El 77% de los turistas que visitan Santiago no son peregrinos, realizan un gasto medio de 25 euros al día –ligeramente por encima del de los residentes– y perciben la zona vieja de la ciudad no como un barrio real, si no como un “espacio deshabitado”.

Esas son las conclusiones que se desprenden de un estudio realizado por la Rede Galabra de Estudos na Cultura, de la que forma parte profesorado de la USC, y que acaba de presentar los resultados de una investigación que ha analizado población local, comercio y personas visitantes de Compostela para conocer más en detalle su interacción.

La primera cuestión que desmonta el informe, recogido por Europa Press, es que “el turismo que llena las calles de Santiago no procede del Camino”. De hecho, en las encuestas realizadas entre 2022 y 2023 a visitantes se refleja que más de 77% no son peregrinos, frente al 22,7% que sí lo son.

Sobre su experiencia en la ciudad, la encuesta revela que descubren “una ciudad humana y acogedora, valorando su escala y vida real más allá de las grandes piedras monumentales”. La Catedral y su entorno monopolizan la mayoría del turismo.

No obstante, los visitantes no consideran mayoritariamente la zona vieja como un barrio real, si no como un “espacio deshabitado”. Con ello, el informe establece una correlación clara: “Si el turismo expulsa al vecino, el turismo percibe un barrio fantasma”.

En lo relativo a su vínculo con el comercio local, el análisis evidencia que el turista “consume y mira escaparates, pero lo hace mientras deambula, no como objetivo previo”.

Comerciantes y población local

En las encuestas se refleja una “sensación generalizada” de que el casco histórico sobrevive “gracias al turismo”. De hecho, más de la mitad de los comerciantes señalan que el visitante gasta más dinero que las personas locales.

Sin embargo, los datos indican que el 58,5% de los comercios viven del consumidor local. La única diferencia radica en el volumen de gasto: una media de 25 euros diarios por parte de los turistas, frente a los 20 euros diarios de los locales.

Por otra parte, algo más de 51% de la población compostelana preferiría otro modelo de turismo. Finalmente, existe un “enorme consenso local” al respecto de que la zona vieja no debería destinarse solo al turismo.

Una formidable tormenta agita el mundo del arte en Galicia y más allá. La decisión de la Xunta de tomar por asalto la dirección del principal museo de arte contemporáneo ha provocado una inédita y casi unánime contestación en el sector: críticos, artistas o responsables de museos de todo el Estado censuran el método y el resultado de un proceso que ha desembocado en la elección de la desconocida Eva López Tarrío como directora del Centro Galego das Artes Contemporáneas (CGAC) de Santiago de Compostela. Las innumerables voces que cuestionan lo sucedido hablan de afán de control del Gobierno gallego y de subordinar el CGAC a la Cidade da Cultura y a la estrategia turístico cultural del Xacobeo y afirman que López Tarrío carece de la preparación adecuada para el puesto. El presidente Alfonso Rueda ignora sin embargo el clamor del sector cultural y asegura -sin dar nombres- que “gente de la cultura” lo ha felicitado por “una designación que ha sido un acierto”.

El nombramiento todavía no se ha producido, sí la resolución del concurso, pero culmina años de declive de la que fue una de las más prestigiosas instituciones artísticas de España. “Es evidente que ha habido una deriva”, explica a elDiario.es Miguel Anxo Rodríguez, profesor de Historia da Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, “debida a dos factores principales, la falta de diálogo y el progresivo recorte de fondos y de personal. Además de injerencias absurdas en la programación, como dedicar más de medio año a la exposición de un artista”. Una actividad cada vez más mortecina y de escasa repercusión sociocultural era objeto habitual de comentario entre usuarios y creadores. Las habituales salas vacías contrastaban con las triunfalistas cifras oficiales de visitantes. “Vive una especie de declive y está claro que el Gobierno gallego no quiere apostar por el CGAC”, añade Rodríguez.

Reducción de la autonomía del museo

La sentencia, a decir de las personas expertas consultadas para este reportaje, la ha supuesto el cambio en el mecanismo de selección del director. Apoyada en la Lei de Museos de Galicia aprobada en 2021 por el PP y en una reciente revisión de la relación de puestos de trabajo (RPT), la Consellería de Cultura redujo a los funcionarios autonómicos especializados en museos la posibilidad de optar al puesto. Antes era de “alta dirección”. La decisión tuvo dos consecuencias. La primera, contradecir los códigos de buenas prácticas que rigen los centros de arte contemporáneo. “Entendemos que la cobertura de la dirección del CGAC debe articularse mediante un procedimiento abierto, público y basado en el documento cero del sector del arte contemporáneo”, el llamado Buenas Prácticas en los Museos y Centros de Arte, explica el manifiesto Se afunde, é porque pesa: SOS CGAC, suscrito por más de 1.400 profesionales del ámbito artístico, entre ellos Manuel Segade, director del Reina Sofía.

La segunda consecuencia fue que apenas existiesen potenciales aspirantes: los funcionarios de los museos autonómicos gallegos son escasos y apenas los hay especializados en arte contemporáneo. Tal fue la situación que el pasado 20 de febrero, denuncia el principal sindicato gallego, la CIG, la Consellaría de Cultura que dirige José López Campos y en la que Anxo Lorenzo es director general modificó el plan de personal para abrir la dirección del CGAC a funcionarios de la Administración del Estado, otras comunidades autónomas, la Administración local y el personal docente. La semana pasada, la Xunta hacía público el resultado del concurso: la artista y profesora de enseñanza secundaria Eva López Tarrío. Su salario contará con un complemento específico de 26.303 euros anuales. “Apenas tiene experiencia en el terreno de la gestión cultural o la investigación”, ha señalado en un documentado y durísimo artículo una de las más respetadas críticas de arte del Estado, Elena Vozmediano, “ni siquiera en Madrid o Barcelona sabe nadie quién es”. Ha titulado el texto Una marioneta para dirigir el CGAC y en él considera que el centro gallego “queda en una situación extremadamente crítica”. La Asociación de Directoras y Directores de Arte Contemporáneo (Adace) emitió un contundente comunicado al respecto: “Nos remitimos estrictamente a su perfil profesional [de López Tarrío], insuficiente para dirigir un centro como el CGAC”. Su presupuesto anual es de alrededor de cuatro millones de euros (este fue el de 2025 según los últimos datos disponibles en el portal de transparencia de la institución).

La Consellería de Cultura, a preguntas de elDiario.es, afirma que la designación “se hizo entre nueve candidaturas presentadas teniendo en cuenta su experiencia y también su proyecto”. Anxo Lorenzo llegó a declarar en una entrevista que López Tarrío era “la más capacitada” de las aspirantes. Este mismo martes, Nós Diario revelaba que otra de esas candidatas había sido Susana Cendán, comisaria de amplia experiencia y trayectoria, profesora en la Universidade de Vigo y doctor en Historia da Arte Moderna. “No están siendo consecuentes con la verdad, eso es una mentira”, dijo Cendán, “eligieron a esta persona por otras razones, las que sean, pero no porque sea el mejor currículum”. La profesora también se refirió a “la interferencia de asesores que están detrás, en la sombra, que podemos rastrear en casi todos los concursos de Galicia y siempre con criterios partidistas”. Unas horas más tarde, el teórico del arte, crítico, comisario y profesor universitario Alberto Ruiz de Sanmaniego, autor de una decena de ensayos y responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia de 2007, publicaba en su cuenta de Facebook que él también había optado a la plaza. “Que hay candidatos con más méritos y currículo en la convocatoria […] lo digo, además, desde una implicación directa en el proceso: yo mismo fui candidato. Mi currículo está disposición de quien quiera valorarlo”, escribió. La Xunta aduce que el “procedimiento a través de la libre designación ha cumplido rigurosamente con los criterios de transparencia, mérito y capacidad”.

Tres artículos y una tesis dirigida por Antón Castro

López Tarrío, licenciada y doctorada de Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, es profesora en un instituto de Vigo. El discutido crítico Antón Castro -fue comisario de la muestra de Maruja Mallo y Luís Seoane en Lalín que numerosos investigadores calificaron de fraudulenta por introducir obra no acreditada de los dos históricos pintores- dirigió su tesis doctoral y escribió alguna laudatio para sus exposiciones -en su web figuran seis individuales, cuatro de pintura y dos de pintura y escultura. También asegura haber coordinado “actividades y exposiciones” en la Fundación Laxeiro de Vigo entre 1996 y 2000. La institución dedicada al pintor lalinense se constituyó, sin embargo, en 1999. Como publicaciones, su página web consigna dos artículos dedicados al escultor Silverio Rivas en la revista Pregón de Ponteareas y en la Revista de Estudos Provinciais de Pontevedra a finales de los 90 y otro más en esta última bajo el epígrafe El movimiento y la temporalidad de la imagen. La consellería defiende que la agraciada con la dirección del CGAC propone “convertir el CGAC en el centro artístico de referencia del eje atlántico europeo, impulsar su programación internacional, ampliar las colaboraciones con otras instituciones y aumentar la presencia y proyección de las y los artistas gallegos”.

El cuestionado concurso ya ha causado un primer terremoto dentro del propio centro de arte contemporánea. Tres de los cinco vocales de su consejo asesor -Agar Ledo, Silvia García y Cecilia Pereira- han renunciado al puesto. Un cuarto, el arquitecto Celestino García Braña, ha asegurado que su decisión al respecto será colegiada, ya que representa a la -Real Academia Galega de Belas Artes. El quinto es el citado Antón Castro. Una nutrida representación de la escena artística contemporánea recibió al conselleiro López Campos con carteles de SOS CGAC en la inauguración de la última exposición en el museo, programada por el director saliente, Santiago Olmo, y dedicada al artista gallego Misha Bies Golas. “Que el Gobierno gallego no esperase esta reacción unánime, amplia y plural es el ejemplo de que no hay diálogo con el sector”, resume José Manuel Sande, historiador, exconcejal de Cultura de A Coruña por Marea Atlántica y en la actualidad asesor del ministerio del ramo.

Sande, como Miguel Anxo Rodríguez y otros expertos consultados, enmarca lo sucedido en una trama mayor. “Existe un proceso de deterioro progresivo, muy elocuente, del ámbito cultura en su vertiente institucional”, razona, “y no es algo sectorial, sino que responde a políticas autoritarias, de control y devaluación. Es, además, un ataque a la excelencia profesional”. Ruiz de Sanmaniego se expresaba en términos similares cuando definía la elección de López Tarrío como un cuestionamiento de la “independencia institucional del CGAC”. El Ejecutivo, en respuesta a este periódico, dice que el CGAC no es un centro independiente, sino adscrito a la Consellería de Cultura. La reordenación del departamento en 2024 lo rebajó a una categoría equivalente a la de dirección general.

Un centro fundado en 1993

El proyecto del CGAC nació en los estertores del Gobierno tripartito. Un decreto de 1989 fue la primera piedra de un centro inaugurado en 1993 en un emblemático edificio diseñado por el celebrado arquitecto portugués Álvaro Siza. Pensado para “promover el conocimiento y el acceso del público al arte contemporáneo”, lo han dirigido figuras como Gloria Moure, Manuel Olveira o Miguel Von Hafe.

El exedil de Medio Rural del Ayuntamiento de Santiago de Compostela entre 2019 y 2023, José Manuel Pichel, ha aceptado seis meses de prisión, tras llegar a un acuerdo el Ministerio Fiscal y las partes, por el alquiler de una nave para albergar servicios de la concejalía que él dirigía a una empresa de la que formaba parte del accionariado. Según se recoge en el escrito de conformidad, la entidad Desproi, en la que el imputado ejercía funciones de administración, era propietaria de un local en el polígono de Costa Vella, en la capital gallega.

Siendo concejal del gobierno local, inició en 2021 gestiones para buscar un lugar para ubicar las oficinas de su concejalía, puesto que hasta el momento se encontraban en la hoy desaparecida estación de autobuses. Así, los técnicos municipales realizaron diferentes informes y propusieron para este fin el espacio propiedad de Desproi en el polígono de Costa Vella. A continuación, en la sesión de la junta de gobierno local del 14 de septiembre de 2021, el acusado votó a favor de la propuesta de alquilar esas instalaciones a la empresa Desproi para acoger los servicios de parques y jardines y medio rural de manera temporal mientras se ejecutaban las obras de las nuevas instalaciones, situadas en el recito ferial de Amio. Cuándo dimitió de sus cargos en el gobierno municipal que lideraba el socialista Xosé Sánchez Bugallo, Pichel declaró haber cometido un “error considerable” al “no haber comunicado al alcalde ni al resto de la junta de gobierno” su participación en Desproi, aunque, según él, lo hizo “sin mala fe”.

En todo caso, tal y como sostiene el escrito, estos hechos constituyen un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios castigados en el artículo 439 del Código Penal. Por ello, se ha acordado imponer una pena de prisión de seis meses, una multa de 10 euros diarios durante 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cuatro años. El escrito de conformidad ya ha sido firmado y está pendiente de ratificación ante el juez.

Sin responsabilidad de la Junta de Gobierno

En el marco de esta causa, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela también tomó declaración al regidor de la ciudad durante el periodo de los hechos, Sánchez Bugallo, y a miembros de su junta de gobierno, pero acordó el pasado mes de septiembre el sobreseimiento respecto a ellos al no ver indicios de prevaricación ni de tráfico de influencias. “Las irregularidades detectadas en el expediente administrativo carecen de la gravedad suficiente como para considerarlas constitutivas de un delito de prevaricación”, apuntaba la magistrada, que subrayaba que “carece de cualquier justificación llamar a la causa en calidad de investigados” tanto a Bugallo como a su junta de gobierno.

Hace poco más de dos meses, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, evitaba confirmar si el candidato a la Alcaldía de Santiago por su partido sería de nuevo Borja Verea. Su respuesta a una pregunta al respecto fue limitarse a señalar que su equipo buscaba a “los mejores” aspirantes. Este jueves, aprovechando un paseo con varios miembros del partido por la Alameda compostelana, donde se celebran las fiestas de la Ascensión, sí le dio su respaldo: “Yo espero que el año que viene ese cambio en Santiago traiga un nuevo alcalde y que ese alcalde sea Borja Verea”.

Verea, que se mantuvo al frente la oposición en el Ayuntamiento, gobernado por el BNG y Compostela Aberta, acompañaba a Rueda cuando pronunció estas palabras. También se encontraba en el grupo la secretaria de Organización del PP gallego, Paula Prado. En unas declaraciones, el líder de los populares en Galicia sostuvo que la sensación que tiene en la capital gallega es de “paralización”.

Según Rueda, muchos ciudadanos tenían unas expectativas de renovación en la capital que no se han cumplido y considera que Verea es quien debe encabezar de nuevo la lista en Santiago en las municipales que, previsiblemente, se van a celebrar dentro de un año. “Lo digo por si alguien tenía alguna duda: mi candidato es Borja y el del partido en general”.

El presidente del PP gallego había manifestado hace unos meses que los candidatos en las principales ciudades y de las localidades de más de 20.000 habitantes debían estar decididos en mayo. Por el momento, el partido ha confirmado el nombre de Verea, pero sigue pendiente que se ratifiquen los aspirantes en otras grandes poblaciones.

Sin dejar de manifestar su oposición a esta medida, la Xunta ha aprobado la declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. La capital autonómica se convierte así, tras A Coruña –que la obtuvo en julio de 2025– en la segunda ciudad gallega en obtener este reconocimiento, algo que la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha celebrado como una “muy muy buena noticia”, aunque insiste en que “llega tarde”.

La resolución –avanzada por La Voz de Galicia y confirmada posteriormente por Europa Press antes de que lo valorase Sanmartín– se firmó a las 8:56:19 de este viernes, según manifestó la alcaldesa, que “lamentó” la forma en la que fueron informados, “primero con insinuaciones de Borja Verea [el portavoz local del PP] y, después, a través de los medios”. Cuando recibió la llamada de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, “ya habíamos leído en los medios que a lo largo de la mañana íbamos a a recibir esta comunicación”. “Agradezco su llamada pero, igual que la aprobación, llega algo tarde”, añadió la regidora.

Sanmartín insistió en ese retraso porque “queda claro que Santiago cumplía de sobra los requisitos la primera vez y que también los cumple ahora”. Se refería a la decisión de la Xunta de desestimar la solicitud en agosto pasado, lo que obligó a reiniciar el proceso. “La subida del precio del alquiler en los ultimos cinco años supera en más de tres puntos porcentuales el incremento del IPC”, tanto que “duplica ese indicador” ya que el encarecimiento medio de los alquileres fue del 40% entre 2019 e 2024“.

Sanmartín felicitó al área de urbanismo del ayuntamiento antes de explicar que la declaración servirá para que ahora se puedan aplicar “medidas de contención” prevista en la Ley de Vivienda y, también, “que podamos recibir ayudas más cuantiosas del plan estatal que se aprobó esta semana”. “Estamos preparados y con los deberes hechos”, aseguró.

Ahora, el ayuntamiento tiene dos meses para aprobar de forma definitiva en junta de gobierno el plan de medidas correctoras y un calendario de actuaciones que habrá que actualizar cada seis meses. Sanmartín defendió que esa “contención”, en Santiago ya se estaba consiguiendo “respecto a otras localidades” gracias a las “medida que este gobierno fue aplicando”. Como ejemplo, contrapuso la subida del metro cuadrado de vivienda nueva desde enero de 2025 en la capital gallega, un 3%, y en el concello vecino de Ames, donde aumentó hasta el 16%. Al mismo tiempo, el alquiler creció un 8,5% en Santiago y casi un 22% en Ames.

La alcaldesa destacó que esa contención es aún mayor en A Coruña –que se queda en el 6,6%–, ya que allí hace nueve meses que la zona tensionada está en vigor. La Xunta, por su parte, insistió a Europa Press en que esta declaración no sirve para frenar los precios y destacaba que, desde su puesta en marcha, el número de contratos de alquiler en la ciudad herculina se redujo en 300, una cifra que el portavoz local del PP aumentó en cien más.

Borja Verea compareció para afirmar que, a partir de ahora, “las consecuencias derivadas de esta decisión serán responsabilidad sólo de BNG y Compostela Aberta”, las fuerzas que forman el gobierno local. “Está a la vista que no está funcionando en ninguna de las ciudades donde se implantó. No es opinión, es ciencia”. En el caso de la capital herculina, aseguró que en sólo 5 meses, desde la entrada en vigor de la zona tensionada, “se pasó de 718 contratos a 324” lo que supone, asegura “la desaparición del 55% de la oferta”.

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha definido su condena como una “flagrante injusticia”, desde “el punto de vista de un condenado”, que “no debe dar pena, sino ganas de cambiar las cosas”. García Ortiz se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el cierre del acto que vecinos y personalidades de la sociedad compostelana han organizado este jueves en la Casa da Luz de Santiago de Compostela, en reconocimiento a su “compromiso y bonhomía” y en el que se ha apelado a “reparar el daño” y “restituir su honor”.

En una intervención en la que se le ha podido ver emocionado y en la que ha asegurado estar “sobrepasado emocionalmente”, ha defendido la legitimidad de la figura del Fiscal General del Estado en democracia. “Es un puesto de muchísima responsabilidad para el que nadie está preparado”, ha manifestado para asegurar que se trata de la “figura de la justicia con una legitimidad más clara” porque “emana de la voluntad democrática”, según recoge Europa Press.

Sin embargo, ha lamentado que una parte de la sociedad “lejos de entender esto como una virtud democrática” del Estado español, lo vea como una tacha, como el pecado original que tiene una figura que lo que debe de hacer es interpretar la Constitución, interpretar la norma y promover la acción de la justicia y entender que España es un Estado social y democrático de derecho“.

Dicho esto, ha sostenido que a él y a su equipo lo han “apartado del cargo” por “defender una forma de entender la justicia” como lo “único que tiene un estado democrático igual a todos los ciudadanos”.

García Ortiz, que ha señalado que es visión de la justicia es la que él intenta llevar a cabo y que no hubiese sido posible sin la Unión Progresista de Fiscales, ha asegurado ser una persona que no pertenece a ninguna elite y que llegó al cargo desde la “periferia”.

Además, ha defendido su permanencia el en cargo durante un proceso que ha calificado de “durísimo” al asegurar que cuando a uno lo intentan “destruir” con una especie de “muerte civil como la que tenían los romanos” y que “afecta” es un “ejercicio de responsabilidad” hacia las personas que creen que “una forma de dar ejemplo es resistir”.

También ha dejado claro que no se quiere ver “como un héroe” pero “tampoco como una víctima”, y ha afirmado que él tuvo una “situación privilegiada” en la que vivió lo que “desde el punto de vista de un condenado” ha calificado de “flagrante injusticia”.

En el evento han tomado la palabra múltiples personalidades de la ciudad como la alcaldesa Goretti Sanmartín; la historiadora y política Encarna Otero, el exrector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; el exdiputado socialista Xoaquín Fernández Leiceaga; la politóloga y exportavoz de Sumar en el Congreso Marta Lois, entre otros.

Entre el numeroso público asistente se ha podido ver al juez Luis Villares, quien recientemente fue apartado de la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que decidía sobre los eólicos, así como cargos políticos como el secretario xrla del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Intervenciones

Más de 200 vecinos y personalidades de la sociedad compostelana se han dado cita en una Casa das Máquinas que se ha quedado pequeña y en la que los participantes han puesto en valor el “ejemplo” de García Ortiz y han apelado a reparar el “daño causado” contra su persona tras una sentencia que en numerosas ocasiones han tachado de “injusta” y de “infamia”.

Y es que en la cita han tomado la palabra múltiples personalidades de la ciudad, como la alcaldesa, Goretti Sanmartín; la hostoriadora y política nacionalista Encarna Otero; el exrector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; el exdiputado socialista Xoaquín Fernández Leiceaga; la politóloga y exportavoz de Sumar en el Congreso Marta Lois, entre otros.

Además se ha podido ver al juez Luis Villares, quien recientemente fue apartado de la sala del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que decidía sobre los eólicos, así como cargos políticos como el secretario xeral del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

En su intervención, Goretti Sanmartín ha destacado que la sociedad compostelana quiere demostrar que la ciudad “no es indiferente ante la injusticia” con un “acto de restitución, memoria, solidaridad y justicia” que la regidora ha hecho extensivo a toda la ciudad.

“La justicia no puede ser ciega ante la realidad, tiene que tener en cuenta la realidad y el contexto”, ha dicho en una intervención en la que ha sostenido que cuando “son tantas las personas que sienten que no se está actuando bien, la justicia tiene que levantar la venda de los ojos, escuchar y actuar diferente a cómo lo hizo”.

Asimismo, el exrector de la USC Antonio López ha pronunciado un sentido discurso en el que ha citado las palabras del fiscal fusilado por el Franquismo Francisco Javier Elola Díaz-Verela para subrayar que “la Justicia española ha atravesado y está atravesando un período de crisis, y es menester que se ponga mano en ello, por el interés de la Justicia y por el interés de España”.

Además, el econimista y exportavoz parlamentario del PSdeG Xoaquín Fernández Leicega lo ha situado entre los 'bos y xenerosos' y aunque ha asegurado que en un primer momento cuando García Ortiz fue elegido para el cargo dudó “si resistiría”.

“Tengo que confesar que me equivoqué plenamente, debajo de la bonhomía había un núcleo de acero bien templado que ningún ácido era capaz de quebrar”, ha sostenido para señalar que se convirtió para él “en una especie de héroe cívico”, una especie de figura democrática que trasdecenderá el tiempo en un momento en el que es necesario ser capaces de defender los derechos“.

Por su parte, Marta Lois ha sostenido que “hay heridas que no pueden quedar en silencio” y que la ciudadanía “tiene que alzar la voz frente a la infamia” en un acto en el que el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Félix Martín González, ha dicho que fue un año “muy difícil” para la asociación pero en el que “estaban convencidos que estaban en el lado correcto” y que tenían que defender lo que estaban defendiendo.

Condena

García Ortiz es actualmente fiscal en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo después de que el pasado año fuese condenado a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado y a una multa como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una condena que recientemente ha solicitado al Tribunal Constitucional que se anule.

Hace ya unos días que los turistas y peregrinos que llegan a la Praza do Obradoiro tienen un nuevo foco de atención. Los ojos y las cámaras ya no sólo se elevan para buscar las torres de la Catedral de Santiago. Desde los tejados del Hostal dos Reis Católicos, una polémica obra compite, y no para bien, con los tradicionales atractivos arquitectónicos de la meta del Camino. A las gárgolas que funcionaban como aliviadero desde hace siglos les han acoplado tubos de metal para alejar el agua de los muros. Las figuras ahora parecen haber sufrido un empalamiento mientras el hotel, el más antiguo de España, semeja vestir una corona de espinas. El proyecto, impulsado por Turismo de España, pasó por el ayuntamiento tras ser aprobado por la Xunta, pero sólo encendió las alarmas tras su ejecución.

“Es un atentado al patrimonio”, aseguró indignado Roberto Almuíña, presidente de Fonseca, asociación de vecinos del casco histórico compostelano. Para Apatrigal (Asociación Galega en Defensa do Patrimonio Histórico) se trata de una “extravagancia” innecesaria porque hoy existen fórmulas, como canalones ocultos, para evitar la caída de pluviales y proteger así el foco del problema, el balcón barroco del primer piso sobre el que caían los chorros y desde el que la humedad se extendía por la fachada y los pavimentos.

Esa fue la explicación del concelleiro de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, quien recordó que esa misma solución fue la que se empleó en la propia Catedral o en la fachada de la Inmaculada, en la propia ciudad. Sin embargo, Lestegás puso el acento en que la responsabilidad sobre la obra recae en la Xunta, en concreto sobre la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico, ya que el Hostal –un edificio del siglo XVI– está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Y a esa dirección se ha dirigido ya el gobierno de la capital gallega para que aclare si los tubos metálicos formaban parte, como “solución específica”, del proyecto de restauración autorizado por el ejecutivo autonómico.

“La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó el proyecto básico de ejecución de la intervención de las fachadas del Hostal, el Ayuntamiento dio licencia, de acuerdo con esa autorización de la Dirección Xeral, y en esa resolución, de abril de 2024, dice que la colocación de esos elementos es necesaria por esta problemática de las humedades, pero también dice que la forma de colocación específica de esos elementos tendrá que estar recogida en un proyecto de restauración, que también autoriza la Dirección Xeral”, expuso en rueda de prensa, recogida por Europa Press. La licencia municipal estaba “condicionada a que se presentase ese proyecto de restauración en la Xunta y que se autorizase por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”.

A la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, tampoco le gustan las lanzas. “Desde un punto de vista estético, desde un punto de vista personal, puedo reconocer que no me parece la solución más satisfactoria, pero esto no va de opiniones personales”, afirmó antes de insistir en que la solución es competencia de la Xunta y debe estar “respaldado por una posición técnica”.

Informe condicionado

En marzo de 2024, el subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Manuel Chaín, firmó el informe de Patrimonio que otorgó a Turismo de España la autorización de la obra. Un permiso que estaba condicionado a cumplir una serie de criterios en la fase de ejecución.

El documento aclara la duda de Lestegás, ya que no determina cómo se colocarán las lanzas metálicas, un aspecto que –dice– tendría que ser estudiado “de forma específica”, demanda que contó con la evaluación favorable de la Comisión Asesora del Casco Histórico, en la que están representados todos los grupos del Concello de Santiago. La elección final debería tener en cuenta varios aspectos, empezando por garantizar que “la solución constructiva fuese compatible con la conservación pétrea original de las esculturas”.

El informe incide en la importancia de tener en cuenta su composición, desde la perspectiva estética y de interpretación del elemento escultórico. Es decir, cómo se incorpora la lanza a la propia figura esculpida, prestando “especial atención” a aquellas que presentan diseños antropomórficos o zoomorfos. También incluye que se debería de buscar que estas lanzas no alterasen “de forma crítica” la lectura o interpretación de las formas esculpidas. Apatrigal coincide en que cumple las normas de diferenciarse como un elemento nuevo que no imita a lo anterior.

Teniendo en cuenta estos aspectos, la Xunta consideró que la restauración era “compatible” con los criterios de intervención sobre los bienes que forman parte del patrimonio cultural de Galicia y que “no existían inconvenientes técnicos ni conceptuales” para su autorización. El Gobierno gallego, también a consultas de Europa Press, aseguró que la actuación propuesta fue la “más adecuada”, teniendo en cuenta los criterios técnicos, para evitar los daños causados por la caída del agua. Aún así, anunciaron que la dirección xeral de Patrimonio tiene previsto contactar con Turismo de España y con el arquitecto responsable del diseño para valorar posibles alternativas. Dado el revuelo organizado, es posible que esas lanzas metálicas duren más en las memorias de los teléfonos que insertadas en la piedra de las gárgolas.

La catedrática de Estadística Rosa Crujeiras ha tomado posesión como rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y ha asumido el cargo como una “responsabilidad histórica” al ser la primer mujer que lo ocupa en más de 500 años de historia. Este hito se extiende a toda Galicia, donde ninguna otra hasta ahora había estado al mundo de ninguna de las tres universidades.

El ahora exrector, Antonio López, ha cedido el bastón de mando en un acto institucional presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha tenido lugar este viernes en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca y que ha reunido a numerosas autoridades del entorno político y académico, según recoge Europa Press.

En su discurso, Crujeiras ha llamado a impulsar “una transformación profunda, serena y consciente” de la institución, en la que “revise inercias” y “repiense prioridades”. Igualmente, ha instado a que esta no sea “ajena” a las “vidas de su comunidad” y al “tiempo” en el que está, ni a los “conflictos, desigualdades y fracturas” del mundo.

De esta forma, la nueva rectora ha reivindicado el “espacio, tiempo y voz” de la universidad y también de las mujeres, con las que ha asumido el “compromiso” de trabajar para que no se encuentren techos de cristal y que el trabajo universitario no implique “renuncias” para ellas.

“Para mí, esta es, también, una responsabilidad histórica. Soy heredera, como todas, de otras que abrieron camino antes que nosotras, en condiciones siempre más adversas sosteniendo la enseñanza, la investigación y la vida universitaria desde posiciones subordinadas”, ha expresado.

Crujeiras ha situado como un “principio irrenunciable” la defensa del feminismo, los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos. También ha pedido a la comunidad universitaria una “voz de valores”, que se traduzca en “acciones frente a problemas sociales”, como la “emergencia social” de la vivienda, la salud mental y la violencia machista.

En su reivindicación de la “voz” universitaria, ha ocupado un lugar central la lengua gallega, que defiende que “no limita la vocación universal” de la institución. Otro compromiso asumido por Crujeiras de cara a su mandato es con la “cooperación activa” en el marco del Sistema Universitario de Galicia (SUG) y con la Xunta de Galicia para, así, “reforzar el papel” de la USC.

“Hija de la enseñanza pública”

La centralidad de atender las necesidades “de quien da vida” a las aulas ha atravesado toda la intervención de la nueva rectora: “La universidad pública no puede ser ajena a lo que sucede en las vidas de su comunidad, ni al contexto social y geopolítico en la que estas se desarrollan, pues es en este marco donde también se construye la ciudadanía y se proyectan las trayectorias personales y colectivas”.

Así, Crujeiras ha reiterado su reivindicación como “hija de la de la enseñanza pública”, desde la escuela rural de Artes, la parroquia de Ribeira en la que nació, hasta la misma USC. Para ella, su “sentido más profundo” es el de “garantizar la igualdad de oportunidades” y posibilitar que todo el mundo pueda desarrollar su potencial “con independencia de su origen”.

Además, ha dicho contar con la “certeza” de que contará en su tarea con “toda una comunidad universitaria” a su lado, que está a llamada a crear “un espacio compartido” y que sea ejemplo de “acogida, inclusión, igualdad y respeto”.

El “adiós” de Antonio López

Este acto también ha sido el “adiós” definitivo de Antonio López al cargo, que ha ejercido durante ocho años. Aunque “con sentimientos diferentes” a su toma de posesión, este traspaso de poderes ha sido uno de los momentos “más felices” que recuerda en su trayectoria por la “satisfacción del deber cumplido” y una “infinita gratitud”.

Con estas palabras, ha recibido como un “honor” traspasarle el bastón y la medalla “como símbolos del gobierno universitaria” a Rosa Crujeiras. “Será la centésima septuagésima tercera [173ª]. No está mal un número primo para una matemática”, ha bromeado.

Igual que Crujeiras, ha recordado al resto de candidatas al puesto (Maite Flores, Alba Nogueira y María José López Couso), que, desde el inicio de la campaña, estaba llamado a ser ocupado por una mujer. En este sentido, ha esperado en que, a partir de este nombramiento, este hecho deje de ser “noticia” y “la presencia de las mujeres se convierta en algo natural también en el máximo nivel de gobierno de la institución”.

Rueda pide “esfuerzos conjuntos”

Por su parte, Alfonso Rueda, que se encargó de cerrar el acto, agradeció los “esfuerzos” realizados a López, al que perfiló como un “negociador existente”, pero “con mucha lealtad”. De esta manera, ha reclamado “esfuerzos conjuntos” al futuro equipo de gobierno para afrontar los próximos retos.

Entre ellos, ha mencionado concretamente la cuestión de la vivienda; el mapa de titulaciones —“que requiere altura de miras”, según Rueda— y la excelencia. “Todos queremos lo mismo, que a la universidad le vaya bien”, ha asegurado.

No se rinden. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPA) del CEIP Apóstolo Santiago reafirma su compromiso de seguir adelante con el cambio de denominación del centro a 'CEIP da Almáciga', nombre del barrio compostelano en el que está ubicado el colegio. Su próximo paso será solicitar una reunión con el grupo de concejales no adscritos —ediles que fueron expulsados del PSOE— quienes, con su abstención en el pleno municipal, permitieron que el voto negativo del PP bloquease la iniciativa.

En un comunicado, el ANPA —que celebró el pasado día 18 su primera asamblea tras la sesión plenaria— recuerda que el nombre propuesto es el resultado de un proceso “extenso y riguroso” desarrollado a lo largo de dos cursos escolares y que recoge una iniciativa lanzada en 2019 por una directiva anterior. Ese proceso, en el que se implicó “a la comunidad educativa y al propio barrio”, culminó con la aprobación por unanimidad del Consello Escolar, el máximo órgano de representación de los centros públicos.

“Nos acompaña, por tanto, la legitimidad de un proceso democrático transparente y participativo construido desde la comunidad interesada”, aseguran antes de afirmar que “lejos de debilitarnos, lo sucedido en las últimas semanas refuerza nuestra unidad y determinación”, por lo que trabajarán “para se respete la voluntad colectiva expresada conclaridad”. Y eso empezará por solicitar una reunión con los cuatro concejales no adscritos “para conocer sus motivaciones y trasladarles la posición unánime de nuestra comunidad y el proceso democrático que lo sustenta”.

La propuesta del ANPA contó con el apoyo del equipo de gobierno local —formado por BNG y Compostela Aberta— y de los dos concejales que permanecen en el PSOE. El líder local del PP, Borja Verea, lideró la cruzada por mantener el nombre histórico. Encontró un filón en la iniciativa de la comunidad educativa para seguir culpando a la alcaldesa nacionalista de atacar los símbolos de la ciudad. Cuando, tras la sesión, las familias ya dejaban entrever que no arrojarían la toalla, les envió un recado: “Si empezamos a decir que los acuerdos adoptados por el pleno no valen cuando no nos gustan, estamos cuestionando el funcionamiento básico de las instituciones democráticas y sentando un precedente peligrosísimo”

O Son do Camiño 2026 ha sumado a su cartel a DJ Snake, Dorian y Li/Lu y ha desvelado ya los artistas que actuarán cada día en los escenarios del Monte do Gozo entre el 18 y el 20 de junio, informa Europa Press. Para el jueves, Katy Perry será la cabeza de cartel, junto a Dani Martín, para arrancar una edición que la organización promete “inolvidable” y con actuaciones “cargadas de emoción y grandes hits”.

Ese mismo día, completan la jornada artistas como Carlos Ares, Leire Martínez, Barry B, The Molotovs, Michenlo y Habló Pablo. Mientras, en el escenario Son Electro Repsol actuarán Aida Blanco, Barbara Lago, DJ Gigola, Héctor Oaks, MCR-T y Supergloss.

Ya el viernes, la banda Linkin Park traerá al festival “una experiencia única” y el trío escocés Biffy Clyro se subirá al escenario del Monte do Gozo para mostrar la intensidad de su directo, “con fuerza, melodía y emoción”.

El cartel de este segundo día se completa con Hoobastank, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Beetroots (DJ Set), D. Valentino y Corella, a los que se suman, en el escenario Son Electro Repsol Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova.

Para la última jornada, el sábado día 20, DJ Snake encabeza un cartel en el que se incluyen también Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, Mvrk, Dorian, Carlangas, Ortiga y Sarria.

Por último, en el escenario Son Electro Repsol actuarán Bego Martin, Li/Lu, Patrick Mason (House Set), B2B Haai, Perel y Toute Sanders.

Las entradas diarias estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo a las 12.00 horas en la web oficial del festival: www.osondocamino.es.

Sólo hay un lugar en toda Galicia con el topónimo Almáciga: el monte más elevado de la ciudad de Santiago, hoy un barrio popular y a menudo olvidado por los propios compostelanos. Esta atalaya natural donde se vivió uno de los últimos capítulos de la Revolta Irmandiña, aquella rebelión campesina contra los privilegios de los señores en el siglo XV, acoge hoy, siglos después, una nueva batalla cultural: la que ha desatado la derecha contra la decisión –unánime– de la comunidad educativa de rebautizar el colegio con el nombre del sitio donde está emplazado. El problema no es la nueva denominación, sino la anterior, la que desaparecería: Apóstolo Santiago.

El Apóstolo Santiago –inaugurado en 1954 como Santiago Apóstol, rótulo que aún conserva en la fachada– fue el primer grupo escolar de la ciudad. Tras él vendrían muchos otros centros que, como él, pese a su carácter público, serían bautizados con nombres de esa Iglesia que ha marcado la historia de Compostela desde la Edad Media. Cardenal Quiroga Palacios, López Ferreiro, San Clemente o Pío XII son sólo algunos ejemplos. Curiosamente, en el Pío –el mayor colegio de la ciudad, con más de 600 alumnos–, un grupo de familias mira con atención lo que sucede en la Almáciga mientras estudian una alternativa similar.

La propuesta del cambio de nombre surgió del ANPA del Apóstolo, recogiendo un intento de unos años antes que no había llegado a fructificar. Detectaron la voluntad mayoritaria entre las familias de rebautizar el colegio y conseguir aumentar la identificación simbólica con el barrio. En el informe de diez páginas que presentaron a la asamblea de padres y madres se recogía “la necesidad de dotar al centro de una identidad educativa acorde con su realidad territorial, cultural y social”. Su propuesta enumeraba argumentos históricos, geográficos, sociológicos y pedagógicos. El Consello Escolar, el máximo órgano de gobierno de la comunidad educativa, lo respaldó por unanimidad.

Nada de eso sirvió. El PP local, envuelto en una campaña contra la regidora Goretti Sanmartín (BNG) que pasa por acusarla de atacar a todos los símbolos del compostelanismo –entre los que puede encontrarse el Camino de Santiago, pero también un festival de música con menos de diez años de antiguedad–, encontró un nuevo filón que explotar. Para el portavoz municipal, Borja Verea, esa iniciativa ya no partía de un grupo de familias que buscaba una mayor identificación entre colegio y barrio: era un ataque a la identidad de la ciudad. Y, ya de paso, al Apóstol.

Más papistas que el arzobispo

Agitar el fantasma del anticlericalismo contra los gobiernos a la izquierda del PSOE es un clásico en una ciudad que vive a la sombra de la catedral. En 2015, Martiño Noriega –regidor por la marea municipalista Compostela Aberta– sufrió furibundos ataques por su decisión de no participar en la ofrenda al Apóstol aunque, curiosamente, tanto entonces como ahora, quien menos hiperventiló fue el propio Arzobispado. Así fue el inicio de un mandato que vivió hasta su final bajo un fuego constante y que, visto hoy, parecía anticipar algunas de las campañas dirigidas contra Pedro Sánchez.

En las siguientes elecciones, Noriega perdió. El voto de la derecha respaldó el regreso del exalcalde socialista Sánchez Bugallo, quien siempre había convivido con comodidad tanto con la Iglesia como con la Xunta del PP. Una vez espantado el miedo al anticristo, cuatro años después esas papeletas retornaron a casa. Bugallo –al que ocho años de ausencia habían desconectado de una ciudad que conocía como la palma de su mano– quedó segundo por la izquierda tras el BNG de Sanmartin. Dimitió para irse al Senado pero su partido no quiso entrar en un gobierno tripartito con Bloque y Compostela Aberta que habría gozado de una cómoda mayoría absoluta. Era el preludio de la implosión del PSOE local, dividido hoy entre dos concejales que mantienen las siglas y cuatro no adscritos, que serán claves en esta historia.

Sanmartin tampoco asistió a la ofrenda –Noriega fue el primer alcalde en ausentarse, pero los nacionalistas, en la oposición, ya no participaban en el acto– y los argumentos de condena renacieron de cero, como si 2015 nunca hubiese existido. Desde entonces, Verea –candidato más votado, 11 concejales, a dos de la mayoría absoluta– ha seguido excavando esa veta. Cuando se conoció la decisión de la comunidad escolar del Apóstolo, volvió a señalar a la alcaldesa al insertar esa propuesta de las familias en un “peligroso proceso de eliminación de todo lo que significa Santiago de Compostela” por parte de un gobierno que “detesta todo lo que nos hace únicos e universales” y llamó a la ciudadanía a “frenar juntos este ataque constante del BNG y Goretti Sanmartín al compostelanismo”.

El llamamiento de Verea caía en terreno abonado. La prensa de derechas llevaba días poniendo el grito en el cielo. “Qué indigencia”, escribió en sus redes sobre el cambio de nombre un periodista de ABC. Por su parte, los medios locales amplificaban la campaña de recogida de firmas de una –una– exalumna, que atacaba las connotaciones “políticas” del cambio: “Es un problema que no podemos ignorar, especialmente porque algunos hijos/as de políticos/as con ideologías independentistas y padres y/o madres afines a sus ideas asisten a 'nuestra escuela'. Parece que pretenden borrar cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias”. La versión original, que todavía circula por capturas de internet, añadía rojos –sin el posterior lenguaje inclusivo– a ese independentistas. “Un colegio pertenece a toda la ciudad, no a una asociación en un momento concreto”, había dicho Verea. De los 100.000 habitantes de esa ciudad, apenas algo más de 800 habían respaldado el change.org durante sus tres primeras semanas de vida.

El pleno municipal

Tras la aprobación unánime del Consello Escolar, los siguientes pasos para hacer efectivo el cambio de nombre eran la luz verde del ayuntamiento y de la Xunta. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, preocupado hasta casi la obsesión por lo que él llama “neutralidad ideológica” en las aulas, ya había enseñado la patita: “Andar cambiando nombres genera a veces ruidos innecesarios y esconde intereses que se ocultan de otra forma”, aseguró. Contrasta con el respaldo que recibió el colegio privado compostelano San Pelayo cuando se rebautizó como Emma o cuando, en el municipio vecino de Ames, el del obispo ultraconservador Guerra Campos fue sustituido por Val da Maía (el valle donde se ubican tanto Ames como Brión). Esta última decisión, por cierto, se hizo oficial el mismo día en el que, un centenar de kilómetros al norte, el instituto Carmen Polo pasaba a denominarse Terra de Ferrol.

Sin embargo, a Rodríguez le llegó el trabajo hecho después de que el pleno municipal tumbase la iniciativa. Lo que debería haber sido casi un trámite administrativo, dado el acuerdo total en el centro, mutó en una tensa sesión. Y eso, que, al inicio, el director del colegio, Luís Martínez, puso todo su esfuerzo en explicar de forma sensata una solicitud que, insistió, no iba “contra nadie, ni contra la compostelanidad ni contra el apóstol”.

Entre sus argumentos destacó la necesidad de ubicar el centro en el barrio –como los institutos de Sar o Fontiñas– y evitar las confusiones que genera el nombre actual. No fueron pocos los que, gracias a esta polémica, descubrieron no sólo dónde estaba el Apóstolo Santiago sino también que, pese a su nombre, no se trata de un colegio religioso. Martínez defendió por ello una denominación que permita identificarlo “claramente como centro educativo público aconfesional, plural y que no cause ningún tipo de duda o equívoco entre la ciudadanía”.

BNG, Compostela Aberta y los dos ediles socialistas respaldaron la decisión unánime de la comunidad educativa. El PP se opuso, tal y como había anunciado, pero fue la sorpresiva abstención de los cuatro concejales no adscritos la que tumbó la propuesta. Según denunció Verea, al finalizar el pleno, uno de los miembros del ANPA que asistían como público tocó en el hombro al portavoz de los no adscritos, Gonzalo Muíños, para llamarle “puto sinvergüenza”.

No tiran la toalla

Para las familias, con su voto, los 11 concejales del PP y los cuatro no adscritos “desautorizaron al órgano democrático y legítimo del colegio”. “Decidieron oponerse a la voluntad unánime del Consello Escolar de nuestro centro”, aseguraron en un comunicado, ya que “no sólo bloquearon un trámite administrativo”, sino que también “ignoraron dos años de participación, diálogo y consenso” que fructificaron en una decisión del ANPA y del profesorado que “cuenta con el apoyo del barrio”.

A Verea no le gustó el tono del escrito: “Si empezamos a decir que los acuerdos adoptados por el pleno no valen cuando no nos gustan, estamos cuestionando el funcionamiento básico de las instituciones democráticas y sentando un precedente peligrosísimo”, respondió en su propio comunicado. El ANPA ha convocado una asamblea general para el próximo día 18 donde estudiarán los nuevos pasos a dar, porque no han dicho la última palabra. Será un nuevo capítulo de esta batalla que ha convertido los deseos de la comunidad educativa en un daño colateral dentro de una guerra mayor.

Hay que retrotraerse a 2018 —antes de la pandemia— para encontrar un enero con una ocupación hotelera del 30% en Santiago de Compostela, el “referente” de las políticas turísticas de la Xunta. La caída de 16.000 pernoctaciones y 23 puntos con respecto al arranque de 2025, ya flojo, ha encendido las alarmas en vísperas de un año Xacobeo, el 2027, un acontecimiento marcado en rojo en el calendario del gobierno gallego. Ejecutivo autonómico y ayuntamiento se culpan mutuamente de no actuar mientras el sector, que no espera una mejora significativa en todo el primer trimestre, pone el foco en el fracaso a la hora de desestacionalizar el flujo de visitantes: durante seis meses al año, el monocultivo del Camino no da frutos.

“No crecemos, decrecemos, y esa tendencia es la que preocupa”. El presidente de la Unión Hotelera de Compostela no pone paños calientes a las cifras. Hace ocho años, cuando Santiago se quedó en el 30% de ocupación, había 111 hoteles abiertos; en 2026, sólo 74 de los 160 con los que cuenta la ciudad. Entre una fecha y otra, los costes operativos subieron “una barbaridad”: 40% el personal, 50% los suministros... Las tarifas, por su parte, sólo se incrementaron de forma significativa en la temporada alta, entre mayo y octubre, por lo que mantener el negocio abierto todo el año es algo cada vez más difícil.

Iglesias defiende que la sensación de colapso de la que cada vez se quejan más los compostelanos —sobre todo en el Casco Histórico y las calles por las que entra el Camino Francés—, sólo se vive en verano y no se debe a quienes pernoctan en la ciudad, sino a los excursionistas que la visitan durante el día y “se marchan a las 8 de la tarde”. El número de plazas hoteleras de la capital gallega ronda las 8.000 y prácticamente no se ha movido en los últimos 15 años. “Con todos ellos no llenas un concierto en la Praza do Obradoiro”.

A la espera de que el INE haga oficiales los datos de febrero, la Unión Hotelera ya confirma que estarán “en la misma línea” que el mes anterior; por su parte, marzo tampoco ha empezado bien, y eso que se cerrará con la Semana Santa, pero “las reservas para esas fechas están muy paradas”.

Aunque sin haber tocado fondo de esta manera, el escenario general no es nuevo. Santiago cerró 2025 con una media de ocupación del 64%, que fue del 78% entre mayo y octubre y apenas del 50% el resto del año. “Tenemos un grave problema: seguimos sin conseguir desestacionalizar el turismo”. Iglesias insiste en la importancia de captar congresos y eventos de empresas: “Es un visitante que gasta, compra... no viene sólo con alojamiento y desayuno, y no fuimos atractivos para él”. También reclama acciones para atraer turismo familiar en fechas como las navideñas. Este diciembre, Compostela se quedó en el 38%. Sin necesidad de mira a Vigo, señala ejemplos como Allariz, en Ourense, o Perlim, en Aveiro, que han convertido las fiestas en temporada alta.

Ni el sector ni las administraciones culpan al mal tiempo de este invierno especialmente húmedo en Galicia. “En otros sitios también llueve”, recuerda el hotelero, mirando con cierta envidia a plazas como Gijón, Santander o A Coruña, que no sufren esas oscilaciones. En enero se dio la paradoja de que Santiago perdiese 16.000 pernoctaciones mientras la ciudad herculina ganaba 14.000. ¿Hubo trasvase? “A Coruña consiguió en enero un par de congresos muy potentes que, en esas épocas del año, son gloria bendita”.

Desde el ayuntamiento se pone el foco en el cierre, el pasado mes de octubre, de la base operativa de Ryanair en el aeropuerto Rosalía de Castro. En enero pasado, había siete vuelos nacionales que han desaparecido y, por eso, la portavoz del gobierno local, Miriam Louzao, está convencida de que la situación empezará a cambiar a partir de mayo, mes para el que se esperan “mejores conexiones”, algunas ya anunciadas y a las que “a lo mejor” se suma alguna más.

Para Iglesias, la marcha de Ryanair “no es la única causa, pero sí una de las causas”. Cree que el descenso empezó a notarse ese mes, que coincidió con la entrada en vigor de otro caballo de batalla del sector, la tasa turística. Las dos circunstancias confluyeron en el arranque de “los seis meses malos”.

La Xunta, sin embargo, va más atrás, y señala que la ciudad vive una bajada “sostenida” desde junio pasado, que provocó un cierre de 2025 con un descenso del 2,3% en el número de visitantes y del 3% en ocupación. “Estamos muy preocupados”, aseguraba el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, en la emisora local de la Cope. Merelles contrapone lo sucedido en la ciudad con el conjunto de la comunidad. “En términos globales vemos que sí bajaron los visitantes [un 0,3 frente a la subida estatal del 3,4] pero crecieron las pernoctaciones, la estancia media y los ingresos hoteleros”, para él, la prueba de que la apuesta de la Xunta por el turismo de calidad “funciona”... excepto en Santiago. El “referente” de las políticas turísticas de Galicia fue, en enero, “la antítesis” de sus resultados. Y, para él, la culpa está en la “inacción” del gobierno local.

Ese gobierno local —formado por BNG y Compostela Aberta— no duda en acusar, a su vez, a la Xunta de “incomparecencia” no sólo en la gestión conjunta del tráfico aéreo en los tres aeropuertos gallegos, una cuestión que “trasciende el turismo y tiene que ver con la movilidad de los gallegos”. Su portavoz, Louzao, respondía directamente a Merelles: “Lo que no entendemos es que si realmente hay preocupación por parte del PP y la Xunta, sigan sin querer sentarse con nosotros a trabajar para poder mejorar esta situación”. “Es un poco incongruente”, concluyó.

Quienes sí se han puesto a trabajar han sido el resto de partes implicadas. Desde que arrancó el año, ayuntamiento y Unión Hotelera se reúnen una vez al mes con la vista puesta en buscar propuestas para evitar que esta situación pueda repetirse en el primer trimestre del Xacobeo. Unos encuentros en los que participan las agencias de viajes o el Convention Bureau de la ciudad, el departamento pensado para promover a Santiago como destino de congresos y convenciones, el llamado turismo MICE por sus siglas en inglés (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Precisamente, “Compostela é moito MICE” fue el lema con el que se presentó la capital gallega en FITUR, jugando con la sonoridad de una frase que en gallego también significa Compostela es mucho más. “Esa buena sintonía es lo más positivo que ha dejado esta situación”, resume Iglesias.

La Xunta de Galicia, a través de la Axencia de Turismo, destinó más de 250.000 euros de fondos europeos NextGeneration a subvencionar las obras de eficiencia energética de la Hospedería Vía Lucis, propiedad del Arzobispado de Santiago y ubicada a poco más de un kilómetro de la Catedral. Lo hizo a pesar de que el establecimiento carece de licencia para ejercer la hostelería, lo que llevó al ayuntamiento compostelano a ordenar la suspensión de su actividad a finales de enero tras la denuncia de un particular. Según Turismo, la Iglesia ha renunciado a la ayuda.

Fue ese mismo ciudadano quien envió escritos tanto al consistorio como a Turismo y –ante la falta de respuesta de ambas administraciones– también a la Valedora do Pobo. En ellos, denunciaba la actividad hostelera, que consideraba ilegal, pero también el hecho de que recibiese una subvención mientras la desarrollaba sin licencia, lo que lo llevó a dirigirse también a la Consellería de Facenda a través de los canales del Plan general de prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude.

En su respuesta –en la que devuelve la pelota a Turismo como responsable de la medida–, Facenda cita la convocatoria en la que se le otorgó la ayuda a la hospedería, incluida dentro de la línea destinada a las actuaciones de eficiencia energética en empresas turísticas. Está subvencionada con los fondos europeos NextGeneration del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

En la resolución de esa convocatoria, en julio de 2025, aparece una subvención al Arzobispado de Santiago, aunque no indica cuál será su destino final dentro de la red de inmuebles que la Iglesia posee en la ciudad. Lo que sí se recogen son los trabajos a los que se dedicará esa aportación económica: aislamiento y sustitución de ventanas, mejora de la instalación de iluminación LED y sustitución de horno y cocina. En total, 252.790,02 euros. La cuantía máxima por proyecto era de 300.000.

La renuncia del Arzobispado

Sin embargo, a preguntas de esta redacción, Turismo confirmó que el solicitante “renunció recientemente a esta ayuda, sin que haya percibido ninguna cuantía al amparo de esta convocatoria”. A través de correo electrónico, una portavoz de la Axencia asegura que el Arzobispado solicitó la ayuda en marzo de 2025 y que, “en el momento de su concesión”, la hospedería “cumplía con todos los requisitos exigidos en la convocatoria”. Contar con una licencia municipal de actividad no era uno de ellos, pero sí estar inscrito en el REAT, el registro de actividades turísticas de la Xunta.

Esa paradoja no es nueva en Santiago, donde el ayuntamiento ha solicitado en numerosas ocasiones a Turismo que borre del REAT aquellas viviendas turísticas que carezcan del título habilitante, una batalla en la que contó con el apoyo explícito del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. La Xunta, sin embargo, nunca se ha mostrado dispuesta a actuar de oficio y sólo acepta estudiar cada caso de forma individual antes de tomar una decisión.

Consultado por elDiario.es, el gobierno local compostelano admitió que, en respuesta a las denuncias, se llevó a cabo una inspección en la hospedería que tuvo como resultado un expediente de reposición de la legalidad el pasado 23 de enero, precisamente, por el ejercicio de la actividad de hospedaje sin título habilitante. La consecuencia fue una suspensión de la actividad que continúa vigente. El Arzobispado, por su parte, guarda silencio.

El encanto de lo monacal

La Hospedería Vía Lucis está ubicada en la antigua Casa de Ejercicios Espirituales, en el campus sur de la Universidade de Santiago, el conocido como Campus Vida. Durante el día, puede verse el portón abierto y el material de construcción acumulado dentro. Sobre la verja conviven dos carteles: el que anuncia la subvención europea, pese a la renuncia, y el que muestra la licencia de obra del Concello de Santiago. Tal y como allí se lee, los trabajos comenzaron en mayo de 2023 y su duración estimada era de 36 meses.

Aunque el sitio web de la hospedería ha desaparecido de internet, en Google o TripAdvisor todavía pueden leerse las reseñas de los usuarios. “El sitio es espectacular, es como un convento que están reformando y llenando de habitaciones”. Otros, destacan la ubicación privilegiada, en una zona ajardinada a un paso de la Alameda y el centro urbano, con “ambiente escolar durante el día y tranquilidad por la noche”.

“El lugar está en plena renovación: antiguamente era la residencia de monjas y monjes, y hoy esas celdas se han convertido en habitaciones modernas. Si reservas, pide una renovada: tienen suelo de parquet, muebles nuevos, cama y cojín muy cómodos, y baño privado con ducha (aunque esto hace que la habitación sea un poco más compacta)”, escribía un viajero este mismo otoño.

En diciembre de 2025, cuando faltaba un año y medio para las fechas previstas de las próximas elecciones municipales, Alfonso Rueda, presidente del PP de Galicia, lanzó a los suyos un mensaje de premura para empezar a preparar la cita y pidió que para mayo de este año estén elegidos los candidatos en las ciudades y, en general, en los municipios de más de 20.000 habitantes. En este contexto, el presidente gallego ha evitado confirmar que el nombre de Borja Verea vaya a encabezar las listas de su partido de nuevo en la capital gallega. En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de un cambio en Santiago de Compostela y sobre si, en ese caso, Paula Prado, la actual número dos del partido en Galicia, sería una opción, Rueda se limitó a contestar que tratarán de buscar a “los mejores” candidatos, sean nuevos o repitan.

Hace dos semanas, Rueda permitía que el nombre de Ana Vázquez Blanco, diputada en el Congreso, siguiese circulando como la posible candidata en la tercera ciudad de Galicia, Ourense. Defendió que el de esta parlamentaria, conocida por su estilo polémico, es “un buen nombre” para disputar la Alcaldía al líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome. En esta ocasión ha manifestado que la voluntad de su partido, en Santiago y el resto de municipios, es buscar candidatos para “salir a ganar”. Agregó que, en la capital gallega, quienes dan muestras de “agotamiento” no son los miembros de la oposición, sino los de Gobierno local, compuesto por el BNG -con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a la cabeza- y Compostela Aberta.

En las municipales de mayo de 2023 el PP presentó como cabeza de lista en la capital gallega a Borja Verea. La suya fue la lista más votada y logró pasar de ocho a 11 ediles, de modo que se quedó a dos de la mayoría absoluta. El resultado fue insuficiente para gobernar y quien se hizo con el bastón de mando fue Sanmartín gracias a los votos del BNG, Compostela Aberta y PSOE, que dio su apoyo para la investidura, pero rechazó entrar en el Gobierno.

El pleno de Santiago de Compostela ha aprobado suspender cautelarmente y durante un año la concesión de licencias de hospedaje para la conversión de edificios residenciales completos en equipamientos destinados a usos turísticos, mientras el Gobierno local trabaja en la modificación de la normativa.

La medida ha salido adelante con los votos del bipartito (BNG y Compostela Aberta), las concejalas no adscritas y el PSOE y pese a la abstención del PP, que la califica de “nueva restricción” dentro de una política urbanística basada en la “escalada normativa”, informa Europa Press.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, centró su atención en los apartamentos turísticos, una tipología -regulada de forma autonómica- que consiste en bloques de pisos dedicados en su totalidad al alojamiento turístico y sobre la que una asociación le trasladó su preocupación semanas atrás por un caso reciente. El edil confirmó que la normativa municipal modificada en 2023 “no impide la posible proliferación de este modelo” en la ciudad, que sustituye al “tradicional de hotel”, con su recepción, cafetería y restaurante. Esto no es “fácil” que suceda en edificios con división horizontal, pero sí si no la hay o si hay un único propietario, según lo explicado por Lestegás.

Esta situación aún no se ha generalizado ni se está produciendo “a gran escala”. Por ejemplo, en 2025, el Ayuntamiento solo concedió tres licencias de este tipo. La pretensión de esta suspensión cautelar y la modificación normativa en la que trabajará ahora Urbanismo, que revisará los requisitos de implantación, es “anticiparse” a la problemática.

El PP, a través del edil José Antonio Constenla, cargó contra la “escalada normativa” que ve en la política urbanística del bipartito: “Siempre una nueva restricción”. En esta línea, ha asegurado que “la prohibición por sí sola no crea vivienda, no rehabilita edificios y no incrementa el parque público”. Sin embargo, la formación no votó en contra, sino que se abstuvo.

Pese a dar su 'sí', Mercedes Rosón, en representación de las concejalas no adscritas, afeó el “proceder” en la tramitación de la norma y dijo que debería estar sustentada en “datos” y no solo en “retórica”. “Las políticas de vivienda no se hacen por ocurrencia de un día”, reprochó.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, cuestionó cuál es el problema que pretende resolver el Gobierno local y el “impacto real” en la oferta de vivienda. “Ahora nos suena más a maquillaje político que a una iniciativa a solucionar un problema real”, manifestó.

Emancípate. Así se llama el bono que acaba de renovar la Xunta de Galicia para subvencionar la compra de muebles y otros objetos domésticos a la población que considera joven. Son hasta 1.500 euros (en caso de alquiler) o 3.000 (en caso de compra) para menores de 36 años para “afrontar los gastos iniciales de la emancipación”. Pero, a pesar de bonos y ayudas al alquiler, esa independencia es aún una utopía para muchas personas treintañeras.

La edad media de emancipación en España es 30,3 años, según datos de Eurostat de 2025. Pero, ya sea para intentar alquilar o comprar, esta juventud se encuentra con precios excesivos para sus ingresos, escasa oferta de viviendas y una regulación que muchos de ellos encuentran insuficiente. Se trata de problemas que llevan años sufriendo grandes urbes como Madrid o Barcelona, pero que son también una realidad en ciudades intermedias o pequeñas como Santiago de Compostela, con 100.900 habitantes, en donde confluyen jóvenes en busca de un hogar para emanciparse, estudiantes universitarios y presión turística.

“No sé, es muy heavy. Con trabajos mejores de los que nunca tuvieron mis padres, no puedo alquilar ni puedo comprar”, escribe José Miguel (nombre ficticio) a una amiga por WhatsApp justo antes de entrar a ver un piso en la zona vieja de Santiago. Es el cuarto que visita este mes. Acude puntual a su cita a las cinco de la tarde y, al llegar al portal, ve gente esperando. “Nos convocaron allí a cuatro personas para pelearse y decir ‘quien llega primero, se queda con el piso'”, se queja.

Tiene 30 años y hace cinco abandonó el hogar familiar. Ha tenido que volver a esa casa, sin embargo. Tras dos años viviendo en Barcelona, aceptó un trabajo en Santiago pensando que el mercado inmobiliario le daría una tregua. No ha sido así, por lo que ha vuelto a la casa paterna y todos los días hace 40 minutos en coche hasta la capital gallega, a la espera de poder instalarse en un lugar propio.

De los otros tres pisos que ha visto José Miguel, dos son un subarriendo sin permiso del propietario y sin incluirle en el contrato, una práctica ilegal en España según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Para otro de los inmuebles, le exigen una nómina de 2.000 euros, que no tiene. “Panorama: compartir piso sin luz o piso con olor a humedad”, escribe. Vivir solo no es una opción. Para alquilar en solitario en Galicia entre los 30 y 34 años, es necesario gastar más del 50% del salario, según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España de 2024. Cifras altas, pero por debajo de la media española, que supera el 60% para esa franja de edad y alcanza el 90% para menores de 30.

Encontrar un piso es un auténtico viacrucis, aun estando dispuesto a pagar precios abusivos. Unos precios que en Santiago han aumentado un 10,9% en 2025, según un informe de Fotocasa. Precisamente esta página, junto con Idealista, es una de las principales vías para encontrar alojamiento; pero hay otras: grupos de Facebook como 'Piso/Habitación Santiago de Compostela' (con más de 15.000 miembros), el boca a boca, colgar stories de Instagram o estados de WhatsApp y, por supuesto, las inmobiliarias. La demanda es superior a una oferta mermada por la proliferación de alquileres vacacionales. Y ello a pesar de existir una regulación local de viviendas de uso turístico (VUT). En Galicia había 15.236 en noviembre de 2025: unas 370 en Santiago y otras 170 en los pequeños ayuntamientos colindantes, según el INE. Esto supone un descenso del 22,6% con respecto al año anterior en la media gallega, aunque hay que tener en cuenta que las cifras podrían aumentar en temporada estival.

“Mi casero es muy bueno haciéndose el loco”

En Santiago hay más de 15.000 estudiantes universitarios, con una carrera de obstáculos específica para encontrar un piso de alquiler. Un alumnado que no solo está formado por personas con la mayoría de edad recién cumplida, también hay treintañeras. Es el caso de Kenlly, que llegó de Colombia hace dos años y relata que las dificultades añadidas que se encuentran las personas migrantes. “Cuando llamas a los pisos, la gente sabe que no eres de aquí y empieza a pedir ciertas cosas: tener una cuenta, un contrato de trabajo… pero eso se complica si vienes como estudiante”, lamenta, y añade: “Y, cuando logras encontrar el piso, mucha gente no te quiere hacer contrato”.

En el primero que visitó, que se alquilaba por habitaciones, le explicaron que la cocina estaba en otra planta del edificio y que tendría que irse algunos días del mes porque habían alquilado su cuarto a otras personas. Al final, consiguió otro por Instagram, pero el contrato solo era hasta verano: ahí los precios suben con la llegada de turistas y peregrinos. Entonces, se puso a buscar alojamientos sin éxito. Recuerda que vio unas habitaciones en la céntrica Praza de Galicia “con humedad y ratones, por 500 euros, y compartiendo con otras 5 personas”.

“Ahora estoy en un piso muy barato, pero también porque las condiciones son complicadas: pasas frío. Yo en mi habitación, si echo aire, sale vaho. Se lo digo al casero, pero es muy bueno haciéndose el loco”, protesta. Sobre las personas que viven de alquiler es frencuente la preocupación por la relación con los caseros. En el mejor de los casos, alguien con quien se puede hablar; en el peor, alguien el derecho a finalizar el alquiler, pero que no siempre cumple con el deber de solucionar los problemas que pueden derivarse del uso normal de la vivienda.

“Mi primer pensamiento sobre este tema fue 'soy una privilegiada': vivo más o menos céntrica y pago 410 euros, algo que no se encuentra ahora mismo. Pero me paro a pensar y se me inundó el piso hace dos años y sigo con las puertas y muebles hinchados. Simplemente me he acostumbrado a hacer como que no pasa nada”, relata Sofía, de 30 años, también residente en la capital gallega.

La dificultad de sentir una casa alquilada como propia

Sofía lleva cinco años en un piso que encontró durante la pandemia, pero se pregunta si ese espacio que comparte con sus dos gatas es realmente una casa: “¿Es una casa un sitio donde no puedes colgar cuadros en las paredes porque tu casero no te deja? ¿O un sitio donde el sofá se hunde y te gustaría invertir en otro, pero no lo haces porque te pueden echar en cualquier momento? ¿O uno donde no puedes vivir con tus mascotas? Pues igual no lo es, pero estamos ahogándonos tantísimo con la vivienda que al final nuestro concepto de lo que es una casa se ve superreducido. Esta situación inmobiliaria hace que yo deje de imaginar un futuro habitacional mejor y me tenga que conformar”, reflexiona indignada, y zanja: “Nos dedicamos a sobrevivir en el mercado inmobiliario poniendo parches con ayudas al alquiler que no arreglan nada”.

Sobre la insuficiencia de las medidas que llegan de los gobiernos coincide con ella la Xuntanza Pola Vivenda Compostela. En enero de 2026, el Gobierno central anunció algunas medidas para abordar la crisis de la vivienda. Entre ellas, que los propietarios que vayan a renovar un alquiler y no suban el precio en el nuevo contrato podrán ahorrarse el 100% del IRPF que paguen en la declaración de la renta por esos ingresos. Una propuesta que lo que hace es “premiar fiscalmente a los propietarios para que continúen acumulando rentas”, según el comunicado emitido en redes por la Xuntanza Pola Vivenda Compostela, que apunta: “Si algo aprendimos en estos años es que, sin organización popular en los barrios, sin presión social y sin defensa colectiva del derecho a la vivienda, los gobiernos seguirán protegiendo el rentismo. Nuestro horizonte es cuestionar que la vivienda sea tratada como mercancía”.

Santiago sigue pendiente de la tramitación de la zona tensionada que solicitó el Ayuntamiento -y que sí ha ido adelante en ciudades como A Coruña-. La Xunta rechazó la petición de la capital gallega, una negativa que el concejal de urbanismo santiagués, Iago Lestegás, atribuye a motivos políticos.

Comprar: “Hay tan poca oferta que la gente se convierte en buitres”

“Que no se te escape la vivienda que quieres convertir en tu nuevo hogar”, avisa un mensaje en la web de Dolmen Asesores, una de las más de 60 inmobiliarias que trabajan en Santiago. Pero para muchas personas, es fácil que la vivienda se escape. En diciembre de 2025, comprar una vivienda en la capital gallega costaba de media 2.105 euros el metro cuadrado, según datos de Idealista. Esto es, un 3,8% más caro que en el mismo mes del año anterior y un 1,8% más caro que en septiembre de ese mismo año. La zona más cara, a 2.983 euros el metro cuadrado, es la de Ensanche-Sar. Más de 1.400 euros de diferencia con la zona del Campus Norte y San Caetano, la más económica de la ciudad. En enero de 2026 había unas 530 viviendas a la venta en este famoso portal inmobiliario, que solo un mes antes fue denunciado por el sindicato UGT por publicar anuncios que no cumplen con la normativa de vivienda.

Compitiendo por alguna de ellas se encuentra Lucía, de 31 años. Hace un año que empezó a buscar piso sin éxito. Lo busca para poder vivir en él. Una afirmación que parece obvia pero no lo es: una de cada cuatro casas se compran para invertir, según el Estudio del Perfil Comprador 2025 en las Agencias Inmobiliarias.

Lucía se considera “un poco privilegiada” por solo poder plantearse la idea de comprar. “Primero hay que tener una situación mínimamente estable en cuanto a tu trabajo, tu movilidad, tu pareja o lo que sea. Buscar todas las condiciones de estabilidad a los 30 para poder comprar una casa es muy difícil”, reflexiona. E insiste en que comprar sola, sin nadie con quien compartir el gasto, es misión imposible. En España, solo un 16,8% de quienes compran una casa lo hacen en solitario; siendo las parejas el perfil mayoritario, con un 40%, según el citado estudio.

Al preguntarle sobre el proceso, Lucía resopla: “Yo empecé superilusionada, pero luego me desinflé. Hubo un momento de inflexión cuando vi uno que me gustó y empecé a poner esta idea en números… y es que me iba a quedar a cero”. Asegura que se sintió juzgada por el banco al ir a solicitar una hipoteca. Considera también agobiantes la burocracia y las prisas que rodean esta decisión. “En el momento que ves un piso y te interesa, empieza una sensación de cuenta atrás. Hay tan poca oferta que la gente se convierte en buitres. Pero es dejarme todo mi dinero e hipotecarme el resto de mi vida, no puedo tomar esta decisión en una tarde”, insiste. Más del 70% de quienes compraron una vivienda en 2025 lo hicieron solicitando una hipoteca, según el Colegio de Registradores de España.

Reconoce que actualmente ha frenado el proceso de búsqueda, aunque le siguen llegando alertas de portales inmobiliarios, muchas de ellas dirigidas a inversión. “Hoy me han llegado dos. Uno por 180.000 euros que pone: 'Piso embargado en Santiago ideal para inversores que buscan alta rentabilidad y margen inmediato'. Otro por 163.000 euros que dice: 'Otra ventaja a tener en cuenta es que se trata de un inmueble en planta baja, lo que hace considerablemente más sencillo y viable tramitar la licencia de VUT'. Es que ya no se esconden”, relata.

En 2017, el porcentaje de jóvenes entre 30 y 34 años con una vivienda en propiedad era del 28%, según el informe de INJUVE 'Jóvenes buscan piso: la distopía del acceso a la vivienda'. Una cifra similar a la que arroja el informe 'Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025' de Fotocasa Research, que asegura que era de un 30% en 2025.

“Te vendían lo de 'estudia una carrera y con 30 años tendrás una familia, una casa, un marido y dos niños preciosos'; pero si quieres esto, no puedes, en la mayoría de los casos. Muchas veces la única razón por la que sigues viviendo con tu pareja es para compartir gastos”, resume Sofía. Pero ella no aspira a ese ideal de familia, sino a estar cerca de sus amigas y poder construir una comunidad: “Antes sentía que tenía por delante mucha capacidad de decisión, de construir algo diferente a lo que tuvieron mis padres. Pero la realidad se ve limitada por las condiciones materiales, porque no podemos decidir activamente dónde vivir”.

Una parte de un muro del antiguo cementerio de Bonaval, en Santiago de Compostela, se vino abajo este jueves y ha afectado a la emblemática zona en la que se mantiene la estructura de los nichos. El Ayuntamiento ha cerrado la zona y está evaluando los daños para decidir cómo repararlo. Los técnicos creen que el derrumbe se explica por la acumulación de agua tras semanas de intensas precipitaciones. El terreno superior aumentó de peso y la presión empujó un muro de piedra y mampostería empujó los nichos.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, explicó en una rueda de prensa que el fragmento caído mide 15 por 6 metros. “El personal técnico de Obras también indica que un muro de estas dimensiones y con este tipo de piedra no es el ideal para soportar las presiones del terreno. El derrumbe inicial ha aumentado la inestabilidad y ha provocado que, posteriormente, cayese la parte frontal de los nichos”, dijo la regidora, según recoge Europa Press.

El Ayuntamiento ha cerado la zona para evitar riesgos por posibles nuevos desprendimientos. Ahora, Sanmartín señaló que se va a hacer un informe detallado del muro, del que se encargará la arqueóloga municipal. Antes de dar propuestas de intervención es necesario hacer estudios del terreno (geotécnicos y de estabilidad, entre otros). La intervención final podría acabar abarcando todo el muro y también los nichos, expuso la alcaldesa.

El antiguo cementerio de Bonaval está incluido actualmente en un parque muy frecuentado de la ciudad. En diciembre de 2019, en medio de otro temporal, un muro exterior del parque se vino abajo sobre la calle Costiña do Monte y atrapó a un hombre, que falleció.

Un incendio que afecta a la comisaría de la Policía Nacional de Santiago ha obligado a desalojar el edificio y ha provocado una densa humareda visible desde varios puntos de la ciudad. Las instalaciones, situadas en la avenida de Rodrigo de Padrón, se encuentran junto a un centro educativo y un aparcamiento y a pocos metros de la catedral. No consta ningún herido.

El fuego, que ya se da por controlado, comenzó hacia las 10.10 horas de este jueves en la galería de tiro de la comisaría, que está en un sótano y en la que hay elementos de caucho, que están provocando un humo denso y tóxico al arder. La zona en la que han empezado las llamas da hacia una plaza construida sobre un aparcamiento. La hipótesis es que se ha originado por un cortocircuito en el sistema de refrigeración que provocó que prendiese el caucho que hay en esa parte de las instalaciones, aunque la comisaria, Nuria Palacios, ha manifestado que el origen está por determinar.

En el lugar están trabajando los bomberos de Santiago y se encuentran también agentes de la Policía Nacional y de la Local, que tiene sus instalaciones también a pocos metros.

Palacios compareció en las inmediaciones de la comisaría junto a la alcaldesa, Goretti Sanmartín. Explicaron que están desplegados 13 bomberos que se están turnando porque no pueden permanecer mucho tiempo en el lugar en el que hay llamas. La humareda se debe a la acumulación de neumáticos en esa parte de las instalaciones. La comisaria indicó que aún no hay un cálculo de los daños materiales ni se sabe cuándo se podrá retomar la actividad normal, por lo que ha pedido paciencia a quienes tenían cita para expedir el DNI o en la Oficina de Extranjería.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado uno de los dos recursos interpuestos a la ordenanza que regula las viviendas de uso turístico en Santiago de Compostela al considerar que no contradice el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y que no invade otros ámbitos competenciales. Esta ordenanza fue aprobada definitivamente en noviembre de 2024 y su objetivo era el de regular la comunicación al Ayuntamiento al respecto de este tipo de viviendas con el objetivo de “facilitar” su supervisión, estableciendo mecanismos para revisar el cumplimiento de las normativas a las que están sujetas.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha dado cuenta este miércoles de los “frutos” dados por esta y otras actuaciones llevadas a cabo por su departamento de cara al control y reducción de los pisos turísticos. Entro otros, se ha hecho eco de una sentencia dictada por el TSXG el 28 de enero de 2026 que desestima uno de los dos únicos recursos interpuestos a la ordenanza aprobada. En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha dictado que del PXOM “no se desprende ningún mandato normativo con el que la ordenanza aprobada entre en contradicción”, como alegaba el recurso juzgado.

La parte demandante también sostenía que el Ayuntamiento legislaba el alquiler por habitaciones con finalidad turística -lo que le corresponde a la Administración autonómica-, algo que la resolución desmiente. “La normativa impugnada no determina nuevos usos, ni es la norma que establece esa posibilidad de cesión”, defiende el TSXG, que explica que las disposiciones impugnadas tienen una intención “exclusivamente procedimental”. El órgano judicial añade que la ordenaza tampoco establece “ninguna” regulación en materia de propiedad horizontal que “invada” la competencia regulatoria del Estado. Ahora, a esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la Sala correspondiente del mismo TSXG.