“A Soledad la agotaron”, resume el responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto. Una visión sobre la ya exdirectora general del fisco, Soledad Fernández —sustituida esta semana—, que coincide con la de José María Mollinedo, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha: “Ella estaba ya cansada porque veía que no podía lograr más avances en el Plan Estratégico”.

La Agencia Tributaria no está acostumbrada a situarse en el centro de la polémica, más allá del protagonismo obligado durante los tres meses de la Campaña de la Renta en los que los contribuyentes cumplen sus obligaciones con el fisco. Pero, de un tiempo a esta parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no ha dejado de copar titulares, bien por las huelgas de su plantilla, por los reveses de la justicia, por investigaciones prominentes o, en el último caso, por un recambio en su cúpula para tratar de calmar las tensiones internas en un organismo con casi 26.000 empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda aprobó esta semana el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general del organismo recaudatorio del Estado, después de que su predecesora, Soledad Fernández, solicitara su relevo al Gobierno. Fuentes gubernamentales confirmaron que esta petición se había cursado hacía meses, pero se llegó al acuerdo de dejar pasar el periodo de mayor tensión del año —la declaración del IRPF— antes de su cese.

Antonio Ansón, inspector de Hacienda y exjefe de gabinete del ‘número dos’ del Ministerio, Jesús Gascón, vuelve a una casa que conoce bien —fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos hace solo unos años— tras una amplia carrera en el ámbito tributario que lo llevó a permanecer ocho años en un puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Pero ni el revés judicial por el caso Shakira, ni el foco por la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni las negociaciones para una financiación singular para Catalunya están detrás de la salida de Soledad Fernández. Los sindicatos apuntan a que la ya exjefa del fisco estaba “cansada” y “agotada”, tras cuatro años de mandato en los que no consiguió su objetivo principal: reforzar el organismo y recuperar el desarrollo de la carrera profesional de su plantilla.

Hizo frente a la primera huelga en campaña de la renta

En el comunicado en el que el Ministerio de Hacienda confirmaba la salida de Fernández, fuentes del Ministerio señalaban que se producía cuando “se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027” que ella misma puso en marcha al frente del organismo. Un programa para reforzar controles contra el fraude y también el número de efectivos, en resumen.

Pero uno de sus compromisos, el de recuperar el desarrollo profesional, no se ha llevado a cabo. Esta fue la razón de la huelga convocada en el organismo hace un mes, en plena visita del papa León XIV, por el sindicato CSIF. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“Cuando Soledad empezó, le hicimos un encierro por una serie de incumplimientos y ella dijo que lo intentaría arreglar, pero después de cuatro años no ha arreglado nada”, critica García Soto en conversación por teléfono.

“La parte del león del plan estratégico, la de los medios personales, estaba bloqueada y no ha sido capaz de tomar una decisión y seguir hacia delante”, señala Mollinedo, de Gestha.

La propia Fernández reconoció su frustración durante la última presentación de la campaña de la renta cuando, a preguntas de los periodistas, reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”. Y después enfadó a todos los sindicatos con unas declaraciones sobre la imposibilidad de ir a la huelga durante las presentaciones del IRPF. Algo que terminó sucediendo.

Desde UGT señalan que la caída de Fernández se aceleró cuando intentó un concurso de carrera vertical que beneficiaba únicamente a los salarios más elevados de la plantilla, algo que se habría frenado por parte del ministro de Hacienda, Arcadi España, que habría reclamado “paz social” en el organismo.

La mano derecha del 'número dos' de Hacienda

La respuesta del Gobierno ha sido colocar al jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que antes fue director general de la Agencia Tributaria, al frente del organismo. El currículum de Ansón no está en duda y Gestha —que pone en valor que antes de inspector, fue técnico de Hacienda— cree que su conocimiento de la organización permitirá poner orden.

Pero en UGT critican el “perfil bajo” del nuevo nombramiento, sin apenas significación política. “Es un movimiento tremendamente corporativo”, deplora el sindicalista de UGT.

La experiencia de Ansón como jefe de gabinete de Gascón también le da un conocimiento específico de todos los movimientos que el Gobierno está llevando en financiación autonómica o de las negociaciones para el trabajo en red con agencias tributarias regionales.

Un aspecto que, precisamente, preocupó a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, al que le reclamaron, en un comunicado tras conocerse su nombramiento, que evite “injerencias externas” e impida “cualquier fragmentación de la AEAT, de la caja común, del sistema de información tributaria y defienda a sus funcionarios evitando que se produzcan traslados forzosos o situaciones que impidan su movilidad”.

Además de Fernández, también se conoció la salida de los responsables de Recaudación, Virginia Muñoz, y de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo. Desde Hacienda descartaban una crisis en la cúpula y apuntan a que ambos altos cargos se han presentado a altos cargos en embajadas en el extranjero, de los que tomarán posesión en los próximos meses.

Ansón se reunió, el martes, con su antecesora y con España en una de las salas más nobles del Ministerio de Hacienda. El reto que tiene por delante es mayúsculo y la polémica no tiene visos de amainar. De momento, Vox ha reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso para explicar los cambios en el organismo. Y CSIF, el sindicato que convocó la huelga en junio, ya ha advertido que seguirán las movilizaciones en septiembre para mejorar sus condiciones laborales.

El Ministerio de Hacienda ha remitido a los gobiernos regionales el documento detallado con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo borrador definitivo proyecta una inyección global de 224.500 millones de euros para el año 2027. Esta cifra implica un incremento de 20.975 millones de euros respecto al modelo actual y una subida notable frente a los 152.484 millones del año base 2023. La reforma busca reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado mediante un aumento de recursos para todos los territorios, el blindaje de los servicios públicos y una mayor autonomía fiscal.

La Comunitat Valenciana emerge como uno de los territorios más beneficiados en términos porcentuales por este nuevo marco regulatorio. El modelo propuesto supondrá un incremento de 3.669 millones de euros anuales para la Generalitat Valenciana, lo que representa un avance de casi el 18% respecto a los recursos que le corresponderían en 2027 con el sistema vigente. Según explican fuentes de Hacienda, esta mejora garantiza que la ciudadanía valenciana contará con el mayor volumen de fondos de su historia para la sanidad, la educación pública, la dependencia y el resto de los servicios sociales básicos.

Así, desde el Ministerio sostienen que el impacto positivo en la Comunitat Valenciana responde a que percibirá fondos de manera simultánea por la vía de la nivelación vertical y de la nivelación horizontal, además de situarse entre las zonas que más recursos captarán a través del nuevo fondo climático y del mecanismo del IVA para las pequeñas y medianas empresas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la objetividad del modelo y emplazó a los gobiernos autonómicos a analizar y debatir el documento en los comités técnicos y en un Consejo de Política Fiscal y Financiera específico, y lamentó la negativa a negociar de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y criticó su rechazo a los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, una postura que restará 549 millones de euros a la Comunitat Valenciana. Desde el ministerio consideran que no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas y creen un error el rechazo a la propuesta “por puro interés partidista”.

El diseño de la reforma actualiza el criterio de población ajustada para determinar las necesidades reales de gasto de cada comunidad. Las variables demográficas y geográficas se redefinen de modo que la población de padrón pondera un 30% y el gasto sanitario sube al 38%, este último calculado ahora sobre 20 grupos de edad en lugar de los siete anteriores para lograr una mayor fiabilidad. El gasto educativo alcanza una ponderación del 17% para el tramo de 0 a 17 años e incorpora un 3,5% adicional para la franja de 18 a 24 años y para el alumnado universitario que se desplaza a otras regiones. Los servicios sociales computan un 7% tras desglosar a los mayores de 65 años en dos tramos e incluir el número de parados sin prestación con un peso del 1,5%. Para paliar la despoblación, el sistema añade factores correctores como la superficie, la dispersión, la insularidad y un nuevo concepto de costes fijos que beneficia a las regiones sin economías de escala.

La autonomía fiscal se reforzará con un aumento de la capacidad tributaria que aportará casi 16.000 millones de euros en 2027. La cesión del IRPF pasará del 50% al 55% y la del IVA subirá del 50% al 56,5%, al tiempo que se integrarán en el sistema los impuestos sobre el Patrimonio, Depósitos Bancarios, Actividades del Juego y Depósito de Residuos en Vertederos.

La solidaridad interterritorial se articulará mediante dos mecanismos de nivelación. La nivelación horizontal asegura que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, lo que obliga a los territorios que superan la media a aportar al fondo común y beneficia a los que están por debajo. Por su parte, la nivelación vertical contará con una aportación del Estado de 19.000 millones de euros para reducir en dos tercios la distancia presupuestaria de todas las regiones respecto a la Comunidad de Madrid, que registra los mayores recursos actuales.

El cierre del sistema incluye herramientas con recursos no competitivos para evitar que la ganancia de una comunidad reste fondos a otra. Entre ellas destaca el mecanismo del IVA para pymes, que permitirá a las autonomías recibir una transferencia si la recaudación de este impuesto en su tejido empresarial supera el índice de consumo interno. Asimismo, se creará un fondo climático de 1.000 millones de euros, del cual dos tercios se destinarán de forma directa a las regiones del litoral mediterráneo debido a su exposición al calentamiento marítimo, una medida donde la Comunitat Valenciana figura nuevamente como una de las principales beneficiadas.

Por último, una cláusula de cierre de 400 millones de euros blindará el statu quo para que ninguna comunidad reciba menos ingresos que con el modelo previo, una partida que beneficiará especialmente a Cantabria y Extremadura. Fuera del modelo de financiación, el Gobierno central reformulará los Fondos de Compensación Interterritorial para impulsar la productividad y las infraestructuras en las autonomías con recursos inferiores a la media nacional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto hoy a insistir en su posición sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con un “rechazo absoluto” a la propuesta presentada por el Ejecutivo central. El consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Mlina ha reiterado que la razón estriba en que se defiende el principio de ordinalidad que trata de “dar privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras”, en alusión a Catalunya.

Poca novedad en este sentido tras la reunión este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el primero que ha presidido el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. La reunión bilateral mantenida hace unos días con el ministerio no ha supuesto avances.

Ruiz Molina reclamaba minutos antes de comenzar el encuentro entre Gobierno central y todas las comunidades autónomas que la reforma del sistema de financiación autonómico debe abordarse desde el consenso y desde la negociación multilateral. También lamentaba las “manifestaciones imprudentes” por parte de la consejera de Hacienda de Catalunya en las que da por hecho que se va a aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, previsiblemente en el siguiente consejo, a finales de julio.

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, el modelo se ha pactado de forma “unilateral” y con una sola comunidad autónoma.

A colación de este asunto, se ha preguntado para qué han servido las reuniones bilaterales en las que han participado algunas comunidades autónomas y donde se ha puesto de manifiesto el modelo que se defiende, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha. En este contexto, ha deseado que estos encuentros “no hayan sido un paripé” y ha echado de menos que el Gobierno central no haya desmentido a la consejera catalana, generando incertidumbre sobre el proceso de negociación.

Objetivos de estabilidad y margen presupuestario para 2027

Durante su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se van abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años, con especial atención al ejercicio 2027, ya que de ellos depende el “margen de maniobra del que disponemos para poder afrontar el presupuesto del próximo año, al menos aquellas comunidades que elaboran y aprueban sus cuentas en tiempo y forma cada ejercicio, como es el caso de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el consejero ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico queremos disponer de un mayor margen de maniobra para afrontar las cuentas del próximo ejercicio y, por ello, ha reclamado al Partido Popular que permita la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A su juicio, ha indicado que es positivo que el Gobierno de España presente su propuesta para que pueda ser debatida y, en su caso, rechazada durante su tramitación parlamentaria.

Asimismo, ha defendido que el nivel de déficit autorizado para las comunidades autónomas no debería ser un elemento de discusión si existiera un sistema de financiación autonómica que cubriera adecuadamente las necesidades reales de gasto de los territorios. Un modelo de financiación suficiente, que según ha remarcado, “reduciría la dependencia de los márgenes de déficit para garantizar la prestación de los servicios públicos”.

En el mundo científico raro es el investigador que no ha tenido que poner dinero de su bolsillo para un viaje de trabajo. O que se ha visto obligado a compartir habitación con un compañero durante un desplazamiento. También los hay que, para evitarse esas situaciones, han dejado de viajar o lo hacen mucho menos. Y eso es un problema en un sector en el que, buena parte de la labor de estos profesionales pasa, precisamente, por ir a congresos, bajar al terreno a tomar muestras de campo o realizar colaboraciones con otros colegas.

Las dietas que paga la Administración para estos desplazamientos se fijaron en 2002 y, desde entonces, no se han actualizado, denuncian los científicos. Un cuarto de siglo después, los 65 euros por noche y los 37 euros para tres comidas diarias que contempla el Real Decreto que lo regula se han quedado escasísimos, sostienen los investigadores. Y suponen, dicen, un obstáculo para desarrollar su trabajo.

“Es un tema conocido por todos”, sostiene César González-Pérez, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Santiago de Compostela. “Es fantasioso alojarse por 65 euros la noche en ciudades como Madrid o Barcelona; acabas teniendo que poner dinero de tu bolsillo. Un año perdí 4.500 euros, así que decidí minimizar los viajes de trabajo”, lamenta. “Es relativamente habitual poner dinero propio”, coincide María Luz, profesora en la Universidad de Granada (UGR).

El precio medio de una habitación de hotel en España fue de 166,1 euros por noche en 2025, un 4% más que el año anterior, según la consultora Cushman & Wakefield. En Madrid, esa media sube ligeramente, hasta los 168 euros por noche. Es más del doble de lo que paga la Administración, aunque buscando en plataformas online sí es posible encontrar habitaciones que rondan los 60-70 euros para días concretos.

“Pero encuentra tú una habituación por ese dinero para un congreso en València en junio”, cuenta María Luz. “Porque, además, cuando vas a un congreso te interesa quedarte en el mismo hotel en el que se celebra. Suelen durar 8-10 horas cada día y así te ahorras el desplazamiento. Así que te ves compartiendo habitación con tu compañero, te caiga bien o no”. Ella lo ha sufrido y conoce a varios colegas que han pasado por lo mismo. “En un viaje de trabajo no es de recibo, qué menos que un poco de intimidad”, opina. Y eso que, como sucede en su caso, algunos organismos han elevado motu proprio esa cifra. Pero los 80 euros de que disponen en la UGR para pernoctaciones nacionales tampoco dan para mucho.

Realmente, el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio aplica a todos los funcionarios. Los divide en tres categorías y estipula unos gastos en dietas en función del grupo en el que se encuadra el trabajador. Los científicos quedan en el 2, el intermedio. Los altos cargos disponen de 102 euros para dormir y 53 para comer y el tercer escalón, grupo 3, apenas 48 euros para la habitación y 28 para tres comidas.

Que todos los empleados públicos se acojan a las mismas reglas es justamente parte de la disfunción de la normativa, explica Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. “Entre el funcionariado hay una inmensa mayoría de trabajadores que hace como mucho un viaje al año, pero los científicos hacemos muchos más. Por eso, siempre hemos querido salirnos de esa norma. Tenemos una vida que el resto de funcionarios no entiende bien porque no es de fichar, hacer un horario regular... Nuestra labor depende mucho de hacer viajes para hacer trabajo de campo, congresos, etc. Es un problema que afecta a una minoría del colectivo de funcionarios, por eso cuando le llega al secretario de Estado de Administraciones Públicas de turno, no le da prioridad, no acaba de entenderlo. Para nosotros es un poco dramático, pero para el gestor no es un problema”, argumenta el sociólogo.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Hacienda si tiene intención de actualizar las dietas o hacer algún cambio en la normativa, pero no ha obtenido respuesta.

“Una tormenta perfecta”

La cantidad no es el único problema. “Además, [en la administración pública] todo va por compra centralizada”, explica Miller. “Si no quieres adelantar dinero de tu bolsillo, tienes que ir a través de ellos. Pero prácticamente ya nunca tienen ofertas. Durante estos años pasados nos hemos buscado la vida como podíamos, pero ya es imposible”, relata. La salida de la pandemia fue un punto de inflexión, coinciden los investigadores: “Ha habido una tormenta perfecta de crecimiento económico, millones de turistas y precios disparados”.

¿El resultado? “Tenemos ese dilema: están desde los que deciden no viajar hasta los que adelantan el dinero”, cuenta el sociólogo. O los que, como González-Pérez, lo ponían de su bolsillo. O quienes juntan dos dietas para coger una habituación doble, como explicaba la profesora María Luz.

Pero viajar es imprescindible para su trabajo, recuerdan los científicos. “Como investigadores, uno de los deberes que tenemos es difundir conocimiento. Eso implica ir a congresos, a charlas... Hay que hacer esa labor evangelizante, digamos, de presentar tus resultados a la sociedad”, explica González-Pérez. “Lo más insustituible es el trabajo de campo”, añade Miller. “Recogidas de muestras, entrevistas, reuniones de equipo en directo, visitas a grandes laboratorios, que están en determinados sitios... No es solo el estereotipo del congreso”.

A la vez, alguno admite que desde que el confinamiento global mostró que ciertas actividades, especialmente los congresos, se pueden hacer a distancia hay un cierto debate sobre la necesidad de determinados desplazamientos.

Pero también hay quien defiende la necesidad de acudir, que no es ni remotamente parecido atender un congreso online que presencial porque la ciencia es una labor comunitaria, de intercambio. “Nunca es lo mismo [presencial que virtual]. Si voy a Ámsterdam estoy ocho o nueve horas en el congreso hablando con gente, conociendo personas que a lo mejor un día me pueden ser útiles para hacer una estancia o cualquier cosa. Para mí el networking [las relaciones que se establecen en un evento profesional] es fundamental. Es casi más importante quién voy a conocer que el contenido del congreso”, reflexiona González-Pérez.

Es cierto que algunos organismos, como el CSIC, tienen una normativa propia que contempla excepciones que permiten elevar el gasto. Pero es engorrosa, para unos supuestos muy concretos, con determinadas partidas de dinero y circunstancias, y de facto casi nadie la usa, cuentan los investigadores consultados.

No hay grandes novedades en la lista de grandes morosos de Hacienda en la que aparecen las deudas de particulares y empresas que superan los 600.000 euros. Llama la atención el regreso de la vallisoletana Patricia Conde, con desencuentros con el fisco desde el año 2017. La artista llegó a acumular una deuda de 1,9 millones, aunque llevaba dos años con las cuentas saldadas y ahora retorna con un saldo negativo de 714.615 euros.

Junto a conde aparecen un puñado de constructoras, la mayoría habituales de la lista desde hace más de una década. El Grupo Pantersa SL, dedicado a la construcción y afincado en Burgos, mantiene una deuda de 40,53 millones desde hace 12 años. Muy de cerca la siguen dos empresas de la familia Arranz Acinas, también de Burgos. Construcciones Arranz Acinas debe 33,05 millones mientras que la inmobiliaria de mismo nombre adeuda 30,46 millones.

Otra constructora burgalesa, Edificaciones Sociales de Burgos SA, debe 30,18 millones, mientras que Promociones Pal adeuda 30,43; Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, 26,57; Urbana de Campoburgos SL, 4,09 M€; Campoburgos UTE 1,39; Areniscas de los Pinares Burgos Soria SL, 2,16; Urbanizadora de Valladolid SL, 10,03 y Construcciones Inmobiliarias Segovianas 1,88 millones.

La Unión Deportiva Salamanca SAD -ya extinguida-, debe 13,4 millones de euros mientras que la Compañía Minera Astur Leonesa SA, adeuda 10,5.

Como en años anteriores, sigue en el listado la empresa del empresario y exalto cargo de la Junta de Castilla y León, Alberto Esgueva, relacionado con la Trama Eólica. Intercatia Corporación SL lleva 12 años en la lista y debe actualmente 6,34 millones. La deuda fue mayor, de hasta 18 millones de euros, pero una serie de recursos dieron la razón a Esgueva. La inspección que reventó el caso de las comisiones para conseguir parques de molinos se hizo desde Valladolid cuando la mercantil estaba arraigada en Madrid.

En la lista aparece también Urban Proyecta PM3, empresa de Valladolid que aparece en el caso Perla Negra y que era de un socio de Esgueva. La deuda es de 15,39 millones.

La Constructora Martínez Núñez mantiene desde hace años una deuda de 1,34 millones, mientras que la descendiente del fundador, Isabel Martínez Parra debe 5,73 millones.

La lista anual de morosos con deudas superiores a los 600.000 euros ya está disponible. La ha publicado este viernes la Agencia Tributaria (AEAT) con los datos actualizados hasta el 31 de diciembre de 2025 que indican que hay 5.853 contribuyentes morosos con una deuda que asciende a 15.432 millones de euros.

En la lista se mantienen algunos nombres recurrentes de años anteriores, como el de Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán (exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona).

En el siguiente buscador puedes consultar todos los nombres de la lista de morosos a la Agencia Tributaria en 2025. Si pinchas en los distintos nombres podrás ver además la evolución de su deuda y la cantidad de años que lleva apareciendo en la lista.

¿Y quiénes han sido los mayores morosos de este año? Entre las empresas el top 3 lo ocupan Reyal Urbis (que fue el segundo mayor grupo inmobiliario de España), Bio-Zenite Energy y Metaway Combustibles. Si miramos a personas concretas, los mayores deudas del año son los hermanos y empresarios inmobiliarios Olivares Garrido.

Además de los habituales, este año se incorporan 735 nuevos deudores a la lista de morosos, puedes consultar sus nombres y junto al importe total de su deuda con Hacienda en el siguiente gráfico. Destaca, por ejemplo, Diana Grapin, vinculada a dos inmobiliarias catalanas y con una deuda de 30,5 millones. O Kampaoh, la firma andaluza de campings de lujo, que debe 1,3 millones de euros.

Inversiones las Teresitas (la sociedad central del mayor caso de corrupción juzgado en Canarias) tiene la deuda más alta entre los nuevos morososos, pero también ha habido quienes han saldado su deuda este año. Además de nombres clásicos que desaparecen como Spanair, Viajes Iberia u Orizonia, la empresa que más ha pagado para abandona la lista ha sido Palemad Reciclaje, 128 millones de euros.

Una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica en España exige un procedimiento complejo, en el que confluyen decisiones políticas, legislativas y, en determinados supuestos, incluso constitucionales. La pieza central sería la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, su reforma requiere aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, después de una tramitación ordinaria en ambas Cámaras y siempre con la posibilidad de veto o enmiendas por el Senado. La práctica constitucional española ha convertido la LOFCA en la norma básica del sistema de financiación de régimen común.

Aunque jurídicamente no es imprescindible, políticamente resulta casi indispensable alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano participan el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común. Tradicionalmente, cualquier reforma relevante se negocia previamente en este foro para dotarla de legitimidad política y viabilidad parlamentaria.

Además de la LOFCA, suelen requerirse reformas de la ley reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, las leyes de cesión de tributos y diversas normas tributarias estatales. Por tanto, normalmente no basta con una única ley.

Adicionalmente, y dependiendo del alcance de la reforma, algunas comunidades podrían verse obligadas a adaptar sus normas tributarias propias, ajustar sus presupuestos y, en ciertos casos, disposiciones de sus estatutos de autonomía.

 ¿Sería necesaria una reforma constitucional? En principio, no. La Constitución, especialmente los artículos 156 a 158, deja un amplio margen para diseñar distintos modelos de financiación autonómica. Ahora bien, sí sería necesaria una reforma constitucional si se pretendiera alterar los principios constitucionales de solidaridad o suficiencia financiera, modificar la distribución territorial del poder financiero, generalizar un sistema semejante al concierto económico vasco y al convenio navarro para algunas o todas las comunidades o cambiar aspectos esenciales del Estado autonómico.

Aunque jurídicamente bastaría una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA, una reforma profunda y duradera suele requerir amplio consenso entre comunidades autónomas, un acuerdo entre los principales partidos nacionales y un marco de Estabilidad presupuestaria plurianual. De hecho, una de las razones por las que no se ha renovado el modelo vigente desde 2009 es la enorme dificultad para conciliar los intereses de comunidades receptoras y contribuyentes netas.

La pregunta del millón es: ¿Puede un gobierno sin apoyos parlamentarios sacar adelante una reforma de calado del modelo financiero territorial? En términos estrictamente jurídicos, sí podría. En términos políticos, es extraordinariamente difícil.

La clave está en distinguir entre Gobierno y mayoría parlamentaria. El Gobierno puede elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, negociar con las comunidades autónomas y remitir al Congreso un proyecto de reforma de la LOFCA. Sin embargo, la reforma no puede entrar en vigor sin la aprobación de las Cortes Generales. Por tanto, un gobierno sin apoyos suficientes puede diseñar y presentar una propuesta y puede abrir negociaciones bilaterales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y puede incluso alcanzar acuerdos con algunas comunidades autónomas. Pero no puede aprobar unilateralmente la reforma de la LOFCA (requiere mayoría absoluta del Congreso), las modificaciones de las leyes de cesión de tributos y las eventuales leyes presupuestarias asociadas.

Además, existe una dificultad añadida: la financiación autonómica genera ganadores y perdedores relativos, incluso poniendo una ingente cantidad de dinero encima de la mesa para suscitar adhesiones. Incluso gobiernos con mayorías sólidas han tenido enormes problemas para reformarla. De hecho, el modelo vigente, aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue fruto de una negociación muy compleja con comunidades autónomas y grupos parlamentarios; y se puso dinero para suscitar adhesiones, pero el modelo comenzó a mostrar sus defectos desde el primer momento, ya que se hizo a impulso de las autoridades catalanas sin tener en cuenta la integridad y la dinámica del modelo. ¿Vamos a repetir los mismos errores?

Desde una perspectiva práctica, una reforma profunda suele requerir tres mayorías simultáneas: una mayoría en el Congreso, un grado razonable de acuerdo entre comunidades autónomas y una capacidad para sostener el acuerdo durante varios ejercicios presupuestarios. Por ello, si un Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar incluso los Presupuestos Generales del Estado, resultaría muy difícil que pudiera sacar adelante una reforma de carácter estructural como es la financiación autonómica. No es imposible, pero exigiría pactos amplios con partidos de la oposición y con varias comunidades autónomas. Las perspectivas no son halagüeñas después de los primeros pasos dados desde la Secretaría de Estado de Hacienda en reuniones bilaterales, en un contexto preelectoral, sin recorrido suficiente para una negociación realista, sosegada y razonable de una política estructural del Estado.

En el marco político actual español, muchos constitucionalistas y expertos en Hacienda Pública consideran que una reforma de gran alcance del modelo de financiación solo tendría verdadera estabilidad si contara con un consenso semejante al que se exige para las grandes leyes de Estado, aunque formalmente la Constitución no imponga una mayoría reforzada más allá de la exigida para la ley orgánica.

Solo si la reforma alterase los principios básicos del modelo territorial español sería necesaria una reforma de la Constitución. El problema es que se pretenda hacer pasar como una mera reforma del modelo un cambio fundamental en el modelo financiero territorial español y esto sí que exigiría una reforma constitucional. En definitiva, una reforma del calado que se propone y que afecta a los fundamentos constitucionales del Título VIII abre la puerta a una litigiosidad en forma de potencial recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la comparecencia en las Cortes regionales para informar a los grupos parlamentarios del resultado de la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la reunión mantenida este lunes con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Tras criticar ayer duramente la propuesta de Gobierno de España hoy ha indicado que, durante dicho encuentro, se le trasladaron al Ministerio de Hacienda las mismas reivindicaciones y planteamientos que se han mantenido “de forma constante en los últimos años” respecto al sistema de financiación.

Una posición, ha indicado, basada en “la coherencia”, basada en el principio de igualdad y en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha con independencia del color político del Gobierno de España; “lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista porque no se trata de hablar de valentía, sino de coherencia”.

Por ello, ha pedido conocer la propuesta del partido de la oposición regional en materia de financiación autonómica, en alusión al PP.

Reclama al resto de partidos políticos una posición común

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que ha solicitado la comparecencia en el Parlamento autonómico para explicar con detalle el contenido de la reunión y volver a exponer los principios que sustentan la propuesta de Castilla-La Mancha en materia de financiación autonómica.

Hoy, como ya hiciera ayer el PSOE, el consejero ha vuelto a tender la mano al conjunto de las fuerzas políticas de la región, para alcanzar una posición común en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Respecto al modelo planteado por el Gobierno central, Ruiz Molina ha indicado que Castilla-La Mancha mantiene una posición crítica con la propuesta elaborada por el Gobierno de la nación, al considerar que se trata de una propuesta “injusta y regresiva”, que sólo trata de satisfacer privilegios para una comunidad autónoma, dejando claro con ello que “los privilegios de unos se convierten en desventajas para otros”.

Por ello, el consejero ha reiterado que dicho modelo no debe prosperar, es un modelo que “no cuenta ni con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”. Además, ha reconocido que el daño ya está hecho porque con este modelo, el Gobierno de España, un gobierno progresista, ha trasladado un mensaje a la sociedad de que “quien más tiene, más derechos tiene”.

Un modelo, ha continuado, que está en contra de lo que propone Castilla-La Mancha, al estar basado en la ordinalidad, que viene a decir que “aquellos territorios que acumulan mayor número de habitantes con rentas altas tienen derecho a una mayor financiación, y, por tanto, derecho a una prestación de servicios públicos en mejores condiciones que los demás”.

Un modelo que garantice “el coste real en la prestación de servicios”

Frente a ello, el consejero ha recordado que en Castilla-La Mancha “no queremos un modelo que premie a los territorios, queremos un modelo que proteja a los ciudadanos con independencia de donde vivan”. Por ello, y así se lo trasladó al secretario de Estado, en la Comunidad Autónoma “defendemos un modelo que garantice el coste real que nos supone a los territorios prestar los servicios públicos de nuestra competencia”.

Teniendo en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica de la población y el envejecimiento, que “encarecen la prestación de servicios como la sanidad o la educación”. Poniendo como ejemplo el caso del municipio de Fuenlabrada, que tiene la misma población que la provincia Cuenca, puede prestar la atención primaria con siete centros de salud, mientras que en Cuenca se necesitan 32.

En definitiva, y así lo ha remarcado, “el modelo que defendemos en Castilla-La Mancha consiste en garantizar el principio de igualdad con independencia de la capacidad económica de unos o de la capacidad económica del lugar en el que residan”.

Se había fijado la cita este lunes para una reunión bilateral entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda de cara a volver a hablar del nuevo modelo de financiación autonómica y el encuentro ha dejado poco margen para la sorpresa. Ningún resultado en un dilatado compás de espera sobre una cuestión que se prolonga ya durante más de una década.

Hoy el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha reiterado su “rechazo frontal” a la propuesta impulsada por el Ejecutivo central porque cree que se trata de “un modelo diseñado al margen del conjunto de las comunidades autónomas, basado en el principio de ordinalidad y orientado a consolidar privilegios territoriales incompatibles con la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas”.

Lo ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, al salir de la reunión con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón y con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Mónica García, en la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Una reunión más, “tardía” y por “lealtad institucional y educación”

Ya lo había avanzado el presidente regional Emiliano García-Page el viernes. No habría “nada de lo que hablar” si de la propuesta no se retiran “las cesiones al independentismo”. Así que la reunión de hoy pasa por ser una más, sin resultados positivos y el enésimo fracaso en los últimos años.

Ruiz Molina ha cuestionado incluso la utilidad de una reunión que, a su juicio, ha sido “tardía”, ya que se produce “cuando las principales decisiones ya han sido adoptadas”. El consejero cree que los encuentros 'bis a bis' con cada uno de los territorios deberían haberse celebrado “antes” de que el Gobierno central cerrara una propuesta de financiación “con una comunidad autónoma concreta”, aludiendo a Catalunya, y antes de su presentación pública.

En este aspecto ha afeado que no se hayan contrastado las distintas “sensibilidades territoriales” y el consejero de Hacienda ha comentado que si se ha mantenido esta reunión con el Gobierno central ha sido por pura “lealtad institucional y por educación” y que eso es algo que “no ha tenido el Gobierno de nación”.

Castilla-La Mancha reitera su rechazo al principio de ordinalidad

Una de las cuestiones que mantienen enfrentadas las posturas entre el Gobierno castellanomanchego y el Ministerio de Hacienda tienen que ver con el hecho de que esta comunidad autónoma se opone al llamado 'principio de ordinalidad“ en el reparto de los fondos para los territorios.

Este, dice Ruiz Molina, es un criterio que sigue presente en la propuesta planteada por el Ejecutivo central, y que en su opinión “supone que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria mantengan una posición privilegiada en términos de financiación, lo que contradice los principios de igualdad y solidaridad que deben regir el sistema”.

A juicio de Ruiz Molina, trasladar ese criterio al funcionamiento de los servicios públicos equivaldría a asumir que los ciudadanos que residen en territorios con mayores niveles de renta tienen derecho a recibir mejores servicios públicos o que las comunidades con una mayor concentración de rentas altas merecen una financiación superior.

En definitiva, señala el consejero, supone defender que “quien más tiene debe recibir más”, y por ello, cree que resulta difícil comprender cómo “un Gobierno que se define como progresista abogue por este planteamiento”.

¿Qué propone Castilla-La Mancha?

Frente a esa propuesta, el responsable de Hacienda ha defendido nuevamente un modelo de financiación sustentado “en el principio de igualdad y en el coste real que nos supone a las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos de nuestra competencia”, es decir, que el sistema tenga en cuenta factores que incrementan el coste de los servicios públicos, como la extensión territorial, la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico.

Como ejemplo, el consejero ha recordado que en una ciudad como Fuenlabrada, que tiene una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, la prestación de la Atención Primaria se realiza con siete centros de salud, mientras que en la provincia conquense son necesarios 32.

Por ello, Castilla-La Mancha defiende que el nuevo modelo garantice recursos suficientes para cubrir el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y asegurar que “todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica o de la capacidad económica de la región en la que vivan, tienen derecho al mismo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos”.

Un modelo “injusto” que “no debe salir adelante”

El consejero califica la propuesta que el Ministerio de Hacienda pone sobre la mesa como un modelo “injusto” que, a su juicio, insiste en que “busca satisfacer las exigencias de una Comunidad Autónoma concreta”.

Por eso considera que este es un “modelo que no debe salir adelante”, ya que “ni siquiera cuenta con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”.

Ha advertido de que “el principal daño de este debate es el mensaje que se traslada a la sociedad, de que los territorios con mayor capacidad económica tienen derecho a recibir más recursos públicos y, por tanto, a disponer de mejores servicios” y de ahí el rechazo por parte del Gobierno castellanomanchego.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que su gobierno no tendrá “absolutamente nada que hablar” el lunes con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica “si no retiran de entrada” las cesiones al independentismo.

Desde Albacete, donde ha participado en la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM), García-Page ha sacado pecho de los proyectos puestos en marcha en la región y ha dicho que “ojalá” vinieran acompañados también de “un poquito más” de implicación en la financiación autonómica.

Ha sido en este punto donde el presidente regional se ha referido a la reunión bilateral del próximo lunes entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda para abordar la nueva financiación. “No habrá absolutamente nada que hablar si no retiran de entrada los proyectos del independentismo porque rompe la solidaridad y la igualdad en España”.

“Queremos los mismos fondos que han puesto pero con reglas distintas. Y esto es algo que le vamos a decir prácticamente todo el mundo; menos aquellos que están detrás de romper la igualdad entre todos los españoles”, ha apostillado García-Page.

Hacienda remitió cartas a las consejerías del ramo de todas las comunidades autónomas para pedir reuniones bilaterales y, de entrada, el Gobierno de Castilla-La Mancha había aceptado el encuentro.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, mantendrán una reunión bilateral el próximo lunes por la mañana en el Palau de la Generalitat. El encuentro, solicitado en su día por el jefe del Consell, se produce en un momento clave de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto en el que la Comunitat Valenciana se juega su viabilidad económica a corto y medio plazo. Precisamente, la financiación y la condonación de la deuda serán dos de los puntos clave de la agenda, aunque, según reconocen fuentes ministeriales, sobre la mesa se abordará “todo”.

La cita llega precedida por la constante ofensiva del Ejecutivo valenciano ante el Ministerio de Hacienda para revertir una situación de infrafinanciación que sucesivos informes de organismos como el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) o la Sindicatura de Comptes califican de “crónica”. La Comunitat Valenciana continúa a la cola de la financiación por habitante, lo que obliga al Gobierno autonómico a recurrir sistemáticamente a los mecanismos de liquidez del Estado, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para sostener servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

En la hoja de ruta que defiende el Consell, la prioridad absoluta para este encuentro se centra en la exigencia de un fondo de nivelación transitorio. Esta herramienta, que cuenta con el consenso de la plataforma de la sociedad civil y de los expertos económicos valencianos, busca aportar de manera inmediata los recursos necesarios para equiparar a la autonomía con la media española mientras se tramita el complejo y lento modelo definitivo.

Junto a este fondo de nivelación, el Consell reclama el reconocimiento y la condonación de la deuda histórica, una cifra que ya supera los 55.000 millones de euros. Asimismo, frente a las ofertas de negociaciones singulares con otras autonomías, como Cataluña, el Gobierno valenciano defiende que el nuevo modelo de reparto de la caja común debe acordarse de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) bajo el principio de equidad.

El encuentro del lunes servirá para medir la temperatura de la relación entre el Ejecutivo central y el Consell. La cita se produce después de que Pérez Llorca rechazara la propuesta de nueva financiación impulsada por el Gobierno de España, una medida que habría supuesto unos ingresos extra anuales de más de 3.600 millones de euros para la autonomía.

El Ministerio de Hacienda ya ha puesto fecha a la reunión bilateral con el Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Será el 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la Secretaría General de Financiación Autonómica.

En ese encuentro, la comunidad autónoma le trasladará su propuesta, basada en garantizar el coste real que supone prestar los servicios de su competencia y garantizar el principio de igualdad en materia financiera.

Lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha incidido en la defensa de que todos los ciudadanos deben recibir “en condiciones de calidad” los mismos servicios públicos “con independencia de su capacidad económica o de la capacidad tributaria que tengan los territorios”.

“El modelo que presenta Castilla-La Mancha, el que vamos a defender en esa reunión bilateral, es diametralmente diferente al que ha propuesto el Gobierno, al que ha negociado el Gobierno central con los independentistas catalanes, en el sentido de que se trata de primar la capacidad tributaria en lugar de ese principio de igualdad. Yo siempre digo que los impuestos los pagan los ciudadanos, quienes reciben los servicios públicos son los ciudadanos y no son los territorios”, ha argumentado.

Ruiz Molina ha recordado que el fruto de estas reuniones bilaterales se llevará posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha reiterado la necesidad de contar con documentación técnica para tener una posición más definida de cara a ese encuentro, “fundamentalmente para que la reunión sea más productiva”.

“Solamente contamos con un PowerPoint”, ha dicho, que es el que tienen los medios de comunicación, considerando que “técnicamente nos merecemos algo más de documentación”, fundamentalmente “las tripas de lo que es el modelo, que para eso tenemos un equipo técnico potente en la Consejería de Hacienda para analizar los datos, no solamente los que pudieran servir de base, que es el 2023, pero sí saber la evolución hasta el 2027”.

La carta enviada a todas las comunidades autónomas

Este encuentro se enmarca en la carta que el Ministerio envió a principios de mes a todas las comunidades autónomas concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.

El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según apuntaba la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

Jesús Gascón explicaba en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.

En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.

El Ministerio de Hacienda ha reabierto el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, planteando a las comunidades autónomas, una serie de reuniones bilaterales con cada territorio, a través de una carta enviada a los consejeros del ramo.

Los encuentros comenzarán con Catalunya y ya se sabe que algunas comunidades gobernadas por el PP darán plantón al ministerio. Castilla-La Mancha sí acudirá al encuentro, para el que todavía no hay fecha, según las fuentes de la Junta de Comunidades consultadas por este medio.

Sin embargo, ha puesto condiciones para la reunión. Reclama toda la documentación y la nueva propuesta que el Gobierno de España pondrá sobre la mesa antes del encuentro, como ya avanzó elDiario.es Castilla-La Mancha.

Hoy el presidente regional ha vuelto a insistir en esta cuestión. Emiliano García-Page ha pedido al ministro de Hacienda, Arcadi España, no entretener a la comunidad autónoma si las reuniones bilaterales propuestas son tan solo “un nuevo debate placebo”.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, y preguntado por este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha ha ironizado sobre esta cita. “No sé a qué se refieren con bilateral, porque no es bilateral, es una charlita”.

Se muestra receloso con este encuentro, decía, tras siete u ocho ministros de Hacienda - la reforma de la financiación lleva más de una década sin concretarse- y “todos han dicho lo mismo”. “Estamos ya muy escépticos”, ha subrayado. Y es algo, comentaba, que quiere decirle al ministro en primera persona, del que ha dicho que “es muy buena gente”.

Rechaza reuniones “para parecer que estamos haciendo algo”

“Ya somos en esto veteranos”, ha abundado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha señalado que si estas reuniones son “un nuevo debate placebo”, o sea “para parecer que estamos haciendo algo”, pues “a nosotros que no nos entretengan”, ha pedido García-Page.

Por otro lado, considera “muy irreal” y “muy absurdo” estar hablando de la financiación de las autonomías “para no sé cuántos años” sin haber presentado un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura. “¿Qué tienen que contentar al electorado en Catalunya a costa de destrozar el electorado del PSOE en toda España?”, se ha preguntado García-Page, quien cree que “la prueba más evidente” es el hecho de que no se haya sacado este tema en medio de las recientes elecciones en algunas autonomías.

En su opinión, “si no se ha querido hablar de esto habiendo elecciones autonómicas, será porque seguramente no ayudaba”.

Más allá de eso, ha vuelto a insistir. “Nosotros nunca vamos a modificar nuestra opinión en relación con un proyecto de financiación que anunció Junqueras, un independentista que quiere romper el país y que antes que romperlo del todo lo que quiere son privilegios fiscales”.

Considera que “si hay algo incompatible con la izquierda, es un modelo que rompe el concepto de unidad y la solidaridad entre los españoles. No lo vamos a aceptar. A mí me da vergüenza que un partido de izquierdas, ya esto es muy relativo todo, se pueda plantear el mayor ataque al concepto de igualdad entre los españoles. Eso no va a salir”.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a Castilla-La Mancha que recibirá 7.477 millones de euros en entregas a cuenta correspodiente a este año 2026.

Este dato supone un 7,5% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 7.795 millones, un 8,5% más que el pasado año. Un incremento “notable” de recursos que “evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía”.

Durante la presentación del Real Decreto-ley (RDL), el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, “generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”. En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es “beneficiosa” para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Entidades Locales

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las Entidades Locales (EELL). Para los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla- La Mancha, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.378 millones, un 8,7% más que el pasado ejercicio y otra cifra “histórica” en financiación para las administraciones más cercanas a la población.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las Entidades Locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar

3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una novedad es que el RDL establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda. Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

Otras medidas

Las Entidades Locales que se encuentran saneadas financieramente no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El RDL también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.

Ahora no toca. El Gobierno de Aragón ha rechazado participar en una reunión bilateral con el Ejecutivo central para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, considera que “no se dan las circunstancias en el país” –en referencia velada a los escándalos que afronta el PSOE de Pedro Sánchez– para afrontar una negociación de este calibre en el actual contexto político y económico. A eso se une, argumenta el Gobierno regional, la cercanía de las elecciones municipales y generales.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Jorge Azcón no se había negado expresamente a negociar el modelo, sino que se había limitado a criticar con dureza las propuestas iniciales llegadas desde Hacienda, que no incluyen factores como la despoblación –de manera expresa, porque sí lo hacen con otras denominaciones– o la orografía.

La negativa llega después de que el Ministerio de Hacienda comunicara a las comunidades autónomas el lunes su intención de abrir una ronda de contactos bilaterales con el objetivo de consensuar un nuevo modelo de financiación que pudiera entrar en vigor el próximo 1 de enero. Bermúdez de Castro confirmó haber recibido el correo del Ministerio, pero cree “imposible” alcanzar un acuerdo cuando faltan apenas once meses para los comicios.

Como argumento, ha recordado que la condonación de parte de la deuda autonómica sigue pendiente desde hace dos años “sin que se haya movido un papel”, por lo que considera que la propuesta del Gobierno central es, en estos momentos, “un brindis al sol”.

“No se dan las condiciones para abordar una reforma de la financiación autonómica con todas las garantías y desde el sosiego. Pero estamos dispuestos a sentarnos a hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para buscar un buen sistema de financiación, siempre que participen todas las comunidades autónomas”, ha señalado el consejero de Azcón.

Bermúdez de Castro insiste en que la negociación debe realizarse de forma multilateral y critica los acuerdos bilaterales alcanzados con Cataluña, que ha calificado de “muy lesivos” para el conjunto del sistema. A su juicio, la diversidad territorial de España obliga a que cada comunidad pueda exponer sus singularidades en una mesa común.“No nos parecemos en casi nada a Valencia, Madrid o Andalucía. Cada territorio tiene sus propias necesidades y debe explicarlas ante el resto. Por separado, no nos vamos a sentar”, ha zanjado.

El Gobierno central defiende el diálogo

Frente a la posición del Ejecutivo aragonés, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, defendió la iniciativa del Ministerio de Hacienda y consideró “loable” retomar la negociación sobre financiación autonómica una vez concluidos los recientes procesos electorales.

Beltrán sostuvo que el camino pasa precisamente por abrir contactos con las comunidades autónomas y destacó la utilidad de las reuniones bilaterales para avanzar en el entendimiento entre administraciones. “Lo que toca es sentarse con las comunidades autónomas, con el mejor ánimo y el mejor espíritu de alcanzar acuerdos”, ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la propuesta de financiación presentada por el Ministerio de Hacienda, que, según recordó, supondría para Aragón un incremento de recursos de unos 630 millones de euros. Aunque admite que el documento no será necesariamente el texto definitivo, valora que recoja elementos clave para la comunidad, como la despoblación y las particularidades territoriales de una región que ocupa cerca del 10% de la superficie de España pese a concentrar menos del 3% de la población. “Este modelo debe tenerse en consideración, igual que las reclamaciones que planteen el resto de comunidades autónomas”, ha señalado.

El delegado del Gobierno ha subrayado que cualquier acuerdo sobre financiación autonómica exige diálogo y capacidad de consenso entre todas las partes implicadas. “Solo existe una vía: sentarse a hablar, aportar argumentos y tratar de alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio territorial”, afirma.

Beltrán recuerda que cada comunidad defenderá aquellos criterios que considere más favorables para sus intereses, una actitud que considera legítima siempre que se produzca dentro de una negociación abierta y transparente. “Lo que pretende el Estado es buscar un equilibrio territorial. No se puede escuchar más ni mejor a unas comunidades que a otras”, ha concluido.

Respecto a la posibilidad de que el nuevo sistema de financiación entre en vigor el próximo enero, el delegado ha reconocido la complejidad del calendario, aunque ha apelado a acelerar las negociaciones para intentar cumplir los plazos previstos.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, ha remitido una carta -vía correo electrónico- al consejero de Hacienda en Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el que propone celebrar una reunión, presencial, tanto en la sede del Ministerio como en la sede la Consejería o, bien telemática, para hablar de nuevo de financiación autonómica.

La misiva se ha enviado a todas las comunidades autónomas, concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.

El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según dice la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

Jesús Gascón explica en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.

Tomar como “base” el año 2023

En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.

El secretario de Estado lo justifica en que, al ser un ejercicio cerrado, “se dispone de información cierta sobre qué rendimiento hubiera proporcionado el nuevo sistema de financiación en 2023 si se hubiese aplicado”. También, continúa la carta, permite estimar el dato para 2027, en cuanto al incremento de recursos que proporcionará el nuevo sistema.

 “Al considerarse el año 2023 como año base, determinados parámetros, calculados con datos de dicho ejercicio, se actualizarán por el ITE [ índice de tributación equivalente], mientras que otros, más ligados a la capacidad tributaria, evolucionarán según los ingresos reales (cesta de impuestos, nivelación horizontal, 5% del IRPF destinado a la nivelación vertical, etc)”, señala.

Población ajustada con datos de varios ejercicios y “mantener” las entregas a cuenta

En la carta también se hace alusión a la población ajustada, como indicador para el reparto de fondos. “Hemos analizado la posibilidad de considerar los datos de varios ejercicios y no solo del último disponible”.

Por otro lado, el Ministerio cree que el sistema de entregas a cuenta tradicional “se puede mantener sin perjuicio de que las comunidades autónomas que lo prefieran puedan acogerse a un nuevo sistema de entregas inmediatas”. Eso, añade, es “compatible con el establecimiento de una preliquidación del sistema en el año N+1, también novedosa, y una liquidación definitiva en el año N+2, que se mantendría como cierre del sistema”.

En cuanto, al anunciado fondo basado en las diferencias de recursos por habitante ajustado que presentan algunas comunidades autónomas respecto de la media que proporciona el sistema, considera el Gobierno central que “ a pesar de su distinta naturaleza, su diseño debe ser compatible con el calendario de pagos del propio sistema mediante entregas a cuenta, preliquidaciones y liquidaciones”.

Estos son, dice el secretario de Estado, “algunos ejemplos de decisiones que estamos analizando para concretar el diseño del nuevo sistema de financiación a compartir antes de presentar una propuesta de acuerdo formal”, de ahí que se considere “conveniente” una reunión previa e individual con cada territorio.

Tras las reuniones con cada comunidad, la idea es elaborar un primer borrador del acuerdo para someterlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera que, de forma previa, se analizaría en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE).

Fuentes del Gobierno regional consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha han señalado que aceptarán este encuentro con la condición de tener, por adelantado, la propuesta íntegra del ministerio por escrito, ya que consideran que faltaba mucha información en el último CPFF.

El Gobierno ha asignado este lunes 1.300 millones de euros a la Comunitat Valenciana para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la dana. La medida se ha adoptado mediante un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) que da cumplimiento, en menos de dos semanas, a lo recogido en el Real Decreto-ley 10/2026, aprobado por el Ejecutivo y que incluye actuaciones de apoyo a determinadas situaciones de emergencia.  

En concreto, dicho decreto contempla que en 2026 el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos suplementarios con cargo a los mecanismos adicionales de financiación para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la dana del 29 de octubre de 2024, considerándose la financiación asignada dentro del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Por tanto, atendiendo a la solicitud remitida por la Comunitat Valenciana, hoy la CDGAE ha aprobado asignar 1.300 millones de euros a través del compartimento Facilidad Financiera para cubrir los gastos derivados de dicha emergencia. 

Esta medida estaba incluida en un Real Decreto-ley anterior que se votó en enero, pero que fue rechazado en el Congreso y el Gobierno lo volvió a incorporar en la norma aprobada hace menos de dos semanas.

De esta forma, con la decisión de la CDGAE se cumple el compromiso que adquirió el pasado 28 de abril el ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando anunció en el Consejo de Ministros la apertura de la línea de financiación preferente para hacer frente a los gastos derivados de catástrofes.

Otras medidas de apoyo por la dana

Este nuevo acuerdo de la CDGAE se suma al conjunto de medidas que el Gobierno ha aprobado años anteriores con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas dirigidas a mitigar los perjuicios causados por la dana. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, de los que utilizó algo más de 1.600 millones.

Asimismo, cabe recordar que el Real Decreto-Ley aprobado hace menos de dos semanas también incluía otras medidas tributarias en beneficio de los afectados por la dana, como declarar exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por esta catástrofe como, por ejemplo, las de Cáritas. 

En la misma línea, el Real Decreto-ley también incorporó que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Comunitat Valenciana queden exentas de tributación en el IRPF, algo que ya estaba en un decreto anterior, pero que fue rechazado por el Congreso en enero.

Con la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ya en marcha, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña arrancó el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa se solicitar ya. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con nuevas exenciones fiscales que incluye facilidades para los afectados por la dana de octubre de 2024. El decreto habilita un compartimento específico dentro del mecanismo extraordinario de financiación de las Comunidades Autónomas para gastos vinculados a la dana y otras catástrofes naturales. También establece que las ayudas que organizaciones como Cáritas y otras ONG dieron a afectados por la DANA están exentas en el IRPF, una de las reclamaciones de los colectivos sociales y de los partidos políticos con representación en las Corts Valencianes.

El texto aprobado este martes incluye varias medidas que perseveran en las ayudas aprobadas por la dana de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la dana.

Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputadoss con el voto en contra del PP y Vox. La medida se recupera en este nuevo real decreto y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha pedido sensibilidad a los grupos parlamentarios para que esta vez sí pueda salir adelante. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, que utilizó 1.600 millones, señalan desde el ministerio.

En la misma línea, la norma aprobada este martes contempla que Extremadura pueda recibir recursos con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para hacer frente a gastos derivados de las inundaciones que ha sufrido recientemente.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros.

Exenciones en IRPF

El Real Decreto-ley declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por la DANA como, por ejemplo, las de Cáritas. El objetivo de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

En la misma línea, el Real Decreto-ley confirma que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Generalitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el Real Decreto-ley que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.

El Ministerio de Hacienda recupera también la exención en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los graves incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano, una medida que también decayó en el Congreso de los Diputados.