“No habrá luto oficial”. Es la respuesta de un portavoz autorizado de la Xunta de Galicia a la consulta de elDiario.es sobre los planes del gobierno gallego tras el fallecimiento, este jueves, de Xosé Manuel Beiras, una figura clave en la política gallega del último medio siglo, considerado el intelectual y dirigente nacionalista más importante desde Castelao. Los ciudadanos que lo deseen podrán rendirle homenaje a partir de este viernes a mediodía en una sala habilitada para tal efecto en el Museo do Pobo Galego, en Santiago, donde a las cuatro de la tarde se celebrará un acto público. La alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín (BNG) ha propuesto que se le conceda a título póstumo la Medalla de Ouro de la ciudad.

El fallecimiento de Beiras durante esta madrugada ha generado una ola unánime de reconocimiento y duelo que ha atravesado la política, y no sólo la gallega. El último en sumarse ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien posteaba en la red social X: “Hoy nos deja Xosé Manuel Beiras. Galicia pierde una voz propia, firme y profundamente comprometida con su tierra. Su defensa de Galicia, de su lengua y de su cultura forma parte ya de nuestra historia”.

Poco antes de las 10 de la mañana, el presidente de la Xunta, el popular Alfonso Rueda, escribía a su vez que el “referente” nacionalista “marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia y intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente”. En términos parecidos se pronunciaron el portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, o el candidato a la alcaldía compostelana, Borja Verea –no así Alberto Núñez Feijóo, con quien protagonizó sonados encontronazos–. Pero, más allá de eso, el ejecutivo autonómico no tiene intención de tomar ninguna medida oficial de reconocimiento al autor de O atraso económico de Galiza. En el año 2021, la Xunta sí declaró tres días de luto oficial por el fallecimiento del conselleiro de Facenda, Valeriano González.

La postura contrasta con la tomada por el Ayuntamiento de Santiago, cogobernado por dos formaciones en las que militó el propio Beiras. El BNG, del que fue fundador, al que llevó de uno a 18 diputados en la cámara gallega y con el que rompió en 2012 para crear Anova - Irmandade Nacionalista. Anova es una de las fuerzas presentes en la marea municipalista Compostela Aberta, socia de gobierno del Bloque, “la casa común del nacionalismo” a la que Beiras volvió a aproximarse en los últimos años, hasta el punto de respaldar a su portavoz nacional, Ana Pontón, en las elecciones autonómicas de 2024.

“Compostela pierde a una persona que no podía encarnar mejor ni representar mejor a nuestra ciudad”, aseguró Sanmartín a los medios, a los que recordó las “hondas raíces” compostelanas de Beiras, nacido y criado en la capital gallega aunque, desde hace décadas, vecino del municipio de Brión, a unos escasos 15 kilómetros. Recordó la colocación de un monolito y la plantación de un tejo en su honor, en junio de 2025 –un acto impulsado por la Asociación Galega de Escritoras e Escritores en Lingua Galega– y el reconocimiento como Filla Predilecta a la que fue su pareja, la pintora Aurichu Pereira, fallecida en 2023.

La regidora trasladará a la Comisión de Honores y Condecoraciones su petición para que se le conceda la Medalla de Ouro a una personalidad que definió como “profundamente humana y excepcionalmente brillante”. Espera que haya un acuerdo “unánime” antes de someter la propuesta al pleno municipal. En esa comparecencia, a Sanmartín le preguntaron si contemplaba declarar luto oficial en la ciudad, a lo que respondió que la medalla ya supone “el máximo reconocimiento oficial” que puede otorgar el Ayuntamiento.

La Xunta activa este martes la alerta naranja por lluvias en el interior de la provincia de A Coruña y en el centro y montaña de Lugo. Según Aemet, se pueden alcanzar los 30 mm en una hora desde esta tarde. En 74 ayuntamientos se han suspendido las actividades educativas y deportivas al aire libre. Mientras, las tormentas se dejan notar con fuerza, sobre todo en la provincia de Pontevedra. Unos 2.700 rayos han caído sobre Galicia hasta las 17:00 horas, un millar de ellos entre las doce del mediodía y la una de la tarde.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención a Emerxencias do 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros, tal y como recoge Europa Press.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja por lluvia se activa desde primeras horas de la tarde por precipitación acumulada que puede alcanzar los 30 mm en una hora.

Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

Santiago es uno de los municipios en alerta. Allí, la tormenta golpea con fuerza desde las 10 de la mañana. Aún así, los participantes en la acampada por la vivienda de la Praza do Obradoiro se muestran “optimistas” y recopilan carpas y palés para refugiarse. “Como buenos gallegos, no nos para la lluvia para nada, no nos va a frenar para seguir reivindicando”, ha subrayado uno de sus portavoces, Miguel García.

Afectados centros educativos de 74 ayuntamientos

Debido a este fenómeno meteorológico adverso, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de la actividad en el exterior, desde las 15,00 horas de este lunes hasta las 00,00 horas de este martes, en los centros educativos de las zonas del interior de A Coruña Coruña, centro y montaña de Lugo, que comprenden un total de 74 ayuntamientos.

Los ayuntamientos afectados por la suspensión de actividades escolares en el exterior son, en la zona del interior de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

En el centro de Lugo abarca los municipios de Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba y Xermade.

Suspensión de la actividad deportiva

Del mismo modo, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, según las previsiones de los órganos meteorológicos, ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el exterior, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados, en las zonas afectadas por la alerta meteorológica.

Los ayuntamientos afectados y los horarios de vigencia de la alerta se pueden consultar en la web 'Deporte Galego'.

Se aconseja consultar la página web del CIAE 112 (www.axega112.gal), que cuenta con información meteorológica y con enlaces de interés.

La empresa concesionaria del servicio de ayuda en el hogar de Santiago de Compostela ha pagado las nóminas de septiembre después de que las trabajadoras denunciasen públicamente que les había trasladado que no las iba a abonar, lo que provocó un reguero de reacciones y críticas por la situación que se vive en este servicio en la capital gallega. La concejala de Servicios Sociales, María Rozas, volvió a cargar contra la empresa por lo que considera una “actitud irresponsable e impresentable” por tratar de culpar al Ayuntamiento del impago.

Rozas señaló que sigue explorando todas las vías, incluida la judicial, contra la empresa adjudicataria, Siad 24 - Asistenzia, que pagó los salarios el jueves, según recoge Europa Press. La edila cargó contra la compañía por haber trasladado a las trabajadoras que no podría pagarles porque Raxoi tenía retrasos en el abono de las facturas, algo que es “rotundamente falso”.

En este sentido, subrayó que cobrar los salarios es un “derecho básico que tienen todas las trabajadoras”, y es una “obligación de las empresas pagarlos en tiempo y en forma”. Lamentó que la situación haya generado “una situación de preocupación enorme” entre las empleadas, “mayoritariamente mujeres y que no tienen una situación económica boyante”.

María Rozas asegura que el Ayuntamiento de Santiago está al “corriente” en el pago de facturas y que las ha abonado “en tiempo y forma” durante el contrato. Recalcó que la empresa pagó las facturas “un día después” de hacer esas afirmaciones falsas a las trabajadoras, por lo que “quedó acreditado” que lo que comunicó previamente era mentira. “No nos va a temblar el pulso para exigir el cumplimiento contractual”, añadió.

El Gobierno local ya inició un procedimiento sancionador contra la empresa por incumplimiento de obligaciones laborales. “En agosto salió una propuesta de sanción a la empresa por no estar cumpliendo con sus obligaciones laborales con las trabajadoras al no haber abonado la paga extraordinaria de junio en plazo”, explicó Rozas, que agregó que la semana pasada terminó el plazo que tenía la empresa para presentar alegaciones.

Sonidistas, maquilladores, responsables de continuidad, autores de foto fija, el cine no solo lo fabrican actores y actrices a las órdenes de directores y directoras. Sobre esa realidad se detienen las fotografías de Ecosistema dunha rodaxe, tercera exposición individual del fotógrafo compostelano Esteban Delaiglesia, instalada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel hasta el 1 de noviembre. “Es una reflexión sobre el trabajo humano en un momento en que la IA lo amenaza”, sostiene en la hoja de sala la comisaria de la muestra, Monse Cea.

Delaiglesia se dedica, desde hace seis años, a la foto de rodaje o foto fija. Fue el día a día de ese oficio lo que lo condujo a pensar sobre “la tramoya” de las películas. “Es un homenaje a la gente que trabaja en el mundo audiovisual”, explica, “pero sobre todo a esas personas ocultas que no salen en las películas”. Y que el fotógrafo retrata, sobre todo, a través de sus manos. De nuevo el trabajo. “Yo no quería la típica foto icónica de una serie”, añade. Podría haberlo hecho: el material reunido en la exposición lo capturó mientras rodaban ficciones televisivas como Punto Nemo, Operación Marea Negra, Entrevías o Fuerza de paz.

Ecosistema dunha rodaxe tiene dos partes. Una fotográfica, dedicada a los trabajadores de segunda línea del audiovisual -además de las manos, también se inspiró en prácticas surrealistas para fotografiar objetos personalizados del personal de los rodajes con los que él iba tropezando-, que consta de 51 piezas. En blanco y negro las dedicadas a los técnicos, en color las de los artistas. La otra, una proyección, “ya más icónica”, conformada por sus propias fotos de rodaje, “de corte preciosista y milimétricamente compuesto”, en palabras de Monse Cea.

Delaiglesia llegó al mundo de la fotografía relativamente tarde, o eso asegura él mismo. “Trabajaba en la web de El Correo Gallego, pero llegó la crisis y me puse a estudiar fotografía”, relata. Década y media más tarde, Ecosistema dunha rodaxe es su tercera muestra individual, pero “la más personal”. Las dos anteriores tenían, apunta, “una mirada más social”. Miradas que falan trataba sobre personas con diversidad funcional. Y Como me presento? documentaba los encuentros entre personas con TEA y celebridades del mundo de la cultura.

Las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar (el servizo de axuda no fogar, SAF) de Santiago de Compostela no cobraron la paga extra de junio y ahora acaban de conocer que no van a ingresar tampoco la nómina de septiembre. Así se lo trasladó el martes la empresa concesionaria, Siad 24 - Asistenzia Santiago, que es, en realidad, una unión temporal de empresas. “No estamos hablando de una cuestión puntual, estamos ante un problema que se repite y que está generando una situación de abandono absoluto de las trabajadoras y de deterioro de un servicio esencial para personas que necesitan una atención todos los días”, protesta UGT, sindicato al que pertenece la presidenta del comité de empresa, Esther Goris.

El sindicato atribuye el problema a un conflicto entre la empresa y el Ayuntamiento y avisa de que las víctimas están siendo las trabajadoras y las personas que reciben los servicios. Exige una solución inmediata: “El Ayuntamiento tiene que garantizar que un servicio esencial funcione y que quien lo presta, cobre por su trabajo”. Recuerda que los destinatarios son personas especialmente vulnerables.

Por su parte, el Ayuntamiento argumenta que no tiene responsabilidad en los impagos en el SAF porque “ha pagado siempre en tiempo y forma”. La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas (Compostela Aberta) considera “inaceptable” la actitud de la empresa, que dice que no la ha informado. Conoce la situación por las propias trabajadoras y por los medios de comunicación, según recoge Europa Press. La única factura que está pendiente de pago en la actualidad es la del mes de agosto, que se registró el 17 de septiembre, según Rozas, que señala que el Ayuntamiento ha hecho varios requerimientos a la empresa en los últimos meses para que acredite el pago de los salarios.

La concejala agregó que esos requerimientos se hicieron en parte verbalmente, pero también por canales oficiales. “Estamos aplicando las medidas que están a nuestro alcance, implementando sanciones tal como están recogidas en el pliego y tal y como nos demandaron las trabajadoras y los propios usuarios”, defendió. La posibilidad de recurrir a la vía judicial está abierta, según Rozas, que criticó que la empresa incurra en impagos de nóminas cuando “factura millones de euros”.

El contrato para prestar el servicio de ayuda en el hogar en Santiago está prorrogado. La adjudicación se hizo en 2024 por un plazo de dos años. El nuevo contrato está en licitación desde agosto.

También se ha pronunciado sobre la cuestión portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, que pide una respuesta inmediata por el impacto que tiene para las trabajadoras, sobre todo en un contexto de encarecimiento de la vivienda y los precios de los bienes de consumo: “Un gobierno que se define como social no puede permanecer impasible cuando 200 trabajadoras de un servicio público esencial no cobran”.

En pleno huracán provocado por el desahucio de Maricarmen y el mismo día en el que el Consejo de Ministros aprueba los dos decretos de vivienda, la Xunta de Galicia entrega en Santiago de Compostela 24 pisos de promoción pública a sus nuevos inquilinos. Quizá porque son los primeros que se inauguran en la capital gallega en 19 años, el gobierno gallego ha querido reservarse el protagonismo en solitario: no invitó al delegado del Gobierno y éste –candidato a la alcaldía de la ciudad– ha puesto el grito en el cielo, ya que más de un millón de euros de la promoción procedían de los fondos Next Generation. El ejecutivo de Alfonso Rueda considera que son fondos europeos, aunque los tramite el Ministerio, y por eso Pedro Blanco no se merecía un lugar en la foto. Tampoco lo tuvo la regidora de la ciudad, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Fuentes municipales citadas por Europa Press han confirmado que Sanmartín no recibió convite, al tiempo que declinaban profundizar más en el asunto. Sin embargo, el delegado y candidato socialista, Pedro Blanco, ha enviado un comunicado en el que carga con dureza contra la Xunta. A su entender, llueve sobre mojado.

“Lamentamos una vez más la falta de respeto institucional por parte de la Xunta, al presentar unas viviendas en Santiago que cuentan con financiación del Gobierno, sin invitar al Gobierno”, ha reprochado, consciente de que “lo importante es construir vivienda y facilitar su acceso a las familias que lo necesitan”, pero también, ha agregado, “trasladar a la sociedad un mensaje de que las administraciones colaboran en la solución de este problema”, para lo que “la actitud de la Xunta no es mejor”.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, trataba de despejar balones fuera. Para ella, este martes no era “un día para disputas políticas”, sino para celebrar que 24 familias tendrán acceso a estos inmuebles. “Eso es lo importante”.

Acto seguido, reivindicó –“no hay ninguna duda”– que la Xunta “siempre mantuvo la lealtad” y el decoro “institucional” al invitar a representantes de otras administraciones para que sean “partícipes” de sus actos. Sin embargo, en el caso concreto de estas viviendas, en el barrio de Lamas de Abade, replicó que “no hay ninguna aportación económica” por parte del Ejecutivo estatal.

La conselleira consideró “rotundamente falso” lo asegurado por Blanco ya que “la financiación es exclusivamente de la Xunta y tiene fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de Europa, no del Gobierno central”, a pesar de que éste es quien los gestiona. El lío está servido.

Martínez Allegue explicó por qué también dejó fuera de la entrega al gobierno local. “No ha participado en esta promoción, por eso no fueron invitados”. Sin embargo, cuando se entregue otra promoción en marcha, en una parcela cedida por el ayuntamiento, “por supuesto, se invitará” a la alcaldesa. La actual fue traspasada a la Xunta a traves de una permuta cuando era alcalde el socialista Sánchez Bugallo.

“El presidente invitó a los portavoces de la oposición”.

Para el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo –de facto, el número dos del ejecutivo– la entrega de llaves es un acto de la Xunta en el que “quien tiene que estar” es el presidente Alfonso Rueda y no ha olvidado que en ocasiones son otras administraciones las que organizan eventos en los que “no cuentan” con representantes del Ejecutivo gallego.

Calvo echó un poco de sal a la herida y recordó que, en la sesión de control del pasado miércoles, cuando anunció la entrega de los pisos en una respuesta a la líder del BNG, Ana Pontón, Rueda “invitó a los portavoces de los grupos” a acudir al acto. “Supongo que no irán, pero si van, serán bienvenidos”, ha zanjado.

“El Gobierno financia con más de un millón de euros”

Nada de esto ha convencido al delegado del Gobierno, quien ha insistido en que el Ejecutivo estatal “financia con más de un millón de euros este grupo de viviendas en Lamas de Abade, a través del Plan de Recuperación”. Por ello, ve “lógico” que esté presente en este acto y “que tenga la oportunidad de manifestar el compromiso del Gobierno con la vivienda en Galicia, que se traduce en una inversión global durante los últimos años que supera los 500 millones de euros”.

Con todo, se ha quejado de que la Xunta no invite al Gobierno a este acto con el fin, entiende, “de presumir de un proyecto conjunto” que “demuestra que es posible colaborar entre administraciones, enviando a la sociedad un mensaje erróneo y poco esperanzador”.

Así, ha expresado su “malestar”, antes de remarcar que confía en que el presidente de la Xunta “reconduzca su actitud”, toda vez que, concluye, “resulta necesario trasladar a la ciudadanía un mensaje de colaboración institucional y trabajo conjunto de las administraciones para resolver el problema de la vivienda”.

24 viviendas... en 20 años

Al margen de ese cruce de declaraciones, la teniente de alcaldesa en Santiago, María Rozas –de Compostela Aberta, marea municipalista que gobierna con el BNG–, que este martes comparecía ante los medios, prefirió centrarse en el objeto de la disputa: los pisos. “Estos días escuchábamos a la Xunta presumir en cierta forma de esas 24 viviendas. Son 24 viviendas en 20 años, una vivienda por año creo que es claramente insuficiente en la situación de emergencia social que estamos viviendo”, concluyó.

Diferentes colectivos sociales han convocado concentraciones de urgencia este lunes en varias ciudades de Galicia por el derecho a la vivienda, después de que este fin de semana decenas de personas acampasen en la Puerta del Sol de Madrid: “Ni una Maricarmen más”.

De esta manera, según informa Europa Press, Alianza pola Vivenda Vigo, integrada por diversos colectivos como el Sindicato de Inquilinas, el Foro Socioeducativo As Ninguéns o Amnistía Internacional, entre muchos otros, ha convocado esta tarde en la ciudad olívica una protesta.

En concreto, será a partir de las 19.30 horas en la Puerta del Sol con el objetivo de “conquistar el derecho a la vivienda”. “Ocupemos las plazas por las compañeras de Madrid y todas las Maricarmen del Estado”, reivindican en el cartel.

También en Santiago, el sindicato Vivenda Compostela ha solicitado a la ciudadanía que se una a la concentración de este lunes a las 20.00 horas en la Alameda.

“Este lunes volvemos a la calle por Maricarmen, por las desahuciadas y por las compañeras de los sindicatos y asociaciones y colectivos que desde hace días se movilizan en toda la península”, han subrayado en redes sociales.

Así, piden a los vecinos que lleven su comida para cenar todos juntos en la Alameda y gritar contra los rentistas y los multipropietarios que viven de los alquileres. “Nosotros tenemos las llaves de la ciudad”, insisten.

En A Coruña, la protesta se llevó a cabo este pasado domingo, cuando decenas de personas se concentraron en el Obelisco para exigir medidas ante la situación actual de la vivienda.

La paradoja está servida. De las 317 zonas de mercado residencial tensionado declaradas en todo el Estado, sólo dos están en una comunidad gobernada por el PP. Son las ciudades de A Coruña y Santiago, en Galicia. La Xunta las aprobó a regañadientes, cumpliendo una Ley de Vivienda que, al igual que otras autonomías populares, recurrió sin éxito ante el Constitucional y poniendo —según los afectados— numerosas trabas a ambos procesos. Ahora, mientras los candidatos conservadores a esas alcaldías atacan los efectos de la medida, sobre todo sobre el alquiler, al gobierno gallego le acaba de caer una sustanciosa pedrea: 5,1 millones de euros de los 90 que el Ministerio destina a los territorios que han implantado el tope de precios. Las regidoras de Coruña y Compostela quieren gestionar ese dinero, pero Alfonso Rueda les ha dicho que no y que será él quien decida en qué se invierten en cada urbe. La tensión en la zona está servida.

A finales de mayo de 2025, A Coruña (251.000 habitantes, 38 km²) se convertía en la primera ciudad gallega en recibir la luz verde para convertirse en zona tensionada. La Xunta, sin muchas ganas, dijo hacerlo “en cumplimiento de la ley”. Y así era: la urbe herculina cumplía los dos requisitos exigidos: que el coste de la hipoteca o alquiler y los gastos derivados de la vivienda superasen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de esa compra o ese alquiler experimentase, en los últimos cinco años, un crecimiento de tres puntos por encima del IPC. La declaración se consumó dos meses después, en julio. En la nota informativa sobre su decisión, la Consellería de Vivenda no ahorraba críticas a la medida: “no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda” porque los “agravó” en los lugares donde se había implantado.

A Santiago (100.000 habitantes, 220 km²), que había iniciado el proceso antes, le costó casi un año más finalizarlo. Tuvo incluso que volver a la casilla de salida después de que los técnicos de la administración autonómica tumbasen su primera propuesta. El anuncio del visto bueno de la Xunta da pistas de cómo fue todo: primero, el portavoz local del PP, Borja Verea, lo dio a entender; después, la prensa lo publicó y sólo entonces, la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG) recibió un telefonazo de la conselleira, María Martínez Allegue. “Agradezco su llamada pero, como la decisión, llega tarde”, declaró después.

Desde entonces, los populares no han dejado de lanzar dardos sobre las consecuencias de la zona tensionada. Lo han hecho Verea y su homólogo coruñés, Miguel Lorenzo —que aspira a arrebatar en mayo el bastón de mando a la socialista Inés Rey—, pero también el gobierno autonómico. Ya a finales de 2024, Rueda tiraba de argumentario en una sesión de control en el Parlamento para asegurar que “la gente tiene miedo de alquilar sus pisos” por culpa de la Ley de Vivienda. Este miércoles, ha querido refrendarlo con los datos de la caída en el número de contratos de alquiler en A Coruña, un 52% de julio a julio –de 734 a 349–, y ha vaticinado que en Santiago pasará lo mismo. La líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, le achacó que no hablase de otras ciudades: “¿Por qué en Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo también ha bajado la oferta si no hay zonas tensionadas? ¿Será porque la gente está en tan mala situación que no quiere cambiar de piso porque cada vez que lo hace el contrato es más alto...?”.

Lo que Rueda no mencionó fueron los otros efectos de la zona tensionada en A Coruña, los que sí está teniendo sobre el precio. En 2025, el coste de los alquileres se incrementó un 2,6%, frente a la subida del 16,29% en 2024 y del 13,65% en 2023. Según el Observatorio Galego da Vivenda, en junio de 2025 –justo antes de la declaración–, el precio medio de los arrendamientos en la ciudad era de 771 euros; en febrero había caído por debajo de los 704. El diario La Opinión, citando también al Observatorio, publicó que en junio habían vuelto a remontar parcialmente y rondaban los 735 euros.

Repartir los fondos más allá de A Coruña y Santiago

Con estas posiciones enconadas, estaba claro que, en Galicia, la decisión del Ministerio de Vivienda de entregar las subvenciones a las comunidades autónomas y no a las ciudades, iba a suponer una declaración de guerra. Una situación que no se daba en el resto de comunidades donde se está aplicando la ley estatal: Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias, gobernadas o cogobernadas por el PSOE y en las que, en conjunto, suman 315 ayuntamientos con zonas tensionadas frente a los dos gallegos.

“Si la Xunta renunció a hacer directamente sus trabajos, sus estudios y sus planes de medidas y dijo que lo hiciesen los ayuntamientos porque ellos no estaban de acuerdo, parece que lo lógico es que se gestionen esos recursos desde el Ayuntamiento”, reaccionó Sanmartín al anuncio de la ministra Isabel Rodríguez. La conselleira no tardó en darle réplica: “En caso de recibirlos, los fondos serán gestionados por la Xunta de forma correcta”. Y eso, añadió, quería decir que no tendrían que destinarse solamente a las ciudades que obtuvieron la declaración de zona tensionada.

Rueda salió a corregirla, pero el daño ya estaba hecho. Esa quiebra del espíritu del decreto no sólo hizo poner el grito en el cielo a la regidora compostelana, que amenazó con acciones legales. También provocó una carta de la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, a su homólogo gallego: “Conviene aclarar que la cuantía prevista para Galicia, por importe máximo de 5.112.304 euros, no constituye una transferencia genérica para la política autonómica de vivienda”. “La subvención se prevé a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero está específicamente vinculada a las zonas de mercado residencial tensionado declaradas en A Coruña y Santiago de Compostela”, plasmaba negro sobre blanco.

Una vez fijado el ámbito, llega el choque por el uso. El presidente gallego, que insiste en el “fracaso” de ambas ciudades, quiere utilizar los fondos para su propio plan, ese que ha erigido en bandera desde que se convirtió en un ferviente creyente en la vivienda pública. Sucedió en la primavera de 2023, durante su presidencia interina tras la marcha de Feijóo a liderar el PP estatal. Fue entonces cuando Rueda anunció un plan para poner en el mercado 2.000 pisos de alquiler social, una cifra que después duplicaría y que ahora triplica en el horizonte de 2030. En aquel momento llevaba catorce años en el gobierno autonómico, la práctica totalidad como vicepresidente, un período en el que la promoción de vivienda pública fue casi inexistente.

Aunque las cifras oficiales hablan de unos 2.500 pisos –nuevos o rehabilitados– entregados por la Xunta desde 2009, la realidad es que la gran mayoría se pusieron en el mercado en los primeros años de mandato, es decir, cuando finalizaron las promociones impulsadas por el gobierno bipartito (2005-2009). A partir de ahí, las cifras decaen hasta casi desaparecer: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en ese 2023 en el que Rueda cayó del caballo inmobiliario. Preguntado por ese brusco cambio, afirmó que, hasta ese momento, no habían detectado que existiese esa necesidad. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizaba este miércoles Pontón antes de recordarle que, de las 1.800 viviendas comprometidas para este 2026, se han entregado 98. Aún así, cada lunes, en su comparecencia tras la reunión del gobierno gallego, el presidente anuncia alguna nueva licitación.

Mientras, las alcaldesas han solicitado al Ministerio que el real decreto deje claro, de forma “rigurosa”, cómo se transferirán los fondos a las comunidades y que controle su entrega “inmediata” a los ayuntamientos. Sanmartín y Rey se reunieron en Santiago el pasado viernes para fijar un frente común. “El papel de la Xunta es facilísimo. Es muchísimo más fácil que ejercer las competencias de vivienda. El papel de la Xunta consiste en recibir los fondos y, al día siguiente, transferir el porcentaje a los ayuntamientos que se establezca en el Real Decreto”, resumía la regidora herculina. Como su colega, defendió “los frutos” de las zonas tensionadas. Y eso que, según sus palabras “son muchos menos de los que nos gustaría por el boicot permanente de la Xunta”.

La estampa presentaba tintes berlanguianos. Una docena de representantes de Vox atravesaba, a ritmo de procesión, un pasillo policial. Seguían al eurodiputado Jorge Buxadé, quien cantaba a través de un megáfono envuelto en una bandera rojigualda: “Lololololololoooo, que vivaaa Españaaaa!”. Aunque trataban de dotarla de épica, era una retirada en toda regla. Una hora y cuarto después de la hora prevista para su inicio, los ultras tiraban la toalla y renunciaban a celebrar su acto en el Centro Sociocultural del barrio de Santa Marta, en Santiago de Compostela, donde horas antes se había encerrado medio centenar de antifascistas. Al otro lado de las barreras de antidisturbios –que acabaron cargando contra la multitud–, un millar de personas abucheaba a los representantes de la formación de extrema derecha. Las protestas se impusieron a los esfuerzos de Buxadé que, sin dejar de andar, insistía, ya sólo para los suyos: “Yo soy español, español, español...”.

Así finalizaba en la tarde de este lunes lo que pretendía ser el pistoletazo de salida al curso político de Vox en Galicia, la única comunidad en la que los de Abascal siguen sin tener un solo cargo público. En las elecciones municipales de 2023 consiguieron una única concejala en el municipio ourensano de Avión (1.700 habitantes), pero esa pica en Flandes les duró muy poco: dos años después, la edila dejaba el partido y se convertía en no adscrita.

Vox quiere romper un maleficio del que Buxadé culpaba horas antes, en una entrevista en El Correo Gallego, al “férreo control del PP en esta región desde hace décadas”. Pero no fueron quienes los acogen como socios preferentes los que les dieron con la puerta en las narices en Santa Marta, sino un veintena de colectivos antifascistas. “Orgullo inmenso de la actitud de firmeza democrática e antifascista de la juventud gallega, que ayer en Santiago de Compostela dio ejemplo confrontando a los traficantes de odio”, escribía este martes el diputado del BNG, Néstor Rego.

Desde la otra orilla, la primera en defender a Vox fue la número dos de los populares gallegos, Paula Prado. “Lo que sucedió hoy en Santiago es un sabotaje a la libertad de expresión. Independientemente de las ideas, desde el PPdeG defenderemos siempre la democracia. Mientras, el BNG sigue mostrando su cara más radical y también la más verdadera”.

En un solo post, Prado echaba un capote a su aliado natural al tiempo que atacaba a su bestia negra: el nacionalismo, encarnado en la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a la que tanto ella como Buxadé culparon de lo sucedido, ya que el local de Santa Marta es municipal. “Esto es el fin de la democracia en Galicia, el fin de la democracia en España”, aseguró el ultra a los medios presentes mientras trataba de acercarse al centro sociocultural.

Fuentes del ejecutivo local de Compostela aseguran a elDiario.es que cedieron el Centro Sociocultural porque recibieron la solicitud de “una organización que es legal y, por tanto, según las normas, tiene derecho a usarlo”. “El gobierno municipal respeta la democracia y también a quien se manifiesta”, añadieron. “Quien no la respeta es Vox, con un acto que tenía intención de crispar y generar odio en un contexto complicado”.

A la llegada de Buxadé, además de los militantes que se habian encerrado dentro, cientos de personas bloqueaban la entrada del recinto entonando lemas como “Galiza ceibe, poder popular”, “aquí non pasa Vox”, “aquí están as antifacistas” o “ningunha persoa é ilegal”. Ante la retirada de los representantes de Vox –entre los que también estaba la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz y los presidentes provinciales del partido–, esos lemas cambiaron a “Ganamos nosotros” o “el pueblo unido, jamás será vencido”. En el momento en el que la concentración se dispersaba, se produjo una carga policial que dejó a algunos manifestantes heridos.

Prólogo: Cangas

El constante rechazo que Vox recibe en Galicia no es una novedad y, esta vez, tuvo un adelanto apenas unas horas antes, en Cangas. “No se les ocurrió otro sitio a donde ir”, ironizaban los internautas cuando se conoció la respuesta que recibió la carpa de los ultras en el reivindicativo municipio de O Morrazo (26.700 habitantes), al otro lado de la ría de Vigo y que, al igual que Santiago, está gobernado por una alcaldesa nacionalista.

“O Morrazo é antifascista”. Medio centenar de vecinos rodearon de forma pacífica al puñado de militantes de extrema derecha que levantaron este sábado un punto informativo al lado de la plaza de abastos de la localidad. Los manifestantes extendieron frente al toldo, sobre el suelo, una bandera palestina y una estreleira (la enseña gallega con la estrella roja). Como Buxadé con el megáfono, insistian en las redes sociales: “España también es Cangas”.

Todavía quedan unas semanas para disfrutar de noches agradables antes de que llegue el frío, por lo que es un buen momento para cambiar el horario de las visitas turísticas. Ver un monumento cuando ya ha anochecido permite descubrirlo de una manera diferente, con otra iluminación, menos ruido y, en algunos casos, grupos más reducidos. Además, en ciudades donde el calor aprieta durante el día, visitar sus principales atractivos a última hora puede ser una buena forma de aprovechar el tiempo huyendo de las altas temperaturas.

Las visitas nocturnas tienen además otro punto a favor, porque no todas consisten simplemente en entrar al monumento cuando ha caído el sol. Algunas incorporan iluminación especial, música, proyecciones o incluso representaciones teatrales, mientras que otras permiten subir a torres y terrazas para contemplar la ciudad iluminada. Son propuestas distintas que aprovechan la noche para diferenciarse un poco más de “lo de siempre”.

La Alhambra, el Real Alcázar de Sevilla, la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Museo del Prado, la Catedral de Salamanca y la Catedral de Santiago ofrecen distintas opciones para conocer sus espacios cuando ya ha anochecido y, como verás, cada monumento lo hace a su manera.

La Alhambra de noche

Los Palacios Nazaríes son uno de los grandes atractivos de la Alhambra y también se pueden visitar cuando ya ha anochecido. La visita nocturna permite recorrer espacios como el Mexuar, el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones bajo unas condiciones especiales de iluminación, diferentes a las de la visita diurna.

Durante estas semanas, la visita se realiza de martes a sábado, de 22.00 a 23.30 horas, y el recorrido incluye también el Pabellón de Acceso, el Palacio de Carlos V, el corredor de Lindaraja y la Puerta de la Justicia. Hay que tener en cuenta que este horario se mantiene hasta el 14 de octubre. A partir del 15 de octubre cambia la programación y pasa a realizarse los viernes y sábados, de 20.00 a 21.30 horas.

Quien prefiera centrarse en los jardines también tiene una visita nocturna específica al Generalife, que permite conocer este espacio iluminado en el mismo horario.

Una noche de teatro en el Real Alcázar de Sevilla

El Real Alcázar propone algo bastante diferente. Sus visitas nocturnas teatralizadas convierten el recorrido por el palacio y los jardines en una representación en la que los visitantes se trasladan al siglo XVI, concretamente a la época de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Alcázar en 1526. La experiencia dura unos 75 minutos y recorre la zona palatina y los jardines renacentistas.

La propuesta combina el recorrido por el monumento con teatro, música antigua, canciones, danza e iluminación específica. Los personajes históricos vinculados a aquella jornada aparecen durante la visita y sirven para acercarse a algunas de las historias relacionadas con este espacio de una manera totalmente distinta a la de una visita convencional.

La Mezquita-Catedral de Córdoba, con luz y sonido

En Córdoba, la propuesta nocturna recibe el nombre de El Alma de Córdoba y utiliza luz, sonido, imagen y proyecciones para recorrer la historia de la Mezquita-Catedral desde una perspectiva histórica, artística y religiosa. La experiencia comienza en el Patio de los Naranjos, donde una proyección audiovisual repasa la historia del edificio y de la ciudad, antes de entrar en el templo para continuar el recorrido por sus principales espacios.

La visita dura aproximadamente una hora y los grupos tienen un máximo de 100 personas. Además, las explicaciones se ofrecen mediante auriculares en nueve idiomas. Se lleva a cabo durante todo el año aunque los horarios van cambiando según la época. En septiembre los pases son a las 21.30 y a las 23.00 horas, en octubre a las 21.00 y 22.30 horas, y en noviembre a las 20.00 y 21.30 horas. 

El Prado también abre por la noche

La propuesta del Museo del Prado es distinta a las anteriores. No se trata de una visita nocturna específica, sino de una apertura extraordinaria que permite entrar gratuitamente al museo el primer sábado de cada mes, entre las 20.30 y las 23.30 horas. El acceso se realiza por la Puerta de Jerónimos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Durante estas aperturas, el Prado ofrece distintos espacios expositivos dentro de un programa que también incluye iniciativas musicales y experiencias multimedia. Radio 3 participa además con un programa especial emitido en directo desde el vestíbulo de Jerónimos.

Salamanca desde las torres de la Catedral

Si lo que buscamos es terminar la visita con buenas vistas, Salamanca tiene una propuesta especialmente pensada para la noche. Ieronimus, la visita a las torres de la Catedral, permite recorrer distintas estancias del conjunto y subir hasta el cuerpo de campanas para contemplar la ciudad iluminada.

Esta visita se conoce como Mientras la Catedral Duerme, dura aproximadamente una hora y media e incluye espacios como la Sala del Reloj y la del Cuerpo de Campanas, además de las terrazas de la torre Mocha y la terraza norte. En la parte más alta, situada a 92 metros, se puede contemplar Salamanca en las cuatro direcciones. Además hay ambientación de luz y sonido. Las visitas se realizan los viernes y sábados con pases a las 20.00, 20.30 y 22.00 horas. 

La Catedral de Santiago después del anochecer

La Catedral de Santiago también permite recorrer su interior de noche mediante una visita guiada de aproximadamente 90 minutos. El itinerario comienza en la Cripta del Pórtico de la Gloria y pasa por algunos de los espacios más importantes de la basílica, como el propio Pórtico de la Gloria y su tribuna, la capilla Mayor y las naves laterales, además de distintas áreas del Museo.

La visita se realiza con una iluminación adaptada a la ocasión y permite conocer el templo sin las aglomeraciones que suelen producirse durante las horas de culto o de apertura general. Los pases habituales son de martes a domingo, a las 22.30, 22.45 y 23.00 horas.

La entrada incluye además el acceso a otros espacios, como la Colección Permanente del Museo Catedral, el Palacio de Gelmírez, la propia Cripta del Pórtico de la Gloria y la Colegiata de Sar, que pueden visitarse a continuación. A tener en cuenta: las entradas solo pueden reservarse con un máximo de 15 días de antelación.

Retrasos en pruebas diagnósticas de un año y medio y, en las situaciones más “escandalosas”, superior a los 24 meses, sin que los afectados conozcan los motivos. Son los casos extremos que denuncia la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Compostela) derivados de una práctica que, “con carácter general”, según afirman, lleva a cabo el Servicio de Radiodiagnóstico: alterar las prioridades marcadas por los médicos sin informarlos, ni a ellos ni a quienes esperan la prueba. La gerencia del CHUS defiende que los especialistas tienen “la formación y las competencias” para tomar ese tipo de decisiones y que, cuando lo hacen, es basado en “evidencias clínicas”. Los pacientes, sin embargo, creen que la escasez de medios, tanto humanos como materiales, es lo que ha provocado que haya más de 20.000 pacientes esperando una de esas consultas. Son casi tres veces más que antes de la pandemia.

“Llevamos muchos años denunciando esta forma de organizar el servicio”, cuenta a elDiario.es el presidente de la Asociación de Pacientes, Fernando Abraldes, una queja que ahora resuena al hilo de lo sucedido en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, según desveló El País, 57 personas vieron cómo su prioridad pasaba de nivel 2 a 3, con lo que el plazo para poder operarlas crecía de 90 a 180 días. En este caso, según el médico denunciante, se hacía para maquillar la lista de espera quirúrgica. En el de Santiago, la gerencia asegura que se hace con “criterios clínicos” y “siguiendo el protocolo”.

Abraldes lo ve de forma muy diferente. Considera que esta “reclasificación sistemática” permite a Radiología actuar como “muro de contención” de una multitud de pruebas diagnósticas que carecen de “capacidad” para afrontar. Respalda sus afirmaciones con números. El 31 de diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, la lista de espera para este tipo de consultas en el área sanitaria de Santiago y Barbanza —450.000 personas, la tercera de Galicia tras Vigo y A Coruña— era de 8.720 personas, de las que 568 aguardaban ya más de seis meses. Los datos actualizados de los que dispone la Asociación elevan esa cifra a 20.789 pacientes; 5.011 llevan inscritos en ella más de medio año.

“Esos son los datos oficiales, así que conviene ponerlos entre paréntesis”. Al igual que la oposición política o los sindicatos, la asociación tampoco se cree que el balance de la Xunta refleje una realidad que, como denunciaba el PSdeG esta misma semana, “es todavía peor”. Abraldes lo demuestra con un ejemplo: en la última publicación de la situación del hospital compostelano, no existía ningún caso que superase los 12 meses de demora; sin embargo, en su entidad sí los conocían. “Desaparecieron de las listas”.

Prioridades “orientativas”

“Los especialistas en radiodiagnóstico también son médicos, profesionales capacitados y competentes para dos cosas: la indicación y la priorización de la prueba”. Así lo afirma Jorge Aboal, director de Procesos de Soporte del área sanitaria de Santiago y Barbanza. En una entrevista en la Cadena SER —el medio que adelantó la denuncia—, Aboal lo explicaba con un ejemplo: “A lo mejor en casos en que el clínico solicita un TAC o una resonancia, el experto en el diagnóstico por imagen considera que, para ese caso concreto, con las guías clínicas actualizadas por evidencia científica, en vez de un TAC es una resonancia o en vez de una resonancia es una ecografía”. Lo mismo sucede con una prioridad que, para él, “es orientativa”, ya que una vez conocido cada caso, los radiólogos cambian “lo que ellos consideran, dentro de su conocimiento y formación, que tiene que modificarse”; una decisión “muy variable, como la práctica clínica”.

Para Abraldes, lo más grave de todo ello es que se haga sin informar al médico que marcó la prioridad de la prueba ni, especialmente, al propio paciente. Según subraya, ese comportamiento incumple la Lei de Saúde de Galicia. “Esa ley recoge el derecho del paciente a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible”. Un derecho que le están hurtando ya que el radiólogo no contacta con el prescriptor y éste no puede trasladar lo sucedido al afectado que, en la mayoría de las ocasiones, sólo descubre lo que ha pasado al preguntar por el retraso en su cita. Otros lo comprobaron al llegar a la fecha de la siguiente consulta sin que la prueba se hubiese realizado “y, mucho menos, informado”.

Aboal negó que esta forma de actuar —“la de la inmensa mayoría de servicios de radiodiagnóstico en el sistema nacional de salud y fuera de él”— se aplique “de forma arbitraria” ni tampoco “supeditada a los recursos existentes, ni muchísimo menos”, sino basándose “en las guías que se van actualizando a nivel mundial basadas en la evidencia clínica”. El director de Procesos también trató de contextualizar la lista de espera para las pruebas, respondiendo a las 20.000 personas que aguardan con otra “cifra de referencia”, la de la “actividad normal” en el área sanitaria: unos 9.500 diagnósticos con imagen a la semana.

Abraldes deposita parte de la responsabilidad de la situación en el Servicio de Admisión del CHUS ya que, según la normativa, las consultas externas deben fijarse “en función de la carga de trabajo”. Por eso, “por un principio de confianza mutua entre médico y paciente”, da por hecho que si el facultativo marca una prioridad para una prueba es porque nadie desde Admisión le ha advertido de que es imposible realizarla en ese plazo. El presidente de la Asociación de Pacientes cree que la forma de actuar de Radiología no responde “a criterios éticos ni profesionales” y asegura que así se lo ha trasladado en más de una ocasión al propio jefe del Servicio. “Discrepamos, él tiene su punto de vista, pero al final es a nosotros a quien nos toca pagar el pato”.

La respuesta del jefe de Servicio

Tras la publicación de la noticia, el jefe de Servicio de Radiologia, Roberto García, se puso en contacto con elDiario.es para trasladar los argumentos que, según confirmaron ambos, ya había intercambiado con Abraldes. No negó las demoras en la atención pero admitió sentirse “ofendido profesionalmente” por las acusaciones del presidente de la Asociación: “Nunca he participado en ninguna operación de encubrimiento ni de maquillaje de las listas de espera”. Con un punto de ironía, añadía que, vistas las cifras, si esa fuese la intención, “no está saliendo bien”.

García habla de cambios puntuales y no sistemáticos en los plazos de atención. Asegura que hay profesionales que asignan por norma preferencia a todos sus pacientes y que es al radiólogo al que le toca fijar la prioridad real. “Se le cambia a quien indica preferente a lo que no es –que los hay– y se le da –sin pedirla– a lo que es serio”, y lo explica con un ejemplo: “No podemos hacer antes una dudosa hernia inguinal que un posible cáncer solo porque el primero ponga preferente. Y esto pasa”. Sí admite que no tiene posibilidad de informar a los pacientes cuando se producen estos cambios.

El jefe de Servicio reconoce falta de medios para atender la demanda: “Tengo muchas máquinas pero pocos profesionales, porque no los hay”, una situación que le lleva, incluso, a suspender turnos. “Ojalá pudiese culpar a la gerencia del hospital, pero no sería cierto: es necesario distinguir entre querer contratar y poder hacerlo”. 

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El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha pedido por escrito a Augas de Galicia “información y valoración técnica” sobre la evolución del vertido de purín de Tordoia (A Coruña), la previsión de llegada al Tambre, y las medidas adoptadas y de monitorización, y la coordinación operativa. Así lo ha trasladado el Ayuntamiento de Santiago tras reunirse a última hora de la tarde de este miércoles el comité de coordinación activado.

Según explica el gobierno que dirige Goretti Sanmartín, se valoró la evolución de un vertido que, según los datos del servicio de Santiago, está teniendo “un avance lento”. En todo caso, el Ayuntamiento informa de que se hicieron previsiones para un eventual corte de suministro y también para la protección de la red municipal contra la contaminación y la pérdida de presión.

La conselleira pide tranquilidad

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climántico, Ángeles Vázquez, ha lanzado este miércoles “un mensaje de total tranquilidad” en relación con el vertido de purín originado en una explotación ganadera de Santaia, en Tordoia (A Coruña), tanto sobre la potabilidad del agua de consumo humano como ante el “temor” de que las augas negras puedan llegar al Tambre, donde captan agua Ames y Santiago. Vázquez se desplazó esta tarde para supervisar los trabajos de vigilancia, contención y limpieza en el entorno fluvial afectado por el vertido. Lo ha hecho acompañada del alcalde, Antonio Pereiro, y de personal de Augas de Galicia, que trabaja, ha destacado, en colaboración con los vecinos.

Sobre “los temores” de que el vertido pueda “llegar a poblaciones como en el caso de Santiago” -incluso se apuntó al viernes-, agregó: “Estamos aún a unos 20 kilómetros y el recorrido que lleva desde la noche del lunes es de 3 kilómetros aproximadamente”. Con todo, Augas de Galicia ha ratificado que garantiza la colaboración y apoyo técnico si fuese necesario adoptar medidas para garantizar la seguridad del abastecimiento, como la interrupción de la captación y la utilización de los recursos de reserva disponibles, que, en todo caso, esgrime la Xunta, “es una competencia municipal”.

CCOO ha denunciado la presencia de cucarachas en la cocina del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, el principal centro hospitalario de la capital gallega, que aseguran que ha llevado a que uno de estos insectos apareciese la semana pasada en la comida de un paciente.

La sección comarcal de CCOO - Sanidade en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza asegura que la presencia de cucarachas “se intensificó” durante el mes de agosto y “culminó el pasado 4 de septiembre con la aparición de una en la comida de un paciente”. Tras este episodio, exige “medidas inmediatas y efectivas” para erradicar la plaga y “garantizar la seguridad alimentaria”, además de explicaciones sobre el programa de control y vigilancia aplicado en el área sanitaria.

El sindicato carga contra lo que califica de “abandono” del servicio de cocina hospitalaria en el Clínico de Santiago, que asegura que necesita, desde hace años, ampliaciones y mejoras. La jefatura de cocina, añade CCOO, está sin cubrir desde hace siete meses.

Fuentes del área sanitaria piden disculpas por lo ocurrido, que califica de “hecho aislado y excepcional” y asegura que así se le trasladó al afectado. Sostienen que ya hay “un calendario estricto de control de plagas”, pero que se han dado “indicaciones claras para analizar las circunstancias concretas e intensificar la desinfección”. Este fin de semana, añaden, “se tomaron medidas adicionales”.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 5,1 millones de euros para las zonas tensionadas declaradas en las ciudades gallegas de A Coruña y Santiago de Compostela.

Forma parte del paquete de 90 millones de euros a las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que puedan incrementar la oferta de vivienda asequible. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tal y como recoge Europa Press.

Tras conocerse estas ayudas, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha valorado que se trata de “un paso más con nuevas medidas” para aumentar la oferta de la vivienda gracias al Estado mediante alquileres con “precios asequibles” en estas ciudades.

En un audio remitido a los medios, Blanco destaca que “este Gobierno actúa con recursos y con medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda en Galicia”.

Subvenciones directas

En concreto, las subvenciones directas serán para facilitar el acceso a la vivienda en 317 municipios de Catalunya (59,7 millones), Euskadi (15,5 millones), Navarra (6,6 millones), Galicia (5,1 millones) y Asturias (2,9 millones).

Desde este miércoles, el borrador del real decreto por el que se regulan estas subvenciones queda sometido al trámite de audiencia e información pública en la página web del Ministerio, antes de su posterior aprobación por el Consejo de Ministros.

La ministra, que ha realizado una visita a la localidad navarra de Lekunberri para conocer 34 viviendas que la entidad estatal Casa 47 va a poner a disposición de la ciudadanía a un precio de alquiler asequible, ha explicado que estos 90 millones de euros “van a servir para promover más vivienda pública, para construir más vivienda pública, para rehabilitar vivienda existente y dedicarla al alquiler asequible, para adquirir suelos de los ayuntamientos o de particulares y poder construir sobre esos suelos, o para desarrollar y urbanizar suelos”.

Rodríguez también ha explicado que las Administraciones podrán destinar este dinero a comprar vivienda. “Nosotros estamos en estos momentos, a través de Casa 47 en una opción de compra de vivienda privada para poner a disposición de la gente en alquiler asequible. Esto también entra dentro de este programa. Es decir, se trata de comprar vivienda para la gente, no de comprarse los áticos para las presidentas”, ha indicado.

La ministra ha señalado que “todos los ciudadanos que quieren que les congelen el precio del alquiler tienen que saber que si no se les congela es porque 'la del Ático' –en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid– no quiere congelar, y es porque el andaluz Moreno Bonilla no quiere congelar, o es porque Azcón –presidente de Aragón– no quiere congelar”.

La Odisea, la célebre obra en la que Homero narra el tortuoso viaje de regreso de Odiseo tras la guerra de Troya, se puede leer. También se puede ver en los cines, con filmes como el dirigido por Christopher Nolan, que además se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia. O se puede observar sobre obras de mármol, como es el caso de la llamada Columna de Ulises de la Catedral de Santiago. Aunque en esta última se haga una reinterpretación cristiana del viaje.

Así lo apunta una nueva investigación liderada por el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) e investigador del Centro Interuniversitario de Investigación de Paisajes Culturales Atlánticos (CISPAC), Francisco Prado-Vilar.

La investigación, publicada en Románico Digital, reconstruye las fuentes literarias e iconográficas utilizadas por el taller de Compostela del siglo XII y permite comprender la columna como una reinterpretación cristiana de La Odisea, creada para relacionar el viaje del héroe griego con la experiencia de los peregrinos cuando llegaban y acababan su camino en Santiago.

Hablamos de una pieza románica de mármol procedente de la antigua Porta Francigena, también conocida como la fachada del Paraíso. Por ahí, entraban antiguamente los peregrinos medievales. Actualmente, no existe, pero la columna se conserva en el Museo de la Catedral.

El episodio de Circe

La Odisea de mármol presenta muchas particularidades, porque se trata de una reinterpretación cristiana de la aventura. La presencia del guerrero es distinta y se apunta a la tradición medieval, en la que el héroe podía interpretarse como omnium peregrinus. “El viajero que atraviesa un mundo de peligros y seducciones sin perder de vista el regreso a su verdadera patria”, explica el profesor de la USC.

Su viaje se convirtió así en una “imagen de la condición espiritual del peregrino y podía relacionarse con el propio viaje atlántico del apóstol a Compostela”, añade Prado-Vilar, en declaraciones difundidas por la universidad.

La banda central representa el paso de Ulises (como también se llamaba a Odiseo) ante las sirenas, pero el escultor abandona la fórmula habitual del héroe atado al mástil. En cambio, la escena concentra su significado en un gesto en el que Ulises rodea la cabeza de uno de sus compañeros y le tapa la oreja para protegerlo del canto mortal. Además, la escena también dialoga con la figura del rey David en la antigua fachada, quien venció a otra sirena con su música.

El estudio identifica por primera vez el episodio de Circe, en la parte superior. En él, un guerrero y su caballo caído aparecen acosados por pájaros, animales y seres híbridos alrededor de una figura femenina. “El escultor transformó la huida de Ulises del dominio de Circe en un combate protagonizado por un caballero medieval, inspirado también en modelos de sarcófagos romanos”, añade el profesor.

Un viaje audiovisual

Para seguir la narración de la columna, no queda otra que rodearla por su disposición helicoidal: desde la nave, hasta las escenas de tentación, metamorfosis y combate. También se puede disfrutar de cada detalle incluso a kilómetros de distancia, porque la investigación ha culminado con La Odisea Atlántica. Un viaje audiovisual a través de la Columna de Ulises de la Catedral de Santiago, un videoensayo creado a partir de un gemelo digital de la pieza.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se remitió a la ley de embargo de productos y servicios provenientes de territorios ocupados ilegalmente por Israel cuando se le preguntó por la aerolínea Fly2Galicia, una empresa de nueva creación que tiene previsto empezar a volar desde Santiago de Compostela en diciembre y cuya llegada ha levantado críticas en la capital gallega, ya que varias investigaciones periodísticas relacionan la empresa que de verdad va a operar las conexiones, FLYYO, con Israel y vuelos para sacar a palestinos de Gaza.

Bustinduy manifestó, según publica Europa Press, que se debe actuar con contundencia contra quienes quieren obtener lucro a costa de la situación de la población palestina. “El Ministerio de Consumo aplica siempre el mismo principio, que es garantizar el respeto estricto de los derechos de los consumidores y, por tanto, el cumplimiento estricto de la ley, tal como está prevista en el ordenamiento jurídico español”, dijo.

Insistió en que “España es el único país de Europa que ha aprobado una ley de embargo para aquellos servicios o aquellas actividades económicas que provengan de territorios ilegalmente ocupados por el Estado de Israel” y en que el Gobierno no va a “consentir que ningún operador o actor económico utilice su actividad en España para lucrarse a través o a costa de la ocupación ilegal, el 'apartheid' y la segregación que vive el pueblo palestino”.

Fly2Galicia anunció a mediados de este mes que iba a conectar Santiago de Compostela con ocho destinos desde el 1 de diciembre. La empresa se acaba de crear y se presenta como una low cost. Pero, en realidad, no va a operar directamente los vuelos, sino que los comercializa. La operadora será la empresa rumana FLYYO, a la que investigaciones de Al Jazeera sitúan realizando vuelos desde Israel para sacar a palestinos de Gaza.

Unos días después de que Fly2Galicia anunciase los destinos a los que volará desde Santiago, el Ayuntamiento aseguró que había ayudado a que el proyecto de la turoperadora saliese adelante. También la Xunta admitió contactos con la empresa. Detrás de la marca comercial Fly2Galicia está Aviation & Mobility Services Group S.L. Esta empresa figura en el Registro Mercantil desde el 29 de enero de 2026, fundada con un capital social de solo un euro y con domicilio en un coworking situado en la Praza da Quintana de Santiago.

Al irse conociendo los detalles sobre la iniciativa, comenzaron también las críticas. Varios partidos políticos pidieron explicaciones a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), que aseguró que “no hubo ni habrá” acuerdos económicos ni se colaborará con Fly2Galicia. “Una vez conocido hace unos días que puede haber capital israelí, por nuestra parte, no habrá colaboración. Pero insisto en que ya ni estaba prevista ni hubo, no solo ninguna inversión económica por parte del Ayuntamiento, sino que no hubo ningún compromiso de que la fuese a haber”, dijo. Señaló también que no es el Gobierno local el que da permisos a las aerolíneas.

Compostela Aberta, que gobierna en bipartito con el BNG en Santiago, ha manifestado que se opone a la implantación de Fly2Galicia y rechaza que operen “empresas implicadas en las políticas genocidas del Estado de Israel y cualquier apoyo institucional a entidades sospechosas de esa colaboración con el genocidio en Gaza”.

Las concejalas no adscritas cargaron contra Sanmartín y la acusaron de “lavarse las manos” en el caso. La edila Mercedes Rosón reclama que se haga pública toda la documentación manejada hasta el momento en relación con Fly2Galicia. “Pretenden hacernos creer que, después de meses de gestiones, no sabían quién ponía los aviones, quién estaba detrás del capital ni que vínculos tenían. Ni siquiera sabían que avalaban una empresa con un capital de un euro, deudas de 60.000 euros, un solo avión de 18 años y vínculos con operaciones del ejército de ocupación israelí”, criticó.

Por su parte, el líder del PP local, Borja Verea pidió explicaciones, aunque no por los vínculos con Israel. Habló de datos “preocupantes” y preguntó si nadie había comprobado quién está detrás del proyecto, “su solvencia y sus antecedentes”. Citó entre esos datos preocupantes que la sociedad detrás de la iniciativa es de reciente creación y cuenta con un capital de un euro.

“Yo quiero que cualquier iniciativa que traiga inversión, oportunidades o nuevas conexiones a Santiago funcione. Ojalá todas salgan bien. Pero un Ayuntamiento serio primero comprueba y después apoya. No al revés”, manifestó.

Sumar Galicia había anunciado ya que iba a llevar el asunto ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y este lunes ha celebrado que el Gobierno abra la puerta a aplicar la ley de embargo. También la formación a la que pertenece la alcaldesa de Santiago, el BNG, reaccionó tras las informaciones sobre la relación entre FLYYO e Israel: el diputado en el Congreso, Néstor Rego, registró una iniciativa para pedir al Gobierno y a Aena que revisen la solicitud de 'slots' de Fly2Galicia en el aeropuerto de Santiago de Compostela y la denieguen “si se confirman” las informaciones que vinculan FLYYO “con la limpieza étnica en Gaza”.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración de zona de mercado residencial tensionado de Santiago de Compostela, que entrará en vigor este jueves y se extenderá durante tres años. La aplicación de este medida permitirá contar con las medidas de contención de precios previstas en la ley y de las previstas en el plan elaborado a propósito por el Ayuntamiento.

Este municipio se ha convertido en la segunda ciudad gallega en entrar en esta clasificación, sumándose así a A Coruña, que obtuvo la declaración hace justo un año. Junto a Santiago, otras seis localidades españolas se han unido este miércoles al total de 317 que son considerados oficialmente zonas tensiondas.

Precisamente, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha apuntado que la aplicación de este instrumento está dando “buenos resultados” en otros territorios, “donde los precios han bajado de forma significativa”, ha asegurado en un audio remitido a los medios. Según ha citado Blanco, esta declaración aumentará la oferta de contratos estables y activará nuevas bonificaciones e incentivos para propietarios e inquilinos.

Entre otros, desde este jueves, todos los nuevos contratos del alquiler deben referenciar el precio del contrato anterior y el valor que le pueda corresponder atendiendo al índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que resulte de aplicación. Además, conforme a lo que obliga la ley, el Ayuntamiento ha elaborado un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante este tiempo.

La imagen de un hombre encaramado a la fachada barroca del Colexio de Fonseca, en Santiago de Compostela, ha provocado perplejidad e indignación entre ciudadanos e internautas. La Asociación en Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) ha denunciado la “falta de respecto por el patrimonio común” que, interpreta, se deduce de unas imágenes difundidas por la cuenta de Instagram Compostela Resiste, dedicada a documentar los excesos del turismo en la capital gallega.

“La escena es difícil de comprender”, dice el comunicado de Apatrigal, “escalar una fachada histórica, tocar esculturas, dejar candados, grabar nombres en la piedra o utilizar monumentos como si fuesen un parque de atracciones no son anécdotas, son síntomas de una pérdida de respeto por el patrimonio común”. El Colexio de Fonseca data de 1688 y se encuentra en las inmediaciones de la célebre Praza do Obradoiro. En la actualidad alberga dependencias universitarias y una activa sala de exposiciones.

“La democratización de los viajes es una conquistas social incuestionable”, aduce la asociación, “pero también asistimos a un fenómeno preocupante: el turismo de masas convierte, con demasiada frecuencia, el patrimonio en un simple escenario para conseguir una imagen llamativa en las redes sociales”. La persona que escaló Fonseca lo hizo, señala, para posar en una fotografía.

El debate sobre el modelo turístico de Santiago de Compostela -una de las ciudades del Estado que recibe más visitantes en proporción a su población- no está, en absoluto, cerrado. El malestar vecinal es evidente y los partidos políticos discuten qué hacer. Las tres últimas corporaciones de izquierdas (Compostela Aberta, PSdeG, BNG) han adoptado medidas para intentar reconducir la situación, desestacionalizar la afluencia, mitigar el gasto en limpieza o seguridad -la tasa turística funciona desde el pasado año- o reducir el impacto sobre el acceso a la vivienda.

“Compostela no necesita más turistas, necesita visitantes mejor informados, más conscientes y más respetuosos. Porque el patrimonio no es un decorado ni un rocódromo”, sostiene Apatrigal.

Especialistas del grupo de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tédax) de la Policía Nacional han llevado a cabo la explosión controlada de un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre hallado en una zona rural de Santiago de Compostela. Por sus características, no se descarta que pudiera corresponder a uno de la Guerra Civil española.

La detonación se llevó a cabo a las 22.00 horas del jueves en la misma zona del hallazgo, que ocurrió en las inmediaciones de una vivienda deshabitada de la parroquia de San Xoán de Fecha. El aviso fue realizado previamente por trabajadores de una empresa que se encontraba efectuando labores de desbroce allí. La explosión se desarrolló sin daños personales ni materiales.

Según ha detallado la Policía Nacional, tras recibir la comunicación, varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Santiago se desplazaron de inmediato al lugar, donde establecieron un perímetro de seguridad con el fin de impedir el acceso y evitar cualquier manipulación del artefacto que pudiera provocar su detonación.

Con carácter previo a la detonación controlada, los Tédax realizaron una inspección del entorno para descartar la presencia de otros posibles artefactos explosivos. Durante la batida localizaron en las proximidades un tramo de cordón detonante y varios metros de mecha lenta.

Hasta las 22.00 horas, los agentes inspeccionaron el artefacto y, después de valorar el riesgo que suponía su manipulación, lo destruyeron mediante una explosión controlada con medios técnicos especializados. Lo hicieron habiendo activado antes el protocolo correspondiente, con la presencia de bomberos y una unidad del 061.

En relación con el artefacto, se trataba de un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre que tenía la espoleta activada, aunque no había llegado a explosionar. Es por este motivo por el que la Policía Nacional no descarta que pudiera corresponder a un artefacto de la Guerra Civil. Además, tanto el cordón detonante como la mecha intervenidos fueron recogidos por los especialistas para su posterior análisis.