El Ministerio de Hacienda ha reabierto el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, planteando a las comunidades autónomas, una serie de reuniones bilaterales con cada territorio, a través de una carta enviada a los consejeros del ramo.

Los encuentros comenzarán con Catalunya y ya se sabe que algunas comunidades gobernadas por el PP darán plantón al ministerio. Castilla-La Mancha sí acudirá al encuentro, para el que todavía no hay fecha, según las fuentes de la Junta de Comunidades consultadas por este medio.

Sin embargo, ha puesto condiciones para la reunión. Reclama toda la documentación y la nueva propuesta que el Gobierno de España pondrá sobre la mesa antes del encuentro, como ya avanzó elDiario.es Castilla-La Mancha.

Hoy el presidente regional ha vuelto a insistir en esta cuestión. Emiliano García-Page ha pedido al ministro de Hacienda, Arcadi España, no entretener a la comunidad autónoma si las reuniones bilaterales propuestas son tan solo “un nuevo debate placebo”.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, y preguntado por este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha ha ironizado sobre esta cita. “No sé a qué se refieren con bilateral, porque no es bilateral, es una charlita”.

Se muestra receloso con este encuentro, decía, tras siete u ocho ministros de Hacienda - la reforma de la financiación lleva más de una década sin concretarse- y “todos han dicho lo mismo”. “Estamos ya muy escépticos”, ha subrayado. Y es algo, comentaba, que quiere decirle al ministro en primera persona, del que ha dicho que “es muy buena gente”.

Rechaza reuniones “para parecer que estamos haciendo algo”

“Ya somos en esto veteranos”, ha abundado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha señalado que si estas reuniones son “un nuevo debate placebo”, o sea “para parecer que estamos haciendo algo”, pues “a nosotros que no nos entretengan”, ha pedido García-Page.

Por otro lado, considera “muy irreal” y “muy absurdo” estar hablando de la financiación de las autonomías “para no sé cuántos años” sin haber presentado un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura. “¿Qué tienen que contentar al electorado en Catalunya a costa de destrozar el electorado del PSOE en toda España?”, se ha preguntado García-Page, quien cree que “la prueba más evidente” es el hecho de que no se haya sacado este tema en medio de las recientes elecciones en algunas autonomías.

En su opinión, “si no se ha querido hablar de esto habiendo elecciones autonómicas, será porque seguramente no ayudaba”.

Más allá de eso, ha vuelto a insistir. “Nosotros nunca vamos a modificar nuestra opinión en relación con un proyecto de financiación que anunció Junqueras, un independentista que quiere romper el país y que antes que romperlo del todo lo que quiere son privilegios fiscales”.

Considera que “si hay algo incompatible con la izquierda, es un modelo que rompe el concepto de unidad y la solidaridad entre los españoles. No lo vamos a aceptar. A mí me da vergüenza que un partido de izquierdas, ya esto es muy relativo todo, se pueda plantear el mayor ataque al concepto de igualdad entre los españoles. Eso no va a salir”.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a Castilla-La Mancha que recibirá 7.477 millones de euros en entregas a cuenta correspodiente a este año 2026.

Este dato supone un 7,5% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 7.795 millones, un 8,5% más que el pasado año. Un incremento “notable” de recursos que “evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía”.

Durante la presentación del Real Decreto-ley (RDL), el ministro de Hacienda, Arcadi España, recordó que el Congreso de los Diputados tumbó hasta en dos ocasiones la actualización de las entregas a cuenta, “generando tensiones de tesorería y perjudicando a los gobiernos autonómicos”. En este sentido, instó a los grupos parlamentarios a apoyar una medida que es “beneficiosa” para el conjunto de la ciudadanía al servir para incrementar los recursos en sanidad, educación o dependencia.

Entidades Locales

El RDL también incluye la actualización de las entregas a cuenta para las Entidades Locales (EELL). Para los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla- La Mancha, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.378 millones, un 8,7% más que el pasado ejercicio y otra cifra “histórica” en financiación para las administraciones más cercanas a la población.

El texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que las Entidades Locales podrán utilizar el superávit de 2025 para acometer Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Se estima que esta medida permitirá que unas 2.544 entidades locales puedan destinar

3.168 millones a inversiones, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Una novedad es que el RDL establece un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar, además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda. Esto ofrece certidumbre a las entidades locales, fomenta la responsabilidad presupuestaria e incentiva a los municipios a dedicar recursos a facilitar el acceso a la vivienda.

Además, se contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento ha registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

Otras medidas

Las Entidades Locales que se encuentran saneadas financieramente no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El RDL también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.

Ahora no toca. El Gobierno de Aragón ha rechazado participar en una reunión bilateral con el Ejecutivo central para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, considera que “no se dan las circunstancias en el país” –en referencia velada a los escándalos que afronta el PSOE de Pedro Sánchez– para afrontar una negociación de este calibre en el actual contexto político y económico. A eso se une, argumenta el Gobierno regional, la cercanía de las elecciones municipales y generales.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Jorge Azcón no se había negado expresamente a negociar el modelo, sino que se había limitado a criticar con dureza las propuestas iniciales llegadas desde Hacienda, que no incluyen factores como la despoblación –de manera expresa, porque sí lo hacen con otras denominaciones– o la orografía.

La negativa llega después de que el Ministerio de Hacienda comunicara a las comunidades autónomas el lunes su intención de abrir una ronda de contactos bilaterales con el objetivo de consensuar un nuevo modelo de financiación que pudiera entrar en vigor el próximo 1 de enero. Bermúdez de Castro confirmó haber recibido el correo del Ministerio, pero cree “imposible” alcanzar un acuerdo cuando faltan apenas once meses para los comicios.

Como argumento, ha recordado que la condonación de parte de la deuda autonómica sigue pendiente desde hace dos años “sin que se haya movido un papel”, por lo que considera que la propuesta del Gobierno central es, en estos momentos, “un brindis al sol”.

“No se dan las condiciones para abordar una reforma de la financiación autonómica con todas las garantías y desde el sosiego. Pero estamos dispuestos a sentarnos a hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para buscar un buen sistema de financiación, siempre que participen todas las comunidades autónomas”, ha señalado el consejero de Azcón.

Bermúdez de Castro insiste en que la negociación debe realizarse de forma multilateral y critica los acuerdos bilaterales alcanzados con Cataluña, que ha calificado de “muy lesivos” para el conjunto del sistema. A su juicio, la diversidad territorial de España obliga a que cada comunidad pueda exponer sus singularidades en una mesa común.“No nos parecemos en casi nada a Valencia, Madrid o Andalucía. Cada territorio tiene sus propias necesidades y debe explicarlas ante el resto. Por separado, no nos vamos a sentar”, ha zanjado.

El Gobierno central defiende el diálogo

Frente a la posición del Ejecutivo aragonés, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, defendió la iniciativa del Ministerio de Hacienda y consideró “loable” retomar la negociación sobre financiación autonómica una vez concluidos los recientes procesos electorales.

Beltrán sostuvo que el camino pasa precisamente por abrir contactos con las comunidades autónomas y destacó la utilidad de las reuniones bilaterales para avanzar en el entendimiento entre administraciones. “Lo que toca es sentarse con las comunidades autónomas, con el mejor ánimo y el mejor espíritu de alcanzar acuerdos”, ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la propuesta de financiación presentada por el Ministerio de Hacienda, que, según recordó, supondría para Aragón un incremento de recursos de unos 630 millones de euros. Aunque admite que el documento no será necesariamente el texto definitivo, valora que recoja elementos clave para la comunidad, como la despoblación y las particularidades territoriales de una región que ocupa cerca del 10% de la superficie de España pese a concentrar menos del 3% de la población. “Este modelo debe tenerse en consideración, igual que las reclamaciones que planteen el resto de comunidades autónomas”, ha señalado.

El delegado del Gobierno ha subrayado que cualquier acuerdo sobre financiación autonómica exige diálogo y capacidad de consenso entre todas las partes implicadas. “Solo existe una vía: sentarse a hablar, aportar argumentos y tratar de alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio territorial”, afirma.

Beltrán recuerda que cada comunidad defenderá aquellos criterios que considere más favorables para sus intereses, una actitud que considera legítima siempre que se produzca dentro de una negociación abierta y transparente. “Lo que pretende el Estado es buscar un equilibrio territorial. No se puede escuchar más ni mejor a unas comunidades que a otras”, ha concluido.

Respecto a la posibilidad de que el nuevo sistema de financiación entre en vigor el próximo enero, el delegado ha reconocido la complejidad del calendario, aunque ha apelado a acelerar las negociaciones para intentar cumplir los plazos previstos.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, ha remitido una carta -vía correo electrónico- al consejero de Hacienda en Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el que propone celebrar una reunión, presencial, tanto en la sede del Ministerio como en la sede la Consejería o, bien telemática, para hablar de nuevo de financiación autonómica.

La misiva se ha enviado a todas las comunidades autónomas, concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.

El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según dice la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

Jesús Gascón explica en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.

Tomar como “base” el año 2023

En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.

El secretario de Estado lo justifica en que, al ser un ejercicio cerrado, “se dispone de información cierta sobre qué rendimiento hubiera proporcionado el nuevo sistema de financiación en 2023 si se hubiese aplicado”. También, continúa la carta, permite estimar el dato para 2027, en cuanto al incremento de recursos que proporcionará el nuevo sistema.

 “Al considerarse el año 2023 como año base, determinados parámetros, calculados con datos de dicho ejercicio, se actualizarán por el ITE [ índice de tributación equivalente], mientras que otros, más ligados a la capacidad tributaria, evolucionarán según los ingresos reales (cesta de impuestos, nivelación horizontal, 5% del IRPF destinado a la nivelación vertical, etc)”, señala.

Población ajustada con datos de varios ejercicios y “mantener” las entregas a cuenta

En la carta también se hace alusión a la población ajustada, como indicador para el reparto de fondos. “Hemos analizado la posibilidad de considerar los datos de varios ejercicios y no solo del último disponible”.

Por otro lado, el Ministerio cree que el sistema de entregas a cuenta tradicional “se puede mantener sin perjuicio de que las comunidades autónomas que lo prefieran puedan acogerse a un nuevo sistema de entregas inmediatas”. Eso, añade, es “compatible con el establecimiento de una preliquidación del sistema en el año N+1, también novedosa, y una liquidación definitiva en el año N+2, que se mantendría como cierre del sistema”.

En cuanto, al anunciado fondo basado en las diferencias de recursos por habitante ajustado que presentan algunas comunidades autónomas respecto de la media que proporciona el sistema, considera el Gobierno central que “ a pesar de su distinta naturaleza, su diseño debe ser compatible con el calendario de pagos del propio sistema mediante entregas a cuenta, preliquidaciones y liquidaciones”.

Estos son, dice el secretario de Estado, “algunos ejemplos de decisiones que estamos analizando para concretar el diseño del nuevo sistema de financiación a compartir antes de presentar una propuesta de acuerdo formal”, de ahí que se considere “conveniente” una reunión previa e individual con cada territorio.

Tras las reuniones con cada comunidad, la idea es elaborar un primer borrador del acuerdo para someterlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera que, de forma previa, se analizaría en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE).

Fuentes del Gobierno regional consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha han señalado que aceptarán este encuentro con la condición de tener, por adelantado, la propuesta íntegra del ministerio por escrito, ya que consideran que faltaba mucha información en el último CPFF.

El Gobierno ha asignado este lunes 1.300 millones de euros a la Comunitat Valenciana para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la dana. La medida se ha adoptado mediante un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) que da cumplimiento, en menos de dos semanas, a lo recogido en el Real Decreto-ley 10/2026, aprobado por el Ejecutivo y que incluye actuaciones de apoyo a determinadas situaciones de emergencia.  

En concreto, dicho decreto contempla que en 2026 el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos suplementarios con cargo a los mecanismos adicionales de financiación para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la dana del 29 de octubre de 2024, considerándose la financiación asignada dentro del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Por tanto, atendiendo a la solicitud remitida por la Comunitat Valenciana, hoy la CDGAE ha aprobado asignar 1.300 millones de euros a través del compartimento Facilidad Financiera para cubrir los gastos derivados de dicha emergencia. 

Esta medida estaba incluida en un Real Decreto-ley anterior que se votó en enero, pero que fue rechazado en el Congreso y el Gobierno lo volvió a incorporar en la norma aprobada hace menos de dos semanas.

De esta forma, con la decisión de la CDGAE se cumple el compromiso que adquirió el pasado 28 de abril el ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando anunció en el Consejo de Ministros la apertura de la línea de financiación preferente para hacer frente a los gastos derivados de catástrofes.

Otras medidas de apoyo por la dana

Este nuevo acuerdo de la CDGAE se suma al conjunto de medidas que el Gobierno ha aprobado años anteriores con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas dirigidas a mitigar los perjuicios causados por la dana. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, de los que utilizó algo más de 1.600 millones.

Asimismo, cabe recordar que el Real Decreto-Ley aprobado hace menos de dos semanas también incluía otras medidas tributarias en beneficio de los afectados por la dana, como declarar exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por esta catástrofe como, por ejemplo, las de Cáritas. 

En la misma línea, el Real Decreto-ley también incorporó que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Comunitat Valenciana queden exentas de tributación en el IRPF, algo que ya estaba en un decreto anterior, pero que fue rechazado por el Congreso en enero.

Con la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ya en marcha, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña arrancó el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa se solicitar ya. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a moderar el crecimiento del gasto público en 2026 hasta el 4,2%, a pesar de las medidas extraordinarias por la guerra en Oriente Medio, y después de que en 2025 avanzara un 4,5% sin tener en cuenta las inversiones en Defensa. El Ejecutivo ha trasladado a la Comisión Europea que seguirán embridando las cuentas públicas, con una reducción del déficit y de la ratio de deuda pública. Este último indicador cerrará 2026 por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB) por primera vez desde 2019.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han remitido este jueves, al filo de la medianoche, el Informe de Progreso Anual, el documento clave de las reglas fiscales europeas, en el que detallan el cumplimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo que el Ejecutivo pactó con la Comisión Europea a finales de 2024.

Como ya avanzó el Ejecutivo el martes, el documento se reafirma en que España cumplió con la regla de gasto -la medida de referencia para el nuevo marco de gobernanza económica- en 2025. El año pasado el gasto público -una vez descontadas las medidas de ingresos, que compensan el avance de estos costes- creció un 4,5%, en el límite máximo fijado por Bruselas.

Esto se debe, como explica el documento enviado al Ejecutivo comunitario, a que el crecimiento potencial de la economía española -es una medida teórica de cuánto puede avanzar el PIB sin provocar desequilibrios- ha sido superior tanto en 2025 a las previsiones que se manejaron en la elaboración del Plan Fiscal Estructural. Si a finales de 2024 se estimaba que este avance potencial era del 2%, las últimas simulaciones lo sitúan entre el 2,6 y el 2,8%. Esto ha dado mayor margen de gasto al tiempo que se cumplen las reglas fiscales.

El vicepresidente Carlos Cuerpo confirmó el martes que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea activar la cláusula de escape del gasto en Defensa, un mecanismo puesto en marcha por Bruselas para impulsar las inversiones en seguridad, que permiten que estas partidas no computen a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Según el Informe, esto equivale 0,3 puntos porcentuales del crecimiento del gasto computable.

En términos acumulados, entre 2024 y 2025 el gasto creció un 8,7%, por debajo del margen permitido por las reglas fiscales. Si las previsiones del Gobierno se cumplen, con ese avance del 4,2% para este ejercicio, el gasto acumulado será del 13,3%, por debajo de las líneas rojas fijadas en la reforma de 2024.

El menor déficit en 20 años

Este menor crecimiento del gasto público redundará en una mejora de las cuentas públicas. El Gobierno estima que el déficit público cerrará el año en el 1,6% del PIB, una vez descontados los gastos extraordinarios a los que aún está haciendo frente el Gobierno por la DANA de 2024 y por las inundaciones de principios de este año. Esto supone una reducción de seis décimas desde el 2,2% notificado a Bruselas en 2025 y muy por debajo del objetivo que se fijó el Ejecutivo para este año, que era del 2,1%.

El Gobierno asegura que este año cerrará también con un superávit primario del 0,9% (esto es, la diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos una vez descontado el coste de pagar los intereses de la deuda), lo que permitirá acelerar la reducción de la ratio de deuda pública. En concreto, ya este año se situará en el 99,3% del PIB, la menor tasa desde 2019 y adelantando un año el objetivo fijado para el final de la legislatura.

Además, el Ejecutivo da por cumplida la reforma fiscal y cifra en 2.300 millones la recaudación extra en 2025 por no actualizar con la inflación los tramos del IRPF, unos ingresos 'extra' que suponen el 0,14% del PIB y que permiten al Ejecutivo cumplir con el objetivo de la reforma fiscal pactada con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación de los fondos europeos.

El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento económico en el 2,2%, ante la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio, pero calculan que los efectos de la guerra podrían costarle entre 0,1 y 0,4 puntos de PIB. Los datos de cierre de 2025, cuando España creció un 2,8% con una aceleración a final del ejercicio, y la robustez del principio de año (el PIB ha avanzado un 0,6%) sostienen esta proyección.

Sí prevén una mayor inflacion, medida por el deflactor del PIB, pero justifican que esta subida (al 3,1%) se debe a que el año pasado cerró por encima de lo que habían anticipado. Es decir, que tampoco incorpora el efecto de la subida de los precios del petróleo y el gas por la guerra.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con nuevas exenciones fiscales que incluye facilidades para los afectados por la dana de octubre de 2024. El decreto habilita un compartimento específico dentro del mecanismo extraordinario de financiación de las Comunidades Autónomas para gastos vinculados a la dana y otras catástrofes naturales. También establece que las ayudas que organizaciones como Cáritas y otras ONG dieron a afectados por la DANA están exentas en el IRPF, una de las reclamaciones de los colectivos sociales y de los partidos políticos con representación en las Corts Valencianes.

El texto aprobado este martes incluye varias medidas que perseveran en las ayudas aprobadas por la dana de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la dana.

Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputadoss con el voto en contra del PP y Vox. La medida se recupera en este nuevo real decreto y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha pedido sensibilidad a los grupos parlamentarios para que esta vez sí pueda salir adelante. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, que utilizó 1.600 millones, señalan desde el ministerio.

En la misma línea, la norma aprobada este martes contempla que Extremadura pueda recibir recursos con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para hacer frente a gastos derivados de las inundaciones que ha sufrido recientemente.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros.

Exenciones en IRPF

El Real Decreto-ley declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por la DANA como, por ejemplo, las de Cáritas. El objetivo de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

En la misma línea, el Real Decreto-ley confirma que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Generalitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el Real Decreto-ley que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.

El Ministerio de Hacienda recupera también la exención en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los graves incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano, una medida que también decayó en el Congreso de los Diputados.

España cerró 2025 con un déficit (diferencia entre ingresos y gastos públicos) del 2,2% del producto interior bruto (PIB), la menor tasa desde el estallido de la crisis financiera, y por debajo del objetivo fijado por el Gobierno para el ejercicio, que era del 2,5%. La mejora de este saldo se debe al buen ritmo de la recaudación, que se disparó más de un 10% hasta superar los 325.000 millones de euros.

El Gobierno ha publicado este martes los datos de la Ejecución presupuestaria del año 2025, que arrojan una mejora del saldo público de 8.811 millones y siete décimas menos en comparación con la cifra del 2024, que fue del 2,9%, una vez descontados los efectos en las cuentas públicas de la DANA. En total, esto supone que el Estado registró un déficit de 36.780 millones de euros.

Este 2,2% del déficit supone los menores números rojos en 18 años. El Estado acabó el 2007 con un superávit (es decir, más ingresos que gastos) del 1,9%. Pero la crisis financiera golpeó de lleno a las cuentas públicas en 2008, hundiendo el saldo hasta el -4,9% en solo un año.

El déficit tocó suelo en 2012, cuando registró un 11,5%, y de nuevo en 2020, por los efectos de la pandemia, cuando se hundió hasta el 9,9%. Desde entonces, ha mejorado en 7,7 puntos porcentuales, como subrayan desde el Ejecutivo.

Aun contando con los efectos fiscales de la DANA en las cuentas públicas de 2025, el déficit se sitúa en el 2,4%. Igualmente, la menor cifra desde 2007.

A solo 0,1 puntos del objetivo para 2026

Según destaca el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, esta es la sexta ocasión en la que el saldo presupuestario mejora el objetivo fijado por el Ejecutivo y, también, todas las previsiones de los organismos nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIReF.

De hecho, la rebaja del déficit es tan acusada que casi cumple con el objetivo para 2026 (2,1%), lo que da un amplio margen fiscal para financiar las medidas de apoyo en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

La ex vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya avanzó hace unas semanas que el Gobierno había cumplido con el objetivo del 2,5%. Sin embargo, el adelanto electoral en Andaulcía, donde concurre como candidata, impidió que presentara los datos publicados este martes.

Su sustituto, el ministro Arcadi España, ha subrayado que “España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable”. “No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales”, ha defendido.

Las cuentas públicas registraron un superávit primario (es decir, antes de incorporar el gasto en intereses de la deuda) del 0,21% del PIB, algo que tampoco sucedía desde 2007.

La recaudación del IVA roza los 100.000 millones

Los ingresos tributarios se dispararon un 10,4% el año pasado, lo que en el Ministerio de Hacienda vinculan con el buen ritmo de la economía y la creación de empleo el año pasado, con un mercado laboral que, por primera vez en más de una década, dejó la tasa de paro por debajo del 10%. En total fueron 325.356 millones de euros.

El IRPF fue, de nuevo, el gran impuesto recaudador, con 142.466 millones de euros, un 10,1% más que en el ejercicio 2024.

El IVA, después de recuperar la normalidad tras todas las rebajas fiscales que se aprobaron en respuesta a la crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania, también despuntó un 9,9%, hasta rozar los 100.000 millones de recaudación (99.532 millones de euros).

El Impuesto de Sociedades superó en 2025 los 40.000 millones por primera vez desde 2007 y segunda ocasión en la historia de este tributo. Avanzó un 8,1%, hasta los 42.266 millones de euros, todavía por debajo del récord que fijó en 2007, antes de la crisis financiera.

Pero desde el Ministerio de Hacienda defienden que la inflación apenas jugó un papel determinante: apenas 1,3 puntos del 10,4% que avanzó la recaudación se explican por ese motivo.

El Gobierno central asumió todo el ajuste

Por subsectores, fue el Gobierno central quien asumió todo el ajuste de las cuentas públicas, al pasar de un déficit del 2,61% en 2024 al 1,86% en 2025. Los Fondos de la Seguridad Social también mejoraron sus números rojos, del 0,51% del PIB al 0,33% a cierre del año pasado.

Pero las comunidades autónomas empeoraron sus cifras, pasando de un déficit del 0,18% al 0,3%. En total, un desfase de 5.099 millones de euros.

Ocho comunidades autónomas registraron superávit (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco) por nueve que incurrieron en déficit (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunitat Valenciana).

En el caso de las corporaciones locales, que están obligadas a registrar superávit fiscal, este también se moderó ligeramente del 0,45% del PIB en 2024 al 0,31% en 2025.

La deuda pública se recorta al 100,7% del PIB

El Banco de España ha publicado este martes los datos de cierre de año y mejoran en una décima, hasta el 100,7% del PIB, su estimación inicial de hace unos meses.

En concreto, las Administraciones Públicas acabaron 2025 con una deuda pública de 1,698 billones de euros. En términos nominales, esto supone un 4,8% más que a cierre de 2024. Pero medido en ratio de PIB, supone su menor registro desde el primer trimestre de 2020, antes del estallido de la pandemia de COVID-19.

La deuda pública alcanzó su máximo en el primer trimestre de 2021, con un 124,2% del PIB. Desde entonces ha caído más de 23 puntos.

Arcadi España es probablemente el hombre que más en serio se tomó las cuentas en el Gobierno valenciano cuando pasó por la Generalitat. El nuevo ministro de Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez en sustitución de María Jesús Montero considera que los impuestos “dan civilidad a una sociedad” y que los presupuestos deben dar respuesta a los problemas ciudadanos. Como responsable de Hacienda de Ximo Puig en su último Consell, reconocía en privado que cada día se levantaba preocupado por que cuadraran los presupuestos, o por la reforma de la financiación autonómica. En una región crónicamente infrafinanciada, cada euro público cuenta.

España, alumno aventajado de Puig y de Vicent Soler, fue el elegido para abordar los últimos presupuestos del Ejecutivo progresista del llamado Pacto del Botánico, los primeros presupuestos antes de las elecciones autonómicas y los que encajaron una gran reforma fiscal en un contexto de incertidumbre, entre la pandemia y la guerra de Ucrania.

Es un experto en negociar a tres bandas, como demostró en este departamento al cuadrar las cuentas con los socios de gobierno, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida. Ahora, en un contexo geopolítico complejo, se hará cargo del Ministerio de Hacienda y pondrá en práctica esa capacidad negociadora, en un Congreso en el que cada voto es clave.

Nacido en Carcaixent (1974) e hijo de un histórico del PSPV en la comarca, fue alumno en la facultad de Económicas de Vicent Soler, a quien sucedió en la Conselleria de Hacienda. Proyectó una reforma fiscal progresiva y progresista en plena crisis económica derivada de la guerra, además de abanderar, junto a su maestro, la reforma de la financiación autonómica y la condonación de la deuda.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, fue jefe de gabinete de Ximo Puig en la Generalitat a su llegada al Palau; después conseller de Política Territorial, para finalmente dirigir la Conselleria de Hacienda.

Socialdemócrata y pragmático, en el Gobierno central –donde estuvo antes de pasar al gabinete del líder socialista– ha tenido una trayectoria paralela a la autonómica: primero, número 2 de Política Territorial, junto a Ángel Víctor Torres; ahora, jefe de las cuentas públicas.

Las tareas pendientes: Presupuestos y respuesta a la guerra

Montero le deja encima de la mesa una tarea titánica: no solo tendrá que presentar y tratar de atar los primeros Presupuestos de la legislatura, que ya están preparados; sino que tendrá que adaptar las cifras de las cuentas públicas para responder a los efectos económicos de la guerra en Irán, sin perder de vista el corsé fiscal de Bruselas.

La vicepresidenta dejó preparada la condonación de la deuda autonómica, el compromiso que cerró el PSOE con ERC para atar la investidura de Pedro Sánchez en 2023, pero que todavía espera su turno en el Congreso. Otro melón importante es la reforma del sistema de la financiación autonómica, que el equipo de Montero ya tenía diseñado, pero que aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros. El objetivo era tenerlo aprobado a finales de este año, pero los cambios en la cartera anticipan un retraso en su tramitación.

Carlos Cuerpo, ahora vicepresidente del Gobierno, esquivó este martes las preguntas que lo situaban al frente de la cartera de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El hecho de que me incluyan en este tipo de quinielas quiere decir que, en el ámbito de la política económica, se está haciendo un buen trabajo”, respondió el titular de Economía.

Todas las apuestas apuntaban a un ‘superministro’ Cuerpo (Badajoz, 1980), desde que se supo que María Jesús Montero abandonaría el Ejecutivo para concurrir a las elecciones andaluzas. Calmado, didáctico y alejado de la polémica partidista, el extremeño ha conseguido convertirse en sus poco más de dos años al frente de Economía en una pieza fundamental del Ejecutivo. Los buenos datos de crecimiento económico, la respuesta a los aranceles de Donald Trump y, ahora, a la guerra en Oriente Medio han hecho despegar al miembro mejor valorado del Ejecutivo hasta convertirse en la mano derecha de Pedro Sánchez.

Cuerpo, licenciado en la pública Universidad de Extremadura y técnico economista y comercial del Estado (lo que en la jerga se conoce como ‘teco’), llegó a lo más alto del Ministerio de Economía tras desempeñarse como secretario general del Tesoro Público. El ‘número tres’ de la cartera fue el nombre que la entonces vicepresidenta Nadia Calviño recomendó a Sánchez para sustituirla tras ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones en diciembre de 2023. 

El jefe del Ejecutivo siguió su consejo pero situó a Montero al frente de la vicepresidencia primera, un puesto clave para dirigir los Consejos de Ministros en su ausencia y, además, sirve de contrapeso político a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En una decisión casi salomónica, puso a Cuerpo –que, al igual que Calviño, no milita en el PSOE– al frente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el ‘consejillo’ donde se mascan las grandes decisiones de política económica, lo que lo convirtió, in pectore, en el cargo que ahora desempeñará oficialmente.

Choques frecuentes con Trabajo

Quienes lo acompañan en el día a día destacan su capacidad de trabajo, de estudio y el buen trato en el cuerpo a cuerpo. Algo que se confirma en su relación con la prensa, a pesar de su estudiada lengua de madera para evitar responder con titulares a las preguntas más incisivas y polémicas sobre su cartera.

Sobre todo, aquellas sobre su relación con la vicepresidenta Díaz. En el Ministerio de Trabajo pasaron de verlo como uno de los suyos (formó parte del primer comité de expertos para subir el salario mínimo) a la personificación del neoliberalismo. A raíz de las negociaciones para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, Díaz acusó a Cuerpo de frenar su tramitación interna. Llegó a decir que era “casi de mala persona” negarse a reducir media hora el tiempo de trabajo. Los dos socios llegaron a un acuerdo y finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros tal y como Díaz acordó con los sindicatos. Pero en el Congreso no llegó a superar el trámite de totalidad por el rechazo de Junts.

El segundo capítulo de esta polémica ha llegado esta semana, cuando desde la vicepresidencia segunda acusaron a Economía de boicotear la puesta en marcha del registro horario con dos informes negativos. “Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extra”, dijo Díaz en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. E insistió en que lo sacaría adelante “aunque sea lo último que haga”.

De Madrid a Bruselas, pasando por Washington 

El ministro se ha convertido en una figura clave no solo a la interna, sino también en la esfera internacional. Habla perfecto inglés y hasta se atreve con el japonés. Los grandes foros ya cuentan con él como uno de los invitados estrella: sucedió a principios de año en Davos, cuando intervino en un panel sobre la economía española mano a mano con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

“Es un buen ejemplo de transgredir con su iniciativa”, loó la francesa, hablando de la propuesta española de poner en marcha una “coalición de voluntarios” entre los gobiernos de la Eurozona para avanzar en la integración económica sin que los Estados miembros más reticentes puedan ponerle freno.

Cuerpo se curtió en Bruselas en su etapa al frente del Tesoro Público durante las eternas negociaciones europeas para reformar las reglas fiscales. También aspiró a presidir el Eurogrupo, una apuesta que no salió adelante. Y ha sido un apaciguador clave en las relaciones con Estados Unidos tras la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Fue el encargado de viajar a Washington para reunirse con su homólogo, el secretario de Comercio, Scott Bessent, en pleno tira y afloja por los aranceles y por el enfado en la Casa Blanca —que sigue— por la inversión española en Defensa.

En el escenario de policrisis constante que vivimos desde 2020, Cuerpo ha sido también el rostro clave a la hora de diseñar –y comunicar– el embargo al comercio de armas con Israel, la intervención en la fallida opa hostil del BBVA al Banco Sabadell y, ahora, las medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que este mismo jueves defendió en el Congreso.

Hasta ahora, el vicepresidente se ha beneficiado de los buenos datos económicos, que han colocado a España como líder de las economías avanzadas durante dos años consecutivos. El PP opta por no preguntarle en las sesiones de control, centrados en las vicepresidentas y sabedores de que no sacan rentabilidad a la economía. Pero con los nubarrones de la guerra en Oriente Medio y su nuevo cargo, el ‘teco’ tranquilo tendrá que sacar el colmillo. Cuerpo sabe que se han hecho los deberes y un “buen trabajo” en lo económico, como dijo este martes en rueda de prensa. Esa noche, El Gran Wyoming bromeaba en El Intermedio, de laSexta: “Alguien está a punto de pedir que le llamen ministro Cuerpazo”. Vicepresidente, nada menos.

La Comisión de Hacienda del Congreso ha respaldado este miércoles la propuesta del Gobierno para que Inés Olóndriz, hasta ahora secretaria general en el Ministerio de Hacienda, sea la nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con el voto en contra de PP y Vox y la ausencia de Junts en la votación.

Con este aval, Olóndriz podrá recoger el cargo que ha dejado vacante Cristina Herrero tras seis años de mandato, el máximo legal. Sin embargo, la nueva presidenta no ha conseguido la unanimidad de la comisión que sí consiguió su predecesora. El nombramiento ha sido respaldado por el apoyo de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y BNG, que en la comisión conforman la mayoría absoluta de 19 votos que Olóndriz necesitaba para ejercer el cargo.

Aunque ningún grupo parlamentario ha criticado el currículum ni la validez de Olóndriz, el PP y Vox sí han censurado que provenga del Ministerio de Hacienda y han criticado —junto con Junts e incluso Sumar y ERC— al PSOE y al Ministerio de Hacienda por la forma en que ha gestionado la salida de Cristina Herrero, la presidenta saliente del organismo.

Tras seis años en el cargo, Herrero no pudo despedirse en la Comisión de Hacienda—pese a que ella mismo lo pidió y hasta Sumar registró esa petición— porque el Grupo Socialista no llegó a atender su petición de comparecencia.

De hecho, Herrero tuvo que acudir a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para rendir cuentas de su mandato de seis años y se encontró con reproches públicos del PSOE por haber acudido a esa comisión mixta e incluso críticas por su “falta de discreción”, algo que dejó a la ya expresidenta negativamente sorprendida.

Con este panorama, el portavoz de Sumar, Carlos Martín, ha criticado la “tozudez” del Ministerio de Hacienda para que Herrero no compareciese en la Comisión de Hacienda del Congreso. De hecho, ha lamentado que este movimiento ha impedido que Olóndriz obtenga el respaldo unánime de la comisión que sí obtuvo Herrero.

Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha espetado a los socialistas: “¿No se han dado cuenta del daño que han causado?”. La reflexión de Cruset, que después se ha ido y no ha votado, la ha compartido parcialmente la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, que no obstante ha ensalzado la labor de la candidata durante su etapa en el Ayuntamiento de Barcelona.

De su lado, el portavoz del PP, Pedro Puy, ha avanzado que su partido no puede avalar la candidatura porque pone en tela de juicio la independencia que Olóndriz puede aportar al organismo cuando es secretaria del Ministerio de Hacienda: “Saltar de un día para otro, de ser controlado a ser controlador a controlarse a sí mismo, pues no da mucha sensación de independencia”.

Pese a las críticas de los grupos, el portavoz del PSOE, Juan Antonio González, ha querido remarcar que Herrero fue una “buena presidenta” y ha recordado que ella había sido directora general en la Secretaría General de Financiación Autonómica. Asimismo, ha defendido la idoneidad de Olóndriz para el cargo.

Desde su cargo, Olóndriz ha sido una de las figuras clave a la hora de diseñar las propuestas del Ejecutivo central tanto para la quita de la deuda autonómica, que ahora mismo está paralizada en el Congreso; como de la reforma del sistema de financiació autonómica, que Hacienda presentó a principios de año y que el Gobierno está ultimando.

Con la campaña de la Renta 2025, muchos contribuyentes se preguntan cómo deben tratar los pagos que reciben a través de Bizum. Esta forma de pagos instantáneos se ha vuelto habitual para intercambios personales, como dividir gastos, pagar cenas o enviar dinero a familiares, pero también se utiliza para cobros relacionados con trabajos, ventas puntuales o actividades económicas. Esa combinación genera dudas sobre qué movimientos hay que declarar y cuáles se consideran privados, sobre todo cuando los ingresos son bajos o esporádicos.

La clave para distinguirlos no está en el medio de pago, sino en el origen del dinero. Los cobros vinculados a actividades económicas, aunque sean pequeños, sí deben aparecer en la declaración, mientras que los pagos entre amigos o familiares sin fines lucrativos quedan fuera de la obligación fiscal. Esta distinción ayuda a reducir errores y proporciona claridad sobre las responsabilidades de los contribuyentes, evitando que incluyan por equivocación movimientos que no generan obligaciones tributarias.

Además, desde febrero de 2026, las entidades financieras informarán mensualmente a la Agencia Tributaria sobre la facturación de empresarios y profesionales que usan Bizum como canal de cobro. Esto permitirá a Hacienda verificar la consistencia de los ingresos declarados, sin afectar a los pagos personales entre particulares, y ofrecerá a los contribuyentes un marco más claro sobre cómo gestionar sus operaciones económicas de manera segura y organizada.

Cobros de empresarios y profesionales

Los autónomos, comercios y empresas que utilizan Bizum para recibir pagos por su actividad económica deben contabilizar esos ingresos igual que si fueran transferencias, pagos con tarjeta o en efectivo. La obligación de declarar no depende de la plataforma, sino de que el dinero tenga carácter lucrativo. Este principio también aplica a ventas ocasionales si generan beneficio económico, ya que cualquier ingreso con finalidad comercial debe registrarse.

Las entidades financieras enviarán a Hacienda información mensual sobre la facturación de estos profesionales, incluyendo identificación completa del empresario o comercio, número de comercio, terminales de venta utilizados, importe mensual facturado y las cuentas desde las que se reciben los pagos. Esto reemplaza la comunicación anual que existía antes y permite a la Agencia Tributaria contar con información actualizada de manera más inmediata.

Separar las cuentas personales y profesionales en Bizum es una práctica recomendada. Tener una cuenta exclusiva para ingresos relacionados con la actividad económica y otra para pagos personales ayuda a mantener claros los registros contables y evita errores al hacer la declaración. De esta manera, la gestión fiscal se simplifica y se reduce la probabilidad de conflictos con Hacienda.

Pagos entre particulares por Bizum

Los cobros recibidos de amigos o familiares no requieren declaración, ya que no se consideran ingresos con fines económicos. Esto incluye reembolsos, regalos o pagos compartidos de gastos cotidianos. La Agencia Tributaria no recibe información sobre estos movimientos y los bancos tampoco los reportan, por lo que los usuarios pueden operar sin incluir estos pagos en la Renta.

Este tipo de transacciones mantiene la privacidad de los contribuyentes y evita que se genere una carga administrativa innecesaria. Además, permite seguir usando Bizum de manera flexible para intercambios personales sin comprometer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Es importante recordar que, aunque estos pagos no deban declararse, siempre conviene llevar un registro general de ingresos y gastos personales. Esto facilita la organización financiera y evita posibles confusiones si Hacienda requiere aclaraciones sobre cualquier movimiento de dinero.

Ingresos por actividades lucrativas

Si los pagos provienen de una actividad económica o generan beneficio, deben incluirse en la declaración. Esto abarca ventas de productos o prestación de servicios, incluso si los ingresos son pequeños. Cuando estas operaciones se realizan de manera habitual, pueden considerarse una actividad económica sujeta a impuestos como IVA, IRPF o Impuesto sobre Sociedades.

Los ingresos por alquileres también tienen naturaleza lucrativa y se deben declarar como rendimientos del capital inmobiliario, independientemente de que se reciban mediante Bizum u otro medio de pago. Esto aplica tanto a alquileres periódicos como puntuales. Incluso en situaciones donde se ayuda a un familiar a cubrir su alquiler, los pagos podrían considerarse donaciones, por lo que es recomendable asesorarse para evitar posibles obligaciones fiscales adicionales.

En definitiva, la regla básica es clara: lo que determina si un cobro de Bizum se declara o no, es su origen. Los pagos personales entre particulares no generan obligación fiscal, mientras que los ingresos con fines económicos sí. Mantener separadas las cuentas y registrar correctamente los cobros asegura que autónomos, comercios y empresas cumplan con sus obligaciones fiscales sin complicaciones.

Un viaje a Madrid, un encuentro secreto con Pedro Sánchez y una llamada con María Jesús Montero son los tres ingredientes de la ruptura de la confianza de Oriol Junqueras en Salvador Illa que ha llevado a la legislatura catalana al momento más delicado en dos años. El líder de ERC creía tener el compromiso del PSC de que moverían al Gobierno a favor del traspaso del IRPF a Catalunya, pero el día 20 de febrero constató que el Ministerio de Hacienda no pensaba ceder en este tema.

Lo que la vicepresidenta María Jesús Montero trasladó a Junqueras por teléfono ese día fue un posicionamiento claro y rotundo sobre la transferencia del IRPF. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, aseguró la ministra, después de que Junqueras le dijese que en el Govern le habían asegurado que estaban trabajando para conseguir la recaudación del impuesto sobre la renta.

Según fuentes conocedoras de la conversación, la titular de Hacienda aún fue más tajante cuando le dijo al líder de ERC: “Esto no es el posicionamiento de María Jesús Montero, esto es el posicionamiento del Gobierno de España”. Una afirmación que trataba de dejar claro que no había brechas posibles en el Ejecutivo central a las que nadie pudiese agarrarse.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que la posición del Gobierno “se ha expresado reiteradamente y se firmó en la última bilateral”. “El Gobierno es partidario de que las comunidades autónomas asuman más competencias en recaudación y gestión de IRPF, pero siempre en un trabajo en red y de cooperación”, recuerdan estas mismas fuentes.

Ante esto, la cúpula de los republicanos se sintió engañada, aunque en público tratan de evitar esa palabra. En la dirección de Esquerra aseguran que el PSC siempre les había prometido que veían posible un acuerdo para lograr la cesión del IRPF. Por eso Junqueras fue a Madrid el penúltimo viernes de febrero y se vio con Sánchez en la Moncloa, en un encuentro que no aparecía en las agendas.

“El objetivo era negociar sobre el IRPF”, indican en ERC, que ya habían aceptado que la recaudación comenzase en 2028, pero deseaban comenzar a tratar cómo encajar la ley que debe permitir a la Agència Tributària de Catalunya prepararse a nivel técnico y laboral para ese momento.

ERC había presentado en septiembre una proposición de ley para habilitar la cesión del IRPF a la Generalitat. Una iniciativa que, sin embargo, fue retirada por la propia formación el 16 de febrero, para facilitar la negociación. Era el PSC, afirman fuentes republicanas, quien les había convencido de que era preferible no ir al choque con esta propuesta y tratar de encauzarla de otra forma, quizás como enmienda a la ley de modelo de financiación.

Pero cuatro días después de esa retirada, ERC descubrió que no había ninguna posibilidad de negociar esta cuestión, porque el Gobierno no lo contemplaba. Una situación que dejó tocadas las relaciones entre Junqueras e Illa, aunque no las rompió. Equipos de ambos partidos siguen viéndose de forma regular, la última vez este mismo jueves.

Illa lleva los presupuestos al Parlament

La llamada de Montero no rompió los contactos entre Junqueras y el Govern, pero sí supuso un antes y un después en la posición de ERC respecto a los presupuestos de Illa. Los independentistas siempre había vinculado el voto favorable a todas las cuentas –las catalanas pero también las del Gobierno central– a un acuerdo en materia de cesión fiscal, que ahora consideran prácticamente evaporado.

Pese a que el contexto no era favorable, a Illa le urgía acelerar su proyecto económico, tal como se había comprometido a hacer en el primer trimestre del año. Así que optó por llevar los presupuestos al Parlament tras haber llegado a un acuerdo con los Comuns, pero sin ligar el pacto con ERC. Un gesto que Junqueras entendió como un desafío, al que respondió en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?”, afirmó entonces el republicano, que presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas en el Parlament.

Las posiciones han seguido enrocadas y sin cambios. ERC asegura que sigue abierta a un cambio de postura en el Gobierno pero, si no se produce, advierte que no le temblará el pulso para votar en contra de los presupuestos el próximo viernes. “Esto no es una táctica negociadora, no nos estamos haciendo los duros”, insisten en el partido. “Los presupuestos caerán si no pasa una de estas dos cosas: que Illa los retire o que el Gobierno se mueva”, zanjan.

Una posible retirada de las cuentas es la opción que el equipo de Junqueras está ofreciendo al departamento de Economía, algo que en ERC entienden que sería una buena forma de salvar la relación. En el Govern, por su parte, insisten en que están dando todas las garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con sus socios y que las palabras de Illa han sido explícitas sobre la recaudación del IRPF, que opinan que acabará llegando.

Esta es la situación de bloqueo en la que llega la política catalana a una semana decisiva para la legislatura de Salvador Illa. Si el próximo viernes las cuentas caen, se abre un abismo de incierta salida. Las elecciones en Catalunya que no convienen a nadie pero que todos han comenzado a invocar han dejado de ser una fantasía etérea para convertirse en una posibilidad que ningún partido descarta.

El caso Montoro podría ser uno de los mayores episodios de corrupción de la historia de la joven democracia española. El exministro de Hacienda está acusado de utilizar su despacho de abogados para cobrar cerca de diez millones de euros en comisiones de grandes empresas de gas y electricidad a cambio de normativas fiscales favorables. La investigación en curso aventura que el despacho, que escogió el aséptico e inexpresivo nombre de Equipo Económico, canalizó comisiones disfrazadas de informes de asesoramiento fiscal para desviar cincuenta millones de euros a distintos paraísos fiscales. A pesar de la gravedad del caso, apenas se habla de él en los medios y los jueces no parecen tener prisa. El procedimiento contra el exfiscal Álvaro García Ortiz discurrió con la rapidez de un monoplaza de la Escudería Ferrari, mientras que el caso de Montoro avanza con la lentitud de un tractor con el motor medio gripado. Mientras tanto, el exministro de Hacienda descansa plácidamente cada noche, como los ejecutivos de Los canallas duermen en paz, la famosa película de Akira Kurosawa estrenada en 1960. Cuando escalas la cima del poder con una poderosa red preparada para protegerte de cualquier traspiés, la sensación de impunidad no altera los ritmos circadianos. 

Montoro se parece extraordinariamente al Sr. Burns, el malvado propietario de la planta nuclear donde trabaja Homer Simpson. Su media sonrisa, sus manos de seminarista acostumbrado a sobar las cuentas de un rosario y su mirada burlona de sapo semienterrado en el fango producen los mismos escalofríos que el Nosferatu de Murnau, calvo, demacrado y con orejas puntiagudas. Los malos no suelen tener miedo, pues juegan con ventaja. En España, la separación de poderes solo es un subgénero de la literatura fantástica. La judicatura no oculta su simpatía por la derecha ni su inquina por la izquierda. De ahí que algunos investigados ahuequen su almohada cada noche con la tranquilidad del que no teme al futuro, pues saben que las togas de Mordor velan sus sueños. El poder de la Tierra Negra, un paisaje salpicado de volcanes, cenizas y extrañas criaturas, es invencible, providente y ubicuo. 

Lo cierto es que las togas de Sauron nunca se dan por vencidas. De ahí que la sección cuarta de la Audiencia de Valencia haya ordenado abrir juicio a Mónica Oltra en contra del criterio del juez y la Fiscalía. En cambio, la justicia ha pospuesto el juicio contra Alberto González Amador para después de las elecciones de 2027, alegando que no quiere interferir en las dinámicas electorales. Imagino que en Villa Quirón, la residencia de la feliz pareja compuesta por Isabel Díaz Ayuso y Alberto Burnet, secreto admirador de Lon Chaney, el hombre de las mil caras, las noches son sumamente tranquilas. Aunque Ayuso se ha convertido al catolicismo después de romper con su ateísmo de joven rebelde, no creo que vivir en pecado le obligue a recurrir a los hipnóticos para conciliar el sueño y su novio, un bigardo con la voz de Gracita Morales, seguramente duerme a pierna suelta, soñando que recorre las calles de Mónaco con su flamante Maserati. No sé si su mente a veces le juega malas pasadas y, así como algunos sufrimos la pesadilla recurrente de perder nuestras titulaciones por un suspenso retrospectivo, él se despierta bañado en sudor, pensando que vuelve a trabajar como un simple empleado de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana. Si es así, seguro que Ayuso le consuela, asegurándole que Miguel Ángel Rodríguez, su Luca Brasi particular, triturará a los periodistas que han sacado a luz su irresistible ascensión a la cúpula del imperio Quirón. 

Estoy convencido de que José María Aznar también duerme a pierna suelta. No sé si ha afeitado su bigotito de Charlot para borrar de su rostro esa expresión de villano de spaghetti-western, aficionado a disparar por la espalda. Ahora prefiere cultivar la imagen de hombre de negocios feliz y satisfecho. Es el ex presidente de España con un patrimonio más abultado y sigue despertando el fervor de los votantes de la derecha, que añoran su hiperliderazgo y su espíritu libre de complejos. Aznar no se avergüenza de su fervor juvenil por José Antonio Primo de Rivera ni de que 12 de los 14 ministros con los que formó gobierno en 2002 hayan sido imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales. Y nunca se ha planteado que cometió una vileza al implicar a España en la segunda invasión de Irak con el falso pretexto de las armas de destrucción masiva. Piensa que gracias a su colaboración con el amigo americano, España recobró el lugar que le correspondía en el mundo. La famosa fotografía de las Azores con George Bush y Tony Blair quizás le parece tan épica y admirable como el abrazo entre Franco y Eisenhower o el retrato ecuestre de Carlos V en Mühlberg pintado por Tiziano. Probablemente, considera que dejar correr el bulo de que el atentado del 11-M había sido obra de ETA no fue una maniobra perversa, sino un ejemplo de astucia política. Al igual que diplomático florentino que alcanzó la fama con El príncipe, un clásico sobre el arte de gobernar al margen de la ética, Aznar ha comprendido que “un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina”. 

Aznar, uno de sus hijos y su yerno han aparecido en los papeles de Epstein. Imagino que ese detalle no ha perturbado el sueño del expresidente, que solo necesita leer unas páginas de Roca Barea o Pío Moa para sumirse en un dulce descanso. Dudo que Pablo Iglesias e Irene Montero pasen unas noches tan reparadoras. Quizás todavía resuenan en sus cabezas los pitidos, caceroladas e insultos de la horda que durante meses rodeó su chalet de Galapagar, un hogar de clase media y no una mansión de lujo. Aquel episodio, con algo de asedio medieval, puso de manifiesto que en España los rojos y los “perro-flautas” no duermen en paz, sino sobresaltados por el temor de que Abogados Cristianos, HazteOír, Manos Limpias, el PP o Vox les pongan una querella por asociación ilícita, apropiación indebida, desobediencia, cohecho, financiación ilegal o supuestas cuentas en paraísos fiscales. Basadas en recortes de periódico o rumores, estas querellas no suelen prosperar, pero al menos no dejan dormir tranquilos a los políticos de izquierdas, las cabezas visibles de esa anti-España que abre las puertas a la invasión islámica, ayuda a materializar los planes de ETA o pervierte a los niños al incluir la diversidad sexual en los planes de estudio. 

La España Negra que retrató el pintor Gutiérrez Solana sigue viva y no ha cambiado de ropajes. Los obispos continúan ostentando sus mitras, los guardias civiles pasean sus tricornios en ceremonias y actos oficiales, los jueces se enorgullecen de sus puñetas, muchos periodistas siguen hundiendo sus manos en el fondo de reptiles y los políticos comparten mesa con banqueros, prebostes y aristócratas ociosos. Como las encuestas vaticinan un triunfo abrumador del tándem PP-Vox en las próximas elecciones, yo ya he comprado una caja de melatonina para poder dormir en la España distópica que se avecina, con hospitales colapsados, escuelas con telarañas y goteras, policías patrióticas y actos de afirmación nacional en la Plaza de Colón, con Toni Cantó como maestro de ceremonias y Mario Vaquerizo y sus Nancys rubias berreando el himno de la Legión con acordes de electropop y rock petardo.  

Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, ha tachado de “extravagante” y “desproporcionado” el último informe aportado por la Agencia Tributaria a la causa por remontarse a períodos “muy anteriores” a la presunta comisión de los delitos, informa Europa Press. 

En ese informe, la Agencia Tributaria eleva a casi un millón de euros los pagos de las empresas gasísticas a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, centro de una investigación por los cambios en las leyes que beneficiaban al sector después de que la consultora influyera en el Gobierno del Partido Popular. Hasta ahora, la cifra analizada de los pagos por la Guardia Civil era de 673.500 euros, pero el último informe de la Agencia Tributaria sitúa el total de los pagos de las gasísticas en 991.663,76 euros.

En un escrito, su representación critica que se hayan solicitado “doce años completos de información bancaria” —entre enero de 2008 y finales de 2019—, argumentando lo “irracional que supone remontarse a hace dieciocho años”. Y es que, apunta el escrito, “los distintos informes policiales sitúan en el último trimestre de 2013 las negociaciones y el acuerdo entre las empresas gasistas y Equipo Económico origen de los hechos investigados”.

“Siendo así, ¿puede cabalmente considerarse adecuado y proporcionado investigar operaciones bancarias realizadas cinco años antes de esa fecha? Si el delito se comete en 2014, fecha de los primeros pagos de las empresas gasísticas a cambio, supuestamente, de conseguir la reforma normativa deseada, ¿cómo puede considerarse necesario investigar las operaciones bancarias de los casi seis años anteriores a esos hechos?”, se pregunta.

Una causa “ingobernable”

Para Equipo Económico esto “no tiene ningún sentido, más allá de alimentar esa investigación prospectiva que se viene desarrollando, auspiciada por la Fiscalía y con la anuencia del instructor”. “En esa indagación prospectiva que se viene haciendo, se interesan cosas absurdas que lejos de servir para ayudar a la investigación pretenden hacer de ésta algo ingobernable”, añade.

En el citado informe, recogido por esta agencia de noticias, la Agencia Tributaria informó al juez de que las gasísticas habrían pagado 991.613 euros a Equipo Económico y que ha localizado “más de 150 cheques de origen desconocido por un importe superior a los 2 millones de euros” entre las cuentas del despacho.

Se indica que el importe total satisfecho por todas las gasísticas al despacho en el período que va de 2011 a 2019 ascendería a 846.413 euros, si bien precisa que hay otro pago investigado que “ascendería a 991.613 euros” esa cantidad.

También da cuenta de que Equipo Económico ingresó entre 2008 y 2013 35,5 millones de euros en más de 2.100 operaciones en las que se encuentran “las gasísticas investigadas”, así como otros pagadores, algunos de los cuales son “hasta ahora desconocidos”. Por ello, expone la “necesidad de ampliar la información facilitada” con el fin de “identificar” a esos pagadores.

El despacho recuerda que ya han pasado ocho años desde el inicio de la instrucción. “Y en ese peloteo continuo entre Mossos d'Esquadra y Unidad de Apoyo a la Fiscalía, nos encontramos ante un nuevo ejemplo de ese juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario de los hechos que se investigan, es una indagación prospectiva”, critica.

María Jesús Montero y Juanma Moreno, rivales en unas elecciones andaluzas inminentes, anunciaron este martes casi a la vez -una desde el Gobierno central, otro desde la Junta de Andalucía- sendas partidas millonarias destinadas a paliar los daños de la borrasca en esta comunidad.

El pulso entre ambos por visibilizar el esfuerzo inversor de cada administración con la región que aspiran a gobernar se tradujo en una lluvia de millones para Andalucía: el Gobierno ha movilizado 7.000 millones de euros y la Junta otros 1.780 millones, cada cual con una batería de ayudas directas, obras de reconstrucción y exenciones fiscales que redundarán en beneficio de las familias desalojadas por el temporal, los municipios anegados, las casas destruidas, los negocios cerrados, las carreteras destrozadas y los sectores paralizados, singularmente la agricultura y la pesca.

Aunque el resultado hace pensar que ambos gobiernos -uno del PSOE-Sumar y otro del PP- han trabajado al unísono para coordinar sus planes de reconstrucción en Andalucía, lo que se visibilizó el martes fue una carrera de los dos candidatos por posicionar antes que el otro su plan de choque, sus millones, sus ayudas.

A las dos de la tarde, tras comparecer Montero y luego Moreno, en la Consejería andaluza de Hacienda se preguntaban si las ayudas estatales eran compatibles con las andaluzas -y viceversa- y no descartaban ya reestructurar el plan de reconstrucción que acababan de presentar: “Si nuestras medidas se solapan con las del Gobierno, se destinará el dinero a otra cosa...”.

Montero, una hora antes que Moreno

El Consejo de Ministros se celebra cada martes, pero éste se adelantó más de lo acostumbrado: la justificación era que Congreso celebraba esa mañana un acto solemne por la longevidad histórica de la Constitución Española. Montero, a la sazón secretaria general del PSOE andaluz, se erigió como portavoz de las ayudas millonarias que adjudican ocho ministerios del Gobierno, y que recalarán en Andalucía y en Extremadura.

Esa misma mañana, el presidente Moreno había reunido a sus consejeros en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, el espacio principal para recepciones oficiales en la sede de la Junta, para presentar -con logo incluido- un programa estrella para la reconstrucción de la Andalucía azotada por el temporal: el Plan Andalucía Actúa.

Montero golpeó una hora antes desgranando un gasto extraordinario de 7.000 millones de fondos propios, incluyendo exenciones fiscales que la Junta de Andalucía había reclamado días antes, y otras que Moreno tenía pensado anunciar esa misma mañana.

Cuando compareció el presidente de la Junta -se retrasó 40 minutos mientras su equipo estudiaba los números de la ministra- una parte sustancial de las reclamaciones que iba a trasladar al Gobierno central para “complementar” el Plan Andalucía Actúa ya estaban recogidas en el Real Decreto aprobado esa misma mañana por el Consejo de Ministros.

Se aprobó la posibilidad de gastar el superávit de 2025 [hasta marzo no estará la cifra oficial], y que la regla de gasto no sea un limitante. Una semana antes, el Gobierno de España ya había anticipado otra de las peticiones de Andalucía, remitiendo una carta a la Comisión Europea para solicitar la reprogramación de fondos europeos y la activación del fondo de crisis de la UE para responder a los destrozos del tren de borrascas. La solicitud formal aún no se ha cursado, explican desde el Ministerio, porque primero “corresponde hacer la evaluación detallada y exhaustiva de todos los daños”.

En el Palacio de San Telmo, donde fue convocada la prensa sin posibilidad de preguntar al presidente, el acto solemne arrancó con retraso y desconcierto. Los números andaluces que iba a presentar Moreno, a partir de una “reformulación” de los Presupuestos de 2026, venían opacados por los 7.000 millones anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez. “Los 7.000 millones de Montero incluyen una partida de la Junta, ¿no? ¿Ahí han metido nuestro superávit? No nos salen las cuentas”, se preguntaba en voz alta un asesor del presidente.

El Ministerio de Hacienda distribuyó una tabla con el desglose de gasto de los 7.000 millones de euros, partida a partida, todo de fondos propios: 2.874 millones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; 200 millones del Ministerio de Interior; 2.000 millones de Política Territorial; 691,2 millones de TRansición Ecológica y Reto Demográfico; 163,2 millones del Ministerio de Transportes; 940 millones del Ministerio de Hacienda; 250 millones de Economía, Comercio y Empresa; y 50 millones del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En total, 7.168,5 millones de gasto directo, sin incluir el impacto de otras medidas articuladas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para amortiguar el cese de actividad de autónomos; para exenciones a empresas en ERTE por fuerza mayor; aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social y moratoria de intereses; y la compatibilidad de las ayudas del temporal con el Ingreso Mínimo Vital.

El superávit de 2024 y el de 2025

La Junta de Andalucía presentó un desglose de las inversiones y ayudas a las que destinará sus 1.758 millones de euros, pero no especificó de dónde proviene el dinero. El presidente habló de una “reorganización” inédita del Presupuesto de 2026, recién aprobado, detrayendo partidas de algunas consejerías para destinarlas a las ayudas y la reparación de daños.

Pero la Consejería de Hacienda también confirmó que en esos 1.780 millones se computa parte de los remanentes sin gastar del Presupuesto de 2024 y otra parte del superávit de 2025, un dinero que la Junta aún no tiene disponible, y que depende de una autorización expresa de la ministra de Hacienda.

En realidad, Montero había desbloqueado una hora antes ese superávit de 2025 que, por ley, únicamente se podía destinar a la cancelación de deuda a través de una amortización anticipada. “Han contabilizado un dinero que no tienen, pensando que así abrirían otro frente de confrontación con nosotros”, explican fuentes del Gobierno.

Del dinero que la Junta ha movilizado para la reconstrucción de la Andalucía afectada por la borrasca -los 1.780 millones- otra parte corresponde al cese de liquidación (algo más de 130 millones), a la reprogramación de fondos europeos y al fondo de gestión de ayudas de emergencia de la Política Agraria Común (PAC). Sobre estas últimas ayudas de la UE, el propio Moreno reconoció que eran “lentas” de tramitar, pues se concedieron tras los incendios del verano pasado, “y aún no han llegado”.

Por último, el fondo lo completan los 500 millones de la sección 31 del Presupuesto andaluz, una especie de “saco” para gastos disponible para todas las consejerías -de aquí se iba a financiar un plan de digitalización para autónomos- que ahora se va a modificar íntegramente.

Andalucía cerró el ejercicio presupuestario de 2024 con un superávit de 1.158 millones, en torno al 0,74 % del PIB regional, según los datos del Ministerio de Hacienda. Esa diferencia entre ingresos y gastos, según la Junta, es el resultado de la llegada de una partida de fondos europeos ejecutados en 2023 y al incremento de la recaudación tributaria derivada del aumento del mercado inmobiliario.

La semana pasada, la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ya formuló la petición al Gobierno para que le autorizase a usar el superávit de 2025. Moreno lo ratificó un día después y volvió a demandarlo en sede parlamentaria. Este martes, además, han incluido en su reclamación poder usar también los remanentes de 2024, que es una partida más cuantiosa (la de 2025 se estima en unos 400 millones).

El departamento de Montero replica que para hacer uso del superávit de 2024, Andalucía no necesita una autorización extra, porque el Gobierno ya admitió esta posibilidad en un Real Decreto, aprobado el pasado diciembre, por el que se adoptaron “medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas”.

El artículo 2 del Real Decreto “habilita el destino del superávit de 2024 obtenido por las comunidades para financiar inversiones financieramente sostenibles en los ejercicios 2025, 2026 y 2027, como excepción y como alternativa a la regla general de gasto, por la que dicho superávit se debe dedicar a la reducción de la deuda pública”.

Ese margen de gasto extra estaba condicionado a que la comunidad autónoma cumpliera con el periodo medio de pago y con los objetivos de estabilidad y deuda pública. La Junta de Andalucía, de hecho, ya anunció entonces que cumplía con esos criterios y, por tanto, estaba en disposición de recuperar esos 1.150 millones para la ejecución de inversiones. También de ese margen extra quiere sacar ahora una parte para destinarla a paliar los destrozos del temporal, por ejemplo a arreglar carreteras o caminos rurales, si el Gobierno admite que entran en la categoría de “inversiones sostenibles”.

La Agencia Tributaria eleva a casi un millón de euros los pagos de las empresas gasísticas a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, centro de una investigación por los cambios en las leyes que beneficiaban al sector después de que la consultora influyera en el Gobierno del Partido Popular. Hasta ahora, la cifra analizada de los pagos por la Guardia Civil era de 673.500 euros, pero el último informe de la Agencia Tributaria, al que ha accedido elDiario.es, sitúa el total de los pagos de las gasísticas en 991.663,76 euros.

El informe también pone de manifiesto que Hacienda no ha podido acceder a las cuentas del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro dentro de la investigación judicial por el caso de corrupción relacionado con el despacho que fundó, Equipo Económico, y la modificación de leyes a favor del sector gasístico que lo contrató. “No se han facilitado las cuentas bancarias en las que consta como titular o autorizado, sometiéndose a su consideración la conveniencia de su obtención”, recoge el informe de la AEAT, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los inspectores de Hacienda sospechan que Ricardo Montoro, el hermano del exministro, habría recibido transferencias de los clientes de Equipo Económico que equivalen a un 2,1% de la participación en Equipo Económico que habría quedado huérfana tras su salida del despacho, por lo que sospechan que encubriría un pago que ya no le correspondía.

El juez dictó el pasado junio un auto de levantamiento del secreto en el que revelaba que Cristóbal Montoro y nueve de los altos cargos de su Ministerio, relacionados en algún momento con Equipo Económico, son investigados por siete delitos relacionados con modificar dos leyes para beneficiar a las empresas gasísticas a cambio de que estas contrataran a la consultora fundada por Montoro.

Como ha venido ocurriendo durante la instrucción, el trabajo de la Agencia Tributaria, en este caso, y de los Mossos d'Esquadra va más allá de las conclusiones de la Guardia Civil, que exoneraron a los investigados en cuanto al destino último de los fondos inyectados por las gasísticas al despacho. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, se quejó a su jefe, Alejandro Luzón, tanto de la falta de apoyo de este a su investigación como de la pasividad de los agentes de la UCO, tal y como reveló elDiario.es.

En el presente informe de la Agencia Tributaria, por ejemplo, se pone de manifiesto que la información con la que han podido trabajar sus inspectores se desprende “la existencia de cajas de seguridad, de inversiones financieras en las que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen y/o beneficiario último se desconoce, lo cual restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado”.

La instrucción judicial se prolonga durante más de siete y ha permanecido bajo secreto casi todo ese tiempo. Un juzgado de Tarragona ha tenido que hacerse cargo de la investigación después de que los indicios que dieron pie al caso afloraran en otra investigación de los Mossos d'Esquadra. En los próximos meses la causa vivirá un episodio clave con la resolución de la Audiencia Provincial a la avalancha de recursos que las defensas han presentado contra la instrucción del juez Rubén Rus. Cristóbal Montoro defiende que se desvinculó del despacho antes de que se produjera el contrato con las gasísticas, que obtuvieron beneficios durante su segunda etapa en el Ministerio de Hacienda.

En su último informe, la Agencia Tributaria insiste en la tesis que ha movido la investigación acerca de que el trabajo de Equipo Económico no fue realmente el que se declaró de asesoría, algo que hizo una consultora internacional realmente. “El despacho investigado jugaría un rol distinto que no requiere de tal despliegue de medios ni de ese valor añadido, esto es, presuntamente sería el contacto con las 'autoridades implicadas' como factor decisivo para la obtención del beneficio fiscal investigado”.

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda es uno de los mayores expertos en materia de financiación autonómica a nivel nacional. Ve pros y contras en el modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda y, respecto del difundido informe de FEDEA –aunque desde una posición prudente, ya que él mismo es investigador de este organismo–, considera que se podría haber elaborado con otras pautas.

A partir de las cifras difundidas por el Gobierno central, ¿cree que es una buena propuesta? 

A partir de la presentación de la propuesta que hizo la ministra de Hacienda y de las simulaciones publicadas, podemos hacernos una idea provisional de la reforma. Y creo que tiene cosas buenas, con avances con respecto al modelo vigente, como el incremento de recursos al conjunto de comunidades autónomas, las mejoras en la estimación de las necesidades de gasto autonómicas y en la descentralización tributaria o el establecimiento de un sistema claro de nivelación. Pero también hay aspectos negativos, como la desvirtuación de los resultados del sistema con algunos fondos ad hoc, como el fondo climático y el IVA de las pymes.

Precisamente muchas de las críticas al Ministerio se centran en los ajustes que se introducen con estos dos fondos. ¿Cree que están justificadas esas críticas?

Sí. Como en anteriores reformas, son elementos introducidos aparentemente para producir unos ingresos adicionales en determinadas comunidades autónomas. Con respecto al fondo climático, el problema no es que no haya que destinar recursos a luchar contra el cambio climático, sino cómo se hace la propuesta, dirigida a obtener unos concretos resultados.

Y ¿el IVA de las pymes?

No tiene ninguna justificación. No tiene nada que ver con la autonomía o la corresponsabilidad fiscal, como pretende el Gobierno central. El IVA ya se distribuye correctamente entre las comunidades en función del consumo, no es preciso estropear el reparto con fórmulas como la propuesta.

Sería pues una decisión de carácter más político.

Sin duda.

En general, ¿quiénes son los ganadores y quiénes los que menos ganan con la propuesta?

En términos absolutos, casi todas las comunidades obtienen más recursos. Si ponemos en relación esos recursos con las necesidades de gasto de cada una, lo que llamamos población ajustada, hay cinco que seguramente obtendrán unas ganancias superiores a la media: Murcia, la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las que menos ganarían son Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Extremadura, y de hecho a estas dos últimas se les aplicaría la denominada cláusula del statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo anterior.

Si ponemos en relación esos recursos con las necesidades de gasto de cada una, lo que llamamos población ajustada, hay cinco comunidades que seguramente obtendrán unas ganancias superiores a la media: Murcia, la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Andalucía

Julio López Laborda

La propuesta parte de un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, lo cual ha generado críticas por si beneficia a Catalunya. ¿Cree que privilegia a esta comunidad autónoma?

Catalunya sería la comunidad más favorecida. No en vano, el origen de la reforma está en un acuerdo bilateral que el Gobierno central pretende extender a todas las comunidades autónomas. Con esto, por cierto, sortean la negociación multilateral a la que están obligados constitucionalmente, aunque no se alcance un acuerdo. Porque no se puede hablar de negociación genuina cuando una de las partes no conoce en su integridad sobre qué está negociando, y no parece que las comunidades autónomas tuvieran mucha más información sobre la propuesta del Gobierno central que nosotros.

El informe de FEDEA sitúa a Aragón como la comunidad autónoma que menos recibirá por habitante en el sistema propuesto. ¿Está de acuerdo con las conclusiones proporcionadas por este organismo?

Si se toman los resultados de la reforma que se simulan en ese mismo informe, Aragón se quedaría en la media de financiación por habitante ajustado. El problema es que no se ha entendido bien el informe, que además no es de FEDEA, sino de un investigador de ese centro [Ángel de la Fuente]. Debería haberse hecho al revés: es en el anexo donde explica cómo se calcularía la financiación de cada comunidad autónoma con la reforma. Y muestra que, tras las transferencias horizontal y vertical, todas las comunidades están prácticamente igualadas.

Según Hacienda, Aragón recibirá 630 millones de euros más, pero FEDEA reduce esa cantidad hasta los 265 millones de euros. ¿Con qué cifra deberíamos quedarnos?

No son datos directamente comparables. Hay que tener en cuenta que el documento de FEDEA realiza una simulación preliminar con los pocos datos de que se dispone a partir de la presentación de la reforma que hizo la ministra de Hacienda y que hace su ejercicio para 2023, mientras que la presentación del Gobierno central da datos para 2027.

El Gobierno de Aragón denuncia que Hacienda no ha atendido su petición de incluir la orografía y la despoblación entre los criterios correctivos, mientras que el Ministerio asegura que las compensaciones por la despoblación aparecen en el epígrafe de 'costes fijos' y en la estratificación de los grupos de edad. ¿Quién tiene razón?

En 2021, el Gobierno central envió a las comunidades autónomas una propuesta para mejorar la estimación de las necesidades de gasto autonómicas. En ese documento se discutió la posible inclusión de la orografía, aunque finalmente se descartó su incorporación; por lo tanto, no puede haber una pérdida de unos ingresos que nunca han existido. Sin embargo, sí que se proponía la introducción de una variable de costes fijos, que se mantiene en la actual propuesta de reforma como indicador vinculado a la despoblación. También están relacionadas con la despoblación otras variables del modelo, como la superficie o la dispersión.

¿Y considera que una variable como la orografía puede ser de tal magnitud para Aragón? El Gobierno de Aragón la cuantifica en 320 millones de euros.

No lo sé. Yo lo único que sé es que la variable de superficie, la de dispersión o la de coste fijo, están directamente relacionadas con la despoblación. Y los ejemplos que tenemos parece que muestran que su peso debería ser más elevado del que le da el modelo propuesto por el Ministerio.

¿Es justa la ordinalidad? ¿Y el hecho de que esta, en principio, solo se garantice para Catalunya?

Es justa, y tan de sentido común que no es más que la consecuencia de la correcta aplicación de un modelo de financiación. La ordinalidad exige que, si ordenamos a las comunidades de la primera a la decimoquinta, de acuerdo con su capacidad para cubrir sus necesidades de gasto solo con sus tributos cedidos, ninguna puede perder posiciones después de recibir o realizar transferencias para hacer efectiva la solidaridad entre regiones. Desde luego, la ordinalidad se cumple si, después de transferencias, todas las comunidades están igualadas y se les garantiza la misma financiación en función de sus necesidades. Este principio de ordinalidad no parece que vaya a cumplirse con el modelo propuesto.

Y ¿la ordinalidad no es opuesta a la solidaridad entre territorios? ¿No supone ir en contra de la convergencia?

Es que la financiación autonómica no se encarga de la convergencia: se ocupa de que, aunque existan desigualdades de renta entre comunidades, estas no se traduzcan en un acceso desigual a los servicios públicos. Y eso la ordinalidad lo garantiza.

¿Afecta el modelo propuesto el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas?

Teniendo en cuenta lo que se conoce de la propuesta y a la vista de los resultados de las simulaciones publicadas, yo diría que no, con la salvedad de los resultados favorables, especialmente, para Catalunya.

Las comunidades autónomas abandonaron esta semana la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) levantadas en armas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó a los consejeros de su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva doce años caducado, y solo recibió el apoyo explícito de la representante catalana, Alícia Romero (PSC). Sin embargo, y a pesar de que Madrid habló de “corrupción de estado” e incluso la socialista Castilla-La Mancha tachó de “chantaje” el modelo que se les presentó, los silencios y las evasivas contaron mucho más que las palabras gruesas de los dirigentes regionales.

Porque la propuesta del Gobierno central, lejos de imponer un “concierto solidario”, un “cupo catalán” o una “financiación singular” que tantos titulares han ocupado desde el verano de 2024, supone una evolución del modelo actual con una inyección de casi 21.000 millones de euros solo en 2027, cuando debería entrar en vigor si se cumplen los plazos de Hacienda y los deseos de La Moncloa de atar la mayoría de la investidura.

Esta cifra, que supone en torno al 1,2% del producto interior bruto (PIB) español, implica que las comunidades autónomas, que soportan el grueso del gasto social del Estado, dispondrán en total de 224.507 millones procedentes del sistema de financiación, alrededor del 13% del PIB.

Por eso consejeros tan relevantes como el de Galicia, Miguel Corgos, dejaron en el aire si se adherirán al nuevo modelo o seguirán con el vigente, como les propuso Montero, ya que claramente les perjudica. “Es bastante improbable que esto se apruebe”, esquivó el responsable murciano, Luis Alberto Marín.

Los 20.975 millones de euros adicionales de los que dispondrán las comunidades autónomas –que salen de una mayor cesión de la recaudación del IRPF y del IVA, así como de transferencias del Estado– cubren casi el 40% del gasto en Educación de las comunidades autónomas del régimen común (es decir, salvo País Vasco y Navarra, que cuentan con Haciendas forales propias) en 2024. Los recursos representan cerca de uno de cada cuatro euros que los ejecutivos regionales destinan a la Sanidad. Son más de siete veces su ejecución en materia de vivienda y más de seis lo que dedican a proteger el medio ambiente.

Estos datos salen de cruzar las cifras desgranadas por Hacienda en la presentación del modelo con los de la base de datos de la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones Públicas (COFOG), una metodología diseñada por Naciones Unidas que divide el gasto público en diez divisiones en función de a qué se destinan: salud, educación, vivienda… Y, si bien los últimos datos son provisionales y correspondientes al 2024, muestran qué supone este volumen adicional de recursos sobre las principales partidas que soportan los Gobiernos regionales.

Casi el 60% del gasto en Educación de Murcia o Valencia

El consejero murciano aseguró que la propuesta de Montero “se ha pergeñado para satisfacer los anhelos infinitos del secesionismo”. Pero Murcia, que recibiría 1.188 millones según las estimaciones del Gobierno central, cubriría con esta financiación adicional el 58% de su gasto en Educación (2.051 millones) o el 35,5% de lo que destinan a Sanidad (3.347 millones), como se ve en el gráfico bajo estas líneas. El ‘extra’ del Estado supone el doble de lo que el Ejecutivo regional destina a políticas de vivienda o Protección social, que alcanza los 583 millones. Es también el doble de lo que invierte en Asuntos Económicos (donde se incluyen las partidas de transportes o en investigación, por ejemplo) o diez veces los recursos destinados a proteger el medio ambiente.

El nuevo consejero de Hacienda de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, evitó a los periodistas a la salida del CPFF pero, en declaraciones a la televisión autonómica Á Punt, tachó de “chantaje” la propuesta de Montero. Lo hizo apenas unos días después de decir que “no pinta mal” y ser corregido por el nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La Comunitat Valenciana, junto a Murcia la región más perjudicada por el modelo en vigor, recibiría 3.669 millones de euros en recursos adicionales. O lo que es lo mismo, el 56,7% de lo que gasta anualmente en Educación o el 35,8% de lo que destina a Sanidad. La financiación ‘extra’ que supondría este nuevo sistema que ha propuesto el Gobierno central cubriría más que de sobra el gasto conjunto en protección social y vivienda (2.372 millones), así como las inversiones que se inscriben en las partidas de Asuntos Económicos (2.033 millones) o siete veces lo que destina la región a Medio ambiente (502 millones).

Montero señala al PP como “beneficiado” por la financiación

Por Andalucía, la consejera Carolina España tachó el “modelo de financiación Montero”, como “champán y caviar” para el independentismo y “el menú del día, pero sin postre” para el resto de las comunidades. Las declaraciones las hizo a su llegada al Ministerio de Hacienda, ya que a la salida del CPFF no quiso responder a los periodistas presentes.

El “menú del día” de Andalucía son 4.846 millones de euros adicionales, la comunidad más beneficiada en términos absolutos, que suponen el 43% del gasto en Educación o uno de cada tres euros que se destinan a la Sanidad. Con los fondos ‘extra’, el Gobierno de Juanma Moreno cubriría casi el doble de las inversiones combinadas en Vivienda y Políticas sociales (2.645 millones) o cinco veces lo que destinan a Medio Ambiente (862 millones).

La vicepresidenta Montero dedicó especial atención a las cuentas para Andalucía, toda vez que en unos meses concurrirá en el territorio como candidata del PSOE a la Junta. En la rueda de prensa tras la reunión recordó que será la región recibirá más de lo que reclamó Moreno Bonilla: “El presidente de la Junta de Andalucía pidió 4.000 millones”. “Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Catalunya”, insistió, recordando que 15.000 millones irán directamente a las comunidades del PP (si no renuncian a estos recursos). “Si hay un partido que se beneficia de estas medidas, es sin duda el PP”, zanjó la vicepresidenta.

El “chantaje” a Castilla-La Mancha: 1.248 millones

Entre sus propias filas la vicepresidenta tampoco halló mayores apoyos. Asturias se dejó querer, aunque sin estar muy convencidos. Y Castilla-La Mancha se sumó a la teoría del “chantaje”, pero su consejero, Juan Alfonso Ruiz Molina, pasó un mal rato tratando de explicar por qué los 1.248 millones de más que recibirían de aprobarse el nuevo sistema dejan en mala posición a su comunidad. “Nosotros venimos sufriendo un modelo que nos está perjudicando. Con estos datos, Castilla-La Mancha seguiría estando por debajo de la media”, aseguró.

¿Cuánto suponen los fondos extra para el Gobierno que lidera Emiliano García-Page? Le permitiría pagar el 51,5% de la Educación o el 29,7% de la Sanidad. Cubriría de sobra el gasto combinado en vivienda y protección social (921 millones) y también el de medio ambiente (212 millones).

Catalunya, a pesar de las afirmaciones de Montero, sí será una de las grandes beneficiadas del nuevo modelo. No solo porque recibirá más recursos a través de la mayor proporción del IVA y el IRPF, que al ser una economía más grande garantiza una recaudación superior, sino porque gracias a otros ajustes (como la posibilidad de recibir el IVA de las pymes o el Fondo climático, que beneficia a las comunidades mediterráneas) la propuesta dota con 4.686 millones adicionales a la región.

Con estas cifras, la Generalitat podría financiar la mitad de su gasto en Educación (49,2%), o una cuarta parte (27,8%) del sanitario; casi todo su gasto en vivienda y protección social (4.776 millones) y prácticamente todas sus inversiones económicas (4.563 millones).

Incluso Madrid, cuya consejera, Rocío Albert, dijo que la propuesta era “corrupción de Estado” y que “no vamos a aceptar lo que quieren los independentistas, ni mucho menos lo vamos a sufragar” recibirá una notable inyección de dinero público: 2.555 millones. Suficiente para pagar el 35% del gasto en educación o el 20% de lo que invierten en Sanidad.

Las grandes cifras van a estas comunidades, mientras que el resto recibirán cuantías más modestas, pero superiores a las que percibirán con el modelo en vigor. En el caso de Extremadura y Cantabria, las más beneficiadas por el reparto actual, el Gobierno ha incluido un mecanismo para garantizar que no solo no pierden, sino que reciben 216 y 46 millones más, respectivamente.

Hacienda se abre a una financiación “finalista”

Si bien las comparaciones dan cuenta de la magnitud de los recursos que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, el reparto del sistema de financiación no es “finalista”, tal y como recordó la vicepresidenta Montero, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteara que parte de los fondos se destinen a la construcción de vivienda. 

“Dentro del CPFF se ha trasladado con mucha claridad que las comunidades autónomas no quieren perder autonomía política o financiera. Curiosamente, las comunidades dicen esto a partir de los límites al dumping fiscal que la propuesta plantea cuando se explicó. Sin embargo, no lo dicen cuando el presidente de su partido traslada que sean finalistas”, ironizó la ‘número dos’ del Ejecutivo. “Si el PP plantea que el dinero vaya a vivienda, o una parte, de acuerdo. Y el resto del dinero que tenga como destino la sanidad pública de titularidad pública, la educación pública de titularidad pública”, subrayó.

Las reacciones de los expertos al nuevo sistema han sido mixtas. Algunos, como Ángel de la Fuente, de Fedea, celebran la existencia de “elementos prometedores”, pero alertan de otros “francamente negativos”. La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, Violeta Ruiz Almendral, apuntó a través de una publicación en LinkedIn que, si bien la propuesta “seguro que tiene puntos de mejora”, “parece seguir el esquema básico o fórmula de la financiación autonómica que ha avalado el Tribunal Constitucional”. Y una agencia de calificación tan relevante en la historia económica reciente de nuestro país como es Standard & Poor’s dio el aval a la propuesta, aunque con dudas de que prospere en el Congreso. 

Con todo, gran parte de las dudas que ha supuesto la propuesta del Ministerio de Hacienda tienen que ver con el papel del Estado. Los casi 21.000 millones de euros restan margen de maniobra al Gobierno central en un momento en el que las presiones de gasto sobre sus competencias se va a incrementar notablemente, como alerta el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Diego Martínez-López. El envejecimiento va a engordar el gasto en pensiones, que ya está cubierto en buena parte por las transferencias a la Seguridad Social. Y el Ejecutivo se ha comprometido a destinar el 2% del PIB a Defensa, una referencia que va a aumentar en términos nominales conforme crezca la economía. 

El Gobierno iniciará a partir de la semana que viene una serie de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, con el objetivo de redactar el Anteproyecto de ley con la reforma del sistema. Una vez se apruebe en el Consejo de Ministros y pase los trámites de audiencia pública, debería pasar por un nuevo pleno del CPFF para, esta vez sí, ser votado por los Ejecutivos regionales. El Ministerio de Hacienda confía en que la ley esté en el Congreso antes de junio y que pueda aprobarse antes de finales de año, para que ya esté en vigor de cara al ejercicio 2027.