El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha prometido este miércoles en el Congreso estudiar la fórmula para gravar los beneficios extraordinarios “caídos del cielo” cosechados por las empresas energéticas a raíz de la crisis de Oriente Medio.

En la sesión de control al Gobierno, el portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, ha comparado la actual crisis inflacionaria con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, cuando el Gobierno decidió impulsar dos impuestos excepcionales, uno a energéticas y otro a la banca, para diseñar el conocido como escudo social.

En esta línea, Matute ha remarcado que la protección a la ciudadanía de las consecuencias económicas de la guerra de Irán no puede recaer sobre las familias y debe contribuir “quien más capacidad económica tiene”.

“Deben realizar un esfuerzo especial aquellos sectores que en contextos de crisis obtienen unos beneficios extraordinarios”, ha apostillado el diputado 'abertzale', que a renglón seguido ha pedido recuperar el impuesto a las energéticas y ensanchar el del sector financiero.

En el turno de réplica, el ministro de Hacienda ha compartido con Matute que aquellos que ganan más tienen que contribuir más. Eso sí, ha apuntado que España fue pionera en aplicar impuestos a los beneficios de energéticas o en fijar un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades que luego emularon en otros países en Europa.

“Esa es la política fiscal que tenemos que hacer, progresiva, ambiciosa, suficiente y que no interrumpa el tráfico económico y que permita tanto a las empresas como a las familias poder avanzar todos juntos”, ha remarcado.

En este punto, Arcadi España ha recordado que junto a Alemania, Austria, Italia y Polonia se ha instado a la Comisión Europea a “buscar fórmulas para que los beneficios extraordinarios caídos del cielo de las grandes energéticas contribuyan a pagar todo lo que sea necesario para amortiguar el impacto de una guerra de otros países”.

Un edificio centenario abandonado desde hace casi dos décadas será cedido por el Ministerio de Hacienda para la ampliación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Se encuentra a muy pocos metros de la citada pinacoteca, en una calle trasera del paseo del Prado, la del Duque de Medinaceli, y cuenta con unos 10.000 metros cuadrados de espacios, que serán dedicados principalmente al arte del siglo XXI.

El acuerdo para la cesión de este inmueble, el Palacio del Hielo y del Automóvil, ha sido presentado este miércoles por los ministerios de Cultura y Hacienda. El Gobierno se encargará de las obras de adaptación de esta enorme construcción de hormigón armado, valoradas en 90 millones de euros, mientras que la familia Thyssen donará al Estado parte de su colección -180 obras- y prestará otras tantas. Además, el lugar contará con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, el segundo de este tipo de carácter estatal después del ya existente en Vitoria.

El calendiario con el que trabaja el Gobierno es el de tener el nuevo centro abierto en el año 2032. A lo largo de este año se definirá el programa y la convocatoria del concurso de proyectos de arquitectura para su rehabilitación; entre 2027 y 2028 se redactará el proyecto ganador; y a partir de 2029 se ejecutarán las obras, de forma que se prevé que este edificio pueda estar finalizado y en uso en torno a la citada fecha.

La rehabilitación integral del edificio será promovida y financiada por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, mientras que el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se harán cargo de la museografía, el equipamiento y la dotación del área. Por su parte, el Ministerio del Interior se hará cargo de la dotación del espacio destinado al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Cuando acabe la rehabilitación el inmueble contará con unos 19.500 metros cuadrados de superficie, con un patio-jardín de 1.500 metros cuadrados abierto a exposiciones y actos al aire libre.

“Hoy damos el primer paso hacia la ampliación del Museo Thyssen, un paso de gigante para hacer posible el Thyssen de las próximas décadas: un museo más grande, más abierto y con más capacidad para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía”, ha asegurado en la presentación el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. “Porque los museos públicos son, ante todo, lugares que pertenecen a la gente (...) donde hoy tenemos un edificio cerrado, queremos que mañana haya exposiciones, colegios haciendo talleres, investigadores trabajando, restauradores cuidando las obras, conciertos, conferencias y espacios abiertos al público; porque no queremos simplemente un museo más grande; queremos un museo más útil”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado durante el acto el origen del Palacio de Hielo y del Automóvil, que se inauguró en 1922 y fue una de las primeras construcciones de la ciudad en emplear hormigón armado, un material de vanguardia en su momento. En su día también recibió allí el Centro de Estudios Históricos y fue la primera sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde 2007 el espacio permanecía vacío.

Donación de Francesca Thyssen-Bornemisza

La ampliación anunciada este miércoles y demandada por la familia Thyssen-Bornemisza desde hace tiempo servirá para contar con más espacios educativos, para la investigación y conservación y para una mayor participación ciudadana, más allá del Palacio de Villahermosa, su actual sede y que también fue cedida por el Gobierno en los años noventa.

Esta futura extensión del Museo Thyssen estará centrada en el arte del siglo XXI, que ha estado presente en las exposiciones del Museo gracias al acuerdo de 2018 con la Colección TBA21, presidida por Francesca Thyssen-Bornemisza, y de las muestras organizadas en torno a la colección de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza. Para esta nueva etapa que arrancará con la ampliación, el museo recibirá la donación de más de 180 obras de la Colección TBA21 por parte de Francesca Thyssen-Bornemisza y de sus herederos, informa el Ministerio de Cultura en nota de prensa. También prestará a largo plazo de otras casi 180 obras de arte contemporáneo que complementan la donación. La entrega está valorada en 16 millones de euros mientras que el préstamo ha sido tasado en 10 millones. Francesca Thyssen-Bornemisza ya mantiene otros préstamos gratuitos con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, valorado en unos 70 millones de euros.

“El anuncio que hacemos hoy aquí es más que una donación. Es un paso más en un compromiso que mi familia ha mantenido, de una forma u otra, durante más de un siglo”, ha explicado Francesca Thyssen-Bornemisza. “Mi padre me enseñó que una colección no es una posesión sino una conversación con el mundo, es un bien que se tiene, brevemente, en custodia”. Y ha añadido: “si la generación de mi bisabuelo se preguntaba qué podía mostrarnos el arte sobre la belleza, y la de mi padre qué podía hacer el arte por la paz entre las naciones, la nuestra se pregunta qué puede hacer el arte para ayudarnos a imaginar nuevas formas justas de habitar juntos un planeta que cambia a toda velocidad”.

César Blanco, exdirigente del PP de Ourense con el polémico José Luis Baltar y en la directiva de varias patronales españolas, entre ellas la CEOE de Antonio Garamendi, vuelve a figurar en el top nacional de subvenciones con sus empresas de formación. En 2025 sumaron otros 25 millones, según los datos que publica el Ministerio de Hacienda. Esta cifra (que él rebaja a 14,6 millones, al haberse repartido esos subsidios a la formación con otras empresas) eleva a más de 127 millones las ayudas concedidas a sus sociedades desde 2017, siempre según la información oficial que publica Hacienda.

En 2025, en pleno boom del negocio de las oposiciones, una de las especialidades de sus empresas, y en mitad de una inspección de Hacienda que avanzó elDiario.es y que ha quedado “regularizada” el pasado ejercicio, según fuentes cercanas al empresario, seis de sus sociedades aparecieron en el listado de grandes perceptores de ayudas publicado recientemente por Hacienda.

Se trata de G12 Grupo Empresarial de Servicios SL (6,15 millones en ayudas concedidas en 2025), Educatic Gap Pue SL (4,95 millones), Moba Skill Training SL (4,3 millones), Formando para el Éxito SL (3,98 millones), Academia Postal 3 Vigo SL (3,37 millones) y Blar Formación SL (2 millones).

Fuentes cercanas a Blanco rebajan a 14,6 millones la cuantía realmente recibida en 2025 para financiar el coste de los cursos de formación que imparten sus empresas. Explican que “la cifra publicada [por Hacienda] no siempre se corresponde con el importe de subvención que realmente percibe o ejecuta cada entidad”, porque “en muchas convocatorias de formación se permite que varias empresas concurran conjuntamente mediante una agrupación, entre otras razones para poder llevar a cabo planes más amplios”.

En estos casos, explican, aparece en el listado solo el nombre de la empresa que encabeza la agrupación como coordinadora, pero el importe adjudicado se reparte luego entre el resto. “Es necesario conocer la dimensión del Grupo GDoce para comprender que se trata de una cifra plenamente coherente y proporcionada con la envergadura de la organización y con su capacidad para desarrollar proyectos formativos de alcance relevante”, añaden.

El grupo, subrayan, es “uno de los más importantes del sector, con más de 20 centros homologados repartidos por 17 ciudades de toda España” y “una plantilla de más de 600 trabajadores”. Esta cifra, no obstante, no cuadra con los números que figuran en las cuentas anuales de sus empresas disponibles en el Registro Mercantil.

Para poner en contexto estas cantidades, esas fuentes indican que la cifra de subvenciones recibida “no llega al 0,1%” del total que recoge ese listado que recopila a más de 15.800 sociedades. Añaden que representa el 3,36% del importe destinado “a empresas vinculadas al ámbito de la formación, dejando fuera asociaciones, fundaciones, entidades públicas y otras organizaciones que también reciben financiación para el desarrollo de este tipo de actuaciones”.

En el puesto número 6

Según fuentes del sector, GDoce es la sexta empresa de formación que más subvenciones recibió en 2025. El ranking, según esas fuentes, lo encabezan Aspasia (41,5 millones), Grupo ATU (25,4 millones) y Grupo Colón (20 millones). En el listado figuran nombres como Grupo Método, del gallego Jorge Cuntín, y la malagueña Coremsa, teóricos competidores y socios de Blanco en una pequeña universidad privada cerca de Lisboa (Portugal).

Esas ayudas millonarias no están detalladas en las webs que han puesto en marcha recientemente las empresas de Blanco, que deben darles publicidad para cumplir la Ley de Transparencia. La información disponible es escasa o inexistente. La web más actualizada es la de GDoce. Se ha actualizado este año para aclarar que es un grupo de empresas “dedicadas a la formación”.

Hasta hace unos meses se definía en una rudimentaria web de una forma más difusa. “GDoce es una entidad especializada en la prestación de servicios orientados al desarrollo del capital humano en las organizaciones, tanto para el sector público como privado, ofreciendo soluciones innovadoras y de calidad, y apostando por un uso intensivo de las nuevas tecnologías como eje principal de nuestra política de gestión y prestación de servicio”, decía todavía en abril de este año.

En el apartado de “Transparencia” de la web de GDoce no hay disponibles datos financieros de sus sociedades. Tras preguntar elDiario.es por esta cuestión, en esos portales se indica que estos datos se facilitarán “próximamente”. Sus cuentas en el Registro Mercantil están desactualizadas en muchos casos. “Hacemos todo lo posible por estar al día, las exigencias son muchas y diversas”, justifican desde el grupo, que no consolida su actividad en una cabecera que dé idea de su dimensión real.

Las cuentas presentadas por algunas de sus empresas recogen el resultado de la inspección fiscal avanzada por este medio en 2025, en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pidió a CEOE “explicación detallada y completa” de sus pagos a empresas del gallego, miembro de la directiva de la gran patronal española, mediante cursos de formación que la entidad le adjudica sorteando el evidente conflicto de interés.

Según esas cuentas, la inspección tuvo carácter limitado, “la comprobación de las operaciones realizadas en el ejercicio 2022 con la entidad vinculada Sofbrain”, empresa de Blanco creada en 2020 y domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria que es la que más beneficios ha declarado en los últimos años: más de 6,7 millones solo entre 2022 y 2024, último ejercicio disponible.

La inspección fue notificada a la empresa en mayo del año pasado y se cerró en julio de 2025 con “acuerdo”. Se centró en las operaciones vinculadas entre las empresas de Blanco con esa sociedad en Canarias. Al menos cuatro de sus empresas tuvieron que reconocer una serie de “ajustes” para adaptar a la realidad del mercado los servicios que les prestó esa firma en el archipiélago en el ejercicio 2022, “aceptándose que su sede de dirección efectiva puede no estar localizada en Canarias”, dicen las cuentas de Sofbrain.

“Derivado de la inspección”, la empresa ha reconocido un recorte drástico de su cifra de negocios de 2022: de una facturación “declarada” de 2.105.904,37 euros, a solo 286.333,27 euros. El gasto “declarado” en “servicios exteriores” también se ha minorado en 605.995,29 euros. Y una de las salvedades a las cuentas de Sofbrain de su auditor, Auren, en el ejercicio 2024 está relacionada con la negativa de la empresa a dotar ninguna provisión por las actas firmadas, lo que supone que “el patrimonio neto se encuentra sobrevalorado y el pasivo corriente infravalorado por importe de 537.380,05 euros”.

Hacienda determinó que los servicios que Sofbrain prestó a otras sociedades del grupo (Academia Postal 3 Vigo, G12 Grupo Empresarial de Servicios, Educatic Gap Pue y Moba Skill Training) fueran considerados servicios de apoyo informático y administrativo relacionados con cursos de formación online. Pero determinó que debían valorarse a precios de mercado aplicando un margen del 49,32% sobre los costes totales comprobados en Sofbrain.

Además, estableció que los resultados de las licencias cedidas por Sofbrain a terceros debían imputarse a las sociedades del grupo en la misma proporción en que se valoraban los servicios prestados a esas vinculadas. Y los gastos de adquisición de esas licencias debían imputarse siguiendo el mismo criterio.

En total, más de 800.000 euros entre “ajustes” intragrupo, incrementos de cuota, actas, intereses y una sanción a Sofbrain de 4.356 euros por una infracción “grave”, después de aplicar las reducciones por conformidad y pronto pago para esta empresa en Canarias, que además presentó una declaración complementaria de Sociedades para el ejercicio 2023 por importe de 346.214 euros, siguiendo los criterios de la inspección.

El grupo todavía no ha presentado las cuentas de 2024 de la que dice que es su principal empresa, G12, de cuyas relaciones con la CEOE también pidió cuentas la AEAT. Fuentes cercanas a Blanco se limitan a señalar, a preguntas sobre este asunto: “Situación regularizada y requerimiento resuelto”.

Empresario polifacético, con negocios también inmobiliarios, de limpieza, construcción o turismo, Blanco fue miembro de la ejecutiva del PP de Baltar, polémico presidente de la Diputación de Ourense de 2012 a 2023 y todavía senador, al que su partido mantiene en la Cámara Alta tras ser condenado en enero de 2025 por el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. Baltar heredó el cargo en 2012 de su padre, José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno”, en una sucesión dinástica inédita en la España democrática. Sobre él siempre planeó la sombra del nepotismo y las redes clientelares.

En septiembre de 2024 elDiario.es reveló que Blanco figuraba en el Top 100 de subvenciones en España y que sus empresas sumaban al menos 10 millones en contratos públicos. Mientras, tenía una sociedad en Panamá que, según explicó luego, abrió para “una universidad que no fuimos capaces de arrancar”. La liquidó semanas después de destaparse su existencia.

Socio de Francisco Nóvoa Rodríguez, fundador de Academia Postal, muy conocida en Galicia como centro de formación de opositores, el empresario tiene una larga trayectoria en distintas patronales. Miembro del comité ejecutivo de Cepyme desde 2014, es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, que llegó a presidir de forma interina hasta enero tras fallecer la anterior presidenta, Marisol Nóvoa.

Las empresas de Blanco y dos de sus hijos (algunas relativamente recientes, otras con décadas de existencia) son un fijo en los listados de grandes perceptores de ayudas que publica Hacienda para cumplir la Ley de Transparencia, que fija obligaciones de información a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas a partir de 100.000 euros. En la última edición figura (con cifras mucho más discretas) un líder de otra patronal (la de fabricantes de envases de cartón) que se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y que asegura que sus impuestos van “a la basura”.

El Ministerio de Hacienda saca adelante su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Lo ha hecho con el voto a favor de Catalunya, liderada por el PSC, y de Canarias, donde Coalición Canaria gobierna con el PP, a pesar del rechazo del resto de comunidades populares y, también, las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias.

Previamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedía al ministro de Hacienda, Arcadi España, que se abstuviese en la votación con el objetivo de que el resultado reflejase “el sentir” de las comunidades autónomas de “un modelo impuesto”.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación reiteraba que este modelo de financiación, “se ha negociado exclusivamente” con un partido político, ERC, al que se ha sumado posteriormente el Partido Socialista de Cataluña; y que, por tanto, al ser un modelo que se ha negociado de “manera unilateral con Cataluña, la mayor beneficiada es esta comunidad autónoma”.

Un modelo en el que prima el principio de ordinalidad

Como segunda razón, en cuanto al fondo, Ruiz Molina ha situado que en el modelo propuesto prima el “principio de ordinalidad”, según el cual, “aquellas comunidades autónomas que tengan más acumulación de habitantes con rentas altas tienen derecho a mayor financiación, es decir, que quien paga más impuestos tiene derecho a mayores servicios públicos”.

Para Castilla-La Mancha, ha explicado, la financiación autonómica debe garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a los mismos servicios públicos y con el mismo nivel de calidad, con independencia de dónde vivan y de la capacidad económica de su territorio.

Y una tercera razón, según el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, es el efecto concreto que este nuevo sistema de financiación tendría sobre Castilla-La Mancha. En este sentido ha asegurado que, con el modelo propuesto, la región empeora su posición relativa respecto al sistema actual, pasando a ser, “la peor financiada en términos relativos”.

Por ello, ha subrayado que el debate no se limita a una cuestión de principios, sino también de cómo queda la región y de los recursos con los que contará Castilla-La Mancha para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales y el resto de los servicios públicos que presta a la ciudadanía. Y ha reiterado, que su presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha para “defender los intereses de la ciudadanía de la región”.

La aprobación del CPFF es el primer paso necesario para que el proyecto de ley ahora pase por la mesa del Consejo de Ministros, solo en primera vuelta, y después se enviará al Congreso de los Diputados, donde su recorrido es incierto por la oposición de Junts.

La riojana Cartonajes Santorromán, cuyos dueños regularizaron en 2012 más de medio millón de euros con la amnistía fiscal del PP, figura por segundo año consecutivo en el top de empresas más subvencionadas de España, tras decir en sus cuentas que sus impuestos van “a la basura”, que las leyes laborales fomentan “la vagancia” y protegen “derechos absurdos”, o cargar contra el “subsidiado”.

Esta empresa riojana repite en el Listado de Grandes Beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda. Con datos actualizados a 7 de junio, las ayudas concedidas a Cartonajes Santorromán en 2025 fueron de 1.828.688,81 euros. Se han disparado un 40% respecto a 2024, cuando figuró por primera vez en este listado con 1.309.253,16 euros en subvenciones concedidas, según Hacienda.

Fue en las cuentas de 2024, últimas presentadas hasta ahora, cuando Cartonajes Santorromán aseguró que el Impuesto de Sociedades que pagó en ese año fue “a la basura, para comprar voluntades y voceros”, y volvió a cargar contra el Gobierno “socialista-comunista”, entre otras cosas.

La compañía incluye desde hace años en los informes de gestión que remite al Registro Mercantil expresiones muy alejadas del tono habitual de estos documentos. El de 2023 aseguraba que en España, prácticamente su único mercado, “toda la legislación laboral va encaminada a proclamar derechos absurdos, fomentar la vagancia y a defender a los malos trabajadores, dejando a las empresas indefensas”.

En los últimos años, ha cargado también de pasada contra otra amnistía, la que concedió el Gobierno socialista al independentismo para la normalización política en Catalunya, al afirmar que en España “se beneficia” al “subsidiado y al delincuente (amnistía no), todo vale para mantenerse en el poder, no hay líneas rojas, el gasto público desbocado, las cifras del paro falseadas, faltan de apuntar entre 1 y 1,5 millones más, sobran sueldos públicos, ahora no trabajar es la moda, hay que reducir la jornada”. “A la porra la productividad, en fin para que seguir…”, decía.

También ha arremetido contra “los vagos”, “la voracidad recaudatoria” o las “leyes absurdas”; ha mostrado su “perplejidad” tras lograr beneficios récord pese a los “ineptos” del Gobierno de Pedro Sánchez y sus medidas “en contra de la ortodoxia económica elemental”; o el “contubernio de estafadores” de la UE y los efectos de lo que llamó “virus chino”.

Su informe de gestión de 2024 finalizaba con esta reflexión final algo confusa: “Puede que estos vaivenes nos hagan ver la luz y cambien las cosas para mejor o, que los asusten, y se tomen medidas en sentido contrario a las empresas y a la creación de riqueza, que es la tónica habitual en nuestro entorno; eso ya lo veremos en la próxima edición”.

Con o sin vaivenes, el sistema de publicidad de subvenciones de Hacienda recoge cuatro grandes ayudas a esta empresa por un total de 3,1 millones concedidas entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 por la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, dependiente del Gobierno autonómico del popular Gonzalo Capellán, por programas de incentivos a la inversión y la competitividad de las empresas riojanas.

Cartonajes Santorromán aparece en el puesto 1.024 de las sociedades con mayores ayudas públicas concedidas en 2025 en España, por detrás de Cunef, centro de formación de la patronal bancaria que ha formado a parte de la élite financiera española.

Este listado incluye más de 15.800 sociedades, frente a casi 14.000 en 2024. Se publica en virtud de la Ley de Transparencia, que establece que las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas a partir de 100.000 euros están sujetas a determinadas obligaciones de publicidad activa, como publicar el detalle de sus subvenciones en su web. No consta que lo haya hecho Cartonajes Santorromán, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta.

Como en otras ediciones de esa lista, esta no es la única sociedad de empresarios que se sabe que se acogieron a la amnistía fiscal y que figuran en ese Top nacional de subvenciones.

En el listado de 2025 está también Laboratorios Almirall (6.960.887,57 euros de ayudas y en el puesto 255), de los hermanos Gallardo, protagonistas de la mayor amnistía conocida, de 113 millones, revelada por la investigación de Los Papeles de la Castellana en 2016.

O Petrologis Canarias (2.448.365,56 euros), de la familia política del exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete, que explota una terminal independiente de almacenamiento y suministro de productos petrolíferos en el puerto de la Luz (Las Palmas de Gran Canaria).

Nombres en secreto

A la medida de gracia de Cristóbal Montoro acudieron unas 30.000 personas físicas y empresas. Pero solo se conoce un centenar de nombres por procedimientos judiciales o investigaciones periodísticas. En palabras del Tribunal Supremo, la amnistía permitió “una regularización voluntaria con escasa penalización”: en algunos casos, el 3% de lo defraudado y no prescrito.

Fue declarada inconstitucional en junio de 2017, pero la decisión del tribunal de garantías no tuvo ningún efecto práctico para los beneficiarios de esta polémica medida, que el Gobierno de Mariano Rajoy justificó ante la crítica situación de las cuentas públicas tras el reventón de la burbuja inmobiliaria y ante el rescate de Bankia.

La amnistía del consejero delegado de Cartonajes Santorromán, Leopoldo Santorromán Saldaña, y su padre, Leopoldo Santorromán Blázquez, afloró hace años en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja: “El fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos” se acogieron a la medida de Montoro “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”, decía esa resolución.

“Estas rentas no declaradas no pudieron tener otro origen que las ventas no declaradas de Cartonajes Santorromán, SA”, añadía. En 2019, la Abogacía del Estado presentó un escrito solicitando autorización judicial para que la Agencia Tributaria pudiera inspeccionar la sede de la empresa.

El Fisco había detectado “voluminosas operaciones sumergidas o con dinero B” de Cartonajes Santorromán, que consiguió tumbar esa inspección en los tribunales. Antes de la amnistía de sus dueños, siempre declaró beneficios de, como mucho, un millón. Sus ventas entonces rondaban 20 millones al año. En 2024 declaró 48,7 millones de facturación, un 4% más, y ganancias de 5,4 millones, un 13% más.

Domiciliada en Calahorra, sus raíces se remontan a hace más de un siglo. Se dedica desde hace cuatro generaciones a fabricar, vender y distribuir todo tipo de productos realizados en cartón ondulado, muy utilizado por la industria alimentaria o el comercio electrónico.

Santorromán hijo preside desde 2008 la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO). Integrada en la CEOE, esta patronal representa a 64 empresas con una facturación directa de más de 4.000 millones, 86 fábricas en España y más de 12.000 empleos directos.

Su compañía fue distinguida en octubre de 2019 como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar. En 2016, a su consejero delegado se le pudo ver junto a Pablo Casado, entonces vicesecretario de Comunicación del PP, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO), de la que el presidente de AFCO es vicepresidente desde 2024.

En 2015, la patronal, Cartonajes Santorromán y otras 17 competidoras fueron multadas con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La Audiencia Nacional anuló la sanción en enero de 2019 por un defecto de forma. El organismo notificó la sanción cuando el procedimiento había caducado por unos días.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, ha notificado una propuesta de resolución por la que plantea sancionar con 8,54 millones de euros a la empresa Biomar Oil por no aportar la cuantía económica correspondiente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) en el ejercicio 2024.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), el anuncio se ha realizado mediante notificación edictal tras resultar infructuosos los intentos de notificación telemática y postal en el domicilio de la entidad, informa Europa Press.

Biomar figura en las dos últimas listas de morosos de Hacienda con una deuda de más de 119 millones. Era la sexta empresa que más debía al Fisco en España a cierre de 2025. Sus oficinas en Madrid fueron registradas a finales del año pasado por la Policía Nacional por un presunto fraude de IVA superior a los 200 millones. En las redadas contra esa presunta organización delictiva se halló incluso un taller ilegal de armamento en Ávila.

El expediente por esa sanción califica el incumplimiento como una infracción muy grave conforme al artículo 79.1.a) de la Ley 18/2014, al no haber ingresado dentro del periodo exigible la aportación asignada para dicho año. Por ello, se propone una sanción de 8.544.249,95 euros, cuantía sujeta al límite del 10% del importe anual de su cifra de negocios o de la cifra consolidada de su grupo matriz.

El Ministerio recuerda a la compañía que la sanción propuesta no la exime de abonar la deuda pendiente con el FNEE relativa a su obligación de ahorro de 2024, importe que asciende a 7,767 millones de euros. A partir de la publicación en el BOE, Biomar Oil tiene quince días para comparecer ante la Dirección General, consultar el expediente completo, formular alegaciones y aportar la documentación pertinente.

Biomar Oil fue inhabilitada en 2024 por la Dirección General de Política Energética y Minas del ministerio para ejercer de operador de productos petrolíferos por haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Transición alegó que Biomar estaba incumpliendo la obligación de añadir la parte de biocarburantes que marca la ley al fuel, y de ahí esa deuda con el Fisco de más de 119 millones. La empresa emprendió un procedimiento penal contra los responsables del ministerio que decidieron inhabilitarla como operador e interpuso una querella contra el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación.

Un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda avala que la Diputación de València exija tener un elevado nivel de valenciano a las empresas a las que va a contratar la Corporación. Después de que una firma impugnara un procedimiento por considerarlo discriminatorio, en el que se exigía un nivel C2 de valenciano como requisito para contratar, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales desestima su petición respecto a este punto y lo considera acorde a la actividad de la Diputación, respecto a un contrato para una oficina de apoyo a proyectos europeos.

Sin embargo, el órgano sí atiende a parte del recurso presentado por la firma, que cuestionaba la titulación exigida (pedía un equipo con licenciados en periodismo y comunicación audiovisual y en Economía, Geografía, entre otros) y criterios de arraigo territorial (presencia en Bruselas y oficinas en Valencia), por lo que “la anulación de los criterios referidos supone la de los acuerdos de aprobación de los pliegos”. En consecuencia, la Diputación de Valencia acordó a finales de mayo dejar sin efecto la licitación y deberá rehacer los pliegos.

En concreto, se trata de un procedimiento para la contratación del Servicio de asistencia técnica y gestión de la Oficina de Ayuda Técnica para Proyectos Europeos de la Diputación de Valencia, convocado el pasado diciembre por la Corporación que dirige Vicent Mompó, con valor de 1,2 millones de euros. La oficina debe “asistir y asesorar en la búsqueda, captación y gestión de fondos comunitarios para entidades locales, promover la transferencia de conocimientos vinculados a los proyectos europeos entre los técnicos y cargos electos de la provincia de Valencia”, según consta en la plataforma de contratación.

La Diputación exigió en los pliegos como criterio de adjudicación el conocimiento de nivel C2 de valenciano del personal a adscribir al contrato, una condición que una empresa consideró discriminatoria. Eurovertice Consultores, con sede en Murcia, presentó un recurso ante este órgano, encargado de dirimir asuntos de contratación pública, porque veía este requisito, además de las titulaciones exigidas en otros términos y el arraigo territorial, como una traba. En concreto, sobre el nivel de valenciano, que equivale a una titulación superior, la firma consideró que “la exigencia de este criterio resulta totalmente desproporcionada y no vinculada al objeto del contrato, constituyendo, simplemente, un obstáculo más —a todos los ya expuestos— en el acceso a la licitación. Dicho requisito lingüístico, configurado como criterio de adjudicación, no resulta necesario ni guarda una vinculación directa con el objeto del contrato”.

En su análisis, el Tribunal desestima esta consideración. Lo considera un elemento proporcional y que entra en el marco de discrecional del contrato. El órgano va más allá y hace suyo el argumento que la Diputación de Valencia emplea para el requisito de conocer la lengua cooficial: la Corporación “dispone de normativa específica y planes de normalización lingüística propios que promueven el uso habitual del valenciano en los documentos institucionales, especialmente cuando estos se dirigen a entidades del ámbito territorial valenciano, además de que el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares contempla publicaciones que deberán ser redactadas en valenciano, por lo que se exige una corrección tanto en la ortografía como en la morfología y sintaxis”. Al órgano le parece lógico que, para trabajar con los municipios valencianos y comunicarse en valenciano, se deba tener conocimiento del valenciano.

Sobre el arraigo territorial, que exigía disponer de oficinas en València, el tribunal cree que “la determinación de cinco códigos postales del casco urbano de la capital como único criterio de localización válido introduce una restricción geográfica que no encuentra ningún correlato en las prestaciones” del procedimiento, y reclama anular este punto.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha realizado este balance durante una comparecencia en la que ha repasado los ocho años de gestión del Ejecutivo central en la región, un periodo en el que, a su juicio, Extremadura “ha vivido una gran transformación” gracias a las inversiones públicas y a las medidas de carácter económico y social impulsadas por el Gobierno.

Entre los principales proyectos estratégicos, Quintana ha subrayado la participación de Extremadura en iniciativas de ámbito nacional como el PERTE Chip, que prevé una inversión de 2.350 millones de euros para el proyecto de Trujillo, de los que 752 millones corresponden a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. También ha citado los 300 millones de euros contemplados en el PERTE del Vehículo Eléctrico para la futura gigafactoría de Navalmoral de la Mata y los 182,3 millones destinados al PERTE de Energías Renovables.

En materia de infraestructuras, el delegado ha señalado que desde 2018 el Gobierno ha invertido 2.000 millones de euros en transporte, con actuaciones relacionadas con el ferrocarril y la red viaria. Entre ellas, ha mencionado el avance de proyectos como la autovía A-58 entre Cáceres y Badajoz y la variante de Zafra en la carretera N-432.

Quintana también ha destacado inversiones en infraestructuras hidráulicas, como las depuradoras de Don Benito y Cáceres, así como actuaciones culturales, entre ellas la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y la rehabilitación del Museo de Cáceres. Asimismo, ha aludido a las partidas destinadas a la prevención de incendios forestales y a programas dirigidos a combatir la violencia de género.

En el ámbito social, el delegado del Gobierno ha puesto el acento en medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que, según ha indicado, beneficia a más de 70.000 trabajadores extremeños, así como el incremento de las pensiones, las políticas de empleo y las actuaciones en materia de vivienda.

Respecto a la educación, ha asegurado que las inversiones en Formación Profesional se han duplicado durante este periodo, lo que ha permitido crear 8.774 nuevas plazas, mientras que alrededor de 26.000 estudiantes reciben becas. En materia de vivienda, ha señalado que el Ejecutivo mantiene su apuesta por facilitar el acceso al parque residencial.

José Luis Quintana también ha destacado que Extremadura recibirá en 2026 un 56 % más de recursos para financiar los servicios públicos que en 2018. En este sentido, ha señalado que las entregas a cuenta alcanzarán los 4.819 millones de euros, la cifra más elevada registrada hasta la fecha.

El delegado del Gobierno ha defendido que todas estas inversiones “se traducen en oportunidades, derechos, empleo, cohesión territorial y mejora de la vida” de la ciudadanía y ha asegurado que “nunca antes Extremadura había contado con tal nivel de inversión” como el recibido con el actual Gobierno de España.

El estudio, elaborado por el investigador Ángel de la Fuente, analiza la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2024, recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda, y concluye que la Comunidad de Madrid aportó el 26 % de sus ingresos al fondo común de financiación, seguida de Cataluña (8 %) y Baleares (7 %).

Esas aportaciones son redistribuidas entre el resto de comunidades autónomas de régimen común. En el caso de Extremadura, los recursos recibidos a través de estos mecanismos de nivelación representan más del 72 % de la recaudación obtenida por los tributos cedidos, una proporción solo superada por Canarias, donde alcanzan el 96 %.

El informe destaca que la financiación autonómica aumentó en 14.400 millones de euros respecto a 2023, lo que supone un crecimiento del 9,45 %. Este incremento se explica por la mejora de la recaudación tributaria y se produjo en un contexto en el que la inflación cerró el ejercicio en el 2,8 %, por lo que también supone un aumento de la financiación en términos reales.

El sistema de financiación combina recursos procedentes de la recaudación tributaria de cada comunidad con aportaciones del Estado y mecanismos de solidaridad interterritorial destinados a garantizar una financiación similar para la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Pese a ello, el informe vuelve a poner de manifiesto los desequilibrios existentes entre comunidades. Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha continúan siendo las autonomías peor financiadas en términos de financiación efectiva por habitante ajustado, una situación que, según Fedea, se repite año tras año con el actual modelo.

En cuanto a la evolución relativa entre 2023 y 2024, Extremadura perdió algo más de 1,5 puntos en el índice de financiación efectiva por habitante ajustado, un descenso similar al registrado por Cantabria y solo inferior al de Baleares, que retrocedió 3,7 puntos. También Canarias perdió posiciones, mientras que Cataluña mejoró ligeramente, al igual que Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Por el contrario, Madrid continúa siendo la comunidad con mayor capacidad financiera dentro del régimen común y, junto con Aragón, es una de las que más ha mejorado su posición relativa en el último ejercicio, según las conclusiones del informe de Fedea.

Las comunidades y ciudades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos -como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales-, de los que corresponde 4.819 millones a Extremadura, un 7,8% más que en 2026.

Según el Ministerio de Hacienda, si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 5.094 millones, un 9,7% superior en comparación con el anterior ejercicio, lo que significa que “nunca el Gobierno extremeño había contado con tantos recursos”.

A nivel nacional los 170.529 millones son un 8,1% más que este ejercicio y de nuevo una cifra récord, según el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer esta cifra a los gobiernos autonómicos el día en que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación, y que finalmente ha sido aplazado al 4 de septiembre como solicitaron las comunidades gobernadas por el PP.

Si se añade a las entregas a cuenta la liquidación de 2025 -una vez conocidas las recaudaciones reales-, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1% más que en 2026. lo que Hacienda ha calificado también, en un comunicado, como una transferencia “histórica”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año gracias al sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que aportaría otros 20.975 millones adicionales para los territorios, y ha recordado además que se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación “histórica” de la deuda autonómica que asciende a 83.252 millones.

España ha aprovechado para volver a tender la mano a todas las comunidades para sacar adelante la reforma del modelo de financiación -que rechazan las del PP y con las que son críticas también las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias- y ha lamentado específicamente que las gobernadas por el Partido Popular “se hayan negado a negociar hasta ahora”.

El titular de Hacienda ha destacado que estas entregas a cuenta muestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades” y ha reclamado a los gobiernos autonómicos que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar.

Actualización de 2026 y liquidación de 2024

Hacienda ha informado también este miércoles de que las comunidades autónomas han recibido en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización -recientemente aprobada en el Congreso con los votos en contra solo de Vox- de las entregas a cuenta del año en curso correspondiente a los meses de enero a junio.

Del mismo modo, los territorios van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación.

Esto supone, como ha destacado Hacienda, que el Gobierno va a transferir en el mes de julio unos 24.455 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas por la actualización de entregas a cuenta de 2026 y la liquidación del año 2024, lo que para el Ministerio “garantiza la calidad de los servicios públicos que prestan, especialmente en el ámbito de los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales”.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles a las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. En el caso de Canarias, la cifra asciende a 7.850 millones de euros en 2027, un 7,8% más que este año.

El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada.

Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la Administración central, resalta el Ministerio. Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación, recuerda.

En el caso de Canarias, sus entregas a cuenta aumentarán hasta los 7.650 millones, un 7,8% más que en 2026. Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 8.899 millones. Es decir, un 9,1% superior en comparación con el anterior ejercicio. “Nunca el Gobierno canario había contado con tantos recursos”, señala Hacienda.

El ministro, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas” y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

611 millones adicionales para las Islas

Además, Arcadi España apunta que el incremento de los recursos es consecuencia de la buena política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE. Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 611 millones adicionales para Canarias.

Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica, que para Canarias asciende a 3.259 millones.

Nuevamente, el ministro de Hacienda ha tendido la mano a todas las Comunidades Autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación y ha lamentado que las gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a negociar hasta ahora.

El Gobierno de España ha aprobado la concesión de ayudas por valor 108,26 millones a través del programa de Incentivos Regionales a 13 proyectos empresariales que prevén invertir en Canarias 280,8 millones, generarán 847 empleos y ayudarán a mantener 2.078 trabajos más. Se trata en su mayoría de proyectos turísticos, otro de una tabaquera y otro más, el que menos recibe, para fabricar biofertilizantes. Todos se concentran en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, destaca que estos incentivos servirán para financiar “proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles, fomentando la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta per cápita con el resto de regiones, no solo de España sino también de la UE”.

En el caso de los proyectos aprobados en Canarias, la mayor ayuda se la lleva el grupo turístico Lopesan, que recibirá 49,25 millones de euros para una inversión de 126 millones de euros en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, que creará 552 empleos

A continuación aparece en la lista la tabaquera JT International Canarias, que invertirá 37,50 millones para crear 20 empleos en Santa Cruz de Tenerife. En su caso, ingresará de los incentivos regionales 13,50 millones.

Le siguen dos inversiones turísticas en el sur de Tenerife: una de 29,50 millones de HG Cristian Park en Arona y otra de 30,51 millones Hoteles Piñero Canarias en Adeje, en ambos casos con 50 puestos de trabajo creados. La primera recibirá un apoyo estatal de 12,72 millones de euros y la segunda una ayuda de 11,28 millones.

Asimismo, la empresa ATH Bioenergy, que desarrolla fertilizantes de alta calidad a partir de residuos orgánico, recibirá 6,43 millones de euros para un a inversión de 17,38 millones en Granadilla de Abona (Tenerife) que generará cinco empleos.

El resto de proyectos apoyados con este lote de incentivos regionales son inversiones radicadas en Tenerife y Gran Canaria.

“A Soledad la agotaron”, resume el responsable de UGT en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto. Una visión sobre la ya exdirectora general del fisco, Soledad Fernández —sustituida esta semana—, que coincide con la de José María Mollinedo, el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha: “Ella estaba ya cansada porque veía que no podía lograr más avances en el Plan Estratégico”.

La Agencia Tributaria no está acostumbrada a situarse en el centro de la polémica, más allá del protagonismo obligado durante los tres meses de la Campaña de la Renta en los que los contribuyentes cumplen sus obligaciones con el fisco. Pero, de un tiempo a esta parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) no ha dejado de copar titulares, bien por las huelgas de su plantilla, por los reveses de la justicia, por investigaciones prominentes o, en el último caso, por un recambio en su cúpula para tratar de calmar las tensiones internas en un organismo con casi 26.000 empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda aprobó esta semana el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director general del organismo recaudatorio del Estado, después de que su predecesora, Soledad Fernández, solicitara su relevo al Gobierno. Fuentes gubernamentales confirmaron que esta petición se había cursado hacía meses, pero se llegó al acuerdo de dejar pasar el periodo de mayor tensión del año —la declaración del IRPF— antes de su cese.

Antonio Ansón, inspector de Hacienda y exjefe de gabinete del ‘número dos’ del Ministerio, Jesús Gascón, vuelve a una casa que conoce bien —fue director adjunto del Departamento de Recursos Humanos hace solo unos años— tras una amplia carrera en el ámbito tributario que lo llevó a permanecer ocho años en un puesto del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Pero ni el revés judicial por el caso Shakira, ni el foco por la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ni las negociaciones para una financiación singular para Catalunya están detrás de la salida de Soledad Fernández. Los sindicatos apuntan a que la ya exjefa del fisco estaba “cansada” y “agotada”, tras cuatro años de mandato en los que no consiguió su objetivo principal: reforzar el organismo y recuperar el desarrollo de la carrera profesional de su plantilla.

Hizo frente a la primera huelga en campaña de la renta

En el comunicado en el que el Ministerio de Hacienda confirmaba la salida de Fernández, fuentes del Ministerio señalaban que se producía cuando “se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico 2024-2027” que ella misma puso en marcha al frente del organismo. Un programa para reforzar controles contra el fraude y también el número de efectivos, en resumen.

Pero uno de sus compromisos, el de recuperar el desarrollo profesional, no se ha llevado a cabo. Esta fue la razón de la huelga convocada en el organismo hace un mes, en plena visita del papa León XIV, por el sindicato CSIF. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“Cuando Soledad empezó, le hicimos un encierro por una serie de incumplimientos y ella dijo que lo intentaría arreglar, pero después de cuatro años no ha arreglado nada”, critica García Soto en conversación por teléfono.

“La parte del león del plan estratégico, la de los medios personales, estaba bloqueada y no ha sido capaz de tomar una decisión y seguir hacia delante”, señala Mollinedo, de Gestha.

La propia Fernández reconoció su frustración durante la última presentación de la campaña de la renta cuando, a preguntas de los periodistas, reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”. Y después enfadó a todos los sindicatos con unas declaraciones sobre la imposibilidad de ir a la huelga durante las presentaciones del IRPF. Algo que terminó sucediendo.

Desde UGT señalan que la caída de Fernández se aceleró cuando intentó un concurso de carrera vertical que beneficiaba únicamente a los salarios más elevados de la plantilla, algo que se habría frenado por parte del ministro de Hacienda, Arcadi España, que habría reclamado “paz social” en el organismo.

La mano derecha del 'número dos' de Hacienda

La respuesta del Gobierno ha sido colocar al jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que antes fue director general de la Agencia Tributaria, al frente del organismo. El currículum de Ansón no está en duda y Gestha —que pone en valor que antes de inspector, fue técnico de Hacienda— cree que su conocimiento de la organización permitirá poner orden.

Pero en UGT critican el “perfil bajo” del nuevo nombramiento, sin apenas significación política. “Es un movimiento tremendamente corporativo”, deplora el sindicalista de UGT.

La experiencia de Ansón como jefe de gabinete de Gascón también le da un conocimiento específico de todos los movimientos que el Gobierno está llevando en financiación autonómica o de las negociaciones para el trabajo en red con agencias tributarias regionales.

Un aspecto que, precisamente, preocupó a la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, al que le reclamaron, en un comunicado tras conocerse su nombramiento, que evite “injerencias externas” e impida “cualquier fragmentación de la AEAT, de la caja común, del sistema de información tributaria y defienda a sus funcionarios evitando que se produzcan traslados forzosos o situaciones que impidan su movilidad”.

Además de Fernández, también se conoció la salida de los responsables de Recaudación, Virginia Muñoz, y de Inspección Financiera y Tributaria, Manuel Trillo. Desde Hacienda descartaban una crisis en la cúpula y apuntan a que ambos altos cargos se han presentado a altos cargos en embajadas en el extranjero, de los que tomarán posesión en los próximos meses.

Ansón se reunió, el martes, con su antecesora y con España en una de las salas más nobles del Ministerio de Hacienda. El reto que tiene por delante es mayúsculo y la polémica no tiene visos de amainar. De momento, Vox ha reclamado la comparecencia del ministro en el Congreso para explicar los cambios en el organismo. Y CSIF, el sindicato que convocó la huelga en junio, ya ha advertido que seguirán las movilizaciones en septiembre para mejorar sus condiciones laborales.

El Ministerio de Hacienda ha remitido a los gobiernos regionales el documento detallado con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, cuyo borrador definitivo proyecta una inyección global de 224.500 millones de euros para el año 2027. Esta cifra implica un incremento de 20.975 millones de euros respecto al modelo actual y una subida notable frente a los 152.484 millones del año base 2023. La reforma busca reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado mediante un aumento de recursos para todos los territorios, el blindaje de los servicios públicos y una mayor autonomía fiscal.

La Comunitat Valenciana emerge como uno de los territorios más beneficiados en términos porcentuales por este nuevo marco regulatorio. El modelo propuesto supondrá un incremento de 3.669 millones de euros anuales para la Generalitat Valenciana, lo que representa un avance de casi el 18% respecto a los recursos que le corresponderían en 2027 con el sistema vigente. Según explican fuentes de Hacienda, esta mejora garantiza que la ciudadanía valenciana contará con el mayor volumen de fondos de su historia para la sanidad, la educación pública, la dependencia y el resto de los servicios sociales básicos.

Así, desde el Ministerio sostienen que el impacto positivo en la Comunitat Valenciana responde a que percibirá fondos de manera simultánea por la vía de la nivelación vertical y de la nivelación horizontal, además de situarse entre las zonas que más recursos captarán a través del nuevo fondo climático y del mecanismo del IVA para las pequeñas y medianas empresas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la objetividad del modelo y emplazó a los gobiernos autonómicos a analizar y debatir el documento en los comités técnicos y en un Consejo de Política Fiscal y Financiera específico, y lamentó la negativa a negociar de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y criticó su rechazo a los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029, una postura que restará 549 millones de euros a la Comunitat Valenciana. Desde el ministerio consideran que no hay elementos objetivos para oponerse a un modelo que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas y creen un error el rechazo a la propuesta “por puro interés partidista”.

El diseño de la reforma actualiza el criterio de población ajustada para determinar las necesidades reales de gasto de cada comunidad. Las variables demográficas y geográficas se redefinen de modo que la población de padrón pondera un 30% y el gasto sanitario sube al 38%, este último calculado ahora sobre 20 grupos de edad en lugar de los siete anteriores para lograr una mayor fiabilidad. El gasto educativo alcanza una ponderación del 17% para el tramo de 0 a 17 años e incorpora un 3,5% adicional para la franja de 18 a 24 años y para el alumnado universitario que se desplaza a otras regiones. Los servicios sociales computan un 7% tras desglosar a los mayores de 65 años en dos tramos e incluir el número de parados sin prestación con un peso del 1,5%. Para paliar la despoblación, el sistema añade factores correctores como la superficie, la dispersión, la insularidad y un nuevo concepto de costes fijos que beneficia a las regiones sin economías de escala.

La autonomía fiscal se reforzará con un aumento de la capacidad tributaria que aportará casi 16.000 millones de euros en 2027. La cesión del IRPF pasará del 50% al 55% y la del IVA subirá del 50% al 56,5%, al tiempo que se integrarán en el sistema los impuestos sobre el Patrimonio, Depósitos Bancarios, Actividades del Juego y Depósito de Residuos en Vertederos.

La solidaridad interterritorial se articulará mediante dos mecanismos de nivelación. La nivelación horizontal asegura que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado, lo que obliga a los territorios que superan la media a aportar al fondo común y beneficia a los que están por debajo. Por su parte, la nivelación vertical contará con una aportación del Estado de 19.000 millones de euros para reducir en dos tercios la distancia presupuestaria de todas las regiones respecto a la Comunidad de Madrid, que registra los mayores recursos actuales.

El cierre del sistema incluye herramientas con recursos no competitivos para evitar que la ganancia de una comunidad reste fondos a otra. Entre ellas destaca el mecanismo del IVA para pymes, que permitirá a las autonomías recibir una transferencia si la recaudación de este impuesto en su tejido empresarial supera el índice de consumo interno. Asimismo, se creará un fondo climático de 1.000 millones de euros, del cual dos tercios se destinarán de forma directa a las regiones del litoral mediterráneo debido a su exposición al calentamiento marítimo, una medida donde la Comunitat Valenciana figura nuevamente como una de las principales beneficiadas.

Por último, una cláusula de cierre de 400 millones de euros blindará el statu quo para que ninguna comunidad reciba menos ingresos que con el modelo previo, una partida que beneficiará especialmente a Cantabria y Extremadura. Fuera del modelo de financiación, el Gobierno central reformulará los Fondos de Compensación Interterritorial para impulsar la productividad y las infraestructuras en las autonomías con recursos inferiores a la media nacional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto hoy a insistir en su posición sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con un “rechazo absoluto” a la propuesta presentada por el Ejecutivo central. El consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Mlina ha reiterado que la razón estriba en que se defiende el principio de ordinalidad que trata de “dar privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras”, en alusión a Catalunya.

Poca novedad en este sentido tras la reunión este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el primero que ha presidido el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. La reunión bilateral mantenida hace unos días con el ministerio no ha supuesto avances.

Ruiz Molina reclamaba minutos antes de comenzar el encuentro entre Gobierno central y todas las comunidades autónomas que la reforma del sistema de financiación autonómico debe abordarse desde el consenso y desde la negociación multilateral. También lamentaba las “manifestaciones imprudentes” por parte de la consejera de Hacienda de Catalunya en las que da por hecho que se va a aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, previsiblemente en el siguiente consejo, a finales de julio.

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, el modelo se ha pactado de forma “unilateral” y con una sola comunidad autónoma.

A colación de este asunto, se ha preguntado para qué han servido las reuniones bilaterales en las que han participado algunas comunidades autónomas y donde se ha puesto de manifiesto el modelo que se defiende, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha. En este contexto, ha deseado que estos encuentros “no hayan sido un paripé” y ha echado de menos que el Gobierno central no haya desmentido a la consejera catalana, generando incertidumbre sobre el proceso de negociación.

Objetivos de estabilidad y margen presupuestario para 2027

Durante su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se van abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años, con especial atención al ejercicio 2027, ya que de ellos depende el “margen de maniobra del que disponemos para poder afrontar el presupuesto del próximo año, al menos aquellas comunidades que elaboran y aprueban sus cuentas en tiempo y forma cada ejercicio, como es el caso de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el consejero ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico queremos disponer de un mayor margen de maniobra para afrontar las cuentas del próximo ejercicio y, por ello, ha reclamado al Partido Popular que permita la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A su juicio, ha indicado que es positivo que el Gobierno de España presente su propuesta para que pueda ser debatida y, en su caso, rechazada durante su tramitación parlamentaria.

Asimismo, ha defendido que el nivel de déficit autorizado para las comunidades autónomas no debería ser un elemento de discusión si existiera un sistema de financiación autonómica que cubriera adecuadamente las necesidades reales de gasto de los territorios. Un modelo de financiación suficiente, que según ha remarcado, “reduciría la dependencia de los márgenes de déficit para garantizar la prestación de los servicios públicos”.

En el mundo científico raro es el investigador que no ha tenido que poner dinero de su bolsillo para un viaje de trabajo. O que se ha visto obligado a compartir habitación con un compañero durante un desplazamiento. También los hay que, para evitarse esas situaciones, han dejado de viajar o lo hacen mucho menos. Y eso es un problema en un sector en el que, buena parte de la labor de estos profesionales pasa, precisamente, por ir a congresos, bajar al terreno a tomar muestras de campo o realizar colaboraciones con otros colegas.

Las dietas que paga la Administración para estos desplazamientos se fijaron en 2002 y, desde entonces, no se han actualizado, denuncian los científicos. Un cuarto de siglo después, los 65 euros por noche y los 37 euros para tres comidas diarias que contempla el Real Decreto que lo regula se han quedado escasísimos, sostienen los investigadores. Y suponen, dicen, un obstáculo para desarrollar su trabajo.

“Es un tema conocido por todos”, sostiene César González-Pérez, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Santiago de Compostela. “Es fantasioso alojarse por 65 euros la noche en ciudades como Madrid o Barcelona; acabas teniendo que poner dinero de tu bolsillo. Un año perdí 4.500 euros, así que decidí minimizar los viajes de trabajo”, lamenta. “Es relativamente habitual poner dinero propio”, coincide María Luz, profesora en la Universidad de Granada (UGR).

El precio medio de una habitación de hotel en España fue de 166,1 euros por noche en 2025, un 4% más que el año anterior, según la consultora Cushman & Wakefield. En Madrid, esa media sube ligeramente, hasta los 168 euros por noche. Es más del doble de lo que paga la Administración, aunque buscando en plataformas online sí es posible encontrar habitaciones que rondan los 60-70 euros para días concretos.

“Pero encuentra tú una habituación por ese dinero para un congreso en València en junio”, cuenta María Luz. “Porque, además, cuando vas a un congreso te interesa quedarte en el mismo hotel en el que se celebra. Suelen durar 8-10 horas cada día y así te ahorras el desplazamiento. Así que te ves compartiendo habitación con tu compañero, te caiga bien o no”. Ella lo ha sufrido y conoce a varios colegas que han pasado por lo mismo. “En un viaje de trabajo no es de recibo, qué menos que un poco de intimidad”, opina. Y eso que, como sucede en su caso, algunos organismos han elevado motu proprio esa cifra. Pero los 80 euros de que disponen en la UGR para pernoctaciones nacionales tampoco dan para mucho.

Realmente, el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio aplica a todos los funcionarios. Los divide en tres categorías y estipula unos gastos en dietas en función del grupo en el que se encuadra el trabajador. Los científicos quedan en el 2, el intermedio. Los altos cargos disponen de 102 euros para dormir y 53 para comer y el tercer escalón, grupo 3, apenas 48 euros para la habitación y 28 para tres comidas.

Que todos los empleados públicos se acojan a las mismas reglas es justamente parte de la disfunción de la normativa, explica Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. “Entre el funcionariado hay una inmensa mayoría de trabajadores que hace como mucho un viaje al año, pero los científicos hacemos muchos más. Por eso, siempre hemos querido salirnos de esa norma. Tenemos una vida que el resto de funcionarios no entiende bien porque no es de fichar, hacer un horario regular... Nuestra labor depende mucho de hacer viajes para hacer trabajo de campo, congresos, etc. Es un problema que afecta a una minoría del colectivo de funcionarios, por eso cuando le llega al secretario de Estado de Administraciones Públicas de turno, no le da prioridad, no acaba de entenderlo. Para nosotros es un poco dramático, pero para el gestor no es un problema”, argumenta el sociólogo.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Hacienda si tiene intención de actualizar las dietas o hacer algún cambio en la normativa, pero no ha obtenido respuesta.

“Una tormenta perfecta”

La cantidad no es el único problema. “Además, [en la administración pública] todo va por compra centralizada”, explica Miller. “Si no quieres adelantar dinero de tu bolsillo, tienes que ir a través de ellos. Pero prácticamente ya nunca tienen ofertas. Durante estos años pasados nos hemos buscado la vida como podíamos, pero ya es imposible”, relata. La salida de la pandemia fue un punto de inflexión, coinciden los investigadores: “Ha habido una tormenta perfecta de crecimiento económico, millones de turistas y precios disparados”.

¿El resultado? “Tenemos ese dilema: están desde los que deciden no viajar hasta los que adelantan el dinero”, cuenta el sociólogo. O los que, como González-Pérez, lo ponían de su bolsillo. O quienes juntan dos dietas para coger una habituación doble, como explicaba la profesora María Luz.

Pero viajar es imprescindible para su trabajo, recuerdan los científicos. “Como investigadores, uno de los deberes que tenemos es difundir conocimiento. Eso implica ir a congresos, a charlas... Hay que hacer esa labor evangelizante, digamos, de presentar tus resultados a la sociedad”, explica González-Pérez. “Lo más insustituible es el trabajo de campo”, añade Miller. “Recogidas de muestras, entrevistas, reuniones de equipo en directo, visitas a grandes laboratorios, que están en determinados sitios... No es solo el estereotipo del congreso”.

A la vez, alguno admite que desde que el confinamiento global mostró que ciertas actividades, especialmente los congresos, se pueden hacer a distancia hay un cierto debate sobre la necesidad de determinados desplazamientos.

Pero también hay quien defiende la necesidad de acudir, que no es ni remotamente parecido atender un congreso online que presencial porque la ciencia es una labor comunitaria, de intercambio. “Nunca es lo mismo [presencial que virtual]. Si voy a Ámsterdam estoy ocho o nueve horas en el congreso hablando con gente, conociendo personas que a lo mejor un día me pueden ser útiles para hacer una estancia o cualquier cosa. Para mí el networking [las relaciones que se establecen en un evento profesional] es fundamental. Es casi más importante quién voy a conocer que el contenido del congreso”, reflexiona González-Pérez.

Es cierto que algunos organismos, como el CSIC, tienen una normativa propia que contempla excepciones que permiten elevar el gasto. Pero es engorrosa, para unos supuestos muy concretos, con determinadas partidas de dinero y circunstancias, y de facto casi nadie la usa, cuentan los investigadores consultados.

No hay grandes novedades en la lista de grandes morosos de Hacienda en la que aparecen las deudas de particulares y empresas que superan los 600.000 euros. Llama la atención el regreso de la vallisoletana Patricia Conde, con desencuentros con el fisco desde el año 2017. La artista llegó a acumular una deuda de 1,9 millones, aunque llevaba dos años con las cuentas saldadas y ahora retorna con un saldo negativo de 714.615 euros.

Junto a conde aparecen un puñado de constructoras, la mayoría habituales de la lista desde hace más de una década. El Grupo Pantersa SL, dedicado a la construcción y afincado en Burgos, mantiene una deuda de 40,53 millones desde hace 12 años. Muy de cerca la siguen dos empresas de la familia Arranz Acinas, también de Burgos. Construcciones Arranz Acinas debe 33,05 millones mientras que la inmobiliaria de mismo nombre adeuda 30,46 millones.

Otra constructora burgalesa, Edificaciones Sociales de Burgos SA, debe 30,18 millones, mientras que Promociones Pal adeuda 30,43; Promociones Inmobiliarias del Pisuerga, 26,57; Urbana de Campoburgos SL, 4,09 M€; Campoburgos UTE 1,39; Areniscas de los Pinares Burgos Soria SL, 2,16; Urbanizadora de Valladolid SL, 10,03 y Construcciones Inmobiliarias Segovianas 1,88 millones.

La Unión Deportiva Salamanca SAD -ya extinguida-, debe 13,4 millones de euros mientras que la Compañía Minera Astur Leonesa SA, adeuda 10,5.

Como en años anteriores, sigue en el listado la empresa del empresario y exalto cargo de la Junta de Castilla y León, Alberto Esgueva, relacionado con la Trama Eólica. Intercatia Corporación SL lleva 12 años en la lista y debe actualmente 6,34 millones. La deuda fue mayor, de hasta 18 millones de euros, pero una serie de recursos dieron la razón a Esgueva. La inspección que reventó el caso de las comisiones para conseguir parques de molinos se hizo desde Valladolid cuando la mercantil estaba arraigada en Madrid.

En la lista aparece también Urban Proyecta PM3, empresa de Valladolid que aparece en el caso Perla Negra y que era de un socio de Esgueva. La deuda es de 15,39 millones.

La Constructora Martínez Núñez mantiene desde hace años una deuda de 1,34 millones, mientras que la descendiente del fundador, Isabel Martínez Parra debe 5,73 millones.

La lista anual de morosos con deudas superiores a los 600.000 euros ya está disponible. La ha publicado este viernes la Agencia Tributaria (AEAT) con los datos actualizados hasta el 31 de diciembre de 2025 que indican que hay 5.853 contribuyentes morosos con una deuda que asciende a 15.432 millones de euros.

En la lista se mantienen algunos nombres recurrentes de años anteriores, como el de Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán (exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona).

En el siguiente buscador puedes consultar todos los nombres de la lista de morosos a la Agencia Tributaria en 2025. Si pinchas en los distintos nombres podrás ver además la evolución de su deuda y la cantidad de años que lleva apareciendo en la lista.

¿Y quiénes han sido los mayores morosos de este año? Entre las empresas el top 3 lo ocupan Reyal Urbis (que fue el segundo mayor grupo inmobiliario de España), Bio-Zenite Energy y Metaway Combustibles. Si miramos a personas concretas, los mayores deudas del año son los hermanos y empresarios inmobiliarios Olivares Garrido.

Además de los habituales, este año se incorporan 735 nuevos deudores a la lista de morosos, puedes consultar sus nombres y junto al importe total de su deuda con Hacienda en el siguiente gráfico. Destaca, por ejemplo, Diana Grapin, vinculada a dos inmobiliarias catalanas y con una deuda de 30,5 millones. O Kampaoh, la firma andaluza de campings de lujo, que debe 1,3 millones de euros.

Inversiones las Teresitas (la sociedad central del mayor caso de corrupción juzgado en Canarias) tiene la deuda más alta entre los nuevos morososos, pero también ha habido quienes han saldado su deuda este año. Además de nombres clásicos que desaparecen como Spanair, Viajes Iberia u Orizonia, la empresa que más ha pagado para abandona la lista ha sido Palemad Reciclaje, 128 millones de euros.

Una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica en España exige un procedimiento complejo, en el que confluyen decisiones políticas, legislativas y, en determinados supuestos, incluso constitucionales. La pieza central sería la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, su reforma requiere aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, después de una tramitación ordinaria en ambas Cámaras y siempre con la posibilidad de veto o enmiendas por el Senado. La práctica constitucional española ha convertido la LOFCA en la norma básica del sistema de financiación de régimen común.

Aunque jurídicamente no es imprescindible, políticamente resulta casi indispensable alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano participan el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común. Tradicionalmente, cualquier reforma relevante se negocia previamente en este foro para dotarla de legitimidad política y viabilidad parlamentaria.

Además de la LOFCA, suelen requerirse reformas de la ley reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, las leyes de cesión de tributos y diversas normas tributarias estatales. Por tanto, normalmente no basta con una única ley.

Adicionalmente, y dependiendo del alcance de la reforma, algunas comunidades podrían verse obligadas a adaptar sus normas tributarias propias, ajustar sus presupuestos y, en ciertos casos, disposiciones de sus estatutos de autonomía.

 ¿Sería necesaria una reforma constitucional? En principio, no. La Constitución, especialmente los artículos 156 a 158, deja un amplio margen para diseñar distintos modelos de financiación autonómica. Ahora bien, sí sería necesaria una reforma constitucional si se pretendiera alterar los principios constitucionales de solidaridad o suficiencia financiera, modificar la distribución territorial del poder financiero, generalizar un sistema semejante al concierto económico vasco y al convenio navarro para algunas o todas las comunidades o cambiar aspectos esenciales del Estado autonómico.

Aunque jurídicamente bastaría una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA, una reforma profunda y duradera suele requerir amplio consenso entre comunidades autónomas, un acuerdo entre los principales partidos nacionales y un marco de Estabilidad presupuestaria plurianual. De hecho, una de las razones por las que no se ha renovado el modelo vigente desde 2009 es la enorme dificultad para conciliar los intereses de comunidades receptoras y contribuyentes netas.

La pregunta del millón es: ¿Puede un gobierno sin apoyos parlamentarios sacar adelante una reforma de calado del modelo financiero territorial? En términos estrictamente jurídicos, sí podría. En términos políticos, es extraordinariamente difícil.

La clave está en distinguir entre Gobierno y mayoría parlamentaria. El Gobierno puede elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, negociar con las comunidades autónomas y remitir al Congreso un proyecto de reforma de la LOFCA. Sin embargo, la reforma no puede entrar en vigor sin la aprobación de las Cortes Generales. Por tanto, un gobierno sin apoyos suficientes puede diseñar y presentar una propuesta y puede abrir negociaciones bilaterales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y puede incluso alcanzar acuerdos con algunas comunidades autónomas. Pero no puede aprobar unilateralmente la reforma de la LOFCA (requiere mayoría absoluta del Congreso), las modificaciones de las leyes de cesión de tributos y las eventuales leyes presupuestarias asociadas.

Además, existe una dificultad añadida: la financiación autonómica genera ganadores y perdedores relativos, incluso poniendo una ingente cantidad de dinero encima de la mesa para suscitar adhesiones. Incluso gobiernos con mayorías sólidas han tenido enormes problemas para reformarla. De hecho, el modelo vigente, aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue fruto de una negociación muy compleja con comunidades autónomas y grupos parlamentarios; y se puso dinero para suscitar adhesiones, pero el modelo comenzó a mostrar sus defectos desde el primer momento, ya que se hizo a impulso de las autoridades catalanas sin tener en cuenta la integridad y la dinámica del modelo. ¿Vamos a repetir los mismos errores?

Desde una perspectiva práctica, una reforma profunda suele requerir tres mayorías simultáneas: una mayoría en el Congreso, un grado razonable de acuerdo entre comunidades autónomas y una capacidad para sostener el acuerdo durante varios ejercicios presupuestarios. Por ello, si un Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar incluso los Presupuestos Generales del Estado, resultaría muy difícil que pudiera sacar adelante una reforma de carácter estructural como es la financiación autonómica. No es imposible, pero exigiría pactos amplios con partidos de la oposición y con varias comunidades autónomas. Las perspectivas no son halagüeñas después de los primeros pasos dados desde la Secretaría de Estado de Hacienda en reuniones bilaterales, en un contexto preelectoral, sin recorrido suficiente para una negociación realista, sosegada y razonable de una política estructural del Estado.

En el marco político actual español, muchos constitucionalistas y expertos en Hacienda Pública consideran que una reforma de gran alcance del modelo de financiación solo tendría verdadera estabilidad si contara con un consenso semejante al que se exige para las grandes leyes de Estado, aunque formalmente la Constitución no imponga una mayoría reforzada más allá de la exigida para la ley orgánica.

Solo si la reforma alterase los principios básicos del modelo territorial español sería necesaria una reforma de la Constitución. El problema es que se pretenda hacer pasar como una mera reforma del modelo un cambio fundamental en el modelo financiero territorial español y esto sí que exigiría una reforma constitucional. En definitiva, una reforma del calado que se propone y que afecta a los fundamentos constitucionales del Título VIII abre la puerta a una litigiosidad en forma de potencial recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la comparecencia en las Cortes regionales para informar a los grupos parlamentarios del resultado de la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la reunión mantenida este lunes con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Tras criticar ayer duramente la propuesta de Gobierno de España hoy ha indicado que, durante dicho encuentro, se le trasladaron al Ministerio de Hacienda las mismas reivindicaciones y planteamientos que se han mantenido “de forma constante en los últimos años” respecto al sistema de financiación.

Una posición, ha indicado, basada en “la coherencia”, basada en el principio de igualdad y en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha con independencia del color político del Gobierno de España; “lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista porque no se trata de hablar de valentía, sino de coherencia”.

Por ello, ha pedido conocer la propuesta del partido de la oposición regional en materia de financiación autonómica, en alusión al PP.

Reclama al resto de partidos políticos una posición común

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que ha solicitado la comparecencia en el Parlamento autonómico para explicar con detalle el contenido de la reunión y volver a exponer los principios que sustentan la propuesta de Castilla-La Mancha en materia de financiación autonómica.

Hoy, como ya hiciera ayer el PSOE, el consejero ha vuelto a tender la mano al conjunto de las fuerzas políticas de la región, para alcanzar una posición común en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Respecto al modelo planteado por el Gobierno central, Ruiz Molina ha indicado que Castilla-La Mancha mantiene una posición crítica con la propuesta elaborada por el Gobierno de la nación, al considerar que se trata de una propuesta “injusta y regresiva”, que sólo trata de satisfacer privilegios para una comunidad autónoma, dejando claro con ello que “los privilegios de unos se convierten en desventajas para otros”.

Por ello, el consejero ha reiterado que dicho modelo no debe prosperar, es un modelo que “no cuenta ni con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”. Además, ha reconocido que el daño ya está hecho porque con este modelo, el Gobierno de España, un gobierno progresista, ha trasladado un mensaje a la sociedad de que “quien más tiene, más derechos tiene”.

Un modelo, ha continuado, que está en contra de lo que propone Castilla-La Mancha, al estar basado en la ordinalidad, que viene a decir que “aquellos territorios que acumulan mayor número de habitantes con rentas altas tienen derecho a una mayor financiación, y, por tanto, derecho a una prestación de servicios públicos en mejores condiciones que los demás”.

Un modelo que garantice “el coste real en la prestación de servicios”

Frente a ello, el consejero ha recordado que en Castilla-La Mancha “no queremos un modelo que premie a los territorios, queremos un modelo que proteja a los ciudadanos con independencia de donde vivan”. Por ello, y así se lo trasladó al secretario de Estado, en la Comunidad Autónoma “defendemos un modelo que garantice el coste real que nos supone a los territorios prestar los servicios públicos de nuestra competencia”.

Teniendo en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica de la población y el envejecimiento, que “encarecen la prestación de servicios como la sanidad o la educación”. Poniendo como ejemplo el caso del municipio de Fuenlabrada, que tiene la misma población que la provincia Cuenca, puede prestar la atención primaria con siete centros de salud, mientras que en Cuenca se necesitan 32.

En definitiva, y así lo ha remarcado, “el modelo que defendemos en Castilla-La Mancha consiste en garantizar el principio de igualdad con independencia de la capacidad económica de unos o de la capacidad económica del lugar en el que residan”.