbólico, de reconocimiento a la profesión”, a lo cual “suma el empleo de una terminología por supuesto más inclusiva, una llamada a una denominación común que recoja a todo el colectivo de abogados y abogadas”. Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento hispalense no han querido pronunciarse al respecto pese a la insistencia de este periódico.

Lo cierto es que la solicitud particular que había sido desestimada el año pasado se amparaba en la normativa que ya en 2007 existía en materia de no discriminación por razón de sexo, y en la pluralidad de leyes y normativas en materia de igualdad que se han venido aprobando en los últimos quince años en Andalucía, España y Europa. Según aquella reclamación, “uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en el aspecto gramatical que consiste en el uso del género masculino como neutro, es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino”.

Esa regla “es un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua, y otorga carta de naturaleza a uno de los ejes más claros del androcentrismo cual es el reforzamiento de la presencia del género masculino y causa la desaparición del género femenino”, señalaba aquel escrito, donde se explicaba que existe “una íntima conexión entre la lengua utilizada en el mundo público laboral y la posición de la mujer en la sociedad”, razón por la que “hay que potenciar el cambio de una realidad donde mujeres y hombres no gozan de iguales oportunidades”. “Por ello es necesario modificar el lenguaje que se usa en las administraciones públicas y, en el caso concreto que nos ocupa, en una corporación pública que ha de cumplir la legislación vigente”.

Elena Herraiz es en las redes Linguriosa (palabra compuesta que nace de unir lingüística y curiosidad) y ha logrado con sus dos lexemas cosas que los linguamantes de esta revista no creeríais... Divulgar la lengua española más allá de Orión, y hacerlo con muchos, muchísimos seguidores (603 000 en YouTube; 218 000 en Instagram en el momento de esta entrevista) en distintos países y hasta en la puerta de Brandeburgo. 

Ha triunfado en un espacio donde muchos youtubers juegan a los videojuegos o dicen boludeces. Ha sabido enamorar a un público con humor y leísmo (¡ele!). ¡Había todo un universo interesado en el ceceo, el voseo y las sibilantes! Este tren le ha supuesto dejar su trabajo como profesora de ELE para dedicarse a la divulgación lingüística en internet. Todo un fenómeno pelirrojo de 31 años que afirma que Argentina (y algún gazapo) han tenido mucho que ver con su despegue. Reconoce la suerte, pero la suerte es aliada de los linguriosos.

No parecía que la divulgación lingüística pudiera competir con la científica en YouTube…  

Pero al final la divulgación lingüística es científica también. Y siempre hay hueco para la divulgación. 

¿Estamos superando una visión más utilitarista de la lengua?

Mi caso fue casualidad. Realmente, no es que yo dijera “falta divulgación lingüística y voy a hacerla”. Empecé, como tú has dicho, con una visión más utilitarista. Soy profe de español como lengua extranjera y si mis alumnos quieren aprender a usar el imperfecto, pues hago un vídeo. De casualidad, me puse a hacer cada vez más divulgación lingüística, historia de la lengua, etimología… Al final, es entretenimiento, y si lo cuentas de una forma más simple y divertida, ¿a quién no le gustan las curiosidades?  

¿Qué determina que escojas un tema, que te decantes por el voseo o el español canario?

Pienso en cosas que me parecen interesantes, preguntas que me hago a mí misma. Originalmente, eran preguntas que me surgían a mí o a los alumnos en clase. Tenemos el imperfecto de subjuntivo, por ejemplo, y hay dos formas: amara o amase… Muchos me preguntaban que por qué, que era muy curioso. Entonces, yo lo investigaba. Ahora tengo un documentalista que me hace el trabajo de buscar la información. 

¿Te ha ayudado ser profesora para el éxito del canal?

Yo creo que sí. O sea, tú en una clase, con la pedagogía, intentas explicar algo de forma que te entiendan, y es lo que estoy haciendo con temas lingüísticos. 

¿Y no echas de menos estar con tus alumnos?

Sí, sí. Bastante de menos, además. Me gustaba la academia. Estuve también trabajando en el instituto con adolescentes, pero eso no lo echo de menos. No te voy a engañar (ríe). 

¿Qué es lo que te gustaba?

Las ganas que tenía la gente de saber por qué. Me acuerdo que tenía un alumno que venía a las nueve de la mañana, nos quedábamos mirando los dos a la pizarra y me hacía muchas preguntas. Y era como, “Vale, vamos a intentar buscar la regla. ¿Por qué estos verbos?, ¿qué tienen en común?, ¿en qué se diferencian? Vamos atrás, ¿qué pasaba en latín?”. ¡Jo, a mí eso me encantaba!

Siempre intento dar un punto de vista muy objetivo. Si me meto en sociolingüística, puede ser que sí, que tenga más hate

Fue el germen de Linguriosa, en realidad...

Sí, realmente sí. A veces pienso “Joder, si estuviera dando clase, seguramente que me saldrían cuestiones más interesantes, cosas que mucha gente se está preguntando y que yo ahora no lo sé porque ya no doy clase”. 

Creo que la etimología te da mucho juego… 

Realmente, la etimología la uso más para formatos cortos, vídeos de un minuto de Instagram. En YouTube planteo más preguntas como las relacionadas con el leísmo, de dónde viene... Cosas en las que te tienes que remontar muchísimo hacia atrás, temas más relacionados con la evolución de la lengua. De gramática y de fonética meto mucho también. 

¿Cómo se hace un vídeo entretenido sobre el reajuste de las sibilantes o el rotacismo?

El reajuste de las sibilantes lo metí con Nathy Peluso, y el rotacismo con Bad Bunny. O sea, son las formas que tienen de hablar personas importantes. Y si eres fan de esa persona, te dices “Uy, es verdad, ¿por qué hablan así?”. De este modo, te estoy metiendo algo supertécnico, aunque te lo explico sin tecnicismos, y si doy un tecnicismo es como “Fíjate, qué curioso que esto se llame así. Te lo voy a contar porque así luego queda guay si se lo explicas a otra persona” (ríe). Simplemente, creo que es rebajar un contenido muy técnico al público general.

Divulgar viene precisamente de vulgo…

Eso es.

Hoy suena cool, pero en el fondo es bajar el conocimiento a la plebe…

Efectivamente. Sí, sí (ríe).

Hay que ponerle mucho entusiasmo, imagino…

Yo creo que se nota mucho que a mí me parece interesante. Entonces, al contarlo con ese entusiasmo que me genera, creo que se transmite y hace que tú también te sientas intrigado.

Creo que cuando eras profe en Alemania te llegaron a decir que ibas demasiado alegre por las mañanas a clase.

Sí, un compañero me decía: “Es que sonríes demasiado por la mañana y a mí por la mañana no me apetece hablar con nadie” (ríe).

Pero esta alegría funciona en YouTube…

Habrá gente también (y esto me lo han dicho) a la que no le guste. Que le pone nerviosa. Hay público para todo.

Los famosos ‘haters’ u odiadores…

Siempre intento dar un punto de vista muy objetivo. Obviamente, a veces, se me ve un poco hacia qué lado tiro con ciertos temas, pero doy argumentos científicos. Si me meto en sociolingüística, puede ser que sí, que tenga más hate. Hay algún vídeo, como el del matrimonio o el del lenguaje inclusivo… Siempre vas a tener gente que te ponga comentarios negativos. 

¿La gente invierte más tiempo en decirte cosas negativas que positivas?

Creo que no. Si realmente me pongo a analizar los comentarios, si saco un porcentaje, hay un 90 % de comentarios buenos y un 10 % de malos. Pero sí que es verdad que te saltan más los malos. 

¿Y qué dicen de positivo de tu canal?

Si hago un vídeo sobre castellano medieval, ese vídeo se va a ver. A la gente le gusta muchísimo el castellano medieval. 

¡Malandrines!

Funciona muy bien. Y la fonética también. ¿Cómo se pronunciaba, cómo se pronuncia, por qué se pronuncia así? Todo eso gusta mucho.

Cualquier persona que tenga un mínimo interés en lingüística piensa una vez a la semana en el castellano medieval

Lo del castellano medieval me sigue chocando…

¿Recuerdas ese estudio que dice que los hombres piensan en el imperio romano al menos una vez por semana? Pues yo creo que es lo equivalente en la lingüística. Cualquier persona que tenga un mínimo interés en lingüística piensa una vez a la semana en el castellano medieval (ríe). No. No lo sé. No tengo ni idea, simplemente es lo que he visto en mi canal.

Claro, lo ves en las métricas. Tal vez, los hombres piensen el miércoles en Roma y el viernes en el Medievo… 

Ya, pues puede ser. Mi público es mayoritariamente masculino (ríe).

Pensaba que las mujeres estarían más interesadas. Son las que copan los grados de Lingüística y otros oficios de la lengua…

Pero a mí no me sigue un público que sepa de lingüística. Me sigue gente que a lo mejor no tiene ni idea, pero que lo ve interesante. Por otro lado, la mayoría de los canales de divulgación en general tienen más seguidores hombres que mujeres. 

¿Sabes la edad de la gente que te sigue?

Entre 25 y 45 años.

¿Hispanohablantes?

La mayoría sí, pero no son de España. De España solo tengo un veinte y algo por ciento, el resto son de México, de Argentina, de Estados Unidos, y luego tengo en Alemania también. Aunque claro, no sabes si son hispanohablantes que viven en Alemania o si son alemanes que están estudiando español.

Empezaste con un canal digamos que formativo. ¿En qué punto te diste cuenta de que no querías continuar haciendo eso? ¿Fue con el vídeo de la actriz argentina Anya Taylor-Joy (El español de Anya Taylor-Joy)?

Sí, sí. Eso es. Hubo muchísimo hate, y merecido además, porque en ese vídeo hablé como si estuviera en una clase mía diciendo tonterías, ¿no? Ahí fue el momento de decir “Vale, necesito una persona que me revise todo el contenido lingüístico que hago para no meter la pata o meterla lo menos posible, y además tengo que empezar a hacer un contenido que vea mi nuevo público, porque de repente ese vídeo me hizo ganar, a lo mejor, 30 000 suscriptores en un mes”. Ya no podía volver a cómo se usa el subjuntivo. 

¿El bofetón de los argentinos te catapultó?

El público argentino es el que ha levantado mi canal. El vídeo que más visualizaciones tiene es el del vos, por qué dicen vos. 

Lo llamas en coña un canal para pedantes…

Sí, porque yo, precisamente, siempre digo: “No seas pedante y no corrijas a la gente”.

¿Es material para armar tertulias caseras?

Eso es. Y también para el típico pedante que está corrigiendo a todo el mundo. A lo mejor no deberías corregir tanto a la gente porque no 

hay solamente una forma de hablar o una forma correcta. 

Es un contra-pedantes, entonces…

Exacto. Luego también hay una hipótesis sobre el origen de la palabra pedante, que viene de pie y que eran las personas que acompañaban a los nobles para enseñarles. Es un poco como un profesor. Entonces, también me gusta ese juego.

Si volvemos a la etimología que tanto te gusta, Linguriosa viene de curiosidad.

Sí, de curiosa y lingüística.

Es un nombre que permite otras interpretaciones, como lengua y furiosa…

Sí... A ver, lo de furiosa la verdad es que nunca me había parado a pensar (ríe).

Será cosa mía…

Me han dicho mucho más lo de lujuriosa, y tampoco había pensado en eso. Pensé solamente en lingüística, lengua y curiosa, y ya está. Para curiosos de la lengua.

¿Es más lucrativo YouTube que las clases de ELE?

Obviamente, si he dejado las clases es porque se saca más dinero. Pero depende. Creo que, en mi caso, he tenido suerte. Y también depende de dónde des clase, claro. 

¿Cuál ha sido el vídeo más difícil de hacer?

El lenguaje inclusivo. Me costó muchísimo. Con ese estuve un año a lo mejor, ahí, dándole muchas vueltas. Y el del catalán también. Porque son temas polémicos ya de por sí.

Te venía el recuerdo de Taylor-Joy...

Por favor, ese vídeo no me lo tengáis en cuenta.

¿Qué otras cosas funcionan bien? ¿El origen de los acentos?

Nunca puedo asegurarlo, porque muchas veces pienso que funcionará, pero no. A veces, digo «Este tema es muy de gramática, es muy denso, y luego es de los que mejor funcionan. Entonces, no tengo ni idea. Lo que no falla es el castellano medieval. 

¿Así que cuando dices que Nathy Peluso habla un español medieval, estás mezclando dos pelotazos en uno?

Exactamente. Lo de Nathy Peluso era por el uso del /sh/, que es un fonema que ya no tenemos en el español estándar y que es medieval. Era una forma de explicar las sibilantes. Da mucho juego, y te lo explico con canciones de Nathy Peluso.

Solo por mera linguriosidad, ¿habla de este modo por ser argentina o porque ella es así?

No, no hay ninguna razón de peso. Yo creo que lo hizo solo para que yo sacara un vídeo (ríe). 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Sevilla ha celebrado este jueves la práctica de la prueba testifical por la impugnación de las votaciones por el cambio de denominación del Colegio de Abogados de Sevilla. Las 18 abogadas que demandaron al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para que se anule el acuerdo que mantiene el nombre frente al de Colegio de la Abogacía de Sevilla reclaman la invalidez de la votación que rechazó la propuesta de renombrar la institución. “El actual nombre no me incluye y me siento discriminada”, han coincidido dos letradas propuestas como testigos por la parte demandante, insistiendo en la “falta de seguridad jurídica” que tuvo lugar ese día en el Colegio de Abogados de Sevilla, que está codemandado en este contencioso.

Los testigos propuestos por la parte demandante (dos letradas ejercientes y un letrado no ejerciente) se han referido a la junta general como “un evento social” más que un acto “serio” de votación. Paula Schmid, miembro del Colegio y profesora de Derecho en la Universidad de Sevilla, ha declarado incluso que “aquel día votaron compañeros colegiados en otras provincias”. Pilar López y José Luis de la Casa, los otros dos testigos de las demandantes, así como también los tres testigos de los demandados, han dejado en evidencia que “no se distinguía entre ejerciente y no ejerciente” cuando, según la normativa, el voto de los no ejercientes vale la mitad, según han precisado.

María Jesús Correa, una de las letradas demandantes y dirección jurídica en este procedimiento, ya impugnó el acto de aquella votación leyendo un escrito que no fue resuelto por la junta de gobierno. El juzgado tendrá que decidir ahora si hubo defecto de forma en las votaciones, si bien el propósito de las demandantes continúa siendo el cambio de nombre efectivo. Es de recordar que la demanda insistía en que “la lógica patriarcal sigue insistiendo en que esto va de vocales, que las mujeres están incluidas sin ser nombradas”. “El lenguaje inclusivo implica no sólo que seamos visibles, ser nombradas, sino también cambiar la posición de los grupos innombrados, esto es, si queremos cambiar lo que piensan otras personas, no puedo usar neutros, ni genéricos, tengo que nombrar con todas las palabras, sólo así se genera conciencia y se crean referentes”.

José Joaquín Gallardo, exdecano y testigo de la parte demandada, ha dicho este jueves en la sala que “la Junta General con más asistencia de la historia del Colegio”, con más de 260 participantes según las actas. Aquella participación, es de recordar, se vio envuelta en la polémica por los whatsapps enviados por el exdecano, hoy testigo, en el que llamaba a los colegiados a “votar que nuestro Colegio se continúe denominando Colegio de ABOGADOS de Sevilla (como desde 1706)”. Gallardo ha reconocido que mandó “entre 100 y 150” mensajes en ese sentido, aunque ha argumentado que no hizo campaña por su preferencia sino “por la participación”.

La demanda reclama, entre otras cosas, el derecho de las abogadas “a no ser discriminadas” e instaba a cambiar la denominación del Colegio “de acuerdo al Estatuto General de la Abogacía española”. La prueba testifical practicada este jueves se encuadra dentro del proceso de las demandantes por reivindicar “un lenguaje inclusivo no sexista y la obligación de no discriminación por razón de sexo”. La lucha se remonta a 2016, cuando María Jesús Correa dirigió una carta para requerir el cambio de denominación en el mismo sentido que ahora, apelando al principio constitucional de igualdad.

“Vivimos en una sociedad que idealiza la maternidad y que nos estigmatiza en función de cómo alimentamos a nuestras criaturas”. Así comienza Todas las lactancias molan (Txalaparta, 2024), escrito por la periodista Saioa Baleztena y la asesora de lactancia Mireia Serra. El libro es a la vez un relato coral de voces diversas que cuentan sus experiencias, un manifiesto a favor del respeto a todas las elecciones y una guía con consejos prácticos para vivir desde el placer todo tipo de lactancias.

Para dar a conocer las diferentes realidades, Saioa y Mireia presentan los relatos de treinta personas que narran experiencias de todo tipo. “Personas que han alimentado a sus criaturas con el pecho, con leche natural, en diferido, con leche de fórmula y biberón; personas que han amamantado mientras gestaban o que lo han hecho en tándem. Mujeres que lo han hecho con un solo pecho o personas trans que han gestado, parido y dado de mamar (...). Personas que han inducido su lactancia, que han donado leche o que han vivido un proceso de relactación”, enumeran las autoras.

En esta entrevista, Saioa Baleztena explica las líneas principales de su nuevo libro, y aclara que ha sido un trabajo en equipo: ella se ha dedicado a darle forma a una serie de materiales recogidos por Mireia Serra a lo largo de años de acompañamiento a mujeres y personas que gestan, paren y crían.

 “Todas las lactancias son válidas, molan y merecen apoyo”. El título del libro es ya una declaración de intenciones. ¿Vivimos en una sociedad que estigmatiza a las mujeres por el tipo de lactancia que practican?

Sí, y sigue siendo necesario reivindicar que todas las lactancias son igualmente válidas y que lo que funciona para una no tiene por qué funcionar para otra. Nosotras partimos de nuestras propias experiencias personales, pero hablamos con una treintena de personas que ratifican esta tesis. De hecho, muchas madres viven sus lactancias en soledad, con miedo a contarlas por el juicio que puedan recibir por parte del sistema. Por eso necesitamos escuchar relatos diversos, porque hay realidades que si no se nombran es como si no existieran. Y esto que nosotras centramos en la lactancia, es extrapolable a muchas otras cosas que tienen que ver con la crianza.

La sociedad lanza mensajes contradictorios sobre la lactancia que penalizan a las mujeres independientemente de la opción elegida. ¿A qué se debe este juicio permanente?

Hagas lo que hagas, escojas la lactancia que escojas, te van a juzgar. Forma parte de una realidad estructural en la que a las mujeres y personas que gestan se nos infantiliza. Vivimos en un sistema hostil a la maternidad y a la lactancia, sea del tipo que sea. Todo el mundo se siente con la legitimidad de opinar, como si no fuésemos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Por eso nos llueven críticas y opiniones no pedidas. Se nos quita la legitimidad de decidir sobre nuestros propios procesos, especialmente durante el embarazo, el parto y la lactancia.

En los últimos años se ha presentado la lactancia materna exclusiva como la mejor opción, invalidando en ocasiones otras posibilidades. Sin embargo, este mensaje no se ha acompañado de las medidas necesarias para garantizarla. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para garantizar la libre elección?

La lactancia materna exclusiva se presenta como la mejor opción, pero faltan datos objetivos que hagan una radiografía real de la situación de esa lactancia materna. Sabemos que mucha gente deja de dar la teta por falta de apoyo. Por eso nosotras en el libro hacemos una doble reivindicación: necesitamos que se respete toda la diversidad de maneras de alimentar a nuestras criaturas, pero también necesitamos políticas públicas que garanticen el amamantamiento para mujeres que quieren dar la teta y no pueden. El ejemplo más claro son los permisos de maternidad: la OMS recomienda dar el pecho seis meses, pero muchas mujeres tienen que reincorporarse al trabajo antes.

Dice la asesora de lactancia Alba Padró en el prólogo que ella hace tiempo que ha dejado de hablar de los beneficios de la lactancia materna para poner el foco en el deseo de las madres. ¿Cuántas veces se nos olvida preguntar o preguntarnos qué es lo que realmente queremos hacer con la lactancia?

Partimos de la base de que es imprescindible conocer los beneficios de la lactancia materna, pero somos partidarias de poner a la mujer o persona gestante en el centro. Creemos que hemos llegado a un punto donde tenemos tanta información sobre maternidad o crianza con apego que a veces caemos en la trampa de poner a la criatura en el centro, pero perdiendo de vista nuestras propias necesidades. Así que es importante preguntarnos, como madres: “Vale, todo esto está muy bien, pero ¿yo qué quiero realmente?”. Algunas mujeres han elegido la lactancia materna por la presión del entorno y eso no ha acabado bien, porque si no te escuchas a ti misma lo más probable es que no funcione.

Ahondemos en ese concepto del deseo de amamantar. Mientras que a nivel social se pone en duda nuestra capacidad de gestar, parir y amamantar, en el libro se sostiene que esta etapa puede ser una oportunidad para reconciliarse con el propio cuerpo y el deseo. ¿En qué sentido?

Partimos de la base de que en general, salvando algunos casos, venimos de una educación basada en la desconfianza con nuestros cuerpos. Esto condiciona el inicio de la lactancia materna, si es la opción escogida, que suele partir de una desconfianza en el propio cuerpo. A nuestra generación se nos ha educado alejadas de todo lo que supone lactar o cuidar de una criatura. Eso hace que, cuando te pones un bebé en la teta, todo sean dudas e inseguridades. Pero si tenemos las herramientas adecuadas y los apoyos para establecer la lactancia, para algunas mujeres puede ser una experiencia sanadora. A mí me ha pasado: siempre he tenido una relación complicada con mi cuerpo, así que la lactancia me ha dado la oportunidad de hacer las paces conmigo misma y con mi cuerpo. Pero esto no quiere decir que sea igual para todas las personas. Otras mujeres pueden dar la teta y no sentir esa conexión con el cuerpo, y no pasa nada.

Una de las cosas que se desmienten es que la lactancia materna sea la única forma de establecer el vínculo entre bebés y madres. ¿Por qué es importante desmontar este tipo de ideas?

Cuando escribes un libro así, o cuando impartes una charla sobre crianza, es difícil no acabar decantándote por un tipo de lactancia o monopolizando con un tema concreto. Por eso nuestro objetivo principal era demostrar que un tipo determinado de lactancia es una elección que no invalida las otras opciones. Hay personas que consideran que quienes dan el pecho tienen un vínculo más fuerte con sus bebés, y esa creencia a menudo lleva a las familias que, por lo que sea, alimentan a sus hijos e hijas con biberón, a angustiarse por el hecho de perder ese vínculo tan especial.

Una de las claves del libro es la diversidad en los testimonios: personas trans que amamantan, mujeres que lo hacen en tándem o con un solo pecho, personas que donan leche o se inducen la lactancia… ¿Faltan referentes diversos en el mundo de la lactancia?

Sí, y es una pena que este tema siga siendo tan polémico. Es absurdo que tengamos que seguir justificando la diversidad en todos los sentidos. Un libro que habla de diversidad, inclusión y respeto con todas las formas de la lactancia, y escrito desde una mirada feminista, tenía que abordar también las lactancias de las personas trans y no binarias, por eso quisimos dedicar un capítulo a este tema.

Ese capítulo incluye las vivencias con la lactancia de dos hombres trans y de una persona no binaria. ¿Sufren un estigma doble, por la lactancia y por ser trans?

El capítulo incluye la vivencia de dos hombres trans que optaron por modalidades diferentes de lactancia: uno de ellos dio el pecho y otro biberón. Son realidades que se desconocen, y es curioso que los dos se hayan sentido juzgados en uno u otro sentido. Estas personas no encuentran espacios seguros en sociedad para alimentar a sus criaturas. Uno de ellos cuenta que se ha tenido que esconder para dar teta, por no sentirse violentado. Esto no debería seguir pasando. Necesitamos más sentido común y una ampliación de la mirada.

Todo el libro está escrito en lenguaje inclusivo. ¿Importa la manera en que nombramos las cosas?

Siempre hemos apostado por eso, aunque nos ha costado esfuerzo porque todavía es algo que nos cuesta interiorizar. A mí por ejemplo me cuesta hablar en lenguaje inclusivo, hago autocrítica con esto. Y queríamos encontrar un equilibrio, sin dejar de nombrar a las madres, pero siendo lo más inclusivas posibles.

Otro de los temas que se nombran explícitamente es la muerte gestacional. ¿Por qué se escriben con nombres y apellidos los nombres de bebés fallecidos antes o al poco tiempo de nacer?

Por la misma razón que comentábamos, porque lo que no se nombra no existe. Y esto forma parte del cambio necesario de mirada sobre el duelo gestacional y perinatal. Estamos todavía en las antípodas de normalizar que hay criaturas que nacen muertas, o que fallecen poco después de nacer. Esas madres y esas familias sufren también un doble estigma por falta de acompañamiento de la sociedad. Para las madres, nombrar a las criaturas que murieron con sus nombres y apellidos es importante. Y esto también tiene repercusiones en la lactancia, aunque sean muy desconocidas. Cuando un bebé fallece, la mayoría de sanitarios presionan a las madres para que inhiban la subida de la leche con fármacos. Y sin embargo existen otras opciones, como donar la leche para alimentar a otros bebés, que para algunas madres puede resultar sanador.

Además de los testimonios, el relato se completa con consejos prácticos y marcos teóricos de expertas en el tema: Alba Padró, Esther Vivas, Inma Marcos, Paola Roig… ¿Sigue siendo necesario aportar información de calidad sobre este tema?

Nosotras no queríamos hacer solo un libro de relatos, sino que queríamos dar un paso más, encontrando un equilibrio entre vivencias personales y aportaciones de expertas de diferentes ámbitos: pediatras, asesoras de lactancia IBCLC, comadronas…. Lo hemos hecho así porque este libro puede ser una herramienta que nos acompañe en diferentes etapas de la vida. No solo cuando estés embarazada o al poco de nacer un bebé, sino en distintas etapas.

Entonces, ¿es un libro para madres y personas gestantes o puede leerlo cualquiera?

Nos gusta reivindicar que no es un libro solo para madres, sino que interpela a la sociedad en general: damos algunas claves que pueden ser útiles para las personas que gestan, paren y dan teta o biberón, pero también para las personas que las rodean. Si nosotras estamos desconectadas de nuestras maternidades, imagínate nuestros hermanos, parejas o primas. Por eso es interesante que libros como este interpelen a otras capas de la sociedad, que suelen ser las que critican, juzgan y opinan sin que se lo pidan.

El libro termina con un llamamiento a la sororidad como una de las claves para normalizar todo tipo de lactancias, invitando a las personas a respetarse entre sí y a no cuestionar las decisiones de otras. ¿Es suficiente con esto, o hace falta un cambio más profundo a nivel social, laboral y sanitario? 

La sororidad puede ser una aliada para descargar la cantidad de juicios, miradas y estigmas que recibimos en el contexto actual, donde partimos de condiciones precarias para lactar a nuestras criaturas de la forma que sea. Es una herramienta imprescindible para entender y respetar todas las opciones, pero no puede ser la única. Paralelamente, tenemos que seguir luchando por cambios estructurales en el sistema sanitario, en el mercado laboral y en la sociedad en general. Cambios profundos que nos permitan tener una mirada mucho más real de lo que suponen las lactancias, escojas el modelo que escojas. Ha habido avances importantes a nivel social, ya que gracias al feminismo la diversidad está cada vez más presente, también en lo que tiene que ver con la lactancia. Pero en el ámbito de la maternidad, la lactancia y la crianza todavía nos queda mucho por mejorar. 

La Real Academia Española (RAE) ha manifestado este martes su discrepancia con la guía que aprobó el Congreso de los Diputados en diciembre sobre el uso del lenguaje no sexista, en especial con su recomendación de no abusar del masculino genérico.

La RAE asegura en una nota publicada en su web que la 'Guía para el uso no sexista del lenguaje y de la comunicación en el ámbito de la Administración parlamentaria' plantea una disyuntiva al elaborar unas recomendaciones válidas únicamente para el Congreso y da a entender que los hablantes que no aplican los recursos allí expuestos se expresan en un lenguaje sexista. De esa forma, sería sexista “el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo, incluyendo el de los propios parlamentarios españoles cuando no hablan desde la tribuna o no redactan proyectos legislativos”. Así como “el lenguaje de la literatura, el ensayo, la ciencia, el cine, el periodismo, la legislación y tantos otros ámbitos (no necesariamente coloquiales ni informales) en los que los textos escritos en español no se suelen redactar aplicando los recursos que nuestra Administración recomienda”. Una disyuntiva que, en opinión de la RAE, “esconde el deseo implícito de acrecentar la distancia –ya considerable en la actualidad– entre el universo oficial y el mundo real”.

La guía del Congreso (el Senado aprobó una similar el mismo 5 de diciembre) busca adoptar lenguajes inclusivos para reforzar el principio de igualdad y eliminar expresiones lingüísticas que excluyan o invisibilicen a ciertos grupos. Entre sus principales cambios, se incluyen las clásicas propuestas para el uso del lenguaje inclusivo como sustituir, por ejemplo, “empleados” por “personal” o “ciudadanos” por “ciudadanía”, así como diferenciar el uso del masculino y del femenino en la designación de profesiones y actividades (diputado, diputada o miembros del Congreso). Otros cambios concretos propuestos en la guía recomiendan el uso de 'presidencia' como alternativa a presidente o 'representantes parlamentarios' como opción sustitutiva de diputados.

Además, se apuesta por “evitar un uso excesivo del masculino genérico” y se desaconseja “utilizar expresiones o palabras que incurran en incorrecciones gramaticales, falta de legibilidad o que no estén recogidas en el Diccionario de la RAE”. El documento también pide huir del uso de la 'arroba' o la 'x' en lugar de las desinencias de género o la 'e' para las terminaciones.

La reforma reglamentaria aprobada al inicio de la legislatura para regular el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara ya incluía una disposición adicional para que, en el plazo más breve posible, se acometiera “una revisión” del texto del Reglamento del Congreso para adecuarlo al lenguaje inclusivo de género. Según informaron fuentes parlamentarias, no hay fecha para iniciar esa revisión de las normas de la Cámara, pero se mantiene la previsión de realizarla en esta legislatura. Eso sí, de momento, en los documentos parlamentarios habrá que aplicar la guía aprobada.

La RAE defiende que la igualdad en derechos y deberes de mujeres y hombres no se logra “modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas lenguas, sean románicas o no”. Y que las sociedades en las que se hablan lenguas que organizan de otra forma las propiedades morfológicas del género, así como las relaciones de concordancia, “no son necesariamente más democráticas que la nuestra”.

Discrepancias sobre el masculino genérico

Para la Academia, el punto “más conflictivo” del texto de la Mesa del Congreso es la interpretación del llamado 'masculino inclusivo', “sobre el que persisten discrepancias fundamentales”. “El texto de la Mesa del Congreso dedica varias páginas a presentar diversas formas de sustituirlo, si bien concluye esa extensa relación –de manera quizá un tanto paradójica– aduciendo que debe evitarse 'un uso excesivo' de este recurso”, señala la RAE.

La Academia asegura que el género masculino es inclusivo (en español y en otras muchas lenguas) “en un gran número de contextos” y “el hecho de que no lo sea en algunos casos no debe llevar a la absurda conclusión de que no lo es nunca”. “Es más que evidente que cada uno puede expresarse con las fórmulas lingüísticas que libremente elija. En cualquier caso, la RAE ha defendido en sus documentos que no son sexistas muchos usos gramaticales y léxicos del español que las autoridades presentan como tales”.

También “que no se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres de nuestro país pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse”. “No se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española, sino arbitrando medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos, mejorando la educación que nuestros jóvenes reciben en la escuela y trabajando de otras muchas formas por una sociedad que refleje de manera efectiva todos esos valores”, concluye la RAE.

La Junta de Andalucía tiene encima de la mesa una docena de recursos por “falta de control de la legalidad en materia de igualdad y uso no sexista del lenguaje” al aprobar la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 10 de noviembre. De acuerdo a las doce abogadas recurrentes, la corporación colegial incumplía el mandato legal de adaptación de los estatutos de la corporación en el sentido de sustituir el término “abogados” por el de “abogacía” en su denominación social, lamentando que la Junta haya procedido a su aprobación definitiva y pidiendo que rectifique en ese sentido.

Cabe recordar que aquella modificación estatutaria del Colegio de Abogados de Sevilla, aprobada el 25 de julio de 2022, validó continuar con su actual denominación y no sustituirla por la de Colegio de la Abogacía de Sevilla. La cuestión, al margen de los recursos de los que ahora informa SevillaelDiario.es, está judicializada tras una demanda contencioso-administrativa contra el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados interpuesta por un grupo de 18 abogadas, doce de las cuales ya han hecho saber a la Junta (mediante un recurso cada una) que no debió aprobar los nuevos estatutos de la abogacía sevillana.

El texto estatutario aprobado por la Junta de Andalucía no obvia la cuestión del lenguaje inclusivo y, de hecho, su Disposición Adicional Única hace mención específica a ello diciendo que “todas las referencias que se encuentren en el presente estatuto sobre personas, colectivos o cargos cuyo género sea el masculino, hacen referencia al género gramatical neutro, entendiéndose incluidos tanto mujeres como a hombres”.

Los doce recursos están “admitidos”, aseguran fuentes de la Consejería de Justicia, si bien ha dejado “en suspenso” su tramitación en tanto en cuanto no resuelva el juzgado la demanda a la que antes hacíamos referencia. “Es una cuestión de seguridad jurídica, para no entrar en contradicción con lo que determine el juzgado”, comentan las fuentes de la Junta, que explican que se trataría de “una interpretación de la ley” aunque, en todo caso, los estatutos fueron aprobados con los parabienes del Consejo General de la Abogacía y del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Adaptación al Estatuto General de la Abogacía Española

Tanto la resolución de la Junta como los recursos en su contra recuerdan que en mayo de 2023 el gerente del Colegio de Abogados de Sevilla remite los estatutos a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, desde donde se realizaron una serie de apreciaciones que fueron luego introducidas en el texto. La modificación estatutaria, básicamente, tenía por objeto adaptarse a las diferentes modificaciones normativas operadas en materia de colegios profesionales, en especial su adaptación al Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

El referido texto estatutario adolece de sexismo lingüístico ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por lo tanto, vulnera el derecho a la igualdad

Los escritos, que citan numerosa normativa autonómica, estatal y europea en materia de igualdad, alude también a las Normas Deontológicas del Consejo General de la Abogacía, con entrada en vigor el 8 de mayo de 2019, que establecen en su preámbulo que “por razones de corrección lingüística se ha preferido utilizar sólo en contadas ocasiones la expresión abogado que exigiría la doble referencia a abogado y abogada o emplear otros métodos para designar los dos géneros. Por eso, se sustituye por Abogacía que designa tanto la profesión como al conjunto de hombres y mujeres que la ejercen (…)”.

Con base a toda esa normativa, “la administración actuante, como garante de la legalidad, ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 3 y 4 de la Ley 40/39, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siendo preceptivo dar cumplimiento a las obligaciones que la normativa reseñada impone en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

“Una imagen sobrevalorada de lo masculino”

Ese “mandato normativo” reclama “la igualdad de resultados y la igualdad real en el uso y disfrute de los derechos, lo que determina la exigencia de que las mujeres, al igual que los hombres, sean nombradas y reconocidas a través del lenguaje”, argumentan las abogadas. En este caso, el referido texto estatutario “adolece de sexismo lingüístico ya que reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino (hombres abogados) que invisibiliza a las mujeres abogadas y, por lo tanto, vulnera el derecho a la igualdad”.

Los recursos consideran que la administración andaluza “ha incurrido en un defecto de omisión en la previa calificación de la legalidad, ya que el texto estatutario no es ajustado a Derecho por vulnerar lo establecido en la legislación, autonómica, nacional e internacional, e incumplir las prohibiciones de discriminación contenidas en las mismas, que imponen la obligación de erradicar el sexismo en el lenguaje como una exigencia para desarrollo del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Los recursos de alzada solicitan al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que declare la invalidez de la Resolución de 3 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Sevilla y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, por la nulidad -o, subsidiariamente, anulabilidad- de la misma “por la falta de control de la legalidad en materia de igualdad y uso no sexista del lenguaje del texto analizado”, requiriendo a la Dirección General “que proceda a solicitar del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla la subsanación del texto estatutario para adecuarlo a lo establecido por la legalidad vigente en la materia”.

El próximo 15 de julio de 2024, alrededor de 200 botánicos de todo el mundo se reunirán a puerta cerrada en el Real Jardín Botánico de Madrid con el objetivo de aclarar los criterios para nombrar científicamente a las plantas. Esta sesión de nomenclatura se celebra tradicionalmente la semana anterior al Congreso Mundial de Botánica, que tendrá lugar en el IFEMA. Y la discusión promete ser interesante, porque la presidenta de la sesión, la prestigiosa investigadora del Museo de Historia Natural de Londres Sandra Knapp, ya ha anunciado que se discutirán los criterios para poner nombres de personas a las plantas.

“En cada congreso se crea un código y está vigente durante seis años”, explica el investigador Gonzalo Nieto, que preside el comité organizador del congreso de este año. “Se revisa el código anterior con todas las propuestas que se han ido publicando para cambiarlo y esta vez, entre las que ya han sido admitidas, al menos hay un par que hacen referencia al debate de los nombres ofensivos”. Las peticiones forman parte de una corriente que quiere eliminar los nombres de especies dedicados a personas (epónimos), en los que el homenajeado está fuertemente asociado con fenómenos tan negativos como el imperialismo, el racismo y la esclavitud. 

Uno de los escritos que se ha presentado, por ejemplo, reclama la eliminación de la palabra “cafre” y sus distintas variantes de muchas especies vegetales africanas, como Erythrina caffra, porque deriva de una expresión árabe utilizada de forma racista para hablar despectivamente de la población negra. Otras propuestas abogan por eliminar toda referencia al supremacista británico Cecil John Rhodes y al esclavista George Hibbert de cualquier homenaje en la nomenclatura botánica. “Es muy difícil predecir qué va a pasar”, confiesa a elDiario.es Knapp, que como directora de la comisión no puede dar su opinión. “Los zoólogos han dicho que no cambiarán el código, pero los botánicos lo cambiamos cada seis años y lo hacemos de forma más democrática y abierta, a menudo a partir de detalles muy pequeños”, apunta. “La polémica está ahí de forma clarísima en los últimos años”, reconoce Nieto. “La cuestión es hasta qué grado se puede hacer ese tipo de revisión y cuáles son los inconvenientes”.

Más que un escarabajo

Cuando la discusión se centre en el tema de las plantas en julio de 2024, estará lloviendo sobre mojado. La batalla terminológica tiene un amplio historial que se remonta décadas atrás y plantea cuestiones como si se debe mantener el nombre del Anophthalmus hitleri, el escarabajo nombrado en 1933 por un coleccionista austriaco para homenajear a Adolf Hitler, o si tiene sentido ponerle el nombre de Donald Trump a una polilla (Neopalpa donaldtrumpi).

Más allá de la anécdota, el asunto se ha convertido en un motivo de confrontación de dos posiciones muy definidas entre quienes se dedican a la biología y que se está reabriendo en muchos frentes. Hace solo unos días, por ejemplo, la influyente Sociedad Ornitológica Estadounidense anunció que retirará de la nomenclatura común aquellos nombres de aves que homenajean a personas misóginas o racistas. Pocos meses antes, la Sociedad Entomológica de América aprobó llamar “polilla esponjosa” a la Lymantria dispar, hasta entonces “polilla gitana”.  

La ICZN estima en un 20% el número de epónimos de especies animales y cree que su modificación podría poner la nomenclatura patas arriba

La polémica ha cobrado tal intensidad que a principios de año la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica (IZCN) se vio forzada a pronunciarse sobre el asunto, dando un sonoro portazo a los cambios que se reclaman desde parte de la comunidad científica. En aquella comunicación, la ICZN estimó en un 20% el número de epónimos de especies animales, por lo que su modificación podría poner la nomenclatura patas arriba.

“Si bien la comisión reconoce que algunos nombres científicos pueden causar incomodidad u ofensa a partes de la comunidad –expresaron–, el compromiso con un sistema de nomenclatura estable y universal sigue siendo la prioridad”. Y esgrimieron el socorrido argumento de que “existe la posibilidad de que los nombres neutrales y no ofensivos propuestos como reemplazos puedan considerarse ofensivos a medida que las actitudes cambien en el futuro, lo que generaría nuevos nombres de reemplazo”.

¿Una biología sin epónimos?

La posición de la ICZN levantó ampollas entre quienes defienden los cambios y desató una serie de enérgicas respuestas. Entre ellas destacó un artículo publicado en la revista Nature Ecology & Evolution en el que los autores defendían directamente la supresión de todos los epónimos, por carecer de sentido en el siglo XXI. “Argumentamos que nombrar especies en honor a una persona específica es injustificable y está fuera de sintonía con la igualdad y la representación”, escribieron. “Reformar la taxonomía para eliminar los epónimos no será fácil, pero podría traer –añadieron– múltiples beneficios tanto para la conservación como para la sociedad”.

Más del 60% de los epónimos de la flora de Nueva Caledonia honran a ciudadanos franceses y el 94%, a hombres

Algunos de los ejemplos que citaban los autores eran demoledores: más del 60% de los epónimos de la flora de Nueva Caledonia, en el Pacífico, honran a ciudadanos franceses y el 94% llevan nombres de hombres. Y la situación no es mucho mejor en otros lugares como África. “Las reglas se pueden cambiar”, asegura Ana M. Santos, ecóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que participó en el artículo. “Creemos que no es nada complicado establecer que de aquí en adelante no se nombre a más personas para homenajear especies, porque una persona que hoy nos puede parecer idónea en el futuro podría ser que no lo mereciera”. 

“Lo malo de ligar a especies con estos personajes es que algunas estaban próximas a la extinción por tener el nombre de un personaje famoso”, añade Javier Martínez Arribas, investigador del CIBIO y coautor del artículo. “Muchas veces en los sitios donde estas especies son endémicas han sido perseguidas por este motivo”. La propuesta de este grupo es que los nombres de las especies describan aspectos como su hábitat o el rango de distribución, sin incluir a humanos, a los que siempre se puede citar en la descripción.

Un inconveniente añadido es que el homenajeado puede ser incluido sin su permiso, como le pasó a la propia Ana M. Santos, que se enteró por sorpresa de que su director de tesis le puso su nombre a una especie de avispa en Tailandia. “También le pasó a Alexandra Elbakyan, la creadora del repositorio de artículos científicos Sci-Hub, a quien dedicaron el nombre de una avispa parásita y a ella le pareció un insulto”, comenta. “Y otras veces hay machismo implícito en el gesto, como cuando le dedicaron a Beyoncé el nombre de un tábano [Scaptia beyonceae] solo porque tiene el abdomen gordote y dorado”.

Respetar la libertad del investigador

Ana Camacho, científica titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) que lleva años descubriendo y nombrando nuevas especies de crustáceos subterráneos, se encuentra entre quienes creen que los cambios en la nomenclatura pueden acarrear más inconvenientes que ventajas. “Ahora mismo cada científico es libre de poner los nombres que quiera y dedicarle las especies a quien quiera”, recuerda. 

Los límites los marca el buen o mal gusto de cada uno y solo se echan atrás nombres de especies que ya existan en otros ámbitos de la biología. Los revisores únicamente pueden hacer recomendaciones, pero nada más, el autor tiene la potestad de poner el nombre. En su opinión, los cambios de nombres generan muchos problemas, que luego los taxónomos deben afrontar cuando describen los géneros y las especies. “Eso genera muchísima confusión”, afirma. “Yo creo que una vez que se ha puesto un nombre hay que obviar un poco el significado que tuvo en su momento, porque las cosas cambian. Es historia”.

No hay nada que impida a un investigador israelí poner el nombre de Netanyahu a una nueva especie, como no lo habría si alguien quisiera homenajear a Hamás

El veterano zoólogo Miguel Ángel Alonso Zarazaga, que perteneció a la ICZN entre 2000 y 2018 antes de jubilarse, también está en el bando de los conservadores. “El problema es que cambiar nombres después de 250 años de uso de la nomenclatura linneana implica un auténtico caos, es mejor dejar las cosas como están”, asegura. Zarazaga reconoce que formalmente no hay nada que impida a un investigador israelí poner el nombre de Netanyahu a una nueva especie, como no lo habría si un científico palestino quisiera homenajear a Hamás. “Reconozco que algunos de los nombres son poco oportunos, no solo el de Hitler, pero se debe respetar la libertad del zoólogo o el botánico de poner nombre a las especies”, sostiene. 

Zarazaga recuerda que idealmente, como describió el propio Carlos Linneo, los nombres de las especies deberían dedicarse a investigadores, pero el botánico sueco fue el primero que no respetó sus propias reglas. “Dedicó especies o géneros a colegas que no eran botánicos, porque eran amiguetes, porque le habían pagado viajes o le habían dejado visitar sus jardines”, indica el especialista, quien reconoce que es una práctica habitual en taxonomía: “Mis hijos tienen todos una especie dedicada, y mi mujer tiene un género y una especie”.  

Una solución intermedia

Al margen de su papel como organizador del Congreso Mundial de Botánica del año que viene, Gonzalo Nieto aboga por una solución intermedia. “Yo sería partidario de que se revisaran algunos nombre particularmente ofensivos, pero sería totalmente contrario a posturas un poco extremas como eliminar todos los epónimos, porque son un montón”, explica. “Eliminarlos todos sería una tarea absurda e incluso injusta”, resume.

Eliminar todos los epónimos sería una tarea absurda, pero tal vez sería bueno revisar algunos nombres que son particularmente dolorosos u ofensivos

Gonzalo Nieto — Presidente del comité organizador del Congreso Mundial de Botánica 2024

¿Será el congreso de Botánica más receptivo a los cambios que sus colegas del mundo de la Zoología? “Creo que las propuestas más agresivas se van a rechazar, pero si se añadieran revisiones del código para no autorizar nombres ofensivos de ahora en adelante, sí me parecería razonable, y probablemente se haga”, argumenta Nieto.  

Mientras tanto, los defensores de los cambios piden que se consideren sus ideas y se abra un poco la perspectiva. “Hay gente que critica que la ICZN está sesgada hacia determinadas regiones del mundo”, asegura Ana M. Santos, que subraya que después de su artículo publicado en marzo ha recibido numerosos emails de odio, de investigadores muy enfadados. “He tenido que dejar de leerlos porque ya se estaban volviendo poco profesionales y respetuosos”, apunta. Un investigador brasileño, cuenta Martínez Arribas, les escribió al IBIO para decirles que, como españoles y portugueses, debían “devolver el oro robado en América” antes de meterse en estas discusiones. “Nos gusta haber abierto el debate y haber removido conciencias”, concluye Santos. “Lo malo –añade– es cómo responden algunas personas”.