Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF muestran las diferencias de ingresos entre cada vecino y vecina, calle a calle en España. Los últimos corresponden a 2024, a los residentes de más de 36.000 secciones censales. 

La desigualdad económica no la marca la geografía, los territorios, sino la renta, incluso en las calles de un mismo municipio. También se observan brechas entre el centro y la periferia y las diferencias entre los barrios más ricos y más pobres.

Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad en Castilla-La Mancha.

En el mapa también puedes mirar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre en Castilla-La Mancha. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde se sitúan las fronteras de la desigualdad entre vecinos.E incluso se puede saber cómo es la renta por ciudades o por barrios de las ciudades.

Casi en los dos extremos insulares. A 386 kilómetros de distancia y a más de una hora de avión, Garafía (La Palma) y Santa Brígida (Gran Canaria) representan dos realidades económicas muy distintas. Pero no solo es el distanciamiento físico lo que hay entre estos dos municipios. También se refleja en el bolsillo de sus vecinos, con una brecha que alcanza los 49.850 euros. El mapa de la renta dibuja así un Archipiélago en el que las fronteras no las marca tanto la geografía, sino la riqueza o la pobreza de cada municipio.

Desde 2019, la renta media en Garafía ha aumentado un 34,1%, hasta alcanzar los 27.223 euros en 2024. Pese a esta subida, el municipio palmero sigue siendo el más pobre de Canarias y ocupa el puesto 290 en la clasificación nacional. En el extremo opuesto se sitúa Santa Brígida, en Gran Canaria, con una renta media de 77.073 euros, la más alta del Archipiélago. Así lo recoge el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se detalla la renta bruta media por hogar de las declaraciones de IRPF de 2024.

El Rosario, en Tenerife, se mantiene como uno de los municipios con mayor renta de Canarias, con una media de 63.705 euros por hogar. Aunque esta cifra responde en buena medida a factores estadísticos y demográficos, y no necesariamente al resultado de una política concreta, cabe destacar que el municipio estuvo gobernado durante 32 años por Macario Benítez (PSOE) y que actualmente está presidido por Escolástico Gil, de Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes).

Una de las claves para entender esta elevada renta se encuentra en la geografía y el modelo urbanístico del municipio, especialmente en las urbanizaciones costeras de Radazul y Tabaiba. Durante las últimas décadas, estas zonas han atraído a numerosos profesionales de rentas altas, como médicos, abogados, empresarios y directivos, gracias a una oferta residencial atractiva, pero prácticamente inaccesible para las familias con menores ingresos.

A ello se suman factores como la tranquilidad, la proximidad al mar y una ubicación estratégica dentro del área metropolitana, con acceso relativamente rápido al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) y buenas conexiones con el Hospital Universitario de Canarias (HUC). La combinación de todos estos elementos ha convertido a Radazul y Tabaiba en una especie de 'refugio dorado' para profesionales de alto poder adquisitivo, en contraposición a Garafía, que centra su economía en la agricultura, la ganadería y el turismo sostenible.

Si se amplía el foco a los 10 municipios con más renta, la provincia de Las Palmas destaca con seis municipios en la lista (Santa Brígida, Teguise, Tinajo, Tías, San Bartolomé, Las Palmas de Gran Canaria), mientras que Santa Cruz de Tenerife se queda con cuatro (El Rosario, Tegueste, Breña Baja, El Sauzal).

La brecha se repite al comparar territorios limítrofes. El Atlas del INE permite observar las fronteras desiguales de cada municipio. En Santa Cruz de Tenerife, existe un contraste evidente entre las entidades de población de Acorán, que cuenta con una renta media de 74.450 euros y Añaza, con 24.097 euros.

En Las Palmas ocurre algo similar en el barrio de Escaleritas, donde la calle Obispo Romo marca la frontera entre dos zonas con rentas medias anuales muy dispares: 29.766 euros en una y 79.395 euros en la otra.

En el resto de islas, la desigualdad no es tan pronunciada, aunque también se observan diferencias notables de renta entre distritos colindantes.

Tal y como refleja el gráfico anterior, Lanzarote es la isla con mayor número de municipios con rentas elevadas. Aunque es en Arrecife donde se concentra tanto el distrito con la renta más baja de la isla, con 37.654 euros, como el la renta más alta, con 94.961 euros.

En comparación con el resto de comunidades autónomas, Canarias se sitúa como la novena región con menor renta de España y destaca por la elevada proporción de población con una renta media situada en el tramo más bajo. Este porcentaje solo es inferior en Murcia (58,7%), Extremadura (57,5%), Andalucía (56%) y Castilla La-Mancha (45,7%).

En Castilla y León solo hay cuatro municipios con una renta media por hogar superior a los 80.000 euros, y solo uno de ellos supera el millar de habitantes. Los tres pueblos con más ingresos medios por hogar son Pampliega (Burgos, 281 habitantes), Camporredondo (Valladolid, 143 habitantes) y Sotosalbos (Segovia, 132 habitantes). Estos dos últimos han registrado un incremento importante de la renta media por hogar, casi del doble desde 2019.

Justo detrás se encuentra Simancas, municipio vallisoletano de más de 5.000 habitantes, cuyas zonas censales oscilan entre los 47.000 y 107.000 euros, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta bruta media por hogar (antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024.

Castilla y León también tiene dos municipios que están entre los más pobres de España: Espadeño (Zamora), con 20.993 euros de renta media por hogar y Peñaparda (Salamanca), con 21.576 euros.

La renta media bruta por hogar ha aumentado más de un 20% en todas las capitales de Castilla y León desde 2019, especialmente en Ávila (26,3%, hasta los 45.000 euros) y Segovia (24%). Las capitales de Burgos, Valladolid y Soria superan los 49.000 euros de renta media bruta por hogar, a las que sigue muy de cerca Segovia (48.897 euros). En León capital, este indicador supera los 47.000 euros. Las capitales con menor renta son palencia (45.295 euros), Salamanca (42.896) y Zamora (42.070 euros).

Entre los barrios y municipios más ricos de Castilla y León destacan en Valladolid capital El Peral, con una renta media bruta por hogar de 102.504 euros y Fuente Berrocal (110.000 euros); Valdelagua, Navahonda y Albahonda II, entre 91.000 y 95.000 euros (Salamanca); las zonas residencial de Simancas (107.000 euros), Boecillo (92.000 euros), Sotoverde (88.000 euros), Bosque Real (94.000 euros). Estas rentas contrastan especialmente con los pueblos de otras provincias: Por ejemplo, Abia de las Torres es el pueblo de Palencia con más renta media bruta por hogar: 56.582 euros.

El 15% de las secciones censales de Castilla y León están entre el 10% más pobre de España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística también revela dónde se encuentra el 1% más pobre de Castilla y León: el barrio del Carmen y el barrio de San José Salamanca (22.000-26.000 euros de media por hogar), Las Viudas y Pajarillos Bajos en Valladolid (20.000-27.000 euros)

En este percentil también se encuentran municipios pequeños como Brime de Sog, Olmillos de Castro, Gallegos del Río (Zamora), Santa Cruz del Valle (Ávila), Serradilla del Llano, Horcajo de Montemayor, Aldea del Obispo, Dios le Guarde (Salamanca), etc..

En España se sigue confirmando, con mayor o menor precisión (pero así vuelve a reflejarse un año más en términos generales), una división territorial clara entre dónde residen los más ricos y dónde los más pobres. Y vuelve a ocurrir, sí, otra vez, que la mitad norte o septentrional es la de más renta media de sus habitantes y menos desequilibrios socioeconómicos, y la mitad sur o meridional, por el contrario, la de menos renta y más abismo entre unos grupos y otros.

De ese último segmento, el más pobre, sigue formando parte la comunidad autónoma de Canarias, y lo hace un ejercicio anual más, el de 2024, tal y como se contempla en el dibujo que vuelve a trasladar el Atlas de distribución de renta de los hogares (2024), el último trabajo de este tipo (con datos definitivos) y, por lo tanto, el más reciente, que este lunes ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a los resultados servidos, se llega a muchas conclusiones, y una de ellas es que Canarias se sigue manteniendo en el sur más pobre de España, pues el 36,2% (por el 36,6% de 2023, con una mínima mejoría) de su población residente vive con una renta neta media baja (803.584 personas). Este registro canario contrasta con el 1,3% del País Vasco, el más bajo en el país, el 3% de Navarra, el 4,7% de Asturias o el 5% de Illes Balears. El estudio fija cuatro rangos: bajo, medio-bajo, medio-alto y alto.

De esa manera, el archipiélago canario se convierte en la quinta comunidad autónoma del país con más habitantes de derecho con renta promedio incluida en la horquilla más baja, dato relativo que solo es inferior al de Murcia (58,7%), Extremadura (57,5%), Andalucía (56%) y Castilla-La Mancha (45,7%). Son las última, penúltima, antepenúltima y cuarta por la cola.

Esta conclusión se alcanza a través de la distribución de secciones (censales) y de la población que reside en ellas por comunidad autónoma y renta neta media anual por habitante (año 2024), una variable analizada por el INE en el estudio ya reseñado, el más actual.

Ese mismo indicador otorga a las islas un porcentaje de población residente del 30,9% (antes, el 32,2%, en 2023) dentro del rango de renta media-baja; del 19,2% (antes, el 18,2%), en la media-alta, y del 13,7% (el año 2023, el 12,9%), en la alta.

En Canarias, el 33% de sus municipios tuvieron una media de renta neta anual por habitante dentro de la horquilla baja, el quinto peor porcentaje dentro del país, aunque más positivo que los de Murcia (91,1%), Andalucía (83,9%), Extremadura (82%) y Castilla-La Mancha (43,5%).

Análisis detallado según distintos ámbitos

La renta neta media por persona a escala nacional aumentó el 6,1% en el año 2024 y se situó en 15.948 euros. Fueron los municipios de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Matadepera (Barcelona) y Boadilla del Monte (Madrid) los que volvieron a liderar la clasificación de términos municipales de más de 2.000 residentes con mayor renta anual media por habitante en España.

En el lado opuesto, se hallaron Iznalloz (Granada), El Palmar de Troya (Sevilla) y Albuñol (Granada); o sea, los municipios de más de 2.000 habitantes con menor renta anual media por persona.

En el capítulo de las provincias con mayor renta neta anual por habitante, están las vascas de Gipuzkoa y Bizkaia, y Madrid. Las rentas más bajas se registraron de nuevo en la región andaluza: Almería, Huelva y Jaén.

Según la localización geográfica y también para 2024, el País Vasco fue la comunidad autónoma en la que el 89,7% de sus municipios estaba entre el 25% de los de mayor renta en toda España (por encima de 17.157 euros), seguido de la Comunidad Foral de Navarra, con el 71,3%. En el otro extremo, destacaron Región de Murcia, con el 91,1% de sus municipios entre el 25% con menor renta del país (menos de 13.407 euros), y Andalucía, con el 83,9%.

Renta neta anual por habitante y sección censal

Si se ordenan de menos a más las secciones censales según la renta media por persona, el 10% de las secciones con la renta más alta estaba por encima del último decil (21.652 euros) en 2024, mientras que las capitales de provincia con mayor porcentaje de secciones censales con renta neta anual media por habitante muy alta (por encima del último decil) fueron Donostia/San Sebastián (60,3%), Madrid (39,3%) y Bilbao (33,9%).

En cambio, las que menos, se llaman Soria y Cuenca (ambas con el 0%) y Guadalajara (con el 1,7%). Son las que presentaron los porcentajes más bajos de secciones censales con rentas muy altas.

Ahora bien, las capitales de provincia que tuvieron mayor porcentaje de secciones con renta neta anual media por habitante muy baja en 2024 (por debajo del primer decil, de 11.322 euros) fueron Melilla (31,8%), Ceuta (30,4%) y Alacant/Alicante (29,3%).

Gipuzkoa lideró la lista por provincias de ingresos anuales, con 20.790 euros de renta neta anual media por habitante en 2024, seguida de Bizkaia (19.858) y Madrid (19.277). Las provincias con menos ingresos anuales por habitante fueron Almería (con 12.244 euros), Huelva (12.765) y Jaén (12.835).

Las dos provincias canarias llegaron al promedio de 14.794 euros, en Las Palmas, y 14.286 euros, en Santa Cruz de Tenerife.

El mapa de la renta dibuja una España donde las fronteras no las marca la geografía sino la renta. Muestra las diferencias de ingresos calle a calle en un mismo municipio, la brecha entre el centro y la periferia, la distancia entre los barrios ricos y los más pobres. Gracias a los datos de cada sección censal (la unidad administrativa más pequeña disponible) puedes consultar la renta de cada vecindario utilizando 🔎el buscador e introduciendo una dirección, barrio o ciudad.

Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detallan la renta bruta media por hogar (es decir, antes de impuestos) de las declaraciones de IRPF de 2024 de los residentes de más de 36.000 secciones censales. Las estadísticas, por lo tanto, solo incluyen los ingresos de la declaración de la renta y no considera los ingresos pagados en negro o economía sumergida, las trampas fiscales a través de sociedades interpuestas o los ingresos no declarados a través de IRPF.

En el mapa también puedes explorar dónde se concentra el 1% más rico y el 1% más pobre de España. Dónde existen islas de renta (aquellas zonas rodeadas de unos niveles de renta totalmente distintos) y dónde están las fronteras más desiguales entre vecinos.

Las brechas no tienen la misma forma en todas las ciudades. Si miramos los datos barrio a barrio de ciudades como Madrid, la principal división se da entre un norte rico y un sur pobre, mientras que en Sevilla va de este a oeste. En Valencia o Zaragoza, sin embargo, las rentas altas se concentran en el centro y las bajas, en la periferia. 

Rentas más similares en los barrios pobres que en los ricos

En el siguiente gráfico puedes observar la distribución de rentas en España si dividimos a los barrios en 10 grupos iguales. Aquí, aunque la renta mediana bruta en España está en los 45.100 euros, los barrios en el 20% más pobre (los deciles 1 y 2) tiene una renta por debajo de los 36.700 euros. En el 10% de barrios con más renta, solo se ubican los barrios con rentas superiores a los 72.800 euros.

La estadística no refleja rentas superiores a los 167.076 euros por hogar ni menores a 20.000 euros para acotar los valores extremos de cada indicador que publica el organismo estadístico. Por eso hay múltiples secciones censales que comparten esta cifra exacta como renta media.

La desigualdad territorial también se observa en cada comunidad autónoma. En este gráfico hemos agrupado los barrios de cada territorio según su decil de renta, siendo el decil 1 donde se encuentran los barrios más pobres y en el decil 10 los más ricos a nivel nacional. Así, la distribución de la renta de los barrios se traduce también en una brecha a nivel autonómico.

Por ejemplo, en el sur de España se concentran los barrios con menos ingresos, y comunidades como Extremadura o Andalucía tienen a la mayoría de sus vecindarios en el 10% más pobre del país. En el extremo opuesto están Navarra, Baleares o Euskadi, con apenas un 1% de sus secciones censales en el decil más bajo.

¿Y qué pasa si nos fijamos en los municipios? Entre los más ricos están Pozuelo de Alarcón (Madrid) o Matadepera (Barcelona) y entre los más pobres Marchagaz (Cáceres) o Espadañedo (Zamora).

En la siguiente tabla puedes saber en qué grupo de renta está tu municipio. Los datos muestran la renta media bruta por hogar y si pulsas el botón + puedes ver su evolución desde 2015, fecha desde la que hay datos agregados a nivel municipal. 

En las últimas semanas han circulado varios análisis que quieren explicar el problema de la vivienda como un conflicto de intereses. España, según esta visión, estaría dividida entre dos grandes grupos: los propietarios, algunos de los cuales además tienen algún piso arrendado, y la masa creciente de arrendatarios que no pueden comprar.

Y aunque pueda ser verdad que los españoles se ven a sí mismos así, ocurre que desde un punto de vista financiero –si atendemos a la riqueza y a la posición de cada persona en la sociedad– esa división tiene escaso encaje. Al contrario, en el asunto del alquiler los intereses de los propietarios que solo tienen una vivienda están mucho más cerca de los inquilinos que de los arrendadores.

Vamos a verlo con un ejemplo sencillo: 

Todos los residentes en España tenemos derecho a una tarjeta sanitaria que nos da acceso a los centros de salud y a los hospitales. Es una especie de activo del que disfrutamos sin tener que compensarlo individualmente. Ahora imaginemos que esas tarjetas no fueran unipersonales, sino que se pudieran comprar y vender, y que ni siquiera tuvieran un límite por persona, sino que la misma persona pudiera acumular varias tarjetas y alquilarlas. Para ir al médico, habría que alquilar una tarjeta a alguien que tuviera más de una o comprarla al precio que pusiera el vendedor.

La tarjeta seguiría siendo un activo, pero entonces comenzaría a ser también un coste, una necesidad que hay que cubrir en el mercado. Quien tuviera una tarjeta poseería un activo pero, a la vez, en el mismo acto, tendría un pasivo: necesitaría consumirla. El saldo sería cero.

Esto es lo que ocurre cuando se permite que las licencias de vivienda, que se pensaron exactamente igual que las tarjetas sanitarias, para que cada familia tuviera una, se convierten en un bien de mercado. 

De pronto aparecen los arrendatarios: que son quienes no tienen ninguna vivienda y tienen que pagar solo para acceder a los beneficios de vivir en alguna parte. 

Pero la naturaleza del patrimonio de los propietarios también cambia: empiezan a tener un pasivo inherente a vivir en algún sitio. Por lo tanto, mientras vivan, el resultado de sumar el activo de su vivienda al pasivo de su consumo será cero. En el sentido común esto se intuye en esa idea de que “da igual cuánto suban las casas si siempre vas a tener que pagar más por la siguiente que te compres”.

La macroeconomía reconoce sin pestañear este fenómeno. En las cuentas nacionales, las viviendas que están ocupadas por sus propietarios suman al PIB con algo llamado el “alquiler imputado”, ese alquiler ficticio que el propietario se estaría cobrando a sí mismo, equivalente al que cobraría si se la alquilara a otra persona. El propietario que vive en su casa es, a la vez, casero e inquilino de sí mismo.

Si viviéramos en un país de propietarios, donde cada familia tuviera una vivienda y el alquiler fuera una parte residual, limitada a la demanda de la minoría que quiere vivir en ese régimen, este mecanismo de mercado tendría sentido: unas generaciones le trasladarían a las siguientes esos activos con la revalorización correspondiente al crecimiento de la economía. La posición de cada familia no cambiaría sustancialmente respecto de la de las demás.

Pero cuando se consiente que las viviendas se conviertan en negocios de alojamiento —que es lo que son los pisos en alquiler— y que la misma persona o la misma empresa acumule varias viviendas, la lógica cambia por completo. Para quien tiene más de una, el saldo ya no es cero. La primera cubre su necesidad de vivir en algún sitio; pero todas las demás son activo puro, sin ningún pasivo que las compense. Cada una genera una renta real, que llega cada mes a su cuenta y que puede reinvertir en la siguiente.

Y esto cambia también lo que valen las casas. Mientras las viviendas se compran para vivir en ellas, su precio está limitado por lo que las familias pueden pagar con su salario. Pero en cuanto se compran como negocio, su precio pasa a depender de la renta que se les puede extraer. Cuanto más alto sea el alquiler que los inquilinos se ven obligados a pagar, más vale el piso. El precio de la vivienda empieza a medir lo que se puede cobrar por dejar vivir a otros.

Las consecuencias para el reparto de la riqueza son inmediatas. Los inquilinos transfieren cada mes una parte de su salario a los caseros; sube el precio de las casas. Y los propietarios pueden percibir que aumenta su patrimonio. Pero mientras sube el precio de su activo, también sube el coste de su pasivo: lo que han de pagar por vivir en la ciudad. Mientras tanto, su saldo sigue siendo cero: lo que ganan como caseros de sí mismos lo pierden como inquilinos de sí mismos. 

Solo los rentistas ven realmente incrementado su patrimonio con cada subida del precio. Ocurre que, además, los rentistas, con esas ganancias, compran más viviendas, que generan más rentas, que compran más viviendas en una espiral de subida de precios como la que estamos viviendo. 

Con el tiempo, la diferencia de rentabilidad entre quien puede cobrar un alquiler y quien no, porque no tiene más casa que la que habita, abre una brecha patrimonial que se va haciendo cada vez más ancha, por la que los rentistas acaban despegándose del grueso de los propietarios casi tanto como de los inquilinos.

Imaginemos dos familias que parten de la misma casilla: cada una tiene una vivienda de 300.000 euros en la que vive. La segunda, además, tiene otro piso del mismo valor, que alquila. Supongamos que las viviendas se revalorizan un 3% al año y que el piso alquilado deja, descontados gastos, un 4% neto, que su dueño reinvierte en más viviendas. Al cabo de treinta años, la casa de la primera familia valdrá unos 730.000 euros pero, como hemos visto, ese dinero estará atado a la necesidad de vivir en algún sitio: su saldo seguirá siendo cero. La segunda familia tendrá su propia casa, que valdrá lo mismo, y además un patrimonio en alquiler de cerca de 2,3 millones. Empezaron con una diferencia de dos a uno. Terminarán con una de más de cuatro a uno. Y si lo medimos por lo único que cuenta, el patrimonio libre, el que no está atado a la necesidad de un techo, la diferencia será de cero a 2,3 millones.

Si España se empeña en la trayectoria del rentismo, los grandes perjudicados serán quienes no puedan comprar. Pero los siguientes grandes perjudicados serán los propietarios de una única vivienda: los que todavía están pagando hipoteca y los que viven en la única casa que poseen.

De manera que es cierto, por tanto, que en España hay dos grandes grupos con intereses opuestos en materia de vivienda. Pero la línea que los separa no está entre los propietarios y los inquilinos, sino entre los rentistas y todos los demás.

San Jaume (Balears) es el barrio con más ingresos por alquileres en España, también uno de los más ricos. De media, sus residentes tienen una renta media de casi 70.000 euros anuales y el 15% de esos ingresos provienen de los ingresos por el alquiler. En la otra punta del país, los vecinos de Torreblanca (Andalucía) conforman el barrio más pobre del país con unos ingresos de alquileres prácticamente nulos: apenas 17 euros al año. 

La renta de los barrios más ricos no se compone solo de los ingresos por el alquiler de vivienda, pero sí son los principales destinatarios de ese dinero. Un tercio de las rentas por arrendamientos que se pagaron en España fueron a parar a los vecindarios del 10% más rico del país, según los últimos datos de las declaraciones de IRPF en 2024 por código postal publicados por la Agencia Tributaria. 

Haz zoom y consulta en el siguiente mapa cómo se distribuyen los códigos postales con más y menos rentas inmobiliarias en cada una de las 66 principales ciudades españolas para las que hay datos disponibles. Ten en cuenta que son los barrios en los que se cobra el alquiler, no en los que se paga. Es decir, si un alquiler de Salamanca se paga a un vecino de Madrid el dinero aparece en Madrid. 

Otro año más, la Agencia Tributaria actualiza el detalle de la renta bruta por habitante por código postal en los barrios de las 66 mayores ciudades españolas. Esta estadística, recogida a partir de las declaraciones de IRPF de 2013 a 2024, permite comprobar las desigualdades entre barrios dentro de las ciudades, el origen de los ingresos y cómo han evolucionado en el tiempo. Las cifras se refieren a la renta bruta (antes de impuestos) media por declaración de IRPF, sea conjunta o individual. 

En el caso de los ingresos procedentes de bienes inmuebles (esto incluye tanto viviendas como locales, terrenos…), cuando hablamos de renta inmobiliaria media de un barrio no quiere decir que todos los que residen en él reciban dinero por el alquiler de viviendas. Es la media entre el número total de declarantes, incluyendo tanto a quienes tienen este tipo de fuente de ingresos como a los que no.

Entre la renta bruta media más alta y la más baja de los barrios de España hay más de 185.000 euros de diferencia. Una brecha que se explica precisamente por el origen de los ingresos. El barrio Muntaner (código postal 08021), en Barcelona, es uno de los diez más ricos de España con 127.000 euros por persona. El 7% de sus ingresos provienen de las rentas de inmuebles. 

No es el único: zonas también de las más ricas del país como Pla de Remei (Valencia), Fuente del Fresno (San Sebastián de los Reyes) o San Jaume (Palma) reciben un porcentaje similar de su renta del dinero que reciben por el alquiler. ¿Casualidad? Los datos de renta media de los barrios más ricos señalan que a mayor renta, menor proporción de ingresos provenientes del trabajo.

Las estadísticas de Hacienda no facilitan datos del País Vasco y Navarra porque cuentan con su propio régimen foral y algunas ciudades que se han ido incorporando no incluyen datos desde 2013. Incluye los municipios con más de 200.000 habitantes, 100.000 declaraciones de IRPF o una renta total declarada por encima de los 2.200 millones de euros. 

Aunque alrededor del 40% de su renta proviene del trabajo, la mayoría de la riqueza de los barrios más ricos se debe a otros motivos como el capital financiero y los rendimientos de las empresas (intereses, dividendos, etc.), las ganancias patrimoniales (compraventas de acciones, criptomonedas o inmuebles, por ejemplo) o el alquiler de bienes inmuebles. 

Entre los barrios que más proporción de sus ingresos reciben de rentas inmobiliarias, encontramos centros históricos de ciudades o zonas vacacionales en los que proliferan también las viviendas turísticas.

Los datos de los ingresos agrupados por barrios señalan las diferencias tan grandes en la distribución de los ingresos. En los códigos postales que se encuentran entre el 10% más rico de España, las rentas de arrendamientos tienen más peso. 

Si miramos entre qué barrios se repartieron todos los ingresos por alquileres declarados en 2024, vemos que sólo al 10% iba a parar casi un tercio del dinero. Mientras, en los barrios de la mediana más pobre apenas tiene peso esta fuente de ingresos.

¿Sabes si vives en un barrio de caseros o si han aumentado las rentas inmobiliarias en tu zona en la última década? Si vives en alguna de las 66 mayores ciudades españolas, puedes buscar tu código postal en la siguiente tabla.

La vuelta al cole supone cada año un importante desembolso para las familias, pero una parte de esos gastos puede traducirse después en un ahorro en el IRPF. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) recuerdan que las comunidades autónomas cuentan con deducciones vinculadas a libros de texto, material escolar, guarderías, idiomas y otras actividades educativas, aunque las condiciones varían según el lugar de residencia. Los gastos realizados este año podrán deducirse, cuando corresponda, en la declaración de la Renta de 2026, que se presentará entre abril y junio de 2027.

Entre las ventajas más extendidas aparecen las relacionadas con los libros de texto y el material escolar. Canarias, Aragón, Asturias y Baleares permiten deducir el 100% de estos gastos, aunque con diferentes límites y topes de ingresos, mientras que Castilla-La Mancha contempla el 100% exclusivamente para la compra de libros. Extremadura establece una deducción de 15 euros por hijo, Murcia alcanza los 120 euros para material escolar y Madrid permite desgravar el 15% de determinados gastos de escolaridad.

De los libros a las clases de idiomas

Las deducciones pueden extenderse también a academias y actividades extraescolares. Aragón permite deducir el 25% por clases extraescolares, mientras que Andalucía contempla un 15% de las cantidades destinadas a enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o ambas materias. Baleares, Madrid y Murcia incorporan igualmente una deducción del 15% por el gasto en clases extraescolares de idiomas.

Las diferencias territoriales afectan asimismo a los gastos de guardería y escolarización privada de los menores de tres años. Gestha señala que este tipo de deducciones autonómicas son habituales, con distintos porcentajes, en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. La escolarización pública hasta los tres años se fue implantando de forma gratuita y progresiva desde el curso 2022-2023, mientras que los gastos en centros privados pueden complementar la deducción estatal por maternidad.

Hasta 1.000 euros adicionales por gastos de guardería

Al margen de las deducciones autonómicas existe un beneficio estatal para las familias con niños pequeños. La deducción por maternidad puede incrementarse hasta en 1.000 euros anuales cuando quien tenga derecho a ella haya pagado gastos de custodia de un hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Este incremento se suma a la deducción estatal por maternidad para quienes cumplan las condiciones que dan acceso a esta última.

Los datos de Gestha muestran, sin embargo, que su utilización es limitada. Según las estadísticas del IRPF de 2024, 796.576 declarantes utilizaron la deducción por maternidad, de los cuales 723.582 fueron madres. En cuanto al incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, fue aplicado por 437.645 declarantes, de los que 409.718 eran madres. En total se dedujeron 251,8 millones de euros por este concepto, con una cuantía media de 575 euros.

Guardar las facturas para poder aplicar la deducción

Los porcentajes anunciados no implican que todas las familias puedan recuperar automáticamente esas cantidades. Cada comunidad determina los límites máximos deducibles y los umbrales de base imponible que no deben superarse para acceder a sus beneficios fiscales. Por eso, dos contribuyentes con un gasto educativo similar pueden obtener resultados diferentes en función de su residencia y de las condiciones establecidas para cada deducción.

Gestha recomienda, además, conservar las facturas y justificantes de los gastos educativos que puedan generar derecho a deducción. Libros de texto, material escolar, uniformes, idiomas, actividades extraescolares o guarderías reciben un tratamiento distinto según el territorio y no basta con haber realizado el desembolso: el contribuyente debe cumplir los requisitos correspondientes y poder acreditar las cantidades satisfechas cuando llegue el momento de presentar la declaración.

Un total de 18.829 contribuyentes declararon rendimientos del trabajo en el IRPF superiores a los 601.000 euros anuales en el año 2024, lo que supone una subida del 27,8% respecto al ejercicio anterior y su cifra más elevada desde que hay registros, según la última estadística de declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) publicada por la Agencia Tributaria.

A pesar de suponer una cifra muy baja respecto al total de declarantes de este impuesto (el 0,08% del total), entre el año 2007, en el inicio de la crisis económica, y el pasado 2024 los contribuyentes con rentas superiores a los 600.000 euros han crecido casi un 78%, desde los 10.580 declarantes hace casi dos décadas, informa Europa Press.

En cambio, la mayor parte de los contribuyentes (5,8 millones, el 23,54% del total) declaró unos rendimientos de entre 30.000 y 60.000 euros; otros 4,6 millones, entre 21.000 y 30.000 euros (el 28,54% del total; y 4 millones, entre 12.000 y 21.000 euros (el 16,4% del total).

La campaña de la Renta 2025 llega a su fin este martes 30 de junio. Los contribuyentes obligados a presentar la declaración tienen hasta el cierre del día para completar el trámite dentro del plazo ordinario y evitar posibles consecuencias económicas por presentarla fuera de tiempo. A partir del día siguiente, seguirá siendo posible entregarla, pero ya se considerará fuera de plazo y la Agencia Tributaria podrá aplicar recargos, intereses o sanciones en función de cada situación concreta.

El importe que Hacienda puede reclamar no es igual en todos los casos. Depende, sobre todo, de si el resultado de la declaración es a pagar o a devolver, y de si el contribuyente regulariza su situación por iniciativa propia o lo hace tras recibir una notificación oficial. No presentar el IRPF dentro del calendario fijado puede implicar desde una multa fija hasta un porcentaje sobre la cantidad que se dejó de ingresar.

La clave está en el momento en el que se corrige el incumplimiento. Si la declaración se presenta fuera de plazo, pero antes de que Hacienda haga cualquier requerimiento, el impacto suele ser menor. En cambio, si es la Agencia Tributaria la que detecta la falta de presentación y envía una notificación, las sanciones pueden incrementarse de forma notable, especialmente cuando el resultado es a ingresar.

Las posibles sanciones por presentar la Renta fuera de plazo

Cuando la declaración sale a pagar y se entrega tarde de forma voluntaria, sin requerimiento previo, se aplica un recargo sobre la cantidad pendiente. Este recargo aumenta con el paso del tiempo. Durante los primeros meses, se calcula con un 1% por cada mes completo de retraso desde el fin de la campaña. Así, si se presenta en julio, el recargo será del 1% sobre la deuda; si se retrasa hasta septiembre, alcanzará el 3%.

Este sistema hace que aplazar el trámite encarezca progresivamente el importe final. Aunque finalmente se presente la declaración, la deuda puede aumentar si pasan los meses. Por eso, en cuanto se detecta el incumplimiento, regularizar la situación cuanto antes permite reducir el impacto económico y evitar que la cantidad siga creciendo.

El escenario cambia si ha pasado más de un año desde el final de la campaña. A partir de ese momento, el recargo sube al 15% y se añaden intereses de demora, que actualmente se sitúan en el 4,0625%. En estos casos, el importe final puede ser bastante más elevado que la deuda inicial, ya que no solo se aplica un recargo fijo, sino también intereses por el tiempo transcurrido.

La situación se complica si es Hacienda quien reclama la presentación mediante una comunicación oficial. Si el contribuyente estaba obligado a declarar, no lo hizo y el resultado es a pagar, la Agencia Tributaria puede exigir la deuda pendiente e iniciar un procedimiento sancionador. En estos supuestos, la multa puede partir del 50% de la cantidad no ingresada y llegar hasta el 150%, según las circunstancias.

Cuando la declaración sale a devolver o el resultado es cero, también puede haber penalización por incumplir el plazo. En estos casos no existe deuda con Hacienda, pero sí se ha incumplido la obligación formal de presentar la declaración en tiempo. Si se entrega de forma voluntaria antes de cualquier requerimiento, la sanción habitual es de 100 euros. Si es Hacienda quien exige la presentación, la multa puede ascender a 200 euros, aunque pueden aplicarse reducciones en determinados casos.

Qué son las cartas de requerimiento de Hacienda

Las cartas de requerimiento son las comunicaciones formales que la Agencia Tributaria envía a un contribuyente cuando necesita que presente una declaración, corrija una situación, aporte documentación o justifique determinados datos. Suelen estar vinculadas a posibles incidencias detectadas por la Administración al cruzar información o ante la ausencia de una declaración obligatoria.

No todas las comunicaciones tienen el mismo alcance. Hacienda también puede enviar avisos preventivos a contribuyentes que ya han presentado su declaración, pero han modificado datos respecto a la información fiscal disponible. En estos casos, el objetivo es que se revise si la declaración es correcta o si conviene presentar una complementaria.

Este tipo de avisos busca facilitar la corrección voluntaria de errores u omisiones antes de que sea necesaria una regularización posterior. Si se considera que la declaración es correcta y se pueden justificar los datos, no es necesario modificarla. En cambio, si se detecta un error, existe la posibilidad de corregirlo antes de que el problema avance.

Un requerimiento formal tiene más consecuencias. Cuando Hacienda solicita documentación o exige una actuación concreta, es necesario responder en el plazo indicado. Ignorar la notificación puede complicar el proceso y aumentar el riesgo de sanciones. Además, una vez recibido el requerimiento, la regularización ya no se considera espontánea. Por ello, presentar la declaración dentro de plazo permite evitar recargos, reduce el riesgo de sanciones y cierra el trámite dentro del calendario previsto.

La campanya de la renda 2025 arriba a l’equador pel que fa a l’atenció presencial. Des del passat 1 de juny i fins al 30 de juny, els ciutadans que necessiten ajuda per a fer i presentar la seva declaració poden rebre assistència personalitzada en alguna de les 40 oficines habilitades arreu del territori català. La iniciativa reforça el compromís de l’ATC amb una administració més propera, accessible i orientada a les necessitats de la ciutadania.

Des del 6 de maig, l’ATC ja atès més de 26.500 persones telefònicament, superant àmpliament les xifres de la campanya de la renda de l’any anterior. Al llarg dels primers dies d’atenció presencial, les xifres també mostren una bona acollida per part de la ciutadania, i també superen les registrades l’any anterior en aquestes dates. Aquest increment confirma la consolidació dels canals d’assistència de l’agència i reflecteix que la confiança entre l’ATC i la ciutadania va en augment en el marc dels serveis que ofereix.

L’atenció presencial es fa a través de les diferents oficines de l’ATC distribuïdes per tota Catalunya, ja que el Govern de la Generalitat ha obert 40 noves oficines de les quals 12 seran temporals per a fer front a la campanya d’enguany. Aquesta ampliació suposa quatre oficines més respecte a l’any passat i permet acostar el servei a més contribuents.

Entre les novetats d’enguany destaquen les noves oficines temporals obertes a Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Solsona. Aquest reforç territorial s’afegeix als punts d’atenció ja existents a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, configurant una xarxa que facilita l’accés al servei independentment del lloc de residència dels contribuents.

Una altra de les novetats és la recuperació de l’atenció presencial a la seu central de l’ATC a la Zona Franca de Barcelona. De nou, i en aquesta ocasió per la campanya de 2026, aquest espai disposarà de vuit punts d’atenció permanents per donar resposta a la demanda prevista i millorar la capacitat d’assistència de l’organisme.

El Govern de la Generalitat ha reforçat tant els recursos humans com els materials destinats a la campanya. D’aquesta manera s’han incorporat nous professionals de suport que treballen conjuntament amb el personal propi de l’agència per garantir un servei àgil i de qualitat. L’objectiu és reduir els temps d’espera i oferir un acompanyament personalitzat als contribuents que necessitin ajuda per completar la seva declaració.

Les persones interessades a rebre atenció presencial han de sol·licitar cita prèvia. Aquest tràmit es pot fer a través de la seu electrònica de l’ATC (Campanya de la renda 2025. Demana cita. Agència Tributària de Catalunya), mitjançant l’aplicació mòbil de l’agència o per telèfon. Amb aquest sistema, l’organisme busca optimitzar els recursos disponibles i garantir una atenció més eficient.

A continuació us oferim el llistat de les oficines on l’ATC rep presencialment amb cita prèvia:

Barcelona i comarques:

Tarragona i comarques:

Girona i comarques: 

Lleida i comarques: 

La campaña de la Renta 2025 ha llegado a su recta final. Han pasado dos meses desde la apertura del plazo para que los contribuyentes rindiesen cuentas con la Agencia Tributaria y, en estos momentos, queda menos de un mes para poder presentar la declaración. El próximo 30 de junio será el último día de la campana del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Aún queda margen, por lo que es tentador apurar los plazos a última hora, algo que puede ser arriesgado, especialmente para aquellos declarantes con un resultado positivo en su declaración.

El resultado de la declaración es la culminación del proceso de declaración de la renta que nos indica si el balance ha salido positivo (a pagar) o negativo (a devolver en nuestro favor). Esto se calcula aplicando la siguiente fórmula: casillas ([550] - [551] + [552] - [562] + [563] - [575] + [576] - [589] + [590] - [591] + [592]). Si el resultado es positivo, es necesario abonar este importe a la Agencia Tributaria. En el caso de que, por el contrario, salga negativo, Hacienda deberá ingresarnos esta cantidad.

En términos generales, la declaración suele salir a pagar porque Hacienda estima que el contribuyente ha pagado menos IRPF del que corresponde por sus ingresos totales. En consecuencia, hace una regularización y reclama el dinero. El cálculo del IRPF está sujeto a múltiples variables, puesto que afecta a numerosos tipos de ingresos:

El fenómeno más común que propicia que el IRPF salga a pagar es que no se han aplicado las tarifas que corresponden a la nómina que percibe el contribuyente. Otro error habitual es que el declarante no se sujete a deducciones a las que tiene derecho.

Fecha límite para presentar la declaración si el resultado es positivo

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero para aquellos que les sale la declaración a pagar deberán presentarla algo antes. Y es que, para el 25 de junio, los contribuyentes deberán tener el pago domiciliado.

Más tarde de esa fecha, existen estos plazos por los que Hacienda reclamará el importe de la regularización, en función de si el pago está o no fraccionado y la proporción que se domicilie. Es posible fraccionar el pago en dos plazos de proporción de 60/40. En otras palabras, existe un primer pago del 60% del importe total a pagar, y un segundo pago del 40%.

Para optar a un fraccionamiento, la declaración debe presentarse dentro del plazo establecido y no debe tratarse de una autoliquidación complementaria. Además, en el momento en el que se confirma la declaración debe efectuarse el ingreso del 60% del importe resultante de la misma:

Podrán optar a domiciliar su declaración aquellos contribuyentes que confirmen su borrador a través de la sede online de la Agencia Tributaria, por teléfono, o por la aplicación de Hacienda. También en el caso de que la autoliquidación se efectúe a través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria.

El Gobierno de La Rioja ha reforzado la atención presencial en la Campaña de la Renta 2025 y dispone 17 trabajadores para garantizar la prestación de un servicio cercano y homogéneo en todo el territorio en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Así, desde hoy, día 1, los contribuyentes riojanos pueden presentar presencialmente las declaraciones del IRPF tanto en ‘La Bene’ como en los SAC, oficinas de atención al ciudadano, dentro del dispositivo activado por el Gobierno de La Rioja.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, acompañado por el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en La Rioja, Miguel Fernández García, ha visitado este lunes el espacio habilitado en el Salón de Columnas de ‘La Bene’, y ha recordado que esta campaña están vigentes 27 deducciones autonómicas que en global ahorrarán unos 13,67 millones de euros a casi 95.000 contribuyentes riojanos. 

De ellas, tres son novedosas: la deducción de 250 euros para personas celíacas (la estimación es que se beneficien unas 1.300 personas); la bonificación de 1.000 euros el primer año por inicio de actividad económica en el medio rural (unos 450 beneficiarios), y la deducción de 100 euros por las cuotas y las inscripciones a las organizaciones profesionales agrarias (alrededor de 5.170 beneficiarios). “La política fiscal del Gobierno de La Rioja se orienta a apoyar a las familias, a favorecer la actividad económica y a reforzar la cohesión territorial, y estas 3 nuevas deducciones son una prueba fehaciente de la materialización de ese compromiso”, ha enfatizado el consejero. A estas nuevas deducciones se suman, por tercer ejercicio consecutivo, las bonificaciones de los intereses de hipotecas de vivienda suscritas a partir de enero de 2013 y de los gastos de las familias por práctica deportiva.

En cuanto al dispositivo de colaboración, Alfonso Domínguez ha explicado el Ejecutivo regional aporta en esta campaña 17 trabajadores, dos más que en la del año pasado: 5 en la plataforma mixta ubicada en el edificio de la antigua Beneficencia, a los que se suman dos empleadas públicas de la Dirección General de Tributos encargadas de las declaraciones de la Fundación de Ayuda a la Discapacidad del Gobierno de La Rioja, y 10 en las Oficinas de Atención al Ciudadano (SAC) de Calahorra, Haro-Nájera, Alfaro, Arnedo, Santo Domingo de la Calzada-Torrecilla y Cervera del Río Alhama. 

Alfonso Domínguez ha detallado que, durante la campaña de la Renta del año pasado, los equipos del Gobierno de La Rioja tramitaron un total de 8.672 declaraciones, distribuidas del siguiente modo: 4.293 confeccionadas en la Bene; 4.017 en las Oficinas de Atención al Ciudadano, y 362 en la Dirección General de Tributos, “datos que reflejan la importancia del dispositivo público de apoyo de la Comunidad a los ciudadanos para facilitarles la mayor comodidad posible a la hora de realizar sus gestiones”.

Balance provisional

Desde el 8 de abril, día en el que comenzó la campaña de la Renta 2025, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 44 millones de euros a 65.395 contribuyentes de La Rioja, según los datos facilitados por el delegado de la AEAT en la comunidad, Miguel Fernández García. En total se han presentado 114.000 declaraciones, de las que unas 87.000 son a devolver. 

En cuanto a las fechas clave, el 25 de junio será el último día para cumplimentar las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria; el 29 de junio finalizará el plazo para solicitar cita previa y el 30 de junio acabará la campaña.

Los contribuyentes que deseen ser atendidos personalmente tanto en ‘La Bene’ como en los SAC deben solicitar cita previa, bien llamando al número de teléfono 901223344 (Agencia Tributaria), bien de forma telemática a través de la web https://sede.agenciatributaria.gob.es/. Además, es importante que acudan el día y la hora señalados con toda la documentación necesaria: DNI, número de cuenta bancaria, certificados de retenciones y justificantes de deducciones autonómicas. 

La Agencia Tributaria abrirá este viernes, 29 de mayo, el plazo para pedir cita previa para la atención presencial de la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025, si bien la asistencia en oficinas arrancará el día 1 de junio.

Desde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención telefónica de cara a la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y también se habilitó ese día el plan especial de asistencia en pequeños municipios.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

En esta Campaña de Renta 2025, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

En total, se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025.

130.000 CARTAS PREVENTIVAS PARA SUBSANAR ERRORES DEL CONTRIBUYENTE

Al igual que en los dos años anteriores, la Agencia Tributaria hará un envío de cartas preventivas (además de avisos en Renta Web y en la 'app' en el apartado de estado de tramitación de la declaración), a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Con una primera fase a mediados de mayo y una segunda en junio se prevé remitir cerca de 130.000 cartas según vayan presentando su declaración los contribuyentes.

La campaña de Renta 2025 ha superado su ecuador. Desde que comenzó el pasado 8 de abril, millones de contribuyentes se han lanzado a rendir sus cuentas con Hacienda. Han pasado casi dos meses desde que la Agencia Tributaria abriese este plazo, pero todavía queda un mes más para que los contribuyentes puedan presentar su declaración. Pese a este margen, muchas persoans pueden tener la tentación de gestionar la Renta a última hora. Pero deben saber que, en función de cómo pretendan afrontar esta campaña de Hacienda, podrían tener menos margen de maniobra.

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero en función de cómo se confirme el borrador los contribuyentes deberán tener en cuenta unos márgenes temporales u otros.

El plazo para presentar la declaración por internet

Desde el momento en el que se lanzó la campaña el 8 de abril ha sido posible declarar el IRPF a través de internet, mediante el servicio de Renta WEB o la aplicación de la Agencia Tributaria. Esta opción estará disponible hasta que finalice el plazo de presentación de la Renta, el 30 de junio. Se trata del método predilecto por muchos para confirmar el borrador, puesto que los contribuyentes pueden consultar, modificar y confirmar su borrador de forma intuitiva.

El usuario solo tendrá que identificarse mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia. Pese a que ofrece un amplio margen de maniobra al contribuyente, no se trata de la mejor opción para los que presentan situaciones fiscales complejas o los que quieren resolver dudas de su declaración de forma directa.

Hasta cuándo se puede hacer la Renta por teléfono

Operativo desde el pasado 6 de mayo, en teoría el servicio para presentar la declaración de la Renta por teléfono se mantendrá hasta el 30 de junio. Pero es preciso tener en cuenta que, para hacer uso de él, será necesario pedir cita, algo que solo es posible hasta el 29 de junio.

El conocido como 'Plan te Llamamos' puede fecharse a través de internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del 91 535 73 26 o 901 12 12 24. También se puede pedir cita con atención personal a través de los teléfonos, 91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Cuándo acaba el servicio de videoasistencia de la Renta

Para algunos municipios de pequeño tamaño, Hacienda ofrece un servicio para presentar la Renta a través de la videoasistencia. Se trata de una opción para formalizar la declaración para la que hay que pedir cita, algo que solo se podrá hacer hasta el 29 de junio. Al igual que con la cita por teléfono, también se puede agendar por internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del teléfono 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

El sistema de videoasistencia está desplegado en 84 municipios repartidos por 11 comunidades autónomas. Se trata de una herramienta diseñada para salvar las dificultades técnicas con las que se pueda encontrar el declarante y salvar las distancias geográficas que pueden tener hasta su delegación de Hacienda más cercana.

El último día para presentar la declaración en persona

Este viernes 29 de mayo comienza el plazo para que los contribuyentes pidan cita para presentar la declaración de la Renta de forma presencial. Los declarantes tendrán exactamente un mes, hasta el 29 de junio, para asegurarse de que tienen una fecha para presentar la declaración en su delegación de la Agencia Tributaria más cercana. La atención cara al público se extenderá hasta el 30 de junio, fin el plazo para presentar la declaración.

Existen plazos propios para el supuesto en el que el pago se domicilie. Este supuesto se aplica si la declaración sale a pagar y el contribuyente opta por que el cargo se realice automáticamente en cuenta. Para estos casos, Hacienda tiene un plazo límite previo al fin de la campaña. Se trata del 25 de junio, fecha en la que el declarante deberá haber revisado y aportado sus datos bancarios a la Agencia Tributaria.

Con independencia de los plazos, recuerda revisar la información económica que Hacienda ha recopilado sobre ti y procura tener margen de maniobra antes de que venza el plazo de presentación de la Renta, con el fin de evitar que los imprevistos te dejen sin formalizar tus cuentas con la Agencia Tributaria.

La campaña de la Renta 2025 avanza hacia su tramo final con la activación progresiva de todos los canales de atención disponibles para los contribuyentes. Aunque la presentación por internet está habilitada desde el pasado 8 de abril de 2026, lo cierto es que no todo el mundo opta por esta vía. Hay perfiles que prefieren contar con apoyo directo antes de presentar su declaración, ya sea por dudas concretas, por la complejidad de su situación o simplemente por falta de hábito en el uso de herramientas digitales.

Entre ellas, la atención presencial en oficinas sigue teniendo un papel relevante dentro de la campaña. Este servicio está dirigido especialmente a quienes necesitan ayuda personalizada para confeccionar su declaración o prefieren resolver sus dudas cara a cara con personal especializado. A pesar del avance de los canales digitales, este tipo de asistencia continúa siendo una opción útil para determinados contribuyentes, especialmente aquellos que buscan mayor seguridad en el proceso o que no se sienten cómodos gestionándolo por su cuenta.

El calendario establece dos fechas clave para quienes quieran utilizar esta modalidad. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para ser atendido en una oficina de la Agencia Tributaria. La atención presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la campaña de la Renta. Esto implica que el margen para acudir físicamente es más limitado que en otros canales, como online o por teléfono, por lo que resulta recomendable planificar con antelación para evitar problemas de disponibilidad o falta de citas en determinados horarios.

Cómo solicitar cita para atención presencial

La solicitud de cita previa es un paso obligatorio para poder acceder a la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. No basta con acudir dentro del plazo habilitado, ya que el servicio funciona exclusivamente con reserva de día y hora. Además, es importante tener en cuenta que pedir cita no implica ser atendido de forma inmediata, sino que permite elegir un turno dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio.

Existen varias vías para solicitar esta cita, adaptadas a diferentes preferencias y niveles de familiaridad con la tecnología. La opción más habitual es hacerlo a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para completar el proceso, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE junto con el número de referencia, el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta permite gestionar la solicitud de cita desde el teléfono móvil de manera sencilla, siempre que el usuario pueda identificarse correctamente. También es posible solicitar la cita por teléfono, a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, con horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Este sistema de cita previa se enmarca dentro de un conjunto más amplio de servicios de asistencia. La atención telefónica para la confección de declaraciones está operativa desde el 6 de mayo y también requiere reserva previa, que puede solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Con la incorporación de la atención presencial, la Agencia Tributaria completa así todas las modalidades de ayuda personalizada, orientadas especialmente a quienes no pueden o no desean utilizar exclusivamente los canales digitales.

Datos y documentos necesarios para la cita

Contar con una cita previa es solo una parte del proceso, ya que para que la declaración pueda confeccionarse correctamente en la oficina es imprescindible acudir con toda la documentación necesaria. Si faltan datos relevantes, la atención puede quedar incompleta y el trámite no podrá finalizarse en ese momento, lo que obligaría a solicitar una nueva cita o a aportar la información pendiente en otro momento. Por este motivo, resulta recomendable revisar con antelación toda la documentación antes de acudir a la oficina.

Entre los documentos básicos, es obligatorio llevar el DNI original de la persona titular que acude a la cita. Además, se debe presentar una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, algo especialmente importante en el caso de unidades familiares.

También es necesario aportar el número IBAN de la cuenta bancaria, un dato imprescindible para gestionar el resultado de la declaración, tanto si corresponde una devolución como si hay que realizar un pago. Junto a esta información, se deben incluir las referencias catastrales de todos los inmuebles, tanto en propiedad como en alquiler o en otras situaciones, un dato que puede consultarse fácilmente en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que una persona acuda a la cita en representación de otra, será necesario presentar una autorización firmada por el titular junto con una copia de su DNI. Sin este requisito, no será posible confeccionar ni presentar la declaración en nombre de terceros, incluso cuando exista una relación familiar.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 está abierta desde el 8 de abril. Desde esa fecha y hasta el 30 de junio, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. El calendario también contempla la atención telefónica desde el 6 de mayo y la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio.

Dentro de este periodo, algunos ciudadanos empezarán a recibir comunicaciones de Hacienda relacionadas con posibles errores o incoherencias en sus declaraciones. Estas cartas no suponen una sanción automática ni implican que el contribuyente tenga que pagar una cantidad adicional por el simple hecho de recibirlas. Su función es advertir de que puede haber algún dato mal incorporado, omitido o distinto a la información que maneja la Administración.

El envío de estas notificaciones se organizará en dos fases: una primera a partir de mediados de mayo y otra durante el mes de junio. La intención es que las personas afectadas puedan revisar su declaración dentro de la propia campaña y corregirla si detectan algún fallo. Si después de comprobarla, consideran que todo está correctamente presentado, no tendrán que modificar nada.

Por qué Hacienda envía estas cartas

La Agencia Tributaria envía estas comunicaciones cuando aprecia posibles diferencias entre la declaración presentada y la información fiscal que tiene disponible. No se trata de una resolución definitiva ni de una acusación de fraude. Es un aviso para que el contribuyente revise los datos declarados y compruebe si coinciden con los que constan en la Administración.

El objetivo principal es reducir errores en la campaña de la Renta. Puede ocurrir que una declaración incluya datos mal incorporados, que falte información relevante o que se haya producido una omisión. En ese caso, Hacienda ofrece al ciudadano la posibilidad de revisar lo presentado antes de que el expediente avance hacia una comprobación posterior. El borrador de la Renta no siempre recoge toda la información necesaria, por lo que el contribuyente debe comprobarlo antes de confirmar la declaración. Un descuido, aunque parezca pequeño, puede acabar en una regularización más adelante.

La medida también busca evitar consecuencias posteriores. Si el contribuyente corrige voluntariamente un error, puede reducir el riesgo de comprobaciones, intereses o sanciones. La Agencia Tributaria intenta que las incidencias se resuelvan dentro del periodo de campaña, antes de iniciar un procedimiento más formal.

Recibir una carta no siempre implica que el ciudadano esté obligado a cambiar la declaración. Lo que hace es señalar que puede existir una incoherencia y que conviene revisar la autoliquidación. Si el contribuyente entiende que la declaración presentada es correcta, no tiene que volver a acceder a la Renta ni presentar una nueva versión. La comunicación, por tanto, tiene un carácter preventivo. No cierra el asunto ni determina por sí sola que haya una infracción. Sirve para que el contribuyente compruebe si los datos enviados son los adecuados y, en caso contrario, pueda corregirlos antes de que la situación derive en una regularización.

Qué hacer si recibes una de estas cartas

El primer paso es leer la carta y revisar la declaración presentada. No conviene ignorar el aviso, pero tampoco interpretarlo como una sanción automática. La comunicación indica que Hacienda ha detectado una posible diferencia y que el contribuyente debe comprobar si los datos declarados son correctos. La revisión debe centrarse en los apartados que puedan haber generado la incoherencia. Conviene comprobar los ingresos, las deducciones y cualquier dato que pueda haber influido en el resultado de la declaración.

Si después de revisar la declaración el ciudadano considera que todo está bien, no tiene que modificar nada. En ese caso, la carta queda como un aviso preventivo y no obliga a presentar una nueva declaración. El hecho de recibirla no significa que Hacienda haya impuesto una sanción ni que exista una infracción grave. Si, por el contrario, el contribuyente detecta un error u omisión, puede corregirlo mediante una declaración rectificativa. Este trámite permite modificar la declaración ya presentada para ajustar los datos a la información correcta. La finalidad es subsanar el fallo antes de que Hacienda pueda iniciar una actuación más seria.

Corregir la declaración cuando realmente hay un error puede evitar problemas posteriores. Una regularización iniciada más adelante por la Administración puede implicar pagos adicionales, intereses o sanciones, según el caso. Por eso, revisar y corregir dentro de la campaña puede ser una forma de cerrar la incidencia con menos consecuencias.

La recomendación básica es actuar con calma, pero no dejar la carta sin revisar. Recibir una comunicación de este tipo es relativamente habitual y no supone automáticamente una infracción grave. Aun así, sí indica que existe un dato que merece atención. Comprobar la declaración, verificar la información y rectificar si procede es la forma más segura de evitar complicaciones.

El plazo general de la campaña termina el 30 de junio. Hasta entonces, los contribuyentes pueden presentar la declaración y, si ya la han enviado, revisar si deben corregir algún dato. Las cartas que Hacienda enviará entre mayo y junio buscan precisamente eso: que las posibles incoherencias se solucionen antes de que terminen convirtiéndose en un problema mayor.

Con la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ya en marcha, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña arrancó el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa se solicitar ya. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.

El viernes pasado celebrábamos el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. En una época en la que la lucha obrera parece haber perdido relevancia y los sindicatos no viven su mejor momento, sigue siendo necesario reivindicar el trabajo y los derechos de los trabajadores, defender mejores salarios y el acceso a los servicios sociales y a la vivienda, novedad, ésta última, de las proclamas de este año.

La fecha del Primero de Mayo es muy simbólica. Sirve para recordar la lucha de un grupo de sindicalistas de Chicago que, allá por el año 1886, fueron ejecutados por organizar una huelga para reivindicar jornadas laborales de 8 horas en la pujante industria norteamericana de finales del siglo XIX. Paradójicamente, a estos hombres valientes se les consideró mártires del sindicalismo, y su lucha dio lugar a la fiesta más universal (y nada religiosa, una señal del progreso de nuestra sociedad).

Hoy, en 2026, su lucha y la de tantos hombres y mujeres en todo el mundo, que, desde entonces hasta hoy, dieron su vida -en algunos casos, también, literalmente- por mejorar los derechos de las personas trabajadoras, merece todo nuestro reconocimiento. Gracias a ellos, hoy nuestra sociedad es más justa.

Vivimos una época en la que existen peligrosas corrientes reaccionarias que cuestionan algunos derechos conquistados con mucho esfuerzo, o la regulación de los mercados y las empresas, o pretenden bajar, todavía más, los impuestos que éstas pagan.  

Es obligado reivindicar el valor del trabajo frente a las rentas, demandar mejores salarios y más derechos

En tiempos de inmensos beneficios de las grandes empresas -baste como ejemplo el incremento del 11% en el beneficio anual del BBVA anunciado este jueves pasado-, con las bolsas subiendo exponencialmente -y los millonarios del mundo engordando sus cuentas y aumentando de forma vergonzante la desigualdad-, es obligado reivindicar el valor del trabajo frente a las rentas, demandar mejores salarios y más derechos.

Desde una óptica de izquierdas hay que reivindicar, el 1 de mayo, y durante todo el año, el valor del trabajo y defender a los trabajadores.

El peso creciente de las grandes empresas, los sueldos astronómicos de los dirigentes o los beneficios insultantes de los dueños, que disfrutan con las subidas de la bolsa, nos deben poner en alerta. A estos no debemos defenderlos, se defienden solos. Lo que debemos hacer es regular -de verdad- los mercados, subir los impuestos que pagan -en muchos casos por debajo de los de los trabajadores- y defender a la clase trabajadora. 

Una sociedad que progresa y que aspira a la justicia social, es una sociedad que busca la igualdad, que no deja a nadie atrás y que siempre honra a los valientes que la precedieron, a los que más nos valdría, de alguna forma, seguir en el ejemplo. 

En el año 2000, nada más arrancar el euro, Andalucía era la segunda región más pobre de España, detrás de Extremadura, con un PIB por habitante que apenas representaba el 74,4% del promedio nacional. Casi 25 años después, las cosas no sólo no han mejorado, sino que han empeorado. Andalucía ha sido adelantada por Extremadura y es hoy la comunidad autónoma con menor renta por habitante (apenas un 75,2% del promedio nacional). Es decir, en casi 25 años apenas ha recortado 8 décimas la distancia relativa con el total de España que tenía en 2000.

Por el contrario, Extremadura ha pasado del 65,7% al 77,3% de la media estatal, un avance de más de 12 puntos en el mismo período. En el gráfico que acompaña este análisis presento la “renta real per cápita” (PIB dividido por población) relativa de Andalucía en términos nominales y en términos reales, es decir, descontando la inflación, que también ha sido diferente en esta región con respecto a la general de España. Ambas series están expresadas en relación con la media nacional (España=100). Es decir, un aumento de su valor quiere decir que la renta por habitante de Andalucía está creciendo más que la de España (o cayendo menos), y viceversa. La serie en euros (“nominal”) está sacada directamente de la Contabilidad Regional del INE [Instituto Nacional de Estadística]. La serie en términos “reales” es de elaboración propia, utilizando los IPC anuales de Andalucía y España, también facilitados por el INE.

En cualquier caso, no hay grandes diferencias si se hace en términos reales o nominales y, si la he construido, ha sido por evitar la crítica fácil de que la “convergencia” (un término que indica que las regiones o países más pobres acercan su renta per cápita a la de los más ricos) hay que medirla en términos reales. En el gráfico se detecta que hay un patrón curioso, que es el carácter “procíclico” de la convergencia: en los buenos tiempos, Andalucía crece más que España y viceversa en las crisis. En el gráfico queda patente que la máxima convergencia se produce en el período 2003-2008, periodo de boom económico tanto en Andalucía como en España.

En esos años se alcanzó el pico de la renta per cápita relativa andaluza (77,9% en términos nominales y 77,6% en términos reales), que es, más menos, el valor actual de la de Extremadura. Tras ese máximo, se retrocede con la crisis financiera de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, porque la crisis afectó incluso más a Andalucía que al conjunto de España. En términos nominales, el declive dura toda la recesión, se estabiliza a partir de 2015 y no se recupera hasta 2020-21.

En términos reales, que es una medida más correcta, la convergencia se retoma a partir de 2017, pero vuelve a retroceder en 2022-23. Es decir, en el boom más reciente, no se ha dado ese patrón procíclico del pasado y apenas ha mejorado la convergencia de Andalucía con la media nacional. Por dar algunos datos, en los 6 años de boom de 2001 a 2007 la renta per cápita andaluza creció un 20% real acumulado, frente al 14,6% de España (diferencial de casi 5 puntos, que hizo recortar la distancia relativa con España). Por el contrario, en los últimos 6 años la renta per cápita de Andalucía ha crecido un 6% acumulado, frente al 5,4% de España (apenas unas décimas de diferencia), pese a hallarnos en un boom económico. Parece que la convergencia se ha frenado. Y, en términos nominales, la evolución no es diferente: una tímida recuperación y un nuevo freno.

Hasta aquí los datos. Pero la pregunta clave es: ¿cuáles son las causas de esta falta de convergencia económica de Andalucía con el promedio nacional? La teoría económica nos dice que, en un entorno parecido (mismas instituciones jurídicas, laborales, educativas, comerciales, fiscales, sanitarias, industriales, e idéntica política monetaria), las regiones o países más pobres deben crecer más que los más ricos, precisamente porque el rendimiento de la inversión en capital físico, humano o tecnológico debe ser superior en los territorios donde estos factores son más escasos. Es decir, que el crecimiento de la productividad debería ser mayor en Andalucía que en el resto de España.

Sin embargo, el crecimiento real de Andalucía no ha sido superior al de España. Y si ha habido una mínima convergencia en renta per cápita ha sido porque la población en Andalucía ha crecido menos que en el conjunto de España. Una forma engañosa de converger, pues la atracción de talento es uno de los motores del crecimiento de la productividad a medio y largo plazo. La inversión en infraestructuras ha sido muy importante en la región. Pero no tanto la inversión privada en capital físico, humano y tecnológico. El tejido empresarial sigue muy atomizado y no ha habido una política industrial orientada a la productividad, al crecimiento del tamaño de las empresas ni a la inversión tecnológica, salvo excepciones como puede ser el caso de Málaga. Andalucía también sufre una pérdida de capital humano formado, que emigra a regiones de renta per cápita más elevada buscando mejores oportunidades.

La ETEA (Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía,) elaborada en 2019 con Horizonte 2027, era una buena hoja de ruta para abordar todos estos retos de la economía andaluza. Pese a no ser andaluz (aunque no descarto que algún día lo sea), fui invitado a tomar parte en algunos debates durante su elaboración y fueron muy intensos y productivos. Participaron muchos economistas de diferentes sensibilidades y no fue difícil conseguir consensos sobre el diagnóstico y las medidas a aplicar para superar esta situación crónica de Andalucía.

Ojalá que el Gobierno que salga de las urnas retome una iniciativa de este tipo, que concite el acuerdo no sólo de los economistas, sino de todas las fuerzas sociales, sindicatos, empresarios y asociaciones, así como de las administraciones públicas de todos los niveles: local, provincial, autonómico, estatal y comunitario . Andalucía se lo merece.